La diputada nacional Paula Penacca (FdT) cuestionó la política en materia de vivienda del Gobierno de la Ciudad y enfatizó: “Hace 16 años que hay un modelo de desarrollo urbano totalmente entregado al mercado”.

Precandidata a renovar su banca por Unión por la Patria, la porteña consideró que desde su espacio ven “mucha oportunidad de hacer una transformación profunda en la Ciudad, que ya hace 16 años es gobernada por el macrismo”.

“Hay un montón de necesidades de la población que no son cubiertas, en el distrito con el presupuesto más grande del país”, señaló la camporista.

Sobre una de ellas, la legisladora afirmó que hay que “atender una situación habitacional que está en crisis, el mercado de alquileres está en crisis”. “No hay ninguna medida del Gobierno porteño para asistir a quienes necesitan alquilar en la Ciudad. Lo único que hizo (Horacio Rodríguez) Larreta en este tiempo fue endeudar a los inquilinos. Te dan un crédito para que puedas entrar a un alquiler”, criticó.

“La vivienda es un derecho y no puede quedar totalmente librado al mercado. Tiene que existir una protección de la parte más débil”, continuó la secretaria parlamentaria del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, al tiempo que opinó que se deben regular “los alquileres temporarios para el turismo”.

Penacca expresó que “hace 16 años que hay un modelo de desarrollo urbano totalmente entregado al mercado, con propiedades dolarizadas, con venta de tierras que quitan la posibilidad al Estado de intervenir, con un Código Urbanístico que permite la construcción de grandes torres, que ponen en crisis a quienes ya tienen vivienda”.

“Se construye cada vez más, pero son edificios que no son accesibles a la clase media”, explicó en diálogo con AM750.

En relación a la Ley de Alquileres, defendió la postura del Frente de Todos para que “haya intervención del Estado para mediar en la relación desigual”, mientras que desde la oposición “quieren derogar todo tipo de ley y prohibir todo tipo de intervención del Estado, dejar librado al mercado y que sea sálvese quien pueda”, dijo.

Un plenario de las comisiones de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, presidida por la formoseña María Teresa Margarita González (Frente Nacional y Popular); y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) pasaron a la firma este miércoles el dictamen del proyecto que prorroga la vigencia de la Ley 27.613, de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda.

Desde el Salón Arturo Illia, la titular de la Comisión de Infraestructura anunció, previo al debate, que el senador Carlos Linares integrará la comisión en reemplazo del misionero Maurice Closs.

A continuación, González contó: “Este proyecto de ley convendría hacer un poco de historia al respecto, ya que precisamente es un proyecto que viene a instaurar nuevamente el título segundo de la Ley 27.613 que ya había sido aprobada tanto por Diputados como por el Senado. Viene nuevamente esta iniciativa a ponerse a consideración precisamente porque ha vencido su plazo”.

“Este plazo, con respecto al título de incentivos, era por 360 días y ya fueron cumplidos y finalizados, por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley es poner nuevamente en vigencia con este accionar legislativo esta instancia porque, a pesar de las dificultades y demoras iniciales para su reglamentación, la Ley tuvo muy buena acogida en el sector de la construcción. Como ya sabemos este proyecto fue sancionado en plena pandemia”, explayó.

En tanto, destacó que “hubo más de 6 mil aperturas de cuentas según datos de la Cámara de la Construcción. Este sector prevé que se aumente el interés por acogerse a los beneficios fiscales de la norma cuando el Congreso la prorrogue”.

“El sector de la construcción ha tenido un repunte muy importante que es de conocimiento público, no solamente a las obras públicas y a los diferentes programas tantos nacionales como provinciales que se desarrollaron en el basto sector, sino también esto ha devenido en una gran y amplia movilización del sector privado y es precisamente a este sector al que hoy estamos tratando”, informó la formoseña.

Asimismo, se basó en datos del INDEC que arrojaron que “en abril del 2022 el indicador de la actividad de la construcción muestra una suba de 8.8% respecto al igual del año 2021. El acumulado del primer cuatrimestre presente un incremento del 3.1% respecto al interanual. Si miramos la información sobre los puestos de trabajo registrados en el área de la construcción en el sector privado, aquellos sobre los que efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional, en marzo del 2022 el indicador registró una suba de un 18.4%, mientras el acumulado de enero a marzo de 2022 presentó una suba del 17.9%”.

