Uno de los ejes centrales del llamado “Proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” es la restitución del Impuesto a las Ganancias o también llamados ingresos personales para la cuarta categoría, que había sido eliminado el año pasado en plena campaña electoral, y que sufrió modificaciones en el dictamen final que se firmó este jueves respecto del texto original que envió el Ejecutivo.

El proyecto, que se debatirá en el recinto el lunes, reinstala en el capítulo quinto este tributo y fija un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos (1.494.000 netos) para los trabajadores solteros y en $2.200.000 ($1.981.278 netos) para los trabajadores casados con hijos.

Esto significa que unos 800.000 trabajadores que hoy están exentos de Ganancias volverían a pagar el impuesto con alícuotas que van del 5% al 35%. En valores que arrancan en casi $ 3.000 mensuales hasta unos $ 60.000 mensuales para los que hoy están excluidos del tributo. Y que supera los $ 100.000 mensuales para los que ganan más de $ 2.500.000 brutos.

Así, el mínimo no imponible volvería a niveles de agosto de 2023 en pesos constantes cuando se impulsó la primera reforma. No obstante, señalaron que no todos los trabajadores que pagaban entonces volverán a hacerlo, debido a que los salarios no acompañaron la inflación.

El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual, pero ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en septiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral y detalla: “Inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.

Al explicar la restitución del gravamen eliminado el año pasado a instancias del ministro/candidato Sergio Massa y que había sido votado afirmativamente por el presidente de la Nación, Javier Milei, el proyecto resalta que tiene por finalidad “reestablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando dentro del impuesto a los ingresos a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando la progresividad que es el principio rector de dicha norma”.

* El nuevo proyecto cuenta con 232 artículos en total.

* Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

* Se delegan facultades al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional.

* El Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

* Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

* Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos como CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA, entre otros.

* Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. Se excluye de la lista al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565.

* En el capítulo de privatizaciones, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

* Sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

* “El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.

* El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

* Se prevé la promoción del empleo registrado. “Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley”.

* “La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adeudadas. Se podrá establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, agrega.

* El articulado también indica que los trabajadores incluidos en la regularización tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

* El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; y un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural.

* Se plantea la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.

Reforma laboral

* Eliminación de multas a empleadores por tener trabajadores no registrados.

* Se lleva el período de prueba a seis meses y se determina que podrá ser de hasta ocho meses en empresas de seis hasta 100 trabajadores, y de hasta un año en empresas de hasta cinco trabajadores.

* Fondo de cese laboral: Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización y/o la suma que libremente se pacte entre las partes.

* Se introduce la figura de “colaboradores” en empresas de hasta cinco trabajadores “independientes” para “llevar adelante un emprendimiento productivo”. Se habla de una “relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación”.

Temas que fueron excluidos

* El Banco Nación se eliminó de la lista de privatizaciones.

* Se sacó el apartado referido a la consolidación de deuda pública del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

* Se quitó el apartado sobre impuestos internos al tabaco.

* Se eliminó el capítulo sobre defensa de la competencia.

Disidencias de los bloques dialoguistas (reclamarán en el recinto)

* Impuestos internos al tabaco.

* Eliminación de contribuciones obligatorias a los sindicatos.

* Contemplar al INTI, al Instituto de la Música y al Instituto del Teatro dentro del listado de organismos que el PEN no podrá intervenir.

* Menores montos de inversión requeridos para que las MiPyMEs puedan acceder al RIGI.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó el lanzamiento de la iniciativa de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y explicó los beneficios que traerá la ley Bases en caso de ser sancionada.

El encuentro se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde el riojano anunció lo que sucederá en el recinto la semana que viene: “Será un paso muy importante que servirá a las PyMEs, a las grandes empresas y a los emprendedores, y que será de mucho valor de cara a la nueva Argentina”.

“Siempre me hablan de competitividad y, desde mi lugar, donde me tocó emprender y trabajar, siempre la idea fue hacer productos ‘Made in Argentina’, lograr productos de mejor calidad y precio, para ser competitivos en el mundo”, añadió Menem, y cerró: “En Argentina se puede y desde la política tenemos que allanar el camino para que se pueda más todavía”.

Acompañaron a Menem en el evento Ezequiel Calcarami, fundador y CEO Grupo Simple; Esteban Wolf, CEO de Pérsicco SA; ySilvia Torres Carbonel, directora del Centro de Entrepreneurship IAE Business Schoool.

La campaña “1 millón por 1 millón” de ASEA invita a emprendedores, monotributistas, productores y PyMEs a comprometerse en contratar al menos un empleado en los próximos 4 años, a los fines de lograr 1 millón de nuevos puestos de trabajo en ese lapso. De cara al objetivo, la campaña está compuesta de cinco principios vinculantes y fundamentales: una moneda fuerte, una reforma laboral moderna, menos trámites e impuestos, desregulación económica y defensa de la competencia, y un régimen de grandes inversiones.

La senadora nacional Nora Giménez (UP – salta) participó este viernes del lanzamiento de la “Ruta del Puro”, situada en la Ruta Nacional 68, en Coronel Moldes.

Se trata de una iniciativa que busca dar a conocer la producción y el armado de puros artesanales, realizados por un grupo de mujeres emprendedoras que desde el año 2016, con el apoyo del INTA, comenzaron con este proyecto que sirve para generar puestos de trabajo genuinos y contribuye al desarrollo turístico del Valle de Lerma.

Durante la presentación de la “Ruta del Puro”, Gimenéz expresó: “Ustedes, las Mujeres del Valle, hoy están demostrando que estos sueños son posibles, que hay que tener perseverancia y que lo importante es sostener el rumbo y la defensa del trabajo autogestivo y de la producción”.

“Estoy convencida que la creación de la Ruta del Puro contribuirá a ampliar el alcance de las economías micro regionales, como así también fortalecer los servicios y ofertas del circuito agroturístico y productivo, permitiendo difundir, valorar e intercambiar saberes y prácticas específicas que hacen a la producción tabacalera y al armado de los puro moldeños”, finalizó la senadora.

En este sentido, para potenciar el desarrollo de la “Ruta del Puro”, Giménez presentó tres iniciativas parlamentarias en el Senado: en primer término, solicitó que la Cámara Alta declare su beneplácito por el lanzamiento de esta emprendimiento.

Otro de comunicación que requiere al Poder Ejecutivo disponga los medios necesarios para beneficiar a los productores tabacaleras de tipo artesanal, comprendidas en la categoría “manufactureros menores” para que obtengan los beneficios que prevé la Ley Nacional de Tabaco y un tercero que pide adecuar el régimen impositivo del rubro tabaco, en relación a las “manufactureros menores”.

El evento de presentación de la “Ruta del Puro”, se llevó a cabo este viernes 26 de abril, con la colaboración del INTA y la Municipalidad de Coronel Moldes.

Los diputados nacionales que integran el Frente de Izquierda – Unidad convocaron una movilización en las afueras del Congreso en el comienzo del debate de la ley Bases y el paquete fiscal en la sesión citada para este lunes 29 de abril al mediodía.

Desde el bloque, señalaron que ambos proyectos “constituyen un verdadero plan de guerra contra los trabajadores”, y asimismo sostuvieron que “la CGT y demás centrales sindicales y movimientos sociales deberían convocar a un paro y a una masiva movilización ese día”.

La presidenta de bancada del FIT, Myriam Bregman expresó que la Ley Bases y el paquete fiscal “son una unidad que ataca fuertemente los derechos de los trabajadores y a la vez favorece a los sectores del poder económico más concentrado”.

“A los ricos les dan blanqueos, para que sin declarar el origen del dinero se pueda ingresar dinero en el circuito legal, algo sumamente riesgoso que convierte a la Argentina en un paraíso del dinero narco, del dinero de la trata y de todo tipo de actividades provenientes del crimen organizado”, manifestó Bregman.

Y agregó: “Al mismo tiempo estas leyes que acordaron con los bloques cómplices atacan fuertemente a los trabajadores con privatizaciones, cambios en el régimen de indemnización, generalización del modelo UOCRA, derogación de la moratoria previsional con la que se jubilan hoy 9 de cada 10 mujeres, modificación de las licencias por maternidad, por nombrar sólo algunas”.

Para cerrar, sostuvo que “es un conjunto de ataques que vamos a enfrentar en el recinto y en las calles movilizándonos, porque es una verdadera guerra contra la clase trabajadora”.

Por su parte el diputado Nicolás del Caño agregó que “el 23 fuimos más de un millón en todo país movilizándonos contra el ajuste de Milei a las universidades”.

“Este lunes y martes cuando se traten estas leyes tenemos que estar todos movilizados frente a la reforma laboral que incluyeron, las subas de impuestos a los trabajadores, la restitución del impuesto al salario, y las rebajas y blanqueos para los ricos”, apuntó.

En el mismo sentido se pronunciaron los diputados Christian Castillo y Alejandro Vilca al remarcar que la CGT y la CTA  “hagan una convocatoria inmediata a un paro general activo, acompañada de una movilización al Congreso el mismo lunes, y que se ponga en pie de un plan de lucha nacional hasta derrotar el plan de ajuste y entrega del gobierno de Milei”.

Y cerraron: “Hay que recordar muy bien a las y los diputados que hoy están siendo cómplices y dándoles el apoyo que necesita el oficialismo para avanzar con este paquete de reformas completamente anti obrero y entreguista. Nuevamente lo vamos a enfrentar en el recinto y en las calles”.

Tal como lo anunció Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, en el plenario que dictaminó la ley Bases, el principal bloque de la oposición en Diputados presentó un pedido para llevar a cabo una sesión especial con el fin de tratar el DNU 70/2023 que ya cuenta desde el 14 de marzo pasado con el rechazo del Senado.

Eso ya sería un dato en sí mismo. Pero la “picardía” está en la fecha elegida por UP: el próximo martes 30 de abril, a las 11. Esto es, cuando se descuenta estará transcurriendo la maratónica sesión pedida por el oficialismo para debatir la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y la de Medidas Fiscales y Paleativas y Relevantes. Esa sesión arrancará el lunes 29 a las 12 y todavía no se ha resuelto si se pedirá un cuarto intermedio en algún momento de la jornada para continuar al día siguiente el debate. Lo seguro es que se extenderá a lo largo del lunes y buena parte del martes.

El pedido lleva la firma de casi el 90% de los legisladores del bloque a excepción de los diputados nacionales Máximo Kirchner; la massista Marcela Passo; y el santafesino Roberto Mirabella; y el jujeño Guillermo Snopek, entre otros.

Para muchos, la movida tiene por objeto obstaculizar la sesión de la sesión de Bases y paquete fiscal. La pregunta del millón es cómo se procederá en esas circunstancias. En principio, el presidente de la Cámara, Martín Menem, debe conceder el pedido solicitado por los diputados opositores. Según expresó una fuente legislativa consultada por parlamentario.com, el titular del Cuerpo tiene la facultad de “ordenar” las sesiones. De tal manera, si como todo indica la sesión del lunes 29 continúa al día siguiente para la hora pedida por la oposición, la misma se correrá para para el final de la misma. Y si hay quórum, se hará a continuación de la sesión original. Sino, serán expresiones en minoría.

Lo más probable en ese caso, cuando tal vez suceda en la madrugada del miércoles, 1° de mayo, Día de los Trabajadores.

Desde el día del rechazo en la Cámara alta, los legisladores de UP habían anunciado que harían uso del pedido de sesión para “rechazar el decreto” cuando tuviesen aseguradas las 129 acepciones necesarias para lograrlo. Sin embargo, a pesar de que diputados de otros bloques habían manifestado su intención de rechazo, el destino del DNU es una incógnita.

El Banco Ciudad anunció el lanzamiento de nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición, refacción, mejora y ampliación de viviendas, tanto únicas y permanentes, como no permanentes. La financiación alcanza hasta los $250 millones, a plazos de hasta 20 años, en UVAs más una tasa de interés desde 3,5% TNA

La nueva propuesta crediticia incluye dos líneas hipotecarias de similares características, a las que pueden acceder quienes ya cobren o migren la acreditación de su sueldo al Banco Ciudad. Se ofrece una línea que permite adquirir primera y segunda vivienda en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad (AMBA, provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta), y otra para adquisición de vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(***). Ambas son en UVAs, la línea general tiene una tasa de interés del 5,5% + UVAs, y la de Microcentro, del 3,5% + UVAs. La línea específica acompaña el plan del Gobierno de CABA que tiene como objetivos el desarrollo y la inversión en el Microcentro, a través de incentivos a la vivienda y de beneficios impositivos en actividades estratégicas.

Al respecto, Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad, manifestó que “nuestro objetivo con estos nuevos créditos es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de vivienda, ofreciendo productos competitivos en un segmento del mercado en el cual somos referentes”.

Estos créditos estarán disponibles a partir del próximo lunes 29 de abril a través de la web del Banco Ciudad y en todas las sucursales de la entidad.

Las nuevas líneas hipotecarias permiten financiar hasta el 75% del valor de venta del inmueble a adquirir. A su vez, la relación cuota-ingreso no debe exceder el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.

Son créditos que se destacan por su accesibilidad, por ejemplo, con relación al importe de la cuota mensual: cada $10 millones que se soliciten a 20 años para adquirir una vivienda en el Microcentro de CABA, la cuota mensual inicial es de $58.149. Asimismo, con respecto a la relación cuota-ingreso, si la persona, familia o conjunto de tomadores del crédito suman ingresos por $1.930.000, pueden acceder, como ejemplo, a un préstamo de $70 millones, con una cuota inicial de $482.000.

Por otra parte, estos préstamos cuentan con la posibilidad de solicitar una extensión del plazo si el importe de la cuota a pagar llega a superar el 10% del valor de cuota resultante de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) desde su desembolso. En esos casos se podrá extender en hasta 25% el plazo original del préstamo.

El diputado nacional Roberto Mirabella (UP – Santa Fe) estuvo presente en la ampliación de la planta de John Deere Argentina en Las Rosas y afirmó que “conocer y promover estas industrias es defender Santa Fe”.

A través de X, publicó: “Con una inversión de U$S 15.000.000 de dólares, la compañía buscó aumentar en un 50% su producción de Equipos Fumigadores y Sembradoras”. “Esta ampliación fue destinada a nuevos edificios, línea de pintura y montaje, mejoras en el proceso de sistematización y logística”, amplió.

Del mismo, celebró que “Este es el camino, estamos ante una excelente noticia hoy, que se da desde el interior productivo de la Argentina”. “Las respuestas que necesita el país están acá, donde se trabaja, se fabrica, se produce, se invierte, donde permanentemente se piensa en mejorar. Estas inversiones, estas respuestas, no la van a encontrar nunca en Plaza de Mayo”, añadió.

La planta ampliada pertenece a PLA SA de John Deere, marca registrada en a la producción de fumigadores y equipos pulverizadores. Argentina es el tercer fabricante a nivel mundial de esta maquinaria y esta firma ocupa unos de los primeros lugares.

Antes del final, expresó que “Santa Fe tiene mucho para aportar en un plan, en una estrategia de desarrollo productivo nacional. Es clave en la producción agroalimentaria, en la producción agroindustrial, en la producción de cereales y oleaginosas, en la producción lechera, en la producción de biodiesel, con un complejo portuario de oleaginosas dentro de los más importantes del mundo”.

“Debemos mirar en el interior productivo, debemos debatir seriamente el federalismo, no podemos seguir teniendo un país muy federal para recaudar y muy unitario para distribuir”, concluyó Roberto Mirabella.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) tiene nuevo presidente. Se trata de Santiago Mignone, quien se desempeña como senior partner de PwC LAN y coordina las actividades de las firmas miembro de PwC en los países de habla hispana de Sudamérica.

El nuevo titular que reemplaza a Paula Altavilla, quien deja el cargo luego de dos años, es egresado de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y forma parte del directorio de IDEA desde 2015.

“Estoy muy agradecido por la confianza de los socios de IDEA en haberme elegido presidente de esta querida institución”, consideró el nuevo presidente, y agregó que “venimos impulsando los temas de la agenda empresaria, con una mirada constructiva y propositiva, enfocados en la inversión y la generación de empleo del sector privado, que hacen al desarrollo económico de la Argentina”.

Señaló, además, que “en la medida en que el ordenamiento de la economía se vaya dando de manera positiva, con baja de la inflación, equilibrio fiscal y reducción del gasto público, retomaremos la agenda del empresariado con la definición de nuevas propuestas orientadas en la búsqueda de mayor competitividad y productividad de nuestra economía y nuestras empresas”.

