El senador Martín Goerling Lara contó que se enteraron de lo que había decidido el oficialismo cuando Patricia Bullrich explicó su abstención y aseguró que “fue un capricho del Presidente haberlo levantado”.
El jefe del bloque del Pro en el Senado, Martín Goerling Lara, habló tras la aprobación en la Cámara alta del polémico pliego de jueza María Verónica Michelli, luego de que el Gobierno Nacional decidiera retirarlo y cuestionó al oficialismo porque “nunca nos dijeron la verdad de frente” y apuntó contra el Presidente: “Fue un capricho de Javier Milei haberlo levantado”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el senador misionero contó que “se dieron cuenta que iba en serio el tema” en el mismo momento en que escucharon a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich que se abstenía.
"Formalmente no hubo ninguna explicación. Nadie dijo abiertamente cuál era el motivo... no supimos nada hasta el día del recinto, cuando escuchamos la argumentación de la abstención de Patricia Bullrich y la afirmación de que su bloque no votaba. Fue así, nunca nos dijeron la verdad de frente, por más que preguntáramos, era sabido el motivo", expresó el senador en referencia a que Michelli es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconda Mon.
Posteriormente, recordó que son muchos jueces los que están en los pliegos y que el próximo martes “viene una tanda nueva” donde seguirán tomando audiencia, porque “hay un montón de vacantes a cubrir”, y criticó: “Es inexplicable que haya sucedido esto, sobre todo de la forma y el motivo”.
“Hay un montón de jueces. Si empezamos a ver el arco de cada uno de los candidatos no pasa ninguno. Y ojo... si hay otro pariente de un periodista que viene en las próximas tandas, habría que ver si van a tomar la misma actitud o no”, planteó y agregó: “Porque todos los periodistas de investigación están para interpelar al poder y para investigar, entonces no podemos dejar ese precedente por un capricho del Presidente, porque es un capricho, haber levantado ese pliego, ¿no? Entonces, habría que ver de acá para adelante con todos los que vienen, si va a tomar la misma actitud o no”.
Para finalizar, manifestó que desde que Bullrich llegó a la presidencia del bloque de LLA “se han sacado muchas cosas importantes”, y señaló a la Ley de Modernización Laboral como una de las normas más significativas de esta gestión: “Creo que ella fue a poner un poquito de orden a cómo veníamos trabajando con relación al oficialismo los dos años anteriores”.
"Patricia fue la que se plantó en este caso y dijo hasta acá acompaño. Estas cosas me parecen que no corresponden. Y repito, si uno empieza a mirar la cantidad de parientes que tienen los jueces, porque todos tienen familia, y nos dejamos guiar porque es pariente de algún otro candidato que no le gusta al poder de turno, grave daño vamos a hacerle a las instituciones", concluyó.
Apuntan contra la decisión del Poder Ejecutivo de bajar la candidatura de María Verónica Michelli sin objeciones públicas sobre su idoneidad y alertan que, de confirmarse que influyeron vínculos familiares con un periodista, se vulnerarían principios básicos como la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la libertad de prensa.
Mientras el presidente Javier Milei envió un proyecto para retirar el pliego de la doctora María Verónica Michelli, desde la oposición presentaron un proyecto contra la decisión del Gobierno. La iniciativa del bloque Provincias Unidas expresa su “profunda preocupación” por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de quien fue postulada para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, en un contexto en el que no se hicieron públicas objeciones sobre su idoneidad profesional ni sus antecedentes.
La iniciativa, firmada por los diputados Pablo Juliano, Mariela Coletta, Esteban Paulón y María Inés Zigarán, advierte que la medida podría sentar un precedente institucional delicado si se confirma —como señalan distintas versiones periodísticas— que la decisión estuvo vinculada al parentesco de la magistrada con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon. En ese caso, sostienen, se verían comprometidos principios esenciales como la igualdad ante la ley, la independencia judicial, la libertad de prensa y la prohibición de discriminación.
En los fundamentos, los autores remarcan que la cuestión excede el caso individual y alcanza el funcionamiento del sistema republicano. Subrayan que la Constitución Nacional establece que el acceso a la función pública debe regirse exclusivamente por criterios de idoneidad, sin admitir privilegios ni perjuicios derivados de vínculos familiares. En ese sentido, plantean que considerar relaciones personales como factor determinante para designaciones judiciales implicaría una vulneración directa del artículo 16 de la Carta Magna.
El proyecto también pone el foco en la libertad de expresión, al advertir sobre un eventual “efecto inhibitorio” si la actividad de un periodista pudiera derivar en consecuencias negativas para sus familiares. Según los diputados, ese escenario sería incompatible con los estándares constitucionales y con la jurisprudencia de la Corte Suprema y del sistema interamericano de derechos humanos, que protegen de manera reforzada la libertad de prensa como condición indispensable para el control del poder.
Asimismo, alertan sobre el impacto que una decisión de este tipo podría tener en la independencia judicial, al señalar que la selección de magistrados debe basarse en parámetros objetivos de capacidad, integridad y antecedentes. La eventual injerencia de factores ajenos a esos criterios afectaría la confianza pública en el sistema de justicia y en el mecanismo de designación previsto por la Constitución y la ley del Consejo de la Magistratura.
El texto incorpora además una perspectiva de género, al advertir que, de comprobarse una exclusión vinculada a circunstancias ajenas al mérito profesional, podría configurarse una forma de violencia institucional en los términos de la normativa vigente y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Finalmente, los legisladores sostienen que el Congreso debe pronunciarse ante situaciones que puedan comprometer el orden constitucional y los principios republicanos. En esa línea, el proyecto concluye reafirmando que el acceso a la magistratura debe regirse únicamente por la trayectoria, la capacidad y la idoneidad de los postulantes, y no por sus vínculos personales o familiares.
El ministro de Justicia aseguró que “el Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó” tras la aprobación del pliego de la candidata Verónica Michelli que el mandatario buscó vetar por tratarse de una familiar de un periodista de La Nación y planteó que Javier Milei “no tiene por qué fundamentar su decisión”.
Luego de la derrota que sufrió el Gobierno por la aprobación del pliego de Verónica Michelli para ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, en la sesión el Senado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habló sobre el tema que generó polémica durante la semana y afirmó que el Presidente “no está obligado a firmar el nombramiento”.
“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rúbrica del decreto en diálogo por Radio Mitre.
Por otro lado, indicó: “El cargo de la doctora Michelli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”.
Asimismo, puso paños fríos al asunto en cuestión y pidió no hablar de “escándalo, es un pliego más que se aprobó”, luego de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich que se abstuvo a la hora de votar. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.
Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista que el oficialismo considera opositor por haber investigado el caso $LIBRA.
“En ningún momento se dijo cuál es el motivo. Es falso lo que se dice del retiro del pliego por ser familiar de un periodista… el Presidente no tiene por qué fundamentar su decisión. Nunca se hizo. Jamás hubo una explicación cuando se retiraron pliegos”, planteó y justificó: “El Presidente tiene la facultad de elegir al candidato y de retirarlo sin dar motivos. Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos. No se dan los motivos”.
A su vez, recordó que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahiques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces.
“Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió y ratificó: “Todos los presidentes retiran pliegos porque es una facultad constitucional”.
Mahiques afirmó: “Mandamos 152 pliegos aproximadamente y la idea es seguir la próxima semana mandar entre 50 y 60 pliegos, superar los 200 pliegos para que el Senado evalúe. Ayer mandamos 10 vacantes para la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires que se encarga de los Juzgados de Familia que está colapsada”, y pidió “hacer foco en todos los pliegos, no en uno solo. Eso demuestra que los tres poderes funcionan”.
En la misma línea, sostuvo que la aprobación de los 74 pliegos que era “una votación más grande que se dio en los últimos años porque es una deuda con la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía”, y sostuvo que “llegó a niveles históricos de un 37% aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”.
"Es una manera de ir saldado esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”, reveló en declaraciones radiales, y sumó: “El día de ayer fue un día importante para la ciudadanía, la justicia y la institucionalidad porque van a tener jueces, fiscales y defensores por los acuerdos que salieron ayer”.
“Quedó claro el funcionamiento de los tres poderes del Estado porque es un proceso complejo donde trabajan los tres. Así quedó habilitado el Presidente a firmar los decretos”, ratificó y aseguró que no está en carpeta del Gobierno avanzar sobre las vacantes en la Corte Suprema y en la Defensoría General de la Nación.
El Gobierno llegó con la promesa de achicar el Estado, pero decisiones recientes sugieren una creciente injerencia política en ámbitos sensibles. La tensión entre discurso y práctica abre interrogantes sobre la calidad institucional y los límites del poder.
Javier Milei llegó al poder con una promesa tan disruptiva como contundente: reducir el tamaño del Estado, limitar su intervención en la vida de los ciudadanos y devolverle protagonismo a las fuerzas del mercado y a las instituciones. La imagen de la motosierra se convirtió en el símbolo de una nueva época política que cuestionaba décadas de expansión estatal y burocracia.
Sin embargo, a medida que transcurren los meses de gestión, comienzan a aparecer contradicciones que ponen en tensión aquel discurso fundacional. Paradójicamente, mientras se proclama la necesidad de un Estado mínimo, se observan crecientes intentos de intervención política en ámbitos donde la autonomía institucional debería ser un principio irrenunciable.
Uno de los episodios más recientes y preocupantes tiene que ver con el intento del oficialismo de retirar o cuestionar el pliego de una candidata judicial por una razón que poco tiene que ver con sus antecedentes profesionales, su formación académica o su capacidad para ejercer el cargo. El cuestionamiento surge por un vínculo familiar: ser cuñada de un periodista crítico del gobierno.
Si esta lógica se consolida, el debate deja de centrarse en la idoneidad de las personas para pasar a juzgar relaciones personales, familiares o ideológicas. Se trata de un criterio peligroso para cualquier democracia, porque instala la sospecha como mecanismo de selección y convierte las diferencias políticas en obstáculos para el acceso a cargos públicos.
La situación adquiere una dimensión aún más compleja cuando se observan los cuestionamientos éticos que recaen sobre dirigentes y senadores que forman parte del propio espacio oficialista. Allí aparece una vara diferente. Mientras se exige pureza absoluta a quienes son percibidos como ajenos o críticos, las controversias internas parecen relativizarse o quedar subordinadas a las necesidades de la coyuntura política.
La coherencia es uno de los activos más valiosos de cualquier liderazgo. Cuando el discurso y la práctica comienzan a distanciarse, la credibilidad se erosiona. Y cuando un gobierno que se presenta como enemigo de la intervención estatal intenta influir sobre decisiones institucionales por razones políticas o personales, la contradicción se vuelve evidente.
La teoría del caos sostiene que pequeñas decisiones pueden generar consecuencias enormes e imprevisibles. En política ocurre algo similar. Cada avance sobre la independencia de las instituciones, por mínimo que parezca, puede desencadenar efectos que terminan debilitando la calidad democrática.
La Argentina necesita reformas profundas, equilibrio fiscal y modernización del Estado. Pero también necesita instituciones fuertes, independientes y protegidas de las presiones circunstanciales del poder.
Reducir el tamaño del Estado no puede significar aumentar la discrecionalidad política. Por el contrario, debería implicar fortalecer las reglas y limitar la capacidad de cualquier gobierno de intervenir donde no le corresponde.
La verdadera discusión no pasa por el tamaño del Estado, sino por la calidad de los límites que condicionan el ejercicio del poder. Cuando los criterios políticos o los vínculos personales comienzan a pesar más que la idoneidad y la autonomía institucional, se abre una puerta peligrosa: la de la colonización de organismos que deberían servir a la ley y no a los gobiernos de turno.
Ese es el riesgo democrático de fondo. Porque una vez que se naturaliza la intervención política sobre instituciones independientes, el daño trasciende a una gestión y erosiona las bases mismas de la República. La fortaleza de una democracia no se mide por la voluntad de quienes gobiernan, sino por la capacidad de sus instituciones para resistir las presiones del poder. Y cuando esa barrera se debilita, la libertad de los ciudadanos también comienza a estar en juego.
Andrés Vallone es analista y consultor político
Casa Rosada había objetado el pliego de la magistrada por su vínculo familiar con un periodista que investiga el Caso $Libra. La Libertad Avanza tuvo fugas que se ausentaron, votaron a favor y se abstuvieron. El kirchnerismo votó a favor.
Luego de la puja a cielo abierto en pleno recinto, el oficialismo cedió ante el pedido del interbloque Popular y se consideró el pliego de Verónica Michelli para cubrir la vacante como jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Primero se habilitó con los dos tercios de los legisladores presentes y luego, se aprobó con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.
Después de una hora de cuarto intermedio donde los presidentes de bancada dejaron oír los gritos en los pasillos del Senado, Patricia Bullrich comunicó que se logró el consenso para avanzar con el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que fueron dictaminados en las audiencias públicas que se realizaron entre el 13 y el 15 de mayo.
Segundos antes de pasar a votar, la jefa de bancada oficialista explicó que “no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, y destacó que Michelli “ha hecho méritos hasta llegar a la audiencia”. Luego, anunció su abstención y cerró: “Las personas son únicas e irrepetibles”.
Los 18 votos negativos fueron de La Libertad Avanza a excepción de Bullrich, Paoltroni y Juez.
De los 44 votos a favor del pliego de Michelli, 21 fueron de los 25 integrantes del interbloque Popular. Al momento de pulsar, se ausentaron Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.
También lo hicieron la tucumana Beatriz Ávila; la chubutense Edith Terenzi; la salteña Flavia Royón; el correntino Carlos "Camau" Espínola; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada de Convicción Federal; y 9 de los 10 radicales. La chaqueña Silvana Schneider del bloque radical se abstuvo.
El Pro tuvo dos votos a favor: el del misionero Martín Goërling Lara y el de Victoria Huala. Sin embargo, la chubutense Andrea Cristina se ausentó. Tampoco estuvieron para votar la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas.
En contra votaron 18 de los 21 integrantes de La Libertad Avanza: A la abstención de la jefa de bloque se sumó el voto a favor del formoseño Francisco Paoltroni y la ausencia del cordobés Luis Juez.
Luego de que Juan Carlos Pagotto, en su rol de titular de la Comisión de Acuerdos, comunicara el dictamen de Michelli recién este miércoles 3 de junio -se requieren 7 días para que un despacho llegue al recinto-, el pleno de la Cámara alta avaló su tratamiento con 63 votos a favor y solo 2 en contra.
Minutos antes había ingresado el último expediente enviado desde el Poder Ejecutivo, donde se exigía el retiro del pliego de Michelli. El Gobierno pidió que no avanzara el dictamen ya que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que viene investigando el Caso $LIBRA.
El lunes por la noche, Patricia Bullrich se diferenció del pedido del Gobierno nacional y comunicó que el Senado debía avanzar con el tratamiento parlamentario. Esa misma noche puso su renuncia a la presidencia del bloque a consideración del presidente Javier Milei, quien no la aceptó. El episodio no cayó bien en la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei.
Después de haber estado en la provincia de Mendoza junto a la vicegobernadora Hebe Casado, Bullrich encabezó la reunión de Labor Parlamentaria, donde, originalmente, se acordó tratar solamente 50 de los 74 pliegos dictaminados, pero sin contar el de Michelli que, en principio, iba a quedar para una supuesta sesión ordinaria del próximo jueves 11 de junio.
Finalmente, el pliego se habilitó sobre tablas, se puso a consideración del Senado y resultó aprobado con el aval de la oposición, los aliados y los bloques dialoguistas. Solamente los integrantes de La Libertad Avanza votaron en contra de Verónica Michelli.
El de la candidata objetada por el Gobierno se incorporará con los dos tercios de los votos, por no contar con los días correspondientes. Hubo un largo e intenso cuarto intermedio.
Tras una tensa discusión y un largo cuarto intermedio que se extendió por más de una hora, ingresaron a la sesión de este jueves en el Senado de la Nación todos los pliegos que contaban con dictamen de comisión, incluido el de la candidata a jueza Verónica Michelli que el Gobierno había objetado y solicitado su retiro, pero se incorporará al debate con los 2/3 de los votos por no contar con los días correspondientes que establece el Reglamento.
Cuando llegó el momento de poner en debate los pliegos, la prosecretaria Parlamentaria -en reemplazo de Agustín Giustinian-, Dolores Martínez, no detalló cuántos y cuáles expedientes se iban a poner en tratamiento y se refirió más bien a todos los dictámenes de la Comisión de Acuerdos.
Pidió la palabra entonces la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio para señalar que los pliegos a tratar eran 50, según lo acordado en Labor Parlamentaria por los jefes de bloques. En efecto, este fue un dato que circuló tras esa reunión, pero el listado nunca se especificó en el acta. "El acuerdo de Labor Parlamentaria se cumple, sino para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria", enfatizó la bonaerense.
Luego, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, le pidió a Martínez que especifique cuántos eran. "Son 73 expedientes", dijo la prosecretaria Parlamentaria, lo que provocó una cuestión de privilegio del formoseño. "Es vergonzoso este tipo de tratamiento, además de una gran deslealtad parlamentaria", se quejó.
Entonces se refirió al caso de María Verónica Michelli -cuyo pliego el Poder Ejecutivo ahora busca evitar que se apruebe-, y cuestionó al presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, quien "violó el reglamento y la Constitución, porque tendría que haber presentado de manera inmediata la orden del día", en referencia al dictamen firmado por nueve senadores avalando la designación de Michelli.
Ahora, al no contar con los días correspondientes tal despacho, formalizado este miércoles, Mayans reveló que en Labor Parlamentaria desde el interbloque peronista ofrecieron los dos tercios para habilitar el pliego. "(Patricia) Bullrich dijo 'yo no puedo votar con dos tercios contra el Poder Ejecutivo'". Y entonces se acordaron que se trataran 50 y otro conjunto la semana que viene, junto al de Michelli.
Ante la intención de sumar todos en la sesión, el senador estalló: "Es una joda total, es una vergüenza lo que están haciendo". "¿Cómo se prestan los otros bloques a esto? Ustedes saben que no mentimos. Tengan honor, no tengan olor a podrido". "Está mintiendo la Secretaría Parlamentaria y la presidenta de bloque (de LLA). ¿O yo estoy mintiendo que se dijeron 50 pliegos?", desafió.
La presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, quien no había estado en el arranque de la sesión, pero bajó para ese momento reveló que media hora antes de la sesión "se empezaron a agregar" pliegos al listado y se desentendió: "En esto no tuvo intervención ni la Presidencia ni la Secretaría Parlamentaria".
"Esto es propio de Montoneros, los entregadores de Montoneros se comportan de esta forma, entregan a sus compañeros", explotó Mayans contra Bullrich.
Di Tullio volvió a hablar y afirmó que Bullrich les había enviado la lista de los 50 pliegos que se tratarían. "Esto se llama traición parlamentaria", enfatizó y dijo que en todo caso tenían que reconsiderar el acta de Labor.
Además, denunció que se buscaba tratar a los 73 ya listos para "dejar afuera a Michelli, que la van a cagar, todos la van a cargar, incluso los que firmaron el pliego, para que no pague el costo el presidente". "Se están pasando de la raya, se están pasando 19 pueblos, córtenla", reclamó y les tiró a los libertarios que "no tienen ni idea lo que es la palabra y el comportamiento político" y encima "traen sus problemas al recinto".
A medida que iba cobrando temperatura la discusión, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, recordó que en Labor Parlamentaria ellos habían hablado de votar a todos los postulantes. "No hay forma de hacer una lista discrecional", remarcó a la hora de establecer la imposibilidad de elegir solo 50, y sugirió la necesidad de hacer un cuarto intermedio. "Si nosotros no nos damos cuenta de que los 73 que tienen dictamen están en igualdad de condiciones para ser votados…", expresó.
A su vez, el puntano Fernando Salino recordó que en Labor habían acordado otra cosa y ahora el oficialismo estaba "traicionando la palabra". Y reveló que una y otra vez preguntaron por los 50 elegidos para votar este jueves.
"Pactamos los primeros 50 postulantes", insistió el jefe del bloque Convicción Federal, para luego cuestionar: "Esto es una vergüenza y esto se produce porque son irresponsables". Y lo consideró producto de "la pelea interna permanente que les quita energía. Están faltando a su palabra y la verdad que me extraña, porque yo creo estar trabajando con personas de bien, personas de honor que dicen la verdad".
La discusión terminó cuando Bullrich propuso un cuarto intermedio, asegurando que no había habido "ninguna mala fe; simplemente no es fácil elegir quiénes son los 50" pliegos a votar. Sostuvo que eso no tenía "nada que ver con la jueza Michelli, porque ese pliego no se podía votar hoy, pasa para la semana que viene… No es un tema de dejarlo colgado, es todo lo contrario: el presidente de la Nación envió un retiro del pliego y eso fue lo que se acordó".
"Quiero calmar los ánimos, vayamos a un cuarto intermedio para buscar un acuerdo y ordenar esto lo mejor posible. No hay ningún gato encerrado", afirmó, justificándose en que supuestamente los 73 candidatos a ocupar cargos en la justicia habían llamado por teléfono para preguntar cómo iban a elegir a los 50 que terminarían votando.
La Cámara alta entró en cuarto intermedio por una hora y al regreso, el oficialismo cedió al pedido de José Mayans y Juliana di Tullio.
Después de una hora de cuarto intermedio, la jefa de bancada oficialista cedió al reclamo del interbloque Popular y el Senado habilitó el tratamiento del pliego de la jueza Verónica Michelli. Fue casi por unamidad: la moción cosechó 63 votos a favor y solo 2 contra, los de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.
Minutos antes, el pleno de la Cámara alta le había dado ingreso al expediente que envío el Poder Ejecutivo, donde pedía el retiro del pliego de Michelli, tras conocer su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien viene investigando el Caso $LIBRA.
El dictamen de la jueza en cuestión se firmó en la audiencia pública del pasado 13 de mayo. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, giró la comunicación este miércoles. Al no contar con los siete días reglamentarios, el pleno debió avalar la órden del día con dos tercios.
Originalmente, el oficialismo pretendía tratar 50 pliegos de los 74 dictaminados. Pero este jueves a primera hora se sumaron los restantes, menos el de Michelli. Tras el reclamo del interbloque Popular y el cuarto intermedio, se pondrán a consideración todas las órdenes del día con dictamen de la Comisión de Acuerdos.
Verónica Michelli, para jueza Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata
Ricardo Lombardo, juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de CABA
Nicolás Pacilio, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de CABA
Santiago Poncio, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 de CABA
Javier Santiso, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA
Ignacio Labadens, juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de CABA
Julián Herrera, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°44 de CABA
Nicolás Grappasonnno, vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de CABA, Vocalía N°10
Ivana Quinteros, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°20 de CABA
Santiago Jaimes Munilla, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 de CABA
Emilio Faggi, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III
María Gloria Capanegra, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 de CABA
María Inés Reston, defensora pública oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N°1
Claudio Silvestri, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata
Paula Fuertes, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de CABA
Soledad Mariño, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 de CABA
Carlos Cuesta, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata
Juan Martín Balcazar, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA
María Julia Sosa, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3
Conjueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de CABA: Ramiro Fare, Claudia D’Acunto, Raúl Montesano y Adrián Hagopian
Pablo Wilk, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata
Verónica Polverini, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°7
Marcela Sasso, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA
Lucas Berlotti San Martín, defensor público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°2
Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N°4
Hugo Decaría, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal
Ezequiel Sobrino Reig, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°80 de la Capital Federal
Germán Degano, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°64 de la Capital Federal
Gerardo Cacace, juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa
Santiago Quian Zavalia, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Osvaldo Pitrau, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F
Analía Victoria Romero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E
Samanta Biscardi, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E
Paula Castro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F
Lucila Córdoba, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K
Walter Carnota, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala II
Fernando Strasser, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala III
Pablo Flores, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín
Laura Kvitko, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°23 de la Capital Federal
Nicolás Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal
Luara Wiszniacki, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62 de la Capital Federal
Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe
Juan Andrés Moldes, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico, Fiscalía N°1
Javier Arzubi Calvo, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín
Federico Novello, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal
Laureano Durán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I
Jorge Djivaris, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B
Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham
Pablo Moya, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 de la Capital Federal
Walter Rodríguez, juez del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Santa Fe
Santos Cifuentes, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°25 de la Capital Federal
Diego Allievi, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°10 de la Capital Federal
María Laura Ameri, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°3
María Agustina Boyajian Rivas, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22
Yamile Bernan, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Carlos Parma, defensor público oficial federal del interior del país con asiento en Mendoza
Santiago Vismara, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Yael Sircovich, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata
José Miguel Guerrero, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de la Capital Federal
Juan Manuel Gaset Maisonave, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín
Mariano Amaduri, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal
Santiago Saux, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela
Pablo Matkovic, juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén
Mario Ferrario, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín
Gabriela Palopoli, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°94 de la Capital Federal
María Florencia Massa, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°4
Juan Pedro Giudici, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°4
Diego Anzorreguy, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta
Leandro Gómez Constenla, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche
Diego Souto, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 de la Capital Federal
Paula Marinkovic, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°77 de la Capital Federal
Marcelo Peluzzi, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal
Sebastián Soneira, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A
Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos
Tras una semana atravesada por la polémica dentro del oficialismo, la Cámara alta debate iniciativas sobre propiedad privada, un acuerdo con holdouts y cambios en la estructura judicial
Al cabo de una semana marcada por la polémica, sesiona el Senado desde las 11.22 con el objeto de avanzar con dos proyectos clave para la administración libertaria. La sesión se desarrolla luego de la enorme repercusión que tuvo la decisión de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, de desmarcarse del Gobierno en torno a la decisión de rechazar el pliego de la doctora Verónica Michelli, en cuyo marco la exministra llegó al extremo de ofrecerle la renuncia al presidente Javier Milei.
La aspirante a jueza federal en La Plata fue vetada por los hermanos Milei por tratarse de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien entre otras importantes investigaciones ha llevado adelante la de la criptomoneda $LIBRA, que precisamente involucra al presidente de la Nación y a su hermana.
La solución momentánea fue dejar afuera de esta sesión el nombre de esta postulante, contrariamente a lo que sucederá con algunas decenas de miembros del personal judicial, que serán aprobados este jueves. Más allá de eso, el tema generó una fuerte controversia en el seno del oficialismo en general y el bloque de La Libertad Avanza en particular, donde trascendió que varios miembros del mismo salieron a cuestionarle su postura a la jefa del bloque.
Los senadores se abocarán en esta sesión a debatir el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica las leyes 21.499 sobre expropiaciones, y la 24.374 sobre regularización dominial.
Es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.
Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).
Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.
Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.
Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.
Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.
El proyecto modifica la Ley 26.815 de manejo del fuego, particularmente en su artículo 22 bis, para restringir la protección posterior a incendios. No incluye humedales, áreas naturales protegidas, bosques implantados y vegetación viva o muerta en general. Elimina el plazo de prohibición por 60 años para ciertas acciones sobre la superficie incendiada. Suprime las prohibiciones específicas sobre venta, subdivisión, loteo, parcelamiento, concesión, emprendimientos inmobiliarios y cambio de actividad agropecuaria. Impide, en el caso de incendios de bosques nativos, cambios de uso y destino, según el ordenamiento territorial de la ley 26.331, y de bosques no productivos de la ley 13.273. Asimismo, añade deberes estatales de prevención, control, investigación, restauración ambiental y coordinación interjurisdiccional en los niveles nacional y provincial.
Acuerdo con holdouts
A continuación se avanzará con el Acuerdo de Conciliación con Bainbridje Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Se acuerda con Bainbridge un pago único en efectivo de 67 millones de dólares estadounidenses y de 104 millones con Attestor Value Master Fund LP y otros acreedores que se enumeran.
También se acuerda la modalidad entrega contra pago. Los acreedores entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, mediante acreditación en cuenta. La Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada dicha entrega y quedará facultada para presentar la documentación correspondiente ante organismos administrativos, judiciales o cualquiera ante el cual se tramiten litigios, para lograr la desestimación, el archivo y el desistimiento con efecto de cosa juzgada.
El acuerdo establece que la interpretación, validez, efectos y cumplimiento del acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Nueva York. En cuanto al juez competente, se acuerda el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Otros temas
El oficialismo espera aprobar la creación de una sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, tal cual lo acordado en la última sesión, a instancias de una iniciativa del senador Maximiliano Abad. La iniciativa crea una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que se identificará con el número II y funcionará con 3 secretarías de cámara. También crea los cargos de juez de cámara, secretarios de cámara, funcionarios y personal administrativo y de servicio que se detallan en el anexo al proyecto, y dispone que las causas que ingresen al fuero serán distribuidas de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y a las decisiones que el propio tribunal en pleno adopte.
Asimismo se avanzará con la organización de salas y la creación de un cargo de juez en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Se organiza la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en dos salas, creándose un cargo de juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y eleva en consecuencia su integración total a seis.
NOTICIA EN DESARROLLO
Los jefes de bloque de la Cámara alta decidieron darle ingreso al expendiente que propone el retiro del pliego en la sesión de este jueves.
Minutos antes de que la reunión de Labor Parlamentaria resuelva postergar la definición del pliego judicial, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió en su despacho a Verónica Michelli. El encuentro se dio después del pedido de Casa Rosada para retirar el trámite parlamentario.
El respaldo de la titular de la Cámara alta sucedió después del cimbronazo que generó el anuncio de Patricia Bullrich en virtud de que el pliego judicial continúe su camino en el recinto y sea finalmente aprobado. Por la comunicación, la jefa de bancada oficialista puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei, quien no la aceptó.
Pero la decisión de la exministra también causó discrepancias internas dentro de la bancada: los legisladores que responden a Karina Milei quieren que se acate el pedido del Ejecutivo y que el pliego no siga. Nadia Márquez y Juan Carlos Pagotto son dos de los que adelantaron su postura.
Verónica Michelli expone ante la Comisión de Acuerdos con Patricia Bullrich en primera fila.
El expediente de Verónica Michelli ingresó al recinto el 9 de abril pasado y su dictamen pasó a la firma el 13 de mayo cuando expuso en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. Sin embargo, el Ejecutivo pidió retirar su diploma luego de que trascendiera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el Caso $LIBRA.
Según supo parlamentario.com, el pliego de Michelli podría ser llevado al recinto la tercera semana de junio ya que en Labor Parlamentaria se acordó que quede afuera del temario de la sesión ordinaria de este jueves 4 de junio.
La bancada radical en su conjunto, Convicción Federal y Primero los Salteños fueron algunos de los espacios que ratificaron que el pliego deba ser aprobado en el recinto.
Así fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria. La sesión arrancará a las 11 y sí se incluirán otros pliegos, más los proyectos sobre holdouts e inviolabilidad de la propiedad privada.
Con la polémica generada en torno a las posturas divergentes ante la decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de Verónica Michelli para ocupar un cargo de jueza en La Plata como antecedente, se realizará este jueves una sesión de la Cámara de Senadores a partir de las 11 de la mañana.
Y para ordenar el desarrollo de la misma se realizó este miércoles por la mañana la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se acordó dejar para más adelante el debate sobre el pliego de Michelli y avanzar en cambio con otros dictámenes emergentes de la Comisión de Acuerdos para votarlos en el recinto.
Se avanzará además con el tratamiento de los proyectos para el pago de los holdouts y el texto del Poder Ejecutivo sobre inviolabilidad de la propiedad privada.
Volviendo a los pliegos, se dará ingreso a nuevas propuestas, como así también está previsto que se incorporará al expediente de retiro del pliego de Michelli, tachada por el Gobierno por tratarse de la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista especializado en investigaciones, que ha trabajado especialmente en el tema de la criptomoneda $LIBRA, que le quita el sueño a los hermanos Milei.
Recordemos que la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se diferenció en este tema respecto del Gobierno, anunciando que no avalará el pedido del Ejecutivo. Razón por la cual se conoció este martes que había ofrecido al presidente Javier Milei su renuncia al cargo. Otros senadores del sector dialoguista adelantaron que tampoco avalarán el retiro del pliego.
Cabe consignar que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió este miércoles a la doctora Verónica Michelli, en otro capítulo de su distanciamiento del Poder Ejecutivo.
Los proyectos a debatir
El texto correspondiente al Acuerdo de Conciliación con los holdouts cuenta con un dictamen desde el 19 de mayo pasado, fecha en la que se hicieron correcciones al texto original.
El acuerdo comprende a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp. El acuerdo de pago entre las partes se extiende hasta el 30 de junio y lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Rubén Kliksberg.
El Acuerdo de Conciliación para cancelar el pago de bonos ronda los U$S 175.000.000 que le son reclamados al Estado argentino tras ser avalados por la Justicia de los Estados Unidos en marzo de año pasado. Ambos litigios fueron iniciados en 2014 y 2016, respectivamente.
El acuerdo entre las partes que avaló la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos se alcanzó en marzo pasado cuando el Estado argentino llegó a un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.
Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la República Argentina desde 2016. La Justicia de Estados Unidos ya falló a su favor y le reconoció el cobro de 95.000.000 de dólares más cargos en concepto de intereses.
Por otro lado, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un litigio con la Argentina desde el 2014 por el cobro de deuda soberana adquirida luego de su fundación en 2012.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El otro texto a debatir es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.
Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).
Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.
Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.
Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.
Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.
Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.
El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".
En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.
Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.
El senador formoseño consideró que se trata de una “impericia” y que el pedido del Ejecutivo de retirar el pliego de Verónica Michelli “desgastan, son innecesarias”.
Tras el cimbronazo que pegó Patricia Bullrich, quien puso a disposición su renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y Javier Milei no la aceptó, por haber comunicado su postura en relación al pliego de Verónica Michelli, el Poder Ejecutivo sigue sumando adhesiones en contra.
Este miércoles se sumó el senador Francisco Paoltroni quien adelantó su rechazo al pedido que bajó desde Casa Rosada: “Yo ya traigo una línea en donde cuando no estoy de acuerdo con algo planto mi disidencia como fue el caso del juez Ariel Lijo o la demora en la presentación de la declaración de Manuel Adorni o como es este caso o la intervención en Formosa”.
Paoltroni remarcó que viene acompañando “todo, sobre todo en la gestión económica, pero hay algunas cuestiones de índole institucional o de la moral como política de Estado, y por eso no soy ni opositor ni enemigo ni quiero generar daño, es bueno plantear las diferencias siempre con la coherencia de a lo que vinimos”.
“Acá hay una impericia, estas cosas desgastan. No estoy de acuerdo con el retiro del pliego”, sentenció al respecto en declaraciones a Radio Rivadavia.
El formoseño afirmó: “No sé cuál es la cuestión de fondo, pero tengo entendido que esta profesional estaba puesto 18 en orden de mérito. Entonces ¿cómo puede ser que después por un vínculo con un periodista querer retirarlo? Es una desprolijidad muy grande que no es bueno para el Senado, para el Ejecutivo ni la Justicia”.
“Vengo acompañando todas las ideas de la Libertad porque adhería al plan y propuestas que llevábamos desde el 2023, sigo acompañando todo, pero hay límites que uno no está dispuesto a cruzarlo”, aclaró y recordó su rechazo a la candidatura del juez Lijo. También expresó su descontento por la falta de la declaración jurada de Adorni: “Me molesta muchísimo porque hasta hoy no presenta declaraciones juradas”.
“Es muy feo para cualquiera que firmó el dictamen, cómo vas a pedir ahora que vote el retiro te convertís en un monigote y no somos eso. Estas cosas son innecesarias. Le dije a Patricia que no iba a acompañar el retiro, mi voto en estas situaciones es bastante cantado”, concluyó.
La salteña rechazó la postura del Gobierno de eliminar de la lista de jueces propuestos el nombre de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, razón por la cual el Ejecutivo pidió el retiro de su pliego.
La senadora Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños, se sumó a los legisladores aliados del Gobierno que se resisten a aceptar el retiro del pliego de Verónica Michelli que requiere el Poder Ejecutivo.
“El tema pasó por Acuerdos, firmamos el dictamen… y tampoco es que nos han explicitado un motivo para el retiro del pliego”, advirtió la senadora salteña, que reclamó “una señal de institucionalidad”. “La justicia no puede ser un botín político, que ponen y sacan y sin explicitar ningún motivo”, señaló al ser entrevistada por María O’Donell por Urbana Play, donde aclaró que de tal manera “mi posición es, habiendo firmado el pliego y sin ninguna razón válida, que no voy a apoyar el retiro del pliego”.
Cabe recordar que la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, adelantó que por una cuestión de conciencia no apoyará de manera personal el pedido del Gobierno sobre la doctora Verónica Michelli.
El Colegio Público de la Abogacía porteño y las agrupaciones institucionalistas advirtieron que la actitud del Ejecutivo “no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país” porque “dilatan el llenado de vacantes judiciales”. Al respecto, remarcaron que es decisión del Senado aceptar o retirar el pliego.
Organizaciones civiles expresaron su rechazo al retiro del pliego como candidata a jueza de Verónica Michelli -propuesta por el Ejecutivo para ocupar el TOF 3 de La Plata- por parte del Gobierno nacional por el solo hecho de ser familiar del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon quien investigó el caso $LIBRA.
El Colegio Público de la Abogacía de Buenos Aires emitió un comunicado en el que considera el retiro del pliego por parte del Ejecutivo como “una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”, y señalaron que “en la última década, el retiro indiscriminado de pliegos por parte de los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo ha dilatado más de lo aceptable el llenado de las vacantes judiciales, cuyo número continúa en una situación crítica, pese a los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Justicia de la Nación”.
Al respecto, indicaron que corresponde al pleno del Senado la aceptación o rechazo del retiro, siempre evaluando los motivos en que se funda a fin de “evitar arbitrariedades o abusos. Sería deseable que se brinden buenas razones en este caso, para despejar las suspicacias y rumores que se han hecho públicas en torno a esta candidatura”, dice la entidad que preside el exjuez y exministro Ricardo Gil Lavedra.
Desde la organización Integridad Republicana también expresaron su “profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo”.
Ante las “muy serias sospechas” de que “ese inusual proceder” sería el parentesco de Michelli con el periodista, “la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria”.
Para la entidad que preside Carlos Negri “se trataría de un hecho sumamente grave, porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano. Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”.
“Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país. La República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”, concluye el comunicado.
Integridad Republicana está conformada por personalidades con larga trayectoria en la defensa de las instituciones y la cultura democrática. Entre ellos, Horacio Moavro, Osvaldo Perez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz, Marcela Campagnoli.
También se manifestó la agrupación Será Justicia, que emitió una declaración -firmado por su presidenta, Inés Arias, y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico- en la que se condena el retiro del pliego de Michelli como “un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”, y desaprobaron la “improcedente conducta del Poder Ejecutivo Nacional”.
En esa línea, reclamaron que el referido pliego “cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, y manifestaron: “Se trata de una evidente e inaceptable maniobra que no sólo afecta un proceso de selección que cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen (nueve miembros que representan la mayoría necesaria), sino que trasunta un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión, otro de los pilares de nuestro sistema republicano”.
“La postura asumida por el Poder Ejecutivo Nacional no sólo contraría la voluntad expresada por la Comisión del Senado responsable de concluir el proceso, sino además resulta de dudoso apego a las normas reglamentarias y de transparencia en la selección de magistrados, así como al debido respeto por el sistema constitucional de división de poderes”, señalaron desde Será Justicia.