El padre de Micaela García, en quien se inspiró la ley de capacitación de género para los tres poderes del Estado, negó que se hayan “gastado millones en su implementación”.
El padre de Micaela García, Néstor García, expuso este martes en el plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto de ley ómnibus y reclamó por la reforma que se busca sobre la Ley Micaela, inspirada en el caso de su hija.
En la iniciativa “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el Ejecutivo establece que esta norma sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. Los cambios están previstos en los artículos 535 a 540.
Para Néstor García, esta reforma “es como prácticamente derogar la ley”. “Violencia familiar no es lo mismo que violencia de género. Esto es muy grave”, enfatizó.
Y explicó que “se pretende solamente capacitar a todas las personas que se desempeñan en la función pública en los organismos competentes en la materia” cuando “se supone que son las personas que conocen de la temática”.
“La Ley Micaela surge porque un juez de ejecución de pena dejó en libertad a Sebastián Wagner, hoy cumpliendo condena por violación y femicidio a Micaela”, recordó y apuntando a ese magistrado, dijo: “Este señor Carlos Rossi no trabajaba en un organismo competente en la materia”.
García rememoró que “ todo el arco político votó la ley”, que “tuvo un solo voto en contra” del exdiputado Alfredo Olmedo. “De los diputados actuales hubo 44 que votaron a favor de la Ley Micaela, y de esos 44 hubo 12 que dieron discursos”, agregó.
Además cruzó al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, al asegurar que “no se gastaron millones en la implementación de la Ley Micaela. La mayoría de las capacitaciones se realizaron por trabajadoras del Estado Nacional que no cobraron un adicional por realizar esta tarea, sino que hacían una tarea militante”.
“También se dijo que era una ley noble, no sé si es una ley noble, lo que sí es una ley transformadora”, defendió y sostuvo: “No creemos que los problemas económicos en nuestro país tengan que ver con desarmar la Ley Micaela, una ley que tiene tan solo cinco años” y que “a pesar de un montón de fallas en su implementación, logró cambios”.
“Acercar derechos” y “Acompañar”, son los programas previstos en iniciativas presentadas este jueves.
En un acto celebrado este jueves en el Salón Azul del Senado, se presentaron los proyectos de ley de creación de los programas “Acercar derechos” y “Acompañar”, dirigidos a personas en situación de violencia por motivos de género.
La iniciativa sobre “Acercar derechos” es impulsada por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, mientras que la de “Acompañar” es propiciada por la diputada cordobesa Gabriela Estévez.
El programa Acompañar, promovido por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, prevé otorgar a las víctimas una prestación económica y acceso a dispositivos de abordaje integral orientado al fortalecimiento psicosocial así como al fortalecimiento de la inserción laboral.
En tanto, el Programa Acercar Derechos tiene por objetivo ofrecer un acompañamiento integral en materia psicosocial y jurídico y facilita el acceso al sistema de administración de justicia.
Además de las autoras de los proyectos hicieron uso de la palabra la presidenta de la Comisión Banca de la Mujer del Senado, María Eugenia Catalfamo (San Luis); la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mónica Macha (Buenos Aires) y la secretaria de Políticas contra Violencia de Género del Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad, Josefina Kelly Neila.
El dictamen se firmó en la Comisión de Banca de la Mujer y busca establecer por ley el programa que desde 2022 lleva adelante el Ministerio. Discursos de las senadoras en clave electoral.
Con ausencia de las senadoras de la oposición, lo que le valió las críticas por parte de sus pares, el oficialismo avanzó este jueves en la Comisión de Banca de la Mujer del Senado con el dictamen de un proyecto que busca jerarquizar el programa “Acercar Derechos”, implementado desde 2022 por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
La presidenta de la comisión, la puntana María Eugenia Catalfamo, arrancó: “Lamentablemente no contamos con la presencia de ninguna de las colegas senadoras del interbloque Juntos por el Cambio. Y creo que se trata de una cuestión política”.
La legisladora de Unidad Federal apuntó que “estamos frente a un momento muy concreto en la historia de nuestro país” donde “hay dos modelos realmente contrapuestos”, en el que uno “expresa la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades” y “otro niega completamente la existencia de la violencia contra las mujeres y diversidades, y buscan que desaparezca este Ministerio que ha generado tantas políticas públicas”.
Sobre el programa, afirmó que “ya es un hecho, es una política eficaz” y detalló datos: “El 53% de las violencias que fueron asistidas por el programa eran violencias de alto riesgo, al límite del femicidio. Y el 80% de esas violencias eran ejercidas por exparejas. Estamos ante una situación crítica”.
Autora del proyecto, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti, consideró que “no deberíamos dejar de lado nuestras ideas por una contienda electoral, por lo tanto lamento que muchas colegas que sé que defienden los derechos de las mujeres no estén acá presentes acompañando un programa que ha salvado vidas a lo largo y ancho del país”.
“Nosotros pretendemos que se transforme en una política de Estado”, dijo sobre el programa y ponderó que en esta gestión “logramos tener un Ministerio, que obviamente hay que seguir fortaleciéndolo”, pero que “tiene dos programas que son transversales, abarcativos y están en la trinchera de los barrios”.
La mendocina resaltó que este programa “tiene asistencia jurídica y psicológica”, al tiempo que “articula con los tres poderes -nacional, provincial y municipal-” y “se dedica a la prevención de la violencia y además actúa en los momentos urgentes donde no hay contención social que pueda aguantar ante situaciones extremas, que lamentablemente viven las mujeres y sus hijos e hijas”.
Fernández Sagasti defendió entonces el rol de un Estado “presente, articulador, sensible, empático” y el trabajo de “compañeras que le ponen alma, corazón y vida a este programa”. “Con recursos y decisión política, y articulándonos con las organizaciones, podemos prevenir situaciones y reconstruir proyectos de vida que se han truncado en virtud de la violencia. Este programa es una conquista de todas”, agregó.
Y reconoció que “todavía no estamos ni a la puerta de lo que queremos lograr, pero creo que esto es una base importantísima que tenemos que reivindicar, proteger y poner como política de Estado”.
A continuación, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, manifestó su “perplejidad por no contar con la presencia de las senadoras de la oposición”. “Me parece que no es momento de quitarle el cuerpo”, lanzó y subrayó que “las mujeres estamos siendo amenazadas por uno de los candidatos a presidente”, en referencia a Javier Milei. Sobre esto, señaló que “dentro de su plataforma electoral quiere hacer un mercado de armas libres, y eso nos pone en peligro serio”. “No me parece que sea el momento para quitarle el cuerpo a la salud integral y a la salud física de las mujeres”, insistió.
La senadora oficialista Silvia Sapag expresó que “tenemos que valorar enormemente la creación del Ministerio de la Mujer, porque aunque es bastardeado ya tenemos números que, son todavía flacos ¿no? Pero cuando se creó el Ministerio de la Mujer había un femicidio cada 28 horas, ahora es cada 39 horas. Es un logro terrible que demuestra lo difícil que es nuestra tarea y cómo tenemos que avanzar paso a paso contra la incompresión de muchos y de muchas también, pero son pasos que vamos dando”.
En el cierre, la oficialista Silvina García Larraburu pidió que el próximo 19 de noviembre “podamos tener el pleno convencimiento de qué país habla un candidato y de qué país está hablando el otro” y que “vayamos a votar con el pleno convencimiento de todo lo que hemos logrado y también con la enorme responsabilidad de lo que nos falta”.
Al sostener que espera que el proyecto sea prontamente tratado, añadió: “Que se sepa que no hemos logrado tener el quórum por diversas actitudes mezquinas y sobre todo de aquellos que no son candidatos pero que manejan la política entre bambalinas, que son los que le dicen a algunos lo que tienen que hacer y lo que no”.
Al final del encuentro se pasaron a la firma sin debate un conjunto de proyectos de declaración y Catalfamo, quien culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aprovechó para despedirse. “Agradecerles verdaderamente por estos años, quizás sea la última reunión de la Banca, así que agradecerles por todo este tiempo, por la confianza. Y dejarles un mínimo pedido muy personal, pero ojalá el nombre de la Banca pueda llegar también a incluir a las diversidades, es algo que hemos pensado con Eugenia (Duré), con (María Inés) Pilatti y varias compañeras”, concluyó.
El proyecto de ley que tuvo dictamen propone la creación del “Programa Acercar Derechos para personas en situación de violencias por motivos de género”, con el fin de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos, mediante un acompañamiento integral en materia psicosocial y jurídico, de aquellas personas que se encuentren en situación de violencia por motivos de género, como así también facilitar el acceso al sistema de administración de justicia.
Además de establecerse las finalidades y los principios, entre otros puntos, determina como destinatarios a “mujeres y personas LGBTI+ que se encuentren atravesando o hayan atravesado algún tipo o modalidad de violencia por motivos de género”. “También son destinatarias las personas del grupo familiar o allegadas de la mujer o de la persona LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género”, agrega.
La iniciativa será puesta a consideración en una reunión de la Comisión de la Banca de la Mujer este jueves a las 13.30. También se tratarán diversos proyectos de declaración.
La Comisión de la Banca de la Mujer, presidida por la puntana Eugenia Catalfamo (Unidad Federal), se reunirá este jueves a las 13.30 en el Salón Arturo Illia para debatir el proyecto de ley que busca crear un programa para acercar derechos a las personas en situaciones de violencia por género.
La iniciativa es de autoría de Catalfamo y de la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti. La misma busca garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos, mediante un acompañamiento integral en materia psicosocial y jurídico, de aquellas personas que se encuentren en situación de violencia por motivos de género, como así también facilitar el acceso al sistema de administración de justicia.
La misma está destinada a las mujeres y personas LGBTI+ que “se encuentren atravesando o hayan atravesado algún tipo o modalidad de violencia por motivos de género. También son destinatarias las personas del grupo familiar o allegadas de la mujer o de la persona LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género”.
Entre las finalidades del programa será brindar acompañamiento psicosocial y asesoramiento legal; ccontribuir a transformar los impactos que la violencia por motivos de género tiene en la vida de las personas, sus relaciones y entornos; promover acciones adecuadas tendientes a evitar instancias que pudieran revictimizar a quienes transitan un proceso judicial en materia de violencia de género garantizándoles un trato digno y respetuoso; acompañar a las personas en las gestiones necesarias para el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos; entre otros.
Se busca que el proyecto tenga una implementación de carácter federal, de especialidad para garantizar una atención de calidad, especializada y diversa. También que tenga un abordaje integral, de coordinación entre los distintos poderes del Estado y de accesibilidad a fin de facilitar el acceso de las mujeres y personas LGBTI+.
Además, propone contar con equipos interdisciplinarios para la atención de las víctimas de violencia de género el cual tendrá que estar integrado, como mínimo, por una (1) persona profesional de la abogacía, una (1) de la psicología y una (1) del trabajo social.
Luego de darle tratamiento a esta iniciativa, la comisión continuará con el debate de un paquete de proyectos de declaración.
Esta ley se aprobó el 27 de octubre en el Senado, tras arriba con media sanción de la Cámara baja desde fines del 2020. La autora del proyecto fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo.
El Poder Ejecutivo reglamentó este jueves la Ley 27.696 que tiene como objetivo incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales nacionales un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género, a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas.
La iniciativa publicada en el Boletín Oficial, que fue sancionada el Senado el 27 de octubre del 2022, incluye a todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente. El proyecto, impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo, había recibido media sanción de la Cámara de Diputados a fines de 2020.
En relación al escrito, las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en la ley deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma.
Esta ley considera que serán los ministerios de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, comandado por Ayelén Mazzina, estarán a cargo de las medidas que se requieran para la capacitación y la efectiva implementación del Protocolo para la Atención Integral de la Salud ante situaciones de violencia por motivos de género.
Las mujeres accederán a la cobertura prevista a partir de la presentación de una constancia de persona asistida en las áreas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la atención de personas en situación de violencia por motivos de género de las jurisdicciones nacionales, provinciales y locales; de la presentación de la constancia de registro en el Sistema Integrado de Casos De Violencia por motivos de Género (SICVG) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y de la presentación de la denuncia policial o judicial.
Así lo expresaron a través de un comunicado diputadas y referentes de ONG’S que se reunieron en la Cámara baja para exigir que se esclarezca de forma “urgente” el caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco.
Diputadas y referentes de ONGs se reunieron reunimos en la Cámara de Diputados para exigir que se esclarezca de forma “urgente” el caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco y reclamaron que “las elecciones del próximo domingo no pueden ser un obstáculo en la búsqueda de la verdad sobre que está pasando con Cecilia”.
A través de un comunicado, expresaron: “En el día de la fecha nos convocamos nuevamente para decir ‘basta a la violencia de género en Argentina’. El caso de Cecilia Strzyzowski no es una excepción ni un hecho aislado, es un llamado de atención profundo que nos interpela a todas”.
En esa línea, plantearon que a 40 años de la recuperación de la Democracia y a 8 años de la marcha “Ni Una Menos” “necesitamos consolidar la unidad del colectivo de mujeres de manera plural, transversal, interpartidaria y multisectorial para seguir luchando por nuestros derechos”.
“Es imperativo unirnos para alzar nuestras voces y exigir celeridad en las investigaciones y políticas públicas integrales en todas las áreas y todas las provincias. Sólo el año pasado se registraron 252 femicidios en nuestro país, según el Registro de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, informaron.
Y ratificaron: “Reclamamos el urgente avance de la investigación del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski y la identificación y condena a las personas responsables. Y expresamos nuestro mayor apoyo, solidaridad y acompañamiento a su familia y afectos”.
“Como representantes de diferentes espacios y organizaciones políticas y de la sociedad civil nos comprometemos a no dar un paso atrás en esta lucha. NI UNA MENOS”, concluyeron.
Varias diputadas opinaron que el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el año pasado se relaciona directamente con la violencia generada desde las redes sociales.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, presidida por la diputada nacional Mónica Macha (FdT), se reunió este martes para emitir dictamen favorable sobre la inclusión de la “violencia digital” en la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Al inicio de la reunión, Mónica Macha explicó que “se complementa con la Ley Belén” y que “está enmarcada en una estrategia regional”. Además, afirmó que “necesitamos contar con política pública en distintas instancias” porque “Argentina es un país que en estos temas tiene un retraso”.
Del mismo modo, amplió que “debemos ponernos en sintonía con lo que ocurre en otros países”. Macha aseguró que la violencia en redes “tiene más efectos en las vidas reales”, y agregó que “las redes sociales se han convertido en territorio de exposición”.
“La violencia por motivos de género es una pandemia porque que se viralice contenido íntimo genera padecimientos psíquicos, ataques de pánico y aislamiento y necesita acompañamiento, pero es una forma más de violencia por motivos de género”, señaló. Finalmente, pidió que “las personas que avanzan sobre imágenes sin consentimiento merecen una sanción”, y cerró: “Cada uno sabe cuándo hace algo que perjudicará a otro”.
En segunda instancia, la diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical – Buenos Aires), quien es autora de uno de los proyectos puestos a consideración -el otro es de Mónica Macha-, manifestó que “hemos logrado un consenso en la modificación”, porque “forma parte de las leyes de la época”. “La violencia digital es parte de las violencias a las que somos sometidas”, aseveró.
También, enfatizó en que hay que “tener en cuenta el daño que genera la revictimización permanente de quienes sufren violencia digital”, y añadió: “Lo más importante es que las consecuencias tienen una restricción a la libertad y una mujer se ve afectada, pero es muy importante que podamos avanzar sobre el dictamen de esta norma”.
De igual manera, la diputada Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) explicó que “este tema lo padecemos mucho las mujeres del ámbito político”, y amplió que “no estamos exentas y somos agredidas por nuestro aspecto físico y sexualidad”.
“Es sumamente necesario tener la definición de este tipo de violencia para la Ley 26.485 porque nosotros creemos que es necesario que se tome conciencia y se pueda implementar en las escuelas a través de la ESI Educación Sexual Integral) para que la persona evite ser víctima del “ciber-bullyng” y se evite la revictimización”.
Por su parte, la legisladora María Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA), la cual no es parte de la Comisión de Mujeres y Diversidad, expresó que “es un buen avance y nos permite hablar de la violencia de género y justamente enmarcarlo en los entornos digitales de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores”.
Así también, llevó a cabo una serie de cuestionamientos a la ley de datos informativos: “Me parece importante que discutamos porque no se avanzó en la ley de datos informativos porque a esa ley le falta la perspectiva de género”.
También, manifestó que “tenemos que evitar hablar de lo mismo y llamarlo de diferentes formas. Unifiquemos ámbito digital y entorno digital por ejemplo”. “No es menor tratar de seguir avanzando para que no quede atado a un sistema binario o heteronormativo”, indicó.
La vicepresidenta de la comisión, Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires), realizó una breve intervención en la que consideró que “esto es un paso, pero nos queda trabajar sobre el Código Penal para que la Justicia pueda avanzar sobre el castigo en quienes ejerzan este tipo de violencias”.
“La violencia tiene dos objetivos, el castigo y el disciplinamiento, y busca el repliegue de las mujeres a sus vidas privadas”, arengó. Del mismo modo, agregó que “estamos protegiendo un derecho constitucional que es el derecho a la intimidad y no puede estar ajena a la complementación porque este problema afecta a todas las mujeres y a las poblaciones”. “Una cosa es un insulto y otra cosa es el acoso”, señaló.
Además, la diputada nacional Ana Clara Romero (Pro – Chubut) se mostró emocionada por el dictamen y expresó: “Hemos logrado un gran avance para dejar de naturalizar cuestiones que padecen las mujeres en la calle, en sus trabajos o en la universidad”. “Se las discrimina y se las hace cargo de situaciones de las que son víctimas y me parece muy importante que hayamos podido poner luz sobre esta situación”, concluyó.
Del lado del oficialismo, la primera en intervenir fue la diputada nacional Florencia Lampreabe (FdT – Buenos Aires), quien recordó el intento de magnicidio que padeció la vicepresidenta Cristina Kirchner el 1ro. de septiembre del 2022: “Me parece importante poner el tema en la agenda del Congreso, porque muchas de nuestras relaciones sociales son a través de las redes y eso que sucede construye una realidad”.
“Estos discursos de odio están cada vez más naturalizados y hay una relación directa entre los discursos de los medios de comunicación y las réplicas de las redes sociales donde hay estrategias para generar hostigamiento”, añadió Lampreabe.
De igual manera, la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires) agregó que “no es casual que los discursos de odio se hayan efectuado previo al intento de magnicidio y luego hayan desaparecido”, y mencionó el hostigamiento que también sufrió Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta.
La última en intervenir fue la diputada nacional Mara Brawer (FdT – CABA) quien apuntó contra el periodista Baby Etchecopar por sus dichos contra el cuerpo de mujeres trabajadoras y de partidos populares y pidió que esos discursos de odio no estén más en los medios de comunicación.
Se trata de una propuesta de Alejandrina Barry (FIT) mediante la cual se buscará dar respuestas a las víctimas de ese flagelo y brindarles herramientas económicas, habitacionales y laborales.
Tras el “Día Internacional de la Mujer”, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscará instalar un “plan de acción contra la violencia de género”, en el que se prevé darle a las victimas herramientas económicas, habitacionales y laborales.
De esta manera, el texto recientemente presentado establece que en aquellos casos que la víctima no posea una vivienda o la permanencia en la que ya tiene suponga una amenaza para su integridad física, psicológica y/o sexual, y no tuviera los medios económicos necesarios para resolverlo, “el Gobierno de la Ciudad deberá garantizar su acceso inmediato a refugios dispuestos en hoteles y viviendas disponibles para tal fin”.
Además plantea la creación de una “Asistencia Económica para las víctimas de violencia de género”, cuyas beneficiarias serán todas las personas mayores de 16 años que tengan empleo, así como a todas las personas sin distinción, se encuentren registradas o no, que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores.
“La asistencia económica será una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual igual al costo de la canasta familiar en base a la actualización de información brindada por la Junta Interna de ATE-Indec”, señaló y precisó que “incluirá también los aportes previsionales y el servicio de obra social gratuito, tanto para las personas solicitantes como para sus hijos u otras personas a cargo. Asimismo, la asistencia económica creada por la presente ley será percibida por las y les solicitantes durante todo el tiempo en que se encuentren fuera de sus domicilios o lugares de residencia y/o hasta tanto consigan insertarse o reinsertarse laboralmente”.
En términos laborales, el proyecto establece la creación de licencias con goce de haberes por violencia de género; cuyos plazos serán evaluados y otorgados por equipos interdisciplinarios, contemplando la voluntad de la persona y, sin que sea necesaria ninguna otra presentación o denuncia.
La iniciativa también plantea que “en los ámbitos laborales públicos o privados, las personas víctimas de violencia tendrán derecho a acceder, a sola solicitud y de manera inmediata, al cambio del lugar físico laboral, a fin de resguardar su integridad así como de sus hijos y/o personas a cargo”.
Para tal fin, la diputada del FdT Natalia Souto busca crear capacitaciones para los responsables de todo centro de diversión nocturna.
La diputada nacional Natalia Souto propuso un proyecto de ley de abordaje integral para nocturnidades seguras y libres de violencia.
La iniciativa de la legisladora de Somos/Barrios de Pie en el Frente de Todos propone esta iniciativa para prevenir la violencia de género nocturna.
El proyecto tiene como objetivo la prevención y el abordaje integral frente a las situaciones de violencia por motivos de género y/o diversidad en el ámbito de la nocturnidad en lugares de gestión pública y privada de esparcimiento.
Entre otras cosas, la iniciativa busca generar capacitaciones para los dueños, gerentes, directivos, socios y el personal de bares, restaurantes, pubs, discotecas, lugares bailables, teatros, establecimientos donde se desarrollen recitales y cualquier otro lugar destinado al ocio nocturno para el abordaje integral en casos de violencia por motivos de género y/o diversidad. Y también propone elaborar un protocolo de actuación para la atención de situaciones de acoso, discriminación /o violencia por motivos de género y/o diversidad en espacios de ocio nocturno y propiciar su adopción por parte de los lugares destinados al ocio nocturno.
La diputada se encuentra por estos días abocada a brindar charlas en toda la provincia de Buenos Aires explicando las características fundamentales de su iniciativa. La referente de Barros de Pie de Vicente López se hará presente durante el mes de febrero en su distrito; y en Lanús, Morón, San Isidro y Mar del Plata, entre otras ciudades.
La senadora nacional estuvo acompañada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. También presentaron el “Manual Clínico de Salud” ante situaciones de violencia.
La senadora nacional Alejandra Vigo (Córdoba Federal), junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presentaron la Ley 27.696 de su autoría que fue aprobada en 2022 por unanimidad que incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género.
El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Cívico, del que también participó la ministra de Salud de la provincia de Córdoba, Gabriela Barbás, y la directora de Géneros y Diversidad, Candela Cabrera.
“Esta lucha que estamos dando necesita el compromiso de todos los sectores y niveles del Estado. Por eso es fundamental la articulación entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba si queremos vencer definitivamente a la violencia de género”, destacó Vigo.
Y sostuvo que “esta ley primero reconoce la problemática y lo hace para priorizarla, para que pase a ser una política de Estado. Y también hace que los esfuerzos se multipliquen, que vayan en el camino de las recomendaciones de los organismos internacionales”.
Esta normativa obliga a las obras sociales y mutuales provinciales a brindar la cobertura total de las prácticas preventivas y terapéuticas derivadas de la asistencia a personas en situación de violencia de género. La iniciativa incluye las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente. También busca reforzar la fase preventiva.
En relación a ella, Vigo resaltó: “La ley garantiza el acceso universal, para que la otra parte de la ciudadanía que no atiende el sector público, pueda ser también atendida desde los servicios de salud, con una mirada y protocolos correspondientes”. En ese sentido, la senadora añadió que “la atención debe ser integral y darse con un equipo multidisciplinario.”
Además, el “Manual Clínico de Atención Integral de la Salud ante situaciones de violencias por motivos de género” fue elaborado por la cartera sanitaria nacional sobre la base de recomendaciones internacionales.
El material fue elaborado por la cartera sanitaria nacional sobre la base de recomendaciones internacionales y está dirigido a todas las personas que integran equipos de salud interdisciplinarios del sistema sanitario, en especial a quienes trabajan en el primer nivel de atención, para que tengan herramientas en el manejo de casos de violencia de género. También detalla cómo prevenir y abordar esta problemática.
El documento establece que todas las situaciones de violencia de género necesitan un abordaje integral y la participación de la sociedad civil.
Fue a través de las redes sociales a cuatro años de la sanción de la Ley 27.499 que establece la capacitación en perspectiva de género de todas las personas que integren los tres poderes del Estado.
La Cámara de Diputados recordó, a través de las redes sociales, el aniversario de la Ley 27.499 “Ley Micaela” a cuatro años de su sanción, la cual establece la capacitación obligatoria para la prevención de las violencias por motivos de género a todas las personas trabajadoras que integran los tres poderes del Estado.
En el video que publicaron, la directora general de Igualdad de la Cámara baja, Gisela Manero, explicó que la “Ley Micaela” surgió en reclamo a partir del femicidio de Micaela García “una joven militante entrerriana del Movimiento Evita, del Movimiento Ni Una Menos, pero también surge porque nuestro país ya estaba comprometido internacionalmente en clave de derechos humanos”.
Y agrega que “la CEDAW había remitido recomendaciones sobre la necesidad de implementar programas de capacitación, de sensibilización para las personas que integran los distintos poderes del Estado”.
“Implementar Ley Micaela es un trabajo cotidiano necesario. Es un trabajo que lo que busca es poder repensar cotidianamente esas prácticas que reproducimos y que tenemos neutralizadas, que invisibilizamos y que, a veces, sin darnos cuenta, reproducen situaciones de violencia por motivos de género”, detalló Manero.
Además, la jefa del departamento de Géneros y Diversidad sexual de la Cámara de Diputados, Laura Caniggia, sumó: “Con la Ley Micaela se busca transmitir una sociedad sin violencia de género, sin desigualdades y que podamos transformar los ámbitos del Estado, donde se deciden las leyes, donde se forma cada política pública sin una mirada sexista, pudiendo tener una sociedad más justa, igualitaria, para todos, todas y todes”.
