Basados en los criterios de la Asociación Americana de Psiquiatras, diputados radicales presentaron proyecto para tratar la “adicción al juego”. Asimismo, hay otra iniciativa para la prohibición de la pirotecnia.
Los diputados Luis Lucero Guillet y Victor Sosa (UCR) presentaron una iniciativa para avanzar hacia un marco normativo integral que reemplace el paradigma de la apelación a la responsabilidad individual de las personas jugadoras por otro, centrado en la responsabilidad estatal de desarrollar políticas públicas integrales que combatan el juego patológico.
La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud que consiste en el impulso irrefrenable que tiene un individuo para participar en juegos de azar, aun sabiendo de las probables consecuencias que pueda sufrir, ya sean patrimoniales, familiares, laborales o personales.
La Asociación Americana de Psiquiatras definió los criterios diagnósticos de la ludopatía estableciendo: preocupación frecuente por jugar; necesidad de aumentar la magnitud o la frecuencia de las apuestas para conseguir la excitación deseada; intentos repetidos sin éxito para detener o controlar el juego; intranquilidad o irritabilidad cuando se intenta detener el juego; empleo del juego como estrategia para escapar de problemas; intento de recuperar al día siguiente mediante el juego el dinero que se perdió el día anterior; engaños a la familia; y conductas ilegales para obtener dinero.
“Es necesario y fundamental la intervención del Estado desde las políticas preventivas, que impulsen, entre otras acciones, la concientización de la población mediante diversas herramientas, como campañas de difusión masiva que adviertan sobre los riesgos y consecuencias que implica la ludopatía, la obligación de publicar mensajes sanitarios sobre las implicancias del juego excesivo, la creación de un registro de autoexclusión, la prohibición de la existencia de cajeros dentro de las salas de juego y regular las formas de publicidad del juego”, fundamentó Lucero Guillet.
“Se trata de una ley amplia e integral, que establece importantísimas limitaciones y restricciones con el fin de evitar el desarrollo de conductas patológicas y proteger a quienes padecen esta enfermedad”, señaló el legislador Víctor Sosa.
Diputados radicales presentaron un proyecto de ley para prohibir el uso de pirotecnia y cohetería estruendosa en el territorio puntano. La pirotecnia produce daños en la salud física y psíquica de las personas, al igual que en los animales. Además, es generadora de un lamentable número de accidentes y lesiones en quienes la manipulan, están cerca o se ven involucrados indirectamente.
Los tradicionales Festejos de Navidad y Año Nuevo suelen caracterizarse por el uso de este tipo de artefactos, que causan un marcado quebranto a la salud de personas con autismo, sobre cuando se trata de niños. También a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes, enfermos en general e incluso a mascotas y animales.
El bloque UCR de la Cámara de Diputados de San Luis presentó un proyecto de ley para aplicar la prohibición del uso de pirotecnia para proteger a los más vulnerables. En varias ciudades de nuestra provincia fue limitado el uso y comercialización de la pirotecnia: Ciudad de San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes, Merlo, El Volcán, Unión, Tilisarao y La Punta aprobaron ordenanzas que prohíben la pirotecnia.
“Es momento de ser empáticos y cuidar a quienes más lo necesitan. Las próximas fiestas las tenemos que poder disfrutar todos”, señaló el diputado Luis Lucero Guillet.
Los legisladores oficialistas acompañaron la solicitud que presentó la oposición tras 100 días de la desaparición de la menor de 5 años.
El pedido de informe al Ministerio de Seguridad fue presentado por los diputados provinciales Víctor Sosa (UCR) y Luis Lucero Guillet (UCR) sobre el caso de desaparición de Guadalupe Lucero el pasado 14 de junio con el propósito de “ahondar en todas las medidas a destiempo que se tomaron”. Además, agradecieron el apoyo por parte de los diputados oficialistas.
“Ahora el Ministerio de Seguridad, a cargo de Luciano Anastasi, tiene 10 días para responder las preguntas que serán enviadas por los legisladores”, afirmó Guillet y agregó: “Nosotros presentamos este pedido de informe tras dos meses de la desaparición de Guadalupe, esperando un tiempo prudencial para que la Justicia y el Ministerio de Seguridad pudieran actuar sin ningún tipo de entorpecimiento, pasado ese tiempo y al no tener respuesta entendimos que la Cámara debíamos presentar el pedido de informe y así lo hicimos”.
En esta misma línea, manifestó que “lo hicimos con un silencio respetuoso entendiendo de que debía ser tratado. Logramos el consenso para que se aprobara el pedido de informe y va a ser girado al Ministerio correspondiente y esperamos que en el plazo tengamos las respuestas para poder analizar qué ha sucedido en el plano político porque en lo que hace a la justicia los tiempos son otros y en ese campo no tenemos injerencia, pero si en como se ha manejado en lo que refiere a la investigación”.
“Se quiere ahondar en todas las medidas que el Ministerio ha tomado en toda la investigación a destiempo y que permitió que las posibilidades que había de tener pistas o que Guadalupe saliera de la provincia no se consiguieron y las medidas fueron tomadas a destiempo. Pedimos un amplio requerimiento”, explicó el diputado radical.
Por último, el legislador puntano se mostró agradecido al oficialismo que apoyó la iniciativa, ya que “sin los votos de ellos es imposible que los proyectos de los diputados de la oposición puedan ser aprobados ya que son minoría dentro de la Cámara”.