“En encuestas realizadas a empresas del sector se muestran expectativas buenas con respecto a nivel de actividad esperado en el periodo tanto en obras públicas como privadas. El 51% de las empresas que hacen obras privadas se prevé que el nivel de actividad se mantendrá durante los próximos meses, mientras que el 41% estima que aumentará que loa tribuyen a la obra pública, pero hay que apalancarlo con medidas fiscales para asegurar el cumplimiento del pronóstico”, sumó a su explicación.

En esa línea, la senadora por Formosa señaló que “con esta prórroga, los inversores pueden llegar hasta un 7.5% de ahorro en sus impuestos y aquellos que exterioricen sus activos tendrían un costo muy bajo que afrontar para regularizar su situación y, además, evitando las penalidades”.

“Lo importante es lograr soluciones a los problemas que enfrenta nuestra economía a causa de la pandemia como recuperar 110 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción o incrementar la producción o consumo de materiales o lograr el reingreso de divisas”, consideró.

Y cerró: “Esto va a incentivar a un sin número de personas y grupos a volcarse a la construcción de emprendimientos de carácter colectivo, individuales o teniendo en cuenta grandes complejos. Estamos tratando con urgencia este proyecto para que ayude a que puedan aportar al mercado de la construcción teniendo en cuenta que es una fuente generadora de empleo y funciona como efecto dominó en todo el campo de la producción”.

A su turno, el presidente de Presupuesto el riojano Ricardo Guerra detalló los aspectos centrales del proyecto y precisó que “incentiva la construcción de vivienda a ser llevada a cabo por sector privado a través de franquicias tributarias a los contribuyentes que se encuentran al día. Sobre los plazos plantea un blanqueo de dinero, pero que tengan destino específico la construcción de vivienda. Otro de los capítulos hace un pase de planes sociales al trabajo formal siempre que esté afectado a la construcción”.

También habló el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) quien le pidió a González contar con la información de los avances en la recuperación de la inversión en el maco de la obra pública porque “Es muy sustancial e importante más allá que dio cifras, pero esto de alguna manera suma al debate para tener información fehaciente con un proyecto de esta característica”.

“Tiene cinco artículos de los cuales los dos primeros son los más importantes, los restantes responden a normas complementarias. Esto es una prórroga el título primero que versa sobre título segundo de la Ley 27.613 que crea alícuotas especiales, está claro que es un blanqueo”, señaló y consultó si “no es necesario agregar el título primero de la Ley que habla de hacer una deducción como incentivo fiscal del 1% de los bienes personales y de ganancia que vencen el 31 de diciembre de este año y no está incluido en la media sanción, es importante que se incluya”.

Respecto al artículo 2 sobre la reconversión de los planes sociales en trabajo formal, recordó que “nosotros en agosto presentamos un proyecto que lleva la firma de 17 senadores de todo el país”, y solicitó: “Es una cuestión a estudiar y tenemos que analizar con todas las actividades en su conjunto y no solamente desde el punto de vista de la construcción. Es necesario darle una fuerte capacitación, articularlo lo público y privado, es necesario luchar con una cuestión cultural para recuperar la reconversión de los planes en trabajo formal. No debiera tratarse esto de forma aislada y discutir un programa de estas características para lograr una reconversión de los planes”.

En el uso de la palabra, el senador santafecino Marcelo Lewandoski (Frente Nacional y Popular) manifestó: “Entiendo que muchas cosas están distorsionadas en la Argentina, pero por mucho tiempo que se vienen modificando y venimos emparchando. Cada uno arma y desarma de acuerdo a su criterio y si tiramos todo lo que tenemos en la mesa y empezamos de cero es mejor a veces. Es probable que esta ley sea perfectible, todas las leyes lo son, pero indudablemente detrás de este proyecto estuvieron los sectores de las construcciones de viviendas”.

“Hoy tenemos un problema que, no digo que esta ley lo vaya a solucionar, son las viviendas sociales, costos de alquileres, lo difícil de no poder acceder a un crédito hipotecario para poder tener su vivienda gene de clase media y baja”, indicó y remarcó que “hoy lo que tenemos es esto”.

En su intervención, el catamarqueño Flavio Fama (UCR) aclaró que “no es el único proyecto que está a disposición”, y retomó las palabras de su par Zimmermann y consultó: “¿Cuál es el impacto que esta Ley tuvo? ¿Cuál es el monto que se logró blanquear como resultado de esta Ley?”.

González le contestó del otro lado y le explicó que “el impacto que se tuvo en la primera instancia de la ejecución de la Ley fueron 887 las presentaciones de personas físicas y jurídicas que implicaron un monto de 26 mil millones con una recaudación fiscal de 1700 millones de pesos”.

¿Qué establece el proyecto?

La iniciativa -que fue aprobada con 145 votos a favor y 20 en contra y 45 abstenciones en Diputados- busca prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados.

El proyecto aprobado y girado al Senado fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo. Lo que plantea es extender por 360 días el capítulo II de la Ley 27.613, titulado “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, más precisamente lo referido al blanqueo para quienes inviertan en los proyectos de construcción.

Así, la iniciativa estima que se reestablezca ese capítulo de la norma, que fue sancionada en febrero de 2021 y planteaba un plazo de 120 días para el blanqueo.

Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.

La senadora nacional Eugenia Catalfamo (UC-FdT) presentó un proyecto de ley con el propósito de garantizar un cupo mínimo para personas de entre 18 y 35 años en la adjudicación de planes de viviendas del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

El objetivo de la iniciativa es que el 5% de los beneficiarios sean jóvenes, con hijos a cargo y que se encuentren en estado de vulnerabilidad social comprobada.

“Las juventudes han debido enfrentar históricamente el problema de acceder a su primera vivienda, debido al desajuste que existe entre sus posibilidades reales de disponer de ahorros y los precios de las propiedades”, explicó la puntana.

En esa línea, señaló que “esto afecta directamente sus condiciones de vida y sus posibilidades de emanciparse y lograr una vida adulta estable y autónoma”.

Así, la oficialista resaltó que se busca “garantizar el cumplimiento del derecho a disponer de una vivienda digna, promoviendo soluciones habitacionales para miles de jóvenes a lo largo y ancho del territorio nacional que, por primera vez, podrán cumplir el sueño de tener un techo propio donde desarrollar su vida personal y familiar”.

Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), impulsan un proyecto de ley para que se implemente de forma inmediata un plan de emergencia para la construcción de 500.000 viviendas populares.

Según argumentaron, la iniciativa tiene como fin combatir el déficit habitacional y el desempleo crónico, “ya que el mismo generaría dos millones de puestos de trabajo genuino”, destacaron.

El articulado del proyecto dispone que el plan “será financiado con fondos que se van del país para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta a los organismos financieros internacionales, bonistas y al FMI”, y también con “un verdadero impuesto especial que grave de verdad las ganancias de bancos, multinacionales, terratenientes y grandes empresarios”.

Schlotthauer y Giordano señalaron: “El déficit habitacional es un problema crónico que alcanza a casi cuatro millones de familias, un tercio de la población. De ese total, 1,5 millón de hogares necesita una nueva vivienda, el resto (60%) habita en casas sin servicios o hacinadas. Hay 4.416 asentamientos informales y es casi imposible pagar un alquiler”.

“En este marco es inconcebible que el Gobierno nacional siga pagando una deuda usurera y cumpliendo con el FMI y no destine esa plata para vivienda, lo cual generaría dos millones de puestos de trabajo genuino directos y otros miles indirectos”, agregaron.

Los diputados, también precandidatos en la lista del FIT-U que encabeza Nicolás Del Caño en la provincia de Buenos Aires, remarcaron que “una vivienda popular, con servicios, ronda los 30.000 dólares. Quiere decir que gran parte de las 500.000 viviendas que proponemos se podrían haber construido con los 12.000 millones de dólares que el Gobierno pagará hasta fin de año de deuda externa”.

“Está claro que Alberto Fernández prioriza a los usureros internacionales y al FMI. (Mauricio) Macri nos endeudó y ahora el Gobierno paga, mientras el déficit habitacional y el desempleo se agravan día a día. Decimos claramente: la plata tiene que ir a viviendas, salarios, jubilaciones, trabajo, salud y educación, no para la deuda y el Fondo Monetario”, concluyeron.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Héctor “Toty” Flores presentaron, en conjunto con otros diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, un pedido de informes y un pedido de acceso a la información sobre el estado del Registro Nacional de Barrios Populares y la ejecución del fondo previsto en la Ley 27.453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana.

