Con la presencia de una masiva marcha universitaria en las afueras del Palacio Legislativo, el Senado aprobó la insistencia definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. El Gobierno nacional queda obligado a promulgar la ley ya que el texto superó ampliamente los dos tercios que establece la Constitución Nacional.

A favor de la insistencia de la ley, estuvieron 33 de los 34 integrantes del interbloque de Unión por la Patria; 12 de los 13 radicales; los dos santacruceños; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; la chubutense Andrea Cristina; la tucumana Beatriz Ávila; el salteño Juan Carlos Romero; y Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del Pro.

Dentro de los 7 votos en contra de la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario estuvieron los 5 de los 6 integrantes de La Libertad Avanza; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero del Pro; y el formoseño Francisco Paoltroni de Libertad, Trabajo y Progreso. Además, se abstuvieron el misionero Martín Goërling Lara, la santafesina Carolina Losada, la pampeana Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.

Los únicos ausentes al momento de la votación fueron el senador chaqueño de Unión por la Patria Antonio Rodas; la jujeña Vilma Bedia de La Libertad Avanza; y la chubutense Edith Terenzi.

A diferencia de lo que ocurrió en 2024, la iniciativa que propone una actualización en las partidas presupuestarias de las Casas de Altos Estudios y recompone salarios docentes y no docentes se transformó en ley. Es el tercer veto que el Congreso le deroga al presidente Javier Milei: el 4 de septiembre fue la Emergencia en Discapacidad y este jueves, también, la Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan.

¿Qué establece la ley?

La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.

Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.

Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándose por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.

Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.

Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.

Las intervenciones en el recinto

Miembro informante como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el senador Eduardo "Wado" de Pedro, señaló que este miércoles en el interbloque de Unión por la Patria recibieron a rectores de universidades "casi con vergüenza de que este presidente vuelva a vetar una ley que tiene como fin el financiamiento de algo tan noble y necesario como es la educación universitaria".

"El 80% de esta cámara votó de manera positiva la ley", recordó y destacó que la norma se trabajó "entre todas las fuerzas políticas" junto a "los rectores, los gremios, los estudiantes". "Ayer nos decían los decanos que la pérdida (salarial de docentes y no docentes) es entre el 40% y 48% real respecto al presupuesto de diciembre de 2023", apuntó.

El legislador kirchnerista cuestionó que desde el Gobierno "dicen que no hay plata" pero "cuando uno mira las noticias en los diarios ve que por una desregulación en las billeteras virtuales perdieron en los últimos meses 8 mil millones de dólares". "Dicen que no hay plata -continuó- y en tres días, con una medida, o una estafa a los productores y la Argentina, con la baja de retenciones en pocas horas, el Estado argentino perdió 1.500 millones de dólares" que traducido a pesos argentinos son 2,17 billones.

"¿Cuánto es el costo fiscal que tiene este proyecto de ley? 7,3 billones", precisó y advirtió que el Presupuesto 2026 se destinan solamente 4,9 billones. "Le decimos al presidente que no puede desarmar lo que está bien, tiene que garantizar lo mínimo y lo básico para que los jóvenes no pierdan la esperanza, se queden en Argentina, puedan estudiar y puedan ser los trabajadores y dirigentes del futuro", concluyó.

El radical chaqueño Víctor Zimmermann se abocó a dar cifras sobre las universidades, concluyendo que el 86% del presupuesto destinado a las universidades públicas va para salarios; el 11,5% a gastos de funcionamiento y solo el 2,3% a transferencia e inversiones. “Esto es lo que se ejecutó durante 2024 para el conjunto de universidades públicas”, señaló, aclarando que para la Universidad del Nordeste, por ejemplo, la composición es diferente. “El gasto en salario es más alto y el de funcionamiento es menor”, aclaró.

Zimmermann aclaró que en el debate que está iniciándose en torno al Presupuesto 2026 “tenemos oportunidad de recomponer. Ahora, si miramos los datos que este presupuesto tiene asignado para el total de las universidades públicas para 2026, es un total de 4,8 billones de pesos”. Pero advirtió en ese sentido que los rectores, a los que han recibido en el bloque, les han indicado que estiman necesitar para el financiamiento 7,2 billones de pesos.

En síntesis, dijo que estaban dando “un paso muy importante, pero hay que seguir insistiendo para darles a nuestros jóvenes lo que necesitan para una mejor formación e igualdad de oportunidades”.

“¿Saben ustedes que las universidades públicas pagan en luz y en gas tarifas plenas, lo mismo que si fueran grandes contribuyentes?”, deslizó la senadora Alicia Kirchner, cuyo discurso muy crítico para con el Gobierno concluyó con esta advertencia: “La Libertad Avanza… ¿cómo? ¿Destruyendo el tejido social, empobreciendo a las mayorías, no considerando la salud pediátrica, la educación y nuestras universidades? Es muy duro lo que voy a decir, pero de seguir así, la timba de Caputo puede ser la tumba de los argentinos”.

Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la senadora rionegrina Mónica Silva cargó contra el gobierno de Javier Milei y lo acusó de invertir “cero pesos para obras de infraestructura en universidades”. También sostuvo que hay un “32% menos de recursos para salarios del personal docente y menos fondos de financiamiento”. “Me pregunto si estamos caminando hacia un arancelamiento de las universidades públicas”, deslizó.

En segunda instancia, destacó que “la sociedad argentina valora permanentemente la existencia de universidades públicas, no aranceladas y el acceso a los estudios superiores”. Explicó que en los jóvenes que salen de la educación obligatoria “hay esperanza de ascenso social y concreta de inserción en el mundo del trabajo”. Asimismo, valoró al sistema universitario argentino y recordó que “los estudiantes argentinos no deben pensar en pagar créditos universitarios”, y cerró: “En 2022 el 68% de los ingresantes fueron estudiantes de familias que por primera vez tenían integrantes en la universidad”.

A su turno, el senador radical Maximiliano Abad apuntó contra Javier Milei y recordó que en la Asamblea Legislativa del 2024 “señalamos la ausencia de la educación en el Pacto de Mayo” porque “en ese momento funcionaba con el Presupuesto sancionado en 2022 con financiamiento congelado”, consideró. Asimismo, reiteró efusivamente que “llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades y es la tercera vez que este Senado va a votar la misma ley”.

Crítico de las medidas del gobierno libertario, el bonaerense afirmó que “ninguna política pública tiene sentido si la universidad está desfinanciada”. Para terminar, le envío una sugerencia al Poder Ejecutivo Nacional: “Recuperamos gobernabilidad con educación para que puedan insertarse en un mundo laboral cada vez más competitivo”.

Por último, cuestionó que “los docentes universitarios están cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza y las becas están congeladas”. También, advirtió que “este Senado tiene una deuda porque no nombró a los auditores de la AGN”, y concluyó: “¿Quién fue el iluminado del Gobierno que dijo que hay que sostener el equilibrio fiscal desfinanciando la salud y la educación?”.

Arribando a la tercera hora del tratamiento de ambos vetos, el senador radical Martín Lousteau bosquejó que “es realmente increíble que estemos hoy acá debatiendo estos temas”. En esa línea, cargó que “es patético porque las universidades públicas son políticas reconocidas internacionalmente”. Luego, apuntó contra el Gobierno nacional: “Milei habla de Riesgo País, pero no habla nunca jamás de la salud y la educación”.

Con datos alarmantes, el legislador porteño aseveró que “el Gobierno ataca a las universidades”, y cuestionó la ausencia de políticas en materias educativa al presentar que “en tercer grado, uno de cada diez argentinos no está alfabetizado; y uno de cada tres, presenta dificultades de comprensiones”. Además, cargó que “uno de cada diez se recibe en la secundaria en tiempo y forma con los conocimientos básicos en lengua y matemática”.

Por último, Martín Lousteau afirmó que “Argentina fue grande cuando invirtió en educación”, y criticó que “la inversión en educación universitaria fue del 1,73% del PBI en 2023, pero fue 0,96% en 2024 y 0,73% en 2025”. También, alertó que “el número que viene en el próximo Presupuesto es menos de la mitad de la de este año”. “Tenemos una pésima y baja ejecución de presupuestos”, enfatizó.

En sintonía con lo expuesto por los representantes de su bancada, el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, auguró que “estamos para seguir apoyando estas leyes y seguir rechazando los veto si es que hace falta”. Acusó al gobierno de tener “el récord de la insensibilidad “, y señaló que “evidentemente prioriza las matemáticas y no entiende como equilibrar las cuentas publicas incluyendo a los sectores vulnerables”.

Sobre el rechazo al veto de la ley, el senador correntino Eduardo Vischi manifestó que “en el caso de las universidades, es un dato importante que si no damos el financiamiento su situación será cada vez peor con falta de estructura y de docentes y en detrimento del desarrollo tecnológico del país”.

En representación de Unidad Ciudadana, la senadora nacional Juliana di Tullio también responsabilizó al Poder Ejecutivo por el contexto que atraviesan las Casas de Altos Estudios: “Estamos votando por tercera vez porque el presidente Milei tiene un proyecto político y económico, y asume de espaldas a este Congreso y lo primero que hace es desconocerlo”. Volvió a cuestionar la delegación de facultades delegades y cargó que el presidente gobierna “a puro decreto y veto limpio”.

Al referirse al financiamiento universitario, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, apuntó contra el kirchnerismo por las “universidades truchas que hicieron para financiar campañas políticas. Nosotros no queremos que las universidades sean usinas políticas. Todo el mundo financiando el curro real de universidades truchas”.

El jujeño recordó que en 2022 el entonces ministro Sergio Massa aplicó un ajuste de 70 mil millones de pesos y no hubo “ninguna marcha”, y brindó como dato que “el 60% de los estudiantes no aprueba más de 1 materia por año; el tiempo promedio de egresar es de 12 años”.

Nuevo veto en caerse en el Congreso para Javier Milei: el Senado insistió por una amplísima mayoría con la Ley de Emergencia Pediátrica, que establece la asignación presupuestaria “prioritaria” para los hospitales que atienden niños e indica específicamente que debe garantizarse “el funcionamiento pleno y sostenido” del Garrahan.

Tal como se esperaba, la norma superó los dos tercios de los votos que requería. El tablero marcó 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Tras este resultado, el artículo 83 de la Constitución Nacional señala que el Poder Ejecutivo debe directamente promulgarla.

El pasado 17 de septiembre, la Cámara de Diputados también insistió con la ley por 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. Pocos días después de eso, se anunció un complemento salarial para los trabajadores del Garrahan, de 450 mil pesos para los médicos y de 350 mil para el resto del personal.

Los trabajadores destacaron que esa suma adicional fue fruto de la lucha que llevan adelante hace más de un año, pero aseguraron que no era suficiente para solucionar de fondo el reclamo laboral. De hecho, las medidas de fuerza continuaron y este jueves el prestigioso nosocomio se encuentra de paro por más de 24 horas. Además, la comunidad del Garrahan se movilizó a la Plaza del Congreso en el marco del debate en el Senado.

En lo que va del conflicto, los representantes del Garrahan afirman que ya se fueron del hospital más de 200 profesionales.

El debate en el recinto

Lucía Corpacci sostuvo en el inicio del debate que las provincias, a través de sus representantes, necesitan del Hospital Garrahan. Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara alta, la catamarqueña detalló de qué se trata la emergencia en cuestión y definió al hospital como “de excelencia, reconocido por todos, federal como ningún otro en nuestro país”.

La senadora de Unión por la Patria criticó al presidente de “gobernar por vetos o decretos”, lo acusó de negar la división de poderes y advirtió que “mientras tanto gana tiempo, como hizo con el DNU inicial (el 70/23) y la Ley Bases”.

En su discurso, consideró “vergonzosos” los fundamentos del veto y recordó que con la eliminación parcial de las retenciones el país perdió 1.500 millones de dólares. “¿Me va a decir el presidente que lo desequilibran los 113 millones que perderían las provincias y no los 1.500 por las retenciones?”, se preguntó, recordando ante las críticas presidenciales que la Constitución autoriza a los legisladores a rechazar vetos y decretos.

Tuvo un párrafo especial para el ministro de Salud, Mario Lugones, de quien dijo que “no pisó nunca el Hospital Garrahan”, y subrayó que al personal del mismo “los han tratado de ladrones, de ñoquis, de irresponsables, de querer voltear al Gobierno… Todos sabemos lo que es el Garrahan, menos el presidente y su equipo”, aunque rescató la “coherencia” del presidente en cumplir lo que anunció en la campaña. “Es coherente para negar derechos; es coherente para negar la salud pública; la educación pública, la existencia y necesidades de las personas con discapacidad; negar los derechos de los jubilados; es coherente para pelearse con un niño con discapacidad; para agraviar e insultar a gobernadores, legisladores y cualquiera que piense distinto”, enumeró y cerró: “Me avergüenza tener un presidente que nos niega a los argentinos tener derechos que hemos conservado durante años”.

Durante el debate conjunto de este veto y el de Financiamiento Universitario, la santacruceña Natalia Gadano resaltó que "es la cuarta vez que este Congreso trata los mismos temas. La cuarta vez que nuestros médicos, nuestros niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y nuestros estudiantes universitarios están ahí afuera. Horas y horas esperando".

"Me parece una falta de respeto, no solo a ellos sino al resto de los argentinos que están esperando que tomemos decisiones urgentes y responsables", expresó la senadora y enfatizó que "la salud pública no es un privilegio, es un niño que está esperando un trasplante, es un médico que está trabajando en situaciones adversas". "Una Nación que abandona a los sectores más débiles no puede llamarse ni justa ni libre. Defender la salud y educación pública no es un gesto político, es una obligación moral", aseveró en el cierre.

A su turno, el radical Pablo Blanco destacó al Garrahan como "un ejemplo en Sudamérica" y, al hacer referencia al calificativo de "degenerados fiscales" que el presidente tiene para con los legisladores, manifestó: "Le quiero decir al degenerado social que hay necesidades, debe entender que hay que tener empatía con la gente más allá del Excel. Si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, la obligación del Gobierno es que haya equilibrio social".

"Él tiene problemas siempre para conseguir recursos para las necesidades de la gente de a pie", criticó a Milei, sin embargo consideró que no tiene las mismas dificultades para "pagar intereses de la deuda, vivir bicicleteando en la timba financiera o hacer negocios con sus amigos cerealeros".

Muy ofuscada con el Gobierno, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri recordó que la frase "no hay plata" fue la que más dijeron desde La Libertad Avanza y también "hasta el cansancio nos han repetido que el superávit fiscal no se financia". A continuación, expresó que si hubieran tenido "el mismo nivel de obsesión y creatividad para buscar consensos, acuerdos y sobre todo soluciones, no estaríamos nuevamente frente a esta situación".

"Se encargaron de romper todos los puentes habidos y por haber", le reprochó la larretista al oficialismo, y opinó que solo terminaron en "tener los mismos problemas que heredaron pero agravados". Asimismo, analizó que el mantra de "no hay plata" ya es "claramente un relato insostenible" y "una excusa para no hacerse cargo de lo que no era prioridad".

En esa línea, la porteña señaló que "la plata apareció por algo bien típico de la casta: una elección". "Había posibilidad dentro del equilibrio fiscal de erogar dinero", se quejó al mencionar la baja exprés de las retenciones. "Este Congreso le dijo dos veces que sí es prioridad para nosotros resolver las urgencias de los argentinos", afirmó y le pidió al Gobierno que "dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente".

Con relación a la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría, el senador neuquino Oscar Parrilli refirió un comentario pesimista a los dichos de Javier Milei: “El presidente dijo que ‘lo peor ya pasó’, pero yo le digo que lo peor está por venir”. Luego, se refirió sobre el jefe de Estado como “cobarde y vendepatria”. También, advirtió que “la única manera de parar esto es con el voto popular porque si no esto va a empeorar”.

En defensa del nosocomio pediátrico, el legislador kirchnerista aseveró: “Están anunciando entre los trabajadores del Hospital Garrahan una privatización por áreas y van a vaciarlo del personal profesional con la baja de los salarios”. Por último, señaló que “lo van a hacer porque es el mandato que tienen y es por el mandato que llegaron al gobierno”.

Llegada la hora de los cierres de bloque, el senador correntino de Unidad Federal, Carlos “Camau” Espínola, cuestionó: “¿Alguien le avisó al presidente de la Nación que está en juego la vida de nuestros niños?”. “Solo de mi provincia, atendieron en el Garrahan a más de 5.000 niños con la esperanza de ser curados”, remarcó y aseveró: “Tenemos que discutir cuáles son las prioridades porque además del equilibrio fiscal, creemos en el equilibrio social”.

A su turno, el jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, definió que “es el récord de la insensibilidad. Queremos que el Garrahan siga siendo el centro de complejidad que todos miramos con orgullo, el lugar donde muchos especialistas se forman y donde, además, se salvan vidas de niños que no tienen otro lugar adonde concurrir:”

Antes de pasar a la votación, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, recordó que “la Cámara de Diputados con amplio margen votó en contra de los dos vetos y fue festejado por miles de personas acá en la Plaza de los dos Congresos”. Optimista de lo que terminaría pasando en las pantallas del recinto del Senado, el formoseño afirmó que “como decía (Juan Domingo) Perón ‘a larga la verdad y la razón siempre triunfan’”.

En relación a las dos iniciativas en cuestión, Mayans destacó la labor de los gobiernos provinciales y ejemplificó con lo que ocurre en su provincia: “Tenemos 50.000 empleados públicos y 25.000 son docentes porque el núcleo educativo en las provincias es mucho más grande”. Después, también lanzó críticas contra el líder libertario: “Milei quiere un Estado sin responsabilidades y es todo lo contrario a lo que el pueblo necesita”.

Al cierre del debate, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, señaló que “es la cuarta vez que estamos hablando de este tema”. Primero habló del Hospital Garrahan al remarcar que “es importantísimo para la salud argentina de todos los niños. Es una consigna que, sin duda, tenemos desde este Gobierno de respetar la salud y no utilizarla políticamente con intenciones electorales”.

Atauche comparó que el kirchnerismo le otorgó al Garrahan $50 mil millones de pesos y el gobierno de Milei le asignó $228 mil millones y planteó: “Con eso le sacamos un poco la máscara al tema que es usado como bandera con efectos electorales. Utilizaron a los niños para hacer política y atacar al Gobierno, les debería dar vergüenza”.

Al respecto, el jujeño indicó que el problema surgió de recortar personal administrativo que “duplicaban las necesidades y no mejoraban las prestaciones”. En esa línea, afirmó que el Hospital Garrahan tuvo un aumento del 274% y acusó que la provincia de Buenos Aires le debe 5 mil millones de pesos al nosocomio.

Lo que prevé la ley

La norma declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.

Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y establece que debe garantizarse “su funcionamiento pleno y sostenido”.

Asimismo, prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

El texto contempla “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

También, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”. Allí, se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades. “La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, indica.

Finalmente, se estipula la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, “y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”.

Por otra parte, se establece la creación de “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, añade.

No tiene paz La Libertad Avanza en el Congreso. Este jueves, un día después de que la Cámara baja le rechazara dos vetos presidenciales, la historia se repitió en el Senado: por 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, la oposición en la Cámara alta ratificó la Ley 27.794 sobre Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias.

Solamente se opusieron los seis integrantes de La Libertad Avanza; los cordobeses del Pro Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez; y el formoseño Francisco Paoltroni. Las abstenciones fueron del entrerriano Alfredo De Ángeli; y de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

Se trata de una de las leyes impulsadas por los gobernadores, junto a la norma que modifica el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que todavía no pasó el tamiz de Diputados. En este caso, al insistir en su sanción el Senado, el veto deberá ser tratado en la otra Cámara, donde sí la tiene complicada, habida cuenta de que cuando fue aprobada allí, los votos en contra sumaron 90, más del tercio necesario para blindar el veto.

Este proyecto de ley impulsado por los gobernadores incorpora a la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto) un artículo sin número a continuación del 180. Dispone que los recursos que corresponda distribuir al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por el artículo 2 inciso d) de la ley 23.548 de coparticipación, serán redistribuidos según lo estipulado por los artículos 3 y 4 de esa norma.

La iniciativa dispone que la redistribución prevista procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las del artículo 6 de la Ley de Coparticipación y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipables.

Los representantes provinciales manifestaron su postura

Abrió este debate el senador pampeano Daniel Bensusán, quien señaló que “con este nuevo veto el presidente otra vez acusa a las provincias de irresponsables, con una burda mentira, porque Milei y sus secuaces otra vez quieren hacer creer que los fondos de los ATN las provincias los van a utilizar para gastos corrientes”.

“En ningún lado de la ley que el presidente vetó se cambia el criterio de los recursos, siguen siendo para emergencias y desequilibrios financieros”, aclaró el legislador de Unión por la Patria y agregó que “otro de los errores es manifestar que se modifica la Ley de Coparticipación, cuando no se hace eso”.

El opositor afirmó que “este proyecto no altera el equilibrio fiscal”. “Las provincias no estamos pidiendo privilegios, simplemente que se cumpla la ley. ¿En qué lugar del mundo está mal que las provincias perciban lo que les corresponde? Las provincias se hicieron cargo de la salud, de la educación, de la seguridad y de las obras de infraestructura que el Gobierno no hizo ni va a hacer”, continuó.

Bensusán también cuestionó los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal con fondos que son de las provincias.

Detalló que en lo que va de la gestión libertaria, “se repartieron 120 mil millones de pesos entre 15 provincias” cuando “el remanente que viene acumulando el Gobierno nacional es de 1.5 billón; eso es lo que hay acumulado en el Tesoro Nacional con fondos de las provincias y el Gobierno se los apropia”. Y denunció que La Pampa no recibió “ni un ATN”.

Luego, el radical Maximiliano Abad sostuvo que “no solo se trata de una ley vetada sino de cómo se concibe el federalismo”. “Los criterios y las prioridades están invertidas. El Gobierno quiere sostener el equilibrio fiscal a costa de someter a las provincias”, cuestionó y advirtió que “sin provincias fuertes no hay país posible; el federalismo es una condición necesaria para el desarrollo argentino”.

“Es tiempo de recuperar el espíritu federal, de administrar los recursos con transparencia y responsabilidad, y de generar prioridades que construyan igualdad de oportunidades”, expresó el bonaerense y añadió: “El camino no es concentrar el poder ni cerrar el diálogo, el camino es con la Constitución y fortalecer el pacto federal”.

A su turno, el radical Pablo Blanco apuntó que las provincias “hoy reciben el 26% o 28% del 100% de la recaudación” por coparticipación, mientras que “el otro porcentaje se lo queda la Nación, y encima se queda con esta distribución de los ATN”, fondos que “distribuye de acuerdo a la complacencia política” con ciertas provincias.

Al responder las acusaciones desde el Gobierno sobre que el Congreso “está haciendo un golpe institucional”, el fueguino denunció que el Poder Ejecutivo Nacional “se guarda los ATN para simular un superávit fiscal”. “Y no solamente se queda con estos recursos, se queda con los recursos de afectación específica”, remarcó. Sobre el presidente, dijo que “no solamente es un topo que quiere destruir al Estado, sino que está destruyendo a las provincias”.

Blanco cuestionó que “en lo que lleva Milei de gobierno, Tierra del Fuego ha recibido cero pesos de ATN” y tampoco tuvo éxito en solicitudes de endeudamiento o anticipo de coparticipación.

“No estamos haciendo ningún golpe institucional, Milei debe entender que están en un país con división de poderes. Tiene que aplicar las leyes y sino que plantee una reforma constitucional que diga que en diciembre de 2023 asumió como emperador”, completó.

El senador por La Rioja Fernando Rejal hizo un irónico hincapié en la dramática situación de su provincia respecto a los ATN al declarar que el gobierno de Milei ha enviado "CERO (0) PESOS" de los fondos en discusión. Rejal lamentó que el envío de recursos a través de los Aportes del Tesoro Nacional y otras vías presupuestarias se haya paralizado con esta gestión, que "no solo incumplió el presupuesto, sino que además la falta de sanción de uno nuevo congeló las partidas asignadas".

“Votar en contra del veto del presidente Milei es votar en contra de un modus operandi que tiene el Gobierno nacional, que le da la espalda al Congreso, que le da la espalda al pueblo, que ha decidido gobernar por decretos y por vetos, desconociendo que vive en democracia y que debe acatar las normas de nuestra Constitución Nacional”, señaló por su parte la catamarqueña Lucía Corpacci. Que aseguró que “a este Gobierno nadie quiere voltearlo, simplemente queremos que escuche, que entienda que efectivamente no es un emperador, que la primera obligación de un presidente es escuchar las necesidades de su pueblo”.

Desde el rol de oficialista que ha recobrado desde que arregló sus cuentas con el Gobierno, el formoseño Francisco Paoltroni pidió atender las “muchas cosas que están funcionando bien” en la Argentina. En ese sentido dijo que “hasta ahora no he escuchado a nadie (hablar) del buen momento que está pasando la minería; el buen momento del sector hidrocarburífero; el buen momento de la ganadería… Por supuesto hay sectores que están pasando un muy mal momento, pero esta desestabilización política conduce a una inestabilidad económica que atenta contra todos, y esto se repite, y es de manual”.

Para el formoseño, “este sistema es audodestructivo, porque no alcanzás a recuperarte que todo el mundo se concentra en ganar la próxima elección a costa de cualquier cosa, obviamente destruir la economía, que es lo que más resultado les ha dado a todos”.

 

Nora del Valle Giménez recordó la deuda pendiente que tienen todas las fuerzas políticas en sancionar una nueva Ley de Coparticipación, como manda la Constitución. “Esta tarea requiere consensos amplios y  un nivel de coordinación entre Nación y provincias. La realidad actual es muy distinta. Nos enfrentamos a un Gobierno nacional que ha desatendido sistemáticamente a las provincias argentinas; les ha desconocido su rol político, su rol institucional y su rol de sostenimiento de las políticas públicas que hacen al funcionamiento normal de los estados provinciales en la asistencia diaria, cotidiana en la obra pública y el sostenimiento de las políticas de asistencia y previsión de sus propios ciudadanos”.

“Para este presidente -continuó-, la Argentina termina en la General Paz, y lo que está fuera de ese espacio de dominio absoluto, no existe”.

El chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) reconoció que “los fondos no llegan” a las provincias y compartió con sus pares datos recabados por el personal de la Comisión de Coparticipación del Senado, cuyo trabajo valoró mucho. Se trataba de una planilla en la que figuraba una estimación de lo que se pretende recaudar, cuál es la afectación presupuestaria, lo que se recaudó exactamente y lo que se ejecutó, desde 2016 al presente.

Según esos datos, dijo, “si uno toma entre el total recaudado por los ATN y lo que se ejecutó a las provincias en las distintas gestiones, sin pandemia, el promedio es el  31%. Como se gotea desde el 1 de enero al 31 de diciembre, a fin de año el 69% vuelve al Tesoro Nacional”. Se preguntó cuál fue el presidente que más ATN ejecutó, y contestó que fue Alberto Fernández, por la pandemia. Por eso, continuó, “si incluímos la pandemia, el 38% de lo que se recaudó en concepto de ATN”. En definitiva, aseguró que el proyecto que estaba discutiendo ahora le da al Gobierno nacional “el 43,34% de los recursos, por encima del  promedio de lo gastado y distribuye en forma automática el resto. Está claro que no estamos desfinanciando al Estado nacional, ni cambiando el destino. Le estamos dando y dejando al Gobierno por encima de lo que se viene ejecutando en esta gestión”.

En representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el senador nacional Martín Lousteau fue crítico de la relación de Javier Milei con los gobernadores y señaló que la Ley 11.672 “ha tenido muchos pactos y acuerdos entre Nación y provincias”, pero advirtió que “es la primera vez en la historia donde se juntan 24 gobernadores para decirle al Gobierno nacional ‘por acá no’”. En ese sentido, agregó que fueron “los que son afines a La Libertad Avanza, los que han estado en posición intermedia y los que están en contra se han juntado para decir que esto está mal”.

Nuevamente, explicó que una de las principales variables de este conflicto surgió por la ausencia de una ley de Presupuesto, y cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo: “En vez de tuitear tanto que venga al Congreso a defender el Presupuesto”. También, enumeró las tragedias ambientales que han sufrido provincias como Chubut, Tucumán, Corrientes y Buenos Aires, y aseveró que “el gobierno ha mirado para el costado en todas las emergencias provinciales”.

Sobre la distribución de Aportes del Tesoro Nacional, parafraseó al chaqueño Zimmermann y señaló que “en 2024 se ejecutó el 7% y en el 2025 el 21%”. Luego, enfatizó: “El Gobierno siempre dice que ‘no hay plata’ pero eso es cuando se trata de los proyectos de otro porque para algunas cosas, como la baja de imputabilidad, hay”. Cerró, en ese sentido, que “se le exige al Congreso explicar donde se saca la plata, que lo hace, y el Poder Ejecutivo nunca dice de dónde saca la plata”.

De la bancada Las Provincias Unidas, la senadora cordobesa Alejandra Vigo explicó que “la ley en la cual se basa este proyecto, la 23.548, fue sancionada en el gobierno de Raúl Alfonsín y no es intento de peronistas”. Aclaró que “fue en repuesta a la coparticipación federal”, y remarcó que “el principio de esta ley fue equidad, solidaridad y desarrollo territorial”.

Luego, agregó que “estamos insistiendo en esta ley, vetada por el presidente, porque evita la discrecionalidad en el manejo de los recursos que pertenecen a las provincias y la Nación debe administrar y distribuir”. De cara a sus pares en la Cámara alta, consignó que “es imposible no defender esta ley, por eso creo que esto va a demostrar cual es el sentido del principio supremo de la Argentina que es el federalismo”.

A la hora de los cierres de bloques, el correntino Eduardo Vischi afirmó que "este proyecto apunta a recuperar fondos que tienen un destino específico para atender los problemas de emergencia”, y agregó “los fondos tienen que ir a las provincias porque es una necesidad”. También, sostuvo que “muchas responsabilidades fueron delegadas de la Nación a las provincias, pero no se transfirieron los recursos”.

En el cierre de Unión por la Patria, el presidente del interbloque José Mayans acusó al Gobierno de tener una “soberbia atroz”, y siguió que “todo lo que se lleva la patria financiera en intereses y más lo están pagando los trabajadores argentinos, lo están pagando los jubilados y pensionados". "Eso está pasando y por eso es necesario que este Senado se pronuncie”, cargó el legislador formoseño.

De cara al Gobierno nacional, Mayans endilgó: "Vienen tiempos duros, vieron lo que pasó en Asia... estuvo bravo el tema", en alusión a lo acontecido en Nepal. Dirigido a Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, y a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, cargó: "No se pasen de rosca discutiéndole al Parlamento porque en una situación normal serían destituidos".

Por último, el jefe de bancada libertaria, Ezequiel Atauche, señaló que “esto es oportunismo político y tiene que ver con que solo somos seis senadores de La Libertad Avanza”. “Quiero desenmascarar lo que está sucediendo porque si bien es una ley de la política del 1988 y viene funcionando, la pregunta es ¿por qué ahora?”.

“Están intentando aprovechar este momento político para juntarse y empezar a atacar al Gobierno”, acusó el senador jujeño a la oposición. Cerró, también, señalando que “ahora se acordaron de sus provincias, justamente, ahora son todos amantes de sus provincias cuando le dieron la espalda durante 30 años”.

Tras una jornada negra para La Libertad Avanza en Diputados, acompañada por una enorme movilización en las calles, el Senado sesiona este jueves desde las 11.14 para intentar rechazar otro veto del presidente Javier Milei: el de la Ley de ATN, que establece el reparto automático y diario de esos recursos a las provincias.

La norma surgió de un proyecto impulsado por los gobernadores y tuvo como cámara de origen al Senado, donde todo estima que la oposición reunirá los dos tercios -mayoría que viene exhibiendo en las últimas sesiones- para insistir con la iniciativa y que pase a la Cámara baja.

En la votación original, el pasado 10 de julio, la Ley de ATN fue aprobada por 56 votos afirmativos y solo uno negativo.

La iniciativa busca garantizar una distribución más equitativa y previsible de los fondos nacionales, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias por la falta de asistencia financiera. En Diputados, la norma también obtuvo una amplia mayoría (143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones), aunque quedó lejos de los dos tercios.

El veto de Milei es el primer tema de un extenso temario que incluye proyectos que cuentan con dictamen de comisiones hace largo tiempo, referidos a salud, seguridad y justicia.

Una agenda con fuerte impronta social

Tras el debate sobre los ATN, el Senado abordará otros proyectos de alto impacto social. Entre ellos, la llamada “Ley Nicolás”, inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria, mediante la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del trabajo del personal de salud.

También se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Además, se debatirá una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. El proyecto, presentado por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.

Otros temas serán un proyecto para incorporar la atrofia muscular espinal al Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Determinadas Patologías en el Recién Nacido (Ley 26.279); la derogación de la Ley 27.604 de Manejo del Fuego; dos convenios internacionales y la declaración de monumentos nacionales.

La sesión se da en un clima de creciente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que ya sufrió este miércoles el rechazo en Diputados de los vetos a las leyes de financiamiento del Garrahan y universidades nacionales. De concretarse un nuevo revés en el Senado, el Gobierno de Milei sumaría otro duro revés en medio de un escenario económico cada vez más inestable.

Con una masiva marcha en las afueras del Congreso de la Nación, puertas adentro en el recinto de la Cámara de Diputados la oposición se encestó la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario con los dos tercios de los votos para blindarla y rechazó así el veto presidencial en la sesión de este miércoles. Pasa al Senado.

La norma fue aprobada por 174 votos afirmativos, 67 votos negativos y una abstención. A diferencia de lo que ocurrió en agosto pasado cuando le faltó tan solo un voto para los dos tercios. Además de los bloques opositores, hubo acompañamiento de un sector del Pro, Innovación Federal y los ex oficialistas de Coherencia y el MID. También votaron a favor algunos miembros de Liga del Interior.

Cabe recordar que es la segunda vez que el Congreso de la Nación trata el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, ya que en el 2024 el presidente Javier Milei también había vetado la norma y, en esa oportunidad, el oficialismo había logrado blindarlo.

¿Qué establece la ley?

La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.

Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.

Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándolos por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.

Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.

Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.

Las intervenciones en el recinto

En su debut como diputado nacional, el santacruceño Facundo Prades se presentó con una advertencia dirigida al Gobierno nacional: “Nuestra provincia necesita ser escuchada y asistida”. Hombre cercano al gobernador Claudio Vidal, dejó en claro su postura de cara a las votaciones: “Siempre estaré a favor de la universidad pública y de la salud pública”.

La presidenta del bloque de Innovación Federal, Pamela Calletti, fue crítica de la postura de Javier Milei y advirtió: “el presidente no escuchó y no se puede gobernar a base de veto, tiene que entenderlo este gobierno”. Luego, aseveró que “este gobierno falta a la palabra y utiliza la mentira como herramienta para degradar la institucionalidad”.

Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la diputada salteña se opuso a las palabras de algunos funcionarios y cargó que “el debate es más profundo que una planilla de Excel como lo propone el Gobierno nacional”. Después, auguró que “la única posibilidad de que Argentina tenga un modelo de desarrollo es sobre la base de la garantía a la educación superior de calidad”. “Debe ser una política pública irrenunciable gobierne quien gobierne”, enfatizó en el cierre.

En representación del bloque Democracia para Siempre, Danya Tavela, referente de la bancada en el área educativa, fue concisa en su discurso y cargó: “Estos proyectos de ley son transversales a todos los partidos políticos y tienen una sola bandera que es la celeste y blanca”. “Hoy vamos a votar por la Argentina, a favor del alma y la identidad de la Argentina para seguir siendo un país grande y que nos da oportunidad de futuro”, manifestó.

En la misma línea, el presidente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, valoró la tarea de su par de bancada en el proyecto de financiamiento universitario, el que a su vez “es producto de la tarea del CIN, de las organizaciones estudiantiles, de los gremios. No es un capricho sectorial”. Y dijo que este debate se trata de “cómo terminamos con el hostigamiento hacia la universidad pública” la cual es “esa escalera que nos dio una oportunidad, que no nos preguntó de dónde veníamos, que cuando nos anotamos no nos pidió un solo centavo”.

Por la Unión Cívica Radical, el diputado nacional Fabio Quetglas, el primero en llegar al recinto media hora antes del inicio de la sesión, se refirió con tono académico a los integrantes de La Libertad Avanza y les explicó que “la educación pública y el capitalismo tienen idénticas génesis”. Luego, concluyó con una frase poética: “Para poder reformar hay que poder amar y, por lo general, el que no ama, destruye”.

Desde el Movimiento de Integración y Desarrollo, el diputado nacional Eduardo Falcone, ex oficialista, tomó la palabra en el recinto y anticipó que “a pesar de creer que se deben priorizar cuestiones que generen más recursos, vamos a votar por la insistencia de las dos leyes”. Luego, cuestionó que “estamos en la situación que estamos porque nuestro país no crece hace décadas” y profundizó que “la universidad debería ser una herramienta básica para salir del subdesarrollo”.

Llegado el turno de Unión por la Patria, Germán Martínez, presidente del bloque, destacó la labor de Pablo Yedlin, en su rol de titular de Acción Social y Salud Pública, a Blanca Osuna, vicepresidenta de Educación, y de Carlos Heller, segundo de Presupuesto y Hacienda. “Estos seis meses vienen a reparar emergencias de sectores por la ausencia de una ley de presupuesto”.

“Cuando estamos acá es porque se están incumpliendo artículos de la Constitución Nacional y se están incumpliendo leyes como el Financiamiento Educativo, la de Educación Nacional y la de Formación Técnica Nacional”, apuntó el rosarino contra el Gobierno nacional. Luego, añadió que “tenemos que defender a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los trabajadores docentes y no docentes que han perdido más del 30% de su poder adquisitivo en este año y ocho meses”.

Con un discurso intenso, Martínez cargó “tenemos que ser capaces en este debate de tomar las mejores ideas de la Reforma Universitaria de 1918 y, también, las mejores ideas de esas universidades que tantos denostan”. Destacó, además, la existencia de las casas de altos estudios más jóvenes y las llamó como “las que supimos crear en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.

Efusivo, Germán Martínez reclamó: “la Patria no nos está susurrando, nos está cagando a gritos para que tengamos otra actitud y para poner a la Argentina definitivamente de pie”.

En representación de La Libertad Avanza, el diputado nacional Santiago Santurio se refirió a las leyes en cuestión de ser un “gasto irresponsable que no sabe de dónde sale el financiamiento y genera emisión e inflación”. Sobre las iniciativas, cargó que “esto no es un parche, esto es un ancla que nos hunde, esto rompe las cuentas y nos trae al pasado de decadencia”.

“la economía no se soluciona con leyes, se soluciona con superávit y ser empático es aumentar la Asignación Universal por Hijo y no me vengan a decir que no somos sensibles, pero la prioridad son los niños”, agregó el diputado libertario. Luego, concluyó: “Hay una receta distinta para sacar el país adelante y tenemos que cambiar el modelo de la Argentina”.

Para concluir el ciclo de intervenciones, la diputada nacional Juliana Santillán expresó que “no se puede defender la educación destruyendo las cuentas públicas”. Trajo a debate el contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y concluyó: “El presidente Milei tiene el mandato de ordenar las cuentas públicas para garantizar un crecimiento viable para todos”. “El déficit cero no se negocia”, cerró.

En medio de una jornada intensa en las calles, con una multitudinaria y variada movilización en las puertas del Congreso, la Cámara de Diputados logró la insistencia de la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca garantizar el financiamiento para el Hospital Garrahan.

La norma, que había obtenido los dos tercios la primera vez que se votó el pasado 6 de agosto, fue ratificada este miércoles con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Ahora, tendrá que volver a votarse en el Senado, donde el oficialismo tiene casi nulas chances de frenar un nuevo rechazo a un veto del presidente Javier Milei.

Tanto Garrahan como la Ley de Financiamiento Universitario se debatieron en conjunto durante la tarde de este miércoles, como primeros temas de una sesión que arrancó casi puntual, y en la aportaron al quórum los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal y UCR.

Aunque hubo un intento de votar los vetos rápidamente, finalmente hubo discursos, pero en tiempo acotado. Antes de eso, la habilitación de tratamiento del tema, que también requería dos tercios, obtuvo 173 votos a favor y 69 en contra.

La ley se originó a partir del reclamo salarial de los trabajadores que se inició con fuerza en 2024. Justamente hace un año atrás, en el prestigioso nosocomio de referencia nacional e internacional se realizaba el primer paro desde el comienzo del gobierno libertario. En lo que va del conflicto, los representantes del Garrahan afirman que ya se fueron más de 200 profesionales.

La norma aprobada por amplísima mayoría declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, "debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".

Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como "hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad" y establece que debe garantizarse "su funcionamiento pleno y sostenido".

Asimismo, prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

El texto contempla "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".

También, "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas". Allí, se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades. "La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023", indica.

Finalmente, se estipula la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, "y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias".

Por otra parte, se establece la creación de “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, añade.

En el veto publicado en el Boletín Oficial el pasado 11 de septiembre, a través del decreto 651/25, el Gobierno argumentó que el proyecto "no sólo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación, profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias".

"Nuevamente el Honorable Congreso de la Nación pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal", agregó el PEN.

El debate

Durante el debate, la diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll cuestionó al Gobierno por los fondos destinados a la SIDE, al Ministerio de Seguridad y a exenciones de impuestos para grandes empresas. “De ahí tendrían que salir todos los millones de dólares que servirían para sostener con dignidad al Garrahan”, lugar al que consideró “un orgullo para todos”. “Es una inmoralidad”, enfatizó y agregó: “No nos vengan a decir que no hay para pagar lo que reclama el Garrahan, sobra para pagarle; lo que falta es decisión política y reconocimiento a los trabajadores”.

Por su parte, el diputado Osvaldo Llancafilo señaló que “anticipamos hace un año sobre las consecuencias de un presupuesto nacional 2023 prorrogado, por lo que es lógico que desde el Congreso avancemos con iniciativas que generen un equilibrio en partidas que han quedado desactualizadas”. Afirmó que "está en nuestro ADN ser provincialistas, preservar los intereses y derechos de los neuquinos, y nadie puede negar el servicio de excelencia del Hospital Garrahan a niños de la provincia, que son derivados por la complejidad de operaciones o tratamientos, o el buen futuro para los estudiantes de la universidad pública que genera igualdad de oportunidades en nuestra provincia".

“Desde que nos fuimos de La Libertad Avanza vemos la realidad de otra manera”, arrancó el jefe del bloque Coherencia, Carlos D’Alessandro. “Nosotros hoy nos preguntamos quién asesoró al presidente Javier Milei cuando le dijo que tenía que vetar la Ley de Emergencia Pediátrica”, continuó.

El puntano destacó que “no hablamos de una institución cualquiera, es un emblema nacional, un hospital modelo en Latinoamérica, un orgullo de la ciencia médica en Argentina, refugio de miles familias que vienen del interior”. “No estamos hablando de planillas de Excel. No estamos hablando del equilibrio fiscal. Votar en contra del Garrahan es romper el equilibrio moral”, aseveró el exintegrante del oficialismo.

Desde la Coalición Cívica, la legisladora Marcela Campagnoli afirmó que el veto “es un golpe directo a la salud de nuestros niños y al corazón del sistema sanitario”. En este sentido, alertó que en medio de “promesas en el aire” sobre el presupuesto del año que viene, “se recorta al Garrahan y hoy sufre bajas, desfinanciamiento, baja de tratamientos”.

La bonaerense sostuvo que la ley “no es un capricho político” y advirtió por los 40 mil millones de pesos que hay en un fondo de inversión, provenientes de recursos de la institución. “¿Por qué esos dineros no se usan para recomponer salarios, insumos, infraestructura? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos mirar con el corazón lo que pasa en el Garrahan? ¡Son vidas, no son números!”, exclamó.

A su turno, el jefe de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, resaltó que en el último tiempo “se fueron cerca de 300 profesionales altamente calificados” del Garrahan. “Hay un rincón en nuestro país donde los argentinos perdemos el miedo de no saber qué les pasa a nuestros hijos”, valoró y dijo que “si realmente el Gobierno entendió que es prioritaria la salud, no tiene por qué vetar este proyecto”.

“No es una cuestión de números, no es una cuestión de una partida presupuestaria, es que todos los argentinos podamos sentir hacia dónde va a el país”, manifestó el radical.

Por su parte, el titular de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, señaló que “ya el mercado y la sociedad saben, y en buena hora, que es una prioridad el equilibrio de nuestras cuentas”, sin embargo, “no es necesario sacrificar a los niños para demostrar ese mensaje de equilibrio”.

“El Garrahan es el único hospital pediátrico que tiene el Estado Nacional. La jurisdicción en materia de salud pública está en la órbita de las provincias, pero ninguna provincia tiene condiciones suficientes para sostener un hospital de este nivel de complejidad”, subrayó y añadió que “el Garrahan es un hospital que pese a estar en la Ciudad de Buenos Aires no es un hospital porteño, más del 50% de sus pacientes vienen del interior, en un país donde el 50% de los niños están bajo la línea de la pobreza”.

Avanzado el debate, la macrista Silvia Lospennato aclaró que “a nadie lo pueden llamar golpista por cumplir con su rol constitucional”, ni al presidente por vetar, ni al Congreso por insistir con leyes. “Hace dos años que este Congreso no tiene Ley de Presupuesto, esa es la primera violación a la Ley de Administración Financiera que debería preocuparnos a todos”, apuntó. En esta línea, también rechazó que quienes insistan con la ley quieran “voltear al Gobierno”, o quienes acompañen el veto “lo hagan porque hayan recibido coimas del Gobierno”.

Sobre el Garrahan, lo calificó como “un hospital con una calidad humana y técnica comparable a las mejores del mundo”. “No vamos a resolver ni el problema de la salud ni de la educación con estas leyes, pero estas leyes son un parche que van a resolver un parche de gestión”, consideró sobre la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.

 

Durante una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, médicos y familiares de pacientes del Hospital Garrahan le pidieron a los legisladores aprobar en la sesión de este miércoles la insistencia a la Ley de Emergencia Pediátrica que el presidente Javier Milei vetó.

En el arranque de la reunión de este martes, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UP), recordó cómo se originó la ley, cuando los diputados visitaron el Garrahan y tras ello buscaron "poder dar una mano como gesto político para que el Poder Ejecutivo resuelva la situación", cosa que no sucedió. "La ley no tiene un costo fiscal tan significativo, la ley en su totalidad no llega al 0,02 del PBI", afirmó.

Al hacer un repaso sobre lo que prevé la norma vetada y el trámite parlamentario que tuvo, el tucumano expresó: "Lamentablemente este Gobierno ha utilizado el veto como una medida habitual". Y, a continuación, remarcó que la ley apunta a que los trabajadores "cobren lo que cobraban en 2023 ajustado por inflación".

"Pero, además, no es una decisión de más o menos salario, sino de que el Garrahan se sostenga. Los gobiernos pasarán, pero la pediatría de la Argentina no perderá a esa frutilla que decora, que es el Garrahan", agregó el impulsor de la iniciativa.

La voz de médicos y familiares

Madre de una niña paciente del Garrahan, Karina Nieto, enfatizó que "esta no es una medida política más, es lastimar lo profundo de mi ser y de cada familia que lucha por la vida de sus hijos y de toda la sociedad".

"No son los tiempos políticos, ni los números estadísticos, son miles de vidas en riesgo latente de morir. Cada día que pasa sin que la ley entre en vigor, sin que se implemente, estamos corriendo el riesgo de perder a un especialista y con ello la continuidad de los tratamientos", advirtió. Con voz quebrada, Nieto aseveró que "la salud pública es un derecho, no un gasto" y "las vidas de nuestros hijos no son negociables".

A su turno, también con lágrimas en sus ojos, Mariana Saravia sostuvo: "La salud de los niños no distingue estrato social, ideología política, ni si tenes obra social o no. El Garrahan es faro en la vida de un montón de familias que buscamos transitar una tormenta que llega de la noche a la mañana. No apaguen el faro, no apaguen esa luz que ilumina a lo largo y ancho del país".

"El Garrahan no es solo un hospital, es esperanza. Es el lugar donde nuestros hijos tienen oportunidad de vivir, crecer y soñar. No podemos permitir que se vete una ley que representa la emergencia pediátrica, nuestros chicos no pueden esperar, la salud de los niños debería estar por encima de cualquier discusión política", dijo Daiana Helsing, madre de un niño trasplantado.

Jefa del Servicio de Trasplante de Médula Ósea, Raquel Staciuk, manifestó que el Garrahan tiene "un modelo hospitalario que es exitoso, sobresaliente". Explicó que ella trabaja en un área de alta complejidad, lo cual "lleva muchos años de formación; no alcanza con ser los mejores alumnos, significa trabajar, escuchar a los pacientes, trabajar de verdad en equipo".

"Necesitamos un salario digno para trabajar la cantidad de horas que trabajamos. No nos cansamos, lo vamos a seguir pidiendo", reclamó y subrayó que en el hospital "somos formador de formadores". "Nuestra razón de ser son los niños, pero nosotros formamos parte del alma del edificio y necesitamos de ustedes, más que nunca. Tienen la oportunidad de dar un salto histórico con el voto que nos permite sacar esta ley", pidió a los legisladores.

Por su parte, Darío Barsotti, coordinador del Centro de Atención a Pacientes Hemato Oncológicos, destacó que pese a las dificultades "los pacientes nos siguen eligiendo porque tenemos la voluntad de trabajar en este modelo que mostró ser exitoso a lo largo de 38 años". "Tenemos la suerte de vivir en un país donde las personas que pensaron la Constitución dieron la posibilidad de vetar, pero también dieron la posibilidad de insistir cuando algo está bien hecho. Tienen la posibilidad como nuestros representantes de generar esa insistencia", resaltó.

Cristina Alonso, jefa del área de laboratorios especializados, señaló que "el Garrahan es una red que hace a veces lo que no hace el Ministerio de Salud", por lo tanto "si se desmorona el Garrahan se desmorona todo un sistema de salud pediátrica".

En tanto, Laura Olivera, jefa de Clínicas en el Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo, expresó: "Formamos equipos interdisciplinarios para que todo lo que se hace de alta complejidad sea exitoso como lo viene siendo y sosteniéndose en tantos años. Ustedes tienen la oportunidad de que sigamos trabajando no solo con amor, sino con dignidad".

Entre otros invitados, Juan Carlos "Tato" Vassallo, exdirector de Docencia e Investigación del Hospital Garrahan, cuestionó la resolución del Ministerio de Salud por la cual se modificó el régimen de residencias médicas (y que la ley prevé su derogación). En este sentido, alertó que "el sistema de salud está en crisis y sin duda requiere un amplio abanico de reformas, pero empeorar las condiciones de formación y el trabajo de los recursos humanos de los profesionales de la salud, que son los que sostienen el sistema, sólo va a profundizar la crisis".

En el cierre, algunos diputados hicieron uso de la palabra. "La mayoría votamos este proyecto y mañana vamos a insistir, y va a ser ley. La mayoría sabemos lo que hacen, lo valoramos y lo vamos a defender", afirmó la santafesina Mónica Fein (EF), mientras que su par Esteban Paulón (EF) coincidió: "Mañana nuevamente el Congreso va a dar una señal de que en temas como la salud pública y específicamente la salud pediátrica, acá nadie da un paso atrás".

"Todo esto se resuelve en la calle y ustedes van a tener que seguir organizados", enfatizó Vilma Ripoll (FIT), quien cuestionó el "presupuesto mentiroso" anunciado por Milei. Y consideró que insistir con la ley será "un golpe político a semejantes personajes que no les importa el Garrahan y todo lo público". Sobre el presidente, dijo que "como no tiene hijos y tiene perros, parece que particularmente le interesa castigar" al Garrahan.

En el encuentro, la diputada Victoria Tolosa Paz (UP) dio un extenso detalle de un pedido de acceso a la información pública y denunció: "Todo el superávit del Garrahan va a la timba financiera".

No le da tregua el Congreso al Gobierno más disminuido numéricamente de la historia en ambas cámaras. Ya hay un pedido para sesionar el miércoles que viene en Diputados, y también aparecerá en las próximas horas uno para abrir las puertas de la Cámara alta al día siguiente.

Será de alguna manera una continuidad de la sesión del jueves 4 de septiembre, cuando se rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: un hecho histórico, ya que no sucedía algo así desde hacía 22 años.

Además de ese tema se trató la modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, proyecto al que se le dio entonces media sanción y sería tratado este miércoles en Diputados.

Ya para la convocatoria de esa sesión se anunció que habría una sesión más, con los temas pendientes que quedaran, el jueves 18 de septiembre. Y para ese día se prevé tratar fundamentalmente el veto a la Ley de ATN, publicado en el Boletín Oficial el viernes pasado.

La ley que prevé la redistribución de los ATN a las provincias de “forma automática y diaria” fue aprobada ya en el Senado el 10 de julio por 56 votos afirmativos y uno negativo. En la Cámara baja se votó el 20 de agosto, pero allí no alcanzó los dos tercios que eventualmente necesitará cuando traten de insistir con la norma allí. En esa oportunidad tuvo 143votos a favor y 90 en contra.

Se prevé que también sean tratados este jueves dos temas que quedaron pendientes en la sesión del 11, cuando se resolvió dar por concluida la reunión. Quedaban pendientes una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.

También había dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

La sesión del jueves sería pedida para las 11 de la mañana.

“Vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal”, pronunciaba el presidente Javier Milei en junio del 2024, semanas antes de la primera sanción de la ley de actualización previsional que terminó con la ratificación del veto en la Cámara de Diputados. A partir de ese anuncio, el Gobierno inició un proceso de vetos presidenciales a los proyectos sancionados por la oposición: fueron 9 leyes vetadas en su totalidad con 3 blindajes, 1 rechazo y 5 con tratamiento pendiente de insistencia.

La primera ley vetada por el presidente de la Nación fue el 2 de septiembre del 2024 al proyecto de movilidad en los haberes jubilatorios que luego, la Cámara de Diputados dejó firme el 11 de septiembre. En aquella oportunidad, el Gobierno se reunió en la previa con los “radicales peluca” -hoy Liga del Interior- para nutrir el tercio de legisladores que le permitieron dejar blindada la facultad presidencial. Una semana después, Milei agasajó en la Quinta de Olivos a los “87 héroes” que frenaron la ley de aumento a las jubilaciones.

Al mes siguiente, el Poder Ejecutivo de la Nación utilizó la facultad constitucional del veto sobre la Ley de Financiamiento Universitario. El Boletín Oficial publicó la medida el 3 de octubre y la insistencia fue llevada al recinto de la Cámara baja el miércoles 9 de octubre. Con el apoyo del Pro, un sector de la UCR y la abstención de los legisladores misioneros, el oficialismo volvió a blindar un veto presidencial.

Ya en 2025 y con un oficialismo sin control sobre la agenda parlamentaria, el presidente Javier Milei sorpresivamente vetó la declaración de emergencia y zona de catástrofe a la localidad bonaerense de Bahía Blanca el 24 de junio. La Libertad Avanza y el Pro había votado a favor del proyecto en la Cámara de Diputados, pero el Gobierno alegó que no era viable presupuestariamente. Si bien el Senado ya lo rechazó, la Cámara baja aún no ha podido debatirlo en el recinto.

Al igual que en 2024, el Gobierno nacional volvió a vetar la ley de aumento a los haberes jubilatorios junto a la prórroga de la moratoria previsional. Fue el 2 de agosto pasado y cuando el primer texto se llevó al recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró blindarlo tal cual había sucedido en el primer año de gestión de Milei. Sobre la extensión al plan de pago previsional, quedó sin poder debatirse en el recinto.

Ese 2 de agosto, también fue vetada la Ley de Declaración de Emergencia en Discapacidad, pero esta vez la oposición logró derogar el veto en las dos cámaras. Primero, el 20 de agosto, Diputados rechazó con 173 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Luego, el Senado dejó vigente la norma el 4 de septiembre. Sin embargo, el Gobierno se resiste a promulgarla y busca la judicialización de la sanción. Final abierto.

Derrota bonaerense de por medio, el presidente Javier Milei vetó la nueva ley de financiamiento universitario, la declaración de emergencia sanitaria en pediatría del Hospital Garrahan y la distribución de los ATN. Los primeros dos temas podrían ser tratados la próxima semana, aunque la oposición sabe que será difícil reunir los dos tercios.

Fecha	Nombre de la ley	Contenido	Motivo del veto	Estado actual
Septiembre 2024	Movilidad jubilatoria	Actualización por inflación + 8,1% adicional y vínculo con canasta básica.	Afectaba el equilibrio fiscal.	Veto confirmado.
Octubre 2024	Financiamiento Universitario (1° intento)	Emergencia presupuestaria y actualización por inflación.	No viable presupuestariamente.	Veto confirmado.
Junio 2025	Asistencia a Bahía Blanca	Fondo de $200.000 millones para reconstrucción tras temporal.	No viable presupuestariamente.	Veto vigente.
Julio 2025	Aumento de jubilaciones	Suba del 7,2% y bono de $110.000 con actualización por inflación.	Insostenible fiscalmente.	Veto confirmado.
Julio 2025	Moratoria previsional	Extensión por 2 años para jubilarse sin 30 años de aportes.	El impacto fiscal y la legalidad del procedimiento legislativo.	Veto vigente.
Julio 2025	Emergencia en discapacidad	Regularización de pagos, refuerzo de ANDIS y derechos garantizados.	La norma implicaría un gasto adicional significativo, sin especificar las fuentes de financiamiento, lo que violaría la Ley de Administración Financiera.	Veto revertido por el Congreso.
Septiembre 2025	Financiamiento Universitario (2° intento)	Reedición del proyecto anterior con ajustes salariales.	Significaría incrementar de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos, lo que llevaría a financiarlo mediante emisión monetaria, con el consiguiente impacto inflacionario.	Veto vigente.
Septiembre 2025	Emergencia Pediátrica (Garrahan)	Declaración de emergencia y refuerzo hospitalario.	La falta de precisión en la redacción del proyecto, su impacto fiscal desmedido y su potencial para generar distorsiones en el sistema sanitario y en la coparticipación federal.	Veto vigente.
Septiembre 2025	Distribución automática de ATN	Reparto diario de fondos a provincias.	Mantener la naturaleza discrecional de estos fondos, concebidos como una herramienta excepcional para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales	Veto vigente.

Confirmado el tercer veto -en dos días- del presidente Javier Milei a una ley del Congreso, en este caso la que preveía el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, distintas voces se sumaron a las críticas hacia el Poder Ejecutivo, resaltando sobre todo lo "contradictorio" entre esa decisión y la convocatoria al diálogo con gobernadores.

"Sigue sin entender nada: @JMilei vetó la ley de distribución de ATN dándole la espalda a las provincias. ¿Así pretende convocar al diálogo a los gobernadores? @ProvUnidasAr viene a romper con este esquema centralista y autoritario. Queremos un país verdaderamente federal", fue el mensaje del senador radical Pablo Blanco.

También desde el Senado, cámara de origen de la ley, la cordobesa Alejandra Vigo resaltó que "el presidente vetó la ley de redistribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa acompañada por los 24 gobernadores".

"Lo paradójico es que, mientras convoca a una mesa de 'diálogo político' con las provincias, al mismo tiempo les niega la certeza de contar con los recursos que les pertenecen por Constitución", señaló.

La legisladora del interbloque Provincias Unidas sostuvo que "Córdoba, como cada provincia, necesita que esos fondos lleguen sin discrecionalidad para que municipios y comunas puedan sostener la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Sin recursos, nada de eso se sostiene. Sin federalismo real no hay futuro posible para la Argentina".

"El gobierno no reacciona a la derrota del domingo. Dicen que van a convocar a gobernadores. Pero para la foto. En dos días ya dio su tercer veto, ahora a la Ley de ATN, retiene recursos y bloquea obras. Esto no es gestión: es castigo a las provincias", aseguró la diputada de Democracia para Siempre Marcela Coli.

En tanto, el candidato a diputado por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana recordó que "el Congreso votó una ley justa para que los ATN se distribuyan entre las provincias de manera transparente", sin embargo "Milei la vetó para seguir manejando discrecionalmente los recursos y castigar a los gobernadores que no se arrodillan: un atropello al federalismo".

"El gobierno nacional se quiere quedar con los recursos que corresponden a las provincias. Por eso vetó la ley de ATN. Los Aportes del Tesoro Nacional no son propiedad del presidente ni del Ministerio de Economía: son recursos que nacen en las provincias y deben volver a ellas de manera automática, transparente y justa", remarcó el cordobés Juan Schiaretti.

El exgobernador y candidato a diputado por Provincias Unidas expresó que "la Nación le da la espalda a Córdoba y al interior productivo" y "el centralismo condiciona a gobernadores e intendentes". "Pero este es un país federal y hay que defender en el Congreso lo que nos corresponde. Sin federalismo no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para el interior y no hay desarrollo posible para la Argentina", completó.

Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario se sumó el decreto del Poder Ejecutivo observando en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca garantizar el sostenimiento del Hospital Garrahan.

La oposición en la Cámara de Diputados -cámara de origen del proyecto- intentará el próximo miércoles 17, en una sesión que todavía no fue pedida, insistir con la norma. En ambas cámaras, su aprobación salió por más de dos tercios de los votos, mayoría que se necesita para la insistencia.

"Vetar la ley de emergencia en salud infantil y de residencias nacionales es un acto de crueldad, que no se sustenta en ninguna evidencia financiera. El Poder Ejecutivo lleva 2 años sin resolver la problemática del Hospital, por eso insistiremos y será LEY", afirmó el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin, autor de la iniciativa que originó la ley.

En tanto, el radical Julio Cobos advirtió que "se equivoca el presidente si cree que la autocrítica por el resultado electoral se limita a errores en la estrategia política. La ciudadanía bonaerense también votó para que se reconsideren las prioridades de la gestión, entre ellas el funcionamiento del Hospital Garrahan".

"Con el veto a la ley de emergencia pediátrica el Gobierno no entendió el mensaje, del mismo modo que ocurrió con la emergencia universitaria. Ante esta situación, el Congreso se verá en la obligación de insistir con las leyes sancionadas", agregó el mendocino.

A través de las redes sociales, el legislador de Democracia para Siempre Facundo Manes resaltó que "el Garrahan es un ejemplo de compromiso, profesionalismo y dedicación. Personas que aman lo que hacen y lo hacen bien". "Con el veto a la emergencia pediátrica, Milei vuelve a darle la espalda a los médicos, a los chicos, a sus familias, a toda la comunidad del hospital. Seguimos junto a ellos para hacerle frente a este gobierno cada vez más alejado de la realidad", expresó.

"El Garrahan se defiende", dijo el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, que señaló que "como era previsible, el Presidente @JMilei vetó la ley de Emergencia Pediátrica, conquista de los equipos de salud de todo el país. Vamos a insistir con la ley original en @DiputadosAR y vamos a revertir la motosierra cruel sobre la salud pediatría, las residencias y los equipos que salvan vidas!".

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Alejandro Vilca escribió: "Milei también vetó la Emergencia Pediátrica por el Garrahan. De alguna manera establecía la actualización de los fondos para el funcionamiento del hospital y los salarios de lxs profesionales. A estos ataques del gobierno a derechos elementales del pueblo trabajador, debemos responderle con la unidad, la coordinación y la movilización en las calles".

"Milei también acaba de vetar la ley de emergencia pediátrica. Vamos a insistir con la ley! Porque el Hospital Garrahan se defiende y la salud de los pibes y pibas de la Argentina también. Cuanta más crueldad, más fuerte vamos a gritar en las calles, en el Congreso y en las urnas", fue el mensaje de la diputada de UP Sabrina Selva.

Mientras que su par Daniel Arroyo opinó que ambos vetos es algo "absurdo" y "no hay autocrítica, no hay escucha a las demandas sociales" por parte del Gobierno. "Las universidades públicas y el Garrahan son instituciones que llenan de orgullo a los argentinos", completó.

El senador de UP Martín Doñate aseguró que "Milei lleva a la Argentina al abismo". "Las provincias argentinas, representadas en el Senado de la Nación, rechazaremos estos nuevos vetos. @JMilei convirtió la crueldad en política de Estado: recorta a las universidades, asfixia al Garrahan y ahora insiste en un camino que solo conduce a la locura y al caos social", observó.

Para el rionegrino, esta decisión "no es austeridad" sino "desprecio, deshumanización y un ataque directo a la salud, a la educación y a la democracia". "El clima social no resiste más tensiones. La Argentina necesita paz, soluciones y responsabilidad institucional, no más daño. Desde el Congreso vamos a ponerle un límite a tanta dolorosa estupidez política", dijo.

La Libertad Avanza quedó en completa soledad "bancando" el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado, donde fue aprobada nuevamente, al cosechar la insistencia a la norma 63 votos a favor y 7 en contra.

En la primera votación de la ley, que fue en la sesión del 10 de julio que muchos rechazaron por la forma en que se convocó, hubo unanimidad con 56 votos a favor -el de la rionegrina Mónica Silva fue expresado a viva voz-.

En esa jornada, los libertarios y algunos aliados no bajaron al recinto. Sin embargo, este jueves hubo 70 presentes, con solo dos ausentes al momento de rechazar el veto.

Así, los votos de los oficialistas Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto pasaron de ausente a negativo. Igual situación fue la del formoseño Francisco Paoltroni, cuyo partido volvió a sellar un acuerdo electoral con LLA; y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que responde a la ministra Patricia Bullrich. La jujeña de LLA Vilma Bedia se fue para no votar.

En cuanto a los ausentes que pasaron a votar positivamente la ley se destacaron los senadores de provincias cuyos gobernadores van en alianza con LLA en las elecciones de octubre. Hablamos de los entrerrianos Alfredo de Angeli y Stella Maris Olalla; los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; y el chaqueño Víctor Zimmermann.

También se sumaron a favor de la norma el misionero Martín Goerling Lara, la neuquina Lucila Crexell y el salteño Juan Carlos Romero.

Así, a favor de la insistencia de la ley quedaron Unión por la Patria (tuvo un único ausente, Antonio Rodas), la UCR, el Pro (excepto Álvarez Rivero), Provincias Unidas, el Frente Renovador de la Concordia Misionero, Por Santa Cruz, Juntos Somos Río Negro y Por la Justicia Social; mientras que en contra lo hicieron La Libertad Avanza y Libertad, Trabajo y Progreso (monobloque de Paoltroni).

El rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad despertó algarabía en legisladores que celebraron en las redes sociales.

Como Eduardo Valdés, quien hizo un posteo titulado “EL AMOR VENCIÓ AL DESCARTE”

“SI A LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD!!!, lo dijo hoy el Senado de la Nación con 63 votos afirmativos contra 7 negativos. Nuestro compromiso siempre con las personas con discapacidad y sus familias que se angustian preguntándose ‘¿Que va a ser de mi hijo el día que yo no esté?’, hoy restauramos sus derechos”, señaló el legislador de Unión por la Patria, que agradeció a todos los que apoyaron la ley.

EL AMOR VENCIÓ AL DESCARTE

SI A LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD!!!, lo dijo hoy el Senado de la Nación con 63 votos afirmativos contra 7 negativos. Nuestro compromiso siempre con las personas con discapacidad y sus familias que se angustian preguntándose "¿Que va a ser de mi hijo… pic.twitter.com/uKeU6PJC33

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) September 4, 2025

La diputada Gabriela Estévez celebró diciendo que “por la fortaleza de nuestro bloque @Diputados_UxP se pudo frenar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad o se pudo avanzar en el financiamiento universitario. Hay que fortalecer este espacio de legisladores que siempre están sosteniendo esas ideas y defendiendo esos sectores”.

Por su parte, la diputada Sabrina Selva posteó: “En cualquier país, un gobierno que estigmatiza, le niega acceso a tratamientos y veta una ley de emergencia, mientras la hermana del Presidente es señalada por audios del propio ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad de recibir coimas con la plata de esos medicamentos que le niegan a las personas con discapacidad, encuentra un límite en la división de poderes, en el Congreso de la Nación y en el voto popular”.

Y agregó: “Hoy el Congreso le puso un límite al cinismo y a la crueldad. Hoy ganó el amor y la sensatez. Hoy ganaron las familias que no dejaron de luchar. Y el próximo domingo 7 de septiembre el voto popular le pone otro límite a tu gobierno en las urnas”.

GRACIAS A DIOS ❤️
La emergencia por discapacidad es Ley en un país de ladrones todos con excesos de vitamina K, ganaron los más vulnerables, sin afectar ningún equilibrio fiscal.
Gracias a Dios 🙏 pic.twitter.com/IdjkrnML0u

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 4, 2025

El Senado rechazó el veto y la Emergencia en Discapacidad ya es ley. ¡Lo logramos entre todos! pic.twitter.com/vIl3aAV3do

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) September 4, 2025

El diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot señaló por su parte que “el Gobierno debe terminar con la política del veto y empezar a gestionar. Necesitamos una administración eficiente de lo público que dé respuestas en tiempo y forma, y no deje sin pensiones por discapacidad a miles de familias porque en casi 2 años Milei no fue capaz de ejecutar auditorías”.

Mientras que la cordobesa Natalia de la Sota habló de “un gran logro democrático. Hoy, el Congreso terminó de rechazar plenamente el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ahora, la Ley estará totalmente vigente. Defendimos a las personas con discapacidad y a sus familias, escuchando a la gente y acordando entre distintas fuerzas políticas”.

Empero, precisó que “todavía queda mucho por hacer. Seguiremos trabajando para cuidar a quienes más lo necesitan, sin especulaciones, con coherencia”.

Desde la otra vereda, el diputado del Pro Damián Arabia posteó: “Acaban de rechazar un veto del presidente Milei. La última vez que el Congreso rechazó un veto presidencial fue hace 22 años, en 2003. Escúdense en la causa noble que quieran, pero al menos háganse cargo de la erosión institucional y la incertidumbre que están sembrando”.

Con 63 votos a favor y 7 en contra, la Cámara alta rechazó el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre sus principales puntos, la ley prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Pasadas las 16.30, el Senado comenzó el debate de reforma a la Ley de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia y Promulgación Parcial. La norma incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Las intervenciones en el recinto

En el rol de miembro informante, la senadora nacional Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, inició el tratamiento al expresar que "los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la separación de poderes y la necesidad de atenuar el presidencialismo guio la reforma constitucional de 1994. Por ello tratar esta modificación evita la tentación de gobernar con la suma del poder público”.

Crítico del "abuso" de esta facultad en los gobiernos de los últimos años, el senador fueguino Pablo Blanco cargó que "la Constitución Nacional especifica que el DNU es una excepcionalidad y está fundada casi exclusivamente en que el Congreso no pueda funcionar".

En tono de advertencia, la senadora riojana Florencia López de Unión por la Patria señaló: "Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso, queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen legal de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias".

A su turno, el senador bonaerense Maximiliano Abad consideró que “la reforma que impulsamos es un paso esencial para normalizar la relación entre los poderes de la república, porque recupera el carácter excepcional de los DNU, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Nacional”. Y sumó que “es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano”.

“Seamos razonables. Apartarse del procedimiento habitual de las leyes debe implicar mayores exigencias. Cuando un Gobierno manda un DNU debe trabajar para mantener su vigencia, dar explicaciones y convencer a todos los sectores”, remarcó el legislador de la Unión Cívica Radical, quien también sostuvo que “la acumulación de poder habilita hegemonías frágiles. Las reglas claras construyen democracias duraderas. Yo no tengo dudas de dónde estoy parado”.

Activo en la sesión ordinaria, el senador porteño Martín Lousteau cuestionó que la norma permita a Poder Ejecutivo modificar leyes y que “con sólo el silencio” de una de las dos cámaras del Congreso un DNU quede vigente. Ejemplificó con el antecedente del DNU 70/2023 rechazado por la Cámara alta y sin tratamiento aún en la Cámara de Diputados.

“Con la ley 26.122 por ejemplo se puede dictar un decreto delegado como el de Patricia Bullrich, el 383, que crea la posibilidad para la Policía Federal de hacer inteligencia y se autoexcluye del control democrático o se puede eliminar la Ley Nacional de Educación, o la Ley de Educación Superior, o la de Protección contra la Violencia de Género, o la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, advirtió.

NOTICIA EN DESARROLLO

 

Luego de un largo derrotero, el Congreso ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, al aprobarse la insistencia de la norma por 63 votos contra 7 y ninguna abstención, y quedar rechazado el veto total del presidente Javier Milei. Hacía exactamente 22 años que ambas cámaras no rechazaban una decisión de este tipo por parte del Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 83 de la Constitución Nacional, tras la aprobación nuevamente por parte de Diputados y el Senado por dos tercios de los votos, el paso que sigue es que el Gobierno promulgue la ley.

Solamente votaron en contra de la insistencia de la ley, 5 de los 6 integrantes de La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto; el monobloquista formoseño Francisco Paoltroni; y también la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Por su parte, la oficialista Vilma Bedia se ausentó al momento de la votación, pero estaba presente en el Palacio Legislativo.

Tanto en las primeras votaciones, como en esta instancia, ambas cámaras votaron en las cuatro ocasiones con más de dos tercios de los votos esta ley, que surgió a partir del reclamo del colectivo sobre las prestaciones desactualizadas y la baja de miles de pensiones que la administración libertaria puso en tela de juicio al arrancar la gestión.

Cuando el debate se inició todavía no había estallado el escándalo que marcó justamente este momento de la caída del veto: el escándalo sobre una presunta red de corrupción a través de las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo titular Diego Spagnuolo fue desplazado. El caso de los audios salpica además a altos funcionarios, entre ellos la secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

La sesión ordinada estuvo presidida por el presidente provisional Bartolomé Abdala ya que Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos.

Un debate intenso

El primero en tomar la palabra fue el senador pampeano Daniel Bensusan (UP), quien refirió que leyendo los argumentos del veto presidencial podía resumirse que Javier Milei lo vetó “fundamentando que afectaría y rompería el equilibrioi fiscal y tantas otras mentiras como ya nos tienen acostumbrados. En definitiva, el veto se basa en el famoso ahorro de Sturzenegger y Caputo”.

“El famoso ahorro es una gran mentira, porque con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, la obra pública… se roban los fondos de las provincias”, señaló Bensusán, para preguntarse luego “cuál es el sentido de ese ahorro que nos pretende vender el presidente”. “Hay cinco millones de personas con discapacidad, un 10% de la población –continuó-. ¿Qué se vetó? Que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión, el 70% de la mínima; un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, y rechazó de manera brutal, inmoral, perdiendo la creencia de los argentinos que a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso hacemos mal al país, comprometemos el futuro de generaciones…”.

Y sintetizó: “Ese gasto es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden, o quede condenada al olvido; la diferencia en que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo, o quede condenada a la exclusión. Si el Estado, para ahorrar, necesita maltratar a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”.

A continuación, también desde UP la entrerriana Stefanía Cora recordó que un reproche que constantemente se hace es que en la gestión kirchnerista se haya elevado sustancialmente el número de discapacitados sin haber tenido una guerra. “Ignoran la materia que gobiernan. No es lo mismo hablar de personas con discapacidad y pensiones, no es lo mismo”, aclaró, señalando que “la Argentina desde 2003 en adelante asumió un compromiso con que la Convención de Personas con Discapacidad tenga un rango constitucional. Dimimos que el Estado los iba a mirar de frente y los iba a incluir”, lo que lo llevó a dar como primera reflexión que “son ignorantes”.

Recordó Cora que el eyectado titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo había preguntado porqué debía él pagar peaje y los discapacitados no. “Parece que el peaje lo tenía que poner en otro lado…”, señaló con ironía, y agregó: “No era eso lo que le preocupaba, sino el peaje que le pedía la hermana del presidente”.

A continuación, la santacruceña Natalia Gadano anticipó su voto negativo porque “no se puede vetar la dignidad, no se puede vetar la igualdad, y no se puede vetar los derechos de personas con discapacidad”. Advirtió que “un gobierno que le da la espalda a las personas más vulnerables deja de ser libre, deja de ser justo y deja de ser Nación. No puede aceptarse un equilibrio fiscal a costa de quienes más lo necesitan. Un equilibrio fiscal que nos deja a la intemperie: sin salud para los niños, sin escuelas, sin rutas seguras, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el fin de tener una cuentas ordenadas, sabiendo que quienes pagan eso son los que más lo necesitan?”.

Así las cosas, Gadano le reclamó al presidente Milei “que gobierne para todos los argentinos, con los argentinos adentro”.

“Esto no es eficiencia, esto es crueldad; no es ahorro, es injusticia”, dijo el catamarqueño Guillermo Andrada al anticipar su rechazo al veto, lo mismo que el radical fueguino Pablo Daniel Blanco, quien le dijo al presidente que “en Argentina no solamente hay un déficit fiscal, sino un déficit social. El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”.

La rionegrina Mónica Silva adelantó también su voto contra el veto, advirtiendo que “estamos compelidos a actuar, ante la liviandad con la que el Poder Ejecutivo usa el recurso del veto”. Y aclaró que no era esa ley “un instrumento administrativo, sino una herramienta que garantiza a las personas con discapacidad seguir recibiendo las terapias y asistencia para la vida diaria. Sin esto quedan sin la posibilidad de vivir una vida digna”.

A continuación la tucumana Beatriz Ávila recordó que esta ley fue aprobada “con amplio consenso” y advirtió que “este veto no es un simple acto administrativo, es un retroceso. La discapacidad no se veta, señor presidente”.

Recordó que los discapacitados “no están pidiendo privilegios, sino lo que les corresponde. Reclaman que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución nacional en el artículo 75, y a lo largo y ancho del país están viéndonos para que rechacemos este veto presidencial”.

La de Carmen Alvarez Rivero fue la primera en respaldar en el recinto el veto presidencial. Ya se sabía que lo haría: lo había anticipado al votar junto a Francisco Paoltroni y los seis senadores de La Libertad Avanza en contra de habilitar el tratamiento del tema. Pero, por si hacía falta, fundamentó su postura durante el debate.

Arrancó con los tacos de punta: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?”, les preguntó a sus pares. La senadora remarcó que “en Argentina ya existe una ley de discapacidad, que se entiende como un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, y que inclusive esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad”. En ese sentido, sostuvo que “no necesitamos otra ley, ni declarar emergencias… Necesitamos gestión”.

Tras reiterar su postura respecto al tratamiento en cuestión, el senador porteño Martín Lousteau hizo referencias a la versión que dio el Gobierno nacional respecto a los certificados de discapacidad irregulares e indicó que “si consultan con expertos van a encontrar formas de depurar la base de datos para detectar fraude, ajustar sin lastimar gente y poder aumentar las pensiones por discapacidad”.

A su turno, la larretista Guadalupe Tagliaferri manifestó que "la libertad no es abandonar a los argentinos a la buena de Dios; no es dejar solas a las personas con discapacidad". Al subrayar que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con jerarquía constitucional, indicó que "en nuestro país debemos garantizar eliminar las barreras que existan para que las personas con discapacidad ejerzan libremente su vida. Nuevamente la libertad".

"¿Hay que auditar las pensiones? Sí, claramente. Pero no con la motosierra, hay que hacerlo con humanidad, con gestión", opinó y lanzó: "Pareciera ser que la motosierra y el recorte en la Agencia no era para hacer eficiente el gasto, era para que la coima quedara adentro".

En ese sentido, la porteña dijo que "si se confirma todo lo que se está sospechando es un escándalo enorme, de un Gobierno que dice que no tiene plata para las terapias pero sí para las coimas. No solamente es inmoral, sino criminal". Y aseguró que cuando le pregunten "de dónde sale la plata" para financiar esta ley, responderá: "Sale del sobreprecio y la coima".

Al momento de los cierres de bancada, el senador correntino Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, afirmó que “en 20 meses de gestión, no estaríamos discutiendo esto si las cosas se hubiesen hecho bien”. Dirigido al presidente Javier Milei, agregó: “No tome todas las cosas por igual para meter la motosierra para cuidar el gasto público”.

Sin embargo, Vischi remarcó que el sector “viene hace tiempo con desactualización de los montos para profesionales, con demandas de distinto tipos en los atrasos para dar respuesta, pero de un tiempo a esta parte se ha agravado de forma sustancial”. Sumó, además, que “este Senado hoy lo que está haciendo vehementemente es decirle al Poder Ejecutivo que, ante los dilemas que existen en la administración pública, hay prioridades que hay que atender”.

En representación de Unidad Ciudadana, la senadora bonaerense Juliana di Tullio afirmó que “los discapacitados y las discapacitadas de este país son los que le están poniendo un freno a Milei”.

El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, calificó al veto de Javier Milei como “insensibilidad y desprecio total”. También, arremetió contra María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, diputadas del Pro, y cargó: “Hacen campaña hablando de los discapacitados, pensionados y jubilados, y después, a la hora de la votación, se abstienen. Cuánta hipocresía”.

En el final, el jefe de bloque del oficialismo, el senador jujeño Ezequiel Atauche, estaba inscripto para cerrar el debate antes de pasar a la votación. Sin embargo, decidió sobre la marcha no hacer uso de la palabra y votó en contra.

¿Qué prevé la ley?

La ley ratificada este jueves por el Congreso declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

La oposición arrancó con el pie derecho este miércoles respecto de los vetos presidenciales, al lograr más de los dos tercios de los votos necesarios para rechazar el referido a la Emergencia en Discapacidad. El tema fue el primero en tratarse en la sesión de la Cámara de Diputados, donde la insistencia de la ley cosechó 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Al momento hubo 247 presentes, con lo cual se requerían 165 para la mayoría especial, cifra que fue superada por siete.

De esta manera, si el Senado -donde el oficialismo está aún más complicado con los números- también ratifica la norma por un mayoría de dos tercios, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgarla, según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional.

El tema debió ser habilitado previamente por las dos terceras partes del Cuerpo, habida cuenta de que no contaba con despacho de comisión, y fue una condición que el presidente de la Cámara, Martín Menem, dejó sentada en la reunión de Labor Parlamentaria.

Esa habilitación, que fue la antesala del resultado que vendría después, se consiguió con 166 votos afirmativos, 75 negativos y 0 abstenciones. Entre los que habilitaron el tratamiento estuvieron los diputados del Pro Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y Ana Clara Romero, pero también los de La Libertad Avanza Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano, que en el arranque dieron quórum.

El debate 

Al abrirse el debate, la diputada de izquierda Vilma Ripoll celebró el tratamiento del tema, al destacar la expectativa de las familias de personas con discapacidad que necesitan esa ley para tener “posibilidades de vida digna”. “Si el veto no se rechaza, los resultados serán gravísimos: personas sin atención, equipos desarmados, instituciones cerradas y una profundización del abandono estatal”, diagnosticó, pidiendo una respuesta “al veto vergonzoso del presidente”.

En su intervención, el neuquino Osvaldo Llancafilo hizo referencia al anuncio hecho este mismo miércoles a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto de una intención del Gobierno de otorgar una mejora al sector. Con eso, para el diputado del MPN “evidentemente el Gobierno acepta que hay una cuestión para atender”. Celebró la actitud, pero aclaró que “llega tarde, cuando el Congreso ya está tratando el tema”.

“Lo hemos dicho muchas veces en otros temas, como universidades, jubilaciones, o la situación del Hospital Garrahan: claro que estamos de acuerdo con los controles y auditorías. ¿El punto cuál es? Que tal cual ocurre con las otras situaciones, no hay plan de contingencia, no hay elementos que hagan suponer al Congreso que se está trabajando para concluir en esos números que tienen que ver con las auditorías y controles”, sostuvo y advirtió que “el Estado está obligado a atender a las  personas con discapacidad, que no pueden esperar que las auditorías se hagan antes”.

Por la Coalición Cívica, la diputada Victoria Borrego apuntó contra Javier Milei por el debate en cuestión: “Las acciones del Poder Ejecutivo están violando la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Además, criticó que “dicen que con esta ley se desfinanciaría el Fondo de Redistribución y quiero decir que el primero que ha desfinanciado ese Fondo ha sido el Gobierno beneficiando a las prepagas”.

A su turno, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, expresó: "Me cuesta imaginar el futuro de la Argentina sin los argentinos que hoy están sufriendo. El presidente nos dice hasta genocidas y golpistas. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican es un 0,03% del PBI la recomposición de las prestaciones básicas. ¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6%!”.

"La verdadera realidad de un padre que tiene un hijo con discapacidad es tremenda. Pocas veces vamos a tener la posibilidad de aprobar en este Congreso una ley tan noble. Eso no nos convierte en degenerados fiscales ni golpistas. Queremos desenmascarar a los que dicen que quieren terminar la corrupción, pero tienen audios donde el titular de la ANDIS (Diego Spagnuolo) pide coimas", lanzó.

Después de haber anticipado en sus redes sociales su voto a favor de las cuatro leyes vetadas, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer apuntó que este debate parte de que “la necesidad de avanzar en sanción de leyes y en asignación de recursos tiene una explicación originaria que es que la Argentina hace dos años que no tiene ley de presupuesto”. “El Poder Ejecutivo se arroga una atribución inconstitucional, aunque después nos llame golpistas”, señaló.

“Todo este proceso demuestra, no solamente la falta de sensibilidad, la crueldad del Gobierno, la falta de sentido común y de sentido humano al momento de fijar prioridades, sino que también pone en evidencia problemas de gestión”, observó y aseveró que “si teniendo un gasto anual de 126 billones de pesos, hablan de gasto ineficiente y no son capaces de encontrar una partida con la cual resolver el problema gravísimo de las personas que sufren alguna discapacidad, son unos inútiles”.

En el cierre, la referente del GEN insistió con que el Gobierno “tiene un problema de gestión gravísima que se agrega al problema de sensibilidad”. “Confunden permanentemente el ejercicio de gobierno con el espectáculo bochornoso de insultar”, criticó y mencionó el fallo del juez federal de Campana que declaró inválido el veto al proyecto de ley: “No se trata de gastar más, se trata de gastar bien”.

Un pequeño acto de reparación para las familias que viven la angustia de tener una persona con discapacidad a la que el Estado abandonó.
Luchar sirve, votar sirve. pic.twitter.com/nDPKU7zJJA

— Hugo Yasky (@HugoYasky) August 20, 2025

Presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la ley, el diputado nacional Daniel Arroyo fue conceto y manifestó: “La Ley de Emergencia en Discapacidad está fuera de la grieta porque es de pura justicia, de pura humanidad y de pura racionalidad económica”. Agregó, además, que “el veto es absurdo porque todos sabemos que no tiene impacto fiscal, ya que mejora la situación, reordena un sistema que está colapsado y no tiene ningún sentido que el gobierno la haya vetado”.

“La situación de verdad está colapsada: la persona que va a trabajar cuatro horas a un taller protegido sigue cobrando $28 mil por mes, el transportista sigue cobrando $541 el litro de nafta y no puede trasladar los cinco días a una persona que hace un tratamiento, un acompañante terapéutico cobra a seis meses solo $3.000 por hora, los hogares y los talleres están a punto de cerrar, y reordenar todo eso es 0,003% del PBI”, amplió Arroyo. Luego, reiteró: “No tiene impacto fiscal”.

Sobre el anuncio de Manuel Adorni, contestó: “El vocero presidencial nos dijo hoy que están ‘estudiando’ mejorar el nomenclador, pero presente esta ley en febrero y es la quinta vez que un funcionario dice que lo ‘está analizando, que lo está estudiando o que lo va a ver’”. En esa línea, recordó que “se lo ha dicho a las organizaciones de discapacidad y me la ha dicho a mí”, dando a entender que se trata de un anuncio con fines demagógicos.

Después de enumerar una serie de cuestionamientos, el diputado massista cargó que “quedan varias cuestiones fuera de la ley porque esta es una ley de emergencia que le dice al Gobierno ‘haga lo que tiene que hacer y hágalo’”. Sugirió, también, que “el Estado tiene la obligación de respetar y tratar bien a las personas, y no puede hacer una resolución denominando a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’ o ‘débil mental’”. Pidió, por último, “rechazar el veto y poner en marcha la ley”.

En el tramo final, el diputado de UP Eduardo Valdés comenzó: “Por esta ley me han denunciado penalmente por cosas inexistentes, así que tengo orgullo de hablar defendiendo al colectivo de las personas con discapacidad”. “Ojalá podamos llegar a un acuerdo y resolver esto antes de llegar al Senado, que el Gobierno lo entienda y pueda resolver. No es unos contra otros”, subrayó.

"Nos tenemos que humanizar, son nuestros seres humanos, con los que convivimos. No los descartemos. Gabriela Michetti cuando fue vicepresidenta hizo un censo, que dijo que el 12% de la población argentina tiene alguna discapacidad. Cinco millones y medio de personas, y solamente un millón doscientos mil accedió a las prestaciones. ¿Alguien puede pensar que los cuatro millones de personas que faltan quieren una prebenda? ¿Cómo puede ser?", planteó.

Y concluyó: "Ojalá podamos resolver esto urgentemente. Los papás y mamás de personas con discapacidad imaginan los derechos de sus hijos porque la angustia que tienen es qué va a ser de sus hijos el día que ellos no estén. Yo no seré cómplice de esa angustia".

Desde el oficialismo cerró el debate Santiago Santurio, quien durante su discurso poco habló del tema de discapacidad o del veto y se dedicó sí a lanzar muchas críticas contra el kirchnerismo. “Lo de ustedes es lo peor que le pasó a la Argentina. Hay un nuevo modelo en la Argentina que redujo la pobreza, y esto no es hablar con el corazón, es hablar con los datos”, enfatizó.

“Lo único que tienen como obsesión es pegarle al Gobierno en el superávit. Y con eso al que más perjudican no es al Gobierno, es a la gente”, advirtió y dijo que “el mayor riesgo que tiene la Argentina es volver al pasado”. “Voy a votar en contra del kirchnerismo, porque no les creo, porque sé que no son la solución, porque sé que sus ideas son erradas; ustedes empobrecieron a la Argentina, dejaron al país en la miseria”, añadió.

¡Hoy los héroes estuvimos de este lado acompañando a las personas con discapacidad, a sus familias y prestadores!

Rechazamos el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y seguiremos luchando por la igualdad y la justicia para todas las personas con discapacidad. pic.twitter.com/5rvis5uPKp

— Ricardo Herrera (@rickiherrera) August 20, 2025

Qué dice el proyecto 

El proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, había sido aprobado por unanimidad en el Senado y con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones el 4 de junio en la Cámara baja.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

 

 

 

 

Javier Milei navega su presidencia en hiper minoría con una táctica de coaliciones ad-hoc que lo obliga a vetar más que a construir consensos. Carlos Fara analiza las opciones de gobernabilidad disponibles, los costos de cada camino y cómo el discurso fundacional libertario choca con la realidad parlamentaria. Entre tensiones internas, alianzas frágiles y una oposición fragmentada, el gobierno enfrenta un complejo juego de equilibrios rumbo a 2027.

 

 

 

No sabemos si va por el espacio “con su nave de fibra hecha en Haedo”, como cantaba Spinetta. Lo cierto es que, de la mano de sus decisiones estratégicas, al presidente no le queda otra que vetar lo que no le guste hasta el final de sus días, porque los obstáculos no se despejarán con la elección del 26 de octubre. Como bien marca el colega Ignacio Labaqui, para un gobierno en hiper minoría existen tres opciones de gobernabilidad: 1) el presidencialismo de coalición; 2) armar coaliciones ad-hoc; y 3) tratar de gobernar de modo plebiscitario. Cada una tiene sus pros y sus riesgos. Detengámonos en esto porque es la clave de acá a 2027.

Las tres opciones permiten ir más rápido o más lento con las reformas que se deseen hacer, con mayor o menor profundidad, y tienen consecuencias sobre la sustentabilidad política. El león optó por la segunda opción estratégica, moderando sus expectativas como hizo sabiamente al sancionar la Ley Bases, y luego del fracaso estrepitoso de la Ley Ómnibus. Eso tiene ventajas demostradas -por ejemplo, evitando que se cayeran los vetos- pero al mismo tiempo que todo se vuelve más inestable, dada la característica ad-hoc de la estrategia. Sale más cara que la primera opción -presidencialismo de coalición- pero no está obligado a coparticipar el poder, discutiendo sus reformas. Si se hubiese decidido por una coalición permanente, hubiese avanzado más lentamente, pero los costos hubiesen sido menores y no tendría que recurrir a negociaciones permanentes con aliados circunstanciales. Hoy cuenta quién baja a dar quórum, quién se abstiene, quién apoya, quién se levanta de la sesión en cada proyecto, etc. Es decir, un ejercicio matemático infinito y desgastante.

Pero claro, un presidencialismo de coalición se da de bruces con el discurso de la casta, y con la intención de hacer todo de golpe. Por ejemplo, Israel (país modelo para Milei), con su plan de estabilización de 1985, demoró seis años en perforar el 1% mensual tomando la inflación promedio del año. Esta actitud fundacional y fundamentalista ganó espacio también por el fracaso del gradualismo de Macri. Pero bueno, en la vida todo no se puede: es un gran trade-off, en donde si se gana algo, se pierde algo… y se corren otros riesgos.

El gobierno dice, con bastante razón, que no había espacio para otra estrategia que no sea de shock, dada la gravedad de la herencia recibida del gobierno de Alberto / Cristina / Massa. La pregunta sería ¿existía entonces solo una opción estratégica política para encarar esto, aun aplicando la motosierra? ¿LLA cambiará su opción luego de haberse fortalecido en la elección de medio término? La cadena nacional del viernes no parece dar lugar a eso, pero hay que ver qué sucede una vez que se haya analizado en profundidad la foto del 26 de octubre.

Como bien dice “la doctora”, todo tiene que ver con todo. Porque frente a la opción estratégica de la gestión libertaria hasta acá, LLA terminó constituyendo frentes o acuerdos políticos con los mandamás provinciales en solo 5 distritos de las 16 que se podrían considerar dialoguistas. ¿Por qué? Por razones que comentamos en esta columna la semana pasada: 1) llegaron a la conclusión que este gobierno “mal pagador” solo entiende si se le muestran los dientes: a contar cuánto tiene cada uno y, desde esa posición, negociarán en adelante; y 2) existen ruidos en el electorado que dan espacio para terceras opciones, fuera del clivaje “libertad vs. kirchnerismo”.

Más allá de los oportunismos del caso y los cazadores de recompensas del siglo XXI, Provincias Unidas -marca electoral del Grito Federal- estaría presente en 15 distritos. Claro, no en todos lados con figuras competitivas. Fue muy curioso lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires: el destinado a representar esa tercera vía por antecedentes era Facundo Manes, quien cambió de distrito a último momento para sumarse a la deslucida escudería UCR porteña, y teóricamente dejando a ese espacio a Randazzo. Éste ya tuvo dos magros resultados en 2017 y 2021, por lo que sus expectativas no son muy alentadoras.

Los amarillos hicieron lo único que podían hacer en estas circunstancias: ser socios minoritarios de una coalición potencialmente ganadora. No tenía mucho sentido ser el accionista mayoritario de algo condenado a la derrota, como ya pasó en CABA. La cuestión no es si se arrodillaron. El punto es por qué terminaron en esa posición, y la respuesta es: una interminable sucesión de errores políticos por parte del Emir de Cumelén. Hay que tener mucha habilidad para que terminen disconformes todas tus estrellas (Larreta, Bullrich, Vidal).

El pro-kirchnerismo siempre se pelea, ya no importa por qué razón. Esta semana fue la discusión por el cambio de los lugares de votación, y además entre figuras de una misma tribu (Bianco – Magario). Si efectivamente termina imponiéndose la candidatura de Máximo para encabezar la lista nacional, los violetas pueden ir poniendo champagne en el freezer. Pero aún queda una semana para el cierre de listas y todo debe ser relativizado. Puede ser perfectamente una jugarreta para generar espanto y así negociar una figura potable para los tres bandos. Si logran eso, lo que más debería preocuparles es la eventual rebeldía de Grabois: ya sacó casi 6 % en una primaria presidencial a nivel nacional en 2023, pero que fue un 9 % en territorio bonaerense. El líder de la economía popular luce más nuevo, no político tradicional, y eso genera alguna expectativa dentro del espacio.

Por último, esta semana hizo ruido el Libragate por dos bandas. Una, porque se siguen conociendo detalles en las investigaciones judiciales, además del emplazamiento que hizo Diputados. La otra por las declaraciones de Diana Mondino, cuya honestidad intelectual está fuera de discusión (sea o no candidata). Este tema -como el tráfico de armas con Menem- va a terminar dándole fuertes dolores de cabeza al Javo.

Respecto a nuestro “Capitán Veto”, esperemos que no termine cantando “ya no puedo más de soledad”.

Tras las duras derrotas legislativas que sufrió el pasado miércoles, el presidente Javier Milei dará un mensaje este viernes, a las 21, por cadena nacional, según lo anunció el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa.

El mensaje del mandatario llegará luego que en la última sesión de la Cámara de Diputados se aprueben más proyectos resistidos por el oficialismo, además del rechazo a cinco decretos del Poder Ejecutivo.

Milei se referirá a los vetos que firmó el sábado 2 de agosto, publicados en el Boletín Oficial el lunes pasado, sobre las leyes de aumento de jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

Al ser consultado por el voto en contra de un paquete de decretos regulatorios, Adorni respondió: "No voy a hablar de los vetos y de lo que ocurrió en el Congreso, porque hoy a las 21 hay una cadena nacional que va a estar brindando el presidente de la Nación".

En la última sesión de Diputados, La Libertad Avanza perdió 12 votaciones entre aprobación de proyectos (financiamiento universitario y emergencia pediátrica por el Garrahan), emplazamientos a comisiones y rechazo a cuatro decretos delegados y un DNU.

Los vetos a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad, por la cual los sectores afectados se movilizaron en las afueras del Parlamento esta semana, todavía no fueron tratados en la Cámara baja, donde se originaron esas iniciativas.

Para la insistencia de esas normas, la oposición necesita alcanzar dos tercios de los votos de los presentes, mientras que el oficialismo debería construir junto a aliados un tercio de los presentes para poder blindar la decisión presidencial, según lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.

La secretaria parlamentaria del bloque Unión por la Patria en Diputados, Paula Penacca, reveló que buscarán tratar el veto a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad la próxima semana, en una misma sesión que podría incluir los proyectos de los gobernadores sobre reparto de recursos.

Respecto a la decisión presidencial, oficializada este lunes, la camporista señaló que "es una crueldad que nuevamente el presidente Javier Milei lleva adelante y que vamos a intentar revertir desde el Congreso".

"Para tratarlos en esta sesión no tenemos número", admitió en referencia a la sesión que fue convocada para este miércoles, con un extenso temario. Además de que "todavía estamos esperando que ingrese el veto al Congreso", aclaró sobre el decreto, la legisladora dijo que el objetivo es trabajar en "poder juntar dos tercios", mayoría que se necesita para insistir con las leyes.

En diálogo con radio Futurock, la opositora habló de una posible "sesión para la semana que viene" donde, además del veto, se debatan los proyectos impulsados por los gobernadores, ya que en la sesión que se espera para este miércoles se pretende votar los emplazamientos a las comisiones para que tengan dictamen.

Respecto a esto, Penacca criticó que Milei tiene "la costumbre" de "ensañarse con apropiarse de los fondos de las provincias argentinas".

Al poner el foco en las próximas elecciones legislativas, la diputada de UP subrayó: "Necesitamos un Congreso cada vez más fortalecido de diputados y senadores que efectivamente estén dispuestos a hacerle frente a Milei cuando juega en contra de las mayorías". Para la porteña, la decisión de vetar lo aprobado por el Congreso "sigue mostrando un sesgo autoritario de este Gobierno".

Por otra parte, no descartó que la semana que viene pueda llegar también a tratarse un proyecto que propone la reforma a la Ley 26.122, sobre el trámite de los decretos del PEN en el Congreso. "Es un debate que suscitó mucho intercambio, porque es un tema complejo que hay que analizarlo bien", dijo.

Y enfatizó que "es importante que el Congreso esté fortalecido, porque el presidente se lo quiere llevar puesto todo el tiempo".

Oficializados los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes sobre aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, la oposición multiplicó sus críticas hacia esa decisión y anticipó que buscarán revertirla desde el Congreso.

Pero, además, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño puso la lupa sobre la forma en que las normas fueron vetadas: todas mediante un mismo decreto.

El legislador señaló que "ahora el Congreso puede insistir sobre esas leyes si logra la aprobación con 2/3 de votos en ambas Cámaras", sin embargo, "el decreto 534/2025 las devuelve al Congreso juntas, pero cada ley tiene vida propia".

"El Presidente puede vetar, pero no puede imponer cómo se vota la insistencia. La Constitución le da al Congreso la última palabra, y puede hacerlo ley por ley. Políticamente, el oficialismo, busca forzar un 'paquete' con todas las leyes juntas para que todo caiga o todo pase. Jurídicamente, el Congreso puede insistir con cada ley por separado, evitando que el veto condicione el proceso legislativo. Un decreto no puede indicarle como votar al Congreso", remarcó.

En este sentido, Agost Carreño explicó que "la Constitución es clara" y "el veto se ejerce por ley, no por 'paquete'”. "Cada proyecto vetado tiene su número y expediente propio. Reglamentos de ambas Cámaras prevén insistencia por separado", insistió.

"Forzar un bloque único de tratamiento es política, no derecho. La decisión final será política del Congreso en uso de sus atribuciones constitucionales. Conclusión: al final los que decidimos somos las ratas", concluyó el cordobés.

VETOS - LEYES

Este Gobierno vetó por decreto 3 leyes votadas por el Congreso:

1️⃣ Aumento a jubilados
2️⃣ Moratoria previsional
3️⃣ Emergencia en discapacidad

Pero ahora el Congreso puede insistir sobre esas leyes si logra la aprobación con 2/3 de votos en ambas Cámaras.

El…

— Oscar Agost Carreño (@oagost) August 4, 2025

También desde su bloque, el diputado Florencio Randazzo expresó: "Desde el Congreso vamos a tener firmeza para defender la ley de aumento a los jubilados frente al veto de Milei. Recomponer sus ingresos no es 'populismo': es sensibilidad y sentido común. Si el plan es siempre perjudicar al más débil, no es un plan. Es crueldad".

"Milei, te lo explicamos una vez más: la crueldad no tiene lugar en esta Patria", enfatizó la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien manifestó que "otra vez el presidente ataca a los que más están sufriendo su modelo de ajuste, entrega y represión. El veto al aumento a las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad es una muestra más de su maldad (y van...)".

La bonaerense subrayó que "el Congreso Nacional puede y debe ponerle un freno a la crueldad. Es mentira que no hay plata. El presidente @JMilei y su Ministro @LuisCaputoAR hace 18 meses que aplican un plan económico en donde unos pocos pero poderosos especuladores se llevan con el Carry Trade el esfuerzo del pueblo argentino".

"El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad. Es absurdo, una vergüenza. Vamos a insistir con los dos tercios en Diputados y en el Senado para que se ponga en marcha. Las personas con discapacidad y sus familias están desesperadas y realmente la necesitan", fue el mensaje del diputado de UP Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad e impulsor de esa norma.

El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad. Es absurdo, una vergüenza.
Vamos a insistir con los dos tercios en Diputados y en el Senado para que se ponga en marcha. Las personas con discapacidad y sus familias están desesperadas y realmente la necesitan. pic.twitter.com/OdsmEys8kz

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) August 4, 2025

En tanto, el diputado de UP Martín Soria apuntó que "Milei vetó el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad con la excusa del superávit. Lo dije desde el día uno: el ajuste de la 'motosierra' es para pagar la timba de Caputo y Sturzenegger y seguir endeudándonos. El peronismo votará para rechazar este atropello".

"Un veto cruel y profundamente antidemocrático", calificó la massista Sabrina Selva, al cuestionar que "creyendo que su mandato lo habilita a llevarse puesto al Congreso de la Nación, otra vez Milei veta el aumento a los jubilados y también avanza contra la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad".

La legisladora consideró que "Milei no solo es cruel, es cínico" porque "veta el derecho de millones de argentinos a una vida más digna con la excusa de hacer grande a la Argentina cuando están achicando el país al tamaño de un excel".

"No hay equilibrio fiscal posible sin justicia social. No hay república posible si un solo hombre se arroga la facultad de anular el mandato popular del Congreso de la Nación. Y no hay libertad si el único plan es hacer sufrir a los más vulnerables para que los amigos del Presidente se sigan llenando los bolsillos", agregó Selva.

Y cerró: "Desde @Diputados_UxP vamos a insistir con las leyes que aprobamos con amplios consensos y vamos a redoblar esfuerzos para que el 7 de septiembre empecemos a ponerle un límite a tanta crueldad".

Para los ricos todo, para los que menos tienen nada.

Milei acaba de negarle el aumento a los jubilados y anuló la emergencia en discapacidad.

Cínicamente, lo hace el mismo día que recibirá del FMI 2 mil millones de dólares para mantener un modelo que se cae a pedazos. Timba,… pic.twitter.com/Tg9sEfxSuX

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2025

La vicejefa del interbloque UP en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, opinó que "para los ricos todo, para los que menos tienen nada. Milei acaba de negarle el aumento a los jubilados y anuló la emergencia en discapacidad". "Cínicamente, lo hace el mismo día que recibirá del FMI 2 mil millones de dólares para mantener un modelo que se cae a pedazos. Timba, fuga y ajuste. En octubre, hay que frenarlo en las urnas", agregó la mendocina.

Mientras que su par de bloque Daniel Bensusán dijo que "Milei será recordado por la sociedad argentina como el Presidente que desprecia a los argentinos. El veto a leyes que defienden la calidad humana no tiene nada de épica libertaria, es un acto profundamente inhumano, regresivo e inconstitucional".

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno defendió el veto a las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que salió publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Desde Casa Rosada se señaló que el presidente Javier Milei "ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación".

El PEN indicó que "los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y de 1,68% del PBI estimado para el año entrante".

En el comunicado se criticó que "determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos".

"La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados", se agregó.

Pero, además, en alusión a iniciativas como emergencia pediátrica y financiamiento universitario, solicitados por la oposición para ser tratados este miércoles, la Oficina del Presidente resaltó que "esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretender forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero".

"Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", continuó el comunicado.

Y concluyó: "A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre".

No hay sorpresas con este Gobierno respecto de las leyes que serán vetadas. Habiéndose implementado esa medida ya en tres oportunidades durante esta gestión, no quedan dudas en este tema: cuando el presidente dice que va a vetar lo hace, y siempre sucede al filo del vencimiento del vencimiento del tiempo.

En este caso, desde que se confirmó que el Senado había comunicado las sanciones de las tres leyes citadas al Poder Ejecutivo, todo indicaba que el veto saldría este lunes 4 de agosto. La novedad en este caso fue que fuentes oficiales confirmaran este sábado al periodismo que el presidente Javier Milei había cumplido con ese trámite, y que, en efecto, los decretos se conocerán este lunes.

Recordamos que estamos hablando de la actualización de los haberes jubilatorios, que fue comunicada como Ley 27.791, luego de haber sido sancionada en el Senado el 10 de julio pasado con 52 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones. La misma preveía un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

También vetó Milei la Ley 27.792, conocida como Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años, extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación en el Senado se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

La tercera de las leyes vetadas por Milei es la N° 27.793, conocida como de Emergencia en Discapacidad. La vigencia de la misma era hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, y se sancionó en el Senado por unanimidad (56 votos positivos). Entre sus principales puntos preveía el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

El camino de los vetos

Si bien no se dieron precisiones, se descuenta que estos vetos han sido totales (también pueden ser parciales). El veto es una facultad que habilita la Constitución Nacional en el artículo 83°, que puede ser ejercida para todo tipo de leyes, salvo una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante, o una ley aprobada por el pueblo en el marco de una consulta popular vinculante.

¿Qué dice el artículo 83 de la CN? “Desechado en el todo o parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

El plazo que tiene el Gobierno para vetar es de 10 días; por eso se había especulado con que el veto saliera el 24 de julio. Pero como en realidad los textos deben ser revisado antes por las dos cámaras, primero el Senado lo remitió a Diputados y luego esa Cámara los devolvió a la Cámara alta, que emitió la comunicación el pasado 21 de julio. De ahí que el plazo de 10 días recién se cumpliera este lunes 4 de agosto.

Ahora bien: ¿cuándo se ocuparán las cámaras de considerar los vetos? Así como el Poder Ejecutivo tiene 10 días para ejercer su poder de veto, las cámaras no tienen plazo para rechazar el veto, que se comunica a la Cámara de origen del proyecto. En estos tres casos, Diputados.

En primer lugar, los vetos deben pasar por comisiones antes de llegar al recinto. Si el veto es parcial, tendría que pasar por la Bicameral de Trámite Legislativo para el control de constitucionalidad y de ahí sí pasa al recinto. Si el veto es total, va a las comisiones que lo trataron oportunamente, porque requiere que resuelvan para ir al recinto. Que vaya a comisiones, no implica que se pueda modificar nada; solo se trata de aceptar el veto, o insistir.

Si ambas cámaras consiguen los 2/3 en ambos casos para rechazar el veto, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo.

Si en una de las dos cámaras no cuenta con los 2/3, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año, y se mantiene el veto.

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) opinó este viernes que "La Libertad Avanza no es anticasta, es el perfeccionamiento de los métodos de la casta", al referirse a las negociaciones por el cierre de listas en distintas provincias y cómo eso podría impactar en la votación en el Congreso de los eventuales vetos a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad.

En ese sentido, el legislador rechazó que el Gobierno "use la angustia de millones de jubilados y la expectativa que generaron las leyes que se aprobaron para estar especulando con eso, para ver si canjea lugares en listas a cambio que les blinden los vetos".

El santafesino enumeró un paquete de temas que "son fundamentales" para que avancen durante agosto. Además de los vetos, entre los pendientes enumeró la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario, el veto a la emergencia en Bahía Blanca y los proyectos de los gobernadores sobre reparto de fondos.

Pero también señaló que "hay al menos seis decretos delegados que nos parecen de una extrema gravedad y vamos a promover una sesión para derogarlos. Algunos se han resuelto en la Justicia, pero vemos que son flagrantes y abiertamente inconstitucionales".

"Son varios temas en poco tiempo, porque nos metemos en la dinámica electoral y sabemos que después se complica reunir quórum", agregó en declaraciones a radio Splendid.

Por otra parte, Paulón se refirió al pedido de informes que presentó para conocer si se utilizaron recursos públicos para la asistencia del presidente Javier Milei al evento "La Derecha Fest", realizado en Córdoba.

"Un evento que debiera ser de interés público, porque está el presidente usando recursos públicos, termina teniendo un apagón informativo, periodistas expulsados, y control total sobre lo que se sabe o no de lo que ocurrió ahí dentro", resaltó.

El diputado socialista aseguró que buscan conocer "cuánto se gastó" y "en qué marco legal el presidente puede disponer de recursos públicos para ir a un evento privado y arancelado, que es una de las costumbres del presidente".

Además, sostuvo que existe una "doble vara en el discurso del Gobierno cuando habla de recursos" respecto de "si un gobierno municipal contrata a un artista popular, algo que debe costar menos que el avión que usó Milei para ir a Córdoba".

"Fue un evento donde el contenido dista mucho del interés colectivo. Un evento donde se volvió a insultar, a degradar a los adversarios políticos. Hubo una expresión muy violenta a la vicepresidenta, persona con la que no tengo ninguna empatía ni vínculo, pero someter al escarnio público a una persona en una pantalla para que la insulten, no corresponde, y habla de cuál es el nivel del debate político al cual nos quiere llevar el Gobierno", completó.

En otro tramo de la entrevista, el santafesino criticó la respuesta del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre las declaraciones del próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. “Adorni no sólo no conoce la normativa y la legislación argentina sino tampoco la legislación internacional. Habría que hacerle leer la Convención de Viena, que es de principio del siglo XX, donde se establecen las condiciones para que una persona pueda ser embajadora y representar a un país en otro país”, dijo, y añadió: “Parte de eso tiene que ver con evitar la injerencia en asuntos internos”.

También, al reclamar que Milei no le acepte el plácet, Paulón expresó: “Tiene todas las facultades para hacerlo, agarra un teléfono, ya que es tan amigo, lo llama a Donald (Trump), a Mar-a-Lago, y le dice ‘manda otro, porque este es la pifió ya’”.

A nadie le queda ninguna duda al respecto, pero el jefe de Gabinete sintió la necesidad de reiterarlo este miércoles: ratificó que el presidente vetará todo lo que vaya contra sus intereses. Esto es, las tres leyes que ya salieron aprobadas del Senado y que en poco tiempo aparecerán en el Boletín Oficial consignando su rechazo, más los dos proyectos inspirados en los gobernadores. Todo será vetado.

Ante la consulta puntual, Guillermo Francos fue enfático en la materia: “Que le vayan a sacar a Milei 10 mil millones de dólares de las cuentas públicas, ni loco… ni loco. O sea que lo vetaremos, y si después lo confirman, intentaremos con alguna otra cosa, pero el Gobierno no va a ceder en lo que es la base de resultados que estamos teniendo en la macroeconomía argentina”.

Cuando el mismo día de la contundente derrota oficialista en el Senado el presidente Javier Milei minimizó el impacto de las leyes que acababan de ser sancionadas, el objetivo era dar calma en un ámbito que claramente podía alterarse ante semejante resultado. Estaba en la Bolsa de Comercio y detalló en ese contexto los pasos a seguir con esas normas que, estimó, más temprano que tarde van a caer.

Ese 10 de julio, cuando todavía no había concluido la sesión del Senado, el presidente dijo en la Bolsa: “Apuesto 100 mil a uno que todos saben lo que voy a hacer. ¿Saben qué? Vamos a vetar”. Pero a sabiendas de que está opinado que vaya a contar esta vez con la cantidad de “héroes” necesarios para mantener el veto, detalló su plan B: “Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aun si sucediera el peor de los casos que, de repente, la Justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tarda en tratar muchísimos años y lo decidiera tratar en muy poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir, en caso que tuviera éxito”

Milei concluyó ratificando que “la política del superávit fiscal es permanente”, pero la enumeración de hechos que garantizarían el final anunciado no sería tan lineal; al menos no tan sencillo.

El veto y después…

Este martes, en el “Derecha Fest”, el presidente ratificó que “el veto sale próximamente”, aunque es de manual que esperará hasta el último día que le permita la ley para publicarlo, cuestión de estirar los tiempos y restarle margen de acción a la oposición que quiera rechazar los vetos.

El presidente ya vetó tres leyes en lo que va de su gestión y por lo visto próximamente ese número se elevará a ocho. Nada que otros presidentes no hayan hecho, vale aclarar, aunque tal vez no en tan poco tiempo. Es legal que lo haga, aunque el exmiembro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda advirtió esta semana en una entrevista en TN que “el exceso de vetos puede llegar a erosionar la democracia y puede llegar a ser nocivo”.

Lo cierto es que el anticipo del veto confirma por lo pronto que el Ejecutivo dejó de lado ir a la justicia para invalidar la sesión del Senado, que objetaba por haber sido autoconvocada por los propios senadores. No lo hizo a sabiendas de que no había ninguna garantía de que los jueces le fueran a dar la razón. Es que la justicia prefiere no inmiscuirse en lo que corresponde a otro poder, y menos si ese otro poder ya ha resuelto la cuestión, como sucedió en la sesión del 10 de julio, cuando el propio Cuerpo habilitó el tratamiento de esos temas.

Pero por si quedara algún resquicio de duda, el citado Juan Carlos Maqueda recordó cuando en tiempos de pandemia la entonces titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, decidió consultar a la Corte antes de poner en marcha el sistema de sesiones por videoconferencia, ante lo cual el Tribunal Supremo no emitió un fallo específico sobre esa manera de sesionar, pero sí se pronunció sobre la capacidad del Senado para sesionar de manera remota, considerando que el Cuerpo posee las atribuciones constitucionales para hacerlo. En una resolución emitida el 24 de abril de 2020, rechazó la acción declarativa de certeza impulsada por la entonces vicepresidenta de la Nación, en su carácter de presidenta del Senado, a los efectos de que el Máximo Tribunal despejara el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, resolviendo que “dicho cuerpo legislativo tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Si es que el Congreso rechaza los vetos, el Gobierno irá a la justicia, invocando que esos proyectos violan la restricción financiera. Ya anticipó el presidente que invocará la norma según la cual los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar esto. “Si no, están violando la Ley de Administración Financiera”, planteó Milei.

Si la justicia falla en contra del Gobierno, es cuando Milei se agranda y anticipa que “el 11 de diciembre lo revierto”. No sería tan así.

En principio, porque necesitaría más votos en las dos cámaras para derogar las leyes que rechazará. Mientras que ahora le alcanzaría con un tercio de al menos una de las dos cámaras para sostener el veto, para derogar una ley necesita que presentar un proyecto que sea aprobado en las dos cámaras. Debería en ese caso el presidente impulsar una ley abrogatoria, que es una propuesta legislativa cuyo objetivo es la eliminación total de una ley existente. Necesitaría mayoría simple para su aprobación en ambas cámaras. Y ya está dicho y repetido que por mejor que le vaya a La Libertad Avanza en las próximas elecciones, por más que el presidente insista en anticipar hablar de “La Libertad arrasa”, no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras. De hecho, no llegará al centenar en Diputados y todavía necesitaría contar con la anuencia de una buena parte de aliados para conseguir aprobar lo que quiera.

“Intentaremos con alguna otra cosa”, anticipó Guillermo Francos, refiriéndose a la alternativa que acabamos de citar. O a esta otra: no puede derogar leyes por decreto… Salvo casos muy específicos, mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), que deben ser revisados y aprobados por el Congreso.

Algo que ya hizo esta misma administración. En los albores de esta gestión, con el mega decreto 70/23, con el que derogó o modificó más de 300 leyes con el objetivo anunciado de desregular la economía y simplificar el marco normativo del país.

Entre las leyes derogadas, estaban la de Alquileres, la de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, el Compre Nacional y la prohibición de privatizar empresas públicas, entre otras. Hubo amparos judiciales que frenaron parcial o totalmente algunas medidas, pero como todo DNU, su validez seguirá dependiendo de que las dos cámaras lo rechacen. Llegado el caso, se verá.

Las leyes de aumento de las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad fueron comunicadas formalmente este lunes desde el Senado a Casa Rosada, con lo cual comienza a correr el plazo para que el presidente Javier Milei tome la decisión de vetarlas total o parcialmente, según lo anticipó.

Luego de su sanción definitiva en la sesión de la Cámara alta del pasado 10 de julio, las normas pasaron por un habitual trámite parlamentario en el cual los textos deben ser revisados por ambas cámaras y salir con la firma de sus autoridades.

De esta manera, a partir de este lunes corren los 10 días hábiles que el Poder Ejecutivo tiene para evaluar si observa las leyes sancionadas por el Congreso. Ese plazo vencerá el próximo lunes 4 de agosto, semana en la que se espera que la actividad legislativa se reanude con fuerza tras el receso invernal.

El tiempo para decidir sobre el veto corresponde a que, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.

No obstante, el artículo 83 establece que, en caso de desechar el Ejecutivo una ley, ambas cámaras pueden insistir en la aprobación de ésta con dos tercios de los votos.

Las fechas de tratamiento de los eventuales vetos coincidirán con fechas clave del calendario electoral: cierre de alianzas y de listas. Sumado a ello, en la Cámara de Diputados hay una agenda pendiente con más temas incómodos para el Gobierno, como proyectos sobre emergencia en pediatría -a raíz del conflicto en el Garrahan- y financiamiento universitario, más el veto sobre la emergencia en Bahía Blanca (ya rechazado por el Senado).

También aguardan con media sanción los proyectos de los gobernadores sobre reparto de fondos, a través de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. De cara a los cierres de alianzas, las órdenes de algunos de ellos serán clave en cómo puedan actuar algunos legisladores. Por lo pronto, en la sesión del Senado no bajaron quienes responden a los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Mientras transcurría la sesión en el Senado del 10 de julio, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei confirmó que vetaría todo lo aprobado por el Congreso y que incluso si no pudiera sostener su decisión con un tercio de legisladores que lo apoyen, judicializará las leyes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también lo ratificó en más de una oportunidad antes y después de la sanción de las normas.

Uno de los argumentos principales del Gobierno para desestimar las leyes impulsadas por la oposición es el de que tales medidas “rompen el equilibrio fiscal” y, además, no plantean fuente de financiamiento.

En este sentido, alegan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que reza: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Fue la normativa que citaron en el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca.

¿Cómo fueron las votaciones?

Bajo el número de Ley 27.791, la norma que prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario de 70 mil a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas, fue aprobada en Diputados por 146 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, cerca de los dos tercios. En el Senado superó ampliamente esa mayoría, al salir con 52 votos a favor y 4 abstenciones.

En el caso de la Ley 27.792, que restituye la moratoria previsional por dos años e introduce una serie de cambios en la PUAM, su aprobación estuvo muy lejos de dos tercios de los votos a favor en cada cámara. En Diputados obtuvo 111 votos positivos, 100 negativos y 15 abstenciones; en tanto, en el Senado cosechó 39 votos positivos, 14 negativos y 1 abstención.

Finalmente, la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, salió con dos tercios de los votos en ambas ocasiones. En la Cámara baja reunió 150 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones (dos tercios sobre los presentes), mientras que en el Senado salió por unanimidad con 56 votos positivos. Producto de este amplio respaldo, desde un sector del oficialismo trascendió la posibilidad de que sea vetada de manera parcial. Se verá.

Una vez confirmados los vetos, el trámite comenzará por la cámara de origen, que en todos los casos fue Diputados.

El jefe de bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, opinó este lunes que "al Gobierno le va a resultar difícil sostener el veto" en las leyes de aumento a las jubilaciones y emergencia en discapacidad.

Más allá de la incidencia de los gobernadores, "que están más condicionados porque están gobernando", dijo, en relación a cómo pueden influir en algunos legisladores, Pichetto consideró que "va a haber insistencia, va a haber dos tercios". "Sería bueno que, en ese caso, el Gobierno lo tome como un elemento de reflexión y análisis", expresó.

En diálogo con radio Splendid, afirmó que "ha sido importante lo que ha hecho la Cámara de Diputados. El Congreso ha tenido una gran responsabilidad en las últimas semanas, abordando temas que el Gobierno no está mirando con atención y con detenimiento y que incluso hasta pueden lesionar su expectativa electoral. Son temas profundamente humanos que deben ser analizados".

Para el legislador, "la propuesta que hizo el Congreso es razonable, como el aumento a los jubilados, que vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y que han sido la víctima principal del ajuste". En este sentido, sostuvo que "habría que buscar otras alternativas de financiamiento" para tratar "de darle una mano a un sector de casi 7 millones de personas que ha perdido fuertemente”.

“El Congreso ha sido razonable y responsable”, destacó. Consultado sobre la emergencia en discapacidad, señaló que "ahí hay una cuestión de sensibilidad humana donde ningún argentino de bien puede estar ajeno. Y también en la emergencia de las inundaciones en Bahía Blanca".

El jefe de Encuentro Federal observó que "hay que lograr un punto de equilibrio entre el orden fiscal tan defendido por algunos sectores de los economistas argentinos y empresarios, y la demanda de humanidad y un planteo de lógica y sentido común que hace falta para atender estos temas".

Además, mencionó otro tema de preocupación como “el deterioro profundo de las rutas nacionales”, sobre las cuales “no hay inversión del Estado nacional” y las provincias reclaman que se les transfieran los recursos del Impuesto a los Combustibles para hacer el mantenimiento, proyecto que deberá tratarse en Diputados.

“Es un tema que preocupa mucho también al plano de las inversiones, porque hay sectores empresarios que miran esto con mucha preocupación y que la verdad para hacer una inversión en la Patagonia, en el sur argentino o en el norte, en el litio o en la minería, es indudable que la logística y los caminos son un tema central”, resaltó.

Finalmente, Pichetto insistió que "el Congreso está trabajando sobre aspectos que el Gobierno no está teniendo en cuenta” y advirtió que “si no accede a avanzar en este tipo de temas, va a tener un costo muy complejo y obliga al Congreso a seguir reclamando".

Las leyes que establecen el aumento de jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad todavía no salieron del Congreso y, por ende, no comenzó a correr el plazo para que el presidente Javier Milei pueda vetarlas, tal y como prometió.

Las normas sancionadas por el Senado en la compleja sesión realizada el jueves pasado fueron giradas por la vicepresidenta Victoria Villarruel -más enfrentada que nunca con Milei- a la Cámara de Diputados en la noche de este martes.

Según explicaron este miércoles desde el entorno del titular de la Cámara baja, Martín Menem, el proceso parlamentario de revisión puede demorar debido a que debe chequearse rigurosamente que no haya errores en los textos y no se trata solo de uno, sino tres.

De esta manera, las leyes aguardan a la firma de Menem para que el Poder Ejecutivo sea notificado formalmente y, a partir de allí, corran los 10 días hábiles que el presidente tendrá para observar parcial o totalmente las normas y publicarse eventualmente los decretos en el Boletín Oficial.

De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”. De allí el tiempo con el que cuenta el Gobierno para tomar la decisión de rechazar una ley del Congreso, tras lo cual ambas cámaras pueden insistir con dos tercios de los votos. Trámite éste que se estima ocurrirá en el caso de estas normas durante agosto, juntándose la cuestión con una fecha clave del calendario electoral: el cierre de las candidaturas a nivel nacional para las legislativas.

Asimismo, el Senado envió las medias sanciones de los proyectos impulsados por los gobernadores para el reparto de fondos a través de ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Hasta este miércoles todavía no habían sido girados a comisiones.

Mientras transcurría la sesión en el Senado, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei ratificó que vetaría todo lo aprobado por el Congreso y que incluso si no pudiera sostener su decisión con un tercio de legisladores que lo apoyen, judicializará las leyes.

Uno de los argumentos principales del Gobierno para desechar las normas impulsadas por la oposición es el de que tales medidas “rompen el equilibrio fiscal” y, además, no plantean fuente de financiamiento.

En este sentido, alegan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que reza: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Fue la normativa que citaron en el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca que el Senado rechazó por unanimidad y ahora también será el turno de la Cámara de Diputados.

Al cruce de este fundamento salió el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, quien aseguró que “en la ley que aprobó el Congreso con amplias mayorías indicamos siete fuentes de financiamiento para afrontar el 0,6% que conlleva la recomposición de las jubilaciones”.

“El nivel de IRRESPONSABILIDAD es SUPERLATIVO. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de cómo las financian NO CUBREN ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza”, cuestionó por su parte Menem el día después de la sanción de las leyes.

El jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, advirtió al Gobierno que el camino del veto al tema jubilaciones “es muy negativo desde el punto de vista electoral” y lo instó a rencausar el camino del diálogo y el consenso.

“El bloque siempre tuvo una postura criteriosa, acompañando a los gobernadores y a los sectores más débiles de la sociedad como jubilados, universidades, Garrahan son temas donde entra la cuestión humana y entra la necesidad de convocar al Gobierno en una cuota de sensibilidad para resolverlos”, planteó Pichetto y remarcó: “El camino del veto en el tema jubilatorio es muy negativo incluso desde el punto de vista electoral”.

Para el diputado, se trata de un “aumento razonable y necesario para un sector que ha soportado el impacto del ajuste en el último año y medio de una manera demoledora y también los empleados públicos. Es un tema también que hay que poner en la mesa de debate”.

“El Gobierno cuando algo no le gusta, sobreactúa y no comprende de que estamos frente a un proceso que las provincias han tenido una gran comprensión y acompañamiento, pero hay cosas muy difíciles de resolver como el deterioro de las rutas nacionales, el cobro del impuesto al combustible por parte del Gobierno que no se distribuye en las provincias. Hay cosas que el Gobierno debería entender que, si no está decidido a hacer obra pública, debe pasarle ese dinero a las provincias para que las mantenga”, explayó.

En esa línea, Pichetto sostuvo: “El Gobierno tiene que entender que muchas veces el factor del diálogo político y consensos lo puede llevar a mejores caminos que la confrontación. Más allá del veto al tema jubilaciones, el Gobierno debería encontrarle alguna propuesta y alguna mejora”, y adelantó: “Yo no estoy de acuerdo con el tema moratoria”.

Durante la entrevista en Radio Mitre, fue consultado acerca de una supuesta reunión que habría tenido con la vicepresidenta, la cual negó rotundamente: “Debería saber cuándo se trata de operaciones políticas y de operaciones que hacen para tratar de j*** la vida “.

“Yo tengo un trato correcto con todo el mundo y en la oportunidad que me junté con la vicepresidenta, lo hice públicamente en el ámbito del Senado, en oportunidad de la convocatoria de la Comisión Bicameral de Cuentas. Tengo un trato correcto, pero yo no me he reunido para nada para analizar ninguna circunstancia de carácter político”, aclaró.

También indicó: “Estamos frente a una operación vil que, haciéndole el jueguito a otro periodista que no la ve, porque siempre está tratando de mortificarme ese sujeto. Dijo que un 50% es creíble. Eso es una pavada, una mentira y una operación infame de un portal que ni siquiera me consulta”.

De esa manera, ratificó: “No estuve reunido, no tengo nada que ver, repito, no tengo nada que ver, y creo que es un grave error, si usted me pregunta, el marco de relación que se ha planteado entre el presidente y la vicepresidenta, es el preanuncio de problemas mayores, este vínculo siempre termina de manera compleja, es un grave error el enfrenamiento porque debilita a la Argentina a nivel nacional".

Sin embargo, luego también expresó: “Hay gente que está jugando ya de operador del gobierno y hacen operaciones, y la verdad ni siquiera se vienen a agarrar el teléfono. Hay una construcción ahí, yo no tengo ninguna construcción con la vicepresidenta. Hay riesgos en el plano institucional de profundizar esta confrontación y repercute en la economía “.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) anticipó que votará a favor de los eventuales vetos del presidente Javier Milei a las leyes sancionadas recientemente en el Congreso, referidas a aumento de jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

“El Estado no puede gastar mas de lo que ingresa”, expresó y habló de normas que "afectan el equilibrio fiscal". El legislador bullrichista dijo que su decisión será apoyar la medida que tome el Ejecutivo en virtud de "sostener el camino que elegimos los argentinos en el 2023 por el 56% de los votos y que será, sin duda, ratificado en octubre próximo”.

Además, el bonaerense aseguró que "no caben dudas que son leyes violatorias de la Ley de Administración Financiera en su artículo 38”.

“Siempre el peronismo, desde 1983 a la fecha, cada vez que recibe un cachetazo de la voluntad popular, hace intentos desesperados para hacer fracasar a las alternativas democráticas. Pero no pasarán. La mayoría de los argentinos ya no les compran el truco y los descubrieron”, lanzó contra la oposición. Además, llamó "a la reflexión" a quienes pertenecen a partidos "que en el pasado fueron víctimas de la misma estrategia destituyente".

Para Milman, “cualquier vecino sabe hoy que el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa. Eso no significa crueldad con los jubilados o con los médicos, o con cualquier otro sector social que no la está pasando bien, fruto del desastre de las gestiones kirchneristas. Es como gastar con la tarjeta irresponsablemente y echarle la culpa a la empresa de tarjetas de crédito cuando nos manda la factura de lo que gastamos”.

“La estrategia del Gobierno es resolver los temas en el orden correcto para llegar a tener salarios dignos, crecimiento económico, jubilaciones de calidad e inversiones que generen más empleo y pongan a la Argentina en el lugar que, por sus condiciones naturales y de capital humano, podría haber estado hace décadas”, concluyó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó este martes cuándo vetará el presidente de la Nación las leyes de jubilaciones y discapacidad que aprobó el Congreso, y afirmó que “no se le puede pedir a un Gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros de la economía argentina”.

“Es muy fácil decir que vamos a aumentar las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, que se emita dinero sin problemas, eso es muy fácil. Pero inmediatamente replica en una inflación desbocada, como pasó en la última parte del Gobierno anterior y en distintos gobiernos de la Argentina”, subrayó.

Francos adelantó que también serán vetados los proyectos de distribución a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles, aprobadas en el Senado, "si llegan a ser convertidas en ley por la Cámara de Diputados”.

“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso las va a vetar”, anticipó y sumó: “Al igual que toda iniciativa que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno”, en declaraciones a Radio Splendid.

El funcionario agregó que la sociedad argentina “está haciendo un enorme esfuerzo para salir de una situación caótica, como la que se encontraba el país cuando asumimos en diciembre del ‘23”.

Los índices de pobreza

En esa línea, Francos expresó que “el Gobierno viene llevando adelante una política que da resultados, porque además de la inflación, asumimos el Gobierno con más del 50% de pobreza y hoy la pobreza está en el 31%”.

“Más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante Gobierno”, aseveró y sostuvo que “si esta política seria se continúa en el tiempo y la lidera como lo está haciendo el presidente de la Nación, los resultados están a la vista”.

Tras destacar que esta disminución de la pobreza “no es un tema menor”, la atribuyó además de a la política antiinflacionaria, a “las políticas sociales que implementó el Gobierno, eliminando el gasto de la intermediación parasitaria de quienes utilizaban a los más pobres como elemento para ganar dinero”.

El jefe de Gabinete recalcó: “Hoy las ayudas a los sectores vulnerables llegan directamente a las personas carentes de recursos, como la Asignación Universal por Hijo que se ha incrementado fuertemente”.

Sin embargo, Francos advirtió que sin recursos “no se puede inventar ni se puede solucionar todo de un día para otro. Los gobernadores reclaman por infraestructura, pero el desastre de infraestructura del país no la generó este Gobierno, lleva mucho tiempo y no es lo único que está roto”. “No hay de dónde sacar hoy los fondos, salvo hacer crecer la economía, entonces esto es un proceso, y no la solución, milagrosa, de emitir dinero”.

Finalmente, Francos respondió al constitucionalista Eduardo Barcesat, quien lo calificó como “imbécil” por sus declaraciones sobre un “golpe institucional” del Senado al aprobar las leyes de jubilaciones y discapacidad, y señaló: “Los imbéciles ven a todos de su misma condición”.

La senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro) ratificó la legitimidad de la sesión del Senado y las leyes aprobadas, al tiempo que afirmó que “no se votaron en contra del Gobierno, sino porque hay que dar respuestas”.

En declaraciones a Radio Mitre, la senadora porteña apuntó contra el presidente: “El clima de odio le pudo haber servido para el agite de una elección, pero no te sirve para gobernar. Claramente ayer había senadores que responden a gobernadores que son dialoguistas que han acompañado y son racionales y ayer votaron. Pero no votaron en contra del gobierno, votaron porque hay que dar respuestas”.

“Este proyecto de aumento a las jubilaciones tiene fuente de financiamiento. El impuesto a las naftas que todos los argentinos pagamos y cuyo impuesto tiene que ir destinado a hacer rutas, que no se están haciendo, van a las provincias tampoco es un gasto nuevo. El Gobierno nacional lo está cobrando y nadie sabe a dónde va porque no hay presupuesto y está destinado a hacer obras de infraestructura vial que no se están haciendo para las provincias no es plata que se saca”, explicó.

En esa línea, explayó: “La fuente de financiamiento del aumento a jubilados son el CIO de empresas que no pagan IVA, son plata que recaudan los entes automotores que no existen más, readecuación de los fondos de la SIDE, no es el plan platita, nunca fui kirchnerista y nunca lo voy a ser esto no es contra el gobierno, es dar respuesta porque el sector que más aguanto el equilibrio fiscal es un 55% los jubilados. No es viable eso, creemos en el equilibrio fiscal, pero si hay de donde sacar para ajustarle la módica suma de 21 mil pesos a las jubilaciones y un bono de 40 mil”.

Tagliaferri señaló que “no es real que la sesión fue ilegal. Entiendo la frustración, pero hay un límite en el sistema democrático. Al presidente lo votó la gente genuinamente y democráticamente y tiene el derecho de hacer los vetos que él quiera, al Congreso también los votó la gente y eso es un sistema de democracia”, y remarcó: “Este es el mismo Congreso que acompañó sus vetos el año pasado. Los senadores nos pudimos reunir y estábamos sobrados de quórum y los proyectos fueron aprobados por amplia mayoría. No es ilegítima y la democracia no es democracia cuando me gusta y sino es tiranía, no funciona así”.

“Las leyes que salieron son legítimas, no sé qué va a pasar en Diputados, pero en el Senado siento que tenemos la posibilidad de insistir en la ley”, anticipó. “El presidente tiene todo el derecho constitucional a vetar y tiene todas las herramientas para poder dialogar, no sé lo que va a pasar en Diputados y lo que va a pasar con los gobernadores. Si abrís mecanismos de dialogo y seguro va a haber mecanismos para acompañar, pero no depende de nosotros”, sugirió.

La senadora del Pro sostuvo: “Si tenes 45 senadores en una democracia, ¿una sola persona puede silenciar a todos? 11 de 17 emitimos opinión en la comisión. Un solo senador no puede callar a todos. Además, es válida porque la presidenta del Cuerpo la inició y el proyecto de gobernadores, que lo acompañe, no importaba el dictamen de la comisión y 44 senadores votamos”.

“Entiendo la frustración del Gobierno, pero se subsana dialogando, buscando mecanismos de consenso no diciendo que es un golpe de Estado. La democracia que funciona es sana. Invitamos al gobierno a volver a conversar. Hemos acompañado en más de una oportunidad los proyectos del Gobierno”, cerró.

Sancionadas las leyes sobre jubilaciones y discapacidad en el Senado, y con la ratificación del presidente Javier Milei de que las vetará, la titular del bloque Innovación Federal en Diputados, Pamela Calletti, afirmó que en su caso acompañará sostener esas normas y observó que esta vez "la foto no es tan nítida" respecto del tercio de legisladores que el oficialismo pueda eventualmente reunir para defender los vetos del Gobierno.

"Espero que el Congreso de la Nación sea realmente un organismo de poder que establezca los límites dentro del marco constitucional", expresó este viernes y dijo: "Hoy tenemos una esperanza de que el Gobierno no logre ese número (de un tercio)".

En ese sentido, la salteña señaló que "la situación de jubilados y personas con discapacidad es absolutamente insostenible" y "hay sectores políticos que acompañaron el veto en su momento y hoy resulta imposible no verlo, hacerse el distraído".

Calletti confirmó que ella estará a favor de sostener las leyes y buscará que los pares de su bloque así lo hagan también. Sobre el antecedente de Innovación Federal en el veto de la ley de movilidad jubilatoria el año pasado, cuando se abstuvieron, recordó que en esa ocasión "ya se sabía que el Gobierno tenía los votos". "Bajar a recinto sabiendo que perdes y no lo podes tratar más por ese año el tema, me parece una locura porque no es eficaz", sostuvo.

Por otra parte, respecto de las iniciativas impulsadas por los gobernadores sobre el reparto de ATN e impuesto a los combustibles, que pasaron a la Cámara baja, la jefa del bloque que reúne a diputados que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro aseguró que "los proyectos de los gobernadores en Diputados van a tener los votos necesarios. Es lo que quiero y además creo que es lo que va a ocurrir. Porque es de una absoluta razonabilidad".

"Hace dos años que este Gobierno asumió, con un gran desequilibrio fiscal y logró el equilibrio a costa, básicamente, del ajuste a la clase media trabajadora, a los jubilados y a los fondos de las provincias", apuntó y cuestionó que "el Gobierno cobró" lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos "y no lo destinó a lo que está previsto legalmente, que es el arreglo de las rutas nacionales".

En declaraciones a radio Futurock, la salteña remarcó que "la plata no es de los gobernadores, los fondos son de las personas que viven en las provincias". "La situación en términos económicos se ha hecho insostenible; y los gobiernos provinciales y la gente aguantaron todo lo que podían aguantar", agregó.

Sobre el anuncio del Gobierno de que judicializará las leyes con costo fiscal, Calletti enfatizó: "El Gobierno cree que vive en una monarquía. El Estado argentino es un sistema republicano, federal y democrático. El presidente tiene que entender que existe un Congreso que tiene competencia y tiene que ejercer. La Justicia interpretara la Constitución y entenderá que el Congreso tiene facultades para determinar políticas públicas".

Tras una jornada de una derrota tras otra para el Gobierno nacional, con la aprobación de distintas leyes y medias sanciones en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que las normas sobre jubilaciones y discapacidad serán vetadas, al tiempo que buscarán que no avancen en Diputados las iniciativas impulsadas por los gobernadores.

Precisamente, sobre los proyectos referidos al reparto de recursos a través de ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles, el funcionario pronosticó que esto será "más dificultoso" de frenar en la Cámara baja, pero "trataremos de que no se aprueben".

En cuanto a las leyes sobre aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, en línea con lo dicho por el presidente Javier Milei, confirmó que "el Gobierno las va a vetar y tendrán que ir de nuevo a la cámara".

"Vamos a explicar por qué no son viables esas tres leyes y confiamos en convencer a los diputados, por lo menos a un tercio de diputados o un tercio de senadores, para que no las ratifiquen", expresó este viernes en declaraciones a radio Mitre.

Y agregó: "El presidente apunta que estas leyes que se aprobaron no tienen indicado cómo se financian y por la Ley de Administración Financiera eso no es legal, por eso el Gobierno va a judicializar".

Pero, además, el jefe de Gabinete señaló que evaluarán "otras objeciones sobre cómo se originaron esas leyes" como, por ejemplo, "la autoconvocatoria a la Comisión de Presupuesto y la sesión del Senado". "Veremos si eso procede", sumó.

Sobre los proyectos pedidos por las gobernadores, el ministro coordinador sostuvo que "las provincias siempre demandan más fondos. Se acerca el período electoral y los gobernadores quieren tener más recursos para enfrentar las elecciones. Obviamente, el Gobierno no quiere desprenderse de recursos como los Aportes del Tesoro Nacional, que son para tratar emergencias nacionales".

"Nunca creo que esté todo roto, siempre hay posibilidad de conversar. Incluso con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales. Las posibilidades de conversación siempre están abiertas. No todos son lo mismo, hay algunos que se dedican a gastar y otros que son más serios en la administración de los recursos", manifestó respecto a la relación con los mandatarios provinciales.

Por otra parte, Francos evitó meterse en la polémica entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien el presidente tildó -sin nombrarla- de "traidora", durante su discurso en la Bolsa de Comercio de la Ciudad.

"Yo creo que dijo ‘traidora’ pero se estaba refiriendo a senadores, no emitió un comentario directo a la vicepresidente. Hizo el comentario sin hacer ninguna referencia concreta. No quiero hacer comentarios sobre eso. Es una opinión del presidente y si está referido a Villarruel él tendrá que decirlo", respondió al ser consultado.

Francos resaltó que Villlarruel ingresó al recinto "cuando ya había quórum" y "cuando los senadores de nuestro bloque dijeron que la sesión era irregular, la vicepresidenta también se retiró".

Mientras la oposición dura en el Senado se anotaba un rotundo triunfo en el recinto con la aprobación por unanimidad del aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la emergencia en discapacidad y eludir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, el presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que vetará todas las leyes que la Cámara alta aprobó este jueves porque “atentan contra el equilibrio fiscal”.

Así lo anunció durante una charla que brindó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Nada de lo que está pasando nos sorprende. Estamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos”.

“Están desesperados porque saben que en octubre la libertad arrasa”, expresó el mandatario y apuntó contra la titular del Senado, Victoria Villarruel quien presidió por momentos la sesión de este jueves: “Por lo tanto, aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.

Al hacer referencia a los aumentos que el Senado convirtió en ley, el presidente señaló que “lo que pasó hoy ya lo sabíamos. Lo más importante es que están desesperados porque saben que en octubre La Libertad arrasa”.

“Todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, remarcó y añadió que “si, en el peor de los casos, la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera resolver en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría sería mínimo, el de una mancha de dos meses que vamos a revertir el 11 de diciembre”.

En ese marco, el Jefe de Estado enfatizó que “la política del superávit fiscal es permanente” y destacó que “no solo logramos estabilizar la economía y salimos en V, sino que se trata de la salida más rápida que se tenga recuerdo de los programas exitosos”.

Al destacar el trabajo de sus ministros volvió a apuntar contra la vicepresidenta a quien tildó de “traidora”: “A esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor Jefe de Gabinete de la historia que es Guillermo Francos”.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros de Economía, Luis Caputo; Defensa, Luis Petri; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También participaron los presidentes de YPF, Horacio Marín; y de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, entre otros importantes referentes, líderes, empresarios y funcionarios.

A las 14.14, con 42 senadores en sus bancas, superando el quórum, la vicepresidenta del Cuerpo, la kirchnerista Silvia Sapag, dio este jueves por iniciada una sesión del Senado impulsada por la oposición autoconvocada. Una sesión clave para el oficialismo más minoritario de la historia parlamentaria argentina, que ha despertado la máxima atención por un temario sumamente adverso para el Poder Ejecutivo.

Durante las estrofas del Himno Nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel bajó para tomar la conducción de la sesión.

Además de senadores de Unión por la Patria, bajaron al recinto un puñado de legisladores de la UCR, la larretista Guadalupe Tagliaferri, por el Pro; y algunos senadores de bloques provinciales como la dupla santacruceña, la rionegrina Mónica Silva y la cordobesa Alejandra Vigo. 

Hay siete temas puestos a consideración. Tres de ellos son medias sanciones emitidas por la Cámara baja el pasado 4 de junio: un aumento para los jubilados; la prórroga de la moratoria previsional, y la declaración de emergencia en discapacidad. Si el Senado los aprueba sin cambios, serán ley. A priori dos de esos proyectos tienen más chances, el aumento y la emergencia, pero el resultado dependerá de cómo se resuelva un debate reglamentario previo en torno al tratamiento que pueda llegar a dársele.

El presidente, dicho sea de paso, ya anticipó que vetará todo si es que el Senado lo aprueba.

Hay también dos proyectos que impulsan los gobernadores, que han tomado un protagonismo especial para esta sesión, dado que tienen que ver con la distribución de fondos. Por un lado, una reforma a la norma que rige al reparto de Aportes del Tesoro Nacional, y por el otro la distribución entre Nación y las provincias del impuesto a los combustibles líquidos.

El temario incluye el debate sobre el veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca y una declaración sobre la resolución de la Justicia norteamericana en el tema YPF.

NOTICIA EN DESARROLLO

El presidente Javier Milei minimizó este miércoles el efecto que podría tener que el Congreso rechazara el veto al paquete de medidas que a su juicio rompe el equilibrio económico. “No pasa nada”, aseguró.

Ante la insistencia del periodista Luis Majul, que lo entrevistó este 9 de julio en El Observador, el mandatario descartó que eso pudiera generar una suba del Riesgo País, el dólar o cualquier cosa que pudiera asemejarse a lo que le pasó a Mauricio Macri en 2017. “Nada de eso va a pasar, porque lo primero que hay que tener en cuenta es la robustez del equilibrio macroeconómico que tiene la Argentina. De todo lo que usted cuenta, que en 2017 rompieron al gobierno de Macri, era porque tenía un déficit fiscal de casi 6 puntos del PBI y un déficit de cuenta corriente del 7 punto del PBI. Era muy endeble macroeconómicamente”. En cambio, dijo que este Gobierno tiene saneado el déficit del Banco Central. “Tenemos básicamente equilibrio fiscal”, resumió.

En el caso de Macri, Milei señaló que él tenía un déficit fiscal de 6 puntos del PBI y un déficit de cuenta corriente de 7 puntos. “Se cometieron una serie de errores, desde lo que fue la conferencia de prensa del 28 de diciembre hasta lo que después fue el impuesto a la renta financiera, y por eso derivó en una debacle. Exactamente, era un equilibrio muy frágil, muy frágil. Ahora no”.

Como sea, aclaró que primero eso tendría que ser tratado en el Senado, y al ser consultado sobre la titular de esa Cámara, Victoria Villarruel, el presidente deslizó: “Veremos qué hace, veremos que defienda los porotos como corresponde. Los pingos se ven en la cancha”.

En el caso de que la titular de la Cámara alta no pudiera evitar que haya sesión, Milei dijo que “habría que ver si la oposición, que tiene cierta afinidad con el Gobierno, está dispuesta a avalar un programa populista destinado pura y exclusivamente a romper el equilibrio macroeconómico para dañar a los argentinos con tal de retornar al poder”.

En el caso de que así sea, Milei aseguró que “todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio. Porque después, cuando los aplastemos en las elecciones, yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad, si fuera por eso”.

“Pasa al Senado, vamos por el veto. Bueno, aplico el veto, sí aplico el veto y tengo los votos para vetar, automáticamente, la economía sigue como ahora, sigue el Riesgo País en estos niveles, la actividad se sigue expandiendo a este nivel”, especuló. Pero en el caso de que le rechacen el veto, Milei anticipó que “lo voy a judicializar”.

“Lo que yo quiero que quede claro es que nosotros estamos absolutamente tranquilos y que si querían hacer la maldad, llegaron demasiado tarde. No les dan los tiempos para causar daño, no tienen tiempo para causar daño. Ese es el caso”, comentó.

Respecto del papel de los jueces, Milei sugirió: “Supongamos que, de repente, a la Justicia le agarra un ataque de sensibilidad y empieza a resolver cosas que antes demandaban un montón de años, y se empiezan a resolver. Lo primero que habría que señalar es que los proyectos que están enviando están violando la restricción financiera. La condición financiera es que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar a esto. Si no, están violando la Ley de Administración Financiera”.

Con lo cual, continuó, “difícilmente, si esto llegara a la Justicia, los jueces fallarían a favor de semejante dislate populista”. Pero en caso contrario, especuló bien a su estilo: “Supongamos que se da toda la constelación de la manga de hijos de puta a la enésima potencia, con ‘N’ tendiendo a infinito, y sale todo así, a pedir de los hijos de puta que quieren romper el país con tal de estar en el poder sin importarles nada si hacen mierda a los argentinos… Bueno, aún en ese caso, esto es muy paradigmático, porque lo que vas a tener es una expansión del gasto, vas a tener una expansión de la cantidad de dinero, y en ese contexto vas a tener que te van a meter un shock de demanda. Con lo cual, me van a generar, previo a las elecciones, un efecto plan platita”.

“La macro está tan sólida y tienen tan poco tiempo, que no van a poder hacer daño, aun en el peor de los mundos: senadores, Villarruel no logra parar a los senadores, los senadores votan populistamente, el veto se cae, la Justicia inusitadamente falla rápido y en contra de la ley… y todo eso se manifiesta, todo eso, la suma de todos los males. ¿Qué pasa? Nada”, garantizó, y remató: “Porque va a haber un efecto plan platita, que además el 11 de diciembre lo revierto”.

“Voy a vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero y el equilibrio fiscal”, fue la advertencia que el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo hacia la oposición en el Congreso ante los eventuales leyes aprobadas que impliquen un costo presupuestario al Gobierno. Y cumplió ya en tres ocasiones.

Este martes, el Gobierno vetó la ley que declaraba la emergencia por inundaciones en Buenos Aires, puntualmente Bahía Blanca. Lo hizo a través del decreto N° 238/25, publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que el veto es total.

La iniciativa había sido aprobada originalmente en Diputados por unanimidad el 12 de marzo –incluido el propio oficialismo-, pero el Senado terminó aprobando otro el pasado 7 de mayo, de autoría de Juliana di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro y Maximiliano Abad, que era muy similar y también salió por unanimidad. Finalmente se convirtió en ley el 5 de junio cuando el pleno del Cuerpo de la Cámara baja ratificó el texto que venía en revisión, pero en esa ocasión los libertarios votaron en contra. El resultado de la votación fue de 153 votos a favor, 32 en contra y ninguna abstención.

La norma creaba un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas por el catastrófico temporal. El Fondo Especial se integrará a través de las reasignaciones de las partidas presupuestarias que ordene disponga el jefe de Gabinete de Ministros. Se destinaría a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada, para reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades económicas que se hayan visto afectadas.

Movilidad jubilatoria la primera ley vetada

La declaración de emergencia a Bahía Blanca es la tercera ley a la que Milei le aplica el veto. Ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores. El primer veto lo firmó contra la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones por considerar que comprometía la sostenibilidad fiscal del Estado.

Tras un consenso entre la oposición más dura y la dialoguista, el 4 de junio se debatió en una extensa sesión el proyecto de ley que establecía una fórmula de movilidad jubilatoria y una recomposición del 8,1% para los haberes de la clase pasiva.

La iniciativa, cuyo dictamen era de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobada por 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país.

Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, Unión por la Patria y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establecía una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.

La iniciativa, cuyo dictamen era de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país.

Los votos a favor fueron 97 de Unión por la Patria; 34 de la UCR; 13 de Hacemos Coalición Federal; 8 de Innovación Federal; 6 de la Coalición Cívica; los 2 de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo del MPN. En tanto, los votos en contra fueron de La Libertad Avanza (36); Pro (30); MID (3); Ricardo López Murphy por HCF, y Buenos Aires Libre (2). Finalmente, las abstenciones correspondieron a la izquierda (5); las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo y Paula Omodeo (Creo).

Dos meses después, puntualmente el 22 de agosto de 2024 el Gobierno sufrió un nuevo revés cuando el Senado de la Nación aprobó definitivamente la ley con 61 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, también con los dos tercios. Los votos positivos de los bloques UP, UCR, Pro, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños del Frente Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En contra, además de los seis senadores libertarios, votó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro).

En menos de 24 horas, el presidente anunció el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Lo hizo a través de un comunicado que fue difundido a través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en donde cuestionaba la iniciativa porque, según el oficialismo, tenía como único objetivo “destruir el programa económico”.

“El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, argumentaron desde Casa Rosada.

Así, anticipaban que “el proyecto sancionado con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.

Esa advertencia se cumplió el 2 de septiembre cuando el presidente firmó el veto completo de la norma con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 782/2024, que constaba de tres artículos, el primero de los cuales observaba en su totalidad el proyecto de ley, mientras que en el segundo indicaba la devolución a Congreso del proyecto. De esta manera, el Parlamento disponía de la potestad de decidir si aceptaba el veto o insistía con la iniciativa. Y así lo hizo la oposición.

El texto volvió a la Cámara de Diputados en su carácter de cámara de origen donde debía ser aprobado con los dos tercios de los votos de los presentes y, si eso ocurría, el mismo proceso debería pasar en el Senado, pero eso no sucedió.

Con una gran movilización a las afuera del Congreso, el 11 de septiembre se convocó a una sesión en la Cámara baja que había sido solicitada por diputados de la UCR, Encuentro Federal y la CC. Finalmente, el oficialismo se alzó con el triunfo y logró blindar el veto presidencial contra la ley de movilidad jubilatoria tras contar con la ayuda de sus aliados y un grupo de cinco radicales.

Con el ojo puesto en las ausencias que achicaban mayorías para un lado y para el otro, por sobre todo en aquellos legisladores que respondían a sus gobernadores, el timón giró a favor de La Libertad Avanza y la votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes. Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.

Un día antes de la sesión convocada, el Gobierno había mantenido una reunión en Casa Rosada con cinco diputados de la UCR: Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier, quienes después de ese encuentro confirmaron que darían vuelta su voto (tres meses después fueron expulsados del Comité Nacional de la UCR). Solo Tournier no había estado en junio, pues todavía no era diputado. Ello, desató una fuerte interna dentro de la bancada radical. Al igual que ellos, también otros legisladores cambiaron de postura, incluso algunos de Unión por la Patria que responden a sus gobernadores.

Así las cosas, ocho radicales cambiaron su voto (de 7 afirmativos y un ausente a 5 negativos, 2 ausentes y 1 afirmativo); UP aportó por la afirmativa 97 en junio y 98 esta vez; el Pro cambió ausentes por negativos y uno pasó al apoyo de la ley; Innovación Federal modificó la posición a favor por la abstención; la izquierda pasó de abstenerse a acompañar; y el oficialismo solo perdió el voto de la mendocina Arrieta, quien ya no forma parte del bloque. Su logro fue haber construido los dos tercios con aliados y el puñado de radicales.

Financiamiento Universitario, la segunda ley vetada

Previamente a que el oficialismo lograra blindar el veto a la movilidad jubilatoria, el 15 de agosto la oposición llevó al recinto de la Cámara de Diputados el tema del financiamiento Universitario que proponía garantizar mayores fondos para las Casas de Altos estudios de carácter público durante todo el 2024.

Tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas, recibió la media sanción el segundo dictamen de minoría correspondiente al bloque radical, de los cuatro que se habían presentado. La votación resultó con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri.

Un mes después, precisamente el 13 de septiembre, la ley se sancionó en el Senado con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del Pro Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.

El 2 de octubre, Milei vetó la norma bajo el Decreto 879/2024, poco después de la Marcha Federal Universitaria. El presidente, justificó la decisión al argumentar que el financiamiento debía discutirse en el marco del Presupuesto Nacional 2025 y no mediante leyes “populistas”.

El veto fue ratificado en una sesión que se llevó a cabo en Diputados el 9 de octubre y la oposición no pudo salvar la Ley de Financiamiento Universitario. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 159 votos positivos, 85 negativos y 5 abstenciones.

En menos de un mes, el oficialismo anotaba una victoria más al lograr un tercio de legisladores que le permitieron sostener la decisión presidencial del veto, quienes fueron calificados por el presidente Javier Milei como los “85 héroes”.

A La Libertad Avanza los acompañaron sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-; 2 del Movimiento de Integración y Desarrollo; 3 tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; la monobloquista de CREO Paula Omodeo; y 4 diputados de la UCR -Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier-. También lo hizo José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, alineado al gobernador Claudio Vidal; sin embargo, su compañero votó en contra del veto. En tanto, el radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei y había apoyado el veto sobre jubilaciones, se abstuvo en esa ocasión.

El veto, un as bajo la manga de Milei

Esta herramienta Constitucional que Milei convirtió en un “as bajo su manga” está establecido en la Constitución Nacional, cuyo artículo 83 especifica: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

En concreto, esto significa que el camino que debe hacer el veto es: si una ley fue aprobada por mayoría especial en Diputados y, quizás también en el Senado, el Poder Ejecutivo puede vertarla sin importar el número con el cual fue sancionada. No importa si fue por unanimidad o dos tercios. La puede vetar total o parcialmente.

Las cámaras pueden insistir, pero esa insistencia, para ser válida, tiene que ser también, sí o sí, por los dos tercios. En ambas cámaras. En ese caso, de suceder eso, el presidente ya no puede hacer nada al respecto. En el caso de que las cámaras insistan, pero no se alcancen esas mayorías especiales necesarias, el tema no puede volver a ser tratado durante todo el año legislativo. Cabe aclarar que cuando se habla de 2/3, estamos hablando de legisladores presentes.

Una vez más el Gobierno nacional utilizó la herramienta del veto contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación, en este caso lo hizo contra la ley que declaraba la emergencia en la provincia de Buenos Aires, especialmente en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, por las inundaciones de marzo de 2025.

La medida fue a través del Decreto 238/2025 que fue publicada este martes en el boletín Oficial y, a raíz de eso, la oposición dura reaccionó contra el Gobierno a través de las redes.

“Decime que sos un gobierno desalmado y cruel sin decirme que sos un gobierno desalmado y cruel”, escribió la senadora nacional y jefa del bloque unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, impulsora del proyecto en el Senado.

Mientras se siguen asignando millones de dólares al pago de los intereses de la deuda, se niega una ayuda fundamental para que miles de bonaerenses puedan superar la tragedia que significaron las inundaciones.

Nuevamente, estamos ante una muestra más del cinismo, la… pic.twitter.com/mrYivj3RLY

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 24, 2025

Por la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade calificó de “vergüenza” el decreto y apuntó contra el presidente Javier Milei y el bloque Pro. “Vetó totalmente la Ley 27.790, que disponía ayuda para la reconstrucción de los daños provocados por las inundaciones en Bahía Blanca”.

“La verba castellana no inventó la palabra exacta para calificarlo. Es de esperar que nuevamente en el Congreso, los y las diputadas de la Pcia de Bs As estemos a la altura. Si no es por justicia y sensibilidad, que sea por conveniencia electoral...pero que sea”, bregó y planteó que los “candidatos bocas cloacas que no se acerquen a Bahía Blanca, por decoro”, arrobando al libertario José Luis Espert y al senador provincial Andrés de Leo.

OTRA CANALLADA MÁS

Milei vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. Dejó en claro sus prioridades: no hay plata para asistir a las familias que lo perdieron todo y reconstruir la infraestructura, pero sí hay millones para espiar y blindar el ajuste con…

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 24, 2025

“MEMORIA”, tituló el diputado santafecino Esteban Paulón quien manifestó de cara a las elecciones: “Que la falta de empatía y el abandono del gobierno de Milei al pueblo bahiense y bonaerense NO nos sea indiferente. Recordémoslo para cuando vengan a pedir el voto”.

La diputada de UP Sabrina Selva sumó: “SÍ hay plata. Lo que no hay son prioridades. Hoy Milei vetó la emergencia en Bahía Blanca negando 200 millones de dólares para los inundados, pero asignó por DNU 2.000 millones de dólares para pago de ‘comisiones’ e ‘intereses’ de la deuda. La crueldad de este gobierno no tiene límites”.

“Milei vetó la emergencia por el temporal en Bahía Blanca. Desprecia a las provincias, al Estado y a su propia gente. No hay empatía, no hay gobierno, no hay patria. De espaldas al dolor, a la urgencia, a la vida. Esto no es austeridad: es abandono”, criticó la diputada Constanza Alonso (UP).

Por el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo expresó: “Milei vetó la Ley de Emergencia para enviar fondos a Bahía Blanca por las inundaciones. Hay que derrotar este nuevo veto infame”.

LECTURA SINTÉTICA DEL BOLETÍN OFICIAL

✔️Se veta una ley y se niegan 200 millones de dólares para inundados de Bahía Blanca

✔️Se aprueba un DNU y se asignan 2.000 millones de dólares para pago de "comisiones" e "intereses" de la deuda.

Eso es Milei.

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) June 24, 2025

En el año y medio que lleva en el poder, el mileísmo ha tenido sesiones complicadas, y semanas negras en el Congreso. Pero si se analiza por los resultados, la sesión del miércoles/jueves pasado debería ser considerada como la más adversa en cuanto a resultados. Ese día la oposición le endilgó tres derrotas consecutivas, contabilizando los proyectos impulsados muy a pesar del oficialismo y que obtuvieron media sanción. No se recuerda en ese sentido una jornada más negativa en ninguna de las dos cámaras.

Figura en el haber del oficialismo en general y del presidente de la Cámara en particular haber logrado controlar -no sin gran esfuerzo- la embestida combinada para definir el destino de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA. La controversia demandó las tres primeras horas de la sesión -contando el cuarto intermedio en el que Martín Menem consiguió poner el tema en caja-, y se cerró de momento la discusión sin señales de que la oposición pudiera conseguir su objetivo. Y por otra parte, al final también celebró el oficialismo cuando la oposición se quedó sin quórum para votar los dos emplazamientos que tenía previsto imponer, por el Hospital Garrahan y el financiamiento universitario. La oposición deberá trabajar duro para conseguir una nueva sesión, e intentarlo nuevamente, esta vez al principio de una sesión, cuando el quórum esté garantizado.

Pero bueno, no se puede pedir todo, como deslizó más de un diputado crítico ya bien entrada la madrugada del jueves. Tampoco se pueden quejar, como se ve.

El destino del veto

Más allá del resultado concreto obtenido con los proyectos aprobados, otro éxito de la oposición fue haber cosechado votos impensados, como así también ausencias notorias, que es otra manera de votar. Ese es uno de los logros simbólicos más contundentes de la última sesión de Diputados y que debe llenar de inquietud al Gobierno.

Pasa que los tres proyectos aprobados la última semana conseguirán pasar por el Senado sin mayores problemas, se supone. Tal vez la moratoria corra mayor riesgo, porque se aprobó “raspando” en Diputados; un destino más probable hubiera tenido el dictamen de minoría, si fracasaba de entrada el impulsado por UP y la izquierda, pero esa ya es otra cuestión. El tema es que todo indica que esos tres (o dos) proyectos conseguirán más temprano que tarde la sanción definitiva y arrancará a continuación el minué del veto.

El presidente se ufanaba el año pasado de haber conseguido blindar su poder de veto luego de haber logrado en Diputados refrendar los que firmó contra las jubilaciones y universidades. Habló de los “87 héroes” y hasta los invitó a comer un asado en Olivos. Pero la duda es si esas 87 voluntades aún persisten. A juzgar por lo observado el miércoles 4 de junio, eso hoy estaría opinado. De eso hablaba Miguel Pichetto cuando el año pasado en una sesión le recriminó al presidente conformarse con haber reunido un tercio en su favor, en lugar de buscar mayorías.

Ese núcleo del que se ufanaba Milei estaba compuesto entonces por 38 diputados de La Libertad Avanza, 32 del Pro, 5 de lo que hoy es el bloque Liga del Interior, los 3 tucumanos de Independencia, los 3 del MID, las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo, los 2 de Futuro y Libertad (entonces parte del Pro) y la tucumana Paula Omodeo.

Aquí están, estos son

La Libertad Avanza (39)

ALMIRON, LISANDRO

ANSALONI, PABLO

ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTO

ARAUJO, MARIA FERNANDA

BENEDIT, BELTRAN

BENEGAS LYNCH, BERTIE

BONACCI, ROCIO

BORNORONI, GABRIEL

CORREA LLANO, FACUNDO

D'ALESSANDRO, CARLOS

DIEZ, ROMINA

EMMA, NICOLAS

ESPERT, JOSE LUIS

FERREYRA, ALIDA

GARCIA, CARLOS

GONZALEZ, GERARDO GUSTAVO

HUESEN, GERARDO

KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA

LEMOINE, LILIA

LLANO, MERCEDES

MACYSZYN, LORENA

MARQUEZ, NADIA

MARTINEZ, ALVARO

MAYORAZ, NICOLAS

MENEM, MARTIN

MONTENEGRO, GUILLERMO

MORENO OVALLE, JULIO

OROZCO, EMILIA

PAGANO, MARCELA MARINA

PAULI, SANTIAGO

PELUC, JOSE

PIPARO, CAROLINA

PONCE, MARIA CELESTE

QUINTAR, MANUEL

SANTILLAN, JULIANA

SANTURIO, SANTIAGO

TREFFINGER, CESAR

VILLAVERDE, LORENA

ZAPATA, CARLOS RAUL

Pro (32)

AJMECHET, SABRINA

ARABIA, DAMIAN

ARDOHAIN, MARTIN

AVICO, BELEN

BACHEY, KARINA ETHEL

BALLEJOS, NANCY

BESANA, GABRIELA

BIANCHETTI, EMMANUEL

BONGIOVANNI, ALEJANDRO

BRAMBILLA, SOFIA

DE SENSI, MARIA FLORENCIA

CAPOZZI, SERGIO EDUARDO

FERNANDEZ MOLERO, DAIANA

FIGUEROA CASAS, GERMANA

FINOCCHIARO, ALEJANDRO

GIUDICI, SILVANA

IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO

LASPINA, LUCIANO ANDRES

LOMBARDI, HERNAN

LOSPENNATO, SILVIA

MAQUIEYRA, MARTIN

MILMAN, GERARDO

NUÑEZ, JOSE

QUIROZ, MARILU

RITONDO, CRISTIAN

RODRIGUEZ MACHADO, LAURA

SANTILLI, DIEGO

SOTOLANO, MARIA

TORTORIELLO, ANIBAL

VASQUEZ, PATRICIA

VIDAL, MARIA EUGENIA

YEZA, MARTIN

Liga del Interior (5)

ARJOL, MARTIN

CAMPERO, MARIANO

CERVI, PABLO

PICAT, LUIS ALBINO

TOURNIER, JOSE FEDERICO

Independencia (3)

FERNANDEZ, AGUSTIN

FERNANDEZ, ELIA MARINA

MEDINA, GLADYS

MID (3)

FALCONE, EDUARDO

IBAÑEZ, MARIA CECILIA

ZAGO, OSCAR

Producción y Trabajo (2)

MORENO, MARIA DE LOS ANGELES

PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA

Futuro y Libertad (2)

CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE

RAZZINI, VERONICA

Creo (1)

OMODEO, PAULA

Hoy por hoy, a juzgar por las votaciones de los tres proyectos en cuestión de la última sesión, ese tercio no estaría garantizado.

Todo es muy variable y se supone que los acuerdos mantenidos a lo largo de todos estos meses pueden restablecerse en una sesión definitiva como será la que convoquen para definir sobre los vetos seguros que aplicará el presidente. Pero hay que tener en cuenta que todos los votos valen muchísimo en esas circunstancias, lo cual implica que no alcanza con recuperar los votos de uno, dos o tres enojados, sino absolutamente todos. Un tercio es un tercio. Esto es, con asistencia perfecta, 85 u 86 diputados votando a favor del veto.

Veamos las lealtades que fallaron cuando miramos a los gobernadores. Los tres diputados tucumanos de Independencia, que responden a Osvaldo Jaldo, votaron por primera vez contra el Gobierno nacional. Lo mismo hicieron las dos diputadas alineadas con el salteño Gustavo Sáenz, y una de las que reportan al gobernador sanjuanino (la otra se ausentó). A la hora de votar, no estuvieron en sus bancas los diputados que responden a los gobernadores de Misiones y Río Negro, cuyo gobernador se quejó con dureza esta última semana por el estado de las rutas y la falta de obra pública para repararlas. Tampoco estuvo el diputado varón alineado con Sáenz. Toda una novedad que Innovación Federal (8 diputados) no haya apoyado al Gobierno esta vez.

También votó a favor del aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad Osvaldo Llancafilo, que responde al gobernador neuquino, en tanto que con la moratoria se abstuvo. Y retacearon su apoyo los diputados que reportan al gobernador Raúl Jalil, de Catamarca; los de los mandatarios radicales de Jujuy y Santa Fe, y se ausentaron dos diputados del otrora monolítico bloque de los “radicales peluca”.

Por si todo esto fuera poco, 9 diputados del Pro se abstuvieron en la votación de los aumentos a los jubilados. Además, uno de esa bancada (Héctor Baldassi) votó todo a favor.

Veamos un detalle de los votos para cada votación de las tres leyes clave del miércoles pasado.

Aumentos a Jubilados

Votaron a favor 93 diputados de UP. Entre ellos, los catamarqueños Silvia Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil, mientras que Fernanda Ávila se ausentó. También faltaron los santiagueños Celia Campitelli y José Gómez.

Votaron a favor la diputada Melina Giorgi, alineada con el gobernador Pullaro de Santa Fe; los jujeños Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura; el santacruceño Sergio Acevedo; el neuquino Osvaldo Llancafilo; las salteñas Pamela Calletti y Yolanda Vega; la sanjuanina Nancy Picón Martínez, y los tres tucumanos de Independencia: Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina.

También votaron en contra la exlibertaria Lourdes Arrieta, Héctor Baldassi (Pro) y 4 miembros del bloque radical: Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Julio Cobos y la ya citada Natalia Sarapura.

Veamos las abstenciones, que también cuentan. Mencionamos a 9 del Pro, a saber, Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina Silvia Lospennato, Ana Clara Romero (que responde al gobernador de Chubut Nacho Torres), María Sotolano y María Eugenia Vidal.

Del bloque UCR se abstuvieron 8: Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Martín Tetaz y Pamela Verasay. Y de Por Santa Cruz, se abstuvo José Luis Garrido.

Entre los 28 ausentes estuvieron los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; el rionegrino Agustín Domingo, y el ya citado salteño Pablo Outes, por Innovación Federal.

Del Pro, no estuvieron a la hora de votar el misionero Emmanuel Bianchetti, Alvaro González y José Núñez, hasta ahora muy alineado con el bullrichismo.

Faltó el chubutense Jorge Avila, igual que la sanjuanina María de los Angeles Moreno. Tampoco estuvo la exPro Verónica Razzinni.

Otra novedad fue sin dudas la ausencia de dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone; y por supuesto la de 2 radicales peluca: Martín Arjol y Mariano Campero.

Moratoria previsional

Llamó la atención el resultado, y los primeros sorprendidos fueron los diputados de Unión por la Patria, a juzgar por la algarabía que se desató cuando el tablero marcó la aprobación con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones.

Uno de los sorprendidos parece haber sido Miguel Pichetto, quien no obstante -viejo lobo de mar- se la vio venir y pronunció su voto negativo a viva voz durante la votación nominal. Dicen que se molestó mucho incluso con Nicolás Massot por ese resultado.

De Unión por la Patria volvieron a votar a favor los catamarqueños Silvana Ginocchio, López Rodríguez y Sebastián Nóblega, ausentándose Fernanda Avila.

Nuevamente alzaron su mano a favor los tres tucumanos de Independencia y las dos salteñas Calletti y Vega, más la sanjuanina Picón Martínez.

Además, votaron a favor el santacruceño Acevedo, Lourdes Arrieta.

Entre las abstenciones hay que destacar a la entrerriana Marcela Antola (alineada con el gobernador Rogelio Frigerio), la santafesina Melina Giorgi, el santacruceño José Luis Garrido y el neuquino Llancafilo.

Se repitieron las ausencias notorias de los “peluca” Campero y Arjol y los dos del MID.

Emergencia en discapacidad

El tablero marcó con la votación de la emergencia en discapacidad 148 votos a favor, pero fueron en realidad 150, con los votos a viva voz de Paula Penacca y Rodrigo de Loredo, que habían figurado ausentes, pero estaban. Esos 150 votos marcan que ese proyecto fue aprobado por 2/3, con los que con el mismo número de presentes alcanzarían para blindar el veto.

La votación fue similar a las otras en UP, contó con la adhesión de las dos salteñas de Innovación Federal, el neuquino Llancafilo y la sanjuanina Picón Matínez. También el macrista Héctor Baldassi y en este caso los dos santacruceños del gobernador Claudio Vidal, Acevedo y Garrido.

Lourdes Arrieta también apoyó, lo mismo que los tucumanos de Osvaldo Jaldo.

Del MID, solo rechazó Cecilia Ibáñez, pues Zago y Falcone figuraron ausentes, mientras que por el Pro se ausentaron Emmanuel Bianchetti, Alvaro González, Silvia Lospennato y José Núñez. De ese bloque se abstuvo Karina Bachey. Lo hizo también el entrerriano Francisco Morchio, que reporta al gobernador Frigerio.

Como se ve, un análisis pormenorizado muy interesante a la hora de que el Gobierno deba armar el poroteo correspondiente para auscultar cuántas voluntades necesita recuperar para poder garantizar la vigencia de los vetos que, inexorablemente, Javier Milei refrendará.

Tras un nuevo triunfo de la oposición en la Cámara de Diputados, con la media sanción de los proyectos sobre aumento de jubilaciones y moratoria previsional, el presidente Javier Milei aseguró que vetará cualquier medida que vaya contra el déficit cero.

Así lo expresó a través de su red social X: "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin".

En reposteos de otras cuentas ligadas al mundo libertario, Milei compartió mensajes contra Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, diputadas del Pro, que se abstuvieron en el caso de la iniciativa que plantea un incremento del 7,2% en todos los haberes previsionales -excepto los regímenes especiales- y un aumento del bono de 70 a 110 mil pesos.

En la previa de la sesión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había manifestado en dos ocasiones que el Gobierno vetaría cualquier ley que tenga un costo fiscal que a su consideración altere las cuentas. Incluso, el equipo económico se reunió con Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y estimó que los proyectos sobre jubilaciones y emergencia en discapacidad significarían un 1,8% del PBI, traducido en 12 mil millones de dólares.

Desde la oposición, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro le contestó al presidente que la iniciativa sobre suba de jubilaciones "prevé fuentes de financiamiento claras, concretas y sostenibles", y enumeró el IVA para directores de empresas, Ganancias para Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), fondos de entes cooperadores, ahorro por intereses del FMI, fondo anticíclico y gastos reservados de la SIDE".

"Ah, y también puede revisar los más de $29.000 millones que gasta su vocero presidencial y ahora legislador electo, Manuel Adorni", agregó.

Por su parte, la vicepresidenta del interbloque Unión por la Patria en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, le reclamó: "No se te vio tan preocupado por el déficit cuando le aumentaste 1500% los gastos turbios de la SIDE".

"Los senadores vamos a apoyar el aumento a los jubilados porque nuestro compromiso es con el pueblo argentino. Fin", respondió el senador de UP Mariano Recalde.

Sr. Presidente:
La media sanción NO pone en riesgo el equilibrio fiscal. Al contrario, prevé fuentes de financiamiento claras, concretas y sostenibles. Le explico punto por punto cómo se financia el 0,6% del PBI para poder recomponer los haberes jubilatorios.

1️⃣ IVA para… https://t.co/7yLAjcxGU6

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 5, 2025

Crueldad explícita.

Mientras hace más de 10 horas debatimos en el Congreso buscando consensos, y antes de terminar la sesión, el gobierno anuncia vetos a todo lo que consigamos esta noche.

El aumento a los jubilados no genera déficit. Se basa en una estructura de… https://t.co/HVSkH68M6E

— Mariela Coletta (@marielacoletta) June 5, 2025

Los senadores cobran 9,5 millones por mes. Si no votan la moratoria, la actualización de haberes y el bono (muy modesto), y la emergencia en discapacidad, serán repudiados por millones. Igual que Milei y toda su banda. https://t.co/Fr8TGUpPjg

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 5, 2025

Este lunes la Cámara de Diputados oficializó la sesión solicitada por la oposición para tratar, una vez más, régimen previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, pero el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Poder Ejecutivo vetará la ley en caso de que apruebe porque “no están los recursos para afrontar esos nuevos gastos”.

“¿De dónde van a salir los recursos para sostener el incremento? No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar. No es magia, si no están los recursos posibles no se pueden establecer los gastos”, expresó el funcionario.

En declaraciones a Radio Rivadavia el jefe de Gabinete consideró que, antes de hablar de jubilaciones, es necesaria una reforma laboral “para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional”.

Pese a ello aclaró que “una reforma laboral no va a tener impacto inmediato”, porque llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro”, y agregó que además será necesaria también “una reforma tributaria”.

Por otro lado, Francos afirmó que esta semana estará listo el proyecto de ley que se enviará al Congreso para permitir que los ahorristas puedan utilizar dólares no declarados para realizar compras de bienes sin que se les solicite a través de la ARCA el origen de esos fondos.

“Muchos de esos dólares son dinero blanco que se ha hecho negro al comprar dólares en el mercado paralelo para mantener el valor de los ahorros”, dijo y explicó que “la gente lo ha hecho siempre por temor al peor de los impuestos que ha tenido la Argentina que es la inflación”.

Este proyecto, añadió, “garantiza que todos aquellos que utilicen sus dólares ahorrados para comprar cualquier cosa no se les va a pedir el origen de estos fondos”, y estimó que el oficialismo va a tener el número suficiente de votos en el Congreso para aprobar esta iniciativa.

“Siempre que hemos intentado aprobar proyectos de trascendencia hemos obtenido los votos y, si no lo logramos, quienes se opongan tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué se oponen”, subrayó.

En el plano político, Francos confirmó que de cara a las elecciones bonaerenses “hay una vocación muy fuerte y acuerdos de trabajo conjunto con el Pro”, apuntando no solo a lo electoral sino a “trabajar juntos para transformar la Argentina de una nación populista a una nación con libertad”.

Consultado sobre el conflicto en el Hospital Garrahan sostuvo: “Hay una disputa donde se han montado reclamos legítimos con reclamos que no son tan legítimos. Hay muchos ñoquis, eso es claro”, y aseveró que pese a “un intento gremial de prohibir el control facial, ese control va a ser puesto en funcionamiento".

La senadora nacional Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) consideró que la ratificación al veto de la ley de financiamiento universitario es una “victoria pírrica” para el Gobierno, ya que ley establecía la actualización salarial hasta fin de este año y la discusión continuará en el Presupuesto 2025, que ya está en tratamiento del Congreso.

Ante el paro nacional convocado en las universidades, la rionegrina se refirió a la importancia de que se alcance una “pacificación” en el conflicto, y reivindicó a la paritaria como un instrumento importante por el que se establece la negociación entre las dos partes, tanto por salarios como por gastos de funcionamiento.

Sobre la justificación gubernamental del veto, por supuesta ausencia de auditorías en las universidades, la legisladora recomendó al oficialismo que lean los informes publicados dejando de lado “su pereza mental” y utilicen “el tiempo que usan en Twitter para ocuparse verdaderamente de los datos que están disponibles”.

En declaraciones radiales, Silva afirmó que la universidad pública es la que “nos permite crecer y ejercer un ascenso social. Cuando uno consigue un título, lo que ha ocurrido es un proceso de sistematización del conocimiento, de disciplina y de ejercicio de la voluntad que se requiere para obtener ese logro". "Ese esfuerzo genera mejora en las comunidades y abre las puertas al mundo del trabajo”, agregó.

Asimismo, lamentó que con sus planteos el Gobierno nacional “está en contra de las clases populares que accedemos a esos títulos con mucho esfuerzo y de las próximas generaciones que pudieran tal vez ingresar y por esta vía obtener sus títulos universitarios”.

A través de su perfil en la red social X, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le envió un mensaje especial a los legisladores del Pro que acompañaron al oficialismo en el objetivo de sostener el veto a la ley de financiamiento universitario.

"Quiero AGRADECER EXPRESAMENTE a cada uno de los diputados nacionales del @proargentina @prodiputados que ayer brindaron no solo su apoyo en la ratificación del rumbo del gobierno, sino que también nos respaldaron con propuestas superadoras respecto al presupuesto universitario", escribió el riojano.

En un posteo anterior también había mencionado a Héctor "Tito" Stefani, pero después lo editó. El fueguino fue el único ausente de la bancada que conduce Cristian Ritondo, a raíz de encontrarse con un grave problema de salud.

De los 37 presentes por el Pro, sólo dos diputados se diferenciaron de su bloque y votaron junto a la oposición por la insistencia de la ley: el porteño Álvaro González y el cordobés Héctor Baldassi, cercanos al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Así, fueron 35 los legisladores del Pro que armaron con LLA (39 en total) el tercio de los presentes para blindar el veto, junto a 4 de la UCR, 3 de Independencia, 2 del MID, 1 de CREO y 1 de Por Santa Cruz.

El Gabinete de Javier Milei salió a celebrar en redes que se haya ratificado el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario, en línea con la premisa oficialista de mantener el equilibrio fiscal. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “el veto a la ley de financiamiento universitario es una decisión responsable y necesaria para garantizar el equilibrio fiscal y el déficit cero”. “Nuestro compromiso desde el gobierno es llevar adelante una administración seria que haga un uso eficiente de los recursos públicos en favor de todos los argentinos”, agregó. 

Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, escribió: “Hoy es un día histórico. Se votó terminar con el ostracismo de la vieja política, y se reforzó el rumbo de la transparencia y el orden económico que nos va a sacar de la decadencia populista. VLLC!!”. 

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende la Secretaría de Educación, dijo que reconocen “la importancia del equilibrio fiscal como una política central, y la Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave para preservarlo al detener la Ley de Financiamiento Universitario”. “Seguimos comprometidos con una educación pública de calidad, por eso consideramos esencial auditar las universidades y asegurar un uso responsable de los recursos públicos”, señaló. 

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, manifestó que “sostener el veto es fundamental para cumplir con el compromiso central de esta gestión: el equilibrio fiscal y el déficit cero son innegociables. Esta era una ley que sometía al Estado a hacerse cargo de un gasto del que no dispone. Las reglas son claras: si una ley necesita financiamiento, se debe informar de dónde sale ese dinero”. 

A cargo del operativo de las fuerzas de seguridad que se montó este miércoles en los alrededores del Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de un “triunfo heroico de los diputados que preservaron el equilibrio fiscal y trabajan por una universidad con libertad”. 

“¿Qué pasó estos años? La universidad se convirtió en un burdo local partidario donde castas políticas la privatizaron y se la apropiaron. Liberar a la universidad es luchar por la calidad y la accesibilidad. Hay muchos que lo saben y callaron. ¡No nos callamos! Este es el cambio cultural que lidera el Presidente @JMilei”, enfatizó la funcionaria. 

Escueto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó que “el equilibrio fiscal es política de Estado: es absolutamente innegociable. Fin”. 

Durante su discurso en la sesión de este miércoles, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro observó que, en la previa de la sesión, “apareció la plata” para el conflicto salarial docente universitario, con el objetivo de “tratar de sumar mayor cantidad de diputados y para impedir que tengamos los dos tercios”. “Había plata para que sea retroactivo a partir de abril de este año. ¡Mentirosos, estafadores! Y hay que decirlo con todas las letras, a lo que nos están llevando es a un claro conflicto de poderes”, enfatizó. 

“Venimos acá para no darle la espalda a la universidad pública y para ratificar e insistir con la ley de financiamiento universitario, y para desandar las mentiras que se han instalado con la ley que este Congreso ha sancionado y el presidente de la Nación decidió vetar de manera absoluta”, señaló. 

El porteño aseguró que desde el oficialismo “mienten a la hora de decir que no establecimos las auditorías. Mienten oficialistas y colaboracionistas al decir que no quisimos debatir un nuevo sistema de reparto de financiamiento universitario cuando propusimos -y La Libertad Avanza, el Pro y Unión por la Patria votaron en contra de modificar el artículo 58 de la Ley de Educación Superior- una nueva fórmula polinómica para mejorar y potenciar las carreras estratégicas, para establecer la cuestión vinculada a la cantidad de alumnos y egresados de las universidades”. 

“Mienten porque con lo que se han tomado por el superávit del desmanejo o manejo de los fondos fiduciarios en estos primeros seis meses, son 796.000 millones de pesos contra los 734.000 millones de pesos que es esta ley, nada más y nada menos que un 0,14 del PBI. Dejen de mentir, dejen de decir que somos degenerados fiscales, cuando desde abril hasta la fecha insistimos en la Comisión de Educación, y se lo planteábamos al secretario (de Educación, Carlos Torrendell) y al impresentable del subsecretario de Política Universitaria (Alejandro Álvarez)”, continuó. 

El legislador afirmó que “el presidente tiene la facultad constitucional de vetar, pero este Parlamento también tiene la facultad constitucional de insistir. Digamos las cosas por su nombre, es el financiamiento a la educación superior, pero también es un debate maniqueo, peligroso, perverso, sobre qué queremos hacer con la educación superior en la Argentina”. 

“Dejen de mentir, debatamos cumpliendo la Ley de Educación Superior, debatamos cumpliendo la cláusula del progreso de la Constitución Nacional, que manda a tener un criterio de justicia constitucional, a defender la libertad igual, pero libertad con equidad, igualando los pisos de partida de millones de argentinos”, expresó. 

Más adelante, Ferraro se preguntó: “¿Qué pretendemos? ¿En nombre del equilibrio fiscal, de la racionalidad, abandonar, y se lo digo a nuestros excolegas de Juntos por el Cambio, abandonar la empatía, la alteridad, y la mirada del rostro humano a la hora de definir las políticas y lo que nosotros nos comprometimos cuando acompañábamos a uno u otro candidato? Y tengo que decirlo, con el mayor dolor, porque sé que hoy podemos llegar a perder, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, a la estafa y al transfugismo político que estamos viviendo en estos momentos”. 

“Les pido que reflexionemos y escuchemos y demos lugar al reclamo de millones de argentinos que exigen el financiamiento de las universidades, que por supuesto hay que transformarlas y estamos dispuestos al debate, que por supuesto hay que cambiarlas y estamos dispuestos al debate, pero no al debate mentiroso, maniqueo, del blanco y negro que pretenden instalar algunos. ¿Para qué? Para garantizar la calidad y la continuidad de lo que hace grande a la Argentina, que es la educación superior y la universidad pública”, concluyó. 

Los diputados que votaron en contra de la ley de financiamiento universitario y contribuyeron a lograr el tercio -de los presentes- que blindó el veto presidencial:

La Libertad Avanza (39)

Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Alberto Arancibia Rodríguez, María Fernanda Araujo, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Gabriel Bornoroni, Facundo Correa Llano, Carlos D’Alessandro, Romina Diez, Nicolás Emma, José Luis Espert, Alida Ferreyra, Carlos García, Gerardo Gustavo González, Gerardo Huesen, Florencia Klipauka Lewtak, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, Lorena Macyszyn, Nadia Márquez, Alvaro Martínez, Nicolás Mayoraz, Martín Menem, Guillermo Montenegro, Julio Moreno Ovalle, Emilia Orozco, Marcela Pagano, Santiago Pauli, José Peluc, Carolina Píparo, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Juliana Santillán, Santiago Santurio, César Treffinger, Lorena Villaverde y Carlos Zapata.

Pro (35)

Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Martín Ardohain, Belén Avico, Karina Bachey, Nancy Ballejos, Gabriela Besana, Emmanuel Bianchetti, Alejandro Bongiovanni, Sofía Brambilla, Sergio Capozzi, Gabriel Chumpitaz, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Luciano Laspina, Hernán Lombardi, Silvia Lospennato, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, José Núñez, Marilú Quiroz, Verónica Razzini, Cristian Ritondo, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero, Diego Santillán, María Sotolano, Aníbal Tortoriello, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal y Martín Yeza.

UCR (4)

Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier. 

Independencia (3)

Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina.

MID (2)

Eduardo Falcone y Cecilia Ibáñez.

CREO (1)

Paula Omodeo

Por Santa Cruz (1)

José Luis Garrido 

Con números cambiantes en las horas previas, negociaciones frenéticas, confirmaciones al filo de la sesión, y un escenario que anticipaba una ventaja y eventual victoria para el Gobierno, La Libertad Avanza consiguió este miércoles blindar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 159 votos positivos, 85 negativos y 5 abstenciones. Una diputada libertaria aclaró a viva voz el sentido de su voto, que fue negativo, pero había quedado como positivo en el tablero. 

Con protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió en menos de un mes (el pasado 11 de septiembre se ratificó el veto sobre jubilaciones) reunir nuevamente un tercio de legisladores que permitan sostener la decisión presidencial. En ese momento fueron 87, a los que el presidente Javier Milei calificó de “héroes”. 

Luego de cuatro horas de debate, se pasó a la votación en la que a La Libertad Avanza lo acompañaron sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-; 2 del Movimiento de Integración y Desarrollo; 3 tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; la monobloquista de CREO Paula Omodeo; y 4 diputados de la UCR -Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier-. También lo hizo José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, alineado al gobernador Claudio Vidal; sin embargo, su compañero votó en contra del veto. 

Por la positiva de la ley lo hicieron 98 diputados de Unión por la Patria, 27 de la UCR, 13 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, 3 de Innovación Federal (dos salteños y un rionegrino), 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo, 1 de Por Santa Cruz, el monobloque Movimiento Popular Neuquino y la exlibertaria Lourdes Arrieta. Los 2 del Pro que se desmarcaron de su bloque y votaron por la insistencia de la ley fueron el porteño Álvaro González y el cordobés Héctor Baldassi, cercanos al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Baldassi, de pie, y Gónzalez en su banca, los dos votos del Pro a favor de la ley

En una sesión donde resultaban clave las ausencias y abstenciones, que permitían inclinar la balanza de los votos para un lado u otro, se abstuvieron los cuatro legisladores que representan al oficialismo de Misiones e integran Innovación Federal: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa; este último, secretario del PJ local se había manifestado a favor de la ley en la previa, pero finalmente se acopló a la postura de su bloque. La abstención fue la decisión de los misioneros a la orden del gobernador Hugo Passalacqua.

En tanto, la quinta abstención fue del radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei y había apoyado el veto sobre jubilaciones.

En la votación estuvieron 8 diputados ausentes: Héctor "Tito" Stefani (Pro), por cuestiones de salud; Oscar Zago (MID), Fernando Carbajal (UCR), ambos de viaje; Yolanda Vega (Innovación Federal), quien se habría descompensado durante la sesión; Alejandra Torres, con COVID, Jorge Ávila y Ricardo López Murphy (Encuentro Federal). Por Unión por la Patria no bajó al recinto la catamarqueña Fernanda Ávila, quien responde al gobernador Raúl Jalil. Fue la única que no estuvo del bloque de la primera minoría y del cuarteto de catamarqueños. Su ausencia le valió críticas del PJ local. 

Con un reclamo universitario que se arrastra desde el comienzo del año, a raíz de las partidas presupuestarias desactualizadas, el tema unió a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado. 

El bloque de La Libertad Avanza

La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.

Asimismo, encomendaba al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.

También indicaba que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.

En el límite de la fecha para publicar el veto, y al día siguiente de la segunda masiva marcha en defensa de las universidades, el pasado 3 de octubre el Poder Ejecutivo oficializó el decreto 879/24, por el cual observó totalmente la ley. 

Según los argumentos del Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. “No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, lanzó el PEN. 

A contrarreloj, y ante el pedido de sus aliados del Pro, el Gobierno avanzó estos últimos días en anuncios sobre mejora salarial para el personal universitario. Primero comunicó que, “pese al rechazo gremial”, otorgará un aumento del 6,8%. Luego, informó que actualizará la garantía salarial docente a abril 2024. 

El camino al triunfo del Gobierno se comenzó a torcer a su favor el pasado lunes, luego del apoyo del expresidente Mauricio Macri al veto y la garantía del acompañamiento por parte del Pro. A su vez, volvieron a jugar un rol clave los gobernadores de Tucumán y Misiones, y en parte el de Santa Cruz y el de Catamarca. Además de los cinco radicales alineados ahora con Casa Rosada. También habría incidido en la ausencia de Jorge Ávila el gobernador chubutense Ignacio "Nacho" Torres.

Tras la sesión, las universidades convocaron a un paro total para este jueves.

El diputado nacional de Innovación Federal Alberto Arrúa confirmó que votará por la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario, en contra del veto presidencial, en la sesión del próximo miércoles.

La semana pasada, la presidenta de esa bancada, Pamela Calletti, había confirmado el voto a favor de la ley de ella y sus dos comprovincianos, y restaba saber qué postura adoptarían los cuatro misioneros y un rionegrino, dependientes de sus gobernadores.

Pero Arrúa, secretario del Partido Justicialista en su provincia, explicó que por ese rol su mirada "es distinta" como el diálogo que mantiene con el gobernador Hugo Passalacqua.

"En mi caso puntual, y en el caso de todos mis compañeros de Misiones, estamos totalmente en contra del veto", aseguró.

En declaraciones a radio Futurock, el legislador señaló que lo que se vote el miércoles será "un mensaje político" más que "una solución a la cuestión universitaria", dado que el Gobierno nacional ya avisó que irá a la Justicia. "Entonces, no se va a resolver la cuestión presupuestaria de las universidades", dijo.

"A mí y a otros compañeros no nos van a encontrar del lado de apoyar la política que está haciendo el Gobierno" en el caso universidades, expresó.

Arrúa resaltó que "siempre ha pasado a lo largo de este tiempo que nosotros, más allá de la posición personal que tenemos, respetamos el lineamiento político del gobierno provincial" pero "este no es el caso".

"Nosotros fuimos parte del dictamen de esta ley, aprobamos la ley y obviamente estamos en contra de este veto", manifestó el diputado, aunque aclaró que no podía hablar por sus compañeros. "En mi caso yo no voy a apoyar el veto", confirmó y recordó su "responsabilidad partidaria".

En ese sentido, subrayó que el resto de sus tres pares pertenecen propiamente al Frente Renovador de la Concordia, fuerza que gobierna la provincia, y seguramente resuelvan la postura en una reunión de bloque que habrá este martes.

El diputado del Pro Álvaro González anunció este viernes que votará a favor de la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario y opinó que "el Gobierno, en esta instancia, como en la de los jubilados, se aferra a un dogma en lugar de tratar de resolver una situación".

"Voy a votar en contra (del veto)", dijo el legislador, que había estado ausente en la primera votación de la norma, pero este miércoles apoyó el reclamo al participar de la marcha universitaria.

Mientras el bloque Pro se mantiene sin dar una postura respecto de lo que hará en la sesión del próximo miércoles, González fue el primero en confirmar que no votará junto al oficialismo.

"Yo entiendo lo del déficit cero y me parece que estamos todos de acuerdo, pero hay mecanismos en un presupuesto donde vos podés, si tenés voluntad política de resolver el problema, sacarle a unos y ponerle a otros", señaló.

En declaraciones a Radio Mitre, el porteño apuntó que la ley tiene un costo fiscal de 0,14% del PBI: "Cualquier gasto tributario que toques un poquito, lo financias".

Cercano al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado fue consultado por la postura del presidente Javier Milei sobre que no acatará la ley si el Congreso la ratifica. "Me parece absolutamente horrible esa posición. En un sistema democrático las leyes están para cumplirse", expresó.

Vamos a insistir con la Ley de Financiamiento Universitario. La educación pública es un derecho.
No se puede gobernar mediante DNU y Veto. https://t.co/dEFFSNFkDc

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) October 4, 2024

En otro tramo, González agregó: "Creo en la educación pública, me formé en educación pública, soy egresado de la Universidad Nacional del Litoral. El acceso al conocimiento es la oportunidad que tienen los más vulnerables para salir de esa situación. Después, como todas las cosas en Argentina, siempre se puede mejorar".

Para el diputado, "se politiza demasiado una situación que requiere menos política y más solución. Cuando sos presidente te encontras con lo que te encontras, no podés ser selectivo, y tenés que resolver los problemas que encontras". "El Gobierno decidió en muchos temas poner un dogma por sobre la solución del problema", insistió.

Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario ante el veto firmado por el presidente Javier Milei, desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán a la justicia y aclararon que “no” están en contra de la universidad pública y de darle más presupuesto, sino de “asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, por lo que reiteraron la necesidad de auditarlas.

Así lo confirmó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho, somos grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, y explicó: “Esos hechos, durante muchísimos años en Argentina, nos han hecho mucho daño. Fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy y, la verdad, es que el no saber el aplicar algo donde no tenemos el dinero va a perjudicar a todos los argentinos”.

“El lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025 y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional donde invitamos a la política a debatir en ese marco sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas porque hay algo básico que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y merecen saber a dónde va su dinero”, planteó.

Así, reiteró: “Eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos”.

Marcha universitaria

Al ser consultado por la multitudinaria marcha que hubo en todo el país en defensa de la educación universitaria pública, el vocero expresó: “Hubo mucha gente que se expresó de manera absolutamente genuina y que, lamentablemente, tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa que le quitó 50,000 millones de pesos al presupuesto educativo y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, y les dejó un 211% de inflación anual que, encima, es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que por supuesto se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios”.

También apuntó contra el senador radical Martín Lousteau que “dice defender a los docentes, pero no tuvo absolutamente ningún prurito en levantar la mano para cobrar 9 millones de pesos, nueve veces más que un docente”.

“También estuvieron en la marcha Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector”, criticó y chicaneó: “Estuvo hasta Moyano. Vaya a saber qué tiene que ver Moyano con el reclamo del Genuino de las universidades”.

El veto a la ley

Adorni hizo hincapié en el artículo 38 de la Ley 24.156: “en lo específico de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, se respaldó en el Reglamento interno de la Cámara de Senadores: “Esto no existe en Diputados, en su artículo 126 prevé que todo proyecto de manera textual que importe gastos, incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo”.

El vocero sostuvo que el impacto total del proyecto constituiría un total 1.5 billones de pesos que “afectaría el equilibrio de las cuentas públicas”, y explicó que cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas hay tres maneras de financiarlo que las tiene que indicar el Congreso.

“Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer, porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza. La otra alternativa es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, porque esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma y, además de eso, la tercera alternativa que habría es subir impuestos”, detalló.

El vocero informó que de acuerdo a los últimos datos del 2022: “Del total de estudiantes registrados, hay inscriptos un millón de los que 750,000 estudiantes, o sea, el 40,6% solamente era alumno regular, o sea unos 710,000 el 20% tenía una materia aprobada o ninguna y hay un llamativo 38,4% de alumnos que no se tiene información o sea hay 671,000 alumnos y un poquito más que no se tiene información”.

“Somos el país con menor cantidad de recibidos dos entre 25 y 34 años. También hay casos particulares bastante escandalosos como el Instituto Universitario Nacional de Madres de Plaza de Mayo que recibía 1500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo tuvo obtuvo 16 egresados como resultado”, cuestionó.

Respecto del futuro del veto en el Congreso, Adorni dijo “no saber” cómo van a votar y negó que eso se haya hablado en la reunión de Gabinete. Sin embargo, adelantó: “Ante un revés esta la posibilidad de ir la justicia no hay nada descartado. Recurrir a la justicia es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad”.

Además, afirmó que no iniciaron diálogo con el bloque Pro, uno de los llamados espacios dialoguistas, y reiteró: “No sabemos cuál será el futuro de la ley y del veto, no sabemos cómo se van a suceder los hechos”.

“Cada diputado es dueño de su opinión, de su voto y lo que haga cuando le toque votar. Con el Pro hemos trabajado juntos en un montón de cuestiones incluso en el veto a jubilados que tenía defectos como no especificar la asignación de recursos como pasa con la de universidades que rompe con el equilibrio fiscal y, tal vez, este veto tenga la misma lógica porque no propone de dónde salen los recursos. Es un tema legislativo y no sabemos qué va a hacer cada bloque”, explayó.

“Esta discusión se termina si nos abren los presupuestos, se muestra en qué se gasta el dinero, cuánto se necesita, cuánto se gasta de más y se terminó la discusión”, precisó y apuntó: “Esto lo ha usado la vieja política para meternos en un debate de ‘universidad pública sí, universidad pública no’. Y ese no es el debate porque el 100% de los argentinos estamos de acuerdo con la universidad pública. Lo que algunos estamos de acuerdo es que también es universidad pública tiene que ser sana en términos de recursos, no tiene que usarse para hacer negocio con la política y tiene que ser efectivamente para tener los mejores profesionales del mundo”.

En la previa de lo que será el debate por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, comienza a aumentar la presión sobre los diputados de la UCR que acompañaron anteriormente al Gobierno nacional en sostener el veto a la ley de jubilaciones.

El nuevo escenario asoma adverso para el oficialismo, y hay incertidumbre sobre lo que harán los legisladores radicales que se fotografiaron con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Luego de eso fueron muy cuestionados e incluso los cuatro que estaban afiliados al partido fueron suspendidos (decisión que igualmente dividió posturas dentro del bloque, a raíz de las internas que existen en el espacio).

En la antesala de la sesión que se solicitó para el próximo miércoles, el diputado Pablo Juliano, referenciado en el "grupo Manes", de los más críticos hacia el Gobierno, enfatizó: "La identidad del radicalismo para mí está asociada a la universidad. Lo que pasa con esta ley es que Mieli desprecia la universidad. Como desprecia el radicalismo, desprecia la universidad pública. Entonces yo creo que los que voten en contra (de la ley) realmente dejan de ser radicales".

En declaraciones radiales, el bonaerense sostuvo que "cada vez que a un radical le preguntás por inseguridad te habla de educación. Cada vez que a un radical le preguntás qué es lo que está pasando en la economía, pensamos en términos también de la educación". "Si entonces va a haber un radical que se da vuelta y termina votando en contra, para mí deja de serlo", insistió.

"Yo cuando pienso en la universidad no estoy pensando en la caja, como él cree que somos unos depravados fiscales, unos degenerados fiscales. Cuando marché ayer, cuando me voy a sentar en la banca, lo que estoy pensando es en el esfuerzo absoluto que hace una familia, un padre, una madre, una abuela, cuando te mandan la encomienda, cuando te mandan a estudiar, cuando te están pagando otro alquiler por fuera de tu casa, cuando mantienen otra casa más. Cuando venís del interior te cuesta un Perú estudiar. Y lo que el Gobierno no está entendiendo es que la universidad está llena de esas ilusiones, de ese esfuerzo. Entonces, los radicales que no entienden esto, para mí no entienden nada", aseveró.

La presidenta del bloque Innovación Federal, Pamela Calletti, confirmó este jueves que ratificará su voto a favor de la Ley de Financiamiento Universitario, en contra del veto presidencial.

"Yo voy a votar en contra del veto, es decir, a favor del financiamiento universitario. Soy docente de la universidad, anoche me quedé corrigiendo exámenes hasta tarde, cuando me pasaron por WhatsApp el veto. Me parece un gravísimo error del Gobierno", sostuvo.

La salteña afirmó que al igual que ella lo harán sus comprovincianos Pablo Outes y Yolanda Vega, mientras que los cuatro legisladores por Misiones y uno por Río Negro, quienes también conforman su bancada, no tienen todavía posición tomada.

"Decidimos en esta oportunidad poder tener la libertad para que cada uno manifieste su decisión en el momento que lo consideren", expresó en diálogo con radio Futurock. Se espera que la postura de los cuatro misioneros Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, y del rionegrino Agustín Domingo, se conozca al filo de la sesión.

Calletti advirtió que "esta vez el Gobierno no tiene los votos". Y reveló que tenía la intención de que su bloque se manifieste en conjunto "antes de la marcha para hacer presión y que tampoco los tenga", pero "Misiones y Río Negro preferían esperar la sesión para una decisión".

Consultada sobre la postura de su bloque en el anterior caso, del veto a la ley de jubilaciones, cuando pasaron del voto a favor a la abstención, la legisladora explicó: "El Gobierno ya tenía los 87 votos, perdíamos en el recinto y no estábamos dispuestos a prestarnos al juego de los discursos". En ese sentido, al recordar que representan a sus gobernadores, dijo que no consideraron como chance "salir con los tapones de punta a pelearse con el Gobierno nacional cuando ya tenían los votos".

Confirmado el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, por la que una multitud marchó este miércoles ante el Congreso y en distintos puntos del país, la oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión con el objetivo de votar la insistencia de la ley y rechazar el veto.

Luego que ingresara formalmente al Congreso el decreto 879/24, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se presentaron tres solicitudes para tratar el tema en el recinto el próximo miércoles a las 11. Según supo parlamentario.com, Encuentro Federal, la bancada presidida por Miguel Pichetto, quería que todos los bloques suscribieran juntos, pero desde la conducción del bloque de la UCR no querían dejar la firma estampada junto a Unión por la Patria.

Así las cosas, el primer pedido enviado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue el de los radicales. La segunda solicitud fue la de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, y la tercera de UP. Todos para el mismo día y horario, con lo cual lo más probable es que la Presidencia tome el pedido que ingresó primero cronológicamente cuando oficialice la convocatoria.

Aunque el oficialismo cuenta con el antecedente reciente a su favor de haber logrado sostener la decisión del presidente Javier Milei en torno a la ley que recomponía jubilaciones, con la ayuda de los bautizados "87 héroes", el panorama no parece en este caso favorable -por ahora- para La Libertad Avanza.

Si hubiera asistencia perfecta, el oficialismo debería reunir 86 voluntades en contra de la insistencia de la ley. Pero los números necesarios, tanto para un lado como para el otro, disminuyen a medida que hay ausentes (con dos tercios de los presentes se lograría ratificar la ley). Así, con que al Gobierno le falte alguno de sus "héroes", estaría complicado. Envalentonamiento o ingenuidad para el oficialismo haber creído que ese tercio que logró el pasado 11 de septiembre se convertiría en un mágico número automático.

Dentro de los apoyos que buscará LLA están los cinco diputados de la UCR que, polémicamente, acompañaron a blindar el veto de la movilidad jubilatoria. Después de eso, sumado a la causa universidades, por la cual el partido centenario levanta bandera, se encuentran aún más presionados. En la votación original dos de ellos estuvieron ausentes y los otros tres votaron a favor de la ley. Si alguno no votara esta vez junto al Gobierno y además se ausentara, colaboraría con la oposición. Dentro de la bancada radical aseguran que están "trabajando uno a uno los votos para la insistencia".

También es mirado con atención que harán los ocho integrantes de Innovación Federal, que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro. En el caso jubilaciones, pasaron del voto a favor a la abstención. A la Ley de Financiamiento Universitario la acompañaron positivamente. Los salteños están dispuestos a ratificar el voto a favor, según lo anunció la propia jefa del bloque, mientras que los demás todavía no se sabe. Dependerán de sus gobernadores y lo definirán al filo de la sesión.

Pero lo que determinará todo para LLA dependerá de lo que resuelva el Pro, su aliado que posee un bloque con solo un diputado de diferencia en cantidad. Dentro de la bancada amarilla ya hay varios que analizan cuán conveniente será pagar un nuevo costo político junto al Gobierno. El espacio presidido por Cristian Ritondo evitó sentar una postura respecto al veto universitario y todavía hay incertidumbre.

A ello se suma que los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, ausentes en la primera votación, ya dieron indicios de que votarán en contra del veto. El porteño participó de la marcha de este miércoles, mientras que el cordobés publicó un sugestivo mensaje en sus redes. Cuando salió la media sanción hubo además otros cuatro legisladores del Pro ausentes.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 15 de agosto en la Cámara de Diputados por los bloques de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.

"Estuvimos el 23/4 en las calles pidiendo por el financiamiento universitario. Estuvimos en mayo para emplazar comisiones y sacar dictamen. Estuvimos en agosto con la 1/2 sanción. Estuvimos este miércoles. Y estaremos la semana que viene en el recinto para rechazar el veto", anticipó Germán Martínez, jefe de UP, que en ocasión de la primera votación registró 15 ausentes.

En tanto, los votos en contra aquella vez fueron de LLA, Pro, MID, Independencia y CREO. Dos diputadas sanjuaninas, que suelen moverse como aliadas, habían estado ausentes. En el caso de jubilaciones, pasaron de abstención al voto a favor del veto. Se verá en universidades.

Al día siguiente de la masiva marcha en favor de un mayor presupuesto universitario y poco después de que el Gobierno lo confirmara a través de un comunicado difundido por la cuenta Oficina del Presidente, se conoció el veto presidencial al proyecto de ley que introduce modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional.

La norma vetada pretendía garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino durante el año 2024, como así también disponía que el Poder Ejecutivo actualizara las partidas presupuestarias del año 2024 con el fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales.

El veto lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona.

El texto describe inicialmente los alcances de la norma frenada, por considerar que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Citando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional recuerda que se debe exigir de forma expresa que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Recuerda además que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”. Señala el texto que los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación”, sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre - diciembre del actual ejercicio.

Respecto de la recomposición de los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional encomendada por el artículo 5º del proyecto de ley al Poder Ejecutivo Nacional, el crédito vigente para la ejecución de las actividades 12 y 13 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” “resultaría insuficiente para atender lo previsto por el proyecto de ley en examen”.

Según el veto, la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000.

Para el Gobierno, “se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de $1.516.944.675.060.

Además, el Gobierno dice que la recomposición salarial para el personal de las entidades de educación representó un incremento del orden del 87 % por el período comprendido entre diciembre 2023 y agosto 2024, y en términos comparativos con el resto del personal de la administración pública nacional se aprecia que dicho porcentaje se ubica en el 78 %, mientras que la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC para ese período alcanza un 144%.

Asimismo la vigencia de esta ley establecería, según el Gobierno, un privilegio para el personal de las universidades nacionales respecto del resto del personal de la administración pública nacional, por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo.

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La Oficina del Presidente informó este miércoles por la noche que el presidente Javier Milei vetará lo que definió como “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.

“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”, agrega el comunicado conocido a pocas horas de la publicación en el Boletín Oficial. Agrega el texto que el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025.

Inmediatamente después de concluida la masiva movilización universitaria, el Gobierno reafirmó “su compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.

A continuación, la Oficina del Presidente se refiere a la manifestación de este miércoles, que define como “política”, y en tal sentido señala que el Poder Ejecutivo “celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente”. Agrega que “esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.

Finalmente se advierte que “esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios”, y concluye diciendo que “el objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”.

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”, es una frase que erróneamente se le atribuye a Albert Einstein, quien en realidad nunca la dijo, ni tampoco la escribió. Muy parecida a lo que en campaña y desde la primera magistratura suele decir el presidente Javier Milei: “Difícilmente haciendo siempre lo mismo obtengamos resultados diferentes...”. Está claro a qué se refiere: un pleno apostado a quienes nunca gobernaron y proponen hacer exactamente lo contrario a lo hecho en un siglo. Recomendación que, dicho sea de paso, no aplica para sí mismo.

Si ya vivió como un trago muy amargo la gigantesca marcha universitaria del 23 de abril pasado, ¿por qué imaginar que la de este miércoles será diferente, cuando las razones de entonces siguen vigentes y el clima social comienza a hacerse más espeso?

Aquella vez, en lo más alto del poder circularon pases de facturas por no haber evitado semejante movilización que tomó al poder central desprevenido. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que la marcha de esta semana podrá generar menor adhesión? Por el contrario, todo indica que el impacto será grande. ¿Es buen momento, cuando el presidente viene de rechazar una mejora para los jubilados y comienza a flaquear (un poco) en las encuestas?

Sin mayor ilusión de éxito, el Gobierno ya hizo el esfuerzo para evitar la protesta con la oferta de 6,8% de aumento a los gremios docentes, equiparándolos con los empleados estatales. Tras el previsible rechazo, ya no hay muro de contención para la protesta. O sí, pero nadie cree posible esa medida que podría, sí, evitar el escenario de este miércoles: no vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada el 13 de septiembre.

Si bien todavía sigue demorando esa medida, no ha habido ni una señal de que el presidente vaya a reconsiderar el veto total que ha trascendido. No lo hizo con la Ley de Movilidad Previsional, aun a sabiendas de que un veto parcial le solucionaba el problema, pues ya le habían transmitido que en ese caso no hubiera habido rechazo de parte de la oposición dialoguista. Así y todo, Javier Milei igual aplicó el veto total… y después festejó como un triunfo su ratificación, más allá de los 153 votos en contra, casi el 60% de la Cámara baja.

Por lo que dicen quienes no han podido convencer a Milei de lo contrario, para él morigerar el veto sería dar una muestra de debilidad que es lo que están esperando los opositores para avanzar en consecuencia. Se sabe que el presidente no tiene medias tintas, por eso en esas circunstancias ve intenciones destituyentes. Tan extremista es, que con cierta dosis de certeza considera que su base de sustentación es el miedo de sus rivales a alguien que juega siempre al fleje. No piensa aflojar en eso que considera un activo: la locura que le atribuyen es, para Milei, la base de su fortaleza.

¿Por qué demora entonces el veto si lo firmará de todas formas? Porque le sirve que se piense que puede llevar a evitarlo. Y porque tampoco come vidrio: será después de la marcha, convocada para el miércoles 2, justo un día antes de la fecha límite para vetar. Lo firmaría ese mismo día y saldrá publicado en el Boletín oficial el jueves.

Está claro que la agenda legislativa está muy atada al día a día de la gestión gubernamental. Esta semana será clave y el martes 1 de octubre se preveía el inicio del debate en comisión en Presupuesto y Hacienda (sin la presencia de Luis Caputo; por más berrinche que haga la oposición, Toto no pisa más una comisión), y el miércoles era la sesión de Diputados. Por la marcha, mejor dejar el miércoles libre, pero no se pasó al jueves para evitar darle a la oposición una tribuna en el recinto ese día, si es justo sale el veto. La sesión se corrió entonces para el martes y el Presupuesto arrancará el 8. Tiempo hay, pero sería recomendable para el oficialismo no jugar tanto al límite en un Congreso con minorías tan extremas y volátiles: dicen que será un debate en espejo, con senadores recomendando cambios desde las sombras mientras avanza el debate en Diputados, pero nada garantiza que no vayan a introducir modificaciones cuando les toque, así que mejor sería tener días de reserva, por si acaso.

Mientras tanto, el Gobierno sigue sumando frentes y acelera con la privatización de Aerolíneas Argentinas. El arranque fue el miércoles pasado, con una larga presentación de dos funcionarios, mas sin el presidente de la empresa, al que habían anunciado pero bajaron ante la certeza de que sería blanco de críticas. Lo corroboró sobre el final una diputada camporista que recordó su pasado en las gestiones kirchneristas y de Alberto Fernández. Lo llamó “traidor” y hasta relató haberlo visto “llorando” en el VIP del bunker de Sergio Massa cuando la derrota del balotaje.

La avanzada del Gobierno en la materia cerró el viernes con el anuncio de un decreto para privatizar la empresa. En rigor, no es que se vaya a prescindir del Congreso -lo cual es imposible-, sino cumplir un formalismo que establece la ley: la declaración de la empresa como “sujeta a privatización”. Esto no cambia nada el proceso que ya se ha iniciado en el Parlamento y que a priori encontraría luz verde en Diputados, donde ya se aprobó durante el debate de la Ley Bases. Pero esa misma experiencia preanuncia un rechazo en el Senado, donde el oficialismo sabe que no tiene los votos para convertir el proyecto en ley. A priori, arranca con 37 votos en contra en la Cámara alta.

¿Por qué encara esta pelea La Libertad Avanza si sabe que la pierde? Porque hace a su relato. Como así también sumará la aprobación de la Boleta Única de Papel este martes, cambiando radicalmente el sistema de votación. Son elementos discursivos que suman y que le permiten a un gobierno en minoría extrema manejar la agenda.

Y sumar temas de debate que, por ejemplo, desvíen la atención que podría llevarse el índice de pobreza conocido esta semana.

Con su oferta salarial a los gremios aeronáuticos, el oficialismo sabía que cimentaba un camino para la pelea en el que Biró y compañía entraron fácilmente, con medidas de fuerza que dieron pie a lo que el Gobierno planeaba, que era plantear la privatización más temprano de lo que esperaban. Si eso no llega a buen puerto, se sabrá el año que viene, electoral, y serán elementos para justificar la necesidad oficialista de contar con una mayor dotación legislativa.

En cambio el Gobierno frenó esta última semana un triunfo sobre la patria sindical, cuando ya tenía garantizado el dictamen de mayoría para aprobar una reforma muy parecida a la ley Mucci que Alfonsín intentó y no pudo aprobar: no más reelección indefinida en los gremios; se garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos; obliga a los gremialistas a presentar declaraciones juradas; democratiza las obras sociales, y prohíbe la cuota solidaria. Martín Tetaz, que tenía garantizadas las firmas para el martes, se enteró ese mismo día de que los diputados de La Libertad Avanza y del Pro se bajaban; estalló en furia y tuvo que suspender la reunión de la comisión. Al rato, el bloque Pro aclaró por comunicado que ellos seguían respaldando el proyecto, que por otra parte contempla propuestas suyas. Pero lo cierto es que la noche anterior el presidente de la Cámara les había dicho que a pedido del Gobierno frenaran el dictamen. Curiosamente para un gobierno de estas características, un día decidieron no dar una pelea…

Como la decisión generó malestar en las filas del Pro, después tuvieron que emitir el comunicado aclaratorio.

En la semana, el Gobierno invitó a los radicales a sumarse a la mesa de los lunes, que ya integran LLA, el Pro y el MID, pero los diputados del partido centenario rechazaron el convite porque “les parecía mucho”, y el diálogo se trasladó al Congreso, donde se reunieron con Martín Menem y Federico Sturzenegger, entre otros. Hablaron de la agenda legislativa y sobre el fiasco de la reforma sindical, les dijeron que tenían que elegir las batallas que debían dar y manejar los tiempos.

Los radicales no se fueron muy convencidos con eso, pero piensan insistir este jueves: ya convocaron a las 10 de la mañana de ese día a una reunión para hacer lo que la semana pasada no pudieron. De buen diálogo con muchos dirigentes cegetistas, el Gobierno prefiere mantener ese tema como un proyectil en la recámara, para usar cuando en todo caso lo necesite, o a modo de amenaza.

Tampoco les interesa demasiado avanzar con una propuesta que no es propia, y que pueda reivindicar el radicalismo en general y Martín Tetaz en particular. Se verá.

Luego de que el Senado de la Nación aprobara en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, desde el Gobierno aseguran que el veto completo “no está confirmado”, pero que “se está analizando” ya que la decisión final la tomará el propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien ya había adelantado que vetaría toda norma que atente contra su objetivo del equilibrio fiscal.

Así lo expresó este viernes por la mañana durante la conferencia de prensa en Casa Rosada el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que “el Gobierno del presidente Milei sigue una acción irrevocable para el equilibrio fiscal y es absolutamente innegociable. La ley debe respetarse y la motosierra tiene que aplicarse a la política y ese mandato va a estar asentado en el Presupuesto 2025 que el presidente va a estar presentando el próximo domingo a las 21 horas en el Congreso”.

En ese sentido, se refirió al posible veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Senado: “Lo estamos conversando. Es un tema que se está analizando, pero no está confirmado que se vaya a vetar o que se vaya a no vetar. Es un tema que aún está en discusión entre todo el Gabinete. Por supuesto que la decisión la tomará el presidente de la Nación”.

En otro pasaje, fue consultado por la reunión que mantuvo el jefe de Estado y parte del Gabinete junto a cinco radicales que terminaron cambiando el sentido de su voto durante la votación a la Ley de Movilidad Jubilatoria que también fue vetada: “Con respecto a la decisión de los diputados de haber votado en lo que suponen de manera diferente entre una votación y otra es un tema que le tienen que preguntar a cada diputado cuál fue la razón”.

Por otro lado, desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ya anticiparon que no asistirán al Congreso a la presentación del Presupuesto que hará Milei, respecto de lo cual Adorni opinó: “Es un tema que cada uno es libre de, por supuesto, de hacer lo que le parezca mejor. Están invitados todos”, y aclaró: “De todas maneras el presidente de la Nación le va a hablar a la gente. Va explicarle a la gente qué es lo que estamos pretendiendo con el Presupuesto 2025, con el nuevo esquema de presupuesto, las novedades que va a tener y lo beneficioso que va a ser para todos. Si deciden no estar bueno, tendrán alguna razón para no hacerlo, pero la verdad es que el presidente va a hablarle a los 47 millones de argentinos”.

Rechazo al DNU SIDE

Adorni criticó a los senadores que apoyaron el rechazo al DNU de los fondos para la SIDE: “Es el primer gobierno con un DNU rechazado de la manera que se ha rechazado en el día de ayer. el reciente rechazo a fondos para combatir el narcoterrorismo y la decisión de quebrar el equilibrio fiscal con una ley que asigna recursos sin fuentes de financiación, movilizaciones violentas las hemos visto en varias oportunidades quemando autos, tirando piedras, con caras tapadas y toda la barbarie que ya hemos descripto”.

“Este es un fenómeno no solo atinente al gobierno, sino a todo aquel que quiera hacer un cambio en el sistema. Si quienes destruyeron el país están tan preocupados, es una señal de que estamos haciendo las cosas bien de que estamos por el camino correcto”, destacó.

El portavoz indicó que “el comunicado de OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina) fue bastante claro. Han dejado sin fondos a la inteligencia del Estado y que el Congreso en algún momento tendrá que asignarle fondos. Mientras eso no ocurra los servicios de inteligencia de la Argentina están desfinanciados y los argentinos están, lamentablemente, protegidos por un grupo de irresponsables”.

Boleta Única de Papel

En otra parte de su conferencia, Adorni celebró la aprobación del proyecto de implementación de la BUP que “tiene, básicamente, dos beneficios que es fomentar la transparencia electoral y reducir por supuesto el costo de las elecciones”.

“Desde hace décadas que escuchamos casos donde partidos políticos que reciben aportes del Estado para imprimir boletas declinan su candidatura y, de todas maneras, reciben ese dinero. Esa plata igual o, también, los infinitos casos donde algún vivo lleva boletas truchas al cuarto oscuro para que se impugnen los votos de otro candidato, todo esto se termina con la boleta única”, explicó.

Además, señaló que “es un sistema más simple para los votantes porque en vez de tener que buscar la cara del candidato entre decenas de boletas sábanas, se podrá encontrar a todos los candidatos en un mismo papel y simplemente se marcará la opción que se elija como preferida”.

“Se va a gastar mucho menos dinero. Para que tengan una referencia el Estado Nacional en el 2023, en aporte en términos nominales por supuesto, gastó más de 16,000 millones de pesos en aporte a los partidos a los partidos políticos. Así que se calcula que este costo va a representar seguramente un ahorro cercano al 50% en este gasto en las próximas elecciones. Aún falta la decisión de Diputados”, explicó.

En ese sentido, el vocero manifestó que “la decisión de ayer dejó en claro quiénes realmente defienden la democracia y quiénes, lejos de ello, buscan perpetuar un nido de corrupción y despilfarro que amenaza la voluntad de todos los argentinos”.

Paro de gremios Aeronáuticos

“Hoy el presidente va a estar firmando la reglamentación del artículo 182 del DNU que establece los lineamientos para declarar la aeronáutica civil y comercial como servicio esencial. En definitiva, la conclusión de todo esto que les estoy diciendo es que quienes no quieren resignar sus privilegios, en definitiva, lo que van a terminar haciendo es fundiendo la empresa que tanto dicen querer defender”, afirmó Adorni.

Así, recordó que “el 19 de noviembre del año pasado del 2023 los argentinos eligieron entre la casta política y un país distinto y se eligió por un país distinto sin los mismos personajes de siempre. Desde el 10 de diciembre hasta acá a pesar de esto el gobierno enfrentó pedidos o la intención de pedidos de juicios político al presidente, un paro general récord a 45 días de haber empezado el gobierno, paros de trenes, de colectivos, aeronáutico”.

Uno de los protagonistas de sostener el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, al haber cambiado su voto, el diputado radical Martín Arjol lanzó este jueves: "Si el partido (UCR) debe tomar la decisión de expulsarnos, que la tome ya".

Consultado en Radio Mitre por sus correligionarios que piden echar del espacio a quienes se reunieron con el presidente y luego modificaron su postura en el recinto, el misionero cuestionó que "en el radicalismo pareciera que hay radicales de primera y de segunda, y que a algunos, como somos del interior, nos pueden hacer esto".

"A mí me parece raro cuando veo que los mismos que me quieren echar, hace dos años tenían otro bloque", criticó, al tiempo de asegurar que fue una "decisión difícil" tanto para él como para sus pares cambiar el sentido del voto. Además, Arjol que haya habido un "toma y daca".

En ese sentido, expresó: "Lo hicimos con convicción. Yo creo que desde aquella primera aprobación, al día de ayer, hay hechos nuevos, el veto, el equilibrio fiscal ha demostrado una baja consistente de la inflación y finalmente la reunión con el presidente en donde se dio una charla distendida en materia de economía".

Según reveló el misionero, en ese encuentro con el mandatario le plantearon "ciertos interrogantes, porque surgía o parecía que había una especie de animosidad del presidente con los jubilados y eso es muy claro, de ninguna manera. Si bien él dijo, 'yo entiendo que hay más pobres en los chicos, en los jóvenes, que en los jubilados, de ninguna manera hay una animosidad. Lo que yo necesito es lograr el equilibrio fiscal', nos dijo".

“Yo no tengo nada contra los jubilados, mis dos padres son jubilados, me encantaría que no solo ganen 300.000, sino que ganen 600.000, pero el tema es cómo lo hacemos. Si lo hacemos al modelo kirchnerista, lo único que hacemos es darle a la maquinita y le vamos a meter plata por un bolsillo y le vamos a sacar por otro", completó.

En un discurso enfático contra sus pares que cambiarán el voto sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria, respecto de junio anterior, favoreciendo que se sostenga el veto presidencial, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo: “Hoy creo que darse vuelta es claramente darle la espalda a los jubilados. No le encuentro una sola razón objetiva, política, material, ni cambio en la realidad de los jubilados en Argentina que justifique que algunos diputados voten contrario al mandato de Juntos por el Cambio, voten contrario a lo que votaron el pasado 5 de junio en este recinto”. 

“En estos tres meses el castigo a los jubilados no ha cambiado, sólo se ha profundizado esa injusticia absoluta, y en lugar de reafirmar lo que es un compromiso, algunos optan por abandonarlos, darse vuelta y no dar una respuesta definitiva”, cuestionó y resaltó que “nos debería dar vergüenza que los jubilados fueron entre el 34% y 27% del total del ajuste del gasto público”. 

El presidente del partido fundado por Elisa Carrió observó que ésta era “la sesión del ‘al don pirulero’, en donde algunos, quizás un tercio o un poquito más, atienden su juego y en el medio quedan los jubilados sin recibir una respuesta por parte de este Parlamento”. 

“Estamos frente a la fe de los conversos, de los piruleros”, expresó y dijo que los llamaba así porque pirulero se refiere “a quien ejecuta una mala intención, que tiene que ver con la clara intención de los que mienten, de los que juegan a la visita a los palacios gubernamentales y erosionan el funcionamiento del sistema republicano”. 

Para Ferraro, “lo que hoy está pasando acá tiene que ver con lo que es el transfuguismo político y la liviandad argumental”, lo cual “lleva al deterioro de la representación política, resquebraja la credibilidad y estabilidad del sistema de partidos”. 

En su discurso, el porteño envió un mensaje a sus exsocios: “Los que fuimos votados por Juntos por el Cambio estamos traicionando el mandato por el cual fuimos elegidos si no le damos una respuesta a los jubilados”. 

Además, el cívico rechazó “una intención de los que mienten, de los que tergiversan la realidad, de los que solo hablan de números y se olvidan del rostro sufriente de miles de jubilados”. 

Tras ser expulsada del bloque libertario de forma polémica, la diputada mendocina Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo) hizo su debut en el recinto en la sesión de este miércoles como monobloquista y explicó por qué no acompañará el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, siendo que su votación el pasado 5 de junio había sido en contra de la nueva norma.

“La historia nos congrega una vez más en favor de lograr acuerdos trascendentales que marcarán el rumbo de nuestros destinos. Está en cada legislador escuchar las bases de un proyecto de país que buscamos. Buscamos justamente velar por la vida la libertad y la propiedad”, comenzó su disertación.

Arrieta se preguntó: “¿Qué significan los jubilados para este Gobierno y para los gobiernos anteriores? ¿qué significaron?”, y afirmó: “Los jubilados para nada son un pasivo fiscal”.

La mendocina recordó que cuando militó el año pasado para La Libertad Avanza lo hizo “por las ideas, bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta y para aquellos que se quedan con los negocios del Estado, pero no para los jubilados”.

“Los jubilados que hoy tienen que afrontar un momento de crisis que, entiendo y respeto a las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado porque camino, porque viajo en subte, porque me muevo para todos lados sin ningún privilegio y creo firmemente que sí debería el aumento hacerse factible”, sostuvo.

La mendocina indicó que “había una propuesta del 8,10% que se debía abonar e ir pagando como podía el Estado, pero tampoco esperar que los jubilados mueran esperando un resarcimiento por su jubilación, un aumento porque es verdad que, si bien estamos, creemos y queremos gobernar de aquí para las próximas generaciones, los jubilados significan experiencia y significan pasado”.

“Tenemos que pensar en que muchos jubilados que, justamente hoy están percibiendo la mínima, es porque trabajaron 30, 35 o 40 años en negro porque no tuvieron la posibilidad de poder estar en blanco o, estando en blanco, el patrón lo que hacía era justamente sacarle los aportes que creían que iba para su caja un jubilatoria y se los quedaba”, fundamentó Arrieta.

En esa línea, manifestó que “hay que pensar en darles libertad también a los jubilados, que puedan decidir llegar a fin de mes con lo que quieran, que puedan decidir viajar, que puedan decidir disfrutar a sus nietos”.

Dirigiéndose al titular del Cuerpo, Martín Menem, aseguró: “Tengo hoy el honor de defender a nuestros jubilados y realmente rechazo cuando se los tiene como pasivos porque no lo son, porque hoy tenemos que pregonar aún más que las ideas de la libertad van en contra de los privilegios de la casta de los negociados”.

“Como liberal acérrima sigo el ejemplo de Jesucristo que murió buscando la libertad de su pueblo y que resucitó al tercer día. De San Martín que liberando su pueblo murió en el exilio olvidado. De Belgrano que buscando la libertad de su pueblo nos dejó una hermosa insignia patria que luchó para que seamos libres y murió pobre como tantos que siembran ese granito de amor y de Patriotismo nuestra República Argentina que dan todo sin esperar nada a cambio”, ejemplificó.

“Por eso creo firmemente que se puede buscar la manera de compensar a nuestros jubilados sin que sean parte y sin considerarlos parte de pasivos Fiscales. Considero que, por sobre todas las cosas, pensemos nosotros en dejar nuestros privilegios, dejar los privilegios de la casta y dárselo realmente a quienes lo necesitan”, cerró.

En la antesala a la sesión especial de la Cámara baja para debatir el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional, los diputados radicales Luis Picat (Córdoba) y Martín Arjol (Misiones) justificaron a través de las redes su decisión de cambiar su voto a favor de la medida tomada por el presidente de la Nación, y apuntaron contra sus pares que votan junto al kirchnerismo.

“La GOBERNABILIDAD y el EQUILIBRIO FISCAL en peligro”, encabezó su posteo Picat y señaló que en la votación de este miércoles “no se debate el haber jubilatorio” sino que “se pone en discusión la GOBERNABILIDAD de un cuerpo de ideas que comparto”.

El cordobés cargó contra sus pares de bancada que votan en contra del veto: “Si la UCR y los sectores dialoguistas adquieren el hábito de construir mayorías con el kirchnerismo para imponerle políticas públicas al Poder Ejecutivo Nacional corre peligro el equilibrio fiscal => tenemos DEUDA + EMISIÓN + INFLACIÓN”.

“Debe haber una oposición dialoguista que tenga una fuerte conciencia de la restricción presupuestaria, que es el objetivo principal del presidente Milei y de nuestro electorado”, argumentó y sumó: “Las demandas sociales y económicas se deben discutir en el próximo PRESUPUESTO, para brindar CERTIDUMBRE fiscal y política”.

Picat alertó que “si no blindamos un tercio que le de fortaleza al gobierno para planificar las cuentas públicas la discusión puede devenir en un caos legislativo. Hemos logrado con mucho sacrificio abandonar las ideas populistas. No debemos retroceder”.

Así, recordó que cuando se votó la última ley previsional se retiró del recinto y no votó los últimos artículos, debido a que “el dictamen que yo firme se había modificado en cuestiones centrales”, y explicó: “La ley final era más parecida al proyecto kirchnerista que a nuestra idea original. Nuestra intención era tan simple como un aumento a los jubilados del 8%; se eliminó el artículo que eliminaba la jubilación de privilegio del presidente; este artículo para mí era vital. No por su dimensión económica que es mínima, sino por su dimensión moral; se cambió el origen de los recursos para cancelar las deudas que se mantienen con las provincias, nosotros habíamos propuesto que se haga con el producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ley final eliminó esa fuente de financiamiento”.

“La ley de administración financiera establece en su artículo 38 que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Esta ley no tiene fuente de financiamiento por lo cual resulta ilegal”, remató su postura.

Por su parte, el misionero Arjol expresó: “Es ahora o nunca. El país que dejó el kirchnerismo no da tiempo a vacilaciones ni tibieza. Llevamos más de 20 años sin que nada cambie, como también pasa en Misiones”, y justificó su acompañamiento al “compromiso del presidente de cuidar el equilibrio fiscal para evitar recaer en la emisión monetaria, el endeudamiento o la subida de impuestos que a la larga nos hacen daño y nos impiden tener el país próspero que nos merecemos”.

“El amplio apoyo que recibió Milei de los misioneros es una prueba de confianza y los legisladores debemos darle espacio para que gobierne. Por eso, elijo anteponer mis coincidencias por encima de mis diferencias, por un mejor futuro para nuestros hijos e ir a fondo por el CAMBIO que la Argentina necesita”, concluyó.

La oposición llega a la sesión pedida para debatir el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional envuelta en dudas, con el colmo de que la única certeza es que no cuentan con los dos tercios que imaginaban tener cuando se apresuraron a pedir la sesión especial de este miércoles, con el objeto de evitar que el tema se enfriara.

Si bien siempre admitieron por lo bajo que los números estaban “muy finos”, en ese momento venían con el envión ganador y se sentían optimistas. Aunque siempre dudaron de la homogeneidad del voto radical, cuyos gobernadores estaban siendo objeto de presión de parte del Gobierno nacional, y actuaban en consecuencia sobre sus diputados. Así y todo, las expectativas comenzaron a desmoronarse el lunes, y en las últimas horas, con la foto de un grupo de diputados radicales sentados con el presidente Javier Milei en vísperas de esta sesión clave, todo vestigio de optimismo opositor se esfumó.

“La foto fue un montón”, resumió una fuente radical consultada, sin ningún reparo de mostrar su indignación.

Independientemente de ese problema interno que expone que en el bloque radical hay hoy dos vertientes, donde conviven los más ultras y los más complacientes, lo cierto es que la en el seno de la oposición se ha abierto un espacio de incertidumbre respecto de qué hacer en la sesión prevista para este miércoles a partir de las 11.

En el seno de los bloques dialoguistas, en el radicalismo no descartan una insistencia parcial con el veto. Ellos dicen que hay un antecedente. Minuciosa, la cordobesa Soledad Carrizo lo ha publicado en su cuenta de X: “El Congreso puede insistir con la ley aprobada o puede aceptar una parte del veto”, ha dicho allí, afirmando que desde 1983 el Congreso ha hecho aceptaciones parciales. En cinco oportunidades el presidente vetó parcialmente leyes y la Cámara baja aceptó una parte del veto e insistió con otra parte de sus proyectos, señaló.

“También hubo un caso en el que el presidente vetó totalmente una ley, y el Congreso insistió con una parte de su proyecto original. Fue en el año 2002, con la Ley 25.471, Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de YPF -explicó Soledad Carrizo-. Nos queda plantearnos qué pasará ahora con la ley de la movilidad jubilatoria. La situación es similar, veremos que responde el Congreso”.

A sabiendas de que no están los 2/3 para voltear el veto, pero tampoco para forzar el tratamiento sobre tablas, los radicales piensan en la posibilidad de presentar una moción para que se vote por artículos el veto, porque “si advertimos que se va a perder, vamos a tratar de sobrevivir con lo que se pueda sobrevivir”, graficó un representante de ese espacio.

Así las cosas, ellos van a ir por la insistencia parcial, mientras que otros bloques de la oposición dialoguista también lo están analizando. Aspiran a rescatar lo que pueda salvarse de la Ley de Movilidad Previsional, recordando que el Pro votó a favor en el Senado la recomposición del 8,1% y que la fórmula tenga el índice de inflación. Esos serían los artículos con los cuales los opositores dialoguistas piensan que podrían insistir parcialmente.

UP no quiere saber nada

No es lo que opinan en Unión por la Patria, donde están totalmente en contra de la insistencia parcial. Dicen allí que “reglamentariamente no se puede”, que es incorrecto que haya antecedentes y se preguntan para qué quieren desde el radicalismo obligar ahora a la oposición a la insistencia parcial. “¿Para salvar a los que se dieron vuelta, y a los radicales que fueron a la Rosada?”, se preguntan, mordaces, en la oposición más dura.

Así llega la oposición en su conjunto a una sesión donde necesitarían mostrar una homogeneidad que lejos están de alcanzar. Por el contrario, no hay cohesión para esta sesión, y los únicos que de cara a la misma se muestran decididos son los diputados del oficialismo, que quieren ir hacia la aprobación del veto total; y los de UP, que quieren ir por la aprobación del rechazo total. No hay en definitiva una estrategia unificada en los bloques opositores.

Y lejos están de la posibilidad de que vayan a acercar posiciones para unificar criterios, pues una alta fuente dialoguista aclaró que “no  hay nada que hablar ni negociar con ellos”, en referencia al kirchnerismo. “Que ellos en todo caso después vean qué hacen si de repente en la sesión se plantea una insistencia parcial”, cerró esta fuente.

En definitiva, las tres opciones que a priori se plantean para esta sesión para la oposición son: 1) juntar los dos tercios y voltear el veto (hoy algo prácticamente imposible); 2) insistencia parcial; 3) emplazamiento a comisiones.

Esta última alternativa es desechada desde Unión por la Patria, igual que la insistencia parcial, como dijimos. Lo del emplazamiento lo rechazan porque consideran que eso terminaría en la insistencia parcial. Y para ellos, la cosa hoy es a todo o nada.

El eventual giro se daría si el bloque que conduce Germán Martínez cediera, al igual que lo hizo cuando hace tres meses aceptó que se rechazara su dictamen, que era más ambicioso, y se aprobó el que tuvo como base la propuesta de la UCR, justamente hoy con posturas divididas.

De cara a la sesión de este miércoles en la Cámara baja donde se pondrá en tratamiento el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, el diputado nacional Roberto Sánchez (UCR – Tucumán) adelantó que va a rechazar el veto del presidente Javier Milei.

“Hace 50 días hemos votado la Ley de Movilidad Jubilatoria con más del 66% de los votos. Pasó al Senado y con la misma cantidad de votos. El presidente lo veto y la idea es darles un beneficio a los jubilados. El bloque lo votó hace 50 días y vamos a insistir con lo que votamos. Vamos a ir por el rechazo del veto”, anticipó y remarcó: “Sabemos que los jubilados no están en buenas condiciones y con esta nueva movilidad jubilatoria pretendemos una pequeña mejora. Estamos hablando de 8,1% tampoco es un monto significativo y entendemos que el gobierno lo puede pagar”.

Sánchez dijo que la ley aprobada "es prácticamente una copia de lo que era el decreto de necesidad y urgencia que había hecho el Gobierno Nacional", y explicó: “Tomando ese decreto lo que hicimos es ampliarle el 8,1% que faltaba del mes de enero donde solamente tomaron el 12,5% del 20,6% que fue la inflación. Ese aumento que tampoco era la gran cosa”.

Al mismo tiempo, Sánchez reflexionó: "Los jubilados hoy están muy complicados. Siempre han sido la variable de ajuste, pero entendemos que hoy están con una necesidad muy importante, en detrimento de otras cosas. También hemos rechazado por parte del Gobierno un decreto de necesidad y urgencia que era que se les daba cien mil millones de pesos para el Servicio de Inteligencia del Estado Nacional. Entendemos que hay dinero para eso y no hay para los jubilados”.

El radical aclaró: “No estamos contra el gobierno, sino que estamos marcando en lo que estamos en desacuerdo, en defensa de los jubilados y el tema de los universitarios", y cerró: “El ajuste tiene que pasar por otro lado, no por los jubilados ni tampoco por quienes hoy el futuro de la Argentina que son los estudiantes”.

Se oficializó este lunes la convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles, a partir de las 11, con el objetivo de la oposición de intentar revertir el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El pedido había sido presentado el pasado jueves por diputados de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Coalición Cívica. La observación total del proyecto por parte del Gobierno no pasó por comisiones, por lo cual los bloques que pujan por el rechazo al veto tendrán tres desafíos: primero, conseguir el quórum; después, habilitar el tratamiento sobre tablas; y finalmente lograr la aprobación por dos tercios de los presentes para que pueda pasar al Senado.

Cuando se logró la media sanción en la Cámara baja, el proyecto consensuado entre la oposición dialoguista y las más dura había conseguido dos tercios de los votos de los presentes. Con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. En caso de asistencia perfecta, el número de dos tercios se eleva a 172.

Tanto la oposición que busca dar marcha atrás con el veto, como el oficialismo, que tiene la tarea de mantener la decisión presidencial, trabajarán de manera frenética para asegurarse los números. Las ausencias resultarán clave, pues de esa manera se achican los cálculos, tanto para unos como para otros.

Con presiones desde Casa Rosada sobre los gobernadores, la lupa estará puesta en legisladores que responden a sus mandatarios. Un ejemplo es el bloque de Innovación Federal, con terminal en Salta, Misiones y Río Negro, compuesto por ocho miembros. En junio pasado votaron todos a favor de la norma.

Pero también está en la mira un sector de los radicales. Hay, además, quienes aseguran que la UCR tendría entre seis y ocho conversos y no precisamente todos serían de provincias gobernadas por el partido centenario.

El oficialismo junto a todos sus aliados reuniría 84 en total. Sin embargo, La Libertad Avanza deberá esforzarse sobre el panorama que se dio en la primera votación de la ley, cuando hubo siete ausentes del Pro (la bancada amarilla tampoco aportaría los 37 para el rechazo del veto) y tres del bloque Independencia, los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo. Además, en esa ocasión se abstuvo la tucumana Paula Omodeo. También lo hicieron así dos sanjuaninas de Producción y Trabajo que, si bien no están contadas dentro de los aliados, votan en sintonía con el oficialismo.

A los números que la oposición perdería por quienes den vuelta su voto, o esta vez se ausenten, Unión por la Patria podría aportar dos que no estuvieron la primera vez; el radical Manuel Aguirre, que tampoco estuvo en esa oportunidad y forma parte del espacio más duro contra el oficialismo dentro de las vertientes de la UCR; y los cinco diputados del Frente de Izquierda, que se abstuvieron, pero que cambiarán su voto a favor, en rechazo del veto.

La ley vetada -sancionada por el Senado el pasado 22 de agosto por holgados dos tercios, con 61 votos positivos y 8 negativos- establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplara el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.

Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.

Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

"Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos", agregó el PEN.

Confirmado el veto total a la Ley de Movilidad Previsional, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño consideró que "estamos ante un nuevo error del presidente, de no tomar caminos alternativos, no dialogar, y no encontrar una salida política en un tema tan delicado como es cuánto ganan los jubilados".

Al referirse al trámite legislativo que puede comenzar el Congreso para revertir la decisión del Ejecutivo, aseguró que se deberá salir "a conseguir votos, y salir a buscar diputados que estén dispuestos a dar quórum".

No obstante, consciente de los dos tercios de los votos (de los presentes) que se requieren para volver a aprobar el proyecto, el cordobés observó que "hay una encrucijada con los gobernadores, que siempre han trabajado en conjunto con el Gobierno en todo lo que tenga que ver con ordenar las cuentas y bajar el déficit, y no entrar en muchas leyes, pero acá está en juego lo que son las cajas previsionales de las provincias".

Además, el legislador señaló que la pronta discusión por el Presupuesto 2025 "va a hacer que muchos gobernadores y diputados quieran discutir el orden de prioridades, que en definitiva es lo que estamos discutiendo acá. El Congreso ha planteado que la prioridad sean los jubilados, mientras el Gobierno prefería que la prioridad fueran los espías o los viajes al extranjero para recibir premios por cuestiones personales".

En diálogo con CNN Radio, el diputado del bloque liderado por Miguel Pichetto subrayó que "de cada 100 pesos que ajustó (Javier) Milei desde que llegó al poder, 40 fue con el cuero de los jubilados. Mientras los directores de YPF, del Gobierno y funcionarios de la AFIP ganan cifras estrambóticas".

"Está bien ordenar las cuentas, bajar la inflación y desarmar la herencia que dejó el kirchnerismo, incluso Milei fue cómplice en bajar Ganancias, que nosotros tuvimos que volver a colocar en el recibo de sueldo de muchísimos argentinos para que no haya un problema económico en Argentina", agregó.

Agost Carreño insistió en que "la fórmula de los jubilados es un tema prioritario, y además es lo que pide la Corte Suprema de Justicia de la Nación; (la ley) nos permite además saldar las deudas con las provincias que no han transferido sus cajas en los '90, nos permite que los jubilados lleguen a un número razonable y tengan previsibilidad sobre sus ingresos. También damos seguridad jurídica porque hoy tenemos 300 mil juicios pendientes más 90 mil sentencias, que con esta ley se corregiría y o empezaría a priorizarse la solución a los jubilados".

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT) criticó este lunes al expresidente Mauricio Macri por apoyar la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de vetar completamente la ley de movilidad jubilatoria que aprobó por dos tercios el Senado y sostuvo que esa acción “ridiculiza a sus senadores).

"El veto anunciado por Milei a un aumento de miseria para los jubilados, luego de una semana cargada de golpes parlamentarios e internas, muestra a un gobierno que pierde recursos en medio de un desmadre de la situación económica y social”, criticó.

Biasi continúo: "El apoyo al veto de Macri ridiculiza a sus senadores, pero muestra que no les importaba los jubilados, solo les importaba mostrar a Milei que el Pro puede complicarlo en el parlamento”.

“El ex presidente utilizó el tema jubilatorio para negociar sus cuotas de poder. Con el apoyo al veto, le muestra al FMI y el capital financiero que él sigue siendo peón de sus intereses. La Argentina de Milei y de Macri es la del hambre de los jubilados", alertó y cerró: “Está política la derrotamos con movilización. La lucha de los jubilados tiene que convertirse en una causa nacional”.

El Gobierno reafirmó este lunes en forma tajante que será “total” el veto a la reforma jubilatoria votada por el Senado, al rechazar algún “tipo de negociación con el Congreso

“La idea del Presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación respecto a absolutamente nada”, afirmó este lunes el vocero presidencial,  Manuel Adorni.

El  presidente Javier Milei ya había anticipado el veto “total” horas después de la sanción del Senado  -aumento de haberes- con duras críticas a los legisladores que sancionaron el cambio a la movilidad jubilatoria.

En la conferencia de prensa habitual en Casa Rosada, Adorni explicó: “Sobre el veto del presidente, lo que hay que entender es el intento de romper el equilibrio fiscal y la gravedad de todo esto es que es tan evidente que cuando proponen un gasto sin su contrapartida de recursos, no hay otra razón para hacer eso que no sea efectivamente romper con el equilibrio de las cuentas públicas”.

“Con respecto al tema burocrático -puntualizó-, hay 10 días hábiles para proceder al veto, eso son 15 días de corrido, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, veremos cómo avanza administrativamente”.

Por otra parte, el funcionario se refirió a los vaivenes de la economía: “Sabemos los números positivos o los semáforos verdes que tenemos, los semáforos rojos que tenemos y sabemos muy bien y seguimos muy de cerca cuál es la evolución de los diferentes indicadores o lo que popularmente nosotros le llamamos los semáforos de los diferentes rubros y de las diferentes actividades”.

Al respecto, indicó que la “industria es el sector que todavía está más retrasado en el proceso de la recuperación”.

“Eso es un dato objetivo y que le prestamos atención, como también entendemos que dentro de la industria (que va desde producción de acero a patentamiento de autos, o producción de autos, o despachos de cemento) empieza a haber semáforos positivos también”, agregó.

Para Adorni, asimismo, el “incremento de tarifas no impacta en la inflación”. “Puede impactar -sostuvo- en el IPC en el mes, pero la inflación no se da en virtud del aumento del precio de uno de los bienes o de uno de los servicios de la economía, porque la inflación es por definición el aumento generalizado de los precios de la economía en un periodo de tiempo”.

Más adelante aseveró que “si decimos que la inflación depende de la máquina de hacer billetes, depende de que se desajustan la oferta y la demanda monetaria. La política monetaria es una gran cantidad de dinero fija, te puede impactar en un mes pero con el correr del tiempo eso no va a terminar impactando de manera permanente en el IPC, así que no, no va a pasar eso”.

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a cargar duramente contra diputados y senadores, reiterando su definición de “degenerados fiscales”, al referirse a la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso. Tras reafirmar su postura respecto de un veto, cruzó fuerte a Diputados y Senadores.

“Cada vez que los degenerados fiscales del Congreso vayan contra el equilibrio fiscal, yo les voy a responder con un veto”, dijo Milei por Radio Mitre al ser consultado sobre su decisión al respecto.

Refiriéndose a lo votado durante la última semana, el presidente añadió: “Esta medida es profundamente irresponsable. La casta política, la basura que votó esto, está intentando exterminar a la juventud argentina”.

Tras considerar “inconstitucional” esa decisión, Milei insistió en que “lo que ha hecho el Congreso es querer romper el programa económico”.

El presidente cargó contra la oposición amigable al recordar que "Juntos por el Cambio se comió 14 toneladas de piedras por querer hacer una reforma previsional en línea con la que presentamos y ahora votan con los kirchneristas una porquería para quebrar el sistema. Pónganse de acuerdo. Son una manga de mentirosos demagogos".

Insistió en que la oposición intenta "romper el programa económico". E insistió con lo de que “Son basuras deshonestas intelectualmente".

Milei tildó a la votación de ser "un acto de demagogia barata".

Luego, calificó la votación como “un acto de demagogia barata de las ratas esas que están en el Congreso” que a los argentinos “le hubiese costado 370 mil millones de dólares”.

A través de un comunicado, el bloque de diputados de Encuentro Federal manifestó que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma”, y cuestionó al Gobierno que “impulsa medidas que benefician a patrimonios más altos”.

El bloque de diputados de Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, desafía al oficialismo y le anticipó que van a “insistir para que la movilidad jubilatoria sea ley” ante el anuncio del presidente, Javier Milei, de que vetará por completo la norma.

A través de un comunicado, ratificaron su apoyo a la ley que “busca recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad, que fuera aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y que, a pesar de ello, el presidente Javier Milei anunció que vetará en las últimas horas”.

“Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, por el que hemos militado y trabajado desde que el hoy presidente era un comentarista mediático”, aseguraron, pero sostuvieron: “Creemos que no hay un único camino para alcanzarlo. Por eso, en reiteradas ocasiones puntualizamos sobre la necesidad de que exista proporcionalidad en el sendero de baja del déficit”.

En el texto, el bloque que forma para de la oposición dialoguista criticaron que “a pesar de que ‘no hay plata’, el Gobierno impulse medidas que benefician a los patrimonios más altos, como una importante baja del Impuesto a los Bienes Personales y un blanqueo que premia a quienes no aportaron, al tiempo que define la vuelta del Impuesto a las Ganancias que afecta principalmente a la clase media. O que destina 100 millones de dólares para la SIDE y más de 650 millones de dólares para la compra de aviones F-16. Tan solo el dinero de los fondos reservados para los espías representa 463.772 jubilaciones mínimas”.

“Observamos con preocupación una distorsión en las prioridades de gestión del Gobierno. Es falso que el ajuste lo está pagando la casta. Más de un tercio de ese ajuste recae sobre los jubilados, quienes con la Ley de Movilidad sancionada por el Congreso pueden ver sus ingresos ajustarse mensualmente por inflación para no perder poder adquisitivo”, expresaron.

En esa línea, reiteraron su compromiso con la búsqueda del equilibrio fiscal, por lo que instaron al presidente a que “revise los 32 regímenes especiales que representan unos 4.7 puntos del PBI. Ahí puede encontrar fondos suficientes para compensar lo que perdieron los jubilados por el 20,6% de inflación de enero, tal como prevé la ley que vetó”.

“El Congreso tomó una decisión sobre las jubilaciones con el firme propósito de compensar la inflación y poner fin a la práctica de otorgar bonos discrecionales, una política iniciada por Alberto Fernández”, señalaron y advirtieron: “Las amplias mayorías que respaldaron esta medida enviaron un mensaje inequívoco de legitimidad que el Gobierno no debiera ignorar. Reviste aún más gravedad que el actual régimen previsional pende de la fragilidad de un DNU.

Por último, consideraron que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma, que no solo establece a quien comanda el poder central, sino también a quienes representan a la sociedad en el Parlamento y tienen la responsabilidad de actuar como contrapeso. La verdadera fortaleza del Estado reside en el equilibrio y la cooperación entre los poderes en beneficio de todos los ciudadanos”.

El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó este viernes la decisión del Gobierno nacional de vetar completamente la Ley de Movilidad Jubilatoria que sancionó el Senado, al asegurar que "atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos" y "no es más que pura demagogia populista".

"La irresponsabilidad fiscal de la vieja política conspira otra vez contra el equilibrio fiscal, condición necesaria para seguir con la pulverización de la inflación, mandato que los argentinos nos dieron con su voto", sostuvo.

El funcionario expresó que "la ley que se ha aprobado atenta contra el superávit fiscal porque implica más gasto público y nosotros siempre decimos, y así lo vamos a cumplir, no importa lo que pase, que el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable".

En conferencia de prensa, Adorni señaló que "no hay prosperidad posible, no hay recomposición de salarios y no hay jubilaciones dignas en el futuro sin equilibrio fiscal".

El vocero dijo que los legisladores nacionales “están haciendo demagogia, porque ellos saben que lo que plantean es infinanciable”, e indicó que para el Gobierno nacional “no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”.

En ese sentido confirmó, como había adelantado Milei, que “el veto a esta ley será total” ya que “el único camino para aumentar el poder adquisitivo de los jubilados es exterminar para siempre el déficit fiscal, que es la causa madre de la inflación”.

Adorni argumentó que las jubilaciones “perdieron poder adquisitivo durante la administración de (Alberto) Fernández” y al respecto puso como ejemplo que en 2023 registraron aumentos por “un 111%, mientras que la inflación anual corrió al 211%”.

El funcionario contrastó con la medida que se tomó “ni bien asumió el Gobierno del presidente Milei” cuando, dijo “se actualizó la fórmula para que las jubilaciones aumenten acorde a la inflación”.

Además, cuestionó que la norma "no tiene recursos asignados ni previstos, lo que implica que uno tendría que financiarse con emisión monetaria", lo que "lleva a inflación".

"Nos han dejado un país destruido y lo que hacen es demagogia", se quejó de la oposición y al igual que se anunciara por comunicado y ratificara el presidente Javier Milei, confirmó que "el veto a esta ley será total".

Por otra parte, consultado sobre la eventual expulsión de la mendocina Lourdes Arrieta del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, el vocero respondió: "Entiendo que la semana que viene puede haber alguna novedad, pero es un tema estrictamente del Poder Legislativo. Definirán y resolverán ellos, nosotros no intervenimos".

Al comienzo de su conferencia, el funcionario destacó la reglamentación del RIGI, que "significa para nosotros una garantía que le damos a esa confianza de inversiones y al cambio de época que representa Javier Milei y nuestro Gobierno". "Da un conjunto de reglas claras y estables para que la Argentina se inserte en los lugares donde las inversiones mundiales buscan su lugar", añadió.

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmara su decisión de vetar por completo la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que aprobó este jueves el Senado de la Nación, desde el Congreso los legisladores opositores le salieron a responder a través de las redes.

“LA INJUSTICIA AVANZA”, encabezó su posteo el presidente de la CC-ARI y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, y siguió: “La decisión del presidente Milei de vetar la ley de movilidad jubilatoria, aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, revela un gobierno indiferente tanto a los jubilados como a la representación de los argentinos que ejercen ambas cámaras”.

Ferraro señaló que “licuar las jubilaciones es una estafa moral profunda; es atacar la capacidad de uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la Argentina para acceder a alimentos y medicamentos, personas que han trabajado y contribuido con sus impuestos durante toda su vida. Esta injusticia es aún más flagrante cuando, por otro lado, se mantienen privilegios tributarios y corporativos para sectores como los de Tierra del Fuego y otros amigos del poder”.

“Desde la asunción de este gobierno apático, hemos luchado para aliviar el sufrimiento de nuestros jubilados, y seguiremos haciéndolo”, adelantó.

El presidente del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López, manifestó: “Existiendo otras alternativas constitucionales es un error jurídico y fiscal el veto total de la ley jubilatoria. Es una lástima que los economistas libertarios decidan solos, encerrados y en caliente”.

"Lamento el veto presidencial al aumento del 7,2 de la movilidad jubilatoria. Ponderamos el déficit cero pero no puede ser a costa de los mas vulnerables. Es una cuestión humanitaria. Hay otros “gastos tributarios” que recortar que benefician a amigos del poder", expresó la diputada Marcela Campagnoli.

El diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot compartió un viejo tuit del propio Milei del 2019 en el que apuntaba contra “los populistas irracionales” por no valorar el trabajo de años de los jubilados y le enrostró que “el equilibrio fiscal es prioritario. Pero la política económica radica en CÓMO alcanzamos ese equilibrio. Con qué prioridades, qué ganadores y qué perdedores. Milei engañó a la clase media con impuesto a las ganancias y bajó impuesto a los altos patrimonios. Pero no hay $13mil para la mínima”.

La diputada de UP Cecilia Moreau apuntó: "Son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Ver a Caputo y Sturzenegger reírse de los jubilados no me sorprende, me indigna. Son los protagonistas de la historia de los fracasos Argentinos", al compartir la foto de la reunión en Olivos entre los funcionarios con Milei.

Apuradisimos con el veto porque saben que se les cayó la careta del ajuste: con lo que motosierran a los jubilados abultan los bolsillos de los más ricos de los ricos.

Tres puntos claves sobre el proyecto que aprobó ayer el Senado:
1) Establecía el aumento de los 8 puntos que…

— Itai Hagman (@ItaiHagman) August 23, 2024

"El Senado acompañó la media sanción que obtuvimos en diputados para compensar el ajuste inhumano que Milei cargó en los jubilados durante el primer semestre. En un auténtico Principio de Revelación, el Gobierno, encaprichado, dice que va a vetar cualquier cosa que vaya contra su sagrado equilibrio fiscal. Lástima que no pensaban lo mismo cuando le regalaron medio punto del PBI al 1% que paga bienes personales, o los 100.000 millones a la SIDE para que jugaran por twitter", cuestionó Itaí Hagman (UP).

La mendocina Liliana Paponet criticó: "La decisión de vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria es un ejemplo perfecto de cómo el cambio puede ser solo un espejismo. Mientras él busca "reinventar" la política, los jubilados quedan desprotegidos y olvidados. Encima festejan".

¿Qué se votó en el Senado sobre jubilaciones? ¿Qué es lo que Milei se resiste a reconocerle a los jubilados?
NO QUIERE QUE COBREN $317.700 DE JUBILACIÓN MINIMA

Te explico lo aprobado en 5 puntos:

1) En primer lugar, plantea un incremento adicional de 8,1 puntos (7,2%…

— Julia Strada (@Juli_Strada) August 23, 2024

La radical Carla Carrizo manifestó: "Hoy un mensaje contundente de todos los partidos y provincias al Gobierno: en democracia el esfuerzo frente a la crisis no lo pueden poner los más débiles. Solo decir: todo nuestro compromiso para insistir desde el Congreso si el Presidente comete el error de vetarla".

Por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño planteó: "Ante el veto presidencial hay que responder con un paro nacional y movilización masiva. Insistir en ambas cámaras con dos tercios para rechazar el veto y que se obligue al gobierno a promulgar la Ley. Basta de ajustar a los que trabajaron toda su vida".

"Macri apoya el veto de Milei a los jubilados a cambio de negociar cargos y quien sabe que más. Más pusilánime difícil de conseguir", publicó su par de bancada Christian Castillo.

Desde el bloque socialista, integrado por Mónica Fein y Esteban Paulón en la Cámara de Diputados, aseguran que “ambas cámaras insistirán con el proyecto para reparar los salarios a los jubilados y el veto pretendido por el Ejecutivo perderá efecto. Que deje de perder el tiempo”.

“El veto anunciado por el presidente es una pésima señal y una muestra más de la crueldad y la insensibilidad del gobierno que, para algunas cosas como la SIDE, sí tiene presupuesto y para otras usa el discurso del equilibrio fiscal”, expresó la diputada Fein.

Por su parte, Paulón manifestó que “estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal porque es indispensable para que Argentina pueda salir de la crisis, pero está en la inteligencia del gobierno determinar cómo se logra ese equilibrio”. A su vez, indicó: “Sería importante que el presidente no pierda tiempo y se ponga a trabajar porque el congreso va a insistir con el proyecto original”.

Para cerrar, los legisladores socialistas explicaron que "el Ejecutivo hoy tiene todas las herramientas para distribuir las partidas y cumplir con el incremento del 8% adeudado que se plantea en el proyecto de ley a fin de recomponer la fórmula jubilatoria para que los jubilados y jubiladas puedan recuperar capacidad de compra”.

El “PACTO DE LA MILANESA” en Olivos.

Ayer los senadores y senadoras del PRO votaron la ley que recupera la pérdida de haberes a los y las jubiladas.
Hoy el ex Pte dice que apoya vetarla.

Curiosidades (?) pic.twitter.com/UnfbUJ3bDU

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 23, 2024

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este viernes a la decisión del Gobierno de vetar la Ley de Movilidad Previsional y argumentó que "es imposible en términos económicos".

"Cargar un costo con las jubilaciones es no entender nada de lo que está pasando. Con el kirchnerismo las jubilaciones cayeron un 30%", apuntó el funcionario en declaraciones a Radio Nacional.

El ministro coordinador cuestionó la sanción de una norma "sin especificar de dónde vienen los recursos… que nos cuenten cómo se hace". "No podemos pagarlo con emisión monetaria", aseveró.

Francos reconoció que las jubilaciones no están "bien pagas", pero dijo que eso "es producto de los desaguisados que hizo el Gobierno anterior cargando al sistema con gente que no hizo aportes. Entonces los fondos no alcanzan".

"El veto va a ser total. Hoy estamos debatiendo el veto total a una ley que no tiene solución en términos económicos", insistió.

También criticó a la oposición dialoguista: "Que en estas circunstancias se alíen con el kirchnerismo me parece irresponsable". "Tengo claro que el kirchnerismo quiere dañar al Gobierno, si otros se alían, bueno… deberán dar explicaciones", agregó.

En alusión al rechazo al DNU sobre los 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE, y la designación de Martín Lousteau como presidente de la Bicameral de Inteligencia, el jefe de Gabinete sostuvo: "Lousteau acordó con el kirchnerismo. ¿Cuál es la garantía que da una comisión como ésta, conducida por el kirchnerismo, cuando tuvo acuerdos con Irán? Lo que más me llama la atención es que se integra la comisión después de 8 meses (del arranque del año) y lo primero que hace la Cámara (de Diputados), sin que la comisión convoque al responsable de inteligencia para que explique en qué se invierte los fondos, deroga el decreto".

"Es ridículo que hablen de la plata para inteligencia y lo relacionen con las jubilaciones. En los años anteriores tuvieron presupuestos enormes con gastos reservados para la SIDE/AFI. Lo de los jubilados, este año implica un gasto extra de 7 mil millones de dólares para el año que viene", señaló.

A pesar de que casi todo el bloque Pro votó en general la Ley de Movilidad Previsional, que establece una recomposición en las jubilaciones, el expresidente Mauricio Macri salió a apoyar la decisión de Javier Milei de vetar la norma, aprobada con holgados dos tercios de los votos.

"La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción", cargó el líder del partido amarillo en un posteo a través de la red social X.

Y continuó: "Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos".

Macri consideró que "ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal". "Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei", cerró.

La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores…

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

El mensaje llegó luego del anuncio de Casa Rosada sobre la decisión de vetar la ley avalada por toda la oposición. Si bien en la Cámara de Diputados, el Pro, aliado de La Libertad Avanza, se había opuesto, llamó la atención que en la votación del Senado, cinco de los seis integrantes del Pro dieron su voto positivo en general.

El apoyo del expresidente también se da luego de una semana negra para el oficialismo en el Congreso, donde en la Cámara de Diputados fue rechazado el DNU sobre 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE, que contó también con una veintena de macristas votando a favor de que se caiga. Esa noche, Macri y Milei cenaron juntos.

Tal como venía anunciado hace tiempo que “toda norma que atente contra el equilibrio fiscal va ser vetada”, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó este viernes por la mañana que vetará “por completo” la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social que se aprobó este jueves en el Senado por dos tercios y apuntó duramente contra los senadores: "Quieren romper este Gobierno".

“El veto va a ser completo, va a ser total”, sentenció el mandatario luego de que la Cámara alta aprobó la modificación en la manera de calcular los aumentos jubilatorios, con el apoyo del kirchnerismo, el Pro, la UCR y bloques provinciales.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para los argentinos la sanción de esta ley. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así porque están condenando a los argentinos de acá al futuro sin remedio”, disparó en diálogo con LN+.

Milei explicó las razones por las cuales decide vetar la norma. En primer lugar, sostuvo que “en el plano empírico y político porque es verdaderamente gracioso que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando licuaron las jubilaciones en un 30% y hoy en términos reales están 5% por encima de las que eran en noviembre cuando asumimos", y agregó: “Si la tomamos en dólares al tipo de cambio paralelo, el aumento a las jubilaciones medida en dólares es enorme”.

Al insistir con sus críticas a la oposición y principalmente al kirchnerismo, apuntó: “Cuando uno lo pone en términos políticos, de hecho, están los videos donde muestran a Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Miguel Ángel Pichetto, cuando deciden vetar el 82% móvil en 2010 porque ellos mismos sostenían que eso era la quiebra del Estado. Son las mismas personas que incrementaron la cantidad de jubilados sin aportes en 3,5 millones de personas y hay un millón de jubilaciones y pensiones truchas. Es una contradicción y el agujero negro que han hecho en términos fiscales con el sistema previsional”.

En esa línea, Milei recordó que el gobierno de Mauricio Macri “cuando recibió las 14 toneladas de piedra fue para tratar de evitar esto. Los números no le dan, porque los números de hoy son mejores de los que estaban en el gobierno anterior y, además, han dado argumentos en contra de hacer este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno”, y preguntó: “¿Por qué lo quieren hacer ahora, acaso quieren romper este Gobierno? No tengo dudas, quieren romper este Gobierno porque si le va bien va a significar que los argentinos van a estar mejor y estas ratas no vuelven más".

En segundo lugar, el Jefe de Estado planteó que “implica una violación a la Ley de Administración Financiera del Estado”, y precisó que cuando se crea un gasto “hay que crear la contrapartida de financiamiento. No pueden alegremente gastar y no saber con qué lo van a financiar. La contraparte es que sea un aumento del déficit fiscal ¿qué la voy a financiar con emisión de dinero? Si genero eso, genero inflación y distorsiono los precios. Se vuelve a castigar a los jubilados y a los sectores más vulnerables y afectando negativamente el sistema de precios, por ende, la economía no crece”.

“¿Qué puedo hacer? ¿me endeudo? Lo cual sería una locura un gasto permanente contraer deuda sería cosa de demencia. La contraparte es que sería un aumento del riesgo país e implicaría menor capitalización, menores salarios, pobreza para todos y menor crecimiento. O directamente subir los impuestos y eso va a pegar en el crecimiento”, agregó.

Milei señaló que, en términos de endeudamiento, “hay que tener consciencia de que, cuando ponen un número, entiendo que no sean economistas y sean personas que suman con dificultad, eso en el kirchnerismo es bastante claro porque se quejan del endeudamiento y les gusta hacer déficit fiscal tienen algún problema de disonancia cognitiva para sumar y restar, parece que el resto de diputados y senadores que han votado esto también”.

“Uno ve un nivel de ignorancia tratando un tema tan delicado como es la cuestión previsional”, apuntó el presidente contra los legisladores que apoyaron la norma.

Milei planteó: “El aumento que deriva de esta ley implica un aumento del costo en términos del PBI de 1.2. Pero no es solamente un aumento que usted tiene un año, es de acá a la eternidad. Para una economía cuya tasa de interés promedio está en el 5%, implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI", señaló el libertario, y agregó que "la medida demagógica que votó el Senado ayer implica un incremento de la deuda de 370.000 millones de dólares".

Ante el panorama de no poder concretar el veto completo –porque la norma tuvo los dos tercios de votos en ambas cámaras- Milei aseguró que “le vamos a plantear a la sociedad la inconsistencia que está enviando el Congreso”, y les reclamó a los senadores de la oposición “que expliciten cómo van a financiar esto”.

“Esto se paga con pobreza, con menos crecimiento. A quién quieren que le cobremos impuestos, que nos digan a quién le quieren arruinar la vida. Estamos hipotecando el futuro y destruyendo la calidad de vida de las generaciones", cuestionó y apuntó: “El daño que se está causando con esto es no menor. Los irresponsables que han votado esto le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y la indigencia a los jóvenes”.

“Es un atentado contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros. Es la ruina del país", lanzó y explicó que “la única manera que se sale de esto es con crecimiento económico y para eso hay que invertir”.

Milei evitó hacer referencia al apoyo de los senadores del Pro a la reforma jubilatoria y al mensaje de Mauricio Macri cuestionando a los legisladores y apoyando su decisión de vetar la ley. “Estuve reunido en Olivos cenando y me dio las explicaciones y, la verdad que, a mí, no me resultaron satisfactorias”, cerró.

Por último, apuntó contra “el kirchnerista” Martín Lousteau a quien “le dieron la Bicameral porque efectivamente juega con el kirchnerismo y (Oscar) Parrilli y (Leopoldo) Moreau que son parte del Memorándum con Irán es una gravedad institucional enorme. Si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista es absoluta y total responsabilidad por este conjunto de irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia. Quizás estén apostando a algo. Va a ser responsabilidad de la casta política, quizás alguno pactó con los terroristas”, expresó sobre el rechazo en Diputados al DNU que destinaba fondos a la SIDE.

Tras la aprobación de la ley que Javier Milei anticipó ni bien tuvo media sanción que vetaría, y por la que había llegado a llamar a los legisladores “degenerados fiscales”, el presidente se dedicó a repostear mensajes muy críticos en las redes contra los senadores. Ya había reposteado temprano mensajes como el de la cuenta “Coherencia por favor”, que decía que “no son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”.

Ya al filo de la medianoche, la Oficina del Presidente informó que “vetará el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”.

El extenso comunicado recuerda el compromiso del presidente con los argentinos a “sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, señala.

A continuación, el comunicado indica que “el Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”.

Para Milei, esta ley implica “un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.

Adicionalmente, continúa el comunicado, “resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el Gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”.

“Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, continúa el comunicado.

Para la Oficina del Presidente, el proyecto sancionado este jueves por el Congreso “con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual  no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.

Sobre el final, deja un mensaje para quienes hasta ahora han sido sus aliados, no así al menos durante la última semana: “Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno”.

El comunicado finaliza diciendo que “es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”.

El Gobierno afirmó este viernes que “no está en agenda vetar” la ley de financiamiento universitario en caso de que sea aprobada en el Senado, pero siempre y cuando no “afecte el equilibrio fiscal”.

Así lo planteó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada tras ser consultado si el presidente vetará la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales que obtuvo media sanción de Diputados con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención.

“Del Poder Legislativo somos respetuosos. En el caso del tema del presupuesto universitario le falta su promulgación definitiva. Lo cierto es que nosotros siempre lo hemos destacado acá que hemos incrementado los gastos de funcionamiento, siempre estuvimos abiertos al diálogo y jamás estuvo en riesgo la educación pública, menos aún las universidades”, explicó Adorni.

“No hay mucho para decir hasta que efectivamente, en tal caso, ese proyecto tenga sanción definitiva. El presidente lo dijo que todo lo que tenga intención de destruir el equilibrio de las cuentas públicas, se van a usar todas las herramientas para evitarlo”, advirtió.

Sin embargo, el vocero afirmó: “El veto no está en agenda. Hoy no está en agenda vetar si eso tiene una sanción definitiva. Tenemos que ser respetuosos hasta que eso así sea. No sabemos cuál es la sanción definitiva de la ley y cuando eso suceda se analizará. Como premisa el presidente tiene en claro que todo lo que vaya con destruir el equilibrio en las cuentas será analizado su veto, todo lo que se considere que no, se respetará la decisión del Legislativo”.

Por otro lado, fue consultado sobre la postura del Ejecutivo ante el reclamo de varios sectores de quitarle la pensión y custodia al expresidente Alberto Fernández en el marco de las denuncias por violencia de género y qué decisión tomarán si el Congreso de la Nación les da tratamiento a los proyectos presentados por el Pro y la CC que van en ese sentido.

“Con el tema de la custodia de Fernández ratificamos lo que dijo la Dra. Patricia Bullrich vamos a mantener todo tal cual lo marca la ley y, en tal caso, como lo marca la justicia. No tenemos mucho para opinar, lo demás será un debate legislativo en donde llegado al caso tomaremos posición”, aclaró.

Sobre lo ocurrido en la sesión maratónica de este jueves en Diputados donde, previo a tratar el repudio del fraude electoral en Venezuela, el bloque de UP se levantó y se retiró dejando la sesión sin quórum –por lo que terminó cayéndose- Adorni opinó: “Cada uno es dentro de otro poder libre de hacer lo que le parezca mejor, entendemos que para el kirchnerismo tal vez es difícil pronunciarse en contra de un dictador, pero bueno son posturas, cada uno hace lo que le parece mejor”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que, si el Congreso insiste con aprobar el proyecto de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, incluso tras el veto que hará el presidente Javier Milei, desde el Gobierno harán “recortes de todo tipo”.

“Si esto finalmente sucediera, insistir con 2/3 ante un veto del Presidente, lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley", precisó Francos en diálogo con LN+ y advirtió que habrá “recortes de todo tipo”.

De este modo, Francos confirmó que el Gobierno cumplirá con lo que disponga el Congreso solo en caso de que actúe post veto de Milei. No adelantó, en tanto, qué partidas se cortarán para financiar las jubilaciones.

"Aunque los diputados quisieran insistir con los dos tercios de los votos, lo que el Gobierno tiene claro es que esto de ninguna manera va a impactar la decisión firme del Presidente de mantener el déficit cero", enfatizó Francos e insistió: “No hay ninguna posibilidad de que el gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese incremento, porque no tiene los recursos”.

El exministro del Interior aclaró que el Gobierno no se correrá "un centímetro de lo que se estableció como prioridad", a tono con lo que minutos luego comunicó la Oficina del Presidente.

"Lo fundamental para un Gobierno es tener responsabilidad fiscal, saber que lo que gasta tiene recursos. No estamos viviendo en el pasado cuando todo se solucionaba con endeudamiento o emisión", planteó el jefe de Gabinete.

Así, recordó que la oposición ya había intentado plantear el proyecto con la nueva fórmula para haberes jubilatorios junto con el proyecto de ley Bases y el paquete fiscal: “Nosotros en ese momento nos opusimos porque no tenía financiamiento para hacer ese ajuste”, y explicó que lo que hizo el Gobierno fue “establecer una fórmula de ajuste jubilatorio a partir del IPC”, a la que le hizo una actualización en enero y, reconoció, que “quedaba un desfasaje” del 8% de acuerdo a los diputados.

“Lo que han hecho ahora fue tomar ese 8%, pero que no tiene financiamiento. Ese había sido el motivo por el cual el Poder Ejecutivo en la discusión de la Ley Bases había dicho que no estaba en condiciones de hacerlo”, justificó el funcionario.

“Le va a ser difícil al presidente rechazar una ley votada con los 2/3 de los votos”, comentaba este miércoles el diputado nacional Martín Tetaz, al día siguiente del resultado adverso para el Gobierno respecto de la votación de la movilidad jubilatoria. Que, en efecto, consiguió los dos tercios en la madrugada de este miércoles. No de la Cámara, pues si estuvieran todos los diputados sentados en sus bancas necesitarían 171 diputados, sino los 2/3 de los presentes. Con la presencia de 240 diputados que había en el momento de la votación, se necesitaban 160 votos para alcanzar esa mayoría especial y fue lo que sucedió. Recordemos el resultado: 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones.

Como siempre se dice, los legisladores votan con la mano, pero a veces también “con la cola”. Esto es, no solo es importante saber cómo votaron los diputados en este caso, sino también quiénes no estuvieron presentes a la hora de la votación, bajando el número necesario para alcanzar 2/3.

Hubo 16 ausencias a la hora de la votación del primero de los dictámenes de minoría, a la postre el que se impuso. Siete eran del Pro, algunos nombres que sonaron fuerte, como los de Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, autora esta última de uno de los dictámenes de minoría. Según pudo saberse, hubo un sector del partido amarillo que se inclinaba por la abstención, pero al final se impuso la decisión de votar en contra.

También se ausentaron tres nuevos aliados del Gobierno, el bloque completo Independencia.

Estos fueron en definitiva los ausentes en esa votación: el radical correntino Manuel Aguirre; Belén Avico, Héctor Baldassi, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello y María Eugenia Vidal, todos estos del Pro; por Hacemos Coalición Federal Jorge Avila y Francisco Morchio; los tres tucumanos de Independencia, Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina; Ricardo Daives y Magalí Mastaler de Unión por la Patria, y la diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci.

Los votos a favor fueron 97 de Unión por la Patria; 34 de la UCR; 13 de Hacemos Coalición Federal; 8 de Innovación Federal; 6 de la Coalición Cívica; los 2 de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo del MPN,

Los votos en contra fueron de La Libertad Avanza (36); Pro (30); MID (3); Ricardo López Murphy por HCF, y Buenos Aires Libre (2).

Finalmente las abstenciones correspondieron a la izquierda (5); las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo y Paula Omodeo (Creo).

La amenaza del veto

El presidente Javier Milei ya ha anticipado que vetará toda iniciativa legislativa que pueda complicar el compromiso oficial con el déficit cero. Está claro entonces cuál es el destino que tendrá esta iniciativa si se aprueba en ambas cámaras.

Ahora bien, consiguió una mayoría especial en Diputados y probablemente se repita en el Senado. Pero el Poder Ejecutivo puede vetar una ley sin importar el número con el cual haya sido sancionada. No importa si fue por unanimidad o dos tercios. La puede vetar total o parcialmente.

Las cámaras pueden insistir, pero esa insistencia, para ser válida, tiene que ser también, sí o sí, por los dos tercios. En ambas cámaras. En ese caso, de suceder eso, el presidente ya no puede hacer nada al respecto.

En el caso de que las cámaras insistan, pero no se alcancen esas mayorías especiales necesarias, el tema no puede volver a ser tratado durante todo el año legislativo.

Cuando hablamos de 2/3, estamos hablando de legisladores presentes.

Lo deja claro el artículo 83 de la Constitución nacional, que establece: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

En este marco, otro diputado de esa oposición dialoguista a la que el Gobierno necesita para aprobar cualquier ley, Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) advirtió que si el presidente insiste con el veto, también debe tener en cuenta que la oposición puede voltearle aún más fácilmente el DNU con el que cambiaron la fórmula de actualización jubilatoria.

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) destacó la media sanción que obtuvo en la Cámara baja el proyecto de modificación de la fórmula jubilatoria y le aconsejó al presidente de la Nación, Javier Milei, que “no vetaría una ley aprobada con dos tercios de los votos del Congreso”.

“Dos tercios del Congreso votó la reforma jubilatoria que implica que le devolvamos a los jubilados el 8% que el decreto 274/24 de Milei misteriosamente no reconoció de la inflación de enero, porque dispuso que a partir del mes de abril los jubilados debían recibir la devolución de la inflación de enero, febrero y marzo, pero era solo 12,5% de la inflación de enero, o sea, le estamos recomponiendo lo que la licuadora les quitó durante el mes de enero, ese es el punto más importante”, explicó Tetaz en diálogo en Radio Rivadavia.

Tras advertir que el sector pasivo "perdió en 2023 con el gobierno anterior, donde hubo 211% de inflación, solo tuvieron 110% de aumento y perdieron más de 100 puntos”, precisó que la iniciativa “establece que una vez por año, si los salarios se recuperan, una parte se traslade a mejoras jubilaciones y una jubilación mínima equivalente a la canasta básica”.

Al respecto, Tetaz precisó que “eso tiene un costo fiscal del 0,45 punto del PBI la mitad de la baja de ganancias que votó el presidente el año pasado con el kirchnerismo, ese es el costo total del proyecto”.

“El proyecto salió con 2/3 de los votos que son suficientes para insistir contra el veto del presidente”, planteó.

El radical le aconsejó a Milei: “Si yo fuera el presidente, no vetaría una ley aprobada con dos tercios de los votos del Congreso, porque la Constitución es muy clara y el Congreso puede insistir en la formulación original del proyecto con una mayoría especial de dos tercios. Vetar una ley que tiene dos tercios no tiene mucho sentido”, y agregó: “El presidente puede hacer lo que quiere porque está en su derecho que la Constitución le confiere”.

El diputado nacional consideró que "ayer se le sacó la pila a la licuadora, que, según el Presidente, era el 10% del ajuste”.

“Si el cambio era que el ajuste fiscal lo paguen los jubilados, es lo mismo que venía haciendo el kirchnerismo hasta ahora, eso no fue lo que votó la sociedad y no es lo que dijo Milei en campaña y es insólito que el argumento ahora sea que por culpa de que los jubilados van a cobrar lo mismo que cuando llegó él, no puede conseguir el equilibrio fiscal, es insostenible. Esto es medio punto del PBI todo el costo fiscal del proyecto es 0,45% es el proyecto más responsable desde lo fiscal”, planteó el economista y cerró: “Se queda sin pila la licuadora y ahora tiene que empezar a producir otro tipo de ajuste en otras variables, si es que quiere continuar ajustando”.

El presidente Alberto Fernández aprovechó el acto realizado este miércoles en el marco del 48° congreso nacional bancario para sentar posición sobre un tema que no generó controversias en el Congreso nacional hasta su último día de aprobación en Diputados, donde comenzó a cosechar grandes oposiciones.

Tras ser sancionada de madruga en la Cámara baja hace 12 días atrás, se inició una serie de rumores de que el Poder Ejecutivo nacional la podría llegar a vetar porque había mucha presión de los grandes medios de comunicación.

Se trata de la ley de Equidad en los medios, que promueve paridad de género en los medios de comunicación desde una perspectiva de diversidad sexual, en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado Nacional, cualquiera sea la plataforma utilizada.

Ahora en el ojo de la tormenta, recibió el espaldarazo del jefe de Estado que fue tajante: “No pienso vetar nada que signifique más derechos para argentinos y argentinas. Estoy absolutamente convencido que es lo que tenemos que hacer”, remarcó.

Dicha norma fue convertida en ley pasada las 3 am del viernes 11 de este mes, con 134 votos afirmativos aportados por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo mientras que la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se levantaron en el momento que se iba a realizar la votación en general, y los nueve que se quedaron en el recinto lo hicieron en contra.

¿De qué se trata?

La norma alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE, y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción de esta ley.

Además, la normativa establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional.

El proyecto fija que "la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, debe aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones".

También deberá "garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal".

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal dará lugar a sanciones, llamado de atención y apercibimientos.

Estas sanciones "no excluyen aquellas que pudieran corresponder en virtud del carácter de funcionaria o funcionario público del infractor o infractora".

El régimen de promoción para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada, con y sin fines de lucro, será creado por la autoridad de aplicación responsable.

Ese régimen "expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción".

Para acceder al registro y obtener el certificado, los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada deben elaborar anualmente un informe, donde acrediten progresos en materia de equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual.