La Ciudad de Buenos Aires tiene una población de más de 3 millones de habitantes. Hoy en día, el concepto de “accesibilidad” nos convoca a pensar en las inequidades a las que nos enfrentamos a diario en sus 203 km2. Es fundamental que el acceso a derechos se convierta en un tema fijo en la agenda y construyamos una Ciudad humanizada, enfocada en desarrollar políticas públicas eficaces, con posibilidades reales de desarrollo.

El derecho a la vivienda y progresar en la planificacion de un hábitat adecuado es uno de los principios que encontramos en el Artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ¿A qué se compromete? A atender el déficit habitacional y de infraestructura y, sobre todo, a atender las situaciones de aquellas personas con menos recursos. Pero cuando hacemos un análisis de la condición habitacional, nos encontramos con que vivimos en una Ciudad donde el 36% de las familias alquilan y destinan entre un 40 y 60% de sus ingresos a costear el alquiler. 

En la cima de la injusticia social, vemos que, en la Ciudad con mayor coparticipación y mayor ingreso, más de 400 mil habitantes viven en barrios populares, es decir el 15% de la población, con nula o lenta urbanización, problemas en el transporte y regulación cero en cuanto a precios y condiciones en el precio de la renta. A esto no podemos sumarle que más de 75 mil personas viven en pensiones, hoteles familiares, 90 mil viven en inquilinatos o conventillos, muchas veces, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a todos los servicios públicos.

Aunque nos parezca una novedad, la Constitución contempla el uso de las viviendas ociosas. Mientras que más de 150 mil personas tienen como problema principal el acceso a la vivienda, hay relevadas más de 300 mil viviendas vacías en la Ciudad. También es evidente que es necesario discutir la vivienda como una cuestión de Estado, cuando no es noticia que la legislatura otorgue permisos de construcción de vivienda, incluso cediendo hectáreas públicas, que no vuelven a la ciudadanía. En el último período de gobierno, se contabilizan 1 millón y medio de viviendas construidas, pero seguimos perdiendo calidad de vida.

Durante el Gobierno de Cambiemos, 473 hectáreas públicas pasaron a manos de privados, un barrio de Núñez entero. Lamentablemente, según el propio Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, estas construcciones no vienen a solucionar este asunto de fondo, sino que los niveles de vivienda lujosa crecen. Se construyen viviendas carísimas, en tierras que eran del Estado y quedan vacías a la merced de la especulación del mercado de inversiones inmobiliarias y arriendo a extranjeros mediante plataforma.

Este Artículo también le da la responsabilidad a la Ciudad de gestionar los espacios para personas en situación de calle. En este punto queda en completa evidencia que llevamos 16 años sin políticas públicas enfocadas en resolver el problema habitacional. Mientras que el oficialismo reconoce poco más de 3.500 personas en situación de calle, distintas ONGs, que se dedican a esta problemática social, denuncian que existen más de 10 mil personas que se encuentran a la deriva.

Romper con la lógica mercantil implica también poner el foco en la cuestión energética. Las discusiones en materia de sustentabilidad son urgentes. Todavía sigue siendo un pendiente acceder a servicios públicos de calidad de manera equitativa en muchos puntos de la Ciudad. La desigualdad debe ser abordada con perspectiva social y ya no más desde un Estado subsidiario del neoliberalismo, que haga pequeños esbozos de asistencialismo para desmerecer a lo público. De esta manera, las y los porteños podremos tener la garantía de poder acceder a servicios públicos de calidad y de forma igualitaria, en toda la extensión de la Ciudad de Buenos Aires.

En línea con la sustentabilidad, es indispensable que tomemos conciencia de la necesidad de aumentar la cobertura arbórea de la Ciudad. No es noticia que los veranos se extienden y recrudecen sobre una planificación urbana inundada de cemento y contaminación sonora. La determinación de que existan más árboles por habitantes y que, progresivamente, podamos optar por energías más limpias, nos va a posibilitar vivir en una Buenos Aires más fresca, descarbonizada, con menor contaminación sonora y mejor calidad de vida y posibilidades de esparcimiento en espacios verdes.

