La diputada nacional Romina Del Plá (FIT) le consultó este jueves, en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre lo ocurrido en octubre de 2022 en Villa Mascardi con la comunidad mapuche que derivó a la detención de una mujer embarazada. “Insistimos en que no se las trajeran a Buenos Aires”, aseguró el funcionario.

“El 4 de octubre de 2022 un operativo conjunto de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Especial de Río Negro, armado por su Ministerio, incluso antes de la orden judicial de desalojo de los predios donde residen miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, incursionaron con más de 250 efectivos sobre quienes allí se encontraban”, contextualizó su pregunta la diputada de izquierda y consultó: “¿Cuáles fueron las supuestas amenazas a la seguridad nacional que llevaron a realizar esta incursión?, ¿No era evidente que allí se encontraban mujeres embarazadas y con niños residiendo en tierras que el propio Estado reconoce como parte del reclamo ancestral de este pueblo originario?”.

Al respecto, el ministro le explicó: “Cuando se producen los últimos ataques, donde hubo tres o cuatro casas que fueron incendiadas, la fiscal nos ordena que nosotros cuidemos la última propiedad que se había incendiado, a lo cual nosotros la llamamos y le dijimos ‘mire doctora usted nos está poniendo en riesgo al personal por una casa incendiada’. Lo explicamos y tuvimos que acceder. Vialidad nacional nos facilitó una casilla para poner nuestro personal que esa misma noche fue agredido con un incendio y luego con 6 disparos de arma de fuego”.

Y siguió: “La orden que dimos fue replegarse, nunca ir al frente en ese caso. Hicimos las notificaciones pertinentes y la jueza Silvina Domínguez decidió el desalojo. Lo tratamos de impedir la situación y yo no puedo decir que no a una orden judicial”.

“Tratamos de no raspar a nadie con un cuidado casi de orfebre para mover pieza por pieza para no lastimar a nadie. Sacamos a quienes teníamos que sacar y cuando sacamos a las mujeres de las cuales había una señora parturienta y dos lactantes insistimos en que no se las trajeran a Buenos Aires”, aseguró Fernández y cerró: “Insistimos tanto que volvieron a su lugar, no fue parte de una decisión nuestra”.

El diputado nacional Gerardo Milman pidió que se cite al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre el operativo de las fuerzas federales en Villa Mascardi.

Los diputados solicitan saber cuántas personas resultaron detenidas por el mencionado operativo; si se han podido detener a las personas vinculadas a las usurpaciones de tierras, actos vandálicos y atentados a la seguridad pública; si hubo violación de los derechos humanos -como asegura la exministra Elizabeth Gómez Alcorta-, si el Ministerio cataloga el accionar de estos grupos como terroristas, delincuentes ordinarios, o pueblos originarios en reclamo legítimo de sus tierras y hasta cuándo estarán desplegadas las fuerzas de seguridad federales bajo el Comando Unificado, y cuáles son las funciones, misiones y objetivos del Comando Unificado al respecto.

Además, consultaron si desde la órbita del Estado Nacional se tiene pensado asistir y resarcir a los vecinos damnificados por el accionar violento de estos terroristas, por las pérdidas materiales y espirituales que han sufrido los habitantes de Villa Mascardi como de otros zonas.

“Es llamativo, al menos a mi criterio, que habiéndose desplegado 250 efectivos, solo se arrestaron a siete mujeres y cinco menores, según los informes de prensa al respecto, no sabiéndose nada sobre los líderes de la usurpación, ni tampoco se conocieron detalles sobre la presencia de al menos 5 integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radicalizada mapuche que es considerada terrorista en Chile, bajo el actual gobierno del presidente Gabriel Boric”, explicó Milman.

“Creo que estamos en presencia de otra ‘obra de teatro’, orquestada por el ministro de Seguridad de la Nación, el abogado y contador Aníbal Fernández. Lo dramático de esta situación es la denuncia y renuncia de una ministra que acusó al operativo de haber violado los derechos humanos de las detenidas. Organizaciones de derechos humanos y dirigentes de La Cámpora se expresaron en similar sentido. Todo esto debe ser aclarado, ya que no es un tema menor para la memoria colectiva de los argentinos”.

