Luego de aprobada en general la ley sobre ludopatía y regulación de los juegos online, se inició en la Cámara de Diputados un largo proceso de votación en particular, donde el bloque Pro, en voz de Silvana Giudici, reclamó de manera insistente que todos los artículos sean votados de manera nominal, aún cuando no tuvieran modificaciones. Más adelante se avanzó en algunas ocasiones por capítulos, pero en algunos se abrieron igualmente artículo por artículo. Todo demandó tres horas. 

Los dos primeros artículos se votaron a mano alzada, con un amplio respaldo. El primero establece que la ley “regula la publicidad y promoción de sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas en línea, a los fines de la prevención y asistencia de la ludopatía en resguardo de la salud pública en adultos, niñas, niños y adolescentes, en todo el territorio de la República Argentina”; mientras que el segundo establece la prohibición del “acceso de menores de edad a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas en línea”. 

Cuando se iba a comenzar con el tercero, Giudici pidió votar cada artículo nominalmente. El cívico Maximiliano Ferraro aseveró que eso se trataba de “una maniobra para impedir que podamos tratar las cosas” y recordó: “En la Ley Bases muchos artículos pedíamos que se traten nominalmente y usted no lo permitió”. “Eso no es verdad diputado; eso no ha ocurrido mientras yo estuve presidiendo la cámara”, le contestó rápido Martín Menem. Y luego aclaró que en ese momento “aceptaron todos votar por capítulos, hubo una moción y todos la aceptaron, no fue un capricho de esta Presidencia”. 

Después que los ánimos se alteraran porque la libertaria Nadia Márquez dijo que las modificaciones leídas por la miembro informante, Mónica Frade, no se escuchaban, se pasó a votar los artículos 3 y 4 también a mano alzada. El 4 declara “de interés nacional y de manera prioritaria a la prevención y el abordaje integral e interdisciplinario de la adicción a los juegos de azar y apuestas en línea, asignándole el carácter de política de salud pública”. 

Giudici se quejó que seguían “votando a mano alzada” cuando ya se había aceptado que sería nominal artículo por artículo. Entonces, allí se comenzó la votación electrónica artículo por artículo, salvo en muy pocos capítulos.

El artículo 6, que fue aprobado por 141 votos afirmativos, 79 negativos y 3 abstenciones, contiene las definiciones de la ley, entre ellas la de influencer: “Persona humana usuaria generadora sistemática de contenidos en servicios de intercambio de video a través de plataforma, redes sociales o servicio de comunicación audiovisual, que alcance una relevancia significativa en el público objetivo al cual se dirige, mediante el uso de su capacidad de influencia comercial”. 

Sobre esto, Giudici advirtió que esa figura “no está tipificada en ninguna otra ley en Argentina, por lo tanto puede resultar contradictorio; nosotros preferimos penalizar las conductas y no definir en una ley cosas que no existen”. 

Con amplio respaldo, por 220 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el artículo 7, que establece que “el Poder Ejecutivo determinará la dependencia que actuará como autoridad de aplicación de la presente ley de acuerdo a sus competencias específicas”. “Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desempeñarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control de cumplimiento de sus disposiciones en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”, agrega el texto. 

Sobre la amplia prohibición de publicidad 

Al momento de votar el artículo 8, referido a la prohibición de publicidad, la mayoría de los integrantes del bloque Pro se levantaron de sus bancas y se fueron del recinto, generando los chiflidos de la oposición. Más tarde volvieron. 

Dicho artículo, aprobado por 134 votos afirmativos, 32 negativos y 24 abstenciones, establece la prohibición de “publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar, y de apuestas en línea” mediante “las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, de la indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines”. 

A su vez, “quedan prohibidos los bonos de bienvenida de juegos de azar y apuestas en línea, como también el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos deportivos y la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. También su difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general”. 

Finalmente, el artículo prohíbe “la publicidad no tradicional (PNT) de los juegos de azar, y de apuestas en línea -definida en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522-; la publicidad indirecta o encubierta en la que se haga mención a los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y apuestas en línea a través de influencers, de programas infocomerciales y/o la publicación onerosa o no, de testimonios de deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción, que los mencione”. 

Giudici había pedido sin éxito que se modifique el artículo sobre publicidad y se contemple “lo que hoy está establecido para el tabaco: la prohibición de la publicidad total por vía directa o indirecta por todos los medios de difusión”. Tampoco fueron aceptados cambios propuestos por la radical Roxana Reyes. 

Después, el artículo 9 fue aprobado por unanimidad, con 206 votos afirmativos. El mismo reza que la publicidad sí estará habilitada “en el interior de las salas de juegos de azar, agencias y los lugares de venta de lotería habilitados”. “En todos los casos la publicidad o promoción que se realice” deberá “incluir en forma destacada y lugar visible la leyenda ‘el juego compulsivo es perjudicial para tu salud y la de tu familia’. Asimismo, debe contener el canal de comunicación para la orientación y asistencia a personas afectadas por el consumo problemático que disponga la autoridad de aplicación”, indica. 

Todos los artículos fueron aprobados: otros puntos principales del proyecto

El capítulo III de la ley se aprobó por unanimidad, con 213 votos a favor, y es el referido a la verificación biométrica. Se establece que los operadores/licenciatarios de la explotación de juegos de apuestas en línea deben poseer en sus sitios, aplicaciones o páginas web, mecanismos, herramientas y filtros que garanticen en forma fehaciente la imposibilidad de acceso de menores de edad. A tal efecto, deberán utilizar Sistemas de Identidad Digital (SID) conectados con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial. Esto también aplicará a las billeteras virtuales. 

El capítulo V, que volvió a votarse artículo por artículo, establece restricciones sobre quiénes podrán ser operadores, licenciatarios y apostadores (entre ellos se incluyen a actores vinculados al ámbito del deporte). Asimismo, modifica el artículo 20 bis de la Ley 20.655, Ley de Deporte, de modo de establecer que no podrán integrar las listas que se presenten para la elección de los integrantes de la comisión directiva de los clubes “quienes sean directores, representantes o mandatarios de operadores/licenciatarios de la explotación de juegos de azar y apuestas en línea”.

Por otra parte, se establecen como medios de pago para los juegos online las tarjetas de débito bancarias, sujetas a un límite diario equivalente al tope o límite de extracción diario establecido por la entidad bancaria o financiera para los cajeros automáticos; y las billeteras electrónicas/virtuales solo con dinero en cuenta y sujetas a un límite diario equivalente al tope o límite de extracción diario establecido por la entidad bancaria o financiera para los cajeros automáticos. No se aceptarán tarjetas de crédito ni cuentas asociadas a ANSeS (utilizadas para el pago de prestaciones sociales).

Otro de los capítulos prevé campañas de difusión; jornadas educativas en los niveles primario, secundario y terciario; y capacitación docente.

En el artículo sobre sanciones administrativas se indica que “sin perjuicio de las sanciones específicas y de la eventual responsabilidad penal que llegase a corresponder” el incumplimiento de la ley “dará lugar a la aplicación de la sanción de multa equivalente a la unidad de valor adquisitivo (UVA) al momento de la sanción, de entre 500 y 1.000.000 unidades de valor adquisitivo”. 

Entre las reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal de la Nación, sobre las que hubo bastante discusión, una de las modificaciones tiene que ver con el artículo 301 bis del CP, de modo de establecer que: será reprimido con prisión de 3 a 10 años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare o administrare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar y apuestas, sin contar con la autorización jurisdiccional competente y el que facilitare sus datos biométricos, documentos, datos bancarios y/o cualquier información que requiera el sitio web para participar del de apuestas.

Cuando estas infracciones estén dirigidas a menores de edad, la pena será incrementada en un tercio del mínimo y del máximo, aun cuando exista autorización o licencia habilitante, agrega el texto.