“A cuatro años de la sanción de la ley, estos últimos años se logró capacitar a todas las personas, con personas a cargo, se logró que los ministros y las ministras, que los diputados y las diputadas, puedan hacer Ley Micaela, que no lo habían hecho los primeros años de la sanción de la ley”, precisó y destacó que “se avanzó sobre un montón de trabajadores que pudieron hacer un proceso mucho más largo de formación, con una mirada de diversidad y con una mirada mucho más profunda de lo que se planteaba en los primeros años”.
La norma fue promulgada por el Gobierno Nacional el 10 de enero del 2019, sancionada el 19 de diciembre del 2018 por el Congreso Nacional. La misma indica que “las máximas autoridades de los organismos, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones”.
A través de una reforma del Código Penal, el diputado Leandro Santoro prevé considerar como un delito el incumplimiento de medidas para prevenir y erradicar la violencia de género.
Como cada 25 de noviembre, se conmemoró este último viernes el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. A propósito de eso, viene a cuento un proyecto que acaba de presentar el diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro, para modificar el artículo del Código Penal relacionado con incumplimientos en las causas que mediare violencia de género y/o violencia familiar.
La iniciativa, que ha sido girada a las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad prevé modificar el artículo 239 de la norma. El mismo establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
El texto presentado por Santoro tiene apenas tres artículos, uno de los cuales es de forma, y agrega al citado texto del Código Penal esta pauta: “Será reprimido con prisión de 3 años y 3 meses a 5 años y multa, quien resistiere o desobedeciere una orden judicial de prohibición de acercamiento o de contacto, o cualquier otra medida que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, y que haya sido dictada en el marco de un proceso judicial en el que mediare violencia de género y/o violencia familiar”.
Esta iniciativa tiene en cuenta, tal cual indica en sus fundamentos, que pese a los esfuerzos realizados desde distintos programas a efectos de prevenir y asistir a víctimas de violencia de género, continúa registrándose un alarmante y creciente número de casos de violencias de todo tipo y, lo más grave, de femicidios.
En ese sentido, Santoro considera “imperioso analizar la efectividad (o carencia de la misma) de las medidas reguladas por los distintos cuerpos normativos que tienen por objeto prevenir y erradicar la violencia de género, y, para el caso de considerar que las mismas no son lo suficientemente idóneas, crear nuevas alternativas, a efectos de evitar el fatal desenlace que culmina con la vida de las mujeres víctima.
En ese sentido sostiene el diputado porteño que el incumplimiento por parte del agresor de las órdenes judiciales que establecen que se mantenga alejado de una persona debería ser considerado como “un delito de desobediencia judicial, y su incumplimiento acarrear sanciones penales”.
“Lo cierto es que la actual redacción del tipo penal previsto por el artículo 239 del Código Penal, prevé situaciones relacionadas al incumplimiento de órdenes judiciales, pero una parte de la doctrina y de la jurisprudencia la limita únicamente a cuestiones de índole administrativo, excluyendo de esa forma las conductas que afectan obligaciones de carácter personal o civil, dejando fuera de esta figura penal, consecuentemente, las órdenes judiciales que disponen el dictado de medidas cautelares de restricción de acercamiento o de contacto, dictadas en el marco de causas en las que la violencia de género o familiar se hace presente”, sostiene el autor del proyecto.
Santoro advierte sobre la jurisprudencia existente que establece que “la omisión de cumplir con la prohibición de acercamiento impuesta por un tribunal no constituye la desobediencia de una orden en los términos previstos por el artículo 239 del CP, sino que tal cuestión deberá ser materia de análisis ante el mismo fuero que la dispuso”.
Así las cosas, es evidente que el quebrantamiento de las órdenes judiciales tendientes a proteger a las víctimas en el marco de procesos de violencia familiar y/o de género, se encuentra, en las más de las veces, por fuera del ámbito del delito de desobediencia. “Es así que las posibilidades de que el agresor sea imputado por dicha figura son muy escasas, dotándolo de impunidad, y generando esto un mayor peligro para la integridad física, psíquica y sexual de la víctima”, alerta el diputado.
Por eso es que atento a las discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales se busca modificar la norma vigente, con el agregado del agravante establecido.
El fundamento de la escala penal prevista en el agravante que se propone, radica en que “de nada serviría incorporar una figura que habilite a la libertad condicional”. De tal modo, dice Santoro, “si partimos de una pena mínima de 3 años y 3 meses de prisión, vedamos la posibilidad al agresor -para el caso de que haya sido condenado-, de que el cumplimiento de la pena sea dejado en suspenso, dotando así a la norma de mayor eficacia para prevenir un desenlace fatal”.
El proyecto además atiende a recomendaciones establecidas por la Convención de Belem do Pará, tales como la necesidad de “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad”.
Otra recomendación de Belem do Pará es la de “adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención”.
Bajo el lema “Sí, corremos por ellas”, para concientizar sobre la violencia de género, se realizará la carrera el próximo domingo 27 de noviembre, a las 8:00.
Bajo el lema “Sí, corremos por ellas”, para concientizar sobre la violencia de género, la carrera 10K vuelve a San Isidro. La prueba se realizará el domingo 27 de noviembre, a las 8:00; tendrá su punto de partida y de llegada en avenida de la Unidad Nacional y Av. Santa Fe. Correrán destacados atletas argentinos y también aficionados.
El evento organizado por la Asociación Ñandú tiene la posibilidad de elegir las pruebas de 5 o 10 kilómetros. Desarrollándose en un circuito urbano, totalmente plano, entre el Jockey Club Golf y el Hipódromo de San Isidro. Con un recorrido por las avenidas de la Unidad Nacional y Fleming, las rotondas de Fondo de la Legua y Márquez y un tramo de calles internas del hipódromo.
Aquellos que deseen participar deberán inscribirse vía online. Y al momento de concurrir a la carrera, tendrán que llevar DNI, el voucher de inscripción firmado y el apto médico obligatorio firmado por un profesional matriculado. Las inscripciones cierran el 25 de noviembre o cuando se completen los cupos.
Cada participante inscripto recibirá un kit completo compuesto por una remera oficial del evento, número de identificación del corredor y un chip. Se entregarán entre jueves y sábado en el local Puma, en Unicenter (de 12:00 a 20:00 en los dos primeros días, y 10:00 a 20:00 el sábado). Quienes finalicen en los primeros tres lugares de la carrera, obtendrán una serie de premios.
Los participantes deberán tener 16 años o más, cumplidos el día de la competencia. En el caso que el participante tenga 16 o 17 años, al momento de solicitar la entrega del kit, el menor deberá presentar una autorización y el deslinde de responsabilidad firmada por su padre, madre o tutor, de lo contrario no se aceptará su participación.
Durante la carrera habrá puestos de hidratación, previendo las altas temperaturas propias de esta época del año, con la asistencia médica permanente de Emergencias.
Esta prueba de 10k tendrá en juego el Campeonato Argentino de Ruta, por lo que muchos de los mejores atletas del país aspiran a conseguir el primer lugar. Podrán participar también aficionados.
Auspician la competición el Municipio de San Isidro, la Asociación Ñandú, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, la ONG Propuesta Mujer, entre otros.
La Legislatura porteña aprobó una Ley que permitirá que la ciudadanía pueda acceder de forma rápida y ágil a los canales de comunicación digital para la atención en materia de violencia de género.
Debido al crecimiento de los casos y el aumento de los femicidios, la Legislatura de la Ciudad sancionó –durante la sesión de este jueves- una Ley que busca favorecer el acceso de forma rápida y ágil a información y atención en materia de violencia de género.
La normativa recientemente aprobada establece que en la portada y/o menú principal de la totalidad de las plataformas digitales, redes sociales y asistentes virtuales de carácter oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben contar con un acceso directo y visible a los canales de comunicación existentes para la atención, contención y asesoramiento en materia de violencia de género.
Además sostiene que en dicho apartado debe garantizarse el acceso a las opciones disponibles respecto a emergencias, espacios de atención, programas y cualquier otra instancia vinculada a la violencia de género que funcione bajo la órbita del Gobierno porteño, el Poder Judicial y organismos nacionales.
La iniciativa en cuestión había sido impulsada por el vicepresidente tercero de la Legislatura, Roy Cortina (PS), quien recordó que “a lo largo de 2020, en un contexto agravado por las medidas de restricción a la circulación, hubo en la Ciudad 15 causas caratuladas como femicidio, según el informe Anual de Femicidios del Ministerio Público Fiscal. Esa cifra casi duplica la cantidad de 2019 y representa el 79% de los homicidios dolosos de personas de identidad femenina en nuestro distrito durante el año pandémico”.
“Por otra parte, acorde la información del Sistema de Indicadores de Género de la Ciudad, a lo largo de 2020 más de 9.900 personas fueron afectadas por hechos de violencia doméstica, mientras que se atendieron en los CIM alrededor de 1.100 mujeres y el 22% de los llamados recibidos por la línea de atención permanente 144 fueron por casos de violencia”, destacó y precisó que “la frialdad de los números y porcentajes apenas reflejan el calvario permanente que cientos de miles de mujeres padecen. Es por ello que consideramos fundamental la necesidad de planificar e implementar nuevas herramientas continuamente para mejorar las redes de contención, ya sea incrementando los alcances de la atención existente o facilitando el acceso a las mismas”.
Al mismo tiempo que concluyó precisando que favorecer el acceso a los canales de comunicación para violencia de genero permitirá “ampliar las posibilidades de contacto ante una situación extrema facilitando la comunicación y evitando la navegación o la búsqueda específica, garantizando segundos que muchas veces son cruciales para evitar un hecho de mayor gravedad”.
Se trata de un proyecto de autoría de la senadora Alejandra Vigo, que había sido aprobado en Diputados en 2020. La votación resultó unánime con 52 votos.
En la sesión de este jueves que duró ocho horas, la Cámara alta aprobó una ley que tiene como objeto incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales nacionales un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género, a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas.
La norma, que fue sancionada por unanimidad con 52 votos, incluye a todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.
El proyecto, impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo, había recibido media sanción de la Cámara de Diputados a fines de 2020.
De acuerdo al texto, las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en la ley deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma.
Al respecto, la puntana oficialista María Eugenia Catalfamo explicó que “el objetivo de este proyecto es verdaderamente interesante, porque lo que se busca es generar dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) un protocolo de abordaje integral y universal de las violencias de género. Garantizando la cobertura de las prácticas preventivas y terapeutas a las víctimas de violencia de género”.
“Y es un proyecto que es muy bueno e interesante también porque no tiene impacto económico. Lo que se busca hacer es ordenar. Muchas veces nos pasa que la legislación está desperdigada en diferentes normativas y lo que se busca en este caso es ordenar y compilar las practicas ya existentes para que se elabore un único protocolo de abordaje a las violencias, y que se incorpore dentro del PMO”, precisó.
Además, sostuvo que “el fin especifico no solamente de acompañar a las víctimas de violencia de género cuando el delito ya sucedió, si no también prevenir las prácticas de violencia contra las mujeres y de garantizar el acceso universal a la asistencia”.
Respecto de la cobertura de las Obras Sociales, Catalfamo remarcó que quedan obligadas todas incluidas en las leyes 23.660 y 23.661.
La senadora puntana, informó que, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de Mujer de la Corte Suprema de la Nación, durante el 2021 se produjeron 251 víctimas letales de violencia de género en el país, de las cuales 5 fueron mujeres travestis-trans.
“Cada 32 horas muere una mujer en nuestro país a causa de violencia de género. El 67% de esas muertes fueron cometidas por parejas o exparejas de las víctimas, y el 60% ocurrió en la vivienda de la víctima. Y la verdad es que resulta sumamente lastimoso tener que brindar estos datos, pese a los esfuerzos que se hacen de parte del Gobierno nacional para que esto no suceda”, cerró.
La autora del proyecto, la cordobesa Alejandra Vigo, expresó: “Estar aquí reunidos evidentemente demuestra la firme convicción por erradicar la violencia de género en la Argentina, es evidente que es un compromiso legislativo unánime. Y seguramente al ser así, este tema más temprano que tarde va a ser realmente una política de Estado”.
“Para mi hoy es un día histórico, un día muy especial. Desde mi banca siento que hoy ocupo un lugar de privilegio. Porque esta vez, un proyecto como este es un proyecto para toda la ciudadanía. Y en especial para más del 50% de esa ciudadanía. Este proyecto tiene por objetivo claramente batallar contra la violencia de género e intra-familiar, donde las mujeres siguen siendo las primeras víctimas, se ha alcanzado a través del consenso”, destacó la monobloquista.
A su vez, Vigo precisó que “gracias a ese consenso estamos dando respuestas necesarias y novedosas a un viejo problema que no debemos dejar que se transforme la violencia de género en una violencia estructural. Porque la violencia estructural es la más difícil de erradicar porque está construida a partir de todo lo que impide a las niñas y a las mujeres s u plena realización. Limita el desarrollo, le genera subordinación y exclusión en el ámbito de la política, laboral y hasta creación artística. Esta violencia estructural que permite que una parte de la sociedad, la mitad de la población se beneficie siempre en detrimento de la otra mitad. Esa es la violencia estructural”.
“Este flagelo de la violencia que ha tomado su punto máximo durante la pandemia, que ha superado todas las expectativas, que continúa llenando y aumentando los registros de manera alarmante”, alertó y sumó: “Como actualmente las víctimas de violencia de género no cuentan con un abordaje integral, desde la atención primaria de la salud, es donde allí resta constituirnos para dar esta gran batalla. Para batallar en una guerra, que se considera la más larga de todas. Porque es la guerra que aún no ha terminado”.
“El significado más profundo que me parece que tiene este proyecto es, desde el ámbito de la salud, es el reconocer específicamente la problemática, que resulta una herramienta clave para erradicar las situaciones a futuro, para minimizar los daños al corto plazo y para una eficiente atención de las víctimas a través de un abordaje integral. El reconocimiento de esta problemática permite explicitarla, para que de ese modo pueda ser prioritaria”, sostuvo.
Además, explicó que “el sistema que aquí estamos proponiendo va a significar que ahora las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán brindar esta atención a las víctimas de violencia de género, dentro de un programa de asistencia interdisciplinario resguardado en el marco de un protocolo”, y enumeró: “Para, en primer lugar, la detección del problema para tener certeza en el diagnóstico. En segundo lugar, incorporar las prestaciones necesarias asociadas que ya existen en cualquier red prestacional”.
En suma, aclaró que el proyecto “no tiene costos adicionales, algunos aquí se niegan decir las cosas por su nombre, argumentaban que este proyecto podía incrementar los costos del sistema de salud, y a ellos les hemo dicho y lo vuelvo a decir que es todo lo contrario. No quiere gastos adicionales, requiere que las prestaciones que se necesitan estén asociadas y estén incluidas en un programa específico para la atención a las víctimas en situación de violencia, como también de su grupo familiar, y solamente hay que coordinarlas bajo un protocolo de actuación”.
“Ha tenido un consenso unánime porque propone nada más y nada menos que universalizar la atención de la salud para las víctimas de violencia. Ha recibido un acompañamiento contundente de los sectores privados, de las universidades, de los colegios profesionales, y también de los propios sectores sindicales”, reiteró Vigo.
Y concluyó: “Para las mujeres más sencillas, las que a veces no tienen una voz para gritar lo que padecen, esta ley es para ellas. Porque les aseguro que será un arma mortal, para que más temprano que tarde, todas las mujeres ejerzan el principal derecho humano, como es el derecho a una vida sin violencia”.
El diputado interrogó sobre si se activaron los protocolos de violencia de género y de violencia institucional, y cuestionó si esto “pondría ser uno de los motivos ocultos de la renuncia la entonces ministra de Mujeres, Genero y Diversidad”.
El diputado nacional Gerardo Milman solicitó información al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre diversas situaciones de acosos y abusos sexuales, que se estarían desarrollando dentro de áreas dependientes de la seguridad aeroportuaria compleja y cómo estarían actuando los protocolos de actuación del Centro Integral de Género.
Entre las incógnitas se encuentran en qué situación actual se halla el oficial inspector Eduardo Ariel Medina, señalado como “uno de los principales victimarios potenciales” y si la falsa alarma del día martes 11 de octubre en el aeropuerto Ministro Pistarini, “fue una cortina de humo para tapar las denuncias penales de acoso sexuales de la PSA”.
Se habrían presentado al menos tres denuncias en el Juzgado Federal Nro 11, registrada baja el numero CFP 3529/2022, denuncias realizadas por mujeres oficiales que relatan diversas situaciones de “hostigamientos, abusos de poder y acoso sexual de los más variados”.
Al respecto de esta situación, Milman sostuvo que “sería bueno saber, si desde el Ministerio de Seguridad, se han activado los protocolos de violencia de género y de violencia institucional, que tanto predican y han venido vociferando a los cuatro vientos desde la asunción de la presidencia de Alberto Fernández”.
“Pareciera ser que solo son declamaciones al viento, sin mucho peso institucional, ya que cuando se han producido casos de abusos de poder y acoso hacia el personal femenino, estas han estado desamparadas y libradas a su suerte”, agregó.
“¿Podría ser, que uno de los motivos ocultos de la renuncia la entonces ministra de Mujeres, Genero y Diversidad? ¿Estaría al tanto de esta situación dentro de áreas dependientes del Ministerio de Seguridad y la pasividad ante los hechos consumados?”, preguntó Milman.
Acompañan el proyecto Graciela Ocaña, Héctor Stefani, Francisco Sánchez , Ana Clara Romero, Pablo Torello, Alberto Asseff y Mónica Frade.
El proyecto, con media sanción de Diputados hace casi dos años, recibió dictamen de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado.
A casi dos años de su aprobación en la Cámara de Diputados, un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado dio luz verde este miércoles al dictamen de un proyecto que propone incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género.
La presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT), señaló que “no se trata solamente de acompañar cuando ya se da la violencia de género, sino de tal manera que se pueda prevenir” y “apunta a coordinar los esfuerzos multisectoriales e interdisciplinarios en el ámbito de la salud”.
Autora de la iniciativa cuando se trató en la Cámara baja, y actualmente senadora, Alejandra Vigo (Córdoba Federal) explicó el objetivo es “la atención de esta problemática desde la salud” ya que “la relación paciente-médico es una de las principales situaciones donde este flagelo puede ser detectado”, porque se presentan “diagnósticos disfrazados” a partir de los cuales “el médico es el agente principal para dar el alerta”.
Al recordar que este protocolo existe en el sector público, la legisladora resaltó que alrededor del 60% de los argentinos tienen “cobertura médica asistencial a través de las obras sociales” o prepagas.
“Hoy en Argentina existen 292 obras sociales nacionales que brindan atención de salud a más de 25 millones de personas”, detalló, y sostuvo que, ante estos casos, las víctimas “tienen que volcarse al sistema público de salud, y éste colapsa” porque “no hay especialmente una atención desde la obra social”.
En su intervención, la presidenta de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio (UC-FdT), mencionó cuando se habla del costo fiscal y llamó a pensar en “qué es lo que evitamos: un gran costo en lo que significa la vida de las mujeres y otros tipos de atenciones. Estamos promocionando salud y prevenir enfermedades que son más graves; en una especie de ahorro para el sistema de salud”.
Impulsora de un proyecto similar, la sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT) manifestó: “Con gusto vamos a acompañar este proyecto que va a marcar un antes y un después”. Relató que su iniciativa la había elaborado en base a testimonios de víctimas que tenían que hacer “un peregrinaje” con “órdenes judiciales” para lograr la atención.
Por su parte, el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT) recordó que “en general desde las Comisiones de Salud intentamos no forzar aumentos al PMO por ley, porque entendemos que es un sistema financiado en forma compleja y que, en definitiva, es potestad del Ministerio de Salud ir modificando las prestaciones que el PMO brinda”.
También advirtió que una “parte importante” de las personas con obras sociales está dentro de “las obras sociales provinciales que no responden al PMO”, por lo cual la ley “va a requerir la adhesión de las obras sociales provinciales para tener impacto”.
Sin embargo, el senador aseguró que “el proyecto es virtuoso” porque hoy “el sector público tiene la estrategia de atención primaria” y este proyecto “lleva al PMO a forzar esa estrategia de atención primaria”. “Es un paso muy interesante y auspicioso para que la seguridad social empiece a tomar esta estrategia. No es el agregado de una prestación o un fármaco al PMO, sino que estamos cambiando la estrategia”, agregó.
En el marco de las actividades por el Día de la Futbolista Argentina, autoridades del Gobierno local intervinieron con pintura violeta arcos de juego, con el fin de visibilizar la problemática.
Con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la violencia por razones de género, el Municipio de Tigre impulsó la iniciativa Arcos Violetas, que consiste en pintar con color violeta arcos de fútbol. La primera intervención tuvo lugar en el Polideportivo Domingo F. Sarmiento previo a la disputa de la tercera fecha de un torneo femenino organizado por el Gobierno local. Además, se reconoció a la exjugadora María Fernanda Trujillo.
“Realizamos una jornada de visibilización y concientización, haciendo pequeñas intervenciones en los arcos con el color violeta para poder sensibilizar a la comunidad acerca de la violencia a la mujer y lograr erradicarla entre todos y todas. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo las políticas públicas con perspectiva de género que impulsa el intendente Julio Zamora”, sostuvo la secretaria de las Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.
La iniciativa se extenderá a todos los polideportivos del municipio y a los clubes de barrio del distrito. El propósito es realizar jornadas de concientización destinadas a los vecinos y vecinas sobre la violencia hacia las mujeres y diversidades.
La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, sostuvo: “Estamos llevando adelante un torneo de fútbol femenino que disputan los polideportivos del Municipio. Esta es una de las políticas que nos encomienda el intendente Julio Zamora y que venimos realizando desde hace muchos años”.
El encuentro forma parte de las actividades por el Día De La Futbolista Argentina, establecido por el Congreso de la Nación en 2020 en honor a Elba Selva, jugadora de la selección que en el mundial femenino de México 1971 convirtió 4 goles frente a Inglaterra en el Estadio Azteca para el triunfo por 4-1.
La ex futbolista, María Fernanda Trujillo, reconocida por el Gobierno local por su trayectoria deportiva, mencionó: “Es una emoción enorme que te agasajen y reconozcan de esta forma por haber sido jugadora y representante deportiva del país. Estoy muy agradecida con el Municipio y con el intendente Julio Zamora porque fomentan el deporte y, principalmente, el fútbol femenino”.
Trujillo se desempeñó como jugadora profesional en la Asociación Social y Deportiva J. J. Urquiza, Club Social y Deportivo Juventud Unida y el Club Atlético Boca Juniors. En toda su carrera supera los 300 goles en 1º división. Con la Selección Argentina logró la Medalla de plata en el Sudamericano de Mar del Plata de 1998.
Desde 2014, el Municipio organiza los torneos de fútbol femenino donde compiten los 18 polideportivos del distrito, en las categorías sub 18 y adultas. El objetivo es fortalecer el deporte, la inclusión y la equidad de género.
Los legisladores porteños aprobaron un pedido de informes referidos al protocolo de abordaje y actuación sobre las distintas formas de violencia basada en género en los diferentes efectores de salud.
En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de precisiones al respecto del protocolo de abordaje y actuación sobre las distintas formas de violencia basada en género en los diferentes efectores de salud.
La iniciativa en cuestión fue impulsada por la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco y prevé conocer si “existe un protocolo para abordar casos de violencia por motivos de género cometida por el personal hacia otros trabajadores de los efectores de salud. En caso positivo, adjúntelo según cada efector de salud”, si “se han recibido denuncias de violencia por motivos de género por parte de pacientes hacia el personal de los efectores de salud en los años 2019, 2020, 2021 y 2022” y si “se ha trabajado conjuntamente con otros organismos públicos para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género en los efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
También buscará conocer la cantidad del personal del ámbito de la salud ha realizado la capacitación obligatoria en género, Ley Micaela.
En los fundamentos del texto recientemente aprobado, Velasco remarcó que “el presente pedido de informes se aboca a conocer si existen protocolos de abordaje y actuación sobre las distintas formas de violencia basada en género” y remarcó que “el mismo es una herramienta que estandariza procedimientos de actuación frente a una situación específica en un ámbito determinado”.
Además precisó que “tratándose de violencia contra las mujeres, estos protocolos se convierten en una medida preventiva que produce dos efectos concretos: el primero, generar un espacio de contención, abordaje y orientación para las mujeres afectadas; el segundo, enviar un mensaje claro a toda la organización de que tales conductas no son toleradas. El objetivo del protocolo va a depender del tipo de violencia que se desee abordar”.
“Al presente lo motiva saber si se brinda asistencia técnica a las víctimas, para responder al marco legal vigente y así garantizar los derechos básicos de seguridad, acceso a la justicia y no revictimización de las mujeres en situación de violencia”, sentenció.
A través de distintos hashtags y en la previa de una nueva movilización contra la violencia de género, legisladoras de todo el arco político recordaron la fecha.
En la previa de una nueva marcha contra la violencia de género, a siete años de la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos, legisladoras de todo el arco político recordaron la fecha y reivindicaron la lucha por los derechos de las mujeres.
A través de las redes sociales y mediante distintos hashtags, este jueves fueron varias las oficialistas y opositoras que hicieron referencia al tema. “A 7 años del primer #NiUnaMenos, seguimos trabajando contra las distintas expresiones de la violencia por motivos de género”, escribió la vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau (FdT).
Y reveló que presentó un proyecto “para que se a realicen las capacitaciones establecidas en la Ley Micaela en los medios de comunicación”.
Por su parte, la presidenta de la Banca de la Mujer en el Senado, Eugenia Catalfamo (UC-FdT) publicó: “A 7 años de aquel primer grito de #NiUnaMenos seguimos alzando la voz por las que ya no están, por los derechos que nos faltan, por las brechas que resisten. ¡Nos queremos vivas, libres y en igualdad!”.
“Hoy volvemos a levantar la voz, a decir #Basta, volvemos a las calles a reclamar derechos, a pedir justicia, volvemos a gritar #NiUnaMenos. Nos queremos vivas, libres y sin miedo!”, fue el mensaje de la diputada Mónica Litza (FdT).
También desde el oficialismo, su par Marisa Uceda (FdT) recordó que “un 3 de junio de 2015 miles de mujeres marchamos para visibilizar la violencia machista que sufrimos día a día. A 7 años del primer #NiUnaMenos, nos encontramos para seguir exigiendo desde el grito colectivo: ¡Ni Una Menos! Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.
