Fue en el marco de una breve reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, en la que se resaltó el nivel de consenso alcanzado.
En la previa de la sesión informativa con Agustín Rossi, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por la porteña Mariana Zuvic (CC-ARI), se reunió en la mañana de este martes para emitir dictamen favorable sobre el proyecto de ley, unificado entre los impulsados por el oficialista Carlos Selva y la radical Ximena García, para la creación de un Sistema Unico Argentino de Trazabilidad de la Pesca (SUTRAP).
El proyecto ya había tenido dictamen en una reunión celebrada el 16 de noviembre del año pasado, pero perdió estado parlamentario a fin de año. Fue lo que destacó la titular de la comisión en el inicio de la breve reunión, en la que expresó el objeto de esta iniciativa y destacó que en el marco de la elaboración de un texto unificado participaron el Ejecutivo, los gremios y la sociedad civil.
Recordó que en el tema ya se había trabajado el año pasado y “fue realmente destacable el trabajo que se realizó; encontramos allí mucho consenso y logramos despachar ese despacho que lamentablemente perdió vigencia. Uno de los expedientes que contenía ese dictamen era de 2021 y perdió estado parlamentario”.
Y mientras circulaba el dictamen para la firma, la diputada de la Coalición Cívica resaltó el consenso logrado en esa comisión.
Por problemas de tránsito llegó unos minutos más tarde la vicepresidenta de la comisión, Marcela Passo (FdT), quien al tomar la palabra recordó que “este es un tema que estuvimos debatiendo y mejorando intensamente en el transcurso del año pasado. Por estas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, el dictamen perdió estado parlamentario. Y por eso decidimos con la presidenta que apenas tuviéramos la oportunidad íbamos a tratar de retomarlo”. En ese sentido resaltó el “altísimo consenso” alcanzado entonces “y nos parecía una lástima que no pudiéramos seguir manteniéndolo”.
Destacó además la importancia que el tema tiene para nuestro país “sobre todo en lo que tiene que ver con las exportaciones y ponernos de cara al mundo y lo que puede demandar”.
Por último intervino Carlos Selva, autor de uno de los proyectos que fueron eje del dictamen y quien ya en 2018 presentó la primera iniciativa al respecto. Felicitó a la presidenta y su vice “por haber podido volver a insistir con esto”, y sin ánimo de exagerar sostuvo que “somos una potencia desde el punto de vista proteico y el recurso ictícola requiere que le prestemos atención. Nos interesa, nos ocupa y estamos tratando de colaborar para que la cosa sea más consolidada y proyectada, y que no quede supeditada a coyunturas, ni la predisposición y voluntarismo de funcionarios”. Por eso, remarcó, hace falta “que haya un marco normativo”.
Zuvic cerró la reunión resaltando la firma del dictamen de mayoría que seguía circulando. “Es un enorme orgullo, realmente. Han hecho un trabajo extraordinario”.
Cabe recordar que al suscribirse el dictamen el año pasado los diputados radicales Jorge Vara y Pedro Galimberti habían firmado “en disidencia”, por considerar que “la redacción de los artículos se aboca a pescadores de mar y dejan afuera a la pesca artesanal de ríos y arroyos que practican en sus provincias”. En esta oportunidad no hubo cuestionamientos públicos.
La iniciativa suscripta establece “un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada”.
En el Sistema Único de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura , se incluyen los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, “con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y de sostenibilidad de los recursos pesqueros”.
Sus objetivos son garantizar la legalidad, seguridad, inocuidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena de captura o crianza, desembarco, producción, distribución y comercialización de los productos y subproductos de la pesca y acuicultura, mediante la identificación de los operadores y la trazabilidad de las operaciones que realizan.
También prevé asegurar la autenticidad de la información trazada así como su disponibilidad en favor del Estado y de cada actor de la cadena productiva, desde el momento en que los productos y subproductos se dispongan en lotes, a más tardar, desde la primera venta.
Asimismo se establece la necesidad de “resguardar el derecho de acceso a la información por parte de los consumidores en relación a la procedencia de los productos comercializados”.
El sistema pretende “simplificar los procedimientos administrativos tendiendo a la desburocratización e impulsando la eficiencia, celeridad y transparencia de los sistemas y procesos”.
“Promover la eficiencia del sector público y privado mediante la generación de información útil, auténtica y automatizada”, es otro de los objetivos de la norma.
Los radicales Juan Martín y Ximena García advirtieron por la modificación realizada sobre el Presupuesto 2023 y anunciaron que presentarán un pedido de informes.
El Gobierno nacional modificó días atrás el Presupuesto 2023, autorizando un incremento en las partidas para el Ministerio de Educación, con el objetivo de atender gastos vinculados a las Universidades Nacionales. De acuerdo a la resolución, las casas de altos estudios que lideran la lista de beneficiadas están ubicadas, mayormente, en el conurbano bonaerense.
Tal situación despertó el enojo de legisladores de otros distritos, como es el caso de Santa Fe. “Una serie que lamentablemente ya conocemos bien: Santa Fe discriminada. Ahora le toca a la educación superior. El Gobierno distribuye recursos a las universidades sin ninguna proporcionalidad, ni argumentos, ni sentido federal. Profundizan arbitrariamente las inequidades”, advirtió el diputado radical Juan Martín.
A través de un hilo de Twitter, el legislador señaló que “curiosamente, buena parte de las partidas adicionales asignadas se destinan a las universidades del conurbano bonaerense, donde el Gobierno se empeña en despilfarrar fondos para sostener su caudal electoral. Mientras, los santafesinos seguimos recibiendo destrato”.
Martín agregó: ” ‘El estado presente’ y la ‘defensa de la educación pública’ chocan de frente con la realidad cada vez más difícil que atraviesan nuestras casas de estudio. En los hechos implica menos equipamiento, investigación y extensión en el interior del país. El relato no resiste. Cruje”.
Por su parte, su compañera de bloque Ximena García cuestionó que “Santa Fe y las universidades de la provincia pierden fondos en manos del gobierno K”. “(Sergio) Massa y (Juan) Manzur asignaron arbitrariamente y sin criterio federal partidas presupuestarias para las Universidades Nacionales, enviaron fondos sólo a 25 de las 57 universidades que tiene el país. 13 son el AMBA, y la mayoría del conurbano bonaerens, NINGUNA de la provincia de Santa Fe”, detalló.
La legisladora remarcó que los santafesinos tienen “un polo académico y científico de referencia en el país que potencian el crecimiento nacional”. “No hay criterios de distribución de los montos, ni ningún elemento que permita entender la decisión, por eso presentamos un pedido de informes en el Congreso para que den explicaciones”, anunció y completó: “Debemos defender con una mirada federal la educación del país”.
Así lo expresaron Ximena García y Francisco Monti quienes integran la Comisión de Juicio Político tras conocerse el temario y la convocatoria a extraordinarias por parte del Ejecutivo.
Luego del anuncio del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, los diputados nacionales de la UCR Ximena García (Santa Fe) y Francisco Monti (Catamarca), quienes integran la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, rechazaron el intento del Frente de Todos de arremeter contra la Corte Suprema de Justicia. Además, aseguraron que el proyecto no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
“Este intento de juicio político no va a tener ningún destino, porque necesitan 2/3 de la Cámara baja para ser aprobado. Por lo que ellos no buscan tener éxito, sino que solo quieren generar un quiebre institucional, un escenario propicio para que la condena contra Cristina Kirchner sea deslegitimada”, aseguró García.
Por su parte, Monti consideró: “El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es completamente absurdo desde el punto de vista técnico. Está basado en dos planteos que no tienen ningún asidero. Por un lado, el espionaje ilegal, lo cual nulifica cualquier tipo de pretensión por parte del Frente de Todos. No se puede, en base a una supuesta prueba nula generar prueba válida”.
“Por otro lado, se plantea una disconformidad respecto del fallo relativo a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es atendible desde el punto de vista de la conformidad o disconformidad, pero no constituye un mal desempeño”, agregó.
Además, los legisladores acusaron al kirchnerismo de atacar al sistema republicano. “Están desesperados para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, llevando a las instituciones, en este caso a la Corte Suprema, a un lugar de crisis institucional gravísima, en un país con casi 100% de inflación, 50% de pobres, con un crisis económica y social sin precedentes”, sostuvo García.
“El 2022 terminó con una condena contra Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita, en marzo se van a conocer los fundamentos del fallo, y ellos quieren meter a todos en un mismo lodo para bajar la vara y generar la idea de que todo es lo mismo. El Poder Judicial debe trabajar de manera independiente, sin condicionamientos”, añadió la diputada nacional por Santa Fe.
Y aclaró: “Nosotros vamos a seguir trabajando para poner límites a los abusos K, como cuando intentaron reformar la Justicia Federal, cuando quisieron ampliar los miembros de la Corte o con el proyecto del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, todos proyectos que fueron frenados por Juntos por el Cambio en Diputados”.
Monti, destacó: “Lo que está haciendo el kirchnerismo, desde el punto de vista político, es ponerse en una zona de marginalidad atacando a las instituciones, primero deslegitimando la democracia con esta auto proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y deslegitimando al sistema republicano y a la cabeza de uno de estos tres poderes, que es el Poder Judicial”.
“Desde Juntos por el Cambio tenemos una postura muy clara de defender el modo de convivencia que la democracia, y también el equilibrio de poderes”, concluyó el diputado.
Así lo solicitaron los referentes de JxC de Santa Fe ante la situación que atraviesa el sector agropecuario por la falta de lluvias y denunciaron que “los productores están presos en red burocrática que impide la llegada de fondos nacionales”.
Los referentes de JxC Santa Fe emitieron un comunicado exigiendo al Gobierno Nacional, al gobernador de la provincia Omar Perotti y al ministro de Producción Daniel Costamagna, que envíen la ayuda que la provincia necesita con urgencia para combatir la sequía. Además, denunciaron que los productores “están presos en red burocrática que impide la llegada de fondos nacionales”.
La diputada radical Ximena García escribió en su cuenta de Twitter: “SANTA FE NECESITA AYUDA. La situación del Sector Agropecuario de nuestra provincia es alarmante producto de la sequía histórica que está generando graves perjuicios económicos. Pese a esto, la respuesta del Estado es nula”.
“El sector agropecuario de Santa Fe está pasando por una sequía histórica, con fuertes consecuencias para nuestra economía provincial, y el gobierno del que nada se esperaba, nada está haciendo para afrontar lo que viven los productores santafesinos”, manifestó el diputado del Pro Federico Angelini.
En el comunicado que compartieron, plantearon: “Desde JxC Santa Fe expresamos nuestra más profunda preocupación ante la evidente inacción del gobierno provincial y nacional, en relación a la angustiante problemática que enfrentan los productores agropecuarios santafesinos, azotados por la sequía y sin un plan estratégico para contrarrestar dicha situación”.
“En Santa Fe los productores están presos en red burocrática que impide la llegada de fondos nacionales, lo que significa en el minuto a minuto una pérdida millonaria, sumado a la desesperante situación donde ven morir de sed sus animales”, denunciaron.
En ese sentido, plantearon que “el estado de emergencia agropecuaria firmado aquel 25 de noviembre de 2022, poco hizo para solucionar los problemas que padece el campo. Hoy ya no basta con acompañar por intermedio de medidas paliativas, se necesita una solución real, las perdidas serán irreparables no solo para Santa Fe, sino para el país”.
“Por eso le pedimos al gobernador Perotti y al ministro Costamagna, que se pongan a la altura del lugar que ocupan, y les exijan a sus socios kirchneristas del ejecutivo nacional, las soluciones que Santa Fe necesita de manera urgente para combatir esta angustiante problemática. Menos discursos tibios, y más acción concreta para asistir a los productores, que son el gran motor de nuestra economía, y hoy se encuentra pasando un momento triste y complejo”, remataron.
Así lo expresó la diputada Ximena García desde Egipto, donde toma parte de la COP27, desde donde reclamó pasar “de las palabras a los hechos, porque hasta ahora en vez de reducir los gases de efecto invernadero, los venimos aumentando”.
Las diputadas nacionales Ximena García (UCR-Santa Fe) y Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y la senadora Gladys González (Pro-Buenos Aires) participan de la Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla en la ciudad de Sharm el-Sheik, Egipto.
La COP27, que comenzó el pasado 6 de noviembre y finalizará el próximo 18 de noviembre, tiene como protagonistas a más de 200 Estados de todo el mundo reunidos con el fin de emprender acciones para hacer frente a la emergencia climática.
En esta oportunidad, la “Cumbre del Clima” se desarrolla en un contexto internacional muy difícil para abordar las medidas para mitigar las consecuencias negativas del calentamiento global, debido a que en los últimos años las sequías, desertificaciones, inundaciones, olas de calor y grandes incendios han sido más frecuentes y con mayores daños para la humanidad. Además la invasión de Rusia a Ucrania, y su consecuente crisis energética a nivel mundial, ha producido un golpe importante a las medidas que estaban adoptando los países para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados.
La diputada García además es miembro del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC), del que toman parte parlamentarios de doce países de América Latina y el Caribe. Este observatorio, apoyado por la CEPAL y el Programa Euroclima+ de la Unión Europea, busca fortalecer la legislación ambiental en la región y contribuir a la acción climática global desde una perspectiva sostenible.
El Observatorio organizó un evento paralelo en la COP27 el último jueves, titulado “Parlamentos Latinoamericanos y Caribeños Protagonistas: movilizando el financiamiento climático”, en el que firmaron una declaración para reafirmar el compromiso de construir una herramienta de información compartida sobre el estado de situación de la legislación y el tratamiento parlamentario ambiental en América Latina y el Caribe, y en ese marco buscarán impulsar la acción climática en el seno de los poderes legislativos y los demás ámbitos de gobierno, contribuyendo de esta manera a la identificación de acciones y necesidades comunes que los países podrán utilizar para coordinar el cuidado de nuestra casa común.
Al respecto, la diputada indicó que “ell cambio climático y sus efectos negativos para el planeta son una realidad palpable que no podemos negar y a la cual debemos prestarle atención. Pero esa atención no puede quedar sólo en palabras, sino que tenemos que pasar a la acción porque ya corremos por detrás de la meta”.
Consultada sobre la importancia del Observatorio, remarcó que “es de suma importancia que la legislación comparada de América Latina en materia ambiental esté disponible para su consulta, de esa forma las buenas prácticas, instrumentos y herramientas de gestión ambiental que las distintas jurisdicciones están implementando se conozcan y logren entusiasmar a otros decisores de políticas públicas”.
“Uno de los ejes centrales de la COP27 es discutir la necesidad de que los Estados menos desarrollados cuenten con financiamiento orientado a la mitigación del calentamiento global y a la reconversión productiva. Conseguirlo es uno de los objetivos de Argentina, punto que apoyamos, pero creemos que para lograrlo debemos redoblar los esfuerzos volviendo a poner el foco en las energías verdes, como lo es el biocombustible”.
La senadora Gladys González (quien preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) permanecerá hasta este miércoles en la Cumbre, y la diputada Camaño estuvo solo dos días, pues debió regresar por un problema familiar. Antes de emprender su regreso este fin de semana a Santa Fe, la diputada Ximena García dialogó con parlamentario.com desde Egipto, y señaló que “la sensación acá es de una clara vocación de acuerdos y de consensos, pero hay una definición de los países en desarrollo en relación a la exigencia de financiamiento por parte de los países desarrollados, bajo un entendimiento de que los países desarrollados lo han hecho en base a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero y han sido los países más contaminantes. Desde la COP26 hubo un acuerdo claro en relación al financiamiento que deben los países desarrollados a los países en desarrollo en concepto de pérdidas y daños. Esta es una discusión que se da en cada uno de los ámbitos de la COP y que seguramente va a terminar consolidándose para finalizar la COP la semana que viene”.
“Y también un claro señalamiento a la falta de cumplimiento de los acuerdos a lo que nos comprometimos como Estados. En la COP21, que fue en el año 2015 en París, hubo por primera vez un acuerdo legal vinculante de que los estados deban reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y se puso una meta para el año 2030 para que el calentamiento global no supere los 2°C de los niveles preindustriales, y que lo ideal sería 1.5°”.
La diputada radical precisó que “hay compromisos asumidos por los estados parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que son todos los estados parte -excepto Rusia, India y China, los países más contaminantes, que tampoco asistieron a esta COP-, y hay compromisos asumidos que son vinculantes y que se incumplen constantemente. Por diversos motivos: no hay duda de que el contexto internacional está convulsionado, la invasión de Rusia a Ucrania, la pandemia generó más exclusión, más pobreza, y por lo tanto pareciera que los problemas que tienen que ver con el cuidado del planeta están en el último de los niveles de importancia”.
“Sin embargo, son iguales de importantes -aclaró García-, porque estas catástrofes ambientales y climáticas las vemos cada vez de manera más cotidiana, como son los incendios, las sequías, las inundaciones, el nivel de crecimiento del mar, las desertificaciones, afectan fundamentalmente a los países en desarrollo, que somos los que estamos menos preparados para adaptarnos, los que tenemos menos capacidad de resiliencia, y por esa razón es que debemos ser quienes más nos preocupemos. Porque si seguimos en esta senda, si no somos conscientes de cómo producimos, de cuáles son las actividades mundanas que genera efecto invernadero y calentamiento global, vamos hacia un estado donde cada vez sea más invivible, porque las catástrofes ambientales van afectar no solamente la salud, sino a las vidas de las personas, y por supuesto las especies animales y nuestra biodiversidad”.
