La iniciativa impulsada por el senador Matías Rodríguez tuvo dictamen favorable. Es para aquellos casos en que los victimarios sean los propios padres o ascendientes.
La Comisión de Legislación General del Senado avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que permite el cambio de nombre y apellido sin requerimiento judicial, en los casos de personas que hayan sido víctimas de delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes.
Impulsor de la iniciativa, el senador Matías Rodríguez (UC-FdT) explicó que “es una respuesta al proceso de solicitar el cambio de nombre y apellido, luego de haber sido víctimas de delitos contra su integridad sexual, que actualmente requiere volver a pasar por un proceso judicial, con los tiempos y dificultades que eso genera”.
“Con este proyecto de ley que obtuvo dictamen, el trámite se va a hacer ante el registro civil o Renaper, sin volver a pasar por un juzgado”, agregó sobre la iniciativa que tiene como fin evitar la probada revictimización que sufren las personas objeto de violencia contra la integridad sexual. También podrán solicitar la supresión de su nombre y apellido los hijos o hijas de las personas que hayan cometido delito de femicidio.
El legislador fueguino enfatizó que “se debe estar cerca y proteger la identidad de los ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Actualmente las personas que han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual por parte de algún progenitor o ascendiente, y no desean portar en su apellido vínculo con la persona que ejerció la violencia en su contra deben atravesar dos procesos judiciales, sumado a esto, los costos económicos y lo más importante que es el malestar que viven pasando por esto. Esta lucha la llevan adelante miles de familias que están solicitando el cambio de nombre y apellido en el DNI de sus hijos e hijas. Este proyecto implica hoy reconocer el derecho humano a la identidad”.
El proyecto obtuvo dictamen favorable y quedó listo para tratarse en el recinto. En sus argumentos, se señaló que la mayor cantidad de víctimas de violencia sexual atendidas por la Línea 137 de “atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual”, son niñas, niños y adolescentes, y que en su propio hogar el 57,4 por ciento sufrió violencia sexual, y más de la mitad de los delitos fue cometido por algún progenitor o ascendiente.
A través de ese proyecto, la diputada Campagnoli busca que el Congreso garantice a las víctimas de violencia sexual “un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.
La diputada nacional de la Coalición Cívica ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de ley para garantizar a las víctimas de violencia sexual “un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.
“Desde el Congreso de la Nación, no se puede pretender que las víctimas sigan esperando que los operadores jurídicos se capaciten con perspectiva de género para así finalmente ver protegidos sus derechos”, manifestó. Por tal motivo, consideró que este proyecto sobre “reglas de prueba para la investigación de delitos contra la integridad sexual” contribuirá a “garantizar a las víctimas de violencia sexual un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.
En línea con la normativa internacional de DDHH y especialmente las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, el proyecto plantea una modificación del artículo 16 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, “para incorporar como derecho una investigación, proceso y resoluciones libres de estereotipos y prejuicios de género”.
En segundo lugar, introduce reformas en el nuevo Código Procesal Penal Federal y en el actual Código Procesal Penal de la Nación, para prohibir que -en los procesos donde se investigan delitos contra la integridad sexual- se admita como prueba aquella referida al comportamiento sexual, anterior o posterior al hecho, de la víctima o de un testigo.
Por último, se introducen al nuevo Código Procesal Penal, reglas sobre la recolección y admisibilidad de la prueba referidas al consentimiento de la víctima.
“Las víctimas de este tipo de delitos suelen experimentar una revictimización al acercarse a la administración de justicia, y la violencia ya no es ejercida por el agresor sino por los agentes estatales y operadores jurídicos”, aseguró Campagnoli y agregó que “este es uno de los factores que repercuten en la baja cantidad de denuncias”.
En los fundamentos del proyecto, Campagnoli sostiene que “en este tipo de delitos, en las investigaciones, procesos y sentencias se observan prejuicios y estereotipos de género que repercuten en los derechos fundamentales de las víctimas”.
En ese sentido, afirmó que “la justicia en lugar de centrarse en los hechos concretos del caso, termina inmiscuyéndose en la vida privada de la víctima. Así, varias de las decisiones judiciales se basan en estos mitos preconcebidos y no en los hechos del caso”.
El proyecto está acompañado con la firma de los legisladores Gabriela Burgos, Graciela Camaño, Carla Carrizo, Josefina Mendoza, Maximiliano Ferraro, Héctor Flores, Mónica Frade, Alicia Terada, María Luján Rey, Adriana Caceres, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Alberto Asseff, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla.