Acompañan el proyecto Cristian Ritondo, Waldo Wolff, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Francisco Sanchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Federico Angelini, Aníbal Tortoriello, Karina Bachey, José Nuñez, Alberto Asseff, Matías Taccetta y Sabrina Ajmechet.

“El camino es el diálogo: no a la estigmatización ni a la violencia”, expresó este sábado el Partido Solidario que preside el diputado nacional Carlos Heller, al analizar lo sucedido esta semana en Villa Mascardi, donde el Gobierno nacional intervino a través de sus fuerzas de seguridad para desalojar a una comunidad mapuche de tierras usurpadas.

Para el PSol, “la defensa irrestricta de los Derechos Humanos es una tradición social y política que nos constituye. Es parte irrenunciable de nuestra identidad”.

Por eso, señala el partido de Heller a través de un comunicado, “la represión a los pueblos originarios en Villa Mascardi, en Río Negro, es un hecho que reprobamos y que no se debiera naturalizar”.

“Impulsamos el rápido esclarecimiento de las situaciones donde hubo vulneración de los derechos de niños y mujeres”, expresa el PSOL, que proclama de manera enfática: “No a los desalojos violentos promovidos por sectores económicos especulativos”.

Asimismo consideran “imprescindible generar canales institucionales de diálogo donde estén representados los gobiernos nacionales y provinciales junto a representantes de los pueblos originarios, entre otros actores involucrados en el conflicto”.

El comunicado, que también lleva la firma de Juan Carlos Junio, secretario general del PSol, concluye expresando que “el camino no es el de la estigmatización, la violencia y la marginación. El camino es el diálogo y los acuerdos”.

El diputado Hugo Yasky presentará este martes un proyecto de ley para que el conflicto sobre las tierras reclamadas por pueblos originarios se resuelva por vías pacíficas e institucionales.

Además de repudiar “la represión a los pueblos originarios efectuada en Villa Mascardi”, el diputado nacional Hugo Yasky, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, elaboró un proyecto de normativa que establece un mecanismo de diálogo institucional para resolver los conflictos en el marco de la legislación nacional e internacional.

La propuesta del diputado y secretario general de la CTA se basa en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de 2007 de la Asamblea General de la ONU.

Este convenio ratificado por el Estado argentino y la declaración de Naciones Unidas del 12 de septiembre del año 2007 aprobada por unanimidad que establecen los principios básicos sobre los derechos de las comunidades pertenecientes a pueblos originarios.

La comisión que propone crear Yasky busca resolver las diferencias respetando la Ley 26.160 y los convenios suscritos por nuestro país, que poseen rango constitucional. Por eso contempla la participación de todos los actores involucrados en el litigio: el Gobierno nacional, el Gobierno provincial, representantes de la Cámara de Diputados, representantes de los pueblos originarios, representantes de la Organización Internacional del Trabajo.

Al mismo tiempo, permite garantizar el respeto de los Derechos Humanos de todas las partes afectadas por el problema.

El diputado nacional Gerardo Milman solicitó al Poder Ejecutivo que, mediante el Ministerio de Seguridad de la Nación, brinde información sobre el procedimiento que las fuerzas federales realizaron en la localidad de Villa Mascardi.

Milman, junto a varios diputados de la oposición, se preguntaron por qué con semejante despliegue logístico de fuerzas federales no se logró detener a los líderes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, responsables de la mencionada usurpación, y solo se retuvo a mujeres y niños.

También consultaron sobre las medidas que se han tomado para prevenir futuros atentados y/o represalias sobre la comunidad de Villa Mascardi y zonas aledañas. Haciendo referencia a la vandalización de la iglesia de la Capilla de la Asunción, en Villa La Angostura.

“No cabe duda, que la llegada de un número significativo de efectivos de las fuerzas federales en la comunidad de Villa Mascardi, ha puesto a todos en alerta, especialmente, aquellos a quienes se deberían haber detenidos”, explicó Milman. “Los líderes de la autopercibida comunidad mapuche, no se encontraban en el sitio, sino tan solo mujeres y menores de edad, para dar la imagen de una comunidad pacífica y desprotegida”.

