Lo aseguró el diputado Alberto Asseff, recordando que él denunció en su momento al magistrado por enriquecimiento ilícito.
Una de las noticias policiales de la semana es el caso de un jubilado asaltado en su domicilio de la localidad bonaerense de Quilmes por cinco delincuentes. El episodio terminó con la muerte de uno de los maleantes, a manos del propio jubilado, que a su vez ahora está con arresto domiciliario por ese hecho.
En este contexto, el diputado nacional Alberto Asseff, de JxC y presidente del Partido UNIR, se refirió a lo sucedido con los asaltantes de la casa del jubilado José Ríos, informando que uno de los ladrones había sido excarcelado por el amparo colectivo otorgado por el juez Víctor Violini, a quien el legislador denunció ante el Consejo.
Asseff había solicitado ya en noviembre de 2019 acceso a las declaraciones juradas del magistrado, para verificar si el mismo incurrió en enriquecimiento ilícito.
Es por “incumplimiento de sus deberes como funcionario público” al permitir la liberación masiva de presos con la excusa de la pandemia por el COVID-19.
En la tarde del martes, los senadores Andrés De Leo, Juan Pablo Allan, Claudia Rucci, y la diputada Sandra París, todos de Juntos por el Cambio, presentaron una denuncia y pedido de juicio político al juez Víctor Violini, que había dictado un habeas corpus colectivo el pasado 8 de abril, en favor de liberar y otorgar arrestos domiciliarios a presos bonaerenses.
La denuncia la fundamentaron principalmente en “su incompetencia y negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, en el incumplimiento con los deberes inherentes al cargo, y porque ha cometido graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y ha realizado actos de parcialidad manifiesta, que lo inhabilitan para continuar detentando el cargo de juez penal, y ‘como tal’ de decisor fundamental de cuestiones que hacen a la violación de los bienes jurídicos más preciados de esta comunidad”.
“La decisión de impulsar el juicio político al juez Violini se fundamenta, a nuestro entender, en el mal desempeño de sus funciones, incompetencia y negligencia demostrada. Violini acumuló una serie de faltas graves en su accionar y la decisión de otorgar un habeas corpus colectivo, habilitando la liberación de presos, muchos de ellos con serios antecedentes, con un listado abierto del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Justicia, terminó de confirmar nuestra decisión”, manifestó uno de los legisladores que refrendó la solicitud, el senador Andrés De Leo.
En el mismo sentido agregó que “aprovechando el contexto de la pandemia, justificó la liberación de muchos asesinos, violadores y delincuentes con alto grado de peligrosidad. Y lo hizo violando las leyes, salteando a los jueces naturales, otorgando al Poder Ejecutivo provincial facultades de liberación de presos que solo le competen a la Justicia. Además, en ningún momento tuvo en cuenta ni la opinión ni la situación de las víctimas y sus familiares, que como consecuencia de ello quedaron totalmente desprotegidas”.
En otro tramo de la denuncia, los legisladores señalaron que “el denunciado lejos de enaltecer la función y resguardar la vigencia de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, sistemáticamente se arroga facultades que no le son otorgadas por la ley, asume competencias que no le son propias y actúa injustificadamente fuera de sus límites funcionales”.
“El denunciado ha lesionado la autoridad estatal provocando el descreimiento de la misma, pues como todo funcionario, es la cara visible del Estado y la Administración. Además, no es posible admitir que actúe contrariando las leyes que regulan y legitiman los actos de su función, como tampoco es posible admitir que afecte el cargo que desempeña, traicione la confianza que se le depositó y viole las normas que se le encomendó y juró observar”, agregaron.
“La denuncia ahora deberá ser evaluada por la Secretaría del Jury de la Provincia, y en caso de darse curso, que descontamos así será, se conformará un tribunal encargado de llevar adelante el juicio político al juez”, finalizó De Leo.
La medida es impulsada por Usina de Justicia, la ONG a partir de cuya solicitud la Suprema Corte de Justicia revocó el fallo de ese magistrado que habilitaba la liberación de presos en el marco del Covid-19.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense puso fin al fallo del juez de Casación Víctor Violini que habilitaba a liberar presos en el marco de la pandemia de Covid-19, desatando no solo cientos de excarcelaciones. Ahora habrá que ver qué suerte corre el pedido de juicio político presentado este lunes contra dicho magistrado.
Impulsa esa medida Usina de Justicia, la ONG que encabeza la filósofa Diana Cohen Agrest y que precisamente impulsó el pedido sobre el cual la Corte provincial se expidió este mismo lunes.
El pedido de juicio político fue presentado por el abogado Fernando Oscar Soto en nombre de la doctora Diana Cohen Agrest, presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia, y basa la solicitud contra el juez de la Cámara de Casación Penal Víctor Horacio Violini por “incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”.
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La presentación fue motivada por el hábeas corpus colectivo tramitado bajo el expediente caratulado “Personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de la provincia de Buenos Aires”.
Para Usina de Justicia, las acciones de Violini constituyen “gravedad institucional”. Recuerda esta asociación civil que el hábeas corpus colectivo en cuestión no fue iniciado ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino directamente ante la Cámara de Casación Penal. “Además de no ser el doctor Víctor Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional, además de haber incumplido la Ley Nacional N° 27.372 y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica)”.
El diputado Alberto Asseff pone bajo la lupa a los magistrados Violini y Carral, por sus respectivos incrementos patrimoniales, que pese a reiterados pedidos no ha podido investigar.
El diputado Alberto Asseff solicitó a la justicia que se analice el patrimonio de los integrantes del Tribunal de Casación Penal bonaerense Víctor Horacio Violini y Daniel Alfredo Carral -y de sus respectivos grupos familiares-, para analizar si se vieron fielmente reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales de los últimos cinco años, así como si dichos patrimonios se condicen con sus ingresos.
Asseff solicitó también analizar la conducta del titular del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de esa Corte, Javier Talamonti Baldasarre, debido a que el mismo no entregó la totalidad de las declaraciones juradas que él solicitó y dilató -a su juicio sin justificación aparente- facilitarle una única declaración jurada del doctor Violini, algo que considera “violatorio” de lo establecido por los tratados internacionales y por las normas nacionales y provinciales respecto del acceso a la información pública.
Argumenta el diputado de Juntos por el Cambio que luego de la publicación de un artículo periodístico que sugería la participación de los dos magistrados mencionados con el juez de Casación Martín Ordoqui en “una maniobra espuria para liberar delincuentes”, el 7 de noviembre del año pasado solicitó al Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales copia de las declaraciones presentadas durante los últimos cinco años por los magistrados Carral y Violini.
Según cuenta Asseff, el 27 de noviembre ese registro le facilitó solo dos de las declaraciones juradas del doctor Carral, aduciendo que no disponía de versiones públicas anteriores. Nada dijo respecto de las del juez Violini. “Solicité nuevamente por escrito las declaraciones faltantes, pero el registro se negó a recibir la misiva llevada por un dependiente”, apunta el diputado nacional, que debió insistir largo tiempo hasta que finalmente el 6 de febrero de este año el registro le facilitó solo una de las declaraciones juradas de Violini, alegando que la última no había sido presentada por el magistrado, que gozaba de licencia por enfermedad.
Cuenta Asseff que el registro no le ha informado su el citado juez cumplió posteriormente con esa obligación pendiente, “pero es de público conocimiento que su delicada salud no ha impedido al magistrado el despliegue de gran actividad mediática, ni presidir el tribunal que integra para resolver de manera unipersonal varias presentaciones apoyadas en la pandemia que nos azota”.
Asseff sostiene en su presentación judicial que la “pieza aislada” de Violini a la que accedió no le permite evaluar la evolución patrimonial de Violini, por lo que “carece de toda utilidad”.
El diputado de JxC se hace eco de afirmaciones periodísticas que refieren que el juez Violini habría justificado su crecimiento patrimonial alegando más de una vez haber ganado la lotería, lo que le genera suspicacia.
Ante esta situación es que Asseff solicita a la justicia un “análisis exhaustivo” de las declaraciones juradas patrimoniales privadas de ambos magistrados durante los últimos cinco años, para determinar “si en ellas se puede fundar una sospecha de corrupción en su intervención en casos penales concretos, o la información periodística carece de fundamentos”.