El negocio inmobiliario arrasó con muchas de las hectáreas públicas de la Ciudad que tenemos posibilidad de transformar y reconvertir en fuentes de energía, instalaciones deportivas, pulmones y motores verdes de una CABA más disfrutable.

Pasamos de ser la vanguardia en materia de transporte para quedar muy debajo en cantidad de kilómetros de nuestra red de subterráneos: La mayor red del mundo es la de Shangai con 743 km, otra muy importante es la de Londres con 408 km, podemos encontrar 394 km en Nueva York y más de 200 km en Ciudad de México ¿Buenos Aires? 56,7 km, ninguno construido en los últimos 8 años.

La red ni crece ni se mejora, además de ignorar el reclamo sistemático de los trabajadores, y después de 3 fallecimientos, 84 trabajadores afectados y 2500 bajo vigilancia médica, los trabajadores del subte nos siguen alertando sobre el peligro al que nos exponemos todos los días como usuarios viajando en vagones con asbesto comprados en 2013 a Madrid; que los descartaba como chatarra. Como si fuera poco, las medidas de fuerza descuentan salario por parte de la empresa y con el aval del Estado de la Ciudad Autónoma.

Tenemos una oportunidad histórica para ponerle freno a la injusticia y garantizar el acceso y el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos de la Ciudad. Llevamos 16 años de gobierno de Juntos por el Cambio y el deterioro, la desigualdad, la falta de planificación en transporte e infraestructura escolar es mayor.  Estamos convencidos de que no podemos quedar relegados a una ciudadanía de segunda y que la participación de cada uno de nosotros es fundamental, necesaria y urgente.

Este año de por sí representaba un desafío para el nuevo Gobierno: renegociación de la deuda, y un país con más del 40% de pobreza. Lo que no imaginábamos era tener que enfrentarnos a un enemigo invisible que no sólo afectó a los argentinos, sino a todo el mundo. 

Bajo una conducción inteligente y responsable, y observando las consecuencias del virus en el mundo, nuestro país supo reaccionar con premura. Se construyeron hospitales de campañas, se compraron nuevos suministros y se ampliaron las terapias intensivas de los hospitales. Todos los recursos materiales y humanos, que se transformaron en esenciales, trabajaron en defensa de la vida de todos los ciudadanos. 

El Covid 19 nos revela a la fragilidad humana y el temor a lo desconocido. Como el papa Francisco supo decir acertadamente: “La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades”. Las seguridades y proyectos que todos teníamos se desvanecieron y se vieron pausadas por algo superador. Sin embargo, el virus no amenaza a todos de la misma manera y expone las desigualdades de nuestra sociedad. Sus principales víctimas son las personas que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los protocolos de higiene, aquellos que tienen un trabajo informal y no pueden salir a trabajar. Se profundizó la crisis económica que venía a cuestas desde hace 4 años, consecuencia de políticas que privilegiaban al sistema financiero por sobre la industria nacional dejando a miles de personas sin trabajo. La pandemia incrementó esta situación y agravó el hambre y la pobreza de nuestro país. 

El papa Francisco apoya la consideración de un salario básico universal para mejorar la interrupción económica mundial causada por el brote de Covid 19 y que afecta principalmente a la clase trabajadora. Lo expreso a través de una carta en las últimas festividades de Pascuas dirigida a líderes de movimientos sociales importantes. 

En esta misiva el Santo Padre dedicó partes significativas tanto de su discurso de Pascua en el Vaticano como de su carta a los líderes del movimiento social para resaltar la difícil situación de la clase trabajadora en esta crisis, citando a colectivos como los vendedores ambulantes o los pequeños agricultores para destacar que pueden pasar desapercibidos por otras medidas de protección laboral. 

