El titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), Roberto Esteban Moro, expuso este miércoles ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados acerca del estado actual del consumo problemático en niños y adolescentes.

“Hace aproximadamente más de un mes y medio comenzamos la discusión de un proyecto de ley que busca dar soluciones al problema de las adicciones, sobre todo en niños, niñas y adolescentes en la República Argentina, creando un programa federal de acceso integral para el tratamiento de jóvenes con consumos problemáticos”, explicó la diputada Victoria Tolosa Paz (UP), presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.

Según se informó, en 2024 la Sedronar llevó a cabo un estudio junto al Observatorio Argentino de Droga que abarcó 118 mil estudiantes y que tiene representatividad nacional y provincial por cada una de las 23 jurisdicciones que han participado.

Roberto Moro se refirió a algunos de los resultados que arrojó el mismo: “Nosotros en Argentina y en el mundo vemos cómo viene descendiendo el consumo del tabaco, del cigarro tradicional, pero a su vez viene aumentando el consumo de los vapeadores. El consumo en adolescentes es importante y si sumamos el consumo de tabaco tradicional y el consumo de vaper, estamos por arriba de lo que había en su momento cuando todo el mundo se puso de acuerdo y empezó a trabajar para disminuir el consumo de tabaco en las personas. Esto a nosotros nos prende las alarmas porque tenemos que trabajar mucho más, porque además el consumo de vapeadores en jóvenes y adolescentes está prohibido”.

El funcionario también hizo mención al incremento de la ludopatía por parte de los menores de edad. “El 20% de los jóvenes manifestó participar del juego en línea y el 12% del juego presencial, con lo cual también es un tema importante a tratar”, expresó.

Del encuentro participó además Ernestina Rosendo, directora Nacional de la Dirección Nacional de Estadística y del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) de la Sedronar, quien manifestó: “Nos resulta preocupante, o por lo menos miramos con cierta curiosidad o interés, la cuestión que las sustancias de mayor consumo son aquellas sustancias que de los 18 años en adelante son las sustancias de uso legal: alcohol, bebidas energizantes, tabaco. Ahora hubo un cambio legislativo en relación con los cigarrillos electrónicos y vapeadores, con lo cual es un tema que entendemos se le debe dar muchísima atención”.

El diputado Carlos Almena (LLA) habló sobre la importancia de desarrollar mecanismos que apunten a la prevención temprana del consumo. “No tenemos un abordaje en las familias y en las escuelas. Es decir, que nosotros nos encontramos con la persona cuando viene a un dispositivo con un problema de adicción. Estos problemas de adicción vemos que se están partiendo de patrones de comportamiento adictivos que vienen desde muy pequeños, compartiendo pantallas permanentemente a temprana edad. Se les sustituye la pantalla por algún tipo de otro consumo, gaseosa, mala calidad de alimentación. Cuando pasan al secundario empiezan a tomar alguna cerveza o algo por el estilo, que los chicos lo ven con cierta simpatía. Y después ya automáticamente pasamos al vodka, pasamos al vino tinto, pasamos a drogas más pesadas hasta llegar a lo que es el consumo de tabaco o marihuana”, observó.

Por su parte, la diputada Claudia Palladino (UP) acordó con que hay que “pensar estrategias de cuidado” y recordó que “existe, aunque creo que ya ha perdido estado parlamentario, un sistema integral nacional de políticas de cuidado que abarcaba el cuidado de infancias y adultos mayores que se generaba en los comedores y con organizaciones populares, ese tiempo de cuidado no tiene ningún tipo de retribución y por eso es tan difícil sostener el cuidado como un voluntariado”.

El titular de la Sedronar se expresó respecto al abordaje que la institución está llevando a cabo en jóvenes. “A través del Programa Preventivo Educativo, que hoy está en 21 jurisdicciones de nuestro país, se fue capacitando a los docentes y al equipo de cada Ministerio de Educación de las provincias para que tengan material preventivo de nivel inicial, primaria y secundaria. En cada lugar es una estrategia distinta y diferenciada pedagógicamente”, explicó.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como “Ley Malvinas”, continuó discutiéndose en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Todavía sin acuerdos cerrados, el oficialismo no alcanza el objetivo de firmar el dictamen y negocia con sus aliados cambios que concederá en el texto, algunos de los cuales este miércoles admitieron libertarios.

El encuentro de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se desarrolló por alrededor de dos horas. Arrancó con la exposición de un solo invitado y el reclamo de la oposición por la convocatoria tardía -y hasta nula- a otros expositores.

El oficialista Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa, anunció que la semana que viene habrá otra reunión, solamente de los diputados, “para dar conclusión al debate”. Sin embargo, más tarde, Damián Arabia dijo: “Si tenemos que hacer otras reuniones las haremos”.

La iniciativa enviada por el Gobierno fue excluida de la sesión convocada por el oficialismo para el próximo 21 de octubre. Durante el plenario de este miércoles, el cuarto que se realiza, se repitieron algunos argumentos ya escuchados y Unión por la Patria insistió con su idea de dividir el proyecto. A la propuesta también se sumó la cordobesa Alejandra Torres, no obstante, es algo que LLA rechaza.

Luego de la exposición del invitado, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade tomó la palabra y aseguró que el proyecto contiene un conjunto de “barbaridades e inconveniencias”, sin embargo, “seguramente la semana que viene van a querer dictaminar, como hacen con todo, rápido, no importa que los temas sean sustanciales”.

La opositora, que destrozó la propuesta, observó que “nunca se nombra al invasor” en las Islas Malvinas, mientras que “el corazón de este proyecto que tiene que ver con el control social y político que necesita tener Javier Milei para el próximo tiempo, donde los conflictos lógicamente se van a profundizar”.

Al enumerar algunos tramos, afirmó que los mismos se basan en la Ley 17.041 del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. “Hay errores conceptuales en los primeros 40 artículos”, evaluó y cuestionó la “deriva totalitaria” y los “tipos penales abiertos” que se establecen.

“Lo que subyace en este invento es desalentar a la sociedad civil a participar activamente de la vida política y social”, opinó y advirtió: “No sé si el presidente no toma esto como un acto preparatorio de meter a este país en actos de beligerancia. Es más, no sé si no lo desea”.

Desde el oficialismo, la secretaria parlamentaria del bloque, Silvana Giudici, anticipó que se tomarán el tiempo necesario para dictaminar. En ese sentido, llamó a los bloques a que hagan sus aportes y se puedan “mejorar algunos puntos”. “No me gustaría que nos perdamos en la cuestión partidaria”, dijo e insistió: “No vamos a tomar una determinación de apurar el dictamen, porque estamos contemplando cada una de las observaciones que hicieron (los bloques aliados)”.

Así, abogó por “un dictamen sólido, consensuado” que cuente “con las mayorías lo más amplias posibles”. “Vamos a ser muy responsables a la hora de convocar a la firma de ese dictamen”, reiteró, después de referirse al polémico artículo 111, que establece penas de prisión de 5 a 12 años para quienes “alteren procesos electorales” y realicen “campañas de desinformación”. “El artículo 111 va dirigido a lo que tiene que ver con la injerencia extranjera. Se va a acotar y determinar a ese contexto”, señaló Giudici.

Finalmente, la oficialista pidió que “no agitemos más fantasmas, porque el nudo de este proyecto es dar institucionalidad, dentro del marco democrático y respetando las atribuciones del Congreso”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman repudió la reivindicación de la dictadura que en la anteúltima reunión hizo el libertario Beltrán Benedit. Luego, alertó por una “injerencia feroz de Estados Unidos” en la región y, en esa línea, indicó que justamente “(Donald) Trump reconoce que intervino en el proceso electoral de octubre de 2025” en Argentina y denunció también una intromisión en las elecciones en Brasil, en favor de Flavio Bolsonaro.

“Lo que no puedo creer es que Giudici y su bloque estén preocupados por eso”, ironizó. También reclamó que “vengan las organizaciones de periodistas a exponer”, en relación al artículo 111 e insistió con que “estamos viendo una recolonización de América Latina que es feroz y esto tiene que ver con eso”.

Desde UP, Jimena López afirmó que el contenido del proyecto “no tiene nada que ver con el título” y “lo único relacionado con Malvinas es el título I” sobre la defensa de los recursos naturales. “El amigo de ustedes (en alusión a Donald Trump) apoyó abiertamente a Inglaterra en una conferencia de prensa, espero que puedan verla”, lanzó y cuestionó que “no digan de verdad cuál es el objetivo de esta ley”.

Vicepresidenta de la Comisión de Defensa, Agustina Propato subrayó: “Tengo el temor de que la desintegración de este debate y la expectativa de que hoy se iba a dictaminar y no se dictaminó, tenga que ver con aspectos que intenten de alguna manera poner parches a cuestiones muy graves para la democracia”.

“Nosotros vamos encaminados a una propuesta de dictamen”, confirmó la legisladora de UP, que instó a LLA a entender “la importancia y sensatez que tendría separar el título I de los siete restantes”.

En el cierre, el oficialista Damián Arabia aseguró: “Hemos incorporado muchas de las cuestiones sugeridas”. Y recordó que en la reunión pasada ya se dijo que la redacción del artículo 111 “no va a quedar así”. Luego, enumeró otros artículos en los que habrá cambios: “El artículo 39 sobre la definición de la autoridad de aplicación; los artículos 46, 48 y 49, con la participación de provincias y municipios; y muy específicamente los artículos 20, 21 y 22, sobre las sanciones penales tal como están establecidas, que sugieren algún conflicto”.

“Si tenemos que hacer otras reuniones las haremos”, afirmó y agregó que están “trabajando para tratar de tener la mejor ley. Además, nosotros no tenemos mayoría. No está en nuestro espíritu imponerle a nadie un texto”.

“El proyecto mezcla peligrosamente la defensa nacional con la seguridad y la inteligencia”

Único expositor que se presentó en la reunión, Marcelo Javier de los Reyes, licenciado en Historia y doctor en Relaciones Internacionales, expuso su mirada sobre la iniciativa. “Luego de casi tres años sin usar las herramientas legales que disponía, incluso despreciar el poder blando de que disponía, y me refiero específicamente a la Selección Nacional de fútbol, el Gobierno ha tenido un brote de patriotismo con este proyecto”, consideró.

“Ya disponemos de las leyes de defensa nacional, de seguridad interior, de hidrocarburos y las leyes relativas a la pesca, las cuales no se tuvieron en cuenta en el proyecto. Todas las leyes podrían ser mejorables, pero no es necesaria una nueva ley que, bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional, parece esconder otros objetivos”, sostuvo.

También, enfatizó que “el proyecto mezcla peligrosamente la defensa nacional con la seguridad y la inteligencia”. “El proyecto responde claramente a Estados Unidos y favorece a sus socios, el Reino Unido e Israel, lo que pone a la Argentina en un estado colonial y no de defensa de la soberanía”, aseveró e insistió: “No precisamos nuevas leyes, sino que se cumplan”.

A tres meses de comenzar el 2027, el crédito hipotecario vuelve a ocupar un lugar central en las expectativas del mercado inmobiliario argentino. La segunda etapa destinada a ampliar el fondeo de los bancos abre una nueva posibilidad para un sector que comenzó a recuperar volumen de operaciones en los últimos años, pero que todavía encuentra en el acceso al financiamiento uno de sus principales desafíos.

La iniciativa contempla fondos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), destinados a las entidades financieras para su aplicación a créditos hipotecarios, a través de un esquema de licitaciones sucesivas que busca ampliar la disponibilidad de recursos de largo plazo. Para el mercado inmobiliario, sin embargo, la cuestión no se limita a cuánto dinero estará disponible. Lo determinante será si esa mayor capacidad de financiamiento se traduce en más créditos otorgados y, en consecuencia, en más personas con posibilidades reales de acceder a una vivienda.

Del regreso del crédito a su consolidación

La reaparición del crédito hipotecario modificó las expectativas del sector. Después de un período prolongado en el que comprar una propiedad dependía casi exclusivamente del ahorro previo, de la venta de otro inmueble o de la ayuda familiar, el financiamiento volvió a formar parte de las alternativas para acceder a la vivienda. Durante 2026, sin embargo, también quedaron expuestas las limitaciones de esta recuperación. Las tasas, los requisitos de ingresos, la relación entre el valor de las propiedades y los montos financiables, y la disponibilidad de fondos de los bancos siguieron condicionando el acceso.

El crédito volvió a estar presente en la conversación del comprador. Hoy recibimos consultas de personas que quizás hace algunos años ni siquiera evaluaban la posibilidad de comprar porque no contaban con el ciento por ciento del capital. El desafío ahora es que ese interés pueda transformarse efectivamente en operaciones. De cara a 2027, el objetivo será que las líneas hipotecarias no sólo estén disponibles, sino que ofrezcan condiciones accesibles, previsibles y sostenibles en el tiempo.

Qué significa concretamente esta segunda etapa

Uno de los principales desafíos de las entidades financieras es conseguir recursos de largo plazo para otorgar préstamos hipotecarios sin depender exclusivamente de sus fuentes habituales de fondeo. La incorporación de nuevos fondos puede contribuir a ampliar la capacidad crediticia de los bancos, dar continuidad a las líneas vigentes y generar condiciones de mayor previsibilidad.

Para el sector inmobiliario, la estabilidad del financiamiento importa tanto como su volumen. Si las condiciones de acceso pueden sostenerse, compradores, vendedores e inmobiliarias tendrán más herramientas para planificar operaciones, sin depender exclusivamente de oportunidades crediticias temporales o sujetas a cambios frecuentes.

De todos modos, el efecto dependerá de cómo los bancos trasladen esos fondos a sus condiciones comerciales, en particular en lo referido a tasas, plazos, montos financiables y requisitos de acceso. La disponibilidad de recursos es un punto de partida, pero no determina por sí sola cuántas personas podrán obtener un préstamo ni en qué condiciones.

El comprador que todavía queda afuera del sistema

El regreso del crédito amplió las posibilidades de acceso a la vivienda, pero persiste una diferencia importante entre quienes desean comprar una propiedad y quienes reúnen los requisitos para obtener financiamiento.

La necesidad de demostrar ingresos, la relación entre el valor de la cuota y la capacidad económica del solicitante, el ahorro previo y los criterios de evaluación bancaria siguen siendo barreras para una parte de la demanda. Esto afecta especialmente a sectores de ingresos medios que, aun contando con capacidad de pago mensual, encuentran dificultades para reunir el capital inicial o acreditar los ingresos que exigen las entidades financieras.

Por eso, es importante distinguir entre la demanda potencial y la demanda efectivamente calificada. Que existan nuevas líneas hipotecarias no significa que todas las personas interesadas estén en condiciones de convertirse en compradoras. El crecimiento sostenido del mercado también dependerá de que los requisitos de acceso resulten compatibles con la realidad económica de quienes buscan una vivienda.

El efecto multiplicador del crédito

El impacto del crédito hipotecario no se mide solamente por la cantidad de propiedades que se compran mediante financiación. Una operación puede poner en marcha otras compraventas y extender sus efectos a distintos segmentos del mercado. Quien vende una propiedad a un comprador que accede mediante crédito recibe esos fondos y, en muchos casos, los destina a adquirir otro inmueble. Ese segundo vendedor puede hacer lo mismo, generando una cadena de operaciones que amplía el movimiento inicial.

El crédito genera un efecto multiplicador. No estamos hablando solamente de una persona que consigue financiarse y compra una propiedad. Muchas veces detrás de esa operación hay un propietario que vende para comprar otra unidad y eso pone en movimiento nuevas operaciones. Por eso, cuando el crédito funciona, termina dinamizando una parte mucho más amplia del mercado.

Este efecto puede alcanzar no solo al segmento de primera vivienda, sino también al mercado de usados, las operaciones de reposición y los desarrollos inmobiliarios. La posibilidad de financiar una compra puede facilitar movimientos sucesivos que no necesariamente se producirían en un mercado con menor acceso al crédito.

¿Qué puede pasar con los precios?

Una recuperación sostenida de la demanda también puede modificar la relación entre compradores y vendedores. Durante los años de menor actividad, quienes compraban tuvieron una importante capacidad de negociación. Si aumenta la cantidad de transacciones y se incorporan nuevos compradores mediante financiación, esa brecha podría comenzar a reducirse, sobre todo en propiedades bien ubicadas, correctamente valuadas y con documentación apta para crédito.

Esto no implica que los precios vayan a aumentar de manera generalizada e inmediata. El mercado sigue siendo selectivo y el precio de publicación debe guardar relación con el valor al que efectivamente puede cerrarse una operación. Sin embargo, si crece la demanda financiada, podría haber una mayor competencia por determinadas propiedades. La evolución de los valores dependerá de cómo se relacionen esa demanda, la capacidad efectiva de compra y las características de los inmuebles disponibles.

La oferta también debe prepararse para el crédito

La recuperación del financiamiento plantea exigencias para quienes ponen propiedades en venta. Si una mayor proporción de los compradores necesita recurrir a un préstamo bancario, la situación documental del inmueble, su precio y su adecuación a los requisitos de las entidades financieras adquieren mayor relevancia. Una buena ubicación o un precio competitivo ya no son suficientes por sí solos. El título, los planos, los reglamentos, el estado registral y las modificaciones realizadas sobre el inmueble pueden determinar que una operación avance o se frustre.

Contar con títulos y antecedentes registrales en condiciones, tener planos y documentación consistentes con la realidad del inmueble y anticipar posibles observaciones legales o técnicas puede marcar una diferencia al momento de concretar la venta. También es importante establecer un precio acorde con las condiciones del mercado. Los bancos realizan sus propias tasaciones y fijan límites de financiación. Si existe una diferencia significativa entre el valor que pretende el propietario y el que reconoce la entidad financiera, el préstamo puede resultar insuficiente para completar la operación.

Por eso, las propiedades con documentación regularizada, valores competitivos y características compatibles con los requisitos crediticios podrían posicionarse mejor frente a compradores que necesitan combinar ahorro propio y financiación. Para las inmobiliarias, esto supone acompañar a los propietarios desde antes de la comercialización, identificar posibles obstáculos y preparar los inmuebles para responder a las exigencias bancarias. Anticipar la revisión documental puede reducir los tiempos y evitar que una venta se caiga durante el proceso de aprobación del crédito.

No alcanza con que los bancos tengan más fondos disponibles. Para que el crédito genere un impacto real, necesitamos compradores que puedan acceder a ese financiamiento y propietarios que ofrezcan inmuebles en condiciones de ser financiados. El crecimiento del mercado dependerá de que esas tres variables puedan encontrarse.

El último trimestre de 2026 y la mirada hacia 2027

El cierre del año permitirá observar si las nuevas medidas se traducen en una mayor cantidad de créditos efectivamente otorgados. Para Sabatini Negocios Inmobiliarios, el mercado comienza a transitar una etapa diferente: después de años en los que el principal objetivo era recuperar actividad, el desafío es construir un mercado con mayor profundidad, más alternativas de financiación y mejores condiciones para concretar compraventas.

Estamos entrando en los últimos meses del año con un mercado mucho más activo y profesionalizado. Si el financiamiento logra consolidarse y las condiciones se sostienen, 2027 puede encontrar a un comprador con más herramientas y a un mercado con mayor capacidad de generar operaciones. La clave va a estar en la continuidad y en la confianza.

La recuperación del crédito hipotecario necesitará estabilidad y condiciones que permitan asumir compromisos financieros de largo plazo con mayor previsibilidad. Si esas condiciones se sostienen, 2027 podría encontrar al mercado inmobiliario con una demanda más amplia y con el crédito nuevamente integrado como una herramienta habitual dentro de una operación de compraventa. El verdadero cambio no será que vuelva a existir el crédito, sino que vuelva a formar parte de la decisión cotidiana de comprar una propiedad.

La producción argentina de carbonato de litio mantuvo durante agosto su tendencia ascendente y ratificó el fuerte crecimiento que atraviesa el sector. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el octavo mes del año se obtuvieron 8.582,6 toneladas de carbonato de litio, lo que representó un incremento de 8,8% respecto del mismo mes de 2025.

El desempeño del denominado "oro blanco" resulta aún más contundente al observar el acumulado anual. Entre enero y agosto, la producción creció 39,8% frente al mismo período del año pasado, reflejando el impacto de la ampliación de capacidad en los proyectos ya operativos y la incorporación gradual de nuevas explotaciones.

El organismo estadístico recordó que las cifras corresponden al mineral ya beneficiado mediante procesos industriales de tratamiento y refinación. Es decir, se contabiliza carbonato de litio procesado y no el mineral extraído en estado bruto.

En paralelo, el índice de producción de la subclase "Carbonato de litio y otros minerales de litio" alcanzó los 407,3 puntos, con una mejora interanual de 12,2% y un avance acumulado de 44,5%. La diferencia respecto de los volúmenes físicos responde a que este indicador también incorpora otros minerales vinculados al litio.

El principal motor de los minerales químicos

El protagonismo del litio también quedó reflejado en la categoría "Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos", que registró un crecimiento interanual de 11,6% y acumuló una mejora de 42% en los primeros ocho meses del año.

Dentro de esa actividad, el aporte del litio fue determinante. De los 11,6 puntos porcentuales que avanzó el segmento, 11,2 puntos fueron explicados exclusivamente por la producción de este mineral estratégico, ratificando su peso creciente dentro de la estructura minera nacional.

El resto de las actividades del rubro tuvo una incidencia significativamente menor. Los minerales de boro mostraron una suba interanual de 27%, mientras que la producción de calcita y carbonato de calcio retrocedió 14,9%. Por su parte, el conjunto integrado por sulfato de sodio natural, serpentinita y piedra caliza para uso industrial registró una caída de 6,2%.

El mapa productivo se concentra en el NOA

Aunque el INDEC no discrimina la producción por proyecto, la Secretaría de Minería identifica actualmente siete operaciones comerciales de litio distribuidas entre Catamarca, Salta y Jujuy: Fénix, Olaroz, Sal de Oro, Cauchari-Olaroz, Centenario-Ratones, Tres Quebradas y Mariana.

La provincia de Catamarca concentra buena parte de la actividad con los proyectos Fénix y Tres Quebradas, mientras que Salta suma emprendimientos clave como Sal de Oro, Centenario-Ratones y Mariana. Jujuy, en tanto, sostiene su protagonismo con Olaroz y Cauchari-Olaroz.

La expansión continúa acelerándose. Hombre Muerto Oeste ingresó recientemente en etapa productiva y se convirtió en el octavo proyecto de litio operativo del país, ampliando una oferta que busca responder a la creciente demanda internacional asociada a la electromovilidad y el almacenamiento energético.

Nuevas inversiones para ampliar la capacidad

El horizonte de crecimiento sigue respaldado por proyectos de expansión e inversiones multimillonarias.

Rio Tinto prevé para el segundo semestre de 2026 la entrada en producción de Fénix 1B, con capacidad para 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, y de Sal de Vida, que sumará otras 15.000 toneladas.

A ello se agregará más adelante Rincón, en Salta, diseñado para producir inicialmente 53.000 toneladas anuales de carbonato grado batería, con potencial para alcanzar 60.000 toneladas. La compañía estima su puesta en marcha para 2028.

Entre Fénix, Sal de Vida y Rincón, las inversiones comprometidas por Rio Tinto superan los USD 3.630 millones. Paralelamente, Eramet evalúa una ampliación de Centenario-Ratones, aunque la iniciativa aún espera la decisión final de inversión.

Récord histórico en exportaciones

El crecimiento productivo encuentra su correlato en el comercio exterior. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de litio alcanzaron USD 1.467 millones, lo que representó un salto de 190,5% respecto del mismo período de 2025 y marcó el mejor registro histórico para el sector.

Con esos números, el mineral explicó el 24,2% de todas las exportaciones mineras argentinas, consolidándose como uno de los principales generadores de divisas de la actividad.

Si bien el incremento interanual de agosto fue más moderado que el ritmo observado en el acumulado anual, los datos reflejan una expansión sostenida del sector. Con nuevas operaciones entrando en producción y ampliaciones en marcha, el litio continúa afianzándose como uno de los pilares del crecimiento minero argentino.

En vísperas de la sesión especial que pretende tratar el DNU 70/2023, las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales dictaminaron el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, a la inversa del texto original propone, establece una nueva institucionalización de la Ley de Tierras Rurales.

La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría con la colaboración de las firmas de los vocales aliados que integran el Pro y la Unión Cívica Radical. También acompañó el santafesino José Núñez, integrante de Provincias Unidas, cuya presencia en el plenario fue cuestionada por la oposición por haber sido habilitado a formar parte del encuentro en un trámite exprés, horas antes de la reunión.

Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que tuvo el acompañamiento de los misioneros Alberto Arrúa y Yamila Ruíz de Argentina Federal; mientras que Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica presentó un tercero con cuatro firmas de Provincias Unidas.

Los cambios al expediente

En su rol de vicepresidente 2° de Asuntos Constitucionales, el radical Diógenes González fue quien comunicó la incorporación de un cuarto capítulo compuesto por dos artículos: el 38 que deroga el 154 del DNU 70/23; y el 39 que reestablece la Ley de Tierras Rurales. Según dijo, eso fue ideado por el interbloque de Fuerza del Cambio.

Esta Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobada en la Cámara de Senadores durante la madrugada del 7 de agosto pasado en medio de una sesión caótica adentro y fuera del Congreso. Cabe recordar que el oficialismo solamente aprobó 3 de los 6 capítulos que contenía la reforma impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Los tres capítulos que lograron ser avalados fueron los que proponen endurecer las expropiaciones en el marco de la Ley 21.499; la habilitación a los desalojos exprés, manteniendo criterios de resguardo ante la presencia de personas con discapacidad, menores o adultos mayores en situación de desamparo; y la creación del Registro de la Propiedad Inmueble.

Estos cambios a la media sanción de ese expediente obligan a que la iniciativa regrese a la cámara de origen, en este caso el Senado. Sin embargo, en el bloque oficialista de la Cámara alta no están seguros en avanzar nuevamente con este proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "Es un tema que generó rechazo social", deslizaron a este medio.

La oposición pidió rechazar el DNU 70

El primero en hablar fue el diputado nacional Diego Giuliano, quien recordó que el Gobierno, originalmente, derogó la Ley de Tierras Rurales apenas comenzó su gestión, pero que luego propuso elevar la posibilidad de extranjerización de un 15 a un 25%. “Parece una comedia”, sintetizó.

Antes de que el despacho quede rubricado, expresó: “Vuelven a una ley del peronismo respecto a la protección de tierras”. La Ley 26.737 denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales fue sancionada en diciembre del 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

“Manotazo de ahogado” fue la frase que usó Paula Penacca sobre esta maniobra a la que vinculó directamente con un plan de La Libertad Avanza para desactivar la sesión especial convocada para este jueves desde las 14.00, donde la oposición busca construir quórum y rechazar el DNU 70/2023.

Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica lanzó una serie de críticas contra el expediente: "No tiene antecedente alguno que lo hagan en menos de 24 horas, cuando tenían el expediente durmiendo el sueño de los justos, después del fracaso que vivieron y el desplume que tuvo este proyecto original en el Senado de la Nación”.

“El oficialismo pretende tirarnos el fardo a la oposición de la irresponsabilidad de poner sobre el recinto un decreto inconstitucional en el que la cuestión de fondo no está resuelta, ni por la justicia, ni por la Cámara de Diputados, aunque cuenta con el rechazo del Senado de la Nación. Pero no podemos dejar pasar por alto que el oficialismo tuvo 3 años para poder convertir en ley lo que está y en parte quieren defender del DNU 70”, culminó Ferraro.

El diputado nacional Máximo Kirchner opinó este miércoles que Mauricio Macri fue “peor” que Javier Milei y uno de “los peores presidentes” que vio. Por otra parte, se refirió a los proyectos del RIGI impulsados por la gestión libertaria, cuestionó los beneficios fiscales a gigantes globales y advirtió que, si cambia el Gobierno, se deberán revisar cada uno de esos proyectos.

Durante una entrevista a Radio Con Vos, el líder de La Cámpora señaló que, durante su gobierno, Macri “pone a la Argentina en un lugar muy malo, pero muy malo”. “El endeudamiento con el Fondo Monetario del 20 de junio de 2018 es letal a los intereses de la Argentina. Letal, tanto que hoy sigue siendo un gran condicionante”, resaltó.

Tras calificarlo como uno de “los peores presidentes que yo he visto o el peor quizás”, y ante la pregunta del periodista Ernesto Tenembaum sobre si lo consideraba “peor” que a Javier Milei, el legislador respondió: “Sí, claro, sí. Macri recibe un país mucho mejor que el que recibe Milei. Es mi mirada. País contra país recibe un país mejor Macri. Es tan así que Macri dice ‘voy a mantener un montón de cosas’”.

“Yo siempre doy el ejemplo del caso Macri –continuó-. Si vos me dijeras que Néstor y Cristina (Kirchner) se quisieron condonar una deuda desde el Poder Ejecutivo Nacional, pero no… la deuda del Correo, que era una torta de plata, no sé actualizada ahora cuánta plata será, es más, sigue dando vueltas esa causa. El señor endeuda al país, se va a Mykonos, se separa, se casa, va, viene, vive la vida de una manera totalmente irresponsable y después sobre todos los argentinos caen todas las penurias”, lanzó contra el líder del Pro.

Por otra parte, el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner criticó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y anticipó qué considera que hay que hacer en torno a ese tema si cambia el signo político en el próximo gobierno. “Habrá que auditar proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo. Se auditará y si está todo en orden seguirán porque ya los derechos son derechos adquiridos, pero hay que mirarlos uno por uno”, expresó.

