Se sabía que la mayoría de 39 senadores que la vicepresidente Victoria Villarruel construyó en el Senado ni bien asumió la gestión libertaria, y con la cual dejó sin poder en el reparto de autoridades y miembros en comisiones al principal interbloque opositor de Unión por la Patria, sería circunstancial y eventualmente serviría para determinados temas.

Así se vio a lo largo del año, cuando en la Cámara alta el oficialismo tuvo episodios adversos, como las votaciones en relación al DNU 70/23 y el DNU de la SIDE, por mencionar los casos más destacados. Por otro lado, gracias a las alianzas con los distintos espacios logró la aprobación de la Ley de Bases, el Paquete Fiscal y hasta la Boleta Única de Papel.

En un Senado en el que La Libertad Avanza cuenta tan sólo con 6 senadores -se dio el lujo incluso de echar al formoseño Francisco Paoltroni-, ningún "poroto" sobra. Con el escándalo de Edgardo Kueider, quien pidió licencia a raíz de su detención en Paraguay, y la salida en octubre pasado del radical Víctor Zimmermann, el oficialismo perdió ahora dos senadores que actuaron como dialoguistas aliados este tiempo. Justo en la previa de las sesiones extraordinarias, mientras que en febrero próximo deberá hacerse la sesión preparatoria de elección de autoridades.

El recinto de la Cámara alta estuvo cerrado desde septiembre pasado, con la decisión de la vicepresidente de frenar cualquier intento de UP de rechazar el DNU sobre canje de deuda. Sólo se abrió el 27 de noviembre para el informe de gestión de Guillermo Francos. Y se clausuró cualquier chance de realizar una sesión más antes que finalice el período ordinario, en un gesto político de Villarruel hacia al Gobierno, luego de las críticas que el propio presidente Javier Milei le hizo.

Como decimos, de esa mayoría del oficialismo con todo el resto de la oposición no K, quedarían hoy 37 integrantes, número justo para conformar quórum, de modo que la situación complica al oficialismo: debería tener/convencer a absolutamente todos los senadores a sentarse en el recinto para abrir una sesión. Y cada vez hay más dialoguistas reacios a acompañar al Gobierno en todo.

En cuanto a Zimmermann, el chaqueño pidió licencia en octubre pasado para irse a su provincia como ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible. La licencia fue una salida rápida para evitar que asuma su reemplazo, que sería Alicia Terada, una exdiputada de la Coalición Cívica, muy cercana a su líder Elisa Carrió, quien día a día aumenta más su oposición a Milei. Primeramente, la licencia de Zimmermann era por un mes y luego la prorrogó.

Sobre el caso de Kueider la situación es más compleja. El entrerriano solicitó ahora la licencia "mientras se investigue y clarifique su situación". No sería de extrañar que intente prorrogarla continuamente, como lo hiciera el exsenador José Alperovich -condenado por abuso sexual- durante meses. Las licencias, no obstante, deben ser aprobadas por el pleno. Siempre es un trámite a mano alzada.

Pero Unión por la Patria ya salió directamente a pedir la expulsión de su excompañero, a quien cuestionan desde que se fue del espacio y mucho más desde que se convirtió en aliado de LLA. Por lo tanto, cuando el recinto del Senado se abra nuevamente, la polémica estará a la orden del día y encontrará al oficialismo con dos votos menos para frenar embestidas de UP. También pondrá contra las cuerdas a quienes quieran "proteger" al entrerriano.

Lo paradójico es que si eventualmente se tratara una expulsión de Kueider, la Comisión de Asuntos Constitucionales que debe llevar adelante el caso está justamente presidida por él. Para echarlo, en el recinto necesitarán igualmente de dos tercios. En UP saben que, si logran su objetivo, asumiría como reemplazo la diputada provincial Stefania Cora, de La Cámpora. La historia recién empieza.

El radical Víctor Zimmermann dejará su banca en el Senado de la Nación para asumir como ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, en reemplazo de Hernán Halavacs. El anuncio lo realizó este lunes el secretario de Coordinación de Gabinete provincial, Livio Gutiérrez.

La gestión del gobernador Leandro Zdero tendrá además un cambio en el Ministerio de Desarrollo Humano, donde Gabriela Galarza asumirá en lugar de Carina Botteri Disoff.

Zimmermann, quien tenía mandato hasta diciembre de 2025, presidía la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos y era secretario de la Comisión de Presupuesto y de la Bicameral de Trámite Legislativo.