“Este puede ser el momento de considerar un salario básico universal que reconozca y dignifique las tareas nobles y esenciales que lleva a cabo”, escribió el papa en su carta. “Aseguraría y concretamente alcanzaría el ideal, a la vez tan humano y tan cristiano, de que ningún trabajador sin derechos”. 

“Pienso en todas las personas, especialmente las mujeres, que multiplican las hogazas de pan en los comedores populares: dos cebollas y un paquete de arroz constituyen un guiso delicioso para cientos de niños. Pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en las noticias”, apuntó el papa Francisco. 

En el mundo millones de empleos ya estaban amenazados antes de la pandemia. 

El trabajo precario y la reducción de ingresos ya eran una realidad. Este virus repentino aceleró estas tendencias. El mundo ya tiene más de 200 millones de desempleados. Y puede llegar a 500 millones si se incluyen los subempleados. Más de 650 millones de trabajadores viven en condiciones de extrema pobreza, según informa la Organización Internacional del Trabajo. Esta terrible situacion hace que muchas personas acepten en todo el mundo trabajos humillantes, mal pagos, abusivos y que no cumplen con el objeto fundamental que es dignificar a la persona humana. 

Este panorama evidencia la necesidad de un Estado interventor, presente, que acompañe a las necesidades básicas de todos los habitantes. Argentina es ejemplo en el mundo en materia de salud como derecho universal. Nuestro país tiene dos políticas consagradas: una histórica, con efectividad absoluta, que es la Asignación Universal por Hijo, que llega a más de 4 millones de niños y garantiza que reciban un plato de comida y educación. La otra es reciente, producto de la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia que llegó ya a casi 9 millones de beneficiarios. 

Ante esta situación, y la realidad de que en Argentina existen más de 4.000 barrios populares, se necesitan cambios profundos. Para ello, la construcción de consensos debe ser nuestro eje y guía para erradicar la pobreza de nuestro país. Debemos potenciar el trabajo, generar consumo, trabajar en conjunto con los planes social para generar una movilidad social ascendente y reactivar la economía. Hay que prestar especial atención a los sectores informales y trabajar en políticas que amplíen los derechos de los mismos. 

Muchos países están evaluando la creación de una renta básica universal y es una opción que también deberíamos considerar y debatir en conjunto. Los programas sociales creados hasta el momento siempre tuvieron como fin empujar al beneficiario al trabajo, pero, lamentablemente esto no ha sido así de manera mayoritaria. Las políticas sociales están atravesando un agotamiento que debe ser transformado en el corto plazo. 

La propuesta de la Renta Básica Universal está pensada como un derecho universal para la población vulnerable, orientada a la capacitación y trabajo. Debemos salir del asistencialismo para dar paso a la promoción del empleo. Como bien dijo Juan Domingo Perón, “el trabajo dignifica” y parte de gobernar es crear empleo. Para que este beneficio se convierta en derecho, debe garantizar a todos los integrantes de nuestra comunidad un ingreso efectivo mensual que asegure las condiciones mínimas de subsistencia. Las personas contarán con mayor libertad para aprender oficios, estudiar o desarrollarse profesionalmente. Para lograr la justicia social que deseamos, debemos derribar a la meritocracia y brindar por igual las mismas oportunidades a todos los argentinos. Una persona que no cuenta con el abrigo necesario en invierno, y no tiene un plato de comida todos los días, no puede desenvolverse ni vivir como debería. 

Desde un punto de vista económico, la situación que atravesamos será cada día más compleja porque la pandemia incrementó de manera acelerada la pobreza que ya venía atravesando a la Argentina. La Renta Básica Universal permitirá garantizar las necesidades mínimas de la persona hasta que se incorpore en el mundo del trabajo formal. Todos los sectores deben estar articulados para que esto pueda lograrse. Será fundamental los centros de capacitación, organizaciones y universidades para poder llevarlo a cabo. 

La pobreza y la desigualdad no puede esconderse debajo de la alfombra. Tenemos que brindar igualdad de oportunidades para salir adelante. Unidos.