La izquierda repudió la “incitación a la violencia” hacia Nicolás del Caño por parte de un panelista de Fantino

A través de un comunicado que emitió el PTS remarcaron que hacen “a Sergio Figliuolo, como a Alejandro Fantino -responsable del canal- y al canal Neura, por eventuales consecuencias producto de esa incitación”.

Diputados del Frente de Izquierda repudiaron lo que consideran fue “incitación a la violencia” contra el diputado nacional Nicolás del Caño promovida por Sergio “Tronco” Figliuolo, panelista de Alejandro Fantino en Neura, el canal de YouTube del conductor.

Además, la dirección nacional del PTS emitió un comunicado en el que contaron que “Sergio ‘Tronco’ Figliuolo, panelista de Alejandro Fantino en Neura, el canal de YouTube del conductor, protagonizó un violento episodio que tuvo como foco a nuestro compañero y diputado del PTS y del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño”.

“El panelista, a cargo del programa, puso un tubo de PVC con el rostro del dirigente de nuestra organización y en el momento en que simulaban que daba un discurso, lo pateó violentamente. Esta actitud recibió un repudio generalizado en redes sociales”, detallaron.

Así, indicaron que “la agresión de Figliuolo constituye una clara incitación a la violencia. Un comunicador como el mencionado no puede desconocer la repercusión de dichos y acciones de personas que tienen una audiencia de miles de personas”, y señalaron que “deben hacerse responsables de sus dichos y eventuales consecuencias tanto él como Alejandro Fantino, responsable del canal, así como el canal mismo”.

“Responsabilizamos a Figliuolo, Fantino, al sitio Neura y a sus autoridades de cualquier consecuencia de un ataque semejante y procederemos a actuar en la Justicia y por los medios que corresponda ante una agresión de esta magnitud”, advirtieron.

Diputados dio media sanción al proyecto de violencia digital contra las mujeres, inspirado en la “Ley Olimpia”

La iniciativa, que obtuvo 191 votos afirmativos incorpora esta modalidad a la Ley de Protección Integral. Pasa al Senado.

Por 191 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485).

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

La iniciativa, que fue consensuada entre propuestas de las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (UCR), deberá tratarse ahora en el Senado.

Los expositores

El primer expositor fue el oficialista Pablo Carro (Córdoba) quien explicó que se viene a modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres sobre la base de la idea de incorporar una definición de lo que significa la violencia digital contra las mujeres.

“Tiene que ver con que la violencia digital o en entornos digitales o virtuales es igual o incluso peor que la que ocurre en el mundo analógico, es decir, el mundo virtual hoy es tan real como el analógico o el mundo real”, planteó.

El cordobés recordó que durante el debate de la Ley del Aborto “hubo muchísima violencia digital contra las mujeres”, y contó que AMNISTÍA Internacional realizó un estudio en el que reconoció que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.

Así, procedió a leer la definición de violencia digital que va a dejar “muy en claro por qué tan importante avanzar en este aspecto y remarcó que son “todas esas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece”.

“Este proyecto de ley no modifica el código penal”, aclaró, pero resaltó que “es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también, el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia, que haya una línea telefónica gratuita a través de cualquier soporte y, sobre todo, que pueda haber notificación electrónica”.

Al respecto, explicó: “La mayoría de las empresas son transnacionales en aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en Argentina, sino que son transnacionales, por lo tanto, es importante por lo que vienen luchando las mujeres y tiene que ver con la Ley Olimpia sobre una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia y, a partir de este hecho, se están impulsando este tipo de leyes en todo el mundo”.

1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.

“Todo el mundo sabe lo difícil que es establecer regulaciones al modo en que trabajan las grandes plataformas que son grandes empresas transnacionales y, sin embargo, quiero reconocer que las mujeres lo han hecho porque están permitiendo que la justicia argentina pueda notificar a estas plataformas para que contenidos de este tipo puedan ser removidos y conservados y utilizados para pruebas en favor de las mujeres. Es un proyecto trabajado con consenso, tenemos un acuerdo completo”, cerró y adelantó que introducirá modificaciones por “errores” que cometieron en la redacción previo al dictamen.

Autora de una de las iniciativas, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) destacó la importancia del tema para “todas las mujeres que estamos presentes, pero fundamentalmente para todas las mujeres, niñas y adolescentes del país que son víctimas de los distintos tipos de violencia en este paso, en este avance”.

“Esta es una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento de este tipo de violencia, de acosos, de hostigamiento que ocurren a partir de los espacios digitales, de redes sociales, del uso del internet”, señaló Tavela.

En esa línea, destacó la importancia a que “logremos un proyecto unificado entre los distintos interbloques” y reconoció a la diputada mandato cumplido Josefina Mendoza y a la diputada Alejandra Martínez quienes “fueron las que comenzaron con el debate hace años en esta Cámara y nos fueron muchas de las ideas que hoy se plasman en esta modificación”.

“Este proyecto busca definir que el espacio digital es un ambiente donde se puede generar violencia al igual que el espacio analógico y por supuesto que queremos garantizar el derecho de las usuarias, libre de violencias, libre de desigualdades”, manifestó la diputada radical y agregó: “La posibilidad de reconocer ese espacio nos lleva a la necesidad que esta norma tipifique lo que se va a denominar violencia digital que repercute en la generación de daños físicos, psicológicos, sociales y económicos”.

Además, planteó que “es importante la incorporación a los servicios de asistencia a la víctima, a los servicios de atención que ya existen de este tipo de violencia”. “La necesidad de promover la alfabetización en el uso de las redes sociales, en el uso adecuado y en las buenas prácticas de las TICS”.

“También llevando a que los niños, niñas y adolescentes comprendan lo que significa la violencia digital. No solo en las clases de ESI, sino en los diferentes espacios curriculares donde asisten, en los procesos educativos y en formación docente”, añadió y destacó la gratuidad de toda diligencia e instancia de las actuaciones judiciales, así como el resguardo de pruebas, el ordenamiento al presunto agresor del cese de las actuaciones y la prohibición de contacto.

Tavela contó: “Para muchas mujeres de nuestro país esto no es reconocido en los ámbitos de la justicia y de denuncia. Me ha tocado conversar con madres cuyas hijas se han quitado la vida, familias dañadas, muchas mujeres que han abandonado sus trabajos, sus pueblos, han tenido que cambiar su vida por el abuso, acoso y hostigamiento a partir de alguna publicación sin su consentimiento en una red social”.

“Entender que lo que hacemos en redes sociales forma parte de nuestra intimidad, forma parte de nuestros derechos de la información y de nuestra integridad y de nuestra capacidad y persona como seres humanos. Es importante para seguir avanzando en procesos de prevención y tipificación de violencia digital y las penas que deben contemplase para sancionar a quienes ejercen este tipo de violencia”, precisó la radical.

Y cerró: “Este proyecto incorpora la obligación por orden fundando a las empresas administradoras de plataformas de retirar este tipo de material de las mismas. El 70% de las mujeres que sufrió violencia digital ha cambiado su forma de interactuar en las redes, esto significa una restricción a la libertad de las personas. La violencia siempre es violencia, pero es más violencia cuando afecta a las personas más vulnerables”.

Por el contrario, el salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) dio los motivos por los que no acompañó la iniciativa y se abstuvo. El diputado planteó que “está entre los derechos humanos el derecho a una vida libre de violencia”, y remarcó que la violencia digital es un tema “relativamente nuevo” que “ha tenido un crecimiento exponencial, generando perjuicios y consecuencias negativas a quienes las sufren”. Así precisó que, entre las consecuencias, “tenemos hasta víctimas fatales, personas que afectadas por la violencia digital por el atropello y la vulneración de su actividad han tomado una decisión drástica”.

“Las víctimas de la violencia digital necesitan un marco normativo que las reconozcan, contenga, proteja de todo tipo de violencia y, en este momento, estamos tratando violencia digital”, planteó Zapata y cuestionó: “La Ley de Protección Integral contra al Violencia de Género es una ley que tiene sus años, que va produciendo resultados, pero no esta a la altura de las expectativas que se al momento de su sanción”.

“Se han creado observatorios de violencia contra las mujeres, pero la tasa de femicidio se ha incrementado. La voluntad del legislador no está teniendo una aplicación concreta a través de los órganos de aplicación y responsables que lleven a que las acciones desde el Gobierno lleven a cumplir la finalidad de la ley de proteger a las mujeres, evitar los femicidios”, cuestionó.

Y siguió: “Se ha creado el Ministerio de la Mujer con las cuestiones que están pasando en Chaco con Cecilia la vemos con total y absolutamente ausente. Lamentablemente todas las legislaciones de protección de las mujeres pueden tener la buena intención, apuntar a un marco de progreso, pero si el Poder Ejecutivo y los órganos de aplicación miran para otro lado, o son selectivos a la hora de atender los problemas de violencia de género, evidentemente algo está funcionando mal”.

“En materia de violencia digital podemos clasificar los distintos hechos como fake news, campañas de desprestigio, violaciones e intimidad, incitación al odio, mecanismos que a través de publicaciones en redes sociales buscan hacer un daño. Se tratan de conductas antisociales que generan perjuicios hacia las personas y vulneran muchos derechos y garantías, si no existe un marco jurídico adecuado, esa vulneración va a seguir ocurriendo”.

“Las mujeres particularmente están afectadas, pero no son las únicas afectadas de la violencia digital y de este tipo de campañas, es necesario que se tipifiquen como delitos. Con el procedimiento que se pretende en esta modificación a la Ley van a tener un mecanismo expedito para que cesen las publicaciones o buscar procedimientos más agiles, pero en la medida que no se tipifique como delito la persecución del responsable y el uso de los organismos estatales para buscar justicia y equidad, va a estar ausente”, sugirió Zapata.

Además, planteó que es necesario “estudiar cuando se consideran este tipo de proyectos porque el principio contenido en el artículo 16 de la Constitución Nacional es el principio de igualdad ante la ley. La igualdad es un derecho en sí mismo y habilita a los sujetos a oponerse a normas o actos discriminatorios. La existencia de la vulneración de la igualdad ante la ley es algo que restringe a la libertad de los individuos”, y cerró que la violencia digital “no solo abarca a las mujeres, sino también a los hombres, necesitamos que el marco normativo llegue a alcanzarlos para respetar el principio de igualdad ante la ley. Considero que este proyecto es violatorio al artículo 16”.