De profesión contador, entre numerosos cargos, Zimmermann fue intendente de Fontana y antes de asumir como senador se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Económico y Empleo, Plan Belgrano, coordinador NEA, en la Jefatura de Gabinete.

El radical había sido electo en 2019 tras encabezar la lista de Juntos por el Cambio, que llevaba en el segundo puesto a Alicia Terada, de la Coalición Cívica. Sin embargo, su reemplazo será quien fue tercero en la nómina, el actual concejal de Quitilipi y reconocido dirigente de la Juventud Radical Ayrton Ulrich.

Ayrton Ulrich completará el mandato de Zimmermann

En el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda, se llevó a cabo este martes en el Salón Azul del Senado, para discutir cinco iniciativas relacionadas con la coparticipación federal.

El titular de Coparticipación Federal, el radical Víctor Zimmermann, calificó el encuentro como una “reunión de carácter informativo” con el propósito de iniciar la discusión sobre una “nueva ley de distribución de recursos”. Por su parte, Ezequiel Atauche, presidente de Presupuesto y Hacienda, subrayó la importancia de comenzar a analizar y desarrollar una nueva ley de coparticipación federal y destacó que “es una responsabilidad del Senado velar por la coparticipación de las provincias y también velar porque nuestras provincias reciban lo que les corresponde”.

A continuación, se dio lectura a los proyectos a tratar con estado parlamentario: el expediente 43/24, del senador Juan Carlos Romero que reproduce el proyecto de ley que crea el sistema de coordinación financiera y fiscal; el expediente 490/23 de la senadora radical Mariana Juri y otros, que modifica el art. 5 de su similar 23.548- Coparticipación Federal de Impuestos - respecto de la asignación del fondo de aportes del tesoro nacional a las provincias; el expediente 1134/23 presentado por el senador Pablo Daniel Blanco sobre convenio régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Además, el 628/24 de autoría también de la senadora Juri y otros/as que modifica el art. 7 de su similar 23.548 (Coparticipación Federal de Impuestos) respecto de establecer un mínimo de recursos a distribuir a las provincias sobre el total recaudado y el expediente 2447/23 del exsenador y actual gobernador chubutense Ignacio Torres y otros/as que modifica el art. 3 de su similar 25.413 y sus modificaciones. Este dispone desafectar el 50% de impuesto a los débitos y créditos bancarios que ingresara a la masa de Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23.548 y sus modificaciones.

La senadora Juri explicó que el primero de sus proyectos tiene que ver con los fondos del tesoro nacional a las provincias: “La Argentina no puede esperar la distribución de fondos del Aporte del Tesoro Nacional de las provincias, por eso proponemos reformar la ley para darle más transparencia. Además, detalló que “el otro proyecto apunta a que se fije un piso de los fondos coparticipables a las provincias para una Argentina más justa y federal”.

Por su parte, el senador Blanco sostuvo que su proyecto de ley “fija el marco de regulación de distribución de todos los recursos que se recaudan en todo el país donde se separa abiertamente los que corresponden a las provincias y a la nación. Plantea una dinámica distinta a como se hace actualmente”.

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero consideró clave “ordenar el sistema y bajar los impuestos. Si bajamos los impuestos van a aumentar los recursos en nuestras provincias y la gente va a invertir”.

Por último, la senadora María Teresa González celebró este tipo de encuentros para discutir la coparticipación federal de impuestos.

Tras la reunión plenaria, la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos llevó a cabo una jornada académica titulada “La jerarquía constitucional de la coparticipación de impuestos y el federalismo de concertación”.

Durante el evento expusieron Alberto Dalla Vía, juez de la Cámara Nacional Electoral y profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Luis Francisco Lozano, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Torcuato Di Tella; Daniel Sabsay, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Antonio María Hernández, profesor titular plenario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

El oficialismo logró dilatar el tratamiento de los DNU 614 y 656/2024, por los que el Gobierno nacional reestructuró a la Secretaría de Inteligencia De Estado y le otorgó 100.000 millones para gastos reservados, cuando este jueves la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo rechazó sumar esos decretos al temario.

Los miembros de Unión por la Patria en acuerdo con el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) tenían preparado un dictamen de rechazo contra el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de julio, pero la moción fue rechazada: el diputado Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann -ambos del radicalismo- no acompañaron el pedido de la oposición.

La votación no alcanzó los nueve votos necesarios y las autoridades de la Bicameral optaron por establecer el debate de los DNU, respecto a la conformación y presupuesto de la SIDE, para una reunión que se hará en dos semanas. “No acompaño el dictamen del kirchnerismo”, alegó el catamarqueño Monti. Por su parte, Zimmermann optó por acompañar la postura de las autoridades de la comisión, de la cual él es secretario.

Desde Unión por la Patria no ocultaron su malestar ante la postura de los legisladores de la Unión Cívica Radical y salieron a cruzarlos vía X. El primero en protestar fue Leopoldo Moreau, quien estuvo presente en el Salón Illia este jueves y como actual presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia (hasta que el oficialismo la vuelva a conformar) negó que la misma tenga competencias en el tratamiento de los DNU de la SIDE.

Hay dos UCR ?. Hace unos días el radicalismo en una declaración reclamo el " urgente " tratamiento ( para rechazarlo ) del DNU que asigna a la SIDE 100 mil millones pesos en fondos reservados. Hoy cuando los legisladores de UxP junto con Massot pidieron tratarlo los…

— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) August 8, 2024

Luego, cargó: “¿Hay dos UCR? Hace unos días el radicalismo en una declaración reclamo el ‘urgente’ tratamiento (para rechazarlo) del DNU que asigna a la SIDE 100 mil millones pesos en fondos reservados. Hoy cuando los legisladores de UxP junto con Massot pidieron tratarlo los representantes de la UCR se sumaron al mileismo y el PRO y bloquearon su tratamiento”.

“¿Qué pasó?”, cuestionó, y agregó: “Están dilatando su consideración a la espera de la constitución de la Bicameral de Inteligencia para después pretextar que dicha comisión es la que fiscaliza los fondos reservados y que con ese control es suficiente”. En el final acusó que “así ‘le salvan’ los 100 millones de dólares que el gobierno quiere entregarle a la SIDE. Guarden este tuit”.

Con el recorte del comunicado que pedía “tratamiento urgente” del DNU en cuestión por parte del radicalismo, el jefe de bancada de Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, añadió: “No me sorprende que los libertarios y el PRO banquen la decisión de Milei de darle 105 millones de dólares a la SIDE para gastos reservados”. “Pero... ¿la UCR? ¿Acaso no sacaron un comunicado hace 9 días pidiendo por el rechazo a los DNU de Inteligencia? Inconcebible”, ironizó..

Integrante de la Bicameral de DNU, la diputada Vanesa Siley sumó: “Hoy La Libertad Avanza y sus aliados, la UCR y el Pro, se negaron a tratar el decreto 656/24 que le da 100 mil millones extras a la SIDE para FONDOS RESERVADOS. Mientras, no sabemos en qué se la estan gastando”.

En el final de la reunión, las autoridades lograron establecer como próximas reuniones de esta Bicameral a los días 22 de agosto, el 5 y 19 de septiembre. Sin embargo, a partir del próximo 15 de agosto los decretos en cuestión están habilitados para ser llevados al recinto de ambas cámaras.

El senador nacional radical por la provincia de Chaco e integrante de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y de Presupuesto y Hacienda, Víctor Zimmermann, cuestionó no haber dado tratamiento aun al DNU y afirmó que está “de acuerdo” con algunas cosas que plantea la ley ómnibus y con otras “tengo muchos interrogantes” de cara a lo que será el tratamiento en el Senado.

En diálogo por la AM 1279, el radical se refirió al DNU de Javier Milei y sobre ello expresó: “No conozco los detalles, solo las cuestiones generales porque aún no se conformó la Comisión Bicameral y no hemos podido tratarlo porque no está la designación de los integrantes de diputados. Nosotros ya enviamos la representación parlamentaria del Senado y estamos a la espera de eso. Hay plazos para todo”.

Por tal motivo, comentó que ante la urgencia por dar tratamiento al DNU, desde “Unión por la Patria se convocó a una sesión especial que no fue convocada por la presidencia ante lo cual se pidió que se aceleren los trámites a los efectos de poder tratarlo como lo establece la norma en la Bicameral”.

Asimismo, sostuvo que “quienes no se ponen de acuerdo son los miembros de Unión por la Patria con la presidencia de la Cámara con respecto a la representación en la Bicameral, el resto de los bloques han presentado la representación para la comisión, pero mientras tanto no se pueda completar o no se pongan de acuerdo eso no se va a conformar”.

Sobre el debate de la ley ómnibus en Diputados, el chaqueño afirmó: “Yo estoy muy atento a lo que pase porque así uno sabe qué es lo que está pasando porque después es muy difícil hacer modificaciones y me parece que desde que empezó a debatirse esta ley parecía que lo conveniente era que se hagan las modificaciones en Diputados, pero no siempre es posible. Si hay cosas para modificar hay que modificarlas. Pero para estar informado y saber lo que pasa participo muy activo”.

“Ahora hay un dictamen sobre un proyecto determinado que fue votado en general, ahora hay que esperar la votación en particular artículo por artículo de cada una de las posiciones y ver qué termina definitivamente saliendo con la media sanción”, planteó.

En tanto, Zimmermann dijo estar “de acuerdo” con algunas cosas que plantea la ley y con otras tengo muchos interrogantes”, por lo cual “siempre estoy activo y por eso nos reunimos con la vicepresidenta de la Nación. Ella dijo que se va a tomar el tiempo, que se van a invitar a los funcionarios del Gobierno para sacar dudas porque hay cuestiones que no están claras”.

“El planteo de los gobernadores es que les devuelvan la plata que le sacaron con el impuesto a las ganancias y la gobernabilidad. Son todas conversaciones y, en ese marco, ver qué es lo que termina saliendo y sancionando. Desde el año pasado los gobernadores querían que se devuelva lo del impuesto a las Ganancias, el IVA, pero no con plata de las provincias, que se cree un Fondo Compensador”, manifestó.

En tanto, opinó: “Yo no hubiese mandado una ley de más de 600 artículos porque está claro que hay casos que no son de necesidad y urgencia y otras que sí, entonces yo veo que hay contradicciones”.

Por último, indicó que “hay que cumplir con nuestro rol” ya que “tenemos un problema económico muy serio en Argentina con esta inflación, con precios de tarifas, de combustibles. Si hubiese mandado esas cosas en partes y se le hubiese establecido prioridades”, y agregó: “Soy un opositor propositivo. Tengo un rol que es defender los intereses de mi provincia ante el gobierno federal. Quiero que le vaya bien al país porque así también le va a ir bien a los chaqueños. Habrá que encontrar líneas de acuerdo".

El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR) afirmó este viernes que todavía no tiene una postura tomada sobre el mega DNU de desregulación de la economía. "Estamos tratando de leer y analizar qué significan esas 300 reformas, que tienen implicancia en la cuestión económica, productiva, en la salud, en el empleo, en clubes deportivos", señaló.

El chaqueño aseguró que está estudiándolo para "saber exactamente cómo va a impactar en nuestras provincias", ya que "la problemática es muy dispar" entre las distintas zonas del país.

Por otra parte, consideró que el asunto "es complejo" porque este decreto "no se puede mirar en forma aislada". Además de estas medidas, el Gobierno tiene que "reformular el acuerdo con el FMI, resolver la política monetaria, conseguir financiamiento externo, parar la inflación, mandar el Presupuesto 2024", reclamó.

En declaraciones a radio Futurock, el radical aclaró que la Bicameral de Trámite Legislativo "va a analizar si el decreto está apegado a las normas, porque el Poder Ejecutivo no puede legislar", y el debate será sobre la interpretación de la necesidad y urgencia, no el contenido.

"La posición la tomaremos en el bloque", expresó y aclaró: "Habrá que tener la paciencia necesaria, analizar punto por punto y en ese camino estamos. No me parece que tengamos que adelantar cuestiones si no las tenemos resueltas".

El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) habló sobre la situación política actual y sostuvo que “el principal desafío que tiene la política argentina es ponernos de acuerdo y terminar con la grieta”. Por otro lado, opinó que el pedido de juicio político contra la Corte se resolvió “en base a una medida cautelar”.

En diálogo por la AM 990, el chaqueño fue consultado por los pasos que deberá atravesar en el Senado el proyecto impulsado por el Gobierno contra los miembros de la Corte: “Con el tema de la Corte primero tenemos que esperar qué pasa en Diputados, porque tienen que hacer, a partir de la Comisión de Juicio Político que es la comisión de acusación”.

“Nuestra Constitución establece claramente que primero hay que determinar cuáles son las causales, después tenes que juntar los números correspondientes para el recinto”, comentó el senador.

Y siguió: “Si se aprueba pasa al Senado que le corresponde juzgar, pero para eso tienen que existir las causales. Nosotros entendemos, y por eso sacamos el comunicado, que hasta acá no hay una causal de mal desempeño, porque para iniciar un juicio político la Constitución establece mal desempeño o delito en el ejercicio de la función".

“Hasta acá entendemos que se resolvió en base a una medida cautelar, pero la cuestión de fondo todavía no está resuelta”, agregó el radical.

En referencia a su espacio político, Zimmermann resaltó: “La UCR está en un debate interno permanente y eso nos llevó a una recuperación importante desde el punto de vista electoral. Nosotros somos sin duda un partido nacional, pero en los últimos años dejamos de ser competitivos en lo electoral”.

“Ahora estamos en una posición diferente, tenemos un radicalismo fortalecido con intenciones de gobernar provincias que no gobernamos y con pretensiones de ganar intendencias”, remarcó el chaqueño.

A su vez, manifestó que “el debate es permanente, no solo sobre este tema, sino sobre todos los temas, pero fundamentalmente el debate central que se está llevando en el radicalismo es la discusión de un programa para ver qué políticas se aplican a partir de ganar las elecciones en las provincias y en la Nación para salir de esta situación difícil de la argentina”.

“Ese es el desafío de todos. Tenemos que terminar con la grieta que es negocio para algunos. Ese es el principal desafío que hoy tiene la política argentina de ponernos de acuerdo, saber qué tenemos que hacer cada uno para que exista el acuerdo político porque las discusiones no nos llevan a nada”, planteó el opositor.

Y agregó: “Si miramos el proceso estamos con una inflación compleja, la gente no llega a fin de mes, complicaciones de distintas formas", y señaló: “No hay que tenerle miedo a la disidencia, quizás el radicalismo tendrá que seguir debatiendo porque eso enriquece, ahora la confrontación sin sentido no te lleva a nada”.

“Ese es el desafío de la política, empresarial, porque hay que finalmente ponernos de acuerdo e iniciar un camino diferente al que estamos llevando hasta acá”, propuso.

A su vez, comentó: “Yo soy alguien de los que piensa que los gobiernos no hacen todo mal. Todos los gobiernos de todos los partidos. Hay que tener la generosidad de reconocer lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal”, al tiempo que cuestionó: “Es lo no podemos encontrar en la política en el último tiempo por eso estamos como estamos”.

“Hay que construir políticas de Estado, pero es difícil porque cuando vos convocas a alguien, tenes que estar dispuesto a escucharlo y no es solo que te sientes a la mesa, sino entender que tenes que ceder algunas cosas”, consideró Zimmermann y bregó: “Ojalá en el Senado podamos trabajar en cosas que resuelvan los problemas de la gente. El problema es que no encontramos la forma”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) debatió este miércoles el proyecto de ley que crea el régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, pero tras varios cuestionamientos por parte de la oposición, se determinó que volverán a tratarlo en comisión.

La reunión se realizó en el Salón Arturo Illia, donde también se analizó un proyecto de comunicación que solicita informes sobre la explotación de litio en el país, iniciativa del senador por Catamarca, Flavio Fama (UCR).

Según la norma, el objetivo principal es fomentar "la modernización de este servicio, así como la industria automotriz" y plantea un "reintegro por el equivalente a las sumas abonadas en concepto de IVA e Impuestos Internos por la adquisición de nuevas unidades", destinadas para tal fin.

"Los vehículos son elegibles para este régimen de beneficios según tengan componentes nacionales. En el caso de los adquiridos hasta el 31 de diciembre del 2024 tienen que tener como mínimo un 20% de componentes nacionales y cuando son comprados posterior a esa fecha y hasta el 31 de diciembre del 2028 tendría que tener un 30% de componente nacional", indicó Guerra y remarcó que “tiene que ser una ley distribuida proporcionalmente en todo el territorio del país en función de la cantidad de taxímetros que hay en las ciudades”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), preguntó: “El artículo 1 establece un reintegro impositivo que es el impuesto al IVA y el impuesto interno al precio de contado, ahora ¿es solo para los taxis o también están incluidos los remises?”. En segundo lugar, planteó: “Está claro que tiene que ser con un contenido mínimo nacional, pero con respecto al articulo 5 con la distribución federal quisiera saber si tenemos una cuantificación de cuántos taxis hay en las provincias. ¿Cómo se establece este criterio de distribución? porque no en todas las provincias hay taxis”.

La oposición solicitó tener el costo fiscal de los reintegros sobre los fondos coparticipables que cada provincia dejará de percibir, "ya que en el proyecto no está escrito" y, también, cómo se incorporarán a la norma, los remises que no usan taxímetros, ya que, son muy utilizados y superan al número de taxis existentes en el interior.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa -que recibió media sanción de la Cámara baja por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional”.

Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.

El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.

Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.

El proyecto aprobado fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.

Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.

También establece que la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos.