En su intervención de la sesión de este jueves, la senadora nacional santafesina consideró que fueron “violentados los derechos de acreencias de los pequeños y medianos productores”.
La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun se refirió a la derogación por DNU de la intervención de la empresa Vicentin, y sostuvo que “vinieron a convertir a la empresa en una cáscara vacía, violentando derechos y afectando a toda la economía regional”.
Durante su intervención en la sesión de este jueves expresó que: “Esa decisión fue absolutamente correcta, porque hoy han convertido a Vicentín en una cáscara vacía, violentado los derechos de los acreedores y del Banco de la Nación Argentina, porque todos somos el Banco de la Nación Argentina”.
“Han violentado también los derechos, las acreencias de los pequeños y medianos productores, las cooperativas y de los acopiadores, que se han visto defraudados por esta situación de anomalía que se ha dado en la provincia de Santa Fe, afectando a toda la economía regional en virtud de lo ocurrido”, agregó.
En este sentido, aseguró que “hoy seguimos planteando la importancia de haberla intervenido, porque Vicentín ya venía trazando una línea de acción, ya que antes de presentarse en estrés financiero había enajenado una parte de su empresa Renova a Glencor, y ahora asistimos a una nueva venta que no es ni más ni menos que la firma Friar, que factura alrededor de 1.700 millones, tiene 1.100 empleados y que el año pasado faenó cerca de 240 mil toneladas, ubicándola en el ranking de las principales industrias procesadoras de carne, con el 85 por ciento de la producción para el mercado interno, además de la cuota Hilton”.
“Claramente, se ha producido un desdoblamiento, por un lado, han avanzado en un incremento del endeudamiento de Vicentín SAIC, mientras que por otro lado la empresa Vicentín family Group que tiene el mismo directorio y los mismos accionistas, crece y sigue realizando operaciones, en un contexto de 75 días de protesta de los trabajadores de la Algodonera Avellaneda”, remarcó la senadora.
También recordó que Vicentín ha sido denunciada por la AFIP por acceder a reintegros de IVA por exportaciones a través de facturas apócrifas, y consideró que “la verdad es que esto sucedió con la connivencia de la Justicia. El juez Ercolini fue el que permitió que no se inhibiera a todo el grupo, de manera tal de que pudieron llevar adelante ahora la enajenación de FRIAR y seguir conculcando los derechos de los acreedores”.
“Pero también la obturación, a la oportuna decisión del presidente de la Nación a través de un DNU, que tenía ejecutoriedad, legitimidad y legalidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, se produjo a través de la decisión de la Justicia provincial santafesina, que fue muy rápida para oponerse y coartar las facultades de un DNU, pero que sin embargo no tiene la misma rapidez para definir las cuestiones en el ámbito del concurso”, aseguró Sacnun.
“Digo esto, porque, aunque no se pueda creer, en violación flagrante de todas las disposiciones de las leyes concursales, Vicentín todavía no ha presentado el balance 2019 y a través de distintas argucias, el juez Lorenzini a cargo de la causa le ha permitido que se siga extendiendo en la presentación de ese balance que es ineludible para dictar el auto de inicio del concurso de dicha empresa”.
Finalmente, La legisladora santafesina señaló que “lo que planteábamos oportunamente, no tuvo otra intención que la de preservar además los puestos de trabajo, siete mil directos y alrededor de 21 mil indirectos, manteniendo la continuidad de esta empresa estratégica, fundamental para la economía regional santafesina pero también para la República Argentina, por tratarse de la sexta exportadora de granos”.
La medida dictada por el Poder Ejecutivo fue ratificada en el Senado por 41 votos a favor y 26 en contra. Además, se aprobó el DNU que derogó la intervención de Vicentin y otros cuatro decretos.
El Frente de Todos en el Senado avaló el DNU 690/20, por el cual el Gobierno nacional declaró como “servicios públicos esenciales” a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. La medida cosechó 41 votos a favor y 26 en contra, durante la votación realizada tras diez horas de sesión.
La votación incluyó todos los Decretos de Necesidad y Urgencia puestos a consideración en la jornada, incluido entre otros el que derogó la intervención de la empresa Vicentin.
Al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Por su parte, los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal rechazaron el decreto.
El primer orador que hizo referencia al tema fue el radical Martín Lousteau, quien dijo "estar de acuerdo" con "el congelamiento" de las tarifas, porque tras casi seis meses de cuarentena las personas "tienen más tiempo en sus hogares" y surgen "necesidades nuevas". "Es justo y es necesario que tengamos una política con respecto a los precios en ese sector", agregó.
Pero aclaró que el DNU tiene "otros condimentos que son un poquito más complejos". Al considerar que "el acceso universal" a estos servicios puede ser algo "muy loable", señaló que "no tan fácil de garantizar". El porteño evaluó que "no tenemos que obturar el cambio tecnológico" y "regular para que haya igualdad dentro de la innovación, ese es el desafío que tenemos".
Para el senador, el decreto "es muy súbito, no tiene contenido específico, genera incertidumbre y discrecionalidad, y eso atenta contra las inversiones". Al repasar las condiciones de los servicios públicos en Argentina, el opositor resaltó que "gestionar los derechos es mucho más complejo que garantizarlos un día con un DNU".
En coincidencia, el mendocino Julio Cobos opinó que "el congelamiento podría haber sido por DNU", mientras que "el avance tecnológico que hay y estos servicios públicos merecen una discusión en el Congreso de la Nación". Además, el radical advirtió que hace falta "constituir la autoridad de aplicación" respecto a la competencia y dijo que es necesario el debate para al acceso universal "garantizarlo bien, como corresponde y que tenga un valor razonable".
Desde el Pro, la senadora Gladys González tildó al DNU de "demagógico, porque no es sostenible; obviamente es inconsulto, unilateral, es confuso, genera suspicacias, desconfianza, todo lo contrario a lo que debiera generar una política de Estado".
La bonaerense precisó datos del ENACOM que indican que "uno de cada tres hogares no tiene acceso a internet", lo que significa que "5,2 millones de hogares no tienen acceso a internet. No pueden acceder a educación y empleo en pandemia y antes de la pandemia".
Para la macrista, hay que "propiciar la inversión privada" con "confianza, previsibilidad y seguridad jurídica", algo que el decreto "no cumple con ninguna de esas premisas".
También desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado fustigó al Gobierno: "Le han agarrado el gustito a los DNU, cuando en realidad el Congreso está funcionando". Sobre el 690/20, la legisladora opinó que "pretenden controlar el precio y seguramente más adelante contenido". "Los países que buscaron fijar precios con este método son los que también intentaron controlar los contenidos", advirtió.
Avanzado el debate llegó el turno del oficialista Alfredo Luenzo, quien sostuvo: "En el interior tenemos menos conectividad y a valores más elevados, y esto no lo va a resolver el mercado, pero sí el DNU que estamos analizando. En este marco de pandemia no se discute el carácter de servicio público que tiene internet".
El titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión aseguró que la medida "no viene a modificar ninguna ley", sino que "a lo que viene este DNU es a reparar, en parte, el DNU 267 del 2015, por el que nadie se escandaliza".
Recordó entonces que esa medida dictada por el expresidente Mauricio Macri "hizo nada más y nada menos que reemplazar 23 artículos" de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y "19 artículos" de la Ley de Argentina Digital. En esa línea, subrayó que no se trató "solo de la cantidad de artículos sino de la calidad de los mismos".
El chubutense manifestó que las compañías han tenido "extraordinarias ganancias" y, aún así, se "sigue marginando" al interior, donde no se invierte. Para completar su discurso, Luenzo enfatizó que lo que se busca es "fijar precios justos y razonables" y "no hay apropiación indebida de ningún capital, no estamos estatizando absolutamente nada", sino que "viene a reparar una ley", la de Argentina Digital.
A su turno, el senador Oscar Parrilli recordó que durante el gobierno de Cristina Kirchner "los servicios ya habían sido declarados como servicios públicos", por ende "no sé de qué se sorprenden, porque lo que estamos haciendo es poner nuevamente en valor esas leyes", lanzó.
Y se preguntó si en 2015 "¿no se le cambiaron las reglas de juego a millones de argentinos?". El oficialista apuntó que internet "es un derecho público que está siendo reconocido en el mundo entero" y ponderó que "la actitud del presidente fue muy valiente, muy acertada y mirando al futuro".
"El siglo XXI es el siglo del conocimiento, de la información, y por eso el debate acerca de la desigualdad", analizó Jorge Taiana, quien remarcó que "desde hace años se está hablando de la conectividad como un derecho humano", porque "está claro que cada vez más, y la pandemia lo ha mostrado de manera brutal, es imprescindible el acceso a internet y las comunicaciones".
El legislador de Frente de Todos precisó que "el 20% de los niños de Argentina no tienen acceso a internet en su hogar" y "uno de cada cinco alumnos no tiene internet y se queda afuera de todo tipo de clases virtuales". "Tenemos que tener un compromiso de reducir la brecha digital y es para eso que se ha hecho este DNU", afirmó y pronosticó que los privados "no van a dejar de invertir, van a invertir más, porque hay mucho para desarrollar".
También defendió la medida la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien dijo que el DNU "es uno de los más federales", porque "hablar de la conectividad es hablar de un sueño o anhelo que tenemos todos los que hemos nacido en la profundidad de la patria".
Sobre ello, aseveró que "la conectividad no solo es un derecho humano, sino que es condición para garantizar otros derechos humanos fundamentales". "El Estado debe estar donde el mercado excluye y abandona", sentenció la vicejefa de la bancada oficialista.
Sobre el cierre del debate, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff habló de “enormes vicios, enormes irregularidades” que generaron planteos de parte de su bancada para impugnar la reunión de comisión llevada a cabo el 24 de agosto. Recordó que la misma había sido convocada un día sábado, cuando debe ser con 48 horas de anticipación, y “es de práctica que se contemple que sean días hábiles”, comentó sobre el decreto de las TICs.
En otro pasaje recordó la fusión de Cablevisión y Multicanal, firmada un 7 de diciembre de 2007 por Guillermo Moreno. “Eran ustedes, también háganse cargo”, le dijo al oficialismo.
Con referencia al decreto que deja sin efecto la intervención de Vicentin, Naidenoff recordó que al anunciarse la intervención y expropiación la oposición advirtió sobre “el enorme error” que eso representaba. “Se movilizó la sociedad”, evocó, ante lo cual dijo que 53 días después “el Gobierno reconoció el error, y bienvenido sea eso”. “Pero la verdad que hay que tener un poco de autocrítica -pidió-. ¿Pero qué es eso de ‘ya vamos a venir nosotros para hacernos cargo de una empresa desguasada para salvar esta fiesta de Vicentin’? Entonces, ¿por qué derogan el decreto? ¿Siempre responsabilizando a terceros? No encuentren justificación en lo injustificable… Hay un enorme desconocimiento que lo llevó al presidente a chocar la calesita. Admitan que se equivocaron”.
Luego fue sobre lo que sucedió en la Cámara de Diputados esta semana, cosa que consideró “una vergüenza”. “Esto ya lo vivimos y no aprenden, y vuelven con la misma lógica… Ojo que en 2015 con esta lógica perdieron. Ustedes pueden buscar enemigos, los pueden encontrar, pero no es lo que la gente espera”.
Cerró el debate el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, reivindicando la mayoría que tiene este oficialismo. “Nosotros marcamos las pautas, el otro gobierno ya fracasó, y dejaron al país postrado en hambre y miseria… Y ahora vienen a decirnos qué tenemos que hacer. ¡Por favor, déjennos gobernar, nosotros vamos a marcar las pautas!”.
Al referirse puntualmente a los DNU, los consideró a todos “muy importantes”, y en referencia al decreto sobre Vicentín fustigó a la empresa y su “vaciamiento”. Respecto del decreto sobre las telecomunicaciones, dijo que “nosotros tenemos una visión distinta respecto de las tarifas”, y recordó el papel del macrismo en esa materia. “Deterioraron la industria nacional, las PyMEs”, dijo de Cambiemos, y resaltó que el decreto establece que ahora las TICs deben “fijar precios justos y razonables”.
“Ganen un poquito menos, nadie les quiere sacar la empresa”, recomendó, emprendiéndola luego contra los diputados de JxC, cuyo papel calificó como “vergonzoso”.
El resto de los decretos
El Senado ratificó además el DNU 636/20, que dispone la derogación de la intervención de la empresa Vicentin, al anular el DNU 522/20 del 9 de junio. Este decreto estaba en el temario hace dos semanas atrás, pero no se había tratado a causa de la repentina muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli.
La santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió que cuando el Gobierno dispuso la intervención se buscaba "preservar los puestos de trabajo; mantener la continuidad de la empresa, porque es estratégica; y mantener y preservar el patrimonio" de la cerealera.
La oficialista cuestionó que la "obturación a la decisión del presidente", que calificó con "ejecutoriedad, legitimidad y legalidad", se produjo "a través de las decisiones de la justicia provincial, que fue muy rápida para oponerse y coaptar las facultades de un DNU, pero que sin embargo no tiene la misma rapidez para definir las cuestiones en el ámbito del concurso".
Y en cuanto a la derogación, la legisladora consideró al DNU 636/20 como algo "absolutamente correcto" porque "hoy han convertido a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores, del Banco de la Nación, violentando las acreencias de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas y de los acopiadores, que se han visto defraudados".
Además, se aprobaron el DNU 643/20, sobre modificación de los índices de actualización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar); el DNU 634/20, por el cual se prorroga el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de agosto de 2020; el DNU 157/20, mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el decreto delegado 582/20 de enmienda a la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera.
El DNU 636/20, que anuló la polémica medida, iba a ser convalidado en la sesión de este jueves, pero la sorpresiva muerte del CEO de la empresa hizo posponer el tratamiento.
El Senado pospuso el tratamiento del DNU que anuló la intervención de Vicentin a raíz de la inesperada muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli, este miércoles por la noche, a raíz de un infarto que padeció en su domicilio, en la ciudad santafesina de Reconquista.
La Cámara alta se disponía a tratar en la sesión de este jueves el DNU 636/20, por el cual del Poder Ejecutivo derogó otro DNU, el 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa cerealera.
Sin embargo, la sorpresiva muerte del empresario, a los 59 años, hizo postergar el debate sobre el tema, que prometía una fuerte discusión entre oposición y oficialismo.
El DNU que el Frente de Todos se aprestaba a convalidar cuenta con dictamen de validez de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría.
La Cámara alta también trata tres pliegos de embajadores, la derogación del DNU que intervino la empresa Vicentin, acuerdos internacionales, transferencias de inmuebles y declaraciones.
El Senado sesiona desde las 14.30 en modo virtual para convertir en ley la moratoria impositiva, previsional y aduanera, aprobar un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19 y darle luz verde a la designación de tres nuevos embajadores, entre otros temas.
En primer lugar, se votarán, en la jornada de este jueves las designaciones de Ricardo Alfonsín, Hernán Patiño Mayer y Daniel Capitanich como embajadores en España, Hungría y Nicaragua, respectivamente.
Los candidatos participaron de una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos la semana pasada y sus designaciones fueron avaladas tanto por el Frente de Todos como por Juntos por el Cambio, por lo que se espera una aprobación por amplia mayoría.
El plato fuerte de la sesión será la sanción de la ley de moratoria, que amplía a todas las personas humanas y jurídicas el régimen de regularización de deudas que se aprobó en diciembre con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando una deuda total de 534.000 millones de pesos.
El proyecto recibió en la Cámara de Diputados 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio, que acompañó el espíritu de la medida pero advirtió sobre una “amnistía” al empresario Cristóbal López, por un artículo que permite ingresar a la moratoria a empresas en quiebra.