“Es llamativo, al menos a mi criterio, que habiéndose desplegado 250 efectivos, solo se arrestaron a siete mujeres y cinco menores, según los informes de prensa al respecto, no sabiéndose nada sobre los líderes de la usurpación, ni tampoco se conocieron detalles sobre la presencia de al menos cinco integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radicalizada mapuche que es considerada terrorista en Chile”, agregó.

“Creo que estamos en presencia de otra ‘obra de teatro’, orquestada por el Ministro de (in)Seguridad de la Nación, el abogado y contador, Aníbal Fernández”,agregó Milman.

Acompañan el proyecto Cristian Ritondo, Aníbal Tortoriello, Hernán Lombardi, Alfredo Schiavonni, Pablo Torello, Ana Clara Romero, Karina Bachey, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Laura Rodriguez Machado, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Sabrina Ajmechet, Victoria Morales Gorleri y Carlos Zapata.

Mientras siguen las horas de tensión y violencia en la zona de Villa Mascardi luego de la detención de siete integrantes de la Lafken Winkul Mapu, la diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) reclamó la “inmediata libertad”, y apuntó contra el Gobierno nacional porque “impone la misma política represiva que Bullrich”.

“La decisión del Gobierno Nacional de mantener detenidas a nuevas compañeras mapuches luego de la represión de Villa Mascardi, así como la persecución contra el resto de los miembros de la comunidad, es un ensañamiento represivo que busca aleccionar al conjunto del pueblo mapuche”, denunció.

A su vez, apuntó que “el Gobierno Nacional impone la misma política represiva que Bullrich, desde el desalojo y la militarización de la zona. Inclusive, reprimieron a la familia de Rafael Nahuel, quien fuera asesinado por la prefectura bajo el gobierno macrista, sin que el kirchnerismo dijera una palabra contra la represión”. 

Asimismo, declaró que “el desalojo de las comunidades tiene el objetivo de reforzar la entrega de tierras a sectores capitalistas, empresarios como Lewis y hasta a la Iglesia, gran propietaria de tierras”.

“La justicia tolera que Lewis no deje acceder al Lago Escondido, pero actúa con la máxima dureza contra las comunidades originarias”, criticó y cerró: “Rechazamos el traslado a Ezeiza, reclamamos la inmediata libertad de las nueve detenidas y planteamos que se tiene que dar respuestas a los reclamos de tierras del pueblo mapuche”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro-Buenos Aires) aseguró que el operativo que llevaron a cabo las fuerzas federales durante el día martes “fue una simulación”. También agregó que el mismo estuvo “acordado con los líderes usurpadores”.

Milman explicó que “no se detuvo a ningún cabecilla y el Ministerio de Seguridad ordenó a las fuerzas federales abandonar la zona”.

Por último sentenció: “Una farsa del Gobierno nacional cómplice de los terroristas”.

Este martes, fuerzas de seguridad realizaron martes un operativo en las cercanías de Villa Mascardi para desalojar a miembros de la comunidad mapuche que ocupaban terrenos fiscales y privados.

Las fuerzas de seguridad cortaron la ruta 40, donde al menos seis mujeres fueron detenidas por los agentes. Previamente la policía había retirado piedras del camino arrojadas por desconocidos.

A raíz de los hechos de violencia que tuvieron lugar en la zona de Villa Mascardi, Río Negro, con dos usurpaciones y un atentado contra un puesto de Gendarmería Nacional por parte de grupos denominados mapuches, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) adelantó a través de sus redes sociales que presentará un proyecto para declarar el Estado de sitio en esa zona a fin de que se movilicen fuerzas federales “para defender a los vecinos” del lugar.

“Hay que declarar estado de sitio en la zona y luego es cárcel o bala para esos terroristas de mierda (sic). No son mapuches. Son una falta de respeto a ellos y a cualquier reclamo indígena”, disparó el titular de Avanza Libertad a través de sus redes sociales.

