Diputados de JxC repudian los dichos de Walter Correa sobre los votantes de la Antártida

Luego de las expresiones del ministro de Trabajo bonaerense, los opositores consideraron que “las amenazas antidemocráticas no fueron una infeliz declaración, sino un agravio al régimen de la soberanía popular”.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de declaración que expresa el rechazo a las expresiones del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, quien “lanzó una fuerte advertencia -en rigor, una amenaza- a los votantes de las dos fuerzas opositoras en las bases de la Antártida Argentina”. 

En los argumentos de la iniciativa, firmada por Alberto Asseff, Carlos Zapata y Ricardo López Murphy, los legisladores señalaron que “los resultados de las elecciones PASO 2023 provocaron diversas reacciones desde Juntos por el Cambio y desde Unión por la Patria”, ya que “es natural y proverbial que la ciudadanía, los dirigentes, los analistas, los periodistas se interesen por los resultados. Y es lógico que se expresen opiniones”. 

Sin embargo, remarcaron que “es inaceptable que un alto funcionario como lo es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires lance literalmente una amenaza a los ciudadanos que sufragaron mayoritariamente por la oposición en determinada jurisdicción”. En efecto, en la Antártida, “las fuerzas opositoras lograron un aplastante triunfo relegando al oficialismo a un magro 3,3% de los votos”, destacaron.

Luego de las PASO, Correa mencionó que, en el continente blanco, Javier Milei ganó por amplia mayoría y Patricia Bullrich salió segunda. “La verdad, los efectivos que están en la Antártida no tienen la problemática que tienen los trabajadores y las trabajadoras de nuestro pueblo, ellos tienen un salario, aguinaldo y vacaciones”, expresó. 

Y advirtió: “Quiero decirles que el Almirante Irizar lo mantiene el Estado nacional, o sea que si gana Milei se van a tener que quedar en Antártida y no van a poder regresar”.

Los diputados opositores consideraron que “es necesario repudiar este tipo de actitudes intolerantes, que atentan contra la libertad de elección de los ciudadanos argentinos que trabajan en las bases antárticas y amenazan su regreso a este continente. Claramente, constituyen un caso de violencia institucional”. 

“Esta Cámara se asocia al rechazo que expresó el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Juan Martín Paleo. Las amenazas antidemocráticas de Correa no fueron una infeliz declaración, sino un agravio al régimen de la soberanía popular”, completaron. 

Proponen declarar el 3 de enero como “Día de la Independencia Económica”

Es en recuerdo de la fecha en que el expresidente Néstor Kirchner pagó la deuda con el FMI. El proyecto lo presentó un “dipusindical” del Frente de Todos.

El diputado nacional Walter Correa (FdT) presentó un proyecto de ley para que se instituya el 3 de enero de cada año como “Día de la Independencia Económica”.

Según la iniciativa, el objeto es “informar a la población de la República Argentina sobre la importancia de la cancelación total de la deuda externa contraída con el FMI durante varias décadas, efectuada por el entonces presidente Néstor Kirchner”.

Además, el legislador oficialista apuntó que busca “homenajear de manera permanente uno de los hechos de mayor trascendencia política y económica” realizado desde la vuelta de la democracia.

Para el “dipusindical” -secretario general del gremio de curtidores-, este pago fue “solo comparable con el término del pago total de la deuda contraída en 1824 por Bernardino Rivadavia con la financiera británica Baring Brothers, saldada efectivamente por el entonces presidente Juan Domingo Perón, en el año 1947”.

En los fundamentos, Correa señaló que el pago de 2006 “reintrodujo a la Argentina en un esquema de independencia económica”, pero mencionó que durante el gobierno anterior “lamentablemente para los intereses estratégicos de la Argentina el expresidente Mauricio Macri reintrodujo a nuestro país la sumisión que exige el FMI”.

“La Argentina se ve hoy nuevamente sometida a intereses foráneos, pero negociando con dignidad para que las necesidades de nuestro pueblo continúen siendo prioritarias”, remarcó.

Correa aseguró que “tras el industricidio de Macri, se están generando puestos de trabajo”

Para el legislador del FdT esa es la causa del descenso en los índices de desocupación que se registraron y ratificó que “se está reactivando la producción”. También explicó el programa “Mi Pieza”.

