Desde el massismo quieren frenar los abusos en los aumentos de combustibles y recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos.
Con el objetivo de frenar los abusos en los aumentos de combustibles y garantizar reglas claras para la ciudadanía, en la Legislatura bonaerense buscan consenso para aprobar un proyecto de ley y obligar a las empresas que producen petróleo en nuestro país la obligatoriedad de informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación o cambios en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos en la provincia de Buenos Aires.
“En la Provincia no respondemos a los mandados de los Bulgheroni como Milei. Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”, expresó la diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, autora de la iniciativa.
Al tiempo, la diputada oficialista exclamó que el proyecto de ley en debate y consideración “viene a poner orden donde hoy hay especulación”.
El proyecto alcanza a todas las empresas que operan como abastecedoras o expendedoras de combustibles, y busca que se garantice una comunicación previa y clara de cualquier suba de precios, para permitir un mejor control estatal y brindar previsibilidad a la ciudadanía.
La diputada massista Ayelén Rasquetti autora de la polémica iniciativa legislativa que debaten los diputados.
La provincia de Buenos Aires tiene unas 1880 estaciones de servicio, lo que la convierte en la provincia con la mayor cantidad de este tipo de establecimientos en Argentina, seguida por las provincias de Córdoba y Santa Fe.
“Las petroleras dolarizaron el precio y en un año triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”, agregó la diputada massista Ayelén Rasquetti.
Esta iniciativa forma parte de una agenda de trabajo orientada a recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos, en un contexto económico en el que las mayorías se ven cada vez más perjudicadas por las maniobras de un gobierno que le da la espalda a la clase trabajadora, universitaria, jubilados, médicos y discapacitados.
“El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”, concluyó la legisladora oriunda de la localidad bonaerense de Cañuelas.
Y añadió finalmente: “el combustible líquido, como lo es el gasoil y la nafta, representa el 60 por ciento de toda la producción en Argentina, no solo se abastecen los vehículos, sino que son generadores de energía en pueblos donde no hay energía eléctrica”.
“Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatros empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”, dijo para finalizar.