La vicejefa de bancada radical, Karina Banfi, expuso sus ideas respecto a la modificación sobre violencia digital en la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres en el recinto. “Tenemos dos vidas, una la real y otra la de internet. Ponemos en foco la alfabetización digital y debemos saber las alertas que tenemos que tener en cuenta”, señaló.

Así también, expresó: “Las distintas exposiciones que he escuchado las acompaño y con ello, conocimos el valor que tiene esta ley”. Además, mencionó el caso de la joven Olimpia, a quien sin su consentimiento le viralizaron n video privado: “Le arruinaron la vida”. Afirmó.

Sin embargo, Banfi manifestó que “hace años que trabajo sobre derechos digitales y celebró que hablemos estos temas en el Congreso porque el futuro es internet”, y agregó: “Los delitos de extorsión y acosos son los mismos, y la digitalización amplifica el alcance y perdemos el control”.

Y siguió: “Lo primero que debemos hacer es entender de que hablamos y
debemos poner el revés del porno-extorsión”. “Debemos ir por los tipos penales porque estos delitos no están penalizados en el Código Penal, está permitida. Conceptualicemos a donde debe ir la realidad virtual y vayamos a lo concreto”, cerró.

Por último, la diputada nacional Mónica Macha (FdT- Buenos Aires) consideró que “estamos en un momento importante con consenso entre ambas comisiones” y “avanzamos en una legislación necesaria para nuestro país por los delitos perpetuados a través de la digitalización”, añadió.

“Hay líneas de mercado sexual de fotos de mujeres sin su consentimiento y este tipo de violencia contamina la vida de las personas”, mencionó, y finalizó: “La llamamos ley Olimpia por la joven mexicana víctima de un video privado viralizado sin su consentimiento que cuando denunció le dijeron que no estaba penalizado y que se relaciona con la ley Belén, una chica que se suicidó por la violencia en las redes digitales”.

Antes de la votación, Carro y Banfi acordaron modificar el artículo 5 y agregar al inciso “o” del artículo 9 que “la información recaba por las denuncias debe ser recopiladas y sistematizada para elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres”. Del mismo modo, mencionaron dos errores gramaticales que fueron corregidos.

Cuáles son los puntos principales del proyecto

Mediante el proyecto se incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

“En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales”, agrega.

Además, se dispone que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.

Otra de las modificaciones establece que se tendrán que “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.

Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.

Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.

Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.

Advierten sobre altos porcentajes de violencia hacia trabajadores de la Salud

Para la diputada opositora e integrante del bloque de Juntos Alejandra Lordén hay que “frenar la violencia a los trabajadores de la salud”.

La diputada provincial Alejandra Lordén se expresó luego de ser publicada la encuesta de Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) donde indica altos porcentajes de violencia hacia los trabajadores de la salud.

“Es muy triste ver esa encuesta de colegas donde se cuenta nada más ni nada menos que la realidad. La violencia que sufren los trabajadores de la salud es impresionante, la OMS lo viene diciendo hace 20 años: una cuarta parte de la violencia laboral se da en la salud pública y privada.”, indicó Lordén.

“Hace tiempo presenté un proyecto de Ley para sancionar estas conductas en el Código de Faltas de la provincia. El mismo prevé ser duro con quienes agredan, cualquiera sea su forma. El recurso humano de salud es esencial y hay que protegerlo, por eso insto a mis colegas a que me acompañen en esta lucha por mis colegas y todo el personal de salud de esta provincia”, expresó la diputada saladillense.

“El sistema de salud atraviesa una crisis multidimensional. Sueldos bajos, infraestructura deplorable, recurso humano agotado, estresado y violentado. Ante eso me da bronca ver que el gobierno de Axel Kicillof y de Alberto Fernández siga vendiendo espejitos de colores, o que Javier Milei quiera arancelar el sistema, solamente hay que tener un plan de salud y llevarlo adelante. El populismo hay que dejarlo atrás”, aseveró Lordén.

Baldassi: “Vamos a insistir para que Lammens asista a la Comisión y de detalles de las políticas públicas vinculadas al deporte”

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes analizó la situación actual del fútbol argentino y sostuvo que “la violencia debe abordarse de manera integral” remarcando que “las leyes están vigentes, es cuestión de que la apliquen los fiscales y jueces ante los casos concretos”.

Por Déborah Nohely González

A tan solo cuatro meses para que se inicie el Mundial de Qatar 2022 la mirada está puesta en el seleccionado argentino. Sin embargo, desde el arco político el foco está puesto en otra cuestión: los barrabravas, motivo por el cual exigen a las carteras pertinentes, tanto de Seguridad como de Deportes, que expliquen cuáles son las políticas que van a implementar para evitar que viajen.