Luego de darse a conocer este jueves la baja en los datos de la tasa de desocupación, el diputado nacional Walter Correa (Frente de Todos – Buenos Aires) afirmó que “tras el industricidio de (Mauricio) Macri se están generando puestos de trabajo” y eso conlleva a la “reactivación de la producción”, motivo por el cual “la desocupación bajó”. Además, se refirió a los Aportes Solidarios y Extraordinarios con el cual financiará el programa “Mi Pieza”.

En declaraciones radiales, el referente de la CFT manifestó su punto de vista sobre los datos conocidos este jueves en relación a la tasa de desocupación que descendió un 3,5 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2020 y se ubicó en el 9.6 por ciento y aseguró que “tras el industricidio de Macri se están generando puestos de trabajo y se está reactivando paulatinamente la producción, por eso la desocupación bajo”.

“Lo que vemos en el territorio es que todos los días se están incorporando a trabajadores y trabajadoras. Esto sucede luego del industricidio de Macri, que se agravó con la Pandemia”, afirmó.

Además, el legislador y candidato a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires destacó que “estos indicadores se logran sin modificar la legislación vigente en materia laboral, sin eliminar las indemnizaciones que es lo que quiere hacer la derecha y lo que propone Juntos”, y remarcó que “son cosas que hay que poner en discusión y debate, estos temas son los que debemos poner sobre la mesa en la campaña”.

“Con la Ley Laboral vigente en los gobiernos de Néstor y Cristina (Kirchner) se generaron millones de puestos de trabajo, no es necesario quitar derechos laborales para general empleo”, expresó Correa.

Por otro lado, se refirió al Aporte Solidario y Extraordinario y su implementación, y recordó que “este jueves se puso en marcha ‘Mi Pieza’, y explicó que es “un programa de asistencia económica para mejoras y refacciones de vivienda destinado a mujeres de barrios populares”.

“El programa implica que se podrán realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas, división de interiores, refacciones menores de plomería y/o electricidad y ampliación de viviendas”, detalló el legislador del FdT.

Por último, concluyó: “Las compañeras podrán ampliar su vivienda y eso genera trabajo. Estamos hablando de 27 mil compañeras que accederán a este programa y eso reactiva la economía, el Aporte Solidario fue impulsado por el bloque y estamos viendo los resultados y llegando a quienes más necesitan. Este es el camino”.

Proponen penalizar conductas negacionistas de pandemias

Uno año y medio después del inicio de la pandemia de coronavirus y de los dimes y diretes entre el Frente de Todos y la oposición, varios diputados oficialistas presentaron una iniciativa que propone penalizar conductas negacionistas de epidemias. También se penaría negar la soberanía de las islas Malvinas y los delitos de lesa humanidad.

Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron una ley para aplicar sanciones civiles y penales a las personas que nieguen o reivindiquen los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, desconozcan la soberanía argentina sobre las Malvinas Argentinas, y menosprecien las políticas de salud pública que pongan en riesgo la vida en un marco de pandemia, como el actual por coronavirus.

Las penas contemplan la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el doble de la condena que hayan recibido por haber tenido estas conductas negacionistas, según se determina en el proyecto.

La iniciativa es del diputado y secretario general de los curtiembreros, Walter Correa, y contó con el respaldo de sus compañeros de bloques Vanesa Siley, Hugo Yansky, Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Carlos Cisneros, y Alicia Figueroa.

Las sanciones apunta a quién “niegue, justifique, reivindique, exalte, o de algún modo menosprecie la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, sus consecuencias y efectos sobre las víctimas o a quienes fueron condenados por su comisión”.

La propuesta también apunta a quién “públicamente niegue, impida, o menosprecie la existencia de una epidemia o pandemia y sus efectos sobre la salud pública”.

También a quién “de algún modo obstaculice las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia o pandemia”.

La medida está destinada asimismo a quien “públicamente niegue, banalice o de algún modo menosprecie la soberanía de la Nación Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, reconocida en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional”.

De acuerdo a lo establecido, quién realice esas acciones “será obligado, a pedido de las víctimas de tales delitos y/o de quienes vean afectado un interés legítimo, a cesar en su conducta y a reparar el daño moral y material ocasionados”.

El proyecto eleva en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala
penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias y contempla la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.

