En el encuentro, la titular de la ANSeS analizó con sus interlocutores un trabajo conjunto para implementar la Ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras ITS y TBC.
En el marco de la reciente sanción de la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, convocó a una mesa de diálogo con diferentes organizaciones sociales involucradas en la temática.
Durante la reunión, Raverta expresó: “Esta ley es fruto de una construcción colectiva y de la inteligencia común entre el Estado y las organizaciones sociales. Con ese mismo espíritu hoy nos convocamos para avanzar en una reglamentación que garantice que todas las personas que necesiten de la Seguridad Social cuenten con un Estado que las acompañe. Nos parece muy importante construir cada paso de manera colectiva”.
En dicho encuentro, se trabajó en relación a los artículos de la ley que involucran la implementación de las políticas competentes al organismo, como la Jubilación Especial de carácter excepcional y la Pensión No Contributiva para personas con VIH, Hepatitis B y C.
Estuvieron presentes, por parte de ANSES, la directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Paula Ferro; el director general de Diseño de Normas y Procesos, Gustavo Gioia; y la directora de Promoción de Derechos de la Seguridad Social, Lucía Corsiglia.
En tanto, participaron los integrantes de las siguientes organizaciones: por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación Grupo Efecto Positivo, Ciclo Positivo, Nexo Asociación Civil (FALGBT), Red de Jóvenes Positivos (RAJAP), Fundación Huésped, Red Argentina para los derechos y asistencia de las personas con VIH, Las 7H, Secretaría de VIH FALGBT, HepaRed, Grupo Convivir del Hospital Muñiz, ACT UP Argentina Buenos Aires 3D Diversidad y DDHH en Salud; por Buenos Aires, Red Bonaerense de Personas viviendo con VIH/ Sida (La Matanza), Red Argentina de Personas con VIH + 30 (La Matanza), Red Argentina de personas viviendo con VIH/ Sida (Mar del Plata); Comisión Internacional de Mujeres viviendo con VIH/ Sida (Tigre); por Misiones, Liga LGBTI de las Provincias; por Tucumán, Tucumán Peroncha; por Santa Fe, Red Dar + Red Argentina de Personas viviendo con VIH/ Sida (Santa Fe).
La actual legislación supera el enfoque biomédico por otro centrado en el género y los derechos humanos en la respuesta al VIH, hepatitis virales e ITS y TBC.
En su capítulo VII concerniente a la Seguridad Social, artículos 24 al 27, crea una jubilación anticipada y contributiva para quienes viven con VIH, Hepatitis B o C, cuyos requisitos son tener 50 años de edad a la solicitud, 20 años de servicios con aportes en cualquier régimen y 10 años desde el diagnóstico.
Asimismo, en los artículos 30 al 32 crea una Pensión No Contributiva, vitalicia, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social consistente en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Ambas normas fueron aprobadas en la sesión del pasado 5 y 6 de julio en la Cámara baja y amplían derechos y cambian el paradigma de atención.
El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el acto de promulgación de las Leyes de VIH y Oncopediatría, que garantizan el acceso a la atención a toda la población y promueven un abordaje integral.
“La ley parece ser igual para todos, pero no todos somos iguales ante la ley: algunos gozan de privilegios y otros no los tienen. El Estado está precisamente para nivelar condiciones, terminar con algunos privilegios y privilegiar a los que lo necesitan. Por eso, hemos dado un paso muy importante hoy”, aseguró el mandatario durante el acto que se realizó en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada.
En ese sentido, el presidente agregó: “Nunca ninguna pelea justifica la resignación de un derecho. Por dura y difícil que sea la pelea, ninguna pelea puede darse resignando derechos de otro. Y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar”.
Por su parte, la ministra Vizzotti destacó que “esta es una gestión que tiene como prioridad a la salud, desde el inicio y mucho antes de la pandemia” y celebró “la promulgación de leyes que amplían derechos”.
“Vamos a trabajar para que esos derechos sean una realidad rápidamente, reglamentando la ley, trabajando con las provincias, con la sociedad civil y con la sociedad científica”, explicó la ministra y remarcó: “Es un paso enorme, estamos trabajando en conjunto para tener más y mejor salud: más accesible, más equitativa y de mejor calidad”.
En el acto estuvieron presentes la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la titular del INADI, Victoria Donda, y la diputada del Frente de Todos que impulsó la norma de VIH Carolina Gaillard.
También asistieron legisladores nacionales, referentes de organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH y hepatitis virales y el Foro de ONGs con trabajo en VIH y otras problemáticas de argentina.
El 30 de junio pasado, el Congreso aprobó una nueva ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que cambia el paradigma biomédico de la normativa anterior, sancionada en 1990.
La nueva legislación, que cuenta con un enfoque de géneros y de derechos humanos, busca garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsa la eliminación del estigma y la discriminación.
Entre otras medidas, prohíbe las pruebas de diagnóstico de VIH, Hepatitis, TBC e ITS en los exámenes preocupacionales o para ingresar a instituciones educativas.
Además, posibilita la jubilación anticipada a aquellas personas de 50 años que viven con VIH hace 10 años y que cuentan con al menos 20 años de aportes; y otorga una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
La nueva ley también declara de interés público y nacional los medicamentos e insumos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, Hepatitis, TBC e ITS, su producción pública y el acceso universal, oportuno y gratuito.
