“No tenemos dudas de que hay que terminar con los fondos fiduciarios como una de las cajas más opacas de las que se alimenta una parte de la política”, señalaron
Victoria Borrego, autora del proyecto de la Coalición Cívica.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ratificaron su proyecto de ley, presentado en diciembre del año pasado por la legisladora Victoria Borrego, para sancionar un marco regulatorio dirigido a establecer estándares de transparencia y control para los fondos fiduciarios existentes, así como limitar la creación de nuevos fondos. “No tenemos dudas de que hay que terminar con los fondos fiduciarios como una de las cajas más opacas de las que se alimenta una parte de la política”, señalaron.
El proyecto de Borrego y la CC propone que los fondos fiduciarios deban presentar informes para justificar su continuidad; que informen y publiquen ingresos y gastos; que la Auditoría General de la Nación realice auditorías periódicas sobre los mismos; que solo puedan ser creados por ley, que su impacto económico-financiero sea evaluado; y que los recursos no pueden utilizarse con fines distintos a los que motivaron su creación.
“Los fondos fiduciarios se comenzaron a utilizar para llevar adelante políticas públicas. Al igual que el contrato de fideicomiso de carácter privado, los fondos fiduciarios permiten separar bienes para la consecución de un determinado fin. Se trata de un vehículo que, en determinadas circunstancias, puede ser eficiente para que el Estado cumpla con finalidades públicas específicas, pero que en nuestro país no funcionan de manera transparente y muchas veces su finalidad fue tergiversada”, sostienen los legisladores de la CC en el texto del proyecto.
“El Estado ha utilizado esta herramienta desde hace más de treinta años, pero el Congreso nunca aprobó un régimen que establezca las circunstancias en que estos fondos pueden ser creados y los controles que existirían para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos comprometidos. Esta falta de un marco regulatorio ha permitido la utilización abusiva de los fondos fiduciarios por parte de los diferentes gobiernos, desvirtuando el instrumento”, agregan.
“Es por ello que después de solicitar información pública por meses, en diciembre pasado, desde la Coalición Cívica buscamos establecer un marco regulatorio que asegure que los fondos fiduciarios solo puedan ser creados por ley y cuando sea la forma más eficiente para llevar adelante la política pública asociada. Además, el proyecto establece estándares de transparencia y control para garantizar una supervisión equiparable a la de la administración central. También propone que todos los fondos fiduciarios creados por decreto deban ser ratificados por el Congreso y en caso de que no se produzca la ratificación, liquidados”, destacan.
“Una de las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar su decisión de hacer caer la ley ómnibus fue el rechazo del inciso que facultaba al Ejecutivo a “transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios” algunos fondos fiduciarios. Desde la Coalición Cívica no nos oponemos a rever seriamente toda la política de fondos fiduciarios, pero las delegaciones legislativas otorgan la suma del poder público a un solo funcionario, el Presidente, desnaturalizando el sistema republicano. Es por eso que promovimos en nuestro dictamen nuestro proyecto como una alternativa más adecuada, ya que de ser realmente necesarias asegura la continuidad de las políticas públicas, garantiza una gestión transparente de los fondos fiduciarios eliminando la corrupción que pueda haber en ellos y estableciendo un límite definitivo a la utilización abusiva de los mismos, pudiendo auditar en el corto plazo todos los fondos y eliminar los que ya no sean necesarios, generando por transparencia o eliminación un importante ahorro para las arcas públicas”, plantea la iniciativa de los diputados de la CC.
“Es por todo esto que, además de seguir impulsando el proyecto de ley que presentamos meses atrás, también queremos que se informe al Congreso cómo se han utilizado estos fondos fiduciarios durante los últimos años. Por lo tanto requerimos:
La iniciativa de la cívica Victoria Borrego busca que, previo a cada sesión, los legisladores informen si tienen intereses privados respecto de algún proyecto a tratar.
La diputada nacional Victoria Borrego (CC-ARI), acompañada por sus pares de bloque, presentó un proyecto de resolución mediante el que propone incorporar un artículo al Reglamento de la Cámara, con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, para que los legisladores comuniquen en cada sesión, una vez definido el orden del día, si guardan intereses privados con proyectos incluidos en el temario, lo que deberá ser incorporado al Diario de Sesiones.
“Cumpliendo con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de ética pública, es necesario que los diputados informen a la ciudadanía sobre todos aquellos asuntos en que vayan a tomar intervención en una sesión en la que los proyectos debatidos puedan tener un impacto directo sobre sus intereses privados”, sostienen los fundamentos de la iniciativa.
Además, se indica que “esta información será complementaria a la que se encuentra incluida en las declaraciones juradas que en materia de prevención de conflictos de intereses hoy se limita a las participaciones societarias”.
“La Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deberán cumplir con deberes y pautas de comportamiento ético, tales como honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Además, la ley prevé expresamente que deben velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”, explica el proyecto.
En esa línea, se resalta que “la participación de los diputados en las sesiones es de carácter obligatorio, lo que es un mandato constitucional, y la definición y votación sobre actos de alcance general o definición de políticas públicas no se encuentran alcanzados, en principio, por el deber de excusación, lo que no es óbice para que lo aprobado por la Cámara pueda influir en forma directa sobre los intereses privados del funcionario”.
La iniciativa de la cívica Victoria Borrego busca que, previo a cada sesión, los legisladores informen si tienen intereses privados respecto de algún proyecto a tratar.
La diputada nacional Victoria Borrego (CC-ARI), acompañada por sus pares de bloque, presentó un proyecto de resolución mediante el que propone incorporar un artículo al Reglamento de la Cámara, con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, para que los legisladores comuniquen en cada sesión, una vez definido el orden del día, si guardan intereses privados con proyectos incluidos en el temario, lo que deberá ser incorporado al Diario de Sesiones.
“Cumpliendo con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de ética pública, es necesario que los diputados informen a la ciudadanía sobre todos aquellos asuntos en que vayan a tomar intervención en una sesión en la que los proyectos debatidos puedan tener un impacto directo sobre sus intereses privados”, sostienen los fundamentos de la iniciativa.
Además, se indica que “esta información será complementaria a la que se encuentra incluida en las declaraciones juradas que en materia de prevención de conflictos de intereses hoy se limita a las participaciones societarias”.
“La Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deberán cumplir con deberes y pautas de comportamiento ético, tales como honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Además, la ley prevé expresamente que deben velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”, explica el proyecto.
En esa línea, se resalta que “la participación de los diputados en las sesiones es de carácter obligatorio, lo que es un mandato constitucional, y la definición y votación sobre actos de alcance general o definición de políticas públicas no se encuentran alcanzados, en principio, por el deber de excusación, lo que no es óbice para que lo aprobado por la Cámara pueda influir en forma directa sobre los intereses privados del funcionario”.
La diputada de la CC-ARI presentó un proyecto de resolución tras conocerse que la institución designó en cargos permanentes a más de 200 personas sin cumplir la normativa que exige la presentación del título secundario.
La diputada nacional Victoria Borrego (Coalición Cívica – Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución en el que le solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de las recientes designaciones en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
En la iniciativa se requieren los motivos y criterios por los cuales la resolución que promueve nombramientos no ha sido publicada en el Boletín Oficial del organismo y, también, que indique cuáles son los actos administrativos que son publicados y cuáles no. Se pide, además, que se indique si se ha exceptuado del requisito de título secundario al personal designado.
Esta iniciativa continúa con la solicitud de que se señale “la dotación total de personal del Instituto al día 10 de diciembre de 2019 y la dotación total en la actualidad, desagregado por tipo de contratación, incluyendo expresamente aquellos que presten servicios para el organismo en cualquier modalidad”.
“Finalmente se insta al Poder Ejecutivo que consigne la dotación total del personal del Instituto que no cuenta actualmente con título secundario, e indique cuántos han sido exceptuados de los requisitos para su designación”, sostiene la iniciativa.
A su vez, remarca que “es preocupante la conducta asumida por el organismo, tanto por la decisión de no respetar la normativa vigente en materia de designaciones, así como por la manifiesta falta de transparencia y la violación a la Ley n° 27.275. La conducta asumida en este caso y dada a publicidad a través de los medios de comunicación revela la falta de transparencia con la que se conduce actualmente el organismo”.
Cabe mencionar, que su par Marcela Campagnoli presentó una denuncia contra la titular del PAMI, Luana Volnovich, por la misma causa.
Proyecto-de-Resolucion-Designaciones-PAMI-263-22-0872-D-2020