En los fundamentos, los diputados sostienen que el proyecto tiene como objeto la creación de un marco jurídico que sancione civil y penalmente una serie de conductas públicas negacionistas e incluso apologistas de delitos que “violan y ofenden la conciencia jurídica universal y el Pacto social y democrático de argentinos y argentinas”.

“La adopción de este tipo de medidas encuentra su fundamento en la proliferación de manifestaciones y opiniones de indudable carácter negacionista sobre hechos históricos” de la Argentina y de la Constitución y de tono apologista respecto a delitos del código penal”, se precisa.

Queda también establecida la necesidad de adoptar medidas ante las personas que “públicamente nieguen, impidan, o menosprecien la existencia de una pandemia y sus efectos sobre la salud pública”, o “de algún modo obstaculicen las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Este último punto está relacionado con la situación que vive el país, en un contexto mundial de pandemia en el último año y medio, en el que fue necesario dictar políticas públicas en el marco de la emergencia sanitaria, para resguardo de la salud y la vida de argentinos y argentinas frente al virus Covid-19.

“Este tipo de actos, aún reñidos y tipificados como delitos con el artículo 205 del código penal, siguen sucediéndose no sólo esmerilando la autoridad estatal, sino promoviendo lo que es aún peor: un relajamiento en las conductas colectivas que multiplica la circulación del virus y por ende las lamentables consecuencias que no solo se limitan al colapso del sistema sanitario, sino a la pérdida de vidas humanas que ya ascienden las cien mil muertes”, destacaron.

También añaden que “es necesario reforzar un sistema punitivo sobre este tipo de conductas negacionistas y apologéticas de delitos, como también reconocer un sistema sancionatorio desde lo civil que permita por parte de los damnificados, procurar el cese de dichas acciones y la reparación de los daños materias y morales ocasionados”.

Proponen una ley antinegacionista de crímenes de lesa humanidad, soberanía de Malvinas y pandemias

El diputado oficialista Walter Correa presentó un proyecto para establecer sanciones civiles y penales a quienes nieguen estos hechos o causas.

El diputado nacional Walter Correa (Frente de Todos) presentó un proyecto de “ley antinegacionista”, que prevé sanciones civiles y penales a conductas negacionistas y/o apologistas de genocidios y crímenes de lesa humanidad; de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas; y de la existencia de epidemias o pandemias que pongan en riesgo la salud pública.

La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que “quien públicamente niegue, justifique, reivindique, exalte, o de algún modo menosprecie la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, sus consecuencias y efectos sobre las víctimas o a quienes fueron condenados por su comisión, será obligado, a pedido de las víctimas de tales delitos y/o de quienes vean afectado un interés legítimo, a cesar en su conducta y a reparar el daño moral y material ocasionados”.

Lo mismo correrá para quien “niegue, banalice o de algún modo menosprecie” la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, reconocida en la Constitución Nacional; o quien “niegue, impida, o menosprecie la existencia de una epidemia o pandemia y sus efectos sobre la salud pública, o de algún modo obstaculice las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia o pandemia”.

Además, busca elevar “en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias” relativo a estas conductas. “A dicha pena se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena”, agrega sobre los funcionarios públicos.

El proyecto lleva las firmas de los diputados oficialistas Walter Correa, Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Carlos Ponce, Hugo Yasky y Alcira Figueroa.

En los argumentos de su iniciativa, Correa señaló que “la adopción de este tipo de medidas encuentra su fundamento en la proliferación de manifestaciones y opiniones de indudable carácter negacionista sobre hechos históricos de nuestro pasado más trágico, negatorios de nuestro texto constitucional e incluso apologista respecto de ciertos delitos de nuestro Código Penal”.

“Concretamente me refiero a las recurrentes expresiones, que fundadas en una mal entendida libertad de expresión, pretenden influir en el sentido común de ciudadanos y ciudadanas, contra valores, principios, fundamentos que constituyen el capital histórico del pacto social y democrático”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que “la reivindicación de algunas minorías sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias, ofende la memoria histórica y niega el camino recorrido por nuestra democracia a partir del año 1983 en la búsqueda de memoria, verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos”.

“Este tipo de conductas reivindicatorias del horror, lamentablemente, no son patrimonio exclusivo de nuestro país, y encuentran su antecedente en otras de similar carácter que niegan el hecho o la importancia del Holocausto Judío (seis millones de personas asesinadas), o del Genocidio Armenio, y han sido objeto de reproche penal, tal el caso de Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Grecia, República Checa y Suiza”, agregó.

