La reciente condena al ex juez federal Walter Bento vuelve a encender una discusión incómoda pero imprescindible: la corrupción judicial no se combate solo con fallos ejemplares, sino también abordando sus causas estructurales.
El reciente fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento por asociación ilícita, coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras comprobarse que utilizó su cargo para obtener beneficios económicos ilegítimos a cambio de decisiones judiciales, pone de manifiesto la urgencia de abordar no solo el castigo de la corrupción, sino también sus causas estructurales.
Un sistema judicial íntegro requiere no solo controles institucionales eficaces, sino también remuneraciones que aseguren condiciones dignas de vida para quienes integran el Poder Judicial. La literatura comparada y la experiencia empírica demuestran que salarios insuficientes -especialmente en el tratamiento de causas sensibles o donde la libertad del imputado se encuentra en juego-, se convierten en un factor de riesgo para prácticas de cohecho y conductas colusorias.
Cuando funcionarios y empleados judiciales perciben haberes deteriorados, aumenta la tentación de complementar ingresos mediante conductas contrarias a la legalidad, particularmente en ausencia de mecanismos de protección salarial sólidos. Esto se evidencia no solo en los altos cargos sino en todas la escala de funcionarios judiciales, los cuales tienen mas poder y decisión sobre ciertas decisiones de lo que la gente percibe.
Esta problemática se evidencia con claridad en la provincia de Buenos Aires. Conforme la Escala Salarial 2025, un juez de primera instancia percibió en julio de básico aproximadamente $1.362.686, un juez de Cámara alrededor de $1.583.827 y un ministro de la Suprema Corte cerca de $2.307.561.
Si bien estos montos pueden parecer elevados en términos nominales, resultan modestos si se consideran la magnitud de las responsabilidades institucionales, el poder que tienen sobre las personas sujetas a proceso, y la brecha existente respecto de magistrados del fuero federal o profesionales de similar jerarquía en el ámbito privado.
La situación es aún más crítica en los niveles inferiores del escalafón judicial: un auxiliar de tercera categoría percibe alrededor de $533.222, mientras que un oficial 4º ronda los $620.899. Estos ingresos, apenas permiten sostener condiciones de vida dignas, pese a tratarse de agentes que tramitan causas sensibles, administran información reservada y participan en decisiones que impactan directamente en derechos fundamentales.
Este desfase entre la enorme responsabilidad institucional y una remuneración progresivamente degradada no solo afecta la independencia económica de los operadores judiciales, sino que incrementa la vulnerabilidad del sistema frente a presiones externas y ofertas ilícitas. Sin justificar conductas delictivas, resulta evidente que la precarización salarial genera un entorno más propicio para la corrupción.
El propio caso Bento, al revelar la existencia de redes de cobros ilegítimos dentro de un juzgado federal, debe interpretarse como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer la valoración profesional y económica de la función judicial. Garantizar salarios adecuados no constituye un privilegio corporativo, sino una política pública esencial de prevención institucional.
En síntesis, el combate efectivo contra la corrupción judicial no puede limitarse a sanciones penales posteriores, sino que debe incluir políticas estructurales orientadas a asegurar remuneraciones justas, condiciones laborales dignas y verdadera independencia económica. Un Poder Judicial mal pago es un Poder Judicial vulnerable; uno debidamente remunerado es más autónomo, profesional y menos permeable a prácticas ilícitas.
Autor del dictamen acusatorio en el marco del Consejo de la Magistratura, el diputado Pablo Tonelli opinó sobre la decisión adoptada contra el magistrado mendocino.
El juez federal de Mendoza Walter Bento fue destituido este miércoles por el jurado del Consejo de la Magistratura que consideró probado que el magistrado incurrió en “mal desempeño” de sus funciones. Tras la decisión del Consejo, por 6 votos a favor de la destitución contra uno, Bento quedó detenido, tras perder la inmunidad de arresto.
En el fallo del jurado se advierte que a partir de haber conocido el inicio de la investigación, el juez “realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación”.
