Se trata de Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, de El Destape, por la difusión de información de la Agencia Federal de Inteligencia, a cuya interventora denunciaron.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez (Pro) y Álvaro de Lamadrid (UCR) le solicitaron a la Justicia que investigue la “responsabilidad” de los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi por la difusión de información de la Agencia Federal de Inteligencia.
Los legisladores apuntaron contra la divulgación, en el portal El Destape Web, de datos de identidad de agentes del organismo. “Habiendo accedido a documentación e información cuyo carácter secreto resultaba evidente, la publicaron y pusieron a libre disposición del público en Internet”, señalaron.
Además, en la presentación denunciaron a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, al juez federal Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide -quienes tienen a su cargo la causa por espionaje ilegal durante el gobierno anterior-, por revelar “secretos de Estado” que comprometen la seguridad nacional.
“Si lo que se requería era un listado de resoluciones, no se comprende la razón por la que se remitieron copias de hojas completas sin testar del libro de registros en el que se transcribieron todas las resoluciones de la AFI durante tres años y medio, es decir el lugar donde se asientan todos los actos de mayor trascendencia del organismo”, sostuvieron.
Los diputados de la oposición acusaron a Caamaño por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que era la “responsable de la custodia de la información secreta”. La interventora de la AFI envió al juzgado de Lomas de Zamora, donde tramita la causa, gran cantidad de información sensible “sin tomar ningún recaudo”, destacaron.
Los legisladores insistieron que los periodistas accedieron a información “cuyo secreto tenían obligación de guardar”, y mencionaron lo establecido por la Ley Nacional de Inteligencia para quien “por imprudencia o negligencia dieren a conocer los secretos, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.
La semana pasada, también un grupo de diputados del Pro habían denunciado al juez y los fiscales de la causa por la filtración de datos personales del expresidente Mauricio Macri.
En el inicio de la sesión de Diputados, Waldo Wolff destacó que el Tribunal Supremo acababa de ratificar las condenas de los imputados por la tragedia de Once.
A la hora de las cuestiones de privilegio, el diputado del Pro Waldo Wolff intervino ya no para hacer una, sino para dar una información: “Hace unos minutos acaba de ocurrir un hecho trascendente para nuestro país y sobre todo para nuestro espacio, razón por la cual me tomo el atrevimiento, en nombre de nuestro interbloque, porque la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar las condenas contra los exfuncionarios y empresarios condenados por la tragedia de Once”.
“Habida cuenta que una compañera nuestra es familiar de la tragedia de Once, y que junto con tantos familiares de este flagelo que sufrió la Argentina representan tanto orgullo para nosotros, es intención de nuestro interbloque manifestar el beneplácito, porque se ha hecho justicia y brindarles un aplauso y reconocimiento”, concluyó Wolff, ante los aplausos de los diputados presentes.
Cecilia Moreau, que presidía en ese momento la sesión, no dejó pasar la oportunidad para pasarle factura: “Tenía entendido que iba a hacer una cuestión de privilegio”.
Cuatro legisladores de diferentes credos proponen que sea el 21 de septiembre, en consonancia con el Día Internacional de la Paz.
La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro) presentó junto a sus pares Victoria Morales Gorleri, Waldo Wolff y Soher El Sukaria un proyecto de ley para declarar al 21 de septiembre como el “Día Nacional de Oración en Argentina”.
Con las firmas de Rezinovsky, quien profesa el culto evangélico; Morales Gorleri, en representación del catolicismo; Wolff, del judaísmo; y El Sukaria, quien practica la religión musulmana, en la iniciativa se encuentran representados los distintos credos que conviven en el país y en el mundo como lo son el judaísmo, el protestantismo, el catolicismo y el islam.
La elección de la fecha obedece al Día Internacional de Oración por la Paz que coincide con el Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas.
El proyecto pone de manifiesto “uno de los fines en común a todas las religiones es un mundo en paz. Religiones y culturas en diálogo para que esa anhelada paz mundial deje de ser un deseo y se traduzca en momentos de profunda unión entre las naciones y sus credos religiosos”.
Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada por el CONICET y publicada en noviembre del año 2019, el país cuenta con un 62,9% de católicos y un 15,3% de habitantes pertenecientes a la religión evangélica. Esto da un total de 78,2% sobre el total de la población, es decir, la gran mayoría.
Dentro de la misma encuesta se especifican otras religiones, como son la religión judía y la musulmana que representan el 1,2% de la población, completando casi un 80% de los argentinos que se identifican con alguna de estas cuatro religiones monoteístas.
“El ser humano es un ser bio, psico, social y espiritual. En este tiempo de encierro, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la fe en un ser superior se vuelve una fuente de tranquilidad y paz. Mientras las familias están atravesando momentos difíciles desde lo económico, rompiendo la calma entre los que conviven bajo el mismo techo; mientras hay cada vez más comerciantes quebrados y trabajadores desempleados, donde se perdieron libertades y se vulneran los derechos fundamentales; la oración ayuda a renovar fuerzas y atravesar las dificultades”, enfatizaron.
Finalmente, expresaron que “en estas circunstancias tan difíciles, la unión espiritual de nuestro pueblo se torna imperiosamente necesaria para llevar paz a cada uno de los hogares”.
Tras el episodio del fin de semana, el diputado nacional del Pro y el legislador provincial del Frente de Todos se sacaron chispas en un programa de radio.
El diputado nacional del Pro Waldo Wolff y el legislador provincial del Frente de Todos Jorge D’Onofrio se cruzaron duro este lunes en radio por la difusión del teléfono de Sergio Massa durante la última sesión en Diputados, lo que provocó que el presidente de la Cámara recibiera múltiples amenazas.
La pelea en vivo se dio durante el programa El exprimidor, que conduce Ari Paluch en AM 550, luego de que días atrás D’Onofrio acusara específicamente al diputado macrista por haber hecho público el número de su jefe político.
“Usted es un ignorante, un nazi y un cobarde. Usted ofende a todos los judíos diciendo que no son del pueblo argentino”, enfatizó Wolff durante el caótico debate.
En respuesta, el diputado provincial remarcó que “los que llamaron al teléfono de Massa” fueron “los mismos que se relacionan con Wolff, con (Fernando) Iglesias y con toda esa organización de trolls”.
“¿Qué carajo está probado D’Onofrio? Vaya a Comodoro Py y demuestre que yo pasé el teléfono de Massa. Si tiene huevos, preséntese y lleve una prueba. Deje de dar por válido algo que no es”, le espetó Wolff.
El referente del Frente de Todos le replicó que “todos los trolls” de Wolff lo “hostigaron todo el fin de semana”.
“Te propongo que generemos debates sinceros y pensemos en la Argentina. No soy una persona que discrimina porque soy peronista y cristiano”, afirmó D’Onofrio.
El legislador provincial había acusado al diputado nacional de haber sido el que difundió el teléfono del presidente de la Cámara baja.
El bloque de diputados nacionales del Pro manifestó su solidaridad con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Waldo Wolff, quien fue acusado -“falsamente”, advirtieron los legisladores- por el legislador provincial Jorge D’Onofrio de haber instigado a quienes agraviaron y amenazaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, facilitando sus números telefónicos.
En ese sentido el bloque que conduce Cristian Ritondo informó que el diputado Wolff se autodenunció en la justicia para que “este hecho sea investigado, para despejar cualquier manto de sospecha y evitar la instalación de rumores que pongan en tela de juicio su honorabilidad y la de los demás miembros del bloque”. En esta instancia, advierten desde el Pro, “D’Onofrio deberá ratificar sus dichos difamatorios con pruebas concretas”.
Los diputados del Pro consideran lo del legislador provincial massista un “agravio”, además del cual -advierten- “el legislador se refirió a la condición de judío del diputado Wolff, poniendo en duda su condición de argentino, una típica acción discriminatoria y antisemita que no vamos a tolerar bajo ningún concepto”. Por ello, solicitaron la pronta intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Por último, repudiaron la situación que denunció el diputado Massa, exigieron que la Justicia investigue para determinar la identidad de los responsables y que el bloque Pro sea desagraviado por las sospechas generadas.
Será en el marco de la reforma tributaria que viene. Legisladores de Juntos por el Cambio no ahorraron cuestionamientos.
Trascendieron este viernes datos de la reforma tributaria que viene, con fuertes aumentos de impuestos. Tomándolos por cierto, legisladores opinaron sobre el tema.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio de Diputados, Mario Negri, señaló que “con el kirchnerismo podes ir preso si haces una reunión familiar o si compras más de u$s 200. Pero si te quedaste con $ 14.000.000.000 de impuestos que pagaron los que cargaron nafta o apostaron en un casino, te hacen una moratoria a medida y además te eximen de la acción penal”.
El diputado del Pro Waldo Wolff reclamo: “Basta de subir impuestos. Es al revés. Los que producen y aportan no aguantan más”, en tanto que el presidente del bloque Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, advirtió que “en este contexto social y económico es una locura seguir aumentando impuestos. No podemos seguir ahuyentado el capital, la inversión y a las empresas que generan empleo y riqueza. Este aumento en Ganancias es un nuevo manotazo en el bolsillo del pueblo y los trabajadores”.
Asimismo pidió al Gobierno nacional “que no siga asfixiando a la clase media, comerciantes, trabajadores, jubilados y pymes”.
También desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli se preguntó: “¿Cómo se puede pensar en aumentar impuestos cuando se están cerrando empresas, comercios, pymes y se pierden puestos de trabajo? Más golpes a la producción y a la clase media. Medidas así aumentan el número de excluidos de un sistema que sigue sin darles respuestas”.
En este marco, el diputado oficialista Itai Hagman defendió, en este caso, el impuesto a la riqueza: “Algunos dicen que cobrar impuestos, o en este caso una contribución extraordinaria, a la gente de alto patrimonio va contra la inversión. Les propongo pensar qué pasó cuando Macri bajó impuestos sobre bienes personales. Esa guita que se ahorraron los ricos dónde fue invertida?”.
Un grupo de comunicadores sociales expusieron las demandas de su sector ante la Comsión de Libertad de Expresión.
La Comisión de Libertad de Expresión, presidida por el diputado Waldo Wolff (Pro), mantuvo este jueves una reunión informativa con periodistas de diferentes medios de comunicación que expusieron sobre su labor profesional en el contexto de la pandemia.
Además, se eligió a Luis Patiño (CC) como secretario de la comisión.
En relación al ejercicio profesional, los comunicadores coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales, que se garantice el acceso a la información pública oficial y una mejor distribución de la pauta publicitaria a nivel nacional.
Asimismo, muchos esgrimieron intimidaciones o censuras en su labor profesional. En ese sentido, la periodista Silvia Martinez Cassina señaló que “el derecho a informar es un derecho humano, no una mercancía”.
También participaron del encuentro integrantes de Periodistas Unidos y Autoconvocados de la provincia de Jujuy, Gabriela Tijman, Enrique Córdoba (Radio Nacional), Micaela Polack (delegada de Sipreba), Natalia Aruguete (investigadora del CONICET), Norma Devechi, Diego Macci y Gabriel Hernández, entre otros.
“¡Son unos irrespetuosos!”, cargó al comienzo de la sesión la oficialista Cecilia Moreau, quien recordó a Emilio Monzó y acusó a la oposición: “Ustedes lo espiaban, lo perseguían”.
Durante el tramo de las cuestiones de privilegio, en la sesión de este viernes, la diputada Cecilia Moreau cargó contra Juntos por el Cambio. “Uno entre ayer y hoy viene con mucha paciencia, con mucho respeto, con mucha tolerancia, como debe ser en esta Cámara, escuchando infinidad de descalificativos personales”, empezó, en alusión al informe del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
“La cuestión de privilegio es por la falta de respeto que el bloque de Juntos por el Cambio está teniendo en términos personales, no solo con su persona (dirigiéndose a Sergio Massa), sino con otros legisladores de esta casa, como ha pasado por ejemplo con la doctora (Graciela) Camaño en estos días”, siguió.
Y lanzó: “¡Son unos irrespetuosos, no tienen derecho a seguir descalificando en términos personales a personas que nunca han pasado a dar explicaciones de su vida personal y de su vida pública por ningún tribunal!”.
La vicepresidenta del Frente de Todos les reprochó a los opositores que “ya le hicieron demasiado daño a la democracia, cuando el que estaba sentado ahí era Emilio Monzó, al que ustedes espiaban, al que ustedes perseguían y le metieron gente en la casa”.
“Desde la oposición nos pusimos a defenderlo, porque defender a Emilio Monzó y a Sergio Massa de los ataques personales es defender a la casa de la República y de la democracia. ¡No tienen vergüenza!”, cerró, entre gritos por parte de diputados de Juntos por el Cambio.
Tomó entonces la palabra Silvia Lospennato, que pidió “respetar el reglamento” y no “estar contestando las cuestiones de privilegio que no se contestan”. “Incluir a todo nuestro interbloque en la descalificación de una diputada es totalmente injusto”, enfatizó la secretaria parlamentaria de la bancada opositora.
La macrista aseguró que sus pares “de ninguna manera han tenido una sola descalificación con una colega de la casa a la que respetamos y que yo particularmente le tengo un enorme cariño”. Por eso, expresó que las cuestiones deberían “hacerse personalmente” y “no hacer una acusación general que no se ajusta a la realidad”.
Continuó después Waldo Wolff, que al sentirse aludido manifestó: “¿Hablan de Emilio Monzó? Cuando nosotros vimos como el 14 y 18 de diciembre (de 2017) se asaltó el Congreso, se le robó la birome, se tiraban piedras…que se lo ponga como ejemplo al bloque (del Frente de Todos) de cuidar al presidente de la Cámara en su momento, me parece una falta a la verdad”.
“Yo había pedido una cuestión de privilegio para defenderlo a usted, porque usted es el presidente de la Cámara”, le dijo el macrista a Massa y se refirió al mensaje del canciller venezolano contra el titular de la Cámara baja.
El legislador del Pro planteó una cuestión de privilegio contra el canciller venezolano, que había fustigado al presidente de la Cámara por haber dicho que el régimen de Maduro es una dictadura.
Por una vez, un diputado de Juntos por el Cambio salió en defensa de Sergio Massa. Lo hizo el diputado del Pro Waldo Wolff, quien presentó una cuestión de privilegio para defender al presidente de la Cámara de Diputados, porque “el día 17 de julio de 2020 el canciller venezolano lo acusó a usted de tener relaciones carnales con el Departamento de Estado”.
En ese sentido destacó que “usted tuvo la valentía de expresar que hay una dictadura en Venezuela, en disidencia con la postura del Frente de Todos. Y me parece muy noble de su parte, y a pesar de no coincidir con usted en un montón de cosas, sí respeto el libre albedrío y la libertad de opinión”.
“Por eso no voy a permitir que una dictadura extranjera le falte el respeto al presidente de esta Casa”.
El diputado del Pro consideró “increíble” que Cafiero “no se haya disculpado por tardar nueve meses en venir”. Qué le respondió el jefe de Gabinete.
Presente en el recinto, el diputado del Pro Waldo Wolff consideró “increíble” que Santiago Cafiero “no se haya disculpado por tardar nueve meses en venir” a la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, y el jefe de Gabinete, rápido de reflejos, le respondió: “Hace nueve meses era noviembre, habíamos ganado la elección pero todavía no habíamos asumido”.
Cafiero advirtió que “ni en enero, ni en febrero ni en marzo se han hecho sesiones especiales del jefe de Gabinete”, y tras recordar que la apertura de sesiones ordinarias es el 1ro de marzo, agregó que “en abril el Congreso estuvo cerrado, la Argentina estuvo cerrada”.
De todos modos, señaló que “el 1ro de abril la Jefatura de Gabinete se puso a disposición del Senado” para realizar allí la primera sesión informativa del año, que se desarrolló el pasado 18 de junio.
“Usted habló de tres puntos: el odio, la palabra y la institucionalidad. Respecto del odio sería bueno que se lo diga a su presidente, que retuiteó cuando a (Diego) Leuco le dijeron ‘gordito lechoso’, cuando a Jonatan Viale le pegaron una trompada y después arremetió contra Mercedes Ninci, Silvia Mercado, Cristina Pérez y Viviana Canosa”, asestó Wolff.
El diputado del Pro se preguntó: “Respecto a la palabra, ¿a qué Alberto se refiere? ¿Al que dice que en Venezuela se vulneran los Derechos Humanos o al que dice que no hay dictadura? ¿Al que recibe a los empresarios en Olivos o al que le dice miserables? ¿Al que dice que tiene un plan escondido, al que no cree en los planes o al que dice que siempre estuvieron? ¿Al que vimos estos días en un video del 2015 en el que la Corte Suprema de Justicia no debería tener más de cinco miembros o al de ahora que presenta un plan? Pregúntele usted a que presidente le creemos, él es quien desprecia la palabra”.
Por otra parte, recordó que en diciembre de 2017 “en este mismo recinto volaron piedras desde la banca opositora, hoy oficialista”, durante el debate por la reforma previsional.
“Nosotros nunca vamos a tirar piedras. Incluso mañana, cuando se va a consagrar una de las estafas más grandes de este Congreso junto con el memorándum con Irán, vamos a honrar nuestra institucionalidad estando presentes, dando testimonio sin tirar piedras”, remató Wolff.
Durante la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, el legislador del Frente de Todos hizo esa propuesta. Los argumentos de Waldo Wolff para rechazarlo.
El diputado nacional Eduardo Valdés y su par Waldo Wolff no arrancaron con buen pie la reunión de este jueves de la Comisión de Libertad de Expresión, a la que fueron citados periodistas para exponer sobre la situación de los trabajadores de prensa. Mientras el presidente de la comisión exponía sobre la fallida convocatoria a Sabina Frederic y Victoria Donda, quienes no asistieron a la cita, el diputado del Frente de Todos quiso interrumpirlo y Wolff le cortó el micrófono.
Sobre el final de esa dilatada reunión, Valdés lucía más calmado y afable, y hasta elogió al presidente de la comisión, sin omitir que habían arrancado mal, mucho más temprano. Pero en su exposición no sacó el pie del acelerador y pidió citar a “los periodistas espiados por el gobierno de Mauricio Macri” a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. “Vayamos a fondo. Citemos a Hugo Alconada Mon y a aquellos periodistas que han sido espiados ilegalmente como usted y como yo”, le dijo Valdés al presidente de la comisión.
“El sector más poderoso del periodismo tiene una mirada de la actividad muy diferente a la de los periodistas y trabajadores que expresaron a través de una solicitada diversa y federal que la libertad de expresión es un derecho colectivo, de toda la sociedad”, planteó Valdés.
Durante su intervención, el diputado del Frente de Todos indicó: “No podemos, en aras de la libertad de expresión, buscar rating. Es necesario investigar algo muy duro, que afecta directamente a la actividad periodística, y también los derechos de la sociedad: el espionaje ilegal, sufrido por periodistas que en muchos casos no piensan como yo, como Alconada y Pagni, y como los 400 acreditados al G20. No podemos naturalizarlo”.
Al concluir la reunión, Waldo Wolff fue el último en hablar y rechazó su propuesta. Mencionó el nombre de Daniel Santoro, a quien Valdés había nombrado y que hoy es investigado en la causa que lleva adelante el juez Ramos Padilla. “Usted también estuvo procesado”, le recordó Wolff, aclarando que había sido sobreseído.
Le mencionó el artículo 18 de la Constitución nacional, que dice que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales”. Así las cosas, le dijo a Valdés que “usted da por sentado que se espió a periodistas, sin que estén afectados al debido proceso… Debería decirle yo que le pida la renuncia a la vicepresidenta de la Nación, que está procesada por encubrimiento del atentado a la AMIA, o por ser parte de una asociación ilícita… Sin embargo por suerte, más allá de mi ideología partidaria y de la suya, en nuestro país existe la Constitución Nacional”.
“Por eso le respondo: me preguntó si estoy dispuesto a citar al periodista Alconada Mon; si quiere lo conversamos. Estaríamos vulnerando el artículo 18, pero además haríamos un show terrible. Imagínese si yo cito a la vicepresidenta de la Nación a que explique por qué tenía escuchas de Miguel Angel Toma, Arroyo Salgado y un cuadro de San Martín en su casa de Calafate. Pero estaríamos por encima de lo que establece la Constitucíon”, explicó. Y concluyó: “Entonces si quiere lo conversamos, pero yo no estoy de acuerdo en hacer de esta comisión un show mediático en manos de quién habla más fuerte, o de quién vulnera la Constitución en función de lo que le parece”.
En una reunión que se prolongó cuatro horas, periodistas -entre ellos Baby Etchecopar- analizaron la situación del periodismo. Hubo más críticas hacia el gobierno de Macri que a la gestión actual.
Con la ausencia de las dos funcionarias invitadas -la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular del INADI, Victoria Donda-, se celebró este jueves una prolongada reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que contó con el testimonio de un grupo de periodistas.
Entre los representantes de la prensa habían sido convocados, por parte de la oposición, los periodistas Baby Etchecopar, Cristina Pérez y Viviana Canosa, pero de estos solo el primero estuvo presente de manera remota. Y justamente quien asistió fue destinatario de numerosas críticas de parte de quienes lo sucedieron en el uso de la palabra.
Al inicio, el presidente de la comisión, Waldo Wolff (Pro) se refirió a la ausencia de las dos funcionarias, a quienes dijo que personalmente había enviado invitaciones. En el caso de Donda, aclaró que no hubo respuesta, y en el caso de Frederic, la ministra le pidió que remitiera el pedido de asistencia al presidente de la Cámara, quien a su vez le mandó a él una carta diciéndole que en agosto ella concurrirá a una reunión conjunta. “No aclara si nos va a convocar a nosotros”, apuntó Wolff.
La primera en hablar fue Ángela Lerena, quien arrancó leyendo fragmentos de una solicitada suscripta por más de dos mil periodistas, en las que se indicaba que “no toda crítica puede ser considerada un ataque a la profesión”. La periodista apuntó además que “muchas veces la libertad de expresión parece que fuera privilegio de una élite, los más favorecidos, los que tienen espacios de más visibilidad”.
“Deberíamos mirar un poco más allá de lo que les sucede a los más visibles”, reprochó, y a continuación contó “cosas que le pasan a los trabajadores comunes y corrientes”. En ese marco, recordó cuando “una patota ingresó a Tiempo Argentino, hace cuatro años”, y lo definió como “el ataque más importante contra un medio de comunicación registrado durante la democracia”. En esa oportunidad, dijo, “no sentimos una solidaridad masiva por parte de toda esa élite, que incluye a cámaras empresarias, y hasta el entonces presidente Mauricio Macri llamó a los trabajadores ‘usurpadores’”.
Tras recordar que ese diario hoy sigue funcionando, enumeró una serie de males sucedidos en el ámbito de la prensa durante los últimos cuatro años: “Cincuenta periodistas fueron agredidos durante los últimos cuatro años; 4.500 puestos se perdieron, cerraron empresas y se pagaron salarios en cuotas”.
Lerena señaló los 354 “despidos ilegales” en Télam, rechazados luego por la Justicia, y mencionó también los 65 despidos en Clarín. “Son algunas de las cosas que sufrimos los trabajadores de prensa comunes y corrientes durante los últimos años”, denunció, e insistió en que hoy hay “un montón de medios que están pagando en cuotas los salarios”.
“Algunos periodistas consideran que la libertad de prensa les corresponde solamente a ellos”, remarcó, enfatizando que “la libertad de expresión no es un ticket para que valga todo”.
La cronista citó después el Pacto de San José de Costa Rica y leyó algunos artículos aplicables al caso de la prensa.
A continuación, el periodista Esteban Zunino habló de los límites que están regulados constitucionalmente, criticó “el discurso de odio, incitación a la violencia”, y pidió atender la responsabilidad que les cabe “a los que ejercemos esos derechos”.
“Los límites son la censura directa, el asesinato, la asfixia económica… Ninguno de esos casos se está dando en nuestro país durante los últimos años, salvo excepciones”, comentó, para referirse luego a la concentración mediática: “En Argentina el 80% del mercado de radio está concentrando en los primeros cuatro jugadores; el 92% de la televisión está concentrado en los primeros cuatro jugadores; el 84% de la televisión paga en cuatro jugadores; el 100% de la telefonía está dividido en tres jugadores; el 81% de los servicios de Internet en cuatro jugadores, en una situación de concentración que se extendió como nunca durante los últimos cuatro años durante el Gobierno anterior”. A ese gobierno también le reprochó haber prometido un proyecto de ley de comunicaciones convergentes “que nunca llegó”, y extendió el reclamo al gobierno actual.
“La libertad de expresión -continuó- es un derecho colectivo y si hay personas afectadas son las de menor rango, aquellos que tienen que escribir ocho o diez noticias diarias, lo que atenta contra cualquier criterio de calidad informativa y no son los que suelen victimizarse, ni firman solicitadas con cámaras empresarias”.
A su turno, el periodista Baby Etchecopar aclaró que no iba a victimizarse, para aclarar luego que “la libertad de expresión no se discute: se la tiene o no se la tiene. Es mi punto de vista”.
Lamentó el “terrible momento que pasan compañeros que cobran por debajo de la línea de pobreza”, pero recordó luego haber trabajado “en un multimedio relacionado con el kirchnerismo, y parece ser que la desgracia en este país surgió hace cuatro años”. Por el contrario, habló de trabajo en “condiciones infrahumanas en Radio 10”, donde “los chicos cobran en cuotas, no tienen obra social, y yo fui echado en plena pandemia por no querer adoctrinar… si vamos a la libertad de expresión meramente no sé si lo que molesta de mí es el estilo… la corrupción no tiene sexo. Detrás de la mujer no se defiende a una mujer, se utiliza la misoginia discriminatoriamente para marcar a aquel que a lo mejor pregunta cuando hay un juicio a la vicepresidenta”.
“Hace siete años que vengo sufriendo sistemáticamente, con pruebas y denuncias, los escraches en los teatros, la prohibición de trabajar en municipios kirchneristas”, se quejó a continuación.
Más adelante cuestionó a la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, que “dijo que ya me tienen apuntado, o Victoria Donda, que dijo que gente como yo no debía existir, al mejor estilo goebbeliano”.
Volvió luego a su despido de Radio 10: “Yo pensaba diferente y había que adoctrinar, por eso iba a ir (en su lugar) Pablo Duggan, un excelente periodista, quiero aclarar, y lo recordamos por haber escrito el libro de cómo se suicidó Nisman…”.
“No puedo vivir en un país donde haya un pensamiento único”, deslizó más adelante, para cuestionar luego a lo que definió como “un batallón de diputadas K que organizadas mandan a hacer denuncias para acumular denuncias contra mí, porque hay que silenciar a Baby… no lo digo yo, lo dijeron Lewin y Donda”.
Agradeció al final haberle permitido expresar “esta bochornosa situación que estoy pasando, pero no puedo mezclar una situación gremial. Si no hubiese estado en peligro la libertad de expresión, no estaría hablando”.
En representación del SIPREN, el sindicato de Prensa de Córdoba, su secretaria general, Mariana Mandacovich, dijo compartir lo expresado por Esteban Zunino y Angela Lerena: “La libertad de expresión no está en juego; banalizarlo es muy grave en un país como este que pasó una dictadura. Hay países donde sí está en juego y no podemos banalizarlo”.
Pidió luego diferenciar “opinadores de periodistas”: “Cada cual puede opinar y decir lo que quiera, pero tiene que saber que la función del periodista es central y no se puede decir lo que se quiere sin saber que hay una serie de chequeo de fuentes que tenemos que tener en cuenta. La libertad de expresión sí está en peligro cuando no hay salarios dignos”.
En nombre de FOPEA, Fernando Stanich dijo que resultaba “imposible” estar en desacuerdo con algunos de los colegas que lo habían precedido. “Coincidimos en cuál es la realidad del periodismo, sobre todo en el interior del país”, señaló, reivindicando el carácter federal de su entidad. “Nuestras discusiones exceden a lo que pasa en los grandes medios, o lo que sucede en la Capital Federal”.
Stanich agregó que las amenazas a la libertad de prensa se dan en todos los puntos del país. “Estamos pendientes de eso”, dijo, advirtiendo luego sobre la preocupación que les despierta la precarización laboral, que –aclaró- “viene de antes de la pandemia y venimos alertando que se va a profundizar”.
“Defendemos la calidad periodística, más allá del nombre; no cedemos un centímetro en lo que es la defensa de la libertad de expresión –añadió-. No concebimos una democracia donde no se pueda criticar al periodista, pero eso no puede dar pie a agravios. Que tengan que tener custodia o no puedan salir a la calle por el producto de su trabajo no hace bien a la consolidación de la democracia”.
El representante de FOPEA alertó entonces que “se están profundizando discursos desde algunos sectores que fomentan este tipo de agravios. El periodismo se basa en información, chequeo de datos, pero no defendemos el agravio como forma de hacer periodismo. Lo que hay que potenciar es la tolerancia desde todos los sectores, y eso debe partir fundamentalmente desde los que tienen mayor responsabilidad política en una sociedad. Lo que deben hacer es bajar el discurso de agravio y odio porque esto genera consecuencias directas en un colega de capital o el interior”.
Stanich concluyó afirmando que “desde FOPEA estamos en un proceso de autocrítica” y anticipó que trabajan en un código de ética.
Uno de los más enfáticos al expresarse fue Diego Pietrafesa, de Telefé Noticias y miembro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. “Somos trabajadores de prensa”, repitió adrede varias veces. “Parece que los trabajadores no podemos hablar desde la libertad de expresión, curioso concepto el de Baby Etchecopar”, se quejó.
“Somos nosotros los que hacemos la noticia”, afirmó, denunciando a continuación que los trabajadores de prensa fueron “los que sufrieron un ataque brutal del gobierno de Mauricio Macri”. “Venimos de la peor agresión contra el ejercicio del periodismo libre desde la dictadura: 5.139 puestos de trabajo menos en todo el país; cierre de 57 empresas de prensa escrita y 45 radios, ¿qué otra cosa que un ataque a la libertad de expresión es el silencio de voces y la pérdida de pluralidad y diversidad y la imposición de un discurso cada vez más concentrado?”.
También se ocupó de citar el ataque contra el diario Tiempo Argentino, “entrando en un medio de comunicación con asistencia de los servicios de inteligencia”, y concluyó afirmando que “el periodismo está en emergencia”.
Vicepresidente de FADICA, entidad que nuclea a cooperativas de trabajo relacionadas con la comunicación, Fernando Gómez dijo que “hay que hacer un esfuerzo grande para no banalizar el concepto de libertad de expresión. Quienes se agravian en la libertad de expresión por algún mensaje cruzado o las redes sociales, generalmente tienen la oportunidad de denunciar en un gran medio de comunicación, son los que han dejado en el camino a excelentes periodistas. He visto más excelentes periodistas quedarse sin trabajo que los agraviados”.
Gómez habló de una “profunda concentración de medios” y aseguró que “someter a un medio de comunicación a la asfixia económica crónica es la mejor forma de atacar a un medio de comunicación”.
Fue el turno entonces de Rodrigo Sepúlveda, periodista de Radio Nacional en Mendoza, quien sostuvo que en su provincia “los últimos cuatro años sufrimos persecución ideológica, censura, despidos por ideología”.
“No está en peligro la libertad de expresión en la República Argentina; hay mucho cinismo, descaro”, aseguró, y emprendió contra Etchecopar, quien -dijo- “ha tenido expresiones muy desagradables”.
Habló de periodistas imputados y procesados, y sostuvo que “lo que se ha degradado en la Argentina es el ejercicio del periodismo por parte de algunos. El público es el que debe demandarle a los periodistas que seamos honestos, eso no se está cumpliendo. Cuando existe ese cinismo viene la victimización”.
Cuestionó luego la solicitada suscripta recientemente por periodistas “en apoyo a Luis Majul, quien está acusado de utilizar un programa de televisión para difundir lo que obtenían los servicios de Inteligencia de forma ilegal”.
A continuación Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, celebró “que FOPEA se haga autocrítica, porque siempre estuvo más cerca de las patronales que de los trabajadores”.
Ratificó a su vez “el repudio al espionaje ilegal que abarcó a más de 400 periodistas. Si hay en nuestro país un hecho intimidatorio, se ve reflejado en ese listado. Ese procedimiento de persecución masiva que implementó la AFI de (Gustavo) Arribas para un gobierno que se cargó un récord histórico de despidos”.
Para Carmona, “el Estado debe tutelar para la libertad de expresión, instrumentando mecanismos claros para romper esta concentración hegemónica”, y luego dijo que “hay que generar poderosas leyes antimonopólicas, por eso es vano el debate de si Baby Etchecopar, si Majul, acá no se trata de si son mejores o peores comunicadores; la posibilidad tiene que estar en que todos puedan hablar, desmonopolizando”.