Por su parte, la Ley de Oncopediatría, también sancionada el 30 de junio por el Senado, obliga a las obras sociales y prepagas a dar una cobertura total para la atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Esto incluye las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.
La nueva ley establece que el Estado Nacional otorgará una asistencia económica a las familias equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, y beneficiará también a los jóvenes entre 15 y 18 años que actualmente, en su mayoría, son asistidos como pacientes adultos.
La norma fue aprobada con 60 votos a favor y 1 solo en contra. También incluye Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis. La misma deroga la Ley 23.798 que había sido sancionada en el año 1990.
La Cámara de Senadores convirtió en ley este jueves el proyecto de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis que deroga la actual norma 23.798 sancionada en 1990. La iniciativa obtuvo 60 votos a favor y uno solo en contra del senador Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.
Flamante presidente de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, abrió la ronda de oradores al sostener que es un tema “muy importante” que “tiene una vieja historia legislativa con una enfermedad que es bastante moderna y que la ley de VIH que rige, fue histórica porque permitió en un momento muy duro porque no teníamos muchas herramientas para el tratamiento, para evitar la transmisión vertical de madres a hijos, no teníamos herramientas para curar esta enfermedad y muchos fallecieron por ella”.
Respecto a la vigente ley señaló que “después de 30 años ha envejecido bien, es muy importante, y permitió que los pacientes que conviven con el virus tengan acceso, desde el Estado, a sus tratamientos y fue una ley precursora en el mundo y sin duda en la región”.
En esa línea, agradeció a las organizaciones civiles que “a lo largo y ancho de la Argentina vienen dando una batalla importante en busca de sus derechos, de conseguir esta nueva ley, lo que a veces costaba que lleguen como los test, los preservativos, a lo largo de los años”.
“Se estima que hay 140 mil personas que conviven con el virus, 17% de este número desconoce el diagnóstico perpetuando el ciclo de contagios. Un 30% de los pacientes que se diagnostican, lamentablemente lo hacen en período tardíos de la enfermedad y eso dificulta el tratamiento. Un 65% se atiende en el sector público”, describió Yedlin y agradeció al sistema de salud público que “se hace cargo de los problemas graves de salud”.
Y continuó: “Se diagnostican por año 4.500 casos con una tasa por 100 habitantes de 11 y la tasa de mortalidad por SIDA cada vez es menor y que viene disminuyendo hoy esta en 2.8 cada 100 mil habitantes”, pero señaló que “no es igual en todas las provincias porque la tasa de mortalidad por SIDA muestra severas inequidades en el país por eso debemos seguir trabajado en normas que permitan que el país sea más equitativo”.
“Esta ley fue trabajada en el consenso con todos los bloques políticos”, destacó el tucumano y lamentó que perdió “tres veces perdió estado parlamentario y tuvo que ser representada”. Asimismo, comparó la nueva iniciativa con la ley actual: “No es solo una ley de VIH, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual que sufre algún tipo de desatención como hepatitis B, que son muy costosas en su tratamiento y se incorporan a tener el mismo derecho”.
Y siguió: “Es una ley que, además de declarar de forma público nacional el tratamiento, el diagnóstico también lo declara el desarrollo, la investigación, los medicamentos. Da una respuesta integral, nuevos métodos combinados”.
“Estamos haciendo una ley para que a todos los pacientes puedan tener acceso a un sistema de jubilación especial que les va a permitir, a los que envejecen prematuramente, que con 50 años y 20 años de aportes puedan acceder a un sistema jubilatorio. Accederán a una pensión no contributiva vitalicia aquellos pacientes que tienen el virus o hepatitis b o c y tiene vulnerabilidad social. Crea esta ley una Comisión Nacional de Seguimiento integrada por distintos ministerios y la sociedad civil”, explicó el tucumano y cerró: “Es una ley que intenta superar la grita política y todos estamos de acuerdo en que los pacientes merecen los derechos y estamos haciendo justicia de que la ley se concrete”.
A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Salud, el jujeño Mario Fiad, adelantó su voto positivo porque “esta ley vino a actualizar la Ley vigente que lleva muchos años y que tiene el adicional de incluir a las hepatitis virales B y C, a otras infecciones de transmisión sexual y a la tuberculosis desde una perspectiva de derechos humanos”.
Sin embargo, consideró que “estamos llegando tarde” porque “no necesitamos de estas leyes para saber que el universo de estas personas que, están afectadas por estas patologías, tienen sus derechos consagrados”.
“Estamos legislando sobre temas ya legislados y, sobre todo, lo que es indiscutiblemente obligatorio e imperativo del Estado, y por eso nos surgen interrogantes ¿por qué no se logran hacer operativos todos esos derechos? ¿por qué razón los Diputados tenían que considerar necesario incluir un capítulo de sanciones en la Ley de VIH y Hepatitis tuberculosis para que la ley sea vigente y no tenga posibilidades de trabajar, ¿por qué no se cumple con la tarea de fiscalización y monitoreo por parte del Poder Ejecutivo para hacer que se cumpla la norma? por que los pacientes recurren cada vez más a la justicia para que, por vía de amparo, tengan el cumplimiento de las leyes”, explayó con críticas Fiad.
Además, cuestionó que “tenemos un universo de leyes en salud que no se cumplen” y apuntó contra el tiempo que tardan en reglamentarse. “Esto nos tiene que llamar a una reflexión, tenemos que hacer un seguimiento de la normativa sanitaria para poder evaluar el cumplimiento”, sostuvo.