“A 7 años del primer #NiUnaMenos nos convoca el mismo compromiso y reclamo. En nombre de todas las víctimas de violencia sexista seguimos levantando nuestra voz: #NiUnaMenos”, expresó la diputada Margarita Stolbizer (EF-JxC).
En tanto, la diputada Mónica Fein (PS) manifestó que “hace siete años, las mujeres de todo el país salíamos a las calles para pedir justicia por las víctimas de femicidios y nos uníamos al grito colectivo #NiUnaMenos. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con este día de lucha, pero aún queda mucho por hacer”.
“Es necesario el trabajo conjunto de todos los poderes del Estado para erradicar la violencia machista. Las mujeres ganamos las calles, juntas y unidas queremos vivir en una sociedad más igualitaria y libre de violencias”, sumó.
“7 años del primer #NiUnaMenos. Un femicidio cada 27 horas. Volvemos a salir a la calle para reclamar que se tomen todas las medidas que sean necesarias, con urgencia, y denunciar que los gobiernos y el Estado son responsables. La deuda es con nosotras, no con el FMI”, apuntó la diputada de la izquierda Myriam Bregman (PTS-FIT).
Entre la marea de tuits haciendo referencia a la fecha, la diputada Carolina Gaillard (FdT) sostuvo: “A siete años del primer #NiUnaMenos volvemos a marchar. Desde ese día a hoy, son 2 mil las mujeres que ya no podrán marchar con nosotras. Seguiremos reclamando justicia por las que ya no tienen voz y pidiendo por una Reforma Judicial Feminista”.
“Hoy volvemos a gritar ¡NI UNA MENOS! En las calles, nuevamente, nos hacemos oír. Seguimos construyendo redes feministas para vivir libres y sin violencia de género”, fue la convocatoria de la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT).
También desde el Senado, la tucumana Beatriz Ávila (PJS-JxC) afirmó que “en un nuevo aniversario de este hito histórico, se grita en todo el país: ¡ni una menos!”. “La violencia de género es una problemática y debemos trabajar para su erradicación, con estrategias de prevención y acciones concretas e integrales con las víctimas”, reclamó.
“Hace siete años, tras el cobarde asesinato a Chiara Páez, salimos a las calles por primera vez. Hoy volvemos a gritar #NiUnaMenos. Reafirmo mi compromiso y exijo, una vez más, políticas públicas integrales que nos protejan y combatan realmente la violencia y la desigualdad”, pidió la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro).
Con abundantes datos, la diputada Dolores Martínez (Evolución Radical) observó que “el Estado llega tarde y mal: 1 víctima cada 27 hs. Del 1/1 al 31/5 hubo 127 femicidios, 3 trans/travesticidios y 8 femicidios vinculados de varones; 30 víctimas habían realizado la denuncia y 5 femicidas tenían medida cautelar. 147 hijas e hijos quedaron sin madre”.
“Por eso, como hace 7 años, vamos a marchar por un Estado que funcione, que dé respuestas integrales y efectivas con diagnósticos certeros, que se anticipe y este más cerca”, añadió.
La senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina) recordó que “hace 7 años, gritábamos por primera vez #NiUnaMenos para decirle basta a la violencia de género. Para luchar por el derecho de todas las mujeres a vivir libres y sin miedo. Y lo seguiremos haciendo por las que no volvieron, por las que estamos, por las que vendrán”.
“A 7 años del primer #NiUnaMenos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con nuestro compromiso de luchar por más igualdad y terminar con las violencias que atraviesan nuestro día a día. ¡Hoy volvemos a llenar las calles!”, resaltó la diputada Mara Brawer (FdT).
La senadora Lucía Corpacci (FNyP-FdT) aseguró: “Como hace 7 años, hoy marchamos por la cantidad de femicidios que no disminuyen. Combatir la violencia tiene que seguir siendo el compromiso de la sociedad en su conjunto”.
Entre los mensajes también tuiteó el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “hace 7 años las mujeres y LGBTI+ alzaron la voz al grito de #NiUnaMenos. Desde el Gobierno, escuchamos la demanda de las calles y la tradujimos en políticas públicas para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género en su camino a una vida libre”.
Y compartió un hilo con imágenes con datos, entre ellas una que afirma que “el índice de femicidios, travesticidios y transfemicidios registró el valor más bajo de la historia del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina”.
“Ni Una Menos. Los argentinos estamos más juntos que nunca en la lucha para terminar con la violencia contra la mujer. En 2015 se dio un quiebre: las mujeres tomaron la calle masivamente para reclamar por sus derechos y nosotros, como Estado, tenemos que dar respuestas”, fue el mensaje del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La sentencia que dictó el Tribunal fue con acuerdo unánime de los camaristas electorales y reseña una diversidad de normas nacionales e internacionales dictadas en resguardo de los derechos de participación política de las mujeres.
A través de un comunicado, la Cámara Nacional Electoral informó que el Tribunal dictó -con unanimidad- este jueves una sentencia referida a la violencia política por razones de género, en el ámbito interno de los partidos políticos, a raíz de una sanción disciplinaria aplicada a un grupo de mujeres afiliadas a la UCR de Catamarca, como consecuencia de la impugnación que ellas habían formulado contra un candidato a presidente del Comité partidario, por encontrarse denunciado penalmente por el delito de abuso sexual.
A partir de la ponderación de una serie de elementos que reseña la sentencia, la Cámara entendió que ese proceso disciplinario configuró un supuesto de violencia política contra la mujer, por lo que dejó sin efecto la sanción partidaria.
Al respecto, señaló que “la aplicación de la sanción cuestionada claramente conduce a debilitar los mecanismos de reclamo y protección de las mujeres en el seno de la organización y deja en evidencia el ejercicio de la violencia política ejercida por parte de quienes se arrogaban funciones sancionatorias”.
La sentencia, dictada con acuerdo unánime de los camaristas electorales, Daniel Bejas, Alberto R. Dalla Via y Santiago H. Corcuera, reseña una diversidad de normas nacionales e internacionales dictadas en resguardo de los derechos de participación política de las mujeres, a la luz de las cuales se remarca la necesidad de juzgar el caso con perspectiva de género, superando deficiencias procesales que de otro modo podrían mantener en situación de desprotección a los grupos vulnerables.
En tal sentido, señaló la necesidad de que “situaciones como la que aquí se presentan sean objeto de un profundo análisis no sólo por parte de […] jueces cuando lleguen a su conocimiento casos como el de autos, los cuales deberán ser examinados a la luz de las consideraciones antes reseñadas -como parte del accionar progresivo por parte del Estado tendiente a remover los obstáculos a una mayor participación-, sino también –previamente- por las agrupaciones políticas”.
Las cuestiones de género han sido abordadas en variadas ocasiones por la Cámara Nacional Electoral, que ha tenido siempre un rol activo en asegurar la adecuada aplicación de las normas que tutelan la participación política de las mujeres.
Así se desprende de un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el cual también establece que en el 94% de los casos los agresores fueron varones.
En tiempos de cambios sociales y de intensificación de las luchas de género, el por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) dio a conocer un informe sobre “Violencia política por razones de género” que se realizó en la Legislatura de la Ciudad y que reveló que el 77% de las legisladoras aseguró haber sufrido violencia de género por motivos de género.
Los resultados del informe se desprenden de las entrevistas que se le realizó a 44 legisladores y legisladoras porteñas, cuyas identidades se mantuvieron en reserva pero que reflexionaron “sobre la cultura machista y los roles de género, la frecuencia de los casos de violencia, el mensaje aleccionador que ésta tiene por sobre las mujeres, y qué mecanismos están implementando las legisladoras para enfrentarse a esta situación”.
El documento –que fue difundido por Sección Ciudad– establece que en el 94% de los casos los agresores fueron varones y el 82% de las victimas vio afectado su bienestar psicológico/emocional. Además el 59% fue violentada por alguien de su mismo partido y el 47% advirtió que el agresor no sufrió consecuencias.
Al momento de responder acerca de los espacios donde se sienten más expuestas/os al tipo de situaciones mencionadas, el 82% de las mujeres remarcó que en Internet/redes sociales. Por otro lado, el 18% de las legisladoras mencionó que a veces les ofrecieron “favores políticos” a cambio de “favores sexuales”.
En ese sentido, una legisladora afirmó que “hay varones que te hacen sentir la incomodidad. Están mucho más preocupados por ver si pueden levantarte que si pueden tener algún tipo de discusión sobre algún tema que te interese discutir con ellos” y remarcó que “eso ocurre muchísimo. El franeleo propio de algunos termina repercutiendo en cómo una se desempeña o lleva adelante determinadas discusiones. Se elige resignar algunas discusiones con algunos compañeros, porque sabe o no quiere someterse a situaciones incómodas o desagradables”.
Al mismo tiempo que otra legisladora advirtió que “la voz de la mujer es poca en los recintos. Las mujeres no se animan a hablar, es difícil hablar por primera vez. Hay que pelearse, imponerse. Es difícil además salir de los temas en que se encasillan a las mujeres. Las comisiones importantes las lideran los varones -por ejemplo, de Presupuesto-. Los jefes de bloques son varones, las comisiones las presiden varones, muchas veces quienes hacen los proyectos también son varones”.
El equipo estará ahora bajo la órbita del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El Gobierno había hecho el anuncio en junio pasado.
El Poder Ejecutivo oficializó este viernes el decreto de necesidad y urgencia 744/21, que dispone el traspaso del cuerpo de abogados y abogadas para la atención gratuita a víctimas de violencia de género a la órbita del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que dirige Elizabeth Gómez Alcorta.
La medida había sido anunciada en junio pasado por la ministra y el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Hasta ese momento, el cuerpo de abogados funcionaba en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En el DNU, que deberá ser abordado por la Bicameral de Trámite Legislativo, el Poder Ejecutivo aseguró que el traspaso se realiza “para garantizar la especificidad e integralidad en la intervención, mayor dinamismo y mejores condiciones para un abordaje integral de las personas en situación de violencias por motivos de género”.
La Cámara baja provincial dio media sanción al proyecto de la diputada Paola Rubbinato, por el cual se establecen normativas para garantizar la cobertura gratuita e integral de estas intervenciones.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó su 12° Sesión Ordinaria del 142° Período Legislativo, en la que se dio media sanción al proyecto de ley, de autoría de la diputada Paola Rubattino, por el cual se establecen normativas para garantizar la cobertura gratuita e integral de la cirugía plástica reparadora de las secuelas físicas sufridas por las mujeres víctimas de violencia de género.
La autora del proyecto destacó que esta iniciativa generó diversas instancias de debate en comisiones: “Pensamos este proyecto en el marco de la Ley de Paridad Integral y de las políticas de cuidado como agenda en la cual el Estado debe tener centralidad”, sostuvo.
Rubattino remarcó también que el proyecto “se inscribe en pensar el campo de la salud pública con otros objetivos, desde otros márgenes y con mayores desafíos”, y agregó: “Es una reparación profunda en términos de vida subjetiva. Viene a reparar el cuerpo lastimado, que se inscribe en un cuerpo físico, pero también en un cuerpo social, y así reparar también un proyecto de vida”.
“Queremos sacar las cirugías reparadoras de un enfoque banal y ponerlo en el centro de un enfoque de derechos”, indicó la legisladora.
La presidenta de la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la diputada Mariana Farfán, dijo que “este proyecto viene a reparar lo que las sentencias no pueden: las secuelas físicas. Mirar a los costados, con empatía y desde lo colectivo nos hace una sociedad más justa”.
Por su parte, el diputado Jorge Cáceres, presidente de la Comisión de Salud Pública, expresó: “Estamos dando un paso al ponernos en el lugar de la persona que sufrió un acto de violencia que revive cada vez que se mira al espejo”.
En tanto, Gracia Jaroslavsky celebró la iniciativa y expresó el acompañamiento de su bancada. “La violencia sobre la mujer deja secuelas que no se borran nunca”, reflexionó.
La Comisión de Legislación de Trabajo se reunirá este miércoles para analizar las modificaciones que propuso el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para el régimen de asignaciones familiares para el personal de la administración pública.
Tal y como lo adelantó parlamentario.com días atrás, la Comisión de Legislación del Trabajo –presidida por el peronista Santiago Roberto (FdT)- se reunirá este miércoles a las 15.30 en el salón San Martín de la Legislatura porteña para analizar un proyecto de ley que busca modificar el Régimen de Asignaciones Familiares para el personal de la administración pública y crear una nueva asignación por violencia de género.
La iniciativa había sido impulsada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con la intención de actualizar la norma e incorporar otras asignaciones como, por ejemplo, la de violencia de género.
El texto presentado busca introducir modificaciones en la norma, a fin de hacerlo más inclusivo e incorporar las diversidades, dado a que “el sistema de asignaciones familiares actual tiene un fuerte arraigo en la composición familiar tradicional que necesita ser replanteado a la luz de las transformaciones sociales”, por lo que es “necesario reconocer los distintos tipos de conformaciones familiares que existen – parejas del mismo sexo, adoptantes, hogares monoparentales y otros tipos de configuraciones familiares no hegemónicas- así como contemplar las diversas necesidades de cuidado que tienen las familias. Por ello, introducir la perspectiva de género y diversidad”.
En este sentido, el presente proyecto propone modificar la redacción de algunos conceptos con un fuerte sesgo maternalista, como “maternidad” o “mujer embarazada” utilizando términos más inclusivos y como “nacimiento de hijo/a” o “persona gestante”, y eliminar ciertos condicionamientos y requisitos hoy vigentes como, por ejemplo, la acreditación del vínculo conyugal para la persona no gestante en el caso de la asignación por embarazo, o la presunción de que uno de los/las progenitores/as se ocupa del cuidado de los hijos en el hogar para el caso de la asignación por hijo menor de cuatro años.
Asimismo la iniciativa propone la creación de una asignación especial por violencia de género, que consiste en un apoyo económico para afrontar gastos generados por una situación de violencia por razones de género en el ámbito familiar, “con el objetivo promover la autonomía de todas las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ víctimas de violencia de género que trabajan en el Gobierno de la Ciudad”, sostiene la misma.
La propuesta del jefe de Gobierno también se propone la creación de un nuevo régimen de carácter progresivo, dotado de bandas determinadas por rangos mínimos y máximos de ingresos, así como un tope o límite máximo de ingresos que determinen tanto el acceso como la cuantía de las asignaciones a percibir para cada trabajador.
En los fundamentos del texto, Larreta sentenció que “la ley de asignaciones familiares cuyo proyecto se eleva en el presente, busca reemplazar el régimen actual con una versión superadora, que contemple a cada uno de los trabajadores en su contexto particular, no sólo en relación a sus ingresos, sino también a su configuración familiar, que busque una distribución proporcionada de los recursos priorizando a quienes más lo necesitan”.
El alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el régimen de asignaciones familiares para el personal de la administración pública.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Régimen de Asignaciones Familiares para el personal de la administración pública y crear una nueva asignación por violencia de género.
El texto recientemente presentado busca introducir modificaciones en la norma, a fin de hacerlo más inclusivo e incorporar las diversidades, dado a que “el sistema de asignaciones familiares actual tiene un fuerte arraigo en la composición familiar tradicional que necesita ser replanteado a la luz de las transformaciones sociales”, por lo que es “necesario reconocer los distintos tipos de conformaciones familiares que existen – parejas del mismo sexo, adoptantes, hogares monoparentales y otros tipos de configuraciones familiares no hegemónicas- así como contemplar las diversas necesidades de cuidado que tienen las familias. Por ello, introducir la perspectiva de género y diversidad”.
En este sentido, el presente proyecto propone modificar la redacción de algunos conceptos con un fuerte sesgo maternalista, como “maternidad” o “mujer embarazada” utilizando términos más inclusivos y como “nacimiento de hijo/a” o “persona gestante”, y eliminar ciertos condicionamientos y requisitos hoy vigentes como, por ejemplo, la acreditación del vínculo conyugal para la persona no gestante en el caso de la asignación por embarazo, o la presunción de que uno de los/las progenitores/as se ocupa del cuidado de los hijos en el hogar para el caso de la asignación por hijo menor de cuatro años.
Asimismo la iniciativa propone la creación de una asignación especial por violencia de género, que consiste en un apoyo económico para afrontar gastos generados por una situación de violencia por razones de género en el ámbito familiar, “con el objetivo promover la autonomía de todas las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ víctimas de violencia de género que trabajan en el Gobierno de la Ciudad”, sostiene la misma.
La propuesta del jefe de Gobierno también se propone la creación de un nuevo régimen de carácter progresivo, dotado de bandas determinadas por rangos mínimos y máximos de ingresos, así como un tope o límite máximo de ingresos que determinen tanto el acceso como la cuantía de las asignaciones a percibir para cada trabajador.
En los fundamentos del texto, Larreta sentenció que “la ley de asignaciones familiares cuyo proyecto se eleva en el presente, busca reemplazar el régimen actual con una versión superadora, que contemple a cada uno de los trabajadores en su contexto particular, no sólo en relación a sus ingresos, sino también a su configuración familiar, que busque una distribución proporcionada de los recursos priorizando a quienes más lo necesitan”.
ProyectodeNorma__Expediente_2196_2021.El diputado de Juntos por el Cambio denunciado por Florencia Peña por un tuit considerado “misógino” también fue a la justicia. Su estrategia fue autodenunciarse.
Ante el pedido de suspensión inmediata del Parlamento y la denuncia penal realizada por la actriz Florencia Peña, el diputado bonaerense Waldo Wolff (Juntos por el Cambio) no se quedó quieto y se autodenunció este jueves en la justicia sin dejar de cuestionar al Gobierno nacional: “El kirchnerismo es fascismo”.
En declaraciones a radio Rivadavia, Wolff, quien fuese vicepresidente de la DAIA, señaló: “El kirchnerismo es fascismo. Tenemos un presidente de la Nación -Alberto Fernández- que tiene tuits aberrantes, que le pegó a un señor borracho en el piso, patadas, y está en un video. Tenemos un Procurador del Tesoro de la Nación -Carlos Zannini- que falsificó la declaración jurada para ponerse una vacuna”.
“¿Me quieren juzgar a mí porque no les gusta un tuit? No hay problema. Lo que está en tela de juicio es la libertad de expresión”, arremetió.
Por eso, el diputado de Juntos por el Cambio señaló: “Me acabo de auto denunciar en doce fueros. Primero en la Justicia Penal porque Florencia Peña me denunció, pero (Fernando) Burlando puso mal mi nombre. Puso Walter en lugar de Waldo”, apuntó.
“Ella dice que yo tuve expresiones misóginas, cosa que es imposible para con ella, porque el tuit que está en la picota ocurrió el 27 de julio y lo de las visitas a Olivos fue el 28 de julio”, manifestó el diputado.
También aclaró que fue “un tuit despersonalizado” en el que no tuvo ninguna “referencia sexual ni de género ni misógina”.
“Es mentira, es una operación de prensa de Florencia Peña. El objetivo es ocultar lo que pasó. Que no se hable de lo que pasaba en Olivos. Quieren que se desvíe el foco, por eso salieron la CGT, el bloque oficialista que pidió la expulsión de Fernando Iglesias. Yo pedí que evalúen también mi expulsión”, manifestó el legislador nacional.
Un oficio firmado por el abogado Fernando Burlando ingresó a la Cámara de Diputados. Conocé la denuncia.
Luego del pedido de mujeres legisladoras del Frente de Todos con Gabriela Cerruti como abanderada, ahora el reclamo de “suspensión inmediata” y el “inicio de proceso de desafuero” para los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff fue presentado por la propia actriz Florencia Peña mediante un oficio presentado este jueves en mesa de entrada de Diputados, por su abogado Fernando Burlando.
“Solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión”
Esta solicitud llega luego de que Peña radicara una querella criminal ante el Fuero Federal de la ciudad de Buenos Aires, contra los diputados nacionales Iglesias y Wolff al considerar que “los funcionarios legislativos han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar”.
“Implica un hecho de tremenda gravedad institucional“
“Dada la naturaleza de los hechos que se les imputan y la flagrante actividad ilícita de los nombrados que resulta de público y notorio, solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión, de acuerdo con las prescripciones constitucionales y las circunstancias consideradas en la documentación que se adjunta al presente, disponiéndose el inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los delitos que se encuentran manifiestamente acreditados en el sub exámine”, dice el texto dirigido a Massa y que lleva la firma de Burlando.
En la denuncia, se detalla que tras conocerse que Peña visitó la Quinta de Olivos durante la etapa de medidas restrictivas en la pandemia de coronavirus, el diputado Iglesias escribió en Twitter un mensaje el pasado 27 de julio que tenía fotografías de mujeres que realizaron varias visitas a la quinta presidencial por razones laborales, entre las que se encontraba la actriz.
En ese sentido, Iglesias escribió: “Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”.
Para Peña y Burlando, el tuit de Iglesias fue “una clara actitud de absoluta misoginia” con “un claro contexto de ironía con una grave connotación sexual”.
También remarcaron que el diputado Waldo Wolff contestó: “Pero ella de rodillas no?”.
“El inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal”
En la denuncia sostienen que “realmente, la mgnitud del escándalo, a la luz de las responsabilidad funcional de los sujetos que expresaron semejantes comentarios y los instrumentos internacionales que se encuentran vigentes y a los que ha adherido nuestra república implica un hecho de tremenda gravedad institucional ya que es, en orden a la condición de diputados nacioanles que se encuentran especialmente compelidos al acatamiento de las disposiciones de orden público que surgen de la ley 26.485″.
denuncia-florencia-penaEn el centro de la polémica por sus dichos tras la visita de varias actrices a la Quinta de Olivos en plena pandemia, el diputado porteño mantiene su postura y carga contra el Gobierno nacional. Aumentan los reclamos para que Iglesias sea expulsado del Parlamento.
Luego de la reacción de los sectores feministas cercanos al oficialismo, el diputado porteño y precandidato a renovar su banca por Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, no dio marcha atrás sino todo lo contrario: redobló la apuesta.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Iglesias sostuvo que “el objetivo del Gobierno es no discutir lo que hay que discutir. Qué tenían que hacer Sofía Pacchi y Úrsula Vargues”.
Con respecto a la actriz Florencia Peña, el legislador de Juntos por el Cambio remarcó: “Yo no usé jamás la palabra ‘puta’ ni ‘petera’. Ella misma usó esas palabras. Es una cuestión de victimización”, apuntó.
Ante el comentario en Twitter que dio inicio a la polémica que tuvo su pico cúlmine en una entrevista televisiva cuando consideró que las visitas a la Quinta de Olivos eran “un escándalo sexual”.
“He sido muy claro, y picante. Ellos deben explicar todo lo que pasó y lo que sucede en la residencia de Olivos, una institución oficial como la Casa Rosada”, dijo Iglesias.
Fiel a su estilo, disparó: “El Gobierno no puede explicar el desastre sanitario, educativo y económico que hicieron. Quieren cambiar el eje de la discusión”.
“Ha habido mucha gente que se ha solidarizado. Agradezco de corazón eso. Tengo claro quiénes son nuestros enemigos, y no están de mi lado. Están enfrente, son una banda de mafiosos autoritarios”, cerró Iglesias.
Pensando en las elecciones primarias abiertas deseó: “Espero que la gente castigue duramente a este gobierno”.
La Legislatura porteña aprobó un proyecto de resolución mediante el cual se exigen precisiones acerca de cómo se implementa el plan de atención a las víctimas de violencia de género y como se articula el trabajo con los CIM, entre otras cuestiones.
Ante el aumento de casos de violencia de género por la pandemia, la Legislatura de la Ciudad aprobó –durante la sesión ordinaria de este jueves- una iniciativa a través de las cuales los diputados buscarán conocer cómo es el funcionamiento de la Línea 144, la cual asiste a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
A través de esta iniciativa los legisladores buscarán conocer cuántas personas se desempeñan en el programa; cuáles son los recursos con los que cuentan los trabajadores al momento de asistir a las personas que se comunican; y si la línea articula con los dispositivos de asistencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tales como los Centros Integrales de la Mujer (CIM) o refugios para mujeres en situación de violencia.
Además se pedirá que se informe sobre la cantidad de llamadas recibidas en 2019 y 2020; si las llamadas se han incrementado a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio; si existe seguimiento de los casos; y cuál es la estrategia de difusión de la línea durante el período de aislamiento.
También se le solicitará al Gobierno de la Ciudad que informe si se dispuso complementar esta línea telefónica con otros canales no presenciales, por ejemplo, Whatsapp o correo electrónico; y si existe articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación.
En los fundamentos de las medidas que se pondrán en consideración, los diputados señalaron que “en el contexto actual de aislamiento social, preventivo y obligatorio se han incrementado las situaciones de violencia por motivos de género y los llamados a la línea a nivel nacional han aumentado en un 25%”.
Al mismo tiempo que concluyeron aseverando que “según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Estadísticas y Censos durante el año 2016 los agresores de mujeres víctimas de violencia familiar asistidas en los Centros Integrales de la Mujer (CIM) eran en un vos y año 2018 al menos un 63% refería a casos de maltrato físico, emocional o ambas opciones”.
Alejandra Oehrens de la Secretaría de las Mujeres de Neuquén acusó al legislador nacional Francisco Sánchez de violencia de género por una serie de tuits que publicó.
La subsecretaria de la Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, Alejandra Oehrens, denunció este miércoles ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) al diputado nacional Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio-Neuquén), por una serie de tuits que calificó de “discriminatorios y desafortunados”. La funcionaria tildó al legislador de “un ignorante importante que ocupa una banca provincial a nivel nacional” y advirtió que si el INADI no actúa pedirá la destitución de Sánchez.
“Las formulaciones vertidas por el diputado nacional derivan de un patrón asociado al machismo, que comenzó con la frase de una joven de 18 años ‘Díganme algo que necesiten’, a lo que contestó: ‘Una nuera como vos para uno de mis 5 hijos’”, sostuvo la funcionaria. “Luego, otra usuaria agregó: ‘Fran a todas nos decís lo mismo. Te descubrí’, a lo que respondió: ‘No a todas. Solo a las bonitas, inteligentes y por lo tanto de derecha’”, señala en el texto de la denuncia.
La subsecretaria de las Mujeres de la capital neuquina expuso: “Repudiamos totalmente por segunda vez los dichos del diputado Sánchez, claramente un ignorante importante que ocupa una banca provincial a nivel nacional, vergonzosamente representando a los neuquinos y neuquinas”.
Oehrens aseguró que esperan “una sanción contundente de parte del INADI, que se retracte mínimamente” y anticipó que “si no sucede pediremos la destitución de la banca a través del Ministerio de las Mujeres en la Cámara de Diputados sumándole el resto de sus conductas misóginas, discriminatorias y violentas”.
En la denuncia, Oehrens sostuvo que “los desafortunados dichos estereotipan a que las mujeres deben ser bonitas, inteligentes y peor aún, que para pertenecer a un grupo político deben tener dichas cualidades, exhibiendo una evidente discriminación utilizando lenguaje sexista”.
“No resulta casual que el señor diputado Sánchez el año pasado expresó, por redes sociales, su idea de derogar la Ley Micaela señalando de ‘berretas’ a los grupos feministas”, afirmó. Y agregó que “devaluar, excluir, silenciar o invisibilizar a una persona debido a estereotipos y valores de género es discriminación directa, es violencia de género”.
La Comisión de Mujer e Infancia analizará una serie de iniciativas que buscan obtener precisiones acerca de cómo se implementa el plan de atención a las víctimas de violencia de género y como se articula el trabajo con los CIM, entre otras cuestiones.
A pocos días de la realización del último “Ni una menos”, la Comisión de Mujer e Infancia se reunirá este martes a las 13 para debatir acerca de una serie de iniciativas a través de las cuales se le exigirá al Gobierno de la Ciudad que brinde precisiones acerca del funcionamiento de las Línea 144, la cual asiste a víctimas de violencia de género.
En caso de que los mismos sean despachados por la Comisión, los legisladores buscarán conocer cuántas personas se desempeñan en el programa; cuáles son los recursos con los que cuentan los trabajadores al momento de asistir a las personas que se comunican; y si la línea articula con los dispositivos de asistencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tales como los Centros Integrales de la Mujer (CIM) o refugios para mujeres en situación de violencia.
Además se pedirá que se informe sobre la cantidad de llamadas recibidas en 2019 y 2020; si las llamadas se han incrementado a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio; si existe seguimiento de los casos; y cuál es la estrategia de difusión de la línea durante el período de aislamiento.
También se le solicitará al Gobierno de la Ciudad que informe si se dispuso complementar esta línea telefónica con otros canales no presenciales, por ejemplo, Whatsapp o correo electrónico; y si existe articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación.
En los fundamentos de las medidas que se pondrán en consideración, los diputados señalaron que “en el contexto actual de aislamiento social, preventivo y obligatorio se han incrementado las situaciones de violencia por motivos de género y los llamados a la línea a nivel nacional han aumentado en un 25%”.
Al mismo tiempo que concluyeron aseverando que “según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Estadísticas y Censos durante el año 2016 los agresores de mujeres víctimas de violencia familiar asistidas en los Centros Integrales de la Mujer (CIM) eran en un 78,4% convivientes y de las llamadas atendidas en la línea telefónica de violencia familiar en el año 2018 al menos un 63% refería a casos de maltrato físico, emocional o ambas opciones”.
Así lo reveló la investigación de una fundación que cuantificó los casos registrados en los medios. “No se puede negar una realidad por ideología política o tabú social”, sostuvo el diputado Eduardo Cáceres.
Al menos un hombre muere cada semana asesinado por su pareja o ex, o se quita la vida por una falsa denuncia o el impedimento de contacto con los hijos. Ese es el promedio que arrojó la investigación de la fundación “Ayudar y Crecer”, en base a los casos que solo aparecieron en los medios en los últimos 113 días, tras el asesinato de Alejo Oroño de una puñalada en el corazón.
Según los datos difundidos, hubo 14 asesinados (la mayoría apuñalados) y 3 suicidios (por falsas denuncias de abuso o impedimento de contacto con los hijos); 6 hombres estuvieron en prisión siendo inocentes; hubo 18 heridos de gravedad (3 prendidos fuego); 36 heridos y 23 agredidos con daños materiales, amenazas u hostigamiento.
“No se trata de competir con cifras, que sea mayoría la cantidad de casos de violencia contra las mujeres no puede tapar esta otra realidad, de la cual no existen estadísticas públicas, porque el Estado no contabiliza los casos de hombres víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex, por eso este informe fue realizado sólo en base a los que tomaron estado público en medios de todo el país”, señaló el diputado nacional Eduardo Cáceres, y agregó: “No se puede negar una realidad por ideología política o tabú social”.
En este sentido, más de cien ONGs de todo el país reclaman que se debata la “Ley Alejo” en el Congreso de la Nación, para abordar la violencia desde una perspectiva integral, sin criminalizar al hombre por su género, presumiendo que es el único protagonista de la violencia y violando el principio de inocencia. “La violencia no tiene género”, resalta el diputado nacional Eduardo Cáceres, autor de la iniciativa junto a más de una docena de legisladores de JxC.
“Notamos que muchas mujeres hacen abuso de las políticas de género, eso se percibe en los tribunales, con el aumento de falsas denuncias e impedimento de contacto con los hijos en el marco de divorcios o separaciones. La justicia no puede estar condicionada, porque hoy hay miles de hombres desaparecidos por falsas denuncias. Se los hace desaparecer de sus familias, de sus trabajos y a muchos de sus vidas, porque se la terminan quitando”, resaltó Cáceres.
Desde el 12 de febrero de 2021 (Caso Alejo Oroño) al 5 de junio de 2021
43 Apuñalados
1 Asesinado con arma de fuego
3 Quemados
23 Golpeados
12 Falsas Denuncias (2 de estos casos terminaron en suicidio)
13 Acosado, Hostigado o Amenazado
1 Suicidio por impedimento de contacto con los hijos
4 Daños materiales
La Legislatura porteña adhirió a todas las actividades que se realicen en ocasión del sexto aniversario de esa convocatoria de mujeres que busca visibilizar y terminar con los femicidios y violencia de género.
Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires conmemoraron este jueves el sexto aniversario de la movilización por el “Ni una menos” y adhirió a todas las actividades que se realicen en ese marco, en las que se expresará el repudio a la violencia machista y las desigualdades de género, así como también se destaca la importancia de la organización feminista.
En los fundamentos de la medida recientemente aprobada por la Legislatura porteña, los diputados precisaron que “el 3 de junio se ha convertido en la Argentina en una fecha simbólica de la lucha contra la violencia machista y patriarcal que tanto afecta a nuestra sociedad” y recordaron que “en el año 2015, en una convocatoria que desbordó los marcos tradicionales de las organizaciones sociales y los partidos políticos, la sociedad argentina salió a la calle a repudiar de forma colectiva y taxativa la violencia por razones de género. Desde ese año, y de forma progresiva, el movimiento feminista se masificó de una forma nunca antes vista, aunque sus raíces se encuentran en las luchas de todos los movimientos populares que luchan contra la desigualdad”.
Sobre esa misma línea, resaltaron “la importancia sustantiva que tiene el movimiento de mujeres y el feminismo popular organizado en los barrios y en cada territorio para realizar de forma comunitaria las tareas donde el Estado aún no está llegando” e indicaron que “esta fecha es una nueva oportunidad para visibilizar y reconocer el rol de las trabajadoras comunitarias que sostienen a sus barrios y garantizan el cuidado de la salud y el derecho a la alimentación de miles de personas”.
“Este Ni Una Menos es una ocasión para adherir al rechazo de la violencia machista que cada año se lleva la vida de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y expresar el compromiso de la Legislatura Porteña en el desarrollo de políticas públicas integrales que desarticulen las desigualdades estructurales que atraviesa nuestra sociedad”, señalaron y concluyeron advirtiendo que “existe una precarización selectiva de las vidas de las personas que están en situaciones de violencia por razones de género cuando el Estado está ausente, cuando no llega o cuando llega tarde. Es por eso que con la presente declaración buscamos reconocer el profundo trabajo comunitario que están haciendo las organizaciones sociales feministas y resaltar la necesidad de desarrollar políticas públicas integrales, con más presupuesto y más llegada a los territorios”.
La encargada de abrir la conmemoración en el recinto fue Myriam Bregman (PTS), quien manifestó que “a seis años de aquella marcha en la que se convocó a un millón de mujeres, hoy volvemos a levantar la voz porque la violencia machista se sigue cobrando la vida de una mujer por día” y resaltó que “cambio muchísimo la conciencia de las mujeres y en ese terreno ya nada es igual, por lo que en la sociedad tampoco nada es igual”.
“En lo que va del año murieron 130 mujeres, se cambió el lenguaje, desparecieron muchísimos chistes, se crearon Ministerios, secretarías y programas… aun así siguen muriendo mujeres y la violencia de género se incrementó en la pandemia”, aseveró.
En tanto la legisladora del FdT Ofelia Fernández precisó que “pasaron seis años desde el primero y no nos alcanzaría el tiempo para nombrar la cantidad de mujeres que murieron desde ese tiempo, pero nos seguimos enfrentándonos a la misma maquinaria asesina… Estas vivas no es solo vivir, es vivir dignamente”.
Mientras que la vicepresidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Manuela Thourte (UCR-Ev), que remarcó que “todas recordamos como fue esa jornada histórica, queremos reconocer a las militantes y mujeres de a pie que salieron a la calle. Hemos avanzado mucho pero tenemos deudas pendientes, muy importantes” e insistió en que como Estado “seguimos llegando tarde porque muchas de las mujeres asesinadas ya habían denunciado antes”.
Al mismo tiempo que la legisladora de Vamos Juntos Gimena Villafruela concluyó señalando que “es un día de lucha, reflexión y respeto hacia todas aquellas mujeres que luchan a diario para hacer valer sus derechos, las que fueron víctimas de femicidios y para quienes sufrieron violencia de género”.
El proyecto de la diputada Gabriela Lena propone el retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que determine la autoridad judicial y dispone la suspensión de la condición de legítimo usuario y portación de armas y municiones.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Gabriela Lena presentó un proyecto de ley que dispone el retiro del arma reglamentaria a aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido denunciados por violencia de género o intrafamiliar.
La iniciativa prevé también la posibilidad del traslado del agente de seguridad, según las circunstancias y gravedad del caso, con el fin de preservar la integridad física y la vida de la persona denunciante.
“De enero a mayor de 2021 se produjeron 115 femicidios, seis transfemicidios y ocho femicidios vinculados de varones. Según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, entre los femicidas 13 eran agentes o exagentes de alguna fuerza de seguridad”, remarcó la legisladora entrerriana para advertir sobre esta problemática.
“Una medida de este tipo no violaría el principio de inocencia ya que el acceso al arma de fuego no es un derecho sino un privilegio otorgado por el Estado”, advirtió la diputada.
El proyecto propone el retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que determine la autoridad judicial y dispone la suspensión de la condición de legítimo usuario y portación de armas y municiones.
“La portación de arma de dotación fuera del ámbito de trabajo en algunos casos en posesión de los agentes durante las 24 horas pone en riesgo a las mujeres y otros convivientes. Según el Registro de Femicidios de la Justicia Argentina, de las 64 armas de fuego utilizadas para cometer femicidios directos, al menos 16 era de tenencia legal y 12 de ellas eran armas reglamentarias de integrantes de fuerzas armadas o de seguridad. Por eso es vital tomar este tipo de medidas para protección de quienes pueden ser potenciales víctimas”, concluyó la diputada Gabriela Lena.
1 millón de beneficiarios indirectos y 258,000 mujeres y colectivo LGBTIQ+ de las 24 jurisdicciones del país serán beneficiadas directamente mediante el acceso a la justicia y acompañamiento social.
La Organización Mundial de la Salud determinó que alrededor del 30% de las mujeres en el mundo han experimentado violencia por motivos de género al menos una vez en sus vidas. A esto se suma el incremento de actos de violencia y discriminación al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queer (LGBTIQ+) afectando su vida social, política, económica y cultural.
Con la finalidad de brindar una respuesta integral a este problema, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en apoyo a su país socio extrarregional la República Argentina, aprobó un financiamiento por US$50 millones para el Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección contra las Violencias por Motivos de Género.
El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi detalló: «esta operación impactará positivamente a 258,000 personas de manera directa mediante el acceso a la justicia y acompañamiento social en las 24 jurisdicciones del país. Además, también se beneficiarán sus familias, alcanzando a más de 1 millón de personas de manera indirecta, se capacitarán a 35,840 facilitadores en materia de prevención y atención integral, y se equiparán a 12,000 promotores sociales».
Por su parte, el director por Argentina y Colombia, Maximiliano Alonso destacó: «junto al Estado argentino estamos trabajando para generar capacidades sociales que conlleven a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las argentinas y los argentinos. Nuestro objetivo es fomentar la equidad de género, el acceso a la justicia de mujeres y del colectivo LGBTIQ+. Gracias a una política activa del gobierno argentino en esta problemática, el BCIE acompañará los programas y proyectos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad».
Este programa contempla, entre otras actividades, el financiamiento para la construcción, mejoramiento y equipamiento de Centros Territoriales Integrales para la atención de personas en riesgo de violencia, incluyendo la puesta en funcionamiento de la sede central del nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, así como la implementación de acciones de acompañamiento legal y social a las víctimas de violencia, y el diseño e implementación de un sistema de alerta temprana de emergencias por violencia de género.
A largo plazo también se incorpora un componente de apoyo a la región, el cual buscará fortalecer las acciones de cooperación internacional en materia de acceso a derechos y equidad de género entre Argentina y los países socios del BCIE de la región SICA.
Las condiciones del financiamiento están establecidas a veinte años plazo, con cinco años de gracia y una tasa de interés anual de 2.60%.
El BCIE fue creado en 1960 como el brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región. Sus recursos se invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente. El BCIE tiene su sede en Tegucigalpa con oficinas en toda Centroamérica.
La solidez financiera del BCIE como el mejor crédito de América Latina se respalda en su alta calificación crediticia otorgadas por las distintas agencias internacionales: Standard & Poor’s con una calificación de AA, Moody’s con una calificación de Aa3, y Japan Credit Rating con AA.
Con acuerdo unánime, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen este miércoles a un proyecto unificado para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. El dictamen surgió a partir de iniciativas de Norma Durango (Frente de Todos) y […]
Con acuerdo unánime, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen este miércoles a un proyecto unificado para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.
El dictamen surgió a partir de iniciativas de Norma Durango (Frente de Todos) y Gladys González (Pro), y será tratado este mismo jueves a las 10 en la Banca de la Mujer, para concluir su trámite en comisiones y pasar al recinto.
La presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, recordó que para otorgar jerarquía constitucional a un tratado se necesitan los dos tercios de ambas Cámaras, aunque aspiró a que durante el tratamiento en el Senado haya unanimidad.
Durango explicó que esta Convención “merece asignarle el máximo rango de nuestro ordenamiento jurídico” y recordó que fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
“Es el primer tratado internacional de naturaleza vinculante y se ocupa de la violencia contra las mujeres, por lo que es considerado el primero en la materia”, indicó la pampeana.
Puntualizó que la Convención “habla de que las mujeres tienen que vivir una vida libre de violencias; que las violencias son una violación a los derechos humanos y una clara manifestación de las relaciones desiguales de poder que históricamente hemos tenido para con los hombres”.
Además, la titular de la Banca de la Mujer afirmó que se trata de “un instrumento de suma importancia porque contiene mecanismos de protección de derechos” y agregó que los países que, como Argentina, suscribieron a este tratado, se comprometieron a aprobar normas penales, civiles y administrativas que tiendan a ese objetivo.
La radical Silvia Giacoppo coincidió en que darle jerarquía constitucional al tratado “es una necesidad, Argentina no podía estar afuera”, pero pidió hacer la salvedad del artículo 19 del Código Civil y Comercial, que refiere al comienzo de la existencia de la vida humana, “para que no haya incompatibilidad o una colisión legislativa”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, admitió “la lentitud con la que llegan los derechos a las mujeres, porque hace tiempo que esta Convención debería tener el estatus constitucional”.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad oficializó a través de un decreto el Programa Producir para apoyar los proyectos productivos de mujeres y LGBTI+.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) lanzó el Programa Producir. La iniciativa, que se oficializó a través de un decreto este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, promoverá el desarrollo de proyectos productivos de mujeres y miembros de la comunidad LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias de género.
El programa contempla la asistencia para la creación o el fortalecimiento de proyectos encabezados por organizaciones sociales y comunitarias que favorezcan la autonomía económica de las mujeres y personas de la comunidad LGBTI+. Producir prevé un apoyo económico que será de entre 500 mil pesos y 1,5 millones de pesos, además del acompañamiento técnico a los proyectos productivos.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta explicó que “las organizaciones comunitarias tienen una relevancia central en la construcción de la trama comunitaria que protege y asiste a personas en situación de violencia de género”.
“Este programa da un paso más en la construcción de políticas de asistencia integral. Un camino que comenzamos con la implementación del Potenciar Trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Social y con el Programa Acompañar, que creamos en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género. Sin independencia económica no es posible pensar un proyecto de vida libre de violencia. Ese es el cambio de paradigma que nos propusimos implementar”, agregó Gómez Alcorta.
Para participar de la iniciativa, el único requisito es ser una organización comunitaria con o sin personería jurídica que incluya en sus proyectos a personas que estén o hayan estado en situación de violencia de género. Los interesados deben presentar el proyecto productivo y los formularios de inscripción. Tienen tiempo para inscribirse hasta el 11 de junio. Luego, serán sometidos a un proceso de selección de las propuestas.
A propósito de la financiación, si se trata de organizaciones comunitarias con personería jurídica recibirán un subsidio que se entrega por única vez, por un monto que será de entre 1 millón y 1,5 millones de pesos. Si se trata en cambio de organizaciones comunitarias, conformadas de hecho, sin personería jurídica, representadas por una persona física será un subsidio que se entrega por única vez, por un monto de 496.800 pesos.
El proyecto fue presentado por la correntina Sofía Brambilla, quien aseguró que “la mejor manera de prevenir y erradicar la violencia de género es educar desde temprana edad”.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto de ley que propone la creación de un “Programa Nacional de Educación en Igualdad”, que apunta a “erradicar la discriminación y la violencia de género a través de la educación en igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas”. También está orientado a “eliminar los estereotipos de género, que limitan la autonomía de las mujeres y no posibilitan la igualdad real de oportunidades”.
La legisladora macrista recordó que “en los últimos años se han sancionado en el Congreso dos leyes relativas a la capacitación en cuestiones de género. La primera que establece una jornada anual que debe llevarse a cabo una vez por año en cada establecimiento educativo. La segunda, la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”. “Si bien estas dos leyes han aportado mucho, no es suficiente”, consideró.
“Debemos poner todos nuestros esfuerzos en erradicar la discriminación y la violencia de género, en lograr que ninguna mujer se vea limitada en sus posibilidades, que ninguna viva con miedo, que no haya más víctimas de agresiones o femicidios en nuestro país. Este proyecto de ley busca ser un aporte para que todo ello sea una realidad”, argumentó la correntina en los fundamentos de su iniciativa.
Para Brambilla, “años de trabajo, investigación y de estudio con los distintos sectores académicos, docentes, grupos estudiantiles, de padres y madres, nos demuestran que en la actualidad es necesario contar con una ley que ordene la enseñanza en igualdad desde los primeros años de escolarización”.
“Es la forma más adecuada para lograr el cambio de mentalidad que necesitamos como sociedad. La mejor manera de prevenir y erradicar la discriminación y la violencia de género es educar en estos temas desde temprana edad; siendo necesario que los establecimientos educativos donde concurren niños, niñas y adolescentes trabajen en conjunto con sus entornos familiares”, agregó.
Según un relevamiento difundido en el marco del reclamo del tratamiento de la Ley Alejo, señalan que cada dos días se registra un caso.
Por primera vez se realizó un relevamiento de los casos de violencia contra los hombres que aparecen en medios locales y arrojó cifras impactantes. Hubo al menos 34 víctimas varones en los últimos 58 días en manos de sus parejas o ex que los apuñalaron, golpearon, hostigaron, los prendieron fuego o les dispararon.
Por eso más de 40 ONGs reclaman que se trate con urgencia la Ley Alejo. “Es importante que los hombres se animen a denunciar, no sólo para poder frenar la violencia de parte de ex parejas que les pueden convertir la vida en una pesadilla, sino como protección, para evitar pasar de víctimas a victimarios con falsas denuncias por despecho o coartada, como se detectó en esta investigación”, manifestó el diputado nacional, Eduardo Cáceres, autor de la iniciativa, y quien hizo un llamado a “cerrar la grieta de géneros” para abordar la problemática de una manera integral.
Luego del asesinato con un puñal en el corazón que terminó con la vida de Alejo Oroño en plena vía pública de Hurlingam, el pasado 12 de febrero, se comenzaron a visibilizar cada vez más víctimas. “La violencia contra los hombres no está en la agenda de gobierno ni mediática, pero los hombres padecen todo tipo de violencia física, psicológica, financiera, económica, de impedimento de contacto con los hijos en materia de divorcios o separaciones y hasta falsas denuncias. Es un flagelo cotidiano que afecta a miles de familias, porque no sólo sufre el varón, sino también las madres, abuelas, hermanas de las víctimas y por sobre todo, los niños que tendrán secuelas irreparables”, aseguró el diputado Cáceres, autor del proyecto “Ley Alejo”, que movilizó a ONGs de todo el país, que rápidamente se adhirieron a la iniciativa y piden que se incorporen protocolos especiales para proteger a los varones.
Gracias al trabajo conjunto con la fundación “Ayudar y Crecer”, se comenzaron a relevar en medios locales del interior del país, las noticias de víctimas masculinas que sufrieron lesiones o fueron asesinados en el marco de un vínculo sentimental con sus agresoras, que arrojó resultados inesperados: fueron contabilizados en 58 días (tras el caso de Alejo) 14 hombres apuñalados con cuchillos o elementos cortantes; 10 sufrieron golpes; 3 fueron prendidos fuego; hubo un asesinado de un disparo; un suicidio por impedimento de contacto con el hijo y falsas denuncias; un denunciante por hostigamiento y falsas denuncias, y otro que fue amenazado con un cuchillo. El promedio es entonces de un caso cada 1,7 días, con 6 víctimas fatales.
Aparte de estos casos, en las redes sociales se viralizaron rápidamente historias increíbles, como la de una mujer que le incendió el auto a su expareja en Córdoba y que terminó con el 70% de su cuerpo quemado y cuyo deceso se conoció este domingo; y en San Miguel otra mujer le rompió el auto a su ex con un palo de hockey y amenazó de muerte a la actual pareja (su video circula en redes sociales). “No podemos criminalizar presumiendo que la violencia está en el ADN masculino, los hombres también sufrimos violencia pero, al Estado pareciera que no les importamos, y se busca generar una visión ideológica enfrentando a la sociedad, de manera totalitaria y desigual”, sostuvo Cáceres, de Juntos por el Cambio, y agregó: “La Ley Alejo no es una provocación al feminismo, porque una falsa denuncia le quita a la verdadera víctima instrumentos para protegerlas y, por otro lado, sólo por ser hombres somos vistos como los perpetuadores de la agresión y no es así, solo si trabajamos juntos podremos evolucionar y abordar la problemática desde la educación, para terminar con las relaciones tóxicas”.
Según el estudio realizado por las investigadoras del CONICET Antonella Bobbio y Karin Arbach, en promedio el 34% de las mujeres y el 22% de los varones habían agredido físicamente a sus parejas en el último año de relación, mientras que la investigación “Partner Abuse State of Knowledge Project”, demostró también que existe paridad en las tasas para hombres y mujeres tanto como agente activo como pasivo del abuso, y por eso se recomienda reconocer también a las víctimas masculinas.
Ante la ausencia de seguimiento y estadísticas públicas, el diputado nacional Eduardo Cáceres, con el apoyo de la Fundación Ayudar y Crecer, llevaron a cabo un relevamiento de los casos que fueron publicados en medios del interior del país, desde el 12 de febrero (cuando surgió el asesinato de Alejo) hasta el 10 de abril. “Claramente la violencia contra el varón no se visibiliza, no está en la agenda pública ni mediática, algunos casos salen a la luz sólo en pequeños portales de noticias”, sostuvo Cáceres.
La edad promedio de las agresoras ronda en su mayoría entre los 20 a 40 años, siendo las más jóvenes las más agresivas, y las que superan los 40 son las que más realizan falsas denuncias .
ACOSADO u HOSTIGADO. Falsas Denuncias 1
AMENAZADO 1
APUÑALADOS CON CUCHILLOS O ELEMENTOS CORTANTES 14
ARMA DE FUEGO 1
DAÑO MATERIAL 3
GOLPEADOS 10
QUEMADOS 3
SUICIDIO POR IMPEDIMENTO DE CONTACTO CON LOS HIJOS y falsas denuncias 1
Fuente: Fundación Ayudar y Crecer
Amenazado, hostigado, falsa denuncia 5
Asesinado 7
Herido 11
Herido de gravedad 10
Suicidio 1
Fuente: Fundación Ayudar y Crecer
Amante 0
Ex-pareja 17
Pareja 16
Sin especificar 1
Fuente: Fundación Ayudar y Crecer
BUENOS AIRES- 12:
· Alejo Oroño tenía sólo 22 años y era papá de un bebé de 18 meses. Fue asesinad de un puñal en el corazón por la madre de su hijo en Hurlingham (provincia de Buenos Aires). Según las declaraciones de su familia, el joven había intentado radicar una denuncia en una comisaría, pero no se la tomaron. “A él, porque era hombre, le daba vergüenza denunciarla”, expresó su familia.
· Walter Guiñazú murió después de agonizar varios días en el hospital, luego de que impactara sobre su ojo derecho un caño de aluminio que le lanzó su ex pareja. https://www.primerplanoonline.com.ar/despues-del-caso-alejo-elevan-a-juicio-la-muerte-de-otro-hombre-en-hurlingham-a-manos-de-su-exmujer/
· Otro episodio se produjo en Campana. La atacante, de 19 años, asesinó a cuchilladas a un joven por celos. https://www.lmneuquen.com/una-joven-asesino-al-novio-su-ex-pareja-celos-n777682
· Ariel Aguirre, plomero de 35 años, fue acuchillado por su esposa tras una discusión. http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2021/02/21/284373-plomero-fue-acuchillado-por-su-esposa-tras-violenta-discusion-y-esta-en-grave-estado
· En Junín, una mujer atacó brutalmente a su marido, a la policía y apedreó al patrullero
· Mujer de 24 años fue arrestada mientras agredía a su ex pareja frente a la propia policía.
· En Chacabuco, una mujer roció con alcohol a su pareja y lo prendió fuego. https://www.junindigital.com/nota/2021-3-15-10-12-0-chacabuco-una-mujer-rocio-con-alcohol-a-su-pareja-y-lo-prendio-fuego
· En Mar del Plata, una mujer le dio un palazo a su ex cuando fue a visitar al hijo. https://www.lacapitalmdp.com/brutal-golpiza-a-un-hombre-que-habia-ido-a-ver-a-su-hijo-a-la-casa-de-su-ex/
· Se suicidó por impedimento de contacto con el hijo y falsas denuncias. http://www.colonciudad.com/nota.asp?id=236481&t=Un-suicidio-que-se-podria-haber-evitado-Joaquin-Heim-dejo-un-mensaje-a-su-hijo-y-una-aclaracion-a-la-jueza-de-Familia-de-la-ciudad
· Su ex novia lo golpeó y amenazó con autoagredirse https://www.diarioeltiempo.com.ar/nota-allanamiento-en-la-casa-de-una-mujer-denunciada-por-su-ex-novio-171009
· Mujer le rompió el auto con un palo de jockey a su ex https://www.elnueve.com.ar/2021/03/23/mujer-le-rompio-el-auto-con-un-palo-de-jockey-a-su-ex/
· Amenazó a su pareja con una hoja de cuchillo y fue detenida en San Pedro http://www.notisanpedro.info/2021/04/amenazo-su-pareja-con-una-hoja-de.html?m=1
SAN JUAN 4:
· Una mujer de 31 años le dio una puñalada en la zona del abdomen a su esposo tras una discusión en la localidad de Rivadavia. https://www.canal13sanjuan.com/policial/2021/3/14/en-rivadavia-una-mujer-ataco-de-un-puntazo-en-el-abdomen-su-marido-156114.html
· Otra mujer fue condenada a 8 meses de prisión condicional por golpear a su ex marido y amenazarlo con quemarle la casa y prohibirle ver a sus hijas, frente a efectivos policiales. https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Una-mujer-golpeo-a-su-ex-y-lo-amenazo-con-quemarle-la-casa-y-prohibirle-ver-a-sus-hijas-20210322-0060.html
· En Rawson, una testigo denunció el ataque de una chica a su novio en Rawson: “No es gracioso”,dijo y narró que ” El muchacho en ningún momento se defendió solo se limitaba a poner su codo para que ella dejará de tratar de rasguñar su cara y apartarla porque intentaba ahorcarlo, pegaba piñas a su casco enfurecida”. https://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2021/3/22/sanjuanina-denuncio-el-ataque-de-una-chica-su-novio-en-rawson-no-es-gracioso-308853.html
· Otro caso que se conoció es el caratulado: C/Arroyo Quevedo María José s/ lesiones leves agravadas . El hombre sufrió golpes de puños por parte de su ex mujer. (Fuente: Revista Nuevo Mundo)
JUJUY 3:
· Un hombre sufrió quemaduras en el 30% del cuerpo. La mujer lo roció con alcohol y le prendió fuego a su ex pareja. https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-3-11-1-0-0-una-mujer-rocio-con-alcohol-a-su-expareja-y-le-prendio-fuego
· En febrero, otra mujer de 40 años le asestó dos puñaladas en el pecho abandonando a un hombre en el lugar donde ocurrió el ataque. La víctima fue encontrada desangrándose en una escalera que da al Chingo.
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-2-16-1-0-0-una-mujer-apunalo-a-su-pareja-y-se-entrego
· Hubo además otro caso de una mujer que atacó a su novio con un cuchillo de carnicero.
CÓRDOBA 2:
Una joven agredió en la vía pública a su novio hasta asfixiarlo y luego se autoagredió golpeándose la cabeza contra una reja. El video superó los 7 millones de visualizaciones en Instagram. https://www.mejorinformado.com/ocio/2021/3/16/viral-ahorco-al-novio-se-golpeo-contra-una-persiana-75251.html
Otra mujer incendió el auto de su ex pareja y terminó con el 70% del cuerpo quemado https://eldoce.tv/sociedad/relacion-toxica-auto-quemado-mujer-calcinada-aparecieron-camaras-seguridad-cordoba_110956
CORRIENTES 1:
Murió un hombre de 24 años que fue apuñalado en el torax por su pareja https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2021-3-27-12-34-0-murio-un-hombre-que-fue-apunalado-por-su-pareja
SANTA CRUZ 2:
Un joven militante de la UCR fue asesinado por su novia en Río Gallegos, de una brutal puñalada en el cuello. https://www.elpatagonico.com/asesinaron-un-hombre-y-acusan-su-novia-el-crimen-n5174879
A otro hombre su mujer le cortó la mano y dijo que se había puesto agresivo con ella por lo que se defendió con un cuchillo lesionándolo y pidió medidas de restricción contra su pareja. Pero la víctima dijo que su mujer lo había atacado y su hijo estuvo de testigo, igual la mujer a pocas horas recuperó la libertad
CHUBUT 2:
En Rawson, un hombre fue agredido violentamente por su ex pareja que le pegó un cabezazo en la boca, le robó el celular y lo corrió en la calle arrojándole piedras al grito de “Te voy a prender fuego el auto y la casa”. En la pelea, le rompió la luneta del auto a un vecino. https://www.diariojornada.com.ar/297006/policiales/rawson_una_noche_de_furia/
Discutieron, forcejearon y él terminó con una puñalada en la espalda – Sucedió en Rawson. El hombre no quiso realizar la denuncia contra su pareja. https://radiochubut.com/discutieron-forcejearon-y-el-termino-con-una-punalada-en-la-espalda/
CHACO 2:
Un hombre denunció a su ex mujer por maltrato físico y psicológico en la localidad de Coronel Du Graty. Tanto el hombre como su entorno familiar sufren las secuelas de una separación violenta, que los llevó a realizar denuncias por violencia familiar en varias oportunidades. https://www.diarionorte.com/203085-un-hombre-denuncio-a-su-ex-mujer-por-supuesta-violencia-maltrato-fisico-y-verbal
Resistencia: una mujer quedó detenida tras prender fuego a su marido
MISIONES 2:
Su ex novia lo esperó con un cuchillo, lo atacó y le rompió el auto https://www.cronica.com.ar/policiales/Su-ex-novia-lo-espero-con-un-cuchillo-lo-ataco-y-le-rompio-el-auto-20210330-0070.html
Un posadeño de 28 años denunció que su ex lo hostiga y hace falsas denuncias de violencia de género (activa perfiles de facebook y líneas telefónicas a su nombre donde se autoamenaza y luego denuncia ante la policía) mientras lucha por ver a su hijo https://misionesonline.net/2021/04/07/posadeno-su-ex-lo-hostiga/
NEUQUÉN 2:
Un apuñalado en Cutral Co. “El hombre estaba en el suelo y junto a él había una mujer, que era su pareja, y tenía un cuchillo en las manos“, relató el comisario mayor Eduardo Bravo. Su pareja fue imputada por las lesiones y recuperó la libertad. https://noticiasnqn.com.ar/actualidad/un-apualado-un-incendio-y-disturbios-entre-dos-familias-de-cutral-co.htm
Detuvieron a una mujer por el crimen de un neuquino en Las Perlas. Tenía rastros de pólvora en sus manos. Sería la ex pareja del artesano neuquino, asesinado de un disparo en el pecho.
https://www.lmneuquen.com/detuvieron-una-mujer-el-crimen-un-neuquino-las-perlas-n786950
SANTIAGO DEL ESTERO 2:
Un joven de 25 años fue asesinado en el barrio Mariano Moreno de la capital santiagueña.
http://www.tucumanoticias.com.ar/mobile/n/222829
Otro hombre denunció que su pareja lo acuchilló en el abdomen, mientras que ella denuncia que él se autoagredió tras lesionarla. http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2021/04/08/289757-investigan-confuso-hecho-de-violencia-intrafamiliar-un-hombre-acuchillado-y-una-mujer-golpeada
SANTA FE 1:
Caso no computado en la estadística pero relevante en el marco del género. Ex pareja apuñaló a la nueva novia de un hombre. Le produjo lesión cortante en rostro y una puñalada en la zona intercostal.
La iniciativa fue aprobada este jueves en el Senado, pero dado que recibió cambios, regresa a la cámara de origen. Las multas irán de $3.862 a $19.310. Un solo senador votó en contra.
Un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual en espacios públicos o privados incorporando esa figura al Código Penal fue aprobado este jueves en el Senado con 67 votos afirmativos y uno negativo, pero dado que recibió modificaciones, volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Se trata de una iniciativa que busca prevenir y combatir el acoso sexual en todos los ámbitos, y que había sido avalada en la Cámara baja en noviembre de 2019. El nuevo texto prevé multas que van de 3.862 pesos a 19.310 pesos, al valor actual (Ver abajo).
El único voto en contra fue del cordobés Ernesto Martínez (Pro), quien dijo estar a favor del propósito de la ley pero hizo objeciones técnicas a la redacción.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, explicó que además de la media sanción de Diputados se tuvieron en cuenta otras iniciativas de senadores, y detalló las modificaciones introducidas en esta nueva figura penal que se busca crear.
En primer lugar, se eliminó la referencia que hacía el proyecto al acoso en “espacios públicos”, ya que “estas actitudes también pueden ser en espacios privados”, como por ejemplo fiestas. “Estamos tipificando la acción, independientemente de que sea en un espacio público o privado”, reparó Parrilli.
Asimismo, en cuanto a la sanción -que será de multa y no de prisión- explicó que “será determinada en valores que no se desajusten con el paso del tiempo, porque ya sabemos lo que ocurre en Argentina con el proceso inflacionario”. Por eso, se tomarán las Unidades de Medida Arancelarias (UMA) utilizadas para los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia.
Además, los senadores incorporaron el “acoso sexual digital”, y establecieron que en todos los casos el acoso será penado siempre que el hecho no constituya un delito más grave.
“Seguramente habrá objeciones desde el punto de vista técnico o legal, pero más allá de que toda ley puede ser perfectible y de que la ley ideal es la que nunca se dicta, lo que queremos con esta ley es dar una clara señal política desde el Senado de cuáles son los temas que nos ocupan”, aseguró Parrilli.
Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez, autora de un proyecto propio, destacó que se trata de “la posibilidad cierta de que el Estado pueda tener un rol activo cuando una persona es acosada en lugares públicos o privados y que esto esté tipificado en el Código Penal”.
La tucumana advirtió que en 2020 se registraron “320 femicidios” y en lo que va de 2021 se produjeron “70”. “Estamos hablando de otra escala de violencia, pero para llegar a esa escala hay una serie de escalones previos que se van transitando, y el mas invisibilizado es este del acoso sexual”.
Además, Elías de Pérez señaló que “hay encuestas que demuestran que la mayoría de las mujeres han sido víctimas de estos acosos sexuales”.
La titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, sostuvo que “el acoso callejero es una violencia de género, vulnera nuestros derechos y restringe nuestra libre circulación”, y por eso “necesitamos que el Estado ponga límites claros, y es lo que estamos haciendo con esta ley”.
“No nos referimos a los piropos, como algunos dicen en broma e inclusive algunos medios de comunicación nos preguntan irónicamente. Nos referimos a un sinnúmero de agresiones, gestos e insultos de una persona desconocida hacia otra”, aclaró la pampeana.
Tras afirmar que “siempre las víctimas de estas situaciones somos las mujeres, niñas y adultas”, citó una encuesta que indica que “el 100% de las mujeres hemos recibido algún tipo de agresión o acoso: bocinazos, silbidos, comentarios procaces, a veces sexualmente explícitos”.
“No queremos vivir con miedo, no queremos transitar intranquilas, cambiar nuestra forma de vestirnos o cambiar los caminos que transitamos”, expresó la oficialista.
Desde el Pro, Ernesto Martínez coincidió en el espíritu de la ley, pero advirtió que “en derecho penal, las cosas hay que hacerlas bien” y, tras criticar la redacción del texto, adelantó su voto en contra.
“(El proyecto) no es para nada exagerado, al contrario, es una buena idea, pero hay que hacerlo bien. No se puede trasladar narrativas al Código Penal”, argumentó, y entre otras objeciones jurídicas, cuestionó que el acoso sea incluido dentro de los delitos contra la integridad sexual y no como delito contra la libertad.
Hacia el final del debate, la oficialista Ana Almirón reconoció que a nivel municipal, en muchos códigos de faltas hay sanciones incluso mayores que las que pretende aplicar este proyecto, pero sostuvo que “el Código Penal es preventivo y tiende a desalentar esta conducta por parte de quienes la realizan”.
“El acoso callejero es una forma de violencia más y es la más normalizada de todas, y ocurre tan a menudo que solo un 5% o 10% de quienes la sufren realizan la denuncia en este sentido”, advirtió Almirón.
Según la redacción aprobada este jueves, se incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, penalizando a quien “mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
También se sanciona al que “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, plataformas digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona, la perturbare, intimidare u hostigare con connotación sexual, con motivo de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión, de modo que altere el normal desarrollo de su vida cotidiana”.
Las multas serán de una a cinco Unidades de Medida Arancelarias (UMA) establecidas por el artículo 19 de la ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores Y Auxiliares de la Justicia Nacional o Federal. El valor actual de la UMA es de 3.862 pesos, según la acordada 1/21 de la Corte Suprema de Justicia, dictada en febrero de este año.
Si la víctima es menor de 18 años o el autor es funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria, la pena se elevará de cinco a diez Unidades. En todos los casos, la multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad, por parte del condenado, de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual y la violencia de género, por un plazo no menor a tres meses.
La recaudación obtenida de las multas será destinada a programas de fortalecimiento de los derechos de las mujeres, géneros y diversidad, según determine la reglamentación.
La autora del proyecto, la diputada nacional del FdT Gisela Marziotta, advirtió que, sólo en febrero del 2021, el 17% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad.
La diputada nacional Gisela Marziotta presentó un proyecto de ley para suspender preventivamente del ejercicio del derecho de portación, tenencia, transporte y uso del arma de dotación a los efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad que sean denunciados por violencia de género o intrafamiliar, con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y mental de las personas denunciantes.
Según datos del Observatorio de la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana sólo en febrero del 2021 el 17% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad (un aumento del 5% respecto a lo registrado en el mes de enero -12%). “Los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad no sólo son parte de una cultura institucional marcadamente patriarcal y propensa a la violencia, sino que su posición como agentes del aparato represivo pone a las víctimas en un lugar de especial vulnerabilidad”, fundamentó la diputada Marziotta.
“Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías. La portación de arma reglamentaria las 24 horas -amparada en el llamado ‘estado policial’- pone en riesgo a las mujeres y otras personas que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista o intrafamiliar, el arma puede ser utilizada para hostigar, amenazar, herir o matar”.
El efectivo denunciado o imputado debería así retirar el arma de dotación al comenzar la jornada de trabajo en la dependencia a la que se encuentre adscrito y entregarla al terminar la jornada de trabajo.
En los casos en que la denuncia sea por abuso sexual o tentativa, lesiones graves, intento de femicidio o casos de reincidencia se requerirá la suspensión total del derecho a la portación de arma.
La senadora pampeana conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y pidió seguir luchando por la igualdad.
En la primera sesión de la Cámara alta desde el arranque del nuevo período ordinario, la senadora Norma Durango (Frente de Todos), presidenta de la Banca de la Mujer, rindió homenaje a la lucha feminista y reclamó por el creciente número de femicidios y situaciones de violencia . “Llevamos más femicidios que días en el año”, señaló.
En un tramo de su discurso, la legisladora se refirió a Cristina Fernández de Kirchner al sostener que “como a nuestra vicepresidenta, la presidenta de nuestro cuerpo, perseguida en gran parte también por ser mujer, por su inteligencia, por defender al pueblo, por gobernar. La Justicia nos ha demostrado con creces no tener perspectiva de género”.
“Como cada 8 de marzo le ponemos palabras a la lucha por la igualdad, porque esto sigue siendo un tema pendiente”, apuntó la pampeana, que además agregó: “Alzamos nuestra voz para reclamar por el creciente número de femicidios y situaciones de violencia de todo tipo y en todos los ámbitos, violencia que en tiempos de pandemia se ha visto sensiblemente incrementada”.
Ejemplificó con cifras de La Pampa: “En mi provincia, donde somos nada más que 353 mil habitantes, se hicieron el año pasado 815 denuncias por violencia de género”.
Para Durango, la pandemia “otra vez puso a las mujeres en la primera línea de cuidados, remunerados y no remunerados. Siempre, las mujeres y las niñas en las crisis llevamos la peor parte, pero en esta particularmente”.
La oficialista destacó la labor de “médicas, enfermeras, maestras, mucamas, administrativas, cuidadoras, científicas, investigadoras, funcionarias”, y aseguró que “las mujeres hacemos de todo y nos hemos ocupado de todo en esta pandemia”.
“La saluda señora presidenta, las saludo señoras senadoras, pero no les he deseado un feliz día el lunes. Pero no fue un día de celebración. No lo será mientras nos sigan matando y persiguiendo”, enfatizó la presidenta de la Banca de la Mujer.
Y concluyó: “Seguiremos movilizadas, militando, haciéndonos oír, porque la lucha continúa y creemos que el empoderamiento por la no violencia, por todas, las niñas. Queremos igualdad, queremos decidir, pero por sobre todas las cosas, nos queremos vivas”.
El senador massista José Luis Pallares pretende mejorar la respuesta de la Justicias ante los casos de violencia de género y garantizar el derecho a la identidad biológica.
El vicepresidente del bloque Frente de Todos, presentó dos proyectos de ley para contribuir a dar respuesta a la violencia de género por parte de la Justicia y para garantizar el derecho a la identidad biológica o de origen de las personas que desconocen quiénes son sus padres y familiares cosanguíneos.
El primero de ellos, establece mecanismos de emergencia para la violencia de género, contribuyendo a las medidas de protección de las víctimas impulsadas por el presidente Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof.
En la normativa, que es acompañada por varios legisladores del FdT, se obliga a policías, jueces y fiscales a actuar con rapidez frente a un violento; además, se crea un procedimiento ágil que permitirá detener preventivamente y someter a control y tratamiento inmediato a los que ejercen violencia de género, para evitar escaladas que conduzcan a femicidios, travesticidios y transfemicidios.
“No sólo el personal policial deberá detener de inmediato al agresor sino que se da más facultades a los jueces para adoptar medidas eficaces, y se obliga al Poder Judicial a actuar, convirtiendo la inacción en causal especial de remoción de magistrados”, explicó el legislador.
Por otra parte, el otro proyecto de ley presentado garantiza el derecho a la identidad biológica o de origen a todas las personas que tengan dudas acerca de la misma, la ignoren o sospechen haber sufrido error, alteración, sustitución o supresión de identidad.
“El derecho a la identidad fue incorporado por gestión de Abuelas de Plaza de Mayo a la Convención de los Derechos del Niño”, recordó el legislador, explicando que su proyecto abarca a personas privadas de su identidad fuera del marco del Terrorismo de Estado, pero que tienen el mismo derecho a saber quiénes son sus padres y familiares cosanguíneos y poder así reconstruir su historia personal y familiar.
Para ello, la iniciativa parlamentaria prevé tres caminos: la averiguación particular directa, la intervención de un organismo especial del Estado y un procedimiento judicial especial ante el fuero de familia, poniéndose a disposición de los afectados todos los recursos, archivos, bases de datos y expedientes a fin de reconstruir sus lazos de sangre.
La diputada Cristina Alvarez Rodríguez propuso una iniciativa para generar herramientas que les faciliten transitar el proceso judicial.
La diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el objetivo de brindar herramientas a las mujeres víctimas de violencia de género y ayudarlas a transitar el proceso judicial.
La iniciativa prevé incorporar un artículo 26 bis para liberar a la víctima de violencia de género de la carga de notificar al agresor de las medidas preventivas urgentes dispuestas por el juez, colocando esta responsabilidad en cabeza del Poder Judicial. El proyecto se presentó luego de una reunión de diputados del Frente de Todos este lunes en el marco del 8M para consensuar la agenda de género con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
“Actualmente, cuando la justicia dicta una perimetral, es la víctima la que tiene que ir a la comisaría a decirles ‘hay una perimetral, actúen’. Son procesos que están viciados”, expresó Alvarez Rodríguez, que agregó que “por eso proponemos que la notificación sea una carga del Poder Judicial y no quede sobre los hombros de la mujer que denuncia un hecho o situación de violencia”.
La legisladora oficialista explicó que “esta práctica expone a las mujeres a situaciones de revictimización en sede policial, donde en ocasiones reciben un trato inadecuado o se minimiza la violencia de género”.
El proyecto también dispone modificar el artículo 32 de la ley, que es aquel que contempla las sanciones al agresor que incumple las medidas preventivas o de protección. Con esta modificación, ante la denuncia de la víctima por el incumplimiento de la o las medidas dispuestas, el juez estará obligado a reverlas, modificándolas o ampliándolas con el fin de asegurar protección a la mujer.
En este sentido, frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el juez deberá proveer un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada.
Además, se incorporan una serie de sanciones destinadas a compeler al agresor a cumplir con las medidas dispuestas, como la retención de la licencia de conducir, el pasaporte, la prohibición temporal de ingreso al club de interés del agresor y/o a eventos sociales o la realización de trabajos comunitarios.
La tucumana Beatriz Ávila presentó un proyecto de prevención de crímenes violentos con perspectiva de género, que busca establecer como obligatorio el uso de dispositivos tecnológicos que permitan localizar, en tiempo real, a presuntos agresores.
La diputada nacional por Tucumán Beatriz Ávila presentó un proyecto de prevención de crímenes violentos con perspectiva de género, “Ley Paola Tacacho”, en homenaje a la joven asesinada de 6 puñaladas, luego de haber sido acosada y hostigada durante 5 años por su exalumno Mauricio Parada Parejas.
El proyecto busca establecer como obligatorio el uso de dispositivos tecnológicos que permitan localizar, en tiempo real, a presuntos agresores a los que se les haya impuesto una medida preventiva por crímenes violentos; siendo el uso de los dispositivos estrictamente obligatorio cuando la medida implique una prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la presunta víctima de agresiones.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora advierte gran cantidad de femicidios ocurridos: “de acuerdo a las estadísticas de la Casa del Encuentro, 3251 mujeres fueron asesinadas desde el 2008 hasta el 2019. Solo en el año 2021, en la Provincia de Tucumán, 4 mujeres fueron asesinadas antes de los primeros días de marzo”, y que “ninguna pudo obtener protección suficiente del Estado”.
Por esta razón, sostiene que “se torna necesaria la sanción de medidas que ayuden a la prevención de crímenes violentos (especialmente de aquellos que implican violencia de género) para poder garantizar realmente seguridad de nuestros ciudadanos”. En tal sentido, presentó esta ley, que ordena la utilización de dispositivos electrónicos que permitan localizar a los presuntos agresores a los que se les haya impuesto una medida preliminar y notificar a las autoridades correspondientes en caso de violación de la medida.
La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto de prevención de crímenes violentos con perspectiva de género, que busca establecer como obligatorio el uso de dispositivos tecnológicos que permitan localizar, en tiempo real, a presuntos agresores.
La diputada nacional por Tucumán Beatriz Ávila presentó un proyecto de prevención de crímenes violentos con perspectiva de género, “Ley Paola Tacacho”, en homenaje a la joven asesinada de 6 puñaladas, luego de haber sido acosada y hostigada durante 5 años por su exalumno Mauricio Parada Parejas.
El proyecto busca establecer como obligatorio el uso de dispositivos tecnológicos que permitan localizar, en tiempo real, a presuntos agresores a los que se les haya impuesto una medida preventiva por crímenes violentos; siendo el uso de los dispositivos estrictamente obligatorio cuando la medida implique una prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la presunta víctima de agresiones.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora advierte gran cantidad de femicidios ocurridos: “de acuerdo a las estadísticas de la Casa del Encuentro, 3251 mujeres fueron asesinadas desde el 2008 hasta el 2019. Solo en el año 2021, en la Provincia de Tucumán, 4 mujeres fueron asesinadas antes de los primeros días de marzo”, y que “ninguna pudo obtener protección suficiente del Estado”.
Por esta razón, sostiene que “se torna necesaria la sanción de medidas que ayuden a la prevención de crímenes violentos (especialmente de aquellos que implican violencia de género) para poder garantizar realmente seguridad de nuestros ciudadanos”. En tal sentido, presentó esta ley, que ordena la utilización de dispositivos electrónicos que permitan localizar a los presuntos agresores a los que se les haya impuesto una medida preliminar y notificar a las autoridades correspondientes en caso de violación de la medida.
Se trata de la campaña “La señal de ayuda”, que impulsa una serie de gestos con las manos para que las mujeres puedan comunicar que se encuentran en una situación de riesgo sin que el agresor pueda advertirlo.
En medio de la creciente ola de femicidios y la disparada de casos de violencia de género, el diputado del GEN Sergio Abrevaya difundió en la Legislatura porteña la campaña “La señal de ayuda”, un sistema de alerta para que las mujeres que están siendo violentadas puedan comunicar -sin que el agresor lo perciba- que se encuentran en una situación de riesgo.
De esta manera, las víctimas pueden comunicarse por medio de señas con la mano; primero la mujer muestra la palma de la mano con los dedos estirados, después coloca el pulgar en la palma para luego cerrar en un puño con el pulgar dentro, haciendo la clave del auxilio. La persona que vea a una mujer haciendo este gesto, debe leerlo como una señal de alerta y por consiguiente llamar al 144, la línea que brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por cuestiones de género.
Cabe señalar que esta campaña fue puesta en marcha por la “Canadian Women’s Foundation” en el país del norte, tiene la intención de proporcionar a las víctimas de violencia doméstica una herramienta que sea segura para poder pedir ayuda, sin el riesgo de exponerse ante el agresor. En Argentina, la cantante Coral Campopiano es quien lleva adelante el mensaje de concientización, para lo que compuso “Fosforescente”, el tema con que se identifica a la campaña.
Durante el acto en el que presentaron la campaña, Abrevaya señaló que “es muy importante que nos familiaricemos con este gesto por el cual una persona puede hacernos saber que está pasando un mal momento y no puede expresarlo verbalmente, sea por violencia física o psicológica, por ejemplo” y remarcó que “desde la Legislatura, es nuestro objetivo visibilizar este tipo de herramientas que pueden ser de ayuda para alguien en estado de vulnerabilidad y sirva para cambiarle la vida para mejor”.
“En este tiempo de pandemia, los casos de violencia de género doméstica se vieron de forma más agravada por convivir víctima y agresores constantemente. Por ello fue que cuando Coral comenzó a militar esta causa, inmediatamente sentimos la necesidad de acompañarla y ayudarle a institucionalizar la campaña”, completó.
En un encuentro realizado en el marco del 8M en las oficinas del bloque, se acordó impulsar la ley de cupo laboral trans y otra de sistema integral de cuidados, entre otros temas.
Diputados del Frente de Todos encabezados por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner, se reunieron este lunes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para consensuar la agenda legislativa de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque oficialista, en el tercer piso del Palacio Legislativo, y participaron entre otras las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa de la bancada), Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria), Mónica Macha (titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad), Gabriela Cerruti y Paula Penacca.
Gómez Alcorta enumeró los hitos de la gestión del Ministerio, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que busca resolver las desigualdades estructurales de género. También destacó la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, y se refirió a la necesidad de federalizar las políticas vinculadas a las violencias a través de un trabajo conjunto con provincias y municipios.
En cuanto a la agenda legislativa, la ministra y los diputados oficialistas acordaron impulsar la ley de inclusión laboral travesti/trans, que establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado. El proyecto, consensuado entre distintos bloques, ya cuenta con dictamen favorable y está listo para ser tratado en el recinto.
Paralelamente, la bancada del Frente de Todos se comprometió a trabajar en una ley sobre sistema integral de cuidados y a introducir perspectiva de género en una eventual reforma judicial, algo que reclamaron en los últimos días tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por último, la ministra y los diputados dialogaron sobre la necesidad de “repensar” la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.
“Conversamos sobre los ejes de la agenda legislativa de mujeres, géneros y diversidades que vamos a trabajar en Diputados”, expresó Álvarez Rodríguez, y amplió: “Para seguir ampliando derechos, el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo es clave. Vamos por la ley de inclusión laboral travesti/trans y un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.
Más temprano, Gómez Alcorta participó del acto de firma del “Acuerdo Federal por una Argentina Unida Contra las Violencias de Género”, junto al presidente Fernández, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gobernadores, en la previa de una serie de movilizaciones en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional.
Desde el año pasado se presentaron al menos cinco proyectos de ley con ese fin. Proponen adoptar medidas excepcionales con un presupuesto específico. En lo que va del año hubo casi medio centenar de femicidios.
Por Carolina Ramos
A pesar de las medidas gubernamentales y las leyes vigentes contra la violencia de género, el drama de los femicidios se agudizó: según el último relevamiento de La Casa del Encuentro, en lo que va del año se registraron casi medio centenar de casos. Fue el destino trágico de Guadalupe Curual en Villa La Angostura y de Úrsula Bahillo en Rojas, dos víctimas que habían denunciado previamente a sus agresores.
Frente a este panorama, diputados de diferentes bloques presentaron desde el año pasado cinco proyectos de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género, facultando al Poder Ejecutivo a implementar medidas urgentes y excepcionales con un presupuesto específico.
Hay una iniciativa del Pro encabezada por la cordobesa Soher El Sukaria; otra del bloque Córdoba Federal liderada por Alejandra Vigo; una tercera presentada por Enrique Estévez en coordinación con MuMaLá y Mujeres Socialistas; una cuarta impulsada en soledad por la oficialista salteña Lía Verónica Caliva; y una última del Frente de Izquierda impulsada por Nicolás Del Caño.
Los proyectos tienen giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Mujeres y Diversidad. “Este año vamos a trabajar distintos ejes en la comisión, y el primero es violencia por razones de género. Hay muchos proyectos que están vinculados a la temática”, dijo la oficialista Mónica Macha a parlamentario.com.
El socialista Estévez, uno de los promotores de la ley, consideró que “en un país donde muere una mujer cada 30 horas es necesario declarar la emergencia”. “No sé qué más tenemos que esperar para darle a esto el marco que corresponde”, expresó a este medio, y si bien consideró “positiva” la existencia de un Ministerio de Mujeres y Diversidad, aclaró que “eso no se traduce por sí solo en políticas públicas que prevengan y aborden esta situación”.
Según datos de MuMaLá, en 2020 fueron 329 las muertes de mujeres, lesbianas, travestis y trans por motivos de género: los femicidios y transfemicidios fueron los únicos delitos que no descendieron durante la pandemia. “Urge una decisión política para concentrar, articular y reasignar recursos económicos y humanos frente a la violencia machista”, alertó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la organización, quien impulsa una petición en Change.org que ya reunió más de 138.000 firmas.
Uno de los principales ejes de los proyectos presentados tiene que ver con dotar a las provincias y a los municipios del presupuesto necesario para responder más velozmente a las denuncias por violencia de género y brindarles un seguimiento adecuado. Algunas iniciativas proponen también otorgar una asignación mensual a las víctimas en situación de vulnerabilidad, y a su vez garantizar la compensación económica a hijos de víctimas de femicidios, como se estableció en la “Ley Brisa”.
Otro de los objetivos tiene que ver con mejorar el funcionamiento de la línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Lo que se busca es profundizar el seguimiento de las denuncias en articulación con provincias y municipios. En el primer semestre de 2020, y en el contexto del aislamiento social, 55.715 personas realizaron consultas a esta línea, según un relevamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Los proyectos coinciden en que se deben garantizar en todo el país dispositivos de geolocalización para detectar violaciones de medidas perimetrales por parte de los agresores. Asimismo, se promueve la adopción de políticas de desarme de agentes de seguridad violentos y el cumplimiento del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, garantizado por ley. Por último, impulsan la producción de estadísticas oficiales unificadas.
Se propone además reforzar las capacitaciones de género en los tres poderes del Estado, tal como se estableció en la denominada “Ley Micaela”. En particular, apuntan a intensificar la formación de los operadores judiciales y también de las fuerzas policiales y de seguridad, así como jerarquizar la labor de promotoras territoriales que realizan tareas de prevención en los barrios.
El efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, y de Educación Sexual Integral, es otro de los reclamos plasmados en los proyectos de ley.
En la apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández no omitió el tema y convocó a que la lucha contra la violencia de género sea considerada una política de Estado.
El presidente repasó las acciones llevadas adelante en el marco del Plan contra las Violencias por motivos de Género 2020-2022, como el Programa AcompañAR y la creación del Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.
También informó que se incrementó en un 50% la entrega de dispositivos duales de supervisión, monitoreo y rastreo de víctimas y agresores; y anunció la construcción de 14 centros territoriales en distintas provincias para el abordaje de las violencias.
Fernández dedicó un párrafo especial al accionar de la Justicia. “La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, sostuvo.
Se presentó en la Cámara alta una iniciativa que busca agilizar la intervención de la Justicia frente a una denuncia de violencia de género.
A lo largo de su presentación, la senadora de Juntos por el Cambio Flavia Delmonte destacó que “con este proyecto de Ley buscamos garantizar que el juez o jueza interviniente en una denuncia de violencia de género adopte las medidas en un plazo de 24 horas”, como así también, “entregar en forma inmediata de un dispositivo electrónico, de localización y alerta a autoridades de la fuerza de seguridad”.
“Lamentablemente en lo que va del año se han registrado 59 femicidios, cifra que alarma y da cuenta de que la violencia hacia las mujeres, es sin dudas, uno de los flagelos que hay que poner en agenda de trabajo de manera urgente en las distintas áreas del gobierno”, resaltó Delmonte.
Por último la legisladora de JxC remarcó que, “debemos asegurar la protección inmediata y asistencia efectiva de todas las víctimas de violencia de género, ya que como todos sabemos, una mujer que atraviesa esta situación está expuesta a muchas vulnerabilidades”, y agregó “el Estado debe llegar a tiempo”.
Ante la ola de femicidios en todo el país, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció que propondrá nuevamente un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género. “A pocos días del inicio de sesiones legislativas, le pedimos al presidente Alberto Fernández que escuche el reclamo presente […]
Ante la ola de femicidios en todo el país, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció que propondrá nuevamente un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género.
“A pocos días del inicio de sesiones legislativas, le pedimos al presidente Alberto Fernández que escuche el reclamo presente en las movilizaciones de las últimas semanas en distintos puntos del país y que avance con políticas de urgencia para evitar que la violencia machista se siga cobrando una vida cada 29 horas en nuestro territorio”, advirtió el colectivo.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de 150.000 firmas, habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria y de recursos humanos necesarios para implementar medidas concretas.
Algunas de esas medidas son asistencia económica a quienes atraviesan situaciones de violencia de género y a familiares de víctimas de femicidios; asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito; fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios locales para la asistencia temprana y de las organizaciones y redes sociales que actúan en el territorio; dispositivos electrónicos duales para agresores con recursos para su monitoreo; un registro único de denuncias contra agresores; protocolos de actuación y políticas de desarme en las fuerzas de seguridad para agentes con denuncias; y la aplicación de la Ley Micaela y de la Educación Sexual Integral, entre otras.
En los últimos días trascendió el caso de Guadalupe Curual, una joven de 21 años que fue asesinada por su expareja en Villa La Angostura, Neuquén. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en lo que va del año 2021 se produjeron 49 femicidios, es decir uno cada 26 horas.
La diputada provincial del Frente de Todos Débora Galán destacó que “estamos en emergencia y hay que hacer cambios urgentes” en la Justicia.
La diputada provincial por el FdT Galán afirmó que “desde el año pasado venimos diciendo que se agravaron las situaciones de violencia de género y hay fallas en todo el sistema” de prevención.
En declaraciones a la radio pública bonaerense enfatizó que “el caso de Guadalupe fue delante de todos” y agregó que “el femicida lo venía anunciando, hay un montón de instituciones que fallaron”.
Para la legisladora que forma parte del oficialismo “hubo dos días de premeditación y la Justicia podría haber funcionado de otra manera”.
Y en ese sentido destacó que “hay que mejorar de manera urgente el Poder Judicial”. Para la diputada Galán “se empieza por el corto, mediano y largo plazo, hay que formar a los universitarios en temas de género”.
En ese marco, reflexionó que “estamos en emergencia en la provincia y en la Justicia muchas veces se tiran la pelota a ver a quién le corresponde dictar una medida perimetral. Tenemos que reformar leyes, necesitamos juzgados y fiscalías especializadas”, concluyó.
“Hoy cualquier hombre puede sufrir una falsa denuncia y en minutos es escrachado en medios y redes sociales”, sostuvo el sanjuanino Eduardo Cáceres.
Luego de que diputadas del bloque del oficialismo pidieran la suspensión del diputado nacional Eduardo Cáceres, el legislador hizo su descargo asegurando que “circulan en los medios falsos mensajes de texto que no están en la causa porque fueron armados para difamarme”, dijo Cáceres, y agregó: “No se está garantizando el principio de inocencia”, indicó.
El propio diputado recordó que fue él mismo el que en el marco de una sesión pidió en la Cámara que le quiten los fueros y solicitó su licencia para ponerse a disposición de la justicia. Asimismo recordó que el senador de la UCR por La Pampa Juan Carlos Marino fue sobreseído, finalmente, el año pasado tras una falsa denuncia de abuso sexual, lo que ya le había costado al senador la vicepresidencia de la Cámara alta.
Cáceres tiene actualmente un bozal legal, pero destacó que “los mensajes que circulan en los medios son falsos, no están en el expediente, lo que demuestra que es una operación de real malicia para difamarme”, aclaró y resaltó que trabaja en una iniciativa legislativa a raíz de su experiencia personal.
“La semana pasada presenté un proyecto de ley para visibilizar que las falsas denuncias son muchas más de la que se imaginan y no existen estadísticas oficiales, hoy son una herramienta de despecho y hasta se utilizan muchas veces a los hijos de rehenes en materia de divorcios, sólo por producir un daño emocional”, y agradeció el contacto de asociaciones, intelectuales, psicólogos y colegios de Abogados que reconocieron y respaldaron el tema en los medios.
La “ley Alejo” nace por el caso del joven asesinado por su pareja, que cuando fue a hacer la denuncia en la comisaría no se la tomaron por ser varón. “Hoy muchos hombres padecen de violencia física, social y mediática. Uno a lo largo del proceso puede quedar absuelto, pero psicológicamente destrozado”, aseguró Cáceres y recordó el caso de Agustín Muñoz, de tan sólo 18 años, que vivía en San Carlos de Bariloche, y que se quitó la vida tras una falsa denuncia de violencia de género.
Partiendo del estereotipo del varón como el sexo fuerte, y sólo por eso, ya son vistos como los perpetuadores de la violencia y nunca como las víctimas, cuando, en Argentina, el 81% de los suicidios son de hombres, superando en estadísticas a los homicidios, lo que lo convierte en un problema de Salud Pública.
Es por un caso de violencia de género en el que es la mujer la que ataca al varón. A él le daba vergüenza denunciarla y cuando lo hizo no le tomaron la denuncia.
Tras el asesinato de Alejo Oroño, el joven que fue apuñalado en el pecho por su mujer, diputados de Juntos por el Cambio impulsan una capacitación obligatoria para el personal del Estado, una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual. “A Alejo, como hombre, le daba vergüenza denunciarla y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia”, remarcan en el proyecto.
Alejo Oroño tenía sólo 22 años y era papá de un bebé de 18 meses, pero el pasado viernes fue apuñalado por la madre de su hijo en Hurlingham (provincia de Buenos Aires). Su caso causó gran conmoción y se hizo público un video estremecedor del momento en que se produjo el ataque. Según las declaraciones de su familia, el joven había intentado radicar una denuncia en una comisaría, pero no se la tomaron. A esto se sumó que “a él, porque era hombre, le daba vergüenza denunciarla”, expresó su prima en medios nacionales.
“Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala la iniciativa que fue presentada por el diputado Eduardo Cáceres, a quien acompañan los legisladores Gisella Scaglia, Gabriela Lena, Alicia Terada, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Sebastián García De Luca, Marcelo Orrego, Domingo Amaya, Francisco Sánchez, Juan Aicega, Gustavo Hein, David Schlereth, Hernán Berisso y Gerardo Cipolini, alcanzando el máximo de firmas previsto por reglamento .
Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) indica que “los hombres tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte”. De los pocos datos relevados por ese organismo, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 23% de las personas denunciadas en 2019 fueron mujeres. Y la violencia de pareja (incluye: cónyuges, convivientes, novias/os y ex parejas) resulta la principal causa de denuncia entre los mayores de 18 años, y se estima que el número sería mayor si habría conocimiento de las normas y comisarías especializadas.
Otro estudio titulado «Partner Abuse State of Knowledge Project», publicado por el Grupo de Investigación de la Violencia Doméstica (Revista Springer Publishing “Partner Abuse”) demostró que existe paridad en las tasas para hombres y mujeres tanto como agente activo como agente pasivo del abuso y se recomienda reconocer a las víctimas masculinas.
Además, hoy muchos varones padecen de violencia social y mediática. Cabe recordar el caso de Agustín Muñoz, de tan sólo 18 años, que vivía en San Carlos de Bariloche, y que se quitó la vida tras una falsa denuncia de violencia de género.
En una marcha de mujeres cuya consigna era “Nunca más solas, nunca más calladas”, realizada en el tradicional Centro Cívico de Bariloche (Rio Negro), una amiga suya, menor de edad, lo había acusado públicamente de un supuesto abuso sexual. Luego, la denunciante publicó en redes la acusación, ‘escrachándolo’ y se viralizó. Aunque luego se comprobó que la acusación era falsa y producto de “un momento de bronca y enojo”, el resultado fue trágico: el joven se quitó la vida.
Partiendo del estereotipo del varón como el sexo fuerte, y sólo por eso, ya son vistos como los perpetuadores de la violencia y nunca como las víctimas, cuando, en Argentina, el 81% de los suicidios son de hombres, superando en estadísticas a los homicidios, lo que lo convierte en un problema de Salud Pública.
1. El proyecto amplía los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres.
2. Se desarrollan políticas públicas en educación, justicia, seguridad y trabajo, entre otros organismos, y campañas de difusión.
3. Crea una línea gratuita de asistencia.
4. Comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención y respetando el previsto por el Decreto 721/2020 para trans, travestis y transgénero.
5. Aborda derechos y garantías mínimas en procedimientos judiciales y administrativos, y crea un observatorio para analizar los casos.
6. Se tipifican las falsas denuncias y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica.
7. Establece mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales.
“El gobierno de la Ciudad ofrece una respuesta muy deficiente a las víctimas de violencia de género”, afirman desde la oposición porteña.
El diputado de la Ciudad Matías Barroetaveña junto con sus pares de bloque Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Santiago Roberto, Claudia Neira, Manuel Socías y Juan Manuel Valdés, presentaron un pedido de informes en la legislatura porteña para exigir al gobierno de la ciudad información actualizada sobre los casos de violencia de género en la Ciudad y sobre el funcionamiento de los dispositivos de protección a las víctimas durante la emergencia sanitaria.
“Llaman la atención las declaraciones de Larreta y otros funcionarios de la Ciudad frente a los recientes casos de femicidios reclamando un estado presente cuando el gobierno viene reduciendo el presupuesto para hacer frente a la violencia de género, tal es así que en 2021 la Dirección de la Mujer tiene un incremento nominal de apenas 11%, muy por debajo del 36% de inflación del año pasado”, expresó el diputado Barroetaveña; y agregó que “lo mismo sucede con el programa 69 de asistencia a las víctimas de la Violencia, cuya partida aumenta también nominalmente en un magro 9% frente al 36% de inflación del 2020”
El pedido de informes solicita al Ejecutivo precisiones sobre si se ha hecho efectiva la adhesión al “Sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género (SIVIOGEN)” establecida en la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación Nº 351 del 23 de abril del año 2019 (RESOL-2019-351-APN-MSG). Este Sistema tiene como objetivo homogeneizar y estandarizar las intervenciones policiales en procedimientos análogos. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad aún no ha informado si se avanzó en este camino.
“Lo que más llama la atención, es la caída de un 90% en el presupuesto del Programa 32. Detección, Protección y Asistencia a víctimas de trata de personas (Ley 2781), que pasó de contar con $7.058.279 en 2020 a solo $712.544 en 2021”, manifestó el diputado Barroetaveña; y concluyó que “el gobierno de la Ciudad ofrece una respuesta muy deficiente a las víctimas de violencia de género, con muchas de la dependencias cerradas, con horarios limitados o sin atención presencial”.
Luego del anuncio del Gobierno, diputadas radicales pidieron al presidente ocuparse de la violencia de género en lugar de crear “más cargos y burocracia”.
El presidente Alberto Fernández anunció este sábado que avanza la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios para dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI.
“Para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Diputadas nacionales de la UCR cuestionaron la creación del nuevo organismo y reclamaron que el Gobierno “se ocupe realmente de los problemas y de salvar vidas, en lugar de seguir creando cargos y burocracia”.
La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, Roxana Reyes, remarcó que “no podemos seguir con anuncios y estructuras burocráticas. Los organismos locales, donde hay, no están implementando políticas de prevención, abordaje y menos de capacitación de sus miembros, solo titulares de diario que no salvan vidas”.
“Crear otros organismos, cuando ya hay un Ministerio, habla a las claras de que son reacciones espasmódicas, solo para la prensa, a las que ya estamos acostumbrados. Debemos trabajar en el territorio, sin tanta estructura. No se necesita tanta burocracia cuando hay capacitación y voluntad política”, agregó.
Por su parte, Claudia Najul remarcó que “hay dos maneras de gobernar: ante un problema buscar soluciones o ante un problema crear organismos, estructuras, cargos. Alberto Fernández crea cargos dónde debería proponer soluciones”.
“No se trata de sumar ministerios, secretarias, direcciones y consejos. No puede ser todo excusa para crear cargos y sumar cuerpos a un Estado superdimensionado e ineficaz. Argentina vive uno de los momentos más críticos en materia de violencia contra las minorías, las mujeres y atropellos contra los derechos humanos. Ocúpese de eso Presidente”, agregó.
“Este gobierno quedará en la historia por los nombramientos políticos en los boletines oficiales y los retrocesos en la realidad. Está a tiempo de cambiarlo”, finalizó Najul.
Reyes también señaló que “existe de parte del Gobierno un total desconocimiento de lo que tiene que ver con el trabajo hacia las personas que sufren o son víctimas de violencia. Por ejemplo, nosotros desde nuestro equipo, sin ministerios, sin consejos federales, secretarías o subsecretarías, hemos trabajado muchísimo en Santa Cruz con lo que tiene que ver con la prevención, concientización de la Violencia de Género, hemos trabajado en los barrios, hemos hecho trabajo de nocturnidad”.
“Hemos trabajado muchísimo en la difusión de la línea 144 -continuó-, todo esto yendo al territorio, con el acompañamiento de los comercios, yendo a lugares donde se reúnen los jóvenes. Para esto no se necesita más burocracia, se necesita personal capacitado. No puede ser que quien va a hacer una denuncia se encuentre que una comisaría de la mujer le dice que no puede hacer una denuncia por violencia si el agresor no es su pareja o ex pareja. Hay una falta de capacitación absoluta”.
“Hoy los lugares que tienen referentes están trabajando exclusivamente en lo que es asistencia alimentaria. La Secretaría de la Mujer de Río Gallegos se dedica a asistencia alimentaria y no a trabajar en violencia. Lo vemos de cerca y todos los actores lo están viendo en cada uno de los municipios y provincias. Esto es muy grave”, finalizó Reyes.
A partir del sonado crimen de Ursula Bahillo, la violencia de género vuelve a estar en la vidriera y es el trasfondo de un proyecto de Carolina Gaillard y otras diputadas oficialistas que prevé sanciones drásticas para los infractores.
La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara baja, presentó un proyecto que busca modificar el Código Penal incorporando un artículo por el cual un agresor podrá ir preso cuando incumpla con la restricción perimetral impuesta en una causa por violencia de género.
En los fundamentos del proyecto señalan que el caso de Úrsula Bahillo ha vuelto a hacer visible la problemática de la violencia de género y donde se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas.
“Sabemos que no todos los casos son iguales, que no se puede realizar una modificación legal para cada caso, pero observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones, ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”, explica el proyecto que establece sanciones de prisión para agresores que no cumplan con las restricciones establecidas por la justicia, y también para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención.
En la redacción del proyecto, la legisladora por Entre Ríos propone dos supuestos: el primero, que considera la situación cuando la “desobediencia” del agresor se produzca ante una resolución judicial que tuviera por objeto una medida de restricción perimetral y/o exclusión del hogar en el marco de una denuncia por violencia de género o violencia familiar, en donde la pena será de 3 a 5 años de prisión.
En el segundo caso, se trata de aquellas situaciones donde la desobediencia se dé frente a una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, en el marco de un proceso en el que existe una denuncia ya efectuada por violencia de género o violencia familiar, en la cual la pena también será de 3 a 5 años de prisión.
Junto a sus pares Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jimena López, Victoria Rosso, Gisela Marziotta, Lucía Corpacci, Mayda Crespo, Blanca Osuna, Alcira Figueroa, Melina Delu, Graciela Landriscini, Estela Hernández, María Rosa Muñoz, María Rosa Martínez, Graciela Parola, Estela Hernández, Paola Vessvessian, Liliana Swindt, Nancy Sand, Mabel Caparros, Beba Soria, María Luisa Montoto y Nelly Daldovo, el proyecto de la diputada por Entre Ríos, incorpora además un párrafo en el marco del artículo 239 del Código Penal -Ley 11.179- en el cual se establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
Celeridad
El proyecto busca resolver la dilación que se produce en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género y establecer celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección a las víctimas.
También el proyecto prevé los casos de desobediencia que puede cometer alguien denunciado por violencia de género, ante un incumplimiento que configure “desobediencia u otro delito o represente un peligro para la salud o para la vida de la víctima de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal en forma urgente y dentro del plazo de 24 horas”.
El proyecto, que ya tuvo ingreso formal en la Cámara de Diputados, dispone además sanciones para el juez o la jueza que en las denuncias por hechos de violencia de género o de violencia familiar, “retardare maliciosamente la administración de la justicia después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.
Básicamente la norma se encuadra en el marco de la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” que en su artículo 26 prevé la imposición de medidas urgentes “de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”, encontrando en esa enunciación aquellas medidas que directamente se toman para proteger la vida y la integridad física de las mujeres y sus familias, explica el proyecto.
La diputada bonaerense se refirió al proyecto para declarar al 27 de mayo como día de la prevención de la violencia en el noviazgo.
La diputada bonaerense y titular de la comisión de Salud Pública, María Laura Ramírez, se refirió al proyecto que busca declarar al 27 de mayo como el día de la prevención de la violencia en el noviazgo.
En declaraciones a FM 97.Une explicó que todo comenzó cuando recibió un petitorio “de un grupo de jóvenes que sentían que entre la Ley Micaela y las charlas de ESI que hay en los colegios faltaba trabajar la relación de violencia en los noviazgos”.
En ese marco, dijo que “nos pusimos en contacto con Edgardo Aló, el padre de Carolina”, asesinada de 113 puñaladas por su pareja Fabián Tablado en 1996, con quien “trabajamos durante todo el 2020”.
“Esto tiene que ver no sólo con la concientización a los jóvenes, sino también poder hablar con los padres para que puedan visibilizar si el noviazgo de sus hijos es violento o es sano”, afirmó la legisladora.
Más adelante, señaló que “tratamos de que el Estado acompañe los vínculos y hoy, con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de vincularse que tienen los jóvenes, buscamos ayudar a los padres que quizá no visibilizamos cuestiones que muchas terminan con angustia o pérdidas como la que tuvo el papá de Carolina”.
Ramírez explicó que “queremos bajar talleres, articular con el ministerio de Educación, vincularnos con la secretaría de la Mujer y Juventud de los distritos para llegar a un 27 de mayo como fecha simbólica, pero trabajando durante todo el año”.
Se trata de Eduardo Cáceres, sanjuanino del Pro, quien tiene una denuncia en su contra por violencia de género.
Fue un simple trámite registrado en el inicio de una sesión en la que todo el mundo estaba pendiente de la temática abordada en la misma, razón por la cual ese tema pasó prácticamente desapercibido. Pero no por eso deja de tener trascendencia. La tuvo y mucha. En ese inicio de la sesión especial convocada para debatir el proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo, los diputados votaron al principio una licencia por 60 días para un diputado de Juntos por el Cambio. En la sesión, no se precisaron las razones de esa licencia.
Estamos hablando del sanjuanino Eduardo Cáceres, quien quedó involucrado en un episodio de violencia de género por el que fue denunciado y por el que él mismo pidió ser investigado en la sesión del 30 de noviembre pasado.
Precisamente en esa sesión, el diputado del Pro se puso a disposición de la Justicia e hizo que la Cámara baja aprobara una moción para que el juez de la causa pueda allanar su domicilio u oficinas, aunque conservará los fueros.
Cáceres fue denunciado por su expareja, la dirigente sanjuanina del Gimena Martinazzo, quien dijo haber sido víctima de agresiones psicológicas y posteriormente, físicas.
A pedido del propio diputado, la Cámara baja avaló (a mano alzada) que el juez de la causa pueda ordenar (sin autorización de la Cámara) un allanamiento a su domicilio y oficinas, con el fin de someterse íntegramente a la investigación.
De todos modos, Cáceres conservará sus fueros como diputado nacional, ya que éstos pertenecen al cuerpo y solo puede despojarse de ellos por la vía de un desafuero pedido por un juez.
“No quiero que una Justicia envuelta en fueros sea la que me absuelva, porque no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando”, expresó el legislador, y pidió que su caso “sirva como una bandera para otros hombres” que, por ejemplo, “no pueden ver a sus hijos”.
Cáceres finalizó pidiéndole al cuerpo “que me acompañe y me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la Ley de Fueros a que yo pueda presentarme ante la Justicia”.
A su turno, su comprovinciana del Frente de Todos Graciela Caselles calificó de “coherente” la decisión de Cáceres y admitió que tenía pensado, además, pedir que el denunciado se tomara licencia mientras dure la investigación.
Ese es el paso que finalmente se adoptó en esta última sesión.
En el marco de la inauguración de un complejo donde funcionará uan fiscalía especializada y una comisaría de la mujer y la familia, el titular de Diputados habló de la necesidad de construir “una sociedad paritaria”.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, participó junto al intendente de San Fernando, Juan Andreotti de la inauguración del complejo “Carolina Aló”, donde funcionará la fiscalía especializada en violencia de género y abuso sexual y una comisaría de la mujer y la familia. “No necesitamos más hombres que se hagan cargo de tareas de mujeres, necesitamos hombres y mujeres que asuman juntos las tareas que tenemos para construir familia, sociedad y desarrollo”, afirmó.
“En Argentina, cada 30 horas muere una mujer por violencia de género. No nos podemos hacer los distraídos. Un país que niega ese dato, niega la existencia de la familia como unidad”, sostuvo Massa y en cuanto a la nueva fiscalía y comisaría de la mujer en San Fernando “tenemos que defender la integridad de esas mujeres que hoy no se animan a denunciar. Vengan sin miedo, porque tenemos que construir entre todos un Estado que las proteja”.
En ese sentido, el titular de la Cámara baja agregó: “Los gobernantes no hablan con palabras, sino con recursos y cuánto invierten para resolver los problemas. Los gobiernos nacional y provincial tomaron la decisión, desde el primer día, de poner sobre la mesa la necesidad de crear una sociedad con igualdad de derechos”.
“Debemos construir entre todos una sociedad paritaria en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y responsabilidades. No necesitamos más hombres que se hagan cargo de tareas de mujeres, necesitamos hombres y mujeres que asuman juntos las tareas que tenemos para construir familia, sociedad y desarrollo”, agregó Massa.
También estuvieron presentes la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, la titular de AySA, Malena Galmarini, el procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, el diputado nacional Carlos Selva y legisladores provinciales Rubén Eslaiman y Matías Molle, entre otros.
Eduardo Cáceres hizo que Diputados aprobara una moción para que la Justicia pueda allanar su casa particular u oficinas sin autorización de la Cámara. Conserva sus fueros.
Eduardo Cáceres, el diputado del Pro por la provincia de San Juan que fue denunciado por violencia de género, se puso a disposición de la Justicia e hizo que la Cámara baja aprobara una moción para que el juez de la causa pueda allanar su domicilio u oficinas, aunque conservará los fueros.
Cáceres fue denunciado por su expareja, la dirigente sanjuanina del Gimena Martinazzo, quien dijo haber sido víctima de agresiones psicológicas y posteriormente, físicas.
A pedido del propio diputado, y ante la sorpresa de Sergio Massa, la Cámara baja avaló (a mano alzada) que el juez de la causa pueda ordenar (sin autorización de la Cámara) un allanamiento a su domicilio y oficinas, con el fin de someterse íntegramente a la investigación.
De todos modos, Cáceres conservará sus fueros como diputado nacional, ya que éstos pertenecen al cuerpo y solo puede despojarse de ellos por la vía de un desafuero pedido por un juez.
“En Argentina cada 26 horas muere una mujer, es un tema terriblemente sensible y muy peligroso que puede ser utilizado muchas veces por bronca, despecho o con una finalidad política”, arrancó Cáceres, conectado a la sesión de forma virtual.
El legislador advirtió que “hay muchos hombres que son víctimas de violencia física, psicológica, porque no se atreven a denunciar, ni siquiera a contarlo”, e incluso afirmó que “hay suicidios” por ese tema.
A continuación, alertó que su expareja es motivada por un interés político, ya que lo sucedió en la lista de diputados de 2017. “Mi banca me la gané con el voto de los sanjuaninos”, se defendió.
Cáceres reconoció que Martinazzo “fue una compañera de vida y de la política”, a quien tuvo “muchísimo cariño”, pero sostuvo que “esto genera un precedente; no puede ser que una simple denuncia defenestre una imagen”.
“No quiero que una Justicia envuelta en fueros sea la que me absuelva, porque no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando”, enfatizó, y pidió que su caso “sirva como una bandera para otros hombres” que, por ejemplo, “no pueden ver a sus hijos”.
Cáceres finalizó: “Estoy pidiéndole a este cuerpo que me acompañe y me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la Ley de Fueros a que yo pueda presentarme ante la Justicia”.
Para aclarar el pedido de su compañero de bloque intervino Silvia Lospennato, quien aclaró que según la Ley de Fueros, para realizar un allanamiento el juez debe requerir autorización a la Cámara baja, por lo que Cáceres busca saltear esa instancia.
Lospennato explicó que el acusado pretende “que el juez pueda cumplir con todas las diligencias que entienda necesarias para el avance de la causa”.
Luego tomó la palabra Graciela Caselles (Frente de Todos-San Juan), quien calificó de “coherente” la decisión de Cáceres y admitió que tenía pensado, además, pedir que el denunciado se tomara licencia mientras dure la investigación.
Caselles recordó que la denunciante “se sometió a las pericias y a las indagatorias mostrando señales de violencia física y habiéndose animado, a pedido de su propia hija, a decir ‘basta’ a esas situaciones violencia primero psicológica y después física”.
“Este debe ser un llamado de atención a construir una sociedad más justa e igualitaria, para seguir luchando por los derechos de las mujeres y hombres a no sentirse violentados”, aseveró la diputada, y finalmente concluyó que “la investigación debe ser muy profunda”.
Se trata de Eduardo Cáceres (Pro-San Juan), quien fue acusado por una dirigente del mismo partido, por agresiones físicas y psicológicas.
El diputado del Pro Eduardo Cáceres, de la provincia de San Juan, fue denunciado por violencia de género por su expareja y dirigente del mismo partido, Gimena Martinazzo, según declaró este jueves en una radio local.
La mujer, que fue candidata a intendenta de Rawson por el Pro en las elecciones pasadas, denunció agresiones físicas y psicológicas y presentó una denuncia ante la Justicia, informó la agencia Télam.
En declaraciones formuladas a la Radio Estación Claridad de San Juan, Martinazzo contó que “la agresión se produjo porque me quitó el teléfono para revisarlo y yo intenté recuperarlo” y agregó: “Ayer hice la denuncia y fuimos al médico legista así que las marcas están acreditadas con fotos”.
Además señaló que “la violencia se viene dando en reiteradas ocasiones, no de manera física, sino de manera psicológica y con un hostigamiento, muchas veces de carácter personal”.
“Ahora tengo los brazos moreteados, la cara un poco lastimada, tengo moretones en las piernas, todo ya está registrado”, dijo la dirigente y relató que lleva “años de una violencia psicológica importante, con hostigamiento, de grabarme, subestimarme, insultos y demás”.
Frente a la denuncia formulada por la dirigente en la Comisaría de la Mujer, Cáceres hizo un descargo por las redes sociales con un video donde negó los hechos y deslizó que la denuncia podría tratarse de una cuestión política ya que la mujer lo sucede en la lista de diputados nacionales.
“Tengo un montón de cosas para haberlo denunciado antes, si fuera por el cargo, como él dice”, respondió la mujer y aseveró que en su decisión “fue determinante la charla con mi hija cuando llegué a mi casa con marcas, ella me vio y estalló en llanto y me dijo ‘si no lo denuncias vos, lo denunció yo’”.
Diputados realizó además una actividad con varias legisladoras, que pintaron nombres de víctimas de femicidios en un banco de la plaza seca del Anexo A.
En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, desde la Dirección General de Igualdad y del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de RRHH, se llevaron a cabo acciones para sensibilizar sobre la necesidad de prevenir y erradicar la violencia de género.
Primero, con la participación de las diputadas nacionales Cristina Álvarez Rodríguez, Paula Penacca, Silvia Lospenatto, Mara Brawer, Gabriela Estévez, Carolina Moisés, Jimena López y Carolina Yutrovic, se instaló un banco violeta con nombres de algunas de las víctimas de femicidios y una frase en la pared “Los femicidios son la consecuencia de todas las violencias cotidianas que invisibilizamos”, en la plaza seca del Anexo A.
Luego, por la noche, el Congreso se iluminó de violeta y se proyectaron las caras de víctimas de femicidios en apoyo al día internacional que reivindica la lucha contra la violencia de género.
Según datos del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en nuestro país ocurre un femicidio cada 29 hs y, hasta el 20 de noviembre, se registraron 265 (el 70% cometidos por parejas o exparejas).
Lo reclamó la diputada Laura Velasco en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, con el fin de “tener políticas públicas con presupuesto que frenen la violencia de género”.
En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, la presidenta de la Comisión de Mujer de la Legislatura porteña, Laura Velasco, se refirió a las deudas en materia de género y diversidad en la Ciudad, al trabajo que viene realizando desde la comisión y de la responsabilidad de aquellas que hoy ocupan lugares institucionales.
“Quienes tenemos más herramientas y algunos privilegios debemos abrir el camino para otras, visibilizando lo difícil que se hace a las mujeres asumir las tareas políticas. Muchas veces nuestro lugar es el lugar de lo social como es el de las tareas de cuidado, en su mayoría no reconocidas como trabajo; y en la política sucede lo mismo. Cuando asumimos los lugares de representación, de toma de decisiones, de poder y de debate político, se nos hace bastante más complejo que a los varones”, aseguró.
Además, destacó la importancia de contar en la Ciudad con una ley contra la violencia política -así como en el plano nacional existe la 27.533-, una iniciativa recientemente presentada por la Defensoría del Pueblo porteña: “Es fundamental tener en la Ciudad de Buenos Aires una ley que ponga freno a la violencia política, que permita visibilizarla también de manera interseccional, entendiéndola no solamente como la que sufrimos aquellas que estamos en un espacio institucional, quienes podemos tener inclusive más herramientas para hacerla visible, sino también la que sufren nuestras compañeras en los territorios por ser migrantes, por ser pobres, por tener una identidad sexual diferente a la heteronorma”.
“Este fue un año muy difícil en relación con las violencias por razones de género. Durante la pandemia, en la Ciudad se duplicaron los llamados a la línea 144, hubo muchas dificultades para garantizar el acceso a la Justicia y una atención integral, tuvimos los Centros Integrales de la Mujer (CIM) prácticamente cerrados, algunos funcionando de manera rotativa sólo con atención telefónica. Por eso, presenté un proyecto para declarar la emergencia por violencia de género en la ciudad, a fin de que se incrementara el presupuesto para políticas públicas destinadas a esta problemática”, explicó la legisladora.
Otra de las iniciativas presentadas por Velasco durante este año que y que actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Mujer, propone el reconocimiento y jerarquización de las promotoras territoriales de géneros y diversidad quienes vienen desarrollando una tarea esencial en los territorios garantizando derechos de mujeres y personas LGBTIQ+, en los centros comunitarios y en las consejerías, acercando el acceso a métodos anticonceptivos y a ILE, acompañando en cercanía casos de violencia y trabajando 24 por 7 por barrios libres de violencia.
“Este proyecto lleva el nombre de Bety Quispe, en homenaje a una compañera imprescindible que llevaba adelante esta tarea en los territorios”, explicó Laura Velasco, quien esta mañana acompañó a referentas y militantes de Marea Feminismo Popular durante la presentación en el Congreso Nacional de la Ley Bety, para que promotoras de todo el país sean reconocidas y jerarquizadas en la tarea que realizan. Según un relevamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, existen en Argentina aproximadamente 19 mil y unas 1.500 están en la Ciudad de Buenos Aires.
“La aprobación de la Ley Bety sería un paso firme en dirección hacia el NiUnaMenos. Hoy sabemos que en lo que va del año se cometieron 265 femicidios. Necesitamos que se garantice la ESI en todas las escuelas y se cumpla la Ley Micaela capacitando a todas las dependencias de la administración pública. Anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, afirmó.
“También tenemos en tratamiento otro proyecto como el que plantea la apertura de nuevos Centros Integrales de la Mujer, ya que la propia ley dice que debe haber uno cada 50 mil mujeres/personas LGTBIQ+ y en varias comunas existe el reclamo para contar con nuevos centros, incluso en cercanía de los barrios populares que es donde sabemos que es más difícil acceder a la atención integral y a la Justicia, tal como lo manifiestan las estadísticas”, continuó Velasco.
Por último, reiteró la necesidad de contar en la Ciudad con un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, tal como existe en el plano nacional: “Creemos que es fundamental y cada vez más urgente jerarquizar el área y contar con mayor presupuesto para poder avanzar en políticas públicas que permitan prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, así como avanzar en muchos otros temas que nos preocupan en relación a las mujeres y las personas LGBTIQ+”.
En ese sentido, la legisladora se reunió hoy, junto a su par Victoria Montenegro, con Marcela Tobaldi de La Rosa Naranja, Marcelo Suntheim de CHA, Darío Arias de 100% Diversidad y Derechos y Conurbanes por la Diversidad, Ezequiel Rabines del Frente de Diversidades y Disidencias y Nicolás Meza de Somos, a raíz de la presentación del proyecto que expresa “profundo pesar” por la muerte de Enzo Aguirre, ocurrida el 14 de noviembre pasado, y pide que “las circunstancias de su muerte sean investigadas de manera adecuada, aplicando los protocolos de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género”.
Desde esa bancada presentaron un proyecto de declaración en el que expresan su preocupación por esos sucesos, los cuales se habrían incrementado a raíz de las reubicaciones llevadas a cabo en el sector del bajo autopista.
La diputada del Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Mujer e Infancia, Ofelia Fernández, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscará expresar su preocupación ante el incremento de las situaciones de violencia de género sufridas por las vecinas del sector de Bajo Autopista en el Barrio Padre Múgica, en el marco de las reubicaciones llevadas a cabo en dicho sector.
A través de ese mismo texto prevé instar “al Poder Ejecutivo a que arbitre las medidas de seguridad y contención necesarias a los fines de garantizar un abordaje integral de dicha problemática previniendo tales conductas”.
En los fundamentos de la medida, Fernández aseguró que “desde distintas organizaciones se han manifestado por las reiteradas y persistentes situaciones de violencia por razones de género que viven las vecinas del sector de bajo autopista del Barrio Padre Múgica” y remarcó que esa zona está en conflicto debido a que “los organismos intervinientes del Gobierno de la Ciuda, en particular la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), han propuesto algunas alternativas habitacionales a quienes habitan la zona que pretende ser reurbanizada, pero esas soluciones no son satisfactorias para muchas de las personas ni cumplen con las condiciones necesarias para efectuar las mudanzas. Es por eso que actualmente se asiste a una reurbanización parcial y existen distintos tipos de conflictos en relación a quienes siguen viviendo en la zona de bajo autopista”.
Sobre esa misma línea indicó que “como resultado de este proceso, se han realizado demoliciones parciales en algunas manzanas, generando como resultado la acumulación de escombros, el daño estructural a viviendas que no debían ser demolidas y el daño psicoemocional de las habitantes y sus familias que deben convivir con la amenaza constante de demolición y expulsión”.
Además manifestó “la preocupación por las violencias sufridas por las vecinas de la zona: acosos, intentos de robos, amedrentamientos, violaciones y/o amenazas de abusos sexuales son algunas de las situaciones que las vecinas cuentan que han tenido que vivir” y alertó que “se evidencia una falta de respuesta certera y efectiva ante las denuncias realizadas. Las mesas de negociación en curso son instancias útiles pero aún insatisfactorias para dar respuestas a un conflicto urgente”.
“Es por eso que esta declaración pretende generar un alerta sobre la violencia por razones de género vividas en la zona, y convoca al Poder Ejecutivo a intervenir en la zona de forma concreta para elaborar una respuesta que esté a la altura de lo que la población demanda”, sentenció.
La iniciativa lleva la firma de los diputados Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Victoria Montenegro, Lorena Pokoik y Laura Velasco (FdT).
El diputado Gonzalo del Cerro presentó un proyecto busca atender una grave situación que suelen sufrir las mujeres que son intimidadas o avergonzadas por la institución judicial al acudir a hacer sus denuncias.
Una iniciativa del diputado Gonzalo Del Cerro (UCR – Santa Fe) tiene por objeto establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya una investigación y un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
“Jueces y fiscales tienen que comprender que, para la víctima de violencia de género, su visita a los juzgados o fiscalías es una experiencia única que puede afectar de manera decisiva su bienestar psicológico”, dice el legislador en los fundamentos de su proyecto de ley.
Añade que “muchas mujeres son intimidadas o avergonzadas por la institución judicial, por tener que contar una y otra vez lo ocurrido, o tener que presentarse incesantemente a los tribunales porque no les creen o porque los operadores judiciales no realizan adecuadamente sus labores y desechan las denuncias de las mujeres víctimas”.
Del Cerro explica que “el Estado argentino se encuentra obligado a organizar todo el poder público para prevenir, investigar, juzgar y sancionar hechos de violencia contra las mujeres. El Poder Judicial y el Ministerio Público como componentes de dicha estructura, son fundamentales en el desempeño de la responsabilidad de actuar con la debida diligencia requerida y enviar un mensaje de no tolerancia a la violencia contra la mujer”.
El proyecto faculta al Consejo de la Magistratura, al Procurador General de la Nación o al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a rechazar las renuncias, y a suspender a los jueces o fiscales que posean denuncias o expedientes abiertos por mal desempeño en causas de violencia de género. En caso de un fallo condenatorio no podrán acceder al régimen especial de jubilaciones.
“El Estado argentino tiene que actuar con diligencia, no puede ir a contramano de todo lo prescripto por las leyes nacionales y convenciones internacionales, por lo que congruentemente, al convertir en ley el presente proyecto, se dará muestras claras del respeto de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de mujeres que son víctimas de delitos en el contexto de violencia de género”, concluye Del Cerro.
Acompañan esta iniciativa los diputados José Cano, Aída Ayala, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Carla Carrizo, Carlos Fernández, Facundo Suárez Lastra, Alvaro de Lamadrid, Gerardo Cipolini, Ximena García, Lidia Ascárate, Claudia Najul, Emiliano Yacobitti, Alberto Asseff, Dolores Martínez y Karina Banfi.
El proyecto de la diputada del Pro Adriana Cáceres busca conocer la cantidad de femicidios registrados desde el 20 de marzo hasta la fecha, cantidad de llamados recibidos a la línea 144 y si esos casos tuvieron seguimiento, entre otros puntos.
Diputados de la oposición presentaron un pedido de informe al Gobierno para saber cuál es la situación de las mujeres durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Se trata de un proyecto de la diputada del Pro Adriana Cáceres, que busca saber la cantidad de femicidios registrados desde el 20 de marzo hasta la fecha, cantidad de llamados recibidos a la línea 144 y si esos casos tuvieron seguimiento, entre otros puntos.
“Presentamos este pedido de informe porque vemos que el Gobierno tiene un discurso sobre género, un Ministerio, pero no tiene una política pública seria. Para que la violencia de género sea una política de Estado, necesitamos cifras, cosa que este gobierno no suele brindar”, explicó Cáceres y agregó “ayer vimos un caso tremendo de un hombre queriendo apuñalar dos mujeres. Lamentablemente esos casos se reproducen por todo el país y no vemos al Gobierno ni a la ministra Gomez Alcorta ocupándose de que esas cosas no pasen, ni acompañando a las víctimas”.
Además, el proyecto pretende saber el estado del convenio entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, por el cual se crea el primer informe anual sobre feminicidio y la eficacia de los programas “Barbijo Rojo” y “Acompañar”, dependientes del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.
“Fue un año muy difícil desde todo punto de vista, lo económico, laboral, social y en materia de salud. Pero eso no puede hacer que quede invisibilizado el reclamo de las mujeres que sufren violencia. No es solo crear un ministerio, sino que trabaje y lo haga de manera seria. Ahora tenemos una ministra, pero no sabemos qué está haciendo”, sentenció la diputada.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de Silvia Lospennato, Brenda Austin, Sofia Brambilla, Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Maximiliano Ferraro, Mercedes Joury, Josefina Mendoza, entre otros.
Luego del femicidio de una profesora tucumana, Karina Banfi pidió que se trate esa iniciativa que obliga a accionar en 24 horas ante ese tipo de delitos.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) solicitó que la Cámara de Diputados dé tratamiento a un proyecto de ley que obliga a los jueces a tomar medidas preventivas en caso de violencia de género dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento de la denuncia o de la solicitud de parte.
“La necesidad de establecer un plazo para la resolución judicial de estas medidas radica en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres tras haber sido víctimas de violencia de género” afirma el proyecto de ley que presentó la diputada radical en 2017, y que fue representado este año para su tratamiento y posterior aprobación.
“Este proyecto tiene por finalidad establecer un plazo para la intervención de los magistrados respecto de ciertas medidas preventivas urgentes. Las mismas se refieren a ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, la exclusión de la parte agresora de la residencia común y decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor”, se destaca en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa tomó un nuevo impulso luego de que se conociera el brutal femicidio de la profesora Paola Estefanía Tacacho, en Tucumán, en manos del femicida Mauricio Parada Parejas. La víctima había denunciado en reiteradas ocasiones, y la Justicia no tomó cartas en el asunto para protegerla de su agresor.
Karina Banfi afirmó que “el crimen de la profesora se podría haber evitado si la Justicia actuaba en tiempo y forma ante la cantidad de denuncias que realizó en los últimos años. Hoy, con el femicidio ya consumado, la Justicia es la responsable”. Y agregó que “este proyecto debe tratarse urgente para obligar a los jueces a actuar rápidamente y evitar más femicidios en la Argentina”.
El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º.- Agréguese el segundo párrafo al artículo 27, de la Ley 26.485, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 27. — Facultades del/la juez/a. El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.
Las medidas dispuestas en los incisos a.6, b.2 y b.3 del artículo 26 deberán ser resueltas por el/la juez/a dentro de las veinticuatro (24) horas de haber tomado conocimiento de la denuncia o de la solicitud de parte. “
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad establecer un plazo para la intervención de los magistrados respecto de ciertas medidas preventivas urgentes. Las mismas se refieren a ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, la exclusión de la parte agresora de la residencia común y decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor.
La necesidad de establecer un plazo para la resolución judicial de estas medidas radica en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres tras haber sido víctimas de violencia de género. En gran cantidad de casos, sucede que la mujer no cuenta con medios para proveerse un lugar de vivienda para sí misma, ni para los hijos que eventualmente la acompañan, viéndose obligadas a acudir a establecimientos que funcionan como refugios de víctimas. La situación en la que se encuentran las instalaciones, no es en la mayoría de los casos de características similares a sus viviendas, sino que deben convivir en espacios reducidos con un sinnúmero de familias, mientras que el agresor conserva la vivienda común.
Si bien las medidas que la mujer requiere para hacer frente a la situación habitacional se encuentran previstas por la ley 26.485, la misma no establece un plazo para que el juez resuelva, lo que ha llevado en muchos supuestos a prolongar una situación de precariedad habitacional en el tiempo, afectando así la integridad personal de la mujer y sus hijos.
Es extremadamente necesario que estas medidas de reincorporación al hogar sean tomadas con suma urgencia y acompañadas de las políticas de seguridad correspondientes a los efectos de evitar la repetición de los actos de violencia.
En la argentina muere una mujer por violencia de género cada 37 horas y es necesario realizar todas acciones posibles con rapidez a efectos de evitar y erradicar las consecuencias fatales.
La realización de una modificación de estas características brindará apoyo a las mujeres, quienes podrán empoderarse para realizar las denuncias ante situaciones de violencia de género, sin temer por el futuro habitacional. La inseguridad en la vivienda lleva en muchos supuestos a la autocensura en lo que respecta a tomar los recaudos necesarios. En este sentido, debemos brindar a las mujeres las herramientas para que puedan de manera libre y sin presiones realizar las denuncias.
En este punto resulta necesario recordar la preocupación que los Estados Americanos han expresado a través de las consideraciones hechas en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”
Esta clase de medidas tienden a profundizar el cambio cultural que se está gestando en nuestra sociedad orientado a invertir la desigualdad existente entre hombres y mujeres, para lograr una argentina realmente equitativa, donde todos seamos iguales.
Por todo lo expuesto les solicitamos a nuestros colegas que nos acompañen en esta iniciativa y sancionen el presente proyecto de ley.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados dictaminó un proyecto de declaración en ese sentido. También avanzó una propuesta para que los gremios adhieran a la Ley Micaela.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), dictaminó este martes a favor de un proyecto de resolución que expresa “preocupación ante el aumento de los casos de violencia de género, intrafamiliar y femicidios durante el aislamiento social y obligatorio por el Covid-19”.
La iniciativa fue unificada en base a proyectos de las diputadas Mara Brawer (Frente de Todos), Claudia Ormachea (Frente de Todos) y Sofía Brambilla (Pro), y manifiesta “el compromiso de la Cámara de Diputados en seguir trabajando junto a los poderes Ejecutivo y Judicial en el abordaje integral del tema para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres”.
Por otra parte, recibió dictamen un proyecto de la oficialista Patricia Mounier que invita a las centrales de trabajadores a adherir a la Ley Micaela (27.499), con el objetivo de incentivar y promover actividades de capacitación en las organizaciones gremiales.
“Buscamos instalar en los gremios una agenda feminista, ya que consideramos que son espacios importantes de capacitación”, enfatizó Mounier, dirigente de SADOP y de la Corriente Federal de Trabajadores.
Durante la reunión virtual, además, se aprobaron otros proyectos de resolución y declaración relacionados con las temáticas de género y diversidad, entre los cuales se destaca el reconocimiento al trabajo que realiza la Fundación “Mujeres en Igualdad”, así como también un repudio a los hechos de “violencia política, persecución y criminalización de mujeres” en la provincia de Salta.
El proyecto de María Luján Rey busca proteger a las víctimas a través de la reinserción social y evitar la reincidencia.
Legisladores de Juntos por el Cambio buscan que se imponga la obligatoriedad de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico para autores de delitos de violencia y género en instituciones especializadas. La iniciativa fue presentada por la diputada María Luján Rey y tiene como objetivo la protección para actuales y futuras víctimas mediante la reinserción social y evitar la reincidencia de aquellos que estén cumpliendo libertad o condena condicional.
“Trabajamos este proyecto ya que nos parece que, además de establecer y hacer cumplir una pena, el responsabilidad del Estado que esa persona que no hizo las cosas bien no reincida. El proyecto solo establece este tratamiento para los casos con condena condicional o los beneficiados con libertad condicional, no a todos”, explicó Rey.
“Necesitamos que esas personas puedan volver a la sociedad, que traten sus problemas y no solo que pasen por la cárcel y vuelvan a salir. La problemática de la violencia contra niños, dentro de la familia y de genero es un tema muy grave y necesita una solución integral, sin producir nuevos daños ni víctimas”, agregó la diputada.
El proyecto del Ejecutivo obtendría dictamen favorable el próximo miércoles en una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Legislación del Trabajo.
Las comisiones de Relaciones Exteriores y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados tratarán el próximo miércoles a las 11 el proyecto de ley que busca ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, defendida por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, busca ratificar el Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral.
En el Senado, el proyecto fue aprobado por unanimidad el pasado 24 de junio y se espera que en la Cámara baja también reciba amplia mayoría.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
Tras una ardua discusión técnica, la Comisión de Salud de Diputados dictaminó una iniciativa de la cordobesa Alejandra Vigo.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dictaminó este jueves a favor de un proyecto de ley de Alejandra Vigo (Córdoba Federal) para incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género.
La iniciativa fue avalada tras un arduo debate técnico, interrumpido en varias oportunidades por fallas en la conexión.
Según el texto final, fruto de un consenso entre los bloques, la ley tendrá como objetivo “incorporar al PMO el protocolo para el abordaje integral de las personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas”.
Esto incluye “todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente”.
El proyecto original incluía a las obras sociales y mutuales provinciales, pero a sugerencia del presidente de la comisión, Pablo Yedlin, eso se eliminó, dado que la vía para no invadir facultades consiste en invitar a las provincias a adherir a la ley.
“La pandemia pone a las mujeres en una situación de gran carga psicológica, emocional y física”, sostuvo Vigo al argumentar el proyecto.
Durante la reunión, en la que se aprobaron varios proyectos de resolución y declaración, hubo un reclamo al Poder Ejecutivo para que reglamente la “Ley Silvio” (27.548), que busca proteger al personal de salud de mayores contagios de coronavirus.
“Cada vez hay más infectados en el sistema de salud, están con problemas psicológicos por la sobrecarga que hay de trabajo. Tenemos que darles todas las herramientas que necesitan para trabajar”, advirtió Claudia Najul (UCR).
Yedlin aclaró que la reglamentación “ya pasó” de la instancia del Ministerio de Salud y ahora solo la falta la firma de la Secretaría Legal y Técnica.
De todos modos, dijo, “hay que reconocer que la reglamentación de la Ley Silvio de ninguna manera en forma mágica va a evitar los contagios del personal de salud. No pongamos la fantasía de que una vez reglamentada la ‘Ley Silvio’ va a solucionar un problema enorme como es el contagio del personal de salud”.
Presentado por la presidenta de la Comisión de Mujer de la Legislatura porteña, Laura Velasco, el proyecto crea la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, como parte de los equipos de los Centros Integrales de la Mujer.
En el marco de la lucha contra la violencia por razones de género, la legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco, presentó un proyecto de ley para crear la figura de las promotoras y promotores territoriales de Géneros y Diversidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Además, busca reconocer el trabajo que llevan adelante miles de militantes populares en los barrios contra la violencia de género y las desigualdades.
La iniciativa será presentada este jueves en una reunión entre organizaciones y legisladores del Frente de Todos en la que dialogarán sobre proyectos parlamentarios y la realidad del sector, la cual será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Legislatura porteña.
Para Velasco, “la violencia de género es la pandemia dentro de la pandemia y atraviesa a todas las mujeres, cis, trans y travestis, cualquiera sea la clase social a la que pertenezca. Sin embargo, las personas que provienen de los sectores de más vulnerables son las más castigadas ante la falta de recursos que les permita salir de estas situaciones de violencia”.
Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, hubo 162 femicidios (1 cada 27 horas), de los cuales 81 se produjeron durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El 69% fueron cometidos por parejas o ex parejas y el 70% ocurrió en la vivienda de la víctima. Del total, 33 mujeres habían realizado al menos una denuncia y 11 tenían medidas de protección judicial.
En este sentido, el proyecto intenta mejorar el sistema de atención y asistencia a las víctimas de violencia de género a través del desarrollo de mecanismos de participación comunitaria que respondan a las necesidades de la población, además de brindar herramientas y recursos para la formación y capacitación continua de promotoras y promotores.
“A su vez, busca otorgar el merecido reconocimiento al trabajo territorial que actualmente se realiza mediante la organización social y popular, a través de las promotoras y promotores territoriales que son quienes conocen como nadie las realidades de cada uno de los barrios y día a día ponen el cuerpo para brindar soluciones, asistencia y contención a quienes atraviesan situaciones de violencia por motivos de género y alzan la voz en contra de las desigualdades”, explicó la legisladora.
“Y es por eso que esta propuesta lleva como estandarte a la compañera Bety Quispe, una enorme militante popular que falleció durante la pandemia, promotora de género e integrante de la Red de organizaciones y docentes de Bajo Flores. Se formó, comprometió y trabajó todos los días en los barrios por el acceso a los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTBI+, por Barrios Libres de Discriminación y Violencia de Género”, finalizó.
La legisladora nacional radical Roxana Reyes presentó un proyecto para lanzar esta campaña, e intentar garantizar el correcto cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, presentaron un proyecto para crear una “Campaña Nacional de Concientización y Prevención de la Violencia de Género en Adultos Mayores”, con el objetivo de “garantizar el correcto cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres”.
Se propone una campaña de difusión de contenidos audiovisuales en medios de comunicación masivos de todo el país, como así también a través de aplicaciones y plataformas digitales, redes sociales a las cuáles las adultas mayores tengan acceso. También en cartelería en ámbitos a los que suelen acudir, como Pami, Anses, Centros de jubilados, geriátricos, salas de esperas.
“El discurso del desarrollo mundial y la acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres está centrado en mujeres y niñas en edad reproductiva. Los conjuntos de datos, según el modelo de las encuestas de salud demográficas, recopilan datos sólo de mujeres de edad reproductiva -de 15 a 49 años-. Como resultado, las mujeres mayores de 50 años, normalmente, no se consideran dentro de las políticas públicas que buscan la reducción de la violencia contra las mujeres”, explicó Reyes.
“En este sentido, el maltrato está dirigido hacia dos puntos, la vejez por un lado y el ser mujer por otro. El proceso de envejecimiento es un momento en el que el ser humano es visto con mayor fragilidad y vulnerabilidad. En tanto, el género femenino históricamente ha sido considerado y hasta nombrado como el sexo “débil”, con toda la carga de discriminación y estereotipo que, desde hace años, la mujer viene tratando de revertir”, agregó.
La legisladora radical también remarcó que “en la mayoría de los casos estos maltratos comienzan en el núcleo familiar, no se respeta ni sus deseos, ni sus bienes, ni su tiempo libre, se abusa de esa doble condición. En algunos se vive de su jubilación, o en su casa y se le dejan los niños/as a cargo, como si esta tarea fuera menor, eso es trabajo de cuidado no remunerado. La función de la abuelidad, a tiempo completo es una sobrecarga muy pesada, sienten obligación de ejercerla en términos no deseables, ni placenteros porque a sus nietos los deben educar, cuidar y asistir, a esta tarea pareciera ser que es casi imposible de renunciar”.
Acompañan con su firma el proyecto los diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Graciela Ocaña, Estela Regidor, Jorge Enríquez, Lidia Ascarete, Héctor Stefani, Claudia Najul, Soledad Carrizo, Julio Sahad, Alberto Asseff, Ximena García y Virginia Cornejo.
Así lo precisó la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, quien celebró los resultados del operativo DetectAR. También alertó sobre el crecimiento de consultas por violencia de género en medio de la pandemia.
Tras la disparada de casos que se vio hace algunas semanas en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social -presidida por Lorena Pokoik (FdT)- se reunió con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, para brindar precisiones acerca de los operativos DetectAR que se están llevando a cabo en los mismos.
En ese sentido, la funcionaria señaló que “en lo que hace a los barrios populares, tenemos en marcha el operativo DetectAR en seis de los más grandes: el 31, la 1-11-14, 20, 15, 21-24 y en Soldati” y destacó que “lo que estamos viendo es que es una estrategia que está siendo efectiva, el lugar más grande en donde tuvimos un pico de casos fue en el Barrio 31 pero hoy está casi estabilizado, ya son más de 18 días en los que tenemos más altas que contagios”.
Además indicó que “en el Barrio 1-11-14 el comportamiento de la curva empieza a estabilizarse, el pico tuvo un crecimiento más gradual y sostenido, es por eso que vemos que el descenso de la curva va a darse con esas mismas características” y detalló que en la actualidad “son más de 20 mil las personas que han pasado por los operativos DetectAR y siempre que se registra un positivo pasamos a aplicar el protocolo: que tiene que ver con aislar en hoteles a todas las personas que presenten sintomatología leve; en el caso de los moderados, graves o que padezcan de alguna patología que pueda complicar el caso son hospitalizados”.
“En los barrios populares tenemos un total 1.134 casos confirmados y más de un 50% de altas realizadas”, aseveró y explicó que “esta estrategia la vamos a sostener todo el tiempo que sea necesario en los barrios, hoy el plan DetectAR Móvil está implementándose en todos los barrios de la Ciudad, pero comenzó en Soldati. Esto tiene un laburo territorial muy grande, en el que participan las iglesias, las organizaciones barriales y los propios vecinos; vemos que el trabajo conjunto está dando muy buenos resultados”.
Sobre esa misma línea, Migliore resaltó que también están “acompañando con lo alimentario y la provisión de elementos de higiene, hemos triplicado la asistencia directa que estamos dando en cada uno de los barrios y hemos fortalecido todo lo que tiene que ver con la entrega de elementos de limpieza tanto para grupos comunitarios como para familias que lo han solicitado”.
Por otro lado y debido al recrudecimiento del invierno, la ministra destacó que el “Operativo Frío ya está en marcha y funcionando todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la red de Buenos Aires Presente; cada vez que hace menos de cinco grados lanzamos un operativo extraordinario que busca fortalecer la capacidad territorial, se recorre toda la Ciudad para poder acompañar a toda persona que esté en situación de calle y nuestro objetivo principal es que puedan venir a los centros de inclusión que tiene la Ciudad”.
Asimismo afirmó que “todas las noches repartimos viandas calientes, viandas secas y elementos de abrigo. Nosotros buscamos que todas las personas estén dispuestos a salir de esta situación, por eso si no quieren ir a los centros, les entregamos estos elementos” y aseveró que “cada vez que hacemos un operativo extraordinario son más de 40 los equipos que salen a recorrer la Ciudad, los cuales están integrados por asistentes sociales y distintos equipos de gobierno”.
En cuanto a las medidas de prevención del Covid 19 para las personas que se encuentran en situación de calle, la funcionaria indicó que “les tomamos la temperatura y ante la presencia de cualquier síntoma compatible con coronavirus, ahí articulamos con el equipo de salud para poder actuar de manera inmediata”.
En tanto sobre la situación que viven las mujeres que sufren violencia de género, Migliore precisó que “ha habido un aumento de llamadas en lo que es la línea 144, fue significativo si comparamos con el mismo periodo con respecto al año pasado” y advirtió que “este es un tema que nos ocupa y estamos trabajando para seguir acompañando a cualquier mujer que pueda estar viviendo cualquier tipo de situación de violencia y nosotros hemos garantizado el acompañamiento las 24 horas aún en este contexto”.
A su vez le explicó a los legisladores que agregaron “una herramienta nueva que es el chat a través del número de la Ciudad que es el 011 5050 0147, cualquier mujer que se contacta, de manera inmediata es contactada con una de las operadoras para que reciba asesoramiento. Esto es para todas aquellas que conviven con sus agresores y no pueden llamar porque se estarían exponiendo” y manifestó con preocupación que “desde que habilitamos este canal ya recibimos más de 1.500 consultas y lo vamos a dejar implementado para que sea un canal más”.
“Además habilitamos un nuevo espacio para que las mujeres puedan alojarse junto a sus hijos, con 30 camas nuevas, en donde las recibimos y buscamos empoderarlas para que puedan vivir una vida libre de violencia”, sentenció.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Cecilia Ferrero, Facundo Del Gaiso, Lucía Romano, María Sol Méndez, Gimena Villafruela (VJ), Juan Manuel Valdés, Ofelia Fernández (FdT) y Patricia Vischi (UCR-Ev).
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad expuso en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Sostuvo que hay que pensar al derecho penal como “como reproductor de la desigualdad”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este lunes que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y advirtió que “el sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, al exponer en una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados.
La funcionaria habló por videoconferencia ante las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, presididas respectivamente por Carolina Gaillard y Mónica Macha, a pocos días de que el Gobierno anunciara el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años.
Al abrir el encuentro, Gaillard destacó el trabajo coordinado de ambas comisiones “para elaborar mejores herramientas, miradas integrales y unificar criterios”, y agregó: “Estos encuentros pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales y desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo”.
En el mismo sentido, Macha consideró “central” esta tarea de “poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.
Gómez Alcorta señaló que “al momento no hay ninguna prueba de que el derecho penal previene conductas delictivas” y en ese sentido “el aumento de las penas en sí mismo no va a posibilitar un mejor abordaje” de la problemática.
Por eso, llamó a “salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales va a mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de violencia”, y pidió generar “no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos”.
De todos modos, consideró necesaria una revisión integral del Código Penal por los “parches” que sufrió a lo largo de los años.
La ministra explicó que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en mujeres y diversidades” y advirtió que según estudios, la tasa de comisión de femicidios y travesticidios “se mantiene bastante estable en el tiempo”, con entre 200 y 300 muertes anuales.
También indicó que “la desigualdad estructural en todos los ámbitos de nuestra vida impacta en la autonomía económica, física y política de las mujeres y personas LGBT”.
Asimismo, se refirió a los “obstáculos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia”, no solo a la hora de contar con un abogado, sino también al momento del cumplimiento de las decisiones judiciales.
Gómez Alcorta enfatizó que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y que “pensar el derecho como reproductor de la desigualdad es una tarea urgente”. “El sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, añadió.
Por otra parte, aseguró que “hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de violencia de género” porque “a excepción de la trata de personas, que es un delito federal, todos los otros delitos tramitan en las administraciones de Justicia provinciales” y esto además “dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos delitos”.
En tanto, lamentó la “falta de implementación del sistema acusatorio, que puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos”, y por otro lado advirtió que muchas mujeres víctimas de femicidios no formularon antes la denuncia porque creen que “el Estado no las representa como un lugar de ayuda”, y pidió trabajar para revertir esa situación.
Asimismo, alertó que “cuando la Justicia se enfoca en la investigación de la vida de las mujeres que denuncian en lugar de investigar al imputado de violencia , se está desplazando la responsabilidad hacia ellas”.
La UTEP, que nuclea a trabajadores de la economía popular, impulsa un proyecto que avalan Leonardo Grosso, Itai Hagman y Juan Carlos Alderete, entre otros.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a través de su Secretaría de Mujeres y Diversidad, exigió este miércoles la sanción de una ley para declarar la emergencia social por violencia de género, en el marco de la conmemoración del Ni Una Menos.
El gremio tiene elaborado su propio proyecto, el cual cuenta con apoyo de los diputados nacionales Leo Grosso, Verónica Caliva, Itai Hagman, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete y Claudia Bernazza, todos del Frente de Todos.
La iniciativa busca atacar la violencia machista en los barrios populares, con el foco en la dificultad de la precariedad económica y habitacional.
En ese sentido, propone crear en todo el territorio nacional una red para atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia, sobre todo en aquellos casos en los que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica o la de sus hijos.
Por otro lado, también propone entregar un subsidio a la víctima para poder ayudarla a lograr la independencia económica.
El proyecto también busca fomentar una red de promotoras territoriales de prevención contra la violencia de género, algo que ya existe pero sin reconocimiento ni salario para esas mujeres.
“Hoy más que nunca necesitamos que se trate esta ley. Con el aislamiento obligatorio, la Justicia casi paralizada y sin posibilidad de generar ingresos por cuenta propia, las mujeres que sufren violencia están en una situación desesperante”, advirtió Jakeline Flores, referente de la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la UTEP.
Durante el aislamiento se recrudeció la violencia machista ante la falta de redes de contención y el agravamiento en las condiciones de aquellas mujeres y disidencias que atraviesan situaciones de violencia en el ámbito convivencial.
En el marco de “Ni Una Menos”, las Mujeres Socialistas, a través de su diputado nacional Enrique Estévez, presentaron este miércoles en el Congreso un proyecto de ley para que se declare la emergencia pública en materia social por violencia de género. Por un lado, la iniciativa procura implementar de forma inmediata una serie de acciones y políticas concretas en materia de prevención y asistencia integral de la violencia por razones de género durante el aislamiento. Pero también busca generar herramientas que permitan un adecuado abordaje territorial de la problemática de la violencia de género y tengan un impacto positivo real en la calidad de vida, el empoderamiento y la autonomía de quienes padecen este flagelo.
Según datos del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” de la Casa del Encuentro, entre el 20 de marzo y el 14 de mayo del corriente se registraron 49 casos de femicidios. Además, sólo en este primer mes de aislamiento, aumentaron un 40% las consultas por violencia de género en la línea 144.
“Es necesario mejorar la capacidad de respuesta del Estado en el marco de la emergencia sanitaria por lo que proponemos que se declare actividad esencial los servicios y dispositivos de atención y asistencia integral a personas en situación de violencia por razones de género”, enfatizó el diputado Enrique Estévez.
Asimismo, el dirigente socialista expresó: “El acceso a la Justicia está tremendamente limitado en tiempos de cuarentena; necesitamos un Poder Judicial ágil, con canales de denuncias accesibles, para mejorar la capacidad de respuesta y adoptar medidas de protección en tiempo oportuno”.
Además, el diputado nacional del bloque Socialista señaló la necesidad de contar con estadísticas oficiales y consolidar un “Registro Único de Casos de Violencia de Género a nivel nacional”. “El Estado no cuenta con un registro de situaciones de violencia por razones de género unificado y actualizado a nivel nacional, que nos permita contar con estadísticas claras y precisas para elaborar políticas en la materia”, precisó.
El proyecto presentado contempla la necesidad de reforzar y ampliar los canales y líneas de atención telefónica gratuita, para el acompañamiento, contención y asesoramiento, e Intensificar las campañas de difusión en materia de prevención y asistencia de la violencia por razones de género. Asimismo, propone que el Ministerio de Educación incluya en las trayectorias escolares a distancia los contenidos curriculares en materia de perspectiva de género, la problemática de la violencia por razones de género y Educación Sexual Integral (ESI), y además que se realicen capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
“Esta problemática no sólo se circunscribe al contexto de pandemia. Es necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y erradicación de las situaciones de violencia por razones de género en todo el país”, amplió el diputado santafesino.
Por eso el proyecto del Socialismo propone incrementar el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para implementar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia por Razones de Género, y para que se asista a los gobiernos provinciales y municipales con recursos y capacitaciones permanentes para la conformación de las unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención.
En el mismo sentido, el proyecto indica que dicho ministerio debe crear y fortalecer en todo el territorio nacional centros de desarrollo integral, y casas de protección y acompañamiento como instancias de tránsito para las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género en caso de que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad psicofísica y sexual y/o de las personas a su cargo.
La violencia no es sólo física o psicológica, también es económica. Por eso las Mujeres Socialistas proponen en el proyecto de ley una asignación económica especial para las personas víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y no posean recursos económicos suficientes para su subsistencia. Asimismo, sostienen que ¨para lograr la autonomía económica y que las víctimas puedan salir de los contextos de violencia necesitamos un Estado presente, que brinde respuestas en materia habitacional, de reinserción socio-laboral y terminalidad educativa”.
Por último, el diputado Enrique Estévez dijo que “resulta imprescindible fortalecer los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva”, y ese sentido reclamó el “urgente tratamiento” en el Congreso “para lograr el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
Diputados y senadores se manifestaron a través de las redes este miércoles, cuando se cumplen cinco años de la primera multitudinaria movilización frente al Congreso.
FOTO: OSCAR BARRAZA IBÁÑEZ
Legisladores nacionales de todo el arco político se manifestaron este miércoles a través de las redes sociales para reclamar contra la violencia de género, a cinco años de la multitudinaria movilización frente al Congreso bajo la consigna “Ni Una Menos”.
“El 3 de junio de 2015, Ni Una Menos inauguró un feminismo de masas. Hoy que no podemos salir a las calles, nos abrazamos desde donde estamos. Ni Una Menos hoy es seguir tejiendo las redes feministas para cuidarnos y acompañarnos entre todas”, escribió en Twitter, la diputada Mónica Macha (FdT), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.
En tanto, su par Cristina Alvarez Rodríguez (FdT) publicó: “Hace 5 años salimos a las calles para manifestarnos contra las violencias machistas, femicidios y travesticidios. Hoy, que no podemos marchar, gritemos más fuerte, por nuestras vidas y por quienes ya no tienen voz. Vivas, libres y sin miedo nos queremos”.
También desde el oficialismo, la entrerriana Carolina Gaillard mandó un mensaje por “todas aquellas que fueron silenciadas. Por las que lucharon y no pudieron. Por ellas y nosotras. Por todas. Paren de matarnos”. “La violencia de género es #EmergenciaNacional. Justicia por las que no están”, agregó.
“Hoy se cumplen 5 años de aquel día en que rompimos el silencio y gritamos fuerte #NiUnaMenos #VivasNosQueremos en las calles de todo el país. Nuestra lucha sigue más viva que nunca. Por eso seguimos trabajando para que cada demanda histórica sea un derecho y política de Estado”, sostuvo la cordobesa Gabriela Estévez (FdT).
En tanto, su compañera de bloque Paula Penacca recordó: “Hace 5 años las mujeres y diversidades salíamos a las calles para decir #NiUnaMenos. El #3J significó un antes y un después en nuestra historia de lucha: la capacidad de organización nos permitió avanzar y poner de manifiesto la necesidad de conquistar nuevos derechos”.
La vicepresidenta del Frente de Todos en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, destacó que “a 5 años de la primera marcha #NiUnaMenos mantenemos firme la convicción de que la lucha debe ser colectiva”. “Seguimos trabajando para que la erradicación de la violencia machista, los femicidios y travesticidios sea una política de Estado. ¡Vivas y Libres nos queremos!”, enfatizó.
En su cuenta, la diputada radical Karina Banfi remarcó que “se cumplen 5 años del grito colectivo #NiUnaMenos y los #femicidios no paran”, por eso, consideró que “poner el fin a la violencia machista implica asumir entre todos, y sin distinción, el compromiso de trabajar por una sociedad más justa, igualitaria y plenamente democrática”.
“Hace 5 años mujeres de todo el país nos movilizábamos al grito de #NiUnaMenos A partir de ese día logramos visibilizar un flagelo que ni siquiera tenía nombre. Hoy conmemoramos la valentía y el coraje de no callar nunca más y el poder enfrentar juntas la violencia machista”, manifestó su par Roxana Reyes.
En tanto, la diputada correntina Sofía Brambilla (Pro) apuntó que “la otra pandemia y cada vez más dolorosa” es que “un hombre mata a una mujer cada 32 hs en #Argentina por cuestiones de género”.
“A 5 años de la marcha que dio origen al movimiento #NiUnaMenos hubo 1.440 femicidios en Argentina, 61 en 65 días de aislamiento. Sigamos trabajando por políticas efectivas para enfrentar la violencia machista. Que la lucha contra la violencia de género sea una política de Estado”, pidió la diputada Marcela Campagoli (CC-ARI).
Entre los numerosos mensajes, también se expresó al respecto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien escribió: “El silencio dejó de ser una opción, desde aquel histórico 3 de junio seguimos sosteniendo un reclamo del que todos y todas debemos ser parte. Es tiempo de construir una sociedad más igualitaria, justa y libre de violencias”.
“A 5 años de aquella primera marcha, evitemos que el encierro continúe aumentando la violencia de género. Ahora, más que nunca, debemos estar atentos a las señales y acompañar las denuncias. De todos depende erradicar la violencia contra las mujeres. #NiUnaMenos”, dijo Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja.
Otro de los tuits fue el del diputado Álvaro González (Pro), quien acompañó su mensaje con los números de atención a víctimas de violencia. “Hoy, y cada día, reafirmamos nuestro compromiso con erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer. Si en esta cuarentena obligatoria vos o alguien que conocés sufre violencia de género, llamá al 144 o mandá un mensaje al WhatsApp de la Ciudad al 11-5050-0147”, publicó.
Por su parte, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, sostuvo: “A cinco años de la primer marcha de #NiUnaMenos quiero acompañar a todas las mujeres y personas trans en su lucha por una sociedad libre de violencias y donde el género no sea jamás una base para la discriminación”.