Por otra parte, el Senado discutirá un proyecto de “sostenimiento y reactivación productiva” del turismo a raíz de la pandemia, que busca asistir al sector con distintas medidas, a pesar de que en Diputados se encuentra en tratamiento otra iniciativa sobre el mismo tema.
El proyecto en cuestión es encabezado por la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) y establece medidas por 180 días prorrogables, como la reducción de contribuciones patronales, la prórroga de vencimientos, la suspensión de embargos, la reducción de alícuotas sobre impuesto al cheque y un programa de preventa de viajes.
Otro de los temas a tratar en la sesión será la derogación del DNU 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa Vicentin, medida que generó un fuerte rechazo de la oposición y distintos sectores de la sociedad.
En ese sentido, se buscará convalidar el DNU 636/20, que recibió dictamen de validez en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en una reunión caldeada donde Juntos por el Cambio lanzó reproches al oficialismo y firmó un dictamen de minoría.
Por otra parte, se debatirá la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se buscará transferir un inmueble de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata, para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
El temario incluye además la aprobación de tres acuerdos internacionales: uno suscripto con China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina; un Convenio de Cooperación Cinematográfica con Israel; y un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en Escazú (Costa Rica).
En la sesión de este jueves también se tratará una serie de proyectos de declaración, uno de los cuales pertenece a Julio Cobos (UCR) y expresa beneplácito por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la dictadura.
También se votará un beneplácito por la designación del embajador Rafael Grossi como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por otra parte, se tratará una expresión de preocupación y repudio por la presencia, en el Atlántico Sur, de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas.
También una iniciativa de beneplácito por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Se votarán además tres declaraciones de beneplácito propuestas por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos), correspondientes a las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia del Covid-19; la carta papal a movimientos populares de todo el mundo; y el nuevo aniversario de la Encíclica “Laudato Si”.
Otro de los proyectos es de Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y adhiere al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Por último, se tratará un beneplácito propuesto por la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú; y otro por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.
La Cámara alta también tratará tres pliegos de embajadores, la derogación del DNU que intervino la empresa Vicentin, acuerdos internacionales, transferencias de inmuebles y declaraciones.
El Senado sesionará este jueves nuevamente en modo virtual para convertir en ley la moratoria impositiva, previsional y aduanera, aprobar un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19 y darle luz verde a la designación de tres nuevos embajadores, entre otros temas.
La sesión comenzará a las 14 y en primer lugar se dará ingreso formal a pedidos de acuerdos, tras lo cual se votarán las designaciones de Ricardo Alfonsín, Hernán Patiño Mayer y Daniel Capitanich como embajadores en España, Hungría y Nicaragua, respectivamente.
Los candidatos participaron de una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos la semana pasada y sus designaciones fueron avaladas tanto por el Frente de Todos como por Juntos por el Cambio, por lo que se espera una aprobación por amplia mayoría.
El plato fuerte de la jornada será la sanción de la ley de moratoria, que amplía a todas las personas humanas y jurídicas el régimen de regularización de deudas que se aprobó en diciembre con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando una deuda total de 534.000 millones de pesos.
El proyecto recibió en la Cámara de Diputados 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio, que acompañó el espíritu de la medida pero advirtió sobre una “amnistía” al empresario Cristóbal López, por un artículo que permite ingresar a la moratoria a empresas en quiebra.
Por otra parte, el Senado discutirá un proyecto de “sostenimiento y reactivación productiva” del turismo a raíz de la pandemia, que busca asistir al sector con distintas medidas, a pesar de que en Diputados se encuentra en tratamiento otra iniciativa sobre el mismo tema.
El proyecto en cuestión es encabezado por la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) y establece medidas por 180 días prorrogables, como la reducción de contribuciones patronales, la prórroga de vencimientos, la suspensión de embargos, la reducción de alícuotas sobre impuesto al cheque y un programa de preventa de viajes.
Otro de los temas a tratar en la sesión será la derogación del DNU 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa Vicentin, medida que generó un fuerte rechazo de la oposición y distintos sectores de la sociedad.
En ese sentido, se buscará convalidar el DNU 636/20, que recibió dictamen de validez en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en una reunión caldeada donde Juntos por el Cambio lanzó reproches al oficialismo y firmó un dictamen de minoría.
Por otra parte, se debatirá la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se buscará transferir un inmueble de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata, para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
El temario incluye además la aprobación de tres acuerdos internacionales: uno suscripto con China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina; un Convenio de Cooperación Cinematográfica con Israel; y un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en Escazú (Costa Rica).
En la sesión de este jueves también se tratará una serie de proyectos de declaración, uno de los cuales pertenece a Julio Cobos (UCR) y expresa beneplácito por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la dictadura.
También se votará un beneplácito por la designación del embajador Rafael Grossi como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por otra parte, se tratará una expresión de preocupación y repudio por la presencia, en el Atlántico Sur, de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas.
También una iniciativa de beneplácito por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Se votarán además tres declaraciones de beneplácito propuestas por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos), correspondientes a las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia del Covid-19; la carta papal a movimientos populares de todo el mundo; y el nuevo aniversario de la Encíclica “Laudato Si”.
Otro de los proyectos es de Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y adhiere al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Por último, se tratará un beneplácito propuesto por la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú; y otro por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.
Una polémica se generó en la Bicameral de Trámite Legislativo luego de un contrapunto entre el presidente de la comisión y el diputado del Pro. Críticas a la opiniones de Marcos Cleri durante el debate.
Santafesino y por lo tanto conocedor del caso Vicentin e interesado particularmente en el mismo, el presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el diputado Marcos Cleri, no dejó oportunidad de hacerlo durante el debate de este lunes en el que se analizó el decreto 636 que deroga la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo. En ese marco se sucedió un fuerte contrapunto que alteró el debate.
Fue cuando el diputado del Pro Pablo Tonelli concluyó su alocución ponderando la actuación del juez interviniente en el concurso de acreedores de Vicentin y señaló que “lo que el presidente debió haber hecho es decir: ‘Qué bueno, en la Argentina hay jueces honestos que respetan la división de poderes’”.
Antes de darle la palabra a María Teresa González, Cleri no perdió la oportunidad para hacerle una aclaración a Tonelli, señalándole que estaba discutida la competencia del juez de la ciudad de Reconquista: “Le diría que todos y cada uno de los acreedores están pidiendo que el juzgado de Rosario o jueces de la ciudad de San Lorenzo lleven adelante el concurso y quiebra por la imparcialidad (SIC) que demuestra el juez de Reconquista, atento a que cuando era abogado del Banco Nación habilitó la posibilidad de los créditos al grupo Vicentin, y había dado lugar a la intervención, y después los puso como veedores con una medida autoparticipativa que no está en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe y tampoco lo podía haber brindado. Fue una intervención jurisprudencial que hizo para beneficiar a los que en algún otro momento habían sido sus empleadores, con lo cual hay una incompatibilidad ética”.
Tonelli le contestó que el hecho de que estuviera discutida la competencia del juez “en nada afecta sus decisiones, porque está establecido en la jurisprudencia de todos los tribunales del país que los jueces, aun en el caso de ser declarados incompetentes, todas las decisiones que hayan adoptado hasta el momento de la declaración de incompetencia son válidas. De modo que no hay ninguna duda respecto de la decisión del juez, que en ningún momento convalidó la intervención (…) Tenemos que respetar las decisiones de los jueces, nos guste o no nos guste”. Por otra parte le aclaró al presidente de la bicameral que no correspondía que en el ámbito de esa comisión se criticaran las decisiones del magistrado, y sobre todo “de una manera ligera que a mi modo de ver ha hecho usted, señor presidente”.
El diputado camporista insistió en que muchos acreedores se habían sentido vulnerados “por la arbitrariedad del juez”, cosa que recogió el presidente de la Nación en los argumentos expuestos en el DNU en debate. Tonelli pidió contestarle, cosa que Cleri le concedió, diciendo amablemente que “esto es un ida y vuelta”, pero cuando Tonelli arrancó intervino la senadora Anabel Fernández Sagasti para adviertir que “esto no es una charla personal, presidente, dé usted la palabra”, a lo que el diputado del Pro, que había empezado a hablar, replicó: “Dígale a la senadora Fernández Sagasti que se calle, por favor”.
“¿¿¿Quéee???”, reaccionó la senadora mendocina. “No, no, no, espere, espere, espere, diputado Tonelli”, comenzó Cleri, mientras Fernández Sagasti se quejaba: “Esto no es una charla personal, ¿por qué esa agresión? Ay, Dios mío, ya empezamos mal…”.
Cleri le dio la palabra a Tonelli, quien dijo que “así como los acreedores pueden cuestionar al juez, también hubo mucha gente en la provincia de Santa Fe, y en muchas provincias…”, pero la situación estaba desmadrada y el senador Guillermo Snopek reclamó que se respetara la palabra de la presidencia.
“La presidencia tiene que respetarme a mí”, repuso Tonelli, y Marcos Cleri volvió a hablar: “Pensé que iba a pedir el uso de la palabra para pedirle disculpas a la senadora Fernández Sagasti y al resto de los senadores integrantes de la comisión… Pensé que iba a usar la palabra para pedirle disculpas de los modos que usted se expresó”.
“Yo no le voy a pedir disculpas a nadie; yo lo único que defiendo es mi derecho a hablar”, cerró el legislador del Pro.
Más adelante, la intervención de la diputada del Frente de Todos Lucía Corpacci quedó interrumpida porque -luego explicó la propia catamarqueña- se cortó la luz en su casa. La exgobernadora estaba cuestionando la posibilidad de que el Estado termine “estatizando una deuda de privados, como sucedió durante años…”. Y el presidente de la comisión quiso completar lo que pensó que Corpacci iba a decir: “Se interrumpió… Creo que estaba terminando su argumentación, justo estaba por mencionar la estatización de los privados en la dictadura. Parece que quería mencionar al grupo Macri... Justo tuvo mala conectividad. Perdió conexión justo en ese momento, cuando estaba argumentando lo que sucedió en otros momentos de la Argentina, y cómo el mismo grupo Vicentin se beneficiói también de una estatización durante la dictadura, como lo hizo la familia Macri. Cuando recuperemos, si quiere terminar su argumentación, se la daremos”, señaló Marcos Cleri, dándole la palabra al radical Luis Petri.
Pero antes de referirse al decreto 636, el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó al presidente de la comisión al señalarle que, según el reglamento, no podía dar opinión desde su asiento sobre el asunto en discusión, “pero tendrá derecho a tomar parte del debate “invitando a ocupar la presidencia a su vicepresidente”. Ante lo cual, le señaló que “si usted quiere debatir, señor presidente, y está en todo su derecho de hacerlo, no lo haga mientras ejerce la presidencia. Porque se genera un efecto de cancha inclinada, porque usted, cuando quiere contradecir, cuando quiere desdecir, cuando quiere opinar, lo hace como acaba de completar el discurso de la diputada Corpacci… Y usted está ejerciendo la presidencia. Usted tiene que dar la palabra, tiene que ordenar el debate, y si quiere intervenir, y está en todo su derecho, ceda la presidencia y desde una banca dé las apreciaciones”.
La comisión presidida por el diputado santafesino Marcos Cleri pasó a la firma el dictamen que expresa la validez del decreto anunciado por el presidente Alberto Fernández el viernes pasado. Reproches entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
La Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el diputado santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos), pasó a la firma el dictamen sobre la validez del DNU 636/20, que dispone la derogación de la intervención de la empresa Vicentin, medida que generó un fuerte rechazo de la oposición y distintos sectores de la sociedad.
La marcha atrás fue anunciada por el presidente Alberto Fernández el viernes pasado a través de su Twitter. El nuevo decreto anula el DNU 522/20, del 9 de junio pasado, que hasta ahora nunca se había tratado en la comisión.
En una reunión marcada por reproches -con un momento tenso al principio, durante la intervención del diputado Pablo Tonelli-, tanto el oficialismo como la oposición expresaron su apoyo a la validez del DNU 636.
No obstante, la presentación de dictámenes será hasta este martes al mediodía. Durante el debate, los legisladores de Juntos por el Cambio criticaron los fundamentos, por firmarán su propio despacho, que será de minoría ya que Cleri tiene la facultad de desempate con el voto doble.
Al comienzo, Cleri defendió que "con la intervención lo que se buscó fue poder llevar tranquilidad, certeza a los acreedores de la empresa que está concursada y que está en cesación de pagos desde el 4 de diciembre de 2019".
El oficialista indicó que la cerealera cuenta "con 27.000 trabajadores de manera directa e indirecta" y tiene "2.700 acreedrores". "La deuda total de la empresa es cerca de 1.500 millones de dólares", precisó, la cual se compone "en un 33% por acreedores internacionales; otro 33% en proveedores, acopiadores y productores; y el otro 33% es el Estado Nacional y el sistema financiero nacional". "Hoy el valor de la empresa está muy por debajo de la deuda total", agregó.
En sintonía con los fundamentos del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto la medida, el diputado remarcó que "desde que se decretó la medida de intervención de la empresa, hubo muchas medidas de obstrucción por parte de los accionistas y también por parte del juez de la ciudad de Reconquista, que no permitió que la intervención se pueda desarrollar con normalidad".
"El juez de la ciudad de Reconquista, que es el domicilio de la empresa, es el que está llevando adelante el concurso y la quiebra, pero la competencia del juzgado está siendo discutida por muchísimos acreedores", subrayó y manifestó que esa competencia "la va a tener que definir la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe".
A continuación, el diputado Pablo Tonelli afirmó: "Por supuesto que estamos de acuerdo con la validez de este decreto". Y recomendó que "el presidente debería tener presente, no solo en relación a Vicentin sino con todos los problemas del país, que el fin no justifica los medios".
En ese sentido, el macrista resaltó que aunque los objetivos de la intervención "hayan sido loables o nobles", el procedimiento elegido "fue una gran equivocación y una gran ilegalidad".
Al repasar una serie de leyes y artículos del Código Penal y del Código Civil y Comercial, el legislador indicó que "es posible intervenir una sociedad comercial", pero "solo pueden ser dispuestas por un juez que actúe en el marco de su competencia en una causa concreta". "Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen facultad para intervenir una sociedad comercial", apuntó.
"No cabe la menor duda de que el DNU 522 fue definitivamente ilegal, inconstitucional, un avasallamiento y una clara violación de la división de poderes. Lo mejor que podía hacer es derogarlo, hizo bien en derogarlo. Ahora, lamento que al derogarlo no lo haya hecho con los fundamentos correctos y adecuados", sostuvo y defendió que el juez Fabián Lorenzini -quien lleva la causa- "lo único que ha hecho es ejercer sus atribuciones y facultades".
Su par Omar De Marchi comenzó cuestionando la forma de convocatoria a la comisión y recordó que el DNU 522/20 -que dispuso la intervención- nunca se debatió en la bicameral. "Y ahora, sorpresivamente, en horas se nos convoca para su derogación", señaló.
El mendocino advirtió "el Estado está quebrado virtualmente" y "tendríamos que estar generando el clima necesario para que haya inversión privada, para que se produzca una reactivación económica lo más rápido posible".
"Toda la simbología del Gobierno es exactamente al revés de lo que entiendo el Estado debería hacer para que esas inversiones lleguen", consideró y criticó que en los fundamentos del DNU de derogación "en vez de decir 'nos equivocamos'", el Ejecutivo cargó, entre otros fragmentos, contra "la actividad obstruccionista de los accionistas que fue permanentemente avalada por distintas decisiones judiciales".
