Tras el descenso en la tasa de concurrencia en las últimas elecciones nacionales, la Cámara Nacional Electoral promueve la realización de programas de capacitación y educación cívica electoral para incentivar el voto joven.

Mediante una Acordada Extraordinaria, el tribunal determinó que los programas estarán dirigidos a jóvenes electores de 16 y 17 años y a futuros votantes próximos a la edad de sufragio, a desarrollarse en el ámbito de los establecimientos de educación secundaria de todo el país, en coordinación con los respectivos Ministerios de Educación de la Nación y de las Provincias.

Estos programas podrán implementarse con la participación activa de las universidades nacionales, como así también de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con incumbencia acreditada en materia electoral.

Según fundamentaron la participación electoral “no solo es un derecho, sino también un deber cívico que resulta condición de la representación democrática”. La medida surge a raíz de los datos registrados sobre la participación electoral y la tasa de concurrencia a las urnas de las elecciones nacionales de 2025 que evidenciaron una tendencia decreciente.

“Las elecciones legislativas nacionales celebradas el 26 de octubre de 2025 registraron una tasa de participación electoral inferior al 70% del padrón habilitado, lo que representa la tasa de ausentismo más elevada desde el retorno de la democracia en 1983, con un elevado porcentaje de electores que no concurrieron a emitir su voto pese a la obligatoriedad legal del sufragio”, alertaron y remarcaron que la franja etaria preocupante es la que va de 18 a 35 años de edad.

En esa línea, anticiparon que lejos de ser un fenómeno coyuntural o atribuible exclusivamente a un ciclo electoral determinado “se inscribe en un proceso de mediano y largo plazo que podría afectar en forma progresiva la legitimidad del mandato democrático y el funcionamiento del sistema republicano”.

La Cámara Nacional Electoral llevó adelante este jueves una nueva reunión de articulación institucional con organizaciones no gubernamentales y referentes académicos del país con el objetivo central de abordar de manera activa la tendencia decreciente de la participación de los jóvenes en las urnas.

Durante la jornada, el Tribunal presentó un relevamiento de datos estadísticos y gráficos analíticos descriptivos de la merma en la concurrencia. El diagnóstico expone con preocupación que en las elecciones legislativas nacionales celebradas el 26 de octubre de 2025 se registró una tasa de participación inferior al 70% del padrón habilitado, lo que representa el ausentismo más elevado desde el retorno de la democracia en 1983.

Según el informe, esta “gravedad institucional” afecta de manera prioritaria al segmento de electores de entre 18 y 30 años cuyo ausentismo fue del 34,52%, registrándose también dinámicas particulares en el grupo de jóvenes de 16 y 17 años, etapa clave para la consolidación de hábitos participativos tempranos.

Por ello, manifestaron la importancia y la necesidad de fortalecer las políticas de formación cívica y educación electoral, además de consolidar estrategias que resulten adecuadas para este grupo etario, con el objetivo de promover una participación más activa, informada y sostenida en el tiempo.

En este sentido, se acordaron la realización de acciones conjuntas orientadas al proceso electoral de 2027 con el objeto de promover una ciudadanía comprometida con la legitimidad del sistema democrático y el funcionamiento de la República.

De la reunión participaron representantes de Argentina Debate,  Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Asociación Conciencia, CIPPEC, FURP, PNUD, GOOGLE, META, Pulsar UBA, Asociación Argentina de Derecho Político, Asociación Civil MiNU, Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina, Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA), Asociación Debate Argentina, CHEQUEADO, Club Político Argentino, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Comisión de Jóvenes Abogados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Cultura Democrática, Defensoría del Pueblo de CABA, Escuela de Política y Gobierno (UCA), Formando Ciudadanos, Fundación VOZ, Fundaedu, Universidad Maimónides, Observatorio de gobernanza y derecho electoral (UNC), Observatorio de Análisis y Datos Electorales, Observatorio de Derecho Electoral (UBA), Observatorio OEEPI (UNLP - Ciencias Jurídicas), Red Ser Fiscal, Mi voto - Mi elección, Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), IDEMOE, entre otros.

