“El INADI está funcionando pésimo”, afirmó la diputada de Evolución y pidió que sus autoridades no sean elegidas a dedo, sino por concurso.
La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) criticó este jueves el desempeño de la titular del INADI, Victoria Donda, por sus “repudios selectivos” y al mismo tiempo anunció que presentó un proyecto de ley para que la elección las autoridades de ese organismo sea por concurso público de oposición y antecedentes y los candidatos cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos.
“El INADI está funcionando pésimo en la Argentina porque este Congreso no exige cumplir con la ley. Hoy cuando venía a la sesión escuchaba en la radio a la titular del INADI, Victoria Donda, que explicaba por qué tenía repudios selectivos. El periodista le preguntaba por qué había repudiado los dichos del ex presidente Mauricio Macri sobre el talento futbolístico de los alemanes y no había salido a repudiar las barbaridades que dijo el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a la diputada María Eugenia Vidal, incluso con una violencia verbal que afectaba a dos colectivos: mujeres y personas con discapacidad. Silencio fue la política del INADI en la Argentina”, dijo la diputada Carla Carrizo durante la sesión.
“Los derechos humanos no les pertenecen a los gobiernos. Seamos serios. Hay una ley que cumplir y se vence un mandato. No tiene que estar ahí una persona que represente a un gobierno. Tiene que estar ahí una persona apartidaria que represente al Estado porque los derechos son de los ciudadanos contra los gobiernos. Ese es el punto que aprendimos desde el 83 en adelante. Debemos garantizar la idoneidad y la legitimidad del organismo, y evitar dejarlo abierto a la arbitrariedad”, finalizó Carrizo.
Además de criticar la visión “sesgada” de Donda, Carla Carrizo hizo dos planteos: que el Congreso envíe una terna al Poder Ejecutivo, antes que finalice la actual intervención el 31 de diciembre, para designar a las autoridades del INADI, normalizar la dirección del organismo y cumplir la ley.
Por otro lado, anunció que estará presentando un proyecto para que los cargos de director y vicedirector del Instituto sean realizados por concurso público de oposición y antecedentes en el Congreso.
La ley de 1995 que crea el INADI estableció que el presidente debía ser designado por el Poder Ejecutivo a través de una terna enviada por el Congreso. Sin embargo, eso no ocurre desde hace más de 11 años. El 66% de las gestiones del INADI fueron llevadas a cabo por interventores del Poder Ejecutivo. Esto llevó a una confusión institucional: el interventor se percibe como un funcionario partidario y no estatal. En democracia, la protección de los Derechos Humanos de la ciudadanía no puede estar condicionada según quién los vulnere. No se puede sostener institucionalmente los repudios selectivos.
El diputado de Juntos por el Cambio consideró que normas de este tipo son “lógicas de una dictadura sangrienta en América Latina”. Por otra parte, cuestionó la medida de “dólar soja”.
El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos-CABA) se sumó al rechazo de un eventual proyecto de ley que intente regular los “discursos de odio”. “Una ley del odio es una mordaza del miedo contra la oposición, no forma parte de ninguna sociedad”, dijo.
“Estas cosas son lógicas de una dictadura sangrienta de América Latina, con leyes parecidas por las que metieron presos a candidatos en otros países”, afirmó el economista, entrevistado por Radio Mitre.
Consultado por los dichos de Victoria Donda, titular del INADI, quien acusó a López Murphy de “ser funcional al odio con su discurso”, el porteño le respondió: “Que recuerde los episodios que ella cometió, cuando procuró a la empleada doméstica en la gestión estatal. Que me ponga el rótulo que quiera, yo voy a seguir representando al pueblo”.
En otro tramo de la entrevista se refirió a su tuit en el que expresó “ellos o nosotros” y fue ampliamente criticado. “Me referí con una larga epístola, para diferenciar a los que nos subordinamos a la Constitución Nacional, de los que se manifiestan en patotas en la calle. No hubo carácter capcioso”, argumentó.
“Hay que respetar la Constitución Nacional. Reconocemos la autonomía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo lo que ellos hacen es innecesario, la historia no absuelve a nadie, se debe enfrentar a la Justicia como cualquier ciudadano común”, definió el liberal.
Para finalizar, López Murphy manifestó su parecer respecto a la medida de “dólar soja”: “Estoy en San Juan, están desesperados preguntándose por qué no hay un dólar para la cebolla o para el ajo. La medida es un disparate. Me parece que es maquillaje y no es inteligente. No tiene crédito externo ni interno. Encima es por unos días. Son remiendos estas medidas, no arreglan nada”.
A través de un comunicado, el interbloque de la principal oposición en Diputados salió al cruce de al titular del INADI por una columna de opinión publicada este fin de semana.
“Tal vez sea hora de que saquen las ideas que están detrás de ese odio, y se atrevan a discutirlas. El límite ya se pasó hace mucho tiempo. La pistola en la cabeza de Cristina es la pistola en la cabeza de nuestra democracia, es la pistola en la cabeza de nuestro pueblo, y las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”, escribió este fin de semana la titular del INADI, Victoria Donda.
No necesitó más el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio para manifestar este domingo “su más enérgico repudio a las inadmisibles expresiones de la señora Victoria Donda quien en una columna de opinión expresó que las armas son cargadas por figuras políticas de la oposición. Sus expresiones son a todas luces inadmisibles”.
“Lamentablemente la interventora del INADI utiliza su cargo al mando de una entidad cuya misión principal es luchar contra la discriminación como una herramienta política partidaria para hacer juicios sesgados y ejercer ella misma una enorme violencia simbólica contra opositores políticos. Nada más lejos del rol institucional que debería cumplir mancillando la misión del INADI”, consideró Juntos por el Cambio.
Para la principal oposición, “ya es claro a todas luces que con el comportamiento que viene teniendo no puede continuar a cargo de dicha entidad”.
El comunicado de Juntos por el Cambio concluye exigiendo la “inmediata renuncia” de Victoria Donda al cargo, “y en caso de que esto no ocurriera solicitamos al presidente de la Nación que tome las medidas correspondientes para que cese en la función pública”.
Además, la titular del INADI los calificó de “anti derechos”, por lo que destacó “aprovechar este momento para que estas leyes se hagan realidad”.
Durante su intervención en el acto de celebración de los 10 años de la sanción a la ley de identidad de género en la Cámara de Senadores, la titular del INADI, Victoria Donda, insistió en el tratamiento del proyecto integral trans porque “este es el momento”. En ese sentido, apuntó contra la oposición porque “son los antiderechos” y los acusó de usar el Poder Judicial como un “reemplazo de las Fuerzas Armadas” para “callar funcionarios”.
“Es un día de festejo”, comenzó su intervención Donda desde el Salón Azul y siguió: “Cuando hablamos de derechos humanos parece que nos une a todos y todas sin ningún tipo de discusión con armonía, y no es cierto. Los derechos se garantizan con recursos económicos. Nosotros peleamos por esos recursos y cuando uno pelea para que un derecho sea efectivo, a alguien le vamos a tocar el bolsillo”, en ese momento levantó un pañuelo con el lema “Ley integral trans” y remarcó: “Esto que hoy es un proyecto y que tiene que ser ley, esto es discutir dónde va la plata. ¿Cómo garantizamos la ley integral trans si no garantizamos el derecho de acceso a la vivienda, al primer empleo, a la salud, a la educación?”, y bregó por “aprovechar este momento, recuperamos el Gobierno, es para que estas leyes se hagan realidad”.
Por otro lado, apuntó contra la oposición: “La discusión democrática y en libertad de cómo garantizar los derechos y garantías en A América Latina hay una parte de esta sociedad que no nos va a permitir darla, son los de derecha, los antiderechos que van a inventar cualquier excusa para evitar dar ese debate, porque las guerras judiciales para callar funcionarios, como lo hicieron con Amado Boudou o conmigo, no es otra forma de usar una parte del Estado, como usaban a las Fuerzas Armadas que fueron reemplazadas por una parte del Poder Judicial, esas miradas antiderechos se replican en los medios de comunicación”.