El diputado del Pro enfatizó que "este es un pésimo mensaje, y no solamente para la inversión externa sino para la inversión de chiquitos, medianos, los nuestros". "El espíritu de la expropiación estaba cargado de ideología", añadió y dijo que votarían a favor de la derogación del 522, porque lo que hace este nuevo decreto es "enterrar un error gravísimo del Gobierno".
A su turno, el diputado Pablo Yedlin recordó que desde la oposición "fuimos acusados de querer estatizar, de atacar a la propiedad privada, de traer al comunismo, de transformarnos en Venezuela. Nada de esto era real". "Se dijo miles de veces que lo que se quería hacer era apoyar a la empresa", continuó el oficialista.
En su intervención, el tucumano alertó que "la situación que vamos a vivir en los próximos meses en esta zona de Santa Fe no está terminada" y "tendremos que hacernos cargo y ver cómo vamos a resolver la situación de una empresa estratégica en Argentina".
Desde Juntos por el Cambio, el radical Gustavo Menna se quejó de los considerandos del DNU 636/20, haciendo "señalamientos contra el juez". "Me llama la atención que se defienda el atropello del Poder Ejecutivo Nacional", destacó y añadió: "En vez de hacer autocrítica, le cargamos la romana al juez".
"Algo a lo que no se hizo mención es a la gran estafa de Vicentin al Banco Nación", remarcó la diputada oficialista Lucía Corpacci, que apuntó que los "responsables de la maniobra", en referencia al crédito millonario pedido por la firma, "casi casi logran lo que era impensado: fundir al Banco Nación".
La catamarqueña señaló que "Vicentin, una empresa que entre 2017 y 2018 creció un 68 por ciento en su patrimonio neto, en el 2019 tiene estrés económico y presenta convocatoria. Cuesta entender esto".
Finalmente, la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien participó en junio pasado del anuncio de la intervención y expropiación, afirmó que la medida fue legal, basada en los artículos 59 y 60 de la Ley 21.499 -de expropiaciones-. "Fue totalmente constitucional y republicana la medida. El único fin que tenía el Estado Nacional fue la de asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo a productores", argumentó.
La oficialista repasó que entre julio y diciembre de 2019 "hubo un proceso de evasión, vaciamiento, fuga de divisas y otros presuntos delitos para evadir la deuda que tenía". "En este mes y medio el proceso de vaciamiento de la firma ha sido escandaloso, con el brazo de la Justicia, los accionistas y, por supuesto, la ayuda política que ha dado la oposición para que esto suceda", disparó.
Para la mendocina, al juez de Reconquista "hay que ponerle un manto de sospecha, no solamente por violar e ir en contra de la legislación nacional en materia de expropiación, sino porque al momento de presentarse la firma a concurso" no estaba presentado el balance 2019 y "al día de hoy no aparece".
"Lamento mucho la situación que se va a desencadenar con todos los productores que están esperando poder cobrar", completó.
También expusieron durante el debate la senadora María Teresa González (FdT), el diputado Luis Petri (UCR) y la diputada Romina Del Plá (PO-FIT).
Participante de la reunión del presidente con la oposición, Anabel Fernández Sagasti contó que la oposición preguntó por la agroexportadora y cuál fue la respuesta del mandatario.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti participó de la teleconferencia que reunió este lunes al presidente Alberto Fernández con legisladores de la oposición. Durante el encuentro, se tocó la situación de la empresa Vicentin, cuya expropiación ella promovía en el proyecto original.
Señaló al respecto que el primer mandatario reiteró ante sus interlocutores que la expropiación es “un instrumento” para evitar que la empresa “colapse”, advirtiendo que hasta el momento “nadie aportó” otras alternativas para rescatar a la agroexportadora.
Entrevistada por radio El Destape, la senadora kirchnerista comentó que “varios miembros de la oposición hicieron comentarios sobre Vicentin con liviandad, y el presidente Alberto Fernández ratificó que la expropiación es un instrumento para que la empresa no colapse”.
“La expropiación de Vicentin es un instrumento respecto del fin último, del objetivo central, que es que la empresa no colapse, ya que su funcionamiento es muy importante para la economía global argentina, principalmente para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba”, apuntó la senadora mendocina.
Fernández Sagasti apuntó que el salvataje de Vicentin evitará no solo que ni los productores, ni los trabajadores resulten damnificados, sino también que el Banco Nación “pueda cobrar el dinero que prestó”. Y en línea con el presidente, agregó que “nadie trajo alternativas para Vicentin, nada en concreto”.
“El presidente sigue esperándolas, porque lo central es que la empresa siga funcionando”, añadió la senadora del Frente de Todos.
Con relación a la postura de Juntos por el Cambio de exigir ser recibidos de manera individual, sin el resto de la oposición, Fernández Sagasti señaló que “es la tercera vez que (el presidente) convoca a la oposición”, mientras que durante el Gobierno anterior “jamás fuimos convocados a ningún tipo de diálogo”.
Para el senador puntano, la “empresa federativa” es una posibilidad para atender la situación de la agroexportadora que “afecta al corazón productivo de Argentina y miles de cooperativas”.
El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá propone debatir “armónicamente” la conformación de una “empresa federativa” que permita resolver el conflicto de Vicentin, considerando que “la expropiación es el último camino” para solucionar el problema que involucra al Banco Nación, las provincias de Santa Fe, Córdoba, cooperativas y productores, y que “afecta al corazón productivo” argentino.
“Si formamos una empresa federativa” se buscará una resolución al conflicto, aseguró el legislador de San Luis, cuya estrategia parte de convocar “a todos los acreedores y asociarlos a esa empresa”, incluyendo por el estado acreedor “por YPF y el Banco Nación”, como así también “la provincia de Santa Fe y las cooperativas, quienes acrediten una parte de la deuda en acciones y se asocien a la empresa federal”.
Rodríguez Saá, legislador por el Frente de Todos, consideró que de este modo “el estado se haría cargo del problema que involucra a más de 2000 cooperativa, 3000 productores, las provincias de Santa Fe y Córdoba, al Banco Nación”, a partir de la deuda de Vicentin tanto al estado como a la provincias, cooperativas y productores.
“Todas las arterias de la producción argentina” están involucradas por el caso Vicentin, aseguró Rodríguez Saá al hacer una reseña de lo que produce y tiene, incluyendo “puerto, logísticas, molienda de grano, fábrica bioetanol, frigoríficos, bodegas, fabrica el mosto, algodón, desmotadora y fábrica textil”.
Por otra parte, precisó que dicha sociedad que está en crisis, además “tiene un grupo dominante que se llama Vicentin Family Group en Uruguay, y Vicentin Paraguay, y otras sociedades que no entran al concurso”.
En ese contexto, afirmó que ante esa situación “no solo se afecta todo el corazón productivo de Argentina, sino a miles de familia”, agregó que “los que sacaron créditos que parecen incorrectos, y los que no pagan a los acreedores y pidieron auxilio para que se salve la empresa ahora son santos y otros el demonio, pero no creo que se tan así”.
Rodríguez Saá se expresó de este modo durante entrevista que ofreció a Canal Rural Noticias, donde consideró que su propuesta de crear una “empresa federativa” también aplicaría a la producción pesquera “involucrando las fabricas procesadoras de pescado, los astilleros, capitales privados y las provincias costeras, que sean parte interesada para que no fijen impuestos arbitrarios y haya seguridad jurídica”, y un precedente para “empezar un nuevo federalismo”.
El temor fundado a que un desborde del sistema sanitario en el AMBA eche por tierra el esfuerzo de 100 días llevó a imponer una cuarentena reforzada. Antes del anuncio formal, Máximo Kirchner anticipó lo que vendría no solo en esta fase, sino a futuro.
Por José Angel Di Mauro
Buena parte de la elevada estima que ha logrado cosechar Alberto Fernández en el marco de la pandemia la alcanzó en esas presentaciones que desde el 19 de marzo viene realizando en la residencia presidencial de Olivos, para anunciar cada dos semanas una nueva etapa del aislamiento social obligatorio. No es para menos: desde esa primera vez celebrada un jueves, luego de que durante varios días se fuera preparando el clima para anunciar la cuarentena inédita que iba a implementarse, esos anuncios estuvieron siempre precedidos por una expectativa singular.
Y en ese marco, al Presidente le rindieron mucho esas presentaciones, donde encontró además la veta para exhibir de paso su faceta docente a través de gráficos con los que, en tono pausado, cuenta cómo nos está yendo comparativamente con otros países. Despertando generalmente protestas de las naciones aludidas.
No siempre apareció Alberto Fernández flanqueado por Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, ni hubo en todos los casos conferencia de prensa. Para esta última presentación se había roto la regularidad: esta vez pasaron tres semanas desde el último anuncio. Tenía sentido; la prolongación sistemática de la cuarentena cada quince días ya estaba generando un efecto no deseado. Mucha expectativa, para terminar siempre en el mismo lugar que antes.
La pregunta del millón al anunciarse una cuarentena estricta en marzo, cuando ni siquiera había llegado el otoño, era cómo podríamos salir de la cuarentena justo cuando aquí empezara a apretar el frío.
Siempre se preveían para más temprano, pero inexorablemente las presentaciones caían en horario central. Salvo esta última vez. Consciente de que el retroceso a fases previas generaría fastidio y enojo, alguien sugirió postergar los anuncios originalmente previstos para el jueves por la noche. Ya no tenía sentido usar el prime time y el cambio de estilo fue tal que por primera vez la presentación fue grabada. Estilo Cambiemos.
La pregunta del millón al anunciarse una cuarentena estricta en marzo, cuando ni siquiera había llegado el otoño, era cómo podríamos salir de la cuarentena justo cuando aquí empezara a apretar el frío. Y tal cual las peores presunciones, con la llegada del invierno la curva claramente está en ascenso y las perspectivas de que el sistema colapse son reales y concretas, por más que durante todo este tiempo el esquema sanitario haya sido reforzado.
Las prevenciones en la Provincia son atemorizantes y el propio gobernador se las explicitó a los intendentes durante una videoconferencia en la que anticipó que, al paso que vamos, en cuatro semanas sucedería la catástrofe tan temida. Lo dijo sin vueltas, al estilo Kicillof.
Es una cuestión simple en la que se combinan la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, el incremento sostenidamente en ascenso de contagios y el tiempo de convalecencia que demanda cada paciente de Covid-19. Habrá que creerle y así es que el propio Horacio Rodríguez Larreta debió resignarse a retrotraer flexibilizaciones, si bien no considera alarmantes los datos en su distrito. No lo preocupó tanto volver a encerrar a los runners -aunque fuera una bandera que lamentó mucho tener que ceder-, como sí lo hizo disponer el cierre de decenas de miles de comercios que habían vuelto a abrir.
En todo el AMBA serán cien mil los negocios que volverán a estar cerrados como al principio de la pandemia y ahora sí muchos no podrán volver a abrir, si dentro de dos semanas así se dispone. Sobre todo porque no saben si eso sucederá para el 17 de julio… pleno invierno. Para las finanzas de la Ciudad los comercios son fundamentales, así como para la Provincia sucede con las industrias y el campo, donde no se para la actividad -aunque no está claro si las fábricas que habían vuelto a abrir serán consideradas esenciales-. Pero a Rodríguez Larreta no le quedó alternativa: un desborde de la enfermedad en el Conurbano inexorablemente derramará en la Ciudad y ambos sistemas de salud podrían colapsar. Es lo que sucedió en Europa. El colmo sería que, después de cien días de encierro -cumplidos al día siguiente de anunciarse la vuelta a Fase 1- tengamos que soportar igual el infierno tan temido.
Sobre el tema habló Máximo Kirchner en el recinto al final de la sesión del jueves, cuando estaban por aprobar un proyecto suyo para crear una campaña nacional de donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19, que contó con el acompañamiento del PRO. Un ejemplo que no abunda en tiempos de grieta. En rigor, el jefe del bloque oficialista llamó a “trabajar en conjunto, incluso en la diferencia”, advirtiendo que “lo que viene es muy difícil para la Argentina y el mundo”. Y en ese marco deslizó algo que hay que tomar muy en serio, como cada vez que en el oficialismo habla un kirchnerista. Sobre todo si lleva el apellido Kirchner: “Al fin y al cabo tenemos que comprender que estamos en una situación donde vamos a entrar y salir, donde vamos a entrar y tratar, cuando entremos en fases más restrictivas, de cumplir de la mejor manera posible”.
“Entrar y salir”, eso es lo que viene. No habrá una salida de la cuarentena el 17 de julio, ni posiblemente en agosto. Habrá que esperar en cambio lo que ya muchos denominan “cuarentena pendular”. Hombre de La Cámpora, cuando el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que “compraba” la idea de una salida de la cuarentena el 15 de septiembre, estaba transparentando lo que los funcionarios piensan y no quieren confesar, pues es un tiempo demasiado extenso. Y hasta entonces habrá sucesivos cambios de fases en función de la manera como vayan evolucionando los contagios.
No fue la primera vez que Máximo Kirchner se refirió al coronavirus en el recinto. En cambio su madre no habla del tema. Está en su manual de estilo, bien conocido de los 12 años de gestión K. Ella está en otras cuestiones que avanzan como ningún otro en una administración estragada por la pandemia. La cuestión Vicentin, por ejemplo, cuyo proyecto de expropiación se paralizó cuando el juez del concurso frenó la intervención.
Pero mientras ese proyecto entró en stand by, en el recinto del Senado avanzó la creación de una comisión investigadora de los créditos oficiales concedidos a la agroexportadora. Fiel al desvelo de Cristina Kirchner, el proyecto cumple con el precepto de apuntarle a la gestión de Mauricio Macri -cada vez más salpicado por la investigación del presunto espionaje-, y el miércoles pasado recibió una media sanción que quedó envuelta en la polémica. Sucede que el oficialismo considera que al tratarse de un proyecto de ley, su sanción alcanzaba con simple mayoría. Para la oposición en cambio -y lo dijo su jefe de bloque al principio del debate-, existe una “autolimitación impuesta por el propio reglamento del Senado” para la constitución de comisiones investigadoras.
Fiel al desvelo de Cristina Kirchner, el proyecto cumple con el precepto de apuntarle a la gestión de Mauricio Macri.
En efecto, el artículo 88 del reglamento de esa Cámara está referido a las “mayorías requeridas” y establece que “para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras, se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara”. Y eso es lo único que no tiene el oficialismo en el Senado.
Protestó la oposición argumentando que les habían apagado los micrófonos al final, cuando quisieron negarle validez a la media sanción por no haberse alcanzado los dos tercios; desde el Frente de Todos retrucaron señalando que habían podido hablar ampliamente en el recinto durante una sesión que se extendió por más de seis horas. El senador Mariano Recalde armó un irónico video alusivo que la expresidenta se encargó de retuitear.
Un diálogo de sordos que podría llegar a judicializarse. Constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez estiman que “quedaría nulificado el caso porque no se han alcanzado las mayorías determinadas”. De cualquier manera, al tratarse de una comisión bicameral, su creación deberá ser avalada en la otra cámara. Allí, una calificada fuente de Juntos por el Cambio señaló a este medio que le parece que “será difícil que esa comisión prospere, aunque con el kirchnerismo nunca se sabe”. Empero, admitió que en Diputados “solo se requiere la mayoría absoluta, igual que con cualquier ley o resolución”.
Por lo pronto, deberán ponerse de acuerdo allí antes oficialismo y oposición respecto de la continuidad de las sesiones virtuales, pues el protocolo suscripto oportunamente ya perdió validez. En la Cámara alta el protocolo también venció, pero el senador José Mayans ya anticipó que el próximo que implementen ya no contemplará limitar el tratamiento de proyectos a temas relacionados con la pandemia. Como era el anterior, al que de todas formas pasaron por alto cuando se lo propusieron.
