Los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa que prevé generar herramientas para “prevenir y erradicar” actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
Luego de que se viralizaran varias denuncias contra las fuerzas de seguridad, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad, mediante el cual prevén generar herramientas integrales para “prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, y/o de seguridad que estén bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad”.
El texto también busca otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional. Para ello establece que “los Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional deben garantizar la recepción y tramitación de denuncias administrativas de casos de violencia institucional las cuales deberán ser atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales y/o de seguridad. Las vías de denuncias serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión”.
“Una vez recibida la denuncia administrativa de un caso de violencia institucional, en el que se presuma que el hecho configure delito de instancia privada, la autoridad del área de recepción de denuncias debe asesorar a la víctima en todo lo atinente a la realización de la denuncia”, añade la iniciativa y remarca que “en caso de que se presuma que el hecho configure delito de instancia pública la autoridad de recepción debe radicar de oficio la denuncia judicial”.
Por otra parte se crearía el Registro de Violencia Institucional de la Ciudad, el cual tendrá como función registrar, clasificar y sistematizar los casos de violencia institucional. Asimismo sostiene que “si de la denuncia presentada surgieran pruebas que hicieran verosímil el hecho denunciado y estuviera identificado el o la presunto autor, juntamente con el inicio del sumario administrativo, la autoridad correspondiente a la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, atento a la gravedad del hecho denunciado, dispondrá la pertinencia del pase a disponibilidad o la separación preventiva del o los agentes acusados, independientemente del avance de la causa judicial, hasta tanto concluya el sumario administrativo”.
La iniciativa de ley también establece la obligatoriedad de la formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales; busca instalar principios sobre los cuales debe basarse el uso de armas de fuego son los de proporcionalidad, legalidad y gradualidad; entre otras cuestiones.
El proyecto lleva la firma de los diputados Lucía Cámpora, María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montengro, Claudio Morresi, Laura Velasco y Lorena Pokoik (FdT).
Ante los hechos registrados en la provincia de Tucumán, diputadas buscan que las fuerzas de seguridad realicen una capacitación obligatoria en DD.HH.
En virtud del incremento en los acontecimientos de violencia policial e institucional ocurridos en el país desde el inicio de la cuarentena, las diputadas Lidia Ascárate y Josefina Mendoza presentaron un proyecto de ley para establecer la capacitación obligatoria en temática de Derechos Humanos para todos los miembros de las fuerzas de Seguridad y de Defensa de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías, y para todas las fuerzas de seguridad de las unidades subnacionales que adhieren a la ley. El proyecto lleva también la firma del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, entre otros legisladores que acompañan la iniciativa.
El propósito de esta ley es potenciar la implementación de políticas de seguridad y de defensa efectivas en el marco del Estado de derecho y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y a su vez generar e implementar políticas de prevención de violencia institucional, y los procedimientos de resolución pacífica de conflictos.
El Programa Nacional de Formación Continua en Derechos Humanos, tal como lo indica su nombre, entiende que la capacitación en Derechos Humanos debe formar parte del proceso formativo continuo de las Fuerzas de Seguridad y de Defensa, y que tienen que estar enmarcadas dentro de un enfoque interdisciplinario e integral que genere espacios de aprendizaje y reflexión. Es decir, que las tareas y responsabilidades de las fuerzas de seguridad no deben estar limitadas a la prevención o persecución del delito, sino también a promover la tutela y garantía de todos los derechos humanos.
Lo ocurrido en Tucumán con Luis Espinoza y Ceferino Nadal, los ataques a comunidades indígenas en Chaco y el asesinato de Magalí Morales en San Luis, entre otros tantos hechos lamentables, pone en evidencia que, con mucha frecuencia, el accionar de las fuerzas de seguridad no se ajusta a los principios constitucionales y a los tratados de derechos humanos. En este sentido, las diputadas Ascárate y Mendoza aseguran que esta ley va a otorgar las herramientas necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades no incurran en violaciones a los derechos humanos, el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones ilegales y arbitrarias, y los actos de tortura.
Ante el evidente incremento en delitos basado en el rechazo, desprecio, u odio hacia personas en razón de su identidad de género, raza, u orientación sexual, es imprescindible generar mecanismos para la prevención de la discriminación y la violación de los derechos de personas históricamente vulneradas.
Acompañan con su firma el proyecto los diputados José Cano, Álvaro de Lamadrid, Claudia Najul, Gustavo Menna, Carla Carrizo, Lorena Matzen, Ximena García, Roxana Reyes, Diego Mestre, Jorge Vara, Gabriela Lena, Atilio Benedetii, Karina Banfi, Estela Regidor, Adriana Ruarte, Camila Crescimbeni.
