El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la propuesta del oficialismo de gravar propiedades no alquiladas para que los propietarios de inmuebles a pongan sus bienes en el mercado, y dijo que es “una idea ridícula, que no sirve para nada”. 

Acto seguido, el titular del partido UNIR expresó: “No va a funcionar en lo absoluto y sólo generará más malestar en un importante sector de la sociedad. Vengo sosteniendo desde que se empezó a hablar de esta idea, ante la imposibilidad de lograr un desalojo barato y rápido, en caso de ser necesario, cualquier pago que haya que desembolsar resultará menos oneroso que la contingencia de tener una vivienda ocupada -con el lógico desgaste que genera- por un inquilino que no puede pagar y a la vez no puede ser desalojado”. 

“Por otra parte -continuó diciendo el diputado nacional- poner en alquiler un inmueble no significa obligatoriamente hacerlo para el residente argentino que cobra en pesos devaluados y debe sobrevivir a la inflación endémica de nuestro país. Puede resultar perfectamente -como pasa en ciudades turísticas- que la oferta vire al extranjero que paga en moneda fuerte y tiene alta rotación, tal como el modelo de Airbnb que está resurgiendo en el mundo ahora que la pandemia de COVID ha sido superada”. 

“La idea de querer regular la oferta por medio de la coerción y el castigo impositivo es no entender el mercado inmobiliario, sus necesidades y el funcionamiento de una economía capitalista de mercado. La mentalidad de barón feudal con la que nos esquilman con impuestos cada vez más gravosos a los ciudadanos demuestra que nos consideran más bien ‘súbditos’, que sujetos libres con derecho a comerciar. Mientras tanto el Gobierno seguirá perdiendo guerras contra la inflación, el desempleo, la pobreza, el hambre, la desinversión y la falta de crecimiento económico. Todas estas las causas del sufrimiento del pueblo que dicen amar y defender”, concluyó Asseff. 

Tal y como lo adelantó hace algunas semanas parlamentario.com, el Frente de Todos (FdT) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley busca promover el arrendamiento de inmuebles con destino familiar y permanente que no se ofrecen para la venta, para lo que propone la creación de un impuesto especial para esas viviendas ociosas.

De esta manera, la iniciativa pide crear un régimen de contribución especial, gravando a los inmuebles que encontrándose aptos para ser utilizados como vivienda familiar, permanezcan deshabitados por el plazo de seis meses consecutivos. Sin embargo, estarán exentos del pago del inmueble los propietarios que, tratándose de su única propiedad, se encuentre ocupándola temporalmente por razones académicas, laborales o de salud.

Es así que esas viviendas deberán “abonar un impuesto calculado en relación al evaluó fiscal del inmueble (base imponible). Dicho impuesto será del 20% de la base imponible y se irá incrementando a razón de un 5% por cada año adicional en que el inmueble se encuentre bajo la condición de deshabitado”, sostiene la medida.

Al mismo tiempo que establece que los fondos provenientes por el cobro del gravamen a la vivienda ociosa serán destinados y girados al Insituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), para que financien, exclusivamente, la construcción de viviendas sociales.

También propone que en coordinación con el Banco Ciudad de Buenos Aires, se establezca una línea de créditos blandos destinados a financiar la realización de obras de remodelación y refacción de inmuebles deshabitados, cuyo fin será para el arrendamiento con destino familiar y permanente. Las mismas estarán sujetas a que los propietarios puedan demostrar que no tiene más de una vivienda en desuso.

En los fundamentos del proyecto -que lleva la firma de Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Lorena Pokoik y Leandro Santoro (FdT)-, el bloque explicó que el mismo “tiene por objetivo abonar a la protección de un derecho fundamental, humano, básico y esencial reconocido constitucionalmente como es el acceso a la vivienda digna” y advirtieron que “la trascendencia de la medida que se propicia está dada por garantizar, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar”.

“Los alquileres representan para los inquilinos un importante porcentaje en relación a los ingresos del hogar, lo cual se ve agravado por la caída del poder adquisitivo de los hogares durante los últimos años”, aseguraron y recordaron que según el informe sobre la situación habitacional de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires de noviembre del 2018, cerca del 74% de los hogares inquilinos tienen un ingreso menor a los tres salarios mínimos vitales y móvil (SMVM) y el 47% menor a dos SMVM, sumando todos los ingresos de los miembros del grupo familiar.

Por lo que detallaron que “esto implica que los primeros destinen un 36% del ingreso del grupo familiar al pago de alquileres y en el caso de los segundos la cifra sube al 53% . Con lo cual, casi la mitad de los hogares inquilinos destinan más de la mitad del ingreso familiar al pago de alquileres”.

Por lo que detallaron que “nuestra pasó de ser, apenas hace 15 años, una ciudad donde más del 60% de los vecinos era propietario a una ciudad donde la mayoría son inquilinos” y sentenciaron que “a sabiendas de ello, creemos que es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas”.

Tras haber pedido en reiteradas oportunidades que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) se encuentra elaborando un proyecto de ley en conjunto con la asociación “Inquilinos agrupados”, a través del cual buscarán establecer una serie de “tributos especiales” para las viviendas ociosas.

Es que de acuerdo a un relevamiento que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) dio a conocer en agosto del año pasado, en el distrito capitalino hay 138.328 viviendas ociosas, lo que equivale al 9,2% de los inmuebles porteños. Siendo las comunas  1, 2, 13 y 14 las que presentan un mayor índice de viviendas desocupadas.

En ese sentido, una fuente cercana al bloque que agrupa al peronismo le explicó a parlamentario.com que aún están “evaluando un proyecto de vivienda ociosa y de inquilinos, en el que cobremos tributos especiales para desalentar que las viviendas estén vacías. De acuerdo a las estimaciones que estamos haciendo, creemos que se podrían recaudar 900 millones de pesos” e insistió en que es necesario pensar en medidas “que ayuden a la clase media. La Ciudad no está haciendo nada en ese sentido y eso significa un desafío para nosotros”.

Si bien aún no hay muchas precisiones al respecto de cómo sería la medida, desde ese espacio indicaron que se podría aplicar un impuesto del 30%, aunque no se definió de qué manera se hará ya que pretenden que exista una diferenciación entre aquellos propietarios que cuenten con múltiples viviendas ociosas y aquel que sólo tenga una.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se busca impulsar en la Legislatura porteña una iniciativa de este estilo. Tan es así que el vicepresidente tercero de la Legislatura porteña y diputado del PS, Roy Cortina, pidió en 2018 crear un impuesto a la vivienda ociosa en el que se le cobrará al propietario el 50% del importe anual a abonar en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) sobre el inmueble correspondiente.

Asimismo el monto del impuesto se incrementará progresivamente en un 100% cada dos años transcurridos sin que se modifique la situación de ociosidad. Por otra parte, la propuesta buscaba incentivar los alquileres dentro del distrito capitalino. Es por ello que a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires se establecía una línea de subsidios y créditos blandos destinados a financiar la realización de obras de remodelación y refacción inmuebles deshabitados, cuyos titulares acepten incorporarlos al mercado formal de alquileres; finalizadas las obras, el inmueble pasaría a integrar por un plazo de tres años, el programa de alquiler social que la misma implementaría a efectos de favorecer el ingreso a ese mercado de sectores sociales tradicionalmente excluidos.

Además, los titulares de viviendas que, al margen de cualquier beneficio de la autoridad de aplicación, decidan incorporar su inmueble al programa de alquiler social, se les reconocería un descuento del 20% en el ABL.

Por otro lado, el ex legislador porteño y actual jefe del bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados nacionales, Maximiliano Ferraro, había impulsado una iniciativa en ese mismo sentido.