Era obvio que el bloque conducido por José Mayans apuntaría sus cañones hacia el juez Víctor Arturo Pesino, quien fue uno de los magistrados que se manifestó a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral. Pero no solo por eso, ya que es miembro de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dispuso la intervención judicial de la UOM, a través de un fallo firmado por este juez y su colega María Dora González.

El senador Mariano Recalde encabezó la embestida. A la hora de las preguntas, arrancó interrogando a Pesino sobre el promedio de atrasos con las causas en su juzgado. El juez aclaró que tenía expedientes del año 2024, y dijo ser consciente de la aprobación de la ley convenio con la Ciudad que establece un plazo máximo de 60 días para el dictado de sentencias.

“Creo que ni yo, ni mis colegas, podemos estar en condiciones de resolver el tema si no se completan todas las vacantes que hay en la Cámara -aclaró-. Recibimos 600 expedientes y resolvemos todos los meses entre 500 y 600; diferente sería el caso si estuvieran cubiertas las 30 vacantes que hay”.

Luego consideró “materialmente imposible” cumplir con lo que establece la ley y dijo que no lo atemoriza ser denunciado en ese sentido, porque en ese caso el tribunal se quedaría sin jueces, “porque el volumen de trabajo es tan grande que no se puede asumir. Uno se puede comprometer a sacar la mayor cantidad de sentencias posibles, y aun así no se puede respetar el plazo de 60 días. Se hace lo que humanamente se puede”.

A continuación, Recalde avanzó con el tema del decisión sobre la reforma laboral. Se refería al fallo que tuvo su Cámara respecto de la CGT contra el Estado nacional, donde se solicitó por la vía cautelar suspender buena parte de los artículos de la reforma laboral. ¿Es común resolver solo sobre los efectos?, le preguntó. “Nos referimos a los efectos suspendidos en un recurso de queja. Nos pareció procedente”, respondió Pesino, precisando que “tuvimos en cuenta varias situaciones especialmente que la ley no había sido declarada inconstitucional por el juez de primera instancia, y que ninguna norma legal puede ser suspendida por los jueces en su vigencia”.

“Se nos acusó de sostener que los trabajadores no eran personas vulnerables; el artículo 3 de las 100 Reglas de Brasilia (sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad) hace una alusión a quiénes son los personas vulnerables: discapacitados, mayores de edad, personas sin ingresos, niños, embarazadas… y no menciona a los trabajadores. No son personas vulnerables”, expresó el magistrado.

En cuanto a que se encuentren afectadas las condiciones de vida digna que establece la CIDH, señaló que “en cuanto a ese tema, esta convención tampoco se refiere a los trabajadores”. Agregó que se les criticó que no hubieran considerado los derechos alimentarios de los trabajadores, pero dijo que “en esa causa no estaba mencionado ningún crédito alimentario”.

“Ante esas circunstancias y teniendo en consideración que la Corte Suprema dispuso en 2015 con el fallo Thomas sobre la suspensión de la Ley de Medios, que ningún juez de la Nación podía impedir la entrada en vigencia de una ley y tampoco puede dictar una ley suspendiendo sus efectos”, indicó.

Además, continuó, “no había un caso, sino un planteo genérico contra el Estado nacional”. Y concluyó aclarando que “de todos modos creo que esta discusión ya está zanjada, porque la Justicia Contencioso Administrativa Federal revocó esa cautelar y la CGT ha apelado, y tengo entendido que no llegó siquiera a la Cámara Federal”.

El senador Recalde apuntó que al día siguiente de su fallo, el Poder Ejecutivo había mandado al Senado su pliego. “¿A qué atribuye que haya elegido esa oportunidad”, preguntó el legislador, a lo que el magistrado aclaró que había solicitado la prórroga en agosto de 2025; en noviembre lo citó el entonces viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, para hacer una primera entrevista. Lo volvió a citar el 3 de marzo, y en esa oportunidad, como había tenido que ir de urgencia a la Casa de Gobierno, lo atendió su asesor. “Me dijo que estaban conformes de pedir mi nuevo nombramiento –señaló-. El nuevo ministro me informó el 7 de abril que iba a dar comienzo al trámite de mi nuevo nombramiento. El 13 recibí un correo electrónico en el que me informan del ministerio que el 24 se iba a publicar el nuevo edicto. Fue simplemente coincidencia de fechas”.