En lo que respecta a las epidemias y pandemias, el legislador aseguró que conductas negacionistas en este sentido “vienen sucediendo desde hace más de un año frente a la políticas públicas -en el marco de la emergencia sanitaria- tomadas en resguardo de la salud y la vida de argentinos y argentinas frente al virus Covid-19”.

“Este tipo de actos, aún reñidos y tipificados como delitos con el artículo 205 del Código Penal, siguen sucediéndose no sólo esmerilando la autoridad estatal, sino promoviendo lo que es aún peor: un relajamiento en las conductas colectivas que multiplica la circulación del virus y, por ende, las lamentables consecuencias que no solo se limitan al colapso del sistema sanitario, sino a la pérdida de vidas humanas que ya ascienden las cien mil muertes”, enfatizó.

Repudian la demostración de fuerza policial en torno a la quinta presidencial

En el marco de las protestas de la Policía Bonaerense en reclamo de mejoras salariales, un gran número de patrulleros se dio cita en Olivos, generando el repudio de legisladores del oficialismo y la oposición.

Dirigentes de ambos lados de la grieta no tardaron en pronunciarse cuando la protesta policial llegó a las puertas de la quinta presidencial de Olivos. Desde el oficialismo se habló de “desestabilización”.

El diputado nacional del Frente de Todos Walter Correa declaró que “la presencia intimidatoria de patrulleros rodeando la Quinta de Olivos es un ataque al Estado de Derecho y las normas constitucionales”. El legislador kirchnerista recordó que el Gobierno bonaerense anunciará este jueves un aumento salarial y se preguntó si “hay sectores que buscan desestabilizar al Gobierno”.

En ese marco, el diputado nacional Itai Hagman, de Patria Grande, salió a convocar a una marcha a Olivos para las 20, bajo la consigna “Paz y Democracia”, con velas distancia social y barbijo.

https://twitter.com/ItaiHagman/status/1303764015341088769?s=20

La diputada porteña Ofelia Fernández tuiteó este miércoles: “La policía rodeando Olivos no hace otra cosa que afirmar que no se trata de simplemente un reclamo salarial sino de ponerse al servicio de la desestabilización. Alberto no entró por la ventana, lo votamos millones de Argentinxs. Lo defenderemos a él y a la democracia”.

También desde la Legislatura porteña, Leandro Santoro reclamó: “Todos los actores democráticos tienen que salir a condenar la manifestación policial frente a la quinta de Olivos”.

“Todos comprendemos el legítimo reclamo salarial de la fuerza, pero también sabemos lo peligroso que es mantener una paritaria armada rodeando al presidente de la Nación”, agregó.

El diputado nacional mendocino José Luis Ramón repudió lo que no dudó en llamar un “ataque a la Quinta de Olivos”. Y agregó: “En los últimos días hemos sido testigos de este tipo de accionar que va en contra de cualquier tipo de diálogo democrático”.

“Desde la clase política debemos llamar a la reflexión a la sociedad toda y unirnos en este momento”, concluyó el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal.

Desde la oposición, el primero en reaccionar de manera crítica fue, paradójicamente por tratarse de uno de los más enconados opositores, Fernando Iglesias: “A favor de las legítimas reivindicaciones de la #PolicíaBonaerense. En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos.

No es el lugar”, señaló. Y en otro mensaje disparó: “Este gobierno es un gobierno de ineptos, autoritarios, corruptos y delincuentes. La Quinta de Olivos es la residencia del Presidente de la Nación. La Policía Bonaerense, que depende de la Provincia, no tiene nada que hacer ahí”.

El diputado provincial Guillermo Bardón señaló por su parte que “lo de la Bonaerense rodeando la Quinta de Olivos es un inaceptable mensaje de amedrentamiento. El reclamo salarial puede ser justo, pero todo tiene un límite”.

Por su parte, el diputado nacional Facundo Suárez Lastra advirtió que “la quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo”.

También el radical Fabio Quetglas se pronunció, señalando que “los reclamos siempre deben guardar una proporcionalidad; más aún en servicios públicos y por supuesto más si se trata de fuerzas de seguridad”. Y agregó: “Los excesos, deslegitiman y distraen la atención. Rodear la Quinta de Olivos es inaceptable. Si al reclamo justo. No al apriete”.

