Milman solicitó información sobre supuestos abusos sexuales dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

El diputado interrogó sobre si se activaron los protocolos de violencia de género y de violencia institucional, y cuestionó si esto “pondría ser uno de los motivos ocultos de la renuncia la entonces ministra de Mujeres, Genero y Diversidad”.

El diputado nacional Gerardo Milman solicitó información al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre diversas situaciones de acosos y abusos sexuales, que se estarían desarrollando dentro de áreas dependientes de la seguridad aeroportuaria compleja y cómo estarían actuando los protocolos de actuación del Centro Integral de Género. 

Entre las incógnitas se encuentran en qué situación actual se halla el oficial inspector Eduardo Ariel Medina, señalado como “uno de los principales victimarios potenciales” y si la falsa alarma del día martes 11 de octubre en el aeropuerto Ministro Pistarini, “fue una cortina de humo para tapar las denuncias penales de acoso sexuales de la PSA”. 

Se habrían presentado al menos tres denuncias en el Juzgado Federal Nro 11, registrada baja el numero CFP 3529/2022, denuncias realizadas por mujeres oficiales que relatan diversas situaciones de “hostigamientos, abusos de poder y acoso sexual de los más variados”. 

Al respecto de esta situación, Milman sostuvo que “sería bueno saber, si desde el Ministerio de Seguridad, se han activado los protocolos de violencia de género y de violencia institucional, que tanto predican y han venido vociferando a los cuatro vientos desde la asunción de la presidencia de Alberto Fernández”. 

“Pareciera ser que solo son declamaciones al viento, sin mucho peso institucional, ya que cuando se han producido casos de abusos de poder y acoso hacia el personal femenino, estas han estado desamparadas y libradas a su suerte”, agregó. 

“¿Podría ser, que uno de los motivos ocultos de la renuncia la entonces ministra de Mujeres, Genero y Diversidad? ¿Estaría al tanto de esta situación dentro de áreas dependientes del Ministerio de Seguridad y la pasividad ante los hechos consumados?”, preguntó Milman. 

Acompañan el proyecto Graciela Ocaña, Héctor Stefani, Francisco Sánchez , Ana Clara Romero, Pablo Torello, Alberto Asseff y Mónica Frade

El FdT analizó propuestas contra la violencia hacia personas en situación de calle

Los legisladores de ese espacio se reunieron con organizaciones sociales para buscar “soluciones adecuadas” para terminar con ese flagelo social.

A raíz de varias denuncias contra el Gobierno de la Ciudad por “violencia institucional” hacia personas en situación de calle, los legisladores del Frente de Todos (FdT) se reunieron con distintas organizaciones sociales para evaluar “soluciones adecuadas” para poder asistir a ese sector social.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de “Somos Barrios de Pie CABA” y de “Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y Silencio (H.I.J.O.S)”, además de Horacio Ávila de Proyecto 7.

En ese contexto, la vicepresidenta primera de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cecilia Segura, afirmó que desde el FdT están “muy preocupados ante la escala de violencia institucional contra las personas en situación de calle en la ciudad” y resaltó que se reunieron con las organizaciones sociales “para pensar acciones en conjunto”.

“A la violencia de quedar en situación de calle, frente al fracaso de aquellas políticas destinadas a evitarlo, se suma la violencia del Gobierno de la Ciudad, que en vez de buscar soluciones adecuadas, las maltrata, expulsa y roba sus pertenencias”, aseveró.

Al mismo tiempo que Claudia Neira precisó que “los años siguen pasando, y duele ver como el Ejecutivo Porteño continúa sin tener abordajes serios para problemas tan graves como los que atraviesan las personas que no tienen un hogar para vivir”.

“En lugar de políticas públicas, el GCBA elige seguir usando la violencia. Por eso, presentamos un pedido de informes para saber si las funciones de la tristemente célebre UCEP (cuyos responsables fueron Macri y Pepín Rodríguez Simón) hoy están siendo ejercidas nuevamente”, sentenció la diputada.

Enfermeros denunciaron en la Legislatura que sufren “violencia laboral”

Fue durante una reunión de la Comisión contra la Violencia Institucional, en la que además advirtieron sobre “una política persecutoria sistemática por parte de Larreta y Quirós”.

La Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad, a cargo del trotskista Gabriel Solano (FIT), llevó a cabo una audiencia pública en la que se debatió al respecto de la “violencia laboral” que sufren los enfermeros que se desempeñan en el distrito capitalino.

En ese contexto Solano afirmó que “con esta audiencia queremos darle voz a las miles de enfermeras y enfermeros que sufren violencia laboral por parte de los funcionarios del Gobierno” y remarcó que “Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós en vez de otorgar el pase a la Carrera Profesional (ley 6035) a quienes le pusieron el cuerpo a la pandemia, pretenden con aprietes, sanciones y despidos, acallar este reclamo y continuar con un régimen de discriminación profesional, precarización laboral y miseria salarial”.

“Vamos a llevar estas denuncias y reclamos a la Comisión de Salud y a cada hospital buscando fortalecer la organización por todos los reclamos”, añadió y concluyó precisando que “también trabajaremos en un proyecto para transformar los ‘módulos’ en verdaderas horas extra y la jubilación anticipada entre otros reclamos”.

Del encuentro también participaron las legisladoras del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín y Alejandrina Barry y enfermeros de diferentes hospitales porteños, quienes realizaron sus denuncias las cuales luego serán elevadas a las autoridades del Ministerio de Salud porteño y de la Comisión de Salud de la propia Legislatura porteña.

En la reunión estuvieron presentes las delegaciones de Argerich, del Güemes, de la maternidad La Sardá. Del Méndez, del Moyano, del Duran, del Fernández, del Santojanni, del Ramos Mejía, y Casa Cuna, así como representantes de concurrentes, de ATE, Sitre, ALE y la junta interna de ATE del hospital Garrahan.

El FdT porteño pedirá que se trate un proyecto contra la violencia institucional

Los legisladores de ese espacio se reunirán este lunes a partir de las 16 en las inmediaciones de la Legislatura de la Ciudad para exigir que se ponga en tratamiento un proyecto que busca prevenir la violencia policial.

Días después de que estallara la polémica por la detención de un grupo de recuperadores urbanos, los legisladores del Frente de Todos (FdT) convocó este lunes a las 16 a una jornada de debate en las inmediaciones de la Legislatura de la Ciudad en la que insistirán en la necesidad de poner en debate un proyecto de ley contra la violencia institucional en el distrito capitalino.

En la actividad estarán presentes diputados de ese espacio, víctimas de violencia policial y organizaciones sociales, quienes realizarán una muestra fotográfica, una radio abierta y difusión de información y material sobre la violencia institucional en la Ciudad.

El proyecto en cuestión fue presentado en mayo de 2021 por la legisladora Lucía Cámpora y lleva además las firmas de sus compañeras de bloque María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montenegro, Laura Velasco, Claudio Morresi y la ex legisladora Lorena Pokoik. Tiene como base el proyecto a nivel nacional presentado en el Congreso por la diputada nacional Paula Penacca.

El mismo propone la creación de “Centros de Recepción de Denuncias” atendidos por personal ajeno a la Policía y la concreción de un Registro de Violencia Institucional que tenga a su cargo la tarea de registrar, clasificar y sistematizar las denuncias ocurridas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa también establece procesos de reentranamiento en Derechos Humanos para la Policía de la Ciudad e incluye criterios para la participación de esta fuerza en manifestaciones públicas.

Violencia institucional: el FdT emitió dictamen del proyecto de ley sin acuerdo con la oposición

A último momento, Juntos por el Cambio marcó diferencias con el articulado del proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios. Presentará dictamen de minoría en Diputados. El oficialismo se sorprendió por la falta de acompañamiento de la oposición. La pandemia y las provincias en el centro del debate.

El Frente de Todos logró este martes emitir dictamen de mayoría al proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios en la reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior, y de Derechos Humanos y Garantías, pero no pudo lograr los acuerdos necesarios para que haya un único dictamen porque Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría.

Sorpresivamente, el proyecto de ley contra la violencia institucional consiguió el acompañamiento del Frente de Todos y algunos aliados con un dictamen de mayoría, pero la oposición firmó uno de minoría, a pesar de que se esperaba un despacho único.

Al momento de explicar la posición de Juntos por el Cambio, el diputado porteño Álvaro de Lamadrid fue contundente: “Coincidimos en el espíritu de la ley, pero no acompañamos porque diferimos en el contenido, ya que no coincidimos con la definición de violencia institucional”.

“Considero que la ley es un adorno contra la violencia institucional que se está haciendo desde el poder”, sentenció el diputado opositor.

Otro de los puntos que cuestionó fue que “para el oficialismo, solo pareciese que existe la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y entonces este proyecto apunta a desguarnecer al personal de seguridad hasta violando el principio de inocencia”.

También uno de los puntos centrales que la oposición objetó fue que en el proyecto de ley no se modifica ningún artículo del Código Penal que en la actualidad permite establecer criterios para detener a personas en una situación especial como la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, la diputada cordobesa Brenda Austin (JxC) sostuvo que “la violencia institucional es una deuda histórica del Estado, pero también se enmarca en el contexto de la pandemia donde a través de DNU se constituyeron restricciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

“Por la pandemia, se construyó un Estado policiaco, que es el germen del incremento de la violencia institucional en el país”, fustigó.

En esa misma línea, la diputada bonaerense Karina Banfi (JxC) planteó “su disconformidad con el artículo 205 del Código Penal porque ese es un artículo que es implementado ahora en los DNU en el marco de la pandemia para perseguir y detener a las personas y aplicar las restricciones, lo que provocó un aumento en los casos de violencia institucional”.

Al igual que Banfi, el diputado puntano Alejandro Cacace (JxC) también criticó que “se vuelve a cometer un error muy común a la hora de legislar y es que se deja librado a la voluntad de las provincias su aplicación y luego resulta que hay leyes que son reparadoras de derechos, pero las provincias no las aplican y entonces entramos en un vacío normativo como ocurre en San Luis con la ley de mecanismos para la prevención de la tortura”.

“En la redacción de los artículos no estamos resolviendo la inacción que tienen los gobiernos provinciales respecto a sus competencias”, sentenció el diputado de Juntos por el Cambio.

Al finalizar el plenario de comisiones, la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca (Frente de Todos), manifestó que “existe la voluntad en el oficialismo de seguir trabajando cada punto de este proyecto de ley para conseguir un acuerdo en el recinto y lograr que se vote con una amplia mayoría para dar un mensaje a la sociedad”.

“Vamos a avanzar hoy con la firma del dictamen sabiendo que tenemos una instancia más para trabajar juntos antes de que se vote en el recinto y lograr así mayores acuerdos”, remarcó la diputada porteña.

En el mismo sentido, el diputado bonaerense Leonardo Grosso (FdT) pidió a la oposición que “acompañe” porque “necesitamos que esta ley sea aprobada por todos los sectores políticos más que nunca porque se necesita una respuesta contundente contra la violencia institucional”.

“Hoy no logramos un dictamen único. Reflexionen su posición porque todavía podemos lograr acuerdos y tender puentes”, dijo el diputado oficialista que reconoció: “Esta ley no es una panacea y a la violencia institucional no la vamos a resolver mañana con una ley, pero es una herramienta más y muy necesaria”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, afirmó que “la concreción en ley de este proyecto expresa el compromiso democrático de la sociedad argentina más allá de los gobiernos de turno porque las víctimas de las distintas formas de violencia estatal ilegítima siempre son los que menos tienen, las barriadas más pobres, las trabajadoras y los trabajadores, las y los jóvenes, las mujeres y las disidencias, sobre todo cuando se organizan para hacer valer sus derechos”.

El proyecto del FdT

Según señala el texto, el propósito es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.

En ese sentido, habilita una instancia administrativa para solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional. 

Son también objetivos de esta ley afianzar políticas de bienestar del personal policial: se debe garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional.

Es importante mencionar que el proyecto propone la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela.

Señala que se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión.

Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales, y se dedica un capítulo a establecer los criterios de actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con perspectiva de género y de derechos humanos.

Además, propone la creación de un Tribunal de Disciplina especializado para juzgamiento disciplinario de faltas graves y muy graves vinculadas a hechos de violencia institucional, en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

También, en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, crea el Registro Nacional de Agentes, Funcionarios y Funcionarias de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y de Servicios Penitenciarios Expulsados e Inhabilitados

Con la ausencia de JxC, se llevó a cabo un nuevo debate sobre violencia institucional en Diputados

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja se reunieron este viernes con expositores representantes de organismos que lidian con violencia institucional en la práctica.

Con la ausencia de Juntos por el Cambio y momentos de tensión entre el oficialismo y la principal oposición, las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un nuevo debate sobre violencia institucional este viernes en una reunión remota. Entre exposiciones, el diputado Sebastián Nicolás Salvador (UCR-Buenos Aires) hizo una fugaz aparición para aclarar que su bloque estaba ausente por cuestiones del “funcionamiento de nuestra comisión”.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, abrió la discusión sobre aquellos casos en los que la violencia institucional se ejerce sobre niños y adolescentes. Propuso, por ejemplo, crear un capítulo especial en la ley dedicado a los niños. Planteó la necesidad de crear un mecanismo de protección para los menores que realicen denuncias.

Por su lado, el expositor Gustavo Palmieri, comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, se preocupó por delimitar la diferencia entre la violencia institucional y la tortura. “En Argentina -la violencia institucional- tiene una capacidad de articulación de denuncias y de respuesta muy importante”, aseguró. Puso el foco en la importancia de los registros de situaciones. Aclaró también que las víctimas “necesitan acompañamiento para superar las situaciones por las que han pasado”.

En el mismo sentido, Rocío Alcomada Alfonsín, también comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, pidió una articulación en la recepción  de denuncias de violencia institucional y tortura. “La idea no es que esto sea un obstáculo en lugar de una ayuda”, enfatizó. También insistió con la protección de las víctimas “esto en la Ley de Víctimas está garantizado”, recordó y aclaró: “Pero no para las víctimas de violencia institucional. Esto se puede agregar”. 

A continuación, María Laura Garrigós, interventora del Servicio Penitenciario Federal, admitió a propósito de la violencia institucional:  “Poder recibir denuncias sobre estos temas, sobre estas prácticas  lleva a diseñar un mapa que nos va a permitir trabajar sobre esas cuestiones, corregirlas”. Luego, se explayó en las capacitaciones de los oficiales y suboficiales. 

A modo de recuerdo de la situación ocurrida en debate anterior sobre violencia institucional, donde el oficialismo y la oposición se cruzaron ante los invitados, la diputada Paula Penacca (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, le otorgó la palabra al legislador Sebastián Nicolás Salvador, aunque no sin antes aclarar que le agradecía “que haya esperado hasta la finalización de las exposiciones” y que “me parece que es importante que respetemos las formas de funcionamiento que nos damos”.

El diputado radical, por su parte, se dirigió a los invitados para puntualizar: “Queríamos manifestar que la no participación no tiene que ver con el proyecto, que sí nos interesa”, en relación a la ausencia de Juntos por el Cambio. Explicó la razón de la no presencia del bloque como “por cuestiones ajenas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra comisión, donde a veces no tenemos participación y no tenemos posibilidad de proponer invitados”.

La presidenta del  Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y exdiputada, Victoria Donda, consideró a la ley como “totalmente necesaria”. Luego de asegurar que desde el INADI advirtieron que la mayor causa de violencia en el país es “la pobreza asociada al racismo”, postuló: “Nos parece fundamental que esta ley vaya acompañada de otra”, y pidió “que por ley se establezca que los miembros de las fuerzas de seguridad se pueden capacitar en cuestiones de género y racismo”. 

Gabriela Torres, secretaria de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación, especificó que “hay algo para desarmar la violencia”. Según Torres, “no sólo es capacitación sino que existan los recursos concretísimos de dónde mando a un pibe que consume, etcétera”. La funcionaria también pidió aclarar a dónde hay que ir en cada caso de violencia.

A su turno, la diputada Alcira Figueroa (Frente de Todos-Salta) criticó la falta de visión integral en el debate de la ley. Propuso “reformular un poco la función de las fuerzas de Seguridad, hacia qué estarían orientadas, para cambiar de raíz las acciones que uno ve cotidianamente” y pidió no sólo pensar en “la represión, el castigo”.

El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, cerró el encuentro con un agradecimiento a los expositores. Agregó, además: “Las leyes que protegen a los débiles son las leyes que se imponen como más necesarias, pero son también las que más cuestan después lograr que se cumplan efectivamente, que se territorialicen”.

La iniciativa de Ley Integral contra la Violencia Institucional establece la creación de un programa de reentrenamiento con perspectiva de DDHH para las fuerzas de seguridad y la asistencia integral y reparación a las víctimas, entre otros puntos clave.

Continúa el debate en comisión del proyecto contra la violencia institucional

En el encuentro virtual del plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Interior habrá diferentes expositores para analizar la situación sobre la responsabilidad del Estado en actos de violencia contra los individuos. La cita es el viernes a las 11.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuará este vienes el análisis del proyecto integral contra la violencia institucional, que busca “prevenir y erradicar” estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, con las exposiciones de cinco funcionarios nacionales con injerencia en la materia.

Los invitados a exponer son la secretaria de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Gabriela Torres; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; la interventora del Inadi, Victoria Donda; el comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Gustavo Palmieri; y la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.

Por tratarse de una nueva reunión informativa la comisión no estará en condiciones de avanzar con la firma de dictámenes.

En las jornadas realizadas hasta el momento, volcaron sus testimonios al plenario de Diputados, familiares de víctimas de hechos de violencia institucional, funcionarios y expertos en la materia.

El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por la diputada Paula Penacca, Hugo Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.

Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de derechos humanos para las fuerzas de seguridad.

También establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Repudian represión de una manifestación de gastronómicos en Santiago del Estero

La diputada radical Carla Carrizo presentó proyectos contra la violencia institucional en esa provincia y pide explicaciones al Ejecutivo.

La vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, junto a 16 legisladores de Juntos por el Cambio, pidieron explicaciones al Ejecutivo Nacional sobre los casos de violencia institucional de las fuerzas de seguridad ocurridos en la provincia de Santiago del Estero el 25 de mayo durante una manifestación de trabajadores gastronómicos, frente a la Casa de Gobierno y que tuvo como resultado el amedrentamiento y la detención arbitraria de más de quince personas.

A través de dos proyectos de resolución, los diputados solicitan al Poder Ejecutivo de la Nación que informe qué medidas se han tomado en conjunto con las autoridades provinciales con el fin de identificar responsables y la potencial comisión de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos de la provincia.

Al mismo tiempo expresaron su más enérgico repudio en manifiesta violación de los derechos humanos perpetrados por efectivos vestidos de civil y sin identificar que tuvo como resultado el amedrentamiento y la detención arbitraria de más de quince personas.

Además, se solicita al Poder Ejecutivo que informe si la presencia de personal policial de civil en procedimientos en la vía pública es una práctica avalada; cuántas denuncias existen por violencia institucional y abuso de autoridad de las fuerzas policiales,; si existe un protocolo unificado de actuación ante casos de violencia institucional a nivel nacional, y en cuántos casos intervino la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional.

“Estos actos represivos, reminiscencia de las épocas de la dictadura militar, en los que la ciudadanía no puede identificar a los efectivos policiales son contrarios al principio de seguridad democrática que debería regir en el accionar policial y su relación con la ciudadanía”, sostuvo Carla Carrizo sobre la iniciativa.

“Los hechos fueron viralizados a través de las redes y son de una preocupación mayúscula. Participan efectivos vestidos de civil que se niegan a identificarse y obligan a las víctimas, aún con permiso para circular, a ser trasladadas a dependencias policiales. Es decir, el despliegue policial con el objeto de reprimir fue llevado a cabo con un grado de arbitrariedad y falta de razonabilidad que ponen de manifiesto que en Santiago del Estero se ha desarrollado un accionar más vinculado a actos de persecución que dé cumplimiento de la ley”, agregó la diputada radical.

Los proyectos además de la diputada Carla Carrizo, llevan las firmas de los diputados Alfredo Cornejo, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Dina Rezinozky, Marcela Campagnoli, Niki Cantard, Claudia Najul, Ximena García, Lidia Ascárate, José Luis Patiño, Mónica Frade, Gabriela Lena, José Cano, Gerardo Cipolini, Tito Stefani, Alejandro Cacace y Silvia Lospenatto.

Ante la perplejidad de los invitados, diputados se cruzaron en el debate sobre violencia institucional

En el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados los diputados Hugo Yasky, Fernando Iglesias y Paula Penacca protagonizaron un acalorado intercambio de opiniones.

En el quinto encuentro realizado en el marco del debate de la ley de violencia institucional, oficialismo y oposición se cruzaron este miércoles en presencia de las madres de víctimas invitadas. Las expositoras mostraron su decepción ante la pelea y María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, concluyó: “Después de lo que viví recién, no sé si creo que puedan hacer algo”.  

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión remota este miércoles por la mañana en la que expusieron madres de víctimas de violencia institucional y funcionarios de la Justicia que trabajan con el tema. 

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, abrió el encuentro: “Ya existe esta ley y lo que no llega a saberse es que el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la ley de víctimas. No lo cumplen ni jueces ni fiscales, que no investigan y hostigan a las víctimas”. “Las víctimas, encima de lidiar con las muertes de nuestros hijos, tenemos que lidiar con jueces, con fiscales, con políticos”, expuso.

Patricia Isorni, presidenta del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero y parte del colectivo de Madres del Dolor de la provincia de Santiago del Estero, tildó a la situación de su provincia de “crítica” por un elevado caso de asesinatos. 

“Mi hijo ha sido asesinado”, aseguró, y denunció la falta de investigación por parte de las fiscalías. Explicó su caso: “Supuestamente dicen que fue un accidente de tránsito pero mi hijo tiene un disparo en la cabeza”. Inclusive, mostró la foto. Más adelante admitiría que la fiscal del caso la tiene “bloqueada en el teléfono”.

Patricia Isorni habló de la situación imperante en su provincia, Santiago del Estero.

María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, sostuvo: “Tengo que agradecer a los medios, que son los que hasta el día de hoy nos dan apoyo”. Por otra parte, denunció la situación de Córdoba: “Parece que la policía no forma parte del poder político, parece que no sé quién los nombra”.

“Yo pido que ustedes hagan algo”, “necesito que se haga visible lo que pasa en Córdoba”, solicitó.

“La Defensoría sólo el año pasado hizo más de 100 denuncias por violencias institucional de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en lo que va del año ya tenemos 4 denuncias penales, por exactamente lo mismo”, arrojó Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La verdad que nosotros felicitamos el proyecto, es bienvenido”, continuó. Amor agregó que “la verdad que las víctimas de violencia institucional no reconocen grietas, son víctimas”.

Por su parte, Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, consideró que el proyecto es “importantísimo” y agregó: “Creo que el problema debe instalarse en la opinión pública y también en el Congreso”. Martínez identificó “algunos defectos técnicos que tiene que mejorar”, tales como “una omisión en el articulado de cualquier referencia a la protección de las personas que denuncian estos hechos, a los familiares y a los testigos”.

La defensora General de la Nación pidió además no centrarse tanto en la violencia institucional por parte de la policía y visibilizar otras situaciones como la violencia judicial o por parte de políticos o por instituciones no gubernamentales.

Emelina Alonso, secretaria a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad y de la Secretaría Letrada de Violencia Institucional opinó que “es fundamental que existan leyes como esta para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia institucional”.

Martha Arriola, ex subsecretaría de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y coordinadora del Movimiento Cuidadores de la Casa Común también propuso algunas consideraciones al escrito. “A mi me parece que ley integral contra la violencia institucional bien podría estar planteada desde los considerandos, los capítulos, los fundamentos como una ley de prevención y reparación integral a las víctimas de daños causados por la violencia institucional”, sugirió.

El diputado nacional Sebastián Nicolás Salvador agradeció a los invitados y señaló: “Además de tratar este proyecto, nosotros como diputados tenemos el rol de estar denunciando esto permanentemente. Hoy seguimos con los mismos hechos que están pasando hace un año”.

Luego, Karina Banfi se mostró “conmovida por escucharles la voz” a las madres devíctimas y consideró que “está faltando la decisión política” de no violar los Derechos Humanos. En el mismo sentido, habló de la persecución de senegaleses. Más adelante le advertiría a Hugo Yasky: “Lo que le tengo que decir al diputado Yasky se lo voy a decir en una cuestión de privilegio en el recinto por discriminar”. 

La diputada Gisela Marziotta opinó que “no hay Gobierno que se haya salvado” de la violencia institucional y por eso celebró que el proyecto esté en agenda. “Lo importante es que se convierta no sólo en agenda sino en política de Estado”, añadió, y además lo consideró un “punto de partida”.

En el mismo sentido, la diputada Mónica Macha pidió no avalar “discursos de violencia de ningún tipo” y entonces la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca aprovechó la ocasión para repudiar “el llamado al odio permanente, a la falta de consideración de las circunstancias”. 

“Incluso las circunstancias que atravesamos hoy que son muy difíciles,  generan situaciones de violencia. Y esas situaciones de violencia a veces se expresan de la peor manera, como fue la explosión de un artefacto, de una bomba, en un local partidario en Bahía Blanca. Una organización en la que yo milito además”, lamentó.

El cruce 

Mientras exponía, el diputado Hugo Yasky mostró su apoyo al pedido de Paula Penacca de denunciar otro tipo de violencia además de la institucional, lo cual ejemplificó con el atentado de este martes contra la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca. En ese momento, Fernando Iglesias interrumpió para pedir “moción de orden”. “Presidente, moción de orden, ¿me escucha? Usted es el presidente, moción de orden, moción de orden”, repitió el legislador opositor.

“Pida la palabra y después se la vuelvo a dar”, sumó Penacca, mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías le exigía a Iglesias que “aprenda a respetar”. El diputado se defendió: “Según el reglamento de la Cámara tengo derecho a pedir moción de orden. Lea el reglamento, Yasky”.

“Usted pida la palabra y se la volvemos a dar cuando termina el diputado Yasky. No hace falta”, prometió la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

Hugo Yasky finalizó: “No debemos dejar de plantear, y lo vamos a hacer en una declaración que va a proponer nuestro bloque, el gravísimo hecho que sucedió en Bahía Blanca, la voladura de un local partidario”. “Cualquier local partidario víctima de cualquier hecho de terrorismo es un local partidario de todos nosotros, seamos del bloque oficialista, de la oposición o de cualquier partido. Nosotros no podemos permitir que en un país donde ocurrió el terrorismo de Estado vuelvan a ocurrir estos hechos”, agregó.

A continuación, Penacca agregó: “A mí, en términos personales me daría vergüenza que entremos en una discusión a los gritos”. Propuso entonces, continuar en el orden de la palabra para las madres de víctimas. Iglesias, al no serle concedida su intervención, interrumpió: “Como siempre, no son capaces de respetar un sólo compromiso. Ni un pequeño compromiso son capaces de respetar. Me dijo que me iba a dar la palabra, ¿me la va a dar o no me la va a dar?”.

Penacca le contestó: “¿No puede respetar a alguien que no sea usted mismo?”, a lo que Iglesias contestó en tono de voz alto y luego se retiró de la reunión.

Los invitados reaccionaron indignados ante el hecho. “Ver estos arranques de violencia duele, y más duele saber que estas son las personas que nos están representando en este momento”, se lamentó Cristina Castro.

Cristina Castro se indignó ante la pelea de los legisladores.

Perdonen que los abandone, pero ya dejé de lado dos horas de mi trabajo y tengo que volver a trabajar. Porque las mamás que estamos acá somos laburantes. Nos dedicamos a eso. Una vida entera cuidando a nuestros hijos con mucho esfuerzo para que mueran en manos del Estado”, se disculpó por último.

En el mismo sentido, María Soledad Laciar admitió: “Estuve a punto de irme. Lo que pasó me parece una falta de respeto para nosotros. No tienen idea al dolor que nosotros pasamos, lo que nos cuesta estar enfrente de una cámara”. La mamá de Blas Correas continuó: “Estar acá y escuchar cómo pelean… tuvimos que presenciar una situación en la que sentí que nuestra presencia importaba poco”. 

“Hagan un mea culpa, nosotros estamos pidiendo justicia por nuestros hijos y acá se están peleando por si son de un partido o de otro, creo que lo podrían haber dejado para otro momento”, agregó. Por último, pidió “un poquito de piedad por lo que estamos pasando” y sentenció: “Después de lo que viví recién, no sé si creo que puedan hacer algo”.

El diputado Sebastián Nicolás Salvador cerró la reunión al pedir “preveer el formato de estas reuniones cuando vienen víctimas para no tenerlos tres horas, tienen que trabajar”. Además, insistió: “Hacer caras o hacer burlas, eso también es violencia”. “Tenemos que hacernos cargo de lo que pasó”, concluyó el radical.

Presentan proyecto contra la Violencia Institucional en CABA

La iniciativa fue presentada por la legisladora Lucía Cámpora y tiene como base el proyecto presentado a nivel nacional por la diputada Paula Penacca.

Legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley integral contra la Violencia Institucional ejercida por fuerzas policiales.

El proyecto busca generar herramientas para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en el ámbito de la CABA así como establecer mecanismos de acompañamiento a las víctimas y sus familiares.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Lucía Cámpora y tiene como base el proyecto presentado a nivel nacional por la diputada Paula Penacca.

La propuesta establece la creación de Centros de Recepción de Denuncias atendidos por personal ajeno a la Policía, a los fines de facilitar a las víctimas la presentación del caso.

Asimismo, propone la concreción de un Registro de Violencia Institucional que tenga a su cargo la tarea de registrar, clasificar y sistematizar las denuncias ocurridas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto también establece procesos de reentrenamiento en Derechos Humanos para la Policía de la Ciudad e incluye criterios para la participación de esta fuerza en manifestaciones públicas.

“La violencia institucional tiene por principales víctimas a los colectivos oprimidos y a lxs pibxs más humildes. El informe del Ministerio Público de la Defensa de 2019 muestra que un 64% de quienes denunciaron detenciones violentas en CABA eran jóvenes varones de entre 16 y 17 años”, señaló la diputada Lucía Cámpora en la presentación que se realizó en la Legislatura de CABA. Y agregó: “Cada caso de gatillo fácil, cada pibe o piba que atraviesa una situación de violencia institucional a nosotres nos duele porque sabemos que es una deuda de la democracia y por eso decimos violencia institucional: nunca más”.

“El proyecto es fundamental para que podamos identificar la violencia institucional y las particularidades que tienen estas violencias en nuestra ciudad, a partir de la definición política de una gestión que no cree que todos tengamos los mismos derechos”, agregó la legisladora Victoria Montenegro.

“Tenemos la responsabilidad política de marcar la agenda con estos temas. Hay víctimas y familiares que lo hacen desde un lugar de muchísima más dificultad, peleando contra el sistema judicial, el sistema policial y contra la cultura hegemónica”, señaló por su parte la diputada nacional Paula Penacca, autora del proyecto nacional. Miriam Medina, integrante del colectivo Madres en Lucha, expresó: “A nuestros hijos los mataron las fuerzas de seguridad del Estado. No queremos una policía que sea represora, que sea asesina, que sea criminal, que sea desaparecedora o torturadora. Eso nunca más. Porque mucha sangre joven y nuestra hemos perdido por el mal accionar de las fuerzas de seguridad del Estado. Es tiempo de que estas cosas cambien.”

Según el informe del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, en 2019 el 88.73% de las denuncias por violencia institucional en las que se pudo identificar a la fuerza interviniente tuvieron como responsables a agentes de la Policía de la Ciudad.

Nuevo debate en Diputados sobre el proyecto contra la violencia institucional

La reunión se llevó a cabo de manera virtual este lunes. En esta ocasión los expositores fueron representantes de asociaciones de trabajadores.

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de Diputados realizaron este lunes una reunión virtual informativa sobre violencia institucional. El plenario se realizó en el marco del debate del proyecto de ley integral contra la violencia institucional del oficialismo y expusieron representantes de asociaciones de trabajadores. 

Miguel Gaya, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, denunció “una tensión estructural continua entre prensa y la policía. A la policía no le gusta que la vean reprimir”. Además, aplaudió el capítulo del proyecto que pide que las denuncias sean realizadas por personas ajenas a las fuerzas policiales.

Por su lado, Victorio Paulon, Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, invitó a “insistir con la responsabilidad que tienen que asumir los funcionarios que en una gran cantidad de ocasiones se esconden y se niegan al diálogo con los que reclaman”. Pidió también que exista “una obligación mayor de los funcionarios” de generar respuestas para evitar la violencia. “La policía responde a las órdenes políticas de quienes los mandan en ese momento”, opinó, y agregó que la iniciativa es “un piso” sobre el cual seguir avanzando.

En representación de la Unión Personal Municipal de Berazategui, Mario Carlos Torroba puso en el foco la violencia de los funcionarios públicos, de la política. “Como si las fuerzas de seguridad tuvieran el monopolio de la violencia institucional en el país”, cuestionó. 

Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, relató experiencias en primera persona.  “No queda registro de los operativos violentos”, denunció, y siguió: “Nosotras mismas tenemos que registrarlos con nuestras cámaras”. Además, habló de un discurso policial “xenófobo”, “racista”, “selectivo” y “clasista”. 

Desde el sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales apoyamos esta ley, creemos que hay que ponerle un freno a la violencia institucional y, que hay que ponerle un freno a las coimas policiales, a los discursos racistas y a la selectividad con la que operan las fuerzas de seguridad en nuestro país”, expuso Orellano.

Más adelante acusó que “una de las cosas que aumentó en esta crisis sanitaria es la violencia policial. Nosotras tenemos un registro propio, porque no hacemos la denuncia, porque la historia nuestra nos dijo que quienes quieran la denuncia, nuestras delegadas, nuestras referentes, han sido asesinadas por la policía”. “Los mismos policías estuvieron dos o tres meses sin salir a la calle pero estaban en la comisaría”. 

Miguel Aponte, secretario administrativo del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, consideró: “Tenemos demasiadas víctimas de violencia institucional en la provincia -de Córdoba-” e instó a “dar pasos más concretos”. Además, se lamentó de que los casos de violencia son “tan recurrentes” que “están naturalizados”.

En representación de la Federación Gráfica Bonaerense  Rodrigo Loza opinó: “Esto por sí solo no resuelve el problema que aflige no sólo a nuestro país, ya que lo estamos viendo por ejemplo en Colombia, sino que debe haber un compromiso de todas las instituciones del Estado y de las organizaciones libres del pueblo para el cumplimiento de esta ley. Entonces celebramos que se pueda aprobar un marco legal para regular el accionar de las fuerzas de seguridad sin importar el Gobierno de turno”.

Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados y diputada nacional (Frente de Todos) resumió que el proyecto plantea la “capacitación y formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad”. En ese sentido, planteó la posibilidad de “ampliarlo para todos y todas”. 

La diputada Claudia Ormachea (Frente de Todos-Buenos Aires) destacó también la importancia de la capacitación y la formación. “Si vos en la capacitación y la formación les marcaste una línea de impunidad y les marcaste una línea de ‘enemigo el otro’ eso perdura después y es muy difícil modificarlo”, sostuvo. La formación, consideró, debe estar “en contacto y en presencia de otros integrantes de la sociedad: obreros, estudiantes…”.

El diputado Eduardo Valdés  (Frente de Todos-CABA) trajo a cuenta el “espionaje ilegal de periodistas” y pidió que se incluya dentro de la violencia institucional.

La diputada Mara Brawer (Frente de Todos-CABA) reclamó: “No tiene tanto que ver si existe o no violencia institucional. El eje central es la pregunta acerca de qué hacen los ejecutivos ante esta violencia si la aplauden o la combaten”.

Por su parte, la diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos-Buenos Aires) criticó que “durante los cuatro años del Gobierno de Macri padecimos de fuerzas de seguridad que funcionaban de manera clandestina y que formaban parte de las movilizaciones y agitaban muchas veces situaciones de violencia. Lo digo por haber participado en esas movilizaciones. Identificar claramente que quienes motorizaban la violencia no éramos los que participábamos, sino fuerzas de seguridad encubiertas”.


El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales cerró la reunión al concluir: “Los que ya tienen poder, la ley esta no les va a quitar ni les va a agregar nada, en tal caso los va a limitar en el ejercicio del poder. Lo que necesitamos es el resguardo de los más débiles”. A continuación, consideró: “Ha sido muy esclarecedor y muy importante el esfuerzo de todos ustedes”.

El proyecto

El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán “de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta”, indica el artículo 1ro. del texto.

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La de este lunes fue la tercera reunión informativa que llevó a cabo el plenario sobre el proyecto impulsado por el oficialismo. Con anterioridad, habían expuesto representantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de estos casos.

En un nuevo plenario, avanzó el debate sobre violencia institucional en Diputados

Las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos se reunieron este viernes para continuar con el análisis del proyecto del oficialismo con la participación de familiares de víctimas.

Con la participación de familiares de víctimas, las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados retomaron este viernes el debate sobre el proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

“La ley que estamos analizando responde directamente a la necesidad de construir una perspectiva democrática de la seguridad pública”, explicó Paula Penacca, presidenta de Seguridad Interior y autora de la iniciativa junto a Hugo Yasky, titular de Derechos Humanos.

Al momento de las exposiciones, Ivanna Aguilera, del equipo Trans, Travesti y No Binarie, manifestó que “la historia sigue con la represión de las fuerzas de seguridad en democracia”, y por eso celebró el tratamiento del proyecto.

A su vez, Eva Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, expresó: “Ponemos un voto de confianza en esta iniciativa para que nuestra población deje de ser diezmada, criminalizada y perseguida”.

En tanto, Miriam Medina, de Madres en Lucha contra la Impunidad, dijo que los familiares de víctimas tienen que “transformarse a partir de la tortura y los asesinatos y buscar justicia a partir de la construcción colectiva”, y añadió: “Hoy tenemos la posibilidad de tener una ley que se ocupe de las familias”.

También participaron de la reunión informativa Dolores Demonty, integrante de Madres en Lucha contra la Impunidad; Manuel Ayrton Blanco Ocampo, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima; y Agostina Villagi, de la Asociación de Abogados Litigantes de Formosa.

La iniciativa en debate busca generar herramientas integrales contra la violencia institucional en todo el país, como la creación de un Centro de Recepción de Denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.

También se intenta garantizar una reparación a las víctimas -tanto económica como psicosocial- y se establecen reglas sobre el uso de armas, además de proponer capacitaciones específicas en derechos humanos para integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Diputados continuarán el debate sobre un proyecto contra la violencia institucional

Las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos se reunirán este viernes a las 15 con la participación de invitados.

Con la participación de invitados, las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados continuarán este viernes, desde las 15, el debate sobre el proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

El proyecto es encabezado por la diputada Paula Penacca y la intención del oficialismo es continuar con la ronda de exposiciones que inició días atrás con representantes de organismos de Derechos Humanos.

Para este viernes fueron convocados a la videoconferencia Miriam Medina y Dolores Demonty, de Madres en Lucha contra la Impunidad; Manuel Ayrton Blanco Ocampo, del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima; e Ivanna Aguilera, del equipo Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

También estarán Eva Paula Arraigada, activista trans e integrante de los espacios La Nelly Omar y el Movimiento Trans Nadia Echazú; y Agostina Villagi, abogada integrante de la Asociación de Abogados Litigantes de Formosa.

La iniciativa en debate busca generar herramientas integrales contra la violencia institucional en todo el país, como la creación de un Centro de Recepción de Denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.

También se intenta garantizar una reparación a las víctimas -tanto económica como psicosocial- y se establecen reglas sobre el uso de armas, además de proponer capacitaciones específicas en derechos humanos para integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Representantes de Derechos Humanos respaldaron un proyecto contra la violencia institucional

La iniciativa, presentada desde el Frente de Todos, fue analizada en un plenario de comisiones de Diputados. Expertos advirtieron sobre abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante la pandemia.

Con la participación de representantes de Derechos Humanos, dos comisiones de la Cámara de Diputados comenzaron el tratamiento de un proyecto de ley que busca crear un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional cometidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el país.

La discusión se inició en un plenario virtual de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca -autora del proyecto-, y de Derechos Humanos y Garantías, que lidera Hugo Yasky.

La primera en exponer fue la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, quien consideró que “el involucramiento de todos los niveles del Estado es un paso fundamental para avanzar en prácticas de fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los Derechos Humanos”.

“Desde Amnistía Internacional en 2020 hemos dado a conocer numerosos casos de hechos de violencia y uso abusivo de las fuerzas, sobre todo a partir de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en función del aumento de las facultades de control de las fuerzas de seguridad”, explicó.

En ese sentido, mencionó el asesinato de Luis Espinoza, la violencia en la comunidad Quom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Por su parte, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, advirtió que “en Argentina desde el principio de los tiempos hay un aparato del Estado autorizado a utilizar armas letales, que han usado contra el pueblo, no solo durante los gobiernos militares sino casi siempre”.

“Hay una historia de fracasos, de remanidas reformas policiales que siempre repiten lo mismo desde hace 34 años: que el Estado se controla a sí mismo (no es cierto); que los asesinos no serán más asesinos si reciben un curso de Derechos Humanos (no es cierto); o el intento descarado de (Sergio) Berni de negociar con la Policía bonaerense la concesión de negocios a cambio del supuesto control de las fuerzas”, enumeró.

A su turno, Daniel Isaias Suizer, de la Red por la Libertad, se refirió a la situación de Formosa, “una de las provincias más castigadas por la pandemia en cuanto a la violación de Derechos Humanos”, donde “prácticamente se ha dado vía libre a una opresión disfrazada de pandemia”.

“Comenzamos la pandemia con las personas varadas que sobrevivían al costado de la ruta; posterior a eso vino el problema de los aislados, que se aislaban en centros del gobierno hacinados, mezclados positivos con negativos, y terminaron siendo un foco de contagio”, describió.

También se refirió a las comunidades originarias y como abogado dijo haber visto a “mujeres embarazadas que huían al monte con las cesáreas que habían llevado a cabo sin su consentimiento”, y finalmente pidió que se constituya una comisión para monitorear la situación de la provincia in situ.

Raquel Witis, de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, sostuvo que “uno de los principales actores que inciden en la impunidad es el Poder Judicial, que muchas veces avala y legitima violaciones de derechos cometidas por agentes del Servicio Penitenciario, la Policía o las fuerzas de seguridad”.

La especialista señaló además que existen “discursos mediáticos que sostienen esa violencia institucional porque consideran que hay personas más valiosas que otras, sacan estereotipos, estigmatizan, cambian la versión de la realidad, y así van habilitando a las fuerzas policiales y limitando derechos siempre a ciertos sectores de la población”.

Por el CELS, Victoria Darraidou hizo observaciones técnicas al proyecto; y Néstor Miguez (APDH) comentó que se trabajó junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en un registro de casos de violencia institucional para diagnosticar la situación, sobre todo en el marco de la pandemia.

“Hemos visto el recrudecimiento de algunas formas. A partir de elementos necesarios para el control de la movilidad, las fuerzas de seguridad se excedieron en sus atribuciones e incurrieron en casos de violencia institucional, algunos de los cuales incluso terminaron en la muerte de las víctimas”, advirtió.

Al momento de la intervención de los diputados, Mónica Frade (Coalición Cívica) observó que “es más importante el comportamiento de la política, que es la que finalmente habilita la violencia institucional tal como la estamos viendo y como la describió el doctor Suizer” en el caso de Formosa.

En respuesta a Frade, la oficialista María Rosa Martínez afirmó que “cuando se ataca a Formosa de manera sistemática hay algunas actitudes de carácter antidemocrático, cuando se cuestiona a quien gobierna”, y destacó la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

En tanto, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) denunció que recientemente se produjo “una cacería contra activistas contra la megaminería en Catamarca”, que terminó con “doce detenidos que son presos políticos”. “Percusión constante, como le hemos visto en Chubut”, alertó.

La radical Karina Banfi pidió abordar el tema en forma “exhaustiva” en futuras reuniones y pidió escuchar también a las víctimas de violencia institucional, como Cristina Castro -madre de Facundo Astudillo Castro-, y a representantes de Human Rights Watch. Además, observó que “hoy la propia Ley de Seguridad Interior hoy tiene reglas básicas que no se utilizan”.

A su turno, Yasky indicó que “la violencia institucional existió en todos los gobiernos, y hay una matriz, que es que sufrimos el terrorismo de Estado de la forma más aberrante y sanguinaria que podamos imaginar”.

“Es más grave cuando se promueve la mano dura, cuando hay un discurso punitivo, cuando se estigmatiza la pobreza, pero es un tema que debemos resolver en el marco de la democracia”, opinó.

El proyecto

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La iniciativa lleva la firma de los oficialistas Penacca, Yasky, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

Arranca en Diputados el debate de un proyecto oficialista contra la violencia institucional

Con la participación de representantes de organismos de derechos humanos, las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías realizarán una reunión informativa.

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados realizarán este miércoles, desde las 18, una reunión informativa sobre el proyecto de ley integral contra la violencia institucional.

La iniciativa lleva la firma de los oficialistas Paula Penacca, Hugo Yasky, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

Al encuentro, que será de forma remota, fueron invitados José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Néstor Miguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; y Paola García Rey, de Amnistía Internacional.

También expondrán Raquel Witis, de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Victoria Darraidou, del CELS; Diana Cohen, de la Usina de Justicia; y Daniel Isaias Suizer, de la Red por la Libertad.

El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán “de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta”, indica el artículo 1ro. del texto.

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Diputados del Frente de Todos presentan un proyecto de ley contra la violencia institucional

Tal como se prometiera desde el año pasado, cuando estalló el caso de Facundo Astudillo Castro, el oficialismo impulsará una iniciativa para prevenir y erradicar estos casos. Habrá presentación oficial este martes, con un acto en formato virtual.

Los diputados oficialistas Paula Penacca, Hugo Yasky y Leonardo Grosso encabezarán la presentación de un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia institucional.

El acto, que se realizará este martes a partir de las 18, contará con la participación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; y familiares de víctimas de gatillo fácil.

Según establece la iniciativa, el propósito es “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

Además, el proyecto indica pautas concretas de acción frente a las denuncias, con el objetivo de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz. Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

“Se trata de un proyecto que construimos colectivamente, que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados. El debate fue profundo y tenemos la decisión política de erradicar la violencia institucional”, sostuvo la diputada Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

La kirchnerista apuntó contra la gestión anterior: “Durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio, y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas”.

“Esta es una ley coherente con los ideales de nuestro proyecto político: defender los derechos humanos, no con fines electoralistas o desestabilizadores, sino porque sabemos que es la única forma de proteger la vida de nuestro pueblo”, agregó.

Por su parte, el diputado Leonardo Grosso remarcó que “en los últimos años se profundizaron los casos de violencia institucional porque el gobierno de (Mauricio) Macri, de la mano de Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.

Finalmente, Hugo Yasky, titular de la Comisión de Derechos Humanos, consideró: “Como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral. Debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Ese es el sentido de este proyecto de ley”.

Frederic abogó por una ley contra la violencia institucional a la que puedan adherir todas las provincias

La ministra de Seguridad consideró que hace falta una normativa porque existe “una gran disparidad” entre las distintas fuerzas policiales.

sabina frederic comision seguridad senado 16 julio 2020

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, abogó por una ley contra la violencia institucional a la que puedan adherir todas las provincias, en medio de numerosos casos que se registraron durante los meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La funcionaria remarcó que los distritos “tienen autonomía y pueden adoptar o no nuestras recomendaciones”, en referencia a la vinculación de la cartera que conduce con los hechos de violencia policial en distintos puntos del país.

La ministra mencionó que “hay en danza un proyecto de ley contra violencia institucional que tiene la pretensión de avanzar en ese sentido, para que haya un compromiso de las provincias de adherir y ajustarse a ciertos protocolos y procedimientos de investigación y de sanción de estos hechos”.

Para Frederic, hace falta una norma porque “se ve una gran disparidad en la formación, capacitación y modo de conducción de las policías” provinciales.

“También hay realidades muy diferentes, ya que la de la provincia de Buenos Aires es una prioridad muy complicada porque es una Policía muy grande: tiene tantos efectivos como el total de las fuerzas federales (90 mil) y fue muy castigada, desfinanciada, precarizada y con mucha exigencia”, explicó.

En declaraciones a la radio Futurock, consideró que una ley “contribuiría a equiparar un poco más las condiciones de trabajo y servicio y, algo que creo que debe llegar en algún momento, el reconocimiento a la Policía que trabaja bien y la distinción de aquellos que no lo hacen”.

“En cada denuncia hicimos lo mismo: presentar una carta al gobernador y ministro del área para plantear la importancia de seguir con las investigaciones, retirar a los involucrados de la investigación y pasarlos a disponibilidad, pedir información y ofrecer transferir nuestro programa de uso racional de la fuerza para que lo tomen en consideración y lo utilicen en el futuro”, contó.

La funcionaria aseguró que ese proceso se llevó a cabo en Buenos Aires, Chubut, San Luis, Tucumán y Chaco y “también a través del Consejo de Seguridad Interior, con reuniones virtuales, pero hasta ahí es adonde podemos llegar porque no tenemos capacidad de incidir normativamente sobre las provincias”.

Pietragalla: “CFK todo el tiempo me está llamando” preocupada por la desaparición de Facundo

Fue una de las referencias que hizo el secretario de DDHH en su visita al plenario de comisiones de Diputados, en la que reivindicó el “compromiso” de su secretaría en esa causa.

Al exponer este viernes ante las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos de la Cámara baja, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, afirmó que “el compromiso que teníamos cuando éramos oposición, también lo tenemos hoy en la búsqueda de erradicar la violencia institucional en democracia, porque esto no tiene color ni bandería política es un problema de la democracia: tenemos que ser muy claros con los  mensajes que desde el Ejecutivo se dan para erradicar esta problemática”.

No hay gobierno que no haya tenido casos de violencia institucional”, señaló el funcionario, aclarando que con ello no pretendía justificar nada. “Yo fui opositor hace poquito, cuando era diputado nacional, llevábamos adelante una denuncia activa en los casos de violencia institucional, y apenas asumí, pensamos en potenciar la Dirección de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos”, señaló durante una participación en la que previsiblemente el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro estuvo sobrevolando permanentemente.

En ese marco, el secretario brindó un Informe de Gestión de Violencia Institucional y recordó que si bien pretendían lanzar una campaña fuerte en el tema la misma se vio interferida por la irrupción de la pandemia de Covid-19. “Nos tuvimos que readaptar”, reconoció, y admitió que prontamente entendieron que la pandemia “iba a traer más casos, porque había un control social por la epidemia”.

Detalló cómo funciona el Centro de Atención de Denuncias y en ese marco consideró que el asesoramiento jurídico “es fundamental, porque la mayoría de las familias nunca tuvieron un acercamiento con la justicia”. Tras destacar que “el rol de la justicia es fundamental”, destacó que también es clave la “sanción política”. Puso este orden: “Sanción política y después sanción judicial, porque cuando hay sanción política le da un mensaje claro a la justicia para que avance en una sanción”.

A continuación, por primera vez en su intervención Pietragalla se refirió a la gestión anterior al señalar que cuando concluyó la administración de Cristina Kirchner, esa secretaría contaba con 40 trabajadores; al asumir Cambiemos tenían 26, en 2017 bajaron a 12 y en 2018 llegaron a 10 trabajadores. “Cuando llegamos nosotros había 5 nomás”, advirtió el secretario, enfatizando que con esa cantidad mínima “en un área tan importante para resolver los casos y acompañar a las familias, la verdad que era muy poco lo que se podía hacer”.

“A partir del 10 de diciembre queremos empoderar esta área”, afirmó, anticipando que gradualmente irán reincorporando personal, y potenciando áreas estratégicas. “Hoy contamos con 12 trabajadores, que están trabajando desde sus casas y la secretaría”, agregó.

Admitió luego que luego de declararse la pandemia, las denuncias y los casos subieron mucho más, y mostrando un gráfico lo ejemplificó: 71 denuncias entre el 10 de diciembre y el mes de marzo, contra 531 denuncias después del ASPO.

Para Pietragalla, “resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de quién gobierne”. Y señaló en ese sentido que “celebramos esta sensibilidad con el tema de parte de la oposición, porque ojalá esto hubiera pasado años atrás. Serían muchas las vidas que no estaríamos lamentando; en esto no hay que jugar con oportunismo político, necesitamos que se generen herramientas. Cada caso de violencia institucional termina siendo un problema para todo el Estado argentino a través de las sanciones que reciben por parte de las organizaciones de derechos humanos”.

En ese marco el secretario de DDHH deslizó la existencia de una iniciativa del Frente de Todos para llevar adelante un proyecto de ley, que está esperando el acompañamiento de otros bloques, pero que “para nosotros es de suma importancia tener herramientas para tener celeridad en la resolución de los casos de violencia institucional”. Y en el mismo sentido señaló que “queremos que cada vez que haya un caso de violación de los derechos humanos, no se lo mire al Estado, que podamos mirar al individuo que comete hechos y generar las herramientas para que cuando haya violencia institucional, sea un individuo el que viole, y no el Estado argentino”.

Al hacer referencia específicamente al caso de la desaparición de Facundo Astudillo, lamentó que no se hubiera podido actuar rápidamente. “Sabemos que la primera denuncia llega los primeros días de junio, y era por búsqueda de paradero; no había ninguna asociación de desaparición forzada”, comentó, agregando que recién el 8 de junio llegó la primera denuncia por desaparición forzada. “Ahí nos pusimos en contacto y a disposición”, señaló.

Destacó el “compromiso muy grande” en esa causa, aunque reconoció como “muy limitada nuestra participación en la investigación”, y contó que hicieron una presentación al juzgado por la información que se filtraba a los medios desde el juzgado de Bahía Blanca.

Fue a continuación cuando Pietragalla modificó su postura contemporizadora, aunque sin variar el tono, al deslizar que “jamás vamos a recibir a un policía que dispare por la espalda a su víctima; no vamos a revictimizar a las víctimas; a mandar a los servicios a escuchar a las víctimas; a decir que Facundo está en una ciudad, o en otra…”.

“¡Cortala, Pietragalla!”, le gritaron diputados de la oposición, y sin alterarse el funcionario señaló que “no hay que ser especuladores”.

Para concluir, remarcó la preocupación del gobernador Axel Kicillof, quien se comunicó con la familia de Facundo, lo mismo que el presidente Alberto Fernández, y hasta el de la vicepresidenta de la Nación. “Cristina Fernández de Kirchner todo el tiempo me está llamando para ver cómo está la madre, cómo está la investigación”, reveló.

“Nosotros tenemos una sensibilidad con este tema que siempre tuvimos cuando éramos opositores y hoy que somos oficialistas. Queremos sanción, no queremos un Estado que sea acusado de violar los derechos humanos, sí queremos demostrar que hay miembros de las fuerzas de seguridad que los violan”, concluyó.

A 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, Frederic y Pietragalla exponen ante Diputados

La ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos participan de un plenario de comisiones, en el marco de una reunión informativa. La oposición había reclamado insistentemente su presencia.

Justo cuando este viernes se cumplen 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, exponen ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Los funcionarios asisten a una reunión informativa que tiene como título “Hacia una Ley nacional contra la Violencia Institucional” y, precisamente, serán consultados por el caso del joven de la localidad bonaerense de Pedro Luro y otros episodios de violencia policial ocurridos en estos meses en el interior del país.

Las comisiones convocantes son las de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, en manos de los oficialistas Paula Penacca y Hugo Yasky, respectivamente.

En la madrugada del sábado pasado, hacia el final de la sesión, la Cámara baja -a instancias de un pedido de la radical Karina Banfi- emitió un pronunciamiento de preocupación sobre la desaparición de Astudillo Castro. Además, la oposición volvió a insistir en el reclamo de que Frederic y Pietragalla asistan a brindar explicaciones.

EN DESARROLLO

Para Carla Carrizo “es preocupante el subregistro de casos de violencia institucional”

La diputada nacional radical advirtió que el informe de gestión que el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, presentó en la Cámara baja “tiene un 20% de subregistros de casos en los hechos de violencia institucional”.

La vicepresidenta del bloque UCR de Diputados nacionales, Carla Carrizo, advirtió que el informe de gestión que el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, presentó en la Cámara baja “tiene un subregistro de casos en los hechos de violencia institucional” 

La legisladora indicó que “el Gobierno informó 82 casos mientras la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social (RADHIS) informa 101”. 

“Es preocupante el subregistro de casos de violencia institucional de la Secretaría de DDHH”, consideró la legisladora, y sostuvo que este subregistro “es como mínimo de un 20%”. 

“¿Cómo podemos afirmar que el Gobierno promueve los derechos humanos cuando no tiene conocimiento exacto de los presuntos abusos del Estado? En este contexto lo que necesitamos de la Secretaría de Derechos Humanos es una política activa más que reactiva, que se anticipe y lidere para evitar esos abusos y no que se limite a informarlos”, finalizó Carrizo. 

La Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social (RADHIS) es una organización en crecimiento que tiene como objetivo analizar problemáticas sociales, generar y proponer políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos entendiendo que la agenda en materia de derechos se ve nuevamente acotada, su política detenida y que además necesita incorporar y contemplar nuevos debates y necesidades que plantearán un nuevo marco de acción. 

Sus áreas de intervención incluyen, pero no se agotan en temáticas de violencia institucional, políticas de ejecución penal e inclusión social, identidad, medio ambiente, investigación, gestión de políticas públicas y capacitaciones en la materia. 

Desde la izquierda cargan contra Berni

Bregman y Del Caño calificaron al ministro de Seguridad bonaerense como “responsable de que se agraven el gatillo fácil y la violencia policial”, y reclamaron su salida.

La legisladora porteña Myriam Bregman y el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-FIT) denunciaron el incremento de la violencia policial en el país durante la cuarentena y especialmente el accionar del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, al mando de una fuerza de 90 mil agentes.

Bregman consideró que “acá hay una responsabilidad del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales: se empoderó a las fuerzas de seguridad para darles un enorme poder y el control de la calle en una crisis que es sanitaria. En un país con poderosas organizaciones sociales y sindicales que están en los barrios, se optó por llevar al Ejército. Todo eso es leído por las fuerzas de seguridad como un mensaje de luz verde para incrementar los abusos, apremios ilegales y el gatillo fácil. Apuntan a incrementar el control social por eso las víctimas pertenecen a los sectores populares”.

La diputada porteña señaló también que “el discurso de Berni y su pose ‘milica’ no son inocuas. Ahora le sumó un discurso punitivista y que justifica la justicia por mano propia. La situación es crítica, no va más. Si lo dejan a Berni en su cargo, asumen lo que dice como política oficial, si no ya deberían haberlo echado, un planteo elemental que hacen luchadoras como Nora Cortiñas que tienen amplia experiencia en esta lucha y que no escuchan”.

Por su parte, Nicolás del Caño señaló que “Facundo Castro está desaparecido hace 83 días, y su propia familia y su abogado denuncian que la Bonaerense trata de desviar la investigación. Entonces, ¿por qué sus jefes políticos no están dando explicaciones ante la justicia? Se repiten los mecanismos de encubrimiento que siempre realiza la policía”. Y agregó: “desde que se inició la cuarentena en todo el país se está viviendo una situación muy grave con gran incremento de la violencia policial. Por eso venimos exigiendo que Sabina Frederic venga a dar explicaciones a la Cámara de Diputados, no puede desentenderse del tema. Además de presidir el Consejo de Seguridad Interior, sus propias fuerzas federales tienen denuncias en su contra. No es momento de preservarse, deben asumir la responsabilidad. Es doloroso lo que todos los familiares relatan, si no se movilizan no se avanza en investigar los casos, no importa lo brutales que sean”. “Hoy en lugar de más poder a estas policías que vienen de la dictadura y son irreformables, el pueblo trabajador necesita un salario de cuarentena, un IFE de 30.000 pesos sin exclusiones, recomposición salarial, ningún despido y un aumento urgente a los jubilados”.

Bregman señaló que “lamentablemente los casos no son privativos de una sola provincia. En Tucumán Luis Espinoza fue asesinado y se ocultó su cuerpo. Semanas después, la policía tucumana mató por asfixia a Walter Ceferino Nadal y el ministro de seguridad comandante mayor (R) Claudio Maley justificó el operativo diciendo que la intervención fue correcta y oportuna. Chaco, Salta, Chubut, tienen numerosas denuncias también”.

A su vez Bregman detalló que “estamos trabajando muy fuerte en otros lugares como Jujuy, donde la policía detuvo a un mecánico, Ariel Valerian, lo asesinaron a golpes, estuvo un mes agonizando en el hospital. Su hermana Carmen nos contó el caso, es terrible”.

Respecto a la provincia de Buenos Aires agregaron que de los más de 20 casos que se denuncian en ese distrito, cinco fueron cometidos por policías de la Ciudad de Buenos Aires y tres por fuerzas federales.

Desde Juntos por el Cambio advierten por “los crecientes casos de violencia institucional”

Un grupo de diputados del interbloque opositor manifestó su “preocupación” al respecto, al tiempo que pidió respuestas por la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

sebastian salvador

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, el radical Sebastián Salvador, acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio, manifestó su “preocupación al Poder Ejecutivo Nacional por los reiterados casos de violencia institucional que suceden en el territorio de la República Argentina”, al tiempo que exigió “respuestas por la desaparición de Facundo Astudillo Castro”.

Los legisladores enumeraron casos en varias provincias tales como el de Florencia Morales y Franco Maranguello en San Luis; el de Mauro Coronel en Santiago del Estero; la brutal golpiza y detención a una familia de la comunidad QOM en Chaco; el caso de Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán; el de Alan Maidana y Adrián Barrios en la provincia de Buenos Aires; y el de Gabriel Fredes en Chubut, entre otros.

“Desde el comienzo de la cuarentena venimos denunciando el incremento de violencia policial y no nos escucharon. Hoy lamentamos que Facundo Astudillo siga sin aparecer desde el 30 de abril”, resaltó Salvador.

En la iniciativa, los diputados señalaron que “los casos citados se refieren a situaciones en la que la conducta coactiva de las fuerzas de seguridad refleja la inadmisible actitud de impunidad, que se acrecienta en momentos donde el funcionamiento institucional del Estado no encuentra el desenvolvimiento necesario y razonable de todas las instituciones que lo conforman”.

“Hemos visto varios casos en los cuales las actuaciones de las fuerzas de seguridad están impregnadas de irregularidades o, más gravemente, de intervenciones arbitrarias o ilegales que reflejan el peligroso comportamiento que puede promoverse desde las fuerzas de coacción estatal en momentos como el que vivimos”, sostuvieron.

El proyecto de declaración fue acompañado por Alfredo Cornejo, Silvia Lospennato, Mónica Frade, José Luis Patiño, Karina Banfi, Gabriela Lena, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Alejandro Cacace, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky y Brenda Austin.

Karina Banfi: “A Cafiero le preguntaré sobre la violencia institucional”

La legisladora nacional anticipó que en la visita del Jefe de Gabinete a la Cámara baja, lo cuestionará respecto a la administración de la pandemia, y las situaciones de violencia institucional que se viven en el país.

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La diputada nacional Karina Banfi anticipó sus preguntas al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien irá a la Cámara de Diputados por primera vez desde el inicio de su gestión, y adelantó que lo cuestionará respecto a la administración de la pandemia, y las situaciones de violencia institucional que se viven en el país

Sobre la visita de Cafiero al Congreso, manifestó que le parece “muy importante” que se haya confirmado, después de “seis meses de haberle reclamado infinidad de veces que tiene que cumplir con la manda constitucional que lo obliga a rendir cuentas en alguna de las dos cámaras”. En este sentido, indicó que le parece “una falta de respeto por la gente que nosotros representamos, siendo la Cámara baja la representación directa del voto popular, que no venga, o considere que no tiene que rendir cuentas luego de haberle presentado más de 1.600 preguntas”. 

“Es importante para nosotros y para la tranquilidad de todos los ciudadanos tener muy claro cuál va a ser el impacto que tiene en la vida de todos los argentinos cada medida que toma el Gobierno”, concluyó la legisladora por la provincia de Buenos Aires en diálogo con el programa radial “Edición Calificada”. 

Por otro lado, Banfi consideró que “un punto clave” por donde va a rondar la visita del Jefe de Gabinete va a ser en el tratamiento y administración de la pandemia, pero también en la administración de la economía: “Me reuní con un grupo de comerciantes muy preocupados que tienen mucho interés en poder abrir su comercio, y generar los protocolos necesarios, pero que no impida la posibilidad de producir. Yo creo que ese es el motor que nosotros necesitamos incentivar, más allá de la cuestión sanitaria que entendemos que está controlada en este momento, y en donde los argentinos han hecho un sacrificio justamente para poner en condiciones al sistema sanitario por cualquier situación de emergencia que se necesite, pero también tenemos que escuchar medidas que acompañen la situación económica de todos los argentinos”, manifestó al respecto. 

En tanto, la diputada de Juntos por el Cambio adelantó que tiene mucha necesidad de que Cafiero responda acerca de la violencia institucional que -consideró- “lamentablemente se asocia a una consigna que administró la ministra Frederic en una reunión de Comisión de Seguridad, donde dijo que usaba el ciber patrullaje para medir el humor social, y eso sin duda me parece que ocasionó la fuerza de seguridad una mala comprensión de cuál debe ser su actuación durante la pandemia, en donde tenemos que lamentar 10 muertes en este contexto en manos de la policía en todo el territorio nacional argentino; y hoy además hay un desaparecido en la provincia de Buenos Aires, Facundo Astudillo que está desesperadamente tanto la policía federal, porque se aparta a la policía bonaerense, y la Justicia investigando qué pasó, que hace 76 días no aparece”. 

Finalmente, consideró que “es lamentable que tengamos una grieta en la libertad de expresión y que los periodistas no tengan resguardo constitucional”, y criticó las causas que se iniciaron a funcionarios y que se expresaron a favor de las manifestaciones públicas: “El derecho a la protesta no está prohibido ni en el marco de la cuarentena, mientras se resguarde la salud y aislamiento social e incluso en las redes sociales. La policía debe proteger a los manifestantes y a los periodistas que cubren esas manifestaciones”. 

“Nosotros siempre vamos a proteger la libertad de expresión. Puede no haber salud pública, pero si no tenemos libertad de expresión no tenemos nada incluso no vamos a tener salud”, concluyó la legisladora.

Solicitan una reunión urgente del Consejo Federal de Derechos Humanos

La senadora nacional Silvia Giacoppo reclamó coordinar políticas públicas “inmediatas” para terminar con las denuncias de violencia institucional en distintos lugares del país.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo presentó un proyecto solicitando una reunión (virtual) urgente del Consejo Federal de Derechos Humanos a fin de coordinar políticas públicas “inmediatas” que pongan fin a “las denuncias continuas de violencia institucional en distintos lugares del país, que se suceden a partir de la implementación del aislamiento preventivo social y obligatorio”. 

Destaca la senadora, al fundamentar su pedido, que el 20 de mayo pasado el Consejo Federal de Derechos Humanos realizó un encuentro virtual con autoridades provinciales, con el objetivo de conocer el trabajo y las necesidades de cada distrito en el actual contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, compartir experiencias locales y fortalecer los canales de comunicación para brindar respuestas a las distintas problemáticas planteadas. 

Agrega que, tal como refiere la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, “uno de los temas destacados fue la preocupación por la vulneración de derechos sobre todo los vinculados con la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia por el Covid 19 y la continuidad de una agenda común y federal de trabajo”. 

“Lamentablemente desde la fecha de reunión del citado Consejo hasta el día de hoy se han multiplicado por todo el país las denuncias de violencia institucional sobre personas que han sido víctimas allanamientos ilegales, torturas, desaparición forzada y gatillo fácil, todo lo cual resulta intolerable en un estado de derecho”, destaca Giacoppo. 

“Por todo ello el Gobierno federal y los estados provinciales deben actuar inmediatamente a través de la implementación en conjunto de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que permitan garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos en todo el territorio del país, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional y los Tratados internacionales sobre derechos que la integran”, continúo la legisladora. 

En este sentido, consideró “necesario e imprescindible” la reunión del Consejo Federal de Derecho Humanos, “porque luego de casi cuarenta años de democracia, no cabe duda que la reiteración de hechos de violencia institucional que son de público conocimiento nos interpela como sociedad, por lo que lo que debemos dar una respuesta clara y efectiva que signifique el fin del resabio de las prácticas de las dictaduras en las distintas fuerzas de seguridad nacionales y/o provinciales”, concluye Giacoppo.   

Duro comunicado del radicalismo sobre el crecimiento de la violencia institucional

A través de una nota suscripta por el presidente del Comité Nacional y los de ambos bloques del Congreso, la UCR enumeró una serie de casos y exige al Gobierno nacional frenar esta ola.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y los bloques de diputados y senadores nacionales de la Unión Cívica Radical alertaron sobre el aumento de la violencia en manos de las fuerzas de seguridad. Lo hicieron a través de un documento en el que reclamaron al Gobierno nacional “actuar de forma urgente para frenar esta ola de violencia institucional que arrebata la vida de nuestros compatriotas”, y advirtieron que “la pandemia de ninguna manera justifica el accionar desmadrado de las fuerzas de seguridad”.

De acuerdo con un informe del Comité Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, solamente durante el mes de junio se produjo una muerte cada 40 horas por uso de la fuerza de policial. En total, fueron 18 muertes las relevadas, la mayoría correspondían a varones, jóvenes y pobres. Esos son datos que reseña el documento, donde agregan que “la cifra concuerda con la profundización de un despliegue de las fuerzas policiales durante la cuarentena en todo el país, caracterizada por conductas más violentas y arbitrarias”.

En ese marco, el radicalismo cuestionó que durante estos meses el Gobierno nacional no respondiera ningún pedido de informes requerido por el Congreso, ni tampoco pedidos de acceso a la información acerca de la violencia institucional.

El documento enumera una cantidad de “muertes injustificables”, a saber: Florencia Magalí Morales, Franco Maranguello, Mauro Coronel, Luis Armando Espinoza, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Walter Ceferino Nadal, Lucas Nahuel Verón y Raúl Dávila.

A esas trágicas muertes, producto de lo que definen como “brutalidad policial”, sumaron los 75 días que lleva desaparecido Facundo Astudillo Correa, visto por última vez cuando fue detenido por la Policía de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido recordaron que “la comunidad internacional ya ha mostrado preocupación por este hecho que nos angustia y alarma. Esta semana, Naciones Unidad exigió a las autoridades argentinas “exhaustividad e inmediatez” para saber qué pasó con Facundo”.

El documento, suscripto por el presidente del Comité Nacional de la UCR, diputado Alfredo Cornejo, y los titulares de los bloques de ambas cámaras, el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri, advierte que “la mera enumeración de casos pone de manifiesto la falta de controles institucionales y de medidas preventivas de las fuerzas de seguridad provinciales, así como también la ausencia de liderazgo y coordinación a nivel nacional para cuidar la vida de los argentinos, especialmente de los más vulnerables”.

Por otra parte, los radicales remarcan que “desde la gestión del nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires, se reincorporaron 300 policías, por decisión del ministro Sergio Berni, para realizar tareas en el marco de la pandemia. Los mismos formaban parte de los 13.000 agentes que fueron apartados de la Policía bonaerense por la gestión de Cambiemos, investigados por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros casos de alta gravedad institucional”.

Es así que la Unión Cívica Radical exige al Gobierno nacional “actuar de forma urgente para frenar esta ola de violencia institucional que arrebata la vida de nuestros compatriotas”, y concluyen señalando que “la pandemia de ninguna manera justifica el accionar desmadrado de las fuerzas de seguridad. La integridad física de las personas no puede peligrar por responsabilidad de quienes deberían velar por su seguridad”.

Ocaña impulsa la creación de una comisión especial para esclarecer hechos de violencia institucional

La legisladora nacional advirtió que, durante los últimos meses, “hemos sido testigos de graves hechos de violencia institucional perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña impulsa, a través de un proyecto de resolución, la creación de una “Comisión Especial para el Control y Esclarecimiento de los hechos de Violencia Institucional” producidos en el contexto de la pandemia por Covid 19, para esclarecer los actos violentos producidos contra los ciudadanos en los últimos meses. 

En ese sentido, la legisladora advirtió que “en Argentina la pandemia fue la limitación de los derechos individuales y en ese marco, miembros de las fuerzas de seguridad que había separado María Eugenia Vidal fueron reincorporados por Berni y Kicillof”, y agregó que “es muy importante saber qué pasó con Facundo Castro y que se esclarezcan casos como el de Lucas Verón, muerto durante una persecución policial en La Matanza”. 

Asimismo, Ocaña señaló en el proyecto de resolución que “durante los últimos meses, hemos sido testigos de graves hechos de violencia institucional perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos en la provincia de Buenos Aires, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la comunidad QOM en Chaco”. 

La comisión estaría conformada por seis diputados designados a propuesta de cada bloque en proporción a la representación política y por los presidentes de las Comisiones Permanentes de “Derechos Humanos y Garantías”, “Seguridad Interior”, y “Libertad de Expresión”. 

La Comisión tendría por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de los hechos ilegales producidos por las fuerzas de seguridad en todo el ámbito territorial de la República Argentina en el contexto de pandemia y de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)” dispuesto por Decreto 297/2020 y podrá requerir y recibir testimonios de personas, así como elementos probatorios, solicitar expedientes, denunciar judicialmente los hechos delictivos, evaluar el régimen normativo y las políticas públicas de cada jurisdicción para la prevención de dichos sucesos. 

“Estos hechos de violencia y discriminación racial fueron denunciados por organismos de derechos humanos a nivel provincial y nacional y desde el Congreso de la Nación no podemos permanecer callados, ya que las medidas sanitarias y de seguridad implementadas para combatir la pandemia, no pueden justificar que el Estado viole derechos humanos de la población”, sostuvo la dirigente de Confianza Pública. 

Finalmente, Ocaña sostuvo que “vemos con preocupación que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, estén más preocupados en garantizar la libertad de delincuentes por hechos de corrupción, que en defender a estos ciudadanos argentinos cuyos derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad física han sido violados”.