Su gabinete se completa con Verónica Andreani, designada como vicepresidente primera; Marcelo Tarakdjian, vicepresidente segundo; Javier Goñi como secretario; y Gabriela Renaudo como tesorera.

A su vez, Gabriela Renaudo, group country manager de Visa Argentina y Cono Sur, fue elegida como presidenta del 60° Coloquio de IDEA, que se desarrollará los días 16, 17 y 18 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

Anticipó, en tal sentido, que “lo que vamos a promover y revalorizar en el próximo Coloquio es el rol que tiene el líder empresarial en la sociedad como un actor, un agente de cambio que realmente crea valor, que genera empleo y que es fundamental para la construcción del desarrollo sostenible del país”.

En tanto, Fernando López Iervasi, presidente de Microsoft para Sudamérica Hispana, se desempeñará como presidente del encuentro Experiencia IDEA Management –donde profesionales de empresas pueden inspirarse, conectarse y actualizarse sobre tendencias de innovación, management y liderazgo- que se llevará a cabo el 12 y 13 de junio en la ciudad de Buenos Aires.

La renovación de autoridades de IDEA también incluye el nombramiento de Lisandro Rosental, presidente del Directorio de Rosental SA y Rosental Management Group SA, como presidente de IDEA Rosario.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a cargo del senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), se reunió este jueves en el Salón Arturo Illia para darle tratamiento a 67 decretos de necesidad y urgencia con objeto cumplido de la gestión presidencial de Alberto Fernández y dos de Javier Milei.

En el inicio del encuentro, el titular de la comisión anunció que, desde presidencia, comunicaron la sustitución del senador formoseño Francisco Paoltroni por la puntana Ivanna Arrascaeta, luego de la polémica frase que lanzó el libertario en el encuentro anterior.

Sobre el DNU 841 que establece una asignación remunerativa por única vez a trabajadores en relación de dependencia del sector privado, el diputado Hernán Lombardi (Pro) expresó su rechazo en nombre del bloque porque “hay que dejar el antecedente que es una mala forma de generar asignación de recursos habiendo paritarias libres en el país”.

El secretario de la comisión, el chaqueño radical Víctor Zimmerman, aclaró que “cuando se norme cuestiones parecidas ej cuestiones presupuestarias, declaro validez en los dos decretaos independientemente de la gestión porque es un camino para tener lógica”. Lombardi adhirió a las palabras del senador preopinante y remarcó que “es bueno darles coherencia y consistencia a sucesivas administraciones”.

Al pedir la palabra, la diputada Vanesa Siley (UP) se refirió a los 67 DNU y afirmó que desde su bloque “mantiene la coherencia de los 20 votados en la reunión anterior” y explicó que “tienen su efecto cumplido por lo que no arrastran sus efectos en la actualidad y tienen carácter de abstractos. Vamos a emitir dictamen en ese sentido”, pero adelantó el rechazo a la modificación de la Ley de Ministerios del DNU 008/2023: “Vamos a plantear la invalidez. La actual gestión de Milei prácticamente desguazó una estructura de políticas públicas pasando de 19 ministerios a 9, pero más allá de lo ornamental, lo que nos interesa remarcar es nuestra postura respecto de esos cambios”.

“Por nuestra postura ideológica no estamos en contra de que desaparezca la política pública de educación y no es nuestro bloque nada más. Vamos a rechazar el desfinanciamiento universitario que viene de la mano de la eliminación del Ministerio de Educación, así como la eliminación del FONID, la compra nacional de libros, entre otros. El vaciamiento del Ministerio de Cultura, los despidos en la biblioteca nacional”, explayó y cerró: “Vamos a declarar la invalidez de 008/23 y el 021/23”.

Sobre los mismos decretos se refirió el diputado radical Francisco Monti (Catamarca) y expresó: “Tenemos una mirada propia de las políticas públicas, pero no implica una convalidación de la orden de prioridades que tenga el Gobierno en la aplicación de políticas públicas”.

“No es necesario para defender la educación pública la distinción de si tiene que ser ministerio o secretaría. Los problemas de fondo no radican en la denominación porque en la Argentina se han cerrado las escuelas con Ministerio de Educación”, le enrostró Monti y apuntó: “Hubo un proceso de destrucción de la educación y la escuela pública producida por los gobiernos populistas. No confundamos la función estatal con la denominación de los órganos”.

A su turno, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UP) apuntó contra Milei: “No nos va la hipocresía y el discurso hipócrita de un presidente que habla de la casta y no para de subir rangos de ministerios. Hoy tenemos más ministros que ministerios. Hay que empezar a hablar con la verdad y dejar de aumentar el gasto en remuneraciones y que cada vez más secretarios tengan rango de ministros”.

“Hay que fortalecer al Estado, no destruirlo y el gobierno de Milei lo único que le interesa es el superávit y el déficit cero a costa de no pagar las otras cuentas mientras la gente se está muriendo de hambre, siguen aumentando las prepagas, etc. Hay un doble discurso en el Gobierno nacional porque para algunas cosas no hay recursos y para otras si”, criticó.

Respecto del DNU 21/23 del Procurador del Tesoro de la Nación, Gaillard aclaró: “Vamos a declarar la invalidez porque no pueden legislarse para casos particulares. El Dr. Barra excedía la edad de lo que previa la ley y va en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo y no es legal hacer una norma par aun caso determinado”.

“Sería bueno que el presidente no utilice Twitter hasta la sesión, porque estaría bueno que no ponga en riesgo la verdadera aprobación de esta ley”, recomendó este jueves el diputado Oscar Agost Carreño, atento de las “salidas” que suele tener Javier Milei hacia el Congreso y, horas después de lo que expresó en la cena de la Fundación Libertad, cuando lanzó: “Tiren la ley Bases, hagan lo que quieran, total con esto, digamos con el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política”.

Durante el plenario de comisiones en el que se avanzó con el dictamen de la nueva ley ómnibus, el cordobés mencionó que en las negociaciones entre el Gobierno y los bloques dialoguistas, “salvo (Luis) Caputo vinieron funcionarios de mucha jerarquía a negociar, hablar y discutir; tuvieron mucha predisposición para mejorar la ley”.

“¿Con quién discutieron?”, tiró ofuscada fuera de micrófono Myriam Bregman, jefa del Frente de Izquierda. “Con nosotros”, respondió el legislador de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto.

Y continuó: “Resulta extraño que el presidente pida un pacto (por el Pacto de Mayo), que mande a sus funcionarios a que negocien con tanto esfuerzo y que después diga en un discurso que no le importa que tiren la ley. La verdad que es raro, porque los funcionarios vienen, discuten y se los ve muy preocupados para que esta ley no se caiga. No sé si se refería a sus funcionarios o a nosotros”.

En medio de picantes cruces se llevó a cabo este jueves la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión que quedó en manos del oficialismo, tras el reclamo de la oposición a la convocatoria de un próximo encuentro el 16 de mayo con periodistas “agredidos” y trabajadores de Télam invitados a exponer por la situación que atraviesan, cuyo pedido fue desestimado por la presidencia de la comisión que confirmó los días jueves a las 10 para las reuniones. También expresaron preocupación por lo ocurrido en Diputados TV.

El libertario Bertie Benegas Lynch postuló como presidente a la salteña María Emilia Orozco que se desempeñó como concejal durante dos años en la provincia, es licenciada en Comunicación Social por lo que “puede aportar mucho valor en lo que tratamos porque se especializa en comunicación digital. La conjunción de sus valores en defensa de la libertad una persona joven que viene a renovar la sangre de la política y especialidad del tema comunicacional”. En tanto La UCR aún mantiene la reserva de la secretaría.

Al ser ungida titular de la comisión, la salteña expresó: “Soy nueva en esto y estuve stalkeando un poco sus perfiles y es impresionante la trayectoria de muchos que hace ocho o doce años que están en la comisión. Soy todo lo contrario a eso, toda la experiencia que tienen muchos de ustedes es lo que no tengo, pero no me amedrenta. Al contrario, tengo mucho que aprender de cada uno de los que están acá y seguramente ustedes también tendrán que aprender algo de la renovación en la política”.

“Escuché por ahí la subestimación de los nuevos, escuché incluso dirigirse hacia nuestro espacio de manera despectiva, les puedo asegurar que tenemos mucho para aportar y, sobre todo, pedirles que no nos subestimen”, pidió y agregó: “Si bien cada uno viene con un saco de principios, de valores, de ideologías partidarias y sin ir más lejos miren la conformación de autoridades de la comisión. Soy una defensora del consenso, del diálogo. Acá estamos de paso, no pretendo perpetrarme en este lugar sino lo que quiero es dejar instrumentos, herramientas, dejar normativas a la gente que trasciendan”.

Al respecto, planteó como tema a tratar “la distribución discrecional de sumas millonarias de la pauta oficial y no escuché mucho hablar del federalismo”, por lo que planteó “romper con el centralismo de Buenos Aires porque la libertad de expresión no solamente la tienen los medios de acá. Siendo de una provincia del norte con muchas falencias la pauta está poniendo en peligro la libertad de expresión de los medios del interior”. Además, resaltó que la Ley de Medios “es una materia pendiente”.

“Pido que nos escuchemos porque algo que me sorprendió mucho son los modos, las formas y la falta de respeto cuando alguien está tomando la palabra. Vamos a demostrar desde este espacio que hay otra dinámica de trabajo por el respeto entre nosotros”, solicitó.

Al tomar la palabra, la radical Marcela Coli (La Pampa) manifestó: “Por más que uno es nuevo la experiencia se construye escuchando al otro, respetando a quienes no pensamos igual. Quiero ser respetada por eso. Soy de la oposición que se construye en el respeto y con calidad. Espero que esta libertad de expresión en casi 40 años de democracia podamos sentarnos y tener ese respeto en las posiciones que tenemos los distintos temas. Que todos tengamos las mismas oportunidades”.

A su turno, el vicepresidente primero de la comisión el diputado Christian Castillo (FIT) propuso reuniones quincenales y puso a consideración realizaron el próximo 16 de mayo la reunión con periodistas.

“La actividad periodística en los caos de violencia institucional o paraestatal han sido determinantes, es central. Hay una agresión sistemática desde el Estado que fogonean esa agresión”, alertó y propuso para un encuentro el 23 de mayo que rindan cuentas los funcionarios designados por el Ejecutivo que están a cargo de los trolls center de Casa Rosada que “tienen a agredir las causas que no simpatizan organizando ejércitos de trolls. Deberían explicar si con el dinero público de los contribuyentes se financian funcionarios que utilizan los recursos del Estado para armar grupos de choques mediáticos”.

En contraposición, Orozco desestimó ese pedido y aclaró: “La situación amerita otra dinámica de la comisión y no como la que veníamos teniendo porque en 2021 no se registró ninguna reunión, en 2022 se reunió tres veces y en 2023 solo se reunió una vez”.

“Considero que si queremos tener una reunión productiva sería oportuno hacer una reunión de asesores previo de todos los legisladores para que puedan invitar para poder tener la representación de todas las voces. Vamos a resguardar la pluralidad de voces porque no quisiera que sea una batalla campal como viene siendo en otras comisiones”, planteó.

Al pedir la palabra, el jefe del bloque UP y secretario de la comisión, Germán Martínez, manifestó: “Hay determinadas situaciones que no tienen dos miradas. Cuando hay alguien desde una situación de poder que agrede, descalifica a un periodista no hay dos miradas, al menos que quieran traer al presidente acá a sentarse y explique por qué dijo lo que dijo de los periodistas”, y criticó: “Sabiendo que el presidente iba a agredir mucho a los periodistas dentro de las pocas comisiones que preside el oficialismo se quedó con libertad de expresión”.

“A la tarde quieren firmar un dictamen que privatiza RTA y acá hablamos de libertad de expresión. Hay temas muy sensibles”, sostuvo. Por último, destacó el trabajo realizado en pandemia con “reuniones hasta largas horas de la noche” y cuestionó el funcionamiento en años anteriores con “gente que ahora están de funcionarios”.

La vice segunda, la entrerriana Carolina Gaillard (UP) remarcó que la comisión “siempre estuvo presidida por la oposición, es la primera vez que la preside el oficialismo. Tiene un sentido y una razón de ser que la presida la oposición porque es controlar a quien tiene mayor poder en el país que es el Ejecutivo y es quien puede detentar más abuso de poder y puede cercenar más la libertad de expresión”.

“Si dilatamos la citación a los periodistas que fueron atacados ya se tornaría abstracto y no habría relación en el tiempo entre lo que ocurrió y que la comisión los reciba. Sería importante que en la próxima reunión sean citados”, insistió y expresó: “A todos nos preocupa la situación de Télam que han sido intervenidos por el DNU 70/2023 que le permitió al presidente intervenirla y los trabajadores están pasando por una situación irregular y para nosotros es importante escuchar su voz”.

Así, enumeró la lista de invitados: “Periodistas agredidos en su libertad de expresión, a los trabajadores de Télam y los periodistas agredidos en el marco del tratamiento de la ley Ómnibus”.

El cordobés Pablo Carro (UP) planteó que “la libertad de expresión no se cercena cuando se impide que alguien se exprese, sino que hay dispositivos institucionales que pueden ser recortadores de esa libertad de expresión todos los acuerdos internacionales así lo atestiguan. El solo hecho de que se cierre Télam es un dispositivo que, de alguna manera, atenta contra la libertad de expresión que se levanten en los noticieros de canal público los fines de semana es un modo de cercenar la libertad de expresión”.

En su carácter de presidente de la Comisión de Comunicación e Informática planteó trabajar en conjunto porque “la libertad de expresión articula con el derecho a la información y la comunicación de acceso a información veraz y precisa. Tenemos que garantizar que los periodistas puedan expresarse en libertad”.

“Recortar la publicidad oficial es una manera de cercenar la libertad de expresión porque lo que ocurre es que muchos medios pequeños pueden no funcionar si no acceden a esa pauta, así que la publicidad es una manera de garantizar desde el Estado que pueda acceder o cumplirse con el derecho a la información”, opinó.

A continuación, la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, cuestionó que durante cuatro años “fue muy difícil la apertura de trabajo de asesores”, y coincidió con Carro en trabajar en conjunto con la Comisión de Comunicación en lo que hace a la cuestión de los medios públicos.

“Funcionó en el tiempo de Cambiemos porque se convirtió en una delegación gremial de los despidos a los periodistas en sus trabajos y durante la pandemia se cerró y dejó de importarle al oficialismo de ese momento el trabajo de los periodistas”, cuestionó y explicó: “La libertad de expresión tiene que ver con cuestiones de cercenamiento o de proyección u operatividad y ejercicio de libertad de expresión de periodistas, de ciudadanos, de políticos, de comunicación del Gobierno”.

El diputado Juan Marino (UP) ratificó la propuesta de Castillo y remarcó la importancia de la presencia de los periodistas Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia que han denunciado al Ejecutivo para que “la justifica le ponga un límite y es importante que expliquen los fundamentos de su denuncia y tomar cartas en el asunto”. Además, planteó hacer un pedido de informes de carácter unánime de la comisión al Ejecutivo por los trolls center. que “se usan para censurar opositores o personas críticas”.

Asimismo, el diputado Eduardo Valdés (UP) pidió incorporar en la convocatoria a los trabajadores de Radio Nacional y de la TV Pública; mientras que la diputada Mónica Frade (HCF) solicitó citar a representantes de FOPEA y ADEPA “para sostener el federalismo”.

Finalmente, el diputado libertario Benegas Lynch pidió citar a Miriam Lewin, responsable de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Al cierre de la reunión, que se extendió más de dos horas, se caldearon los ánimos porque la oposición le reclamó a Orozco que ponga a consideración la fecha consensuada del 16 de mayo para la próxima reunión, pero la libertaria desestimó dicho pedido y dio por concluído el encuentro.

Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, se reúne desde las 12.42 el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados para tratar la versión acotada y renovada de la ley ómnibus que fracasó en el verano.

Durante todo el mes, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas llevaron adelante las negociaciones que culminaron este miércoles por la noche, tras una jornada que por momentos pareció volver a empantanar los acuerdos.

No obstante, la última tarea que tenían los legisladores por delante, antes del plenario, era analizar la contrapropuesta del capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasaron de 60 artículos -que pujaban fuerte los radicales- a solamente 16.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

De manera exprés, el objetivo de La Libertad Avanza es avanzar este jueves con el dictamen tanto de la ley de Bases como, más tarde, con el paquete fiscal, de modo de llevar ambos proyectos al recinto el lunes y martes de la semana próxima, en la previa de la marcha del 1ro. de mayo por el Día del Trabajador.

Según el borrador del dictamen que circuló previo al plenario, en la nueva ley de Bases se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, agrega y establece que el Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. “Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos”, añade uno de los artículos.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de “darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere”. Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

“Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos”, señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que “no es lo mismo una inversión hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales”. Por eso, desde su espacio propondrán “tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares”. Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era “más ambiciosa” y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que “es necesario y relevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa”. Y habló de “una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos”. “Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria”, agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: “No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: “Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen”. Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que “lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión”.

“Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso”, defendió y recordó que “este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo”. “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto “recoge lo esencial del proyecto de ley Bases”, también “pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina” y “hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones”. “Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda”, pidió a la oposición más dura.

NOTICIA EN DESARROLLO

En la previa del plenario de comisiones para el tratamiento de la ley de Bases, el libertario Santiago Santurio asumió como en reemplazo de Gabriel Bornoroni al frente de la Comisión de Legislación General.

Vicepresidenta primera de la comisión, Carla Carrizo, destacó en el comienzo que “hemos transitado un ciclo muy intenso desde el cambio de gobierno” y le agradeció a Bornoroni, quien “no tenía mucha experiencia legislativa y pudimos hacer grandes desafíos”.

“Fue muy grato trabajar en equipo”, dijo la radical y ponderó “la amabilidad, el respeto y el liderazgo con muchísima humildad” que el oficialista tuvo durante el debate por la ley ómnibus en el verano.

Bornoroni, quien ahora es jefe de La Libertad Avanza, le agradeció a Carrizo y propuso: “Nosotros en el bloque hemos consensuado de manera unánime al diputado Santiago Santurio”.

“Es una persona de mucha experiencia, que va a representarnos y sabemos que va a llevar el equipo como nos gusta a nosotros, tratando de buscar consensos”, sostuvo sobre el exjefe de despacho de Javier Milei durante su paso por la Cámara de Diputados.

Al sentarse en la mesa principal, Santurio expresó: “Muchísimas gracias por la confianza, espero estar a la altura de las circunstancias e intentar seguir en el camino que dejó mi jefe de bloque. Fue un orgullo, nos representó bien en una tarea que no fue fácil, como debutar con la ley de Bases”.

Además, en la reunión, Unión por la Patria definió a sus autoridades: se designó como vicepresidenta segunda a Mónica Litza y como secretaria segunda a Constanza Alonso. También hubo un cambio entre diputados del Pro, ya que Damián Arabia asumió como secretario primero en reemplazo de Florencia De Sensi.

A través de una resolución conjunta, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dejaron sin efecto la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios. 

En los fundamentos, las autoridades del Congreso indicaron que “nunca fue constituida, y sin embargo cuenta hasta la fecha con personal afectado a la misma”. Otro argumento fue que la ley que disponía su creación fue derogada mediante el DNU 70/23.

La Ley 26.736, sancionada en diciembre de 2011, al comienzo de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, establecía el control parlamentario a través de una comisión bicameral compuesta por ocho senadores y ocho diputados. Sin embargo, nunca se puso en marcha. 

“En atención a la situación reseñada, debe darse inmediata intervención a las Secretarías Administrativas de ambas Cámaras para que den curso a las acciones pertinentes en lo que refiere a los recursos y personal de dicha comisión”, agrega la resolución firmada por Villarruel y Menem.

Facundo Manes, quien lidera el grupo de diputados radicales llamados “díscolos” dentro de su bloque, por la no cercanía con el oficialismo como el resto de sus pares, fue uno de los que se manifestó en minoría este miércoles en la sesión que fracasó por falta de quórum. 

Luego de la multitudinaria movilización por la universidad pública, que el neurocientífico destacó, dio un discurso en defensa de la inversión en educación y apuntó contra el presidente Javier Milei: “Usted rechaza la historia y la gente que rechaza la historia es peligrosa para el futuro”. 

“El paradigma de este siglo es la competencia entre países por el conocimiento, entre los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Pero muchos no quieren educar y esos son nuestros verdaderos adversarios, por eso me da lástima y pena que muchos no estén acá acompañándonos”, lanzó. 

El radical aseguró que “en una economía global, donde lo más valioso es el valor agregado y el conocimiento, la educación no es una oportunidad, es un requisito indispensable”. “Argentina invierte poco en ciencia y tecnología y no hay puentes con el sector productivo; ese es el país desarrollado que yo anhelo, que todos discutamos con un nuevo paradigma, dejémonos de chicanas, de redes sociales, de egocentrismos y empecemos a debatir un paradigma nuevo en la Argentina”, continuó. 

Para el legislador, “como fue el paradigma democrático en los ‘80, que nos unió a todos, hoy el paradigma debe ser el paradigma del conocimiento y eso se hace con ejemplaridad de los gobernantes, con instituciones fuertes, sólidas, transparentes”. 

“Tenemos que transformar el conocimiento en la gran causa nacional, como lo expresó la sociedad ayer en la calle. Esa causa puede y debe ser de todos, aún de los que no están acá, aún de los que no vinieron a apoyar esto. Hay suficiente consenso para esto, no tengamos miedo, que no nos paralice el miedo. Hay que tener esperanza. Debemos respaldar a liderazgos que nos unan, no que nos dividan. A liderazgos que nos den paradigmas de desarrollo inclusivo, no de un 20% o 30% ricos y el 70% pobres como hace dos siglos”, sostuvo. 

En su intervención, Manes resaltó: “La educación fue la mayor herramienta que tuve en mi vida para ser lo poco o mucho que soy. Hoy, esta lucha la tienen que tomar los jóvenes, como ayer, que vi a muchos. Tenemos que decirles que los jóvenes tienen que luchar, porque cuando los jóvenes lucharon, pasaron cosas inesperadas en la sociedad, en la historia de la humanidad. No tienen que conformarse”. 

“Yo quiero un país que se inspire en Canadá, donde hay libre mercado, una economía promercado, pero también hay un Estado honesto, inteligente, donde no se tolera la corrupción, un Estado que regule para que no haya desigualdad. Quiero un país como Finlandia, que hace años era un país que exportaba materias primas y ahora se desarrolló por el conocimiento. Yo no sé qué modelo de país quiere el presidente. No existe el modelo de país del presidente Milei. Y es nuestra responsabilidad encauzar esta desesperanza del pueblo argentino en ideas, no en redes sociales, no en medios oficialistas”, planteó. 

El diputado dijo a sus pares que tienen “la responsabilidad de darle prestigio a esta Cámara nuevamente, no con sueldos más altos mientras la sociedad se muere de hambre, sino con ideas, con honestidad, con ejemplos, por los próceres argentinos que hicieron que en este país, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, haya una clase media”. En esa línea, completó: “La clase media, señor presidente, fueron por los movimientos políticos que usted rechaza. Usted rechaza la historia y la gente que rechaza la historia es peligrosa para el futuro”. 

Se trata de tres iniciativas que tratan de conseguir financiamiento para realizar obra pública de emergencia, extiende un régimen especial para empresas recuperadas y otorgan beneficios impositivos a territorios del sur provincial.

En principio, para la sesión de este miércoles, los senadores tienen pensado sancionar el proyecto de ley denominado de emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas dispone la asistencia para las cooperativas que se vieron afectadas por las crisis económicas, otorga facilidades financieras, y suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos.

La vigencia de la Emergencia será por “el término de dieciocho meses a contar a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por el Poder Ejecutivo por única vez y por un año, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado”, según la redacción que surgió en la Cámara baja.

Por otro lado, el proyecto de ley, que empujó el oficialismo, por el que se crea, como ente autárquico institucional, el Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, avanzó a paso firme por la Cámara baja, y ahora estaría siendo sancionado por los senadores sin mayores sobresaltos.

Los Arroyos San Francisco, Las Piedras y Santo Domingo conforman el drenaje natural de un área de aproximadamente 178Km2 en los partidos de Presidente Perón, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, en una importante región en plena expansión inmobiliaria durante estos últimos años.

La iniciativa; que tiene la autoría del otrora diputado y en la actualidad intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; fue aprobado por mayoría con los votos oficialistas y buena parte de la oposición que incluyó las bancadas del PRO, UCR+CF, AC-GEN, CC-ARI y los libertarios de URyF.

La creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, con el objetivo de conseguir financiamiento para obras que eviten inundaciones en el conurbano sur, se encontró con la atenta mirada opositora que con ansias participativa quiere ser parte de la cuestión y metió modificaciones que finalmente el oficialismo adoptó.

Por último, de manera condicional, pues aún resta pasar por el filtro de una negociación exprés en Labor Parlamentaria en la previa de la sesión, es iniciativas que declaran a Patagones como Área Patagónica, y que establecen la vigencia de la Ley que crea la Zona Austral de la provincia, que beneficia a los distritos de Villarino, en su totalidad y determinados cuarteles catastrales de Puan, Tornquist y Saavedra.

La iniciativa avanzó en la Cámara baja que preside el diputado Alejandro Dichiara fue firmada por todos los legisladores que representan a la sexta sección de los bloques de Unión por la Patria, UCR + Cambio Federal, PRO, y Acuerdo Cívico UCR + GEN.

Específicamente, los diputados aprobaron la prórroga por el término de cinco años de la vigencia de la Ley N° 12.322 que declara al partido de Patagones Área Patagónica Bonaerense, prorrogada por las leyes 14.014, 14.610, 15.170 y 15.176.

Al mismo tiempo, se prorrogó también por el término de cinco años la vigencia de la Ley N° 12.323 que crea la zona Austral de la provincia de Buenos Aires, prorrogada por leyes 14.013, 14.609, 15.170 y 15.177.

Ambos proyectos deberían ser considerados por los senadores y todo parece indicar que finalmente sería sancionados sin objeciones, aunque se duda que eso suceda hoy aunque no se descarta.

Luego de la polémica en el Senado por el aumento de dietas, el interbloque de Unión por la Patria presentó un pedido de sesión para el próximo 2 de mayo, con la intención de debatir sobre un proyecto de ley que pone un tope máximo a los sueldos de funcionarios públicos de los tres poderes, órganos extrapoderes, organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado. 

La iniciativa fue presentada en marzo pasado por el formoseño José Mayans pero, al igual que el resto del temario, no posee dictamen de comisión, con lo cual requeriría de dos tercios de los votos para su tratamiento sobre tablas. 

Además, la solicitud incluye proyectos referidos a la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Uno de ellos busca declarar la emergencia durante 2024 y elevar la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones de pesos para este año. 

La otra iniciativa propone un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032. 

Finalmente, el tercer tema tiene que ver con anular los aumentos de las tarifas de electricidad dispuestos por el Gobierno nacional en febrero, a través de la resolución 7/2024, y reglamentar el precio de la adquisición de la energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A. 

“El tratamiento urgente de estos proyectos se motiva por la acuciante situación económica por la que están atravesando gran parte de los habitantes de la Argentina, siendo necesaria la intervención de este Cuerpo para paliar cuanto menos en parte la misma”, sostuvieron en el pedido. 

La sesión especial solicitada por el bloque Unión por la Patria para este miércoles a las 11 en Diputados trajo consigo aparejado una serie de cambios en la agenda de las comisiones que estaban previstas para ese día.

Para las 11.30 estaba programado un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías que iban a recibir a los familiares de los secuestrados por el grupo Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. El encuentro se suspendió, al igual que la reunión de la Comisión de Derechos Humanos que iba a llevarse a cabo desde las 14 a la que iban a asistir familiares de víctimas y víctimas de delitos contra los derechos humanos sufridos en pandemia.

Sin embargo, la Comisión de RR.EE se reunirá a las 10, previo a la sesión, pero para tratar un paquete de proyectos que aprueban convenios y acuerdos.  También tratarán el proyecto en revisión por el cual se solicita autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros; una iniciativa para reconocer y condenar el Holodomor como genocidio perpetrado por el régimen soviético de Joseph Stalin contra el pueblo ucraniano.

En el mismo horario fue convocada la Comisión de Seguridad Interior para completar la grilla de autoridades. Por la tarde, a las 14 también está en agenda una reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal a la que fueron invitados el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, para iniciar el tratamiento del paquete de leyes de reforma en materia de seguridad contra el crimen organizado enviado por el Ejecutivo.

A las 16, está previsto que Seguridad Interior y Legislación Penal se reúnan en el Anexo “C” para darle tratamiento al proyecto de creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual Ley 26.879.

La duda recae en si las comisiones que están en agenda por la tarde se llevarán a cabo o no. Fuentes cercanas consultadas por parlamentario.com afirmaron que “está previsto hacerse. Salvo que la sesión especial tenga quórum”.

No solo la sesión -si llega a concretarse- hará cambiar la agenda en Diputados, sino que el esquema se modificará en virtud de si se convoca a un plenario de comisiones para dictaminar la nueva ley de Bases, ya que este martes, el oficialismo y la oposición dialoguista seguían negociando y de ese resultado dependerá si se convoca al plenario o no.

Conocida su postura sobre los años de la dictadura militar, la vicepresidenta Victoria Villarruel celebró la suspensión de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, anunciada por el Ministerio de Justicia. 

“Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DD.HH. Auditar el curro de los DD.HH. que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cúneo Libarona y del presidente @JMilei”, escribió en su cuenta de X la presidenta del Senado. 

Además, recordó un mensaje suyo de hace un año atrás, cuando reclamó: “Numerosas indemnizaciones se otorgaron a desaparecidos y familiares que requieren una revisión valiente por parte del Estado”. “Roberto Haymal montonero fue asesinado por los mismos montoneros, sin embargo cobró indemnización. El dolor no habilita al fraude”, había denunciado. 

A través de un comunicado oficial, el Gobierno informó que “el ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos de irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.

Más adelante, se detalló que “la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.

Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona… https://t.co/z442A9sfCQ

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 23, 2024

“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, se agregó. 

El comunicado finaliza: “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”. 

El bloque de senadores nacionales de la UCR emitió un comunicado expresando su apoyo a la marcha convocada por la comunidad educativa para este martes en respaldo de la universidad pública con “el objetivo de exigir la actualización de los fondos necesarios para el normal desenvolvimiento del sistema universitario público”.

“Hoy las universidades viven días de incertidumbre por no contar con los recursos ni las garantías financieras para continuar funcionando, planificar su calendario académico y seguir ofreciendo servicios educativos de calidad a miles de estudiantes”, cuestionaron.

En esa línea, resaltaron que “la defensa de la educación pública es una de las banderas históricas e irrenunciables de nuestro querido partido. Esa coherencia centenaria es la que nos permite evaluar a la educación como un vector de superación por excelencia, que posibilita a los jóvenes progresar y alimenta las esperanzas de una Argentina con futuro”.

“Desde el bloque UCR en el Senado entendemos a la educación como verdadera herramienta de cambio. Una que funciona y que necesitamos como nunca. Trabajemos para mejorarla. Sigamos defendiéndola”, finalizaron el texto.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano fue dada de alta este domingo, luego de haber estado internada durante cinco días, a raíz de un pico de estrés que desencadenó en un malestar gastrointestinal. El cuadro tuvo que ver con la “presión” que recibió por parte de compañeros de su propio bloque para que deje la Comisión de Juicio Político, según afirmaron desde su entorno.

La periodista asistió a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires el miércoles pasado, tras haber tenido vómitos con sangre. Los primeros días solo recibió dieta de líquidos. Ahora, deberá permanecer en reposo en su domicilio.

La polémica comenzó el pasado 10 de abril, cuando a muy pocos minutos del comienzo de la reunión constitutiva de Juicio Político, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, decidió suspenderla. Todo habría sido por la objeción de Karina Milei -de buen vínculo con Menem- a la legisladora.

Sin embargo, parte de la oposición (UP, UCR y HCF) asistieron al encuentro y votaron a favor de la designación de Pagano como presidenta, al igual que Oscar Zago, quien la propuso. Todo se desencadenó luego en una interna libertaria que terminó con Menem negando la existencia de esa reunión y el bloque oficialista desplazando a Zago de la jefatura.

Así las cosas, Menem había convocado a una nueva reunión para el jueves pasado, pero la misma se suspendió. En parte por el ingreso del paquete fiscal y, por otra parte, por la internación de Pagano, dijeron fuentes parlamentarias a este medio.

El exdiputado nacional Juan Ameri, quien protagonizó en 2020 durante una sesión virtual una escena hot con su pareja, a quien frente a la cámara le besó los senos, fue condenado este lunes a un mes de prisión por el delito de “perturbación al ejercicio de funciones públicas”.