La senadora oficialista María de los Angeles Sacnun cuestionó la manera como los senadores de Juntos por el Cambio objetaron la creación de una comisión investigadora y dijo que no solo deberían habilitarla, sino también integrarla.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnun, defendió enfáticamente la creación de una comisión investigadora de la cuestión crediticia de la empresa Vicentin y rechazó que la misma tenga visos de nulidad, como argumentó la oposición.
“Hay que analizar la conducta previa que ha tenido la oposición durante todo este período de sesiones virtuales. Se han desconectado en muchas oportunidades en las comisiones, de hecho en la comisión donde obtuvo dictamen favorable el proyecto mediante el cual se crea la comisión investigadora, solamente se limitaron a leer cinco puntos que fundamentalmente cuestionaban la posibilidad de que el Congreso lleve adelante comisiones investigadoras, y en ningún momento hicieron ningún tipo de planteo respecto de las mayorías requeridas. Y obviamente uno no esperaba que tampoco lo hicieran, porque estamos hablando de un proyecto de ley”, sostuvo la senadora santafesina en diálogo con Parlamentario TV. En ese marco sostuvo que “a comisión investigadora no requiere los dos tercios, porque con la mitad más uno de los presentes se sanciona y pasa a la Cámara de Diputados”.
Sacnun se basó en los antecedentes legislativos de comisiones investigadoras conformadas a través de proyectos de ley, y puso como ejemplo la última, la que se encargó de investigar lo sucedido con el submarino ARA San Juan. En ese caso, recordó, contó con el voto unánime en ambas cámaras.
“De ninguna manera hubiera requerido los dos tercios, como maliciosamente está señalando la oposición. Estamos hablando de un proyecto de ley y no de una reforma del reglamento, que sí hubiera requerido de los dos tercios, la mayoría agravada”, puntualizó la legisladora kirchnerista, que recordó que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales que ella preside se sacaron varios dictámenes de reforma del reglamento y “no fueron incluidos todavía para ser tratados en sesión, porque justamente hasta que no se acuerde y no se cuente con esos dos tercios, la reforma del reglamento no se va a tratar en la Cámara, porque no va a contar con la mayoría requerida”.
Por otra parte, la senadora santafesina recordó que la sesión en cuestión duró seis horas, a lo largo de las cuales “tuvieron la oportunidad de expresarse larga y ampliamente el sector opositor… La verdad que no encuentro motivo para generar esta discordia”.
En ese marco, María de los Angeles Sacnun sostuvo que la cuestión de fondo pasa por preguntarse “por qué la oposición no quiere que se investigue la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y Vicentin. Ahí es donde reside el eje de la cuestión”.
“Hubo todo el tiempo palos en la rueda para evitar la conformación de la comisión, y eso habla mal de la oposición -agregó-. Deberían no solamente acompañar la necesidad de que el Congreso investigue, sino además integrar activamente esa comisión y aportar todos los elementos que ellos creen que pueden servir a los fines de esclarecer la situación”.
A través de un video destacó que Juntos por el Cambio tuvo oportunidad de hablar largamente durante el debate sobre la bicameral investigadora del caso Vicentin.
El senador nacional Mariano Recalde cuestionó a la oposición por haber denunciado que les cortaron los micrófonos en la sesión en la que se dio media sanción a la creación de una comisión bicameral investigadora de los préstamos del Banco Nación a Vicentin.
Lo hizo a través de un tuit en el que sumó un video donde se ve una síntesis editada y veloz de los discursos de la oposición durante esa sesión, y se pregunta: “¿Dónde está la censura y el avasallamiento que denuncia la oposición? Si algo hubo en la última sesión fue debate”.
“Dejen de mentirle a la gente y háganse cargo: no quieren que se investigue la deuda de Vicentin con el Banco Nación”, concluyó el extitular de Aerolíneas Argentinas en un tuit que fue retuiteado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En esa sesión, sobre el final de la sesión el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reaccionó indignado cuando la presidenta del cuerpo dio por concluida la sesión anunciando la media sanción, cuando desde la oposición reclamaban que esa media sanción era inválida por no haber contado con los dos tercios de los votos.
El proyecto de comunicación aprobado, impulsado por el Frente de Todos, manifiesta el respaldo a la “intervención y rescate” de la empresa Vicentin dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
La Legislatura de Neuquén aprobó un proyecto de comunicación impulsado por el Frente de Todos en respaldo a la “intervención y rescate” de la empresa Vicentin dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
El texto dirigido al Poder Ejecutivo Nacional expresa “su beneplácito por la intervención y rescate de la firma Vicentin Saic, por tratarse de una decisión estratégica que marca un rumbo de país con el horizonte en el logro de la soberanía alimentaria”.
Sostiene que “contribuirá a la preservación y continuidad de las fuentes de trabajo, la consolidación de una posición clave en las diversas fases de la cadena de la industria alimenticia, el abastecimiento del mercado interno y la exportación de granos”.
El diputado Sergio Fernández Novoa, miembro informante del proyecto, enfatizó que “desde la tierra de la energía, decimos con fuerza: queremos que nuestro petróleo se transforme en alimentos accesibles para la mesa de la gran familia argentina”.
Por su parte, el legislador del Frente de Todos, Mariano Mansilla, dijo que “el pueblo de Neuquén en su conjunto, ha entendido la importancia de la iniciativa de nuestro presidente Alberto Fernández”.
“Queremos decirles a todos y todas aquellos que aún defienden a los estafadores del ahorro público, que no caigan en un engaño tan vil; esperamos que el mensaje de un contundente espaldarazo patagónico, sirva al mismo tiempo, para correr el velo de la confusión y como un abrazo a nuestro presidente”, agregó Mansilla.
La comunicación aprobada insta a los representantes del pueblo y de la provincia del Neuquén, ante el Congreso y el Senado de la Nación, a “sostener, defender y propiciar” la “urgente” sanción de la ley que impulsa el Poder Ejecutivo de la Nación, declarando “de utilidad pública y sujetos a expropiación” los activos que conforman el Grupo Vicentin, y la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina.
El bloque de senadores de JxC advirtió que la conformación de una nueva comisión requiere los dos tercios de la Cámara. Desde el Frente de Todos sostienen que los antecedentes avalan su postura.
El bloque de senadores de Juntos por el Cambio presentó una nota a la presidencia de la Cámara denunciando los “graves hechos” sucedidos en la sesión especial del miércoles, y reclamaron que “se consigne correctamente” el rechazo de la conformación de la bicameral investigadora de los créditos oficiales entregados a la empresa Vicentin, debido a que no reunió los dos tercios de los votos.
Desde el Frente de Todos sostienen que los antecedentes avalan su postura y desmienten la posición del interbloque de Juntos por el Cambio: recuerdan la conformación de las comisiones de investigación de la Deuda Pública, de Contratos Públicos Privados, y la investigadora del ARA San Juan, cuando nunca fueron “solicitadas, siquiera mencionadas las mayorías especiales”.
Los legisladores opositores reiteraron el reclamo respecto a que el motivo de la convocatoria de la sesión vulneró el acuerdo político de tratar únicamente iniciativas necesarias para combatir el Covid 19, sus consecuencias y las que deriven de las medidas para prevenir la pandemia o sus efectos.
En este sentido, denuncian que la inclusión del proyecto para crear la comisión investigadora “resulta ilegítima e improcedente”, por lo que la sanción del proyecto es nulo: “Fue realizada con graves vicios de procedimiento por violación del Reglamento de esta Honorable Cámara”, sostienen en la nota.
Por otro lado, argumentan que el proyecto fue formalmente rechazado, ya que no fueron alcanzados los dos tercios de los votos que requiere el reglamento de la Cámara, en su artículo 88, que establece en cuanto a las “mayorías requeridas” que “para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara”.
Finalmente, denuncian que luego de que el proyecto se manifestara aprobado por la presidenta del cuerpo, y girado a la Cámara de Diputados, el senador Luis Naidenoff solicitó la palabra a efectos de manifestar que se estaba violando el reglamento en su artículo 88, pero “se hizo caso omiso del pedido, y se dispuso clausurar la sesión apagando el sistema, todo sin que la sesión hubiera terminado”. Advierten que se trata de un “grave hecho”, equivalente a “cercenar las facultades más elementales de los integrantes de la Cámara y pone en evidencia las enormes limitaciones de este modo de funcionamiento, especialmente con el sistema que se ha adoptado, que no está diseñado para cumplir con el procedimiento normal establecido por el reglamento de la Cámara”.
Firmaron el comunicado los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO), y del Interbloque Federal, Juan Carlos Romero
En respuesta, el bloque del Frente de Todos publicó un comunicado en el que “reafirman y defienden” la media sanción de la ley que crea la comisión bicameral, y sostienen que lo manifestado por el bloque opositor “no coincide con la realidad observada en la transmisión pública de televisión, y, por lo tanto, falta a la verdad”.
Al respecto, señalan que la sesión “se desarrolló con total normalidad”, y que “cada legislador hizo uso de la palabra en el turno que le correspondía y sin corte alguno en los micrófonos”.
Además, manifestaron “lamentar profundamente” la actitud de la bancada del interbloque de Juntos por el Cambio que “por momentos se niega a debatir la agenda previamente acordada en sesiones especiales”, y que “en ocasiones como esta, que no les asiste la razón, se victimizan haciendo comunicados que no coinciden con la realidad de los hechos”.
Finalmente, respecto a la necesidad de contar con los dos tercios de los votos para conformar la comisión, argumentan que los antecedentes avalan su postura y “desmienten la posición del interbloque de Juntos por el Cambio”. En este sentido, recuerdan la conformación de las comisiones de investigación de la Deuda Pública, de Contratos Públicos Privados, y la investigadora del ARA San Juan, cuando nunca fueron “solicitadas, siquiera mencionadas las mayorías especiales”.
Luego de la polémica generada al final del debate sobre la Bicameral de Vicentin, Silvia Elías de Pérez ironizó afirmando que desde ese sector pretenden lograr el “silenciamiento obligatorio” para la oposición.
“El kirchnerismo ha impuesto el silenciamiento obligatorio para las voces opositoras en el Senado de la Nación. Lo sucedido en la sesión de este jueves es un atropello gravísimo a las instituciones de la República y abre la puerta a un modelo autoritario en el que se pretende silenciar a quienes piensan distinto. La sanción de una comisión investigadora del Caso Vicentin está viciada de nulidad y debe quedar sin efecto en forma inmediata”.
La declaración pertenece a la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) en línea con el reclamo del bloque de Juntos por el Cambio por los hechos acaecidos durante la deliberación de la Cámara alta en el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobar la creación de una comisión bicameral para investigar la sucedido con la empresa cerealera.
“Apagaron los micrófonos, rompieron los acuerdos e impusieron su mayoría sin reunir los requisitos legales para la creación de una comisión bicameral e investigadora. Hay un atropello absoluto. Los mueve el deseo de la venganza y se amparan en la pandemia para avanzar con sus peores prácticas”, advirtió.
Elías de Pérez advirtió que lo sucedido este miércoles podría dar por tierra con las sesiones virtuales. “Han fracasado porque el oficialismo no acepta los consensos previos”, sostuvo. También sugirió que la discusión podría derivar en planteos judiciales por violación a las pautas constitucionales.
Afirman que el reglamento establece que la creación de una comisión necesita los 2/3 del cuerpo y ese número no se alcanzó. Afirman que les cortaron el micrófono para que no protestaran.
La sesión en la que el oficialismo dio media sanción al proyecto para crear una comisión bicameral investigadora de los créditos oficiales entregados a la empresa Vicentin dejó como saldo una gran polémica entre el oficialismo y la oposición ante el planteo de estos últimos que afirmaron que reglamentariamente no se habían alcanzado los dos tercios para avalar esa media sanción.
“El atropello del kirchnerismo demuestra que el sistema de sesiones virtuales fracasó”, expresó el bloque al cabo de la sesión de este miércoles. En efecto, al cabo de la votación, cuando la presidenta del cuerpo dio por aprobado el proyecto, el presidente del interbloque, Luis Naidenoff, quiso expresar su protesta, pero fue desoído por Cristina Fernández de Kirchner, que cerró la sesión.
En ese marco, el senador formoseño tuiteó: “Cada vez van por más. Esta vez apagando micrófonos de la oposición, el oficialismo aprobó una ley sin contar con la mayoría necesaria. Atropello absoluto”.
“Queremos ratificar que el Senado acaba de darle media sanción a un proyecto que no reunía los 2/3 necesarios para la creación de una Bicameral de Investigación como lo establecen los arts. 87 y 88 del reglamento de la cámara, no permitiendo dejar constancia de eso tras el apagón de micrófonos de los Senadores. De este modo, quedaron expuestas las falencias y fragilidad del sistema utilizado”, puntualizó el interbloque Juntos por el Cambio.
En efecto, el artículo 88 del reglamento del Senado, referido a las mayorías requeridas, señala que “para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara”.
“Lamentablemente hoy vimos de primera mano lo que significa el autoritarismo y el avasallamiento de las instituciones de la República -expresó la senadora jujeña Silvia Giacoppo-. La señora presidenta abandona el recinto, nos corta el audio, sin haber permitido el uso de la palabra al presidente del bloque Luis Naidenoff, donde debíamos acreditar que no tenían los dos tercios para votar. Porque así como lo expresamos con claridad, se violó el reglamento de la Cámara”.
En el mismo sentido se pronunció el senador aliado Juan Carlos Romero: “No solo se incumplió el reglamento, sino que se cerró la sesión de manera intempestiva sin aclarar que el proyecto oficial no reúne los dos tercios. Otro papelón que los argentinos no merecemos. La prepotencia K se expresó nuevamente”.
El comunicado difundido al cabo de la sesión por el interbloque opositor concluye diciendo: “Condiciones como estas tornan imposible sesionar en un clima de racionalidad necesario para llevar adelante los debates. Con ruptura de reglas e imposiciones autoritarias no hay margen para acuerdos en el marco de una sesión virtual en el Senado de la Nación”.
Al cierre del debate sobre el tema Vicentin, el jefe del bloque oficialista pidió colaboración a la oposición en el contexto de la pandemia.
El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo este miércoles al cierre de la sesión del Senado que la oposición “tiene miedo a constituir comisiones investigadoras” como la del caso Vicentin porque “de ahí pueden salir hechos”.
Mayans aclaró que “las comisiones investigan, no juzgan”, y consideró que “el pueblo argentino espera que las 40 comisiones que tiene el Congreso funcionen y se traten todos los temas”, pero “la oposición solo quiere tratar temas que no tienen importancia”.
El formoseño explicó que este tipo de comisiones “tiene como misión la investigación para llegar a la verdad y ver si la legislación que tenemos es lo que hace que estas cosas ocurran y si hay que mejorarla”.
“Lamento la especulación política de la oposición en un momento tan duro como el que estamos pasando, a ver si pueden sacar un voto más. ¡Cambien de actitud y colaboren! ¿Cómo se van a oponer a una comisión investigadora? ¿Para tapar a quién?”, se preguntó.
Mayans subrayó que “lo que tenemos que hacer es buscar la independencia económica de nuestra Patria, buscar un rumbo distinto”.
“En esta emergencia que se profundiza, que golpea a los trabajadores, a las pymes, nadie puede negar la necesidad de un Estado presente. Todos reclaman al Estado que salve la situación por la que estamos pasando”, observó, y en ese sentido insistió en que “la culpa no es de la cuarentena, sino de la pandemia”.