“No es casualidad lo de Amalia Granata”, disparó Donda y siguió: “No es casualidad que venga a discutir el derecho que tiene una parte de la sociedad, ¿saben por qué? porque para que puedas tener laburo necesitamos modificar la matriz productiva del país, para que todos tengamos acceso a la salud hay que poner plata en el sistema de salud para que nos atienda a todos”, y cerró: “No es causalidad Granata, Viviana Canosa, Javier Milei diciendo las pavadas que dice en Diputados. No es casualidad, es porque cuando peleamos y conquistamos derechos, se lo sacamos del bolsillo a alguien”.
Jorge Enríquez pidió la intervención de las autoridades por lo expresado por el dirigente en redes sociales.
El diputado nacional Jorge Enríquez (Pro – CABA) presentó un proyecto de declaración por el cual reclama que la Cámara de Diputados exprese su repudio hacia el comentario antisemita realizado por Alberto Samid en la red social Twitter, en donde indicó que “lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta ‘amenaza’ la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes”.
Para Enríquez eso implica insultos hacia la población judía en función de “inadmisibles prejuicios culturales y religiosos”.
Asimismo, el proyecto expresa la preocupación del cuerpo ante “la pasiva complicidad del presidente (o presidido) de la República, Alberto Fernández, del INADI y de su titular, Victoria Donda, en la investigación de los hechos”.
“No se trata solo del exabrupto de un personaje marginal, ya que ha sido un importante funcionario del gobierno kirchnerista”, sostuvo Enríquez que agregó además que “sus expresiones coinciden con la inexplicable postura del Gobierno nacional ante la agresión sufrida por el Estado de Israel por parte de la organización terrorista Hamas. Son hechos que no podemos pasar por alto, porque se corre el riesgo de naturalizarlos”.
“Es hora de que a Victoria Donda la echen, no debe ocupar un minuto más su cargo”, alertó el senador radical Pablo Blanco, que presentó un proyecto al respecto.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto para repudiar la campaña lanzada en redes sociales por el INADI incitando a denunciar a los establecimientos educativos que “ejerzan presión por la presencialidad o no garanticen el normal funcionamiento de la modalidad virtual”.
Para el legislador fueguino, la campaña significa “un llamado a desobedecer la ley y un menoscabo de la garantía del derecho a la educación”.
El proyecto fue acompañado por los senadores de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff, María Belén Tapia, Claudio Poggi, Stella Maris Ollalla, Laura Rodríguez Machado, Alfredo De Angeli, Mario Fiad, Pedro Braillard Poccard, Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann y Oscar Castillo.
Blanco recordó que según lo dispuesto por la Ley contra Actos Discriminatorios (23.592), habrá discriminación cuando arbitrariamente se “impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”.
A su vez, indica la norma, “se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
“El mayor hecho discriminatorio es no garantizar el derecho social a la educación con una presencialidad cuidada y con protocolos y este acto es realizado por el Estado Nacional, que en lugar de trabajar para garantizarla ha perdido un año en mezquinas disputas por su incompetencia. Es hora de que a Victoria Donda la echen, no debe ocupar un minuto más su cargo”, lanzó el senador.
Asimismo, señaló que “la información más reciente disponible a nivel mundial indica que, con las medidas de seguridad necesarias, las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad. Sin embargo, el Gobierno no solo desconoce la evidencia, sino que organiza una campaña persecutoria desde el Estado a aquellos que cumplen la ley, usando a sus organismos dependientes para tapar su ineptitud en el manejo de la pandemia, la falta de vacunas y el vacunatorio para los amigos del poder”.
Es porque el INADI llamó a denunciar a los colegios que exijan presencialidad de sus alumnos.
El diputado nacional Jorge Enríquez se sumó a las críticas contra el INADI, que junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación iniciaron una campaña para que se pueda denunciar a aquellos colegios que obliguen a la presencialidad.
El legislador del Pro publicó en su cuenta de Twitter: “Pensé que era unchiste, pero me aseguran que es verdad: el INADI de Victoria Donda, la que le pagaba en negro a su empleada, persigue a las escuelas que dan clases”.
Y concluyó: “Para eternizarse en el poder, el kirchnerismo necesita ignorantes”.
El legislador publicó también la información que incluye el mensaje del INADI: “La exigencia de mandar a les hijes al colegio puede ser considerado discriminación”.
Lo hizo a través de un decreto en el que prorrogó por otros 180 días la intervención del organismo, que había vencido el pasado 7 de diciembre.
El presidente prorrogó por 180 días la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y en el mismo acto ratificó al frente del mismo a la exdiputada nacional Victoria Donda Pérez.
Lo hizo a través del decreto 22/2021, publicado este martes en el Boletín Oficial, extendiendo así a partir del 7 de diciembre pasado y por un plazo de 180 días la designación de Donda como interventora del INADI, a pesar de la polémica en la que se vio envuelta a principios de este año al ser denunciada por su empleada doméstica por haberle ofrecido a la misma un puesto en ese organismo y un plan social.
Precisamente una diputada de la oposición, Leonor Martínez Villada, quien es titular de la Comisión de Discapacidad, le había pedido el pasado 6 de enero al presidente Alberto Fernández que no le renovara el cargo que, destacó, estaba vencido.
La diputada de la Coalición Cívica publicó una serie de tuits en los que recordó que el mandato de Victoria Donda como interventora del INADI había vencido el 8 de diciembre, puntualizando que los hechos que involucraron a la funcionaria “van a contramano del decoro que debe preservar todo funcionario público para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la democracia” por lo cual le pedía a Alberto Fernández abstenerse de prorrogar la intervención del INADI con Donda a cargo.
Claramente el presidente, que en su momento salió a defender a su funcionaria, desatendió el reclamo y dio así por cerrado el caso.
El vodevil recreado en torno al toque de queda que no fue no hizo más que mostrar los temores del gobierno por una segunda ola que lo encuentra sin alternativas. La cuarentena fue muy extensa y severa como para recrearla en cualquier formato. Paralelamente, todo se mide a esta altura en términos electorales.
Por José Angel Di Mauro
Una de las críticas más enfáticas que se le hacían al gobierno en plena vigencia del ASPO era que “se enamoró de la cuarentena”. Como sea, lo cierto es que en un momento dado concluyeron que era tiempo de dar vuelta la página y comenzar a hablar del “post pandemia”. Algunos de los que sostenían esto son los que le insistían al Presidente para que dejara Olivos y comenzara a mostrarse en actos públicos -no videoconferencias-, y que fuera más seguido a Balcarce 50.
Así se llegó al DISPO y para tranquilizar espíritus se puso énfasis en la vacuna. Ese fue otro error del gobierno: alardear demasiado con el tema, que por un lado llevó a la gente a convencerse inconscientemente de que la pandemia era un problema superado, y por otro no asegurarse las dosis prometidas, ni tampoco los proveedores correspondientes. El poco explicado desacuerdo con Pfizer y la casi exclusividad concedida finalmente a la Sputnik V -autorizada por el Ministerio de Salud en lugar de la ANMAT-, contribuyeron a llenar de dudas un espacio donde no debería haberlas.
A propósito, ahora suena fuerte un entendimiento con China para asegurarnos millones de dosis de su vacuna, lo cual lleva a relacionar las “exigencias inaceptables” de laboratorios privados a la disponibilidad del país para hacer efectivos los pagos correspondientes, problema que se soslaya cuando la relación es entre estados.
Así y todo, aun con vacuna el mundo tardará un tiempo prolongado en sacarse de encima esta pandemia, y la vuelta de página ante el problema era más una expresión oficial de deseos que un hecho concreto. El rebrote, ya es una realidad certificada por cuatro días consecutivos con más de 13 mil casos detectados; los muertos rara vez bajan de los 150 diarios y al paso que vamos antes de terminar febrero habremos superado los 50.000. Con suerte.
Ya era una sensación, pero los últimos días quedó claro que el gobierno no tiene un plan B para una pandemia que ni siquiera figura en el Presupuesto 2021. Y eso que tenemos a Europa, que en esta cuestión sigue siendo un espejo que adelanta, pero en el gobierno no quieren saber nada de “segunda ola”. Los países del Primer Mundo, que están en invierno y penando con un virus aun más virulento, vuelven a cuarentenas estrictas, o en casos como Alemania, imponen reclusiones que antes habían evitado. Pero acá ya no hay espacio para una cuarentena como la del año pasado. No hay margen social para acatarla, ni economía que aguante otro encierro. Y menos en un año electoral.
Como sea, la prioridad es salvar las vacaciones. No hay recursos para repartir IFE y ATP en las zonas turísticas de todo el país si la temporada se arruina. Por eso siempre se pensó en el gobierno en marzo como una fecha bisagra: fin de las vacaciones y entrada al otoño. Pero para entonces esperan que la vacuna ya esté haciendo su efecto. No es lo que nos cuenta la experiencia europea.
En este marco los contagios están camino al nivel del pico de casos, y se teme que en los próximos días suban más, producto de las fiestas de fin de año. La propuesta del gobierno de implantar una suerte de toque de queda convencía a las autoridades, aunque no tal terminología. Pero desde que empezó a circular la idea se notaron resistencias, sobre todo del sector gastronómico, que a duras penas sobrevivió a la cuarentena. Los restaurantes no podrían soportar perder la noche, que es lo que representaría cerrar a las 23.
Ya no hay espacio para una cuarentena como la del año pasado. No hay margen social para acatarla, ni economía que aguante otro encierro. Y menos en un año electoral.
Ya hemos dicho que no hay peor cuarentena que la que no se cumple. Y si lo dijimos es porque se veía venir el conato de desobediencia civil que se plasmó en las horas previas a la difusión del DNU cerrando la noche en todo el país. Algunos mandatarios (CABA, Córdoba y Mendoza) se adelantaron a expresar su rechazo. El gobierno, que ya tiene problemas con lo del poder “bifronte”, no podía darse el lujo de una desobediencia generalizada que lo debilitaría mucho. Además, no sonaba bien cargar las tintas sobre la juventud, mercado electoral que el kirchnerismo considera mayoritariamente afín. Por eso la demora en la difusión del decreto. Iba a anunciarse el jueves y quedó para el día siguiente, con una versión muy lavada y difusa; tan solo sugerencias para que cada gobernador decida. Una forma de compartir responsabilidades y riesgos. Por eso tampoco estuvo el Presidente en los anuncios, contradiciendo la estrategia oficial habitual.
Las vacilaciones también se ven en la postura del gobierno bonaerense, originalmente el más propenso a cerrar.
El gobierno, que ya tiene problemas con lo del poder “bifronte”, no podía darse el lujo de una desobediencia generalizada que lo debilitaría mucho.
La Ciudad de Buenos Aires no tuvo nunca dudas respecto de no cerrar la noche, aunque hizo el gesto de disponer el cierre comercial a partir de la 1. En la previa los gastronómicos se habían pintado la cara y desde la sede de Parque Patricios les dieron garantías en sentido contrario. Ya quedó atrás el tiempo de la sintonía porteña con Nación y Provincia. Hoy la guerra es de baja intensidad pero persistente: el jefe de Gobierno desechó la invitación de Nación para sentarse a negociar con los funcionarios nacionales tal cual estableció la ley sancionada por el Congreso, donde a instancias de los diputados cordobeses se introdujo un cambio a la media sanción del Senado para abrir una instancia de negociación de 60 días para avanzar en un convenio que defina el monto de la transferencia anual para solventar el traspaso de la policía a la Capital. Larreta considera que sentarse a negociar conspiraría con la presentación judicial de CABA ante la Corte Suprema.
El rechazo de la Ciudad al “toque de queda” nocturno hubiera marcado una nueva toma de distancia con la Nación, pero obedecía además a la necesidad del distrito: el comercio es una fuente de ingresos clave y se potencia ante la quita de recursos.
A propósito, esta semana se supo que YPF puso en venta su edificio corporativo de Puerto Madero, una icónica obra del arquitecto César Pelli, por la que se promocionó que la empresa estima poder llegar a embolsar unos 400 millones de dólares. La decisión fue enmarcada en la estrategia de la petrolera de concentrar recursos en el núcleo del negocio, la producción de energía, y financiar con los recursos que puedan ingresar de la operación inmobiliaria parte del plan de trabajo. Se habló también de una medida para “engrosar la política de austeridad y gestión eficiente” adoptada para esta etapa. Amén de ello, un legislador porteño recuerda que en el debate en el Senado sobre los fondos de CABA un legislador de La Cámpora se preguntó porqué razón YPF tenía que tributar en la Ciudad, donde “no hay ni un pozo petrolero”. A partir de entonces, no debería sorprender que la compañía traslade su sede por ejemplo a Neuquén, para dejar de garantizarle ingresos a la Ciudad. El kirchnerismo suele mostrar sus cartas antes de jugar.
Hablamos ya del año electoral y eso está patente en cada acción de unos y otros. Desde la oposición adelantando su rotundo rechazo a cerrar la noche aun cuando no se había resuelto nada, a la difusión del descontrol en las playas en municipios gobernados por intendentes de JxC. En cada movimiento, propios y extraños ven y denuncian conspiraciones. Con cruces de acusaciones por vacunas que se echan a perder; e intendentes opositores que cuestionan la distribución de las vacunas a través de hospitales provinciales y su aplicación en colegios, cuando hay centros de atención primaria y vacunatorios municipales más adaptados precisamente para ese fin. Todo vale para ensanchar la grieta.
Quedó claro en el arranque mismo del año con los casos Piparo y Donda. Distintos, pero ideales para reagrupar a los dos bandos. En el primero, se aprovecha la movida para tratar de sacar de circulación a una eventual candidata a intendente en la capital provincial; en el otro, pegarle al gobierno donde puede dolerle. Tuvo que salir el Presidente a pronunciarse y, como no podía ser de otra forma, justificó a su funcionaria y minimizó la gravedad del caso. Tiene sentido: si algo tiene claro el Frente de Todos es la necesidad de mantener la unidad a como dé lugar. No hay oportunidad en que no lo tengan en cuenta y lo repitan. Más allá de las inocultables diferencias, tienen la convicción de que “unidos somos invencibles” y eso es innegociable, en términos electorales.
Puede llegar a entregar Alberto la cabeza de María Eugenia Bielsa, una figura muy ponderada por él como, pero a la sazón una librepensadora sin línea interna. Donda en cambio acaba de integrarse a “En común”, una rama del Frente de Todos con mucho de albertismo en su interior. “Vicky no se va”, confió a este medio una fuente oficial cuando el caso escalaba, y el correr de los días le dio la razón.
Se trata de Leonor Martínez Villada, presidenta de la Comisión de Discapacidad, quien advirtió que el mandato de la dirigente como interventora del INADI “está vencido”.
La diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada, titular de la Comisión de Discapacidad, le pidió al presidente Alberto Fernández que no renueve el cargo de Victoria Donda al frente del INADI, luego de la polémica por los audios donde la dirigente le ofrece a una empleada doméstica un puesto en ese organismo y un plan social.
Martínez Villada advirtió que el mandato de Donda como interventora del INADI “venció el 8 de diciembre” y le solicitó a Fernández que “se abstenga de prorrogar la intervención del INADI con Donda al frente de la entidad”.
Según recordó la legisladora por Córdoba en un hilo de tuits, a través del decreto 57/20 del 13 de enero de 2020 se designó a Donda por un plazo de 180 días, y al vencer ese plazo, mediante el decreto 587/20 el mandato se prorrogó por otros 180 días desde el 10 de junio.
“Habiendo transcurrido más de 180 días, su mandato no ha sido prorrogado aún. Por esto, ante los hechos de público y notorio conocimiento que involucran a Victoria Donda, que van a contramano del decoro que debe preservar todo funcionario público para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la democracia, le solicitamos al presidente que se abstenga de prorrogar la intervención del INADI con Donda a cargo de dicha entidad”, reclamó Martínez Villada.
Por último, sostuvo que “se debe restablecer la institucionalidad de esta entidad, que se encuentra sumamente debilitada a partir de las sucesivas intervenciones dispuestas de manera ininterrumpida desde el dictado del decreto 746/2011”.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes para reclamar al Poder Ejecutivo aclaraciones respecto del ofrecimiento que la titular del INADI hizo a su empleada.
Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio ingresaron a la Cámara baja un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que informe sobre el ofrecimiento que la titular del INADI, Victoria Donda, le hizo a su empleada doméstica para regularizar su situación laboral, supuestamente mediante un contrato en ese organismo.
Encabezados por Waldo Wolff (Pro), los diputados reclaman al Gobierno brindar las explicaciones pertinentes respecto a las informaciones periodísticas que indican que la funcionaria le ofreció a una empleada particular suya un plan asistencial estatal y/o un puesto en la administración pública nacional, a modo de “aparente compensación por sus servicios y/o de no formular reclamos laborales”.
Los legisladores aclararon que a partir de la respuesta oficial, continuarán con “las acciones legales correspondientes”.
Tras denunciar formalmente ante el INADI a la funcionaria, la exdiputada le envió una carta a Alberto Fernández para pedir su renuncia por los dichos de “discriminación e intolerancia” que fueron emitidos en el programa A Dos Voces.
La ex diputada nacional Cynthia Hotton le envió una carta al presidente Alberto Fernández para solicitar la renuncia de Victoria Donda Pérez, la interventora del INADI, tras los dichos de “discriminación e intolerancia” que tuvieron lugar durante el tratamiento del tema aborto en el programa A Dos Voces. Cabe destacar que el día lunes 14 de diciembre ingresó la denuncia al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo contra su titular, a raíz de las agresiones que dirigió contra Hotton durante el debate en vivo en TN.
“Si nos dejamos llevar por fanatismos religiosos, es un problemón”, dijo Donda en el programa mientras señalaba a Hotton, y agregó: “Sí, lo tuyo es fanatismo religioso”. Hasta entonces la exdiputada no había hecho mención a argumentos religiosos ni a su fe. Fue entonces cuando advirtió: “Esto es un acto de discriminación de la directora del INADI”. Julio Bárbaro, presente en el programa y testigo en la denuncia, preguntó: “¿Tener una convicción es fanatismo?”. En ese momento Hotton advirtió que estaba siendo discriminada e inmediatamente pidió en vivo la renuncia de Victoria Donda al organismo que dirige.
En una carta pública al presidente Alberto Fernández, Hotton advirtió que fue un claro acto de intolerancia y discriminación: “Sí, soy cristiana, como la enorme mayoría de los argentinos que compartimos la fe. Es una clara violación de los derechos humanos menoscabar nuestras opiniones y descalificarnos por esa causa”. También agrega que al realizar esas declaraciones públicamente “se está haciendo además una peligrosa promoción del odio religioso hacia millones de argentinos”, y que recibió incontables expresiones de apoyo e indignación de muchas personas que también se sintieron discriminadas por las palabras de la titular del INADI.
“Antes de ser elegido, usted prometió no generar más grietas y unir a todos los argentinos”, rememoró Hotton en la carta para el presidente, y señala que “El INADI es una institución fundamental para cumplir con ese objetivo, y debería ser conducido por alguien que promueva la tolerancia, la no discriminación y la igualdad de todos los argentinos”. Y cierra la misiva pidiendo “la renuncia de la Dra. Donda y la designación de alguien que esté a la altura de las circunstancias para tan importante misión”.
De hecho, en la plataforma Change.org más de 60 mil personas ya pidieron la renuncia de la funcionaria al INADI. En tanto que el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) expresó su consternación por las palabras de Donda. En su comunicado aclaran que “este grave episodio perpetrado ante los ojos de toda la audiencia constituye un acto que hiere los sentimientos religiosos, no sólo de la persona directamente agredida, sino la de todos los creyentes de distintos credos que se ven menoscabados en su libertad de expresión por su condición de tales”, y señaló su “preocupación y alarma que haya provenido de quien tiene la responsabilidad de velar por que no haya actos de discriminación, racismo y xenofobia en la Argentina”.
Alberto Fernández designó a Donda como interventora y su acto de discriminación va contra la Constitución, la ley de Ética Pública y especialmente la Ley 23.592 de Actos de Discriminación, cuyo organismo de aplicación es el mismo organismo que dirige la agresora, donde ya se recibió la denuncia.
Se trata del cuerpo presidido por el macrista Waldo Wolff, donde también se citó para este jueves a la titular del INADI, Victoria Donda.
Por tercera vez, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, no asistirá a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por el macrista Waldo Wolff, donde fue citada en varias ocasiones para explicar los alcances de la resolución 144/20 que, según la oposición, habilita el “ciberpatrullaje”.
Según supo parlamentario.com, la funcionaria no recibió la convocatoria oficial desde la Presidencia de la Cámara baja, sino una invitación a título personal de Wolff, que le llegó este martes por la noche.
“Nuevamente la citación fue de forma improcedente”, aseguraron desde su entorno. Y, además, indicaron que la ministra brindó información sobre el tema cuando se presentó ante la Comisión de Seguridad Interior -el pasado 7 de abril-.
La semana pasada, Frederic expuso ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, donde señaló que dicha resolución se elaboró con el aporte de los organismos de Derechos Humanos y tendrá vigencia por el tiempo que dure la emergencia sanitaria.
Por otra parte, la Comisión de Libertad de Expresión citó también a la titular del INADI, Victoria Donda, por sus dichos contra el periodista Baby Etchecopar. “No van a existir más los Baby Etchecopar”, lanzó la funcionaria durante una entrevista.
Consultada por parlamentario.com, la exdiputada afirmó que estaba dispuesta a concurrir, pero tampoco recibió hasta el momento una “invitación oficial” desde la Cámara.
La diputada del Frente de Todos presentó un proyecto de resolución en repudio a los comentarios “de índole racista y xenófoba” que Etchecopar emitió contra la presidenta del INADI, Victoria Donda.
La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, presentó un proyecto de resolución repudiando los comentarios de “índole racista y xenófoba” que Baby Etchecopar emitió contra la presidenta del INADI, Victoria Donda, durante la emisión de su programa “Basta Baby” del pasado lunes 13 de julio.
El mismo fue acompañado por las diputadas Mónica Macha, Jimena López, Marisa Uceda, Cecilia Moreau, Mara Brawer , María Rosa Martínez, Graciela Landriscini, Nancy Sand, Blanca Osuna, Lía Caliva, Mayda Cresto, Ayelén Spósito y Estela Hernández, todas pertenecientes al Frente de Todos.
En los fundamentos del proyecto la diputada Gaillard expresó: “Creemos y defendemos firmemente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de todas las personas en el marco de una comunicación responsable que no estigmatice, que no se base en insultos, ni descalificaciones o de informaciones falsas que denigran el debate público y que puedan legitimar, reproducir o profundizar cualquier forma de violencias por motivos de género”.
En este sentido, Gaillard dio a conocer la presentación del proyecto mediante sus redes sociales, en las que resaltó que “la libertad de expresión no es excusa para que Etchecopar pueda fomentar libremente el odio y la discriminación”.
Totalmente reprochables fueron los gestos con los que se retiró de la cancha el jugador de Chicago Arnaldo González, tras ser expulsado por agresión. Mientras se marchaba hacia el vestuario, hizo ademanes discriminatorios dirigidos a la hinchada de Atlanta. Ante ello, la titular del INADI, Victoria Donda Pérez, salió a sentar su posición con el […]
Totalmente reprochables fueron los gestos con los que se retiró de la cancha el jugador de Chicago Arnaldo González, tras ser expulsado por agresión. Mientras se marchaba hacia el vestuario, hizo ademanes discriminatorios dirigidos a la hinchada de Atlanta.
Ante ello, la titular del INADI, Victoria Donda Pérez, salió a sentar su posición con el siguiente tuit: “Como hincha de Chicago me avergüenzo por los gestos antisemitas del jugador Arnaldo González al ser expulsado y analizaremos en el @inadi las medidas que correspondan”.
Intervino entonces el diputado naiconal Waldo Wolff, quien celebró la actitud de la funcionaria ante esos gestos que, dijo, “no se pueden tolerar”. Sin embargo luego le recordó que hace tres semanas denunció a Víctor Hugo Morales “por decir que los judíos que creemos que a Nisman lo mataron ‘le hacen trampa a Dios’ y estoy esperando la posición del Inadi”.
