Vilma Ibarra aclaró que Doñate “cumple con los requisitos” para ser consejero

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación negó la validez de la denuncia de Alejandro Fargosi contra la designación del senador de La Cámpora.

Martín Doñate “cumple con todos los requisitos legales para asumir el cargo” de consejero de la Magistratura, afirmó este jueves por la noche la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Al salir al cruce de la denuncia efectuada horas antes por el exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, la funcionaria le atribuyó al mismo “un claro desconocimiento de la ley vigente” al haberse presentado ante la justicia afirmando que Doñate no puede ser miembro del Consejo de la Magistratura por no tener 8 años de profesión de abogado.

“Su presentación tuvo amplia difusión en los medios y en las redes. Estos temas legales son áridos y para saber si lo que dice es verdadero o falso, es necesario analizar leyes y fallos. Pero sus dichos, muy difundidos, generaron dudas, confusión y tuvieron repercusión política”, observó Vilma Ibarra.

A través de un hilo de tuits, la funcionaria continuó: “Yo no sé si se trató solo de desconocimiento de la ley de parte del abogado o si tuvo alguna otra intención. Pero la ley hoy vigente, teniendo en cuenta el último fallo dictado por la Corte Suprema, no exige el requisito de 8 años de abogado, el que se eliminó en 2013”.

“Es importante hacer estas aclaraciones porque estas denuncias, que se repiten y circulan, sugieren que quienes proponen al senador Doñate como Consejero en la Magistratura, incumplen la ley. Es al revés, lo que ha sostenido el abogado Fargosi está fuera de la ley”, afirmó Ibarra, que fundamentó sus dichos señalando que “el art. 4 de la ley 24.937 (1997) establecía el requisito de 8 años de abogado para ser consejero. Luego, la sanción de la ley 26.080 en el año 2006 modificó diversos artículos de la ley 24.937, pero no su artículo 4, que se mantuvo vigente”.

Ese artículo sí fue sustituido por el art. 5 de la ley 26.855 (2013). Esta ley modificó la 24.937, eliminó el requisito de 8 años y requirió para desempeñar el cargo, las condiciones exigidas para ser diputado y respeto al estado de derecho y a los derechos humanos, agregó Vilma Ibarra.

A continuación, la secretaria señaló que “esta Ley 26.855 fue declarada inconstitucional en algunos de sus artículos, no en todos, por el fallo Rizzo. Su artículo 5, que sustituía el artículo 4 anterior, no fue declarado inconstitucional y por lo tanto continuó vigente”.

“El último fallo de la CSJN (Colegio de Abogados de la Ciudad) tampoco declaró inconstitucional ese artículo que exige los requisitos para ser diputado y que sustituyó la exigencia de 8 años de profesión de abogado. Por lo tanto, sigue vigente en la actualidad”, agregó Vilma Ibarra, que concluye afirmando que “el senador Doñate cumple con los requisitos legales exigidos para integrar el Consejo de la Magistratura y eso surge de una lectura atenta de las leyes y de los respectivos fallos de la Corte Suprema. Lo demás es grueso error jurídico o falsedad para obtener rédito político”.

Ibarra ratificó sus dichos: “Los tiempos del Congreso no están previstos para estas emergencias”

Por sus declaraciones en la conferencia de prensa del viernes pasado, los radicales Luis Naidenoff y Luis Petri salieron al cruce de la funcionaria, que insistió con defender la decisión del Ejecutivo de modificar la Ley de Vacunas por DNU.

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ratificó este martes ante legisladores sus declaraciones sobre los “tiempos” del Congreso y la “necesidad” de tener “cuanto antes” la modificación de la Ley de Vacunas, defendiendo así el Decreto de Necesidad y Urgencia 431/21 emitido por el presidente.

Luego que el senador Luis Naidenoff (UCR) -jefe de Juntos por el Cambio en el Senado- y el diputado Luis Petri (UCR) le salieran al cruce por sus dichos en la conferencia de prensa del viernes pasado, la funcionaria sostuvo: “Los tiempos del Congreso Nacional no están previstos para estas emergencias”.

“La Ley 27.573 se presentó el 23 de septiembre, se votó en fines de octubre y se promulgó en noviembre. Gracias a que hubo esta ley, que el legislador no votó (en referencia a Petri), nosotros pudimos contratar y traer millones de vacunas a Argentina”, lanzó.

Ibarra, exlegisladora, también le contestó a Naidenoff: “Yo le tengo un enorme cariño al senador Naidenoff, con quien compartí seis años la banca, y yo soy una persona de buena fe y me expresé de muy buena fe en la conferencia de prensa”.

“Allí dije muy claramente que en tiempos de emergencia es muy difícil que se compatibilicen los tiempos del Congreso con las urgencias”, dijo y justificó que “por eso existe en la Constitución Nacional el artículo 99, inciso 3”.

Para la secretaria Legal y Técnica, cuando se aceleran las curvas de contagios “hay que tomar una decisión inmediata”.

Aunque reconoció que en pandemia “han trabajado mucho legisladores y legisladoras en forma virtual y han hecho una enorme producción de leyes”, Ibarra insistió que para “la urgencia y la rapidez en el tiempo para responder a ciertas situaciones, precisamente está el artículo 99, inciso 3”.

“Nos vimos obligados a firmar un DNU por la necesidad de contar cuanto antes con las donaciones que hay de otros países, con las vacunas que podemos recibir del mecanismo COVAX, y sobre todo para poder avanzar en los contratos, a fin de traer vacunas pediátricas y poder vacunar a nuestros niños y adolescentes con comorbilidades”, añadió y subrayó que “hace 10 meses no había vacuna pediátrica autorizada; hace un mes que está disponible”.