El jurado fue integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (Pro); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (Pro); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.
Bento escuchó la sentencia en los tribunales federales de Mendoza escoltado por dos policías federales. Tras la lectura del veredicto, fue notificado por el Tribunal Oral Federal 2 sobre la decisión de detenerlo, trámite que se llevó a cabo a continuación.
Miembro informante y autor del dictamen acusatorio, el diputado nacional del Pro Pablo Tonelli señaló que “el ex juez Bento por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones. Me tocó hacer la investigación previa en el Consejo de la Magistratura, y hoy el Tribunal de Enjuiciamiento se pronunció a favor de destituirlo en base a nuestro dictamen acusatorio”.
El legislador destacó que, a pesar de los intentos en contrario, “Bento no es más juez federal y dejará de ‘impartir justicia’ llevando una gran tranquilidad a la gente y ratificando que las instituciones funcionan”.
Se trata del magistrado del juzgado federal N°1 de Mendoza, quien está investigado por mal desempeño de sus funciones y delitos graves. Legisladores de JxC celebraron lo resuelto.
Legisladores de Juntos por el Cambio, que también son consejeros, celebraron el avance contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, quien quedó a un paso del juicio político por mal desempeño en sus funciones y delitos graves.
"Celebro que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura haya aprobado finalmente mi dictamen contra el corrupto juez Bento. Confío en que pronto lo apruebe el plenario y ese magistrado sea enjuiciado por el jurado de enjuiciamiento y suspendido de sus funciones", expresó este miércoles el diputado del Pro Pablo Tonelli.
Además, en alusión a la abstención de los representantes del oficialismo, el macrista apuntó: "Los consejeros que responden al kirchnerismo deberían explicar por qué, luego de más de dos años de investigación, defienden jueces corruptos".
Por su parte, la legisladora radical Roxana Reyes escribió en su Twitter: "Hace instantes, en la reunión de Acusación, aprobamos el dictamen que propone la apertura del procedimiento de remoción y la suspensión en sus funciones de Walter Ricardo Bento, juez titular del juzgado federal Nro. 1 de Mendoza. La justicia debe ser ejemplar o no es justicia".
En la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura el dictamen se aprobó con cuatro votos a favor que originalmente había dado el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y ahora sostuvieron Eduardo Vischi, Roxana Reyes, Miguel Piedecasas y Álvaro González. Mientras que los oficialistas Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Héctor Recalde se abstuvieron.
El dictamen acusatorio pasará al plenario del Consejo previsto para el próximo 31 de mayo, donde necesitará de los dos tercios de los votos -13, con asistencia plena- para la suspensión automática y el pase a la etapa de jury.
Bento está siendo investigado por mal desempeño de sus funciones y delitos graves, como sobornos, enriquecimiento y protección a personas que estaban bajo su proceso en su tribunal. De hecho, el próximo 26 de junio comenzará un juicio oral en su contra.
"En el dictamen está suficientemente propuesto cuáles son las circunstancias por las cuales se va a trabajar en esta acusación. Vengo en representación de los senadores de la UCR para trabajar por una Justicia que tenga cercanía, sea federal y tenga compromiso de mejorar las herramientas para hacer un instrumento para solucionar conflictos", sostuvo el senador Vischi.
Por otro lado, el diputado kirchnerista Tailhade consideró: "No estamos en presencia de una pieza consistente que pueda habilitar con la seriedad que requiere el jurado de enjuiciamiento. Si se aprueba en el marco de mayorías va a ser difícil en el marco del juicio político considerar probadas todas y cada una de las imputaciones".
"Si su conducta es tan reprochable no tendríamos que tener necesidad a la resolución de la causa penal y deberían ser cuestiones autónomas. Es básicamente una expresión de deseo lo que hay en el dictamen, todo su desarrollo da cuenta de que estamos supeditados a lo que va a pasar en la causa penal porque ahí se va a definir si existieron los hechos", señaló el oficialista y anunció la abstención.