Se trata de una iniciativa de Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral que indague en los préstamos que le otorgó el Banco Nación a la empresa que el Gobierno buscaría expropiar.
Con la oposición en contra, el Frente de Todos consiguió aprobar este miércoles en el Senado un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que busca que el Congreso investigue las deudas que contrajo la empresa Vicentin con el Banco Nación.
Mientras sigue en duda el envío del proyecto de expropiación al Congreso, el oficialismo colocó el tema en la agenda parlamentaria con esta iniciativa que apunta a crear una comisión integrada por seis senadores y seis diputados, con un plazo de 18 meses para concretar la investigación en paralelo a la causa judicial.
El proyecto recibió 41 votos afirmativos -del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana- y 29 en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.
La misión de la comisión será la de indagar sobre presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la firma agroexportadora y el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, a raíz de una deuda acumulada de 18.500 millones de pesos contraída con la entidad presidida por Javier González Fraga.
Además, la comisión deberá investigar una posible defraudación y estafa comercial a acreedores; si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo Vicentin en el país o en el exterior; y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, explicó que se busca iniciar esta investigación “no solamente por el perjuicio, que es público y notorio, que se ha generado a pequeños y medianos productores y acopiadores, sino también por la eventual triangulación y evasión que se pudo haber llevado adelante”.
Por eso, aseguró que se buscará dilucidad también la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por un posible incumplimiento en sus obligaciones de control.
Cabe recordar que, a raíz de una denuncia del actual director del Banco Nación Claudio Lozano, la Justicia investiga un posible fraude al Estado, en una causa que tramita el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, con el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
Según Sacnun, esta situación amerita que el Congreso “pueda conocer cómo fue el proceso en el otorgamiento de estos créditos” y “conocer sobre los datos, los balances, facturación pasiva o en moneda extranjera, la vinculación de la firma con otras entidades en el exterior y las posibles maniobras en el lavado de activos, entre otras cuestiones”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich consideró que para crear esta comisión habría que modificar -por un proyecto resolución y con mayoría especial- el reglamento de la Cámara, a pesar de que otras comisiones especiales fueron creadas por ley.
Además, advirtió que el trabajo de la bicameral se acota a lo sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri cuando “de los 300 millones de dólares de deuda con el Banco Nación, 200 millones fueron asignados en la gestión anterior a la de los últimos cuatro años”.
“No es serio que seamos una Cámara que solo se usa para la venganza, la revancha y el rencor que tienen algunas personas de este cuerpo”, se quejó el senador del Pro, y apuntó a Parrilli, al señalar que “es el único autor de proyectos que merecen ser tratados, que nada tienen que ver con el Covid”.
Asimismo, Bullrich observó que “el pasado lo trata la Justicia, el presente lo trata el Ejecutivo y el futuro lo trata el Congreso”, por lo cual “no podemos dictar leyes retroactivas”.
La titular de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, Nora del Valle Giménez, advirtió que los créditos a Vicentin configuran “alrededor del 20% de la cartera de préstamos del Banco Nación, la banca pública más importante de los argentinos, que tiene como objetivo fundamental asistir a la producción y el desarrollo del conjunto de los argentinos”.
La senadora oficialista consideró que la creación de esta bicameral “es necesaria y procedente, porque está de acuerdo a reglamento y porque necesitamos que la democracia se fortalezca con el debido esclarecimiento de esta vinculación”.
“Durante la gestión de Macri, Vicentin recibió 18.000 millones de pesos, de los cuales el 35% se pagó cuando la empresa ya había declarado la cesación de pagos. Hay muchas razones públicas que nos obligan a los senadores a no mirar para el costado”, insistió la salteña.
Pero también se aportaron cifras desde la oposición: según la radical Silvia Giacoppo, “la empresa contaba en 2013 con una calificación crediticia de 170 millones de dólares, obtuvo entre 2008 y 2013 un incremento del 240% y no gobernaba Cambiemos, mientras que en el período que se pretende investigar el incremento fue solo de un 36%”.
Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) alertó que “si seguimos con este camino, sin aprender, todos los argentinos van a ser Vicentin y los costos van a estar sobre los hombros de todos los argentinos”.
“Esta empresa tiene una deuda que equivale a varias veces sus activos y a varias veces la ganancia que podría tener si fuera bien administrada, con lo cual el costo lo va a volver a pasar la gente, como pasó con Aerolíneas, YPF y Ciccone”, opinó el economista.
Lousteau analizó que “durante mucho tiempo a lo largo de la historia argentina, los bancos públicos se quedan con los malos créditos. ¿Queremos saber qué pasó? Hay una auditoria interna y externa, está la SIGEN, está la Superintendencia de Entidades Financieras, el Banco tiene un inspector a cargo y además hay una causa penal. En lugar de perder tiempo en comisiones nuevas, podríamos abordar temas nuevos. Podemos saber qué es lo que pasó dejando que las instituciones actúen y dedicarnos a temas mucho más importantes”.
Una de las senadoras más duras contra la oposición fue Anabel Fernández Sagasti, quien además de defender la creación de la bicameral, calificó la expropiación de Vicentin como una “decisión estratégica” y sugirió que “a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”.
“Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, y vaya si las tenemos, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje un tendal de productores en Pampa y la Vía y que el Congreso haga oídos sordos a eso”, advirtió Fernández Sagasti.
La legisladora indicó que “necesitamos explicar por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos de Argentina pasó de tener solidez financiera en julio de 2019 a recibir, en los últimos seis meses del gobierno de Macri, 26 créditos del Banco Nación en un mes”. “Calculo que (Javier) González Fraga ha ido hasta los domingos a firmar créditos”, ironizó.
Para la senadora, hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, afirmó que la bicameral es “para que el pueblo sepa de qué se trata” y también advirtió que “la hecatombe de una empresa de esta magnitud va a afectar a toda la economía nacional”, particularmente a “2.300 cooperativas de Santa Fe y Córdoba” que “aglutinan a familias productoras que movilizan la economía de los pueblos”.
Por esa razón, Rodríguez Saá consideró que debe haber algún tipo de injerencia del Estado. “Tenemos que participar. Ya veremos si generamos una empresa federativa, ya veremos cómo le damos forma, pero ¿qué quieren que hagamos? Los dueños de Vicentin ya estuvieron golpeando todas las puertas, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que fundamos a todos los productores?”.
Al cierre del debate, Luis Naidenoff, titular de Juntos por el Cambio, alertó que “la confrontación y las diferencias ideológicas que se pueden tener ya pasaron a un segundo plano y algunos han transformado en este recinto una especie de trinchera, buscando cada semana un adversario distinto”.
En tanto, el radical señaló que “es que en estos seis meses la economía se desplomó y no se trata solamente de la pandemia; no hay rumbo para la crisis, la incertidumbre y la desconfianza ganan la calle pero en lugar de discutir un plan de contingencia, estamos desviando la atención con un temario que nada tiene que ver con sus necesidades”.
Finalmente, el titular de la bancada oficialista, José Mayans, destacó que la futura comisión investigadora “tiene como misión la investigación para llegar a la verdad y ver si la legislación que tenemos es lo que hace que estas cosas ocurran y si hay que mejorarla”.
“Lamento la especulación política de la oposición en un momento tan duro como el que estamos pasando, a ver si pueden sacar un voto más. ¡Cambien de actitud y colaboren! ¿Cómo se van a oponer a una comisión investigadora? ¿Para tapar a quién?”, se preguntó el formoseño.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y la UCR en el Senado analizó la deuda de esa empresa e insistió en que el Ejecutivo debe definir su “hoja de ruta” sobre qué es lo que se planea hacer con esa firma. “Si hay defraudación, si hay irregularidad, hay un camino y ese es el de la Justicia”, aseveró.
Durante la sesión especial de este miércoles, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y la UCR, Luis Naidenoff, se refirió a la intención del oficialismo de crear una comisión bicameral investigadora sobre la deuda de Vicentin e insistió en que el Gobierno de Alberto Fernández “no tiene claro a donde va” con la intervención de esa empresa.
“Ni siquiera el Gobierno tiene claro a donde va, porque primero se sentó el presidente a decir ‘vamos por la expropiación’, luego vino la movilización de la gente y un párate; cuando se corre la cancha es que queda mucho por discutir. Hay tiempo para debatir la expropiación cuando el Gobierno defina su hoja de ruta”, explicó.
En cuanto a la deuda que la firma tiene con el Estado, el formoseño señaló que “Vicentin es una firma que tiene una historia con el Banco Nación, cualquier empresa, productor, comerciante o negocio de la Argentina ha encontrado en esa banca un anclaje para tratar de crecer en el marco del financiamiento” y resaltó que “en esa lógica, Vicentin ha tomado líneas de créditos en función del propio respaldo, pero cuando tomo la última deuda de aproximadamente 290 millones de dólares, fue una firma que presentaba como respaldo 3.500 millones de dólares de ventas anuales”.
Además alertó sobre que “se vieron determinadas circunstancias de la historia política: devaluación del 2018 y 2019, ni Vicentin ni ningún pequeño o mediano empresario del país son responsables de los vaivenes económicos” y recordó que “el dólar después de las PASO, no es ni un relato ni un libreto, pasó de 40 a 55 pesos; después se dio el derrumbe de las acciones de la Argentina en Wall Street y el aumento del riesgo país”.
Sobre esa misma línea remarcó que “si hay defraudación, si hay irregularidad, hay un camino y ese es el de la Justicia” y detalló que “hay una causa judicial en trámite, interviene la UIF y el propio Banco Nación se presentó como querellante. También del Banco Central tienen la obligación, porque así lo establece su propia carta orgánica, de auditar todos los pasos de los otorgamientos de los propios créditos”.
“Yo creo que hay una hostilidad en el Senado que, la verdad, algunos pensábamos que se trataba de una agenda de revanchismo con el pasado, pero hay algo que me preocupa mucho más: han pasado seis meses y la economía se desplomo, y no se trata solamente de la pandemia”, manifestó y concluyó señalando que “todos los días en algún lugar de la Argentina hay una persiana que se cierra, ahora se va a pagar el aguinaldo del sector público en cuotas y no sabemos qué va a pasar con el privado”.
La senadora, impulsora de la expropiación de Vicentin, sostuvo que hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la expropiación de Vicentin, denunció en la sesión de este miércoles que “a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores” y defendió la necesidad de crear una comisión investigadora sobre las deudas con el Banco Nación.
En primer lugar, Fernández Sagasti cuestionó que desde la oposición se argumente que hay que reformar el reglamento con mayoría especial para crear una comisión: “Sacar temas reglamentarios para eludir el fondo del asunto me parece de una bajeza y de una falta de honestidad intelectual que son grave para la institucionalidad argentina”.
La legisladora del Frente de Todos remarcó que la bicameral investigadora es necesaria “porque es necesario levantar la calidad del debate”.
“Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, y vaya si las tenemos, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje un tendal de productores en Pampa y la Vía y que el Congreso haga oídos sordos a eso”, advirtió.
Y continuó: “Necesitamos explicar por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos de Argentina pasó de tener solidez financiera en julio de 2019 a recibir, en los últimos seis meses del gobierno de (Mauricio) Macri, 26 créditos del Banco Nación en un mes”. “Calculo que (Javier) González Fraga ha ido hasta los domingos a firmar créditos”, ironizó.
Para Fernández Sagasti, hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
La legisladora sostuvo que “sobran botones de muestra de que el Congreso ha investigado” aun con causas en trámite en la Justicia, como en el caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, algo que “se hizo por ley y se votó por unanimidad”.
“La oposición debería ser la primera en querer esta comisión investigadora. Primero, porque van a participar; segundo, para dejar en claro que no tienen nada que esconder; y tercero, para no ser cómplices de los dirigentes políticos que dicen defender la propiedad privada pero en realidad no quieren que se investiguen las complicidades que hubo entre el gobierno de Cambiemos y los CEOS de Vicentin”.
“Desde que el presidente anunció la decisión estratégica de rescatar a esta empresa, se llenaron la boca hablando de Venezuela”, se quejó la senadora.
Aclaró que, más allá del derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución, “la expropiación es la excepción que tiene el Estado por interés público”, y es “una herramienta constitucional” que está “regulada por una ley”.
En este contexto, y para justificar el plan de la expropiación de Vicentin, aseguró que “los derechos tienen obligaciones”, como por ejemplo las de pagar impuestos. “Parece que a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”, remató.
El senador trajo a colación la película animada durante el debate por Vicentin.
Siempre muy didáctico en sus exposiciones, el senador Martín Lousteau eligió una metáfora singular para referirse al caso Vicentin en la sesión de este miércoles.
“Permítanme una nota de color. Seguramente muchos han visto la película ‘Buscando a Nemo’. Hay un personaje que se llama Dory que tiene una memoria muy corta. El personaje está inspirado en un pez de pecera, el carpín dorado, que se dice que tiene una memoria de solo 30 segundos”, describió.
El senador sostuvo que “a nosotros como sociedad nos pasa algo parecido. Ese pez es bueno, porque cada vez que se topa con alguna piedra u adorno de la pecera, piensa que es nuevo. Pero nosotros como sociedad hacemos lo mismo: perdemos la memoria y tropezamos siempre con la misma piedra”.
En ese sentido, citó los ciclos de privatizaciones y estatizaciones de empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles. “Algunos de los ciclos de privatizar y estatizar tienen tiempos largos, otros los vemos en vida, en una generación, y otros son tan cortos que algunos que hablan de convicciones, apoyaron medidas contrapuestas, privatización primero y estatización después. Nos cuesta mucho aprender de los errores y así se va degradando la economía y se va degradando la sociedad”, analizó.
El oficialista insistió en la necesidad de avanzar con la conformación de la comisión bicameral investigadora y advirtió que buscan darle respuesta a las inquietudes de los productores.
En el marco de una sesión virtual en la que se debatió acerca de la creación de una comisión bicameral investigadora para analizar la situación de la empresa Vicentin, el senador oficialista y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, se refirió a los logros productivos durante la gestión del kirchnerismo y fustigó al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, por las medidas económicas adoptadas durante su gobierno.
En ese sentido aclaró que son “varios los senadores que trabajamos y elaboramos este proyecto, no es por una cuestión de venganza como se dijo, lo presentamos porque recibimos la inquietud de productores y autoridades de las provincias de Santa Fe y Córdoba” y recordó que “Vicentin no está en la causa de los cuadernos. No hay ningún problema en investigar todos los créditos que el Banco Nación le dio a Vicentin a lo largo de los años, si esto habilita para que la oposición acompañe el proyecto y podamos investigar, estamos dispuestos a aceptarlo”.
Al mismo tiempo que chicaneó a la oposición al señalar que “uno para gobernar necesita tres cosas: primero, tener una firme convicción de lo que va a hacer; segundo, tener un conocimiento para poder planificar; y por último, tener gestión” e insistió en que “nosotros lo que hicimos -con nuestro chavismo, anticapitalismo e intento de quedarnos con la propiedad privada- fue crear 284.024 empresas, se generaron más de tres millones puestos de trabajo; Macri en cuatro años logró que se cerraran casi 25 mil empresas y se perdieron 235 mil puestos de trabajo”.
“Hubo una fuerte inversión de empresas multinacionales durante nuestra gestión: Chevron, con lo que hoy es Vaca Muerta; Toyota; General Motors, a la cual se le dio un crédito para que no se vaya; Axion, que invirtió millones de pesos; Quilmes, Unilever, entre otras tantas”, explicó y precisó: “digo esto para que se vea nuestra animosidad contra el imperialismo y contra las empresas multinacionales, pero también hubo financiamiento para empresas nacionales. Hicimos esto con mucha convicción y se dieron créditos blandos del Banco Nación, también se dieron dos mil millones de dólares con los créditos del bicentenario. La otra disposición que hicimos fue obligarlos a los bancos a darle a las partes, préstamos a las PyMEs”.
Sobre esa misma línea, Parrilli señaló que en cuanto al “Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nosotros fuimos tan anticapitalistas, que lo dejamos en 70 mil millones de dólares; mientras que los defensores de la propiedad privada, ósea el macrismo, lo llevaron a la mitad. ¿Qué hicieron? Las empresas que tenían acciones las vendieron, compraron bonos y ahora valen la mitad” y concluyó señalando que “nosotros lo que hicimos fue un capitalismo productivo, mientras que Macri nos endeudó y ahora nos enteramos los tres grandes logros del macrismo: deuda fenomenal, espionaje ilegal y un fenomenal enriquecimiento de su familia”.
El titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería se expresó a favor de la creación de una bicameral sobre Vicentin y advirtió que si la empresa sigue como está, habrá perjuicios para toda la economía.
Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, se expresó a favor del proyecto del oficialismo para crear una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación “para que el pueblo sepa de qué se trata”.
El legislador del Frente de Todos advirtió en la sesión de este miércoles sobre “el tremendo endeudamiento” de la empresa, “principalmente con el Banco Nación, que es el que financia la producción argentina”. “Una deuda que, de continuar sin la participación del Estado, difícilmente recuperemos”, dijo.
Rodríguez Saá consideró que si los préstamos recibidos por Vicentin son de un monto “similar a todo el salvataje que se ha hecho de las pymes en esta pandemia, significa que le podríamos haber prestado el doble”.
Al enumerar todos los rubros que abarca la empresa agroexportadora, el puntano advirtió que “la hecatombe de una empresa de esta magnitud va a afectar a toda la economía nacional”, particularmente a “2.300 cooperativas de Santa Fe y Córdoba” que “aglutinan a familias productoras que movilizan la economía de los pueblos”.
Por esa razón, Rodríguez Saá consideró que debe haber algún tipo de injerencia del Estado. “Tenemos que participar. Ya veremos si generamos una empresa federativa, ya veremos cómo le damos forma, pero ¿qué quieren que hagamos? Los dueños de Vicentin ya estuvieron golpeando todas las puertas, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que fundamos a todos los productores?”.
Finalmente, el senador afirmó: “Proponemos una comisión investigadora para que el pueblo argentino sepa de qué se trata. Estamos actuando dentro de la ley y la Constitución para beneficiar al pueblo argentino”.
Sin embargo, sostuvo el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en un zoom con dirigentes del campo, no incorpora al sector a “un proyecto de desarrollo”.
Diputados nacionales del bloque UCR, conducido por Mario Negri, realizaron una videoconferencia de la que participaron dirigentes ruralistas de buena parte del país. En ella se abordó el presente y futuro del sector agro-exportador argentino. El telón de fondo de la extensa charla-debate fue la intervención de la empresa Vicentin y las idas y vueltas del Gobierno desde que se anunció la expropiación.
“Para el kirchnerismo el campo no está dentro de un proyecto exportador y de desarrollo. Como fue en la resolución 125, le dan la espalda. Sin embargo, no saben vivir sin los dólares que aporta el campo”, sostuvo Mario Negri, presidente del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio.
El debate fue moderado por el diputado Ricardo Buryaile (Formosa), exministro de Agroindustria. “Argentina no necesita estatizar una empresa, se llame Vicentin o se llame como se llame. No hay fundamentos desde el comercio de granos que justifiquen la medida. Si Vicentin ha cometido ilícitos, es la Justicia la que debe juzgarlos. La mejor ley para esto es la de Concursos y Quiebras, que está en vigencia”, planteó el formoseño.
De los representantes del campo hizo uso de la palabra, en primer lugar, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Como entidades representantes de productores nos sentimos muy tocados. Creemos que hay que dejar continuar el proceso judicial. A través de la Justicia sabremos qué fue lo que llevó a esta situación a una empresa de esta magnitud. Hay que defender claramente la independencia de poderes, como manda la Constitución. Ustedes como legisladores lo tienen bien en claro”, señaló.
“Este avasallamiento de querer manejar los sectores importantes de la economía, no creo que sea una causa que tenga por único objetivo reflotar una empresa, acá hay un objetivo mayor de avanzar sobre el dominio del mercado de granos. Lo que no se logró con la Junta Nacional de Granos se hace ahora de esta manera. Además, se busca los recursos de las exportaciones, que son los dólares”, agregó Chemes. Cerró: “El productor ve que al campo el Gobierno lo ve como un ámbito de recursos fiscales y no como un puntal de desarrollo. Lo que logra el Gobierno es un retraimiento del crecimiento y de las inversiones”.
Luego habló Alejandro Buttiero, presidente de Coninagro de Córdoba. “El Gobierno está diciendo una gran mentira para apoderarse de una empresa, para intervenir en el mercado de granos, para luego obligarlos a vender y hacerse de los dólares. Esto es una locura que hay que frenar. Se quieren llevar por delante la división de poderes, interferir en la Justicia”, planteó el productor agropecuario.
“La única forma de intervenir una empresa es con una junta de acreedores, con una co-administración de los dueños, para tener seguridad de que no se van a fugar capitales, que no se van a vender activos. Si el Estado va solo, ¿quién le va a confiar un grano de soja? Ni la empresa ni el Gobierno tiene el dinero para comprar soja. Se necesita la confianza de los productores”, agregó Buttiero.
También hicieron uso de la palabra los diputados radicales Gabriela Lena (presidenta de la Comisión de Comercio), Atilio Benedetti (Entre Ríos), Juan Martín (Santa Fe) y Jorge Vara (Corrientes). Todos coincidieron en la necesidad de defender la división de poderes ante el avance del Gobierno. “El Poder Judicial de Santa Fe está sufriendo un avasallamiento muy grave de parte del Estado nacional y del Poder Ejecutivo Provincial. Acá hay una alternativa entre una Argentina republicana, con desarrollo y producción y la Argentina autoritaria, del capitalismo de amigos, que no tiene la transparencia como valor”, planteó el legislador santafesino radical.
Otro que se sumó a la videoconferencia fue Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, la localidad de Santa Fe donde tiene su asentamiento Vicentin. “Agradezco el respaldo que hemos tenido desde aquel lunes fatídico que se hizo el anuncio. Estamos viendo que hay millones de argentinos que quieren otra cosa, no lo que pretende el Gobierno. Las manifestaciones del fin de semana, a pesar del Covid, nos dan fuerza. Vamos a luchar hasta el final porque se está destruyendo un capital emprendedor fantástico. Esto no se logra de un día para el otro, se hace con décadas de trabajo y de confianza entre los actores. Nosotros apostamos al diálogo, con el oficialismo y con la oposición”.
“En términos de la oposición, lo que tenemos es que tener unidad en la diversidad. Hay que administrar las diferencias porque hay demanda de equilibrio de poderes. Acá hay gula de poder de parte del Ejecutivo. La coalición Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad de ofrecer alternativas, mientras ejerce controles. Con el campo, con el sector agro-exportador, debemos construir un proyecto de desarrollo”, planteó Negri al final de la charla, ante las preguntas de los participantes sobre qué hará la oposición si finalmente llega un proyecto de expropiación de Vicentin al Congreso.
“El Gobierno no tiene Presupuesto, no tiene plan de salida de la cuarentena, ya emitió un billón de pesos en el primer trimestre, es decir 230.000 millones por mes, a las provincias está mandando el 40 por ciento de los recursos y no tiene capacidad de financiamiento. Ante esto, asusta al campo y genera tensión política. De manera que todo es posible en este escenario. El Presidente, en lugar de conducir la transición con diálogo, decidió confrontar. La conducción política es de Cristina Kirchner, que cree que Cambiemos perdió la elección porque la sociedad la extrañaba a ella, por eso quiere repetir la historia y tiene premura por cerrar su pasado judicial”, finalizó Negri.
Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero adelantaron al inicio de la sesión que no participarán de la votación sobre la bicameral del caso Vicentin y el Convenio 190 de la OIT.
La oposición anunció al inicio de la sesión de este miércoles en el Senado que no participará de la votación de proyectos que, según entienden, son ajenos a la pandemia del Covid-19. Así lo adelantaron Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero, jefes de los interbloques Juntos por el Cambio y Federal, respectivamente.
Los legisladores anunciaron que estarán ausentes a la hora de votar la ratificación del Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre acoso laboral, y también del proyecto de creación de una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación.
Con el argumento de que el decreto regulatorio de las sesiones virtuales acotó los temarios a proyectos vinculados a la pandemia, la oposición se retiró de la sesión donde se aprobaron los proyectos de ley de alquileres, educación a distancia y suspensión de las SAS (Sociedades por Acción Simplificada), el pasado 11 de junio.
Solo los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron la votación, mientras que los interbloques de Naidenoff y Romero se desconectaron de la sesión, y este miércoles anticiparon que volverán a estar ausentes.
Desde las 15.18, la Cámara alta debate un proyecto de Oscar Parrilli para que el Congreso investigue la relación crediticia entre la empresa y el Banco Nación. También se ratificará un convenio de la OIT sobre acoso laboral.
Con una oposición molesta por el tratamiento de temas ajenos a la pandemia del Covid-19, el Senado sesiona desde las 15.18 para aprobar un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que busca que el Congreso investigue las deudas que contrajo la empresa Vicentin con el Banco Nación.
La iniciativa apunta a crear una comisión integrada por seis senadores y seis diputados que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la firma agroexportadora -que el Gobierno busca expropiar- y el Banco Nación, que durante la gestión anterior presidió Javier González Fraga.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se firmó dictamen, la semana pasada, los representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y se retiraron del debate. Además, señalaron que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
Según el proyecto, la bicameral deberá también investigar la “posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019”, durante el gobierno de Macri.
La comisión, que funcionará durante 18 meses contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, podrá solicitar informes y tendrá que elaborar un informe final sobre el tema.
En otro orden, la Cámara alta tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
El documento busca prevenir y erradicar la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas a los Estados con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
En el mismo se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
En medio del plan del Gobierno para rescatar a la compañía, la diputada del Frente de Todos recordó que la crítica situación de la firma antecede a la crisis por la pandemia.
La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos destacó la intervención del Estado en la empresa Vicentin para rescatarla de la quiebra o la extranjerización y, asimismo, sostener las fuentes de trabajo y los ingresos de productores, pequeños y medianos industriales que integran la cadena de valor.
“Vicentin venía con dificultades muy serias, incluso antes de que se produjera el cambio de gobierno. Esto exigía algún tipo de intervención ante el tendal de daños que ha dejado en todo este derrotero plagado de irregularidades”, subrayó la economista, con relación a las investigaciones judiciales por los mecanismos de deuda que adoptó la cerealera y por sospechas de maniobras de evasión y lavado de activos vía paraísos fiscales.
El conglomerado santafesino, que se encuentra en concurso de acreedores, acarrea deudas por $100.000 millones con bancos locales y extranjeros, y entidades comerciales. Su principal acreedor es el Banco Nación ($18.000 millones), que le otorgó una serie de préstamos bajo la conducción del Gobierno anterior. “Vicentin tiene una deuda muy importante con el Banco Nación, con el fisco y con diversas entidades fiscales y bancarias. Pero no solamente una enorme deuda, también miles de trabajadores sufren incertidumbre por las fuentes de trabajo”, puntualizó la legisladora.
El Poder Ejecutivo Nacional Nacional aguarda la decisión de la Justicia santafesina para saber si prospera la idea del gobernador Omar Perotti, de continuar la intervención de la empresa sin recurrir a la expropiación, a través de un acuerdo entre el Estado, los productores y las cooperativas, para conformar una nueva sociedad nacional mixta que se haría cargo de la firma. De no avanzar esa instancia, el presidente Alberto Fernández ratificó la expropiación. El Gobierno explicó que se trata de un activo estratégico para la economía del país.
“Hay que poner en dimensión lo que significa Vicentin. Se trata de la sexta empresa del país por volumen de ventas externas agroindustriales, que representa el 9% del total, y la primera entre las exportadoras del complejo sojero que, para el año 2019, concentraba el 19% del total de exportaciones del país, en el caso de harina y pellets de soja, y el 22%, en el de aceite de soja”, precisó la presidenta de la comisión de Finanzas, en el programa de Chiche Gelblung en Crónica TV.
Capitalización
En el marco de la crisis agravada por la pandemia, Vallejos había sugerido en mayo la participación accionaria del Estado en aquellas grandes empresas que cotizan en el mercado bursátil y que se encuentran en una crítica situación económica y financiera por la crisis. Al proponerla, la diputada sostuvo que ese camino tomaron países europeos como Alemania, Francia e Italia, que salieron a rescatar sus capitales nacionales estratégicos para evitar que caigan en manos de capitales extranjeros a precios de ganga.
Durante un acto que tuvo lugar en Formosa, a fines de mayo de este año, el presidente Alberto Fernández calificó de “ideas locas” la posibilidad de que el Gobierno nacional pretenda quedarse con las empresas. “Lo que hizo el presidente fue justamente aclarar toda la maraña de confusiones que se venían generando en torno a la idea que yo había propuesto. Se dijeron una serie de barbaridades que no tenían que ver con el espíritu ni con la cuestión concreta de la idea de capitalización de empresas que había señalado, y eso es lo que expresó el presidente Alberto Fernández”, recordó Vallejos.
La Cámara alta se reunirá, de manera remota, a partir de las 15. La oposición rechaza el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli. También se tratarán tratados internacionales, entre ellos uno contra el acoso laboral.
Con una oposición molesta por la inclusión de temas que no se refieren a la pandemia, el caso Vicentin se introducirá este miércoles en una nueva sesión remota del Senado, que se realizará a partir de las 15.
El oficialismo incluyó en el temario un proyecto presentado por Oscar Parrilli (FdT) para crear una comisión bicameral que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la empresa cerealera y el Banco Nación, que por entonces presidía Javier González Fraga.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se firmó dictamen, la semana pasada, los representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y se retiraron del debate. Además, señalaron que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
Según el proyecto, la bicameral deberá también investigar la "posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019", durante el gobierno de Mauricio Macri.
La comisión, que funcionará durante 18 meses, contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, tendrá que elaborar un informe final. Estará integrada por seis senadores y seis diputados.
Convenio de la OIT contra el acoso laboral
En otro orden, la Cámara alta tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
El documento busca prevenir y erradicar la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas a los Estados con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
En el mismo se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
El senador nacional señaló que se trata de una empresa “en situación crítica”, y que el Estado “no puede quedarse de brazos cruzados y esperar a ver lo que pasa” cuando Vicentin “emplea a muchos trabajadores, proveedores, y productores rurales”.
El senador nacional por el FdT Mariano Recalde se refirió al tema Vicentin, y consideró que el presidente “tomó una decisión oportuna”, que se trata de una empresa “en situación crítica”, y que el Estado “no puede quedarse de brazos cruzados y esperar a ver lo que pasa” con una empresa que “emplea a muchos trabajadores, proveedores, y productores rurales”.
En diálogo con el programa radial Edición Calificada, el senador explicó que hay que entender que se trata de una situación “muy particular, que no es la regla”, advirtió que la empresa “está en una situación crítica, emplea a muchos trabajadores, y está conectado a muchos proveedores, y productores rurales que dependen de su funcionamiento”. Además, sostuvo que es una empresa que “tiene que explicar que hizo con la plata del Estado que le fue prestada justo antes de que terminara el gobierno de Macri en una cifra monstruosa: 18 mil millones de pesos que le debe al Estado, solamente a través del Banco Nación”. Y consideró que “El Estado no puede quedarse de brazos cruzados y esperar a ver lo que pasa: me parece que fue oportuna la decisión del presidente, y ahora están discutiendo alternativas, pero siempre con esta idea, de no permitir que se roben la plata del Estado”.
Respecto a las manifestaciones del sábado pasado, indicó que tuvo que ver con grupos de personas que “se oponen a las políticas de este gobierno, que votaron a otra opción, y que no les gusta el presidente que fue elegido democráticamente”, y, aunque remarcó que tienen derecho a expresarse, consideró que, en este contexto de pandemia, “deberían ser cuidadosos porque ponen en peligro la salud de muchos”.
Por otro lado, se expresó respecto a la salida de la aerolínea Latam del país, y consideró que “el sector aerocomercial fue sin duda uno de los más afectados. La venta de pasajes se desplomó casi completamente, y eso puso en jaque a las líneas área de todo el mundo”, pero que, además, Latam “venía de cuatro años muy malos, cuatro años en los que perdió mucha plata, producto de esa mala política que fue llamada la revolución de los aviones hicieron que llegara a esta crisis con unas cuentas muy en rojo”.
En este sentido, consideró injusto que “se carguen las tintas obre la decisión de Latam en el Gobierno nacional, como si hubiese tenido la culpa de que, a seis meses de estar en el gobierno y con una pandemia de por medio, la aerolínea tomara esa decisión, cuando no solamente no se la empujó, ni se hizo nada para que se vaya, sino todo lo contrario: El Gobierno ayudó a esta empresa, como a cientos de miles de otras empresas, con subsidios estos meses para pagar parte de los salarios, así que lejos de empujarla, la ayudó para tratar de sostenerla”.
Finalmente, se refirió a la exposición del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero ante el Senado de la Nación, y señaló que fue “una exposición muy completa, muy precisa, y muy respetuosa: contestó las más de 600 preguntas que le hicieron los senadores de la oposición, y algunas del oficialismo. Creo que además expuso claramente, blanco sobre negro, las diferencias entre el rumbo que tomó el país a partir de 2019, y el que tenía hasta esa fecha”.
Se trata de los legisladores de Juntos por el Cambio, y de Luis Contigiani y Enrique Estévez, del Intebrloque Federal, quienes mantuvieron una reunión virtual con representantes de la Mesa Agropecuaria provincial.
Los doce diputados de la oposición por la provincia de Santa Fe ratificaron su rechazo a la expropiación de la empresa Vicentin y anticiparon que, ante el eventual debate de la ley -plan que el Gobierno nacional postergó por el momento- no aportarán al quórum, en una Cámara baja que encuentra al oficialismo con los números ajustados.
Los diez legisladores de Juntos por el Cambio, más Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista), ambos del Interbloque Federal, participaron de una reunión virtual con representantes de la Mesa Agropecuaria de la provincia.
En el encuentro, los diputados manifestaron su rechazo a la intervención dispuesta por DNU y a la posible expropiación. Los miembros de Juntos por el Cambio fueron más enfáticos en afirmar también que no darán quórum en una eventual sesión para tratar este tema.
En diálogo con parlamentario.com, el macrista Luciano Laspina aseguró que es "sorprendente" la "unidad de las entidades del campo" contra la iniciativa del Poder Ejecutivo. "Todos lo ven como un manotazo a la propiedad privada", agregó.
A través de su Twitter, el santafesino destacó: "Recién termina reunión de todos los diputados opositores de la provincia de Santa Fe con la Mesa Agropecuaria (que reúne a todas las entidades). Unánime rechazo a la expropiación de #Vicentin y apoyo a la decisión de no dar quórum. Quórum = expropiación. ¡Excelente reunión!".
Es para derogar la “ocupación temporaria anormal”. El proyecto es encabezado por un diputado radical por Córdoba.
En medio del debate sobre Vicentin, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley de Expropiaciones, con el fin de derogar las disposiciones relativas a la ocupación temporánea anormal de bienes.
“La denominada ‘ocupación temporánea anormal’ prevista en la ley constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica”, señalaron.
El proyecto, encabezado por Hugo Romero (UCR-Córdoba) propone la derogación de los artículos 58, 59, 60 de la Ley 21.499, eliminando definitivamente la figura de la “ocupación temporánea anormal” y garantizando así la intervención del Congreso en la declaración pública en todos los casos en que el derecho de propiedad deba afectarse en forma permanente o temporaria.
“La expropiación tiene base en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que reconoce como regla el derecho de propiedad al que califica de inviolable con dos excepciones: la privación en virtud de sentencia fundada en ley, y expropiación por causa de utilidad pública calificada por ley y previamente indemnizada”, recordó Romero.
En este sentido, destacó que “resulta claro del texto constitucional que la afectación del derecho de propiedad solo procede por acto del Poder Judicial fundado en ley del Congreso y por acto de la Administración fundado también en el acto del Congreso de declaración de utilidad pública”.
Y agregó: “Esto es así, por cuanto el goce de los derechos constitucionales solo puede estar limitado por ´leyes que reglamenten su ejercicio´ a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la Carta Magna”.
“La protección del derecho de propiedad forma parte de la cultura jurídica nacional y aparece reconocido en el primer constitucionalismo argentino. La medida de la privación de la propiedad por parte del Estado requiere necesariamente indemnización previa y la intervención del Congreso mediante una ley de declaración de utilidad pública. Se trata de una medida extraordinaria que debe ser calificada por ley, lo que constituye una garantía para impedir el uso arbitrario de la figura”, subrayó Romero.
Para el diputado, “la ‘ocupación’ como una figura no prevista expresamente en la Constitución y que significa la afectación del derecho de propiedad por un período de tiempo determinado, si bien no tiene las características de perpetuidad de la expropiación, continúa regida por la garantía constitucional, ya que el artículo 17 de la Carta Magna la protege cualquiera sea su afectación, permanente o temporaria, requiriendo la intervención del Congreso como una etapa del procedimiento que debe seguirse aun cuando la desposesión no fuere permanente”.
El proyecto lleva también las firmas de los diputados Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Luis Pastori, José Cano, Brenda Austin, Miguel Bazze, Alejandro Cacace, Luis Petri, Federico Zamarbide, Luis Juez, Soher El Sukaria, Sebastián Salvador, Ximena García, Jorge Vara, Dolores Martínez, Lidia Ascarate, Leonor Martínez Villada, Gabriel Alfredo Frizza, Adriana Ruarte, Estela Regidor, Lorena Matzen, Ricardo Buryaile, Gerardo Cipolini, Claudia Najul, Atilio Benedetti y Aída Ayala.
El oficialismo buscará tratar un proyecto de Oscar Parrilli que es rechazado por la oposición. También se votará la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre acoso laboral.
El debate sobre el caso Vicentin llegará por primera vez al recinto del Senado. No precisamente con el proyecto de expropiación, que todavía no fue enviado al Congreso, sino por una iniciativa que el oficialismo buscará aprobar este miércoles para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación.
La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a sesionar el miércoles desde las 15 para tratar, entre otros, un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que crea una comisión bicameral investigadora de la relación crediticia entre Vicentin y la entidad que entonces presidía Javier González Fraga.
La iniciativa cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Juntos por el Cambio expresó su rechazo. El interbloque presidido por Luis Naidenoff argumentó que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
“No se entiende la razón por la que se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción cuyas diligencias investigativas, con toda seguridad, en lugar de cooperar obstruirían el accionar del juez competente”, consideró la bancada en un documento.
El proyecto de creación de la bicameral fue presentado por Parrilli en abril pasado, tras la denuncia penal del actual director del Banco Nación Claudio Lozano por posible defraudación al Estado a través de préstamos millonarios a Vicentin, que entonces ya se encontraba en concurso de acreedores.
El autor de la iniciativa habló de la posibilidad de una “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de “lo que tiene que ver con posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”.
En otro orden, el Senado tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
Según expresó en un comunicado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que dirige Elizabeth Gómez Alcorta, “hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación de este instrumento que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo”.
El convenio define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
Al referirse a la cuestión de género, “designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
Por Alberto Asseff. El diputado nacional de Juntos por el Cambio sostiene que la reacción de la ciudadanía no fue por Vicentin, sino por lo que simboliza: “Fue por la propiedad privada, pero más que por ella, por no aceptar el avasallamiento”.
Inocultable, la protesta del Día de la Bandera exteriorizó un extendido disconformismo. Caben variopintas interpretaciones, pero se identifica un denominador común: la propiedad privada es el límite, porque si se lo traspasa perderemos la libertad. Por eso, acreedores de Vicentin, sus empleados y obreros, cooperativistas, vecinos de la ciudad donde está emplazada, ruralistas de la zona y gentes urbanas y rurales de todo el país salieron a manifestar su rechazo a la expropiación. Los reclamantes no saben con precisión el alcance legal de un decreto de necesidad y urgencia, su constitucionalidad ni cuál es la frontera precisa de la autoridad presidencial que fija el artículo 109 de la Constitución. Empero, sí tienen conciencia que si se permite que pase esta expropiación peligrará definitivamente todo el capítulo primero de la Constitución Nacional, el de Declaraciones, derechos y garantías individuales y colectivas de nuestra nación.
Todos los demandantes del respeto a la Constitución intuyen que la empresa casi centenaria seguramente algún desaguisado cometió, más allá del vasto desarreglo de nuestra macroeconomía que es una invitación permanente a incurrir en moras, romper cadenas de pagos, necesitar auxilios extraordinarios y demás. Por eso, una ciudadana sintetizó en una de las marchas: “Si robaron en Vicentin, que lo investigue la Justicia, pero con la propiedad privada no se metan”. Tengo la impresión que el presidente no alcanza –o no quiere–s comprender esa distinción que formuló la gente. Muchas veces la simpleza del llano ayuda a entender las mayores complejidades.
La ciudadanía está sintiendo que el gobierno ejecutivo se encamina hacia una saga autoritaria que está en el ADN del régimen gobernante, a pesar de intentos de republicanizarlo por parte de importantes sectores desgajados de su núcleo. Máxime cuando los vaticinios de lo que sobrevendrá a la pandemia son de que habrá ‘más Estado’, sin la más mínima aclaración de que ese mayor rol del Estado requerirá una honda y previa reforma del que hoy tenemos -¿padecemos?- burocrático, costosísimo, mastodóntico. En ese contexto, fluyen con naturalidad dos recuerdos perniciosos, envenenados: uno, el “exprópiese” de Hugo Chávez cuando en una larguísima transmisión televisiva- que aquí se divulgó mucho -, con un histrionismo burdo, ‘expropiaba’ a diestra y siniestra, desde una minera aurífera hasta una PyME; el otro, el ‘vamos por todo’ que la señora Fernández de Kirchner, a la sazón presidente, le expresó a una diputada adicta en pleno palco del Monumento Nacional a la Bandera al festejarse el 29 de febrero de 2012 el bicentenario de la creación del gran Belgrano. El ‘exprópiese’ de Chávez terminó en la pobreza, hambre, emigración, deconstrucción de uno de los países más ricos del planeta, Venezuela. El ‘vamos por todo’ culminó en 2015 en un país deficitario, con 30% de pobreza, encepado, plagado de planes asistenciales, pulsado por increíbles impuestos y con el partido gobernante derrotado en las urnas.
El país aspira hoy a un Estado rescatista, pero no intervencionista. Es otro deslinde que el presidente parece no aprehender. Queda claro que no es perito de fronteras. Entrar, rescatar y salir. Eso es lo que hacen todos los países del mundo, Alemania, Estados Unidos, España, Italia, hasta la misma China. Auxilian a las empresas para que retomen su vitalidad, no para adueñárselas.
Para colmo irrumpen en la escena eslóganes cual ponzoña de víbora. “Soberanía alimentaria”, consigna tan ridícula como penosa. Si desean abordar la soberanía, hagan algo en serio por la soberanía monetaria, a ver si alcanzamos a gozar de un sigo monetario con peso, digno de nombre.
La ciudadanía no requirió de mayores datos para intuir que el Gobierno va por la renta del más productivo de nuestros sectores, el agrícola. Sin exagerar, no sólo va por el complejo portuario Timbúes - Villa Constitución con epicentro en Rosario, sino hasta por las tierras. A la ideología imperante no le arredra el estrepitoso fracaso del colectivismo soviético o del ‘socialismo s.XXI’ del chavismo. Están convencidos que hay que abordar la última gran caja que queda. Tomarla por asalto. Nada mejor que la crisis sanitaria para practicar esa nefanda operación.
Desgraciadamente, la ideología estatista va en línea de profundizar el (des)concepto de que todo emprendedor es un explotador. Al principio, pichón. Pero para ellos a la larga será un expoliador, un apropiador de la renta que en su astigmatismo no le pertenece. Con esas ‘ideas’ la pobreza se extenderá inexorablemente con el correlativo desplome de las clases medias. Por eso la irrupción del 20 de junio. Es que la amenaza es grande y grave.
La reacción no fue por Vicentin, sino por lo que simboliza. Fue por la propiedad privada, pero más que por ella, por no aceptar el avasallamiento.
La cuestión es tan profunda y crucial que hasta los acreedores salieron en defensa de su deudor.
Mientras lejos de aflojarse, la cuarentena XL tiende a cerrarse más por la llegada del temido pico, la capacidad de sobrevivir en el aislamiento se hace cada vez más difícil, así como el gobierno pone un pie en el freno ante la magnitud del agujero fiscal. Es la tormenta perfecta en el peor momento.
Por José Angel Di Mauro
“Mecha corta”, el presidente suele reaccionar de manera áspera ante preguntas que le molestan. Ya sea por el tenor de las mismas, o bien por la forma como se la formulan, como admitió el miércoles ante la periodista Cristina Pérez. Hábil declarante, Alberto Fernández no es alguien al que le incomoden los micrófonos… pero le resulta imposible contenerse. Si le toman el tiempo y su interlocutor lo desea, no tardará en hacerlo saltar. Por más que le recomienden contenerse, no hay caso: es como en las visitas al interior o al Conurbano, el presidente se baja el tapabocas o se lo saca y la distancia social desaparece en las selfies. O en los abrazos con gobernadores.
Al final, tuvieron que recomendarle/ordenarle no salir de Olivos. La advertencia llegó justo cuando el Covid-19 comenzó a hacer mella en la política. Arrancó con un oficialista, el intendente Martín Insaurralde, pero luego vino un efecto dominó en la vereda de enfrente. Entre tantos, cayó María Eugenia Vidal, quien de paso quedó expuesta por no haber respetado la cuarentena con su pareja, también con permiso para circular pero no para visitas sociales. Atentos: este virus te deschava.
De hecho, la búsqueda de la cadena de contagios expuso la reunión que el viernes 12 mantuvieron en la sede del gobierno porteño en Parque Patricios la exgobernadora, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó y Martín Lousteau. La lista de dirigentes a hisopar dio cuenta de un polo opositor moderado que se va gestando en torno al jefe de Gobierno porteño. Porque aunque lo nieguen enfáticamente, ya están pensando en 2021. Opositores y oficialistas; no hay pandemia que les haga olvidar que el año que viene habrá elecciones clave y por más que falte un siglo, nadie puede dejarse estar.
La lista de dirigentes a hisopar dio cuenta de un polo opositor moderado que se va gestando en torno al jefe de Gobierno porteño.
La contagiada Vidal y el expresidente de la Cámara baja se volvieron a ver las caras después de haber terminado mal el año pasado, cuando la entonces gobernadora ignoró a la gente del hombre de Carlos Tejedor al armar la lista bonaerense. Pero deberán convivir pues Monzó va a jugar fuerte en la provincia y allí, en JxC, todavía manda Vidal, por más que se haya mudado a CABA.