Además, en todos los casos se aplicará la inhabilitación absoluta y perpetua y multa de 2 a 5 veces el lucro obtenido.

Uno de los artículos agregados en la previa de la sesión fue el referido a la adhesión de las jurisdicciones, ante el reclamo de quienes se oponían sobre que se avanzaba en las autonomías de las provincias en la regulación del juego. Así, el anteúltimo artículo quedó redactado: “Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma en aquellos operativos que hacen a sus respectivas competencias”. Y fue aprobado por 189 votos afirmativos, 9 negativos y 1 abstención. 

Tras aprobarse en general, el Senado llevó a cabo la votación en particular de la ley de Bases. A propuesta del senador Juan Carlos Romero, la misma se realizó por títulos, de modo de agilizar el trámite. 

El primer título, que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, recibió 35 votos a favor y 35 votos en contra. Los dos ausentes fueron los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. Al repetirse el mismo número tras una nueva votación, la vicepresidenta Victoria Villarruel desempató a favor. 

Además, a través del artículo 1ro., el único del título I, se delegan facultades al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. El Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”, reza el texto. 

Al pedir modificaciones que el libertario Bartolomé Abdala, miembro informante del oficialismo no aceptó, el senador de Unión por la Patria Daniel Bensusán dijo que de aprobarse habría que "ponerle candado al Congreso por un año" y que tal como está redactado "es anticonstitucional".

Minutos antes de la medianoche se votó el título II referido a la reforma del Estado, con las bases de las delegaciones legislativas, las privatizaciones, las reformas en procedimiento administrativo y Ley de Empleo Público. Nuevamente, Abdala no aceptó modificaciones pedidas por Edith Terenzi (CF) y Anabel Fernández Sagasti (UP). Otra vez el tablero marcó 35 a 35 y, luego de rectificar, la vicepresidenta desempató a favor del título. 

Sin empate, el título III sobre contratos y acuerdos transaccionales resultó aprobado con 37 votos a favor y 33 en contra. 

En el título IV, sobre promoción del empleo registrado, el radical Martín Lousteau señaló que se contempla una “moratoria para lo no registrado”, entonces propuso incorporar “más incentivo” para quienes tienen empleados registrados y la creación de un programa en la AFIP. Pero Abdala no aceptó modificaciones. El primer resultado fue de 35 a 35, pero en la segunda votación salió aprobado con 37 votos a favor y 33 en contra.  

Al momento de tratar el título V de modernización laboral, más conocido como reforma laboral, los senadores Edith Terenzi (CF), Pablo Blanco (UCR) y Mariano Recalde (UP) pidieron votar por separado el artículo 96 sobre la derogación del Estatuto del Viajante. “No comprendo cuál es el motivo de esta derogación, se trata de un sector muy pequeño, no afecta al sistema, pero sí están en juego más de 50 mil familias”, dijo Terenzi al pedir su eliminación. 

Abdala opuso resistencia, insistiendo con que se había aprobado la moción para votar por títulos. Pero ante el reclamo de Blanco y el asentimiento de Romero, se aceptó abrir la votación a ese artículo en particular, que terminó rechazado por 52 votos en contra y 18 a favor. Al superar los dos tercios, es casi imposible que Diputados pueda reponerlo. En tanto, el título sí se aprobó con 37 votos positivos y 33 negativos. 

Al pasar al título VI, referido a energía, el senador Oscar Parrilli (UP) cuestionó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, al considerar que “no solamente va a perjudicar a las provincias, sino a todos los argentinos” porque “le va a dar la política energética a las empresas petroleras”. “Es lo más catastrófico que se haya visto”, agregó. Sin embargo, el título se aprobó por 37 votos positivos y 33 negativos. 

Cuando se llegó al título VII, sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Abdala hizo una corrección sobre la modificación al artículo 165 que había anunciado más temprano, para aclarar que aplicará a “las grandes inversiones en proyectos de los sectores de foresto-industrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas”.

Lousteau pidió reemplazar todo el título por el de su dictamen, al considerar que el RIGI propuesto desde el oficialismo “es enormemente abierto, aplica a beneficiar inversiones que de todas maneras ya estarían viniendo a la Argentina. Le vamos a estar regalando plata a sectores que no lo necesitan, que solo van a aumentar la rentabilidad”. “El RIGI acumula regímenes de promoción”, agregó. 

“Afuera los carteles de que ‘la Patria no se vende’, con este RIGI la Patria se regala”, lanzó la riojana Florencia López (UP), quien dio una larga argumentación en contra de este punto. Luego le siguió Terenzi, que alertó por la ausencia de contemplar la cuestión ambiental. 

Por su parte, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) dijo extrañar “la amplitud de la redacción original” del artículo 165, para pedir que “no excluyamos ningún sector” del RIGI. 

El rionegrino Martín Doñate (UP) se quejó de que “entre gallos y medianoche” se incorporó al sector del turismo y “esto va a hacer pelota a las economías regionales”, advirtió, al afirmar que “es obscenamente inconstitucional por la inequidad tributaria”. 

Más adelante, el oficialista Juan Carlos Pagotto (LLA) propuso modificaciones en los artículos 219, 220 y 221 para “mayor énfasis en la defensa de los derechos del Estado” sobre jurisdicción y arbitraje. Pero a continuación, Abdala dijo que no aceptaba cambios y se pasó a votar, resultado aprobado por 38 votos positivos y 32 negativos. En este título hubo tres votos a favor desde Unión por la Patria: el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés. El resto de UP votó en contra -como todo lo anterior- y junto a ellos, rechazaron también el RIGI, Lousteau y el entrerriano Edgardo Kueider (UF). 

Eliminado el título VIII, correspondiente a la parte previsional, se avanzó sobre el tema del tabaco, introducido a último momento en Diputados a instancias de la oposición dialoguista. Carolina Moisés (UP) propuso mantener el precio base para que las consecuencias nocivas del tabaco en la población generen un precio base que unifique la propuesta comercial. “Hay una combinación de factores e intereses”, aclaró la jujeña, que remarcó que el tabaco es una de las producciones agropecuarias que más mano de obra genera.

“No podemos pensar el tema del tabaco solamente desde una óptica impositiva, como por la ventana nos lo quiso meter la Cámara de Diputados; tenemos que mirarlo desde una óptica productiva”, sugirió, y agregó: “Lo que a nosotros nos interesa es generar un equilibrio y que todos paguen lo que corresponde”, proponiendo que la tasa impositiva se suba al 75% y que se estipule un precio salud lo suficientemente alto para desalentar el consumo, y producir un precio salud de equilibrio fijo de $912.

El senador Juan Carlos Romero no anduvo con rodeos y consideró que “lo peor que nos puede pasar es meternos en este lío de modificar lo que vino de la Cámara de Diputados”, alertando sobre lo complejo que es el tema, donde hay “dos lobbys: las multinacionales y las compañías chicas”.

Desde el oficialismo, Pagotto consideró que el texto de Diputados "carece de técnica legislativa" y reclamó redactar bien la norma. Si bien compartió los dichos de los otros dos senadores, se quejó porque los diputados “metieron por la ventana” el tema. Aclaró también que no proponía que hubiera evasión del impuesto, pero estimó que el tema debería ser resuelto por la justicia y no el Congreso. “Estoy de acuerdo con que se vuelva al impuesto histórico del 75%”, dijo y, adhiriéndose así a la propuesta de Moisés, llamó a votar “a conciencia”.

A su turno, Lousteau estimó que entre lo que hizo Diputados y la situación actual, la novedad es el fallo de la Corte Suprema. Dijo no estar de ninguna de las dos partes y él se mostró a favor de que exista un precio mínimo para que fumar sea más caro. Pero discrepó con Moisés, porque consideró que el precio era la mitad de lo que debería ser. “El riesgo de la media sanción que viene de Diputados es que haya oferta barata de todo el mundo y tornar en abstracto la cuestión de fondo” establecida por la Corte, a su juicio. “Esa media sanción tiene riesgos”, resumió.

Por último intervino el miembro informante, quien admitió que ese tema no lo habían propuesto ellos y por respeto a la otra Cámara dijo no aceptar las modificaciones propuestas.

Los senadores de UP anunciaron su abstención, tal cual terminó siendo la postura de ese bloque en Diputados -“como no estamos ni con uno ni con otro”, justificó José Mayans-, y el resultado final favoreció lo propuesto en la Cámara baja con 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones.

La moción de la discordia

Antes de concluir el debate en particular de la norma, se trató una moción de Lousteau para incorporar al proyecto dos títulos de su dictamen: el título 10, de emergencia presupuestaria del sistema universitario, y el 11, reponiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y también garantizar el derecho a la información, considerando la esencialidad de la educación.

Si bien Bartolomé Abdala valoró la intención de la propuesta de su par radical, rechazó sumar ambos títulos a la ley, advirtiendo que la norma ya había sido votada en general y no se podían sumar artículos a la legislación. Fue una larga discusión en la que Lousteau insistía en que se debía votar la moción y Abdala no lo consideraba necesario. “Tenemos que continuar con el dictamen de mayoría, porque es lo que se votó. Por eso no puedo darle curso”, planteó la titular del Cuerpo.

Luis Juez (Pro) se sumó a la postura del oficialismo, considerando que “no se pueden incorporar títulos del dictamen de minoría al de mayoría”. Lousteau insistió en que así como se puede modificar el dictamen de mayoría, él quería incorporar “dos cosas que son importantes”. Y chicaneó: “Todos los que no quieren votar, no les interesa que en la ley Bases esté la educación”.

Juan Carlos Romero planteó que lo correcto era votar el dictamen de mayoría; si el mismo cae, se pasa a votar el de minoría. “Es casi pedir un tratamiento sobre tablas del tema”, explicó.

Abdala leyó el artículo 175 del reglamento que le daba la potestad de aceptar o no como miembro informante una propuesta de ese tipo. Pero Lousteau insistió en que no querían votar nominalmente “porque se quieren esconder”. Intervino el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, para ratificar que no podía darse ese tratamiento, y Victoria Villarruel se mostró de acuerdo y el tema se dio por terminado.

En última instancia intervino José Mayans, quien sostuvo que el miembro informante debía decir “rechazamos” y ser votada la moción. “¿Cuál es el temor que tienen, si están teniendo mayoría en todo?”, preguntó, pero Abdala le dijo que no tenía dudas en mantener su postura. “Una ley en general no me la podés cambiar en particular. Esta bancada no está dispuesta a aceptar esto”, dijo.

Así se pasó al último título, de disposiciones finales, pero en plena votación Lousteau puso como ejemplo lo sucedido en Diputados con el tema tabaco, agregado justamente en pleno tratamiento en particular. Las discusiones siguieron largo rato, e incluso Juliana di Tullio se negó a votar el último tema para que se atendiera el reclamo de Lousteau. “No puede frenar la votación”, le dijo la vicepresidenta, que ante la postura de Di Tullio consideró su postura como una abstención. “No puede frenar la sesión”, insistió Villarruel.

Finalmente se consideró abstención el no voto de Di Tullio, y el resultado del título fue de 36 votos positivos contra 32 negativos.

Sin embargo el tema no terminó ahí. Di Tullio tomó la palabra reclamándole a la titular de la Cámara que ella había pedido que detuviera la votación hasta resolver lo que el senador Lousteau había planteado. “No puede usted dejar este antecedente en esta Cámara. Esta es una violación al reglamento y a sus deberes, y ni le cuento el secretario Parlamentario. No puede desoír una moción de un senador. Lousteau hizo una moción de orden y usted puso a votar otra cosa”, se quejó.