En el tramo de las preguntas, Petri le preguntó desde cuándo el Poder Ejecutivo estaba notificado de los “graves inconvenientes” que obligaron a este decreto. Recordó entonces que el proyecto tuvo en su momento un tratamiento “prácticamente exprés” y que el Gobierno “sabemos que está notificado desde el 15 de diciembre, cuando el representante de Pfizer en la Argentina le mandó una carta a Ginés González García diciéndole que el marco normativo requería modificaciones. Y le habló del tema de la ‘negligencia'”.

“¿Por qué no se discute en el Congreso de la Nación y se opta por el camino del DNU?”, le reclamó el diputado mendocino, haciendo hincapié en los dichos de Ibarra respecto de que el Congreso no está preparado para actuar en tiempo de pandemia.

Por su parte, Naidenoff le dijo a Ibarra que no podía pasar por alto lo de que el Congreso no está preparado para actuar en tiempo de pandemia. “Menosprecio de los propios legisladores y la falta de compromiso en el marco de la pandemia. En 2020 el Congreso logró un funcionamiento a niveles históricos a través de la virtualidad, precisamente por la pandemia”, destacó.

“Si hay un ámbito que está preparado para discutir en tiempo de pandemia es en el Parlamento”, señaló el senador formoseño, que le recordó a la funcionaria haber sido “parte de este Congreso”

Ley de Vacunas: Ibarra aclaró que “la palabra negligencia nunca fue el único reclamo” de los laboratorios

La secretaria Legal y Técnica defendió las modificaciones mediante un DNU, y dijo que se hizo para contar con más vacunas “cuanto antes”. Destacó el trabajo realizado para “poder acercar posiciones que estaban muy lejos”.

Ante la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aclaró que “la palabra negligencia no era y nunca fue el único reclamo” de algunos laboratorios para cerrar acuerdos con Argentina por vacunas, entre ellos Pfizer.

Al defender las modificaciones a la Ley de Vacunas a través del DNU 431/21, la funcionaria manifestó que era “rápido, importante, necesario y prioritario” para poder contar “cuanto antes” con vacunas que permitan vacunar a menores de 18 años.

“Hemos hecho un enorme trabajo técnico y jurídico para poder acercar posiciones que estaban muy lejos”, remarcó.

En primer término, Ibarra ratificó que desde la aparición de las vacunas el Gobierno trató de “avanzar en conversaciones con todos los laboratorios con los que fuera posible para contratar vacunas, y contar con la mayor cantidad de vacunas”.

“Las cláusulas requeridas por los distintos laboratorios del mundo o países soberanos que venden vacunas no permitían tener acceso a las mismas en el marco de las reglas comunes de contrataciones del Estado”, explicó la funcionaria, y recordó entonces la sanción de la Ley de Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid (N°27.573).

Pfizer “fue uno de los primeros laboratorios con los que se habló”, remarcó Ibarra, que agregó que esa vacuna “fue la primera que se aprobó en Argentina para su utilización”, pero para la contratación “surgieron algunos inconvenientes porque plantearon el ingreso de algunas cláusulas en los contratos que no estaban autorizadas por las normas que contenía la ley”.

La secretaria Legal y Técnica dijo entonces que “la única opción posible era una modificación de la ley” y justificó: “¿Por qué se decidió un Decreto de Necesidad y Urgencia? Porque hay necesidad y porque hay urgencia”.

“Hace un mes aproximadamente se aprobó la vacuna Pfizer para uso pediátrico, para niños y jóvenes de 12 a 18 años”, señaló, y sostuvo “la importancia de contar con esta vacuna para vacunar cuanto antes” a este grupo, y especialmente a los menores con comorbilidades.

En esa línea, consideró que el cambio en la ley era “rápido, importante, necesario y prioritario”. Y además de poder firmar futuros acuerdos con los laboratorios, también “vamos a poder acceder rápidamente a donaciones de otros países” y a “la provisión de vacunas de laboratorios norteamericanos a través del mecanismo COVAX” de la OMS.

Al detallar las modificaciones realizadas por decreto, Ibarra destacó la creación de un Fondo de Reparación y habló de la “eliminación del concepto de negligencia como atributo de responsabilidad”. En este sentido, aclaró que esa palabra “no era y nunca fue el único reclamo. Todo hubiese sido más sencillo si el reclamo era solo la eliminación de esa palabra”.

Sobre un punto que levantó la alarma de Juntos por el Cambio, la funcionaria precisó que “se elimina la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina” pero “estas regalías de ninguna manera incluye a las de las provincias”.

“Este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional, mal podría ir un acreedor a cobrarle a un Estado distinto. Responde el Estado Nacional y al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional, de ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales”, reforzó.

Entre otros puntos, ponderó que se incorporó “la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS” al “estado de bienes con inmunidad soberana”, por pedido del presidente Alberto Fernández y “para que no quedara ninguna duda ni ninguna confusión respecto a los fondos de jubilados y pensionados”.

La secretaria Legal y Técnica defendió que el DNU “es producto de una larga negociación”. “Esto no es ir a la esquina a comprar un paquete de galletitas. Son laboratorios internacionales, con casas matrices, con asesores globales, que tienen normas globales que los regulan y hemos hecho un enorme trabajo técnico y jurídico para poder acercar posiciones que estaban muy lejos”, completó.

Diputados salen al cruce de los argumentos de Vilma Ibarra para saltear al Congreso

Luis Petri y Dolores Martínez replicaron a la funcionaria que justificó el DNU sobre vacunas diciendo que los tiempos del Parlamento no se adecúan a las pandemias.

“El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia”, señaló la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, el viernes al justificar que el Gobierno apelara a un Decreto de Necesidad y Urgencia para adecuar la Ley de Vacunas y poder firmar un contrato con Pfizer.

“Son los tiempos del Congreso”, agregó quien conoce muy bien al Parlamento por haber pasado por ambas cámaras.

Previsiblemente le salieron al cruce desde la oposición. El diputado nacional Luis Petri (UCR – Mendoza) replicó que “esas siempre fueron las excusas de las dictaduras y los autoritarismos,  ahí nos quieren llevar! No pasarán!”, tuiteó, para concluir advirtiendo que “d la pandemia se sale con más Democracia, más República y más cumplimiento de la Constitución, sin atajos ni excusas para no acatarla. Utilizan la pandemia para concentrar poder, limitar derechos y eludir sus responsabilidades”.

