El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, comunicó este miércoles la firma de un acuerdo con la minera Vicuña, responsable de uno de los proyectos de cobre más importantes de la Argentina, mediante el cual la compañía realizará un aporte de 250 millones de dólares para la ejecución de obras de infraestructura en la provincia.

Durante un mensaje emitido por cadena provincial, el mandatario destacó la relevancia del entendimiento y lo definió como un paso trascendental para fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo minero de San Juan. Según señaló, el convenio representa una muestra de confianza mutua entre el Estado provincial y la empresa.

El anuncio se produce en el contexto del avance del proyecto Vicuña, cuya inversión estimada alcanza los 9.700 millones de dólares. La iniciativa prevé comenzar la producción de su primer concentrado de cobre hacia el año 2030, consolidándose como uno de los emprendimientos más relevantes del sector a nivel internacional.

En paralelo, la compañía continúa desarrollando obras consideradas fundamentales para la futura operación minera. Entre ellas sobresale la construcción de una línea eléctrica de 500 kV, con una inversión cercana a los 800 millones de dólares, que recientemente recibió la aprobación correspondiente y será clave para abastecer energéticamente al proyecto.

También avanzan las tareas sobre el camino de acceso al yacimiento. Tras la decisión de reemplazar a la unión transitoria de empresas que ejecutaba los últimos tramos, se retomaron los trabajos en sectores estratégicos ubicados entre La Majadita, La Brea y el campamento Batidero. Se trata de segmentos de alta complejidad técnica y esenciales para garantizar la conectividad de la operación minera.

El aporte de US$250 millones constituye uno de los compromisos económicos más significativos realizados por una empresa minera en la provincia. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la inversión permitirá acelerar obras clave y acompañar el desarrollo de un proyecto que aspira a posicionar a San Juan entre los principales polos cupríferos de la región.

Vicuña Corp dio un paso clave para avanzar con el desarrollo integrado de los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol al presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA) con el que busca obtener autorización para explotar hasta 25 canteras de áridos en el departamento Iglesia.

Según la documentación ingresada ante las autoridades sanjuaninas, los materiales extraídos serán utilizados exclusivamente para abastecer las obras vinculadas al emprendimiento minero y no tendrán destino comercial. Sin embargo, la presentación no implica una aprobación automática: el proyecto deberá atravesar un proceso de evaluación técnica y ambiental antes de que la Provincia decida si habilita, y en qué condiciones, cada una de las explotaciones propuestas.

Uno de los principales destinos de los áridos será la construcción y el mantenimiento del denominado Corredor Norte, la vía de acceso que unirá Angualasto con el complejo minero. Se trata de una obra considerada estratégica para el desarrollo del proyecto Vicuña y que ya cuenta con su propia Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

Además, los materiales serán utilizados para la construcción de plataformas de montaje, la elaboración de hormigón, la conformación de lechos filtrantes para plantas de tratamiento de efluentes, el mantenimiento de caminos existentes y distintas obras de infraestructura dentro del campamento Batidero.

La empresa sostiene que disponer de fuentes cercanas de áridos permitirá garantizar el abastecimiento durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones proyectadas. De todos modos, la cantidad definitiva de canteras que podrán entrar en actividad dependerá del análisis que realicen los organismos provinciales.

Glaciares bajo análisis

Uno de los puntos más sensibles abordados por el estudio es la posible interacción de las futuras explotaciones con glaciares o geoformas periglaciares, áreas protegidas por la legislación nacional.

Para ello, Vicuña tomó como referencia el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), tanto en su versión de 2018 como en la actualización publicada en 2024. Con base en esa información, la compañía aseguró que ninguna de las canteras proyectadas se emplaza sobre glaciares o ambientes periglaciares ni generaría impactos directos sobre esas formaciones.

Esa conclusión forma parte de la evaluación presentada por la empresa, aunque ahora deberá ser revisada y validada por las autoridades competentes dentro del proceso de análisis ambiental.

Las áreas previstas para las explotaciones se encuentran dentro de la cuenca del río Blanco, integrada al sistema hídrico del río Jáchal. En esa zona existen cursos de agua alimentados principalmente por el deshielo, además de acuíferos que también son utilizados para abastecer distintas operaciones vinculadas al proyecto.

Respecto de la calidad del aire, el informe utilizó como referencia monitoreos realizados durante 2024 en distintos sectores del Corredor Norte. Los resultados, según la empresa, mostraron concentraciones de material particulado respirable (PM10) por debajo de los límites establecidos por la normativa ambiental minera.

No obstante, el propio documento reconoce que no se efectuaron mediciones específicas en los sitios exactos donde se proyecta desarrollar las canteras. Una situación similar ocurre con el análisis de ruido, cuyos registros provienen de puntos ubicados a lo largo del corredor. En algunos casos se detectaron valores elevados, aunque el informe atribuye esos resultados a las condiciones de viento registradas durante las campañas de medición.

El estudio incorpora un Plan de Manejo Ambiental destinado a prevenir, controlar y mitigar potenciales impactos sobre el suelo, los recursos hídricos, la flora, la fauna, la calidad del aire y el entorno social.

Entre las medidas previstas figuran programas de control de polvo, gestión de residuos, manejo de hidrocarburos y monitoreos ambientales permanentes durante la etapa de explotación. También se contemplan protocolos de actuación frente a derrames, contingencias operativas y manipulación de sustancias peligrosas.

La propuesta incluye además la restauración de las áreas intervenidas una vez finalizada la extracción. Para ello, la empresa deberá ejecutar tareas de estabilización, recuperación y cierre de cada cantera cuando deje de ser necesaria para las obras.

La iniciativa forma parte de la infraestructura complementaria requerida para el desarrollo de Vicuña, el proyecto que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y que se posiciona entre los emprendimientos cupríferos de mayor escala actualmente en evaluación en la Argentina. Antes de avanzar, sin embargo, deberá superar el análisis ambiental y administrativo que realizan los organismos de control de San Juan.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió escalar un conflicto histórico con impacto directo en uno de los proyectos mineros más ambiciosos del país. A través de un proyecto de ley enviado a la Legislatura provincial, busca rechazar formalmente el decreto-ley 18.004 —vigente desde 1968— que fijó los límites con San Juan, y avanzar en acciones judiciales para reclamar territorios actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.

La reacción de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego fue categórico: descartó cualquier posibilidad de negociación y defendió la validez jurídica de los límites vigentes. En paralelo, la Cámara Minera provincial advirtió que la disputa amenaza con erosionar un factor clave para el sector: la previsibilidad institucional.

El trasfondo del conflicto es económico y tiene nombre propio: Vicuña. Se trata del joint venture entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining que integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol. Aunque los yacimientos están en territorio sanjuanino, parte de su logística depende de La Rioja, lo que agrega tensión a la controversia.

La disputa se reactivó apenas días después de que el Gobierno nacional aprobara el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con potencial de alcanzar los USD 18.000 millones en diez años. Desde el Ministerio de Economía, la definieron como el mayor emprendimiento minero en la historia argentina y uno de los principales desarrollos cupríferos a nivel global.

El atractivo del RIGI radica en beneficios sustanciales: reducción del impuesto a las Ganancias, devolución acelerada del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año y garantías de estabilidad fiscal y legal por cuatro décadas. Sin embargo, el conflicto interprovincial introduce ruido sobre uno de los pilares que sostienen este tipo de inversiones: la seguridad jurídica.

El proyecto impulsado por Quintela habilita a la Fiscalía de Estado riojana a promover medidas cautelares y otras acciones judiciales sobre las zonas en disputa. Además, propone la creación de una comisión permanente integrada por legisladores y especialistas para estudiar la delimitación territorial.

Desde la perspectiva de La Rioja, el acuerdo de 1968 implicó una pérdida territorial que hoy adquiere relevancia estratégica por la presencia de recursos minerales y hídricos. No es un dato menor: la cordillera sanjuanina se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos cupríferos de la Argentina.

La tensión ya tuvo un episodio concreto en abril, cuando la Justicia riojana ordenó la suspensión de actividades en su territorio vinculadas al proyecto y dispuso el cierre de caminos clave, argumentando la falta de presentación de un Estudio de Impacto Ambiental ante autoridades provinciales.

Orrego respondió con firmeza. En un mensaje público, insistió en que los límites están respaldados tanto por la normativa histórica como por su ratificación en el Congreso en 2014. “Ninguna provincia puede modificar unilateralmente una frontera”, sostuvo, al tiempo que convocó a la dirigencia política local a cerrar filas en defensa del territorio.

El posicionamiento institucional fue acompañado por la Cámara Minera de San Juan, que alertó sobre las consecuencias de cuestionar marcos legales consolidados. Para el sector, la estabilidad normativa es condición indispensable para inversiones de largo plazo que requieren años de desarrollo y grandes volúmenes de capital.

Más allá del debate jurídico, los números explican la magnitud del conflicto. Vicuña proyecta una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. En régimen, podría generar exportaciones por USD 6.000 millones por año, una cifra equivalente a todo lo exportado por la minería argentina en 2025.

El impacto también se mide en empleo: se estiman 12.000 puestos de trabajo durante la construcción y unos 24.000 entre directos e indirectos en la etapa operativa. San Juan, además, consolidó su perfil minero a nivel global: el ranking del Instituto Fraser la ubica entre las jurisdicciones más atractivas del mundo para la inversión.

En este contexto, la disputa entre La Rioja y San Juan excede un diferendo histórico. Se trata de un conflicto con implicancias económicas, políticas y jurídicas que puede redefinir el mapa de inversiones en la minería argentina. Y, sobre todo, poner a prueba la capacidad del país para garantizar reglas de juego estables en proyectos de escala global.

El proyecto minero Vicuña, emplazado en la provincia de San Juan y desarrollado en forma conjunta por las compañías BHP y Lundin Mining, obtuvo este martes la aprobación oficial para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un movimiento considerado determinante para la concreción de uno de los emprendimientos cupríferos más ambiciosos del mundo.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien subrayó la magnitud de la iniciativa y su impacto potencial en la economía argentina. Según precisó el funcionario, la inversión inicial prevista asciende a 9.700 millones de dólares, aunque las proyecciones de las empresas involucradas estiman que ese monto podría trepar hasta los 18.000 millones a medida que el proyecto alcance sus distintas etapas de desarrollo.

A través de sus redes sociales, Caputo destacó que se trata del mayor proyecto minero en la historia del país y uno de los cinco más importantes a nivel global en materia de cobre. Además, remarcó que el emprendimiento está llamado a convertirse en un generador clave de divisas, con exportaciones que superarían los 2.600 millones de dólares anuales una vez que entre en régimen de producción.

El impacto también se proyecta en el plano laboral. De acuerdo con las estimaciones oficiales y empresariales, el desarrollo del proyecto generará más de 30.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, distribuidos en las fases de construcción, operación y servicios asociados.

La luz verde para el ingreso al RIGI se produce varios meses después de la presentación formal realizada por Vicuña Argentina S.A., que solicitó su adhesión bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). La iniciativa busca aprovechar los beneficios previstos por el régimen para avanzar en el desarrollo integral del Proyecto Vicuña, que articula dos yacimientos de gran escala: Josemaría y Filo del Sol, ubicados en plena cordillera sanjuanina, en una zona limítrofe con Chile.

Desde la compañía habían señalado que el desarrollo de Vicuña requiere una inversión de escala excepcional y plazos extendidos, por lo que el acceso a un marco de estabilidad y previsibilidad como el que ofrece el RIGI resulta determinante. El régimen contempla incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, junto con garantías de estabilidad normativa por un período de hasta 40 años, condiciones que buscan atraer grandes capitales en sectores estratégicos.

En ese sentido, el CEO de la firma, Ron Hochstein, había explicado en su momento que la solicitud de adhesión reflejaba tanto la envergadura del proyecto como la decisión de apostar por Argentina como socio a largo plazo. También había valorado el esquema del RIGI al considerar que aporta un marco adecuado para un desarrollo sustentable, con beneficios compartidos entre las empresas, el Estado y las comunidades.

El proyecto Vicuña se orienta principalmente a la producción de cobre, un mineral clave en la transición energética global por su uso en tecnologías vinculadas a las energías renovables y la electrificación. No obstante, el emprendimiento también contempla la extracción de oro y plata, lo que incrementa su valor estratégico y económico. Su ubicación en la cordillera de los Andes lo sitúa dentro de una de las regiones con mayor potencial geológico del mundo para este tipo de recursos.

La aprobación de Vicuña se inscribe en un contexto más amplio en el que la minería emerge como uno de los pilares centrales del RIGI. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, el sector concentra más de la mitad de los proyectos presentados bajo el régimen, lo que evidencia su peso dentro de la estrategia oficial para captar inversiones y aumentar las exportaciones.

En este escenario, la provincia de San Juan se consolida como uno de los principales polos de desarrollo minero del país. En los últimos meses, la jurisdicción logró el aval para diversas iniciativas estratégicas, entre ellas el proyecto Los Azules, así como también avances en emprendimientos vinculados a Gualcamayo y Veladero, que en conjunto representan inversiones por más de 3.700 millones de dólares.

A esa cartera se suman otros desarrollos de gran escala que avanzan —o avanzaban— en su proceso de adhesión al régimen, como El Pachón y el propio Vicuña. Solo estos dos proyectos concentran inversiones proyectadas cercanas a los 27.500 millones de dólares, un indicador contundente del potencial minero de la provincia para los próximos años.

Con la incorporación de Vicuña al RIGI, San Juan refuerza su posicionamiento como uno de los principales centros cupríferos de América Latina y, al mismo tiempo, Argentina consolida su apuesta por la minería como motor de crecimiento, generación de divisas y desarrollo regional en el mediano y largo plazo.

La decisión nacional de otorgar prioridad de uso de la línea de 500 kV al proyecto Vicuña —en su primera etapa de producción de cobre, Josemaría— abrió un frente de conflicto con otras mineras que operan en San Juan. En la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), cuatro compañías manifestaron objeciones de distinto tenor, que van desde cuestionamientos técnicos hasta posibles vulneraciones del régimen de acceso abierto a la red.

Las críticas provinieron del proyecto de cobre Los Azules y de las operaciones auríferas Hualilán, Gualcamayo y Veladero (Barrick). Aunque con matices, todas coincidieron en señalar debilidades en los cálculos oficiales sobre la capacidad disponible de la línea y en advertir que la asignación podría limitar el ingreso de otros emprendimientos sobre una infraestructura considerada estratégica.

Uno de los planteos más duros fue el de Miguel Gil, en representación de Los Azules. Calificó la resolución como carente de “sustento técnico verificable” y sostuvo que la asignación de una prioridad de 545,7 MW a favor de Vicuña se apoya en supuestos simplificados. También objetó que, aun después de que se aclarara que la demanda corresponde específicamente a Josemaría y no al conjunto del proyecto Vicuña, no se haya revisado la prioridad asignada. Según su postura, reservar capacidad por un plazo de 25 años en una línea ya construida configura una “barrera estructural” para otros desarrollos.

Desde Hualilán, su presidenta Sonia Delgado planteó que la decisión podría comprometer la viabilidad del proyecto. Detalló que la mina prevé requerimientos de 15 MVA para 2028 y de 40 MVA para 2030, con un cronograma de conexión más próximo que el de la firma beneficiada. En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de otorgar exclusividad sobre una red financiada parcialmente con recursos públicos, apoyándose en modelos que —según indicó— no reflejan las condiciones reales del sistema eléctrico.

Barrick, operadora de Veladero, adoptó una posición intermedia. A través de Ariadna Rodríguez, acompañó en términos generales el pedido de Vicuña, pero condicionó ese respaldo al resguardo de su derecho a disponer de hasta 250 MW. La empresa fundamentó su reclamo en acuerdos firmados en 2006 y en la Ley provincial 1181-A, que reconoce prioridad de uso para quienes financiaron la infraestructura. En esa línea, recordó un aporte de 55 millones de dólares para la línea Nueva San Juan-Rodeo y propuso abrir un plazo de 30 días para buscar alternativas que eviten congestiones.

Un planteo similar expresó Gualcamayo. Su representante, Juan Pablo García, subordinó su apoyo a que se respete su reserva de 30 MW, también amparada en derechos adquiridos por inversiones previas. La empresa recordó, además, haber financiado obras clave como las líneas Jáchal-Huaco y la estación transformadora de Huaco.

Frente a este escenario, el representante de Vicuña, Adriel Rizzeto, cerró la audiencia con una defensa técnica del proyecto y solicitó tiempo adicional para responder los cuestionamientos. Afirmó que la prioridad requerida se aplica únicamente a la capacidad incremental que generará la energización en 500 kV y no a la capacidad existente. Según explicó, la iniciativa no implica costos para el Estado ni para otros usuarios, ya que será financiada íntegramente por la compañía.

Rizzeto subrayó que la infraestructura no quedará bajo control de Vicuña, sino que será incorporada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y operada por Transener, lo que —sostuvo— garantiza el acceso de terceros. Añadió que los estudios técnicos fueron evaluados por Transener, Cammesa y el ENRE, y que el proyecto no afectará el suministro ni futuras interconexiones regionales. Finalmente, aseguró que la empresa está dispuesta a firmar acuerdos en el marco de la normativa provincial y que ya trabaja en ese sentido con el Gobierno de San Juan y el EPRE.

La discusión, en definitiva, dejó expuesta la tensión entre la necesidad de ampliar la infraestructura energética para habilitar nuevas inversiones mineras y la disputa por el acceso a una red limitada, donde confluyen derechos adquiridos, financiamiento público y expectativas de crecimiento del sector.

Vicuña dio un nuevo salto para el desarrollo del megaproyecto de cobre en San Juan al incorporar 21 camiones de gran porte a su flota y poner en marcha un esquema de trabajo continuo en la alta cordillera. Desde ahora, la operación funciona sin interrupciones, las 24 horas, marcando un salto en la intensidad de las tareas en el terreno.

Los equipos estarán destinados, en una primera etapa, a los llamados “trabajos tempranos”, un conjunto de intervenciones clave para acondicionar el área donde se instalará la futura planta de procesamiento. En paralelo, también se utilizarán para avanzar en la mejora y consolidación de caminos estratégicos que conectan las zonas de Josemaría y Filo del Sol, dos de los ejes centrales del proyecto.

El movimiento refleja un cambio de escala en la actividad y anticipa una aceleración en las obras de logística e infraestructura, consideradas decisivas antes de encarar una eventual fase de construcción a gran escala de la mina.

En este marco, la compañía avanzó con la incorporación de personal, con foco en mano de obra local. Según informó, gran parte de los trabajadores proviene de los departamentos de Iglesia y Jáchal, los más cercanos al yacimiento. Para esta etapa inicial se sumaron 180 operadores, de los cuales 28 son mujeres, lo que representa un 15,6% del total.

Desde la empresa destacaron que el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas en la región y ampliar el impacto del desarrollo minero en las comunidades cercanas. En esa línea, el despliegue de la nueva flota requirió capacitaciones específicas para operar en condiciones de alta exigencia, con tecnología orientada a estándares de seguridad y eficiencia.

Otro de los cambios relevantes es la implementación de un esquema operativo permanente. El inicio del régimen 24/7 en plena cordillera no solo incrementa el ritmo de trabajo, sino que también implica un desafío logístico y de coordinación en un entorno de condiciones extremas.

El plan de expansión continuará en los próximos meses: la compañía prevé incorporar nuevos camiones de manera escalonada entre mayo, junio y agosto, en función de los tiempos de entrega del proveedor. En paralelo, seguirá el proceso de reclutamiento y formación de personal.

Con esta inversión en activos y en desarrollo de infraestructura, Vicuña busca consolidar las bases operativas de las próximas etapas del proyecto. El avance se da en un contexto en el que San Juan refuerza su perfil como uno de los principales polos de producción cuprífera del país y apuesta a captar inversiones para proyectos de gran escala.

El proyecto Vicuña, que unifica los desarrollos de Josemaría y Filo del Sol en el departamento Iglesia, se encamina a duplicar su plantilla laboral en el lapso de un año. De acuerdo con datos difundidos por la compañía, el total de empleos pasará de 1.456 en agosto de 2025 a 2.676 en mayo de 2026, en línea con la aceleración de las tareas y la expansión de la actividad en la etapa previa a la construcción plena.

Actualmente, la iniciativa registra 522 puestos directos y otros 2.150 a través de empresas contratistas, en su mayoría radicadas en el país y con fuerte presencia local. En ese marco, la participación de trabajadores sanjuaninos mostró un leve pero sostenido incremento: pasó del 75% al 77% en los últimos nueve meses, mientras que el 95% de toda la nómina corresponde a trabajadores argentinos.

El crecimiento del empleo está motorizado principalmente por el aumento de la contratación indirecta. Según los datos de la firma, este segmento se expandió un 98,7% en el período analizado, casi duplicando su tamaño. En contraste, el empleo directo también mostró una suba significativa, aunque menor en términos relativos: creció un 39,5%. La diferencia evidencia el peso creciente de la cadena de proveedores en el desarrollo del proyecto, una dinámica habitual en emprendimientos mineros de gran escala.

Desde la compañía explicaron que este incremento de la demanda laboral responde de manera directa al ritmo de crecimiento de Vicuña. Si bien reconocen que la actividad minera presenta ciclos con picos y retracciones en la contratación, sostienen que el nivel actual se mantendrá en el corto plazo. En ese contexto, la empresa continúa en proceso de búsqueda activa de personal y refuerza sus programas de formación para cubrir futuras vacantes.

Los datos más recientes muestran que, del total de trabajadores, tres de cada cuatro son sanjuaninos, lo que reafirma el impacto territorial del proyecto. A su vez, la firma destaca una política de priorización de las comunidades cercanas a la futura mina de cobre.

En el segmento de empleo directo, 140 trabajadores residen en departamentos vinculados al área de influencia. Iglesia encabeza la lista, con 58 empleados que representan el 11% del total. Le siguen La Rioja, con 44 trabajadores (8%), y Jáchal, con 38 (7%).

En cuanto al empleo indirecto generado a través de proveedores, el impacto también se extiende sobre estas localidades. Iglesia suma 153 puestos, Jáchal 140 y La Rioja 100, lo que totaliza 393 empleos en comunidades cercanas, equivalentes al 18,2% del total de trabajadores vinculados al proyecto.

Uno de los datos salientes es el crecimiento de la participación riojana. En informes anteriores, su peso era menor, pero la compañía había anticipado el desarrollo de programas de formación, entre ellos becas en áreas como soporte IT y bases de datos. Nueve meses después, ese proceso se tradujo en la incorporación de 44 nuevos trabajadores. El vínculo con esa provincia se explica, además, por la cercanía con Guandacol, punto estratégico ya que una de las vías de acceso al proyecto atraviesa esa zona.

En paralelo, la red de proveedores muestra estabilidad en términos de cantidad, pero una fuerte expansión en empleo. Actualmente, Vicuña trabaja con 264 empresas, de las cuales el 97% son argentinas. Nueve meses atrás eran 269, con un 99% de origen nacional. Dentro de ese universo, las firmas sanjuaninas concentran el 60% de los contratos, con 158 compañías locales involucradas.

La estabilidad en la cantidad de proveedores, combinada con el aumento de la actividad, permitió que cada empresa ampliara su plantilla, explicando así el fuerte crecimiento del empleo indirecto. En relación con el pequeño porcentaje de firmas extranjeras (3%), desde la empresa indicaron que responden a la provisión de insumos críticos que no se producen en el mercado local.

En este escenario de expansión, la minera confirmó que mantiene 49 búsquedas laborales abiertas para cubrir posiciones específicas. La postulación se centraliza exclusivamente a través de su plataforma oficial, lo que, según señalaron, garantiza condiciones de igualdad tanto para empleos directos como para los ofrecidos por contratistas.

A la par de la contratación, la capacitación aparece como otro eje clave. Durante 2025, la empresa impulsó un programa que permitió formar y emplear a 60 operarios de maquinaria pesada provenientes de comunidades cercanas, quienes recibieron entrenamiento con simuladores de última generación. Actualmente, las capacitaciones en curso están orientadas a oficios como soldadura y herrería, también con inscripción a través del portal de empleo del proyecto.

Más allá del crecimiento actual, el potencial de generación de empleo de Vicuña es aún mayor. La compañía proyecta que, durante la etapa de construcción plena, el emprendimiento podría convertirse en uno de los principales empleadores privados de San Juan. Sin embargo, ese escenario depende todavía de una serie de definiciones clave, entre ellas la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la decisión final de inversión por parte de los accionistas y la firma de acuerdos con el gobierno provincial.

Si esas condiciones se concretan, el proyecto podría alcanzar cerca de 15.000 puestos de trabajo directos simultáneos, con un efecto multiplicador aún mayor en el empleo indirecto. Ese punto de inflexión, no obstante, se ubica más adelante en el cronograma: la fase de construcción masiva está prevista recién después de 2027.

La Justicia de San Juan resolvió habilitar la continuidad operativa del proyecto minero Vicuña al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa, en el marco del conflicto judicial que mantiene con la provincia de La Rioja por restricciones al tránsito y a la actividad minera en la zona de influencia del emprendimiento.

La decisión fue adoptada por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial y establece que ningún tercero —ya sea del ámbito público o privado— podrá obstruir, suspender o interferir en las actividades del proyecto, con excepción de las autoridades provinciales sanjuaninas. El emprendimiento cuenta con habilitación vigente del Ministerio de Minería de San Juan.

Según informó la compañía a través de un comunicado, el fallo otorga una protección precautoria sobre la operatoria del proyecto mientras se analizan los alcances de una resolución previa emitida por la Justicia de La Rioja, que había dispuesto restricciones al tránsito en una ruta provincial clave para la logística minera y ordenado la suspensión de ciertas actividades vinculadas a la iniciativa.

Frente a ese escenario, el equipo legal de Vicuña continúa evaluando el impacto y el alcance de la medida riojana, al tiempo que avanza en instancias judiciales e institucionales para garantizar el normal desarrollo de las operaciones.

Desde la empresa aseguraron que el proyecto sigue funcionando en estricto cumplimiento del marco legal vigente, priorizando la seguridad del personal y la continuidad operativa, y remarcaron que la reciente resolución judicial de San Juan refuerza la legitimidad de su accionar en el territorio provincial.

El conflicto se inscribe en una disputa más amplia entre San Juan y La Rioja en torno a la jurisdicción y el impacto del proyecto, que está ubicado en territorio sanjuanino pero utiliza vías de acceso que atraviesan la provincia vecina. En ese contexto, el Gobierno de San Juan reiteró su posición de defender la legalidad vigente y la titularidad provincial de los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, abrió el período de sesiones ordinarias con un balance de su gestión en 2025 y una agenda de obras e inversiones para 2026. Destacó que la Provincia alcanzó equilibrio fiscal aun con “40% menos de recursos” debido a la reducción de transferencias nacionales destinadas a conectividad, transporte y obra pública. Afirmó además que San Juan se ubicó entre las tres provincias con mejor situación fiscal y fue una de las dos donde se crearon más empresas de las que cerraron.

En el repaso del último año, Orrego señaló avances en salud, con más de 27.000 cirugías realizadas y una reducción del 90% en las listas de espera. En educación, el programa de alfabetización llegó al 70% de las escuelas. En seguridad, se sumaron más de 300 agentes y se invirtieron $6.000 millones en equipamiento y operatividad. También destacó la apertura del Centro de Atención Integral en Consumos Problemáticos en Chimbas, con capacidad para 120 personas.

La minería fue uno de los ejes centrales del mensaje. El gobernador resaltó la puesta en marcha de Hualilán, las inversiones en el proyecto Vicuña y el posicionamiento de San Juan como el destino más atractivo de América Latina para la inversión minera, según el Instituto Fraser. Confirmó además que la provincia concentra el 60% de las iniciativas bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los anuncios para 2026, Orrego confirmó la repavimentación completa y el ensanche de los 32 kilómetros de la Avenida de Circunvalación, con financiamiento íntegramente provincial. También informó la llegada de una laminadora industrial para la futura fábrica de paneles solares de EPSE, que permitirá producir hasta 800.000 unidades al año, y anticipó la construcción del primer Parque Solar Comunitario en Iglesia.

En materia hídrica, anunció el primer relevamiento integral de acuíferos subterráneos de la provincia y la implementación de una red de monitoreo en tiempo real. En el plano digital, se lanzará la plataforma “Mi San Juan Digital”, que integrará trámites y servicios estatales. Además, se destinarán $15.000 millones a créditos para cosecha y acarreo, un 50% más que el ciclo anterior.

El mandatario también adelantó el lanzamiento del Plan Provincial de Fortalecimiento en Matemática para primaria y secundaria, junto con el objetivo de regularizar las escrituras de 12.000 familias. En salud, este año se inaugurará el Centro de Rehabilitación Integral Pediátrico en Rodeo y un Centro Comunitario de Salud Mental en San Martín, además del proyecto del primer centro provincial de rehabilitación con internación especializada.

En seguridad, el programa PRISMA incorporará un sistema de videovigilancia inteligente y monitoreo descentralizado en puntos estratégicos de la provincia.

Finalmente, Orrego anticipó que enviará a la Legislatura proyectos como la Ley de Desarrollo Local Minero, la Ley de Electromovilidad y la reforma electoral para implementar la Boleta Única de Papel. “Estas leyes no son para este gobierno: son herramientas para que el proyecto de provincia trascienda a cualquier gobernador”, afirmó.

Vicuña dio un paso central en la puesta en marcha de sus trabajos tempranos con la incorporación de sus primeros 60 operadores de maquinaria pesada. El grupo, compuesto en su mayoría por trabajadores de los departamentos sanjuaninos de Iglesia y Jáchal, además de la localidad riojana de Guandacol, inició formalmente el proceso de inducción y entrenamiento que antecede a las tareas en terreno.

El ingreso se concretó tras un proceso de selección que la compañía comenzó en octubre, orientado específicamente a detectar y desarrollar talento local. Los nuevos operarios estarán a cargo de la conducción de camiones de gran porte y participarán de un programa de formación que combina prácticas en simuladores, capacitación técnica en sitio y contenidos vinculados a estándares operativos y de seguridad.

Esta primera tanda de incorporaciones refleja el compromiso del proyecto con priorizar la mano de obra local desde las fases iniciales de desarrollo. A medida que avancen las tareas preparatorias, la empresa prevé continuar ampliando el equipo de trabajo de acuerdo con los requerimientos operativos de cada etapa.

Vicuña dio un nuevo paso en el desarrollo de su proyecto de cobre en el norte sanjuanino al activar el proceso de licitación para construir el Corredor Norte, la futura vía de acceso que se convertirá en el eje logístico de la operación. Se trata de una obra vial de alto estándar técnico, que superará los 170 kilómetros de extensión y que, además de sostener la actividad minera, quedará como infraestructura permanente para las comunidades cordilleranas.

El trazado del corredor comprende los tramos A, B, C y D, y se integrará con los segmentos E y F, adjudicados en abril de 2025 a la UTE Terusi Construcciones S.A. – Semisa Infraestructura S.A. Con este avance, la empresa busca asegurar una conexión continua, segura y eficiente a lo largo de todo el desarrollo del proyecto

Uno de los sectores más estratégicos es el tramo A, dividido en las secciones A1 y A2. Ese segmento totaliza 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, con paso por Malimán y El Chinguillo. Allí está prevista la construcción de un puente de 100 metros sobre el río Blanco, en la zona de Piedras Pintadas, además de trabajos de apertura de camino que requerirán uso de explosivos y soluciones de ingeniería de alta complejidad.

Los tramos B, C y D -que unirán Junta La Palca con La Majadita- representan el mayor desafío técnico del proyecto, con 107,4 kilómetros de obra en un terreno de geografía exigente. El diseño contempla movimientos masivos de suelo, obras de arte, estructuras de contención y sistemas de drenaje adaptados a la topografía cordillerana.

Después de tres meses de evaluación técnica y financiera, Vicuña preseleccionó a las empresas que continúan en competencia para la adjudicación. La selección se basó en criterios de solvencia, seguridad y capacidad operativa. Como parte de los requisitos, la compañía exigirá a las contratistas planes concretos para incorporar mano de obra local y trabajar con proveedores de la región, con el objetivo de ampliar los beneficios económicos en las comunidades cercanas al proyecto.

En paralelo, la empresa organizará rondas de negocios en distintas localidades, replicando la experiencia previa aplicada a la licitación de servicios de catering. Estos encuentros apuntarán a facilitar el contacto entre oferentes y proveedores locales, promover esquemas asociativos y fortalecer el desarrollo productivo regional.

Con el Corredor Norte, Vicuña busca no solo garantizar la logística de su operación futura, sino también dejar una infraestructura que mejore de manera sostenida la conectividad del norte sanjuanino y contribuya al desarrollo de largo plazo de la zona.