Tras semanas de inactividad pura maquillada vía Zoom, el Congreso se dispone a buscar la manera de cumplir su rol… a distancia. Mientras tanto la cuarentena se prolonga y los intendentes del GBA no ocultan sus temores.
Por José Angel Di Mauro
“Las horas más oscuras” se llama el filme de 2017 que narra los primeros días de Winston Churchill al frente de Gran Bretaña. La trama empieza y termina en el Parlamento británico: arranca con la renuncia de Neville Chamberlain como primer ministro del Reino Unido y el nombramiento de Churchill como sucesor; y al final con este último dando su histórico discurso denominado “Lucharemos en las playas”, en el que advierte sobre el posible intento de invasión por parte de los nazis, que ya habían conquistado parte de Europa.
Es lógico tratándose de un sistema parlamentario, pero el dato es que en plena Segunda Guerra Mundial el Parlamento británico funcionaba a pleno. Al reclamar desde la oposición que el Congreso argentino salga de su parálisis, el diputado Luis Petri recurre precisamente al ejemplo británico: “El Día D, Winston Churchill concurrió a la Cámara de los Comunes a dar explicaciones sobre el desembarco en Normandía, pero los diez minutos iniciales los destinó a hablar de la recuperación de Italia. No se le ocurrió decir: ‘Miren, como estamos en el momento más importante de la guerra, no vamos a rendir cuentas’; al contrario, porque estaban en el momento más importante de la guerra era cuando se necesitaba mayor acuerdo político y más conocimiento por parte del Parlamento de lo que estaba ocurriendo”.
En rigor, Emmanuelle Macron somete todas y cada una de sus decisiones a la Asamblea francesa; en Italia, Giuseppe Conte fue a rendir cuentas también a un Parlamento con sus miembros sentados a no menos de un metro de distancia entre sí. En esta región, Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay ya han realizado sesiones remotas a través de diversas tecnologías, según detalló esta semana un informe de la Fundación Directorio Legislativo.
Recién se activó el Parlamento en materia de leyes cuando el oficialismo encontró la necesidad de sesionar para tratar lo que no puede imponer por DNU.
En la Argentina, la pandemia tuvo un efecto paralizante en los poderes Legislativo y Judicial. El segundo está en feria desde hace más de un mes y un grupo de juristas alertó en la semana sobre las consecuencias graves de esa parálisis para cuando concluya la emergencia. El Congreso de la Nación, por su parte, solo realiza reuniones informativas a través de Zoom, en las cuales ministros y secretarios han expuesto ante diversas comisiones en reuniones que son bienvenidas, pero no tienen ningún efecto resolutivo. Ni siquiera el jefe de Gabinete ha concurrido a alguna de las dos cámaras, como establece la Constitución.
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Recién se activó el Parlamento en materia de leyes cuando el oficialismo encontró la necesidad de sesionar para tratar lo que no puede imponer por DNU. Las leyes impositivas deben ser votadas por los miembros del Congreso y eso fue lo que llevó a la presidenta del Senado a pedir una declaración de certeza a la Corte, para que estableciera la legalidad de una ley votada de manera remota. Fue el elemento que disparó la reacción de una oposición que ha estado bastante opaca en esta coyuntura y que reclamó sesionar de manera presencial. La Corte, a todo esto, terminó rechazando el pedido de Cristina Kirchner de resolver sobre lo que corresponde al reglamento de otro poder, pero en el fallo dejó por sentado la lógica de apelar a la tecnología, algo que no puede reprocharse a los constituyentes por no haber previsto. En rigor, al resolver el tema la propia Corte no lo hizo de modo presencial, sino virtual…
Ahora la polémica girará en torno a si las cámaras están habilitadas para modificar el reglamento por videoconferencia, o deben previamente votar eso en una sesión presencial, como reclama la oposición. Como sea, al menos ahora sí comenzará el Congreso a hacer su trabajo cuando este martes se reúna -por videoconferencia- la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Es la que se encarga de analizar los DNU. Alberto Fernández ha firmado 33 desde que asumió y ninguno ha pasado aún por el Parlamento, cuando el artículo 99 de la Constitución deja claro que deben ser tratados por esa bicameral dentro de los 10 días posteriores a haber sido firmados. Solo tratados, ni siquiera aprobados. Pero no se ha hecho.
Los críticos van más allá al advertir que el gobierno “se siente cómodo con la pandemia”, o mejor dicho con la cuarentena estricta.