La decisión, que incluye dos años en los que deberá estar sometido al control del patronato de liberados, fue resuelta por el juez federal Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema. Durante el juicio, el fiscal Eduardo Taiano había pedido por cuatro meses de cárcel, mientras que la defensa reclamó la absolución al considerar que con su renuncia el salteño había “pagado por el error cometido”.

Tras el hecho, que ocurrió en la tarde del 24 de septiembre de 2020 durante una sesión virtual de la Cámara baja, el cuerpo suspendió de inmediato a Ameri, quien horas después -acorralado por la situación- presentó su renuncia.

“Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión”, informó en el recinto Sergio Massa, presidente de Diputados en aquel momento, luego de la votación por unanimidad para la aplicación del artículo 118 del reglamento interno.

El recordado episodio percibido a través del zoom durante la sesión de Diputados.

Más tarde se votó la renuncia. La nota enviada por el salteño, que integraba el bloque del Frente de Todos, decía: “Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”.

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”, agregó.

La senadora nacional y jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, inició el 8 de marzo pasado una demanda judicial al Poder Ejecutivo Nacional por el cierre de la Agencia de Noticias Télam anunciado por el presidente Javier Milei, pero al no haber explicaciones al respecto solicitó la declaración en rebeldía.

La demanda llegó el pasado 12 de abril a manos del juez a cargo del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo 10, quien le dio cinco días al PEN para brindar información sobre los hechos.

Este lunes, con el plazo ya cumplido y sin respuestas, se solicitó la declaración en rebeldía de Javier Milei porque “no aportó informes, antecedentes ni brindó explicaciones por el cierre intempestivo y la licencia a más de 700 trabajadores de prensa”.

Así, la senadora recordó que el cierre de la Agencia, anunciado por el presidente Milei en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, se efectivizó durante la madrugada del día 4 de marzo cuando los trabajadores recibieron sus licencias y el edificio sede vallado y con custodia policial.

Sin embargo, el Estatuto de Télam establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 20.705, por lo que “se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos cuatro meses fue cercenar derechos”, expresó la senadora.

Consultada por la importancia del caso, Di Tullio detalló que “el cierre de la Agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fakenews y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”.

“Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, por eso el presidente está tan interesado en siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”, finalizó la senadora.

Los senadores opositores con esta presentación impulsan una modificación a la ley para dotarla de transparencia fiscal y visibilizar impuestos que vuelven en servicios en la provincia de Buenos Aires.

La senadora provincial que integra el bloque del PRO Daniela Reich y su par que conforma el bloque UCR+CF Marcelo Daletto,  presentaron un proyecto de Ley para establecer el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo específico es modificar la Ley 13.133 para discriminar en los tickets y facturas los impuestos provinciales en términos porcentuales y exhibir leyendas en las dependencias que presten servicios públicos que digan que no son gratuitos porque los paga la comunidad.

Asimismo, la propuesta va más allá y propone educar a los chicos en las escuelas sobre la incidencia fiscal en los servicios que consumimos.

“En primer lugar, queremos que el ciudadano tome conciencia, se involucre y exija racionalidad en los impuestos que paga, la norma que proponemos establece que se pueda indicar la incidencia porcentual de los impuestos provinciales que se pagan ya que la finalidad es generar conciencia fiscal”, sostuvo Reich.

Por su parte, Daletto sostuvo que “También, buscamos que se tome conciencia del costo y gasto público incorporando en la publicidad de las prestaciones o servicios públicos provinciales que sean de libre acceso o atención, en donde no podrá utilizarse la palabra “gratuito” o similares para visibilizar que los mismos se costean con los impuestos que se pagan habitualmente”.

Respecto de impartir cultura tributaria en las escuelas, Reich y Daletto coincidieron acerca de que “Esto forma parte de la formación ciudadana y debe establecerse desde los inicios formativos de una persona para conformar una ciudadanía consciente de los impuestos que paga y que los servicios públicos no son gratuitos porque se sostienen con las contribuciones impositivas de todos”.

Cabe destacar que la propuesta legislativa es impulsada públicamente por la ONG Lógica, que sostiene que una de las principales causas de la crisis económica que vivimos es la falta de conciencia fiscal de los ciudadanos, promovida por un régimen que oculta de forma sistemática los impuestos a los consumidores y usuarios.

La sesión solicitada por Unión por la Patria para debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y fórmula de movilidad jubilatoria fue oficializada este lunes. La convocatoria es para el miércoles, a las 11, un día después de la marcha federal a favor de las universidades públicas, que se anticipa masiva.

“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, desafió a sus pares Germán Martínez, jefe de la bancada peronista/kirchnerista que cuenta con 99 miembros.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Al número de 129 para lograr el quórum, habrá que mirar con especial atención qué hacen algunos diputados de los llamados bloques dialoguistas. Por lo pronto, se sabe que hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que podrían sumar.

Dentro de HCF, la cordobesa Natalia De la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Estaban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. La estrategia sería en tal caso pujar por un emplazamiento de comisiones para que, con fecha y hora, se den esos correspondientes debates.

Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.

En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina Del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina Del Plá (FIT).

El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.

La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles, a las 11.30, a familiares de argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamás.

Desde el ataque perpetrado el pasado 7 de octubre, hay más de 100 personas que permanecen capturadas en algún lugar de la Franja de Gaza, entre ellos ocho ciudadanos argentino-israelíes.

Hace dos semanas atrás, una multitud se congregó en el Parque Centenario para reclamar por su liberación. Entre quienes convocaron estuvieron familiares que este miércoles serán escuchados en la Cámara baja.

Entre los secuestrados se encuentran Kfir Bibas, quien cumplió un año en enero -estando en cautiverio-, su hermano Ariel Bibas, de 4 años y su mamá Shiri Silberman Bibas, de 35.

La lista continúa con Lior Rudaeff (61) -es el mayor de los argentinos secuestrados en Gaza-; los hermanos Iair (37) y Eitan Horn (45); y David (33) y Ariel Cunio (26).

En febrero pasado, el Ejército de Israel liberó a Fernando Marman, de 60 años, y Louis Har, de 70 años.

La Biblioteca del Congreso de la Nación participará de la 48° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo del 23 de abril hasta el 13 de mayo en el predio ferial de La Rural.

El stand de la BCN estará ubicado en el sector externo, junto al Pabellón Ocre, con diferentes propuestas culturales, educativas y recreativas para toda la familia. Se realizarán ciclos de charlas, presentaciones de libros y juegos para los más chicos, entre otras actividades.

El horario del stand será de lunes a viernes de 14 a 22 horas y sábados, domingos y el feriado del 1° de mayo, de 13 a 22 horas. Mientras que la Noche de la Feria, el sábado 27 de abril, el horario se extenderá hasta la medianoche.

Además de proponer una variada agenda cultural, habrá transmisión de BCN Radio y la participación del Bibliomóvil, con actividades de promoción de la lectura y visitas para escuelas que concurran a la feria.

Se destaca dentro del programa diario la muestra de materiales a cargo de Hemeroteca Diarios, al igual que Hemeroteca Revistas que exhibirá publicaciones relevantes y anexará una propuesta lúdica con el Desafío de la Tómbola.

También habrá demostración de cambio de soporte mediante microfilmación y digitalización del material bibliográfico; y “Cortázar: Clases de literatura en Berkeley, 1980”, junto con una selección de cuentos cortos representativos del autor.

La apertura será con las Jornadas Profesionales, el 23 y 24 de abril, destinadas a editores, libreros, distribuidores, agentes literarios, ilustradores, bibliotecarios, diseñadores, traductores y todos los involucrados en las diversas áreas que forman parte de la cadena de valor del libro, tanto argentinas como del exterior.

Desde el jueves 25 será la apertura al público en general y además de la propuesta propia, el stand de la BCN contará con actividades de instituciones y organismos como ONU Argentina, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Dirección Nacional de Derechos de Autor, Biblioteca del Maestro, Conservatorio de Música Manuel de Falla, Museo Legislativo, Asociación Civil de Lucha por la Integridad Social y el Derecho Animal, la biblioteca para ciegos Tiflonexos la Red Federal Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina, La Colectiva de Autoras y CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral), Editora Nacional Braille y Libro Parlante, “Argentina Narrada. Lectura y Narración social” y Cuentería, entre otros.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano continúa internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, aún sin un diagnóstico médico definitivo, luego de que acudiera esta semana a atenderse por vómitos con sangre.

Según revelaron desde su entorno, el malestar físico de la periodista tuvo que ver con “presiones” que recibió por parte de sus compañeros de bloque, a raíz de la conducción de la Comisión de Juicio Político.

Todo comenzó el miércoles 10 de abril, cuando a muy pocos minutos del comienzo de la reunión constitutiva de dicha comisión, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, decidió suspenderla. Todo habría sido por la objeción de Karina Milei -de buen vínculo con Menem- a la legisladora.

Sin embargo, parte de la oposición (UP, UCR y HCF) asistieron al encuentro y votaron a favor de la designación de Pagano como presidenta, al igual que Oscar Zago, quien la propuso. Todo se desencadenó luego en una interna libertaria que terminó con Menem negando la existencia de esa reunión y el bloque oficialista desplazando a Zago de la jefatura.

Así las cosas, Menem había convocado a una nueva reunión este jueves, pero la misma se suspendió. En parte por el ingreso del paquete fiscal y, por otra parte, por la internación de Pagano, dijeron fuentes parlamentarias a este medio.

Pagano permanece internada desde el miércoles por la noche y este viernes, según supo parlamentario.com, iba a iniciar una dieta semi sólida ya que hasta ahora ha estado recibiendo solamente líquidos.

Además, en caso que nuevos análisis le resulten bien, “podría estar más cerca del alta”, confirmaron a parlamentario.com allegados a la diputada. “No saben porque hubo sangre, creyeron que podía ser úlcera, pero no nos dieron el parte definitivo”, agregaron.

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) volvió a presentar un proyecto de su autoría del 2022 que propone que los aumentos de sueldo de los legisladores no puedan ser mayor al porcentaje de aumento anual de las jubilaciones.

“Quienes llegamos acá con el voto de millones de argentinos que están haciendo un gran esfuerzo tenemos que dar el ejemplo”, explicó Vidal en sus redes tras la polémica que se dio en el Senado con la votación a favor del incremento de las dietas de los senadores de más de 4 millones de pesos.

La iniciativa de la diputada del Pro establece: “La presente ley tiene por objeto regular los porcentajes de las remuneraciones en carácter de dieta y de compensación por gastos y representación, y limitar las actualizaciones de las mencionadas remuneraciones correspondientes a los legisladores nacionales pertenecientes al Congreso Nacional”.

“Los sujetos alcanzados por la presente ley son los legisladores nacionales, Diputados y Senadores, no siendo alcanzado el personal legislativo del Congreso Nacional, cualquiera sea su condición de revista”, detalla.

Además, faculta a los presidentes de ambas cámaras a “a determinar, en lo sucesivo, los porcentajes de la remuneración de los legisladores a los que se asigne carácter de dieta y de compensación por gastos y representación; y a disponer la actualización de dichas remuneraciones”.

El texto plantea que el porcentaje del aumento de la remuneración de los legisladores nacionales pertenecientes al Congreso Nacional quede establecido en relación al porcentaje de aumento total anual de la remuneración de los legisladores nacionales no podrá superar en ningún caso el porcentaje de aumento anual del haber de jubilación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, en base a los mecanismos establecidos por la legislación vigente; la cantidad de tramos con aumentos no podrá ser superior a los que recibe anualmente el personal legislativo del Congreso Nacional.

“En ningún momento el porcentaje de aumento acumulado de las remuneraciones podrá superar el aumento acumulado correspondiente a la jubilación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, indica.

Dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un pedido de ampliación para exigir al Gobierno que presente la documentación para extender la investigación por cartelización a 14 prepagas que quedaron fuera de la medida cautelar que dispuso la Comisión de Defensa de la Competencia.

“El Gobierno no puede desentenderse del abuso sobre la clase media por parte de un grupo de empresas. Tienen el deber de cuidar a todos los usuarios de la medicina prepaga”, sostuvieron.

El diputado nacional y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, los legisladores porteños Hernán Reyes y Facundo del Gaiso, y el exlegislador Rubén Manzi presentaron la solicitud ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que obligue a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a brindar la documentación que tiene en su poder sobre de más de diez empresas de medicina prepaga, en la causa de cartelización.

Los dirigentes del partido liderado por Elisa Carrió señalaron que “el Gobierno que primero desreguló sin tomar conciencia del impacto de esa medida, habilitó la cartelización y aumentos tremendos en medicina prepaga. Ellos tienen la responsabilidad y las herramientas para investigar a todas las empresas que formaron parte del cartel”.

“Nosotros realizamos la primera denuncia en enero de este año, recopilando los testimonios de distintos ciudadanos que se acercaron a transmitirnos el problema de los aumentos desmedidos de las cuotas. Con esa información nos presentamos ante la CNDC para que investigue la posible cartelización de estas empresas para acordar una suba de precios conjunta”, recordó Reyes.

Y continuó: “Meses más tarde vimos que el Gobierno, que había habilitado con su DNU estos aumentos acordados y exagerados, acompañó nuestra presentación, pero sin realizar una investigación adecuada que incluyera a todas las empresas que hubieran aumentado del mismo modo. Por lo que quedaron más de diez empresas sin ser alcanzadas por las medidas, lo que desprotege a dos millones de beneficiarios”.

La CC le exige a la Superintendencia que contribuya con la investigación y presente la totalidad de las comunicaciones que han realizado las empresas de medicina prepaga a sus usuarios; que presente el padrón completo de las empresas de medicina prepaga de todo el país, según su participación en el mercado; y que recupere el índice salud que mide el impacto de la variación de precios de los servicios relacionados con la prestación de salud.

Aseguraron que ven con “mucha preocupación la falta de voluntad de colaboración de la Superintendencia de Servicios de la Salud en el expediente, ya que no incorporó las demás empresas previo a que se dicte la medida cautelar”. “Vemos como un incumplimiento grave que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no haya cumplido con su función de investigación e instrucción de la denuncia”, añadió Reyes.

A 42 años de la guerra de Malvinas, se aprobaron varios proyectos que valorizan aquella gesta y sus actividades conmemorativas, en un extenso y emotivo apartado que ocupó buena parte del debate.

Entre otros proyectos de declaración, en general de interés legislativo el 42° aniversario, se aprobó uno que declara de interés provincial la “experiencia inmersiva “pisar Malvinas: un recorrido por paisajes de las islas Malvinas para ampliar el conocimiento sobre nuestro territorio y reflexionar acerca de nuestra soberanía”; la 27° edición de la tradicional vigilia “Malvinas San Andrés de Giles te canta”;  todas las actividades que se lleven a cabo en la provincia de Buenos Aires con motivo del día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas; el homenaje a combatientes y héroes de la guerra de Malvinas y especialmente a las mujeres invisibles de esta guerra, hoy consideradas veteranas; y de beneplácito por la conmemoración del “día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas”.

El bloque de la alianza de gobierno que conduce Facundo Tignanelli votando a mano alzada.

También se aprobó un proyecto de declaración solicitando invitar a todos los municipios bonaerenses para que en cada una de sus plazas principales se plante un árbol para “honrar a los caídos en Malvinas” y que todas las provincias argentinas se pronuncien en el mismo sentido.

En este marco, el libertario Alejandro Carrancio manifestó que “la recuperación de las Islas Malvinas fue, es y siempre será una causa nacional que el pueblo argentino nunca puede abandonar” mientras que la diputada Abigail Gómez del PRO puso el foco en las olvidadas enfermeras de Malvinas “aquellas que curaban no sólo dolores físicos sino dolores del alma, y que tan sólo tenían entre 18 y 25 años”.

En tanto que el diputado del FIT Guillermo Kane denunció que “el gobierno no sólo no está llevando adelante ningún reclamo por Malvinas, sino que ofreció una base en Ushuaia a Estados Unidos”.

Micaela Olivetto, de Unión por la Patria, puso el foco en otro aspecto: “a Malvinas fueron los mismos dictadores que trasladaron sus métodos de terror a los civiles que circunstancialmente estaban uniformados, los soldados conscriptos bajo la ley de Servicio Militar Obligatorio”.

La diputada de Chacabuco pidió “salir de la efeméride” y recordó que hay causas por torturas que esperan ser resueltas: “por un lado los homenajeamos pero cuando esos soldados nos dicen que los torturaron sus propios superiores, son desoídos.