Y, con un manto de sospecha, agregó: “No vaya a ser que haya alguien que le hayan dado el RIGI, después se da vuelta y vende el proyecto”. Al cuestionar especialmente las ventajas impositivas y aduaneras de las grandes empresas frente a las PyMEs argentinas, el diputado remarcó que “estamos hablando primero de gigantes, de inversores, digamos, de porte. No estamos hablando de un pool de empresarias o empresarios argentinos que se juntan para invertir a través de PyMEs. Estamos hablando de gigantes globales”.

En la misma línea, Kirchner se quejó que algunos emprendimientos beneficiados ya estuvieran proyectados antes de la implementación del régimen. “Le dan enormes beneficios a proyectos que ya tenían estipulados o estaban en marcha. Les han dado más de lo que esperaban”.

Sobre las inversiones, el opositor subrayó que “la inversión extranjera directa de este gobierno es totalmente inferior a la que tuvimos durante el periodo de Cristina. Esto se mide desde el 2001, 2003. Dicen que hay un gobierno pro mercado, pero que tuvo la inversión extranjera directa que incluso le dio negativa, fue la primera vez que la medición da negativa”.

Por otro lado, consultado sobre si cree que el peronismo llegará unido a las elecciones del próximo año, Kirchner respondió: “Yo creo que sí”. Y defendió a su madre: “Mi candidata, y vamos a pelear para eso, es Cristina”.

La Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo continuó este miércoles con el proceso de selección de los representantes parlamentarios que integrarán el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, previsto en la Ley 26.827.

Durante la reunión, realizada en el Salón Illia y presidida por el senador Daniel Kroneberger (UCR), se formalizaron los nombres de los representantes que integrarán el Comité, tres por el Senado y tres por la Cámara de Diputados, a partir de los lineamientos generales aprobados en el encuentro anterior, en el que se dio inicio al procedimiento.

Kroneberger señaló que el proceso de selección “se está desarrollando en absoluta normalidad”. Además, destacó la importancia de avanzar y finalizar el proceso antes de fin de año.

A continuación, se dio lectura a los candidatos seleccionados: los postulados por el Senado son Mariano Ariel Przybylski, Gabriela Silvana Bencina y Humberto Schiavoni; mientras que, por la Cámara de Diputados, Fernando Gabriel Zarabozo, Diego Hernán Armesto y Eduardo Toniolli.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura está integrado, además, por un representante del Poder Ejecutivo y tres representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG). En este sentido, como representación por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación se mencionó a Leonardo Fabián Suchet, y resta designar al enviado por las ONG.

En esta instancia, continúa el proceso de recepción y análisis de impugnaciones. En tanto, el próximo 27 de octubre se realizará la audiencia pública, en la que todos los nominados podrán exponer y presentar sus argumentos.

La senadora Ana Marks (Justicialista) presentó dos modificaciones propuestas por la oposición. La primera consiste en modificar el artículo 2 para establecer un plazo máximo para la recepción de postulaciones de las organizaciones. Al respecto, señaló que la propuesta original fijaba una fecha de inicio, pero no establecía una fecha límite para la presentación de candidaturas. La segunda modificación propone establecer una prórroga explícita de los mandatos de los representantes de las organizaciones que actualmente integran el comité, con el objetivo de garantizar su pleno funcionamiento hasta tanto se concrete la reorganización de su estructura. Respecto a esto, el presidente de la bicameral manifestó: “Personalmente no veo objeciones para otorgar la prórroga de mandato hasta tanto los nuevos integrantes de las organizaciones se integren a la comisión”.

Finalmente, se aprobaron los lineamientos para avanzar en el proceso de normalización de los cargos de las organizaciones y habilitar el procedimiento para la designación de sus representantes en el comité.

Representantes del rubro de remises pidieron por una regulación de las aplicaciones de viajes, al exponer este martes ante un plenario de las comisiones de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas, presidido por Juan Brügge y Pablo Farías (Provincias Unidas).

El presidente de la Cámara Argentina Agencias de Remises (CAAR), Mario Araujo, señaló: “Representamos décadas de inversión, somos un sector que paga impuestos, contrata seguros especiales y genera empleo formal. Sin embargo, nos enfrentamos a la sistemática falta de control del Estado al transporte de pasajeros”.

“Nuestra Cámara no se opone ni a la tecnología ni a la modernización. Entendemos que los hábitos de los usuarios cambian, pero nos oponemos a la competencia desleal”, aseveró en relación a las aplicaciones de viajes y solicitó “la apertura de una mesa de diálogo real y vinculante para lograr una ley marco nacional que genere equidad, seguridad y respaldo a los usuarios”.

En el mismo sentido, María Daniela Llanos, apoderada legal de la entidad, destacó el hecho de poder “visibilizar esta situación”. “Nuestra actividad está conformada por más de 180 mil conductores en todo el país, con 250 mil autos habilitados y 8 mil agencias de remis PyMEs que operan, y representamos un estimado de 2.800 millones anuales de facturación”, describió.

“El problema se suscitó cuando gigantes internacionales trajeron sus tecnologías y, como PyMEs, nos encontramos en una situación de absoluta inferioridad”, explicó Llanos.

Y subrayó que “la utilización de estos algoritmos dentro del país sin control genera depreciación del trabajo humano y del capital, e implica una crisis de seguridad vial y de desprotección laboral”. “Pedimos una legislación que controle y le ponga un freno, es un desafío social y federal”, concluyó.

Por su parte, Carlos Alberto Fiorentino, apoderado legal de Manuel Tienda León, coincidió en el diagnóstico brindado por los invitados: “En 2019, la empresa tenía alrededor de 350 autos. Entre la pandemia y la proliferación de las aplicaciones, hoy la empresa tiene 125 autos; los restantes están en aplicaciones”. “Pedimos equidad, no podemos competir”, enfatizó.

A su turno, Alejandro Poli, secretario General de la Federación de Remises de Argentina (FAREM), solicitó un marco normativo para “ordenar y regularizar la actividad de Uber y DiDi en Argentina”.

El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, aseguró que los fondos para asistir al sistema de discapacidad están garantizados en el Presupuesto 2027, aunque tiró la pelota al Congreso sobre el futuro de la Ley de Emergencia para el área.

Durante el comienzo del debate de la "ley de leyes", el funcionario del Ministerio de Economía habló en su exposición incluso de una duplicación de las partidas para discapacidad. Sin embargo, al momento de las preguntas, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz le consultó por las contradicciones entre lo propuesto en el Presupuesto y el dictamen del oficialismo y aliados respecto al tema.

Los despachos sobre discapacidad (y también endeudamiento familiar) fueron contemplados a debatir en los temarios de las sesiones convocadas para el próximo jueves 15, por la oposición, y martes 21, por La Libertad Avanza.

La bonaerense le consultó a Guberman qué iban a hacer con "los artículos 36 a 41" del proyecto, que "contradicen al dictamen de mayoría". "¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la vocación de ustedes?", le consultó.

Al momento de responder, el enviado de la cartera económica ratificó que "está el presupuesto para cumplir con las pensiones y todo el servicio" de prestaciones. No obstante, sobre la discusión que se dio en comisiones -motorizada por presión de la oposición-, el funcionario admitió: "Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa".

En cuanto al futuro de la Ley 27.793, Guberman dijo que "el Congreso es un poder aparte y tiene capacidad de decisión propia". "En los números está el financiamiento para la ley vigente", insistió, aunque recordó que "los bloques tuvieron una posición distinta" a lo propuesto en el Presupuesto.

Río Negro dio un paso clave en el desarrollo de Vaca Muerta al aprobar la declaración de comercialidad de las áreas Confluencia Norte y Confluencia Sur y otorgar a Phoenix Global Resources una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) por un período de 35 años.

La medida, formalizada mediante el Decreto 917/26, marca el cierre de la etapa exploratoria y habilita el inicio del desarrollo comercial de los recursos hidrocarburíferos del bloque, ubicado sobre la formación shale más importante del país.

Durante la fase exploratoria, Phoenix desembolsó alrededor de US$ 123 millones, superando el compromiso inicial cercano a los US$ 90 millones. Las tareas incluyeron estudios sísmicos, geológicos, geofísicos y de reservorio, además de la perforación y terminación de siete pozos horizontales distribuidos entre ambos bloques.

Los resultados obtenidos permitieron confirmar la continuidad geológica de la formación Vaca Muerta entre Confluencia Norte y Confluencia Sur, así como verificar condiciones de productividad compatibles con un desarrollo comercial a gran escala.

Sobre esa base, el gobierno provincial autorizó la unificación de ambas áreas bajo un único bloque denominado Confluencia, que abarca una superficie de 272,22 kilómetros cuadrados. La integración apunta a optimizar la operación, concentrar inversiones y mejorar la planificación del desarrollo futuro.

“Este paso confirma que Río Negro tiene recursos, planificación y capacidad técnica para avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta. Dejamos atrás una etapa de exploración exitosa y empezamos una nueva fase orientada a transformar ese conocimiento en producción, inversión e infraestructura”, afirmó la secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya.

Como parte de la nueva etapa, la provincia aprobó un plan piloto que contempla la perforación y puesta en producción de dos pozos horizontales de caracterización, con una inversión estimada en US$ 13 millones.

A su vez, el primer Plan de Explotación, correspondiente al período 2027-2031, prevé la perforación y terminación de 40 pozos horizontales, además de la construcción de la Planta de Tratamiento Confluencia. Para esta fase inicial, la empresa proyecta inversiones por US$ 494,4 millones.

El proyecto contempla además una expansión de largo plazo que podría alcanzar los 205 pozos, incluidos los ya perforados durante la etapa exploratoria. De concretarse ese escenario, las inversiones acumuladas superarían los US$ 3.000 millones en aproximadamente trece años.

Ingresos para la provincia

La concesión también generará ingresos directos para las arcas provinciales. Phoenix deberá abonar un Bono de Comercialidad de US$ 5,05 millones y un Aporte de Infraestructura de US$ 650.000, lo que representa un ingreso total de US$ 5,7 millones. A ello se suma un aporte de US$ 1,3 millones destinado a programas de Responsabilidad Social Empresaria.

“Este tipo de instrumentos permiten que el desarrollo energético también genere recursos concretos para la provincia. Río Negro defiende sus recursos y trabaja para que cada avance productivo tenga impacto real en el territorio”, sostuvo Moya.

La puesta en marcha del proyecto deberá ajustarse a los requerimientos establecidos por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y por el Departamento Provincial de Aguas, organismos que participaron de la evaluación técnica del expediente.

Cada iniciativa prevista dentro del área deberá contar con su correspondiente estudio de impacto ambiental y cumplir con exigencias vinculadas al monitoreo de suelo, aire y agua, control de acuíferos, gestión de residuos, manejo de contingencias y administración de los recursos hídricos.

“Río Negro está en marcha porque hay rumbo, planificación y decisiones concretas. Este decreto forma parte de una estrategia para convertir el potencial energético en desarrollo, infraestructura y oportunidades para los rionegrinos”, concluyó la funcionaria.

Asistido por gráficos, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, inauguró el debate del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. En una exposición que tuvo más de 30 minutos para hablar de la gestión económica del gobierno de Javier Milei, el funcionario confirmó que la iniciativa plantea “una caída en la seguridad social del 0,23% del PBI por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”.

En tal sentido, el hombre que responde al ministro de Economía, Luis Caputo, no profundizó en los valores asignados al presupuesto de las universidades nacionales, en medio del reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que convocó a movilizarse por quinta vez este jueves 15 de octubre en las afueras del Parlamento.

El FAL -arpobado en la Ley de Modernización Laboral- entra en vigencia el próximo 1° de noviembre y establece un régimen obligatorio para los empleadores del sector privado que busca prefinanciar el pago de indemnizaciones por despidos previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Los fondos que las empresas destinan a este Fondo (el 1% o el 2,5% según el tamaño), dejan de ser recursos del Estado destinados al sistema previsional.

En términos numéricos, Carlos Guberman explicó que las partidas asignadas para la realización de las Elecciones PASO, las generales y un eventual balotaje alcanzan los $900.000 millones. De todas maneras, el Gobierno intentará suspender las Primarias del 2027 en las 11 semanas que le quedan al calendario, a través de la Reforma Electoral que sigue sin tratarse en el Senado.

Sobre los aspectos generales, el funcionario de Hacienda reiteró que el boceto de la “ley de leyes” prevé un crecimiento económico del 4%, una inflación acumulada para diciembre del 2027 del 18% y un tipo de cambio fijado en $1.848. Estos datos fueron sustentados por un informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), llevado a cabo por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Cuando se arma el Presupuesto el último conjunto de variables macroeconómicas se toma del 1° de agosto del corriente año”, destacó.

 Las variables macroeconómicas

Entre las risas de la oposición y los aplausos de los libertarios, Carlos Guberman presentó un cuadro que comparó las principales variables macroeconómicas y sociales durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. En ese momento, destacó los resultados de la gestión libertaria y deslizó: “El color verde no lo pusimos nosotros, lo puso el Excel”.

Reiteró en más de una oportunidad, el valor del Tipo de Cambio Nominal (TCN), y agregó: “Las expectativas de mercado van actualizándose en el momento y se van haciendo correcciones”. Sin embargo, volvió a reafirmar que “decidimos cambiar la lógica de la construcción del Presupuesto porque siempre proponemos el equilibrio financiero en el artículo 1”.

Respecto a los ingresos de recaudación para el período fiscal 2027, Guberman explicó que "tenemos un incremento en conjunto de tributos que tienen que ver con comercio exterior”, y añadió: “Prevemos una mejor cosecha que este año con mejores ingresos en términos reales y en términos del PBI para cumplir con el aumento del 25% y el 30% de ese impuesto para cubrir el retraso que tiene con la norma vigente”.

Además, cargó que la proyección que el Gobierno tiene en relación a las importaciones supone un aumento en los ingresos del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Mismo escenario, prevé para lo que será la recaudación en torno al Impuesto a las Ganancias. En este punto, destacó a las sociedades que explotan el petróleo y el gas. “Generan niveles de ganancia extraordinaria”, reveló.

“La atención está puesta en los más vulnerables”

Luego de relacionar la caída del 0,23% de asignaciones sobre la seguridad social, Carlos Guberman, secretario de Hacienda, mencionó que la iniciativa dispone de un 6,6% del PBI destinado al área. Luego, habló del “aumento” en salud para personas con discapacidad y consideró que el Presupuesto 2027 “está duplicando las partidas”.

En vísperas del tratamiento de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, Guberman reveló que este proyecto de ley “tiene previsto el financiamiento en el 100% de la partida”. En las últimas semanas, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados tiene un impacto fiscal del 0,04%.

También, el funcionario de Hacienda afirmó que el texto “atiene el crecimiento que podría llegar a tener el gasto en Pensiones no Contibutivas por Discapacidad”. Según el Gobierno, hay “1.500.000 personas” que tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que no son beneficiarios de la pensión.

En el final, habló de la política de inversión pública en materia de concesiones viales, donde presentó un gráfico que sintetizó la oración “calidad antes que volumen”; habló de 16 tramos estratégicos bajo la Rede Federal de Concesiones y reiteró que será la inversión privada quien se encargue del “80% del tráfico nacional”.

El repaso por los 3 años de gobierno

Los primeros 40 minutos de Carlos Guberman fueron para presentar los datos de los 3 años de gestión de Javier Milei, sumado a una serie de críticas a los gobiernos anteriores. “Es relevante y es el eje fundamental haber logrado el superávit financiero desde enero del 2024 que se dio a través de ordenar las cuentas públicas que estaban con un déficit enorme por un período largo y un Estado sobredimensionado con gastos sin tener en cuenta mandatos constitucionales”, inició.

Trajo a debate la brecha cambiara superior al 217% en diciembre del 2023 y el Riesgo País con picos de 2.700 en la antesala a la asunción de Javier Milei. Del mismo modo, afirmó que “tenemos reservas en terreno positivo”, y destacó que “se ha hecho una mejora en términos de los pasivos sobre la tenencia de deuda del Tesoro porque tomamos la decisión de prohibir la emisión de dinero para financiar el Tesoro Nacional”.

Destacó al RIGI, al RIMI (dentro de la Ley de Modernización Laboral) y pidió por el Súper RIGI -sigue impotente en el Senado- que, según sus palabras, “es para darle crecimiento a un sector nuevo en la Argentina”. Fue en ese momento que explicó que el foco del gobierno está en cuatro puntos: eficiencia del gasto; refuerzo; focalización; y baja de impuestos.

Trajo blanco sobre negro sobre la cuestión de la obra pública que en debates anteriores no fue respondido, y agregó: “Sobre 2339 ‘cosas’ porque no eran obras públicas ya que implicaban cambiar una lámpara o pintar un baldío, 1.683 se dieron de baja, 457 fueron transferidas a 21 provincias y 9 municipios bonaerenses y 199 quedaron bajo la órbita del Estado nacional”. “Se terminaron 55 obras y el resto forma parte de este Presupuesto 2027”, concluyó Carlos Guberman.

Después de recibir la exposición de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, fue convocado el cuarto plenario entre las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para seguir debatiendo el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El encuentro fue citado el próximo miércoles 14 de octubre a las 15.00 en el Anexo C.

Será la cuarta reunión destinada a debatir este proyecto que, por ahora, parece no tener los consensos compactados para la firma de un dictamen que le permita al oficialismo llegar al recinto con tranquilidad. De todos modos, fuentes confirmaron a parlamentario.com que La Libertad Avanza buscaría rubricar el despacho este mismo miércoles para llevar el texto al recinto el 21 de octubre.

La composición de las tres comisiones que forman parte de este debate (Defensa Nacional, a cargo del salteño Carlos Zapata; Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado; y Relaciones Exteriores, presidida por Juliana Santillán) le permitiría al oficialismo hacerse del dictamen de mayoría con el aval de los aliados del Pro, la Unión Cívica Radical y Adelante Buenos Aires.

Antes de la funcionaria que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, vinieron a la Cámara de Diputados Paula Tadei, también de la Secretaría Legal y Técnica, y Juan Ignacio Strampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Ese primer encuentro se vio desbordado por las constantes interrupciones entre Juan Grabois y algunos integrantes de La Libertad Avanza.

El segundo encuentro tuvo predominancia de invitaciones de la oposición, entre las que se destacaron la de Daniel Filmus y Guillermo Carmona, exsecretarios de Malvinas durante el gobierno del Frente de Todos; la de Jerónimo Guerrero Iraóla, abogado que representa al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM); y la del intendente de Punta Indio, David Angueira.

Por su parte, los integrantes de Argentina Federal y Provincias Unidas -bloques de la oposición dialoguista- le dejaron en claro al oficialismo que desean que el proyecto de ley se divida y se trate, por un lado, el régime especial en la zona de Malvinas; y por otro, la reforma integral al sistema de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Los ítems del texto que fueron señalados en Diputados

Presentado por el presidente Javier Milei en cadena nacional, el proyecto tiene como eje central el endurecimiento de las sanciones contra la exploración ilegal de hidrocarburos. Según explicó la secretaria Legal y Técnica, la idea predominante no es la prohibición total, si no la multa seguida de un régimen para que esas inversiones accedan a otros recursos dentro del territorio nacional. Unión por la Patria denunció que “el Gobierno quiere abrirles las puertas de Vaca Muerta a esas empresas”.

El otro punto discrepante es la creación del Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo específico bajo la órbita directa del presidente de la Nación. Este nuevo esquema centraliza las decisiones de Defensa, Inteligencia y Cancillería, otorgando un fuerte control al Poder Ejecutivo. El Gobierno dejó abierta la posibilidad de dar lugar a la creación de una comisión bicameral para el seguimiento de este nuevo organismo -si es que la ley avanza-.

El proyecto Sea Lion es el primer gran yacimiento de petróleo en fase de explotación comercial en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.

Asimismo, propone modificar la Ley de Defensa Nacional para permitir que las Fuerzas Armadas actúen ante nuevas amenazas externas, tanto estatales como no estatales; e introduce profundas reformas en el Código Penal y el sistema electoral para neutralizar la interferencia extranjera en asuntos internos.

La oposición puso énfasis en rechazar el Título que busca establecer la penalización con hasta 12 años de cárcel a quienes, según la visión del gobierno de Javier Milei, “financien o coordinen campañas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública”. En sintonía con esto, se prohíbe de forma estricta el financiamiento y el asesoramiento de origen extranjero dentro de las campañas políticas.

Vicente López se prepara para vivir la primera edición del Festival Bienestar, una propuesta que durante el 10 y 11 de octubre ofrecerá actividades gratuitas destinadas a promover hábitos saludables, el contacto con la naturaleza, la creatividad y la vida en comunidad.

La iniciativa, organizada por el Municipio junto a diversas organizaciones, desplegará una amplia agenda de actividades en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es acercar a vecinos y visitantes experiencias vinculadas con el bienestar a través de la cultura, la gastronomía, el movimiento, la sustentabilidad y el disfrute de los espacios verdes.

Uno de los principales escenarios será la Quinta Trabucco, en Florida, donde funcionará una Feria Sustentable y un Patio Gastronómico de la mano del mercado de productores locales Sabe la Tierra. El predio abrirá sus puertas el sábado de 14 a 20 horas y el domingo de 14 a 19, con una programación que incluirá además el tradicional Punto Ambiental Móvil impulsado por el municipio.

En ese espacio también podrá visitarse la muestra “Mirar en grande”, de la Fundación Navarro Viola, junto con talleres sobre biodiversidad, compostaje, reparación de objetos y serigrafía. La agenda se completará con actividades recreativas para todas las edades, charlas vinculadas a la relación entre tecnología, cuerpo y naturaleza, además de propuestas artísticas y musicales.

La naturaleza ocupará un lugar central dentro del festival. El sábado, la Reserva Ecológica de Vicente López será sede de una salida de observación de hongos, guiada por especialistas, mientras que al atardecer se desarrollará una jornada de narración al aire libre denominada “Cuentos al atardecer”, que combinará relatos y el entorno natural del área protegida.

Las actividades continuarán el domingo con una salida de avistaje de aves en la Costanera de Vicente López. La propuesta busca acercar al público a la diversidad de especies que habitan el ecosistema urbano y ribereño del distrito.

Los viveros municipales también formarán parte del recorrido. En Sol de Campo, administrado por la Asociación Civil Emprender, se dictarán talleres para la creación de macetas, terrarios y arreglos florales. Por su parte, el Vivero Inclusivo CAEC ofrecerá una actividad práctica centrada en plantas nativas, biodiversidad y procesos de siembra y trasplante.

A su vez, el Vivero Marisel será el escenario de “Microvergel”, una experiencia participativa que invitará a los asistentes a explorar pequeñas escenas escondidas entre la vegetación para construir una fotonovela colectiva.

La programación incluirá además clases y prácticas de taichi, yoga y chi kung, talleres de alimentación consciente, herbolaria, tejido, reparación y ensamble vocal, entre otras alternativas orientadas al bienestar integral.

Todas las actividades serán gratuitas. Algunas propuestas requerirán inscripción previa debido a la capacidad limitada de los espacios. Los interesados podrán consultar el cronograma completo y las condiciones de participación a través de los canales oficiales del Municipio de Vicente López.

El Gobierno nacional dio luz verde a un nuevo megaproyecto energético bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó el ingreso del proyecto Los Toldos, impulsado por Tecpetrol junto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que contempla inversiones por US$ 6.432 millones hasta el año 2054.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1771/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, que clasificó la iniciativa como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo dentro del esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI.

El emprendimiento se desarrollará en el área Los Toldos II Este, ubicada en el departamento neuquino de Pehuenches, una de las zonas de mayor potencial dentro de Vaca Muerta. El plan prevé la perforación y puesta en producción de 380 pozos horizontales, además de obras destinadas al tratamiento, transporte y comercialización de petróleo y gas.

La infraestructura proyectada incluye una planta central capaz de procesar hasta 70.000 barriles diarios de crudo y 3,6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. También contempla la construcción de oleoductos, gasoductos, tendidos eléctricos e instalaciones para el manejo, recolección y reinyección de agua, elementos clave para el desarrollo integral del yacimiento.

El programa de inversiones fue dividido en tres etapas. La primera se extenderá desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2027 y demandará aproximadamente US$ 1.635 millones, destinados principalmente a infraestructura básica, sistemas de transporte y la perforación inicial de 16 pozos.

La segunda fase, prevista entre marzo de 2027 y junio de 2029, contempla desembolsos por US$ 1.268 millones para ampliar la capacidad de procesamiento del complejo y sumar otros 91 pozos productivos.

La etapa final abarcará el período comprendido entre julio de 2029 y 2054. Allí se concentrará la mayor parte de la inversión, con US$ 3.529 millones destinados a la perforación de los 273 pozos restantes y a las instalaciones complementarias necesarias para completar el desarrollo del campo.

Como condición para acceder y mantener los beneficios del régimen, la resolución establece que la unión transitoria de empresas deberá acreditar antes del 31 de agosto de 2027 una inversión mínima de US$ 2.000 millones. Además, durante los dos primeros años deberá demostrar inversiones en activos computables equivalentes al menos al 20% de ese monto.

La aprobación también incluye el listado de bienes que podrán ser importados con las franquicias previstas por el RIGI. En paralelo, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central para instrumentar los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios correspondientes, mientras que la Secretaría de Energía será la encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el proyecto.

Con esta incorporación, Los Toldos se suma al grupo de grandes desarrollos estratégicos que buscan acelerar la expansión de Vaca Muerta y consolidar a la Argentina como un proveedor relevante de petróleo y gas para los mercados internacionales.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió este viernes con el Presidente Javier Milei, junto a quien publicó una foto en sus redes sociales y reveló que hablaron "con total sinceridad" sobre las diferencias que manifestó públicamente en el último tiempo respecto a ciertos temas.

"Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", escribió la senadora, junto a la sigla "TMAP" que significa "Todo Marcha Acorde al Plan" y un emoji de la bandera argentina. Posteriormente, el mandatario resposteó la foto.

Hace casi un mes atrás, cuando el proyecto de Presupuesto 2027 fue enviado al Congreso con un capítulo de recorte profundo al sistema de prestaciones para las personas con discapacidad, Bullrich se mostró visiblemente molesta por desconocer ese contenido y afirmó en declaraciones televisivas que no le gustaba que la "tomen de tonta".

La presidenta de la bancada oficialista, que mantiene una impronta de trabajo todoterreno en la Cámara alta, confesó que en la reunión de Mesa Política que habían mantenido horas antes del envío de la iniciativa no se había hablado de ese tema. Más tarde, desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien salió a decir que ella no se había quedado hasta el final.

A eso le siguió un sugestivo video (aunque no el primero), con la canción de Lali "No me importa". "Sé que todos los pero tienen un porqué", fue una de las frases del tema que eligió para acompañar la publicación en sus redes.

Aunque fue uno de los momentos más álgidos en sus críticas, otro momento relevante se produjo cuando se opuso al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, que el Gobierno intentó dar marcha atrás por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien escribió sobre investigaciones incómodas para la gestión libertaria. Finalmente, Bullrich se abstuvo.

Y si de pliegos se trata, esta misma semana, la exministra de Seguridad anticipó su rechazo a la postulación de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo, por haber pedido cárcel en 2021 para el policía Luis Chocobar.

MAGA!
VLLC! https://t.co/cNVmNhYVOU

— Javier Milei (@JMilei) October 9, 2026

En agosto pasado, luego de la dificultosa aprobación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la legisladora consideró que había que "tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad". Más cerca en el tiempo, cuestionó la estrategia que se tuvo en torno a la Ley de Tierras.

En mayo, Bullrich cuestionó el accionar del exjefe de Gabinete Manuel Adorni -investigado por enriquecimiento ilícito- por sus demoras y omisiones en su declaración jurada; incluso ella misma anticipó la presentación de la suya.

Con capital político propio y legisladores que le responden, Bullrich es una pieza clave para LLA, ya que es quien lidera negociaciones para el oficialismo con los aliados del Senado, aunque a veces esos consensos no logren conformar del todo a Casa Rosada.

Pese a la charla y foto para descomprimir tensiones internas, la senadora se muestra firme en seguir planteando todo aquello que no le parezca. Hasta ahora Milei ha respetado eso. Sabe que su socia tiene un caudal de votos que necesita.

Tras la suspensión de semanas atrás, fueron convocadas nuevamente las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio del Senado para debatir la adhesión al Tratado de Patentes, devuelto por la Cámara de Diputados luego de la modificación realizada sobre la letra del proyecto.

El oficialismo intentará avanzar directamente con el dictamen y el tema podría formar parte de una eventual sesión para el jueves 22.

La ratificación del acuerdo forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino con el de los Estados Unidos, en el marco del acuerdo comercial firmado en febrero pasado.

Hace pocos días, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, instó al Congreso a darle pronta aprobación al tratado. "Argentina eligió un camino de reglas previsibles y menos regulaciones para atraer inversiones y proteger el trabajo de sus investigadores. La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que ya integran 159 países, es un paso más en ese rumbo", remarcó el representante de la administración de Donald Trump.

Durante un foro sobre salud organizado por AmCham, el diplomático recordó que "ya pasaron ocho meses" desde el acuerdo firmado en febrero, por lo que esperan "dar el próximo paso" y advirtió: "Queremos verlo plenamente aprobado e implementado".

La iniciativa se podrá en discusión este jueves, a las 14, en el Salón Illia, durante un plenario de Relaciones Exteriores e Industria, presididas por el oficialista Francisco Paoltroni y el peronista Marcelo Lewandowski, respectivamente.