Concluyó su discurso afirmando que “el gobierno de Macri entregando Telecom a Clarín ha generado la mayor concentración de la historia”.
Concluida la ronda de invitados, el presidente de la comisión, Waldo Wolff, contó que los periodistas de Juntos por el Cambio “hace nueve meses que no son invitados a la Televisión Pública ni a Radio Nacional”.
Por su parte, el radical Fabio Quetglas pidió evitar “los falsos antagonismos”, y al referirse a la asfixia económica a la que se somete a los medios, la atribuyó a que “la economía general es languidecente, y eso no viene solo desde el gobierno de Macri”.
Refutó el término concentración económica, a señalar que “personas que eran ignotas hace cinco años, hoy tienen 2 millones de seguidores”, algo que definió como “el proceso de desconcentración de la palabra pública más importante que existió en la historiad de la humanidad”. Y agregó que “pensar la comunicación bajo el modelo de los medios hegemónicos, que era una realidad y lo es, lo que estoy viendo es lo contrario justamente”.
Como sea, sobre el final de la reunión, la también radical Karina Banfi sugirió diferenciar el fenómeno de las redes sociales de la importancia de los medios de comunicación.
El radical Álvaro de Lamadrid advirtió por su parte que “desde que asumió el Gobierno hay un creciente autoritarismo, un vamos por todo, y una de esas señales el ataque a la prensa, a los periodistas, buscando silenciar, como un saldo pendiente del anterior paso del kirchnerismo por el poder. En esto tiene que ver la vicepresidenta, que es quien gobierna el país”.
El diputado señaló que “desde Juntos por el Cambio siempre hemos manifestado nuestra solidaridad con los ataques a los periodistas; no vemos la misma actitud desde el Frente de Todos. Parece que hay periodistas buenos a los que se debe defender y otros que se merecen los ataques”.
En respuesta a las referencias al ataque en Tiempo Argentino, dijo que ese diario “fue el negocio de unos vivos que usaron la pauta oficial para enriquecerse. Cuando terminó el Gobierno se fueron y dejaron a la gente a la deriva; no hay ni puede haber libertad de expresión con canales que se compraron con la plata de la corrupción y ahora quiere salvar el Gobierno con una moratoria”. Advirtió además sobre “medios que se usan para hacer operaciones y ataques a la oposición. La del Gobierno no es una actitud imparcial de árbitro, sino de embarrar la cancha para que parezca que todos somos iguales, llevadas a cabo con los Oyarbide de turno”.
La kirchnerista Mara Brawer dijo no entender “el apoyo a la victimización de Baby Etchecopar”, enumerando luego una serie de improperios del periodista. Pero advirtió que “esta semana dijo algo muchísimo más grave, pasó un límite: cuando Miriam Lewin dijo que su tarea es lograr que estos discursos de odio no sean escuchados, le contestó: ‘¿cómo va a hacer para que la gente no me escuche, me va a desaparecer’?. Le dijo esto a una persona que estuvo desaparecida en la ESMA”.
Y luego se comparó a sí misma preguntándose qué pasaría si ella dijera que no quiere que se escuchen los discursos de odio “y un periodista me contestara: ‘¿qué vas a hacer, nos vas a hacer jabón?’”.
“No se puede banalizar la existencia o no de la libertad de expresión”, señaló por su parte el diputado del Frente de Todos Marcelo Koenig, que consideró que “uno de los más grades ataques” contra la libertad de expresión, tras enumerar una serie de episodios registrados durante las últimas décadas, “fueron las agresiones físicas, verbales, que recibieron los periodistas de C5N durante la marcha opositora y fascista del 9 de julio pasado. Esto es un atentado liso y llano contra la libertad de expresión”.
“Estoy convencido que son producto de los discursos del odio. Veo con preocupación que se intente defender a estos odiadores seriales”, agregó, para apuntarle a Baby Etchecopar: “Un personaje pequeño y oscuro como el que invitaron no solo está repitiendo un discurso racista misógino, discriminatorio, sino que además eligió una metáfora precisa para referirse a nuestra vicepresidenta: el cáncer… No es la primera vez, el mismo odio pintó en una pared de Barrio Norte viva el cáncer”.
Fernando Iglesias señaló a continuación que él había repudiado enseguida esos episodios. “¿Qué obtuvimos? Un señor que es de C5N nos presentó una denuncia penal a mí y a Patricia Bullrich por ser responsables de una agresión que repudiamos”.
A su turno, Mónica Macha sostuvo que “quienes hoy dicen que la libertad de prensa está en riesgo son, paradójicamente, quienes responden a los intereses concentrados. ¿Saben cuándo estuvo en peligro el derecho a la comunicación? Durante los cuatro años de macrismo, cuando lo primero que se hizo fue dar de baja la Ley de Medios y con ello no solo silenciar voces sino hundir a los medios alternativos, contrahegemónicos y comunitarios”.
Se trata del cuerpo presidido por el macrista Waldo Wolff, donde también se citó para este jueves a la titular del INADI, Victoria Donda.
Por tercera vez, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, no asistirá a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por el macrista Waldo Wolff, donde fue citada en varias ocasiones para explicar los alcances de la resolución 144/20 que, según la oposición, habilita el “ciberpatrullaje”.
Según supo parlamentario.com, la funcionaria no recibió la convocatoria oficial desde la Presidencia de la Cámara baja, sino una invitación a título personal de Wolff, que le llegó este martes por la noche.
“Nuevamente la citación fue de forma improcedente”, aseguraron desde su entorno. Y, además, indicaron que la ministra brindó información sobre el tema cuando se presentó ante la Comisión de Seguridad Interior -el pasado 7 de abril-.
La semana pasada, Frederic expuso ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, donde señaló que dicha resolución se elaboró con el aporte de los organismos de Derechos Humanos y tendrá vigencia por el tiempo que dure la emergencia sanitaria.
Por otra parte, la Comisión de Libertad de Expresión citó también a la titular del INADI, Victoria Donda, por sus dichos contra el periodista Baby Etchecopar. “No van a existir más los Baby Etchecopar”, lanzó la funcionaria durante una entrevista.
Consultada por parlamentario.com, la exdiputada afirmó que estaba dispuesta a concurrir, pero tampoco recibió hasta el momento una “invitación oficial” desde la Cámara.
Fue en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados. Guadalupe Vázquez (Radio Rivadavia), Carlos Eguia (Radio Uno Neuquén) y Ariel Barrios, de Salta, brindaron sus testimonios.
La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside Waldo Wolff (Pro), escuchó este miércoles el testimonio de tres periodistas que denunciaron “persecución” e intentos de “censura” por parte de dirigentes políticos, en una reunión de la que no participó el Frente de Todos.
El oficialismo decidió no asistir a la videoconferencia en rechazo al primer punto del temario, la citación a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien había sido convocada por segunda vez para exponer sobre la resolución 144/20, y finalmente no concurrió.
Una de las expositoras fue la periodista Guadalupe Vázquez (Radio Rivadavia, Canal 9 y LN+), quien denunció un “acoso” y un “intento de desacreditación” en las redes sociales por una información que publicó acerca de la disposición del Banco Central sobre compra de dólares y transferencias al exterior.
En primer lugar, Vázquez recordó que fue despedida en 2013 del canal C5N, luego de la compra por parte de Cristóbal López, “por no querer ser partícipe de una operación de prensa que le estaban haciendo en ese momento al gobernador (José Manuel) De la Sota”, aunque no ofreció detalles.
Con respecto a sus dichos sobre la regulación del BCRA en Twitter, relativo a lo que ella llamó “dólar terrorista”, dijo que al día siguiente de su publicación “ya había medios militantes diciendo que esto era una operación de prensa”, en particular el sitio Chequeado.
“El chequeo se hizo sobre la desmentida de un funcionario, no con documentos o especialistas”, cuestionó la periodista, y agregó que “no le permitieron el derecho a réplica”.
“A los que más les molestó que yo diera esta información es a La Cámpora”, aseguró, y agregó que a partir del hecho “el diputado (Rodolfo) Tailhade empezó a desacreditarme”.
Por su parte, Carlos Eguia, periodista de la radio Cadena Uno de Neuquén, denunció que desde 2017 sufre una “persecución” por parte de Guillermo Pereyra, exsenador nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Eguia advirtió que Pereyra es “un hombre muy poderoso” que “si quiere puede parar el país, porque nos corta todo Vaca Muerta. Es (Hugo) Moyano multiplicado por cuatro”.
Recordó que hace tres años, el dirigente gremial le inició una acción penal por calumnias e injurias por una investigación que Eguia leyó en la radio, correspondiente al diario Río Negro, que “era absolutamente veraz”.
El periodista destacó que ganó el juicio en primera y segunda instancia, y finalmente también obtuvo un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén.
Eguia señaló que los periodistas del interior “no tienen tanta espalda” como los de Buenos Aires y en ese sentido destacó que “el único que puso la cara” por él fue “Baby” Etchecopar, que también estaba convocado a la reunión de comisión, pero no concurrió.
Luego expuso Ariel Barrios, periodista de Salta, quien a fines de junio fue multado con 40.000 pesos por el intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, por haber publicado dos “fake news” en su cuenta de Facebook sobre casos de Covid-19 que finalmente fueron verificados.
“Esto parece sacado del siglo XVII, donde te penaban por hablar en contra del rey. Él (por Domínguez) representa la suma del poder público, él te juzga y él te multa”, graficó Barrios, y dijo que a pesar de que el Concejo Deliberante derogó de manera retroactiva la ordenanza en cuestión, la multa “sigue en pie”. “Afrontar esta multa me llevaría prácticamente un mes y medio de sueldo”, advirtió.
Otro de los participantes de la reunión fue Daniel Dessein, de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), que advirtió: “Nunca tuvimos tanta atención como en estos meses, pero al mismo tiempo nuestros ingresos se han derrumbado de manera inversamente proporcional” y “empiezan a caer medios” como en Brasil (30) y en México (27).
Dessein observó que la pandemia generó “un contexto donde se ha enrarecido muchísimo el clima”.
Además, habló de un “intento se confundir periodistas con sus fuentes” y aludió al caso de Luis Majul, que “hizo que todos a quienes nos preocupa la libertad de expresión siguiéramos el caso con muchísima atención”.
La ministra había sido convocada nuevamente por Waldo Wolff (Pro) para hablar sobre la resolución que, según la oposición, habilita el “ciberespionaje”. El Frente de Todos vació la reunión.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, faltó por segunda vez a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, convocada por su presidente, Waldo Wolff, para dar explicaciones sobre la resolución 144/20, que según la oposición habilitó el “ciberpatrullaje”.
Se trata de la resolución que creó, a fines de mayo pasado, el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, cuya aplicación se limita a la pandemia del Covid-19.
El 11 de junio, Wolff convocó a Frederic a una primera reunión informativa, pero la ministra se ausentó, y posteriormente, el 23 de junio, el diputado del Pro volvió a convocar a un encuentro, pero en ese caso ni siquiera se le cursó la invitación a la ministra, por decisión de autoridades de la Cámara baja que entendieron que esa comisión no era el ámbito pertinente.