El legislador, además, le apuntó a los diputados y senadores de la provincia patagónica al asegurar que “no hacen nada” por el pueblo que “está aterrado”. “No puede ser que algunos ciudadanos de Río Negro vivan aterrados por el accionar de estos maputruchos terroristas, cuando nadie en el Gobierno Nacional ni Provincial hace algo por ellos”, planteó Espert.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó este martes un proyecto ante la Cámara de Diputados para solicitar información respecto de los hechos ocurridos en la ciudad de Villa Mascardi, provincia de Rio Negro, cuando un grupo de desconocidos atacaron e incendiaron una casilla móvil de la Gendarmería Nacional.

El pedido solicita saber cuál ha sido el despliegue de la Gendarmería y/o otras fuerzas de seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. También indaga sobre si es cierto que el mencionado ataque incendiario fue realizado con armas de fuegos. En ese caso, piden indicar si las pericias criminalísticas determinaron el calibre de los impactos de balas.

Si hay faltantes de equipamiento de seguridad, armas de fuegos, municiones, chalecos antibalas, o cualquier otro equipamiento de seguridad de la GNA, piden saber también los diputados encabezados por Gerardo Milman, como así también si en el mencionado ataque criminal se detectó la presencia de menores de edad participando de los hechos.

¿Cuál es el plan de seguridad estratégico del Ministerio de Seguridad sobre la problemática de usurpaciones ilegales de terrenos y ataques vandálicos premeditados al respecto?, pregunta también Milman, como así también qué hipótesis de seguridad estaría trabajando las dependencias de la Secretaria de Seguridad de la Nación como así también en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ante la sucesión de hechos delictivos ocurridos en gran parte de la Patagonia.

Además, “si desde el Ministerio de Seguridad de la Nación están trabajando sobre la probabilidad de involucramiento de Jonas Huala y sus secuaces en los actos vandálicos anteriormente referidos”, y qué medidas de intervención ha formalizado a posteriori del ataque, por parte de la fiscalía interviniente.

“Nuevamente, asistimos azorados a un episodio de violencia inusitada en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río de Negro, cuando este fin de semana último atacaron a palazos, piedras y, según los transcendidos del día de la fecha, también mediante disparos de armas de fuegos a una casilla móvil de la Gendarmería Nacional que estaba apostada allí para resguardar a los vecinos que han sufrido todo tipo de ataques criminales en los últimos tiempos”, manifestó Milman en su presentación.

Y continuó: “Hay que mencionar que la custodia fue dispuesta por orden judicial emitida por la Fiscalía Federal de Bariloche, es decir, por una orden judicial. Vemos que esta problemática violenta en el sur de nuestro querido país viene in crescendo y que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo no se hacen eco ni emiten ningún tipo de comentario o  respuestas efectivas  frente a la amenaza creciente de estas organizaciones transnacionales”.

Acompañan el proyecto los diputados Juan Martín, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Pedro Galimberti, Alberto Asseff, Fabio Quetglas, Germana Figueroa Casas, Francisco Monti, Ana Clara Romero, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Mario Barletta y Francisco Sánchez.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para repudiar el atentado terrorista perpetrado el día 25 de septiembre de 2022 contra una casilla móvil de la Gendarmería Nacional Argentina ubicada en cabaña Los Radales, en Villa Mascardi y expresar su solidaridad con los propietarios del establecimiento y con los gendarmes atacados.

El proyecto fue acompañado por los senadores María Belén Tapia y Julio Martínez.

“Este no es el primer hecho vandálico ni el primer proyecto que se presenta en este Senado sin obtener ninguna respuesta del Gobierno Nacional, el ministro de Seguridad Nacional ni de la justicia en su conjunto. También se canalizó esta cuestión de suma importancia a través de los informes que debe dar en esta Cámara el jefe de Gabinete de Ministros”, explicó el senador de cambiemos.

“Es indudable la complicidad y protección que desde algunos sectores se les da a estos grupos de marginales, que no reconocen el Estado Nacional Argentino como tal, teniendo como única bandera la creación de un Estado Mapuche en la Patagonia argentino-chilena”.

“Esta situación debe ser resuelta por las autoridades nacionales y provinciales en una cooperación efectiva dejando de lado ideologías y mentiras que alimentaron a los marginales hasta llegar a la situación actual”, señaló Blanco.