El Poder Ejecutivo está muy cómodo con este statu quo. No puede culpárselo, cualquiera disfrutaría de la posibilidad de manejarse a puro decreto y con la Justicia a media máquina. Los críticos van más allá al advertir que el gobierno “se siente cómodo con la pandemia”, o mejor dicho con la cuarentena estricta, que ha logrado su fin de aplanar la curva de contagios, aunque previsiblemente genera consecuencias demoledoras para la economía. Pero precisamente la situación le permite al gobierno gozar de un nivel de aceptación solo alcanzable en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo, y relegar el debate por la economía a un segundo plano.
El dólar blue tocó en la semana los 120 pesos y en este contexto no tiene techo, pero no hubo escándalo, como si las preocupaciones de un país en cuarentena estricta pasaran por otro lado. El debate por la deuda no ocupa las primeras planas a pesar de aproximarse la Argentina al default, aunque se sigue especulando sobre un eventual acuerdo consecuencia de un mundo imprevisible que ha cambiado.
“Alberto sabe que la combinación ‘pandemia + default’ nos pone en el peor de los mundos”, sugieren economistas que se ilusionan con un volantazo a tiempo. Pero decisiones como las que adoptó el viernes al anunciar a sus socios del Mercosur que no participará de acuerdos comerciales en el futuro, ni formará parte de los convenios que se negocian en la actualidad, generaron malestar regional, fuertes críticas de parte de la oposición y perplejidad en los economistas que se mostraron preocupados por el futuro de la economía. Pareciera el gobierno imaginar que el mundo pandémico que viene será de fronteras cerradas, y en ese marco se pone en duda la verdadera disposición a evitar un default.
Pareciera el gobierno imaginar que el mundo pandémico que viene será de fronteras cerradas.
El gobierno adquirió cierta habilidad en preparar los anuncios de cada prolongación del aislamiento para darle a los mismos cierta épica, nutrida de la sensación de que hasta ahora los resultados son exitosos en términos sanitarios. En Olivos sienten que esos anuncios, lejos por ahora de generar fastidio, redoblan el apoyo al Presidente, aunque nunca incluyan sorpresas. Alberto Fernández ha dejado en manos de los gobernadores la administración de la cuarentena: ellos serán los que decidan qué ir flexibilizando, aunque la última palabra siempre será la del Presidente.
Esa será la salida gradual del aislamiento que se irá dando… salvo en el lugar donde anidan los peores temores del gobierno: el AMBA (Capital Federal y conurbano), donde la salida de la cuarentena es aún lejana.
Esa es en consecuencia la región más comprometida también en materia económica: la bomba sanitaria que representa ese conglomerado -las prevenciones alcanzan a los otros conurbanos del país-, es también una bomba social por el lado económico, que el gobierno se ocupa de paliar con dinero y alimentos destinados a los sectores más vulnerables, pero el resto de la población vive una crisis que se agrava día tras día. Una de las consecuencias será la salida informal de la cuarentena.
Otra bomba es la que consideran tener bajo sus pies los intendentes del Conurbano. Una delegación de jefes comunales de la Primera y la Tercera Sección fue a ver a Axel Kicillof para pedirle plata porque no tienen para pagar los sueldos esta semana. Puntualmente pidieron 8.000 millones, pero la respuesta no podía ser más decepcionante: el gobernador les propuso mil millones para repartir entre todos los municipios, según el tamaño de los mismos, y el resto a través de un crédito a tasa cero, a pagar en tres meses.
El gobernador hablaba de los CUD (Coeficiente Unico de Distribución), que la provincia se cobraría con el reparto de la coparticipación, pero los intendentes no quieren saber nada, porque reconocen que no van a poder pagarlo. Y si hoy necesitan 8.000 millones de pesos, para el mes siguiente esa necesidad escalará a 12.000. Y saben que esto seguirá, porque esperan que el pico de la pandemia sea en junio, de ahí que estiman que “en septiembre como mínimo” volverá la actividad, aunque la recuperación tras tantos meses de parate demandará más tiempo.
“Esperamos no tener que pagar los salarios en cuotas”, deslizó ante este medio un intendente realmente muy preocupado y pensando sobre todo en quienes desempeñan actividades esenciales, comenzando por médicos y enfermeros.
El presupuesto de cada distrito -y el de la propia provincia- ya es un papel que nadie mira, pues todos los recursos han sido redireccionados y la recaudación ha caído entre el 50 y 60%. Uno de ellos, que vivió la crisis de 2001, reconoce que la demanda de alimentos actual “emparda” la de esa época. “En eso es parecido… en lo económico, esa vez lo logramos solucionar”, evoca, recordando los patacones. Pero hoy es muy distinto, todas son incógnitas.
Esperan encontrar la solución en un diálogo que le han pedido a Kicillof tener con el propio Alberto Fernández. ¿Y la relación con el gobernador? “No es mala”, aclaran, pero deslizan: “Por ahí no nos terminamos de entender…”.