A su vez, la también radical Dolores Martínez (CABA) se hizo eco también de los dichos de Vilma Ibarra para señalar que “es curioso que con la experiencia que tiene la secretaria Legal y Técnica como diputada y senadora no juzgue que el Congreso puede trabajar con celeridad si se le comparte información de forma transparente y abierta, sin tener que reclamarla de forma permanente”.

“Solo un ejemplo es nuestro pedido para que los contratos de vacunas sean publicados, aunque sea parcialmente, presentado hace 2 semanas. Cuando unos tienen toda la información y la limitan, los tiempos se dilatan”, apuntó la legisladora.

2654-D-2021

Otro ejemplo, dijo, “es el proyecto de @carmenpolledo, rechazado en el recinto por el oficialismo y que hace un mes duerme en la comisión de salud. Acusar al Congreso de no responder, cuando lo hace, es una forma de discriminarlo en la toma de decisiones”.

Ibarra: “El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia”

DNU sí; debate en el Parlamento, no. El Gobierno explicó porqué optó por firmar un decreto de necesidad y urgencia y evitó que fuera el Congreso de la Nación el que modificara el marco normativo de la ley N° 27.573 de Vacunas contra el Covid-19.

En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, no dejó lugar a duda cual es la visión del Gobierno nacional respecto al Parlamento: “El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia”.

Vilma Ibarra, ex senadora (2001-2007) y ex diputada nacional (2007-2011), sentenció: “Son los tiempos del Congreso”, en referencia a porque no se envió un proyecto de ley por parte del Ejecutivo para corregir o adecuar el actual marco normativo que impide firmar contrato con el laboratorio americano Pfizer para comprar las vacunas contra el coronavirus.

En ese sentido, profundizó: “Se hizo por decreto porque el Congreso nacional tiene que tratarlo en comisión, esperar los días de publicación, tiene que pasarlo al plenario, hay que discutirlo en general y en particular, aprobarlo, hay que comunicar a la otra cámara, esta cámara empieza el tratamiento en comisión, y así sigue todo el trámite legislativo”.

Las pandemias no siguen los tiempos parlamentarios”

Allí, sin especificar, hizo referencia a la demora en la sanción de la ley de Emergencia Covid-19 que está frenada en la Cámara de Diputados: “Todavía hay proyectos que todavía no se trataron. Tardan en tratarse”, remató.

Sin rodeos, Ibarra aseguró que “se dictaron tantos decretos de necesidad y urgencia porque los contagios no siguen los tiempos parlamentarios”.

“Las pandemias no siguen los tiempos parlamentarios como tampoco siguen los límites territoriales y como nosotros tenemos que cuidar la vida y la salud de la gente, estamos dictando un DNU para tener cuanto antes un marco legal acorde y cuanto antes tener vacunas pediátricas”.

“Se hizo por DNU para que las negociaciones con los laboratorios sea lo más rápido que se pueda porque sabemos la necesidad que tenemos de contar con las vacunas pediátricas que se pueden utilizar en menores”, enfatizó.

Respecto a lo ocurrido este jueves en Diputados cuando la bancada oficialista rechazó tratar una modificación de la ley de Vacunas contra el Covid-19 que impulsaba la oposición para poder adquirir las vacunas de Pfizer, Ibarra fue contundente: “Menos mal que no se votó esa propuesta de la oposición porque sino no podíamos firmar contrato con los nuevos proveedores”.

“Tenemos que ser responsables. Estamos en una pandemia. La situación es preocupante porque está en juego la vida, la salud y hay que ser responsables. Nadie de la oposición estuvo sentado en la mesa de negociación con los laboratorios y uno sabe como se ha trabajado con mucho esfuerzo. Pueden decir ‘sacamos esta palabra’ o ‘ponemos la otra palabra’, pero no es así el trabajo de armar un marco legal. Se hizo un arduo trabajo con mucha rigurosidad y responsabilidad”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Salud Carla Vizzotti coincidió: “Las pandemias no tienen los tiempos legislativos y cuando surgen las oportunidades concretas, hay que generar acciones concretas”.

Ibarra: “No son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Ejecutivo”

Así lo aseguró la funcionaria en referencia al proyecto de ley para regular las restricciones sanitarias según riesgo epidemiológico.

En una exposición ante el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado este miércoles, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, defendió el proyecto de ley del Ejecutivo para regular las medidas sanitarias durante la pandemia. Aseguró que todas las medidas se basan en una investigación de la experiencia internacional y argumentó que las delegaciones legislativas que se generarían para el Ejecutivo “no son muchas”.

La secretaria legal consideró que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo nacional. La mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica”.

En el mismo sentido, justificó el proyecto al opinar que “no se puede pensar que el Gobierno federal se quede mirando una situación donde se llega muy cerca del desborde del sistema de salud y con tan alto número de contagios que generan que debamos lamentar una cantidad de muertos importante”.

Ibarra insistió en la clasificación propuesta en la iniciativa entre regiones de riesgo epidemiológico bajo, medio y alto para explicar que el presidente sólo ejercería su potestad en el último caso. “Cuando ya se han tomado medidas por competencias propias de gobernadores y gobernadoras, y cuando las medidas adoptadas por la propia ley no han sido suficientes”, entonces “nos parece totalmente razonable que el presidente de la nación adopte medidas adicionales a fin de evitar que en este lugar pase una situación de riesgo”, aseveró.

“Esta es una fundamentación basada en los principios más básicos que tenemos, que es el cuidado de la vida y la salud en el marco de una pandemia de las características de esta”, agregó la funcionaria, que insistió: “Consideramos más que razonable y justificado que el presidente de la nación pueda adoptar decisiones adicionales si es que no alcanzan o se considera que no alcanzan las que están funcionando en esta situación”.