“La Patagonia Cordillerana parece zona liberada. El ministro de Seguridad se llena la boca con argumentos federalistas y mesas de diálogo que no han avanzado nada mientras crece el sentimiento de desprotección de los vecinos. Hay que terminar con esta pantomima y brindarle a la gente la seguridad que reclaman y merecen”, finalizó el senador fueguino.

La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo, junto a más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio, piden citar a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que brinde información acerca del nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes presuntamente a una agrupación mapuche y explique qué medidas están adoptando desde el Gobierno Nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.

El 23 de noviembre, el Gobierno decidió extender por cuarta vez la vigencia de la ley 26.160 de 2006 mediante el DNU 805/2021 mientras el Congreso se encontraba debatiendo su prórroga.

“El año pasado se frenó el debate en Diputados porque el gobierno prorrogó por DNU la ley hasta 2025. Sigue habiendo una media sanción del Senado sin tratamiento. No hubo informes, la expresidenta del INAI nunca asistió al Congreso así como tampoco las nuevas autoridades y los conflictos se multiplican”, sostuvo la diputada.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate, y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Anoche un nuevo ataque a Gendarmería en Villa Mascardi, y ¿debemos renovarle el presupuesto? No sin que luego de 16 años se informe al Congreso”, publicó Carrizo a través de sus redes sociales.

En efecto, el DNU mencionado le asignó un presupuesto extra de 290 millones por año destinados específicamente al relevamiento de las comunidades, mientras que el presupuesto 2023 que comenzará a discutirse en el Congreso prevé un aumento de más de $500 millones al INAI ($1324 millones) con respecto al presupuesto vigente para 2022.

“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas? Hace poco más de un mes renunció la titular del INAI y aún no se oficializó la designación de su reemplazante, Analía Noriega. Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26.160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyó la Diputada.

El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Danya Tavela, Martín Tetaz, Lidia Ascárate, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Marcela Coli, Carlos Zapata, Marcela Campagnoli, Gabriela Brouwer de Koning, Roberto Sanchez, Paula Omodeo, Gabriela Lena, Pablo Torello, Alberto Asseff, Carolina Castets, Rodrigo De Loredo, Dolores Martínez, Pablo Cervi, Waldo Wolff, Sabrina Ajmechet y Gerardo Cipolini.

En las últimas horas se conoció que un puesto de Gendarmería Nacional en Villa Mascardi, provincia de Río Negro fue incendiado, presuntamente por grupos mapuches. El diputado nacional Gerardo Milman (Pro – JxC) repudió el hecho y le atribuyó responsabilidad directa al Gobierno nacional y al prófugo Jones Huala, líder mapuche.  

A través de su cuenta de Twitter, el legislador mencionó a “la pasividad y el abandono del Gobierno” como causa del ataque y agregó que “es muy probable que el recrudecimiento de la violencia en la Patagonia Norte sea consecuencia de la presencia de Jones Huala en la región”.

Jones Huala es el líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien desde febrero de este año está prófugo de la Justicia, y en 2013 fue condenado por el incendio de una vivienda habitada y tenencia de armas de fuego.

El lugar incendiado ya había sido vandalizado el pasado primero de agosto, por lo que Milman remarcó que “estos hechos son muy graves en nuestro país”, y concluyó: “El sur está en peligro”.

Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre advirtieron que luego de tres meses de haber solicitado al procurador nacional del Tesoro, Carlos Zannini, explique el retiro de la querella de la Administración de Parques Nacionales en la causa por la usurpación de tierras en Villa Marcardi, no se han brindado respuestas y los incidentes y hechos de violencia siguen sucediendo como los protagonizados recientemente por un grupo de encapuchados en la ruta 40.
Los diputados insisten en que la Procuración debe explicar los fundamentos en los que se basó para justificar la evasión de responsabilidades propias de la Administración de Parques Nacionales en la fiscalización de tierras de propiedad del Estado Nacional para evitar la usurpación de las mismas.

Alfredo Cornejo señaló: “El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión”.

Para la diputada Latorre, “Zannini abandonó la defensa del Estado Nacional al ordenar que Parques Nacionales deje de ser parte del juicio por la usurpación de tierras. Hace ya tres meses que pedimos explicaciones sin ninguna respuesta. Solo sabemos con certeza que este gobierno no respeta el derecho de propiedad ni defiende el patrimonio de los argentinos como en el caso de las tierras en Parques Nacionales”.

