Un plenario de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados recibieron este martes a funcionarios y especialistas en materia judicial para profundizar el debate sobre una ley federal de juicios por jurados.

El primer expositor fue el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien señaló que son nueve los proyectos presentados que tienen diferencias entre sí. “El juicio por jurados no solo estuvo estipulado en la Constitución de 1853 y efectivamente fue reconfirmado en la reforma del 54. Este sistema de enjuiciamiento existe desde Sumeria en el 3.500 A. C igual que el principio de legalidad”, informó.

“No hay ningún tribunal judicial más independiente e imparcial que el jurado. De su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales, ni que los echen de sus trabajos, ni un jury de enjuiciamiento. Este carácter accidental, no permanente, les da la más amplia libertad de decisión sobre los casos conocidos en los sistemas judiciales”, comentó.

Amerio explicó que “el tribunal de jurados es el único tribunal de poder sin ambición propia. Esto es absolutamente fundamental. Son doce conciudadanos que, probablemente, tengan con mucha suerte la oportunidad de participar una sola vez en su vida en esto y los datos empíricos recabados dan cuenta de, no solo lo honorable que resulta para los jurados populares participar, sino el cambio de percepción que tienen de la imagen judicial y en el conocimiento y la dificultad que es juzgar a un ciudadano”.

“El veredicto del jurado por el altísimo número de doce y por la robusta deliberación que implica, goza de una legitimidad incuestionable”, afirmó y sumó: “Las decisiones de los jueces técnicos son a veces difíciles o insoportables de digerir para la población en general. Los ciudadanos no comprenden de absoluciones o condenas de jueces técnicos”.

El funcionario, sostuvo que “muchas veces está esa sensación de que no se hizo justicia y genera recurrentes crisis de legitimidad. Cuando un jurado popular es el que interviene en un veredicto, la confianza en esa decisión es inmensamente superior”.

“El jurado promueve la máxima transparencia de los actos del gobierno del Poder Judicial. Obliga a las partes a presentar sus pruebas y teorías del caso de modo sencillo y preciso para poder ser entendido por la comunidad. El jurado promueve mejor ciudadanía. Quienes ofician como jurado emergen de una experiencia como personas más comprometidas con los temas comunitarios, con más confianza en el Poder Judicial y en los poderes del Estado”, enumeró.

También indicó que “ser jurado hace que el individuo salga de ese círculo vicioso de individualismo y desconfianza absoluta hacia las instituciones. El jurado refuerza la independencia del Poder Judicial al tomar por sí la parte más difícil de la decisión, el jurado permite que se fortalezca la institución de los jueces. Las democracias más sólidas del mundo jamás presidirían del sistema de jurados”.

“Los jurados analizan hechos y pruebas a través de sus experiencias y del sentido común. Es muy importante esto. La decisión de culpable o inocente parte de lo que el ciudadano ve”, manifestó.

Amerio resaltó que “esto es una reforma estructural muy grande donde el fiscal se ocupa de acusar, el juez está más apartado, en ese sistema acusatorio un jurado más imparcial sin la de formación profesional los convierte en personas que están absolutamente vírgenes del sistema. Esto es algo que todos los proyectos basan su cuestión filosófica”.

“El jurado es la máxima democratización de la justicia porque participa de manera directa en el Poder Judicial a través del jurado. El jurado permite un inmenso ahorro en tiempo y dinero dentro del Poder Judicial representa el 0.65% del presupuesto. Son debates rápidos de un par de horas y llegan a la unanimidad, no se estancan. Trabajan en días corridos, jornadas completas. Juicios grandes no duran más de cuatro días”.

El secretario de Justicia afirmó que “el jurado es considerado la herramienta esencial para el gobierno de un Poder Judicial democrático, transparente y abierto al pueblo”, y lamentó: “No haber cumplido con este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y descreimiento en la justicia”.

"El jurado es el único tribunal capaz de absorber las presiones sociales y demandas ciudadanas de justicia que se abaten sobre los sistemas judiciales del siglo XXI", consideró Amerio. Además, el representante del Poder Ejecutivo, apeló a “encontrar los consensos para avanzar” ya que “el jurado promueve la máxima transparencia del Poder Judicial, promueve mejor ciudadanía".

Respecto de los proyectos, indicó que en algunos de ellos se les asigna a la Corte Suprema la Administración de una Oficina Central de Jurados que se conoce como OFICEJ que se encarga de coordinar equipos profesionales en una red de oficinas instaladas a lo largo y ancho del país.  “Esto es algo que me gustaría levantar porque es una tarea muy administrativa que a Corte hay que ver si quieren llevar adelante. Sugerimos que la haga Casación Federal, pero es un tema menor”, sugirió.

Amerio informó que son once las provincias que utiliza el sistema de juicio por jurados. “la ola juradista sobre todo en 2018 ha ido avanzando en una velocidad extraordinaria, pero cada provincia tiene su idiosincrasia y queremos que sea analizado, pero es importante hablar de eso. Esta ley federal va a poder articularse con las leyes de juicio por jurado que ya existen”.

Foto: HCDN-Víctor del Río

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río, recordó que “Chaco fue la tercera provincia a nivel nacional en poner en marcha este sistema", y explicó: "Tenemos muchos delitos en juicios por jurados, y muchas de las excusas para que no se implemente este sistema era que ‘no hay plata’. La plata está muy bien gastada, hemos recuperado la confianza de los ciudadanos".

"Es un honor, como chaqueño, destacar uno de nuestros mayores logros: haber cumplido con un sueño republicano de nuestros constituyentes al ser la tercera provincia en implementar juicios por jurados”, cerró.

Andrés Harfuch, director del área de juicios por jurados del INECIP expresó: "Estamos a punto de hacer realidad una ley tan ansiada por nuestros constituyentes, cuyas características fundamentales han sido validadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

También formaron parte del debate el fiscal General Departamental de Dolores, Diego Escoda quien manifestó: "Existen muchas posibilidades para avanzar hacia sistemas procesales modernos, más eficientes y el juicio por jurados es uno de ellos. La capacitación es fundamental una vez que este sistema entre en funcionamiento”. En tanto, la presidente de la Asociación de Juicios por Jurados, Silvina Manes sostuvo: "La sanción de leyes de juicios por jurado en 11 provincias argentinas demuestra que este sistema llegó para quedarse. Debemos ocuparnos de la ingeniería de este proyecto de ley”.

El director Ejecutivo de INECIF, Julián Alfie les habló a los diputados y les hizo saber que "tienen en sus manos la ley más significativa de toda la agenda de reforma judicial que todos los gobiernos han propuesto durante años. Los juicios por jurados abordan la desconfianza de la ciudadanía hacia las decisiones judiciales”.

El abogado Roberto Rallin afirmó: "Tenemos una oportunidad única de sancionar esta ley. Quizás haya que corregir detalles con el devenir de los juicios, pero no debemos dejar pasar este momento histórico. Es una deuda con nuestra sociedad y nuestros constituyentes”, mientras que Francisco Oneto celebró que "por primera vez el Congreso promoverá la ley de juicio por jurado. Considero que el proyecto que presenta el diputado Carbajal es el que debe sancionar la Cámara”. También disertó Augusto Cassiau.

Previo al debate, los diputados designaron a José Federico Tournier (UCR) como secretario 2° de la comisión de Justicia, cargo que se encontraba vacante.