Sin embargo, el legislador volvió a citar a Frederic para este miércoles, esta vez con una invitación enviada por él a su correo personal, pero la funcionaria tampoco asistió.
Lo cierto es que el mismo día de la convocatoria de Wolff, el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, dio explicaciones sobre la resolución y respondió preguntas ante la Comisión de Seguridad de Interior, el ámbito que correspondía según el oficialismo.
A pesar de esto, Wolff lamentó: “Estamos siendo plantados por segunda vez consecutiva, y además somos destratados, porque ni siquiera nos contestan”.
“Si nosotros consideramos que una acción de un Ministerio está afectando la libertad de expresión, es motivo suficiente para que convoquemos”, consideró, y agregó: “La ministra puede no venir, pero corresponde que nos responda por escrito”.
Los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Libertad de Expresión decidieron no asistir tampoco a la reunión y emitieron un comunicado justificando su decisión.
“No nos vamos a prestar a instancias que solo buscan la trascendencia mediática”, sostuvieron los legisladores Marisa Uceda, Marcelo Koenig, Norma Abdala de Matarazzo, Lisandro Bormioli, Pablo Carro, Josefina González, Jimena López, Mónica Macha, Germán Martínez, Gisela Marziotta, Vanesa Massetani, Carolina Moisés, Vanesa Siley, Eduardo Valdés y Liliana Yambrun.
Los representantes del oficialista aclararon que la invitación “debe ser cursada a través de los mecanismos de la Cámara”, y sin embargo la misma fue “enviada al correo electrónico personal” de la ministra.
Además, los diputados señalaron que la resolución 144 “en nada afecta la libertad de expresión” y por lo tanto “no es esta comisión el lugar para debatir este tema”, sino la de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos).
“No nos vamos a prestar a estrategias de distracción que buscan ocultar, por ejemplo, los alcances de las investigaciones judiciales en curso que tienen que ver con acciones de espionaje ilegal realizadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri”, denunciaron los oficialistas.
El diputado del Pro dijo que “no” cree que la vicepresidenta Cristina Kirchner “tenga que ver”, pero aseguró que el hecho presenta “ribetes políticos”.
El diputado nacional Waldo Wolff (Pro) consideró este miércoles que el crimen de Fabián Gutiérrez, exsecretario de la vicepresidenta, “es un caso que desnuda la pornografía y gran parte de las miserias kirchneristas”.
“El devenir de los hechos confirma lo que creí en un primer momento: este es un hecho absolutamente político, y eso no quiere decir que la vicepresidenta tenga algo que ver, no creo que tenga absolutamente nada que ver”, expresó en diálogo con radio La Red.
El macrista señaló entonces que se trata de “un secretario que se enriqueció escandalosamente, obscenamente, que es asesinado por un nieto (Facundo Zaeta) del escribano de la familia (Kirchner), después de haber sido testigo, colaborador, y denunciando que llevaban bolsos a la casa de la familia junto a otros cien empresarios. Y ese crimen es investigado por la sobrina de la familia (en referencia a Natalia Mercado). Si este caso no tiene ribetes políticos…”.
El legislador de Juntos por el Cambio resaltó además que, según la investigación, Gutiérrez “habría sido torturado por cuatro personas”, por lo que “se estaría descartando el crimen pasional que trataron de plantar en algún momento” y “el móvil de una relación amorosa sería mentira”. “Estarían buscando dinero”, agregó.
Por otra parte, Wolff criticó al oficialismo por “agarrarse” de la discusión por el comunicado de Juntos por el Cambio, cuando eso “es secundario”. “Te putean por cadena nacional, el presidente nos dijo canallas y miserables”, rechazó.
El diputado radical dijo que realizará la presentación junto a su par Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de Expresión.
El diputado radical Luis Petri adelantó, a través de su cuenta de Twitter, que realizará una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por “la persecución a periodistas” en Argentina, a raíz de las versiones sobre la posibilidad de que periodistas sean detenidos en el marco de la causa sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Vamos a presentar una denuncia ante la @OEA_oficial por la persecución a periodistas en el país, con @WolffWaldo, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de Juntos por el Cambio. No hay República ni Democracia posible sin una prensa libre!”, escribió el mendocino.
Las declaraciones de Marcelo Longobardi al canal TN, sobre la posibilidad de la detención de “uno o dos periodistas”, encendió las alarmas de la oposición. “Que se entienda de una vez, el periodismo investiga, consulta fuentes, chequea datos y hace notas, eso no es espionaje, eso es libertad de prensa en un país democrático. No a la persecución de periodistas!”, agregó Petri.
Además, criticó al Gobierno nacional y lo comparó con Venezuela: “Persecución y escarches a periodistas; intervención y expropiaciones de empresas; ataques al campo; Superpoderes y restricción a Derechos constitucionales por DNU. Asfaltando el camino a Venezuela!”.
En tanto, referentes de Juntos por el Cambio firmaron un comunicado en el cual manifestaron su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal” y sostuvieron que “la persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.
La titular de la cartera de Seguridad se ausentó en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión citada por Waldo Wolff.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se ausentó este martes en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, convocada por Waldo Wolff (Pro), para dar explicaciones sobre los procedimientos de “ciberpatrullaje” llevados adelante por las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia.
Por segunda vez consecutiva, la funcionaria no asistió a responder preguntas sobre el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, creado en la resolución 144/20 del Ministerio de Seguridad.
Wolff recordó que fue la propia Frederic quien acuño el término “ciberpatrullaje” durante una reunión informativa de la Comisión de Seguridad Interior el pasado 8 de abril. En aquella oportunidad, la ministra reveló que se estaba aplicando esta modalidad en las redes sociales “para detectar el humor social”.
“Esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones”, dijo Frederic, y aclaró que “no es ciberespionaje; lo que se hace es un rastreo sobre lo que es público” a través de Twitter, Facebook e Instagram. “Con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero siempre algo es mejor que nada”, acotó entonces la funcionaria.
El 11 de junio, Wolff convocó a Frederic a una primera reunión informativa, pero funcionarios de la cartera de Seguridad formularon algunos reparos y finalmente la ministra se ausentó, al igual que este martes, aunque en este caso ni siquiera se le cursó la invitación.
En nombre del oficialismo, la vicepresidenta de la comisión, Marisa Uceda, explicó que “cuando se solicitó la presencia de la ministra, desde la Presidencia de la Cámara se comunicó que no se cursaría la invitación por entender que no era el ámbito”.
“Sinceramente lo digo: no sé si nuestra comisión es el ámbito propicio para que la ministra venga a dar informes”, reforzó Uceda, quien además informó que a partir de la resolución 144/20 se creó una comisión que se reunirá la semana próxima y que cuenta con representación parlamentaria en los diputados Paula Penacca (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).
“Generar la sospecha de que no ha habido voluntad de la ministra no es sano”, dijo Uceda.
Desde Juntos por el Cambio, Karina Banfi se preguntó: “¿Cómo no va a ser el ámbito la Comisión de Libertad de Expresión para conversar con cualquier ministro que hoy gestiona las garantías de los derechos humanos?”.
Según Banfi, diputados de su interbloque se entrevistaron con el relator especial para Libertad de Expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), organismo que consideró que “la utilización de herramientas de persecución delictiva para medir el humor social en plataformas digitales abiertas no es lo adecuado”.
Asimismo, Álvaro De Lamadrid (UCR) recordó la reunión de la Comisión de Seguridad Interior donde estalló el tema: “(Frederic) lo dijo sin que nadie se lo preguntara, como una cosa buena, y después no respondió preguntas”.
Además, consideró que la reunión anunciada por Uceda en el marco del protocolo “no es óbice, obstáculo ni impedimento para que esta comisión reciba las explicaciones” correspondientes sobre el “ciberpatrullaje”.
El oficialista Germán Martínez recogió el guante y sostuvo que “estamos ante una jugada política de la oposición”, además de aclarar que “el ámbito lógico” donde debería exponer la ministra es la Comisión de Seguridad.
El santafesino puntualizó que en la propia resolución del Ministerio se establece cuáles son los fines del denominado “ciberpatrullaje” en el contexto de la pandemia.
Según ese protocolo, se busca detectar delitos de “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”; “venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”; y “ataques informáticos a infraestructura crítica -especialmente a hospitales y a centros de salud-”.
Eduardo Valdés, también del Frente de Todos, comentó que la propia Frederic admitió en declaraciones periodísticas que “la frase de medir el humor social no fue la mejor”.
El diputado le habló a Wolff: “Una de las cosas más dolorosas para la libertad de expresión es el espionaje ilegal. Usted ha sido espiado y yo he sido espiado”. “El espionaje ilegal es una cloaca transversal”, denunció, al mencionar que fueron espiados desde la expresidenta Cristina Kirchner hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Al finalizar la reunión, Wolff anticipó que volverá a citar a Frederic. “Si no quiere venir, que no venga. Lo único que queríamos era preguntarle” sobre la resolución, dijo. La oficialista Carolina Moisés pidió someter a votación la convocatoria a la ministra, pero el titular de la comisión lo rechazó.
Para un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, existe un “plan de impunidad” para favorecer a la actual vicepresidenta.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio se presentaron ante la justicia para ampliar la denuncia efectuada contra el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.
La denuncia fue suscripta por los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Álvaro Lamadrid y Fernando Iglesias, quienes solicitaron que la investigación se enfoque sobre lo que definieron como “una trama de encubrimiento y protección sobre los actos de corrupción que involucran la gestión gubernamental de Cristina Fernández de Kirchner y su antecesor Néstor Kirchner”.
El plan se inicia, afirman, con “el desprestigio de las investigaciones”, al considerarlas una persecución política, “Lawfare”, y “se consolida con el nombramiento de funcionarios vinculados a los imputados en cargos claves, con el fin de desbaratar las decisiones judiciales”. Y citan puntualmente los casos de Carlos Zannini, Juan Martín Mena, Santiago Eguren, Horacio Pietragalla y el fiscal Javier De Luca.
“El plan sistemático para lograr la impunidad de la familia Kirchner y sus cómplices es muy claro. Sólo hay que unir las distintas acciones que describimos en la denuncia, las que cuando se las ve en conjunto adquieren el sello inconfundible de una operación destinada a sepultarlas causas de corrupción contra ese grupo político”, señaló el diputado Jorge Enríquez.
La exgobernadora bonaerense aseguró que no es momento de caer en confrontaciones o “marcar diferencias desde lo sanitario” con el oficialismo, pero consideró que la coalición opositora tiene que “mostrar herramientas concretas” para darle “respuestas” a la gente.
“En construcción”. En esa etapa aseguró estar María Eugenia Vidal, quien comenzó a romper el silencio dentro del escenario virtual que ofrece el aislamiento. Durante un Zoom del que participaron mil personas -entre dirigentes, militantes y vecinos-, la exgobernadora bonaerense arengó a “reconstruir la esperanza” una vez que pase la pandemia y mantener la unidad de Juntos por el Cambio para ampliar el 41% obtenido en las últimas elecciones.