Según los diputados, el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable.

La Procuración del Tesoro representa o patrocina al Estado Nacional en juicios de relevante significación económica o institucional, cuando el Presidente de la Nación así lo determina, o por decisión del Procurador, en uso de una facultad delegada.

Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.
Al respecto, el artículo 4º de la Ley N° 17.516 prevé que el Estado podrá asumir la función de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público y, particularmente, cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales.

Por todo lo expuesto, los diputados solicitan nuevamente a la Procuración Nacional del Tesoro que informe acerca de las acciones llevadas adelante relativas a la causa judicial señalada.

Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, solicite a la Administración de Parques Nacionales dejar sin efecto la decisión de retirar la querella y no impulsar la elevación a juicio de la causa que investiga la usurpación de tierras en “Villa Marcardi”. Además se solicita evaluar la responsabilidad de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo.

Por esta resolución conjunta firmada por el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos “a no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en la causa judicial caratulada “JARAMILLO MARTHA LUCIANA Y OTROS S/ USURPACION ART. 181 C.P. (EXPTE. Nº 26.511/2017)” en trámite por ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche”.

La medida resulta de una gravedad institucional sin precedentes, sostienen los legisladores de Juntos por el Cambio, atentos a que la APN es el organismo guardián de los Parques Nacionales, tiene a su cargo el control y fiscalización de dichos parques que son propiedad del Estado Nacional, evadiendo así sus responsabilidades primordiales ínsitas en la Ley 22.351.

“No nos sorprende que detrás de estas intromisiones en la justicia esté el señor Eduardo Zanini, que no quedará en la historia de nuestro país por la defensa de los intereses de los argentinos” afirmó Alfredo Cornejo.

“Una vez más somos testigos del manejo discrecional que hace este gobierno de la propiedad del Estado y en este caso además va en contra de los intereses de los recursos naturales del país”, sostuvo la diputada Jimena Latorre.

Entre los fundamentos que motivaron la medida se destaca la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación que refiere a doctrina de “larga data” según la cual “la decisión de iniciar o no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales … supone una evaluación de oportunidad y prudencia política, que constituye una función ajena a este organismo, toda vez que las funciones de promover o contestar acciones están a cargo de las respectivas autoridades superiores del organismo pertinente (…)”. (Nota N°2021-54857139-APN-PTN).

Se alega, además, que según surge del Acta N° 35/2021, en el marco de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se le requirió a la APN que no eleve a juicio la causa en los términos del Artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu.

Es decir, la Administración de Parques Nacionales, está desligándose de la responsabilidad de su función propia en relación a las áreas protegidas nacionales, nada menos que ante la existencia de un delito de usurpación, que nada tiene que ver con los derechos reconocidos por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994, relacionado al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina.

Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias correspondientes a la descripción del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.

“Es así que el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable. El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo referido, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión” concluyó el documento firmado por los diputados.

La senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) presentó un pedido de informes luego de que el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, fuera demorado en el ingreso a San Carlos de Bariloche, cuando trasladaba a integrantes de una comunidad mapuche.

Según trascendió, Pilquiman conducía el vehículo propiedad del INAI sin la documentación reglamentaria y fue demorado por personal de control municipal que le secuestró la camioneta.

En declaraciones a La Nación, el funcionario descartó que trasladara a integrantes del lof Lafken Winkul Mapu, que lleva adelante la toma de tierras en Villa Mascardi.

“Venía de la zona de Coquelén con una familia de la comunidad mapuche de Cerro Alto que me pidió por favor los trajera hasta Bariloche porque tenía que hacer trámites”, se defendió Pilquimán.

En su pedido de informes, Rodríguez Machado solicitó que se expliquen las razones por las que Pilquimán se encontraba trasladando a personas de la comunidad mapuche en pleno aislamiento social.

“Actualmente rigen en todo el país los decretos del Poder Ejecutivo dictados por la pandemia que prohíben la circulación de personas, salvo excepciones vinculadas estrictamente a la prestación de trabajos esenciales”, argumentó.