La conducción del interbloque JxC Agustín Forcheri, Maricel Moro y Diego Graciarena.

Los veteranos necesitan justicia” reclamó, y recordó que la guerra “fue una aventura. El objetivo de la dictadura cívico militar era sostenerse en el poder y no recuperar las islas. Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz”, concluyó.

Por su parte, el diputado de Libertad por Siempre Fabián Luayza Troncoso aseguró que “nuestro deber como argentinos es enseñar qué fue esta gesta, malvinizar”, lo que fue retomado por la radical Alejadra Lordén, que recordó al veterano de guerra oriundo de Saladillo Guillermo Nicoló, que impulsa en todo el país la propuesta de plantar 649 árboles en homenaje a los caídos.

“El acto de malvinizar, con una generación que todavía puede dar testimonio en primera persona, es necesario y un deber moral de los argentinos y la política en su conjunto”, declaró.

Por último, Gustavo Pulti se enfocó en la actualidad de la disputa por Malvinas, y denunció que “en el término de los últimos dos meses los británicos decidieron una restricción de 166 mil kilómetros cuadrados para la pesca y la navegación”, dijo y remarcó: “por eso esta legislatura somete hoy a votación una declaración de repudio a la decisión británica” y recordó que “el 25% de la costa argentina es bonaerense. No es indiferente a los recursos pesqueros de la provincia la restricción impuesta unilateralmente por Gran Bretaña”.

El bloque de LLA “oficial”, de seis integrantes, que conduce el platense Nauhel Larcher, en uso de la palabra.

Por otra parte, para dar otros detalles de la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, sus integrantes votaron por amplia mayoría un proyecto de adhesión a la Marcha Nacional en Defensa de las Universidades Públicas convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional para el próximo martes 23.

En este sentido, el diputado radical Pablo Domenichini, que es además rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, destacó la reunión que mantuvieron ayer los rectores, rectoras y representantes del sistema científico con el gobernador Axel Kicillof y su gabinete.

“La marcha tiene un carácter histórico, hay una convocatoria unánime de los espacios institucionales que tienen que ver con la vida universitaria”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada Fernanda Díaz quien, tras detallar la situación presupuestaria de las casas de estudios recordó que “la provincia es sede de 25 universidades nacionales y dos provinciales y, si la situación no se revisa, van a terminar cerrando. Ya vemos que se está reduciendo la oferta académica y la oferta horaria”.

Por último, cabe consignar que un sencillo recordatorio a Daniel Barrera, un senador y dirigente político fallecido recientemente, oriundo de La Matanza, que en la actualidad era concejal y vicepresidente primero del cuerpo legislativo del distrito.

“Se caracterizó siempre en la política por ser una persona de diálogo, base fundamental de la democracia. Por esa razón era respetado por todos los sectores, conversaba con todos y todos lo apreciaban, distinguían y valoraban” recordó el diputado Ricardo Rolleri.

El presidente de la Cámara de Diputados aplaudiendo en homenaje al senador mandato cumplido Daniel Barreda.

Por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara recordó a Barrera como “una persona de profundas convicciones, y un hombre puro. Todos los partidos políticos y la política en general y toda la provincia de Buenos Aires lamentamos profundamente el deceso del compañero”, dijo y a modo de homenaje pidió “un profundo aplauso de 15 segundos para despedir la figura del compañero Barrera”.

Gran revuelo generó la votación a favor de los senadores de aumentarse sus dietas a más de 4 millones de pesos durante la sesión de este jueves, que la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se despegó del tema y se defendió: “Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo”, remarcó Villarruel en un posteo que hizo en su red social “X”.

En esta oportunidad, se trató el aumento sorpresivamente, sobre tablas, porque no estaba incluida en la sesión convocada para este jueves. De acuerdo a lo que trascendió en el Congreso, la propuesta fue firmada por Juan Carlos Romero, Lucila Crexell, Pablo Blanco, entre otros legisladores de distintas bancadas, incluido el libertario Bruno Olivera.

Según lo propuesto por los senadores, en el proyecto de resolución se habla de una dieta equivalente a los 2.500 módulos, lo que equivale a $ 4,505.000, más 1.000 módulos ($ 1.802.000) extra por gastos de representación y otros 500 por desarraigo ($ 901.000). La maniobra tiene un impacto adicional porque al establecerse en módulos, las dietas se aumentarán en forma automática a medida que se incrementen esos parámetros.

La vice aclaró en su posteo que “como presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”.

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, señaló.

Así, lamentó que “se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme”, y recalcó que “lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”.

Villarruel sostuvo que “hay limitaciones. Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer”, y volvió a hacer hincapié en que “las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo.

En medio de la ola de despidos masivos, la diputada nacional Carolina Gaillard (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia pública en materia laboral, en el ámbito de la administración pública nacional, hasta el 31 de diciembre de 2025, en todo el territorio nacional, en virtud de la vigencia del principio protectorio de la estabilidad consagrado en el artículo 14 bis y en el principio de progresividad del Artículo 75 inc. 19, ambos de la Constitución Nacional.

Además, propone que se prohíba durante el plazo de vigencia mencionado anteriormente los despidos o suspensiones de trabajadores y trabajadoras que efectivamente desarrollen sus tareas en el ámbito público, sin importar la modalidad contractual, ni la fecha de ingreso al empleo.

“Déjese sin efecto el cese o suspensión del personal alcanzado dentro régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado (artículo 9 de la Ley 25.164 Marco de Regulación del Empleo Público Nacional), con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2023, y dispóngase su continuidad laboral”, establece en su artículo tercero y suma en el cuarto: “En los supuestos de la supresión de cargos y/o funciones en el marco de una reorganización administrativa, dispuesta a partir del 10 de diciembre de 2023, la autoridad competente deberá garantizar, en función del principio protectorio, la reubicación de los trabajadores y trabajadoras en la planta de la Administración Pública Nacional”.

En el proyecto establece que la Secretaria de Transformación del Estado y Función Pública, o la que en su futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente ley y “deberá garantizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras alcanzados/as por la misma”.

También plantea que el jefe de Gabinete de Nación producirá un informe mensual al Congreso de la Nación dando cuenta de los avances en el cumplimiento de la ley.

Este miércoles por la tarde ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes enviado por el Poder Ejecutivo, que va de la mano con el proyecto de Ley Bases, y que incluye la modificación en el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, entre otros, cuyo debate en comisión arranca este jueves.

El paquete fiscal que envía el Gobierno pretende establecer un “proceso de saneamiento de la dramática situación económica en la que está sumido nuestro país”, y hace hincapié en la “crisis fiscal” en la que Argentina se encuentra debido al “desbalance de las cuentas públicas generado por el Estado, quien en forma recurrente y continua ha realizado erogaciones por encima de sus ingresos. Este proceso de crisis se ha visto fuertemente agravado por las medidas adoptadas en materia impositiva en los 4 meses anteriores al 10 de diciembre de 2023”.

El texto explica que las medidas implementadas tienen como consecuencia directa “una merma de los recursos fiscales del Estado, elevando aún más los ya altos niveles de déficit fiscal, hecho que dificulta seriamente el proceso de saneamiento de las cuentas fiscales”.

“El Estado Nacional se encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva”, fundamenta.

El paquete fiscal será debatido en paralelo con la Ley Bases, ya que el oficialismo espera tener ambas iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados para principios de mayo para que sean giradas al Senado y que estén sancionadas antes del 25 del mismo mes, fecha en que el Gobierno aspira a firmar el Pacto de Mayo sobre políticas de Estado con las provincias.

Por eso, y tal como había anticipado parlamentario.com este mismo jueves el oficialismo pone en marcha el tratamiento de la iniciativa, ya que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA) convocó una reunión de carácter informativo para las 11 en el Anexo “C” a la que fueron invitados a exponer el Secretario de Hacienda, Lic. Carlos Guberman y el director de Análisis y Estadísticas Tributarias, Lic. José Antonio Salim. Los planes de los libertarios es llevar ambos proyectos al recinto en la semana del feriado del 1ro. de mayo.

Los puntos centrales del paquete fiscal

Según explicaron en el texto, los regímenes propuestos “encuentran su causa en la delicada situación económica y financiera de las empresas argentinas y de los contribuyentes individuales”, y que tienen por fin “abordar en forma directa el complejo escenario, ofreciendo opciones para reincorporar a la economía formal a los contribuyentes que opten por adherir a estos y aliviando la situación financiera del país al efectivizar el cobro inmediato de impuestos adeudados u omitidos”.

“El sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. La existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal”, planteó el Gobierno.

En línea con el borrador enviado días atrás a las bancadas, se trata de un proyecto de 101 artículos que incluyen modificaciones sobre Bienes Personales, la restitución del impuesto a las Ganancias que, tras varias rondas de negociación con los gobernadores y los bloques de la oposición dialoguista, tendrá un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos para los solteros y en $2.200.000 para los casados con hijos actualizables de manera anual según el Índice de Precios al Consumidor.

Al explicar la restitución del gravamen eliminado el año pasado a instancias del ministro/candidato Sergio Massa, el proyecto resalta que tiene por finalidad “reestablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando dentro del impuesto a los ingresos a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando la progresividad que es el principio rector de dicha norma”.

Es el blanqueo de capitales que se extenderá hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad del PEN de prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

En su artículo 19°, el proyecto establece que los sujetos no residentes en el país podrán adherir al Régimen de Regularización de Activos por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina, excepto moneda nacional o extranjera en efectivo. Este último punto referido al efectivo se sumó a instancias de la oposición.

El proyecto establece una moratoria, denominada Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Podrán acogerse al mismo aquellos contribuyentes y responsables de obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.

El acogimiento podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido 150 días corridos desde aquella fecha, inclusive.

Las personas humanas (excepto las que califiquen como pequeños contribuyentes) ingresarán un pago a cuenta equivalente al 20% de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta 60 cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

Las Micro y Pequeñas Empresas y las entidades sin fines de lucro ingresarán un pago a cuenta equivalente al 15% de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta 84 cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación realizará un encuentro este jueves 18 de abril a las 14 para abordar los abusos sexuales perpetrados durante el ataque a Israel el 7 de octubre de 2023.

Bajo el título “Abusos sexuales cometidos en el ataque a Israel el 7 de octubre de 2023”, el evento se centrará en la presentación del reporte oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las atrocidades cometidas por Hamas durante su invasión militar en octubre pasado.

Este encuentro tiene como objetivo difundir y denunciar estos crímenes atroces. En este contexto, la diputada María Cecilia Ibáñez (MID) ha expresado su condena ante tales actos y ha destacado la importancia de sensibilizar y concientizar sobre lo ocurrido en Israel.

“Israel ha acusado reiteradamente a los milicianos de Hamas de asaltar y violentar a mujeres residentes en las comunidades atacadas, con casos de secuestros y traslados forzados a la Franja de Gaza”, fundamentaron.

La representante especial de la ONU para la violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, ha revelado detalles “escalofriantes” sobre los eventos del 7 de octubre, describiendo “escenas de una violencia innombrable perpetrada con una brutalidad sorprendente y que provocó un sufrimiento humano intenso”.

La Cámara de Diputados llevó adelante una nueva jornada de constitución de comisiones este miércoles: fueron siete más las conformadas. La primera que se constituyó fue la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en la que resultó elegido como presidente Daniel Gollan (Unión por la Patria).

En tanto, la vicepresidencia primera quedó en reserva para la UCR; la vicepresidencia segunda fue para Martín Yeza (Pro); y las secretarias -una reservada para LLA- quedaron repartidas entre Andrea Freites (UP), Damián Arabia (Pro) y Brenda Vargas Mayti (UP). Los días y hora de reunión se establecieron en los martes a las 18.

Al tomar la conducción, Gollan anunció que la próxima reunión será informativa, con voces del sector y resaltó que “el sector científico-tecnológico no la está llevando fácil, tenemos que trabajar mucho para ver qué se puede aportar desde acá para resolver esta situación”.

“Yo creo que ninguno de los que está acá duda que el diferencial que hacen los países es a través del desarrollo científico-tecnológico; sí probablemente tengamos algunas diferencias en cómo se llega a eso”, sostuvo y recordó la Ley del Plan de Ciencia 2030, por el cual se aprobó un incremento presupuestario año a año para el sector, para alertar que “estamos viendo que se está yendo en el sentido contrario al incremento del presupuesto en el sector” lo que genera “muchísima preocupación e incertidumbre”.

Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Llanos dijo que “para La Libertad Avanza es una clara prioridad la ciencia y la técnica, sí con una modificación en el direccionamiento hacia las ciencias duras y con reformas en términos del dimensionamiento de este ámbito, y con una clara inclinación hacia la desideologización”.

“No sólo es necesario articular con las universidades, sino también con la ciudadanía. La partidización de muchas universidades ha resentido el vínculo entre la ciencia y nuestras instituciones educativas”, opinó y afirmó que el Gobierno pondrá “un fuerte énfasis en bioeconomía y en la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública”.

Turismo

Otra comisión que quedó a cargo de Unión por la Patria fue la de Turismo, donde fue designada presidenta la riojana Gabriela Pedrali, quien agradeció la “confianza” y consideró que la comisión tendrá una “compleja tarea” porque si bien “el turismo es uno de los sectores que ha recuperado fuertemente después de la pandemia” y “lleva 24 meses consecutivos de crecimiento en el empleo registrado, con más de 55 mil puestos de trabajo; hoy todo eso corre peligro en la recesión en la que estamos”.

La legisladora cuestionó la “falta de definiciones estratégicas para una política clara del sector” y recordó que “la temporada de verano ha sido una de las peores de la década”. “La incertidumbre no es buena para ningún sector, menos para el turismo”, sumó.

Por su parte, la chaqueña Marilú Quiroz del Pro, que asumió como vicepresidenta primera expresó: “Hace más de 20 años que estoy en el rubro del turismo, que es el que tiene las herramientas para poder hacer crecer de manera inmediata o más próxima a nuestro país. Argentina tiene todo para tener un turismo de primera calidad”.

En la vicepresidencia segunda quedó Marcela Antola de la UCR; en la secretaría primera Ana María Ianni (UP), en la secretaría segunda LLA hizo reserva del nombre, y en la secretaría tercera fue elegido Emmanuel Bianchetti (Pro). Los miércoles a las 10 quedaron establecidos como día y hora de reunión.

Transportes

Pasado el mediodía, fue el turno de la Comisión de Transporte que avaló como presidenta a la diputada nacional mendocina Pamela Verasay (UCR), quien estará acompañada en el cargo de vicepresidente primero por el rionegrino Aníbal Tortoriello (Pro) y como vicepresidente segundo por el santafesino Diego Giuliano.

La secretaría primera quedó reservada para La Libertad Avanza. En tanto, la segunda quedó a cargo de Jorge Chica (UP) y la tercera por Carlos Cisneros (UP). Quedó establecido martes a las 10 como día y hora para las próximas reuniones.

Cultura

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados había dejado pendiente la designación de la Presidencia y finalmente, Silvana Ginocchio (UP – Catamarca) fue la designada. Además, a Lorena Pokoik e Hilda Aguirre se les asignó las dos Secretarías que habían quedado vacante.

En la anterior reunión, el diputado nacional Hernán Lombardi (Pro – Buenos Aires) había sido designado como vicepresidente primero, mientras que, María Fernanda Araujo (LLA – CABA) quedó en la segunda. Por su parte, la cordobesa María Cecilia Ibáñez (MID – Córdoba) tiene la Secretaría segunda.

Minería

A diferencia de otras comisiones, la de Minería completó todas sus autoridades al conformarse este miércoles. Como presidente fue ratificado el sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria. Ese fue el dato saliente de la jornada, teniendo en cuenta la importancia de dicha comisión, que en general un oficialismo querría mantenerla en su poder. En este caso, debe haberse interpretado que la opinión reinante en esa comisión no es tan divergente de la que tiene la actual administración, por lo que se optó por permitirle a Unión por la Patria conservar ese estratégico lugar.

“Estamos viviendo un momento muy especial en el cual el Gobierno nacional y cada uno de los gobiernos provinciales tiene enormes expectativas en esta actividad económica, tan importante para Argentina, para la región y cada una de nuestras provincias”, sostuvo y afirmó que el objetivo debe ser que “la Argentina deje de ser un país minero y pase a ser un país que hace minería”.