Por otro lado, en plano local la violencia en el fútbol se profundiza, tanto afuera de la cancha como adentro de la misma. Hechos recientes lo demuestran, como fue el enfrentamiento entre barras del clásico del ascenso entre Luján y Alem que le costó la vida a un hincha que nada tenía que ver.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi (Pro – Córdoba), quien cuestionó que “en reiteradas oportunidades” invitaron al titular de la cartera homónima, Matías Lammens, pero “nunca asistió”. En ese sentido, afirmó que “vamos a insistir desde la comisión para que el ministro asista para explicar detalles de las políticas públicas vinculadas al deporte en general”.

Por otro lado, el exárbitro mundialista consideró que desde el Ministerio de Seguridad es de donde “deben dar mayores precisiones sobre las medidas para que no viajen las barras bravas” al mundial. En suma, aseguró que “la violencia en el fútbol debe abordarse de manera integral. En lo preventivo, en lo cultural y en lo sancionatorio”.

-De cara al mundial de Qatar y como presidente de la Comisión de Deporte ¿tienen previsto invitar al ministro de la cartera para que brinde detalles respecto a las medidas que implementarán para que no viajen barras bravas?

-Nosotros hemos invitado al ministro Matías Lammens a la comisión de deportes en reiteradas oportunidades, durante el 2020 en la etapa más dura de la cuarentena, cuando los deportistas no podían entrenar y los clubes estaban cerrados, pero no fue. Sin embargo, vamos a insistir desde la comisión para que el ministro asista para explicar detalles de las políticas públicas vinculadas al deporte en general. En cuanto a Qatar, desde luego que es importante las respuestas que pueda dar el ministro Lammens, pero me parece que si de controlar las medidas para que no viajen los barrabravas se trata, creo que desde el ministerio de seguridad es desde donde deberían dar mayores precisiones.

-Como presidente de la Comisión y ante los reiterados hechos de violencia en el fútbol argentino tal es el caso del enfrentamiento entre Luján y Alem que le costó la vida a un hincha, ¿están trabajando en algún proyecto vinculado a ese tema? ¿en qué otras iniciativas están avanzando?

-La violencia en el fútbol debe abordarse de manera integral. En lo preventivo, en lo cultural y en lo sancionatorio. Las leyes están vigentes, es cuestión de que la apliquen los fiscales y jueces ante los casos concretos, y es una política tanto de los clubes como de los gobiernos, sea cual fuera el signo político, trabajar en cambios culturales que permitan cuidar el fútbol.

-Como exárbitro argentino, ¿qué opina de los arbitrajes actuales y de la aplicación del VAR?

-Como exárbitro del fútbol argentino creo que el VAR es una herramienta muy importante para el arbitraje, y hay que utilizarla de manera comprometida con la justicia y que haga más transparente al fútbol. A veces las decisiones que se toman no son las correctas, por eso creo que lo importante es trabajar en el ordenamiento, en el manejo y el protocolo de la herramienta VAR. Los arbitrajes actuales buscan lograr un crecimiento al que se llega con esfuerzo, compromiso, criterio y coraje para darle suficiente credibilidad a la profesión, la que no se logra de un día para otro sino a través de la sumatoria de los partidos. Por eso hoy lo que está pasando en el arbitraje argentino es que no todos tienen esa credibilidad, a excepción de algunos por supuesto, y entonces sus decisiones se transforman en sospecha o en la valoración de que algunos no pueden estar dirigiendo esos partidos.

El bloque del Frente de Todos repudió los hechos de violencia hacia el despacho de Cristina

El espacio oficialista, tanto de diputados como de senadores, expresó su rechazo a los hechos vandálicos y de violencia hacia el Congreso de la Nación, puntualmente el despacho de la vicepresidenta, mientras se debatía el proyecto de acuerdo con el FMI.

Mientras puertas adentro del Congreso se debatía en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de refinanciamiento de la deuda con el FMI -que obtuvo la media sanción – en las calles se generaron graves incidentes, ya que manifestantes que protestaban en contra del arreglo atacaron con piedras y bombas molotov el Palacio, lo cual dejó varios policías heridos, pero también la rotura de los vidrios del despacho de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, lo cual fue repudiado desde su bloque tanto de diputados como de senadores.

“Diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos expresamos el más absoluto repudio y rechazo a los hechos de violencia que tuvieron como víctima a la querida compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, escribieron desde la cuenta oficial.

Y señalaron que “estos hechos no pueden permitirse en la democracia argentina, repudiamos cualquier tipo de violencia política y más contra alguien que tiene tal jerarquía en el esquema político institucional de nuestro país”.

“Nuestra solidaridad con Cristina y reclamo de esclarecimiento y búsqueda de responsables materiales e intelectuales”, exigieron.

En el mismo sentido se pronunció el bloque de senadores que emitieron un comunicado en donde manifestaron su “su más enérgico repudio al ataque contra el Honorable Congreso de la Nación y, en particular, hacia el despacho de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado ayer por un grupo de personas violentas, en el contexto de una manifestación política que se desarrollaba en la Plaza de los dos Congresos”.

“Los agresores actuaron con evidente desprecio por las instituciones democráticas, arrojando piedras, bombas molotov y otro tipo de objetos, que ocasionaron la rotura de vidrios de las ventanas y dependencias del Palacio del Congreso de la Nación”, describieron en el texto y agregaron: “Las diferencias políticas nunca pueden ser resueltas por medio de la violencia. El sistema democrático brinda las herramientas para que toda persona pueda expresarse libremente y resolver las controversias en forma pacífica”.

Por consiguiente, consideraron que “hechos de violencia como los de ayer no pueden ni deben ser tolerados en democracia. Resulta imperioso identificar y sancionar penalmente a los responsables. En el mismo sentido, expresamos nuestro rechazo a toda forma de violencia e intolerancia. Reafirmamos nuestro compromiso en el respeto a los derechos de todas las personas a manifestarse de forma pública y pacífica, plenamente garantizados en la República Argentina”.

“Por último, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la presidenta del Honorable Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el personal legislativo y con los integrantes de las fuerzas de seguridad que resultaron heridos durante los hechos aquí mencionados”, concluyeron en el comunicado.

Comunicado-Bloque-FdT-Ataque-al-Congreso-1

También expresaron su solidaridad algunos diputados de la bancada, como Eduardo Valdés quien posteó: “Mi solidaridad total con Cristina ante la violencia y la intolerancia. Responderemos, como siempre, con más amor, trabajo y convicciones. Frentetodismo las 24 horas”.

En el mismo sentido se pronunció Victoria Tolosa Paz quien escribió: “Repudio los hechos de violencia del día de ayer contra la democracia y las instituciones. Como siempre repudiamos la violencia”.

“Quienes integramos la Corriente Nacional de la Militancia queremos expresar a través de este comunicado, el más absoluto repudio al violento ataque sucedido ayer contra las oficinas de Cristina Kirchner”, expresó Mara Brawer quien adjunto un comunicado emitido por la Corriente Nacional de la Militancia.

Espert sobre la violación grupal en Palermo: “La violencia contra las mujeres no cede”

El diputado liberal apuntó contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, por sus dichos sobre la violación en manada a una joven de 20 años en Palermo.

Luego de que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expresara sobre los responsables de la violación grupal a una joven de 20 años en Palermo que “no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) repudió sus dichos en redes sociales y propuso que “hay que cerrar los Ministerios y dejar de estafar a las mujeres con falsas promesas”.

“Son monstruos de una sociedad caníbal en la que Argentina se ha convertido. No puedo creer que alguien razone como Gómez Alcorta”, cuestionó el legislador liberal en su cuenta de Twitter y reiteró: “Propongo bala directamente para esos animales violadores hijos de… Pero también como diputado y servidor del pueblo, estoy harto que les mientan a las mujeres y les roben la plata a los contribuyentes con burocracia sin sentido. La violencia contra las mujeres no cede”.

A su vez, apuntó: “Hay Ministerio de la Mujer en Nación, en PBA, etc. y los femicidios no bajan. Solo son antros para acomodar a parientes y amigotes. De proteger a las víctimas nada”, y consideró: “Hay que cerrarlos a todos y dejar de estafar a las mujeres con falsas promesas y a los contribuyentes robados”.

Violencia en La Rioja: la oposición reiteró el pedido de intervención al Gobierno nacional

Tras la agresión a las mujeres en el Cepar Norte y la viralización de las imágenes, desde la oposición repudiaron los hechos y volvieron a pedir a las autoridades nacionales que intervengan en el conflicto provincial.

La provincia de La Rioja no tiene paz, ya que se encuentra dividida entre quienes apoyan al gobernador peronista Ricardo Quintela y los que respaldan a la intendenta radical Inés Brizuela y Doria, donde el diálogo se ausenta y la violencia toma protagonismo una vez más, debido a que una militante de la UCR y funcionaria municipal Silvia Salzwedel fue golpeada en la cara en medio de los disturbios. Como consecuencia, dirigentes de la oposición repudiaron los hechos y reiteraron la intervención del Gobierno nacional.

“Es obligación del presidente Alberto Fernández y del ministro del Interior Wado De Pedro intervenir para que el Gobierno de Ricardo Quintela cese inmediatamente con la violencia política hacia la intendenta Inés Brizuela y Doria. Hoy una funcionaria de la Municipalidad fue salvajemente agredida”, criticó el titular de la UCR y diputado nacional Mario Negri (Córdoba).

En suma, la legisladora cordobesa Soledad Carrizo (UCR) criticó: “¿Hasta cuándo va a mirar para otro lado Wado De Pedro? Ya es un escándalo nacional. El gobierno provincial patota de La Rioja lleva mil abusos y mujeres golpeadas. Un Ministerio de la Mujer sorprendentemente ausente”.

También se manifestó en contra el diputado formoseño Mario Arce (UCR) y comparó: “El conflicto en La Rioja, más allá de los contextos, me recuerdan a Formosa capital (1999-2003). En ese momento el gobierno de Formosa operaba para desestabilizar a un intendente radical. Pasaron 20 años, está claro que los métodos antidemocráticos y las formas no cambiaron”.

“El desfinanciamiento y el agravamiento de la violencia en La Rioja reflejan el descarado plan del gobierno provincial de desestabilizar a la Intendenta elegida democráticamente Inés Brizuela y Doria. El silencio del gobierno nacional a esta altura es complicidad”, repudió el senador formoseño Luis Naidenoff (UCR).

El legislador fueguino Pablo Daniel Blanco también se expresó y tuiteó: “El gobierno nacional debe poner en vereda al gobernador Ricardo Quintela de una buena vez. La Municipalidad de La Rioja viene siendo asediada por violentos que le responden. No soporta que JxC haya ganado las elecciones y que la intendenta Inés Brizuela y Doria jerarquice a los empleados”.

La pobreza y la desigualdad como el primer problema de los niños y adolescentes en Argentina

Es uno de los cinco principios a resolver según un informe que UNICEF presentó en la Bicameral del Defensor de los Niños. Los demás son: la disminución de la lactancia, la falta de oportunidades en adolescentes, la exposición a entornos violentos y la falta de compromiso de sectores privados.

Durante la reunión presencial que se llevó a cabo este viernes de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz), se presentó un Plan de Cooperación Argentina 2021-2025 con representantes de UNICEF y un balance del Plan de Trabajo llevado a cabo en el año. Allí enumeraron cinco problemas principales que atraviesan a los niñas, niños y adolescentes del país y que significa un desafío a resolver.

La palabra de los invitados:

La primera oradora fue Luisa Brumana representante de la entidad quien destacó el “trabajo realizado en conjunto”, y agregó: “Estuvimos trabajando con la Defensoría en ámbito de diagnóstico, indicadores de protección integral y el fortalecimiento territorial, pero el diálogo es muy importante. Esperamos tener espacios de ideas y de colaboración a futuro con el Estado en los tres niveles”.

“La pandemia ha profundizado los problemas y requieren soluciones inmediatas como salud mental, las diversiones y la integridad, la cuestión económica también fue agravada por la pandemia, estamos apoyando programas para la inserción de jóvenes al mundo laboral”, concluyó.

Luisa Brumana (Foto: Honorable Senado de la Nación)

Por consiguiente, Olga Isaza representante adjunta procedió a explicar: “Hicimos un análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina con varias fuentes de información para entender las principales problemáticas actuales. Seleccionamos cinco problemas que consideramos los más importantes y desafiantes. También en consecuencia cuáles son los aportes que podemos a hacer al Estado desde UNICEF”.

“El primer desafío tiene que ver con la pobreza que esta afectando a los infantes. A finales del semestre de este año 6 de cada 10 niños en Argentina vivía en situación de pobreza, lo cual no se distribuye de forma igual en todo el territorio, de acuerdo a la composición de los hogares, de las provincias, es necesario focalizar la atención para traer estas familias y niños que se están quedando atrás”, comenzó.

Y continuó: “Nos preocupa mucho los niños que están en extrema pobreza. Por supuesto consideramos que Argentina en la región tiene un sistema de protección social robustos, pero aún tiene desafíos que no logra una cobertura universal porque tiene una fragmentación en la bonificación que no cubre las necesidades para la superación de la pobreza en las familias. Fundamentalmente hay una falta de información sobre otras poblaciones como las indígenas, los discapacitados”, y remarcó que “pobreza y desigualdad territorial es el primer problema”.

En segundo lugar, Isaza detalló que se encuentra “la falta de oportunidades de desarrollo para niños y niñas entre 0 y 6 años. Los indicadores muestran una disminución de la lactancia materna de forma drástica, bajó del 54% al 43% y eso se correlaciona con un dato que es la obesidad del grupo de 0 a 6 años es el 13,6%. Argentina tiene el mayor porcentaje de niños con obesidad, es la generación que viene y la carga de enfermedad y costos que van a generarle al país son importantes, hay que erradicar ese problema”.

La tercera prioridad tiene que ver con “las oportunidades equitativas para los y las adolescentes porque solo 1 de cada 2 terminan a tiempo su escolaridad, nos preocupa que los resultados de aprendizajes no son los deseables solo el 28% tiene los logros satisfactorios avanzados en matemáticas y lengua. Nos preocupa la cantidad de mujeres adolescentes embarazadas, vimos una leve tendencia decreciente en la tasa de fecundidad porque la mayoría son producto del abuso sexual, pero aún un desafío de atención en salud. No hay que perder la coordinación intersectorial con ciertos mecanismos”.

“También nos preocupan los escenarios de participación y de construcción de ciudadanía de los adolescentes quienes quieren tener mayor incidencia en la toma de decisiones del país”, indicó la representante de UNICEF.

Olga Isaza (Foto: Honorable Senado de la Nación)

El cuarto problema tiene que ver con la “exposición a los entornos violentos donde transcurre la vida cotidiana de los niños el hogar, el colegio, redes sociales, las calles, etc. El 60% de las familias declaran usar la violencia como método de crianza y eso quiere decir que esta legitimada y eso crece para convertirse en feminicidio, abuso sexual y formas agudas intolerables de violencia”.

“La principal causa por la que niños y niñas que no tiene familias y están en instituciones de menores es porque fueron expulsados por violencia. Hay una gran cantidad de adolescentes que tiene problemas con la ley y hay que hacer un seguimiento y controles en eso”, reveló Isaza y añadió: “La sociedad debe comprometerse aún más, medios de comunicación, academias, deben mantener el tema en agenda. Hay muchos estereotipos y efectos negativos del sector privado que contribuyen”.

Por último, concluyó: “Hicimos un análisis sobre las causas de ello e identificamos 5: la inversión pública que se hace en materia de niñez, pero es insuficiente; todavía persisten fallas en el diseño y eficiencia en políticas y programas de protección integran dirigidos a los niños; políticas afirmativas para ciertos grupos de la población que han quedado atrás; los servicios sociales dirigidos en todos los sectores tiene desafíos de cobertura y calidad y es importante mantener la generación de evidencia e información viable”.

En síntesis, describió que las prioridades son: “Apoyar al país en la disminución de la pobreza, avanzar en políticas integrales de primera infancia, el acceso y finalización en sistema educativo en adolescentes y la mejora de adquisición de habilidades y conocimientos que los ayude a conseguir un empleo al finalizar su ciclo educativo. Luego ayudar los servicios de salud e impulsar la participación de los jóvenes. En los entornos libres de violencia identificamos cómo ayudar al país a mejorar los programas de prevención, mejorar el sistema de proyección y de acceso a la justica que aún tiene una gran fragmentación y especializar a los operadores en niñez. Por último, mejorar la información pública para los niños, ampliar el compromiso del sector privado y promover acciones colectivas”.

Foto: Honorable Senado de la Nación

En suma, Sebastián Waisgrais especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF agregó de forma breve que “por segundo año el Estado publicó un informa trasversal vinculando a la niñez y adolescencia del presupuesto anual. A partir de esto hicimos un análisis del presupuesto 2022 y del proceso inflacionario. Primera cuestión se podría decir que los servicios sociales tienen un incremento importante. Segundo si nos centramos en el presupuesto 2022 que se destina a la niñez y adolescencia prioriza independientemente de otro indicador inflacionario”.

Sin embargo, precisó que “cuando se desagrega el presupuesto hay áreas de avances donde en alguna medida se prioriza y en otras hay desafíos. En relación a los avances la política nutricional a través e la tarjeta alimentar, en el marco de ANSES tiene un 15% en términos reales, al mismo tiempo que la protección de ingreso aumenta un 4% a través de la asignación universal por hijo. En educación en términos de infraestructura, equipamiento educativo, de conectividad, es algo fuertemente priorizado en el presupuesto 2022”.

“Los modos alimentarios tiene una caída importante y es algo a conversar, el presupuesto de la UAH no tiene aumento significativo, no toma en cuenta el último decreto de expansión, las políticas socio educativas que apunta a la reinserción muestran necesidades de discutir mayor financiamiento”, advirtió.

Gabriel Lerner, secretario nacional de niñez, adolescencia y familia opinó que “hay que seguir planteando el problema de la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes. al margen de la desigualdad, hay que analizarlo”, y en relación al presupuesto que precisó el “crédito vigente al año 2022 es de 1.844 millones de pesos, hubo una evolución. Pasamos de una inversión anual del 2019 de 76 millones a 350 millones este año”.

“Hay una creciente competencia en los municipios, hay buena parte de las responsabilidades del acceso de los derechos de los chicos y las chicas. Poner el foco en el municipio sin perder de vista las competencias provinciales es importante”, finalizó.

En su momento, Marisa Graham defensora nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes contó que “en 2019 había una pobreza del 59%, en 2020 terminamos con una pobreza del 58% y en 2021 con el 54% y esto fue gracias a la tarjeta alimentar en pobreza alcanza lo suficiente hasta los 14 años”.

“Es importante destacar el presupuesto transversal que se hace en niñez”, indicó y añadió: “El tema del sobrepeso y la obesidad es un tema que tiene que ver con hábitos alimentarios y afecta a todas las clases sociales. El 70% de los niños llegan a la escuela sin desayunar y es algo que la Ley de Etiqueta frontal puso sobre la mesa. Es un problema de salud pública”.

Sobre la violencia como método de crianza Graham subrayó: “Necesitamos mayores políticas de prevención de la violencia, es una preocupación y es transversal a todas las clases sociales”. Por último, sobre el retorno a la escolaridad de los niños que se alejaron en pandemia aseguró que “es un problema y que las escuelas dejaron afuera a muchos chicos”.

La palabra de las legisladoras

“Acá las grietas están saldadas, trabajamos para garantizar los derechos de los niños más allá de los espacios políticos y creemos en la construcción permanente continua”, resaltó la presidenta de la comisión Vessvessian antes de darle la palabra a sus colegas.

A su vez, la diputada Carmen Polledo (Pro – CABA) expresó: “Hay problemas de salud mental, de malnutrición, de distancia de la relación entre niños y familias y con la sociedad producto de la pandemia”.

En tanto, la radical Carla Carrizo (CABA) manifestó que la “implementación de un sistema de monitoreo es importante. Tenemos que tener un mapa en qué lugares podemos trabajar mejor, hay que tener criterios y es la agenda pendiente. Acompañamos cada prioridad y vamos a trabajar en encontrar esas políticas publicas para ayudar”, y adelantó que “propusimos una reforma en la Ley de salud mental porque no menciona a los niños y no habla de salud emocional, están invisibilizados”. “Si hay pobreza es de las malas gestiones durante la democracia”, criticó.

Claudia Bernazza (Frente de Todos – Buenos Aires) destacó la actividad del año y cuestionó: “Siempre aparece la pobreza sin que se mencionen las causas estructurales de un orden social muy injusto en un continente inequitativo por poderes fácticos que traen numerosos problemas y hay que pensar un mapa de las riquezas y de la concentración”.

“Los entornos violentos, la obesidad, la falta de lactancia materna, tiene que ver con el comportamiento de empresas y laboratorios, con los medios de comunicación, no solo con los Estados”, aseguró Bernazza. “Hay que encarar el tema del buen trato y respecto a las instituciones no se distinguen las de viejo cuño respecto de las crianzas comunitarias en organizaciones populares porque aparecen todas como iguales”, remarcó la legisladora del FdT.

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La senadora fueguina Eugenia Duré (FdT) solicitó un poco más de “información para proponer, trabajar y articular porque desde esta Bicameral propusimos trabajar con la territorialidad”. “Luego de una pandemia es fundamental hacer hincapié en políticas publicas que se han reactivado, no podemos no hablar de la violencia de género”, sumó.

A su vez, la diputada Jimena López (FdT -Buenos Aires) manifestó que hay un aspecto que no esta incluido: “Los derechos se vulneran se caracterizan por la pobreza estructural y los operadores responden a funciones que tiene que ver más con el patronato que con la posibilidad de promocionar derechos”. “En 2019, 5 de cada 10 niños sufría pobreza, no creo que haya habido un ascenso exponencial con todo lo que pasamos con la pandemia”, consideró.

Rosario: la oposición lanzó fuertes críticas a Omar Perotti

Se da en el contexto de violencia que transcurre en la ciudad santafecina, por lo que la legisladora Lionella Cattalini le sugirió que “debe replantearse su rol”, tras solicitarle que se convoque a una junta para analizar la situación.

Tras la ola de violencia golpea la ciudad rosarina y los crímenes aumentan día a día, la diputada provincial Lionella Cattalini (Frente Progresista) apuntó contra el gobernador de Santa Fe porque “en vez de llamar a un acuerdo político, decide atacar a la oposición y continuar la campaña electoral”, por el contrario, aseguró que “la política en este momento tiene que estar todo del mismo lado luchando”.

En diálogo por la AM830, Cattalini expresó: “Le estamos pidiendo al gobernador un gesto político, pero en realidad que se llegue a un acuerdo”, y destacó la actitud del intendente luego de los 6 homicidios ocurridos en menos de 20 horas porque “convocó al arco político a gestionar y planificar un acuerdo”.

“La política en este momento tiene que estar todo del mismo lado luchando contra el delito y contra la base organizada”, resaltó la diputada santafecina y apuntó contra Perotti: “Lamentablemente vemos a contrapartida de eso que el gobernador hizo una conferencia de prensa generando nuevamente un embate contra la oposición, cuando debería convocar a las fuerzas de la provincia a pensar soluciones en conjunto y a comprometernos. Los santafecinos la pasamos mal y la gente ve que nadie se pone esta situación al hombre que pueda llevares tranquilidad”.

Ante los dichos de Omar Perotti respecto de que “durante mucho tiempo se escondía la mugre debajo de la alfombra, pero eso ya no ocurre más. Hay un quiebre de complicidad entre la política y la policía”, la legisladora del Frente Progresista enfatizó: “Me parece lamentable la respuesta del gobernador ante un momento de tanto dolor, no solo tuvimos 6 homicidios, sino que tuvimos una gran balacera a casa de familia, a concesionarios, una cantidad de hechos de violencia”

“El gobernador en vez de llamar a un acuerdo político, decide atacar a la oposición y continuar la campaña electoral. Es una actitud irresponsable e injusta”, cuestionó Cattalini y sostuvo que “si tiene pruebas debería denunciar, pero no vimos nada. Asimismo, se preguntó: “¿Algún rosarino conoce a algún funcionario que se hace presente en los lugares de violencia?”, y respondió que “el gobernador que viene a prometer paz y orden porque solo encontró en campaña un slogan que de alguna manera generó expectativas, no tiene plan, no tiene funcionarios que se hagan cargo y aún así continua su campaña en medio de un desastre en materia de seguridad”, ante lo que le sugirió que “debería replantearse su rol en este momento”.

Por último, la diputada santafecina manifestó estar “dispuestos a todos los debates”, aunque señaló que “esto no se resuelve con leyes, si bien son necesarios, si no hay un plan ni convocatoria ni coordinación ni ejecución de presupuestos no se resuelve”.

“Esta cámara le dio a Perotti un presupuesto para ejecute en materia de seguridad, pero ejecutó solo el 39 por ciento. También el presidente Fernández vino hace un año y le dio 3 mil millones de pesos que aún no sabemos qué pasó con ese dinero. Que Perotti cumpla con las leyes de seguridad. Queremos aportar, pero el gobernador debe hacerse cargo”, acusó y concluyó Cattalini.