El titular del bloque Juntos por el Cambio reconoció que existe un incremento el 60% de casos desde el comienzo del aislamiento, y 26 femicidios en territorio provincial.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires votó favorablemente la incorporación de la emergencia de género dentro de la ley 15.165, que establece el estado de emergencia social, económica, productiva, y energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por iniciativa de la diputada de la oposición Noelia Ruiz, acompañada por toda la bancada de Juntos por el Cambio.
Al respecto, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad consideró que “es un avance necesario en la lucha para erradicar a la violencia de género de nuestra sociedad. Estamos perdiendo esa batalla: tenemos un incremento el 60% de casos desde el comienzo del aislamiento, y 26 femicidios en territorio provincial. Por eso celebro que la Cámara haya aprobado la incorporación en el artículo 20 bis de la ley de Emergencia las facultades para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad”.
La propuesta de Juntos por el Cambio establece la necesidad de fortalecer la Red de Hogares Integrales, autorizar la contratación de hoteles, hosterías, hostales y todo tipo de establecimiento que brinde servicios de hotelería o alojamiento temporario, articular con el Poder Judicial para construir alertas tempranas, garantía de medidas de protección, dispositivos para varones violentos en casos críticos y de alto riesgo, ampliar la coordinación con los gobiernos municipales, invitar a las universidades, institutos universitarios, institutos de educación superior y organizaciones sociales, a prestar servicios de asistencia ad honorem y de voluntariado para atender situaciones de violencia en el marco de la emergencia declarada por esta ley, entre otras medidas específicas al abordaje de la violencia de género.
“Hago propias las palabras de la diputada Ruiz: hay una enorme cantidad de mujeres que están en cuarentena de su propia supervivencia, como lo explicó Noelia en la sesión. Por eso este tema debe ser una política de Estado, más allá del gobierno de turno. La propuesta de nuestro bloque fue escuchada e incorporada a la Ley, de modo que espero sinceramente que hayamos dado un paso en ese sentido”, concluyó Abad.
La iniciativa fue presentada por la diputada oficialista Mayda Cresto, quien plantea que los recursos se destinen directamente a aquellos municipios que cuentan con programas integrales de asistencia a esta problemática.
La diputada nacional Mayda Cresto (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que propone la creación de un “Fondo Económico de Emergencia Nacional para Programas Locales de Lucha contra la Violencia de Género (FENPV)”, el cual podrá ser solicitado únicamente por aquellos municipios que cuenten con un programa integral para esta problemática.
“El objetivo es cubrir gastos de movilidad, alimentos, alojamiento, vestimenta, calzado, pañales, medicamentos, asistencia médica y traslados de las víctimas”, sostuvo la legisladora.
Según la iniciativa, este fondo -gestionado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad- estará destinado a “solventar gastos indispensables y urgentes” de los programas que lleven a cabo los municipios para atender la lucha contra la violencia de género.
Además, se estima que “cada gobierno local deberá reglamentar la forma de rendición de los gastos efectuados con recursos del FENPV”.
La entrerriana destacó la importancia de los programas implementados a nivel local, ya que “son fundamentales para atender las emergencias que surgen diariamente, relacionados a la víctima y sus hijos, que muchas veces son contenidos en los refugios hasta que la situación judicial se aclare y se cumplan las medidas restrictivas”.
“Para contener y asistir a las víctimas, y dar respuesta a esas urgencias, se necesita contar con fondos que, en general, no son cubiertos presupuestariamente por los municipios y que deben hacerse en forma rápida y eficiente, sobre todo considerando la gravedad del hecho”, argumentó Cresto.
De este modo, este fondo “daría apoyo económico desde el Gobierno Nacional a los municipios” y, según la diputada, “alentaría la creación e implementación de este tipo de programas allí donde aún no existen”.
El proyecto fue acompañado por las diputadas Blanca Osuna, Carolina Gaillard (Entre Ríos); Mara Brawer, Gisela Marziotta (CABA); Silvana Ginocchio, Lucía Corpacci (Catamarca); Mabel Caparros, Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego); Estela Hernández, Rosa Muñoz (Chubut); Liliana Schwindt, Laura Russo, Mirta Tundis (Buenos Aires); Alejandra Obeid, Patricia Mounier (Santa Fe); Nancy Sand (Corrientes); Lía Caliva (Salta); Nelly Daldovo (Formosa); Elda Pértile (Chaco); Melina Delú (La Pampa): y el diputado Marcelo Casaretto (Entre Ríos), todos del bloque oficialista.
El dato, que corresponde a la línea 144, fue aportado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en una reunión informativa de comisión.
Por Carolina Ramos
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó este lunes que entre el 20 de marzo y el 20 de abril “aumentó un 40%” la cantidad de llamados telefónicos a la línea 144 por motivo de violencia género, con un promedio de 334 consultas diarias.
Gómez Alcorta brindó esos datos durante una reunión informativa virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).
La funcionaria explicó que la línea 144 “no es una línea de denuncia” sino que busca orientar y asesorar a las víctimas, y a la vez realizar un seguimiento de los casos.
A diferencia del aumento en estas consultas, las denuncias por violencia de género -es decir aquellas que requieren intervención policial y del Poder Judicial- “bajaron en todo el país”, aunque “eso no indica que haya menos situaciones de violencia”, aclaró Gómez Alcorta.
En ese sentido, apuntó que más allá de los relevamientos realizados por observatorios de medios, “el único registro de información oficial nacional que tiene la Argentina es el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, que nació en 2015 a raíz del primer Ni Una Menos”.
La ministra advirtió que el fenómeno de los femicidios “es persistente y se mantiene con guarismos muy similares a través de los años”, por lo que los datos “son casi idénticos a los del año pasado en la misma época”.
“Este fenómeno no baja porque el ámbito, el lugar y las condiciones para que se cometan los femicidios siguen igual o se empeoran en el marco de la emergencia”, observó Gómez Alcorta, y reconocidó: “No logramos bajar la tasa de femicidios”.
También señaló que “el 80% de las mujeres víctimas de femicidios nunca acudieron al Poder Judicial”, lo cual deja entrever que “muchas veces ni siquiera confiamos en el Estado” para solicitar protección.
En cuanto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, detalló que la nómina de empleados es de 386 y recordó que, dado que actualmente rige una prórroga del Presupuesto anterior y que en 2019 no existía esta cartera, se le otorgó inicialmente el mismo monto que tenía asignado el INAM (Instituto Nacional de la Mujer), que es de 273 millones de pesos, que luego se duplicaron.
Al principio de su exposición, Gómez Alcorta señaló que, cuando se declaró la pandemia, desde su Ministerio se pidió considerar como “esencial” el trabajo de esta línea 144 para que pudiera “seguir funcionando”, ya que en el marco del aislamiento social “los hogares son un lugar inseguro para muchas mujeres”.
“En un momento donde los dispositivos presenciales iban a ser reducidos, los dispositivos que no requieren presencia no solo debían ser reguardados, sino potenciados”, consideró Gómez Alcorta.
Asimismo, se habilitaron nuevos canales de consulta, como un correo electrónico y tres números para ingresos de consultas vía WhatsApp, a lo que se sumó un spot publicitario de difusión de la línea 144.
Gómez Alcorta también apuntó que su Ministerio “decidió incorporar 20 operadores más a la línea”, llegando a más de 136 en total, y además incorporaron cuatro personas como “data entry” para poder sistematizar mejor los casos.
En ese marco, informó Gómez Alcorta, las consultas por violencia de género aumentaron en promedio un 40% entre el 20 de marzo y el 20 de abril, en relación al mes previo a la emergencia.
La ministra precisó que el promedio fue de 334 consultas diarias, y agregó que el 97% corresponden a violencia doméstica.
Asimismo, “casi la totalidad de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica”, mientras que otro tanto fueron por violencia física y, en menor medida, por violencia económica.
En tanto, el 48% de los llamados fueron por situaciones donde el agresor era la expareja de la denunciante, mientras que el 44% correspondían a la actual pareja.
En otro pasaje de su exposición, informó que se ordenó que ninguno de los trabajadores de la línea 144 viajen en transporte público durante la emergencia sanitaria, para lo cual se pusieron a disposición “los pocos autos disponibles”.
Por otra parte, Gómez Alcorta aclaró que la iniciativa del barbijo rojo “no fue pensada en una clave secreta, sino con la idea de que cualquier mujer pudiera, en la farmacia, encontrar ahí un lugar donde poder pedir ayuda”.
En ese sentido, aclaró que, según el protocolo implementado, “el único rol que tiene el farmacéutico es llamar al 144 o al 911” o en algunos casos, como se verificó, “prestar el teléfono” a la mujer que lo requería.
En el plano judicial, puntualizó que “hoy por hoy todas las provincias salvo Corrientes prorrogaron automáticamente las medidas cautelares”, algunas por 30 días, otras por 60 y otras por 90.
También indicó que provincias como Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Formosa, Salta, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires implementaron “medidas vinculadas a la posibilidad de denuncias virtuales, por mail, por distintas apps, por WhatsApp, intentando achicar la distancia que existe entre aquella persona que está requiriendo la protección de derechos y quienes tienen la obligación de darlos”.
En cuanto a los refugios y hogares para mujeres en situación de violencia, destacó la tarea de articulación con siete sindicatos que pusieron sus hoteles a disposición, así como el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo para garantizar que haya sitios disponibles, aunque aclaró que “hasta hoy no utilizaron esos recursos”.
La declaración es impulsada por la titular de la Banca de la Mujer, por violencia por razones de género en todo el territorio nacional.
En las últimas horas, la senadora nacional Norma Durango (Frente de Todos), actual presidenta de la Comisión Banca de la Mujer del Senado, presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género, por el término de dos años.
El objetivo de la iniciativa, dice Durango, “es prevenir, y revertir el número de víctimas por violencia de género en todos sus tipos y modalidades, en nuestro país. Propone declarar en todo el territorio de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 75 inciso 23 y en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género por el término de dos años, que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por igual plazo si subsisten las razones que la han originado”.
Durango expresó que “queremos, necesitamos, nos urge que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de las áreas competentes, adopte las medidas necesarias para la implementación de una ley de emergencia por violencia, que permita dotar del presupuesto necesario al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para cumplir su función de órgano de aplicación de la Ley No 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Y que a la vez, de facultades a la Jefatura de Gabinete de Ministros para “disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia”.
La senadora pampeana expresó también que “no es nueva mi preocupación por esta problemática. De ello dan cuenta las distintas iniciativas que he presentado en estos años. En particular, el proyecto de ley del año 2018 solicitando se declare la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género en todo el territorio nacional, con la finalidad de dotar al organismo rector de las políticas de género de un mayor presupuesto para afrontar la problemática. El mismo fue tratado en la Comisión Banca de la Mujer, junto con iniciativas similares de otras senadoras nacionales. Si bien arribamos a un consenso, el mismo perdió estado parlamentario.
Frente a esta realidad que hoy nos sacude, y que recrudece como consecuencia de esta pandemia, he decidido volver a presentarlo, con el objetivo primordial de prevenir y revertir los casos de violencia por razones de género, y de contribuir, desde el lugar que ocupamos en el Congreso nacional, a hacer uso de los instrumentos de los que disponemos para ello.
Esta medida busca constituirse como una verdadera herramienta que permita avanzar de manera concreta y efectiva sobre una problemática que día a día se cobra más vidas de mujeres en nuestro país. Coordinar, fortalecer, reforzar, capacitar, implementar son palabras con mucha fuerza de acción pero que sin los presupuestos suficientes quedan cual meras declaraciones de voluntad. Hoy nuestro país nos exige respuestas efectivas y rápidas frente a una situación tan compleja y preocupante. La violencia de género también es una pandemia” fundamentó.
El proyecto prevé los siguientes ítems:
#Coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia por razones de género, según lo previsto por el artículo 10 inciso 2 de la Ley Nº 26.485;
#Crear en todo el territorio nacional al menos UN (1) Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción.
# Fortalecer todas las estrategias de protección a las personas en situación de violencia por razones de género.
# Fortalecer el sistema de alerta temprana y geolocalización inmediata a utilizar en situaciones de violencia por razones de género en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al ámbito territorial de su competencia;
# Reforzar los mecanismos de articulación y coordinación con el Poder Judicial de cada provincia para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por razones de género. Fortalecer los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva.
# Fortalecer las capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27.499;
# Fortalecer las redes territoriales de acompañamiento comunitario que trabajen con situaciones de violencia por razones de género;
# Suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la problemática de la violencia de género.
#Se establece, para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia por razones de género, una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso.
Los legisladores de ese espacio impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscarán garantizar la asistencia a víctimas de violencia de género, en este contexto marcado por el avance del Covid 19.
Luego de que el Gobierno nacional extendiera nuevamente el aislamiento social obligatorio, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña una serie de iniciativas que buscan garantizar la atención y asistencia a las víctimas de violencia de género en la Ciudad en medio de este particular contexto.
Uno de los proyectos apunta a declarar la emergencia social por violencia de género en todo el territorio de la Ciudad, mientras dure la emergencia sanitaria, para lo cual propone un “Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género”, que incluye la creación de nuevos refugios y del “Registro Único de Casos de Violencia de Género”.
Ese registro es un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas, además de un cuerpo de abogados porteño para atención exclusiva de esta problemática y un equipo de promotoras territoriales en prevención de la violencia de género.
A su vez, establece una asignación especial para las Víctimas de Violencia de Género en Situación de Vulnerabilidad Social, una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual que no podrá ser inferior a un Salario Mínimo Vital y Móvil.
Otro de los proyectos solicita información sobre la situación actual de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) en el marco de la cuarentena por Covid 19, el tipo de asistencia que están brindando y si sus partidas presupuestarias se vieron afectadas a raíz de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, indaga respecto al tipo de asesoramiento y tareas que realiza el CIM Pepa Gaitán, ubicado la comuna 4, a favor de la población travesti/trans, dado que funcionarias del Ministerio de Hábitat y Desarrollo urbano lo mencionaron como una herramienta para dar respuesta a este colectivo.
Según señaló la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), explicó que esta última iniciativa presentada busca dar respuesta a una de las demandas de las personas trans y/o travesti en la que se solicita al Gobierno de la Ciudad adoptar “las medidas para garantizar la disponibilidad y entrega de medicamentos para el proceso de transición y tratamiento de hormonización, así como también la implementación de consultas y recetas virtuales para brindar la atención necesaria para las personas que realizan dicho tratamiento en el marco del aislamiento social producto de la pandemia de Covid 19”.
Al mismo tiempo que señaló que “en la emergencia sanitaria por coronavirus, todos los problemas estructurales que tenemos como sociedad se profundizan; sucede con la crisis económica y social, con la pobreza y también con la violencia hacia mujeres y disidencias” y remarcó que “en la necesidad de que todos nos quedemos en nuestras casas para aplanar la curva y detener los contagios, esas mujeres se quedan aisladas, encerradas con sus agresores. Por eso trabajamos en proyectos específicos para declarar la emergencia por violencia de género en la Ciudad, para destinar presupuesto para más albergues y subsidios para las víctimas y para que se lleven adelante distintas medidas que garanticen una respuesta efectiva por parte del Estado en esta pandemia dentro de la pandemia”.
Por otro lado, Lucía Cámpora (FdT) presentó un proyecto para fortalecer el servicio de atención a mujeres en situación de violencia, con especial énfasis en la Línea 144, que habilita a que la Dirección General de la Mujer pueda celebrar convenios con el objetivo de sumar profesionales para la atención de los casos. Asimismo, insta al Gobierno de la Ciudad a fortalecer la difusión y promoción de los mecanismos de atención existentes y prevé el pago de un bono extraordinario a las trabajadoras de la Línea 144 y de los Centros Integrales de la Mujer.
“Sabemos que se están articulando una serie de medidas desde Nación y por eso proponemos opciones para que también la Ciudad refuerce las herramientas. Estamos ante una situación de emergencia y esto también exige más soluciones para las situaciones de violencia de género”, aseguró la diputada, al respecto de su iniciativa.
Cabe destacar que, según datos del observatorio Ahora Que sí nos Ven, desde el 20 de marzo pasado hasta hoy en Argentina, se cometieron 18 femicidios, uno cada 32 horas. El 72% ocurrió en la vivienda de la víctima y el 56% fueron cometidos por parejas o exparejas.
Al mismo tiempo que advirtieron que los llamados al 144 aumentaron un 40% y un cuarto las consultas ingresaron por Whatsapp; la mayoría son de casos corresponde a la modalidad de violencia doméstica. Mientras que la línea 137 del Programa Las Victimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia de La Nación aumentó la demanda en un 20%. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal porteño informó que recibió 551 denuncias por violencia de género desde que se decretó el aislamiento obligatorio, un 25% de las habituales.
Mara Brawer presentó un proyecto en el que solicita que los gobiernos locales refuercen los sistemas de protección y contención a las víctimas.
La diputada Mara Brawer (Frente de Todos) presentó un proyecto en el que expresa su “preocupación ante el aumento de los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar producto del aislamiento social obligatorio, así como la posible disminución de recursos disponibles para quienes atraviesan estas situaciones”.
En la iniciativa, además, se invita a que los gobiernos locales adapten y fortalezcan “los sistemas de protección y contención de las víctimas a la actual coyuntura social provocada por el Covid 19”, que mantiene al país en cuarentena desde el pasado 20 de marzo.
El proyecto fue acompañado por sus pares Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha -presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad-, Carolina Gaillard, Blanca Osuna, Gabriela Estévez, María Rosa Martínez, Jimena López, Hilda Aguirre, Mabel Caparrós, Ayelén Sposito, Patricia Mounier, Claudia Ormachea y el diputado Leonardo Grosso.
La iniciativa de la legisladora del FdT Gisela Marziotta busca que se establezca una campaña publicitaria una vez al año para concientizar sobre la violencia por razones de género.
La diputada nacional del Frente de Todos Gisela Marziotta presentó su primer proyecto de ley para instituir la semana del 18 al 25 de noviembre como la “Semana Nacional de Lucha contra la Violencia por Razones de Género”.
“Desde mi lugar como legisladora nacional me parece que es importante impulsar leyes como ésta, para seguir visibilizando una situación que es insostenible. La idea es que trabajemos de forma articulada entre el Poder Legislativo, Judicial, el Gobierno nacional y los ejecutivos provinciales, para asumir entre todos y todas la tarea de decir basta a la violencia machista y a la discriminación”, apuntó Marziotta. En esta línea, la diputada celebró el apoyo por parte de diputadas opositoras.
El proyecto de ley contempla que el Poder Ejecutivo desarrolle durante los siete días previstos, a través de los ministerios con competencia en la materia, “un conjunto de acciones públicas destinadas a visibilizar la problemática de la violencia por razones de género, en procura de su identificación, prevención y erradicación”. Para ello, explicó Marziotta, “lo que busca, entre otras cosas, es establecer una campaña de publicidad como la que se hace durante las campañas electorales con los partidos políticos; durante esos siete días se van a ceder minutos de publicidad para concientizar a la sociedad sobre la violencia por razones de género”.
Los últimos datos publicados sobre femicidios son alarmantes. Según indicó el Observatorio de las violencias de género “Ahora que sí nos ven”, en lo que va de 2020 se registraron 66 femicidios, lo que significa que una mujer fue asesinada cada 23 horas por razones de género. En los nueve días que lleva marzo, hubo un total de seis casos, lo que da un promedio de uno cada 12 horas. La Casa del Encuentro publicó que en 2019 se registró un total de 299 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, lo que implica un femicidio cada 29 horas.
El proyecto de ley cuenta con la firma de diputadas del bloque oficialista -entre ellas la vicepresidenta del mismo, Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez y Mónica Macha- y también opositoras, entre quienes se destacan Silvia Lospennato y Camila Crescimbeni de Cambiemos. “Es fundamental que todas nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntas en estos temas, porque es nuestra responsabilidad representar y defender a las mujeres y personas trans que sufren día a día la violencia de género”, agregó Marziotta.