En su intervención, la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) expresó: “Vamos a estar cerrando la jornada con un país más justo, más equitativo, mas igualitario, sin duda todos los proyectos son muy importantes y fundamentales para un gran numero de personas que vienen militando y trabajando para lograr el mejor proyecto”
A su vez, contó que viene presentando iniciativas desde el 2016 y mencionó que se trabajó el proyecto con más de 50 organizaciones. “La ley nacional de sida fue pionera en su momento, pero luego de más de 30 años necesitaba un cambio porque el paradigma sanitario de derechos humanos, en todo sentido, necesitaba una modernización. Tenía contenidos que resultaban estigmatizarte”, y comparó que “la nueva ley tiene un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. Esta legislación va a ser un modelo a imitar y una de las mejores legislaciones del mundo”.
La tucumana Sandra Mendoza (FdT) describió que “esta ley es una reparación histórica a todas las personas que sufrieron y sufren la discriminación, el estigma, el miedo y desconocimiento en torno al VIH. Es una ley que dignificará y salvará vidas para tener una Argentina más justa y solidaria”.
A través de la nueva norma queda derogada la Ley 23.798, que había declarado de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990.
Además del VIH, la nueva ley incorpora a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.
La norma prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.
Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.
La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.
Por otra parte, se establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.
Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Entre otros puntos, la ley plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.
También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.
La actividad se realizará este miércoles a las 14 en el Salón Azul. Asistirán representantes de organizaciones que militan por la nueva ley.
El senador nacional Pablo Yedlin (FNyP-FdT) cerrará la jornada de proyección del documental “Archivos VIH/SIDA: historia y voces de una pandemia”, que se realizará este miércoles a las 14 en el Salón Azul.
A la actividad asistirán dirigentes y militantes de decenas de organizaciones que realizan la vigilia a la espera de la sanción de la nueva Ley de VIH, que se trataría este jueves en sesión.
En ese marco, Yedlin y la Dirección de Cultura organizaron para la comunidad del sector la proyección del documental esta semana.
El director y productor de la pieza audiovisual, Matías Alejandro Romero, estará al frente de la apertura.
El documental narra la historia de ocho mujeres afectadas directa o indirectamente por el virus que intentan reconstruir a través de fotografías, material de archivo documental y relatos en primera persona, la historia de las personas que murieron a causa del SIDA. También, el relato de los sobrevivientes y de la primera generación de niños y niñas (hoy adultos/as) que nacieron con VIH en Argentina.
Previo a cerrar esta jornada, el senador Yedlin asistirá a un plenario de las comisiones de Salud y Educación de la Cámara de Diputados, donde fue invitado a exponer sobre el proyecto de ley de enfermería, del cual es autor.
Será este miércoles, a las 14, en el Salón Azul. El evento está organizado por el senador tucumano Pablo Yedlin.
En el marco de un evento organizado por el presidente de Comisión de Salud del Senado, Pablo Yedlin, con el apoyo de la Dirección General de Cultura de la Cámara alta, se presentará este miércoles, a las 14, el documental “Archivos VIH/Sida: Historias y Voces de una Pandemia” del director y productor audiovisual Matías Alejandro Romero.
Cabe destacar que esta proyección se da en la semana en que se tratará en el recinto la iniciativa con media sanción para una nueva Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis.
En este documental, ocho mujeres afectadas directa o indirectamente por el virus del VIH intentan reconstruir a través de fotografías, material de archivo documental y relatos en primera persona, la historia de las personas que murieron a causa del Sida, como así también se pueden ver los relatos de los sobrevivientes y de la primera generación de niños y niñas (hoy adultos/as) que nacieron con VIH en Argentina.
Esta película, producida en el año 2021 durante la emergencia sanitaria y desatada a causa de la Covid, fue realizada con apoyo técnico y financiero del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida ONUSIDA y del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la Argentina, UNFPA.
La presentación, que se dará en el Salón Azul del Palacio Legislativo, será con entrada gratuita y requiere confirmación de asistencia al teléfono (011) 2822 -3000, interno 1354 o al correo pablo.yedlin@senado.gob.ar.
La nueva norma “coloca en el centro de la escena a las personas”, sostuvo la senadora rionegrina.
“Estamos a un paso de transformar el abordaje sobre el VIH. Desde una perspectiva integral, la nueva ley plantea superar el enfoque biomédico y estigmatizante, por otro centrado en los derechos humanos, con perspectiva de género”, resaltó la senadora Silvina García Larraburu al aprobarse en Diputados la Ley de Respuesta al VIH, las hepatitis virales, la Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual.
García Larraburu pidió priorizar su tratamiento en la Cámara alta y recordó que desde 2016 presenta proyectos similares. “Fue un largo camino en el que trabajamos de manera articulada con más de 50 organizaciones de la sociedad civil, referentes médicos y científicos, representantes de gobiernos provinciales y municipales, entre otros. Presentamos el proyecto por primera vez en Bariloche y luego lo hicimos en distintos puntos del país, con el objeto de enriquecer y federalizar el debate”, recordó.
Se estima que en Argentina 140.000 personas conviven con VIH y el 17% no conoce su diagnóstico. A su vez, el diagnóstico tardío asciende al 29,9%.