Diputados aprobó el proyecto el 27 de agosto pasado por con 147 votos positivos, 93 negativos y ninguna abstención y -en un trámite inédito- lo devolvió con una corrección en su articulado al Senado, cámara donde originalmente había tenido media sanción en el año 1998.

Conforme a lo que establece la Ley 13.640, sobre la caducidad de los asuntos no considerados por el Congreso y lo que respecta a tratados internacionales, es que se mantuvo la vigencia de esa media sanción, a pesar de haber pasado casi tres décadas.

El texto fue devuelto porque se modificó la redacción del articulado, al establecer la adhesión con reserva del Capítulo II del PCT, a pedido de la industria farmacéutica. Dicho apartado es que el habilita exámenes internacionales (no vinculantes) sobre los requisitos de patentabilidad de la invención.

Argentina es uno de los pocos países de la región que todavía no han adherido al PCT. El tratado establece que una vez registrada una patente por un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas, que hasta ahora son 158.

Desde el Gobierno destacaron que, con la adhesión al PCT, los innovadores argentinos ganarán en tiempo, burocracia y costos, dado que actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora.

La Corte Suprema de Justicia, en un acuerdo extraordinario, dejó sin efecto este viernes el artículo 154 del DNU 70/23 y suspendió la derogación de la Ley de Tierras, pero pese al fallo, la oposición insiste en ir al recinto de la Cámara de Diputados el próximo 15 de octubre y derogar el DNU 70/23.

A través de las redes, diputados opositores de diferentes bloques se expresaron al conocer la noticia. “RECULANDO EN CHANCLETAS”, lo calificó el diputado Esteban Paulón y precisó: “La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original. El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le paso factura”, y aclaró: “Más allá de esta decisión, HAY QUE VOLTEAR EL DNU 70 de todos modos”.

El presidente del bloque CC-ARI, Maximiliano Ferraro, resaltó que “la Ley de Tierras no se toca”, y explicó que la decisión de la Corte “se apoya en la tutela judicial efectiva y la protección del ambiente, reconocidas por los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú. No tengo dudas de que la movilización y el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el país fueron fundamentales para esta decisión. Hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente! No nos distraigamos, sigamos alerta”.

“El péndulo jurídico de un país gobernador a decretazos”, apuntó el diputado del bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano, y remarcó que “10 días después del fallo contra el CECIM, la Corte vuelve a frenar de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras. La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial”. Así, ratificó que “el 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso”.

El bloque de diputados de Unión por la Patria posteó: "Empujada por una sociedad movilizada detrás de una causa sensible, la Corte Suprema de Justicia tuvo que volver sobre sus pasos y repuso la cautelar para que rija la Ley de Tierras, que Milei busca derogar con el DNU 70/2023".

"Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias", reiteró.

Se llama recular en chancletas y se dice contradicciones de jueces que no se bancan la exposición social.

Ahora se entiende más clarito que con artilugios procesales estos jueces definen indirectamente una cuestión de fondo.

Hay que sostener la movilización social y rechazar… https://t.co/iiJi5V1PIs

— Sabrina Selva (@SabriSelva) October 9, 2026

La bonaerense Agustina Propato (UP) explicó que el DNU 70/2023 “no es solamente una amenaza para nuestras tierras. También afecta el bolsillo de los argentinos, profundiza la desregulación de la economía, favorece la concentración económica y mata las PYMES y abre las puertas a la privatización de empresas estratégicas”.

“El 15 de octubre tenemos una oportunidad para dar un debate de fondo. No alcanza con proteger nuestro territorio, si dejamos intactas las medidas que comprometen nuestra economía y nuestros recursos estratégicos. Defender la soberanía nacional es defender nuestra integridad territorial, nuestros recursos, y el trabajo de los argentinos”, planteó.

En tanto, Paula Penacca resaltó la reacción popular en defensa de la tierra y la soberanía que "hizo retroceder a la Corte Suprema y logró ponerle un límite a Milei en su voluntad de venderlo todo".

"LEY DE TIERRAS: LA CORTE SUPREMA DIO MARCHA ATRÁS. Suspendió el artículo del DNU de Milei que derogaba la Ley de Tierras y restituyó los límites a la compra de tierras por extranjeros. El 15 de octubre nos vemos frente al Congreso por el rechazo total al DNU 70, la Ley de Desendeudamiento y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad", escribió la diputada Lorena Pokoik.

Luchar siempre sirve… Y la Corte Suprema nos toma el pelo.

Basta de que el gobierno y los jueces se rían de nosotros.

Ante el repudio generalizado, la Corte se da vuelta como una media con tal de evitar que se cuestione todo el DNU 70/23, mediante el cual los ricos y poderosos…

— Myriam Bregman (@myriambregman) October 9, 2026

Por el Frente de Izquierda, el diputado Juan Giordano apuntó: “Retroceso de los mafiosos cortesanos fruto del repudio popular! Ahora a redoblar el gran 15 de octubre copando el Congreso por la nulidad del DNU 70/2023”.

Su par Néstor Pitrola sumó: “El miedo no es zonzo, la Corte retrocede en chancletas después de anular la cautelar que suspendía el artículo 154 del DNU 70/23 que causó enorme repudio popular”.

“Temieron que la ola de repudio y movilización popular pusiera en peligro todo el DNU, asestando un golpe mortal al gobierno”, cuestionó y pidió: “Más que nunca a movilizarnos el 15/10, por todos los reclamos: Universidad, tierras, endeudados, discapacidad y pediatría. La calle de masas es el único lenguaje que entiende el poder”.

A su vez, la diputada Romina del Plá dijo que “el temor frente a la movilización y el repudio popular al fallo hace que la Corte retroceda y restituya la vigencia de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina”. Pero ojo, agregó, “este volantazo de la Corte Suprema de Justicia también tiene como objetivo sostener a Milei y defender el resto del DNU 70/23, que la sesión opositora del 15 debe tratar”.

La Corte Suprema suspendió hoy la derogación de la Ley de Tierras impulsada por Milei. Vuelven a aplicarse, provisoriamente, los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.

Pero hay otra cuestión a la que le debemos prestar mucha atención.

El DNU 366/25 y el Decreto… pic.twitter.com/2t0il9tVxb

— Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) October 9, 2026

Se oficializó este viernes en el Boletín Oficial la Ley 27.827, por la cual fue declarado "Héroe Nacional" y "Patriarca del Federalismo Argentino" el brigadier Estanislao López, en reconocimiento a su accionar en defensa de los ideales federales y republicanos.

La norma fue sancionada por el Senado el 17 de septiembre. Su media sanción había sido en octubre del año pasado en la Cámara de Diputados, a partir de un proyecto impulsado por el legislador (MC) Roberto Mirabella, de Santa Fe, provincia que el caudillo gobernó entre 1818 y 1838.

De acuerdo a la ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá realizar acciones para destacar, rememorar y reflexionar sobre la vida, pensamiento y trayectoria del brigadier Estanislao López, tanto en el país como en el exterior.

El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Inocencia Fiscal II (N° 27.826), a partir de la cual busca incentivar el ingreso al circuito formal de los llamados "dólares del colchón" -aproximadamente 170 mil millones-.

La norma, que modifica el Régimen Penal Tributario y la Ley de Procedimiento Tributario, es una reforma de la original ley aprobada a fines de 2025, que en su primer etapa no tuvo los resultados esperados por la gestión.

La ley fue promulgada por medio del decreto 1160/26, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del Presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Mediante la norma, sancionada en septiembre pasado por el Senado, se eliminan los topes de $1.000 millones y $10.000 millones respecto a los ingresos y el patrimonio, respectivamente, para poder ingresar al régimen.

Además, redefine el concepto de "discrepancia significativa" que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.

Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.

Asimismo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado.

Se determina que "no se considerará la diferencia que se produzca entre la declaración jurada simplificada original y la rectificativa, en la medida que esta última sea presentada por el contribuyente en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la resolución de determinación de oficio" y "los saldos de impuesto que surjan de esa declaración jurada rectificativa, con más sus intereses, sean debidamente cancelados y/o regularizados".

Ante el antecedente del caso Manuel Adorni -que en la primera etapa adhirió al régimen simplificado de Ganancias-, durante el debate en el Congreso se establecieron límites para los funcionarios. Si bien podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen. Tampoco aplicará para ellos la discrepancia significativa.

La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.

Por otra parte, con el fin de atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo e incentivar la regularización voluntaria, se establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aprobó la implementación de una plataforma digital para iniciativas legislativas populares. El sistema virtual tomará las firmas electrónicas de los ciudadanos que busquen presentar un proyecto de ley en los términos de la Ley 24.747, que reglamentó al artículo 39 de la Constitución Nacional.

Fue a través de la acordada extraordinaria 173 de la CNE firmada por los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, máxima autoridad judicial electoral, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas. De todas maneras, el fallo al que accedió parlamentario.com, explica que la implementación de este nuevo sistema solo complementa la recolección de firmas en papel, pero no las reemplaza.

Del mismo modo, dejó establecido que será la Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales quien administre y opere el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad. Cabe recordar que este organismo está dentro del organigrama de la CNE.

La nueva herramienta estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular. El objetivo es facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.

Así las cosas, el sistema fue ya cuenta con una prueba piloto autorizada por el Tribunal desde mayo de 2026, donde las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento suscripto, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos.

En sintesís, la acordada habilita una herramienta digital que complementa la tradicional recolección de firmas en papel. No reemplaza el mecanismo previsto por la Ley 24.747: las firmas en papel continúan siendo relevantes para la verificación por muestreo que realiza la Justicia Nacional Electoral.

El Municipio de Vicente López puso en marcha la renovación integral de la Plazoleta Julio Martel, en Munro, con una intervención que apunta a recuperar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la zona oeste del distrito y transformarlo en un nuevo punto de encuentro para las familias.

Los trabajos se desarrollan en el predio ubicado sobre Vélez Sarsfield al 5300 e incluyen la ampliación de la superficie de la plazoleta, la modernización del sector de juegos infantiles y la incorporación de nuevo equipamiento urbano, con bancos, mesas, sillas y un bebedero para mejorar la comodidad y el uso cotidiano del lugar.

Durante una recorrida por la obra, la intendenta Soledad Martínez destacó la importancia de recuperar espacios públicos de calidad en sectores con alta circulación de vecinos.

"Este espacio había perdido su lugar en la vida del barrio y hoy estamos dejando como nueva la Plazoleta Julio Martel. Va a cambiar completamente esta esquina y esta zona, en un sector muy transitado donde los vecinos no tienen tanto acceso a un espacio verde de calidad", sostuvo la jefa comunal.

El proyecto también contempla la reparación y puesta en valor de los muros existentes, la construcción de nuevos senderos peatonales y la renovación del cerco perimetral. Además, se realizarán tareas de paisajismo y parquización, junto con la instalación de un sistema de riego automático que permitirá optimizar el mantenimiento de los espacios verdes.

Entre las intervenciones previstas figura también la mejora del sector dedicado a la Virgen, uno de los espacios simbólicos que forman parte de la identidad de la plazoleta y de la comunidad local.

La plazoleta lleva desde 1992 el nombre de Julio Martel, reconocido cantor de tango que vivió gran parte de su vida en Munro y alcanzó notoriedad durante la década de 1940 como integrante de la célebre orquesta de Alfredo De Ángelis.

Desde el municipio señalaron que la obra forma parte del plan de puesta en valor de plazas, paseos y espacios públicos que se desarrolla en distintos puntos del partido. En ese marco se inscriben también la renovación de Plaza Vienni y las mejoras ejecutadas en la Plaza de los Inmigrantes.

Con la finalización de los trabajos, Vicente López sumará un nuevo espacio verde renovado para los vecinos de Munro, con infraestructura moderna, mejores condiciones de accesibilidad y áreas destinadas al encuentro, el juego y la recreación al aire libre.

El Senado bonaerense convirtió en ley un proyecto de la diputada Silvina Vaccarezza que modifica el Código de Tránsito para establecer con mayor precisión las reglas de prioridad en bocacalles, avenidas, rotondas, rutas y calles de tierra.

La iniciativa incorpora un nuevo artículo al Código de Tránsito bonaerense con el objetivo de ordenar y precisar las reglas de prioridad de paso que deben respetarse en distintas situaciones de circulación.

De esta manera, se agrega una disposición específica para las vías de mayor jerarquía. Al llegar a autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras o avenidas, el vehículo que pretenda ingresar o cruzarlas deberá detenerse y ceder el paso.

"Lo que buscamos fue otorgar claridad y seguridad jurídica ante un vacío legal existente en la provincia de Buenos Aires desde la última modificación de la Ley de Tránsito provincial", explicó al respecto la vicepresidenta de la Comisión de obras públicas en Diputados.

Con esta incorporación a la normativa de tránsito provincial se busca solucionar una laguna jurídica provocada luego de la sanción del código de tránsito en el año 2009. A su vez, se la adecúa a la normativa de tránsito que rige en CABA.

La legislatura bonaerense responde así a un pedido que la propia justicia demandaba, dado que en estos años se sucedieron los fallos judiciales contradictorios en la materia, dado que la norma se prestaba a su interpretación ambigua: por un lado, permitía velocidades máximas superiores en las vías de mayor jerarquía, pero por otro, no establecía taxativamente que quien ingresaba por la derecha desde una vía inferior perdía su prioridad de paso.

“Esta ley busca brindar mayor claridad a los conductores y ordenar situaciones que forman parte de la circulación cotidiana. Tener reglas claras también es una forma de contribuir a una convivencia vial más segura”, señaló Vaccarezza.

Fomicruz S.E. inició una nueva etapa de exploración en el proyecto minero San Agustín, ubicado en el Macizo del Deseado, mediante un programa integral de estudios destinado a ampliar y sistematizar la información geológica disponible antes de avanzar con una futura campaña de perforación.

La iniciativa combina relevamientos de superficie, estudios geofísicos y trabajos de laboratorio con el propósito de construir una base técnica más sólida para la toma de decisiones exploratorias. Según informó la compañía, se trata del primer esquema de estas características implementado de manera integral por la empresa provincial en uno de sus activos históricos.

El programa incluye relevamientos fotogramétricos mediante drones, estudios de polarización inducida (IP), magnetometría terrestre, mapeos litológicos y estructurales, muestreo de vetas aflorantes y análisis especializados de laboratorio. La información obtenida será integrada con los antecedentes existentes del proyecto para revisar y actualizar el modelo geológico del área.

El objetivo principal es reducir los niveles de incertidumbre y mejorar la identificación de los sectores con mayor potencial mineral. Para ello, los especialistas trabajarán sobre datos de superficie y subsuelo que permitan delimitar con mayor precisión los futuros blancos de perforación.

Los relevamientos con drones aportarán información detallada sobre las características superficiales del terreno, mientras que los estudios geológicos de campo profundizarán el conocimiento de las rocas y estructuras presentes en el sector. Paralelamente, el análisis de muestras provenientes de vetas expuestas contribuirá a evaluar el interés exploratorio de distintas zonas.

En el subsuelo, los estudios geofísicos desempeñarán un papel clave. Estas herramientas permiten detectar anomalías y características no visibles en superficie, generando información complementaria que debe interpretarse en conjunto con los datos geológicos y geoquímicos.

Dentro de este esquema, la magnetometría terrestre será desarrollada con equipamiento y personal propio de Fomicruz. La técnica permitirá identificar variaciones magnéticas asociadas a estructuras o procesos geológicos que podrían señalar áreas favorables para la exploración.

A su vez, la polarización inducida incorporará información geoeléctrica capaz de detectar sectores con potencial mineralización. La combinación de estos resultados con los mapeos y muestreos de superficie permitirá construir una interpretación más robusta antes de definir nuevas perforaciones.

La empresa contará además con el acompañamiento de profesionales y especialistas externos para determinadas tareas técnicas, aunque la planificación general y la coordinación del programa permanecerán bajo responsabilidad del equipo de Fomicruz.

El presidente de la compañía, Fernando Baños, sostuvo que el trabajo responde a los lineamientos fijados por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer el desarrollo técnico de la empresa estatal y optimizar la gestión de sus proyectos mineros.

Según explicó, uno de los ejes de la actual gestión consiste en completar y organizar la información disponible para avanzar con mayor precisión en las etapas exploratorias. En ese marco, también se impulsa un proceso de ordenamiento documental destinado a consolidar los antecedentes técnicos de los distintos proyectos bajo administración de la compañía.

La iniciativa apunta a facilitar el análisis de oportunidades de inversión, brindando a potenciales interesados información sistematizada sobre los trabajos realizados, los resultados obtenidos y el estado actual de cada activo minero.

De esta forma, el programa encarado en San Agustín persigue un doble objetivo: mejorar la calidad de las decisiones técnicas y fortalecer la presentación integral del proyecto. Los resultados obtenidos en esta etapa serán determinantes para definir la ubicación, profundidad y orientación de los futuros pozos exploratorios, así como para orientar las próximas inversiones en el área.

San Agustín se convierte así en el primer proyecto donde Fomicruz aplica este modelo integral de evaluación, una estrategia que busca transformar información dispersa en herramientas concretas para planificar el desarrollo futuro de la exploración minera en Santa Cruz.

La canadiense Argenta Silver Corp. dio a conocer una nueva batería de resultados de su campaña de perforación 2025-2026 en el proyecto El Quevar, ubicado en la Puna salteña, con hallazgos que fortalecen el potencial de crecimiento del distrito minero. Los trabajos no solo identificaron una nueva zona con mineralización de oro y cobre, sino que además extendieron los límites conocidos del depósito de plata Yaxtché.

Uno de los resultados más destacados provino del objetivo Carmen, situado a unos 120 metros de Yaxtché. Allí, el pozo QVD-465 interceptó 46 metros con leyes promedio de 0,45 gramos por tonelada (g/t) de oro y 0,19% de cobre, a partir de los 233 metros de profundidad.

Dentro de ese tramo se detectaron sectores de mayor tenor, entre ellos una intersección de cuatro metros con 1,28 g/t de oro y otro intervalo de un metro que arrojó 1,71 g/t de oro, 2,43% de cobre y 100 g/t de plata.

La perforación alcanzó una profundidad final de 410 metros y confirma indicios observados previamente en el pozo QVD-425, que a comienzos de 2026 había registrado 44 metros con 0,57 g/t de oro y 0,58% de cobre. Para la compañía, ambos resultados respaldan la continuidad de un sistema mineralizado con potencial para seguir creciendo.

Plata de alta ley

En paralelo, la campaña exploratoria permitió extender la mineralización argentífera en los sectores periféricos de Yaxtché.

Uno de los mejores resultados correspondió al pozo QVD-475, perforado unos 100 metros al noroeste del límite actual del recurso mineral. Allí se interceptaron cuatro metros con una ley promedio de 1.599 g/t de plata, incluyendo dos metros con 2.780 g/t.

La magnitud del hallazgo queda reflejada en que esa concentración equivale a más de 89 onzas de plata por tonelada de roca, un valor considerado excepcional dentro de la minería argentífera.

Otro de los sondeos, identificado como QVD-479, extendió la mineralización hacia el sudeste, donde registró nueve metros con 122 g/t de plata, incluyendo un metro con 553 g/t.

A partir de estos resultados, Argenta estima que la huella mineralizada de Yaxtché se expandió entre un 20% y un 25% respecto del modelo geológico que sustenta la actual estimación de recursos.

Valor oculto en perforaciones históricas

El reporte también destacó los avances de un programa de revisión y remuestreo de perforaciones históricas realizadas por operadores anteriores, que habían quedado parcialmente sin analizar.

La empresa completó el relogueo y muestreo de 4.372,6 metros de testigos correspondientes a 171 barrenos ubicados principalmente en el sector Quevar South, donde se encuentran los objetivos Carmen, Mani y Carolina.

Los primeros resultados obtenidos sobre 85 de esos pozos mostraron leyes destacadas, con intercepciones de hasta 1.465 g/t de plata en un metro en el pozo QVD-361, 501 g/t en tres metros en QVD-120 y 454 g/t en dos metros en QVD-169.

Según la compañía, estos intervalos se ubican junto a zonas mineralizadas previamente identificadas, un factor que aporta continuidad geológica y abre nuevas posibilidades para incrementar los recursos conocidos.

Un distrito con infraestructura y proyección

El proyecto El Quevar comprende unas 57.000 hectáreas en la Puna de Salta y dispone de infraestructura relevante para el desarrollo de futuras operaciones, incluyendo más de 60 kilómetros de caminos internos, un campamento con capacidad para 100 trabajadores y cercanía a líneas ferroviarias, gasoductos y redes de alta tensión.

Actualmente, el depósito Yaxtché alberga recursos indicados por 45,3 millones de onzas de plata contenidas en 2,93 millones de toneladas con una ley promedio de 482 g/t, además de 4,1 millones de onzas clasificadas como recursos inferidos.

Desde mayo de 2025, Argenta ejecutó más de 27.500 metros de perforación con dos equipos operando de forma simultánea. Con los resultados obtenidos en la campaña en curso y en el programa de remuestreo histórico, la compañía ya trabaja en una actualización integral de recursos minerales prevista para el primer trimestre de 2027.

El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX resultó ganador de la licitación para operar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tras presentar una oferta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones de la compañía.

El grupo empresario vinculado a Mauricio Filiberti superó así la propuesta del consorcio encabezado por Roggio SA, que había ofertado US$285 millones. De esta manera, quedó al frente del proceso de privatización de la principal empresa de agua potable y saneamiento del país.

Aunque la propuesta ganadora se ubicó por debajo de las expectativas iniciales del Gobierno nacional, que aspiraba a obtener alrededor de US$500 millones por la operación, fue considerada la más conveniente por la comisión evaluadora.

A través de un comunicado, el consorcio expresó su satisfacción por el resultado de la compulsa y destacó que su oferta superó en casi un 20% a la presentada por el competidor más cercano.

Además del desembolso inicial, el grupo se comprometió a ejecutar un ambicioso plan de obras destinado a mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable y cloacas.

Según precisó, prevé inversiones por US$1.940 millones durante los primeros cinco años de gestión y un total de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años que durará la concesión.

La adjudicación definitiva aún deberá atravesar la revisión final de la Comisión de Evaluación, paso previo a la formalización del contrato.

Como operador técnico fue designada Arcos Saneamento e Participações S.A., empresa perteneciente al Grupo Equipav de Brasil. La firma cuenta con experiencia en el sector desde 2010 y actualmente presta servicios de agua y saneamiento a más de 39 millones de usuarios en 15 estados y más de 890 municipios brasileños, con una plantilla de 25.000 trabajadores.

La oferta de US$340,2 millones por el 90% del capital accionario equivale a una valuación cercana a los US$378 millones por el total de la compañía. El 10% restante permanece en manos del sindicato del sector, conducido por Omar Lingeri.

El acuerdo también establece que los nuevos operadores asumirán una deuda de aproximadamente US$70 millones que actualmente registra la empresa.

Ante la previsión de un escenario climático marcado por el fenómeno de El Niño, el municipio de Quilmes profundiza las tareas de prevención y mantenimiento urbano con el objetivo de minimizar riesgos asociados a lluvias intensas, fuertes vientos y cambios bruscos de temperatura.

En ese marco, la Comuna desarrolla diariamente operativos de limpieza de sumideros, saneamiento de arroyos y recolección de residuos, ramas y montículos en distintos barrios del distrito. Las acciones buscan garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar anegamientos o inconvenientes durante los eventos climáticos que podrían registrarse en los próximos meses.

Para fortalecer estos trabajos, el Municipio incorporó nueva maquinaria y herramientas destinadas a optimizar las tareas de limpieza y mantenimiento en calles, cursos de agua y espacios públicos.

Desde el gobierno local también solicitaron a la comunidad mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y prestar atención a las alertas emitidas por los organismos competentes.

Entre las principales recomendaciones ante una eventual alerta por tormentas, se aconseja limpiar canaletas, desagües, rejillas y techos para facilitar el drenaje del agua; evitar sacar residuos fuera del horario establecido y no arrojar objetos que puedan obstruir los sumideros. También se recomienda permanecer bajo resguardo durante el temporal y, en caso de ser necesario salir, extremar las medidas de precaución.

Asimismo, se recordó la importancia de no acercarse a postes, cajas de electricidad, cables caídos ni a artefactos conectados a la red eléctrica. Frente a la posibilidad de vientos fuertes, se aconseja asegurar elementos que puedan desplazarse, especialmente en balcones, patios y terrazas.

El Municipio recordó además el sistema de alertas meteorológicas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La alerta amarilla advierte sobre fenómenos con capacidad de provocar daños puntuales y requiere asegurar objetos sueltos y disponer correctamente los residuos.

La alerta naranja indica la posibilidad de eventos peligrosos para las personas y los bienes, por lo que se recomienda permanecer en lugares seguros y evitar circular por calles anegadas.

Finalmente, la alerta roja señala fenómenos excepcionales con potencial de desastre, situación en la que resulta fundamental buscar refugio inmediato y no exponerse a la vía pública.

Con estas medidas, el Municipio busca reforzar la preparación de la ciudad frente a un contexto climático que podría presentar episodios de mayor intensidad durante los próximos meses.

El oficialismo convocó a debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, en un intento por salvar el DNU 70/23, que la oposición busca derogar, luego del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de Tierras.

La Libertad Avanza y sus aliados evaluaron la alternativa de restituir las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros mediante esa iniciativa que, durante su tratamiento en el Senado, había perdido ese capítulo por la fuerte campaña social y presión de la calle, en medio del clima mundialista.

La Ley de Tierras fue derogada por medio del DNU 70/23 -fundacional de la gestión de Javier Milei y que instauró numerosas desregulaciones-, pero un fallo de la Justicia había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto y, por eso, seguía vigente. Sin embargo, el Gobierno intentó avanzar con una reforma sustancial de esa norma mediante el proyecto de inviolabilidad, pero el rechazo masivo y la falta de votos se lo impidieron.

Dos meses después de eso, la Corte Suprema de Justicia provocó un cimbronazo con una resolución en contra del CECIM La Plata -organización de excombatientes de Malvinas-, al sostener que carecían de "legitimidad procesal" para presentar el reclamo y revocó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

La medida fue duramente cuestionada, tanto que el máximo tribunal salió con una "aclaratoria" el día posterior. Tras el llamado a conjueces, se aguarda por una nueva definición en torno a otra demanda contra el artículo 154 del DNU 70, iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

Cuando se conoció el fallo, la oposición más dura reaccionó rápido y llamó a derogar definitivamente el mega DNU, que cuenta con el rechazo del Senado desde marzo de 2024, pero en Diputados nunca se trató por falta de votos.

La convocatoria al plenario es para el próximo miércoles, a las 16, un día antes de la sesión promovida por la oposición, que también incluye los temas de endeudamiento familiar y discapacidad.

Complicada la oposición con los números para el quórum, y dependiendo una vez más de legisladores que responden a ciertos gobernadores, el oficialismo busca así que esos mismos no bajen al recinto.

Durante una reunión realizada en la Presidencia de la Cámara baja este martes, los aliados reclamaron a LLA por una solución "rápida" en torno al tema. Aunque en los próximos días también se verá cómo mueve la Corte y qué escenario se presenta en la antesala del plenario citado por el oficialismo y la sesión solicitada por la oposición.

Además del capítulo de reforma de la Ley de Tierras, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado perdió la modificación a la Ley de Manejo del Fuego y, muy tempranamente, el capítulo sobre el Registro de Barrios Populares. La iniciativa tuvo un tratamiento complicado, con casi una veintena de cambios sobre el dictamen y postergaciones en el recinto.

El texto que fue girado a Diputados a principios de agosto y, desde ese momento había permanecido cajoneado, contiene modificaciones en torno a habilitar desalojos exprés, flexibilizar expropiaciones y una modernización de la Ley de Registro de Propiedad Inmueble.

La Ley 26.737 del año 2011 prohibía que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Originalmente, en el proyecto de inviolabilidad, el Gobierno propuso eliminar cualquier límite a la compra de tierras por parte de foráneos, lo que despertó el enorme rechazo.

Dos días antes de la sesión en el Senado, la jefa de LLA, Patricia Bullrich, anunció que incluirían un tope del 25% (en un giro de 180 grados), pero no alcanzó para salvar el capítulo y finalmente se sacó. Si eventualmente avanzara en Diputados una incorporación del tema, el texto debería volver a la Cámara alta.

A una semana de la sesión especial pedida por la oposición, el diputado nacional Sebastián Nóblega, integrante del bloque Elijo Catamarca, confirmó su asistencia -y la de sus coterráneos- en el recinto el próximo jueves 15 de octubre. Consultado sobre la postura respecto al DNU 70/2023, adelantó que votarán por el rechazo y defendió a la Ley de Tierras Rurales

“Hemos decidido acompañar la sesión y somos firmes defensores de la Ley (26.737)”, afirmó el catamarqueño este jueves a primera hora en Radio El Esquiú. En varias oportunidades, el legislador, que es parte de la bancada que responde al gobernador catamarqueño Raúl Jalil, reiteró la importancia de “la defensa de la soberanía de la Ley de Tierras”.

El mandatario fue uno de los 13 gobernadores que acompañó al presidente Javier Milei en el Argentina Week en París. Según trascendidos, las conversaciones parlamentarias entre el Gabinete y los jefes provinciales estuvieron enfocadas en el proyecto de Reforma Electoral que sigue sin activarse en el Senado, a casi seis meses de su ingreso por Mesa de Entradas.

Quiénes confirmaron presencia

La nota presentada a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para abrir el recinto el próximo jueves 15 de octubre cuenta con el sustento de los jefes de bancada de Unión por la Patria, Primero San Luis, Coherencia, Defendamos Córdoba, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda Unidad.

Pero también están los rúbricas de 6 de los 18 integrantes de Provincias Unidas: Pablo Juliano, Esteban Paulón, Mariela Coletta, Martín Lousteau, Pablo Farías y la jujeña María Inés Zigarán. A partir de la última firma, se elucubra que el otro diputado que repsonde al gobernador Carlos Sadir, Jorge Rizzotti, se haga presente en el hemiciclo de la Cámara baja en tiempo y forma.

Lo mismo podría ocurrir con los representantes de la provincia de Córdoba: Juan Brügge y Carlos Gutiérrez ya adelantaron que van a dar quórum y el mismo camino podrían recorrer Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres.

El temario de la sesión pedida por la oposición, además del tratamiento del DNU 70/2023 -cuenta con rechazo del Senado desde el 14 de marzo del 2024-, tiene al proyecto de Sobreendeudamiento Familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027.

Otros diputados que confirmaron asistencia el próximo jueves 15 de octubre fueron los 4 misioneros que integran el bloque Argentina Federal: Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruíz, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik. Además de la prórroga en Discapacidad, también los motiva la pérdida de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate y la derogación de las Tierras Rurales en el DNU 70/2023.

Las provincias que no revelaron postura

Dentro de Argentina Federal confluyen dos diputados que accedieron a una banca a través de la boleta de La Libertad Avanza: el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González. También están los tres salteños que responden al gobernador Gustavo Saénz: Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega. Hasta el momento, ninguno de los cinco dejó trascender su posición.

Lo mismo sucede con los santafesinos de Provincias Unidas, Gisela Scaglia y José Núñez; el chubutense Jorge "Loma" Ávila; el rionegrino Sergio Capozzi; y la mendocina Lourdes Arrieta, quien también integraba La Libertad Avanza cuando el presidente Javier Milei firmó el DNU 70/2023.

El bloque Independencia compuesto los tucumanos Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera no ha definido si irán al recinto a dar quórum o si no acompañarán la sesión. Desde Unión por la Patria confiaron a este medio que están en conversaciones, pero la decisión va a pasar por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Dentro del interbloque Fuerza del Cambio, el santacruceño José Luis Garrido, hombre del gobernador Claudio Vidal, tampoco se pronunció al respecto. Sin embargo, se presume que no va a acompañar la sesión especial pedida para este jueves 15 de octubre a las 14.00 en la Cámara de Diputados.

Durante una reunión realizada en el Salón Blanco, se conformó este jueves el Grupo Parlamentario de Amistad con Malasia, que contó con la presencia de la Consejera de la embajada de ese país, Arin Sijaya binti Abdul Hathi.

Elegido como presidente del GPA, el diputado Federico Pelli (LLA) manifestó su “compromiso de trabajar para profundizar el vínculo entre los dos países”. “Argentina y Malasia mantienen relaciones diplomáticas desde 1967 y cuentan con diversos instrumentos de cooperación económica, comercial, científica y técnica”, destacó.

“Este encuentro nos brinda la posibilidad de seguir fortaleciendo una relación que, pese a la distancia geográfica, tiene numerosos puntos de encuentro y un amplio margen para seguir desarrollándose”, afirmó.

Por su parte, la Consejera de la embajada de Malasia en Argentina ponderó que “hay una gran conexión entre nuestras naciones. Las relaciones son sumamente extensas y fuertes, y nuestras poblaciones nos acercan constantemente”.

“La embajada estará siempre dispuesta a extender la ayuda y espacios para interactuar en favor de ambos países”, aseguró y completó: “Buscamos trabajar juntos en todos los aspectos políticos y las distintas provincias”.

En tanto, la diputada Bárbara Andreussi (LLA) indicó: “Somos muy diferentes culturalmente, pero eso nos acerca incluso más, en aspectos sobre todo parlamentarios. Todas las acciones que llevemos a cabo de manera conjunta serán para el bien de ambas partes”.

Luego, el diputado Andrés Laumann (LLA) señaló que “en lo fiscal y comercial, Malasia es un gran ejemplo, y eso nos une y nos pone en semejanza a actuar en conjunto a futuro, para llevar adelante un proceso de hermandad”.

Además, estuvieron presentes la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, Luciana Términe; la diputada Cecilia Ibáñez (LLA); Luis Del Solar Dorrego, ministro de la Dirección de Asia y Oceanía de Cancillería; y Ayelén ⁠Ghersi, de la Dirección de Asuntos Parlamentarios de Cancillería.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto opinó que el Gobierno "pierde las elecciones" del año próximo, al asegurar que "no" ve un "espíritu de reelección en la sociedad".

"Para mí este Gobierno pierde las elecciones, indudablemente en la oposición hay que construir una propuesta y se va a hacer, pero no le veo posibilidad de reelección" a Javier Milei, lanzó este jueves.

Y agregó: "No veo espíritu de reelección en la sociedad, muchos de los que lo han votado sostienen que no lo van a votar o no van a ir a votar. La sociedad no va a votar a alguien que ha perjudicado tanto a la clase media, a los trabajadores".

El legislador observó que hay "un Gobierno en una profunda crisis política, con un presidente muy ausente de la gestión pública todos los días, apareciendo de vez en cuando. La percepción es el aislamiento. La pregunta es, ¿quién gobierna la Argentina? Pero bueno, todos sabemos que esa tarea está siendo suplida por la secretaria General de la Presidencia", Karina Milei.

Para Pichetto, "el industricidio no afecta solo a las pequeñas y medianas empresas; veo en retirada y derrota a los grandes empresarios, que han sido humillados".

Por otra parte, el diputado de Encuentro Federal opinó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado a la Ley de Tierras "es un disparate". "La Corte se equivocó. Sería importante que la Corte reflexione y modifique lo que resolvió, para tratar de frenar cualquier operación inmobiliaria que pueda realizarse", señaló.

En ese sentido, afirmó que habrá que "investigar cuáles son las que se hicieron en este periodo", a partir de datos de los Registros de Propiedad Inmueble de las distintas provincias. "En cualquier momento se sabrá, porque estas cosas no se pueden ocultar mucho tiempo", agregó.

En declaraciones a radio Futurock, Pichetto habló además de la sesión pedida por la oposición para derogar el DNU 70/23 y dijo que "hay que ver qué hacen algunos gobernadores que viajaron a París, me parece que ahí está la clave", en referencia a los legisladores que les responden y son definitivos para el quórum.

"La voluntad es derogarlo porque están haciendo uso y abuso de este decreto, que un primer momento les sirvió para generar algunos instrumentos de gobernabilidad, pero luego lógicamente en manos de un personaje como (Federico) Sturzenegger destruye todo. Algún día van a tener que rendir cuentas de las cosas que están haciendo", aseveró.

Legisladores de Unión por la Patria denunciaron a funcionarios por irregularidades en las privatizaciones de empresas públicas, ante la apertura de ofertas por AySA, la empresa proveedora de agua y cloacas en el AMBA.

Integrantes de la bicameral que debe controlar el proceso de venta, las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que se investigue al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a las autoridades del BICE por "graves irregularidades en las privatizaciones de empresas públicas".

Los opositores advirtieron que "cambiaron el método de valuación y declararon secretas todas las tasaciones, desplazando al Tribunal de Tasaciones", además de no informar a la Comisión Bicameral.

Este jueves se conocieron las ofertas por AySA y la propuesta más alta fue por US$340 millones, cifra menor a los US$450 millones que inicialmente calculaba recaudar el Ministerio de Economía. Como la licitación salió sin base ni precio mínimo y las dos ofertas ya habían superado la etapa técnica, el ganador se define exclusivamente por el monto. Se trata del consorcio Rowling.

Además de AySA, el Gobierno busca la privatización de ENARSA, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y YCRT.

"En las condiciones actuales, en el marco de un proceso plagado de irregularidades y de vulneración flagrante de las facultades de control de la Comisión Bicameral que integramos, la empresa (AySA) será adjudicada sin que se conozca su tasación, y nadie por fuera de la ATEP y el Poder Ejecutivo sabrá si el Estado vendió por su justo valor", señalaron los legisladores en la presentación.

Diego Chaher, el pasado 23 de septiembre ante la bicameral

Además, subrayaron que "en dos años el Poder Ejecutivo armó, norma por norma, un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legalmente competente, cambió el método de valuación y declaró secreto el resultado. Con ese circuito se está vendiendo AySA".

A su vez, indicaron que el Tribunal de Tasaciones de la Nación "contestó a las empresas que le pidieron tasación que sólo puede tasar bienes tangibles, o empresas, a partir de sus activos físicos, porque sus Normas Nacionales de Valuación no tienen una norma para tasar intangibles con enfoque de ingresos. Los informes circunstanciados enviados a la Comisión mencionan esas notas pero nunca fueron adjuntadas".

"Ninguna norma de rango legal autoriza a mantener en secreto la tasación de una empresa pública en venta. Todas las normas aplicables exigen lo contrario", remarcaron respecto a la publicidad de estos actos.

Y agregaron que "también resulta clara la letra de la Ley 23.696 y su artículo 14, que establece que la Comisión Bicameral debe ser informada permanentemente y 'a su requerimiento' de toda circunstancia relacionada con las privatizaciones, con la documentación correspondiente. Esto es básico y Chaer desconoce lo básico".

La conducción de la Unión Cívica Radical exhortó a sus diputados y senadores nacionales a defender el financiamiento universitario en el Presupuesto 2027 y "votar a favor de las universidades".

La Mesa de conducción del Comité Nacional, en conjunto con legisladores nacionales del radicalismo y el bloque de "Rectores Reformistas", se pronunciaron a favor del proyecto de presupuesto universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la defensa de la autonomía.

En el marco de la discusión por el presupuesto para el año próximo, las instituciones de educación superior volvieron a encender las alertas producto de la insuficiencia de recursos que pretende asignar el Poder Ejecutivo.

El CIN elaboró una propuesta que contempla las necesidades de las universidades en materia salarial, funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura. Esto contempla alrededor de 11 billones de pesos, mientras que el proyecto oficial contempla un 34% menos de lo requerido para poder funcionar.

"El Gobierno nacional lleva más de un año en incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Un nuevo fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 determinó la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo con el cual el Gobierno frenó la aplicación de la ley alegando falta de partidas específicas, dando una vez más la razón al CIN y a la UBA", remarcaron mediante un comunicado.

Durante un encuentro que mantuvieron, estuvieron presentes los diputados nacionales radicales Martín Lousteau y Mariela Coletta, que integran el bloque Provincias Unidas, y Karina Banfi, que tiene su monobloque Adelante Buenos Aires; los diputados socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías; y el senador nacional Daniel Kroeneberger, que integra la Mesa de conducción nacional de la UCR. También, los representantes del movimiento estudiantil Joaquín Carvalho y Alexia Robledo, presidente y vicepresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Además, participaron el presidente del CIN, Franco Bertolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Laura Tarabella, rectora de la Universidad Nacional del Litoral; Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown; Raúl Gil, rector de la Universidad Nacional de San Luis; Pablo Farías, rector de la Universidad Nacional de Rosario; Daniel Vega, rector Universidad del Sur; Macarena Forneris, vicerrectora de la Universidad provincial de Ezeiza y Jerónoimo Ainchil, rector de la Universidad de San Antonio de Areco.

"El Poder Ejecutivo sostiene la arbitraria decisión de continuar en incumplimiento de la ley, sentando un precedente gravísimo y lesivo para las instituciones de la democracia. En explícita violación de la división de poderes y en perjuicio del derecho a la educación", sostuvo la UCR.

Y agregó que "esto impacta de manera directa sobre el sistema universitario: hoy en día el retraso salarial es del 30%, mientras que las becas Progresar para los estudiantes se encuentran congeladas desde que asumió la presidencia Javier Milei, como también un deterioro para los fondos de funcionamiento de hospitales universitarios y el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico nacional".

"El radicalismo denunció de manera sistemática y permanente la situación de profunda crisis en la que se encuentra el sistema universitario argentino y acompañó en cada una de las movilizaciones exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", recordaron desde el Comité.

Y completaron: "Con el espíritu reformista que forma parte de la identidad de la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la Universidad Pública y convocamos a movilizar para la 5ta Marcha Federal Universitaria el próximo jueves 15 de octubre en todo el país". La UCR se concentrará a las 13 en Entre Ríos y Tucumán.

Organizada por la Prosecretaría Parlamentaria, a cargo de Dolores Martínez, se realizó este miércoles en el Senado una “Jornada Federal sobre Inteligencia Artificial y Modernización Parlamentaria”, en un encuentro que reunió a senadores, diputados, especialistas internacionales, académicos y representantes de legislaturas provinciales para reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en la administración pública.

Entre los presentes estuvieron los senadores Bartolomé Abdala (LLA), Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, (Movimiento Por Misiones); Patricio Finochietto, prosecretario de Coordinación Operativa del Senado; Mercedes Piscitello, prosecretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados; y el senador (MC) Víctor Zimmermann.

Durante la apertura, Dolores Martínez destacó la necesidad de que las instituciones democráticas asuman un rol activo en la gobernanza de la transformación digital y subrayó que el avance tecnológico debe estar acompañado por criterio y deliberación política.

El primer panel, denominado “Gobernanza de la Inteligencia Artificial”, contó con la participación de Juan Gustavo Corvalán, director del UBA IALAB, quien advirtió sobre los riesgos de una automatización excesiva y sostuvo que los esquemas tradicionales de supervisión resultan insuficientes frente al avance de la inteligencia artificial agéntica.

“A mayor capacidad de autonomía agéntica, mayor deber de gobernanza en el sentido de prevención, precaución y piloto controlado. Es necesario diseñar lo que va a aportar el humano para no caer en un escenario de delegación extrema y sedentarismo cognitivo. Para que la IA sea un potenciador de capacidades cognitivas, no simplemente un acelerador de tareas”, señaló.

Por su parte, Lorena Moscovich, jefa de Experimentación del Laboratorio de Aceleración del PNUD Argentina, presentó los principales lineamientos de la guía institucional co-creada con el Senado y remarcó la importancia de fortalecer la ciberseguridad y la soberanía sobre la información estatal: “Lo que hay que hacer es ordenar los datos, cuidar las asimetrías y los datos sensibles, e innovar a pequeña escala para equivocarnos a pequeño costo”.

Durante el segundo panel, titulado “La Inteligencia Artificial en Parlamentos: una perspectiva global”, Isolina Correa, directora general de Relaciones Internacionales del Senado, expuso las conclusiones derivadas de la participación de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y su comitiva en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

Al referirse a los debates internacionales sobre el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los congresos, destacó la necesidad de resguardar los derechos laborales frente a los procesos de automatización. “Es importante situar al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación. El desarrollo tecnológico no debe ser un proceso regido únicamente por la inercia del mercado, sino un instrumento regulador que promueva, defienda y proteja el trabajo formal como el principal ordenador social. Se debe legislar de forma preventiva para evitar la precarización y la pérdida de derechos”, expresó en línea con el discurso que Vilarruel dio en Madrid.

Desde una perspectiva internacional, Andy Williamson, investigador del Centro para la Innovación en el Parlamento de la Unión Interparlamentaria (UIP), indicó que el 88% de los parlamentos del mundo utiliza inteligencia artificial, mientras que solo el 24% cuenta con una política institucional formal. En este sentido, remarcó que el éxito de la incorporación de estas herramientas no depende necesariamente de grandes inversiones financieras, sino de decisiones institucionales claras, una adecuada gobernanza de datos y alfabetización tecnológica.

La jornada concluyó con el “Conversatorio sobre aplicación de Inteligencia Artificial en legislaturas argentinas”, moderado por Mariano Martínez, secretario de Enlace de la Legislatura de la provincia de Chubut. Durante el mismo, se ponderaron buenas prácticas y necesidades para el avance y la adopción de las nuevas herramientas en la labor parlamentaria.

Participaron Aryhatne Nicold Bahr, diputada provincial de Misiones; Claudio Antonio Pérez, secretario de la Legislatura de Tucumán; Damián Vega Ancheta, subsecretario Parlamentario del Senado de Catamarca; Lucila Acevedo, directora de Modernización e Innovación Tecnológica de la Cámara de Diputados de Corrientes; Gustavo Lencina, director de Modernización de la Cámara de Diputados de Entre Ríos; y Ezequiel Fernández, representante de la Cámara de Senadores de Mendoza.

En su cuarta sesión ordinaria el Senado aprobó un proyecto presentado por Natalia Quintana, del bloque Hechos UCR, que busca garantizar canales de atención presencial y asistencia personalizada para las personas mayores de 60 años que deban realizar trámites ante organismos públicos y servicios esenciales.

La iniciativa, sancionada y girada a la Cámara de Diputados establece que los organismos de la administración pública provincial, entes autárquicos y descentralizados, empresas estatales, prestadores de servicios públicos bajo jurisdicción bonaerense y el Banco Provincia no podrán exigir que este sector utilice exclusivamente plataformas digitales para acceder a trámites y gestiones.

En ese sentido, la iniciativa garantiza la orientación personalizada, asistencia para la obtención de turnos y acompañamiento presencial cuando sea necesario cargar datos o documentación.

“Los avances tecnológicos y las aplicaciones móviles son una herramienta valiosa para optimizar recursos y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, este proceso de modernización no debe traducirse en nuevas formas de exclusión ni en obstáculos para el ejercicio de derechos”, sostuvo Quintana.

La legisladora del bloque Hechos-UCR señaló que las dificultades para utilizar herramientas digitales pueden convertirse en una barrera para las personas mayores.

“La obligatoriedad de gestionar turnos, validar identidades o cargar documentación de manera 100% virtual se ha transformado en una barrera inasumible. No pueden ser rehenes del mundo digital”, afirmó.

Según los fundamentos, el espíritu del proyecto apunta a compatibilizar la digitalización de los trámites con la posibilidad de acceder a mecanismos de atención alternativos, con el objetivo de evitar que la incorporación de nuevas tecnologías termine dificultando el acceso a servicios y derechos.

“Humanizar los trámites no significa frenar el avance tecnológico, sino asegurar que nadie quede atrás”, concluyó la referente radical de la Cuarta sección.

La diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) denunció que “un estudio británico con turbios antecedentes está detrás de la venta de ciudadanía por 350 mil dólares”, durante su intervención en un plenario de comisiones que retomó este miércoles el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Autora de un proyecto que busca derogar el régimen de “ciudadanía por inversión”, creado mediante el DNU 366/25, y ante el reciente anuncio del Gobierno de la puesta en marcha de un programa para tal fin, la santafesina les recriminó a los oficialistas que “son incongruentes”.

“¿De qué defensa de la soberanía se rasgan las vestiduras hablando cuando están entregándole nuestra ciudadanía a un estudio británico?”, enfatizó la legisladora durante las preguntas a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

Al hacer referencia a una nota periodística de DiarioAR, Carignano insistió que se encomendó la promoción de la venta de ciudadanía “a una empresa de un Estado que ocupa ilegalmente territorio argentino”.

“Personas que ni siquiera tienen que vivir acá, tienen que depositarle a (Luis) Caputo 350 mil dólares en una cuenta, al otro día sacan el pasaporte y al otro día empiezan a comprar tierras de manera ilimitada, que era lo que la Ley de Tierras no les permitía hacer”, advirtió y aseveró que “el fin último es básicamente la entrega del territorio, así que esto de la soberanía se les cae a pedazos”.

La opositora señaló que “en el 2025 el Tribunal (de Justicia) de la Unión Europea terminó de anular el programa de venta de la ciudadanía de Malta, que la vendían un poquito más cara, 640 mil dólares, por la polémica generada sobre los receptores del pasaporte dorado”.

Y apuntó que el estudio Henley & Partners estuvo involucrado en la gestión de ciudadanía a “un iraní arrestado por lavado de dinero en Estados Unidos; un oligarca ruso acusado de lavado; y un empresario petrolero nigeriano prófugo desde 2014”. “Hermoso estudio al que le encargaron la venta de nuestra ciudadanía”, añadió.

El senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para establecer un Régimen Nacional de Minerales Críticos y Tierras Raras, declarando de interés público estratégico todas las actividades vinculadas a estos recursos. Según el texto, su objetivo es “promover la inversión productiva en todos los eslabones de su cadena de valor” y asegurar que el aprovechamiento de los minerales se traduzca en “empleo calificado, desarrollo federal equilibrado y complejidad exportadora creciente”.

La norma crea una Lista Nacional de Minerales Críticos, integrada inicialmente por tierras raras, cobalto, níquel, manganeso, grafito natural, galio, germanio, niobio, tantalio, vanadio, titanio, tungsteno, berilio y los elementos del grupo del platino. La lista se actualizará cada tres años con dictamen técnico del SEGEMAR.

El proyecto también impulsa un Plan de Agregado de Valor e Integración Nacional, obligatorio para acceder a beneficios estatales. Los titulares de proyectos deberán comprometer procesamiento local, participación creciente de proveedores nacionales, empleo y formación, actividades de I+D+i y transferencia tecnológica.

En materia de transparencia y control, se crea un Sistema Nacional de Trazabilidad que registrará el recorrido de los minerales desde su extracción hasta su comercialización, y un Registro Nacional de Proyectos con información pública sobre titulares, etapas y compromisos asumidos.

La iniciativa incorpora además un componente científico-tecnológico robusto: un Programa Nacional de Investigación y Desarrollo, una planta piloto de separación de tierras raras y un laboratorio nacional de referencia, junto con becas y formación profesional en geología, metalurgia y química de materiales.

Finalmente, se crea el Fondo Argentino para el Desarrollo de los Minerales Estratégicos (FADEME), financiado con el 20% de los derechos de exportación del sector, destinado a conocimiento geológico, I+D, industrialización, proveedores y formación de recursos humanos.

Se trata de un nuevo indicio de la creciente temperatura del conflicto social. No fue la primera medida de fuerza (hubo otras recientes en Cañuelas, Bahía Blanca e Ituzaingó) ni la última, porque se anuncian otras.

El dirigente del sector Hernán Doval anunció allí, en el marco de una improvisada conferencia de prensa, “un plan de lucha incremental, de menos a más. Nos preparamos para un conflicto largo”, algo que podría asociarse al concepto de paciencia estratégica.

El reclamo central es de carácter salarial: se trata de uno de los sectores que más salario perdió con Milei. Pero existe también otra cuenta pendiente, que viene de las gestiones de Scioli y Vidal.

El Concejo del Empleo Municipal es una figura creada por la ley 14656, que data de 2014 y fue impulsada por el actual secretario general de la Fesimubo, Hernán Doval, cuando era diputado por la tercera sección.

En ese espacio, tripartito y vinculante, deberían discutirse cuestiones como los pases a planta y el tope al uso de figuras precarias como el monotributo o los convenios con cooperativas, que desfinancian al IOMA y al IPS en un contexto extremadamente complejo.

El gobierno provincial, por medio del ministro Correa, viene postergando la convocatoria, a la que se comprometió en público Kicillof, ahora para marzo de 2027. Como marzo suele ser un mes picante en materia de paritarias, la convocatoria no goza de la mayor credibilidad.

El motivo de la demora, sostienen desde el sector municipal, tiene que ver con la presión de otros gremios que no alcanzan el piso de representación exigido por la norma, pero igual quieren integrarlo. El dato de la autoría de la ley no es menor: difícilmente algún funcionario pueda discutirle a Doval el espíritu de la letra y lo que implica el piso de representación.

Frente a esta situación, la federación mayoritaria ofreció “salir por arriba”, esto es, que se sumen como oyentes. Pero, a juzgar por las demoras, no parece satisfactoria. Sin embargo, si el plan de lucha municipal sigue escalando, es probable que sus bases reclamen a otros sindicatos de empleados públicos una conducta similar.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, cuestionó este miércoles a la fiscal Susana Pernas por su actuación en el caso Chocobar, y adelantó que no acompañará su pliego, pese a haber sido enviado por el Gobierno.

La exministra de Seguridad, quien estaba al frente de esa cartera cuando Luis Chocobar -entonces integrante de la policía local de Avellaneda- baleó por la espalda a uno de los ladrones que apuñaló a un turista estadounidense en La Boca, mantuvo un intercambio con la postulante durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos.

Pernas asistió a defender su candidatura, propuesta por el Poder Ejecutivo, a un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal (Fiscalía N°2), desde donde en mayo de 2021 pidió tres años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer su cargo para Chocobar, al considerar que había cometido un “homicidio agravado” por haber sido con un arma de fuego “en exceso del cumplimiento del deber”.

Finalmente, en la condena se le bajaron un año ambas penas, pero tres años después, en mayo de 2024, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó la condena, por contradicciones en los fundamentos de los jueces, y ordenó la realización de un nuevo juicio oral.

Al intervenir este miércoles en la comisión, Bullrich cuestionó que Pernas haya solicitado una pena de tres años para Chocobar y puso en discusión cuál debe ser el rol de la Justicia frente a un efectivo que interviene ante un delito. “Yo pregunto: en la Argentina, frente a un delincuente que estaba cometiendo un delito, le dan una pena a Chocobar, le manchan su carrera cuando él había actuado. Mi pregunta es: usted, como fiscal de menores, que le tocó el delincuente, casi asesino, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción?”, planteó.

En esa línea, la senadora advirtió sobre “el mensaje que este tipo de decisiones puede transmitir a quienes integran las fuerzas de seguridad” y continuó: “¿Qué hacen todos los policías del país cuando ven que alguien que dispara es acusado? ¿Quién va a defender a la sociedad cuando una fiscal insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena?”.

Y llevó el planteo directamente a la postulante: “Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera? ¿Los ciudadanos van a estar indefensos frente a esta situación?”.

Finalmente, Bullrich sostuvo que “es necesario” modificar el criterio con el que se evalúa el accionar de los efectivos cuando “cumplen correctamente con su función”. “Los jueces y los fiscales hablan por sus acciones y por sus fallos. En Argentina, en muchos casos ha habido policías que por el accionar correcto han sido juzgados. Esta doctrina tiene que cambiar, porque si no la Policía nunca va a tener la seguridad del respaldo”, aseveró.

Pernas le aclaró a Bullrich que la causa llegó a menores, cuando Chocobar tenía que ser juzgado por mayores porque era una causa independiente, pero la Cámara decidió que ellos lleven a cabo la investigación.

“No tengo ningún problema con las distintas fuerzas de seguridad y en esta causa puntualmente no pedimos más pena, mi obligación como fiscal era sostener la pena que estaba prevista”, se defendió y agregó: “No fuimos a buscar más pena, pero hubo un exceso en sus funciones porque no puede tirar directamente a la persona, pero no determiné que era un caso de ‘gatillo fácil’ y no fue una actitud personal hacia un funcionario policial”.

"Me parece totalmente injusto que se me haga reproche de una causa que está en tramite, pero es la función que me toca tomar", remarcó e insistió en que vean la causa y recalcó que "hubo un exceso".

VOY A VOTAR EN CONTRA DEL NUEVO NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL SUSANA PERNAS

Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez.

Ellos están… pic.twitter.com/0O8ItjePp2

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2026

Con motivo del deceso la semana pasada del presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto, la reunión de la misma arrancó este miércoles con un minuto de silencio en memoria del senador riojano, pedido por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich: "En honor a su compromiso, a su memoria, a su sapiencia, al amor que tenía por su provincia de La Rioja”.

Si bien estaba previsto que quedara al frente de la comisión la senadora neuquina Nadia Márquez, eso no pudo suceder este miércoles dado que no había quórum. Así las cosas, la reunión fue conducida por el misionero Carlos Arce, vocal de dicha comisión, ya que tampoco estaban presentes Maximiliano Abad, vicepresidente de la comisión, ni Sandra Mendoza, secretaria. En tanto que la asunción de la senadora karinista quedará para una próxima reunión.

Homenaje a Juan Carlos Pagotto- Foto: Comunicación Senado

En el marco de la reunión, el candidato Santiago Bahamondes para asumir como defensor público de víctima con asiento en la Provincia de Mendoza, expresó: “Es un cargo que se estrena en la provincia de Mendoza que es el defensor de víctima. Es un cargo que se creó hace mucho tiempo, pero recién ahora se están produciendo los nombramientos. Es un cargo donde hay mucho por hacer, hay que empezar de cero, hay muchos estándares por fijar. Va a ser un honor ser el primer defensor y poder llevar adelante esa tarea”.

Bahamondes sostuvo que tras 19 años trabajando en la Fiscalía Nacional y 15 años en la Defensoría General de la Nación “condensan las dos funciones principales de un defensor de la víctima que va a acompañar a personas que sufrieron la comisión de un delito”, y explicó que “uno se transforma en un fiscal, pero a la vez defensor porque le garantiza el acceso a la justicia y acompaña a personas que sufrieron un conflicto penal”.

A su turno, el postulante que solicita acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 18, Eduardo Miguel Rocchi, explicó que “el concurso es un proceso largo y arduo que tiene distintas etapas que demandan constancia. Esto es un gran logro en la carrera judicial”.

“Siento un gran orgullo por estar acá, en esta Cámara. El camino para llegar a esta instancia es un gran logro dentro de la carrera judicial”, afirmó. Además, señaló que siempre trabajó en el Ministerio Público Fiscal y que pasó allí “por todos los escalafones”.

Conocida por el caso Chocobar, la candidata a renovar su nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, Fiscalía N° 2, Susana Marta Pernas, se presentó ante la comisión para respaldar su pliego, el cual Bullrich adelantó que no acompañará.

“Lo mío es un pedido avalado por el Procurador y mis colegas de continuar con esta función. Es una renovación del cargo que tengo que ejerzo hace muchos años desde el 2002. Este es un fuero que recobró importancia”.

Susana Pernas/ Foto: Comunicación Senado

Así, destacó la sanción del Régimen Penal Juvenil y comparó: “Cuando empecé fui pasando por distintos paradigmas y casos en los que realmente la justicia de menores no fue sencilla estar. Es un fuero que no se le presta la atención que tiene, pero es el inicio de la vida de un joven que no está bien atendido, contenido. Ahora se van a trabajar con medidas restaurativas, va a ser después el inicio de una carrera delictiva. Si un joven está en conflicto con la ley puede ser recuperado como tenemos muchos casos o puede ser un reiterante”.

“Me interesó el fuero de menores desde que comencé como aspirante. Somos tres fiscalías de menores, pero las causas que tenemos son muchísimas, hay alrededor de 2 mil causas por cada tribunal. No solamente tenemos menores que delinquen, sino mayores que roban con menores. Todo eso posterga el tratamiento del menor. Con esta nueva ley va a haber una inmediatez y medidas restaurativas de las cuales siempre pensé que son importantes”, plasmó.

Pernas cerró destacando la importancia de “poder trabajar y que la justicia de menores sea la que todos queremos. Mi interés es poder seguir con esta tarea y que se pueda dar respuesta necesaria, tanto a la víctima como la imputado, con un tratamiento adecuado y que la respuesta sea inmediata”.

En su intervención, Gustavo Amelotti quien solicita acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 38, contó que ingresó en 1997 al sistema judicial donde en dicha fiscalía se desempeñó en todos los cargos y remarcó que “conozco todas las urgencias y necesidades de una dependencia como la que estoy aspirando”.

El candidato Sebastián Eduardo Martínez para asumir el cargo de fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 11, hizo un repaso de su carrera y definió a la justicia como “el lugar ideal para poder aportar mi granito de arena para mejorar la sociedad en la que vivimos. Tiene una labor social, empático, que tiene una carga fuerte porque es tratar con víctimas e imputados”.

En su presentación, Fernando Gabriel D'Alessandro quien solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala E, sostuvo que “nosotros somos servidores públicos y como tales estamos prestando este servicio para la comunidad en general”. Asimismo, expresó: “Estaría muy honrado si el Senado me presta el acuerdo para cubrir el cargo para el cual me postulo”.

En tanto, el postulante que solicita acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 53, al Dr. Facundo Jesús Soriano agradeció a los senadores presentes y repasó su trayectoria en el escalafón judicial. Durante su exposición, destacó su vocación por la función judicial y afirmó: “La Justicia es el lugar para aportar mi granito de arena para mejorar la vida de la sociedad”.

También expusieron Gabriel Esteban Páramos como fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 60; Alejandra Leonor Pérez como fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 55; María Noel Fernández Rivera como fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 49; Fernando Gabriel D'Alessandro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala E; Daniela Romina Part como fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 45; Arlindo Otto Kurtz como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, Provincia de Misiones, Fiscalía N° 2.

El Senado bonaerense sancionó una iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados que establece pautas para el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos en las aulas del nivel secundario, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada.

La propuesta, impulsada por el diputado Martín Rozas, presidente del bloque Unión y Libertad, establece límites al uso de los dispositivos durante las actividades escolares y promover un uso responsable de la tecnología.

La iniciativa, impulsada por el legislador libertario dialoguista, Martín Rozas, establece que los dispositivos no deberán utilizarse durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente con fines pedagógicos.

El proyecto tiene como objetivo promover el uso seguro y responsable de celulares y pantallas tecnológicas en las aulas y toma como referencia la Ley 15.534, que regula esta cuestión en el nivel primario. Una vez convertido en ley, el proyecto ahora necesita ser publicado en el Boletín oficial bonaerense para su implementación.

De acuerdo con el texto sancionado, los alumnos y alumnas del nivel secundario deberán hacer un uso responsable de las pantallas y utilizarlas únicamente cuando sea necesario para cumplir con objetivos pedagógicos.

La definición de "uso responsable" incluida en la iniciativa contempla, precisamente, la no utilización de estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo las excepciones vinculadas con la actividad escolar.

La propuesta establece además que la Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo bonaerense.

La Autoridad de Aplicación deberá elaborar instrucciones, protocolos específicos, recomendaciones y otras medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y de su posterior reglamentación.

“La provincia de Buenos Aires se encuentra en un punto de inflexión, donde la necesidad de regular el uso de celulares se entrecruza con las demandas de una sociedad cada vez más conectada”, había señalado Rozas al fundamentar la iniciativa.

En ese sentido, la ley regulará los efectos que el uso excesivo de los teléfonos puede generar en la atención y la concentración de los estudiantes, además de señalar riesgos vinculados al ciberbullying, la difusión de rumores y la exposición a contenidos violentos.

La normativa plantea que la tecnología pueda incorporarse a las actividades pedagógicas cuando exista una finalidad educativa, al tiempo que apunta a recuperar el aula como un espacio de interacción y socialización.

La segunda reunión del plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional culminó en medio de otra escándalo. Sin el volumen de gritos de la semana pasada, el diputado nacional Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) reivindicó a la última dictadura cívico-militar y Germán Martínez (presidente de bloque de Unión por la Patria) lo cruzó: “Es para cagarlo a trompadas”.

“Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy hemos mencionado acá y es hora de poner verdad sobre tanta mentira”, comenzó el diputado entrerriano, quien se hizo cargo de los dichos de Aldo Leiva, quien recordó la organización de viajes de diputados nacionales de La Libertad Avanza a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Sin el micrófono, el presidente del bloque peronista le contestó: “Nadie te aludió, vos fuiste a visitar a genocidas”. El libertario contestó: “No tengo inconvenientes…”. Germán Martínez se iba del Anexo C, y Benedit agregó: “No se vaya Martínez, no teatralice”. El diputado santafesino seguía gritando por fuera de micrófono.

Una vez que Germán Martínez dejó de interrumpir al entrerriano, el propio Benedit agregó: “Se ha instalado la palabra genocidio y hasta donde yo sé no hay ningún ciudadano condenado por genocidio”. Luego, siguió: “Hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante el señor Mario Santuccio -líder del ERP, asesinado el 19 de julio de 1976- que para perpetuarse en el poder dijo que iban a matar a un millón de argentinos”.

Los gritos se volvían a apoderar de la sala del Anexo C, y el propio Carlos Zapata intentó que Benedit concluyera su exposición, sobre todo, porque intuía que lo siguiera comentando iba a calentar el ambiente. De forma directa, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional le dejó en claro que el temario solo incluye a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Lejos de frenar, Beltrán Benedit explicó que la visita a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fue por “una costumbre de fe”. Dentro de cuestión, alegó que los viajes a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza fue una enmienda religiosa como “visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados”.

Con la sala vacía, Germán Martínez le recordó a Beltrán Benedit que uno de los valores de la Iglesia Católica es “la santa sepultura”, en alusión a la desaparición sistemática de personas durante el período 1976 – 1983. Para cerrar, lo llamó “pelotudo” y casi saliendo de la sala gritó: “Es para cagarlo a trompadas”. Benedit también contestaba y el santafesino cerró: “Anda a visitar a Astiz”.

El Senado bonaerense sancionó una modificación a la Ley 13.459 que amplía el régimen de licencias para el personal de los tres poderes del Estado ante el fallecimiento de la persona gestante durante el parto o posteriormente.

El proyecto impulsado por la diputada Lucía Iañez modifica la Ley 13.459 y establece hasta 45 días de licencia con goce de haberes para el corresponsable parental no gestante que quede a cargo del recién nacido.

La reforma establece que el corresponsable parental no gestante podrá acceder a una licencia de hasta 45 días corridos, con goce de haberes, para la atención del hijo recién nacido.

El beneficio deberá solicitarse dentro de los diez días de ocurrido el fallecimiento.

La iniciativa presentada por la diputada de Unión por la Patria, reemplaza la redacción vigente de la norma, que hacía referencia al “personal masculino” y contemplaba el supuesto de fallecimiento de la madre.

A partir de ahora la ley incorporará la figura del “corresponsable parental no gestante”, sin distinción de género, y se actualiza el alcance de la legislación para contemplar las distintas conformaciones familiares.

El diputado nacional Aldo Leiva (Unión por la Patria) cargó contra la Corte Suprema, a raíz de su polémico fallo por el cual revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta mediante el DNU 70/23, al sostener que el CECIM La Plata -centro de excombatientes de Malvinas- no tiene "legitimidad procesal" para impulsar tal demanda.

Durante el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno, que ya ha despertado numerosas críticas, el exveterano de Malvinas resaltó: "Estamos dispuestos claramente a debatir punto por punto la cuestión Malvinas. ¿Podemos tener diferencias? Sí. Ahora, ¿esas diferencias impiden que discutamos? No. ¿Qué votemos a favor o en contra de un artículo significa que seamos más o menos argentinos? No. No nos pueden intentar llevar de las narices para hacernos creer a los argentinos que el que vota en contra de este proyecto está en contra de la recuperación de Malvinas".

Y, a continuación se dirigió a los diputados del oficialismo. "No los escuché a ninguno de ustedes respecto al fallo de la Corte. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes, políticamente", expresó, mientras era interrumpido por los libertarios Andrés Laumann y Jairo Guzmán, protagonista de la contienda con Juan Grabois la reunión pasada, y a los que el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, amonestó varias veces.

El chaqueño apuntó entonces que se trata de "una Corte ilegítima, compuesta por tres miembros, y dos que fueron designados por decreto" originalmente. En esa línea, señaló que los jueces de esa Corte "nos vienen a decir que el CECIM La Plata no tiene legitimidad para representarnos colectivamente".

"Me gustaría que ustedes se expresen y digan 'hermano, ¿cómo no van a tener legitimidad aquellos que con 19 años fueron a defender la Patria?", desafió a LLA y enfatizó: "¿Cómo no van a tener legitimidad aquellos que representan a los 649 muertos en Malvinas, que son los verdaderos héroes? ¡No le falten el respeto a la juventud, no le falten el respeto al pueblo argentino, porque efectivamente si tienen sangre en las venas deben ponerse en favor de aquellos legítimos demandantes!".

Finalmente, Leiva lanzó: "Me duele muchísimo tener tantos cipayos que hablan de la Patria y nunca levantan la mano para defenderla".

La iniciativa del senador de Hechos Marcelo Leguizamón establece la obligación de garantizar el suministro continuo de Gas Natural Comprimido (GNC) a vehículos afectados a servicios esenciales y propone crear carriles preferenciales de acceso y carga rápida en las estaciones de servicio.

La medida aprobada en la cuarta sesión ordinaria incluye, entre los vehículos alcanzados, a las ambulancias públicas y privadas, los transportes de bomberos estatales y voluntarios, los patrulleros de las fuerzas de seguridad provinciales, los transportes escolares registrados, los colectivos del servicio público de pasajeros, los taxis y remises habilitados.

La norma contempla la identificación mediante obleas oficiales y fija un plazo de 90 días desde la reglamentación para que las estaciones implementen los carriles y la señalización correspondiente.

Al fundamentar la propuesta, Leguizamón sostuvo que el objetivo es proteger la vida, la salud y la seguridad de los bonaerenses "del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”.

Con la presencia de los embajadores de ambos países, los Grupos Parlamentarios de Amistad con Portugal -del Congreso argentino- y el de Argentina -de la Asamblea de Portugal- mantuvieron un intercambio diplomático mediante una videoconferencia.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, bajo la conducción de la diputada libertaria Maura Gruber, presidenta del GPA con el país europeo.

"Integrar un grupo de amistad no es solo algo protocolar, sino una decisión política. Compartimos historia, cultura, fe y sobre todo la apreciación por el trabajo", expresó la oficialista.

Asimismo, aseguró que el GPA "busca trabajar sobre la libertad, mejorar la matriz productiva, la obtención de oportunidades para los estudiantes de nuestras naciones, y el comercio".

A su turno, el embajador de la República Portuguesa en Argentina, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes, sostuvo que "la alineación cultural es enorme, hay comunión, valores y principios que nos acercan mucho". En relación al trabajo diplomático, abogó: "Espero que constituyamos este grupo basándonos en el diálogo y la proximidad".

En esa línea, Gruber dijo que el GPA "debe ser una mesa de diálogo permanente, con agenda, y sobre todo resultados". Por su parte, su par Cecilia Ibáñez llamó a "establecer un marco efectivo de intercambio y cooperación".

Por su parte, el embajador argentino en Portugal, Federico Barttfeld, apuntó: "La agenda es cada vez más compartida, con valores y principios como la democracia y las libertades elementales. Hemos avanzado rápidamente en los últimos años en derechos concretos, además de convenios como un vuelo directo entre ambos países y el libre comercio".

"El acuerdo Mercosur- Unión Europea le da un empujón muy grande a nuestra relación, esperamos que sea un trampolín para la exportación de productos agroindustriales, entre otros objetivos concretos", destacó.

La diputada portuguesa Rita Matías, presidenta del GPA con Argentina, manifestó: "Tenemos muchas áreas en las cuales podemos trabajar, con la capacidad de acercar los países a través de las personas, con relaciones de confianza. Esperamos acompañar toda la transformación política y cultural que están atravesando".

En el encuentro diplomático participaron además desde la delegación portuguesa, André Rijo, Irene Costa, Rui Rocha Pereira y Paulo Edson Cunha.

Por parte de la delegación argentina, estuvo presente también el diputado de Unión por la Patria Marcelo Mango; y Luciana Términe, directora General de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados.

La diputada nacional Vanesa Siley (Unión por la Patria) reclamó por la soberanía nacional y, puntualmente, sobre las Islas Malvinas, al exponer en un encuentro internacional sobre justicia, litigancia climática y derechos humanos, realizado en el Vaticano.

"Lo que está en juego para nosotros es la soberanía nacional, porque hace 193 años seguimos reclamando la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur de la República Argentina", expresó en su intervención durante la jornada organizada por el Instituto Fray Bartolomé de las Casas, rama académica del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Teoría Franciscana.

Al referirse a los desafíos que plantea la Opinión Consultiva 32, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la legisladora señaló que "el control de constitucionalidad y de convencionalidad también debe servir para impedir retrocesos que habiliten la expoliación y extranjerización de nuestros recursos, vulneren la soberanía nacional o permitan proscripciones en los sistemas democráticos".

"La justicia ambiental no puede ser formal ni abstracta. Está ligada a la justicia social, la democracia y la soberanía", sostuvo y señaló que "los principios de no regresividad, legitimidad amplia, y tener en cuenta la interseccionalidad" se vinculan "en países del sur global, con la característica de acreedores ambientales que tenemos en el mundo", mientras que "los países del norte global son nuestros acreedores financieros".

En su alocución, en la que hizo referencia a la Ley de Tierras, Siley agregó que "toda sentencia judicial que permita la extranjerización de nuestros recursos naturales será una sentencia judicial contraria a la Opinión Consultiva 32", el pronunciamiento jurídico de la CIDH sobre emergencia climática y derechos humanos.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) celebró el avance de una ley contra el vandalismo rural y expresó que "es fundamental para modernizar la protección de los productores".

Luego del dictamen que se firmó en un plenario de comisiones, el cordobés que responde al gobernador Martín Llaryora destacó la iniciativa que prevé penas de prisión contra la intrusión y los daños provocados sobre establecimientos, producciones e infraestructura agropecuarias.

Secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el legislador valoró "haber logrado un avance racional y, en lugar de buscar una reforma profunda -difícil de consensuar-, modificar los artículos necesarios para modernizar la protección hacia los productores".

En referencia al dictamen promovido por el oficialismo y bloques dialoguistas, Gutiérrez explicó que "los artículos 150 bis y 184 bis que se incorporan son un aporte fundamental para establecer una precisión respecto del delito rural, que no está claramente tipificado en el Código Penal vigente".

"La realidad actual -continuó- muestra que la sola existencia de un alambrado o una tranquera son insuficientes para frenar el avance del vandalismo, un verdadero dolor de cabeza para los productores".

El diputado consideró "muy importante" la firma del dictamen, pero también reclamó que "la Comisión de Agricultura se ponga en movimiento, porque detrás de este tema también están la Ley de Biocombustibles, la Ley de Semillas y la eliminación de las retenciones al campo".

"Es bueno que se promueva el desarrollo de Vaca Muerta con el RIGI, pero también es bueno que los proyectos que impulsan la 'Vaca Viva' tengan tratamiento en el Congreso", concluyó.

Al comenzar la cuarta sesión ordinaria del año, el senado aprobó la licencia extraordinaria de Guillermo Montenegro, quien regresará a la intendencia de General Pueyrredón. En su reemplazo asumió María Luján Fiego, de La Libertad Avanza.

Con la incorporación de la senadora de Tandil, el bloque libertario pasó a contar con 11 integrantes, mientras que el PRO quedó con cuatro bancas.

Montenegro volverá a ejercer plenamente sus funciones al frente del municipio marplatense, tras permanecer diez meses alejado de la intendencia, cargo para el que había sido elegido por el voto popular mientras deja en suspenso su actividad legislativa en la Cámara alta provincial.

La modificación de la composición de la Cámara se produjo en medio de las críticas de distintos sectores a la decisión del dirigente marplatense de retornar al municipio.

Entre ellas se expresó la senadora de Fuerza Patria y vicepresidenta del bloque, Fernanda Raverta, quien difundió una carta abierta dirigida a los vecinos de Mar del Plata y Batán.

“Hay un fracaso, pero Montenegro no es ajeno. Es la continuidad de su propia gestión”, sostuvo la legisladora al cuestionar la explicación sobre la situación que atraviesa el municipio.

La ex titular de la ANSES también vinculó los cambios con las definiciones políticas que comienzan a darse de cara al próximo año “esa gran ensalada que conforman el PRO, la UCR y La Libertad Avanza empieza a discutir quién arma el menú para el año que viene”, afirmó.

Por último, cuestionó que Montenegro haya decidido regresar a la intendencia después de haber solicitado licencia y planteó que Mar del Plata “es demasiado importante para quedar atada a los planes personales de Montenegro”.

Casi 6 de cada 10 argentinos, el 58%, tomaron un préstamo, utilizaron crédito o financiaron gastos durante los últimos meses, de acuerdo con el nuevo informe de Pensar Argentina. El porcentaje asciende al 63% entre las mujeres y alcanza al 65% en los sectores de menores ingresos, en un escenario marcado por una creciente presión sobre las finanzas de los hogares.

La situación presenta diferencias según la actividad laboral. A partir de datos del INDEC, el informe señala que el 30% de los hogares vinculados al servicio doméstico debió recurrir a familiares o amigos para pedir dinero. Le siguen los trabajadores de hoteles y restaurantes, con el 25%, mientras que industria, comercio y enseñanza registran un 18% cada uno.

Pensar vincula esta mayor necesidad de recurrir a préstamos informales con la incidencia de la informalidad laboral y la inestabilidad de los ingresos. El fenómeno se desarrolla, además, en un contexto de deterioro del crédito familiar: la irregularidad bancaria de las familias llegó al 12,9% en julio de 2026, frente al 5,6% registrado un año antes.

En paralelo, el 54% de los consultados afirmó haberse atrasado o haber dejado de pagar alguna obligación por motivos económicos durante los últimos meses. El informe aclara que este indicador y la irregularidad bancaria miden fenómenos diferentes, por lo que el dato no permite afirmar que más de la mitad de los argentinos se encuentre en mora bancaria.

Los jóvenes aparecen entre los grupos más afectados. Entre quienes tienen crédito, el 37% de los deudores de entre 18 y 25 años y el mismo porcentaje de aquellos de 26 a 35 años registraban mora. La proporción disminuye progresivamente con la edad hasta alcanzar el 16% entre las personas mayores de 66 años.

También se observa una diferencia en el uso del financiamiento según el género. Mientras el promedio general se ubica en el 58%, entre las mujeres alcanza el 63%. Pensar señala que el resultado permite observar las restricciones económicas que atraviesan los hogares, aunque advierte que el dato, por sí solo, no permite concluir que las mujeres tengan un peor desempeño financiero.

El destino del crédito también refleja la presión sobre los gastos corrientes. El 26% de quienes recurrieron a financiamiento lo utilizó principalmente para comprar alimentos, mientras que el 21% lo destinó a cubrir gastos cotidianos del hogar y el 15% a pagar servicios, impuestos u otras obligaciones. Otro 14% utilizó el crédito para cancelar deudas anteriores.

La dificultad para cumplir con los pagos se profundiza entre los sectores de menores ingresos. Los atrasos declarados alcanzan al 72% en ese segmento, frente al 43% en los sectores medios y al 30% en los altos. Entre quienes se atrasaron o dejaron de pagar, los servicios concentran el 46% de las menciones, seguidos por las tarjetas de crédito, con el 36%, y los préstamos o deudas, con el 33%.

Mora Jozami, directora de Casa Tres, sostuvo que la mora puede convertirse en uno de los puntos donde la situación macroeconómica impacta directamente sobre la vida cotidiana. En ese sentido, planteó que la baja de la inflación no resulta suficiente cuando los ingresos no alcanzan, el consumo se restringe y los hogares deben recurrir al crédito para sostener gastos corrientes.

El deterioro se concentra especialmente en las modalidades de crédito destinadas al consumo. Los préstamos personales presentan una irregularidad del 16,7% y las tarjetas de crédito del 12,8%, mientras que los préstamos prendarios registran un 8,1% y los hipotecarios apenas un 1,6%. Aunque la mora temprana bajó del 6,6% en noviembre de 2025 al 4,4% en julio de 2026, la irregularidad bancaria de las familias permanecía en el máximo de la serie iniciada en 2010.

Frente a este escenario, Pensar plantea que la recuperación del crédito debería estar acompañada por ingresos sostenibles, mecanismos de prevención del sobreendeudamiento, mayor transparencia y herramientas de regularización. El desafío, según el informe, consiste en que la estabilización macroeconómica se traduzca en una mayor capacidad de pago de los hogares y permita que el crédito vuelva a funcionar como una herramienta para ampliar oportunidades, en lugar de convertirse en un recurso necesario para afrontar los gastos del mes.

Vicente López recibió por primera vez en su historia la distinción de Ciudad Americana del Deporte 2026, un reconocimiento otorgado por ACES América a aquellas ciudades que se destacan por sus políticas de promoción de la actividad física, el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y el trabajo conjunto con clubes e instituciones de la comunidad.

La obtención del galardón fue celebrada a través de la Semana Americana del Deporte, una propuesta que durante varios días reunió actividades recreativas, deportivas y culturales en distintos puntos del distrito y que tuvo su cierre en el Campo N°3 del Vial Costero de Olivos.

La jornada final congregó a vecinos, deportistas, entrenadores y representantes de entidades deportivas locales, en una muestra del entramado institucional que convirtió a Vicente López en una referencia regional en materia deportiva.

Durante el acto central, la intendenta Soledad Martínez destacó el papel de los clubes de barrio y de quienes representan al distrito en competencias nacionales e internacionales.

“Vicente López tiene un gran privilegio. Hay una red de clubes de barrio impresionante, algunos con una historia que trasciende a la propia ciudad. Tenemos deportistas que arrancan de chiquitos en esos clubes y que vuelven consagrados. Son deportistas de élite que ahora transmiten su experiencia a las nuevas generaciones”, señaló la jefa comunal.

Asimismo, remarcó que la distinción es el resultado de un trabajo colectivo. “Vicente López fue elegida Ciudad Americana del Deporte gracias al esfuerzo de todo un equipo. Convocamos a los deportistas, a los clubes y al sector privado. Nadie logra nada solo. Esta ciudad demuestra que cuando una comunidad trabaja unida puede alcanzar grandes objetivos”, afirmó.

La Semana Americana del Deporte se desarrolló en simultáneo con iniciativas similares impulsadas en cerca de 50 ciudades de 11 países de América, entre ellos Brasil, México y Costa Rica, fortaleciendo el intercambio de experiencias y la promoción de hábitos saludables a escala regional.

El cierre contó con la participación de destacados exponentes del deporte local, entre ellos la entrenadora de pádel Cecilia Reiter, integrante del cuerpo técnico que conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026; la remera Katia Baluzzo; y las gimnastas Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Rocío Saucedo, María Luz Navarro y Martina Begnes.

También tuvieron representación disciplinas como hockey, handball, BMX, atletismo, remo, tenis, gimnasia artística, natación, futsal, escalada, vela, pelota vasca y patín artístico, reflejando la diversidad y amplitud de la oferta deportiva del distrito.

Las actividades comenzaron en el skatepark del Vial Costero con exhibiciones de danzas urbanas, freestyle y deportes extremos, acompañadas por propuestas de BMX y patín. Más tarde se realizó el acto institucional, conducido por el periodista Toti Pasman, donde se proyectó un resumen de las actividades desarrolladas durante la semana y se reconoció a deportistas, clubes y entidades que contribuyen al crecimiento del deporte local.

El cierre artístico estuvo a cargo de Rayo AKA Big Buda, quien presentó la canción oficial de la Semana Americana del Deporte junto a Black Papa y un grupo de bailarines que desplegó una puesta en escena inspirada en los colores y símbolos del municipio.

Entre los atletas destacados durante la celebración también fueron reconocidos Guillermo Osorio (pelota vasca), Jazmín Della Vedova (futsal), Alejo Sutter (escalada), Martina Barbetto y Carolina Scarponi (atletismo), todos ellos medallistas de oro en los Juegos Suramericanos disputados en Santa Fe.

Con esta distinción internacional, Vicente López busca consolidar una política deportiva que combina infraestructura pública, apoyo a los clubes de barrio y acompañamiento a los atletas de alto rendimiento, posicionándose como una de las ciudades más activas del continente en la promoción del deporte y la vida saludable.

Después de varios años marcados por excedentes de producción y una fuerte corrección de precios, el mercado internacional del litio comienza a mostrar señales de un cambio de ciclo. Las proyecciones indican que la demanda avanzará a un ritmo superior al de la oferta durante la próxima década, configurando un escenario que podría favorecer especialmente a Argentina, uno de los principales actores del denominado Triángulo del Litio.

Así lo plantea el informe Mercado de Litio: panorama internacional y perspectivas productivas para Argentina, elaborado por la Secretaría de Minería, que destaca el posicionamiento estratégico del país frente a una transición energética global que sigue impulsando el consumo de minerales críticos.

De acuerdo con estimaciones de S&P Global, la demanda mundial de carbonato de litio equivalente (LCE) alcanzó en 2025 las 1,5 millones de toneladas, un crecimiento interanual de 26,8% respecto de los 1,2 millones registrados el año anterior. Para 2035, ese volumen escalaría hasta los 3,5 millones de toneladas.

El principal motor continúa siendo el mercado de vehículos eléctricos enchufables, que concentra más de la mitad de la demanda global. Sin embargo, los sistemas de almacenamiento de energía ganan protagonismo y ya representan casi una cuarta parte del consumo mundial, mientras que los vehículos comerciales eléctricos también amplían su participación. En conjunto, estos tres segmentos explican más del 84% de la demanda global de litio.

Las perspectivas apuntan a un mercado cada vez más ajustado. Según S&P, el actual superávit de producción, estimado en 171.000 toneladas para 2025, se transformará en un déficit de 23.000 toneladas hacia 2033. Dos años después, la brecha entre oferta y demanda podría ampliarse hasta las 154.000 toneladas.

El escenario de mayor crecimiento proyectado por la Agencia Internacional de Energía (IEA) incluso anticipa faltantes de suministro desde 2030, lo que refuerza las expectativas de una nueva etapa para el sector.

La evolución reciente de los precios parece acompañar esa tendencia. Tras tocar mínimos de cinco años en junio de 2025, el litio mostró una recuperación y alcanzó en mayo de 2026 los USD 22.250 por tonelada, su valor más alto desde comienzos de 2024. En un contexto de oferta más ajustada, cualquier interrupción en la producción podría tener un impacto significativo sobre las cotizaciones.

Durante 2025, la producción nacional alcanzó las 120.000 toneladas de LCE, un salto del 62% respecto del año previo, impulsado por siete proyectos en operación. Los emprendimientos Fénix, Olaroz y Cauchari-Olaroz lideraron el crecimiento y consolidaron la expansión del sector.

Los rankings internacionales ya reflejan ese avance. Según S&P, Argentina se ubicó como el quinto productor mundial de litio de mina, con 138.000 toneladas, equivalentes al 8,2% de la oferta global. Además, alcanzó el tercer lugar en producción de compuestos químicos de litio, con una participación del 7,9%, detrás de China y Chile.

Las proyecciones oficiales son aún más ambiciosas: el país podría superar a Chile en 2029 y convertirse en el tercer productor global.

El país concentra cerca del 21% de los recursos mundiales de litio y alrededor del 12% de las reservas globales. A ello se suma el régimen de promoción minera y la reciente incorporación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca acelerar los desembolsos de capital en proyectos estratégicos.

Otro factor clave es la adopción de la Extracción Directa de Litio (DLE), una tecnología que promete mejorar la recuperación del mineral y reducir tiempos de producción respecto de los métodos tradicionales de evaporación.

El crecimiento productivo también se reflejó en el comercio exterior. Las exportaciones argentinas de litio superaron los USD 914 millones en 2025, un incremento de 42% interanual, mientras que los volúmenes embarcados crecieron 57% hasta las 113.000 toneladas de LCE.

El carbonato de litio concentró el 90% del valor exportado. Sin embargo, la composición de los destinos evidencia una dependencia marcada: China absorbió más del 81% de las ventas externas y Asia en su conjunto representó más del 87% de los envíos.

El informe advierte que esta concentración expone al sector argentino a eventuales cambios regulatorios o comerciales en el principal mercado consumidor.

La industria proyecta superar las 400.000 toneladas de producción anual en 2030 y alcanzar unas 573.000 toneladas hacia 2035. En paralelo, la capacidad instalada podría escalar desde las actuales 215.000 toneladas hasta más de 680.000 toneladas, multiplicando por 3,6 el nivel de 2025.

La cartera incluye 16 proyectos en estados avanzados de desarrollo y más de 40 iniciativas en exploración y prospección.

Para sostener ese crecimiento, el sector prevé inversiones acumuladas por USD 12.700 millones entre 2026 y 2030, con un pico superior a los USD 4.000 millones en 2027. Bajo un escenario de precios de USD 20.000 por tonelada, las exportaciones argentinas de litio podrían alcanzar los USD 11.400 millones anuales en 2035.

Con una demanda global en expansión y riesgos crecientes de escasez de oferta, el desafío para Argentina será transformar su potencial geológico en producción efectiva. La concreción de inversiones, el desarrollo de infraestructura y la estabilidad macroeconómica aparecen como las condiciones decisivas para que el país capitalice una oportunidad que el mercado mundial vuelve a poner sobre la mesa.

Un plenario de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG's, que presiden los diputados Pablo Farías (Provincias Unidas) y Aldo Leiva (Unión por la Patria), respectivamente, emitieron dictamen favorable sobre un proyecto que permite a las cooperativas acceder al certificado MiPyME.

Al comienzo de la reunión, Farías destacó: "Pudimos unificar un dictamen sobre certificado MiPyMEs para las cooperativas, a partir de los cuatro proyectos que estaban en vigencia en la comisión".

El dictamen establece una modificación a la Ley 24.467, destinado a la inclusión y simplificación del acceso de las cooperativas al régimen MiPyME.

Autora de uno de los proyectos, la cordobesa Carolina Basualdo (PU) manifestó que "a las cooperativas las tenemos que entender como empresas sociales", por lo cual -aseveró- "este certificado viene a convalidar el gran trabajo que hacen".

Luego, la misionera Yamila Ruiz (AF), autora de otra de las iniciativas, explicó: "Se trata de una modificación muy grande, porque jerarquiza a las cooperativas y le permite acceder a este certificado MiPyME, y con ello obtener todos los beneficios financieros, fiscales y administrativos que esto implica".

Desde el bloque de Unión por la Patria, Florencia Carignano valoró: “Nos pusimos de acuerdo varios bloques para fortalecer una entidad como es el cooperativismo".

En tanto, la diputada Verónica Razzini (LLA) celebró este encuentro al señalar que, en este caso, "la política no es una traba y ayuda a transformar para seguir adelante y hacer crecer a nuestro país".

Al tomar la palabra los invitados, Federico Pablo Ferrero (CONAICE) agradeció a todos los bloques y dijo que "eliminar esta traba permite el crecimiento y desarrollo de las cooperativas".

Por su parte, Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, expresó: "Quiero agradecer y felicitar, porque ante la demanda de un sector, en la casa de las leyes, se lograron los consensos para darle a las cooperativas la posibilidad de acceder a algo tan natural y normal".

Durante el plenario, además, estuvieron presentes representantes de distintas cooperativas como Cooperar, Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos y Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina.

Más tarde, la Comisión de PyMEs avanzó con proyectos de resolución y declaración, entre ellos: declarar de interés de la Cámara de Diputados la lata de cerveza artesanal "Veterano de Martelli", creada por la PyME Cervecera Jabalina, en homenaje a los veteranos de Malvinas; expresar beneplácito por la jornada conmemorativa del Día Internacional de las PyMEs, el 25 de junio de 2026; y declarar de interés de la Cámara de Diputados la 5ta. edición de "Expo PyME fueguina", realizada el 20 de junio pasado en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

Las dos monoboyas que formarán parte de la terminal marítima del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) arribaron este lunes al puerto de San Antonio Este, en Río Negro, marcando un nuevo hito en una de las obras energéticas más importantes del país.

Fabricadas en Emiratos Árabes Unidos, las estructuras serán instaladas frente a las costas de Punta Colorada y constituirán el corazón del sistema offshore diseñado para despachar al mercado internacional la creciente producción de petróleo proveniente de Vaca Muerta.

Con una inversión estimada en unos 3.000 millones de dólares, el proyecto apunta a ampliar de manera sustancial la capacidad de transporte y exportación de crudo argentino. La futura terminal estará preparada para operar con buques VLCC (Very Large Crude Carrier), considerados los petroleros de mayor porte del mundo, capaces de transportar hasta dos millones de barriles de petróleo por viaje.

De acuerdo con el consorcio a cargo de la iniciativa, las estructuras llegadas a Río Negro corresponden a monoboyas del tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring), una tecnología ampliamente utilizada en terminales offshore para permitir que los buques se amarren y carguen petróleo en alta mar sin la necesidad de contar con un muelle convencional.

El diseño de la terminal prevé que ambas monoboyas sean emplazadas a unos siete kilómetros de la costa de Punta Colorada. Desde allí estarán conectadas al sistema de transporte mediante ductos submarinos y equipamiento especializado para el control y monitoreo de las operaciones.

Cada unidad será asegurada al lecho marino mediante seis anclas de alta capacidad. El esquema incluye además instalaciones submarinas PLEM (Pipeline End Manifold), que funcionarán como puntos de enlace entre el oleoducto y los sistemas de carga destinados a abastecer a los grandes buques exportadores.

La posibilidad de operar con embarcaciones VLCC constituye uno de los aspectos más relevantes del proyecto. Gracias a su enorme capacidad de carga, estos buques permiten reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del crudo argentino en los mercados internacionales.

"Las monoboyas son un componente estratégico de la infraestructura de exportación de VMOS. Su llegada a Río Negro marca un nuevo paso en la construcción de una solución logística de escala internacional que permitirá acompañar el crecimiento de la producción y potenciar las exportaciones energéticas del país", afirmó Gustavo Chaab, CEO de VMOS.

La obra conectará los principales yacimientos de Neuquén con la costa atlántica rionegrina y es impulsada por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

El objetivo es resolver uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el desarrollo del shale oil argentino: la capacidad de evacuación y salida al exterior de la producción.

Desde YPF proyectan que la expansión de la infraestructura de transporte y exportación asociada a Vaca Muerta podría generar ingresos por exportaciones cercanos a los 15.000 millones de dólares anuales hacia 2030, con potencial para superar posteriormente los 20.000 millones de dólares.

En ese contexto, la llegada de las monoboyas representa mucho más que una etapa logística. Se trata de una pieza determinante para poner en marcha la terminal marítima de Punta Colorada y consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales motores exportadores de energía de la Argentina.

El Municipio de Morón inauguró una escultura del papa Francisco en la plaza ubicada frente a la Catedral, en un acto encabezado por el intendente Lucas Ghi y realizado en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

La obra, emplazada en pleno centro de la ciudad, busca rendir homenaje al legado espiritual, social y humano del sumo pontífice argentino, cuyo mensaje continúa siendo una referencia para millones de personas en todo el mundo.

De la actividad participaron la jefa de Gabinete comunal, Estefanía Franco, y el vicario general del Obispado de Morón, padre Mariano del Río, quien estuvo a cargo de la bendición de la escultura.

El trabajo fue realizado por el artista Miguel Jerónimo Villalba y permanecerá en ese espacio público como un símbolo permanente de la figura de Francisco, recordando su compromiso con la solidaridad, la cultura del encuentro y la búsqueda del bien común.

Durante la ceremonia, Ghi destacó la vigencia de las enseñanzas del Papa y señaló que, en un contexto que demanda mayores niveles de diálogo y construcción colectiva, sus palabras mantienen plena actualidad. En ese sentido, recordó una de sus reflexiones: “El barro del trabajar por el bien común es un barro que dignifica. Háganlo con pasión”.

Con motivo del paso de los peregrinos rumbo a la Basílica de Luján, el gobierno local dispuso además un operativo especial para acompañar el desarrollo de la tradicional manifestación de fe. Entre la medianoche y las 18 horas se implementará un esquema de reordenamiento del tránsito en distintos puntos del distrito.

Asimismo, el Municipio instalará puestos de hidratación, servicios de atención sanitaria, baños químicos y dispositivos de asistencia a cargo de Defensa Civil y del SAME, con el objetivo de brindar apoyo y garantizar condiciones adecuadas para quienes participen de la peregrinación.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de un encuentro de reconocimiento a directoras y directores de escuelas del distrito, en una iniciativa impulsada por el Municipio para destacar la tarea que desarrollan diariamente al frente de las instituciones educativas.

La actividad, realizada en el restaurante Vivanco de Tigre centro, se enmarcó en una serie de acciones organizadas durante septiembre para poner en valor a los integrantes de la comunidad educativa, luego de las celebraciones por el Día del Maestro y el Día del Profesor.

Durante el evento, que reunió a autoridades locales y referentes de distintos establecimientos, Zamora resaltó la importancia del trabajo de los equipos directivos y señaló que cumplen un rol fundamental frente a los desafíos que atraviesa el sistema educativo.

"Fue un acto muy emotivo que pudimos brindarles a los directivos, que verdaderamente lo merecen. Queremos reconocer su labor entendiendo las dificultades que enfrentan a diario, desde una economía compleja hasta las problemáticas sociales y salariales que impactan en las escuelas. Su trabajo es enorme porque están permanentemente al servicio de la comunidad", expresó el jefe comunal.

En ese marco, el intendente remarcó además las políticas que impulsa la gestión local para fortalecer el área educativa. "Hoy tenemos 40 frentes de obra en distintos puntos del distrito. Eso refleja un Municipio activo, que proyecta el futuro y que entiende que las escuelas son una herramienta esencial para construir una comunidad más igualitaria, donde todos puedan acceder a sus derechos", sostuvo.

La jornada incluyó una merienda y espectáculos musicales a cargo de artistas locales. Además, los directivos tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y dialogar sobre las necesidades de cada institución con las autoridades municipales.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el compromiso de quienes conducen las escuelas y subrayó el impacto de su trabajo en la formación de niños, niñas y adolescentes.

"Queremos homenajear a los directivos de cada escuela de Tigre porque son quienes hacen de las instituciones espacios de contención y aprendizaje. Su tarea es indispensable para el crecimiento de la comunidad y para garantizar oportunidades a las nuevas generaciones", afirmó.

Asimismo, señaló que el Municipio continúa desarrollando programas y obras orientadas a fortalecer la educación en todas las localidades del partido. "Tenemos una gestión presente que trabaja para acompañar a las escuelas y mejorar sus condiciones en cada rincón de Tigre", agregó.

En Argentina, cada 28 de septiembre se conmemora el Día del Director de Escuela, una fecha que reconoce a quienes, además de su labor docente, tienen la responsabilidad de conducir los establecimientos educativos, coordinar equipos de trabajo y acompañar los procesos pedagógicos e institucionales.

Entre los asistentes al encuentro estuvo Patricia Portillo, directora de la EPA N° 702 de General Pacheco, quien agradeció el reconocimiento brindado por el Municipio. "Para nosotros es un mimo muy importante. Siempre sentimos el acompañamiento de la gestión de Julio Zamora y, en nuestro caso, como escuela de adultos, ese apoyo resulta fundamental", manifestó.

También participó Astrid Gómez, directora de la Escuela Primaria N° 41 de Benavídez, que valoró el respaldo de la comuna. "Saber que contamos con el acompañamiento del Municipio, especialmente en un momento tan delicado para las escuelas, es muy importante", concluyó.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de Diputados se encamina a avanzar con un proyecto para establecer penas por hechos de vandalismo rural, tema sobre el que hay dos iniciativas presentadas, de los diputados Martín Ardohain (Pro) y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria).

La temática ya fue abordada por ambas comisiones por separado, e incluso representantes de entidades agropecuarias asistieron a expresar su enfático respaldo. Ahora, será el turno de la reunión conjunta, que se desarrollará este martes desde las 14.30 en el segundo piso del Anexo "C".

El proyecto promovido por Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, propone la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establecería una pena de prisión de un mes a un año al que "entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo".

"Se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso", añade el texto, al tiempo que aclara que "no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública".

Además, plantea incorporar el artículo 184 bis al CP, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces "el valor del daño causado, el que, sin causar una situación de peligro común, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare" elementos que afecten "de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario". En ese sentido, se enumera cereales no cosechados, silobolsas, ganado, leña, etc.

"En idéntica pena incurrirá quien destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua", suma y añade que "la pena mínima se elevará al doble si el autor o quien hubiere determinado a otro a cometer el hecho fuere funcionario público o se dedicare habitualmente a la actividad agropecuaria".

Finalmente, se modifica el ya existente artículo 209 del Código Penal, que contempla actualmente pena de prisión de 2 a 6 años para el que públicamente instigare a la comisión de un delito y se incorpora que "la pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales".

En tanto, la iniciativa de Gutiérrez -representada en base a un proyecto que había perdido estado parlamentario-, prevé la incorporación de una definición legal de "peligro común" y de "estrago" en el artículo 77 del CP.

A su vez, busca incorporar el artículo 184 bis al CP para establecer penas de prisión de uno a cuatro años para el que "mediante destrucción, inutilización, vandalismo o cualquier otro medio idóneo de daño, afectare de manera relevante el normal funcionamiento o la continuidad de la actividad de un establecimiento rural, industrial o productivo".

El texto indica que la pena pasará de dos a seis años cuando "el hecho recayere sobre bienes, insumos o infraestructuras esenciales para el desarrollo de la actividad; fuere cometido por dos o más personas que actuaren de manera coordinada; u ocasionare un perjuicio económico de significativa magnitud.

Además, se prevé una modificación al artículo 186, con un incremento de las penas de prisión de seis a quince años para quien causare estrago doloso en un establecimiento rural, industrial o productivo; y una reformulación del estrago culposo en el artículo 189 del CP.

Con pocas reuniones a la vista, y casi todas concentradas en un día, la Cámara de Diputados arranca la primera semana de octubre con una agenda de comisiones entre las que se destaca la continuidad del debate sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un plenario para buscar dictamen sobre propuestas referidas al vandalismo rural y la citación de comisiones presididas por la oposición con diversos temas.

Según el ambicioso cronograma que se había propuesto días atrás el oficialismo, esta semana iba a marcar el arranque del debate del Presupuesto 2027. Sin embargo, la comisión homónima no fue citada, y se sabe que la discusión de la "ley de leyes" se postergará, a instancias de las negociaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

Tras el viaje a Francia, en el marco de la "Argentina week", a donde 12 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño acompañaron al presidente Javier Milei, desde el Ejecutivo nacional mostraron expectativa sobre un avance en las conversaciones referidas a la reforma electoral, tema que está entre las prioridades de Casa Rosada. Ambas cuestiones -cada una en una cámara diferente- irán atadas entre sí.

Lo cierto es que el clima en la Cámara de Diputados estalló la semana pasada a partir del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, y el estado pendiente en el que se encuentra el DNU 70/23. La oposición más dura ya solicitó una sesión con ese tema y los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar, cuestiones en las que hay propuestas tanto de la oposición como del oficialismo. La Libertad Avanza trabajará para salvar el megadecreto, ya que su rechazo implicaría su derogación -ya fue rechazado por el Senado- y, con ello, el retorno de numerosas normas.

Agenda de comisiones esta semana

El día martes fue citada a las 11 una reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG's, que intentará avanzar con un pedido del sector para la inclusión y simplificación del acceso de las cooperativas al régimen MiPyME; se trata de una modificación a la Ley 24.467. Será en el segundo piso del Anexo C. En tanto, una hora más tarde, la Comisión de PyMEs tratará proyectos de resolución y declaración, en la Sala 7.

Por su parte, a las 11, en la Sala 1 del Anexo, la Comisión de Economías y Desarrollo Regional tratará proyectos de resolución y declaración; al tiempo que recibirá a integrantes del Consejo de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal para abordar la temática "Situación actual y desafíos de la Agricultura Familiar en las economías regionales".

A las 14.30 habrá un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería, donde se buscará dictamen de un proyecto para castigar el vandalismo rural. Será en el segundo piso del Anexo C.

Una hora después, esa misma sala será escenario de una segunda reunión informativa para discutir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno. El comienzo del debate fue caliente, terminó abruptamente y desde la oposición hubo numerosas críticas a lo que se propone en el texto. Se trata de un plenario de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

Finalmente, a las 16, pero en el Salón Eva Perón del Senado, se reunirá la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, para abordar la Cuenta de Inversión 2024 (la primera de la era Milei) y la memoria de la AGN correspondiente a 2025.

En cuanto al jueves, fue citada la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG's para recibir a representantes de asociaciones civiles nucleadas a la Mesa de Coincidencia Malvinas (MECOMA). La preside el exveterano Aldo Leiva, de Unión por Patria. Será en la Sala 6 del Anexo.

Grupos Parlamentarios de Amistad

El martes a las 10 está programada una reunión del GPA con Portugal, en el Salón Blanco. Se realizará una videoconferencia con diputados portugueses y el embajador argentino en ese país, Federico Barttfeld. Además, estará presente el embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes.

En tanto, a las 15, en el Bajo Recinto, se conformará el GPA con Polonia, con la presencia del Encargado de Negocios a.i. de la embajada de Polonia, Jan Stanislaw Ciechanowski. Y, dos horas más tarde, en el mismo lugar, se constituirá el GPA con Argelia, bajo la presencia del embajador de ese país, S.E Lofti Sebouai.

Para el día miércoles, a las 15.30, en el Salón Delia Parodi, está prevista la conformación del GPA con Malasia, con la presencia de la Consejera de la Embajada de la Federación de Malasia Jarin Sijaya binti ABDUL HATHI.

Por último, el jueves a las 11, en el Salón Blanco, se pondrá en marcha el GPA con Bolivia, que contará con la participación del Consejero Iván Mauricio Rodríguez Leigue, a cargo de la embajada en Argentina.

El diputado nacional Juan Grabois fue procesado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires por la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón ocurrido el 7 de junio del 2025. El procesamiento fue firmado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes fueron nombrados hace poco tras la aprobación de su pliego en el Senado.

El titular del Frente Patria Grande se expresó en redes y calificó: “El nivel de ‘mafiosidad’ de la justicia argentina se confirma cada día. Te atrevés a decir lo que son: ¡coimeros y vendidos! y no tardan ni 24hs en tirarte un fallo”. Además, acusó que el fallo alega como agravante la ocupación de un cargo público, pero cuando ocurrieron los hecho todavía no había asumido su banca en la Cámara baja.

El nivel de mafiosidad de la justicia argentina se confirma cada día. Te atrevés a decir lo que son: ¡coimeros y vendidos! y no tardan ni 24hs en tirarte un fallo. Sí. Hoy sacaron un fallo en contra mía. Lo escribieron con los codos, a punto tal que alegan como agravante que ¡yo… pic.twitter.com/8npjD3WZuB

— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 1, 2026

“Si creen que nos van a callar una banda de ladrones con toga se equivocan. Vamos a seguir dando la batalla para defender a las verdaderas víctimas: el pueblo que sufre este modelo de miseria planificada vendepatria y que, casualmente, tiene a los jueces en el bolsillo para esa tarea”, expresó en un fuerte comunicado a través de X.

Además, aprovechó el comunicado y llamó a pedir por la caída del DNU 70/2023: “Orgullo por la lucha que estamos dando todos juntos. A concentrarnos en voltear el fallo que habilita el remate del país. Nos vemos el martes que viene 17 en Tribunales. El jueves 15 en el Congreso. El miedo se contagia, el coraje también”.

Los hechos en el Instituto Perón

La toma se produjo luego de que un grupo de exempleados, acompañado por dirigentes políticos, ingresara y ocupara las instalaciones del instituto situado sobre la calle Austria, en el barrio porteño de Recoleta. La protesta se realizó en rechazo al cierre del organismo, la desvinculación de sus trabajadores y la posibilidad de que el inmueble fuera puesto en venta.

Además de Grabois, participaron la legisladora Victoria Freire y la diputada nacional Natalia Zaracho. El grupo habría accedido al edificio desde “Un Café con Perón”, el bar ubicado junto al instituto, que mantiene una conexión interna con el inmueble mediante una puerta.

Luego de aproximadamente dos horas, efectivos de la Policía Federal y agentes de las fuerzas de seguridad de la Ciudad intervinieron para desalojar las instalaciones y liberar la esquina. En ese contexto, el dirigente fue arrestado tras registrarse empujones y forcejeos.

Tras la detención, la defensa de Grabois negó las imputaciones y argumentó que su presencia en el lugar respondía exclusivamente a su función como abogado de la cooperativa encargada de la administración del bar.

El juez, no obstante, desestimó esa explicación. Según su interpretación de los elementos reunidos en el expediente, las pruebas indican que el referente del Frente Patria Grande ingresó al inmueble, permaneció allí durante la ocupación y participó activamente de la medida.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Paralelamente, uno de los expedientes relacionados con el caso se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema, que desde noviembre del año pasado estudia un recurso presentado por la defensa de Grabois para evitar que la Justicia pueda acceder a la información contenida en el teléfono celular secuestrado durante su detención.

Tras una semana de trabajo en comisiones, el Senado bonaerense dejó el terreno preparado para lo que será la cuarta sesión ordinaria del período legislativo 2026, convocada para el próximo martes a las 16 horas.

El dato político más relevante de la semana pasó por la Comisión de salud pública, donde el oficialismo logró avanzar con las dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo.

El cuerpo legislativo le dio el visto bueno mayoritario a la creación del Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires (SIPBA) y, en paralelo, avanzó con el proyecto que busca concretar el Centro de Industria Farmacéutica bonaerense, una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM).

Por otra parte, otro de los avances que marcó la agenda estuvo en la reunión conjunta de las comisiones de Educación y Legislación General. Allí, fue aprobado por unanimidad el proyecto de la denominada "Ley Ema".

La iniciativa, impulsada por la legisladora Laura Clark y que ya contaba con el aval de Educación, busca establecer un programa provincial de prevención y abordaje Integral de la Violencia Digital en los ámbitos educativos. Con este dictamen, el texto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

En el plano laboral, la Comisión de trabajo y legislación social analizó un paquete de expedientes vinculados al empleo público.

Entre ellos, quedó en estudio un proyecto del senador Sergio Berni que propone crear un "Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos".

Por otro lado, se espera que el Senado aborde una serie de expedientes que llegan en revisión desde la Cámara de Diputados.

Entre ellos se destaca la ley que fija beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense, región que comprende a los distritos de Carmen de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y una porción de Saavedra.

A su vez, podría tratarse la iniciativa impulsada por la diputada Lucía Iañez, que plantea la sustitución del artículo 1 de la Ley 13.459.

La modificación busca garantizar la licencia para el personal masculino dependiente de los tres poderes del Estado por atención del hijo recién nacido, en caso de fallecimiento de la madre al momento del parto.

Finalmente, también proveniente de la Cámara baja, podría tratarse el proyecto de ley de la diputada Yamila Alonso que propone incorporar el "Capítulo VI" a la Ley 10.592, normativa que establece el Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad.

El cronograma de definiciones de cara a la cuarta sesión continuará a primera hora de la próxima semana. Según marca la agenda oficial, el lunes a las 12 del mediodía se reunirá la Comisión de Legislación General.

Finalmente estarán puestas las miradas de la oposición en labor parlamentaria, donde se definirá si acompañan en el recinto las iniciativas sanitarias del Ejecutivo o si logran incorporar al temario definitivo algunos de los expedientes de su propia autoría que vienen reclamando, como los vinculados a la educación socioemocional y otras reformas de fondo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó el aumento del riesgo país con la incertidumbre política vinculada al futuro electoral y aseguró que existe un sector que teme un regreso a las políticas económicas de anteriores administraciones.

Durante una exposición grabada para el 62° Coloquio de IDEA, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el indicador financiero, actualmente en torno a los 600 puntos básicos, se vio afectado tanto por factores externos como por cuestiones locales.

“Hubo una suba importante. Aproximadamente la mitad puede atribuirse al contexto internacional, que está impactando a todos los países con un shock externo bastante fuerte. Pero también hay una parte propia, relacionada con el temor de algunos a que Argentina vuelva al pasado”, sostuvo.

En ese sentido, Caputo consideró que la posibilidad de un cambio de rumbo económico genera incertidumbre en los mercados, aunque descartó que ese escenario pueda concretarse. “Pensar que se va a volver al pasado es una subestimación del pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar”, afirmó.

El ministro participó del encuentro empresario mediante una entrevista realizada con antelación, debido a que acompaña al presidente Javier Milei en Francia, donde ambos participan de la denominada “Argentina Week”.

Frente a los empresarios reunidos en IDEA, Caputo ratificó la continuidad del programa económico del Gobierno y adelantó que se profundizarán las reformas orientadas a mejorar la competitividad.

“Vamos a continuar de la misma manera. Hay muchas más reformas por venir”, aseguró. Entre las medidas mencionó una mayor reducción de impuestos y regulaciones, inversiones en infraestructura y acciones destinadas a disminuir el costo financiero para la producción y la inversión.

El funcionario también volvió a rechazar la posibilidad de una nueva devaluación significativa del peso. Según argumentó, una depreciación de la moneda impactaría de manera directa sobre el poder adquisitivo de la población. “La devaluación es solamente salarios más bajos para la gente”, sostuvo.

Al defender el rumbo económico de la administración de Milei, Caputo remarcó que Argentina cuenta con ventajas comparativas respecto de otros países de la región gracias a sus recursos naturales y al capital humano disponible.

“Este es el camino correcto. La Argentina tiene más recursos naturales y más capital humano que muchos de sus vecinos. Tenemos todo para convertirnos en un país espectacular”, afirmó.

Por otra parte, el ministro se refirió a una eventual reforma previsional y señaló que se trata de una discusión que quedará para una etapa posterior. Según explicó, cualquier modificación del sistema jubilatorio deberá contemplar las capacidades reales de financiamiento del Estado.

Caputo sostuvo que el debate previsional está atravesado por cambios demográficos y cuestionó las políticas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas. En ese marco, afirmó que la caída de la natalidad y la incorporación de beneficiarios sin aportes suficientes son factores que incrementaron la presión sobre el sistema jubilatorio.

“Es una reforma que habrá que hacer, pero será la última, porque primero hay que entender claramente cuáles son los recursos con los que cuenta el país”, concluyó.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aprovechó su exposición en el 62° Coloquio de IDEA para convertir el debate económico en una discusión de tono electoral. Ante los principales empresarios del país, sostuvo que los comicios del próximo año definirán si la Argentina consolida el rumbo impulsado por el presidente Javier Milei o vuelve a un esquema que asoció con el kirchnerismo y la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"Lo que se pone en juego es si avanzamos o retrocedemos", afirmó Santilli, al plantear una disyuntiva entre una economía orientada a la inversión, las exportaciones y la apertura, y otra caracterizada, según su visión, por mayores restricciones, controles y menor dinamismo productivo.

Durante su discurso, el funcionario reivindicó la transformación económica encarada por la administración libertaria y elogió el liderazgo de Milei. En ese sentido, aseguró que el Presidente "será recordado en los libros de historia" por haber sacado al país del "caos" y encaminarlo hacia una nueva etapa de crecimiento.

Frente al auditorio empresario reunido en Mar del Plata, Santilli insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar la continuidad de las políticas implementadas desde el inicio de la gestión. Como argumento, mencionó los niveles de producción y exportación registrados en distintos sectores de la economía y sostuvo que el desafío es preservar esas condiciones para sostener el crecimiento.

En ese marco, centró parte de sus cuestionamientos en Kicillof. Al referirse a las críticas del mandatario bonaerense al programa económico nacional, ironizó sobre su rol político y se preguntó si no termina siendo "el mejor jefe de campaña de Milei" cada vez que plantea revertir las medidas impulsadas por la Casa Rosada.

Según Santilli, un eventual regreso a las políticas del pasado implicaría volver a escenarios de brecha cambiaria, cepos, múltiples tipos de cambio y dificultades para exportar. "El Presidente está sentando las bases de un país que va a crecer de manera sostenida", sostuvo.

El balance 

El jefe de Gabinete también dedicó buena parte de su exposición a defender los resultados económicos y sociales alcanzados por la administración nacional. Destacó la desaceleración de la inflación y la reducción de los indicadores de pobreza e indigencia como las principales evidencias del cambio de rumbo.

"Falta mucho y el camino sigue siendo largo, pero el rumbo es claro", afirmó al repasar los indicadores que, según el Gobierno, reflejan una mejora respecto de la situación heredada.

Asimismo, buscó diferenciar la experiencia argentina de otros procesos de estabilización económica registrados en distintos países. Mientras que en algunos casos las correcciones macroeconómicas derivaron en períodos prolongados de estancamiento y pérdida de empleo, sostuvo que la Argentina logró combinar el equilibrio fiscal con crecimiento económico y estabilidad laboral.

En otro tramo de su intervención, Santilli apeló a una metáfora para describir la estrategia de desarrollo económico impulsada por la gestión de Milei. Comparó al país con un avión que durante décadas dependió exclusivamente del complejo agroindustrial para generar divisas.

"Antes teníamos una sola turbina. Ahora se encendieron otras tres", señaló.

Según explicó, además del campo y la agroindustria, el crecimiento de largo plazo estará impulsado por sectores como el petróleo y el gas, la minería y la economía del conocimiento, actividades que el Gobierno considera claves para atraer inversiones y aumentar las exportaciones.

Finalmente, el funcionario destacó distintas iniciativas promovidas por la administración nacional, entre ellas la reforma laboral, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los cambios vinculados a la Ley de Glaciares y los acuerdos comerciales que buscan ampliar la inserción internacional del país.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de la jornada "Otras Masculinidades son Posibles", realizada en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco, donde ratificó el compromiso del Municipio con las políticas de género y la prevención de las violencias.

La actividad fue impulsada por el Gobierno local con el propósito de generar espacios de reflexión y construcción colectiva orientados a promover nuevas formas de vinculación y convivencia, en el marco de las estrategias destinadas a erradicar las violencias por razones de género.

Durante su intervención, Zamora destacó el trabajo que el Municipio viene desarrollando desde hace más de una década en esta temática y advirtió sobre el contexto nacional en relación con las políticas de igualdad.

"Es una alegría compartir este encuentro junto a especialistas y trabajadores que todos los días impulsan estas iniciativas. Hace 13 años sostenemos políticas públicas vinculadas a género, buscando demostrar que existen otras maneras de relacionarnos. Tenemos que desmontar las estructuras de dominación para avanzar hacia una cultura de paz", afirmó el jefe comunal.

La jornada también sirvió como marco para la presentación del Dispositivo de Nuevas Masculinidades, una herramienta destinada a fomentar ámbitos de diálogo y acompañamiento para revisar prácticas, conductas y estereotipos asociados a los modelos tradicionales de masculinidad.

Además, se desarrollaron mesas de intercambio y exposición de experiencias con la participación de profesionales de las áreas de salud y género, junto a integrantes de equipos territoriales del Municipio. Los debates abordaron temas vinculados a la prevención de la violencia, la identificación de conductas violentas, los desafíos que atraviesan las adolescencias y la construcción de vínculos igualitarios, entre otros ejes.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias de Tigre, Nadia Olivieri, remarcó la importancia de sostener políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades.

"Es fundamental identificar, educar y acompañar este proceso a través de políticas públicas que promuevan la igualdad. Por decisión del intendente Julio Zamora, hace muchos años que el Municipio impulsa iniciativas con ese objetivo", señaló la funcionaria.

La propuesta formó parte de las acciones que lleva adelante el Municipio de Tigre para fortalecer la prevención de las violencias y promover una sociedad más igualitaria, a través de espacios de formación, acompañamiento y sensibilización comunitaria.

El Municipio de Morón inauguró la Plaza Malvinas Argentinas, un nuevo espacio público ubicado sobre el Corredor Stevenson, entre las calles Rumania y Australia, en Morón sur. La obra fue presentada por el intendente Lucas Ghi junto al vicepresidente de la Fundación Banco Provincia, Alejandro Alegretti, y la jefa de Gabinete municipal, Estefanía Franco.

La iniciativa surgió a partir de una gestión realizada por el Gobierno local ante la Fundación Banco Provincia, en el marco del programa "¡A jugar a la plaza!", destinado a crear y renovar espacios recreativos en distintos municipios bonaerenses.

Con la intervención, el sector fue transformado en un punto de encuentro para vecinos y vecinas, incorporando infraestructura orientada a la recreación, la actividad física y la convivencia comunitaria.

La nueva plaza cuenta con áreas de juegos destinadas a la primera infancia y a niñas y niños, además de equipamiento para ejercicios y estaciones saludables para personas adultas. El objetivo es generar un ámbito inclusivo que pueda ser aprovechado por vecinos de todas las edades.

Las tareas también incluyeron la colocación de bancos, mesas, bicicleteros, cestos para residuos y un tótem identificatorio, además de la incorporación de vegetación nativa que contribuye a mejorar el entorno urbano y fortalecer la identidad del espacio.

Desde la comuna destacaron que la recuperación de espacios públicos forma parte de una política orientada a ampliar las áreas de recreación y encuentro en los distintos barrios del distrito. En ese sentido, la Plaza Malvinas Argentinas se incorpora a la red de espacios verdes destinados a fortalecer la vida comunitaria y promover hábitos saludables.

Del acto de inauguración participaron además el secretario de Planificación Estratégica, Guillermo Pascuero; el secretario de Obras Públicas, Osvaldo Carballo; la secretaria de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro; el secretario de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; el subsecretario de Deporte y Recreación, Jorge Fabián Vivas; la directora de la UGC 6, Rogelia Franco; y representantes de los Centros de Veteranos de Malvinas de Morón y El Palomar, entre otras autoridades y referentes de la comunidad.

La diputada del bloque UCR-Cambio Federal, Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley para incorporar la educación financiera y tributaria como parte de los objetivos de la educación en la provincia.

El expediente ingresado por legisladora de Alberti propone modificar el artículo 16 de la Ley provincial de educación N°13.688 para incorporar un nuevo inciso que establezca como objetivo “fomentar la educación financiera y tributaria, brindando las herramientas necesarias para la toma consciente de decisiones económicas responsables”.

“Los adolescentes y jóvenes se enfrentan cada vez más temprano a decisiones vinculadas con el dinero, a partir del uso de billeteras virtuales, tarjetas y otras herramientas de crédito” dijo la diputada y también advirtió sobre los riesgos asociados a las estafas, el sobreendeudamiento y las plataformas de apuestas en línea.

En ese sentido, el proyecto sostiene que la educación financiera permitiría brindar herramientas para que los estudiantes puedan administrar sus recursos, proteger sus datos personales y tomar decisiones económicas de manera responsable.

La propuesta también contempla la educación tributaria, el objetivo es que los estudiantes conozcan el funcionamiento del sistema impositivo municipal, provincial y nacional, y comprendan de dónde provienen los recursos con los que se financian los bienes y servicios públicos.

“Necesitamos que conozcan cómo funciona nuestro sistema tributario: de dónde salen los recursos que financian al Estado y cómo se sostienen los servicios y bienes públicos que utilizamos todos los días”, planteó Vaccarezza al presentar la iniciativa.

El proyecto establece únicamente la incorporación del objetivo dentro de la Ley Provincial de Educación y dispone, en su segundo artículo, la comunicación al Poder Ejecutivo.

El diputado nacional Hugo "Huguito" Moyano (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que propone dejar sin efecto el régimen de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), creado mediante la Ley de Modernización Laboral, y asegurar que los fondos de las contribuciones patronales sean restituidos al sistema previsional.

"La mal llamada Ley de Modernización Laboral repite, con otro nombre, la lógica de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de los años noventa. El FAL constituye un sistema perverso: con los recursos de la seguridad social se pretende financiar las indemnizaciones por despido en el sector privado. Los únicos perjudicados son los trabajadores y jubilados, en beneficio del sector financiero identificado con las políticas del actual gobierno libertario", apuntó el legislador en los fundamentos.

La iniciativa fue presentada luego que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentara el pago de las contribuciones patronales para el nuevo mecanismo destinado a financiar indemnizaciones, que entrará en vigencia el próximo 1ro. de noviembre.

Moyano insistió que "el problema central de esta reforma radica en que el financiamiento de las obligaciones indemnizatorias del sector privado se realiza a costa de los recursos destinados a garantizar los derechos previsionales de millones de argentinos".

En tal sentido, explicó que "la reducción de los aportes a la seguridad social que ingresan al SIPA no constituye una modificación meramente administrativa ni una redistribución neutral de recursos: representa una disminución concreta de los ingresos disponibles para sostener el sistema público de reparto, en beneficio del mercado financiero".

"La Resolución General N° 5907/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, publicada el 1ro. de octubre de 2026, reglamenta el ingreso de la contribución y marca el inicio operativo del régimen. Eso vuelve urgente impedir que el desvío se consolide", remarcó.

Además, en los argumentos, el diputado de UP advirtió que "según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, la implementación del FAL reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $4.363.550.000.000, equivalente a USD 2.833 millones" al tipo de cambio vigente.

"La gravedad de esta situación se acentúa si se considera que el sistema previsional argentino ya enfrenta desafíos estructurales vinculados con la informalidad laboral, la evolución de los salarios, la relación entre trabajadores activos y beneficiarios y las transformaciones demográficas", señaló.

Y sostuvo que, por ello, "el proyecto establece que la totalidad de los recursos transferidos únicamente podrá utilizarse para el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino. Esta afectación específica constituye una garantía para evitar que los fondos sean destinados a finalidades ajenas a la seguridad social y reafirma que su utilización debe responder exclusivamente a la protección de los derechos previsionales".

El proyecto establece dejar sin efecto el régimen de los FAL, a la vez restablecer las alícuotas con destino a los subsistemas de la seguridad social y transferir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) los recursos acumulados en dichos fondos.

En esa línea, uno de los artículos expresa que a la fecha de corte que fije la reglamentación de la eventual ley, "los recursos que integren las cuentas de los FAL, incluidos los rendimientos devengados, se transferirán de pleno derecho a la Administración Nacional de la Seguridad Social e integrarán el FGS".

"Las entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, los fiduciarios, las sociedades gerentes y depositarias, y la ARCA deberán poner a disposición de la Administración Nacional de la Seguridad Social la información, la tenencia y la documentación necesarias para instrumentar la transferencia, en el plazo que fije la reglamentación, el que no podrá exceder de 60 días contados desde la publicación de esta ley", reza el texto.

En cuanto a los "gastos ordinarios de cierre, valuación y transferencia se imputarán a los respectivos patrimonios hasta su integración al FGS" y "queda prohibido el cobro de comisiones por cualquier concepto por la sola extinción del régimen".

La iniciativa prevé que los recursos que sean transferidos -en caso de aprobarse la ley- queden "afectados de manera específica y exclusiva al pago de beneficios del SIPA" y que su integración al FGS no alterará esa afectación.

El proyecto fue acompañado por sus pares de UP Hugo Yasky, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Juan Marino, Martín Aveiro, Pablo Todero, Héctor Mango, Nancy Sand, Sergio Dolce, Claudia Palladino y Christian Zulli.

En el cierre del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, la vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó que el desafío de los parlamentarios y dirigentes "no es detener el progreso, sino que el progreso siempre tenga un rostro humano", en relación al avance de las tecnologías y su incidencia en el mundo del trabajo.

La presidenta de la Cámara alta, que viajó a Madrid junto a cuatro senadores de distintos bloques, participó de la presentación de las conclusiones del encuentro, centradas en los desafíos que plantea la inteligencia artificial para las administraciones públicas y en la necesidad de garantizar un desarrollo tecnológico responsable, seguro y con supervisión humana.

Particularmente, una de las sesiones de trabajo estuvo dedicada al impacto de la inteligencia artificial y los desafíos que plantea su incorporación en los congresos y las administraciones públicas.

Entre las conclusiones, se destacó el potencial de la IA para mejorar la toma de decisiones, automatizar procesos, contribuir a la productividad y optimizar la prestación de servicios públicos. Al mismo tiempo, se señalaron los riesgos vinculados con el uso de datos insuficientes o sesgados, la falta de transparencia, la protección de datos personales, el sesgo de automatización y las brechas digitales y de datos.

En este sentido, se planteó la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los beneficios y los riesgos de la utilización de estas tecnologías, de manera de conjugar la eficiencia de la actuación administrativa con la protección de los derechos de los ciudadanos. También se propuso promover un uso responsable, seguro, transparente, democrático e inteligible de la IA en el sector público, con mecanismos que garanticen principios éticos y una supervisión humana efectiva, especialmente cuando las decisiones puedan afectar derechos de las personas.

Asimismo, las conclusiones remarcaron la necesidad de fortalecer el papel de los parlamentos en el control y la orientación estratégica de la IA en el sector público. En ese marco, se planteó desarrollar las capacidades técnicas e institucionales de los órganos legislativos para legislar, supervisar y fiscalizar la gobernanza de estas tecnologías, así como anticipar sus efectos sobre el Estado, el sector privado y la sociedad.

Durante el cierre, Villarruel agradeció a España por la organización y hospitalidad y destacó la importancia de estos espacios de encuentro entre los parlamentos de Iberoamérica. "Estos espacios nos recuerdan que compartimos una historia, una cultura y valores que nos unen y que tenemos la oportunidad de pensar juntos el futuro de nuestros pueblos", expresó.

La vicepresidenta señaló que el impacto de la IA y de la transformación tecnológica sobre las sociedades constituye una preocupación central: “No estamos frente a un debate meramente técnico, estamos frente a una encrucijada humana”. En ese sentido, sostuvo que "la tecnología debe estar al servicio de las personas, del desarrollo y del trabajo" y remarcó la responsabilidad de los parlamentos de procurar que los beneficios de esta transformación alcancen también a los trabajadores, PyMEs y comunidades.

En su intervención, Villarruel ponderó especialmente el valor del trabajo como elemento de integración social. "Hay algo que no debemos olvidar: ninguna tecnología puede reemplazar la dignidad del trabajo humano. El trabajo dignifica, integra, construye familias y permite que una persona sea protagonista de su propio destino", reflexionó.

Finalmente, la titular del Senado afirmó: "Nuestro desafío como legisladores, como miembros de los parlamentos de Iberoamérica, no es detener el progreso, sino lograr que el progreso siempre tenga un rostro humano".

Al concluir el encuentro, llamó a continuar fortaleciendo los vínculos entre los países de la región y convocó: "Sigamos construyendo juntos una Iberoamérica más unida, más próspera y siempre centrada en la dignidad de la persona".

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) aseguró que "es muy grave y peligroso que la Argentina se haya quedado sin ningún tipo de limitación o regulación en lo que es la compra de tierras por parte de extranjeros", tras el fallo de la Corte Suprema que revocó una declaración de inconstitucionalidad a la derogación de la Ley de Tierras en el DNU 70/23.

En tal sentido, el legislador se refirió a la sesión que la oposición solicitó para derogar definitivamente ese megadecreto: "Se activaron los mecanismos legislativos y constitucionales que tenemos".

El porteño explicó que "el rechazo no puede ser parcial", es decir, no puede rechazarse solamente el artículo 154 del DNU que derogó la Ley de Tierras, sino el decreto en su totalidad, de acuerdo a lo que establece la Ley 26.122.

En alusión a esa norma, Ferraro consideró que se perdió "una oportunidad histórica" el año pasado, cuando se intentaba reformarla, y el oficialismo y sus aliados "impidieron modificar esta ley inconstitucional de la época de Cristina Kirchner".

Ante el riesgo de que caiga todo el DNU, el diputado observó que es parte de la "irresponsabilidad del Gobierno" que "eligió estar en la fragilidad; desde hace tiempo supo que tenía el rechazo de una Cámara", por el Senado.

"Si el DNU fuera rechazado, todo lo que se hizo hasta ahora no pierde validez, no tiene efecto retroactivo hacia atrás", aclaró y diferenció que "declarar la nulidad, eso sí tiene un efecto para atrás y sería una catarata de problemas".

En diálogo con radio Continental, el presidente del partido fundado por Elisa Carrió enfatizó: "Desde la Coalición Cívica nunca hemos acompañado, gobierne quien gobierne, que se gobierne por fuera de la Constitución y con un estado de excepción como son los decretos de necesidad y urgencia".

Además, puntualmente sobre el 70/23, recordó que "es una ley ómnibus, porque toca y deroga 300 leyes".

Denuncia contra la Secretaría de Energía

En otro tramo de la entrevista, Ferraro se refirió a la denuncia penal que presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra la secretaria de Energía, María Tettamanti; su antecesor Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller; y la empresa Harbour Energy Argentina.

"Es por eso que ahora entiendo el silencio de que no me hayan contestado (Pablo) Quirno, (Luis) Caputo y los funcionarios de segunda línea que vinieron el otro día" al plenario de comisiones que arrancó con el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre sus puntos, endurece sanciones a empresas que realicen actividades no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

En tal sentido, Ferraro señaló: "Nos enteramos que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas actuó de oficio y denunció a todos los funcionarios de la Secretaría de Energía y a una empresa porque fueron beneficiados con el RIGI -el régimen de grandes inversiones que son beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios- y esta empresa estaba penalizada desde 2013, con una penalidad hasta 2028".

El diputado recordó que él denunció esto "hace más de un mes". "Ningún funcionario, ni ningún diputado libertario, nos dio respuesta de qué iba a pasar con estas empresas penalizadas, ni por qué estando penalizadas se les dieron dos beneficios: uno el RIGI, y en 2024 la exploración y explotación en la costa de Tierra del Fuego, a 60 kilómetros de Ushuaia", completó.

INHABILITADA PARA OPERAR EN TODA LA ARGENTINA. PREMIADA POR EL RIGI

DENUNCIADOS POR LA PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El 6 de septiembre lo dijimos con los papeles: Harbour Energy es la misma persona jurídica que Premier Oil, sancionada en 2013 por operar sin… pic.twitter.com/aFddGzt2JZ

— maxi ferraro (@maxiferraro) October 2, 2026

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, junto a su compañera de bancada Micaela Olivetto, presentó un proyecto de ley integral para regular las apuestas en línea en la provincia.

Según informaron desde UxP, la iniciativa propone establecer nuevas regulaciones para la publicidad, incorporar herramientas para prevenir la ludopatía y crear mecanismos de financiamiento para entidades comunitarias y deportivas.

El proyecto comenzaría su recorrido legislativo en la Comisión de juegos de azar, lotería y prevención de la ludopatía que preside Olivetto, referente de la cuarta sección.

La iniciativa propone reforzar los controles sobre las plataformas habilitadas mediante la verificación facial en cada ingreso, el cierre automático de sesión después de 60 minutos y la posibilidad de bloquear el acceso ante determinados patrones de uso.

También contempla la autoexclusión inmediata y la intervención judicial para restringir el acceso de personas con problemas de ludopatía, a pedido de familiares o del Ministerio Público.

En materia publicitaria, establece que las campañas deberán contar con autorización previa y prohíbe la publicidad en la vía pública, la dirigida a menores de edad y los bonos promocionales o las apuestas gratuitas.

Además, plantea prohibir el uso de la palabra “juego” y de imágenes o expresiones que presenten las apuestas como una actividad recreativa o de entretenimiento.

Según el comunicado oficial, la leyenda “Apostar no es un juego” sería obligatoria.

Por otra parte, de ser aprobada la norma se crearía un esquema de aportes económicos por parte de los operadores.

El 100% de lo destinado a publicidad se dirigiría a políticas de salud mental, prevención y tratamiento de las patologías vinculadas con las apuestas.

A su vez, establece una contribución del 3% sobre los premios.

De ese total, el 85% se distribuiría entre clubes de barrio, asociaciones civiles, sociedades de fomento, centros culturales y centros de jubilados sin fines de lucro. El 15% restante financiaría becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

“Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, sostuvo Tignanelli al defender la iniciativa.

“Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas”, agregó.

Otro de los puntos centrales es la creación de una Fiscalía especializada en apuestas ilegales en línea, dentro de la Procuración General, con facultades para investigar de oficio la explotación de plataformas sin autorización provincial.

Además, el proyecto contempla que los jueces puedan ordenar el cese inmediato de esas actividades en un plazo de seis horas, mediante el bloqueo de sitios y aplicaciones, la suspensión de medios de pago y el retiro de publicidad.

Tignanelli también destacó el destino social de los fondos previstos “los recursos permitirían fortalecer las instituciones barriales, financiar acciones de prevención y tratamiento en salud mental y garantizar becas para deportistas de alto rendimiento”.

Por último, la norma en su articulado propone que las nuevas licencias tengan capital íntegramente nacional y establece condiciones para los operadores extranjeros, que deberán mantener sus fondos en la provincia durante un mínimo de seis meses.

El legislador matancero cuestionó el impacto económico de las plataformas y afirmó que “más del 70% de sus utilidades se gira al exterior”.

Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar -por derecho propio y en su condición de ciudadanos y habitantes de la Nación- contra el Poder Ejecutivo Nacional, para solicitar la suspensión de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras (N° 26.737).

La presentación se realizó luego del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda promovida por el CECIM por "falta de legitimación". El máximo tribunal aclaró expresamente que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154, ni sobre la intervención que corresponde al Congreso.

Los legisladores de Encuentro Federal señalaron que "como consecuencia de esa decisión, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos" y "actualmente no rigen los límites que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros: ni por porcentaje nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad o superficie. Tampoco rige la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes".

La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos. El planteo advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo.

Pichetto y Massot sostuvieron además que la derogación de la Ley de Tierras por decreto no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU. Entre los fundamentos, resaltaron que "el Congreso se encontraba en condiciones de funcionar" y "el propio Poder Ejecutivo remitió el decreto al Poder Legislativo apenas seis días después de dictarlo y el Senado lo rechazó en marzo de 2024".

El escrito plantea también que la tierra rural y los cuerpos de agua constituyen recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, y que el régimen para su disposición debe ser establecido por el Congreso de la Nación.

Ante la urgencia del caso, los diputados pidieron además una medida interina de aplicación inmediata mientras se cumple el trámite previo que debe sustanciarse antes de resolver la cautelar. Subsidiariamente, solicitaron medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y hacer pública la existencia del proceso judicial.

La presentación recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Capital Federal, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.

Lake Resources recibió la aprobación ambiental para avanzar con su proyecto de litio Kachi en Catamarca, uno de los emprendimientos más relevantes de la cartera argentina del mineral. La autorización, otorgada por la Secretaría de Minería provincial, habilita a la empresa australiana a ingresar en la fase de ingeniería inicial (FEED), considerada un paso fundamental antes de la construcción de la mina.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) era el principal permiso pendiente para el desarrollo del proyecto. El expediente había sido presentado en marzo de 2024 y atravesó un proceso de evaluación técnica que incluyó la intervención de distintos organismos estatales y una instancia de participación ciudadana realizada durante agosto.

Con la aprobación en mano, Lake Resources aseguró que profundizará las conversaciones con potenciales socios estratégicos y avanzará en la búsqueda de financiamiento para concretar la inversión. En ese proceso, la firma cuenta con el asesoramiento financiero de Citi y JP Morgan.

El director ejecutivo de la compañía, David Dickson, calificó la obtención de la DIA como el acontecimiento más importante en la trayectoria de la empresa. Según afirmó, Kachi dispone ahora de las autorizaciones necesarias para continuar con las etapas previas al inicio de las obras.

Sin embargo, todavía restan definiciones clave. La minera deberá completar la ingeniería FEED y formalizar su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), considerado un instrumento central para mejorar la competitividad financiera del proyecto.

La primera etapa de Kachi contempla la construcción de una planta con capacidad para producir 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE). El trabajo de ingeniería permitirá precisar aspectos técnicos, costos y cronogramas antes de tomar la decisión final de inversión.

De acuerdo con el estudio de factibilidad elaborado en 2025, esa fase inicial demandará desembolsos cercanos a los US$ 1.160 millones. La compañía estima además costos operativos competitivos para posicionarse en el mercado global del litio, un insumo estratégico para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Uno de los rasgos distintivos del proyecto será la utilización de tecnología de extracción directa de litio (DLE), una alternativa al método tradicional basado en la evaporación de salmueras en extensas piletas. El sistema permite extraer selectivamente el mineral y reinyectar posteriormente el fluido, con el objetivo de reducir la huella ambiental de la operación.

Para esa etapa tecnológica, Lake Resources trabaja junto a Lilac Solutions, especializada en procesos de intercambio iónico, mientras que la firma Hatch continuará como socio de ingeniería del emprendimiento.

La fase FEED también permitirá anticipar la compra de equipos críticos con largos plazos de fabricación y entrega, una condición considerada clave para acelerar los tiempos de ejecución una vez aprobada la construcción.

La autorización ambiental incluyó además una serie de condicionamientos. Entre ellos, la creación de una zona de exclusión superficial de 200 metros alrededor de la laguna del área de operación, medida que obligará a la compañía a actualizar sus estimaciones de recursos minerales.

No obstante, la empresa sostuvo que esa restricción no alterará las reservas actualmente proyectadas ni el programa de perforaciones previsto para la iniciativa. Asimismo, deberá cumplir una serie de exigencias ambientales y operativas antes de iniciar la producción comercial.

Como parte de los compromisos asumidos con la provincia, Lake Resources aportará US$ 1 millón al fondo fiduciario de regalías mineras de Catamarca. Los desembolsos se realizarán de manera escalonada entre octubre de 2026 y junio de 2027.

Después de anunciarlo públicamente, el espectro de bloques de la oposición presentó el pedido de sesión especial para ir por el DNU 70/2023, en una reunión para la cual incluyó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Endeudamiento Familiar. Con 15 días por delante, la confección del quórum -y por ende del rechazo al mega decreto- se mantiene lejos, pero hay diputados que están en duda o esperando reunirse con sus mandatarios provinciales para definir postura.

Los titulares de bloque firmantes del pedido de sesión fueron 7: los de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Primero San Luis, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba y Coherencia. También rubricaron la solicitud 6 integrantes de Provincias Unidas (un bloque de 18 diputados), pero no estuvo la firma de su presidenta, Gisela Scaglia, quien no se ha pronunciado al respecto.

Si se toma como referencia a los diputados firmantes, la oposición tiene garantizados 110 presencias en la sesión del jueves 15. No obstante, se entiende que la firma de la jujeña María Inés Zigarán contempla el aval de su coterráneo Jorge Rizzotti. Una postura similar podría darse con los 6 cordobeses, donde Juan Brügge ya dejó trascender que estará presente en el recinto de la Cámara de Diputados ese día.

Una de las incógnitas pasa por los santafesinos Scaglia y José Núñez, el rionegrino Sergio Capozzi, la mendocina Lourdes Arrieta y el chubutense Jorge “Loma” Ávila, quien acompañó al gobernador Ignacio Torres al Argentina Week en París junto a la comitiva que encabeza el presidente de la Nación, Javier Milei. A estas horas, parte de este sector no estaría dispuesto a rechazar el mega DNU.

El foco en Catamarca, Salta y Tucumán

El otro bloque multisectorial es Argentina Federal compuesto por representantes de Misiones, Salta y dos exlibertarios. Por el lado de los misioneros (Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruíz) reina el hermetismo y la decisión será comunicada una vez que los legisladores se sienten a conversar con el gobernador Hugo Passalacqua.

Sin embargo, este jueves el diputado Alberto Arrúa, titular de Peronismo Misionero, adelantó en AM 1070 que su espacio va a dar quórum y votará en contra del DNU 70/2023. Bajo el nombre Innovación Federal, este grupo de legisladores había reclamado que el DNU 70/23 le quitó facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Respecto a los representantes salteños, Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes, la postura también es una incógnita, al igual que con los tres diputados catamarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot. Cabe aclarar que Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca, acompañaron al Gabinete nacional a Francia y ambos se mostraron en redes sociales con Milei y Luis Caputo, ministro de Economía.

Sin acompañar el pedido de sesión, los diputados tucumanos Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera, quienes responden a Osvaldo Jaldo, tampoco adelantaron una decisión sobre el decreto. A diferencia de Saénz y Jalil, el gobernador de Tucumán no viajó a París con la comitiva presidencial y su postura sobre el DNU 70/2023 también es una incógnita.

LLA también hace números

En el oficialismo todavía no se definió una estrategia concreta para desactivar la sesión o para ir al recinto y dejar vigente el DNU 70/2023. El tema será parte de la reunión de Mesa Política del próximo martes, donde Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se reunirá con Karina Milei y el resto del Gabinete.

El bloque que preside Gabriel Bornoroni se alzó con los dictámenes de mayoría en el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad y la Ley de Endeudamiento Familiar, y está habilitado a llevarlos al recinto desde la semana pasada.

De todas maneras, La Libertad Avanza sabe que cuenta con sus 95 integrantes, los 12 del Pro, los 6 del radicalismo, los 2 del MID, los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo, el santacruceño José Luis Garrido, La Neuquinidad y el monobloque Adelante Buenos Aires. Con una base de 120 diputados nacionales entre oficialismo y aliados, será clave la postura que tomen los gobernadores de Misiones, Tucumán, Salta y Catamarca.

La creciente confrontación entre China y Estados Unidos ya no se limita al comercio ni a la imposición de aranceles. La disputa entre las dos principales potencias del planeta se trasladó al terreno tecnológico, industrial y geopolítico, y obliga a los países emergentes a redefinir sus estrategias de inserción internacional.

Ese fue el eje central de la exposición de Margaret Myers, directora ejecutiva del Institute for America, China and the Future of Global Affairs de la Universidad Johns Hopkins y una de las principales especialistas mundiales en las relaciones entre China y América Latina, durante la primera jornada del 62° Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

Ante un auditorio colmado de empresarios, dirigentes y expertos, Myers sostuvo que la Argentina necesita construir una estrategia específica para vincularse con China, cuyo peso económico y político continúa expandiéndose en toda la región.

"Se necesita una estrategia específica al tratar con China. El nivel de compromiso de China es tan profundo y tan amplio que exige una política particular. Desarrollar esa visión será un ejercicio fundamental en los próximos años", afirmó.

La especialista explicó que Beijing atraviesa una etapa de transformación económica marcada por desafíos internos de magnitud, entre ellos la desaceleración del crecimiento, problemas demográficos y tensiones estructurales. Sin embargo, lejos de replantear su modelo, el gigante asiático decidió profundizar una política industrial de gran alcance para sostener su competitividad global.

Según detalló, el nuevo plan quinquenal chino apunta a fortalecer desde industrias tradicionales como el acero, los metales y los productos químicos hasta sectores emergentes vinculados con la innovación, la biotecnología, la manufactura avanzada y la aviación. Para ello, el gobierno de Xi Jinping destinará recursos equivalentes a cerca del 5% de su Producto Bruto Interno mediante subsidios e incentivos de diversa naturaleza.

"Se trata de una escala difícil de igualar para cualquier otro país", señaló.

Myers sostuvo que la relación entre Washington y Beijing atraviesa una etapa de profunda reconfiguración. Lo que comenzó durante el primer mandato de Donald Trump como una guerra comercial evolucionó hacia una competencia estratégica por el liderazgo tecnológico, con la inteligencia artificial en el centro de la escena.

A ello se suma una disputa por las reglas que ordenarán el comercio global y la arquitectura financiera internacional en las próximas décadas.

La reciente reunión entre Xi Jinping y Trump abrió una instancia de diálogo que podría incluso habilitar nuevas inversiones chinas en territorio estadounidense. Sin embargo, para la especialista, eso no implica el fin de las tensiones.

Por el contrario, advirtió que persiste un fuerte interés por avanzar en procesos de desacople selectivo en áreas consideradas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas con tecnologías sensibles, infraestructura crítica y cadenas de valor de alta complejidad.

"La relación seguirá combinando cooperación y competencia. Esa dinámica llegó para quedarse", resumió.

La experta destacó que la expansión china se refleja de manera cada vez más visible en América Latina. Las exportaciones del gigante asiático hacia la región crecieron con fuerza durante las últimas décadas y avanzan a una velocidad superior a la de las ventas latinoamericanas al mercado chino.

Según explicó, la necesidad de Beijing de colocar su enorme capacidad industrial en mercados externos refuerza una tendencia que difícilmente se revierta en el corto plazo.

En ese contexto, alertó que los riesgos económicos y geopolíticos que enfrentan países como la Argentina son "mayores que nunca", debido a la creciente competencia entre las principales economías del mundo.

En la parte final de su exposición, Myers planteó una serie de sugerencias para la Argentina. La principal fue evitar que el precio sea el único factor a la hora de definir decisiones de comercio e inversión.

A su juicio, una estrategia sostenible debe contemplar también variables vinculadas con la seguridad económica, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la industria local.

La especialista también recomendó profundizar la diversificación de alianzas internacionales y fortalecer los vínculos tanto con Estados Unidos y Europa como con otros socios estratégicos.

Asimismo, sugirió analizar experiencias de países del sudeste asiático que lograron combinar apertura comercial con políticas activas de fortalecimiento productivo, y avanzar en mecanismos que permitan corregir prácticas que distorsionen la competencia internacional.

Como cierre, destacó la necesidad de aplicar políticas de "de-risking", una estrategia que busca reducir vulnerabilidades y dependencias excesivas en sectores considerados críticos para la economía.

"El desafío es maximizar la competitividad de los sectores estratégicos y proteger las cadenas de valor fundamentales para el crecimiento", concluyó.

La advertencia resonó entre los asistentes al Coloquio de IDEA: en un mundo cada vez más atravesado por la pulseada entre Washington y Beijing, la neutralidad pasiva ya no parece una opción. Para la Argentina, el desafío pasa por definir una estrategia propia que le permita aprovechar oportunidades sin quedar atrapada entre las dos grandes potencias del siglo XXI.

La apertura al mundo, el impulso a las exportaciones y la atracción de inversiones fueron los ejes del mensaje que el canciller Pablo Quirno envió al 62º Coloquio de IDEA. A través de un video grabado desde París, donde participa junto a buena parte del gabinete nacional de la edición europea de Argentina Week, el funcionario transmitió una visión optimista sobre el futuro económico del país y lanzó un desafío directo al sector privado.

Quirno sostuvo que las transformaciones impulsadas por el Gobierno permitieron recuperar previsibilidad para la actividad económica y mejorar las perspectivas de inversión.

“Hace tres años muchas empresas apenas podían proyectar sus negocios con un horizonte de unas pocas semanas. Con el equilibrio fiscal, la desregulación y el respeto por los contratos, el presidente Milei devolvió años al cálculo empresario”, afirmó. Según el ministro, esa nueva capacidad de planificación es la base para construir “un entramado productivo capaz de sostener décadas de crecimiento”.

El canciller también puso el foco en la estrategia de inserción internacional que impulsa el Ejecutivo. En sintonía con el mensaje que Javier Milei había transmitido durante la jornada anterior, destacó el interés que despierta la Argentina entre empresarios e inversores internacionales.

“Hay una enorme expectativa por la Argentina y por las oportunidades que ofrece el país”, aseguró, al tiempo que reivindicó el trabajo diplomático para ampliar el acceso a mercados externos.

En ese marco, señaló que la red de acuerdos comerciales del país atraviesa una etapa de expansión. “Partimos de instrumentos que cubrían apenas el 10% del PBI mundial. Los acuerdos ya concluidos nos acercan al 30% y nuestro objetivo es alcanzar una cobertura del 50% en el mediano plazo y del 80% en los próximos cuatro años”, afirmó.

Quirno respaldó esos objetivos con datos sobre el desempeño exportador. Recordó que entre 2011 y 2024 el volumen de exportaciones creció sólo un 9%, mientras que en los primeros ocho meses de este año las ventas al exterior alcanzaron los 67.248 millones de dólares, un 21,4% más que en igual período de 2025. Además, destacó que las pequeñas y medianas empresas lograron el mejor registro exportador de los últimos 13 años.

Uno de los principales capítulos de su exposición estuvo dedicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que definió como una herramienta clave de la estrategia geopolítica argentina.

“El RIGI revaloriza nuestros activos estratégicos y moviliza las inversiones que nos posicionan en la primera línea del abastecimiento mundial de insumos críticos”, sostuvo. Según detalló, el esquema ya acumula 25 proyectos aprobados por más de 55.000 millones de dólares, mientras que el universo de iniciativas vinculadas al régimen superaría los 200.000 millones.

En la recta final de su discurso, el funcionario vinculó el potencial económico argentino con el lema elegido por IDEA para esta edición: “Invirtiendo la historia: 20 años, de promesa a potencia”.

“Los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha”, afirmó ante los empresarios reunidos en Mar del Plata. Y redobló la apuesta: “Para transformar definitivamente nuestra historia es necesario que hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías”.

Quirno aprovechó además su intervención para responder a los cuestionamientos sobre el impacto de Vaca Muerta en el resto de la economía, una referencia que fue interpretada como una réplica a recientes declaraciones del exministro Alfonso Prat-Gay.

“A quienes todavía se preguntan si Vaca Muerta derrama, les propongo escuchar a las empresas que ya aportan la ingeniería, los servicios y el equipamiento que impulsan su expansión”, afirmó.

Como respaldo, destacó que entre enero y agosto las exportaciones energéticas alcanzaron los 10.667 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 49%.

El canciller también adelantó avances en materia de infraestructura para potenciar el desarrollo energético y minero. En particular, mencionó el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa presentada la semana pasada en Nueva York que busca mejorar la conectividad entre las provincias mineras, Vaca Muerta y los puertos del Atlántico.

El proyecto contempla nuevas obras de infraestructura y la modernización de ferrocarriles, ductos y redes energéticas y digitales, con el objetivo de fortalecer la competitividad exportadora y ampliar la capacidad logística del país.

Así, desde París y ante uno de los principales foros empresariales de la Argentina, Quirno cerró su mensaje con una convocatoria explícita al sector privado: acelerar inversiones para convertir el potencial económico del país en una realidad sostenida durante las próximas décadas.

El CENS N° 451 de Monte Grande ya lleva oficialmente el nombre Granaderos del General San Martín, tras un acto encabezado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto a autoridades educativas, representantes gremiales y estudiantes de la institución.

La ceremonia marcó un hecho significativo para la comunidad educativa del establecimiento, dedicado a la formación de jóvenes y personas adultas que buscan finalizar sus estudios secundarios.

“Es un orgullo acompañar este momento tan especial de una institución fundamental para nuestra comunidad, porque brinda la oportunidad de completar la educación secundaria a jóvenes y personas adultas”, señaló Gray durante el encuentro.

Acompañaron al jefe comunal el director del CENS, Pablo Ginés Casabella; la secretaria de la institución, Malen Teper; además de alumnas y alumnos que participaron de la jornada.

En el marco del acto, Gray descubrió una placa conmemorativa que dejó formalizada la imposición del nuevo nombre y anunció una serie de aportes destinados a fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento.

Entre los elementos entregados se encuentran una impresora multifunción, un proyector con pantalla, computadoras de escritorio completas, equipamiento de sonido, un aire acondicionado y materiales deportivos que serán utilizados en las distintas actividades educativas.

La actividad también contó con la presencia del presidente del Consejo Escolar, David Di Lio; la jefa regional de Educación, María Inés Centurión; la jefa distrital, Lucía Ibarra; la secretaria general de SUTEBA Esteban Echeverría, Belén Vallejo; el secretario general de UDOCBA, César Olivera; el titular de la CTA Echeverría, Dante Boeri; y la directora municipal de Entidades Intermedias, Micaela Lagrotta.

Uno de los momentos más destacados de la celebración fue la participación de la banda militar de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Ezeiza, que interpretó el Himno Nacional Argentino y la tradicional Marcha de San Lorenzo, en homenaje al nuevo nombre elegido por la comunidad educativa.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que el próximo 26 de noviembre se concretará la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG, el megaproyecto destinado a convertir las reservas de gas de Vaca Muerta en exportaciones de gas natural licuado a gran escala.

La definición, considerada uno de los hitos más relevantes para la industria energética argentina de las últimas décadas, fue comunicada durante la Argentina Week realizada en la capital francesa, un encuentro diseñado para presentar oportunidades de negocios y atraer capitales internacionales.

Marín compartió un panel junto a ejecutivos de las compañías Eni y XRG, socios estratégicos en el desarrollo de la iniciativa. Allí ratificó el cronograma previsto para avanzar con una inversión que marcará un antes y un después en la explotación del gas no convencional argentino.

La firma de la FID representa el paso definitivo para el inicio de las inversiones, ya que supone la aprobación financiera y comercial del proyecto. A partir de ese momento quedarán habilitadas las contrataciones, las obras de infraestructura y los desarrollos de ingeniería necesarios para poner en marcha la cadena exportadora.

Argentina LNG surge como una respuesta a uno de los principales desafíos que enfrenta Vaca Muerta: la necesidad de abrir nuevos mercados para absorber los crecientes volúmenes de producción. Mientras el consumo interno registra fuertes variaciones estacionales, especialmente entre invierno y verano, el negocio del GNL permitirá colocar excedentes en el mercado global y sostener niveles de actividad más elevados durante todo el año.

La primera etapa contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, con la posibilidad de ampliar posteriormente la escala hasta alcanzar 18 millones de toneladas. Se trata de un volumen que supera ampliamente los niveles históricos de exportación de gas argentino por gasoductos hacia países vecinos.

El crecimiento de la demanda asociado al proyecto exigirá una fuerte expansión de la actividad en Vaca Muerta. Las compañías productoras deberán incrementar la perforación de nuevos pozos, sumar equipos de fractura y acelerar inversiones para garantizar el abastecimiento de la planta de licuefacción. En paralelo, avanzarán las obras vinculadas al transporte, incluyendo nuevos gasoductos e infraestructura portuaria sobre la costa atlántica.

Durante su exposición, Marín destacó la dimensión estratégica de la iniciativa para la economía argentina. “Argentina LNG es uno de los proyectos más importantes de la historia energética de nuestro país”, afirmó. El objetivo es convertir a la Argentina en un proveedor confiable de energía para el mercado internacional y aprovechar la ventaja competitiva que representa la abundancia de recursos en la formación neuquina.

La viabilidad del emprendimiento también depende de una serie de factores clave. Entre ellos se destacan la firma de contratos de largo plazo con compradores internacionales, la disponibilidad de financiamiento para afrontar inversiones multimillonarias y la estabilidad regulatoria necesaria para garantizar el recupero del capital. En ese punto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una herramienta central para brindar previsibilidad a los inversores.

La presentación en París tuvo además un fuerte componente geopolítico. Europa continúa buscando diversificar sus fuentes de abastecimiento energético tras las tensiones que afectaron al mercado internacional en los últimos años. En ese contexto, la participación de empresas globales y la magnitud de los recursos argentinos fortalecen el posicionamiento del país como un potencial actor relevante en el negocio mundial del GNL.

El desarrollo requerirá una estructura financiera compleja y la conformación de alianzas capaces de distribuir riesgos y facilitar el acceso a los mercados internacionales de crédito. Por eso, la firma de la FID es observada por la industria como el verdadero punto de partida de una obra que demandará miles de millones de dólares y varios años de ejecución.

Luego de décadas de proyectos que no lograron avanzar más allá de los anuncios, el sector considera que las condiciones técnicas y productivas alcanzadas por Vaca Muerta brindan hoy un escenario diferente. La elevada productividad de los pozos de gas y la mejora sostenida de la eficiencia operativa sostienen la expectativa de que la Argentina pueda integrarse de manera permanente al mercado global de gas natural licuado.

“Hoy ya no hablamos solamente de potencial. Hacemos que los proyectos sucedan”, resumió Marín. La definición de noviembre será seguida de cerca por toda la industria, que espera que Argentina LNG se convierta en el proyecto capaz de impulsar una nueva etapa de inversiones, empleo y generación de divisas para el país.

La petrolera francesa TotalEnergies ratificó su apuesta por la Argentina y puso a Vaca Muerta en el centro de su estrategia de crecimiento. Durante su participación en la Argentina Week de París, la compañía anunció planes para expandir la producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con un desarrollo petrolero en el área de San Roque, un proyecto que demandaría inversiones por unos US$5.000 millones.

La presentación estuvo a cargo del presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, quien destacó el potencial de los recursos no convencionales neuquinos y aprovechó la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para solicitarle públicamente acompañamiento institucional que permita acelerar el desarrollo de la iniciativa.

Según informó el Gobierno nacional, la cartera de proyectos que TotalEnergies analiza para la Argentina asciende a unos US$10.000 millones. Sin embargo, los anuncios detallados durante la jornada alcanzan aproximadamente los US$6.500 millones y se concentran principalmente en los sectores de hidrocarburos convencionales y no convencionales.

La estrategia de la compañía en Neuquén se apoya en dos ejes. Por un lado, incrementar la producción de gas natural en Aguada Pichana, uno de los bloques más importantes de Vaca Muerta. Por otro, desarrollar un proyecto petrolero de gran escala en San Roque, considerado una de las apuestas más relevantes de la firma para los próximos años.

Antes de exponer ante empresarios e inversores, Pouyanné mantuvo una reunión privada con el presidente Javier Milei, a quien adelantó los principales anuncios que luego fueron presentados en el encuentro organizado por la Embajada Argentina en Francia.

Además de los planes en Neuquén, TotalEnergies reveló un nuevo desarrollo offshore en Tierra del Fuego. La iniciativa demandará una inversión estimada en US$1.500 millones y llevará el nombre de Alberdi, una denominación elegida, según relató el directivo, en una conversación con el presidente argentino en homenaje a Juan Bautista Alberdi.

Durante su exposición, Pouyanné vinculó la decisión de avanzar con nuevas inversiones a los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno. En particular, destacó dos factores que consideró determinantes para una empresa global: la posibilidad de girar dividendos al exterior y los beneficios contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El ejecutivo recordó que esos planteos ya habían sido transmitidos a Milei durante un encuentro mantenido en Buenos Aires en 2024 y sostuvo que las modificaciones implementadas generaron un nuevo escenario para la llegada de capitales y el desarrollo de proyectos de largo plazo.

En ese contexto, también alentó a otras compañías francesas a evaluar oportunidades de negocios en el país. Con casi cincuenta años de presencia en la Argentina, TotalEnergies remarcó que la estabilidad normativa y la continuidad de las reglas de juego serán condiciones fundamentales para transformar los anuncios en inversiones concretas.

En una de las exposiciones más celebradas de la primera jornada del Coloquio de IDEA, el ex presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou dejó un mensaje centrado en la moderación, la construcción de consensos y la necesidad de que quienes gobiernan ejerzan un liderazgo orientado a la unidad.

Frente a un salón colmado en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el dirigente uruguayo apeló a la experiencia de su gestión para remarcar que el ejercicio del poder exige prudencia y responsabilidad.

“Hace falta tener paciencia, prudencia y equilibrio. Hay que entender que cada palabra que uno dice como presidente tiene impacto. Hay que pensar ese verbo porque, si es equivocado, se siembra eso y se cosechan tormentas”, afirmó.

Con un tono distendido, lejos de la formalidad tradicional y vestido con camisa y zapatillas, Lacalle Pou combinó reflexiones sobre liderazgo político, gestión pública y construcción de confianza, en una presentación que generó reiterados aplausos entre los empresarios presentes.

Uno de los conceptos que atravesó toda su exposición fue el rol del presidente como articulador de consensos. “Hay que saber tener paciencia y el presidente tiene que ser factor primario de unión y no de separación”, sostuvo.

La conversación fue moderada por el CEO de Banco Supervielle, Gustavo Manríquez, quien lo consultó sobre la relevancia de la estabilidad macroeconómica e institucional para atraer inversiones. Tras una breve pausa, el ex mandatario sorprendió con una respuesta centrada en aspectos más cotidianos.

“La estabilidad cotidiana, que las cosas caminen”, resumió.

A partir de allí desarrolló una definición más amplia sobre el funcionamiento del Estado y la generación de confianza. Según explicó, las decisiones de gobierno sólo adquieren valor cuando logran traducirse en resultados concretos para la sociedad.

“Hay que pensar qué tiene que pasar para que lo que un presidente dice, un Congreso aprueba y un ministro impulsa llegue finalmente a una oficina pública en una ciudad del interior. Cuando un inversor observa que eso sucede, aparece la confianza”, señaló.

Para Lacalle Pou, la esperanza y la credibilidad se construyen cuando las instituciones mantienen su funcionamiento más allá de los cambios de gobierno.

“Si el inversor ve que pasan los políticos y las cosas siguen funcionando, entonces se renueva la esperanza”, agregó.

Sin embargo, aclaró que la estabilidad no debe transformarse en inmovilismo. En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que los procesos institucionales exitosos terminen generando comodidad y falta de ambición reformista.

“La estabilidad está perfecta, pero también hay que desafiarla. Me preocupa que se convierta en apoltronamiento porque, por sí sola, no genera crecimiento ni cambio”, afirmó.

El ex mandatario también dedicó parte de su exposición a reflexionar sobre la relación entre los dirigentes y la sociedad. Recordó que su llegada al gobierno fue posible a través de una coalición integrada por cinco partidos y reivindicó el valor político de los acuerdos amplios.

“Ganamos con un acuerdo de cinco partidos. Había dos fuerzas que sumaban menos de dos puntos, pero valían tanto como la que más aportaba”, recordó.

A partir de esa experiencia defendió la construcción paciente de consensos como una condición indispensable para alcanzar transformaciones duraderas.

“Yo podía avanzar más rápido y solo, o más lento y acompañado. No sirve de nada ir solo. Los consensos se construyen en el camino y, una vez que se elige ese tono, hay que sostenerlo”, planteó.

En contraposición, advirtió que la dinámica política basada en agravios y confrontaciones conduce a un escenario completamente diferente.

“Si elegís el camino de los agravios, es otro camino”, afirmó.

Lacalle Pou también vinculó la capacidad de liderazgo con la legitimidad social. Según señaló, ningún gobierno puede impulsar cambios profundos sin respaldo ciudadano.

“Un gobernante es tanto y cuanto la espalda popular que tiene. Si cuenta con apoyo de la sociedad, tiene legitimidad para avanzar”, sostuvo.

Sobre el cierre, Manríquez trasladó la discusión al rol del sector privado y consultó cuál debe ser la responsabilidad del empresariado en la construcción de un país más sólido.

La respuesta volvió a generar una fuerte adhesión en el auditorio.

“El empresario debe cumplir las reglas, exigir que se cumplan y no aprovecharse cuando no se cumplen. Además, tiene que aportar experiencia, conocimiento y actuar como un buen ciudadano”, señaló.

Y agregó una definición sobre la responsabilidad social de quienes han logrado mayores oportunidades: “Quien tuvo acceso a educación, salud y mejores condiciones de vida tiene también una obligación con el resto de la ciudadanía”.

Antes de bajar del escenario, el ex presidente uruguayo dejó una última frase que despertó sonrisas entre los asistentes y cerró su exposición con un aplauso unánime.

“Soy hincha de los grupos de presión a cara descubierta”, dijo.

La definición marcó el final de una presentación que, por contenido y tono, se convirtió en una de las intervenciones más comentadas de la jornada inaugural del Coloquio de IDEA.

La oposición formalizó el pedido de sesión en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/23, reflotado a raíz de un polémico fallo de la Corte Suprema, más los dictámenes vinculados a los temas de endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, que cuentan con despacho tras los emplazamientos a las comisiones.

La solicitud, para el próximo 15 de octubre desde las 14, se presentó este jueves con la firma de 32 diputados, de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia.

Entre todos suman de base 122, a siete del quórum, pero eso sería contando absolutamente a todos sus integrantes, escenario que no se presenta tan fácil, ya que principal duda radica en si tendrán a todos sus miembros presentes. Principalmente, con una lupa sobre Provincias Unidas, en el cual hay injerencia de gobernadores clave como los de Córdoba y Santa Fe.

Y si de mandatarios provinciales se habla, también la negociación pasará por qué decisión tomarán otros bloques con terminal en sus gobiernos locales, como Argentina Federal (Misiones y Salta), Elijo Catamarca (Catamarca) e Independencia (Tucumán), por ejemplo.

Con dos semanas por delante hasta esa fecha se abre un periodo extenso para las intensas negociaciones que habrá de un lado y el otro, porque claramente el oficialismo trabajará junto a sus aliados para desactivar esa sesión.

SESIÓN
15 DE OCTUBRE | 14:00 HORAS pic.twitter.com/uZ7sLmAKM7

— maxi ferraro (@maxiferraro) October 1, 2026

La oposición más dura reaccionó fuerte tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que se expidió sobre la legitimidad del CECIM La Plata (organización de excombatientes de Malvinas) en su reclamo sobre la derogación de la Ley de Tierras, prevista en el DNU 70, el mega decreto firmado por el Presidente Javier Milei cuando asumió y que desreguló numerosos sectores de la economía.

Aunque el máximo tribunal salió a aclarar este jueves que se expidió sobre un "aspecto procesal" y que la controversia en sí sobre la ley todavía "no ha sido resuelta", desde la oposición convocaron a derogar definitivamente el DNU 70, que fue rechazado ya por el Senado en marzo de 2024. Sin embargo, en Diputados nunca se trató. De acuerdo a la Ley 26.122, para quedar derogado, un DNU debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.

Ante la polémica, y con la tarea de mantener la vigencia de un decreto clave para el Gobierno, La Libertad Avanza evaluaba la posibilidad de "restituir un capítulo con restricciones mínimas" sobre la compra de tierras por parte de extranjeros en el proyecto de inviolabilidad privada que está en la Cámara baja, pero que no se puso en debate desde su media sanción.

Media sanción obtenida de manera muy costosa en agosto pasado en el Senado, cuando justamente la reforma de la Ley de Tierras no prosperó por falta de votos y una masiva campaña social en su contra, con movilización en las afueras del Congreso y distintos puntos del país.

Precisamente la movilización es lo que la oposición busca para el 15 de octubre, cuando está previsto que se realice una nueva marcha federal de la comunidad universitaria, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, otro conflicto que lleva tiempo.

Mientras la oposición incorporó los temas de endeudamiento y discapacidad a este llamado de sesión, con el objetivo de alcanzar quórum, en el oficialismo ya piensan la chance de llamar a su propia sesión con ambos temas, pero sin el DNU, para hacer fracasar la convocatoria. Como siempre, la balanza la inclinarán los llamados diputados "del medio". 

Los dos temas fueron impulsados por la oposición en Diputados, pero LLA, acorralado, impulsó sus propios proyectos y por el número favorable en las comisiones se quedó con los dictámenes por la mayoría con la ayuda de sus aliados. Es decir, esos despachos deberán ser los primeros en someterse a votación dentro del recinto.

En el caso de discapacidad, se firmaron dos dictámenes: el del oficialismo, que no contiene la emergencia, pero sí gran parte de las garantías del sistema prestacional para personas con discapacidad (en un giro de 180 grados a lo propuesto en el Presupuesto 2027); mientras que el de la oposición va por la prórroga por un año de la emergencia dispuesta en la Ley 27.793.

En cuanto a endeudamiento y morosidad, hubo tres dictámenes: de LLA y sus aliados; Unión por la Patria, Provincias Unidas y Coalición Cívica; y el de Argentina Federal. El del oficialismo no interviene en acciones para aliviar la situación de casi seis millones de morosos, sino que prevé educación financiera y exigencias de información transparente para los consumidores a la hora de tomar créditos. Por su parte, los dos textos opositores son similares, al proponer una emergencia, planes de pagos para morosos, tope de tasas y quita de intereses punitorios, entre otros puntos.

El pedido de sesión fue firmado por Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Gustavo Bordet, Vanesa Siley, Ariel Rauschenberger, Eduardo Valdés, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Juan Marino, Itai Hagman, Diego Giuliano, Hugo Yasky, Graciela Parola, Lucía Cámpora y Andrea Freites, de Unión por la Patria.

Por Provincias Unidas lo hicieron Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Esteban Paulón y Pablo Farías; también Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade por la Coalición Cívica.

Completan las firmas Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Nicolás Del Caño, Frente de Izquierda; Jorge "Gato" Fernández, de Primero San Luis; y las monobloquista Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.

Después de 15 días en los que los Juegos Suramericanos reunieron a 3,5 millones de personas, los diputados nacionales Gisela Scaglia, José Núñez, Pablo Farías y Esteban Paulón presentaron un proyecto para declarar a Santa Fe como Capital Nacional del Deporte. "La iniciativa busca poner en valor una historia de más de 150 años, una enorme tradición de clubes e instituciones y una provincia que hoy cuenta con las condiciones y la infraestructura necesarias para recibir competencias de primer nivel", destacaron.

En tal sentido, resaltaron que "los Juegos dejaron algo que va mucho más allá de una competencia: dejaron obras. Más de 90 millones de dólares se destinaron a infraestructura deportiva en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Entre las principales obras están los Invencibles: el Centro Acuático Provincial, el Arena y el Estadio Multipropósito, en Rosario; el Estadio Multipropósito y el Centro Internacional de Tiro Deportivo, en Santa Fe y Recreo; y el Estadio Multipropósito y el Velódromo, en Rafaela. A esto se suman la transformación integral del CARD Pedro Candioti, con una nueva pista de atletismo homologada y los nuevos espacios para BMX y skate".

"Santa Fe tiene una historia deportiva enorme, pero también tiene un presente que nos permite pensar en grande. Las obras que quedaron después de los Juegos no son solamente escenarios para una competencia: son lugares donde nuestros atletas van a entrenar, donde muchos chicos van a empezar a hacer deporte y donde la provincia puede seguir recibiendo grandes eventos", enfatizó Scaglia.

Al presentar el proyecto, se señaló que "el deporte en Santa Fe no nació con los grandes eventos ni se explica solamente por sus grandes deportistas. Se construyó durante generaciones en los clubes, en las ligas, en las escuelas, en las familias y en cada localidad de la provincia".

Y también tiene nombres que son parte de la historia del deporte argentino y mundial: Lionel Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano, Luciana Aymar, Carlos Reutemann y Germán Chiaraviglio, entre tantos otros.

"Todos ellos dieron sus primeros pasos en la canchita de su barrio y fueron construyendo su camino guiados por profesores con vocación, acompañados por sus familias y llenos de compromiso y pasión. Hoy son profesionales del deporte, pero antes fueron chicos jugando", señaló Núñez.

Y agregó que "esta ley es un homenaje a ellos y, a la vez, una invitación a las nuevas generaciones para que sigan confiando en sus clubes como espacios de formación deportiva, social y humana".

La propuesta busca que esa historia tenga un reconocimiento nacional y poner en valor, al mismo tiempo, lo que la provincia es capaz de hacer hoy: formar atletas, desarrollar deporte social y federado, sostener infraestructura y organizar competencias nacionales e internacionales.

"En Santa Fe hay una decisión política de desarrollar el turismo. Los Juegos Suramericanos fueron una muestra del trabajo conjunto entre lo público y lo privado, y permitieron a las tres ciudades sede mostrar todo su potencial turístico", valoró Farías.

Más de 4.000 atletas de 15 países llegaron a Rosario, Santa Fe y Rafaela, en una edición que ODESUR definió como la más convocante de su historia. Y mientras todavía queda mucho de lo vivido, Rosario ya tiene una nueva cita internacional: los Juegos Panamericanos Junior 2029.

"Durante dos semanas, Santa Fe se transformó en una capital deportiva del país, no solo por los Juegos Suramericanos, sino también por el despliegue, el apoyo social y la infraestructura deportiva que nos dejan como legado los Suramericanos a los santafesinos y a todo el país", sostuvo Paulón.

En tal sentido, el diputado expresó que "pensar en la provincia como el motor del desarrollo deportivo hacia adelante nos llena de orgullo y requiere de acciones concretas para que ese potencial pueda ser aprovechado por deportistas de todo el país".

"Tenemos una historia que nos trajo hasta acá y tenemos una infraestructura que nos permite pensar en lo que viene. Declarar a Santa Fe Capital Nacional del Deporte es reconocer ese camino y, sobre todo, a los miles de santafesinos que durante generaciones hicieron del deporte una parte de nuestra identidad", concluyó Scaglia.

Desde Madrid, la vicepresidenta Victoria Villarruel planteó la necesidad de implementar políticas públicas que acompañen a las PyMEs y "poner al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica".

Al exponer este jueves en el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, a donde viajó acompañada de cuatro senadores de la oposición dialoguista, la presidenta del Senado destacó al trabajo, la producción y la industria como "pilares del desarrollo".

"El debate sobre la inteligencia artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana, no habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica. El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica", sostuvo.

Desde el Congreso de los Diputados de España, Villarruel advirtió que "si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital". "Necesitamos políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización", insistió.

La vicepresidenta afirmó que "ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica".