Impulsan una iniciativa para consolidar como política permanente el régimen que promueve el empleo registrado en el ámbito rural. El proyecto propone eliminar el artículo que limita su vigencia, con el objetivo de garantizar estabilidad laboral a los trabajadores temporales y estacionales.
La diputada Yolanda Vega presentó un proyecto para derogar el artículo 7 del Decreto 514/2021, que establece plazos de vigencia para el régimen de incentivo al empleo formal en el ámbito rural. La iniciativa busca consolidar como política permanente un esquema que ha demostrado efectividad en la inclusión laboral de trabajadores temporales y estacionales.
En los fundamentos del proyecto, Vega señala que el régimen —prorrogado sucesivamente por los decretos 423/23 y 777/2025— ha sido clave para promover la contratación de trabajadores rurales en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos beneficiarios de programas sociales. “Es hora de que esta política que funciona quede fija en el tiempo, y no sujeta a prórrogas año tras año”, sostiene la legisladora.
El Decreto 514 fue creado para facilitar el acceso al trabajo registrado y a la seguridad social, y ha sido adoptado por distintos gobiernos como herramienta para combatir la informalidad en el sector rural. La propuesta legislativa apunta a consolidar ese avance, eliminando el artículo que limita su vigencia.
Una diputada misionera impulsa una reforma a la Ley de Conservación de Fauna que incorpora penas de prisión a los conductores que provoquen muertes de especies protegidas en áreas naturales. El yaguareté, en el centro del debate.
La diputada nacional Yamila Ruiz, del bloque Innovación Federal, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 22.421 de Conservación de Fauna para incluir, por primera vez, la figura del “atropellamiento de fauna silvestre” como un delito penal. La propuesta apunta a sancionar con penas de prisión de hasta un año y con inhabilitación especial a los conductores que, excediendo los límites de velocidad, provoquen la muerte de animales en áreas naturales protegidas, particularmente cuando se trate de especies declaradas monumento natural o en peligro de extinción.
El texto plantea además la obligatoriedad para las jurisdicciones de instalar dispositivos de control de velocidad y pasafaunas que permitan reducir los riesgos en zonas críticas. A la par, endurece las penas ya vigentes contra la caza furtiva, elevando los máximos de prisión y las inhabilitaciones cuando los hechos sean cometidos de manera organizada o con medios prohibidos. “El atropellamiento de fauna se convirtió en una de las principales causas de mortalidad de especies en peligro, y es necesario tratarlo con el mismo rigor que la caza ilegal”, argumentó Ruiz en los fundamentos.
La diputada misionera subrayó que actualmente los atropellamientos son tratados como simples infracciones administrativas, con multas económicas que en muchos casos no se cumplen y que no tienen un efecto disuasivo. La iniciativa busca entonces equiparar esta conducta con los delitos de caza, para que los responsables enfrenten consecuencias penales efectivas. “No puede ser que la vida de un animal protegido valga lo mismo que una multa que muchos ni siquiera pagan”, señaló.
De acuerdo con la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RAMFA), al mes de marzo de 2024 se registraban más de 10.600 casos de animales silvestres atropellados en distintas rutas del país, con un promedio de 3.000 muertes anuales. Entre las especies más afectadas se encuentran ejemplares de yaguareté, un felino considerado en peligro crítico de extinción, además de tapires, osos hormigueros y aves autóctonas. El yaguareté, símbolo de la selva misionera, ha tenido incluso días de conmemoración provincial y nacional, en reconocimiento a su valor ecológico y cultural.
El proyecto de la diputada Ruiz busca articular con otras normativas nacionales y provinciales ya existentes, como la Ley Nº 25.463 que declara monumento natural a determinadas especies y la Ley XVI de Misiones que protege a los grandes felinos. De esta manera, el Congreso debatirá no solo un endurecimiento de sanciones, sino también un nuevo marco legal que reconozca al atropellamiento como un problema de conservación de primer orden.
“Argentina tiene la obligación de dar un salto en materia de conciencia ambiental y de protección de la biodiversidad. Este proyecto pretende ser un paso en esa dirección”, concluyó la diputada, que espera apoyo transversal en el Parlamento para avanzar con la propuesta. La discusión promete abrir un debate sensible sobre el equilibrio entre desarrollo vial y preservación de los ecosistemas.
La iniciativa busca erradicar el analfabetismo y promover el hábito de la lectura en todos los sectores de la sociedad, con un enfoque integral y federal que prioriza a niños, adolescentes, adultos mayores y poblaciones vulnerables.
En un contexto donde el analfabetismo funcional y la escasa práctica lectora afectan a millones de argentinos, la diputada Yolanda Vega presentó un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Alfabetización y Fomento de la Lectura “Leer para Crecer”.
Esta iniciativa, de carácter federal, busca garantizar el derecho humano a la alfabetización y fomentar el acceso a la lectura como herramienta de inclusión social, desarrollo personal y fortalecimiento democrático.
El programa, que sería gestionado por la Secretaría de Educación en articulación con la Secretaría de Cultura, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, tiene como objetivo principal erradicar el analfabetismo absoluto y funcional, además de promover el hábito sostenido de la lectura. Se centra especialmente en niños, adolescentes, adultos mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad, asegurando que el acceso al lenguaje escrito no sea una barrera para el desarrollo.
Ejes estratégicos
El proyecto se estructura en torno a seis ejes clave:
📌 Campaña Nacional de Alfabetización. Una iniciativa federal, gratuita y continua que combinará propuestas presenciales y virtuales, con la participación de voluntarios, organizaciones comunitarias y universidades.
📌 Bibliotecas Comunitarias y Móviles. Creación y fortalecimiento de bibliotecas físicas y digitales en barrios populares, zonas rurales, hospitales, centros penitenciarios y comunidades indígenas, con bibliotecas móviles para áreas de difícil acceso.
📌 Plan Nacional de Lectura Escolar. Incorporación obligatoria de prácticas de lectura en todos los niveles educativos, promoviendo clubes de lectura, jornadas literarias y ferias del libro escolares.
📌 Libros para Todos. Distribución gratuita de materiales impresos y digitales, priorizando literatura nacional, regional e infantil, en escuelas, centros comunitarios y hospitales.
📌 Capacitación Docente y de Alfabetizadores Populares. Formación continua en alfabetización inicial, lectura comprensiva y literatura para docentes, alfabetizadores y bibliotecarios.
📌 Campañas Públicas. Difusión masiva en medios de comunicación y redes sociales para concientizar sobre la importancia de la lectura y la alfabetización.
Enfoque en jóvenes y adultos
El programa incluye una Red Nacional de Alfabetización de Jóvenes y Adultos, con estrategias flexibles y adaptadas a las necesidades laborales y familiares de los participantes, garantizando un enfoque intercultural y descentralizado.
Para asegurar la efectividad del programa, se creará un Observatorio Nacional de Alfabetización y Lectura, encargado de recopilar datos, evaluar resultados, generar informes públicos y coordinar investigaciones con universidades y organismos internacionales. Además, se establecerá un Banco Nacional de Buenas Prácticas para replicar políticas exitosas nacionales e internacionales, con financiamiento y asistencia técnica para su implementación en distintas jurisdicciones.
El Fondo Nacional de Alfabetización y Lectura garantizará la viabilidad financiera del programa, con aportes del Presupuesto Nacional, organismos internacionales, ONGs, el sector privado, donaciones y el 1% de lo recaudado por impuestos al juego y plataformas digitales.
El proyecto propone el 8 de septiembre como el Día Nacional de la Alfabetización y la Lectura, en adhesión al Día Internacional de la Alfabetización de la UNESCO, para visibilizar la importancia de estas prácticas en la construcción de una sociedad más justa.
Respetando el federalismo educativo, el proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley y celebrar convenios con el Estado Nacional para implementar acciones locales. Esta articulación busca garantizar que las políticas lleguen a cada rincón del país, especialmente a las comunidades más necesitadas.
La diputada Vega subraya que la alfabetización y la lectura no son solo herramientas educativas, sino derechos fundamentales que fomentan la imaginación, el pensamiento crítico, la identidad cultural y la inclusión social. En un país marcado por la desigualdad, “Leer para Crecer” se presenta como una apuesta transformadora para construir una Argentina con más lectores, menos excluidos y un futuro más equitativo.
El proyecto, que espera su tratamiento en el Congreso, invita a legisladores y ciudadanos a sumarse a esta iniciativa que combina educación, cultura y justicia social. Como señala Vega, “una Argentina con más lectores es una Argentina con más libertad y futuro”.
La diputada nacional Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, presentó un proyecto que busca restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a bebidas energizantes en todo el país. La iniciativa apunta a proteger la salud de los menores y establece sanciones para quienes incumplan la norma.
En un contexto de creciente preocupación por el consumo de bebidas energizantes entre adolescentes, la diputada nacional Yolanda Vega (Innovación Federal) presentó un proyecto de ley que propone prohibir la venta, entrega y comercialización de estos productos a menores de 18 años en todo el territorio argentino.
La iniciativa de la diputada salteña tiene como objetivo “proteger la salud de niños, niñas y adolescentes”, según detalla el texto. El proyecto define como bebidas energizantes a aquellas que contienen altos niveles de cafeína, taurina, guaraná, ginseng, L-carnitina y otras sustancias estimulantes del sistema nervioso central.
“Estas bebidas pueden provocar efectos adversos sobre la salud, especialmente en menores cuyo organismo aún está en desarrollo”, advierte Vega en los fundamentos. Entre los riesgos señalados se encuentran el aumento de la presión arterial, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad y, en casos extremos, arritmias o convulsiones.
Además, la diputada alertó sobre el consumo combinado de energizantes con alcohol, una práctica frecuente entre adolescentes, que genera una “falsa sensación de sobriedad” y potencia conductas de riesgo.
El proyecto establece que todos los puntos de venta —desde kioscos hasta plataformas online— deberán verificar la edad del comprador mediante un documento oficial antes de concretar la operación. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura del local, con penas agravadas en caso de reincidencia.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, que deberá coordinar acciones con las provincias y municipios, además de promover campañas de concientización en escuelas y medios de comunicación.
“Esta ley no busca demonizar un producto legal, sino establecer criterios de protección adecuados para una población vulnerable, como ya ocurre con el tabaco o el alcohol”, explicó Vega. La diputada también destacó que, si bien algunas provincias ya han avanzado con normativas similares, es necesario contar con una legislación nacional que unifique criterios y garantice una protección efectiva.
El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma, y establece un plazo de 90 días para su reglamentación una vez sancionada.
Con esta propuesta, Yolanda Vega se suma a una tendencia internacional que busca limitar el acceso de los menores a productos que, aunque legales, pueden tener consecuencias graves para la salud cuando se consumen sin control ni información adecuada.