La secretaria Legal y Técnica también se refirió al conflicto por las clases. Declaró: “Todos queremos tener clases presenciales. Creemos que es la mejor manera, la forma más plena de acceder al derecho a la educación. Y precisamente para poder garantizar ese derecho no queremos que se desborden los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma. Que de alto riesgo se baje a mediano riesgo”.

En cuanto a la actividad económica, reiteró una vez más que “todos y todas queremos volver a la normalidad” y prosiguió:  “Estamos teniendo que hacer frente a un desafío muy grande que es esta pandemia, y en este marco les proponemos una gestión de esta pandemia con respeto federal y con un esquema razonable, escalonado de responsabilidades compartidas”.

Por otro lado, agregó a la justificación del proyecto que “todas las medidas que se preveen en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el presidente de la nación, van a tener que estar sometidas a algo que nos parece muy interesante que es el chequeo de su eficacia“. Y explicó: “Se establece un máximo de 21 días para que  se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se”.

Nos hemos ocupado de ir a textos de algunos fallos de juzgados internacionales y de tribunales internacionales para ver frente a demandas de restricciones cuáles eran los argumentos. Y todos tienen los mismos debates que tenemos acá. Efectivamente estas situaciones son intensas, restringen derechos, que estamos acostumbrados a ejercer en forma amplia”, argumentó también.

Funcionarias del Gobierno siguen el debate desde el Senado

Quince ministras, funcionarias y colaboradoras del Gobierno fueron invitadas expresamente por la presidencia del Senado a presenciar el debate sobre la legalización del aborto desde el Salón Azul.

Ministras y funcionarias del Gobierno presencian desde el Salón Azul de la Cámara alta la sesión en la que se debate el proyecto de legalización del aborto, que cuenta con media sanción de Diputados. 

Invitadas expresamente por la presidencia del Senado, las mujeres llegaron antes del inicio del debate, que arrancó oficialmente a las 16:08, y se repartieron entre los sillones del tradicional Salón Azul y los palcos que permiten observar directamente el recinto. 

Las invitadas especiales son las ministras de Seguridad Sabina Frederic, y Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; las secretarias Legal y Técnica Vilma Ibarra, de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, y de Evaluación Presupuestaria Cecilia Todesca; la titular de Aysa, Malena Galmarini; la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

La lista de presencias incluye además a la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la exdiputada Juliana Di Tullio; la abogada feminista y jurista Marisa Herrera (que integra el consejo asesor que propuso reformas para el Poder Judicial); la ministra bonaerense Estela Díaz (Mujeres), y la titular del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Científico y Universitario bonaerense, Florencia Saintout. 

Vilma Ibarra remarcó que la IVE busca “disminuir los embarazos no intencionales y los abortos”

Al defender la propuesta oficial ante los senadores, la funcionaria sostuvo que esta ley es esperada no porque alguna mujer esté esperando embarazarse para luego abortar. Las mujeres no nos embarazamos para abortar”.

Autora de buena parte del texto del proyecto que se debate en el Congreso sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, expuso este lunes en el inicio del tratamiento del aborto en el Senado, haciendo una presentación legal no solo de ese proyecto, sino también el de los Mil Días.

Sobre ese tema habló al principio, calificándolo como “un proyecto muy robusto, muy consistente, que marca que el Estado quiere estar cerca porque valora y considera importante los proyectos de maternidad”, puntualizó, recordando que muchas veces las circunstancias de extrema pobreza generan momentos difíciles. El Estado quiere acompañar esas paternidades y por eso se presenta este proyecto de Mil Días, que incorpora una serie de beneficios, como una nueva asignación, la identificación temprana de niños y niñas recién nacidos.

Asimismo recordó que el proyecto en cuestión tuvo una aprobación “unánime” en Diputados, y remarcó que “marca una idea de plantear cuál es la mirada del Poder Ejecutivo respecto a este tema”.

Al pasar al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Vilma Ibarra recordó que esa fue una promesa que se hizo en la campaña electoral, por lo tanto los que votaron a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sabían que “esta era una propuesta que se planteaba y que se iba a presentar, y fue un trabajo que se hizo por indicación del presidente de la Nación, en el marco de una comisión interministerial integrada por el Ministerio de Salud y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, y yo coordinando el equipo”.

¿Cuál es la idea? “Nosotros pensamos que tenemos que hacernos cargo como sociedad desde el Estado de un gravísimo problema que afecta a las mujeres, que es el aborto clandestino. Presentamos el proyecto con la convicción de que solo no alcanza. Quiere evitar muertes evitables, abortar es un problema de salud pública; disminuir los embarazos no intencionales, la cantidad de abortos y prevención de violencias y abusos, sobre todo en niñas y adolescentes. Tiene que ser una política de Estado, que es absolutamente necesaria para reforzar estas políticas”, señaló la funcionaria.

Agregó Ibarra que “todo este conjunto de medidas tiene que llevar a disminuir los embarazos no intencionales y los abortos, que hoy se acercan a cifras muy preocupantes que nos interpelan”.

Recordó a continuación que la amenaza punitiva planteada desde el siglo XIX “ha fracasado como  política; primero porque no ha servido para disuadir los abortos; lo que ha sucedido es que las mujeres acuden a los abortos clandestinos. Para muchísimas mujeres, la maternidad forzada no es una opción, y yo no me siento capaz de juzgarlo”.

“Para esas mujeres que a veces están solas, angustiadas, jovencitas, niñas que ni siquiera advierten su situación de embarazo, se empieza a extender el embarazo, poniendo en riesgo su salud”, apuntó la secretaria de Legal y Técnica. Y agregó: “Sucede en la Argentina y a esas mujeres, el Estado hoy propone procesos penales, cárcel, riesgo de vida y de su salud. Queremos tratarlas con dignidad”.