La senadora sostuvo que “este es un hecho que debe ser investigado. No pueden quedar dudas respecto del accionar de las autoridades públicas nacionales, como así tampoco de su posible vinculación con hechos delictivos”.

Aliado del Gobierno nacional, el exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck salió al cruce de la denuncia hecha por la ministra de Seguridad de la Nación contra vecinos de Bariloche que salieron a las calles para protestar contra la toma de tierras que se está dando en esa zona de nuestra Patagonia.

“La denuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que se manifestaron pacíficamente a favor de los ciudadanos que son atacados y violentados en forma sistemática por un grupo de personas encapuchadas autodenominadas integrantes de una comunidad mapuche que ocupan un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi, es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”, disparó el senador nacional.

“El no reconocimiento de la Argentina como Nación, el no reconocimiento de nuestros Símbolos Patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, y el no reconocimiento a la propiedad estatal y privada, es la postura ideológica de este grupo violento y extremo que se autodenomina ‘Lof Lafken Winkul Mapu’ y ni siquiera está inscripto en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, denunció el legislador.

En ese sentido señaló que “pensar que este conflicto es simplemente de carácter local o por la tenencia de algunas hectáreas de tierra pública, es de funcionarios inocentes. Hay datos creíbles de que hay activistas infiltrados en la toma que provienen de agrupaciones con asiento en provincia de Buenos Aires”.

El exgobernador rionegrino afirmó que este conflicto “tiene su inspiración y modelo en el conflicto que se da en la Araucanía Chilena, de enorme gravedad en todos los aspectos, con pérdidas de vidas, violencia y alto costo económico. Aquí roban, destrozan, queman, amenazan y lesionan a la gente de la Villa Mascardi y a quienes transitan por la Ruta Nacional 40. Poseen armas de fuego largas y cortas, y las han usado en varios de los actos delictivos cometidos, además de armas blancas, boleadoras, gomeras y palos”.

Weretilneck reconoció que el diálogo y la resolución pacífica es “el único camino para encontrar una salida, pero para ello hace falta una mayor presencia del Estado Nacional y un compromiso estable y permanente: exigimos una urgente solución a este conflicto”.

A través de su cuenta de Twitter, Weretilneck le pidió a Sabina Frederic: “Señora ministra, no es responsabilizando a la provincia de Río Negro y tratando el conflicto como un tema de delitos menores. Su gobierno tiene un problema mayor, en nuestro país se debe cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas”.

Un grupo de diputados pidieron al Gobierno nacional informar cuál es la situación, acciones realizadas y las previstas, dado el agravamiento de los conflictos en la zona del Lago Mascardi en Bariloche, provincia de Río Negro.

La iniciativa fue presentada por los diputados de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, Jorge Enríquez, Lorena Matzen, Estela Regidor y Hernán Berisso.

Asseff pide además que dicho informe detalle, si existen, las acciones iniciadas ante los fueros provincial y federal debido a la usurpación sistemática de propiedades; y pregunta si el Gobierno argentino comparte la visión de los vecinos de Villa Mascardi, que manifiestan que “la soberanía argentina está en riesgo”.

Dada la gravedad de los hechos ocurridos en el sur, el presidente del Partido UNIR solicita conocer cuáles son “las políticas de seguridad federal instrumentadas ante el avance violento y constantes amenazas de los grupos identificados como ‘resistencia ancestral mapuche’”, así como saber si los integrantes de dicho grupo están identificados.

Por último, el diputado de JxC recordó que “en el mes de mayo solicité un pedido de informes por los hechos de violencia que se estaban produciendo en la zona del Lago Mascardi”, y lamentó que habiendo pasado tres meses no ha habido respuesta y el conflicto “ha escalado a niveles significativos”.

Asseff recalcó que “el país está siendo víctima de un grupo terrorista que, bajo la excusa de reivindicar derechos nativos, indígenas y sociales, acuden a la utilización de la violencia para imponer sus presuntas ideas y objetivos materiales”, y concluyó diciendo que “es inadmisible” que en un estado de derecho exista un grupo radicalizado que utiliza la violencia para imponer derechos que no tienen probados.