Evitando opinar sobre cómo lleva adelante la cuarentena la gestión de Axel Kicillof, la exmandataria provincial aseguró que no es momento de caer en confrontaciones o “marcar diferencias desde lo sanitario” con el oficialismo, sino que la coalición opositora tiene que “mostrar herramientas concretas” para darle “respuestas” a la gente.
Además, consideró que “para evitar excesos de autoritarismo están nuestros resortes institucionales que, yo creo, los estamos haciendo valer”. “Nuestra voz hoy está siendo todo lo fuerte que puede ser en este contexto”, opinó, al valorar la acción de los intendentes y los legisladores tanto nacionales como provinciales del espacio.
Al hablar este viernes en una videoconferencia organizada por el diputado nacional Waldo Wolff (Pro-Buenos Aires), Vidal destacó que estos son “tiempos muy desafiantes para la política” ya que “son tiempos que plantean enormes dificultades a los argentinos” y “cuando sos dirigente eso duele. Duele e interpela, y es desde ese lugar es que yo miro la cuarentena”.
La exgobernadora explicó que su silencio se debió a haber pasado un año electoral que imponía “una autocrítica”. “No podemos pasar por una elección como la que pasamos sin reflexionar”, señaló y manifestó que entendió que “había que hacer un espacio para el nuevo gobierno provincial y nacional” y mientras “tratar de acompañar a los que están en la trinchera”.
La referente del Pro subrayó que frente al “desafío sanitario, pero también económico y social” no hay que “aceptar falsos dilemas o grietas ficticias” como las de “cuarentena-anticuarentena; economía-salud; ricos-pobres”.
“Nos nos interesa la confrontación, sino lo que se necesita para que la gente esté mejor. La gente necesita respuestas y recuperar la confianza en sus dirigentes. Este es un tiempo de grandeza. Este es justamente el momento donde la gente quiere ver de qué estamos hechos”, expresó.
“En Argentina hay dos espacios”
Aunque instó a no alentar dicotomías o “grietas”, Vidal sentenció: “Somos una de las dos fuerzas que en Argentina puede gobernar o ser la principal oposición; eso ha quedado demostrado a través de las sucesivas elecciones. No hay lugar para una tercera vía, son dos espacios en la Argentina: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio”.
“Se necesita reconstruir una esperanza”, sostuvo la exgobernadora y habló de que, una vez que pase la pandemia, “se vienen tiempos que nos desafian en nuestros valores”. Recordó que JxC “no ganó, pero hizo una elección importante” y, por eso, “tenemos la obligación de representar al 41% de los votos y también tenemos la obligación de ampliar. Y Juntos por el cambio tiene el desafío de la unidad, esa es hoy nuestra principal tarea hacia adentro”.
En ese sentido, añadió que “la unidad no significa unanimidad; que estemos juntos no quiere decir que siempre estemos de acuerdo”. “¿Cómo nos vamos a ampliar si no somos diversos?”, se preguntó y enfatizó que “para llegar al 50%” se necesita esa diversidad. Pidió entonces no “dramatizar” las diferencias porque “cualquier ruptura o cualquier fragmentación de Juntos por el Cambio solo puede ser funcional al oficialismo”.
“La situación económica y social va a ser mucho peor”
Sobre la extensión del aislamiento social, la dirigente macrista consideró que “de nada sirve liberar todo y abrir todas las actividades económicas si de golpe eso hace crecer los contagios y las muertes. Pero tampoco sirve sostenerlo de manera irrestricta en todos los planos”.
Coincidiendo con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti sobre que la cuarentena “es una herramienta excepcional, que no es sostenible indefinidamente”, Vidal aclaró que “no hay definiciones taxativas ni ideológicas para la cuarentena, lo que hay que tomar son posiciones en base a datos”.
“Me preocupa que pensemos que cuando la cuarentena se levante todo va a volver a ser como estaba antes. La situación económica y social va a ser mucho peor con o sin cuarentena”, advirtió y opinó que en los próximos meses va a haber que realizar propuestas para “devolverle a la clase media -que se está empobreciendo- su lugar de clase media, y darle esperanza a los que viven en los barrios más vulnerables de que no nacieron para vivir ahí siempre y que también pueden tener progreso genuino”.
Afirmó que no habrá entonces que “buscar responsables, sino respuestas” y “mostrar herramientas concretas”. “Nuestro mayor éxito sería no la exposición o lograr una visibilidad política, sino que el oficialismo tome nuestros proyectos y los lleve adelante, y se logren votar en el Congreso, porque la gente no puede esperar a la próxima elección, necesita respuestas hoy”, resaltó.
Y completó: “Ya va a llegar el tiempo en que mi voz se haga pública. Pero la realidad no se cambia con grandes discursos ni con grandes presentaciones públicas, sino con cosas concretas, consistentes, coherentes”.
Próximos proyectos en el Congreso
Con Wolff como conductor, otra de las voces que se escuchó en el Zoom fue la de Cristian Ritondo, actual jefe del bloque Pro en la Cámara de Diputados y exministro de seguridad durante el gobierno de Vidal.
En una de sus intervenciones, el legislador mencionó proyectos de ley que Juntos por el Cambio ya propuso en el Congreso -sobre blanqueo laboral, teletrabajo y un fondo de garantías laboral- y adelantó que esta semana presentarán distintas iniciativas para atender a la crisis económica, producto de la pandemia, relacionadas con las PyMEs 2.0, el fomento de inversiones productivas y las economías regionales.
En la bicameral de Comunicación Audiovisual, Juntos por el Cambio se abstuvo en la elección de la periodista por estar en desacuerdo con el procedimiento realizado. Polémica por el reparto de cargos en la comisión y aval a las propuestas para el Enacom y RTA.
En una nueva reunión virtual marcada por la discusión entre el oficialismo y la oposición, la Bicameral Permanente de Seguimiento y Promoción de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización avanzó con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público.
La presidenta de la comisión, la diputada oficialista Gabriela Cerruti, destacó que en los 50 días que estuvo abierto el período de adhesiones y oposiciones, el respaldo a su candidatura alcanzó una “fuerza y fortaleza” que fue “contundente” y solo hubo dos rechazos que “no tenían que ver con el fondo de las condiciones” de la postulante.
A continuación intervino la radical Karina Banfi, quien si bien remarcó que desde Juntos por el Cambio no había oposición a Lewin, sí había que “revisar algunas cuestiones del procedimiento y esto no es menor”. La diputada se quejó del incumplimiento de plazos y falta de acceso a la información y pidió: “Hagamos las cosas bien, no a las apuradas”.
Cerruti salió al cruce al decir que la candidatura había sido correspondiente publicada en el Boletín Oficial, en dos diarios de circulación nacional y en las páginas web de ambas cámaras, además de haberse prolongado la etapa de adhesiones y oposiciones a raíz de la cuarentena. “Usted es miembro desde ayer en la comisión”, le enrostró la kirchnerista por el reclamo sobre la información.
“No dudamos que se publicó”, expresó el diputado macrista Waldo Wolff, que reiteró: “Lo que nosotros estamos cuestionando es el procedimiento, no a la señora Lewin”. “Nos parece que para elegir un cargo lo que corresponde es tener sobre la mesa toda la información y analizarla”, señaló.
Se metió en la discusión el senador oficialista Guillermo Snopek, que apuntó al interbloque de Juntos por el Cambio por “tener esta forma” desde “las últimas reuniones” de “no hacer sus planteos, sino un show mediático”.
Luego retomó la palabra Banfi para solicitar que la definición sobre un “cargo tan importante” sea la semana que viene. “Pido tomarnos el tiempo suficiente para hacer las cosas bien y que no queden suciedades en términos de procedimientos, porque lo que realmente queremos ser es ser transparentes”, insistió.
Para cerrar, el diputado oficialista Pablo Carro sentenció: “Después de dos años del señor (Emilio) Alonso a cargo de la Defensoría y sin que el oficialismo se haya ocupado de designar, ni siquiera de proponer un defensor permanente, lo que pido es que pasemos a votar”.
Fue entonces que el aval a la candidata se confirmó con nueve votos afirmativos, todos correspondientes al Frente de Todos, y seis abstenciones, de los miembros de Juntos por el Cambio. En tanto, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) estuvo ausente. “Muy bien, se eleva a la Presidencia de ambas cámaras”, finalizó Cerruti.
Polémica por el reparto de cargos
La reunión virtual de este martes se inició caldeada por la elección de las autoridades. En el encuentro previo a la declaración del aislamiento obligatorio, realizada en marzo, los cargos de vicepresidente y secretario habían quedado pendientes.
El senador del Frente de Todos Mariano Recalde comenzó proponiendo como vice a su compañero de bloque Alfredo Luenzo. “Bueno, estamos todos de acuerdo”, afirmó Cerruti y lo dio por sentado, cuando el diputado radical Miguel Bazze pidió la palabra para reclamar: “Nosotros pensamos que la vicepresidencia de la comisión debía estar en manos de la oposición, de Juntos por el Cambio; más del respeto, consideración y estima que tengo por el senador Luenzo”.
“Entendimos que era el acuerdo que había anoche”, contestó Cerruti. Pero el diputado Waldo Wolff se preguntó “cuál es el argumento”. “Desde sus inicios esta comisión tuvo diferentes conjugaciones en su presidencia y vicepresidencia. No hay un parámetro en la historia de esta comisión”, sostuvo la titular que, a pedido de Wolff, accedió a una votación nominal.
Con mayoría, el oficialismo impuso a Luenzo como vicepresidente, con nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención -de la macrista María Carla Piccolomini-.
“Empezar así una comisión, siendo además usted una mujer comprometida con la democracia…en mis cuatro años de diputado no recuerdo votar a una autoridad por mayoría, porque en todo caso no se respeta el equilibrio de poder”, lanzó Wolff, que remarcó que la “costumbre” es elegir a las autoridades “por acuerdo y si no hay acuerdo se respeta la tradición”.
Y continuó: “Me parece vergonzoso. También lamento lo de meter por la ventana a un hombre que no merece entrar por la ventana. Esto es una mancha para esta comisión”.
“No voy a alargar esto, solamente le digo diputado que deberían hablar más entre ustedes. Nosotros noche teníamos una decisión de ustedes, y esta mañana otra. En ningún momento nos trasladaron a nosotros que el problema era la vicepresidencia”, finalizó la oficialista.
En tanto, Juntos por el Cambio sí se quedó con la secretaría, que será ocupada por la radical Karina Banfi.
Elección de los miembros de Enacom y RTA y el reclamo de Camaño
Además, en el encuentro virtual se votaron -por unanimidad- las propuestas de miembros para el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA).
En el caso del Enacom, fueron avalados Alejandro Gigena, por iniciativa del Frente de Todos; y Silvana Giudici, elegida por el bloque Pro. El radicalismo anticipó que, cuando culmine en julio el mandato de Miguel Ángel Giubergia, propondrán un nombre propio, lo que despertó la molestia de Graciela Camaño.
Para RTA, recibieron aprobación Cynthia Ottaviano, propuesta por el Frente de Todos; y Emilio Laferriere, designado por el interbloque Juntos por el Cambio.
Además de reclamar que el Interbloque Federal forme parte de la bicameral, la diputada Camaño (Consenso Federal) cuestionó que “las dos primeras minorías parecen ser las únicas fuerzas políticas del país”.
En alusión al cargo de Giubergia en el Enacom, la legisladora señaló que con él “ya hay un representante de la segunda minoría”. Pero el radical Miguel Bazze dijo que como la UCR es el segundo bloque con más miembros en la Cámara de Diputados, ellos tendrán su propuesta propia y que Giudici es la candidata del Pro.
Tras la votación, Camaño resaltó: “En este momento y hasta el mes de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación en la primera y segunda minoría no está respetando a las terceras minorías”.
“Somos democráticos, defendemos la representatividad de todos cuando tocan nuestros intereses. Ahora, cuando se trata en serio de que vivamos en un sistema armónico, compartiendo el poder de la manera que corresponde, ahí sí nos convertimos en antidemocráticos y no nos importa nada”, manifestó, para completar: “El frente Cambiemos aparece en la actual composición que propone al Enacom como la primera fuerza, por la simple y sencilla razón de que va a tener hasta el mes de agosto dos representantes”.
La medida impulsada por un grupo de diputados de JxC apunta a atender la situación de los varados dentro y fuera del país para cuando deban atravesar el territorio argentino.
Tal cual habían anticipado en el marco de una teleconferencia con varados en el exterior que plantearon la cuestión como un verdadero problema, diputados nacionales presentaron un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo que garantice la existencia de corredores sanitarios seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres. Los mismos deberán reunir las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de Covid-19, dispuestos por el decreto 331/20, para posibilitar el ingreso y retorno a sus residencias habituales, a todas las personas que se encuentran varadas, sea dentro del país como fuera.
La iniciativa fue presentada por los diputados nacionales Luis Petri, Waldo Wolff, Brenda Austin y José Cano, quienes además solicitaron que, en los casos de viajes en transporte de colectivo de media y larga distancia autorizados a circular, los pasajeros tengan la posibilidad de aprovisionarse de agua y alimentos, como así también el acceso a sanitarios en lugares preestablecidos del itinerario en cada de una de las provincias del país por las que circulen.
Petri explicó que “actualmente, un problema que se les presenta es en torno a lo que sucede una vez que ingresan al país, ya que cuando llegan del exterior demoran, muchas veces, hasta 50 horas en arribar a su destino final, después de pasar por provincias que no están en su ruta normal y habitual. Por ejemplo, tomamos conocimiento de muchos mendocinos que eran llevados a Tucumán previamente”.
También, aseguró que en muchos casos “deben pasar por retenes y controles provinciales, donde además se encuentran imposibilitados a bajar del colectivo a comprar alimentos, agua o acceder a los sanitarios”.
“Es fundamental garanticen la fluidez del tránsito autorizado y se coordine con las provincias para que estas hagan los respectivos controles, pero que en ningún caso demoren injustificadamente a quienes transitan por rutas nacionales de jurisdicción federal. Permitiendo de este modo que, de una vez por todas, los argentinos varados dentro y fuera del país puedan retornar a sus hogares”, finalizó el legislador mendocino.
Por iniciativa de un grupo de diputados de la oposición, se realizó una videoconferencia, en la que desde los parajes más lejanos contaron la grave situación en la que se encuentran y la incertidumbre que sufren.
Por José Angel Di Mauro
“A 50 días, somos todos vulnerables”, señaló uno de los argentinos varados en el mundo que participó de la teleconferencia organizada por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, cuando la misma llevaba más de dos horas. Y la frase sintetiza un factor común que comparten los miles y miles de connacionales que viven desde hace casi dos meses una pesadilla de la que no pueden despertarse. Una experiencia inédita que ofrece miles de historias de todo tipo, en las que los padecimientos son constantes y donde la frase del principio viene a cuento de la premisa establecida por el Gobierno argentino, respecto de que “serán priorizados en los vuelos de repatriación aquellos que estén en situación más delicada”.
Varados de más de 32 países participaron de la extensa videoconferencia organizada por los diputados nacionales Luis Petri, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, que sirvió para que quienes alcanzaron a hablar pudieran exponer su situación, en una suerte de catarsis interminable que tuvo por objeto visibilizar la situación de quienes sufren el peor tipo de aislamiento: muy lejos de su país, expuestos a la pandemia, sometidos a una sangría de recursos y embargados por la incertidumbre de no saber cuándo podrá terminar ese calvario.
Muchos son turistas que vieron interrumpidos sus viajes soñados cuando descubrieron que las aerolíneas que habían contratado ya no podrían traerlos de vuelta; otros son argentinos que trabajaban en el exterior y se quedaron sin empleo, viendo truncados sus sueños de vivir afuera; hay miles que están con becas de trabajo o estudio; todos cargan con el sayo que malintencionadamente algunos quisieron endilgarles, en algunos casos responsabilizándolos por “traer el virus a la Argentina”, o por haberse ido cuando se insinuaban las restricciones para regresar. Aunque la mayoría está afuera desde antes, y como sea, todos tienen derecho a regresar. Es lo que deslizó al principio de la reunión por Zoom el diputado Wolff, que aclaró que “esto no tiene banderías políticas, no nos importa a quién votaron: todos tienen que ser ayudados”.
No nos están dando ninguna opción para salir de Alemania; solo que nos jorobemos por no haber vuelto antes”, señaló Yohana.
Yohana Díaz habló en representación de los varados en Alemania y reclamó un vuelo desde Frankfurt a Ezeiza. “El último vuelo salió hace un mes; nosotros estamos en contacto constante con los tres consulados y la embajada acá en Alemania, pero la respuesta que tenemos es que ‘ya hubo tres vuelos de repatriación’, que ‘no va a volver a haber vuelos’; que por qué no nos fuimos en su momento…”. Con la voz quebrada, se confesó angustiada y contó que “tenemos gente que es paciente oncológica, que estuvo algunos días sin medicación y esa medicación se obtuvo por otros medios, no por el consulado”. Ante la ausencia de vuelos a la Argentina, sugirió vuelos comerciales a San Pablo, y de allí tomar otro avión a la Argentina, pero en ambos casos debería mediar una autorización del gobierno argentino que no hay. “No nos están dando ninguna opción para salir de Alemania; solo que nos jorobemos por no haber vuelto antes”, concluyó.
Desde Bangkok, Mariano lleva 34 días varado allí, sin vuelos de repatriación, informó que hubo los últimos días algunas detenciones de argentinos. “Vemos que están saliendo vuelos con compatriotas desde América y Europa, pero de Asia no tenemos ninguna respuesta de nadie. Hay gente que está en estado de desesperación absoluta, muchos en tratamiento y ya sin medicación”. Relató además que hay una lista de argentinos que se envió a Buenos Aires, donde determinan quiénes son vulnerables para recibir ayuda. “Si no estás en esa lista, no tenés ninguna ayuda económica, ni de medicación”.
El diputado Luis Petri comentó como novedad para Africa y el sudeste asiático que la aerolínea Ethiopian ha ofrecido la posibilidad de volar hacia la Argentina y que lo único que esperaban era la autorización del Gobierno nacional. Todavía no ha habido respuesta.
Magalí Grass habló desde Andorra, donde hay una comunidad muy grande de argentinos que fueron a trabajar. Son 2.040 y si bien han tenido cinco vuelos, no alcanzaron pues solo viajaron 170 argentinos. En su testimonio también hizo un aporte respecto de los que sí han podido viajar y se han encontrado con una “desorganización” que le atribuyen al Ministerio de Transporte en cuanto al destino de los pasajeros que deben viajar desde Ezeiza al interior. “Cada provincia tiene una regla especial”, señaló, para detallar luego casos de gente trasladada en micros en los que les cobran para hacer paradas, como así también les cobran los testeos y los hoteles donde deben hacer cuarentena.
Petri anticipó entonces la presentación de un proyecto de ley para habilitar corredores sanitarios seguros para quienes deben trasladarse al interior una vez retornan al país, para que puedan tener tramos directos y no lo que sucede ahora. Puso como ejemplo su provincia, Mendoza, donde el traslado demora 50 horas.
Desde Australia, Agustina Pini pidió un “cronograma” que les permita planificar el futuro y saber cuándo podrán regresar, y remarcó que con el impuesto del 30% que se les aplica a las tarjetas se hace más difícil la situación de los argentinos en el exterior. Allí hay más de medio millar de argentinos. Muchos de ellos estaban por trabajos que con la pandemia perdieron. “Quieren que nos vayamos… El primer ministro nos echa de Australia, pero nadie nos da certezas”, comentó Agustina, para contar luego el caso de una argentina embarazada de 5 meses. “Tiene que volar ya”, señaló, advirtiendo que más adelante no podrá hacerlo y tener a su hijo allí podría llegar a costarle 10.000 dólares.
Desde Dinamarca, una varada que se presentó como Day consideró que quienes están en los países nórdicos “estamos olvidados”. Habló de un chárter organizado por chilenos para volver desde España, pero para sumarse ellos necesitarían el visto bueno de Cancillería. Allí hay 400 argentinos, muchos ya a punto de transformarse en ilegales. Y si bien en la embajada mostraron disposición para extender las visas, “por más que puedan hacerlo, acá en estas condiciones ya no hay trabajo para nosotros”.
Claudio e Ileana hablaron de la situación de los argentinos en Colombia, que estimaron en unos 700. Ella está embarazada y preocupada por ello pues “la sanidad acá no es pública”. Advirtió que “hay gente que no está comiendo” y cuestionó el papel de la embajada. La ayuda económica fue “discontinua y limitada a 20 dólares por semana”, aseguró. “Nosotros estuvimos en situación de calle; hace tres días conseguimos un departamento vacío, sin luz… estamos en una situación muy vulnerable”. Ileana contó que hubo un vuelo de Aerolíneas Argentinas que les costaba 600 dólares, a pagar en 1, 3 o 9 cuotas. “Nosotros nos quedamos sin recursos, no pudimos pagarlo”, señaló, para cargar luego contra el cónsul: “A muchos los bloqueó en el whatsapp”, señaló, para sugerir luego la posibilidad de recurrir a micros que necesitarían contar con un salvoconducto para poder llegar.
Quieren que nos vayamos… El primer ministro nos echa de Australia, pero nadie nos da certezas”.
En Canadá, las autoridades argentinas les dijeron que “esperen a septiembre”. “Es una locura, estamos desesperados”, señaló Carolina.
Anabela habló desde Emiratos Arabes. Allí son 70 los argentinos que quieren ser visibilizados. Comentó que el 15 de abril existió la posibilidad de un vuelo desde Dubai, que finalmente se canceló pues Argentina no les permitía arribar. Un vuelo desde ese país cuesta entre 400 y 600 dólares, pero les ofrecieron uno a u$s 2.500, hasta Brasil, donde deberían pasar dos noches en un hotel de San Pablo y después pagar otro vuelo a Buenos Aires. 29 argentinos lo aceptaron y volaron.
Hay destinos muy complicados en materia de seguridad, como Sudáfrica, donde Mariano comentó desde Johannesburgo que esa es la ciudad más insegura del país. Habló de tiroteos y saqueos. “La situación se agrava cada vez más”, aseguró.
Hay también casos como el de Alfredo Alba, que contó la situación de 93 argentinos que están en Perú con 41 vehículos, desde marzo. Pero no pueden volver porque necesitan que los dejen circular por ese país, pasar por Chile, e ingresar luego a la Argentina.
Otra argentina embarazada es Elina, que está en la India y también necesita regresar ahora, pues más adelante será más difícil, por su estado. Desde Egipto, Johana admitió que “somos una minoría. Llevamos 50 días acá, pagando un alojamiento”. Quieren poder regresar con sus pasajes originales, porque “no tenemos posibilidad de pagar nuevos vuelos; no tenemos ninguna ayuda económica”. Y hasta cuenta con ironía que les llegó un correo electrónico para ver si podían “juntar ayuda para los varados”.
Miami es otro destino lleno de argentinos. Ha habido vuelos, pero es muy difícil comprarlos, cuenta Fernanda, al ejemplificar que cuando hay uno, solo se habilita la página para comprarlo 10 minutos. “No sabemos en qué momento se va a abrir la posibilidad, esto nos causa un daño psicológico inmenso. Poder viajar es como ganarse la lotería y para eso tenemos que estar las 24 horas mirando el celular.
Otra argentina embarazada es Elina, que está en la India y también necesita regresar ahora, pues más adelante será más difícil, por su estado.
Hay casos como el de Eliana Martínez, que viajó el 14 de marzo a Ucrania, para asistir al parto de úteros subrogados. Así está allí varada con sus dos bebés recién nacidos. “Nosotros tenemos obra social, pero los bebés no”, comentó, detallando que hay otros matrimonios en la misma situación. En total hay otros seis bebés recién nacidos. Son en total 27 argentinos sin asistencia económica, entre los cuales hay 12 menores, contando a quienes fueron a conocer a sus hermanitos.
Estocolmo es una de las ciudades más caras del mundo, y allí está Juan Alonso, quien se quejó pues ha habido vuelos locales que fueron vacíos a la Argentina y retornaron con ciudadano suecos. “Sentimos que no tenemos el respaldo de saber si están trabajando para nosotros”, lamentó, para agregar luego con despecho: “No somos un grupo de chetos; somos muchos los que vinimos a formarnos”.
Muy enojado, Emilio Otturri afirmó desde Indonesia que “la ayuda no llega” y por eso reclamó al presidente que “le pida la renuncia al canciller”. Biólogo, de 60 años, lamentó haberse equivocado cuando les dijo a los demás chicos que la Argentina iba a ocuparse de ellos. “Me equivoqué”, afirma resignado.
A propósito del ministro de Relaciones Exteriores, el diputado Iglesias no descartó la posibilidad de denunciarlo penalmente por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de personas”.
Micaela Moisés está en la región del Venetto, en Italia. Se quejó por tener que pagar con su tarjeta el 30% del impuesto País y que haya argentinos en ese país que están recibiendo ayuda de Cáritas, cuando el Estado argentino no los ayuda. Habló de un vuelo de Alitalia en el que les cobraban 1.800 euros; el vuelo de Aerolíneas Argentinas costaba 1.200 euros, comentó, y se preguntó dónde quedan las personas vulnerables que no tienen medios para volver. “Van a decirnos que los que no volvimos es porque no quisimos, pero no es verdad… Soy de los que no podemos pagar esa cifra y voy a tener que seguir esperando mi vuelo de Iberia”.
Japón es otro destino donde se hace muy caro vivir. “Todos pasamos a ser vulnerables”, admite Fernando, que cuenta que hubo un vuelo para retornar que costaba 3.000 dólares. “Es oneroso y poco realista para la mayoría de los varados, y había solo diez plazas”, comentó, y dijo sentir que “somos rehenes”. Contó además que “los que pueden están escapándose de Japón como sea”, yendo a destinos donde puedan tener más posibilidades de regresar, como México. Es por eso que Darío contó que allí “sigue llegando gente”, porque ese es uno de los países donde más vuelos de repatriación ha habido. Pero por eso es que sigue manteniendo el número de 3.000 varados. “Esto es una bomba de tiempo”, advirtió.
Luis Petri, Fernando Iglesias y Waldo Wolff alertan ante el organismo internacional el “paulatino y sistemático deterioro de las condiciones de vida” de los argentinos varados fuera del país.
Los diputados nacionales Luis Petri, Waldo Wolff y Fernando Iglesias se presentaron como peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamando por los argentinos varados en el exterior. “Hemos hecho pública nuestra posición respecto a la necesidad de que los residentes en el país y los argentinos residentes en el exterior, puedan regresar a Argentina, dada la precariedad en la que se encuentran y el enorme riesgo para su vida, salud e integridad física por las condiciones en las que sobreviven”, manifiestan en el petitorio, donde solicitan hacerse parte de la Medida Cautelar 517/20.
Asimismo, ponen a disposición las reuniones que tuvieron “con miles de varados en más de 30 países, mediante videollamadas en salas virtuales” en caso de ser necesarias para dar cuenta de la situación por la que atraviesan los argentinos varados en el exterior. También, afirman que “la República Argentina comenzó negando la posibilidad de que la pandemia llegara a nuestro país y, posteriormente, minimizó sus consecuencias”.
En ese marco, Petri asegura que “no sólo se nos ha privado del derecho a ingresar al país, derecho humano garantizado por la Constitución y los Tratados Internacionales, sino que también ha generado la restricción y el cercenamiento de muchos otros derechos, como es el acceso a la salud, la alimentación, la seguridad y nuestra integridad personal, encontrándonos a miles de kilómetros del país y colocándonos en una situación de extrema vulnerabilidad”. Asimismo, el diputado Wolff explica que “para nosotros no hay categoría de argentinos. Todos gozan del derecho de regresar a su país consagrado en la constitución y el estado tiene que dar respuestas certeras”.
Los legisladores solicitan “la adopción de medidas urgentes, en atención al paulatino y sistemático deterioro de las condiciones de vida y el ejercicio de los más elementales derechos de los argentinos varados en el exterior” y consideran “imprescindible dar estricto cumplimiento a la Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos” de la Comisión Interamericana, insta a garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno, a través de la cooperación, intercambio de información y apoyo logístico con atención a los protocolos sanitarios. Es imprescindible que Argentina y todos los países que han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica cumplan con dicha Resolución”.
Petitorio CIDH – Petri, Wol… by Parlamentario on Scribd
Diputados del interbloque opositor cuestionaron una resolución emitida por el Ministerio de Seguridad de esa provincia.
Los miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión, que preside el macrista Waldo Wolff, repudiaron la resolución N°063-2020, emitida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz y publicada el pasado 16 de abril, al considerar que “avasalla el derecho a la libertad de expresión”.
“Esta resolución prohíbe a todo el personal del sistema de seguridad pública provincial (Ministerio de Seguridad, Policía Provincial, Agencia de Seguridad Vial, Servicio Penitenciario Provincial, Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral) difundir información pública inclusive en sus perfiles personales”, señalaron los legisladores.
En ese sentido, explicaron que “entre las restricciones que dispone aclara que tampoco se pueden crear perfiles públicos que vulneren la imagen institucional ni publicar en redes sociales acciones propias del desempeño de su actividad profesional”.
Los diputados indicaron que esta resolución “viola los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” sobre libertad de pensamiento y expresión, y “la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, además de otros tratados internacionales”.
Además, recordaron que días atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que se debía respetar “la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet”.
“Es justamente en tiempos de pandemia que es más necesario contar con información ´en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad´, tal como lo describe la CIDH en su Recomendación N°33”, agregaron.
Finalmente, los legisladores JxC sostuvieron: “A sabiendas de que no puede haber contradicciones entre las recomendaciones de los organismos internacionales y nuestra legislación en materia de Derechos Humanos, consideramos que incidir en el tráfico de la información pública es un ataque al libre acceso y a la circulación de la información, que es la garante del ejercicio democrático”.
Así lo expresaron diputados de Juntos por el Cambio que mantuvieron una reunión por videoconferencia con argentinos que no pueden regresar al país.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Luis Petri y Waldo Wolf se reunieron con argentinos varados en el exterior a través de una plataforma digital donde también participaron periodistas de distintos medios. “Estar en el exterior en estos momentos ya representa una complejidad, teniendo en cuenta el avance de la pandemia, y a esto se le suma la vulnerabilidad sanitaria que viven al no contar con cobertura médica”, señaló el legislador mendocino.
“El Poder Ejecutivo se comprometió a través de los decretos 313 y 331 a armar un Plan de Repatriación que aún no existe”, manifestó Petri. También, los argentinos varados reclamaron sobre la escasa comunicación con los consulados, la necesidad de medicamentos, las dificultades habitacionales que sufren y sobre todo la incertidumbre de no saber cuándo volverán y con ello, la imposibilidad de planificar su economía para mantenerse fuera del país.
Por su parte, el diputado Waldo Wolff reivindicó el derecho de los argentinos varados en el exterior a regresar, y reclamó del Gobierno mayores certezas para encontrar soluciones para ellos.
“Hay una constante que es la desinformación, por un lado, y la incertidumbre, por el otro. Es importantísimo que quede claro que los varados no están prolongando, de ningún punto de vista, las vacaciones y que, por el contrario, día a día se está precarizando cada vez más su situación”, explicó Petri quien ya ha tenido contacto previamente con los varados en más de 30 encuentros.
Luego de casi tres horas de reunión, Petri afirmó que “no son varados, son abandonados por este Gobierno”.
Participaron de esa reunión virtual argentinos varados en Aruba, Honduras, España, Dinamarca, Sudáfrica, Tailandia, Estados Unidos, México, Italia, Japón, Indonesia, Andorra, Costa Rica, Suecia y Perú.
El proyecto, que establece modificar la Ley del Servicio Exterior, fue presentado por el macrista Waldo Wolff.
El diputado macrista Waldo Wolff presentó un proyecto para que se modifique la Ley del Servicio Exterior de la Nación, a fin de que personas acusadas por delitos de corrupción no puedan ser designados como embajadores.
La iniciativa propone que no puedan ser nombradas “aquellas personas condenadas con sentencia firme por los delitos” previstos por corrupción en el Código Penal “y aquellos que en el futuro se incorporen al Código Penal o por leyes especiales en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción o la Convención Interamericana contra la Corrupción”.
“Tampoco podrán serlos quienes hubiesen sido condenados en primera instancia”, estipula el texto y aclara que, al menos, “hasta la revocación definitiva de la sentencia”.
En el proyecto, que fue acompañado por un grupo de diputados del Pro, Wolff afirmó que es necesario modificar la ley “para fomentar la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