Vilma Ibarra explicó que la interrupción voluntaria del embarazo se implementará a través de “métodos seguros no quirúrgicos ambulatorios, a través de fármacos”, además de suministrárseles información sobre salud reproductiva y salud sexual. “Esto nos permitiría disminuir el número de embarazos no deseados y el número de abortos”, precisó.

Ibarra recordó entonces que ella trabajó mucho tiempo sobre el proyecto de matrimonio igualitario, y en esos días decía que era un proyecto al que mucha gente estaba esperando que se sancionara para comenzar a ejercer esos derechos. En el caso de esta ley, en cambio, “se espera no porque alguna mujer esté esperando embarazarse para luego abortar. Las mujeres no nos embarazamos para abortar”.

Señaló luego que “la clandestinidad genera también un negocio del aborto clandestino y todo esto creemos que ha llegado el momento que el Estado se haga cargo”, y agregó que el aborto legal existe en España, Francia, Italia, Suecia, Alemania, Canadá, Brasil, Uruguay y en muchísimos otros países. “Todos han tenido este debate”, admitió.

Concluyó su exposición señalando que “si este proyecto de ley se aprueba, nosotros no vamos a violentar las ideas, ni las creencias de nadie. Este proyecto no violenta las creencias de nadie, cualquier persona va a poder seguir viviendo según sus creencias, y va a poder seguir tomando sus decisiones según sus creencias. Sin embargo algo habrá cambiado: vamos a tener menos infecciones a causa de abortos clandestinos; menos perforaciones intrauterinas; menos sufrimiento de mujeres; menos afectaciones a la salud y menos muertes evitables. Nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales, que haya menos abortos, y lo vamos a conseguir con políticas sustantivas. Queremos más derechos reproductivos, más embarazos deseados, más salud, más familia y más vida”.

Ibarra enfatizó que “ha fracasado la política de penalización del aborto”

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, redactora del proyecto, valoró que “el presidente recoge una lucha histórica de miles de mujeres” y resaltó que se trata de atender a aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad.

gines gonzalez garcia elizabeth gomez alcorta vilma ibarra plenario proyecto aborto legal

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, fue la primera oradora en abrir este martes el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, enviado por el Gobierno nacional, y sostuvo que en Argentina “ha fracasado la política de penalización del aborto”.

La funcionaria, quien estuvo a cargo de la redacción del texto, destacó el envío de la iniciativa junto a otra, la del “Programa de los Mil Días”. “Son dos proyectos que dialogan, que van conjuntamente”, señaló y, sobre el referido a acompañar a la madre y los niños en los primeros años de vida, expresó que tiene como objetivo mostrar que “el Estado está allí acompañando los proyectos de maternidad, que el Estado los valora”.

“No queremos que ninguna mujer decida interrumpir su embarazo por condiciones de vulnerabilidad o escasos recursos”, resaltó.

Ibarra recordó que el proyecto de aborto legal fue una promesa electoral del Frente de Todos y, además, se anunció en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso este año. “El presidente de la Nación recoge una lucha histórica de miles de mujeres que nos precedieron”, valoró.

En su exposición, la secretaria Legal y Técnica hizo un especial reconocimiento a las “mujeres pioneras” en el tema y a las militantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que “han llevado adelante una lucha importantísima en nuestro país”.

La funcionaria destacó que el proyecto “fue redactado en una comisión interministerial” y “es fruto de un trabajo en equipo”. Al enviar esta iniciativa al Parlamento, el Poder Ejecutivo busca “visibilizar el enorme problema que tenemos en la Argentina con los abortos clandestinos”, indicó.

“Para abordar este tema no va a alcanzar con esta ley solamente”, aclaró y enumeró que será necesario también “reforzar la educación sexual integral en todo el territorio en forma accesible”, al tiempo de implementar políticas de prevención de la violencia de género y el abuso, y de acceso acceso a métodos anticonceptivos.

Ibarra subrayó que “ha fracasado la política de penalización del aborto, la política de amenazar a la mujer de cárcel ante la decisión de tomar la decisión de interrumpir su embarazo”.

Asimismo, habló de “un mundo clandestino de miles y miles de abortos que se suceden día a día en Argentina” con “mujeres allí invisibilizadas con sus cuerpos, sus embarazos, sus miedos”, y que incluso algunas de ellas recurren en condiciones de clandestinidad con “límites insospechados”.

“Sabemos que en Argentina el aborto puede ser seguro si uno tiene forma de costearlo”, manifestó, pero hizo hincapié en aquellas que “no pueden, están más solas y más vulnerables de derechos”. “Hay un nivel de crueldad del que queremos hacernos cargo”, aseveró la secretaria de Legal y Técnica y agregó: “Queremos recibirlas en los sistemas de salud, tratarlas, cuidarlas; que tengan el derecho de ser atendidas y recibir información”.

En otro tramo, la funcionaria apuntó que “en los países donde se ha legalizado, después de un período los abortos empiezan a disminuir notoriamente”, y mencionó a Alemania, España, Italia, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, entre otros. “Acá nadie puede promover el aborto, lejos de ello, queremos disminuirlo”, insistió.

También se refirió a puntos centrales del proyecto, al que calificó como “un texto cuidado, que recoge consensos históricos y es respetuoso de derechos”.

“Si se aprueba este proyecto todos podrán seguir pensando y decidiendo según sus convicciones”, sostuvo, al tiempo que observó que “algo habrá cambiado: podremos disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, los abortos, ahorrar sufrimientos a miles de mujeres y evitaremos muertes evitables”.

González García, Gómez Alcorta y Vilma Ibarra abren el debate sobre el aborto legal

Serán los tres funcionarios que defenderán el proyecto oficial a partir de las 13. Luego habrá diez expositores a favor y diez en contra. Quiénes son.

Se acabó la espera: este martes comenzará el tratamiento del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, en el primer plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que contará con la presencia de invitados y se dividirá en dos tandas.

La conducción del debate estará a cargo de Cecilia Moreau, de Legislación general, y la acompañarán Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad).

Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones participarán del debate desde el Salón Delia Parodi, mientras que el resto podrá hacerlo de modo remoto, así como los invitados a exponer, que serán 50 en total.

Los primeros serán los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes defenderán el proyecto del Poder Ejecutivo.

Los tres funcionarios hablarán y responderán preguntas a partir de las 13, y luego continuará el debate hasta las 19, con diez especialistas a favor de la ley y diez en contra. Originalmente estaba prevista la presentación de los funcionarios a partir de las 10, pero como consecuencia de la prolongación extrema de la sesión, se postergó el inicio de este histórico debate para las 13.

A favor expondrán Mabel Bianco, de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer); Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Mónica Fein, exintendenta de Rosario; Ricardo Gil Lavedra, exdiputado y abogado constitucionalista; y Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense.

También lo harán Nelly Minyersky, histórica militante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Silvia Oizerovich, exdirectora de Salud Sexual y Reproductiva; Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud; Mario Sebastiani, médico obstetra; y María Luisa Storani, exdiputada nacional.

Los oradores en contra del proyecto serán el exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra; el cura villero Pepe Di Paola; la abogada especializada en Familia Úrsula Basset; el medico obstetra Ernesto Berutti; y el pastor Osvaldo Carnival.

Además expondrán, del lado de los “celestes”, la socióloga Maria Elena Critto; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el médico Miguel Ángel Schiavone; el rabino Zalajen Fshel; y Martín Olivera.

Los expositores hablarán intercalados y tendrán siete minutos cada uno, según la dinámica acordada entre las autoridades de las comisiones.

Los diputados “verdes” aspiran a firmar dictamen este mismo viernes para tratar el proyecto en sesión el próximo 9 o 10 de diciembre, en el marco de la prórroga de ordinarias que dispuso este lunes el Poder Ejecutivo a través de un decreto, donde además convocó a extraordinarias.

“El Gobierno decidió hacerse cargo”, dijo Vilma Ibarra sobre el aborto

La funcionaria que anunció el envío del proyecto oficial sobre el tema defendió su tratamiento al señalar que se trata de “una demanda histórica”. Y afirmó que “nuestro proyecto es equilibrado”.

La secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, señaló este sábado que con el proyecto de aborto seguro, legal y gratuito que envió el Ejecutivo al Congreso “el Gobierno ha sido muy cuidadoso”.

“Es una demanda histórica sobre una enorme problemática. Y el Gobierno decidió hacerse cargo”, explicó.

Entrevistada en el programa “Digamos todo”, de CNN Radio, la funcionaria sostuvo que “hay estimaciones de cifras, estudios validados internacionalmente, hechos a pedido del Ministerio de Salud en 2005, que indican que tendríamos no menos de 370 mil abortos clandestinos por año. Es algo que nos interpela y que pone en riesgo la salud de muchas mujeres. Y el embarazo adolescente también es un gran problema”.

“Para muchas mujeres, la maternidad forzada no es una opción. Se hacen abortos en malas condiciones por miedo a ir a la cárcel”, agregó.

“La amenaza de prisión a lo mejor puede hacer desistir” a las mujeres que resuelven interrumpir el embarazo, indicó. “¿Si este es un buen momento para tratar el tema? Los debates nos dividen en términos constructivos y democráticos. Muchas veces en el Congreso se coincide o se disiente. Hay gente que razonablemente puede oponerse y es raro que digan este es el momento. Jamás escuché decirlo a nadie que se opone”, acotó la funcionaria.

Vilma Ibarra advirtió que “convivimos en un momento difícil con cuidados y se están debatiendo muchos temas. Desde que recuperamos la democracia murieron 3.000 mujeres por abortos clandestinos. Esto merece un lugar en la agenda política”, y agregó: “Nuestro proyecto es equilibrado para interpelar a mayores sectores de la sociedad. El de interrupción voluntaria respeta a los médicos que se sienten violentados para asesorar en el aborto, aun con los métodos validados por la Organización Mundial de la Salud y sabiendo que antes de la semana 14 es una práctica segura, ambulatoria y no quirúrgica. La norma propone respetar ese derecho, pero sin dilaciones derivar a la paciente a otro profesional antes de los 10 días del requerimiento. Tratamos de evitar que la mujer vaya al sistema clandestino para que pueda entrar en el sistema de salud”, remarcó.

Para Ibarra, “el Estado debe estar muy presente. La Argentina tiene muchas deudas con la igualdad”.

Consultada sobre el caso de Abigail, la chica de 12 años con un tumor en una pierna a quien el padre debió cargar en brazos para atravesar el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, la funcionaria respondió que “es una cosa increíble y dolorosa. Un espanto”. Y recalcó que el episodio no se relaciona con los decretos presidenciales sobre la pandemia que “establecen que en cualquier caso de fuerza mayor se puede circular”.

Consultada sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, Vilma Ibarra señaló que “este gobierno está a cargo de una coalición liderada por el presidente. En algún momento han tenido disidencias Alberto Fernández y Cristina, como las ha tenido Sergio Massa, pero todos han entendido que para enfrentar el modelo socioeconómico de Mauricio Macri había que presentar una coalición robusta”. Y sobre su relación con la exmandataria, señaló: “Entiendo que en su momento fui crítica con la actual vicepresidenta. No la he visto últimamente porque ella no suele venir a la Casa Rosada, que es donde yo estoy. Trabajé con ella en el Senado durante muchos años”.

Y cerró: “Hasta donde sabemos, Cristina votó afirmativamente en 2018 en el proyecto de aborto legal y creemos que es una persona que va a acompañar la propuesta”.

Reacciones en el Congreso ante el anuncio sobre el aborto

Fue mesurada la cantidad de legisladores que se pronunciaron tras conocerse la noticia de que el Gobierno manda el proyecto al Parlamento para su tratamiento en extraordinarias.

Lejos estuvo de ser masiva la aparición de legisladores pronunciándose luego de que la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, anunciara en nombre del presidente el inminente envío del proyecto de ley de interrupción del embarazo.