La presencia de Lousteau confirmó la vigencia del acuerdo con HRL con el que lo atrajo para las elecciones. El senador no sabe cómo jugará en 2023, pero en principio apostaría a suceder a Larreta, tal cual con él arregló el año pasado.
Menos mal que en aras de evitar masividad bajaron de la reunión a Diego Santilli y Rogelio Frigerio. Este último es socio de Monzó en la consultora que armaron para transitar en la actividad privada este tiempo en el llano. El vicejefe también suena para jugar en 2023 en la Provincia -que suma candidatos-, pero no larga prenda. ¿Y si aunque sea por cábala el jefe de Gobierno decidiera imitar a Mauricio Macri repitiendo la fórmula para la presidencial, con Santilli como compañero de fórmula?... Falta un siglo, ya dijimos.
¿Y si aunque sea por cábala el jefe de Gobierno decidiera imitar a Mauricio Macri repitiendo la fórmula para la presidencial, con Santilli como compañero de fórmula?...
Primero tendrá que terminar la cuarentena, que al paso que vamos pasará largamente los cien días. Pero más que terminarla, cada día hay más interés en reforzarla. La fase 5 parece una panacea inalcanzable para el AMBA, sobre todo ahora que el virus hizo pie en el Conurbano, para desvelo de las autoridades provinciales. Las cifras son las que aterran a los gobernantes, que no dejan nunca de pensar en su futuro político. Tan afecto a las comparaciones, el Presidente soslaya que mandatarios extranjeros como Trump, Boris Johnson o Macron estén firmes en sus puestos aunque hayan tenido miles de muertos. Aquí, 194 fallecidos alcanzaron para hacer de Aníbal Ibarra un cadáver político.
El terror al número de muertos lo tienen todos los que mandan: desde el Presidente, al último intendente. Esa es la razón de la cuarentena más larga del mundo. La paradoja es que justo cuando el cansancio moral, pero sobre todo económico, hace inviable una prolongación del encierro, resulta imperativo volver al estadío inicial. Tantos meses de aislamiento debieron servir para adecuar al sistema de salud para enfrentar mejor el peor momento -se hizo, pero sigue siendo insuficiente el nivel de testeos-; y justo cuando el pico se acerca es cuando ya no hay resto para mantener el retiro.
No lo tienen el ciudadano de a pie, ni el comerciante, las pymes, ni los industriales, ni tampoco el Estado, que por el gigantesco agujero fiscal admite que casi no puede pagar ya el ATP -tal vez en junio no supere un sueldo mínimo, y olvídense que ayude con el aguinaldo-. ¿Cómo pensar entonces que las empresas sí tengan resto para enfrentar sus obligaciones?
Justo cuando el cansancio moral, pero sobre todo económico, hace inviable una prolongación del encierro, resulta imperativo volver al estadío inicial.
La encuesta que elaboró el CEU para la UIA es lo suficientemente gráfica para exhibir el preocupante cuadro. El 21% de las industrias siguen inactivas y otro 43% produce con caídas mayores al 50%. El 62% tuvo una baja en las ventas mayor al 30% y solo el 14% las mantuvo. El 41% no pudo pagar impuestos y el 27% no pudo abonar a los proveedores. El 46% no podrá cumplir con el pago del aguinaldo. La continuidad del 38% de las empresas estará comprometida si las condiciones actuales persisten en los próximos 3 meses.
Con menos difusión, no menos crítico fue el resultado de un trabajo elaborado por GrupoSet, que reveló que el 79% de los negocios dicen haber perdido dinero en 2020 y el 90% no piensa realizar inversiones este año. El 80% dice haber achicado su stock; el 95% considera “muy posible” tener que despedir personal por baja en las ventas y pérdida de rentabilidad, y el 80% manifestó que si pudiera vender su empresa no volvería a invertir en un nuevo emprendimiento. Por último, un dato inquietante para un presidente que sigue gozando de una elevada imagen: el 60% no cree que este gobierno pueda revertir la situación del país en el corto plazo.
Así y todo el Presidente está obligado a mostrarnos una luz al final del túnel. Por eso aseguró que tiene un plan para el escenario que se planteará post pandemia. Fue en una de las entrevistas que concedió la última semana, y en otra reveló que seguramente habrá una moratoria impositiva que será “para todo el mundo”. Nada que sorprenda; todo Gobierno plantea llegado el momento su propia moratoria. Y más en la actualidad, cuando el coronavirus ha hecho desplomar la recaudación impositiva.
Otro apotegma dice que las moratorias no se anticipan, pero en tiempos de pandemia se han quemado los manuales y todo está por verse.
Como está por verse la resolución de la negociación por la deuda. Se sigue dilatando y todo indicaría que el acuerdo está lejano, que será difícil arreglar con el 100% de los bonistas, pero la verdad es que Alberto no quiere defaultear. Aunque si eso sucede, ya tiene listo un discurso que viene repitiendo como si preparara el terreno: “El que defaulteó fue Macri”, en referencia al reperfilamiento.
La semana terminó con un traspié que en el fondo lo favorece. El juez del concurso repuso en sus cargos a los directores de Vicentin y relegó a los dos interventores del Estado a la condición de veedores. El gobierno lo vivió como una derrota, pero tal vez sea como cuando la Corte le puso freno en 2016 al aumento del gas del gobierno de Macri a usuarios residenciales. Si bien Cambiemos lo vivió entonces como una gran derrota, la postergación de los aumentos le sirvió a ese gobierno para descomprimir una situación social que amenazaba con desbordar.
El fallo del juez de Reconquista le sirvió al gobierno para salir de una encerrona en la que estaba. Para no agrietar el frente interno con el kirchnerismo, no podía retrotraer la expropiación, como lo había sugerido en un principio, y en Diputados los números estaban muy ajustados… y a la baja. Sergio Massa trabajaba a destajo buscando alternativas para conseguir los votos, pero sin emitir juicios sobre un tema que se sabe lo incomoda. Pero siempre especulando con un texto más sosegado que el original de Anabel Fernández Sagasti. Por eso exploraba la posibilidad de avanzar en consensos con el sector de JxC que responde a Monzó y Frigerio, que presentó su propio proyecto para que la empresa fuera gerenciada por acreedores afines al sector, definidos por el propio juez de la causa. Nada que entusiasmara al kirchnerismo que motorizó el proyecto.
Las dudas hacían que el envío del proyecto al Congreso se demorara, con el consiguiente crecimiento del fastidio hacia el gobierno. En ese contexto se conoció el fallo judicial que apaciguó ánimos y volvió a poner al gobernador Perotti como vocero del conflicto hablando de un “rescate” de Vicentin, que podría terminar como “empresa mixta”. Señales además dirigidas a apaciguar el banderazo previsto para protestar contra el gobierno.
Un gobierno donde Fernández debe seguir haciendo equilibrio, y es así que cuando la palabra expropiación parecía haber sido dejada de lado salió a fustigar al juez Lorenzini y se apresuró a aclarar que “el Estado se va a hacer cargo de Vicentin. Ya sea vía intervención judicial o vía expropiación. No hay marcha atrás”.
Cuestionó la medida realizada este sábado contra la expropiación de Vicentin. Esa prerrogativa “es una figura constitucional”, aclaró el jefe de la bancada oficialista del Senado.
El titular del bloque Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, reaccionó indignado contra la movilización organizada en contra de la intervención oficial en el caso Vicntin, asegurando que los que la impulsaron pretenden “desdibujar la imagen del presidente, cuando es el Estado que está el que está haciendo lo posible para evitar el colapso”.
En declaraciones a El Destape Radio, el formoseño sostuvo que “necesitamos un Estado presente. El Gobierno tiene que auxiliar con los recursos de todos a las pequeñas, medianas y grandes empresas”.
Tras recordar la comisión investigadora que se impulsa para revisar los préstamos otorgados por la banca oficial a la empresa cerealera, Mayans remarcó que “la expropiación es una figura constitucional”, en tanto que respecto de la propuesta del gobernador santafesino Omar Perotti, consideró que esa “puede ser una línea de solución pero no está dicha la última palabra”.
“Todo esto es consecuencia del gobierno que hemos tenido, que ha sido respaldado por muchos medios”, señaló en referencia a Cambiemos, asegurando que “el estado en que dejó (Mauricio) Macri el país fue desastrozo”.
“Masivo rechazo al atropello y el patoterismo”, expresaron diputados y senadores de Juntos por el Cambio al sumarse a la protesta que tuvo lugar este sábado en buena parte del país.
Diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio destacaron el banderazo y movilización “en defensa de la República” que se llevó a cabo en varias ciudades de nuestro país, y que tuvo como origen el rechazo a la expropiación de la empresa Vicentin.
“En la peor crisis y mayor incertidumbre, el kirchnerismo lo hizo posible, lamentablemente: volver al pasado, dividir a los argentinos y violentar la Constitución. Le pusieron combustible desde anoche a la indignación, más agravio menos diálogo, más incertidumbre menos ley. No pueden vivir sin dividir”, afirmó el titular del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja, Mario Negri. Su homólogo del Senado, el también radical Luis Naidenoff expresó por su parte: “Un pueblo que se expresa en defensa del trabajo, el esfuerzo y la propiedad privada. Buscando poner freno y que el gobierno escuche para terminar con tantos atropellos”.
La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto tuiteó por su parte: “Presidente, el único que sanciona leyes es el Congreso a través de sus representantes. Con el cuerpo y con el alma. Con nuestra historia y por el futuro de nuestros hijos vamos a defender la Republica”.
El jefe del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, señaló por su parte: “En las plazas, en los balcones, en las calles, de cada ciudad, de cada pueblo se hizo escuchar el rechazo masivo a la intención del gobierno de violar la propiedad privada”, en tanto que el titular de la bancada CC-ARI, Maximiliano Ferraro, reclamó: “Señor Presidente, vuelva a la racionalidad, deje de alardear y sea responsable. La confiscación es inconstitucional y genera mucha desconfianza interna y externa. No interfiera en la labor e independencia del Poder Judicial de Santa Fe”.
El santafesino Luciano Laspina posteó una imagen de televisión y escribió: “Acá un Vicentin entre la gente. De los varias generaciones de familiares que construyeron la empresa y Avellaneda. Se la quieren quedar @omarperotti y @alferdez ¡Minga! Diría @alfredodeangeli”. Y concluyó: “¡No están solos! Daremos pelea”.
“Con bandera en mano, nos hicimos escuchar. Hoy nos movilizamos en Santa Fe, como en todo el país para defender la Argentina republicana y productiva que queremos. No podemos normalizar que se sigan apretando jueces, que se desconozca sistemáticamente el imperio de la ley, que se pisotee la constitución nacional y la división de poderes”, señaló desde Esperanza, Santa Fe, el diputado radical Juan Martín. Y agregó: “El kirchnerismo nos tiene acostumbrados a estos actos de odio, prepotencia y destrato hacia el interior productivo. Que sepa el presidente que no nos vamos a dejar atropellar”.
Ricardo Buryaile, por su parte, afirmó que “Hoy mostramos que no queremos patoterismo ni autoritarismo que nos gobierne. Queremos Democracia y República. Las intenciones del gobierno profundizan la degradación institucional y la inseguridad jurídica, desestimula la inversión y la generación de empleo formal. El gen autoritario los hace creerse dueños de los bienes, la vida y el futuro de todos”.
“Da orgullo ver a una sociedad que no claudica, que le pone un freno a los designios autoritarios de este gobierno, que lucha por su libertad, por su dignidad y por un país republicano. La gente no está confundida, ya no se deja engañar, ni soporta los atropellos a las instituciones del país”, señaló la diputada Ximena García desde Santa Fe capital.
Reconocido dirigente rural y senador del Pro, Alfredo de Angeli se mostró en la marcha y escribió: “Muchos vecinos se acercaron a la Plaza Urquiza de Gualeguaychú. Muchos también acompañaron con autos y bocinas en este #BanderazoNacional para decirle NO al atropello del Gobierno de @alferdez”.
El también santafesino Gonzalo del Cerro afirmó que “a la insensatez y violencia verbal del Presidente Alberto Fernández, quien esta mañana volvió a insistir con la inconstitucional expropiación de Vicentin, el pueblo le respondió masiva y pacíficamente con madurez democrática y sin amenazas”.
“No estamos confundidos: el Gobierno en tres meses aprovechó para volver a suspender el incremento a los jubilados, darles privilegios a presos kirchneristas como Boudou y meterse en empresas privadas. Vamos a defender siempre las instituciones y la República”, señaló José Cano, en referencia a la frase del presidente Alberto Fernández, quien calificó a quienes participaron del banderazo como “gente confundida”.
La cordobesa Soledad Carrizo remarcó que “el pueblo se hizo sentir. En un nuevo aniversario del fallecimiento del creador de la bandera, el banderazo en Córdoba se hizo presente en diferentes puntos del interior, donde frente al atropello de los derechos los vecinos salieron a defenderse, unidos bajo una misma insignia: La Celeste y Blanca. La figura de un prócer como Belgrano nos guía y alienta para defender la libertad, la justicia, la unidad, la entrega en las causas justas, y por sobre todo, la soberanía de nuestro pueblo”.
El diputado Omar De Marchi expresó a su vez: “Un 20 de junio distinto. Una mezcla de sentimiento patrio con necesidad de frenar el atropello. La salida no es a piñas con la República, es con serenidad, tolerancia y respeto. Las leyes se acatan presidente @alferdez porque de lo contrario, la gente se lo demandará en las calles”.
El mendocino Luis Petri dijo que hay “demasiadas razones para defender la República en tan poco tiempo de Gobierno, el banderazo es por la defensa de la Justicia, la Constitución, la propiedad privada y la división de poderes. El Gobierno debe escuchar, no hay margen para el atropello de las instituciones ni para llevarse puesta la Constitución en cada decisión que toman”,
“Emociona ver el sentimiento de la gente en defensa de las libertades y la institucionalidad en todo el país. Nadie puede hacer lo que quiere en Argentina menos aún quien gobierna por voluntad popular. Ha quedado claro, no queremos ser Venezuela. Ojalá lo entiendan”, afirmó el misionero Luis Pastori.
A su vez, la cordobesa Brenda Austin señaló que “menosprecia la Justicia al descalificar el fallo del juez. Menosprecia al ciudadano que se manifiesta para expresarle su rechazo. Ser demócrata es exactamente lo contrario. Ojalá que deje el camino de la arbitrariedad, para abrir un diálogo genuino que busque soluciones Bandera de Argentina”.
“Fue categórica la marcha de hoy contra el atropello kirchnerista, en defensa de la Constitución y la legalidad. Rechazamos que se gobierne por decreto, las expropiaciones, la falta de Justicia y el plan de impunidad. La República está en peligro. Es fundamental defender la división de poderes y evitar que se nacionalice el ´modelo Santa Cruz”, agregó Alvaro de Lamadrid.
Por su parte, Sebastián Salvador remarcó que “hoy levantamos la bandera que nos une como Argentinos para defender la República de cualquier atropello institucional. Un verdadero país unido se construye con diálogo y consensos, no con imposiciones ni soberbia”.
La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez se dirigió al primer mandatario al señalar: “Presidente, le hicimos caso. No estamos confundidos. Estamos cuidando la República”.
“El banderazo no puede pasar desapercibido”, señaló la diputada provincial Alejandra Lordén.
Por último, Facundo Suárez Lastra afirmó que el presiente “está confundido. El camino para Vicentin es el de la Justicia. La expropiación no pasará. En Diputados no la vamos a aprobar”.
