El excanciller pidió explicaciones al Gobierno al denunciar falta de transparencia, vaciamiento de organismos de control y riesgos para la soberanía y el federalismo en la gestión del principal corredor fluvial del país.
El diputado nacional Jorge Taiana presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para indagar sobre distintos aspectos económicos, técnicos, ambientales, de competencia y transparencia vinculados a la licitación pública para la concesión de la Vía Navegable Troncal, cuyo cierre de presentaciones está previsto para este viernes 27 de febrero.
Según los fundamentos del proyecto legislativo, la iniciativa “surge de la necesidad de arrojar luz sobre un proceso licitatorio que, bajo el amparo de la Resolución 67/2025, parece priorizar la lógica del mercado por sobre el interés nacional, desatendiendo aspectos fundamentales que hacen a la transparencia y al control estatal de un recurso que es patrimonio de todos los argentinos e ignorando que el control de lo que entra y sale de nuestro territorio es una facultad indelegable”.
En ese sentido, Taiana expresó su preocupación porque “en el marco de la nueva licitación se haya avanzado en la desarticulación de los organismos de control federales y participativos, dejando la fiscalización de la vía en un vacío institucional que vulnera los derechos de las provincias ribereñas consagrados en nuestra Constitución Nacional”. Asimismo, advirtió que “la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable representa un retroceso alarmante en la concepción de un federalismo concertado, alejando a los estados provinciales de la gestión de sus propios recursos naturales y de la supervisión de una obra que impacta directamente en sus territorios y ecosistemas”.
El pedido de informes del excanciller, que cuenta con el acompañamiento de varios diputados, se apoya en un análisis técnico elaborado por especialistas en la materia, quienes señalaron inconsistencias y contradicciones en los pliegos licitatorios en cuestiones ambientales, operativas y tarifarias. En línea con estos cuestionamientos, el ingeniero José María Lojo y el abogado Eduardo Barcesat iniciaron recientemente una denuncia penal contra funcionarios nacionales y solicitaron la suspensión de la apertura de sobres.
Finalmente, Taiana subrayó: “No podemos permitir que el control de la vía quede librado a la autorregulación del mercado o a organismos sin capacidad de auditoría real. ¿Quién va a controlar qué se draga, cuánto se draga y qué barcos pasan? Sin control estatal, no hay soberanía. La Vía Navegable Troncal es la llave de nuestra salida al mar y la conexión con el mundo; su entrega a una gestión sin controles adecuados o su fragmentación en beneficio de la concentración logística en un solo nodo portuario atentaría contra la integración territorial de la Argentina”.
Tras un pedido del diputado de la CC Maximiliano Ferraro, la Comisión de Transportes accedió a una reunión informativa que se llevará a cabo este jueves a las 14.
Tras las críticas al Gobierno nacional por la licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraguay -Paraná), la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados recibirá, en una reunión de carácter informativo, a especialistas en el tema a fin de abordar la situación de la concesión del mantenimiento, modernización y ampliación de la vía.
El encuentro fue solicitado por el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro en la sesión del pasado 12 de febrero. En esa ocasión, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, le aseguró que esta semana la convocatoria a reunión se iba a concretar. Y así fue, la titular de la comisión, la radical Pamela Verasay, invitó a los miembros a un encuentro para este jueves a las 14 en la sala “6” del 3°piso del edificio Anexo “A”.
El 19 de noviembre del 2024 el Gobierno publicó el DNU 34/24 en el que llamó a licitación pública nacional e internacional el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico.
Sin embargo, el 13 de febrero del corriente año a través de la resolución 5/25 publicada en el Boletín Oficial el Gobierno decidió anular la licitación de la Vía Navegable Troncal y abrió una investigación sobre DEME por presunta presión a sus competidores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó el anuncio en Casa Rosada sin admitir preguntas de la prensa. En su mensaje, atribuyó la crisis del proceso licitatorio a “sectores políticos, medios de comunicación y empresarios” que, según sus palabras, habrían ejercido presión para modificar los términos del pliego en beneficio propio.
El vocero destacó que la investigación en curso tiene como propósito “aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación” y, en caso de detectarse irregularidades, determinar eventuales responsabilidades penales por intento de fraude.
Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia que alerta sobre un eventual tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
La diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, junto a sus compañeros de bloque Juan Manuel López; Paula Oliveto; Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli, presentaron una denuncia para que se investigue la posible comisión de los delitos por parte de funcionarios públicos en el proceso licitatorio en la Vía Navegable Troncal. La denuncia alerta sobre un eventual tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según consta en la denuncia que presentó la diputada de la CC, “comenzaron a percibirse una serie de maniobras y acciones sospechosas que involucran a las empresas participantes y podrían, también, involucrar a funcionarios de la Administración Pública Nacional”.
Por disposición del Gobierno Nacional, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable tiene por objetivo inmediato la tramitación de la licitación internacional para el mantenimiento del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal.
“Se trata de una licitación cuyos plazos no son tan reducidos como la contratación sobre las que se analiza el eventual tráfico de influencias. Son muchos años y mucho dinero en juego. Es una tentación que exige la mayor transparencia y claridad de todos los procesos para evitar la consumación de hechos de corrupción como los que tanto daño han impuesto al país. Tal transparencia es responsabilidad de todos. Por eso es que acudimos a la justicia”, se indica.
La Vía Navegable Troncal (VNT), tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de La Plata exterior, comenzó una nueva etapa de gestión con múltiples actores, merced a una serie de actos de la Administración Pública Nacional y el Poder Ejecutivo. En esa ruta se encuentra el complejo agroindustrial más importante del país y representa el 80 % de la salida de las exportaciones argentinas al mundo que suman un promedio de U$S 25.000 millones anuales, y que fue excepcionalmente de U$S 35.000 millones en el último año por el aumento de precio de la soja.
“En virtud del decreto 929/ 2020, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) delegó en el Ministerio de Transporte la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley N° 17.520, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal”, se explica.
Posteriormente, con el dictado del decreto 427/ 2021, el PEN otorgó “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal” a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE) “con arreglo a lo establecido en la Ley N° 17.520 y en el artículo 3° decreto de marras”.
En septiembre de 2021 la AGPSE, ya como concesionario por doce meses del mantenimiento de la VNT, llamó a Licitación Pública Múltiple Nº 13/2021 para la contratación de la Obra “DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL”. Recientemente se conoció el Dictamen de Precalificación, mediante el cual de las cuatro empresas que se habían presentado, tres resultaron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos. A causa de ello, al no pasar el filtro técnico, no habría competencia por precio. “Hay una matriz que se replica en el direccionamiento de las licitaciones kirchneristas. Lo vimos en la obra pública, en las represas, en las áreas petroleras y ahora en la Hídrovia. Es el patrimonialismo corrupto que los caracteriza, pero el agravante es geopolítico, dado que pretenden entregarle nuestra vía navegable troncal a China”, agregaron.
En el escrito, Zuvic sugirió que se llame a prestar declaración testimonial al titular de la Administración General de Puertos S.E. para que se expida sobre las alternativas que derivaron en la resolución que dejó sin efecto un proceso licitatorio en curso; se llame a prestar declaración testimonial al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores; se dispongan las medidas tendientes a constatar y recopilar información acerca del proceso licitatorio dejado sin efecto. Puntualmente conocer el dictamen jurídico elaborado con posterioridad al dictamen de precalificación del 11 de febrero.
Además, pidió que se dispongan medidas tendientes a confirmar la intermediación del Embajador Argentino en la República Popular de China, y a verificar eventuales presiones o coacciones sobre las autoridades con poder de resolución en el proceso licitatorio de la estructura jerárquica de la que forma parte la Administración General de Puertos S.E, entre otras cuestiones.