La senadora valoró que se declara de interés público nacional los medicamentos, vacunas y demás insumos destinados al diagnóstico, tratamiento y cura, como así también la investigación y el desarrollo de tecnologías locales para su producción pública nacional. “Mientras durante la gestión de Cambiemos solicitábamos informes sobre la interrupción del envío de fármacos antivirales a los hospitales y provincias de todo el país; con esta normativa estaremos priorizando su acceso”, señaló.
“La iniciativa propone abordar los determinantes sociales de la enfermedad y desarrollar políticas públicas dirigidas a las situaciones de vulnerabilidad. Por ello se habla de asistencia interdisciplinaria: a la médica y farmacológica, se agrega la legal, psicológica y social. En este nuevo marco cobra relevancia la figura del “promotor y promotora par” y la participación activa de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS como socias indispensables en la respuesta integral”, concluyó.
Luego del contrapunto legislativo planteado en torno a las sesiones especiales pedidas para este jueves y el acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición, la Cámara baja debate boleta única, cáñamo industrial, VIH e incentivo a la construcción.
Por segunda vez en lo que va del año, la Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 11.54, para tratar un menú de temas que terminó siendo acordado al cabo de la pulseada que llegó a su fin este miércoles, al definir ambas partes realizar una única sesión en la que tratarían los proyectos previstos originalmente por el Frente de Todos y la oposición.
Un acuerdo que estableció que la propuesta de la oposición figurara en primer lugar: boleta única en papel se analizará al principio, mas sin la intención de dar media sanción alguna, pues harían falta para ello 2/3 que nadie tiene posibilidades hoy de alcanzar en el Congreso. Se buscará un emplazamiento a las comisiones para abordar en tiempo perentorio la reforma del sistema para votar, y luego de ello -alcanza con 129 votos- avanzarán con los tres temas que el oficialismo promovió para esta sesión: cannabis y cáñamo industrial, VIH e incentivo a la construcción.
Con relación al primer tema, ahí se planteará la primera gran discusión, pues la oposición quiere que el tema solo pase por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Las autoridades de la Cámara hablan en cambio de tres comisiones, incluyendo las de Justicia y Presupuesto y Hacienda. Ese será el disparador de la primera discusión.
A esta sesión “consensuada” se llegó luego de que el oficialismo cobrara conciencia el miércoles de que no le alcanzaba para iniciar la sesión de las 11 de la mañana y con eso obturar la del mediodía. Con esfuerzo, llegaba a 128 voluntades: le faltaba una más y con esa certeza tuvo la correcta idea de negociar con la oposición y no darse de bruces con una realidad que no es la que necesita en estos tiempos turbulentos para el Gobierno.
Así las cosas este jueves se espera que todos “celebren”. Como bien dijo el miércoles una alta fuente oficialista, “ellos se llevan el tratamiento en comisión y nosotros tres leyes”. En rigor, habrá dos medias sanciones y una ley, pues la que se espera consiga la sanción restante es la que promueve la industria del cannabis y el cáñamo industrial, que consiguió el martes dictamen en Presupuesto y Agricultura. Los otros dos proyectos deberán pasar todavía por la Cámara alta.
En el caso de la oposición, la satisfacción será la de haber demostrado que “unidos son más” y marcarle de alguna manera la agenda al oficialismo. Esta ha sido una demostración de fuerza que sobre todo Juntos por el Cambio sabe que deberá aprender a administrar y es lo que de ahora en más tratará de lograr, también con las enseñanzas de 2009, cuando el Grupo A le permitió a la oposición manejar muchas comisiones, pero sin mejor destino.
Luego del contrapunto legislativo planteado por las sesiones especiales pedidas para este jueves se alcanzó un acuerdo por el cual se tratarán tres proyectos que tuvieron dictamen esta semana y boleta única en papel.
Una vez más quedó clara la extrema paridad de fuerzas que existe en la Cámara de Diputados y que, en esta segunda mitad de mandato, vuelve a inclinarse a favor de la oposición. Porque esa es la razón por la cual el oficialismo se ha visto forzado a incluir en el temario de la sesión que arrancará a las 11.30 el menú de proyectos para implantar la boleta única, de donde no saldrá este jueves una media sanción, sino un emplazamiento a las comisiones para que en un tiempo perentorio debatan las distintas iniciativas que hay presentadas.
En realidad, y ahí está el primer tema que tensionará los espíritus, la oposición no quiere que sean “comisiones”, sino solo la de Asuntos Constitucionales. Las autoridades de la Cámara hablan en cambio de tres comisiones, incluyendo las de Justicia y Presupuesto y Hacienda. Ese será el disparador de la primera discusión.
Tras ello, que será el primer tema a tratar, se abordarán los proyectos que había incluido originalmente el oficialismo en el temario de la sesión de las 11 de la mañana: cannabis y cáñamo industrial, VIH e incentivo a la construcción.
Esos tres proyectos tuvieron dictamen esta semana, durante el “supermartes” en el que las comisiones se desperezaron y comenzaron a generar material para un recinto que durante el presente año solo ha tratado el acuerdo con el Fondo Monetario.
A esta sesión “consensuada” se llegó luego de que el oficialismo cobrara conciencia de que no le alcanzaba para iniciar la sesión de las 11 de la mañana y con eso obturar la del mediodía. Con esfuerzo, llegaba a 128 voluntades: le faltaba una más y con esa certeza tuvo la correcta idea de negociar con la oposición y no darse de bruces con una realidad que no es la que necesita en estos tiempos turbulentos para el Gobierno.
Así las cosas este jueves se espera que todos “celebren”. Como bien dijo el miércoles una alta fuente oficialista, “ellos se llevan el tratamiento en comisión y nosotros tres leyes”. En rigor, habrá dos medias sanciones y una ley, pues la que se espera consiga la sanción restante es la que promueve la industria del cannabis y el cáñamo industrial, que consiguió el martes dictamen en Presupuesto y Agricultura. Los otros dos proyectos deberán pasar todavía por la Cámara alta.
En el caso de la oposición, la satisfacción será la de haber demostrado que “unidos son más” y marcarle de alguna manera la agenda al oficialismo. Esta ha sido una demostración de fuerza que sobre todo Juntos por el Cambio sabe que deberá aprender a administrar y es lo que de ahora en más tratará de lograr, también con las enseñanzas de 2009, cuando el Grupo A le permitió a la oposición manejar muchas comisiones, pero sin mejor destino.
La iniciativa de salud, que une a todas las fuerzas políticas, fue representado a comienzos de marzo por la diputada Carolina Gaillard. El año pasado había tenido dictamen de comisiones, pero no se trató en extraordinarias.
Se presentó este martes en Diputados la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto, fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos. Daniel Gollan, Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Cecilia Moreau y Romina del Pla estuvieron entre los oradores que acompañaron a Gaillard en la presentación de la iniciativa.
En diciembre pasado, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató. La actividad, se realizó a en la sala del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.
“Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Esta iniciativa contempla un abordaje integral, interseccional e intersectorial, que no se limita a la salud, sino que también prevé la protección social a las personas que padecen estas patologías, trabajando para erradicar el estigma y la discriminación, y garantizando derechos para esta población que ha sido vulnerada por años”, explicó Gaillard al inicio de la actividad.
En ese sentido, resaltó: “Es una ley con mirada interdisciplinaria, con enfoque de derechos y perspectiva de género, que tiene la fuerza del amplio consenso de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. La cuarta es la vencida, después de frustrados intentos de tratamiento”, y junto a las organizaciones y diputados presentes, pidió la sanción urgente e inmediata de la ley.
Gollan, firmante del proyecto, destacó que “esta ley da una respuesta integral, interdisciplinaria e interseccional. Además, por la atención a personas gestantes, el proyecto tiene perspectiva de género. Ni bien estén conformadas las comisiones de salud y presupuesto, nos comprometemos a tratar y aprobar este proyecto. Que sea ley en abril”.
Alberto Stella, director de ONUSIDA para el Conosur, subrayó que “este proyecto ampara al ciudadano en la universalización de derechos humanos, debido al fuerte componente de protección social que brinda. No hay motivos para oponerse a su aprobación. A partir de la participación de la sociedad civil, Argentina es vanguardia en ampliación de derechos”.
En tanto, Victoria Donda, presidenta del INADI, afirmó que “el proyecto salva vidas, no podemos esperar más. Trece personas por día mueren por causas evitables relacionadas con estas enfermedades en nuestro país. En esta sociedad hay un pueblo que hace avanzar este proyecto. Desde INADI vamos a apoyarlo para que sea una realidad”.
¿Qué dice el proyecto?
La nueva ley de VIH establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además, el proyecto promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.
El proyecto también promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
En la presentación que se realizó en Diputados participaron representantes del Ministerio de Salud de la Nación, representantes de ANSES, diputados y diputadas firmantes, miembros de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), de la Red Bonaerense de Personas con VIH, de la Asociación Ciclo Positivo, de ICW Argentina, de la Fundación HCV Sin Fronteras, de Act Up Argentina, de la Red de Adultos Positivos +30, de la Secretaría de VIH de la Federación Argentina LGBT, de Bs As 3D, de Aids Health Foundation (AHF), y de Nexo Asociación Civil, entre otras.
El proyecto de ley, que lleva el número 304-D-2022, fue acompañado por los diputados y diputadas Daniel Gollan, Myriam Bregman, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato, Margarita Stolbizer, Juan Manuel López, Gabriela Lena, Mara Brawer, Leonardo Grosso, Mónica Macha, Cecilia Moreau, Florencia Lampreabe, Gabriela Estévez, Blanca Osuna, Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Itaí Hagman, Marcela Passo, Estela Neder, Mónica Litza, Paola Vessvessian, Pamela Calletti, Susana Landriscini, Lía Verónica Caliva, Hilda Aguirre, Nancy Sand, María Rosa Martínez, Tanya Bertoldi, María Eugenia Alianiello, Agustina Propato, Graciela Caselles, Fabián Borda, Cristina Brítez, Gabriela Pedrali, Carolina Yutrovic, Mabel Luisa Caparros, Estela Hernández, Alicia Aparicio, Anahí Costa, Carlos Cisneros, Mónica Fein, Eduardo Toniolli, Alejandra Del Huerto Obeid, María Lucila Masin, Tomas Ledesma, Natalia Zaracho, Vanesa Laura Massetani, Camila Crescimbeni, Magalí Mastaler y Brenda Magali Vargas Matyi.
El proyecto fue representado a comienzos de marzo por la diputada Carolina Gaillard. El año pasado había tenido dictamen de comisiones, pero no se trató en extraordinarias.
Luego que la diputada Carolina Gaillard (FdT) representara el proyecto a comienzos de marzo, este martes 29 se realizará, junto a representantes de organizaciones, la presentación del proyecto de una nueva ley de repuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual.
Al comienzo de un nuevo período ordinario, y con apoyo de 50 diputados y diputadas, la iniciativa se volvió a presentar, dado que había perdido estado parlamentario.
En diciembre pasado, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató.
La actividad, que se realizará a partir de las 11 en la sala del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, contará con la participación de Alberto Stella, director de ONUSIDA para el Conosur; Victoria Donda, presidenta del INADI; referentes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis Virales; representantes del Ministerio de Salud de la Nación; representantes de la ANSeS; y diputados y diputadas firmantes.
“Este proyecto implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos”, detalló Gaillard.
La legisladora entrerriana recordó que el texto “es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados”.
El proyecto de ley establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, quienes están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, y establece que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial, y universal.
También promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas. El mismo funcionará en la órbita del INADI.
Otro aspecto importante es la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.
El proyecto que llegó a tener dictamen y ya perdió estado parlamentario, había sido incluido en el temario de extraordinarias.
La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos) re-presentó el proyecto de la nueva ley de VIH, que busca dar una respuesta integral a personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.
El texto cuenta con apoyo de todos los bloques políticos: lleva las firmas de más de 40 diputados de todos los sectores. “Este proyecto es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados”, explicó la legisladora entrerriana.
El proyecto, promovido por organizaciones sociales que consolidaron un frente en procura de una nueva legislación para el abordaje de estas condiciones de salud desde una perspectiva de derechos humanos, busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC). Esto comprende el acceso universal, y gratuito a medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, así como la disponibilidad de formulaciones pediátricas para VIH, hepatitis virales, otras ITS, y la tuberculosis.
De este modo, el proyecto implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos y dispositivos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos.
“Venimos trabajando con las organizaciones, con referentes y es muy claro y contundente que debemos legislar para garantizar derechos que se sintetizan en el acceso a la salud”, señaló Gaillard, autora del proyecto. En este sentido, la ley propicia la participación activa de las personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis en la elaboración de los lineamientos para el diseño e implementación de las políticas públicas, en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.
“Entendemos que una respuesta integral e intersectorial está basada en la estrategia de la atención primaria de salud y garantiza la investigación, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la cura, la asistencia desde un enfoque interdisciplinario -tanto a nivel social, legal, psicológico, médico y farmacológico- y por supuesto interviene en políticas que busquen reducir riesgos, trabajar sobre cuestiones que debemos desterrar como son el estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas”, explicó la diputada entrerriana para reivindicar que la ley comprende, además, los cuidados paliativos y la rehabilitación de estas patologías.
“Las obras sociales y todos aquellos organismos comprendidos en el sistema de salud público y privado deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de las personas con este tipo de afecciones para garantizar la atención completa como lo establece esta ley”, agregó la legisladora nacional.
El proyecto de ley establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, quienes están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, y establece que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial, y universal. También promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas. El mismo funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
El proyecto, además, prohíbe categóricamente las pruebas médicas para detectar estas enfermedades en los exámenes preocupacionales y prevé políticas afirmativas para la empleabilidad de personas afectadas, así como contiene disposiciones especiales para las mujeres y personas gestantes con VIH, previendo la atención integral durante su embarazo, garantizando la atención integral durante todo el proceso gestacional y post parto, y contemplando el acceso a la leche de fórmula, para los hijos e hijas de personas con HIV, durante los primeros 18 meses.
Otro aspecto particular de esta ley es la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.
“El proyecto de ley es el resultado de años de trabajo productivo y articulado entre los distintos sectores involucrados en respuesta a las epidemias del VIH, el sida y las hepatitis virales. Este proceso ha sido iniciado en abril de 2014 por el Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC del Ministerio de Salud de la Nación, y luego fue desarrollado por las organizaciones y redes de personas con VIH de nivel local, nacional y regional, como también redes de personas con hepatitis y otras organizaciones que trabajan la temática de programas jurisdiccionales de VIH y hepatitis, las sociedades científicas, organizaciones con trabajo en la salud pública, movimientos sociales y organizaciones con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos”, detalló Gaillard, quien destacó el asesoramiento técnico de agencias del Sistema de Naciones Unidas con trabajo en VIH.
“Venimos a proponer una reforma integral a una ley que cumple exactamente 30 años, y que con el transcurrir del tiempo y el devenir de las experiencias vivenciadas y compartidas por las personas con VIH de nuestro país, se hizo evidente que no podía ser abordada ni tratada solamente como una problemática de salud, requiriendo intervenciones interdisciplinarias”, concluyó Gaillard, ponderando el trabajo de las organizaciones sociales, científicas y referentes en el tema que han impulsado la iniciativa que este jueves fue presentada en el Congreso de la Nación.
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados Daniel Gollan, Cecilia Moreau, Gabriela Estévez, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato, Myriam Bregman, Leonardo Grosso, Gabriela Lena, Mara Brawer, Mónica Macha, Blanca Osuna, Romina Del Pla, Nicolás Del Caño, Enrique Estévez, Itaí Hagman, Jimena López, Marcela Passo, Estela Neder, Mónica Litza, Marcela Vessvessian, Pamela Calletti, Graciela Landriscini, Verónica Caliva, Hilda Aguirre, Nancy Sand, María Martínez, Tanya Bertoldi, María Allianiello, Varinia Marín, Agustina Propato, Graciela Caselles, Fabián Borda, Cristina Brítez, Gabriela Pedrali, Jorge Romero, Alejandro Vilca, Carolina Yutrovic, Mabel Caparrós, Estela Hernández, Alicia Aparicio y Alejandra del Huerto Obeid.
0304-D-2022Desde la cuenta de Twitter de la Cámara baja se enfatizó en reforzar “la necesidad de concientizar” sobre la detección temprana de la enfermedad.
En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Cámara de Diputados llamó a reformar “la necesidad de concientizar sobre la importancia de su detección prematura para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad”.
En la cuenta oficial de Twitter de la Cámara baja se publicó además un vídeo, en el que se explican cinco razones por las cuales hacerse el test y se repasan los datos oficiales: en Argentina 136 personas viven con VIH; el 17% no sabe que tiene el virus; y el 30% se diagnosticaron en un estadio avanzado de la infección.
Por su parte, la vicejefa del bloque Frente de Todos, Cecilia Moreau, escribió: “En el #DíaMundialDelSIDA recordá que todos y todas tenemos derecho a un testeo gratuito y confidencial como así también a un tratamiento adecuado y accesible”. Y compartió el link con la data sobre los 450 centros de testeo que hay en la provincia de Buenos Aires.
“Indetectable=Instransmisible. Ley de Respuesta Integral al VIH, Ya!”, fue el mensaje del diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI), reclamando por una nueva norma.
Días atrás en la Comisión de Salud obtuvo dictamen favorable una nueva ley de VIH, que deroga la actual 23.798, sancionada en 1990. Además, también fue despachada en Presupuesto y Hacienda.
La nueva ley de VIH, una iniciativa de fomento a las industrias culturales y otra para impulsar la renovación de la flota de taxis avanzaron este miércoles.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller, se reunió este miércoles por más de tres horas y avanzó en un diverso paquete de proyectos.
Además de despachar la iniciativa sobre industria del cannabis medicinal y el cáñamo, la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, y la ley de envases -éstas dos últimas solo con apoyo del oficialismo-, los legisladores dieron aval a otros cinco proyectos.
Nueva Ley de VIH
Ya con dictamen previo de la Comisión de Salud, se avaló en Presupuesto y Hacienda la iniciativa que propone una nueva Ley de VIH, que incorpora además a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Además de mantener la garantía del tratamiento en forma gratuita para todos los pacientes, el proyecto incluye nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades, entre sus principales puntos.
La diputada Carolina Gaillard (FdT), quien presentó el proyecto, destacó que el mismo “fue de autoría de las organizaciones de la sociedad civil”. Explicó que se busca derogar una ley de los ’90 que tuvo una mirada “biologicista”, mientras que ésta actualización contempla “una perspectiva de derechos humanos”.
Con reparos, el diputado Luciano Laspina (Pro) aclaró que no tenía “ninguna objeción sobre el cuerpo general”, pero “cada vez que uno legisla o aprueba un gasto de alguna forma se financia y de algún lado tiene que salir”, apuntó.
“Nuestro sistema previsional está atravesado por una crisis, en un amplio déficit”, advirtió y consideró que “tenemos otra vez una suerte de régimen previsional especial”, en alusión a lo que fue el régimen de jubilación anticipada para viñateros, sancionado recientemente. Entonces, pidió la vuelta a asesores y que “la Oficina de Presupuesto pueda evaluar el costo fiscal”.
Pero Gaillard respondió que previamente fue enviada a la ANSeS “una consulta sobre la viabilidad de la norma” y, desde el organismo, “se respondió de manera favorable, dado que estamos hablando de un grupo muy pequeño de entre 10 mil y 15 mil personas”. También, puntualizó que el beneficio previsional que se contempla, lo recibirán “solo aquellos que no tengan trabajo o que trabajen en relación de dependencia pero no cobren más de dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
En el final de la reunión se informó que el dictamen recibió 33 firmas a favor y cinco disidencias.
Fomento a las industrias culturales
Otro de los proyectos que se avaló -con dictamen de mayoría por parte del oficialismo- fue el presentado y defendido por el diputado Pablo Carro (FdT) que extiende por 50 años el fomento de industrias culturales a partir de los fondos de asignaciones específicas de ciertos impuestos.
El cordobés explicó que se trata de “el gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo, concursos o pronósticos deportivos, que va a bibliotecas populares y al Fondo Nacional del Teatro; el impuesto a las entradas de cine y videogramas grabados, para el fondo de fomento cinematográfico; impuestos a servicios de comunicación audiovisual, que van a fondos para el INCA, para RTA, ENACOM, Defensoría del Público”, entre otros. Y enfatizó que se trata de “poder darle previsibilidad a un sector clave de nuestra cultura argentina”.
Desde Juntos por el Cambio, Laspina, vicepresidente de la comisión, objetó que “los impuestos de asignación específica son creados ad hoc” y no son coparticipables, por lo que “empiezan a acumular recursos que nadie controla y van a parar a presupuestos que nadie controla”.
“Deberían ser excepciones y, como lo prevé la Constitución, situaciones transitorias. No impuestos permanentes, y menos prorrogables a 50 años”, expresó y cuestionó: “Es una irracionalidad fiscal y conceptual enorme”.
En el final del encuentro, Heller informó que el dictamen de mayoría reunió 27 firmas, solo del oficialismo.
Ayuda a los taxis
Con aval del oficialismo y la oposición, recibió un fuerte apoyo un proyecto para crear un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, impulsado por la diputada Mara Brawer (FdT).
Al defender su propuesta, la oficialista manifestó que esta actividad “ha vivido varios golpes, varias pandemias”, entre las que mencionó “la crisis del macrismo”, el ingreso de aplicaciones y la pandemia.
“Desde 2016 a 2020 el poder adquisitivo de la tarifa de taxis perdió un 80% en relación a la inflación”, apuntó y dijo que actualmente “tenemos taxis circulando con más de 14 años, producto de la crisis del sector”.
Este régimen, al que se invita a las provincias a adherir, prevé el reintegro a los impuestos nacionales -por el plazo de seis años- a todos aquellos que compren un taxi, explicó Brawer, y agregó que los vehículos que se compren deberán contener “entre un 20% y 30% de producción nacional”. “La ley calcula que se renovarán 10 mil autos por año bajo este régimen”, completó la legisladora.
Además, obtuvieron dictamen un proyecto para crear el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar; y otro para declarar Monumento Natural a la especie animal conocida como “Águila Coronada” (buteogallus coronatus).
La Comisión de Salud emitió dictamen de la iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Presupuesto y Hacienda. Incluye además a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el dictamen de un proyecto de una nueva Ley de SIDA, que se trata de derogar la vigente N°23.798, y asimismo incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Además de mantener la garantía del tratamiento en forma gratuita para todos los pacientes, esta iniciativa incorpora nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades.
Al exponer sobre el proyecto, la diputada Carolina Gaillard (FdT) destacó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, y repasó los antecedentes de propuestas que se presentaron anteriormente.
Autora de uno de los textos, la entrerriana señaló que esta nueva ley tiene “un enfoque diferente a la Ley de SIDA que tiene nuestro país, que es una ley que tiene más de 20 años” y que, si bien fue un gran paso, posee “una mirada un tanto biologicista”.
Además, la legisladora enfatizó que la “novedad” es que se contemplará “a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual”, de modo de “atender de manera integral estas enfermedades”.
Entre los puntos destacados que mencionó, la oficialista expresó que en el proyecto se plantea que “las personas que padezcan estas enfermedades puedan jubilarse a los 50 años y que puedan acceder a las pensiones no contributivas cuando cobren por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.
Gaillard resaltó que el VIH es una enfermedad crónica y “estas poblaciones sufren muchos prejuicios y la estigmatización”, por eso “hay una alta informalidad, lo que impide que tengan la cobertura social para poder llevar adelante sus tratamientos”. “Se busca que el Estado tenga la obligatoriedad de garantizar los tratamientos”, agregó.
También enumeró que la iniciativa incluye que la prueba para el diagnóstico del SIDA esté acompañada de una consejería, y un fondo de fortalecimiento para financiar a las organizaciones que trabajan en la temática, entre otros aspectos.
Al concluir, la diputada explicó que se arribó a un consenso para mencionar en el proyecto “de manera genérica a las poblaciones de extrema vulnerabilidad” y no individualizarlas, como en el texto original figuraban, entre ellas, las/os trabajadoras/es sexuales o personas en situación de prostitución, porque “es un debate que todavía no ha sido saldado por el feminismo”. Sobre eso se expresaron luego sus pares Mara Brawer y Mónica Macha (FdT).
El proyecto declara de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
De acuerdo a la iniciativa, se garantiza la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc.-; se prohíbe la realización de la prueba diagnóstico de estas enfermedades en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral; y se aclara que “las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos”.
Entre otros puntos, indica que “todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tiene derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses”.
En lo referido a la prueba diagnóstico, ésta podrá ser: voluntaria, sólo puede efectuarse con el consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial, tanto la prueba como el resultado de la misma; universal, para toda persona que la solicite; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test, en un marco que garantice la correcta vinculación de la persona diagnosticada con los sistemas de salud.
La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) exigió que la diputada de Vamos Juntos se disculpe por haber utilizado el término “peste rosa” durante el discurso que dio en el marco de la exposición de Felipe Miguel.
Luego de que la legisladora de Vamos Juntos Ana María Bou Pérez se refiriera a la epidemia del VIH como “peste rosa”, desde la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un comunicado en el que le exigieron a la oficialista que se retracte por sus dichos.
En el comunicado en cuestión, la RAJAP expresó su “repudio y preocupación por los dichos de la señora legisladora Ana María Bou Pérez el pasado 29 de junio de 2021 en la sesión donde el jefe de Gabinete de la Ciudad presentó su primer informe de gestión” y recordaron que durante su intervención la ex ministra de Salud porteña había afirmado que “empezamos en el 83 con la Peste Rosa, tuvimos otras epidemias, y terminamos en el 2009 con la H1N1. Ya venían nuestros equipos de salud con una carga de trabajo muy interesante”.
Al respecto de sus declaraciones, desde la mencionada organización consideraron que “este tipo de frase contribuye a aumentar el estigma y la discriminación asociada no solo a las personas que vivimos con VIH, sino repercute negativamente en el colectivo LGBTIQ+” y recordaron que “’Peste Rosa’ fue la primera malinterpretación a la denominación del VIH, cuando solo se le atribuía de forma despectiva, discriminatoria y errónea a los homosexuales”.
“Queremos expresar nuestro deseo de que el poder ejecutivo y legislativo de la Ciudad de estar realmente arrepentido se exprese por la totalidad de medios de comunicación social del GCABA, brindando de forma concreta un mensaje que refleje su postura frente a estas formas de expresarse y comunicar adecuadamente”, sentenciaron.