“Por eso es tan importante poner los problemas que estamos discutiendo en la agenda de las prioridades. Porque son catástrofes climáticas que atentan directamente contra la vida y la calidad de la humanidad, y que a quienes más afecta es a los países en desarrollo. Los más pobres, más vulnerables”, enfatizó la diputada santafesina.
En ese marco, expresó su deseo porque al finalizar esta cumbre climática “se reafirmen los compromisos, pero que pasemos de las palabras a los hechos, porque hasta ahora en vez de reducir los gases de efecto invernadero, los venimos aumentando, venimos incumpliendo. Y es necesario que las declaraciones tengan su correlato en los hechos”.
En el Senado lo encabezan Gladys González y Carolina Losada, mientras que en Diputados lo impulsan Ximena García y Maximiliano Ferraro.
Legisladores de Juntos por el Cambio presentaron en ambas cámaras del Congreso un proyecto de ley de humedales. El texto en el Senado está impulsado por Gladys González y Carolina Losada, mientras que la iniciativa en Diputados la encabezan Ximena García y Maximiliano Ferraro. Este último proyecto, bajo el título de “Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Racional de los Humedales”, cuenta con más de 50 firmas -siendo el que mayor acompañamiento tiene- y forma parte del listado que comenzará a debatirse el próximo jueves.
En los fundamentos se destaca que “los humedales, a través de sus servicios ambientales, nos abastecen de alimentos, agua y materias primas renovables, nos proveen de hábitats para la diversidad biológica, y mitigan los efectos del cambio climático, entre otros importantes beneficios. Es así que permiten minimizar las consecuencias de eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías e incendios y preservar fuentes de trabajo y la calidad de vida en el largo plazo”.
Este nuevo texto es el fruto de varios meses de trabajo colaborativo en un esfuerzo para acercar y armonizar las diferentes miradas y las observaciones que los autores fueron recibiendo de diversos actores, reconociendo la demanda histórica existente de parte de la ciudadanía y de un sector productivo que exige certezas y seguridad jurídica.
Los ejes de la propuesta se centran en cinco herramientas concretas: una definición técnica con amplio consenso científico, la realización de un Inventario Nacional de Humedales, un ordenamiento territorial de los humedales, un período de aplazamiento de intervenciones y fondos de compensación a titulares de predios y Estados provinciales que hacen esfuerzos para conservar sus humedales.
Los autores manifestaron que se buscó realizar “un abordaje responsable de la diversidad de situaciones que existen en torno a los humedales, intentando fijar lineamientos claros para encauzar las tensiones económicas, sociales y ambientales inherentes a la gestión de los territorios y la planificación del desarrollo”.
La diputada García (UCR-Santa Fe) señaló: “Este proyecto significa un gran avance para nosotros porque es una propuesta equilibrada que logra proteger nuestros humedales y posibilita las actividades productivas bajo buenas prácticas y con criterios de uso racional en el marco del desarrollo sostenible”. Además, agregó que “la protección de los humedales se ha transformado en una demanda de la ciudadanía que hoy se encuentra movilizada e informada sobre las problemáticas ambientales, por lo que buscamos soluciones concretas mediante un proyecto que brinde seguridad jurídica a quienes viven y producen en humedales con instrumentos, alcances, plazos y responsables claros”.
En esa línea, el diputado Ferraro (CC-CABA) destacó: “Esta propuesta busca, a través de herramientas concretas, ampliar el conocimiento sobre estas áreas estratégicas, jerarquizar su consideración en la toma de decisiones, promover sinergias entre objetivos de política pública y apoyar los esfuerzos de conservación, siempre entendiendo que en los humedales se vive y se produce”.
En cuanto al consenso alcanzado, el porteño afirmó que “es muy valioso que hayamos logrado un entendimiento común de que sí es posible compatibilizar las necesidades productivas con el mantenimiento de las características ecológicas de estos ambientes esenciales para la vida y el desarrollo sostenible”.
Por su parte, la senadora González (PRO-Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Ambiente, resaltó que “después de mucho trabajo y escucha activa con distintos actores, logramos presentar este proyecto que tiene una mirada equilibrada entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo productivo. Nuestro país necesita crecer y generar empleo sin comprometer a las generaciones futuras, y por ello es necesario producir cuidando el ambiente”.
“El proyecto es una oportunidad para generar certidumbre a todos los sectores e impulsar a las provincias a que ordenen sus territorios. En tal sentido, la ley permitirá planificar qué usos le damos a nuestros humedales y, de esa forma, protegerlos y conservarlos pero permitiendo el desarrollo de diferentes actividades ordenadas en el territorio de forma armónica”, insistió.
En tanto, la senadora Losada (UCR-Santa Fe) señaló que “es fundamental que podamos generar acuerdos, unirnos y pensar políticas responsables de conservación sustentable para los humedales de nuestro país y las actividades productivas que en ellos se desarrollan. Debemos dar un debate serio que conduzca hacia una legislación moderna, que brinde certeza y previsibilidad, tal como lo hace el proyecto que hoy estamos presentando”.
“Siento mucho optimismo al ver el importante consenso que hemos logrado para presentar este proyecto de ‘ley operativa’, que premia los esfuerzos de conservación, fortalece las capacidades estatales y fomenta el federalismo”, sumó.
Por último, los legisladores nacionales reflexionaron y reconocieron que “lograr una ley de humedales requiere vocación de diálogo, de escucha y consenso”. En ese sentido, sobre el texto final presentado y el gran apoyo recibido dentro de la coalición opositora, los autores indicaron que “el objetivo siempre fue lograr una propuesta representativa de todas las voces, que sintetice intereses y problemáticas de los diferentes sectores” y “en la que las posiciones equilibradas sean las protagonistas, alejadas de cualquier fundamentalismo que pueda obstruir el debate”.
Por último, coincidieron en que cuidar los humedales “es cuidar nuestras posibilidades de producir, vivir, alimentarnos y recrearnos, preservando las condiciones para una Argentina productiva, sostenible, pujante y con futuro”.
Los radicales Ximena García y Mario Barletta buscan que se suba el corte obligatorio, que en la ley votada el año pasado se había bajado a la mitad.
Los diputados nacionales Ximena García y Mario Barletta (UCR-Santa Fe) proponen aumentar el corte de biodiesel al gasoil para reducir los costos de importación de combustibles y así paliar la crisis de precios internacionales y faltante de gasoil.
Mediante dos iniciativas, los legisladores piden aumentar el corte de biodiesel al gasoil del 5% al 13%, la producción máxima disponible con la que hoy cuenta el país. Equivaldría a unas 600.000 toneladas de gasoil aproximadamente, el 45% de las importaciones estimadas que se necesitarán para lo que resta del año, según datos de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.
“Argentina y la provincia de Santa Fe poseen una enorme capacidad de generación de biodiesel, cuya industria hoy tiene más del 50% de su capacidad ociosa, debido a la reducción drástica de los cortes de biodiesel y bioetanol al gasoil y la nafta, respectivamente, que se aprobaron el año pasado por una discutida ley del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, cuestionada por gran parte de la industria e integrantes de Juntos por el Cambio y Consenso Federal”, recordó García sobre la discutida Ley de Biocombustibles.
Por su parte, Barletta consideró que “es necesario que el Gobierno aumente los cortes de biodiesel para transformar esta crisis en una oportunidad económica, social y ambiental. “Con la implementación de esta propuesta, sustituiríamos la importación de combustible con un producto nacional que reduce emisiones, y sería una transición hacia energías más limpias”, añadió.
Ante los escasos avances en el proceso, legisladores de JxC señalaron que aún no se encuentran disponibles los pliegos ni los informes que debían realizar
Diputados y senadores de Juntos por el Cambio, encabezados por Ximena García (UCR Santa Fe) presentaron una iniciativa solicitando detalles sobre el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná que, una vez más, encuentra demoras injustificadas.
“Tienen la mirada puesta sobre la hidrovía, ya que este corredor natural de más de 3.400 kilómetros, es una de las obras más importantes de infraestructura logística en nuestro país y la opción de transporte más relevante para la producción nacional, por la que circulan aproximadamente 70.000 millones de dólares por año correspondientes a nuestro comercio exterior”, destacó García.
Explicó también que tras el vencimiento de la prórroga que mantenía la licitación original de 1995 otorgada a la empresa Hidrovía SA, se otorgó por decreto una concesión temporal del mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, así como el correspondiente control hidrológico de la vía navegable troncal, a la Administración General de Puertos S.E. (AGP).
De este modo, a partir del día 11 de septiembre de 2021 y por el término de 12 meses comenzó el periodo de concesión de la AGP, durante el cual debe llevarse a cabo la licitación nacional e internacional para una nueva concesión de la Hidrovía, momento hasta el cual la AGP contará con el manejo del cobro y administración de las tarifas y peaje.
Ante los escasos avances en el proceso los legisladores de JxC señalaron que aún no se encuentran disponibles los pliegos ni los informes que debían realizar, como tampoco se conocieron acciones del recientemente creado Observatorio de Integridad y Transparencia de la Hidrovía Paraguay-Paraná que debiendo velar por la transparencia e integridad en el proceso de confección del pliego licitatorio se comprometía a incentivar la participación activa de la sociedad civil.
Por la importancia que reviste la Hidrovía Paraná-Paraguay en el desarrollo económico de nuestro país y la región, el proyecto contó con adhesiones de los legisladores Carolina Losada, Mario Barletta, Dionisio Scarpin, Germana Figueroa Casas, Gabriel Chumpitaz, Jose Nuñez, Gerardo Cipolini, Jorge Rizzotti, Fabio Quetglas, Carolina Castets, Pedro Galimberti, Gabriela Lena, Martin Arjol, Lidia Ascarate y Fernando Carbajal.
Por Ximena García. La diputada radical santafesina detalla la crítica situación correntina y cuestiona a un gobierno que a su juicio actúa tarde, lento e ineficientemente.
Las imágenes que llegan desde Corrientes son desesperantes, tanto por la magnitud de los daños ambientales y económicos como también por la certeza de que eran previsibles. ¿Podríamos haberlos evitado completamente? Seguramente no, ya que en Corrientes, como en muchos lugares del país, por las escasas lluvias, las altas temperaturas y el cambio climático se generaron las condiciones para la proliferación de incendios, que en este caso, arrasaron con más de 800 mil ha.
Lo que sí podría haber sucedido es que las condiciones naturalmente desfavorables nos encuentren preparados, con un programa ambiental serio, sin extremismos, que nos posibilite cuidar al ambiente, pero también permita el desarrollo productivo.
La problemática de los incendios no es nueva, en 2020 y 2021 se consumieron casi 1.5 millones de ha, afectando principalmente al humedal “Delta del Paraná”, la Patagonia, Córdoba y otras 14 provincias. El fuego no distingue áreas protegidas, parques nacionales ni humedales.
Es importante recordar por qué estamos donde estamos: el Gobierno, con el riesgo latente de incendios, redujo en 2021 el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en un 42,9%, lo mismo ocurrió con los recursos destinados a la protección de desastres y al Sistema Federal de Emergencias. También limitó a la mitad las horas de vuelo para el sistema aéreo de lucha contra el fuego y los fondos para capacitar agentes.
Frente a las recientes críticas, el Gobierno anunció un aumento en el presupuesto del Ministerio de Ambiente, pero los fondos girados nos dejan dudas acerca de su veracidad. En todo caso los recursos estaban pero no llegaron a Corrientes.
El kirchnerismo respondió con la modificación de la ley de manejo del fuego de manera exprés e ideológica, pero nada cambió. La situación de descontrol actual no pudo sorprender al gobierno, ya que se había declarado la emergencia ígnea e hídrica en todo el país.
Desde JxC presentamos pedidos de informes y citaciones a funcionarios para conocer el accionar frente a los incendios y el cumplimiento de las Leyes de Protección Ambiental, Manejo del Fuego y Bosques. También consultamos sobre el Sistema de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios y el funcionamiento del COFEMA. Exigimos la completa ejecución presupuestaria y la intervención de la justicia para hallar a los responsables.
No recibimos más respuestas del oficialismo que dejar caer el estado parlamentario de nuestro proyecto de Ley de Humedales, que contaba con un dictamen consensuado, y que busca proteger y alentar el uso sustentable de estos ecosistemas. ¿Dónde quedaron las promesas y discursos ambientalistas?
Seguiremos insistiendo. Volveremos a presentar el proyecto de Humedales, así como otras iniciativas que buscan redireccionar recursos existentes hacia las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, protagonistas en los desastres a los que asistimos, para que puedan estar preparados ante la necesidad de actuar.
Nada será suficiente si el Gobierno nacional sigue corriendo detrás de los problemas, con desidia y mezquindad política. Si los recursos estaban, entonces faltó gestión, interés y previsión. El ministro Cabandié culpa a los productores que lo han perdido todo y se preocupa por las críticas del ex presidente Macri en vez de dialogar con el gobierno de Corrientes y llevar la ayuda a tiempo. Su falta de empatía y su irresponsable conducción del ministerio son ofensas contra el pueblo correntino, pero también contra toda la Nación. Es hora de imaginar cambios profundos en la política ambiental del FdT.
Que la sociedad civil esté movilizada juntando donaciones para apoyar a los bomberos que combaten el fuego nos resulta esperanzador, pero a la vez desnuda la ineptitud de un gobierno que actúa tarde, lento e ineficientemente. El cambio climático es un hecho, y los incendios serán un escenario cada vez más frecuente. Deberíamos haber estado mejor preparados, esperemos que todas las pérdidas, hoy incalculables, sean el puntapié para que la ineptitud y la mezquindad política nunca más guíen el accionar de un ministro. Necesitamos que dejen de improvisar ante el desastre, el ambientalismo de cotillón del FdT quedó una vez más al desnudo.
La legisladora Ximena García cuestionó a través de su cuenta de Twitter el rol del Estado: “Es activamente dañino cuando tiene mensajes distorsionados y poco claros: la droga es siempre un problema, la envenenada y la no envenenada”.
La diputada nacional Ximena García (UCR – Santa Fe) se refirió al tema de la droga adulterada y apuntó fuerte contra el Estado porque “se enfoca en perseguir al consumidor y en combatir al narcotráfico de modo aislado e ineficiente”, y sobre el presidente de la Nación cuestionó: “Desde que asumió, dio todas las señales equivocadas y el negocio de la droga creció”.
“El consumo de drogas impacta de lleno en los jóvenes de Argentina y del mundo. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) 275 millones de personas consumieron drogas ilícitas durante 2021 a nivel global, un incremento del 22% respecto de 2010”, informó García en su primer tuit.
Y señaló que “esta realidad empeora cuando el Estado se enfoca en perseguir al consumidor y en combatir al narcotráfico de modo aislado e ineficiente”.
“Estando ausente en el ANTES (prevención) dónde se destaca la deuda en materia educativa, y la invisibilización de las causas y consecuencias de la adicción, como el aumento de la deserción escolar, las dificultades para conservar vínculos, los problemas de salud mental, etc.”, precisó.
En ese sentido, continuó: “Pero también en el MIENTRAS y en el POST con una deficiente atención primaria y acompañamiento terapéutico, dejando como única opción unas pocas clínicas privadas, a las que solo accede un grupo privilegiado”.
“A su vez el Estado es activamente dañino cuando tiene mensajes distorsionados y poco claros: la droga es siempre un problema, la envenenada y la no envenenada”, denunció la diputada santafesina.
En tanto, criticó al jefe de Estado Alberto Fernández porque “desde que asumió, dio todas las señales equivocadas y el negocio de la droga creció. Disolvieron la subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, no controlan la narcocriminalidad ordenada desde las cárceles”.
“Sumado a esto, el rol de la SEDRONAR es difuso y los ministros a cargo no trabajan articuladamente. Estamos pagando la inacción de Frederic y la complicidad de Aníbal Fernández”, añadió García.
Y cerró: “Tenemos un combo: drogas disponibles, libertad sin consecuencias para venderla y ausencia del Estado. Necesitamos política de salud pública para afrontar la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas, las dos caras de una misma moneda de un país adicto”.
Legisladores del oficialismo y la oposición opinaron de la convocatoria presidencial para el 1 de febrero.
Posiciones encontradas se expusieron luego de oficializarse la convocatoria del Congreso de la Nación a sesionar durante el mes de febrero.
Desde la oposición, la diputada santafesina Ximena García hizo hincapié en el faltante del decreto: “Los humedales no son una prioridad para este gobierno. El temario enviado por el PE para las sesiones extraordinarias no incluyó este proyecto, por lo que deberemos comenzar nuevamente el proceso para lograr que sea ley”.
Para el diputado libertario José Luis Espert, el decreto incluye 18 temas de los cuales “uno solo es urgente”, en referencia al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. “Decidir una nueva conformación del Consejo de la Magistratura que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema el 16-12-2021 por considerar que se ha alterado el equilibrio entre los distintos estamentos que lo componen (en criollo, la ley K Nº 26.080 del 22-02-2006 la llenó de políticos). El resto de los temas no son para extraordinarias y es grave la omisión del acuerdo con el FMI en el temario. Era lo más urgente”, expresó.
El socialista Enrique Estévez también mencionó que el temario no incluye “la tan necesaria y cajoneada Ley de Humedales”, y agregó: “Esperamos que el ministro de Ambiente Juan Cabandié esté a la altura y pida por su incorporación. No hay tiempo para doble discurso”.
Desde la pantalla de La Nación+, la diputada de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet expresó: “El llamado a extraordinarias no tiene ninguna empatía con el ciudadano común. Tenemos un escenario en donde no hay un plan para resolver ninguno de los problemas que tenemos. ¿Por qué en vez de discutir los problemas de la vicepresidenta con la justicia no discutimos los problemas que afectan a la gente? Por decir alguno, la ley de alquileres. Y en este largo temario, a 30 días de empezar las clases, no hay ni un solo proyecto para recuperar a los 500 mil chicos que abandonaron la escuela”.
Desde el Frente de Todos, la diputada Carolina Gaillard celebró que el presidente haya incluido en el temario el marco regulatorio para Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, como así también la nueva ley de VIH.
A su vez, el diputado Nicolás Rodríguez Saá felicitó al intendente de Pilar Federico Achával, “por tu incansable esfuerzo por concretar lo que está tan cerca de hacerse realidad Universidad Nacional de Pilar. ¡Ya entró en temario de extraordinarias!”.
La diputada radical Ximena García presentó un proyecto de ley para que las autoridades competentes realicen tareas de reparación y mantenimiento en dicha ruta.
La legisladora santafesina Ximena García (UCR) presentó un proyecto de ley para que el Estado, a través de las autoridades y organismos competentes, efectúe las gestiones necesarias para que se realicen las tareas de reparación y mantenimiento de la calzada correspondiente a la Ruta Nacional N°95.
Así lo comunicó a través de su cuenta de Twitter, en donde García manifestó: “La Ruta Nacional 95 es una de las principales vías de circulación del noroeste de la provincia, y hoy se encuentra en un estado intransitable, generando grandes demoras en el transporte de la producción y poniendo en riesgo la vida de quienes la transitan”, acompañado de un video en el que muestra el deplorable estado del asfalto.
“Por eso junto a Gerardo Cipolini (UCR – Chaco) y varios diputados, presentamos un proyecto para el reacondicionamiento de esta importante vía de comunicación entre las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa, el Estado no puede seguir ignorando la peligrosidad de esta situación”, agregó la legisladora radical.
La iniciativa plantea: “Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de las autoridades y organismos competentes, efectúe las gestiones necesarias para que se realicen las tareas de reparación y mantenimiento de la calzada, corte de pastos en banquina, alumbrado y señalización, correspondiente a la Ruta Nacional 95, en los tramos: empalme Ruta Provincial N°2, (Tostado), con empalme Ruta Provincial N°292 (Villa Minetti), y empalme Ruta Provincial N°292 (Villa Minetti), con su empalme con el límite provincial Santa Fe – Chaco”.
Lo hizo en el marco de la participación que tuvo Alberto Fernández en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático de quien sostuvo que “sigue vendiendo relato” y le pidió que deje de decir “humo”.
La diputada nacional Ximena García (Juntos por el Cambio – Santa Fe) expresó su rechazo a través de su cuenta de Twitter sobre la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien encabezó la Cumbre Latinoamericana sobre el Cambio Climático, y lo tildó de que “sigue vendiendo relato” y que “arruinaron el régimen de promoción de los biocombustibles”.
Como anfitrión, Fernández aseguró que “la crisis planetaria solo se detendrá si construimos un nuevo paradigma de desarrollo basado en la justicia social ambiental. Escuchemos el clamor de nuestra tierra y nuestro pueblo”.
Por este motivo, la dirigente radical le salió al cruce y le dedicó un tuit, en el cual expresó: “Alberto Fernández habla en la Cumbre Latinoamericana sobre el cambio climático y sigue vendiendo relato, pero acá ya estamos acostumbrados a la mentira de este Gobierno”.
“Ya advertimos que se redujo a la mitad la inversión para controlar incendios forestales y se pretendió solucionar con un fondo fiduciario que aún no llega, cambiaron la protección a perpetuidad de los bosques nativos y arruinaron el régimen de promoción de los biocombustibles”, cuestionó la diputada opositora.
Por último, García concluyó su rechazo preguntando en forma irónica: “¿Reducción de gases de efecto invernadero? ¿Agenda ambiental?”, y exclamó: “¡Basta de humo!”.
El apoyo explícito de Mauricio Macri a la precandidatura del santafesino Federico Angelini en la interna de Juntos por el Cambio generó mucho recelo en los otros sectores y lanzaron una advertencia encabezada por Carolina Losada. Molestia en las filas del Pro.
A un poco más de una semana de las elecciones PASO, en Santa Fe surgió una nueva polémica que envuelve a Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe donde la interna está al rojo vivo por el respaldo explícito del expresidente Mauricio Macri a la lista que encabeza el actual diputado nacional Federico Angelini.
Este miércoles 1° de septiembre fue el acto de apoyo de Macri a Angelini en Rosario y minutos después circuló un video en las redes sociales en el que la periodistas y precandidata a diputada Carolina Losada le pidió a Macri que “evita favoritismo” y lanzó una teoría que no cayó bien en las filas del Pro a nivel nacional.
Conoce porque a Angelini lo tendría que reemplazar un varón.
La idea de Losada es instalar que si Angelini triunfa y es electo senador nacional por Santa Fe, dejará su lugar en Diputados y es ahí donde el kirchnerismo usará alguna artimaña política para quedarse con esa banca.
Ante esta versión, salió al cruce la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien escribió en Twitter: “Carolina Losada, sos bienvenida a Juntos por el Cambio, pero no te conviertas en lo que queres combatir: no mentir es nuestra premisa”.
“La Ley 27.412 de 2017, reemplaza género por género. Si Angelini -impulsado por Pro- es elegido senador, su lugar como diputado lo ocupará un radical”, agregó Bullrich.
Pero la historia no quedó ahí porque Losada le respondió a la titular del Pro al señalar: “Patricia Bullrich, conozco la ley de paridad, a quienes tenes que convencer de respetarla es al kirchnerismo”.
“Sabes que por una banca van a hacer cualquier cosa. Reconozcan que la ambición de Angelini les jugó una mala pasada. Mentir es no reconocer que la banca está en riesgo”, remató Losada.
En la polémica, la diputada santafesina Ximena García (JxC) opinó: “Conocemos la ley de paridad y también al kirchnerismo, que por una banca va a hacer cualquier cosa. Los argumentos jurídicos y los antecedentes están. Estamos arriesgando demasiado”.
“Tanto es así que las diputadas del FdT presentaron el proyecto 2205-D-2020 que incorpora una cláusula transitoria para que cuando deba reemplazarse un hombre, asuma quien le sigue en la lista sin importar el género hasta alcanzar la paridad”, agregó.
En ese sentido, García subrayó: “El proyecto tiene estado parlamentario y puede aprobarse en cualquier momento. Sumado a que la misma diputada ya lo hizo en la legislatura de Santa Fe”.
La diputada radical concluyó: “La banca esta en riesgo, se les juega la mayoría en el Congreso, no podemos cometer errores no forzados que puedan costarnos tan caros”.
Presentaron un proyecto que tiene por objeto conservar y garantizar el uso sustentable de los peces, gravemente amenazados por la histórica bajante del río Paraná.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Ximena García, presentaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso sustentable de los recursos ícticos de la Cuenca del Plata, que posee una superficie de 3.100.000 km2 siendo la segunda cuenca en extensión de Sudamérica y la cuarta del mundo. Más del 90% de la producción pesquera continental del país proviene de esta cuenca multiespecífica (boga, armado, bagre, amarillo, manguruyú, dorado, pacú, patí, raya, armado, chancho, salmón de río y mandubí).
Actualmente, el recurso se encuentra en serios problemas por la situación del río Paraná. El Instituto Nacional del Agua (INA) remarcó que la tendencia descendente de los niveles del río se prolongará en el tiempo. Esta bajante genera que el sistema de lagunas y arroyos se seque, produciendo un movimiento de peces atípico hacia sectores con mayor caudal de agua. Este agrupamiento de peces, es aprovechado no sólo por pescadores artesanales -con motivos de subsistencia-, sino por pescadores comerciales, que venden su pesca a frigoríficos y extraen ejemplares indiscriminadamente, sin observar tamaños o pesos, generando un daño irreparable.
Al respecto, la legisladora por Santa Fe expresó: “La pesca constituye una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras, debemos pensar en leyes que impulsen a su práctica responsable”.
Para ello, el proyecto crea por ley la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario (CFA), y un Comité Pesquero de Cuenca como organismo interprovincial para coordinar políticas públicas y planes de trabajo específicos, del que participarán representantes de las provincias adherentes, y de las asociaciones provinciales o locales de pescadores deportivos o artesanales.
En pos del desarrollo sustentable de los recursos ícticos, establece la necesaria determinación de un cupo de pesca máximo por provincias, y la reconversión de actividades no sustentables desarrolladas por pescadores artesanales y/o comunidades locales, a partir de programas de asistencia técnica y financiera.
Para ello resulta preciso relevar a las personas afectadas por las épocas de veda, generando programas que fomenten la reconversión laboral transitoria o permanente. A su vez se propone el registro de embarcaciones, de piezas extraídas, la trazabilidad y la utilización de puertos fiscalizadores para la pesca comercial.
Además, se deberán establecer cupos de exportación para las especies ictícolas cualquiera sea su forma de preparación y/o presentación, de acuerdo al rendimiento pesquero potencial a los fines de evitar la depredación y garantizar la sustentabilidad del recurso.
Por último la iniciativa pretende impulsar y promover la producción y el consumo de peces de río a partir de la acuicultura a los fines de fortalecer la cadena productiva y el comercio local. “Estamos convencidos de que a partir del diálogo y el trabajo conjunto entre el Estado y las Asociaciones Civiles podremos acompañar procesos productivos sustentables que fomenten el consumo local de peces, y hagan crecer a la industria pesquera, sin comprometer los recursos ictícolas de nuestros ríos”, concluyó la diputada García.
Acompañaron el proyecto de ley los diputados Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Mario Arce, Camila Crescimbeni, Sebastian Salvador, Luis Pastori, Josefina Mendoza, Aída Ayala, Martín Berhongaray, Adriana Cáceres, Alicia Fregonese, Brenda Austin, Gustavo Menna, Gonzalo del Cerro, Carolina Castets y Jorge Lacoste.
El proyecto, impulsado por la santafesina Ximena García, tiene como motivación la histórica bajante del río Paraná.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Ximena García, presentaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso sustentable de los recursos ícticos de la Cuenca del Plata, que posee una superficie de 3.100.000 kilómetros cuadrados, siendo la segunda cuenca en extensión de Sudamérica y la cuarta del mundo. Mas del 90% de la producción pesquera continental del país proviene de esta cuenca multiespecífica (boga, armado, bagre, amarillo, manguruyú, dorado, pacú, patí, raya, armado, chancho, salmón de río y mandubí).
En la iniciativa, los legisladores señalaron que actualmente el recurso se encuentra en serios problemas por la situación del Río Paraná. El Instituto Nacional del Agua (INA) remarcó que la tendencia descendente de los niveles del río se prolongará en el tiempo. Esta bajante genera que el sistema de lagunas y arroyos se seque, produciendo un movimiento de peces atípico hacia sectores con mayor caudal de agua. Este agrupamiento de peces es aprovechado no sólo por pescadores artesanales -con motivos de subsistencia- sino por pescadores comerciales, que venden su pesca a frigoríficos y extraen ejemplares indiscriminadamente, sin observar tamaños o pesos, generando un daño irreparable.
Al respecto, García expresó: “La pesca constituye una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras, debemos pensar en leyes que impulsen a su práctica responsable”.
Para ello, el proyecto crea por ley la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario (CFA), y un Comité Pesquero de Cuenca como organismo interprovincial para coordinar políticas públicas y planes de trabajo específicos, del que participarán representantes de las provincias adherentes, y de las asociaciones provinciales o locales de pescadores deportivos o artesanales.
En pos del desarrollo sustentable de los recursos ícticos, establece la necesaria determinación de un cupo de pesca máximo por provincias, y la reconversión de actividades no sustentables desarrolladas por pescadores artesanales y/o comunidades locales, a partir de programas de asistencia técnica y financiera.
En ese sentido, se prevé el relevamiento de las personas afectadas por las épocas de veda, generando programas que fomenten la reconversión laboral transitoria o permanente. A su vez, se propone el registro de embarcaciones, de piezas extraídas, la trazabilidad y la utilización de puertos fiscalizadores para la pesca comercial.
Además, se deberán establecer cupos de exportación para las especies ictícolas cualquiera sea su forma de preparación y/o presentación, de acuerdo al rendimiento pesquero potencial a los fines de evitar la depredación y garantizar la sustentabilidad del recurso.
Por último, la iniciativa pretende impulsar y promover la producción y el consumo de peces de río a partir de la acuicultura a los fines de fortalecer la cadena productiva y el comercio local.
“Estamos convencidos de que a partir del diálogo y el trabajo conjunto entre el Estado y las asociaciones civiles podremos acompañar procesos productivos sustentables que fomenten el consumo local de peces, y hagan crecer a la industria pesquera, sin comprometer los recursos ictícolas de nuestros ríos”, concluyó la legisladora santafesina.
El proyecto fue acompañado por Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Mario Arce, Camila Crescimbeni, Sebastian Salvador, Luis Pastori, Josefina Mendoza, Aída Ayala, Martín Berhongaray, Adriana Caceres, Alicia Fregonese, Brenda Austin, Gustavo Menna, Gonzalo del Cerro, Carolina Castets y Jorge Lacoste.
Pedido de informes de la diputada Ximena García al Ministerio de Transporte.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Ximena García, presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Transporte de la Nación para indagar sobre diversas cuestiones vinculadas a la Hidrovía Paraguay-Paraná, cuya concesión vence el próximo 30 de abril.
La Hidrovía Paraguay-Paraná es el segundo corredor natural en Sudamérica y por ella se transportan 70.000 millones de dólares por año de nuestro comercio exterior: el 80% de los granos y derivados; el 90% de los containers; el 100% de los autos que comerciamos por vía acuática; gran parte de nuestra producción siderúrgica; el transporte de pasajeros en la modalidad de cruceros; un gran porcentaje de las operaciones de cabotaje y transbordo de cargas; así como también gas natural, petróleo crudo y productos refinados.
“Este corredor natural se encuentra concesionado, y dicha concesión vence el próximo 30 de abril, hasta el momento no existen demasiadas certezas sobre cómo se garantizará la navegación de la Hidrovía durante el tiempo comprendido entre la extinción de la concesión vigente y el inicio de la explotación de la nueva concesión’’, explicó la diputada.
La Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro Exportador de Cereales, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Confederaciones Rurales Argentinas y el Centro de Navegación, entre otras entidades empresarias ligadas a la Hidrovía, se han expresado en igual sentido planteado su preocupación por la laguna legal que se generará una vez que termine la concesión.
Recientemente se ha firmado un acta de compromiso entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la cual no se tienen muchas precisiones al respecto. Sobre el proceso licitatorio se busca conocer, entre otras cosas, cuál es el marco requisitorio sobre los cuales se elaborarán los pliegos, en qué se ha avanzado y qué plazos se están manejando, si se ha determinado ya el plazo de explotación previsto para la futura concesión y los objetivos en términos tarifarios de la misma, qué obras y bajo qué modalidad de ejecución se le exigirá a la nueva concesión, si se realizarán estudios de impacto ambiental, social y económico, qué logros ha alcanzado el Consejo Federal Hidrovía (CFH) y qué proyectos de explotación y mantenimiento ha recibido.
“Es importante destacar que la utilización y mantenimiento de la Hidrovía es clave para la provincia de Santa Fe ya que el sistema hidrográfico de esta provincia es el más extenso del país, con ríos de aguas tranquilas, gran número de lagunas, cañadas, esteros, riachos y arroyos. Este frente fluvial alcanza los 849 kilómetros lo que representa un tercio de la extensión total de la hidrovía Paraná-Paraguay”, remarcó García.
Acompañaron el pedido los diputados Omar de Marchi; Claudia Najul; Estela Regidor; Pablo Torello; Gisela Scaglia; Sofia Bambrilla; Atilio Benedetti; Carolina Castets; Hernán Berisso; Gabriela Lena; Lucila Lehmann; Sebastián Salvador; Lidia Ascarate; Carla Carrizo; Antonio Stefani; Luis Pastori y Mario Arce.
Para eso, la diputada Ximena García pide reconocer las actividades en gimnasios, natatorios y clubes.
La diputada nacional Ximena García presentó un proyecto por el que promueve que el Poder Ejecutivo reconozca como “actividades esenciales” a las prácticas físicas y deportivas desarrolladas en gimnasios, natatorios y clubes, por ser fundamentales para el goce pleno del derecho a la salud.
“Estamos hablando de espacios en los que se realizan actividades deportivas, se promueven hábitos saludables, se previenen enfermedades, se fomentan los lazos sociales, muchos de los componentes que contribuyen al desarrollo de una vida plena”, explica García, quien recordó que dichas actividades encuadran en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que determina que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
La iniciativa busca mantener abiertas las puertas de los más de 7900 gimnasios y clubes deportivos que dan trabajo a 80.000 personas en relación de dependencia, y emplean a más de 180.000 profesores de educación física e instructores de diversas disciplinas.
Al respecto la legisladora puntualizó: “Estamos muy preocupados por esta situación, comprendemos la gravedad del panorama que atraviesa el país con una segunda ola de infecciones, pero esta vez nos encontramos mejor preparados para enfrentarla, los protocolos de higiene y distanciamiento llevan un año ya, desde su implementación y tanto la ciudadanía como los dueños y dueñas de establecimientos han aprendido a convivir en esta nueva normalidad, aceptando las pautas de cuidado”.
Cabe destacar que en algunos casos la actividad deportiva en gimnasios de algunas de algunas provincias jamás se retomó desde hace más de un año, y en aquellas que si lo hicieron, estos estuvieron sujetos a los vaivenes propios de las coyunturas, donde ante la aparición de un caso positivo de COVID-19 se ha vuelto atrás en varias ocasiones.
“Esta situación, solo profundiza la crisis económica que atraviesan las PyMEs y los monotributistas en nuestro país, y vemos caer una industria que hoy ayuda a miles de personas a sobrevivir. Por ello, solicitamos que se reconozca de una vez por todas, a la actividad deportiva como esencial e intrínseca a la salud humana”, concluyó la diputada radical.
En 2020 la diputada García ya había presentado un proyecto con una serie de medidas en apoyo al sector, en los difíciles meses que atravesaba a mediados de la cuarentena.
La iniciativa de Ximena García pone el acento en un sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia, pero la diputada también reconoce errores del pasado.
La diputada nacional Ximena García (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto por el cual promueve que se declare a la cultura como bien esencial, apelando a su protección integral.
“Buscamos que sea reconocida la gran importancia que tienen las actividades culturales para la cohesión social, la construcción de ciudadanía, la preservación de nuestro patrimonio y el fomento al emprendedorismo y la producción como fuente de trabajo, para que, inmediatamente, puedan volver a funcionar estos espacios a partir de la articulación de los recursos estatales necesarios que garanticen la subsistencia y funcionamiento de las instituciones que día a día se abocan a estos fines”, señaló García.
La iniciativa pone el acento en un sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia, pero que también reconoce errores del pasado. “Más allá de la coyuntura que estamos atravesando, la cultura nunca ha tenido el lugar institucional y jurídico que se merece. Debemos reparar esta situación, ya que resulta indispensable preservar su rol en la circulación económica y de conocimiento, y en la potenciación del desarrollo humano, que se da principalmente en los espacios de encuentro ciudadano desde los aspectos sensibles y artísticos”, manifestó la diputada radical.
En cuanto al golpe recibido este 2020, debemos señalar que las actividades culturales se detuvieron casi absolutamente. Las funciones y proyectos relacionados a la música, las artes visuales, el cine y el teatro, la danza y toda nueva expresión de la contemporaneidad, debieron detener sus calendarios y adaptarse a la “nueva normalidad”, apelando a la creatividad, poco redituable en términos económicos, para no dejar caer a los cientos de empresas y miles de trabajadores que emplea el sector. “Las decisiones, articuladas desde el gobierno nacional sobre qué actividades están exceptuadas del ASPO y cuáles no, se han vuelto incongruentes. Por solo mencionar un ejemplo, en algunas provincias, se encuentran abiertos los shoppings pero no los museos. Señalamos esta realidad para demostrar las contradicciones, inclinándonos, a priori, a que ambos tipos de establecimientos, con las medidas sanitarias correspondientes, deberían poder funcionar”, sentenció García, y agregó: “los talleres de enseñanzas artística tampoco están funcionando, y las ayudas que está recibiendo el sector, son insuficientes.”
Esta situación se ve replicada en todos los Estados del mundo que, al atravesar una crisis de similares características, hoy se encuentran ante el desafío de afrontar el problema y trabajar en pos del fortalecimiento de la cultura. España ha dado un paso primordial. El 22 de septiembre el Senado de ese país, por unanimidad, aprobó una Declaración Institucional mediante la que solicita al Consejo de Ministros que la cultura sea declarada bien esencial, imitando a Alemania, que tomó rápidamente la iniciativa en este tema. En sus fundamentos resaltan que dicha acción era indispensable para “contribuir a la universalización de un sector que, además de alimentar el alma, es motor de innovación y desarrollo en el ámbito económico y, por tanto, está llamado a desempeñar un papel esencial en la recuperación del país”.
“Creemos que este es el camino que debemos seguir. La cultura y sus espacios se han convertido en motores sociales valiosos, generadores de empleo genuinos, que contienen y dan sentido a la vida de miles de personas, y necesitan de la construcción de herramientas y generación de posibilidades que les permita reorganizar sus desarrollos educativos y artísticos”, finalizó la legisladora.
Por Ximena García. Un análisis de la decisión del presidente Alberto Fernández de quitar un punto de participación a la Ciudad de Buenos Aires para asistir financieramente a la provincia de Buenos Aires.
En estos días, asistimos a una nueva degradación de nuestra calidad institucional, como ya nos tiene acostumbrados el gobierno de Alberto Fernández, quien durante sus escasos meses de mandato ha hecho uso y abuso de herramientas constitucionales de excepción, en pos de sus intereses político partidarios, y en detrimento de nuestro Estado de Derecho. El art. 99 de la CN determina que el PE no posee facultades legislativas, a menos que existan circunstancias excepcionales que así lo ameriten por su necesidad y urgencia. Bajo este pretexto, siempre al filo de la legalidad, hasta el momento se han dictado 60 DNU sobre las más diversas materias, demostrando que este gobierno nacional no confía en las instituciones legislativas, fuentes de debates y consensos.
Su última decisión consiste en transferir aprox. $40.000 millones, que hoy integran la coparticipación correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires a fin de atender a los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad. Dicha norma avasalla nuestros principios constitucionales ya que, sin consenso alguno, y fortaleciendo al hiperpresidencialismo por sobre los principios republicanos y federales, se ha realizado una modificación arbitraria, aprovechando la desregulación existente sobre la coparticipación de la CABA, dado que el régimen vigente, es anterior a su reconocimiento.
Los problemas de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicilof, obligan al resto de los argentinos a hacer grandes esfuerzos, ya que sus intereses priman por sobre los de las demás provincias que también se encuentran golpeadas por esta crisis sin precedentes. No estamos en contra del reclamo en particular que se busca atender, solo creemos que este privilegio fundado en el “amiguismo”, y en los intereses electoralistas, golpea con fuerza al Estado constitucional, dañando, aún más, a nuestro maltrecho sistema de coparticipación federal vigente desde 1988.
Entonces, si en verdad correspondiera redistribuir esos fondos, ¿por qué solo se beneficia a la provincia de Buenos Aires, en lugar de que lleguen proporcionalmente a todas las provincias? Según los datos del Informe de Estadísticas Criminales de la República Argentina de 2019, Santa Fe tiene la Tasa de Homicidios más alta de Argentina, siendo de 9.7 cada 100.000 habitantes, frente a los 5.29 de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué el Estado Nacional no apoya la seguridad de los santafesinos?
Cabe destacar que resulta malintencionado amparar la modificación en la manda constitucional que establece que debía reemplazarse el actual régimen de coparticipación por una Ley Convenio, ya que la misma se encuentra incumplida desde el año 1996. Si bien sus criterios debían fundarse en la solidaridad, y en la búsqueda del desarrollo equitativo de las regiones, también debían tener un fuerte basamento en datos objetivos, como las competencias y funciones que cada nivel de gobierno asume. Esta premisa, ha sido sistemáticamente incumplida, ya que el Estado Nacional ha transferido funciones primordiales a las provincias, como la coordinación de los sistemas de salud y educación, sin sus correspondientes partidas presupuestarias.
Por su parte, la CSJN en 2015, resolvió la inconstitucionalidad del art. 76 de la Ley 26.078, prohibiendo al Estado Nacional la reducción de fondos coparticipables a las provincias, ya que entendió que “por tratarse de una modificación unilateral del derecho intrafederal”, llevada a cabo sin el correspondiente acuerdo de las provincias, implicaría una falta inaceptable de diálogo institucional. Con estos mismos argumentos, y en uso de sus atribuciones establecidas en el art. 116 de la CN, el máximo tribunal debería declarar la nulidad de la norma que nos ocupa.
La solución no radica en parches autoritarios y por Decreto que alientan el odio y la separación, sino en el compromiso de fortalecer a nuestro federalismo a través de la tan necesaria Ley Convenio de Coparticipación, la cual redundará en importantes beneficios para todo el territorio nacional, aportando reglas claras, celeridad en la distribución, y terminando con el manoseo institucional que genera el sometimiento de los gobiernos provinciales a cambio de los fondos necesarios para solventar las necesidades básicas de sus provincias.
Por esto reclamamos MENOS atropellos institucionales, y MÁS federalismo.
* Ximena García es diputada nacional de la UCR de la provincia de Santa Fe
La legisladora nacional radical Ximena García presentó un proyecto para que el PPEN declare como actividad esencial a las Prácticas Finales Obligatorias (PFO) de las carreras universitarias relacionadas con la salud humana.
La diputada nacional radical Ximena García presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional declare como actividad esencial a las Prácticas Finales Obligatorias (PFO) de las carreras universitarias relacionadas con la salud humana.
La propuesta surge de las inquietudes planteadas a la diputada García por estudiantes de la Federación Universitaria del Litoral, y viene a complementar un pedido realizado en el mismo sentido por la Federación Universitaria Argentina. Actualmente aquellos estudiantes de carreras universitarias relacionadas con la salud, a la espera para poder iniciar o culminar su PFO, se encuentran imposibilitados de hacerlo por no poder concurrir presencialmente a los efectores públicos o privados.
En este sentido, consideró que resulta contradictorio que en el mes de julio el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación difundan una convocatoria a estudiantes universitarios a capacitarse y sumarse a los equipos de salud como voluntarios, “con el supuesto objetivo de fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia a la población en el actual contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Para la legisladora, esta convocatoria a voluntarios “desconoce a todos aquellos estudiantes de carreras vinculadas a la salud humana a punto de egresar e incorporarse al sistema sanitario que pueden, en sus PFO, cubrir las diversas tareas para las cuales se solicita voluntarios”.
“Debemos instar al Poder Ejecutivo a emitir una reglamentación adecuada que permita, por un lado, la formación profesional de los estudiantes y la consiguiente finalización de sus carreras y, por otro lado, contribuya a la capacidad de respuesta del sistema de salud”, explicó la diputada.
Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Albor Cantard, Lidia Ascarate, Luis Pastori, Dina Rezinovsky, Federico Zamarbide, Camila Crescimbeni, Juan Martín, Alejandro Cacace, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Estela Regidor, Claudia Najul, Sebastian García De Luca, Sebastian Salvador, Carla Carrizo, Aida Ayala, Alberto Assef, Josefina Mendoza, Federico Frigerio, Miguel Nanni, José Riccardo, Álvaro De Lamadrid, Gonzalo Del Cerro y Brenda Austin.
La legisladora radical Ximena García presentó un proyecto para que los gimnasios y otras actividades deportivas sean consideradas “agentes de salud”, y puedan acceder a créditos a tasa 0%.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ximena García, presentaron un proyecto para que los gimnasios y otras actividades deportivas sean consideradas “agentes de salud”.
Al respecto, García puntualizó que “con sus actividades promueven hábitos saludables, previenen enfermedades, fomentan lazos sociales, y contribuyen al desarrollo de una vida plena”, apuntando que dichas actividades encuadran en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que determina que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
La propuesta, que surge de las reuniones de trabajo en conjunto que han llevado a cabo la diputada y las Cámaras de Gimnasios de todo el país en los últimos meses, incluye entre sus medidas la integración de estas actividades entre los beneficiarios del Decreto Nro. 300/2020, y su prórroga, que establece beneficios para los agentes de salud, el establecimiento de créditos tasa 0% a 48 meses, reedición del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), continuidad del DNU nro. 320/20, establecimiento de protocolos nacionales para una pronta reapertura de los gimnasios y natatorios en todo el país, e inclusión de estas actividades en el “Estimador Mensual de Actividad Económica” del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a fin de contar con estadísticas e índices oficiales.
La iniciativa beneficiará no solo a monotributistas y autónomos que ejercen estas actividades, sino también a más de 7.900 gimnasios y clubes deportivos que dan trabajo a 80.000 personas en relación de dependencia, y emplean a más de 180.000 profesores de educación física e instructores de diversas disciplinas. Al respecto, Ximena García puntualizó: “Estamos muy preocupados por esta situación, ya que son miles los puestos de trabajo que se encuentran en riesgo ante una desesperada situación en la que estas PyMEs no logran cubrir sus gastos corrientes, ni aún en los casos en que han logrado reabrir sus puertas”.
Cabe destacar que los gimnasios cerraron sus puertas aún antes de la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y en algunos casos su actividad continúa vedada. De la totalidad de las provincias argentinas, sólo quince han habilitado sus aperturas, no sin los vaivenes propios de las coyunturas, donde ante la aparición de un caso positivo de Covid 19 se ha vuelto atrás en varias ocasiones. Otras. cinco provincias han implementado aperturas parciales, y tres continúan con sus actividades absolutamente vedadas. “Esta situación, solo profundiza la crisis económica que atraviesan las PyMEs y los monotributistas en nuestro país, producto de la cual, el 10% ya cerró definitivamente, y quienes se encuentran trabajando lo están haciendo al 30% de su capacidad. Por ello, con los protocolos sanitarios correspondientes, solicitamos la reapertura urgente de los gimnasios de todo el país”, concluyó la diputada García.
La iniciativa lleva también las firmas de Gustavo Menna, Álvaro de Lamadrid, Diego Mestre, Sebastián Salvador, Francisco Sánchez, Eduardo Cáceres, Gonzalo Del Cerro, Mario Arce, Gabriela Burgos, Estella Regidor, Federico Zamarbide, Gisela Scaglia, Lucila Lehmann, Camila Crescimbeni, Gustavo Hein, Lorena Matzen, Carolina Castets, Adriana Cáceres, Aida Ayala, Roxana Reyes, Hugo Romero, Fabio Quetglas, Gerardo Cipolini, Pablo Torello, Claudia Najul, Ignacio Torres, Martín Berhongaray, Omar De Marchi, David Schlereth Jimena Latorre, Gabriela Lena, Jorge Rizzotti, Lidia Ascarate, Luis Pastori, José Núñez, Federico Angelini, Dolores Martínez y Jorge Enríquez.
La diputada nacional radical Ximena García presentó un pedido de informes para conocer cuáles son las acciones que el Estado está llevando adelante para abordar esta problemática.
A meses de haberse reportado las primeras quemas de pastizales en las islas del río Paraná, la diputada nacional radical Ximena García presentó un pedido de informes para conocer cuáles son las acciones que el Estado está llevando adelante para abordar esta problemática.
“La quema de pastizales en las islas afecta por un lado a la provincia de Entre Ríos, y por otro al aglomerado del Gran Rosario en la provincia de Santa Fe, situación particular, que hemos visto crecer de forma exponencial durante la pandemia de Covid 19 y mientras rige el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio instaurado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional”, planteó la diputada.
Mediante esta práctica, prohibida en Santa Fe y regulada por Entre Ríos, se queman grandes extensiones con fines productivos. Al respecto, la legisladora advirtió que “las consecuencias son profundas”: toda quema libera gases a la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, causante del efecto invernadero. La fauna silvestre muere calcinada, el fuego destruye nidos con huevos y pichones, mermando la cantidad de especies para repoblar los ecosistemas, los cambios en la composición y estructura de la vegetación tienden al aumento de la temperatura en la zona.
“La quema de pastizales no solo trae consecuencias ambientales; habitantes de la ciudad de Rosario, Santa Fe, han reportado molestias y afecciones causadas por el humo, que afecta particularmente a personas que conviven con alergias, asma y broncoespasmos”, indicó.
García solicitó información sobre el cumplimiento de Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de actividades de Quema, y sobre multas o sanciones diligenciadas en este último tiempo por violaciones en la mencionada ley.
También consultó cómo funciona el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios y qué acciones han llevado adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación, en torno a los incendios en las islas del Río Paraná y sobre el Consejo Federal del Medio Ambiente requiere saber qué rol está teniendo en la problemática.
En relación a la Ley 26.331 de Bosques solicitó saber qué grado de disminución de la superficie ocupada por especies forestales nativas se ha detectado, si hubo modificaciones significativas en las poblaciones de algunas especies como mamíferos, anfibios, etc., y saber sobre causas judiciales iniciadas por actividades de deforestación y desmonte no autorizadas y si alguna de ellas fue encuadrada también en el incumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
“Es importante remarcar que como Cámara Revisora del proyecto de ley de Humedales que provino del Senado nos debemos un debate en torno a la doble pérdida de estado parlamentario y en la habilitación de su futuro tratamiento. Es mediante este proyecto de ley que lograremos proteger y cuidar los humedales, hoy la problemática y su foco se encuentra en la quema de pastizales en la zona de islas de Entre Ríos, pero esta problemática también se puede observar en otras zonas de humedales como las islas entorno al Río Salado en Santa Fe”, concluyó la diputada santafesina.
Legisladores radicales buscan crear herramientas excepcionales y transitorias, que promuevan una salida de la crisis económica.
Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Ximena García proponen, mediante una modificación temporaria de la Ley de Concursos y Quiebras, crear herramientas excepcionales y transitorias, que promuevan una salida de la crisis.
El proyecto se enmarca en la a crisis económica que se está viviendo en el país debido a la pandemia de Covid 19, que ha generado una paralización de la industria y una caída en las ventas de comercios que ha dejado a muchas empresas al borde de la quiebra.
Las medidas planteadas buscan facilitar los acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) entre deudores y acreedores, a la vez que proponen herramientas para aquellas empresas que ya se encuentran atravesando los procesos concursales, y cuya situación se ha visto agravada por el aislamiento. De esta manera, las empresas podrían acceder a los beneficios de la Ley de Concursos y Quiebras y continuar con sus actividades.
También entre las medidas se incluye la suspensión de las ejecuciones de los pagarés de consumo por 120 días, para ayudar a las familias que están atravesando una difícil situación económica. Las medidas propuestas mantendrían su vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, para la flexibilización de procesos concursales en apoyo a empresas concursadas o en vías a estarlo.
“Hoy más que nunca, debemos proteger a las empresas y los puestos de trabajo que representan”, señaló la diputada santafesina, y agregó: “Estas son y serán el motor de nuestra economía”.