Luego aclaró que su sala no había sido sorteada originalmente para tratar el caso, y remarcó que “no han ingún negociado ni cosa rara en el medio”, y que el decreto por el que se mandaba su pliego incluía el del juez sanjuanino Leopoldo Rago Gallo.

Ante la pregunta de si se había reunido con el ministro Juan Bautista Mahiques, contestó de manera afirmativa: “Quiso conocerme, quiso saber qué opinaba del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad.

La intervención en la UOM

La intervención judicial de la UOM fue dispuesta por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante un fallo firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, por lo que previsiblemente desde el peronismo le facturaron esa decisión al magistrado. En esa resolución, dictada el 22 de mayo de 2026, el tribunal declaró nulas las elecciones internas del gremio, desplazó a la conducción encabezada por Abel Furlán y ordenó la intervención por 180 días, con designación de un interventor judicial.

Sobre el tema lo interrogó el senador Recalde, y su par Eduardo Wado de Pedro insistió más tarde, enrostrándole a Pesino lo que representa un gremio como la UOM en la Argentina, que “discute y participa sobre un modelo de país. Siempre participa de los diálogos y consensos para el desarrollo de una Argentina industrial”.

Le recordó además que la primera intervención a la UOM fue dispuesta luego del golpe del 55; la segunda fue “luego del nefasto golpe del 76, y la tercera en el nefasto gobierno de Javier Milei por un juez que se atribuye competencias políticas”.

Precisamente Pesino había aclarado que no tenía ninguna vinculación con la política, y De Pedro le adjudicó haber designado en la UOM a “un interventor político, un miembro de Cambiemos, la UCR, el Pro, no sé… Pero fue candidato a intendente de Lanús por la UCR; fue consejero de la Magistratura en Buenos Aires”.

“¿Cómo es que por una discusión en una delegación de la UOM, usted interviene y deja en su currículum un hecho que solamente se ha repetido en la historia argentina dos veces, y fue con dos dictaduras?”, le reprochó, para señalar luego, en línea con Mayans, que “en sectores del Poder Judicial hay olor a podrido”.

Patricia Bullrich le recordó a Wado de Pedro que siendo ella ministra había trabajado y salvado de la quiebra a la obra social de la UOM, “así que más vale estudiar un poquito más antes de opinar”, le advirtió, aclarando que “acá no hay una intervención de la UOM, sino de la seccional Campana-Zárate y tiene que ver con un proceso electoral absolutamente viciado”, que adjudicó a “una situación fraudulenta probada y está en el expediente de esta comisión”.

Y cerró: “Comparar la intervención de la UOM en dos momentos críticos y nefastos, a una intervención por un proceso fraudulento de una elección de seccional, evidentemente mostró que los trabajadores estaban buscando un horizonte distinto. Creo que acá se ha discutido bastante; lo que no se le perdona a los jueces es intervenir a favor de una lista que demostró el fraude”.

Nada convencido, Mariano Recalde insistió en que “está intervenido todo el sindicato. Una lista impugnó la elección de una seccional y a partir de la declaración de nulidad del proceso eleccionario de esa seccional, se intervino todo el gremio, que tiene más de 50 seccionales”.

La Comisión de Acuerdos del Senado desarrolló este martes una reunión centrada en siete pliegos correspondientes al fuero laboral, destacándose el pedido puntual para extender la vigencia del mandato como juez de Víctor Arturo Pesino, quien fue uno de los magistrados que se manifestó a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral.