Entre quienes se pronunciaron estuvo la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, quien consideró que se trata de “una decisión muy importante de nuestro presidente a favor de la salud pública que venimos pidiendo desde el movimiento de mujeres hace años”.

“Los abortos se practican, existen, y las mujeres mueren por la clandestinidad. Necesitamos que el estado cuide y proteja y no castigue y criminalicé a la mujer en esa situación tan traumática como es un embarazo no deseado. Celebramos la iniciativa del ejecutivo”, aseguró Gaillard.

En el mismo sentido, el también diputado oficialista Leonardo Grosso expresó que “sacar a las mujeres de la clandestinidad es justicia social. En noviembre van a enviar al Congreso el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo. Hoy más que nunca hay que fortalecer la salud pública y por eso el aborto tiene que ser un derecho”.

Desde la vereda de enfrente, la diputada del Pro Soher El Sukaria se expresó de manera crítica: “El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto durante sesiones extraordinarias. Asusta la desconexión de la realidad que demuestran. La prioridad es la pobreza y la sanidad, no debates que ya sabemos que generan más división en la sociedad”, señaló, en tanto que su compañero de bancada David Schlereth habló en el mismo sentido: “Hace más de 8 meses que el Presidente @alferdez dice que para su gobierno es prioridad cuidar la vida de los argentinos. Otra gran mentira de este hombre perdido y sin rumbo. Mandará al Congreso a debatir el aborto, es decir el valor de la vida humana. #SiHayAbortoSalimosTodos”.

Aborto legal: los “verdes” llevan ventaja en Diputados, pero la clave está en los indefinidos

La secretaria legal y técnica del Gobierno, Vilma Ibarra, anunció que el Ejecutivo enviará el proyecto este mes y se tratará en extraordinarias. Cómo están los números en la Cámara baja.

Por Carolina Ramos

Se acabaron las dudas: a tan solo tres semanas del final del período ordinario, y fruto del reclamo cada vez más fuerte del movimiento feminista, se confirmó que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, fue la encargada del anuncio. Y en principio, en la Cámara de Diputados, los votos están.

Si bien Ibarra no confirmó que la iniciativa ingresará por la Cámara que preside Sergio Massa, todo apunta a que así será, no solo por la experiencia de 2018 sino también por los números apretados que presenta la actual conformación del Senado. Aunque en esta oportunidad hay una gran diferencia: el empuje que la vicepresidenta Cristina Kirchner pueda darle a la ley.

Lo cierto es que, según el sondeo que parlamentario.com lleva adelante desde la renovación parlamentaria, la balanza está inclinada a favor de los “verdes”: hay 121 votos afirmativos y 106 negativos. No obstante, tal como sucedió hace dos años, la llave de la votación está en los indefinidos, 29 en total.

Los últimos dos cambios en la conformación de la Cámara no alteraron el panorama, ya que los reemplazos fueron “verdes” por “verdes”: Guillermo Carnaghi por Darío Martínez -asumió en la Secretaría de Energía-, y Alcira Figueroa por Juan Ameri -renunció tras el escándalo de la escena erótica-.

En el mote de los indecisos, hay tres que en la campaña electoral de 2019 propusieron realizar una consulta popular: son los mendocinos Alfredo Cornejo -titular de la UCR- y su par Jimena Latorre, y el cordobés Carlos Gutiérrez, jefe del bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti.

Hasta ahora hay 121 votos a favor, 106 en contra y 29 indefinidos

Entre los indefinidos también se encuentra Sebastián García De Luca (Pro-Buenos Aires), que estaría a favor de la despenalización del aborto pero tiene dudas con la legalización. También por Juntos por el Cambio, el pampeano Martín Berhongaray (UCR) siempre se mostró ambiguo.

Otros dos casos para señalar son los de la chaqueña Aída Ayala -votó a favor en 2018 pero luego dijo que se arrepintió- y la cordobesa Alejandra Vigo -la única que se abstuvo en aquella oportunidad-. También son incógnitas la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci y el mendocino Alejandro Bermejo, ambos del Frente de Todos.

En la lista de diputados que no se pronunciaron públicamente sobre el tema figura Mariana Zuvic (Coalición Cívica), espada de Elisa Carrió, firme detractora del aborto legal. Tampoco se conoce la postura del “lavagnista” Jorge Sarghini y de los radicales Gerardo Cipolini, de Chaco; Ximena García, de Santa Fe; Jorge “Colo” Rizzotti, de Jujuy; y Víctor Hugo Romero, de Córdoba.

Finalmente, por el Frente de Todos hay 14 integrantes entre signos de interrogación, provenientes de provincias variadas. La tarea de juntar los votos al interior del bloque está cargo, principalmente, de su secretaria parlamentaria, Cristina Álvarez Rodríguez, y de la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha.

Entre los oficialistas que esquivaron pronunciarse está ni más ni menos que el titular de la Cámara, Sergio Massa, que la semana pasada recibió a la Campaña por el Aborto Legal, por un lado, y a Unidad Provida, por otro. El tigrense busca mostrar equilibrio y apertura en el debate, pero lo sigue de cerca su esposa, Malena Galmarini, que está a favor.

Los 257 diputados se completan con José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia por su cargo en BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). En 2018, tras confesar que su postura original era otra, días antes de la sesión confirmó su acompañamiento. Llegado un caso extremo, podría volver a ocupar su banca.

Aborto: el Gobierno confirmó que envía este mes el proyecto para debatirlo en extraordinarias

“Vamos para que se apruebe”, afirmó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, al anunciar la noticia en nombre del presidente.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, confirmó este lunes que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de legalización del aborto al Congreso en el transcurso de este mes.

“Es oficial, el presidente va a enviar el proyecto de ley en el año 2020, en el mes de noviembre, y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias”, detalló Ibarra en declaraciones al canal C5N.

“El presidente asumió en campaña electoral el compromiso de enviar el proyecto de ley del aborto al Congreso. Una decisión que él ratificó ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo, y cada vez que fue consultado ratificó su voluntad de hacerlo”, recordó la funcionaria, que puntualizó luego que “tuvimos y tenemos un año muy complejo por lo que sucedió con la pandemia, vinculado a temas de salud y económicos. El presidente ratificó una y otra vez que va a cumplir su compromiso, y lo va a cumplir”.

Ibarra remarcó entonces que “yo simplemente lo que quiero comunicar acá es oficial: el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del mes de noviembre y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento”.

Entrevistada en el programa “Minuto Uno”, Vilma Ibarra señaló que “el Poder Ejecutivo va a enviar su proyecto de ley de legalización del aborto, junto con un proyecto de ley que llamamos de mil días, que es en realidad de acompañamiento a los tres primeros años”. Reiteró en ese sentido que “el aborto clandestino en la Argentina es un enorme problema de salud pública. Las mujeres, más allá de la amenaza de prisión, cuando no tienen un proyecto en la maternidad, en muchos casos no es un proyecto la maternidad forzada. Y acuden a un aborto clandestino, que en la Argentina se estima, por las estimaciones más serias que se han hecho, que son entre 370 mil y 520 mil abortos por año. Es una enormidad en donde van las mujeres a exponer su vida y van a exponer su salud. Tenemos en la Argentina entre 38 mil y 40 mil egresos hospitalarios por abortos mal practicados en la clandestinidad”.

“Esto es un problema de salud pública y el objetivo que se ha planteado el presidente es evitar las muertes de mujeres evitables; evitar que queden afectadas su salud, lograr que ingresen al sistema de salud, para poder también acceder a métodos anticonceptivos e información, de forma tal de lograr bajar el número de abortos, y poder lograr bajar el número de embarazos no intencionales”.

“Tenemos un problema de salud pública y queremos atenderlo”, enfatizó la funcionaria.

Consultada sobre cuándo podría ser ley el aborto legal, Ibarra respondió: “Cuando lo decida el Congreso. El presidente va a hacer el anuncio, va a decidir cuándo”, aclarando que “queremos un trámite razonablemente rápido; esto fue muy debatido en 2018, tuvo un debate profundo, completo, y queremos también tener un tratamiento muy respetuoso y muy cuidadoso”.

¿El envío del proyecto significa que están los votos? Ibarra aclaró que “el envío significa que nosotros vamos a empujar, porque creemos que es un problema de salud pública, para que sea ley. Con garantía vienen las heladeras y los lavarropas, los proyectos de ley no vienen con lavandina… Esto lo solía decir Cristina en sus debates en el Senado, y realmente es así. Garantía no tienen estas cosas, los proyectos de ley vienen para ser debatidos: tenemos que debatir, tenemos que explicar y tenemos que respetar”.

“Por supuesto vamos para que se apruebe, porque para nosotros es un tema de salud pública”, concluyó.

Piden informes al Ejecutivo sobre el regreso al papel en reemplazo de los expedientes electrónicos

La legisladora nacional de Juntos por el Cambio Carla Piccolomini consideró que la implementación del decreto “es un regreso a las prácticas del pasado”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Carla Piccolomini presentó un pedido de informes al Ejecutivo por el decreto que salió el domingo sobre la habilitación de la utilización del papel, en reemplazo de los expedientes electrónicos en la administración pública nacional. 

En los argumentos del proyecto presentado, la legisladora señaló que el sistema de Expediente Electrónico y Firma Digital implementado por la gestión de Mauricio Macri fue, “uno de los grandes éxitos en materia de digitalización de documentos dentro de la órbita del Estado nacional. Sus ventajas son múltiples, pero solo para mencionar algunas, hay que destacar que fue una política a favor de la transparencia, que ahorró dinero público y tiempo a todos los ciudadanos”. 

En este sentido, indicó que más de 2.100 trámites del Estado que antes eran únicamente presenciales, hoy se pueden realizar a distancia gracias a lo mencionado anteriormente. Para esto, además, se capacitaron a más de 200.000 personas de la Administración Pública Nacional. “Se trató de un avance inédito en la historia de nuestro país, que hoy corre peligro con la reciente publicación del Decreto 338/2020”, consideró. 

“El mismo, no solo atenta contra un principio inalterable que debe regir en los trámites dentro del Estado como lo es la transparencia, sino también que deja muchas incógnitas a resolver”, advirtió la legisladora, quien agregó que por esto presentó el pedido de informes: “Para que sea el propio Poder Ejecutivo Nacional el encargado de disiparlas. Algunas de ellas tienen que ver con los parámetros establecidos para la implementación de la norma en cuestión, mientras que otras apuntan a cómo garantizar nuevamente la transparencia, un valor que sí estaba contemplado con la digitalización”. 

Tampoco queda claro sí se trata de una normativa en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid 19 o de una política de Estado que perdurará durante toda la gestión de gobierno, debido a la inconsistencia denuncia del presidente de la Nación sobre las ‘recurrentes fallas’ de ‘un mal sistema informático’”, manifestó. 

Finalmente, Piccolomini consideró que la implementación del Decreto 338/2020 “es un regreso a las prácticas del pasado donde se permitía antedatar o postdatar los actos administrativos en el Estado. Desterrar de esta manera, vía un decreto, un éxito de la gestión preopinante no hace otra cosa que apelar a la vieja política de borrar todo lo que realizó otro gobierno –independientemente de que sea un éxito o un fracaso– por solo tratarse de una gestión de distinto color político. Quitarles transparencia a los actos administrativos del Estado no es el camino para ir hacia un Estado moderno, eficiente y al servicio de los ciudadanos”. 

Al respecto, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra señaló que la firma de decretos en papel “se habilita solo para casos en que falla el sistema de Gestión de Documentos Oficiales durante más de una hora”, y que la medida “exige la publicación en Boletín Oficial y el registro en Libro de Actas rubricado”.