Según información recogida por los diputados de la CC, hay 45 mil millones de pesos sin invertir para el fideicomiso de integración socio-urbana de villas y asentamientos (FISU), los mismos fueron recaudados para tal fin.

El FISU se nutre de ingresos establecidos por la Ley de emergencia económica de diciembre de 2019 (que creó el impuesto PAIS y le asignó el 9% de lo recaudado) y la del aporte solidario o impuesto riqueza de 2021 (que le asignó el 15% de lo recaudado).

La autoridad de aplicación de la Ley y entidad controlante del FISU es la Secretaria de Integración Socio urbana (SISU), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que conduce Daniel Arroyo.

A través de un comunicado, los diputados señalaron que “el 8 de julio de este año las periodistas María Eugenia Duffard y Luciana Geuna, publicaron en su programa televisivo ‘Verdad consecuencia’ del canal de Todo Noticias (TN), la única respuesta obtenida a raíz de un pedido de acceso a la información pública: la SISU tiene “comprometidos 5 mil millones”.

Ante la “difusa y poco clara información, la desidia y falta de ejecución presupuestaria sobre el tema”, los diputados opositores exigieron de “manera urgente transparencia e información al respecto, ya que involucran la mejora de la vida de miles de familias y la infraestructura de grandes barrios populares”.

Había grandes coincidencias en torno a un proyecto consensuado, como es el de obras privadas y acceso a la vivienda, al punto tal que el miembro informante del mismo había sido un diputado del Pro. Pero cuando intervino el tercero de la lista, toda la armonía alcanzada estalló por los aires.

En efecto, el clima consensual que venía dándose en el debate de esta ley se alteró cuando intervino el diputado del oficialismo Aldo Leiva. Lejos de celebrar el consenso que se había reunido en torno a esta norma, el legislador chaqueño arrancó afirmando que cuando les preguntan por qué defienden “con tantas convicciones y vehemencia a nuestro Gobierno, es porque siempre a lo largo de la historia nos ha tocado tener que corregir y tener que hacer las cosas que el pueblo argentino demanda”.

“Y en este contexto de pandemia mundial, uno no puede dejar de mencionar la enorme irresponsabilidad de dirigentes de la oposición, que todo el tiempo estuvieron fogoneando todas las medidas que ha tomado el Gobierno de la Nación… Llegando a cuestiones patéticas como decir que íbamos a envenenar a todos los argentinos. Y ahora muchos de los que se quejaban andan buscando la vacuna para de alguna manera poder inmunizarse… Y está bien. Porque nosotros vinimos para trabajar y resolver los problemas de todos los argentinos”.

No terminó ahí el diputado Leiva. Ni siquiera cuando comenzó a referirse al proyecto puesto en debate. Señaló que “pretendemos que también el sector privado pueda hacer las inversiones correspondientes. Nosotros sí trabajamos para que la inversión sea genuina. Nosotros trabajamos para que en lugar de llevar la inversión a los paraísos fiscales, ahora la puedan llevar a la construcción. Para que haya trabajo. Para que los trabajadores de la construcción vuelvan a tener dignidad, como tuvieron hasta el 2015”.

Y volvió contra Cambiemos al asegurar que “en los últimos 4 años del gobierno anterior, lo único que veíamos era compañeros lamentándose porque las obras se paralizaban, no había inversiones y todo lo que nos habían dicho era una farsa”.

Luego le endilgó a la oposición “odio, falta de respeto y consideración, porque lo que debieran hacer es un mea culpa y entender que si el pueblo les dijo que no fue porque no pudieron cumplir ninguna de las promesas que hicieron”. Citó el tema de Ganancias, habló del endeudamiento y trazó un parangón futbolero al señalar que “se pavoneaban que eran el mejor equipo de los últimos 50 años… y se fueron a la B, muchachos. ¿Y saben qué? Si siguen así, se van a ir a la C y se van a ir al Torneo Argentino, porque lamentablemente siguen con el mismo discurso, el mismo odio… Durante cuatro años, en lugar de trabajar como lo venimos haciendo nosotros, se dedicaron a perseguir, se dedicaron a calumniar todo el tiempo; parecía que lo único que  tenían para hablar era de Cristina, no había otro tema… Nosotros, muchachos, nos dedicamos a gobernar, a resolver los problemas de la gente. Por eso venimos a decirle sí a este proyecto”. Y concluyó, siempre en el mismo tono desafiante: “Muchachos, esto que hoy estamos haciendo es lo que ustedes deberían haber hecho”.

La réplica de JxC

Anotado para exponer a continuación, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, admitió al comenzar que el discurso que lo había precedido lo había sacado un poco de eje. “Tendríamos que estar festejando que acá hay un proyecto que más allá de todas las diferencias estamos de acuerdo. Le quiero recordar a ese diputado que el primer proyecto presentado en esta materia es mío, y de 15 diputados de mi bloque, incluido el presidente de la comisión”, señaló. Agregó que “a partir de eso empezamos a trabajar junto con la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, una UOCRA que hoy tiene un 38% menos de trabajadores que tenía cuando el diputado preopinante dice que no se construía nada en la Argentina”.

“Son los mismos que se preguntaban si los argentinos iban a comer cemento, porque no tenían nada en la heladera por la cantidad de obras que hacíamos”, apuntó Ritondo, que insistió en que “hoy tendríamos que estar festejando por un proyecto como este”.

El presidente de Diputados, Sergio Massa, recibió este miércoles al titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, para hablar sobre un proyecto del PEN para impulsar la construcción de viviendas.

Massa y Ferrarresi compartieron una reunión de trabajo en la que el ministro le presentó el proyecto del Ejecutivo nacional que prevé la construcción de 55 mil viviendas.

Del encuentro, que se realizó en el Salón de Honor de la Cámara baja, también participó el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti.

Tras haber presentado el expediente en la Legislatura porteña y a la espera de que el mismo sea tratado en comisión, los legisladores del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández presentaron por videoconferencia el proyecto de creación del “programa integral de vivienda para las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, destinado a garantizar y facilitar el derecho al acceso de una vivienda digna para las personas que se encuentran en situación de calle.

En ese contexto, Fernández expresó que “es impactante que la problemática de las personas en situación de calle no haya traído ninguna medida extraordinaria de la Ciudad de Buenos Aires en este tiempo” e indicó que “las respuestas ante las problemáticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ser abordadas integralmente. Este proyecto busca una respuesta más estable”.

Mientras que Valdés sostuvo que “con la pandemia, las desigualdades quedaron al descubierto, nos mostró lo que la agenda pública ignoraba. Este proyecto busca una salida superadora, resolver la falta de vivienda poniendo a disposición unidades habitacionales de forma duradera, no paradores” y destacó que desde el FdT buscan “soluciones de fondo, queremos que se visibilice este crimen social que significa que la gente duerma en la calle”.

En el encuentro virtual también estuvieron presentes Horacio Ávila de Proyecto 7, Eduardo Resse del CELS, Martín Lemma y Marisa Tadei por la Defensoría del Pueblo. “Se ha avanzado mucho por las luchas, no por lo que nos gobiernan. En todos los años macristas solo recibimos palos. Vamos a defender el proyecto en todos los espacios donde tengamos que hacerlo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede seguir ocultando los niveles de pobreza que tiene”, aseguró Ávila.

La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes Inmuebles y un stock mínimo de viviendas disponibles, al igual que la creación de un Consejo Asesor compuesto por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil y la construcción de Centros de Integración. Asimismo establece que la entrega de la vivienda será compatible con la percepción de ingresos provenientes de las asignaciones de “Ciudadanía porteña”, “Subsidio habitacionales”, “Nuestras familias”, entre otros.

Los beneficiarios de este programa serían todas las personas en situación de calle, en riesgo de encontrarse en esa situación y destinatarios de los Programas del sistema de alojamiento transitorio en hoteles. Aunque tendrán prioridad en la asignación las familias con niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans y travestis, y las personas que ya se encuentren en situación de calle.

La vicepresidenta segunda de la Legislatura de la Ciudad, María Rosa Muiños (FdT),  junto a otros legisladores del Frente de Todos, impulsó un proyecto de resolución a través del cual buscará obtener precisiones acerca del estado actual “Barrio Olímpico”, ubicado en Villa Soldati, entre las avenidas Fernández de la Cruz, Escalada, Coronel Roca y la autopista Presidente Cámpora.

En cuanto a la situación dominial, beneficiarios y adjudicatarios, los diputados buscaran conocer si existen propietarios con más de una unidad; la cantidad de beneficiarios; el número de viviendas que fueron adjudicadas desde la finalización de la obra; la cantidad de unidades que se encuentran actualmente habitadas y escrituradas.

También prevé conocer si existe alquiler de unidades por parte de los beneficiarios de los departamentos; así como también conocer cuáles fueron las formas de pago de las unidades, los resultados de la subasta y adjudicación de los locales comerciales de la planta baja; entre otras cuestiones.

Asimismo el texto indaga acerca de las viviendas vacías, por lo que los opositores exigieron detalles acerca de la cantidad de viviendas adjudicadas y que no pudieron ser entregadas. Además se consulta sobre si existen unidades funcionales afectadas con fallas estructurales o cualquier otro tipo de desperfecto.

En cuanto a los servicios, le pedirán al Gobierno porteño informe el estado de las infraestructuras de servicios, detallando los costos y promedios de tarifas y la categorización de las obras; el destino y disponibilidad futura del predio de estacionamientos sito en la esquina de Av. Escalada y Av. Roca; entre otras cuestiones.

De esta manera, en los fundamentos de la medida los diputados explicaron que “en un plazo de tiempo corto, el ejecutivo de la Ciudad impulsó un importante desarrollo de este sector de la ciudad, promovido por un evento de impacto internacional como fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sin embargo, a casi dos años de su culminación, la información oficial acerca de la situación actual de este nuevo barrio es insuficiente”.

Al mismo tiempo que insistieron en que han “constatado multiplicidad de problemáticas vinculadas con los aspectos dominiales, sobre la ocupación y alquiler de las unidades, sobre la recepción de obras y calidad constructiva, sobre dificultades en el mantenimiento edilicio y del espacio público, sobre el estado de las infraestructuras, y sobre el destino de los predios adyacentes”.

“Entendemos que la situación habitacional en la Ciudad presenta limitaciones para acceder a una solución habitacional, y por ese motivo, la gran oportunidad que representa esta obra en el sur de la ciudad”, completó.

La medida también lleva la firma de Matías Barroetaveña, María Bielli, Claudio Ferreño, Claudia Neira, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto a través del cual solicitó “equiparar y compensar la desigualdad histórica, relacionado al monto destinado a la construcción de viviendas, para la provincia de Corrientes”.

“Corrientes es objeto de una discriminación histórica en materia de infraestructura con respecto a los montos destinados a la construcción de viviendas, derecho humano fundamental consagrado el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y numerosos tratados internacionales ratificados por la República Argentina”, señaló la legisladora de Juntos por el Cambio.

En la iniciativa, la correntina pidió que el Poder Ejecutivo Nacional “en la confección del Presupuesto garantice el principio de profundización del federalismo, en consonancia con lo esgrimido en el proyecto de Capitales Alternas, en la que se menciona que todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones y que las asimetrías entre las regiones deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación”.

“En el marco de las atribuciones del Congreso se destacan la de proveer a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias (artículo 75, inciso 18), y legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (artículo 75, inciso 23)”, agregó.

El senador Julio Cobos presentó un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 60 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para que el Banco Central evalúe el desempeño del sistema UVA cualquiera sea la entidad bancaria, financiera y destino para el cual se hubiere contraído.

El exvicepresidente de la Nación mantuvo reuniones con deudores de préstamos UVA que no son hipotecarios y considera que son válidos los reclamos que plantean. “Por eso, esta iniciativa tiene por objeto que el Banco Central incluya en su estudio de desempeño y las consecuencias del sistema UVA, no sólo a los tomadores de préstamos hipotecarios, sino también a quienes tomaron préstamos prendarios y personales, teniendo en cuenta que el índice de inflación modificó las circunstancias en que se tomaron esos compromisos, lo que llevó a los tomadores a una situación de endeudamiento y crisis que dificulta el pago de los compromisos”, señaló el legislador mendocino.

Destaca Cobos que “la inflación alcanzó en el 2019 el 52,9%, si tenemos en cuenta que año a año ha habido una divergencia entre las metas de inflación y que el promedio de los salarios está por debajo de estos índices, no resulta justo que no se hayan tomado medidas que permitan aliviar la situación crítica que afrontan todos los deudores del sistema de créditos UVA”.

“Entendemos que la carga de la deuda que afrontan los tomadores del sistema UVA los ahoga e impide el pago de sus compromisos, es necesario tomar una decisión que alivie la situación de aquellos que suscribieron créditos hipotecarios, prendarios y personales; y que se encuentre una solución que se refleje en el poder adquisitivo actual”, precisó el senador Cobos.