En el marco del anuncio que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, respecto del envío al Congreso de la Nación de un proyecto de reforma electoral, el bloque de diputados radicales presentó una iniciativa de Ficha Limpia para modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

La propuesta busca extender la inhabilidad, tanto de candidatos a cargos electivos como a funcionarios designados, frente a condenas dictadas, aunque no se encuentren firmes. La iniciativa, propone incorporar ilícitos contra la administración pública y los delitos contra el orden económico y financiero directamente vinculados a la corrupción y al fraude del Estado.

Además, desde el bloque explicaron que el proyecto añade “conductas cuya gravedad resulta incompatible con el ejercicio de la función pública como delitos contra las personas en sus formas más graves; delitos contra la integridad sexual; delitos contra el Estado civil; delitos contra la libertad, incluyendo la trata de personas y la reducción a servidumbre, delitos contra la propiedad en sus modalidades agravadas y, finalmente, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”.

Entre los fundamentos, los diputados radicales plantearon que “uno de los principales aportes del presente proyecto es la extensión del principio de Ficha Limpia a la totalidad de la función público y, no solo a quienes acceden a través de procesos electorales”. En esa línea, señalaron que “resultaría paradójico exigir requisitos más estrictos a los empleados públicos de carrera que deben acreditar la inexistencia de antecedentes penales, que a ministros, secretarios o autoridades que administran presupuestos superiores del conjunto del Poder Legislativo”.

A su vez, indicaron que el proyecto “sigue el modelo consagrado por la Ley 9.281 de Mendoza, provincia pionera en materia a nivel subnacional, y extiende la inhabilidad tanto a candidatos a cargos electivos como a funcionarios designados frente a condenas dictadas, aunque no se encuentren firmes2.

Al respecto, citan como ejemplo las provincias de San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “ya tienen un mismo paradigma normativo que tiene sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que la idoneidad no excluye la imposición de requisitos éticos atinentes a la integridad de la conducta”.

En resumen, destacan que el proyecto propone dotar de “plena operatividad al requisito de idoneidad que el artículo 16 de la Constitución Nacional impone a toda persona que aspire a desempeñarse en la función pública, sea mediante elección popular o designación”.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados Pamela Verasay, Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Lisandro Nieri y Darío Schneider.

La diputada nacional Gisela Scaglia presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para implementar Ficha Limpia en todo el país, con el objetivo de impedir que personas condenadas por delitos graves puedan acceder a cargos electivos nacionales. La iniciativa fue impulsada junto a legisladores del bloque Provincias Unidas.

La propuesta modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y amplía el alcance de los delitos que inhabilitan para ser candidato. No podrán postularse quienes tengan condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional. También incorpora como causal de inelegibilidad a los deudores alimentarios morosos, extendiendo el criterio de responsabilidad más allá de los delitos penales graves.

La inhabilitación rige cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aun sin sentencia firme, y se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después. La Justicia Electoral verificará estos requisitos al momento de oficializar candidaturas, y el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.

“Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos. La Argentina no parte de cero, pero necesita reglas más claras para recuperar la confianza", sostuvo Scaglia.

La diputada también remarcó el antecedente santafesino: "En Santa Fe lo hicimos. Primero lo sancionamos como ley y después lo incorporamos a la Constitución Provincial como política de Estado. Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, y cerró: “En este tema no hay grises. Las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”.

La Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo de la Cámara Nacional Electoral que requiere al Congreso el tratamiento de una ley para permitir el voto de las personas condenadas, ya que “la prohibición de votar podría estar justificada en casos puntuales de condenados por determinados delitos, pero no en forma genérica”.