Con fuertes reclamos de la oposición a Martín Menem por no abrir la posibilidad de votar algunos artículos puntuales de manera nominal, la Cámara de Diputados llevó a cabo la votación en particular -por capítulos- del proyecto de ley de Bases. El oficialismo no aceptó ninguna modificación sustancial, más allá de algunos cambios en la redacción, que informó Santiago Santuario, presidente de la Comisión de Legislación General. El debate consumió casi cinco horas, pues se inició a las 9.26 y concluyó exactamente a las 14.01.

Menem se mantuvo firme en la postura de que la votación sería por capítulos, como se había definido en Labor Parlamentaria, y que se votó en el recinto cuando arrancó la sesión, más allá de los reclamos constantes de los diputados Germán Martínez y Maximiliano Ferraro. De esta manera, algunos legisladores manifestaron a viva voz su rechazo o abstención a artículos controvertidos.

En primer lugar, el oficialismo consiguió con 134 votos afirmativos, 117 negativos y 1 abstención la aprobación del artículo 1ro. que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Al respecto hablaron en contra los diputados Juan Marino (UP), Christian Castillo (FIT) y Fernando Carbajal (UCR), pero el libertario Santurio -miembro informante- no aceptó modificaciones. 

Luego fue el turno del capítulo I, compuesto por los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que fue avalado con 135 votos afirmativos, 112 negativos y 2 abstenciones. Es el referido a la reforma del Estado, reorganización administrativa, con las bases de delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos y sobre los fondos fiduciarios. 

El cordobés Juan Brügge, de Hacemos Coalición Federal, pidió agregar a las excepciones de los organismos que se podrán disolver al Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el Senasa, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto Nacional de la Música y el INTI. 

En la misma línea lo hizo la radical Carla Carrizo, que sumó al Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras que el cívico Maximiliano Ferraro solicitó “sacar lo que es disolución total o parcial” y que se excluyan a todos los organismos vinculados a ciencia y tecnología, cultura, salud y educación. Sin embargo, el oficialismo no aceptó las modificaciones. 

La jefa del FIT,  Myriam Bregman, advirtió que el artículo 3 (sobre disolución de los organismos) “es uno de los más peligrosos”. “Es sumamente dañino y peligroso”, coincidió el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez. 

Dentro de los excluidos quedaron el CONICET, la ANMAT, el INCAA, la CONAE, el ENACOM, y el INTA, entre otros.

Más tarde, con 138 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones se aprobó el capítulo II, que dispone las privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Al pasar al capítulo III, sobre procedimiento administrativo, se obtuvieron 148 votos afirmativos, 104 negativos y 0 abstenciones. 

Sobre el capítulo IV, de reforma de la Ley de Empleo Público, la diputada de la izquierda Romina Del Plá sostuvo que “este es uno de los capítulos más graves” porque “violenta claramente el derecho de huelga” y lanzó: “Todos los que voten este capítulo sepan que son responsables de los despidos en masa de los empleados públicos de este país”. 

Mientras que la diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer alertó por “los planteos de inconstitucionalidad” que esta modificación traerá, porque “se pretende dar al empleado público el régimen que tiene el empleado del sector privado”. “Este capítulo va a ser sometido a la interpretación de los jueces”, aseguró, y se pasó a la votación, donde el capítulo resultó avalado con 138 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención. 

El capítulo referido a la promoción del empleo registrado cosechó 147 votos afirmativos, 103 negativos y 0 abstenciones. Del Plá cuestionó que “es notable todo lo que se les permite regularizar a las patronales por haber incumplido las normas laborales. Hay beneficios de todo tipo y color”.

Reforma laboral

Uno de los momentos que más tiempo insumió durante la votación en particular fueron los artículos referidos a la reforma laboral, donde el oficialismo no aceptó agregados propuestos por el radical Martín Tetaz. 

La primera parte del capítulo se aprobó por 138 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones. Al respecto, el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró que “la reforma es absolutamente regresiva, vulnera el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional respecto a la progresividad de derecho; viola el artículo 14 bis de la Constitución y pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional”. 

Además, enumeró que “abarca derechos individuales que se pierden, porque se extiende el período de prueba a un año inclusive; avala los despidos discriminatorios; derogan el Estatuto del Viajante; reducen a 10 días la licencia pre-parto; y permiten tener hasta cinco trabajadores sin registrar”. 

“No hay un solo artículo en toda la ley que favorezca a los trabajadores”, cuestionó el secretario general del gremio de bancarios y disparó: “Seguramente los 100 empresarios de Llao Llao deben estar festejando y los trabajadores entristecidos por ver cómo avasallan sus derechos”. 

En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño observó que “cuando se habla de modernización se está haciendo todo lo contrario”. “Es un contrarreforma que le quita derechos a los trabajadores. Es un retroceso, porque trae mayor precarización”, enfatizó y consideró que la propuesta de la UCR -que no fue tomada en su totalidad- era “directamente para esclavizar a los trabajadores”. 

El artículo 92, del Fondo de Cese Laboral, se aprobó por 136 votos a favor, 113 negativos y 4 abstenciones. “Le estamos diciendo afuera a las indemnizaciones”, advirtió Palazzo, quien anticipó que “este artículo va a ser tachado de inconstitucional en cualquier tribunal, porque está dejando en manos de un privado lo que está dispuesto por ley”. 

A responderle salió el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, quien dijo que “las leyes laborales no están escritas en la piel, y este mecanismo es un hecho importante para el mundo PyME y el mundo de los servicios. No nos rasguemos las vestiduras. Si los sindicatos no están de acuerdo no va haber fondo de cese”. 

Por su parte, Bregman ironizó que “lindo regalito” en la previa del Día del Trabajador y denunció que con esta norma “están volviendo a la dictadura; esto lo propuso (Rafael) Videla” y es para “facilitar el despido de decenas y decenas de trabajadores”, además de “una fuente de corrupción enorme”. “Es canallada como pocas veces se vio. Ustedes quieren traer las mismas leyes de la dictadura”, agregó. 

Luego se votó también el artículo 93, avalado por 136 votos a favor, 113 en contra y 2 abstenciones, que introduce la figura de “colaboradores”. Al respecto, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley señaló que “esto es copiado de una tendencia brasilera implantada allá por 2017” y “tiene profundas inconsistencias técnicas, además de las políticas”. “Es una declaración forzosa de trabajador independiente denominando así al jefe y trabajadores independientes a los dependientes. Este artículo sí que va a generar litigiosidad”, manifestó.  

Durante la discusión de derogación de distintos artículos de leyes laborales, la cívica Mónica Frade aseveró que “si el sentido de todos estos capítulos de la reforma laboral es eliminar la litigiosidad, quiero anticiparle a todos que los abogados laboralistas vamos a trabajar muchísimo más por los horrores que están votando”. 

Energía, RIGI y eliminación de la moratoria previsional 

Al pasar al capítulo de energía, referido a las reformas de la Ley de Hidrocarburos (144 votos a favor, 106 en contra y 0 abstenciones) y Ley de Gas Natural (146 a favor, 107 en contra y 0 abstenciones), la diputada de Unión por la Patria Micaela Morán advirtió por “la pérdida de soberanía energética” al opinar que con estos cambios “dejaríamos de ser un país petrolero y gasífero” y “vamos a destruir a las PyMEs que no van a poder competir con las multinacionales”. 

“Es la entrega nacional a las petroleras. Le acaban de dar 72 millones de pesos mensuales a los directores de YPF, ¡72 mil dólares por mes y hablan de la casta, manga de caraduras! Están votando una cosa que es escandalosa para un país productor”, se quejó el diputado de la izquierda Christian Castillo. 

A favor del texto, el diputado del Movimiento Popular Neuquino Osvaldo Llancafilo destacó que “si ha tenido algo la producción de hidrocarburos durante estos años” es “ una máxima de producción de petróleo y de gas como no se ha visto nunca”. Para el legislador, esta reforma “mejora considerablemente las condiciones para maximizar la renta petrolera” y aseguró que sí se garantizan “los hidrocarburos para el consumo interno”. 

La creación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares, fue aprobado (el capítulo I de ese título, con 12 capítulos en total) con 134 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones. 

En alusión a esto, la diputada Stolbizer sostuvo que “no es justo este tipo de concesiones que perjudican a otras empresas”. Habló además de que “se violenta el federalismo” y “hay un artículo que incluso le dice a la Justicia lo que tiene que hacer”. “Son esos artículos que claramente no son hechos por un funcionario del Estado”, denunció. 

El diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman dijo que el RIGI logrará “convertir a la Argentina prácticamente en una economía enclave, que no es lo que han hecho los países que se han desarrollado en base a sus recursos naturales”. 

“Es un régimen de entrega fenomenal para los grandes capitales”, exclamó Del Plá; mientras que la cívica Paula Oliveto se mostró “a favor de la inversión”, pero aclaró: “Para nosotros como está redactado puede generar las condiciones para un patrimonialismo de amigos”. Al tiempo de indicar que se avanza con competencias del Congreso y las provincias. “Es poco apto, poco sano en términos republicanos hacer este proyecto al mismo tiempo de un blanqueo; permitiría de esa manera que capitales que podrían ser del narcotráfico o crimen organizado puedan operar en el país”, añadió. 

El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

Por UP, expuso en contra de esta modificación Gisela Marziotta, quien apeló “a los diputados y a las diputadas, sobre todo, a aquellas que se autoperciben feministas, a votar en contra. Porque además es inconstitucional”, afirmó, como así también calificó este capítulo como “misógino, porque las más perjudicadas somos las mujeres”. “Nueve de cada diez mujeres, votando este artículo, no se van a poder jubilar”, aseguró Marziotta.

La radical Carla Carrizo criticó que no habían tomado modificaciones sugeridas, por lo que anticipó que votarían en contra los dos artículos. A su vez, Myriam Bregman calificó este título como “totalmente ilegal”, por no haber pasado el texto por la Comisión de Previsión Social. A su juicio esa norma significaba “un ataque contra las mujeres”.

Desde el oficialismo, el diputado Santurio rechazó las modificaciones planteadas. “Muchas de las propuestas que se están haciendo es no cambiar nada”, argumentó, justificándose en cuestiones presupuestarias.

La votación en particular concluyó con 125 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones.

Durante el debate en particular, la oposición dialoguista logró incorporar un articulado correspondiente al tema del Tabaco. La moción, anunciada por la diputada radical Natalia Sarapura y apoyada por el cívico Juan Manuel López, tuvo 82 votos a favor, 77 en contra y hubo 69 abstenciones.

Luego de un debate de 20 horas, la maratónica sesión de Diputados continuó con el debate en particular de ambos proyectos del Poder Ejecutivo. Primero se inició el debate de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con el antecedente para el oficialismo de un traspié el pasado 6 de febrero, cuando decidió la vuelta a comisión, tras una sucesión de fracasos con los primeros incisos del proyecto.

Por eso es que esta vez se votó al principio de la sesión, este lunes, no solo el tratamiento en forma conjunta de la ley de Bases y el paquete fiscal, sino también que la votación en particular se hiciera por capítulos. Empero, diputados de los llamados bloques dialoguistas reclamaron que algunos artículos se votaran de manera diferenciada. Algunos de los temas ásperos tenían que ver con la delegación de facultades, el poder del Gobierno sobre intervención de organismos, el RIGI y la eliminación de la moratoria previsional. Además de pedidos de agregados, como los impuestos internos al tabaco.

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