Los cuestionamientos del peronismo tuvieron relación al hecho de que al día siguiente de su fallo fue incluido su pliego por parte del Ejecutivo para extender su mandato judicial. También le reprocharon un fallo suyo que dispuso la intervención de una seccional de la Unión Obrera Metalúrgica.

El primero de los pliegos puesto a consideración fue el del único cargo propuesto para este martes que no es de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien ya es juez y ha sido postulado por el Ejecutivo para extender su mandato por otros 5 años, al estar próximo a cumplir 75 años de edad. Está propuesto para continuar como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, provincia de San Juan.

El citado juez recibió una observación ciudadana de parte de la UEJN N° 10, regional Cuyo, y al hacer uso de la palabra recordó que por primera vez le dieron acuerdo en diciembre de 1992: “Pasaron 33 años, ahora se bifurcan los caminos y a punto de cumplir 75 años se plantean dos caminos. Intentar solicitar una prórroga, o de lo contrario retirarme de la administración de justicia”.

Reconoció tener muchas cavilaciones y seguir administrando justicia sería su decisión de orden personal.

Luego fue el turno de Víctor Arturo Pesino, también propuesto para un nuevo nombramiento en el seno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII. Su pliego fue objeto de 4 observaciones ciudadanas, una del gremio UEJN y otra por parte de la UOM.

Pesino ingresó a la Justicia del Trabajo a los 19 años, en 1971, y fue designado secretario en 1981. Reconoció como su maestro al doctor Jorge Guillermo Bermúdez, que le abrió caminos en el fuero y en lo que hace al Derecho del Trabajo. En 1989 juró como juez de Primera Instancia del Trabajo, designad por Raúl Alfonsín, y luego de 20 años concursó para llegar a la Cámara, cosa que logró en 2011, designado entonces por Cristina Kirchner.

Señaló que desde que fue designado juez de primera instancia, debe haber dictado mucho más de 5.000 sentencias y dijo haberse jactado siempre de plegarse a la Constitución, respetar los derechos humanos, resolver teniendo presente una perspectiva de género, y también cumplir con lo que juró en su momento: desempeñar el cargo de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional”.

El mes que viene cumplirá 75 años y dijo sentirse “apto” para seguir desempeñándose como magistrado.

Tercera en exponer se presentó María Claudia Jueguen, propuesta para ser designada como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X. A la hora de los agradecimientos, destacó a su familia: su marido y dos hijos que resaltó como su “sostén”, destacando que el trabajo judicial “es arduo, full time; hay que estar en el tribunal y seguir trabajando después en la casa. Ponemos el alma”.

Agradeció también a todo el plantel personal de los dos jurados que hoy administra, y recordó sus inicios en la Cámara del Trabajo en el año 1990. Fue designada secretaria del juzgado en 2006, cargo que desempeñó hasta mayo de 2018, cuando fue ungida como jueza. Sobre el final de su exposición, Jueguen habló de la necesidad de lograr decisiones rápidas, expeditas y abogó por dar resolución veloz a los expedientes, teniendo en cuenta que “estamos para brindar un servicio de justicia eficaz y con pronta solución”.

También se refirió a la IA: “Hoy se usa en la vida, es  importante, pero no hay que deshumanizar la tarea judicial. La podemos utilizar para la recolección de información, de pruebas, es una herramienta que (debe ser) bien usada, con control humano, cotejo de la trazabilidad y los datos. El juez luego debe resolver desde lo humano, aplicando la norma de acuerdo a las conductas desarrolladas en el plexo probatorio”.

“Acoso” sobre Pesino

A la hora de las preguntas, el senador Mariano Recalde se centró en Víctor Pesino, y varias de sus preguntas giraron en torno a su pronunciamiento sobre la vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que el magistrado justificó entre otras cosas en que tuvieron en cuenta que la Corte Suprema en 2015 sostuvo, en el fallo Thomas, sobre la Ley de Medios,  que “ningún juez de la Nación podía impedir la entrada en vigencia de una ley en general. Y así como tiene la posibilidad de impedir la entrada en vigencia de una ley, tampoco puede dictar una ley suspendiendo sus efectos”.