En el año 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad de las normas que suprimen, en forma genérica y absoluta, el derecho al voto de las personas condenadas en proceso penal. En línea con antecedentes propios de ese Tribunal -que reconoció el derecho al sufragio de los detenidos sin condena (caso “Mignone” del año 2000)- y como lo hicieron otros tribunales en el derecho electoral comparado, la Cámara resolvió que si bien el Estado puede restringir el voto en determinados supuestos, las restricciones deben respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos que exigen que la privación de un derecho esencial como el de sufragio, esté debidamente justificada y guarde proporcionalidad con el propósito que se persigue.

“Así, la prohibición de votar podría estar justificada en casos puntuales de condenados por determinados delitos, pero no en forma genérica. Del mismo modo ha ocurrido con las incapacidades civiles, que ya no prohíben en todos los casos el ejercicio del sufragio, sino que deben graduarse y verificarse para cada persona, cuándo se justifica y cuándo se restringe el derecho al voto”, fundamentaron.

En ese contexto, la Cámara Electoral requirió al Congreso de la Nación el tratamiento de una ley que contemple las diferentes situaciones de las personas con condena penal. Sin embargo, pasados más de cinco años, no se ha dictado una ley en ese sentido.

A raíz de ello, por la acción de la Defensoría Pública en un caso referido a esa mora el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el criterio de la Cámara y estableció en sentencia de fecha 10/02/22 que “el Tribunal advierte que la parte recurrente tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena sobre la base del vencimiento de la pauta temporal impuesta en la sentencia apelada; máxime cuando han transcurrido más de cinco años desde que la Cámara Electoral dictó sentencia y el Congreso de la Nación … no … ha dado tratamiento a los diversos proyectos presentados a efectos de implementar el derecho a votar de los condenados”.

A días de los comicios de medio término se habilitó la web “Vota informado”, una plataforma para que todos los ciudadanos puedan consultar los candidatos a diputados y senadores de todo el país por distrito y se consolida como una nueva web en Argentina que ha reunido toda la información de los postulados para cargos electivos nacionales.

“En esta última semana de reflexión sobre el voto, en especial para los indecisos, repasar la lista de candidatos, conocer quiénes son, de donde vienen y que ideas tienen sobre el país que queremos. 'Vota Informado' los va a ayudar para que sepan cómo quieren que se integre el nuevo Congreso Nacional”, señaló Claudio Bargach, coordinador nacional de la Red Ser Fiscal y uno de los promotores del proyecto.

Además, sostuvo: “Algunos de los candidatos han respondido algunas preguntas sobre su posición en temas como Boleta Única, Ficha Limpia, Seguridad y Educación, entre otras, y de otros se podrá encontrar la información general, porque no han podido responder el cuestionario, pero lo importante es que esta la información necesaria para que el elector pueda saber quién es la persona que le pide el voto para integrar el Congreso Nacional”.

El proyecto es similar a uno desarrollado en Rumania, que tuvo mucho éxito en sus elecciones del año 2019 y participaron sus creadores, en materia tecnológica, y la Fundación Friedrich Naumann.

Si bien este año ya se realizaron comicios locales en distintas provincias, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo serán las primeras elecciones que se realicen en todo el país en el contexto de pandemia de coronavirus. Para ello, esta vez se ha desplegado una logística particular.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, hay 34.332.992 electores habilitados para ir a votar, y habrá en total 101.457 mesas para sufragar.

Asimismo, la cartera conducida por Eduardo "Wado" de Pedro y la Cámara Nacional Electoral (CNE) elaboraron un protocolo de ordenamiento sanitario que incluyó la ampliación de la cantidad de establecimientos, que pasarán de 14.800 a más de 17.000 para reducir el flujo de personas. A su vez, se dispusieron 11.304 locales de comicios con kits de transmisión.

De acuerdo con la Acordada Extraordinaria N°83/21 de la CNE, impulsada en agosto, se sugiere la puesta en funcionamiento de ocho mesas de votación por establecimiento durante el día de la elección, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

El operativo de las PASO involucrará a 15.170 operadores de transmisión y 2.746 supervisores en todo el país; 25.620 urneros, a los que se suman más de 9.000 trabajadores y trabajadoras de Correo en soporte técnico, administrativo y de logística. Además, se desplegarán cerca de 14.070 vehículos (entre los que se incluyen vehículos no tradicionales como 9 lanchas, 25 mulas y 57 tractores).

En tanto, el Comando General Electoral, integrado por las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad y policiales, tendrá responsabilidad ejecutiva sobre los 24 distritos electorales. En este marco, se estima que participarán un total aproximado de 95.000 efectivos y más de 3.400 vehículos de uso general, además de aeronaves y embarcaciones de distinto tipo.

En estas elecciones debutará la figura del "facilitador sanitario", un integrante del Comando Electoral que se desempeñará en cada establecimiento a fin de: ordenar el ingreso de las y los votantes; constatar el correcto uso de tapabocas; hacer respetar el distanciamiento social de 2 metros entre las personas; y limitar la capacidad de personas en los lugares de votación.

Recomendaciones para el votante:

Las autoridades nacionales dispusieron que, a efectos de evitar la manipulación de documentación, se solicitará que la persona muestre su DNI y lo apoye en la mesa. La autoridad de mesa podrá indicar a la electora o el elector que se baje momentáneamente el barbijo para corroborar su identidad.

Luego de introducir el sobre en la urna, la persona deberá recoger el troquel y su DNI de la mesa de votación.

Se recomienda que el día de la elección la persona lleve su propia lapicera para firmar el padrón, y que no utilice saliva para cerrar el sobre, aunque en su lugar podrá cerrarlo con pegamento o introduciendo la solapa dentro del sobre.

Si a las 18 hubiera votantes haciendo fila afuera del establecimiento, el delegado judicial les entregará un número para certificar que a esa hora estaban presentes para votar, y se les permitirá el ingreso a posterior.

Los adultos mayores e integrantes de grupos de riesgos podrán votar con prioridad desde las 10.30 hasta las 12.30. Solo en el caso de que sea estrictamente necesario, se permitirá el ingreso con acompañantes a los lugares de votación.

A pocos días de las PASO y en medio de un contexto pandémico, la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo, aclaró cuáles son las medidas que se establecieron para llevar a cabo las elecciones y recalcó que “las personas que tengan Covid-19 o estén aisladas por contacto estrecho no pueden ir a votar, deben quedarse en su casa”.

En diálogo con el Destape Radio FM 107.3, Quiodo explicó que aquellas personas que “tengan Covid-19 o estén aisladas por contacto estrecho no pueden ir a votar, deben quedarse en su casa, cumplir con el aislamiento. La recomendación general es esa".

“Nosotros venimos trabajando desde el año pasado por un protocolo con la Cámara Nacional Electoral en conjunto con los partidos relevando las experiencias comparadas en el mundo”, contó y explicó que “el protocolo que establece la Cámara Electoral plantea que no hay un protocolo específico para el voto – Covid-19, sino que se deja la puerta abierta a que, cualquier juez o jueza federal con competencia electoral, disponga algún mecanismo puntual”.

La directora explayó que "las personas que sean caso confirmado o contacto estrecho no tienen que ir a votar". Asimismo, remarcó que "a partir del día de la elección con posterioridad hasta 60 días las personas tendrán un plazo para justificar la no emisión del voto. Se va a poder hacer online a través de la página infractores.padrón.gob.ar".

"No tiene que ir a votar la persona que sea caso sospechoso de Covid-19. Es lo que indica la justicia tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia, la resolución que han sacado ambos jueces dispone esto", ratificó Quiodo e insistió que "no tiene que ir a votar la persona que sea caso sospechoso de Covid-19, otras personas que están internadas por alguna enfermedad o porque están afuera de viaje también están eximidas de su derecho a voto por fuerza mayor".

A su vez, Quiodo afirmó que “ya hay una campaña, un spot que se ve en la televisión con las normas de distanciamiento y las reglas generales del protocolo”, ante lo que señaló “seguiremos utilizando esas vías para comunicar las particularidades de esta histórica elección”.

"La designación de las autoridades de mesa se han cursado a criterio de cada juez y jueza fiscal con competencia electoral, se han tomado medidas para reducir al mínimo el ausentismo”, informó la directora electoral y precisó que la designación comenzó “a principios de julio cuando se enviaron los telegramas”, es decir con unos “65 días antes de la elección”, y sostuvo que "el viático va a ser de $4.000 para las autoridades de mesa".

"La Cámara Nacional Electoral nos pidió que arbitremos los medios para priorizar la vacunación de una autoridad de mesa que lo pida. Tenemos buena parte de las autoridades vacunadas con una dosis", manifestó Quiodo y concluyó que "la fiscalización partidaria está garantizada y su rol es central".

Diputados nacionales de la UCR cuestionaron a través de las redes sociales la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar el decreto 45/19, que establecía el voto por correo para los argentinos residentes en el exterior, a pocos meses de las elecciones legislativas.

La rionegrina Lorena Matzen denunció que el Gobierno “eliminó el derecho de poder votar por correo postal a todos los argentinos radicados en el exterior. Una medida que lo único que hace es limitar derechos cívicos y complicar la participación democrática”.

Por su parte, la santafesina Ximena García sostuvo: “En 2019, 49.300 argentinos que residen en el extranjero lograron manifestar su voto gracias a dos medidas del gobierno de Macri que ampliaron la participación a través del empadronamiento automático y la implementación del voto vía postal que utilizaron más de 9.000 personas”.

“En medio de esta pandemia, Alberto Fernández deroga el decreto 45/19 anulando el voto por correo de los argentinos que viven en el exterior, restringiendo derechos y dificultando su ejercicio.  ¿Será porque los resultados de las últimas elecciones no lo favorecieron?”, se preguntó García.

Para Lidia Ascárate, de Tucumán, “el presidente eliminó el voto por correo postal dejando a miles de argentinos en el exterior sin la posibilidad de ejercer el voto, atentando contra los derechos electorales y de participación política ¿No me votás? Entonces no podés participar. Esa es la lógica del Kirchnerismo”.

En tanto, el cordobés Diego Mestre señaló que “el presidente ha olvidado el artículo 37 de nuestra Constitución. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes q se dicten en consecuencia. El sufragio o la forma de hacerlo no puede limitarse”.

En tanto, el chubutense Gustavo Menna lamentó: “Un derecho menos. Los compatriotas residentes en el exterior ya no podrán votar por correo postal.  El Gobierno derogó el decreto que habilitaba un sistema de votación que se usa en la mayoría de las democracias”.

Su par Alejandro Cacace, de San Luis, explicó: “El presidente eliminó el voto por correo postal de los argentinos residentes en el exterior. Obvia decir que lo hace porque perdió contundentemente en ese electorado. Su medida es una vergüenza y atenta contra los derechos electorales y la participación política”.

En entrerriano Atilio Benedetti, por su parte, sostuvo: “No amplían derechos, los restringen. Vía decreto, el presidente Fernández impide que los argentinos que residen en el exterior puedan votar a través del correo postal. ¿Hace falta decir que se trata de una maniobra para beneficiar electoralmente al Frente de Todos?”.

Finalmente, Claudia Najul consideró: “Miles de extranjeros que residen en Argentina eligen desde acá autoridades para sus países. Ese derecho, reconocido por el gobierno de Cambiemos a argentinos que viven en el exterior, hoy es coartado por Alberto Fernández. Para él, los derechos están sujetos a su conveniencia electoral”.

“El Presidente cree que los argentinos que viven fuera del país podrían votar mayoritariamente en contra de su partido. La solución es fácil, ¡que no voten! Ese es el compromiso del presidente y el Frente de Todos con la democracia: cuando no sirve se la limita”, remató Najul.