En el mismo sentido, la diputada radical Soledad Carrizo señaló que “las manifestaciones y reclamos deben ser siempre en un marco de respeto hacia los ciudadanos y a las instituciones democráticas. Repudiamos lo ocurrido en #Olivos el día de hoy. La violencia nunca es el camino”.

Por su parte, Dolores Martínez sostuvo que “la incapacidad por parte del ministerio de seguridad de la provincia de canalizar los reclamos de las fuerzas de seguridad no debe prestarse a presiones de esta naturaleza rodeando la residencia presidencial. Los reclamos justos por las vías adecuadas”.

En el mismo sentido, el bloque de diputados nacionales del Pro consideró que “la presencia de efectivos armados alrededor de la Quinta de Olivos solo deslegitima el reclamo justo de la Policía de la Provincia”, e hizo un llamamiento a las partes “a darle una salida al conflicto por el bien de todos los bonaerenses”.

También desde la UCR, el diputado nacional Emiliano Yacobitti dijo: “El reclamo salarial de la Policía de la provincia de Buenos Aires es razonable y debe ser atendido, pero siempre en el marco del respeto de la legalidad y la subordinación de las fuerzas de seguridad a las autoridades democráticamente elegidas”.

“Reivindico y apoyo el reclamo legítimo de la policía bonaerense por mejores condiciones laborales. La Residencia de Olivos, no es el lugar. La Democracia con su Constitución es el primer pacto que tenemos que respetar y cuidar”, afirmó Luis Petri (UCR-Mendoza).

Otro diputado radical, Mario Arce, señaló: “Tenemos diferencias con el Gobierno de cómo está manejando el conflicto, pero de ninguna manera estamos a favor de que se  tome la Quinta de Olivos. Es una medida extrema y peligrosa, necesitamos racionalidad y sentido común”.

Por su parte, el diputado oficialista Leonardo Grosso expresó: “El gobierno provincial reconoció el retraso en los salarios de la  Bonaerense y anunció mejoras salariales en medio de una pandemia. Que la respuesta sea crear un cerco policial alrededor de la quinta de olivos es inaceptable. Toda mi solidaridad con @alferdez y @Kicillofok.

La diputada del Pro Silvia Lospennato tuiteó por su parte: “Que un reclamo legítimo no se transforme en un acto ilegítimo. El derecho constitucional de peticionar a las autoridades debe partir del respeto irrestricto a las autoridades legalmente constituidas. Sí al legítimo reclamo policial pero no de cualquier forma”.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, declaró: “Absoluto repudio a la metodología de rodear con armas y patrulleros a la Quinta de Olivos. Un accionar inadmisible en democracia, donde el diálogo es la única vía de resolución de demandas que corresponde”.

La legisladora porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro expresó: “Todas las fuerzas políticas deben salir a repudiar este ataque a la democracia”, en tanto que la diputada provincial bonaerense del radicalismo Alejandra Lordén advirtió que “rodear Olivos es un exceso inaceptable que desacredita un pedido justo. Embarrar la cancha en este contexto nos perjudica a todos/as: debe primar la razón”. Y agregó: “Le pedimos al gobernador Kicillof que inicie canales de diálogos para resolver esta problemática”.

La radical cordobesa Brenda Austin consideró por su lado “absolutamente inaceptable que la policía pretenda rodear la Quinta Presidencial de Olivos con patrulleros.  Grave e inaceptable”.

El radical santafesino Juan Martín señaló a su vez: “Inadmisible la movilización de fuerzas de seguridad en la Quinta de Olivos. Siempre.

No son momentos para echar leña al fuego frente a reclamos justos, pero la reacción es injustificable. Necesitamos de forma urgente reducir la confrontación y apelar al dialogo con seriedad”.

La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos señaló: “Todos y todas quienes tenemos un firme compromiso democrático condenamos la manifestación policial en la quinta presidencial. No desconocemos la legitimidad del reclamo salarial, pero no avalamos cualquier medio y menos la manipulación política y las acciones desestabilizadoras”.

“Como dijo @alferdez, “no es ético aprovechar el momento de la pandemia para profundizar las crisis”. Los conflictos en democracia no se resuelven con hombres armados en las calles. Todas las fuerzan políticas deberían repudiar estos hechos”, expresó por su parte Cristina Alvarez Rodríguez.

En tanto, el senador Martín Lousteau (UCR-Evolución) afirmó que “es preciso bajar el nivel de la confrontación y dejar de lado el agravio fácil”, al tiempo que sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “hay un reclamo salarial justo pero la protesta no debe perder de vista que las fuerzas de seguridad especialmente deben hacerlo en el marco del respeto y la subordinación a las autoridades democráticas”.

Lousteau hizo “un llamado a que todos los dirigentes democráticos alertemos sobre la violencia verbal y las protestas que están al borde de la legalidad”, y a su vez reclamó que “seamos muy responsables como funcionarios públicos, porque somos los primeros que tenemos que frenar la escalada de conflictos”.

“Debemos sincerar el debate para afrontar los problemas que Argentina arrastra desde hace décadas y que hoy vemos sintetizado en este conflicto cuya escalada debemos frenar urgente”, sostuvo Lousteau y finalizó: “Estamos ante un Estado fallido e hipócrita que no devuelve en bienes y servicios cuestiones elementales a la sociedad y que manda a los policías a trabajar en las peores condiciones y más horas para generar un ingreso mayor o, en el peor de los casos, le genera condiciones para una economía ilegal”.

“Tengo la firme convicción de que la vía institucional y el diálogo son las herramientas para resolver los conflictos que se dan en un orden democrático”, sostuvo por su parte el diputado radical entrerriano Atilio Benedetti.

El diputado Correa donará plasma

Fue el primer caso de un diputado nacional contagiado por Covid-19 y ya se hizo los estudios para cumplir su promesa.

Walter Correa fue noticia el 17 de junio pasado al convertirse en el primer diputado nacional en contagiarse de Covid-19. Integrante del bloque Frente de Todos y además secretario general de la Federación del Cuero y del Sindicato de Obreros Curtidores, el propio legislador se ocupó entonces de dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter: “Hace unas horas me dio positivo de Covid-19, pero nada que preocuparse, me encuentro con síntomas leves”.

Fue, como dijimos, el primero de varios casos más que tuvieron como afectados a diputados nacionales -hasta ahora no hubo senadores afectados- y por esos días Correa había trabajado muy activamente en el debate de la regulación del teletrabajo en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja.

El 30 de junio, dos semanas después de haberse anunciado su test positivo, él mismo anunció por la misma vía que se había recuperado. En esa oportunidad dio dos datos con los que acompañó ese anuncio: que retomaba sus tareas con los cuidados debidos y que donaría plasma.

Y cumpliendo con esa premisa, el legislador nacional anuncia ahora el cumplimiento de esa premisa. En su red social contó que se reunió con Nora Etchenique, directora provincial de Hemoterapia, en el Centro Regional de Hemoterapia, en el Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero, donde se realizó la prueba para determinar si cuenta con la cantidad de anticuerpos para cumplir con su promesa.

El diputado Fagioli recibió el alta tras haber contraído coronavirus

El bonaerense del Frente de Todos se habría contagiado de su par Walter Correa.

federico fagioli

El diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli recibió el alta médica tras haberse contagiado de coronavirus durante una reunión con su par Walter Correa, quien también se recuperó.

“Habiendo cumplido todos los protocolos indicados, el martes me dieron el alta. Cumplí los 21 días de aislamiento, porque ni bien me enteré que una persona con la que tuve contacto estuvo con síntomas, me aislé preventivamente. Después me hicieron el hisopado”, contó el legislador del Frente de Todos.

En diálogo con AM 550, Fagioli agregó: “Estuve con Walter Correa, así que sospecho que me contagié de él. Dos días después de esa reunión en mi despacho, él empezó con síntomas, por lo que me aislé preventivamente”.

En ese sentido, comentó que no tuvo síntomas durante el aislamiento al que debió someterse.

Correa se recuperó del Covid-19 y anunció que donará plasma

El legislador kirchnerista había sido el primer caso de un legislador nacional contagiado por el virus.

Dos semanas después de haberse anunciado su test positivo, el diputado nacional Walter Correa anunció este martes que se recuperó del Covid-19 que había contraído.

En efecto, el legislador del Frente de Todos anunció que se había contagiado el pasado 17 de abril, convirtiéndose así en el primer caso de un legislador nacional en dar positivo tras habérsele practicado un hisopado.

Correa es además secretario general de la Federación de Trabajadores del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores.

Cuando anunció su contagio, pidió no preocuparse y contó que solo tenía “síntomas leves”. De 54 años de edad, anunció este martes por la tarde que acababa de realizarse un nuevo hisopado que había dado “negativo”.

“Agradezco profundamente todo el cariño y solidaridad que recibí estos días por parte de compañeras y compañeros, como así también agradezco a Dios”, señaló el diputado nacional, que anunció además que retomará sus tareas “con los cuidados debidos” y que también donará plasma.

Primer diputado nacional contagiado de coronavirus: es Walter Correa

El legislador del Frente de Todos es además sindicalista del cuero y de obreros curtidores. En las últimas horas participó activamente del debate sobre teletrabajo.

Se conoció este miércoles en horas de la noche el primer caso de un diputado nacional contagiado de Covid-19: es Walter Correa, integrante del Frente de Todos y además secretario general de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores.

El propio legislador dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter. “Hace unas horas me dio positivo de  Covid-19, pero nada que preocuparse, me encuentro con síntomas leves”, escribió.

Además, informó que comenzó el aislamiento y expresó: “Por favor les pido a todos y todas que se cuiden, y en la medida que puedan se queden en sus casas”.

Entre este martes y miércoles, Correa participó activamente del debate sobre la regulación de teletrabajo en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.

Correa asumió su banca en 2017 y tiene mandato hasta 2021. Tiene 54 años y es oriundo de la localidad bonaerense de Moreno, donde antes fue concejal.

La CGT, las dos CTA y sindicatos apoyaron el proyecto de teletrabajo en Diputados

Comenzó el debate en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se busca consensuar un proyecto único. Este miércoles expondrá el ministro Moroni.

El proyecto para regular el teletrabajo, una modalidad que se multiplicó en el contexto de la pandemia, comenzó a ser debatido este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde recibió el visto bueno de las centrales sindicales y gremios de las telecomunicaciones e informática.

La comisión presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos) dio el puntapié inicial para aprobar una iniciativa consensuada entre todos los bloques, en una reunión informativa donde la CGT, las dos CTA y varios sindicatos plantearon su postura.

Este martes será el turno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y del titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, quienes se sumarán al debate en una nueva reunión virtual.

Al inicio de la reunión, Siley –que además es titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales- recordó que el primer proyecto sobre el tema fue presentado en el año 2007 por el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Luego hubo varios proyectos a lo largo de la historia que nunca han prosperado”, repasó.

Según la diputada, en lo que va del año y en el marco del aislamiento social obligatorio, donde muchos trabajadores se volcaron al trabajo remoto, se presentaron 17 proyectos de ley, entre los cuales “hay una coincidencia del 90% en los institutos a regular”.

En ese sentido, la oficialista explicó que se buscarán establecer “presupuestos legales mínimos” que funcionen como un “piso de derechos”, para luego “delegar en las convenciones colectivas de trabajo las especificidades de cada sector”.

El vicepresidente de la comisión, Albor Cantard (UCR) destacó el nivel de consenso alcanzado y aclaró que el teletrabajo es “una modalidad” y no una nueva actividad, donde además “debe primar la voluntad de las partes”.

Los puntos centrales

El diputado Walter Correa, secretario general de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores, explicó los aspectos principales del proyecto y remarcó que “esto es un piso que aplica a los convenios colectivos”. “Lo que no es escribe acá, va a los convenios, y por ende, a las paritarias”, enfatizó.

Correa indicó que se busca delimitar la jornada laboral; garantizar el derecho a la desconexión digital; contemplar las tareas de cuidado de menores o adultos mayores; y establecer que los elementos de trabajo sean provistos por la patronal -caso contrario, habría una compensación económica para el trabajador-.

El proyecto consensuado también establece que el trabajador pueda prestarse de manera voluntaria al teletrabajo, y con el mismo criterio retomar sus tareas habituales in situ, señaló Correa.

El legislador agregó que las empresas tercerizadas serán solidariamente responsables con las obligaciones laborales; y que el trabajador deberá gozar de igualdad de derechos sindicales.