“Además, no había un caso, sino un planteo genérico de la CGT contra el Estado nacional”, sostuvo, aclarando que de todos modos esa discusión estaba “zanjada” porque “la justicia Contencioso Administrativa Federal revocó esa cautelar y la CGT ha apelado, y tengo entendido que no llegó siquiera a la Cámara Federal”.

Recalde le preguntó luego sobre sobre la “industria del juicio” y si creía que hay una connivencia entre jueces y abogados. Tras aclarar que no correspondía que opinara sobre ese tema, dijo creer que “los juicios existen porque hay conflictos y los mismos se generan a partir de normas que habilitan o habilitaban la posibilidad de reclamar indemnización u otros tipos de rubros que podrían ser objeto de reclamos de los trabajadores”. Y finalmente negó que a su juicio exista una industria del juicio: “Existiría si estuviesen todos los juicios concentrados en dos o tres estudios, cosa que no existe. Es producto de que hay conflicto entre los trabajadores y los empleadores”.

El senador Recalde insistió en hacerle preguntas a Pesino, y las denuncias sobre irregularidades con los jueces. Llegó a preguntarle incluso sobre un comentario que hizo recientemente el diputado camporista Rodolfo Tailhade en X, donde calificó a los camaristas Pesino y María Dora González como “dos mercenarios, conocidos en el fuero como Bonnie & Clyde”, lo que despertó la reacción de la senadora Nadia Márquez. Recalde reivindicó su potestad para preguntar incluso sobre lo que consideró “rumores”.

En ese marco intervino la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, para denunciar un “acoso” sobre el juez Pesino, señalando que estaban especulando sobre “rumores” en una situación que “nada tiene que ver con las preguntas objetivas. Pasa que el doctor Pesino tomó una decisión: que las leyes que este Congreso vota, se respetan”.  Aclaró que se trataba de un juez de la Nación que estaba pidiendo prórroga, que tiene una cantidad de aprobaciones a favor y en contra, y que haya tenido una posición respecto de este Congreso me parece que es algo que debemos valorar. Que no avaló, como otros jueces, de manera corporativa, la defensa de intereses judiciales por sobre lo que el Congreso había decidido”.

Atribuyó esa actitud a la decisión tomada por Pesino respecto de la discusión de constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral”, y que “actuó en relación a un sindicato con algunos grados de corrupción, que hoy está intervenido”, y anticipó que  por eso iban a apoyar su renovación. “El bloque de La Libertad Avanza le va a dar el acuerdo para 5 años más y también a los otros dos jueces que están en este momento analizando”, dijo en referencia a Rago Gallo y Jueguen.

El puntano Fernando Salino deploró a continuación “la práctica de que los senadores hablan sobre lo que preguntan otros senadores”, y luego José Mayans desarrolló un discurso muy crítico hacia el oficialismo, en el que cargó con dureza una vez más respecto de la cantidad de miembros de su bloque que habían sumado a esa comisión. Criticó fuertemente a la Corte Suprema de Justicia, habló de una justicia “corrupta” y ante la reacción de la radical Carolina Losada lanzó: “Ahí está la defensora de menores e incapaces”, lo que llevó al presidente de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, a ponerse duro y reclamar respetar la sesión.

Mayans insistió en dejar expuesta su disconformidad “por la falta de consideración que han tenido con nuestro bloque, a pesar de lo cual ha estado presente en esta audiencia”, y reaccionó también contra la neuquina Nadia Márquez, que le contestaba desde la bancada de enfrente, quejándose de que “la pastora no nos puede parar de hablar, cree que está en su culto”, al tiempo que también criticó al presidente de la comisión por el manejo que tuvo con la misma, recordando lo sucedido con el caso de la doctora Verónica Michelli.

Pagotto dijo haber tomado “debida nota de su protesta” y le prometió que en algún momento discutirían el tema. “Estoy absolutametne persuadido de que no cometí ningún acto irregular”, cerró.

Tras esa primera tanda tensa, pasaron nuevos candidatos. Marina Pisacco, propuesta para vocal de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, confesó que su vocación por el derecho empezó a los 13 años y durante la primera etapa de ejercicio de abogada defendió a trabajadores y sindicatos, pero también a empresas. A continuación, dijo que haber defendido a ambas partes es "lo que hoy me permite buscar ser imparcial, razonable y ecuánime".

La magistrada -esposa del periodista Adrián Ventura- destacó: "En estos siete años dicté 4.600 sentencias, a lo cual deben sumarse los expedientes que han sido conciliados" en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°33.

"Conozco los expedientes que sentencio a fondo. Una sentencia no es simplemente una firma ni un número de característica. Dictar una sentencia es una tarea personalísima del juez, que nunca podría ser reemplazada por ninguna inteligencia artificial", aseguró.

A su turno, Diego Javier Tula, propuesto como vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, contó que este año está "cumpliendo 32 años de ejercicio ininterrumpido en la función judicial" y ejerce la magistratura desde 2012.

Al referirse al concepto de "juez del sigo XXI", mencionó que hay "habilidades que exorbitan lo jurídico, pero son necesarias para integrar equipos de trabajo. Me refiero a la calidad de juez comunicador, formador, que utiliza un lenguaje claro. Estas habilidades son las que, con mucho orgullo, puedo decir que hemos formado con mis colegas".

En medio de la tanda de preguntas, Recalde afirmó estar al tanto de los exámenes que habían rendido ante el Consejo y señaló sobre ambos: "Son personas absolutamente idóneas y pueden contribuir a que el servicio de justicia funcione mejor, que el fuero del trabajo pueda llevar adelante los desafíos que tiene pendientes, sobre todo con los retrasos que muchas veces hay".

Finalmente, Diego Fernando Manauta, postulado como vocal para la Sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, expuso que cuenta con "35 años de trabajo en el derecho del trabajo, sea en la justicia o en la actividad privada, asesorando a sindicatos y trabajadores, a empresas y cámaras empresarias". Y manifestó que tiene la intención de "oxigenar la justicia del trabajo y darle la experiencia del abogado litigante, independiente".

Claudio Loguarro, candidato a vocal de la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, expresó: "Hace 40 años que integro el fuero del trabajo, donde me ha tocado trabajar con grandes maestros de nuestra disciplina". Desde 2017 se convirtió en juez laboral. "Creo firmemente que los jueces nos legitimamos a través de explicarle a la sociedad las razones en las que fundamos nuestras decisiones", aseveró y remarcó que "lo jueces no somos librepensadores, tenemos que ser custodios de la ley y la Constitución".

Propuesto por el Poder Ejecutivo para que se le prorrogue por cinco años más su mandato en la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el juez Víctor Arturo Pesino llega este martes a la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos con una serie de observaciones en su contra.

Se trata del magistrado que firmó el fallo para revocar la cautelar presentada por la CGT y reponer así la vigencia de más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral. Más adelante, fue también quien dispuso la intervención de la UOM.

Próximo a cumplir los 75 años de edad, Pesino requiere del aval del Senado para continuar como juez.

Sin embargo, la mencionada central obrera, el sindicato de metalúrgicos, el gremio que conduce Julio Piumato (UEJN) y el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart son algunos de los que presentaron impugnaciones contra su pliego.

Según consta en una de esas observaciones, la Sala VIII que integra Pesino "tiene un récord de 2.700 expedientes acumulados sin resolución y una demora estructural de aproximadamente dos años en el dictado de sentencias -cuatro veces el plazo legal de 60 días hábiles-", situación que el propio magistrado reconoció al responder a la impugnación y sostuvo que la enorme cantidad de expedientes son "números que resultan imposibles de manejar y resolver en los plazos legales". "Esa es la razón del atraso y no otra", agregó.

Otra de las críticas al juez fue que, recientemente, en la causa de un trabajador de 65 años - trasplantado renal, portador de sarcoma de Kaposi, internado de urgencia con tres stents mientras aguardaba sentencia- Pesino tardó 18 meses en resolver, sin solicitar en ningún momento la autorización de su superior que el Reglamento para la Justicia Nacional exige.

La sentencia que finalmente dictó fue tan confusa que generó que ambas partes pidieran aclaratorias el mismo día para saber qué había resuelto el tribunal. Es que el juez Pesino dictó una sentencia cuyos considerandos proponían declarar válido el acuerdo indemnizatorio objetado por el trabajador luego de ser despedido, pero en la sentencia del camarista la parte resolutiva confirmaba el fallo de primera instancia que lo había declarado nulo. Los fundamentos decían una cosa y el dispositivo decía lo contrario.

El Fiscal General Interino propuso declarar nulo todo lo actuado. Así, Pesino firmó la nulidad de su propio fallo. El trabajador lleva nueve años desde el despido sin sentencia firme.

Cuando el abogado patrocinante de dicho trabajador, el abogado Llopart, formuló observaciones reglamentarias ante la Comisión de Acuerdos, Pesino optó por no responder ninguna de las preguntas concretas e introdujo, en cambio, descalificaciones personales sobre el letrado observante en su presentación formal ante el Congreso de la Nación. De modo tangencial, indicó que ese abogado podría ser pasible de sanciones en futuras causas en las que intervenga.

Llopart recibió la respuesta a su observación de parte del propio Pesino quien, a través de la Comisión de Acuerdos, recordó que el tribunal que integra le hizo saber al abogado, por recusar una jueza de primera instancia, que "podría ser pasible de sufrir las sanciones que se encuentran previstas en el ordenamiento procesal vigente".

"Un magistrado que responde cuestionamientos institucionales ejerciendo presión sobre quien los formula no está defendiendo su actuación", enfatizó Llopart.

El Poder Ejecutivo oficializó el inicio del trámite para extender por cinco años en el cargo al juez Víctor Arturo Pesino, quien junto a su par María Dora González, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, falló este jueves a favor del Gobierno al reponer los artículos de la Ley de Reforma Laboral que habían sido suspendidos.

El aviso del Ministerio de Justicia sobre el trámite del nuevo nombramiento para aquellos magistrados que alcancen los 75 años salió publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Pesino había solicitado la prórroga en el cargo, y ahora ese camino se dio por iniciado, lo que representa todo un sugestivo gesto por parte del Poder Ejecutivo, a pocas horas de la decisión judicial que lo favoreció.

No obstante, el pliego todavía no fue enviado al Senado, donde, en ese caso, el juez deberá presentarse a audiencia pública.

"Vuestra señoría, el poder económico. Otra vez la sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de (Javier) Milei y el poder económico. En este caso, la 'devolución de favores' es para el Juez Víctor Pesino de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo", denunció Myriam Bregman.

La diputada del Frente de Izquierda señaló que "este juez hizo uso de una maniobra legal para otorgar vigencia a la reforma laboral y suspendió la medida cautelar que la había frenado. ¿Qué recibió Pesino a cambio? Solo un día después, el Poder Ejecutivo dio curso a la solicitud de Pesino para seguir en su cargo luego de los 75 años", edad que cumplirá el 27 de julio próximo.

La opositora recordó que el magistrado "es parte del Poder Judicial desde 1971. En octubre del año pasado solicitó su continuidad. A pocos meses que se le venza el plazo, el Gobierno acelera su trámite".

"La resolución de la Sala VIII que reinstauró la reforma laboral no puede quedar en pie, debe ser declarada nula de nulidad absoluta", reclamó y lanzó: "(Edgardo) Kueider, (Lucila) Crexell, Pesino y una larga lista para defender las leyes de Milei. ¿Algún fiscal va a investigar esto como una práctica sistemática?". "Tenemos que terminar con estas prácticas corruptas. La lucha es ahora", concluyó a través de un posteo en redes sociales.