La salud, la higiene y la seguridad en el trabajo serán otros de los aspectos contemplados en la futura ley, además del derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. Asimismo, se buscará “salvaguardar las fuentes de trabajo” cuando se trate de empleados no residentes en el país.

La posición de las centrales sindicales

Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales de la CGT, reconocieron que “esperaban otro momento” para emprender la discusión, aunque se mostraron de acuerdo, en líneas generales, con el proyecto unificado.

Entre otras cosas, los cegetistas propusieron que no haya un plazo determinado para que los convenios colectivos puedan adaptarse a la ley; y consideraron que la compensación de gastos por parte del empleador debe ser deducida del impuesto a las Ganancias.

Desde la CTA de los Trabajadores, que dirige Hugo Yasky, también hubo un respaldo, aunque el secretario gremial, Claudio Marín, advirtió sobre el riesgo de que con esta modalidad aumente el trabajo no registrado, que en nuestro país alcanza el 40%.

Por parte de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró propuso que “el consentimiento solo pueda establecerse en forma colectiva y no individual”, y en ese sentido sugirió “que el teletrabajo solo pueda ser utilizado previa habilitación en la negociación colectiva”.

Julio Acosta, secretario Interior de la CTA Autónoma, contó la experiencia en el sector de los trabajadores de la electricidad. Remarcó que “cualquier reglamentación se debe hacer para proteger los derechos vigentes de los trabajadores”, y alertó conque el teletrabajo “viene a uberizar y precarizar el trabajo de las y los jóvenes.

“La crisis puede ser una oportunidad para el sector empresarial para maximizar ganancias o una oportunidad para los trabajadores para avanzar en la progresividad de sus derechos”, explicó.

La opinión de los gremios

Numerosos dirigentes sindicales de los sectores de la informática y las telecomunicaciones expusieron en la reunión virtual y apoyaron, en su mayoría, la regulación del teletrabajo, aunque algunos hicieron observaciones.

Horacio Arreceygor, de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) reveló que en su caso recibieron “una cantidad espeluznante de denuncias de trabajadores por la cantidad de horas” trabajadas con esta modalidad.

También señaló que “va a haber que trabajar mucho la penalidad para cuando las empresas incumplan” la ley, algo que consideró como un punto flojo del proyecto.

Por su parte, Osvaldo Iadarola, del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) consideró que “no es una oportunidad, sino una necesidad” la de legislar sobre este tema, y en ese sentido marcó la intención de pasar “de un convenio analógico a uno digital”.

Desde la Unión Informática, Ignacio Lonzieme dijo que según relevamientos de su sector, hay “una sobrecarga de tareas, por eso es muy importante que cada actividad tenga su articulado respecto de esta modalidad”.

En cuanto al derecho a la desconexión laboral, sugirió la posibilidad de que el trabajador se ponga a entera disposición del empleador –lo que definió como “guardia pasiva”-, aunque aclaró que en ese caso debe haber una compensación económica, como si se tratara de horas extra.

Fabián Boccella, de la Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) consideró que “el teletrabajo es una modalidad, no es un beneficio,  y debe ser voluntario; y para que sea decente y seguro, debe ser regulado” para que no se produzca “una relación freelance que solo hace a la precarización laboral”.

En nombre de la ATACC (Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos), Walter Franzone informó que según un sondeo interno, “casi el 64% de los trabajadores” del sector están “satisfechos” o “algo satisfechos” con el teletrabajo.

“Hay que darle al sindicato la potestad de contralor de las empresas, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que algunos empresarios siempre buscan un resquicio para ir por un lado u otro”, dijo Franzone, y agregó que en su sector se está analizando implementar la figura del “teledelegado”.

En tanto, Carlos Minucci, de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) fue uno de los más críticos y opinó que el teletrabajo “debe estar acordado con el gremio; no lo pueden arreglar la empresa y el trabajador”.

“No se puede ejercer el teletrabajo si un trabajador no sabe cuáles son sus funciones y responsabilidades y si el gremio no acordó. Esto apunta a perder la relación sindical con los trabajadores. Hoy en nuestras propias oficinas sufrimos aprietes de los jefes; imagínense a los dirigentes sindicales yendo a la casa de cada uno para ver que no los apreten y para ver si tienen todo”, advirtió Minucci.