Como vicepresidente primero asumió el salteño Pablo Outes de Innovación Federal y la bonaerense del Pro María Florencia De Sensi lo hizo como vicepresidenta segunda. En tanto, el secretario primero es el sanjuanino José Peluc, de la Libertad Avanza; la secretaria segunda la sanjuanina Nancy Picón, de Producción y Trabajo; y la secretaria tercera la jujeña Leila Chaher de Unión por la Patria.

Durante la reunión, Allende dijo que convocarán al flamante secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, “para que nos cuente a todos las perspectivas y proyectos que tiene para la actividad en los próximos cuatro años”.

Mercosur

En una reunión muy breve, se constituyó la Comisión de Mercosur siendo designado como su presidente el santafecino Roberto Mirabella (UP). La vicepresidencia primera y segunda fueron para la libertaria Romina Diez y para el correntino Jorge Antonio Romero (UP) respectivamente.

En cuanto a las secretarías, la primera fue para Gerardo Milman (Pro) quien se encargó de conducir la reunión ante la falta de las autoridades elegidas, la segunda fue para la neuquina Tanya Bertoldi (UP), y la tercera para el correntino Christian Alejandro Zulli (UP). Aún resta por definir días y horarios de encuentro.

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Industria

Promediando la tarde de este miércoles, la Comisión de Industria designó a sus autoridades quedando al frente de la misma la diputada del Pro Ana Clara Romero. En cuanto a la vicepresidencia primera y segunda fue para el entrerriano Gustavo Bordet y la puntana Natalia Zabala Chacur, respectivamente ambos de UP.

Por el lado de las secretarías, La Libertad Avanza hizo reserva del nombre para la primera, mientras que UP designó para la secretaría segunda y tercera a Mario Manrique y Roxana Monzón respectivamente. Por último, fijaron como día de reuniones los miércoles a las 12.

Previamente se explicaron dos modificaciones en la integración de la misma: el diputado Gustavo Bordet ingresó por Germán Martínez, Natalia Zabala Chacur por Fernanda Ávila, Ana Clara Romero por Héctor “Tito” Stefani.

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Peticiones, Poderes y Reglamento

Cerró la jornada la conformación de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento siendo elegida para presidirla la diputada Silvia Lospennato (Pro). La vicepresidencia primera fue para Paula Penacca (UP) mientras que la vice segunda quedó reservado para LLA.

El radical Francisco Monti fue propuesto para la secretaría primera; el jefe del bloque de UP Germán Martínez fue ungido como secretario segundo, y la secretaría tercera fue para la formoseña María Parola (UP). Por el momento quedó como día de reunión los martes a las 18.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, se reunió este martes para emitir los dictámenes sobre una reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Es la cuarta reunión que la comisión mantiene, en la primera de ellas los autores de los proyectos expusieron las principales ideas de sus textos, en las dos siguientes fueron invitados funcionarios de la ANSeS y expuso una treintena de invitados.

En medio de ello, el Gobierno nacional emitió el DNU 274/24 a través del cual se dispuso que las prestaciones previsionales serán actualizadas todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC. El aumento extraordinario que el Gobierno da para compensar la pérdida ante la inflación es de 12,5%, que contraría lo que reclama la oposición, por arriba de los 20 puntos.

El fin de semana pasado se conoció el proyecto de UP para mejorar las jubilaciones y pensiones, brindando un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses. Desde el bloque habían solicitado apurar el dictamen, pero ello no garantiza todavía que el proyecto vaya a llegar al recinto ya que sucede que todavía falta que lo trate Presupuesto y Hacienda, cuyo titular José Luis Espert no está dispuesto a convocar a su comisión para algo que no pueda llegar a dominar. ¿Cuál es la estrategia opositora en ese caso? En la próxima sesión buscarán hacer un emplazamiento a esa comisión.

Al inicio de la reunión, la titular de la comisión destacó el compromiso con el cronograma de trabajo que se propusieron “acorde a las exigencias de la sociedad”, pero también “poder hacer un debate serio, profesional y responsable en este tema tan sensible que son los haberes y pensionados del país”.

Brouwer de Koning ponderó el análisis que se hizo de los 17 proyectos presentados porque “cada uno tenía aportes interesantes para el debate”. “Le dimos una apertura total, integral y cabal al tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas las miradas de quienes quisieron participar”, resaltó sobre la reunión informativa.

En tanto, la radical remarcó que se trabajó “sin prejuicios, con una apertura objetiva analizando los diagnósticos donde hubo una coincidencia mayoritaria en tres temas”, y detalló: “El empalme del 12,5% que dio el DNU donde para muchos resultó insuficiente de acuerdo al deterioro que tuvieron los haberes por la inflación del país”.

“Segundo todo lo que implicó en las proyecciones económicas donde el DNU plantea un índice de actualización de IPC que la mayoría de los proyectos de la comisión lo proponían, pero dejaban un efecto de que si había variaciones salariales el haber no tenía ningún movimiento y se planteó qué pasaba en esa situación. Hubo fallos que plantearon que en esas cláusulas se tenía que tener encuentra las variaciones salariales”, precisó.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

El bloque de diputados nacionales de la UCR ratificó este martes su “compromiso con la educación pública” y expresó su acompañamiento a las universidades nacionales en su reclamo por la falta de presupuesto, motivo por el cual la comunidad educativa convocó a una marcha a Plaza de Mayo el próximo 23 de abril.

“Las universidades públicas son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país y brindan a miles de estudiantes acceso a una educación de calidad. Sin embargo, la decisión del Gobierno de llevar adelante uno de los más grandes ajustes presupuestarios de la historia amenaza el normal funcionamiento de las instituciones”, advirtieron los radicales.

En ese sentido, apuntaron que “esta situación tiene un impacto directo en la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria y no sólo limita las oportunidades de formación académica, sino que pone en peligro el avance científico, tecnológico y cultural del país”.

Desde la bancada que conduce Rodrigo De Loredo, que había pedido anteriormente sumar la educación pública al Pacto de Mayo convocado por el Gobierno, recordaron: “Siempre manifestamos la importancia de lograr el equilibrio fiscal y convocamos a trabajar por un Estado más eficaz. Pero es importante remarcar que la inversión en educación superior es esencial para alcanzar el crecimiento sostenible que el país tanto necesita. Dañar al sistema solo va a generar más problemas de los que ya tenemos”.

“En este contexto, acompañamos a las universidades en su reclamo y reafirmamos nuestro compromiso histórico con la educación pública y en defensa de nuestro sistema universitario”, concluyeron.

La ley de Bases y la iniciativa de medidas fiscales, ambas claves de cara al Pacto de Mayo que el Gobierno nacional busca firmar el 25 de ese mes con gobernadores, se retrasarían una semana más en su tratamiento en la Cámara de Diputados, de acuerdo a las fechas que inicialmente barajaba La Libertad Avanza. 

Según supo parlamentario.com por fuentes oficialistas, el plenario de las comisiones abocadas al análisis de la ley que fracasó en el verano (Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales) se reuniría recién la próxima semana y no este martes o miércoles. De esta manera, el 24 de abril como día de posible sesión quedaría frustrado. Y el proyecto, siempre de acuerdo a los planes del oficialismo, se llevaría al recinto en la semana del feriado del 1ro. de mayo. 

Por su parte, el proyecto sobre medidas fiscales, que incluye la vuelta del impuesto a las Ganancias, un nuevo blanqueo y modificaciones en Bienes Personales y el régimen de monotributo, deberá ingresar formalmente a la Cámara baja. Se espera que sea girado en las próximas horas y, en ese caso, podría convocarse a una reunión informativa este jueves. 

Ese día están agendadas tres reuniones constitutivas de comisiones -que no descartan suspender-, entre ellas la de Juicio Político, que el presidente de Diputados, Martín Menem, volvió a citar, al negar que haya existido un encuentro válido la semana pasada. Lo ocurrido en la reunión en que Oscar Zago y parte de la oposición votó a Marcela Pagano como presidenta hizo estallar la interna libertaria al punto de que Zago fue desplazado como jefe de bloque y en su lugar asumió Gabriel Bornoroni. 

Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que los votos de Zago y otros dos diputados que se fueron con él a un nuevo bloque estarán disponibles para la votación de los proyectos que ambiciona el Gobierno. Además, aceptarán que el MID sea parte de un interbloque de LLA, como propuso el porteño cuando oficializó la ruptura. 

Las negociaciones por la letra chica de la nueva ley de Bases y el paquete fiscal, cuyos borradores la Casa Rosada circuló días atrás, continúan no sólo en conversaciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, con diputados sino también con gobernadores. Este martes será el turno de los de Córdoba, Martín Llaryora; el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con motivo de la reunión de gobernadores de la Región Centro en la capital santafesina. 

El ministro tratará de pulir detalles de los proyectos que el oficialismo espera tener aprobados cuanto antes, de modo tal de que pueda el Senado abocarse a los mismos antes de la fecha anunciada por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa para el pacto entre Nación y provincias. 

Los contactos del Gobierno con los mandatarios provinciales no se limitan a los dialoguistas, sino que también incluyen a figuras como el santiagueño Gerardo Zamora, quien ya ha hecho algunos guiños estratégicos para este debate.

En medio de las reuniones que el Ejecutivo mantuvo con los bloques dialoguistas, la Unión Cívica Radical sumó su propuesta de reforma laboral. Todavía no está definido si se sumará a la ley de Bases o se tratará por separado. Oficialismo y radicales coinciden en que sea parte del mismo proyecto, pero esto no tendría acuerdo en otras bancadas clave para su aprobación. 

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria – Rio Negro) presentó un proyecto de decoración manifestando preocupación y rechazo por la eliminación del carácter público de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la telefonía móvil, el acceso a las redes de telecomunicaciones; y la regulación de los precios de estos servicios.

“Estos instrumentos tecnológicos comunican lugares y personas y son derechos humanos fundamentales. Sin estas herramientas, el interior profundo del país quedará incomunicado. Las escuelas rurales de diferentes puntos del territorio nacional permanecerán absolutamente aisladas, puesto que las empresas multinacionales no invierten en lugares donde el negocio económico no esté garantizado”, subrayó.

La rionegrina remarcó: “El acceso a las TIC y a las comunicaciones requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar el acceso equitativo, justo y a precios razonables; lo cual la Ley 27.078 Argentina Digital buscaba garantizar hasta la modificación efectuada por el ejecutivo el 10 de abril, mediante el decreto 302/24”.

“Sin regulación por parte del Estado se hiere profundamente al federalismo, y la conectividad se convierte en un privilegio del que gozarán unos pocos”, finalizó.

García Larraburu indicó que el DNU emitido por el Gobierno implica que “la comunicación deja de ser considerada un servicio esencial y pone en riesgo el ejercicio de este derecho humando para las grandes mayorías; desregula las tarifas incrementando las brechas digitales y pone en peligro la política de conectividad en comunidades rurales”.

Desde que el Gobierno Nacional dio a conocer la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia ha generado todo tipo de cuestionamientos, desde asociaciones judiciales y organizaciones civiles hasta dirigentes políticos.

Una de las últimas voces en contra fue la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que se sumó a los anteriores cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, IDEA y el Club Político Argentino, entre otros. En todos los casos, las críticas apuntan a la actuación y la idoneidad de Lijo como magistrado.

En el plano político, las críticas principales provinieron de parte de dirigentes de Coalición Cívica, su titular Elisa Carrió y el presidente del bloque en Diputados, Juan Manuel López.

Este lunes por la mañana el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la candidatura de Lijo y de Manuel García Mansilla, despertando otra vez las críticas de algunos lilitos.

CASTA DE LA CASTA #LijoNo pic.twitter.com/e9NWkT70q2

— maxi ferraro (@maxiferraro) April 15, 2024

“Entre viaje y viaje, entre conflictos internos y externos, el presidente Javier Milei hoy envió oficialmente la postulación del Juez Ariel Lijo a la CSJN. Los que luchamos x un Poder Judicial ejemplar, idóneo y transparente seguiremos reclamando para frenar esto”, escribió Marcela Campagnoli utilizando el hashtag “#LijoNo”.

El proyecto de ley denominado de emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas dispone la asistencia para las cooperativas que se vieron afectadas por las crisis económicas, otorga facilidades financieras, y suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos.

La iniciativa tiene aplicación efectiva en el territorio provincial y se busca una prórroga de cinco años más como posibilidad de extender los beneficios un año más si el Poder Ejecutivo así lo estime oportuno.

El oficialismo y la oposición tienen diferencias menores respecto de la extensión de la emergencia y los requisitos para las empresas, pero todo parece estar listo para avanzar con su aprobación en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados.

No es la primera vez que los legisladores bonaerenses se enfrenta a la cuestión, pues se trata de un proyecto de ley sancionado en 2022 pero se dictaminó su vigencia por el término de dos años.

Ahora la idea es que el proyecto de ley, presentado por la diputada mandato cumplido del Movimiento Evita, Patricia “Colo” Cubría, que dejo su banca en 2023, establezca la Emergencia Económica, Financiera y Tarifaría de las Empresas Recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires sea por el término de cinco (5) años.

La diputada del Movimiento Evita Patricia Cubría dejó la iniciativa con vida parlamentaria antes terminar su mandato en 2023.

La experiencia argentina de empresas recuperadas tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires, donde surgió con mayor fuerza a partir del proceso de crisis económica y social que tuvo su mayor síntoma en el año 2001, en la cual se intentó dar una respuesta con la sanción de la Ley 13828, que no logró, sin embargo, resolver varios de los problemas planteados en su momento.

Sin perjuicio de ello, la experiencia desarrollada por las empresas recuperadas es tomada como ejemplo en todo el mundo, ya que no solo redunda en la defensa del trabajo y la producción, sino también en la generación de espacios de acceso a derechos allí donde el Estado llega con respuestas escasas.

La difícil situación actual pone en serio riesgo a estas empresas como fuentes productivas y de acceso a derechos para sus integrantes y para la comunidad en general.

Esta realidad impacta en casos de empresas recuperadas consolidadas en el tiempo, pero también en casos que se han sumado como consecuencia del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras por sostener los puestos de trabajo genuino en este grave escenario.

“La crisis económica del país en los últimos años ha afectado con gravedad -y sigue haciéndolo- a los sectores productivos en general y a las empresas recuperadas en particular”, resulta la punta de la argumentación que le da viabilidad al proyecto de ley.

La iniciativa también declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras, como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en crisis o proceso de quiebra, privilegiando los bienes necesarios para tal fin, según las normativas complementarias.

Se encuentran alcanzadas por la emergencia solicitada en la iniciativa las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o cierre por cualquier causa.

Se consigna además que los sujetos previstos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Empresas Recuperadas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Además, según se estipula en el proyecto de ley en debate, la suspensión durante la vigencia de la emergencia declarada, de todas las acciones judiciales, trámites y diligencias, en el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad ordenar y ejecutar el desalojo de Empresas Recuperadas.

Por ultimo, en el articulado de la iniciativa, que comienza su recorrido por la Cámara baja pero que deberá ser considera por los senadores para proseguir su trámite parlamentario, se consigna la suspensión, durante la emergencia declarada, los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales.

Se detalla que los prestadores de servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales deberán otorgar planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas por la emergencia, conforme las pautas que establezcan el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua, en su carácter de órganos de control de la prestación de los servicios.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley por el cual propone la eliminación de las retenciones al trigo y la implementación de certificados de libre disponibilidad pago de Derechos de Exportación de Soja y Maíz con el objetivo de dar “un impulso necesario para fortalecer la producción nacional y contribuir al desarrollo económico del país”.

La propuesta contempla la eliminación de los Derechos de Exportación para el trigo a partir del 1 de enero de 2024, así como la implementación de un Certificado de Libre Disponibilidad para la Soja y el Maíz, “lo cual ha despertado un gran interés y expectativa en la comunidad agroindustrial”.

El legislador resaltó la importancia de brindar certidumbre a los productores y de apoyar el crecimiento del sector agropecuario: “Es fundamental eliminar las retenciones en el trigo para mejorar los márgenes de los cultivos invernales y fomentar la inversión tecnológica, lo cual beneficiará a toda la cadena productiva”.

El proyecto también propone la creación de un mecanismo innovador a través del Certificado de Libre Disponibilidad, que permitirá a los contribuyentes utilizar el 50% de los montos recaudados por los Derechos de Exportación como saldos de libre disponibilidad para el pago de obligaciones impositivas.

Esta medida busca aliviar la carga fiscal sobre los productores y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, promoviendo así un ambiente más propicio para la inversión y el crecimiento sostenible del sector agropecuario.

“En un contexto donde la incertidumbre climática y los desafíos económicos han puesto a prueba la resiliencia del sector agropecuario, esta propuesta legislativa representa un paso significativo hacia la consolidación de un entorno favorable para el crecimiento y la prosperidad de los productores argentinos”, argumentó Aguirre.

En medio de la polémica que se generó por la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Gobierno oficializó este lunes el pliego del mismo modo que lo hizo con la candidatura del académico Manuel García Mansilla. Ahora el tema deberá resolverse en el Senado donde el oficialismo deberá aunar consensos fuertes para lograr aprobarlo.

La publicación en el Boletín Oficial señala: “En el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla”.

En el caso de Lijo, el aviso oficial resalta su larga trayectoria y detalla que es un abogado recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que desde 2004 es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal en donde se desempeña hasta la actualidad.

“Tiene competencia y especialidad para la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, delitos contra el orden constitucional, requerimientos internacionales de extradición y fraudes marcarios. Por otro lado, se especializó en la gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales y en el acompañamiento a las víctimas y personas damnificadas de grupos vulnerables de delitos. Certificó normas ISO 9001/2008 de gestión de calidad en sus procesos de trabajo, en marzo de 2017”, describe el aviso.

Sobre García-Mansilla, menciona que egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y realizó luego un posgrado en la Georgetown University de Washington. Desde 2019, el jurista es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

En ambos casos, el anuncio oficial argumenta que la preselección de los candidatos “en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.

Además, informa que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección”.

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el Defensor adjunto, Facundo Hernández, asistirán el próximo miércoles a las 16 para brindar su informe anual ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), a fin de brindar el primer informe trimestral de la Defensoría nacional con el nuevo cambio de Gobierno.

El último informe lo brindó en agosto de 2023 ante la Bicameral que controla al organismo. En esa oportunidad, alertó que en Argentina el 53% de los menores está bajo la línea de pobreza y habían remarcado que “la AUH es un derecho, no es ni un programita ni un plan, no se puede retroceder”.

Además, habían planteado que “hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”.

La defensora se presentó el pasado 16 de enero en el marco del tratamiento de la fallida Ley Ómnibus y había solicitado a ambas cámaras que “revean la posibilidad de mejorar el aumento automático de la AUH y la tarjeta alimentar”.

Luego de que el gobierno tomara la decisión de liberar, a través de un decreto 302/24, el mercado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con lo cual eliminó la regulación de precios en los servicios de telefonía, tv por cable e internet, el diputado nacional Tomás Ledesma (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que se suspendan por seis meses los incrementos en las tardías de dichos servicios “con el fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores”.

Ledesma fundamentó que el acceso a las TIC “son un derecho que posee todo individuo para su desarrollo personal”, y agregó que “son necesarias para el acceso a la educación, a la información, al entretenimiento y para el desarrollo económico y social”.

Presenté un proyecto para suspender los aumentos de internet, cable y telefonía durante 6 meses ✋🏻

Los precios en este sector aumentaron exponencialmente en comparación a otros y las ganancias de las empresas han sido exorbitantes estos últimos años. pic.twitter.com/NiGjrOLfkI

— Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) April 12, 2024

Así, recordó que la Ley N° 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados; ello con el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los y las habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Mediante Decreto 690/2020 se estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos”.

En tanto, apuntó contra el reciente decreto del Ejecutivo: “Estas desregulaciones enmascaradas bajo las consignas de la ‘libertad de fijar las tarifas’ y de la ‘promoción la competencia’, no hace más que dejar desamparados a los usuarios y consumidores al quitarles las herramientas necesarias para lograr tener el acceso a estos servicios”.

El formoseño Francisco Paoltroni (LLA) encendió la polémica en la Cámara alta durante la reunión de la Comisión Bicameral al comparar a Javier Milei como “un príncipe azul” que en las elecciones “les hizo el amor y los despertó a todos” al convertirse en presidente. De forma inmediata, desde la oposición más dura repudiaron los dichos y cruzaron a la Cámara de Diputados.

Del otro lado del Salón de Pasos Perdidos, la diputada nacional Cecilia Moreau le planteó a través de la red social X a la titular del Senado: “¿En serio va a dejar pasar esto como si nada? Un poco de empatía”.

Villarruel, lejos de poner paños fríos le planteó a Moreau: “¿En serio quiere que me ponga a comentar esta gansada? ¿No les pedí solidaridad a Uds. cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo y me voy a poner a comentar el cuento de la Bella Durmiente?”, y les enrostró: “Sean serios que nos dejaron el país destruido. Gracias”.

Lejos de quedarse callada, la diputada de UP le contestó: “Vicepresidenta, yo siempre repudie la violencia en todas sus formas, esa es una de las tantas cosas que nos diferencian. La violencia no se relativiza jamás, ni la del terrorismo de Estado ni la que surge del machismo explícito de sus senadores. Para mí las metáforas sobre delitos sexuales no son ninguna gansada. Por otro lado, ¿sabe qué es destruir al país? Es destruir a su gente, es pulverizar los salarios llevándolos a pisos históricos similares a los del 2001”.

Vicepresidenta @VickyVillarruel en serio va a dejar pasar esto cómo si nada ?
Un poco de empatía . https://t.co/wkfmUbUtuE

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 11, 2024

La diputada Moreau replicó más tarde: “Vicepresidenta, yo siempre repudié la violencia en todas sus formas, esa es una de las tantas cosas que nos diferencian. La violencia no se relativiza jamás, ni la del terrorismo de Estado ni la que surge del machismo explícito de sus senadores. Para mí las metáforas sobre delitos sexuales no son ninguna gansada”.

“Por otro lado, ¿sabe qué es destruir al país? Es destruir a su gente, es pulverizar los salarios llevándolos a pisos históricos similares a los del 2001”, cerró la legisladora.

Vicepresidenta, yo siempre repudie la violencia en todas sus formas, esa es una de las tantas cosas que nos diferencian. La violencia no se relativiza jamás, ni la del terrorismo de Estado ni la que surge del machismo explícito de sus senadores. Para mí las metáforas sobre… pic.twitter.com/5LTFsW7FWm

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 12, 2024

La Justicia intimó este viernes al Poder Ejecutivo Nacional a brindar informes sobre el cierre de la agencia de noticias Télam, a raíz de una demanda iniciada por la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio.

La legisladora realizó la presentación el pasado 8 de marzo, tras el avance del Gobierno nacional que se concretizó -luego del anuncio del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa- con el cierre de la redacción, la baja del servicio web y el pase a dispensa de los trabajadores.

Este viernes, el Juzgado Contencioso Administrativo N°10 se declaró competente y requirió informes sobre los hechos al Poder Ejecutivo, que tendrá cinco días a partir de su notificación para realizarlos.

El Estatuto de Télam establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N°20.705, por lo que “se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos”, expresó la senadora.

Consultada por la importancia del caso, Di Tullio detalló: “El cierre de la agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fake news y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”.

“Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, por eso el presidente está tan interesado en siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el Gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”, enfatizó.

La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación ofrecerá su segundo concierto del ciclo “Novena Musical 2024. Distintas notas, una sola Nación” este domingo 14 de abril a las 17 en la parroquia San Ignacio de Loyola (Bolívar 225, CABA).

Dirigida por el maestro Sebastiano De Filippi, la orquesta interpretará, en esta especial presentación, música del compositor austríaco Franz Joseph Haydn.

Este ciclo, que continuará en diferentes templos católicos de la Ciudad, se suma a la temporada oficial de conciertos que se llevan a cabo en el Palacio Legislativo.

Conformada por una veintena de músicos de cuerda, la Orquesta de Cámara del Congreso es un organismo musical estable que cuenta en su haber con 34 temporadas y ha sido distinguida tres veces consecutivas como la mejor orquesta de cámara del país por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina.

El bloque de diputados nacionales del Pro, presidido por Cristian Ritondo, manifestó su apoyo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la amenaza en su contra que se conoció este viernes.

El mensaje encontrado en un puente de Rosario, escrito en tela con aerosol, rezaba: “Patricia Burlich pusiste a todos los presos en un mismo pabellón ahora vamos a dejar negra Rosario y Baires. Atte. los rosarinos”.

“Hoy apareció un nuevo cartel intimidatorio contra mi persona en un puente en Rosario. Los vamos a meter presos a todos. Se les acabó la joda”, expresó la ministra en su perfil de la red social X.

“Patricia Bullrich, metiste a todos los presos en un mismo pabellón, ahora vamos a desangrar Rosario y Buenos Aires”.

Hoy apareció un nuevo cartel intimidatorio contra mi persona en un puente en Rosario.

Los vamos a meter presos a todos.

Se les acabó la joda. pic.twitter.com/q5Q3GEaXWj

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 12, 2024

A través de un breve comunicado, la bancada amarilla expresó: “Desde el bloque Pro apoyamos con toda decisión la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico que está llevando adelante el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”.

“Ninguna amenaza hará cesar esta lucha, y apoyamos la investigación iniciada en la Fiscalía Federal N°3, como así también en el MPA Santa Fe, en la causa por terrorismo contra Rosario y Buenos Aires”, agrega el texto.

Por su parte, el diputado Damián Arabia, del círculo de Bullrich, señaló que “la lucha que estan llevando adelante @JMilei y @PatoBullrich contra el terrorismo y el narcotráfico es imparable. No hay amenaza que vaya a quebrar esa decisión. Cuentan con el respaldo de todos nosotros en esta guerra sin cuartel”.

“Se les terminó la impunidad y reaccionan con amenazas y agresiones. Pero sé que @patobullrich no va a retroceder un paso en su valiente trabajo para recuperar la paz y la acompaño ante este nuevo intento de amedrentamiento. Ahora, en Argentina, el que las hace, las paga”, escribió el santafesino José Núñez.

En tanto, la cordobesa Laura Rodríguez Machado publicó: “PATRICIA BULLRICH ESTOY CON VOS ESPALDA CON ESPALDA. Las amenazas recibidas no van a impedir que @PatoBullrich continúe trabajando para combatir el narcotráfico y las mafias”.

Otro diputado del Pro que utilizó sus redes para solidarizarse fue Alejandro Finocchiaro, quien expresó que “ni un paso atrás!!! Fuerza @PatoBullrich. Frente a la amenaza narcoterrorista, la ley se cumple, los delincuentes presos, Argentina en paz”.

“Banco fuerte a @PatoBullrich ninguna amenaza va a impedir que logre su objetivo, acabar con el crimen organizado y las bandas narco en Rosario y en todo el país”, sostuvo Silvana Giudici.

Además, la senadora radical Carolina Losada dijo: “Mi total apoyo a @PatoBullrich. Esta lucha no es fácil, pero los crímenes y las amenazas no van a quedar impunes. Los rosarinos vamos a volver a ver a nuestra ciudad libre de delincuentes”.

Luego de ser desplazado de la presidencia de la bancada oficialista, el diputado nacional Oscar Zago formalizó este viernes la conformación de un nuevo bloque, bajo el sello de MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), partido del cual proviene, y que integrará con dos legisladores más.

De esta manera, La Libertad Avanza quedará con 38 integrantes, mismo número que poseía antes de sus más recientes incorporaciones (José Luis Espert, Álvaro Martínez y Florencia Klipauka), que lo habían llevado a 41 miembros.

Más allá de sus aliados, el oficialismo no funcionaba hasta ahora como un interbloque, algo que Zago propuso se ponga en marcha. En la nota dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, invita a “conformar y mantener un interbloque legislativo” con las fuerzas que conviven hoy dentro del bloque libertario.

Así, menciona a LLA y los partidos Demócrata, Fe, Unite, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad, Libertario y “todas las demás fuerzas políticas que acompañen el proyecto del presidente de la Nación”.

“Como muestra de nuestro compromiso y voluntad de favorecer la unidad del interbloque, informamos a usted que los diputados firmantes renunciamos a la pretensión de presidir el interbloque referido”, agrega la nota.

Junto al titular del flamante bloque, rompieron también la cordobesa María Cecilia Ibáñez, que será la secretaria parlamentaria de la nueva bancada; y el bonaerense Eduardo Falcone, que figura como secretario administrativo.

Después de ser desplazado de la jefatura por sus compañeros de bloque, a raíz de la polémica en torno a la designación de Marcela Pagano en la Comisión de Juicio Político, algo que provocó el enfrentamiento total de Zago con Menem -quien a su vez desconoció la existencia de esa reunión, que había intentado primero no se realice-, el porteño adelantó que conformaría un nuevo bloque.

Con este nuevo movimiento, en la Cámara de Diputados conviven un total de 14 bloques y el oficialismo se mantiene -por un diputado- como el segundo bloque más numeroso, con 38 integrantes. Por encima está Unión por la Patria, con 99, como primera minoría. En caso de mantener un interbloque con el MID, LLA seguirá en esa misma posición. En tanto, el Pro cuenta con 37 miembros.

Se constituyó este jueves en el Senado la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que quedó presidida por la chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal). En tanto, quedaron pendiente de designación la vicepresidencia y secretaría. También se fijaron los martes a las 15 como día de reunión.

“Para mí es un honor poder presidir esta comisión”, dijo la senadora al tomar la conducción e informó que se hará “un listado de todos los proyectos que están pendientes de tratamiento en la comisión y tienen estado parlamentario” para que sea enviado a todos los integrantes.

En ese sentido, la legisladora señaló que “es necesario que le demos una dinámica distinta a esta comisión, porque hay temas muy relevantes e importantes que es necesario que el Senado se haga cargo de su tratamiento”.

“El tema del ambiente es absolutamente transversal a todos los actores políticos, sociales y económicos”, resaltó y consideró que para hablar de esta temática hay que hacerlo en “pasado, presente y futuro”.

Terenzi observó que “si hablamos de pasado tenemos que ser absolutamente críticos y responsables con esa crítica para ver la situación en la que nos encontramos hoy a partir de algunos desencuentros que hemos tenido con el tratamiento medioambiental. Si hablamos de presente, me parece que tiene que ser un presente absolutamente comprometido, con un diagnóstico veraz, científico, de cuáles son las situaciones graves que estamos atravesando como planeta. Y si hablamos desde el futuro, mirarlo con la perspectiva de dejarle un mejor ambiente a nuestros hijos, nietos y generaciones posteriores”.

“El hilo conductor más importante que manejan las cuestiones ambientales tienen que ver con esa línea tan fina entre la producción y el ambiente; en esa línea tenemos que escribir la palabra sustentabilidad, y tratar de que todo lo que podemos producir e invertir siempre tenga en cuenta las cuestiones ambientales”, finalizó la chubutense y concluyó la reunión.

El conflicto que ocurrió en la Comisión de Juicio Político, que dejó al descubierto la interna dentro de La Libertad Avanza y una posible fractura, se trasladó a la sala de conferencia de Casa Rosada entre las preguntas que le hicieron este jueves al vocero presidencial Manuel Adorni quien se distanció de los dichos del diputado nacional y expresidente del bloque Oscar Zago y afirmó que Marcela Pagano “nunca fue la presidenta de la comisión”.

En declaraciones radiales, tras ser desplazado de la titularidad del bloque oficialista, Zago expresó: “Yo vine porque íbamos a hacer cosas distintas a los demás, si vamos a ser más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que hay, háganlo, conmigo no”.

Al ser consultado por esos dichos, Adorni se distanció y planteó: “Corre por cuenta del diputado lo que dijo. Todo está conforme y dentro del reglamento”.

Así, respaldó la decisión de Martín Menem de interrumpir la transmisión de la Comisión de Juicio Político y volver a convocarla para su conformación para la próxima semana: “El presidente de la Cámara de Diputados ha efectivamente hecho lo que consideró correcto y en tal caso Marcela Pagano nunca fue la presidenta de la comisión, sino que la Comisión no se llegó a conformar y entiendo que se va a hacer la semana que viene conforme al reglamento de la propia Cámara. Lo he hablado con Menem”.

“Las declaraciones que hagan los diputados o senadores de nuestra fuerza corre por cuenta de ellos. Somos un espacio donde las cuestiones se debaten y no siempre estamos de acuerdo”, remarcó Adorni.

Ante la pregunta del corresponsable de parlamentio.com sobre el encuentro que mantuvo el Gobierno con la CGT, expresó: “La reunión con la CGT fue en buenos términos y sumamente positiva, y quedó demostrado que el canal de comunicación está abierto. No solo se habló de reforma laboral. Todos entendemos la situación crítica que viene atravesando la Argentina en estos últimos tiempos”, y cerró: “De allí a cómo avance la cuestión laboral dentro de la Ley Bases lo veremos dentro de los diez días”.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), mantuvo una jornada de reuniones este miércoles donde debatió once proyectos con la presencia de especialistas en el área que profundizaron cada proyecto: una decena referidos a materia internacional y el restante que instituye el Día Nacional de la Iglesias Evangélicas y Protestantes, el cual cuenta con media sanción de Diputados.

Minutos después, en el Salón Arturo Illia se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), y le dieron tratamiento a un acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, suscripto en Buenos Aires en noviembre de 2019.

Al respecto, Luis del Solar Dorrego, de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería, destacó que el proyecto tenía que ver con “el tráfico ilegal de bienes culturales, que es una industria enorme, a tal punto que se habla de 10 mil millones de dólares, compitiendo con el tráfico de drogas y de personas”, el cual apunta a “la cooperación para defender el patrimonio cultural de cada país parte de este convenio”.

“El objetivo principal del acuerdo, es defender el patrimonio cultural de cada país. Se busca impedir el ingreso ilegal de bienes que han sido robados o sustraídos”, explicó.

Foto: Comunicación Senado

Los once proyectos de Relaciones Exteriores

El primer expediente a tratar fue el proyecto que aprueba la convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrada en París – Rep. francesa -, el 27 de enero de 2021. Al respecto, Érica Lucero consejera de Cancillería explicó que “este convenio es de larga data la actividad que se viene llevando a cabo y a pesar de ser tareas muy técnicas que consisten en poner balizamiento, faros y ayudar y contribuir a la seguridad de la navegación, esto es muy importante porque tiene un impacto en mejorar la eficiencia del desplazamiento de buques, en términos económicos y evitar accidentes”.

“Este tipo de cuestiones Argentina está involucrada en esta organización que nace en 1957, pero hasta ahora había tenido carácter de informar. Era una asociación internacional que engloba a la mayoría de los Estados, pero no tenía encuadre jurídico de naturaleza de un organismo internacional. Se propone con esta nueva convención es darle un estatus a este trabajo que se viene haciendo hace años y un cuadro normativo más robusto”, explayó Lucero y agregó: “Con la ayuda del Congreso, la Argentina puede ser el país que se convierta y facilite la entrada en vigencia del convenio que es importante para la seguridad de navegación”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros 1977, celebrado en la Ciudad del Cabo – Rep. de Sudáfrica-, el 11 de octubre de 2012, la consejera explicó: “Es en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. El objetivo que persigue es, por un lado, proveer un marco de seguridad y protección a los trabajadores pesqueros que trabajan habitualmente en las embarcaciones y, por otro lado, a través de este convenio se busca contribuir a la lucha contra la pesca ilegal no reglamentada que es uno de los flagelos más sensibles que afectan a los océanos”.

“Se busca a través de este convenido brindar un marco de protección y cobertura para las embarcaciones pesqueras que contribuyan a su seguridad porque son muchos días los que pasan los trabajadores pesqueros a bordo y la responsabilidad principal que le cabe controlar que se respeten las disposiciones le compete al Estado de Pabellón Nacional. También se busca dar un marco de uniformidad a la mayoría de los estados para que cumplan estándares de protección a los empleados pesqueros”, expandió.

A su turno Gabriel Taboada, funcionario del Servicio Exterior de la Nación de Cancillería, explicó los puntos centrales del proyecto que establece el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en la ciudad de Beijing -República Popular China- el 10 de septiembre de 2010- y señaló: “Las penas de estos delitos tienen que ser severas. Esta es una convención de Naciones Unidas que se encuentra dentro de un paquete de 19 convenciones focalizadas en la lucha contra el terrorismo. Es muy importante que, la Argentina que ya ha adherido a 14 de estas 19 convenciones, también adhiera a esta”.

Foto: Comunicación Senado

La directora Asistencia Jurídica Internacional, Aldana Rohr, explicó el proyecto que aprueba el tratado con la República de Serbia sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, suscripto en la Ciudad de Belgrado, el día 14 de octubre de 2019; y el tratado con la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal.

“La regulación en materia penal mutua con Cuba y Serbia se van a regir por nuestra ley nacional de cooperación jurídica internacional que prevé el procedimiento para la tramitación de solicitud de asistencia jurídica”, sostuvo Rohr y afirmó: “La importancia de tener tratados con un país extranjero radica en tener reglas claras que permitan prever cuál es el procedimiento que se le va a asignar al trámite de extradición”.

Al debatirse las iniciativas que aprueban el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad con la República italiana, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; y el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas, suscripto en Buenos Aires el 6 de agosto de 2018, Rohr destacó: “Es importante recordar, que en el instituto de Traslado de Persona Condenada, siempre es necesario que medie el consentimiento de la persona a ser trasladada”.

Por último, se analizó un proyecto de ley que aprueba el tratado de extradición con la República Popular China, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, el 10 de mayo de 2013; otro con la República de Polonia, suscripto el 5 de diciembre de 2019; y el último con la República de Costa Rica, suscrito el 21 de marzo de 2019.

Foto: Comunicación Senado

Promediando la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia de Diputados que se conformó este miércoles por la mañana, un legislador del bloque Unión por la Patria hizo un llamativo pedido a la presidencia del Cuerpo para que pongan más sillas en las comisiones.

Se trata del cordobés Pablo Carro quien ponderó: “Está hermosa la modificación que se ha hecho en las salas, realmente muy lindas, las pantallas excelentes”, pero planteó: “Ahora, no veo sillas para los asesores”.

Carro explicó que “el trabajo en comisiones es un trabajo en el que los asesores hacen el grueso, nosotros más bien ponemos la cara y los asesores laburan mucho”, y planteó: “Verlos parados me produce cierta incomodidad”.

“Esta tarde tenemos otras comisiones y hagamos un esfuerzo entre todos los bloques para que se puedan colocar sillas y los asesores puedan estar un poquito más cómodos”, solicitó el cordobés lo que le valió el aplauso de sus pares.

La titular de la comisión, la fueguina Carolina Yutrovic le respondió: “La primera tarea de la comisión va a ser una nota de pedido a la presidencia de la Cámara para que se incorporen más sillas y tengan más comodidad los trabajadores de la comisión”.

Luego de la renuncia del juez Luis Genoud en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el diputado del monobloque Libre Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para reducir de siete a cinco el número de miembros del máximo tribunal provincial.

“Presentamos proyecto para reducir la Suprema Corte bonaerense de siete a cinco miembros. Desde la semana pasada hay cuatro vacantes, por lo que es el momento justo para fortalecer la independencia judicial y evitar que la ‘casta’ se haga un festín repartiéndose jueces”, manifestó el legislador, que cumple su tercer año de su segundo mandato como diputado provincial.

En el proyecto de ley el diputado marplatense Castello, que fue electo en 2021 bajo el sello de Avanza la Libertad, boletas que llevaban a José Luis Espert como candidato estrella, además de reducir la cantidad de miembros de máximo tribunal de Justicia provincial pretende modificar el proceso de designación de jueces de la Corte para darle “amplísima participación ciudadana, presentación de antecedentes, publicidad, impugnaciones y transmisión de las audiencias para que la sociedad conozca los postulantes”, agregó.

El diputado del monobloque Libre que quiere más transparencia y menos miembro en la Suprema Corte.

Actualmente el máximo tribunal cuenta con cuatro vacantes y tan solo tres integrantes: el presidente, Sergio Torres, su vicepresidente, Fernando Soria, y la ministra Hilda Kogan.

Asimismo, la Suprema Corte no puede funcionar con tres integrantes, por lo que se estipula que la presidenta del Tribunal de Casación Penal provincial, María Florencia Budiño, sea designada de manera interina hasta que en el Senado se consiga los consensos necesarios para completar las vacantes.

En una intensa jornada de actividad legislativa, la Cámara de Diputados puso en marcha este martes la conformación de comisiones, siendo la primera del día en conformarse la de Población y Desarrollo Humano, cuya presidencia quedó reservada para la UCR.

En nombre del bloque radical la jujeña Natalia Sarapura pidió dejar sin nombramiento por el momento la presidencia y expresó: “Es un gusto estar en esta comisión que sin duda debería constituir y tener una agenda de importancia en estos tiempos, pensar en garantizar el desarrollo humano y la atención a los grupos vulnerables estratégicos”.

En tanto, Unión por la Patria postuló como vicepresidenta primera a la pampeana Varinia Lis Marín que es “abogada, exsecretaria legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa durante tres períodos e integrante de la comisión hace dos años”, mientras que como vice segundo propusieron al diputado de izquierda Alejandro Vilca.

Marín manifestó: “Quiero agradecer la propuesta de mi bloque y el aval de la comisión para la vicepresidencia primera. Es una comisión en la que estoy hace dos años. Tuvimos un censo, recibimos a (Marco) Lavagna en ese momento. Vamos a tener mucho trabajo para hacer. Lamentablemente ocurrió una situación muy dura en esta comisión, por eso hubo pocas reuniones el año pasado; esperemos poder llegar a consensos que nos permitan llegar a pensar en políticas poblacionales que son muy importantes”.

“Soy de una provincia que tiene mucha desigualdad en la población, por ende cualquier política que podamos implementar para favorecer nos va a ayudar a cada uno”, cerró la pampeana.

Por su parte, Vilca comentó: “Vengo de una provincia con mucha desigualdad social en su momento crítico y esta comisión tendrá ese desafío de debatir y poner por delante las necesidades sociales en un país tan extendido y tan desigual”.

Al cierre de la breve reunión, Marín informó que las tres secretarías quedan reservadas para UP y dejaron como día y horario de encuentro los miércoles a las 9.30.

Pasadas las 15 fue el turno de la conformación de la Comisión de Asuntos Municipales, que quedó en manos del cordobés Juan Brügge (HCF) a propuesta de su par Victoria Borrego, quien lo describió como “abogado y doctor en Derecho Social por la Universidad de Córdoba, profesor por concurso de la materia Derecho Constitucional, profesor adjunto de Derecho Público provincial y municipal; de Derecho procesal constitucional. Es autor de “numerosa bibliografía sobre Derecho Constitucional, Derecho Público provincial y municipal”.

“Fue asesor de derecho municipal en diferentes municipios a lo largo de sus 36 años de trayectoria profesional. Es director de la sala de derecho municipal del Instituto de Estudios jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba, fue legislador provincial entre 2007-2011, diputado nacional 2015-2019 y creemos que con toda esta trayectoria académica y profesional y su experiencia es más que fundado nuestra propuesta”, cerró Borrego.

Al tomar su lugar, Brügge agradeció la postulación y expresó: “Es un honor y orgullo, es un privilegio estar acá sobre todo con diputados con quienes compartí el transitar el ámbito municipal. Hay intendentes acá de provincia con quienes compartí muchas cosas, por lo que para mí es el sueño del pibe estar presidiendo esta comisión”.

Al tomar la palabra, el radical Luis Picat felicitó a su coterráneo por la función y recordó: “Hemos trabajado juntos a pesar de ser de diferentes partidos, pero lo hemos hecho muy bien con la formación de un ente regional en Córdoba”, y dejó reservada el nombre para la vicepresidencia primera.

En tanto, desde Unión por la Patria le desearon “éxito” al flamante presidente y afirmaron: “Cuente con nosotros para trabajar mucho por los municipios de nuestro país”. Desde el bloque postularon al mendocino Adolfo Bermejo -ausente por cuestiones de salud- como vicepresidente segundo, quien se desempeñó como intendente del departamento de Maipú durante ocho años, fue candidato a gobernador por su provincia, fue el concejal más joven desde la vuelta de la democracia, fue senador provincial y nacional. “Es una persona con muchísima experiencia que tiene a través del diálogo y el consenso su forma y metodología de trabajo para avanzar y hacer crecer el desarrollo de los municipios con una mirada federal”, lo describieron.

En cuanto a las secretarías, desde el bloque Pro postularon a la puntana Karina Bachey -ausente por motivos de salud-; La Libertad Avanza propuso para la secretaria segunda a Lourdes Arrieta, mientras que UP hizo reserva del nombre de la secretaría tercera.

Al cierre de la reunión fijaron los jueves a las 10.30 como día y horario de encuentro. “Esta comisión tiene un desafío este año muy interesante porque estamos cumpliendo 30 años de la reforma constitucional donde justamente se incluye la autonomía municipal, va a ser un desafío para llevar a cabo actividades sobre ello. La autonomía municipal es un elemento fundamental y eje principales de la comisión”, cerró Brügge.

Otra de las reuniones constitutivas fue la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que quedó en manos del diputado Héctor “Tito” Stefani (Pro). El fueguino fue propuesto por su par Aníbal Tortoriello, quien calificó a Stefani como “el indicado para presidir esta comisión” y recordó que fue “oficial de la Prefectura Naval durante seis años y director del Puerto de Ushuaia”. 

En tanto, como vicepresidente primero quedó César Treffinger (LLA). “Es un empresario de hace más de 30 años en Chubut y tiene los valores para representar en esta comisión a La Libertad Avanza”, dijo su compañera de bloque Cecilia Ibáñez; mientras que Sabrina Selva propuso como vicepresidente segundo a Gustavo González (UP), y mencionó que “fue trabajador del puerto en 1997, maquinista, guinchero y jefe de operaciones del puerto de Puerto Deseado. Tiene vastos conocimientos en la materia”.

Las secretarías quedaron para la UCR, con el entrerriano Pedro Galimberti; para UP, que hizo reserva; y para Hacemos Coalición Federal, con Nicolás Massot, en ese orden. 

Al tomar la palabra, Stefani repasó que esta comisión trata temas de “intereses económicos” y “cuestiones estratégicas para la soberanía del país, cuestiones de defensa vinculadas a la Armada, cuestiones de frontera marítima, la custodia de la pesca, cuestiones medioambientales vinculadas a la protección costera y a la prevención de la contaminación de nuestras aguas”. Además dijo que “la industria naval necesita de nuestra atención; hoy prácticamente no tenemos barcos”; y mencionó el tema de la Hidrovía Paraná-Paraguay. “Hay un montón de temas que va a tratar esta comisión que no tienen grieta ideológica”, sumó el macrista y en el final se fijaron los días martes a las 17.30 como día de reunión. 

Llegado el turno de la reunión constitutiva de la Comisión de Obras Públicas, la misma quedó presidida por el santiagueño José Herrera (UP); la vicepresidencia primera fue para el entrerriano Francisco Morchio (HCF); y la segunda fue para la chaqueña María Luisa Chomiak (UP).

En esta reunión, de las cuatro secretarías, dos quedaron para Gerardo Cipolini (UCR) y Lisandro Almirón (LLA), mientras que las que corresponden a Unión por la Patria fueron reservadas. La fecha de reuniones quedó establecida para los jueves a las 11.

Antes de culminar la reunión, el nuevo titular señaló que “nuestro país necesitaba mucho federalismo y esa es la manera para salir adelante”. Además, se refirió a la situación de la obra pública: “Hoy está detenida y las empresas están con convocatoria de acreedores”.

Finalmente, indicó que “las barreras no son inquebrantables y se superan con diálogo”, y cerró: “Es fundamental para el proceso económico de nuestro país”. El radical Julio Cobos lamentó el freno de la obra pública y anticipó que “buscamos ser un aporte plural y estaría bueno que venga el secretario de Obras Públicas”.

Última comisión de la jornada, la de Personas Mayores quedó bajo la presidencia de Gisela Marziotta (UP). La vicepresidencia primera también fue para alguien de ese bloque, la bonaerense Marcela Passo (UP), mientras que como vicepresidenta segunda fue designada la misionera Florencia Klipauka Lewtak (LLA). Las secretarías primera y segunda, para la UCR, quedaron en reserva, mientras que la tercera fue ocupada por Gabriela Besana (Pro). 

Encabezados por Lorena Matzen, el bloque de legisladores de Río Negro de la UCR manifestó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan las universidades nacionales. “Las instituciones educativas hoy reciben un tercio de los fondos que necesitan para funcionar. El Gobierno nacional decidió congelar el presupuesto del año 2023 sin tener en cuenta la inflación interanual de más del 250% y sin considerar los brutales aumentos en las tarifas de todos los servicios. Además, ante los reclamos de los rectores, el Gobierno adelantó que no enviará fondos adicionales”, señalaron. 

Matzen, exdiputada nacional, subrayó que “las universidades atraviesan un ahogo financiero que hace imposible afrontar el ciclo lectivo 2024. Ya se han suspendido proyectos de extensión e investigación y peligra el normal dictado de clases”. “El propio presidente (Javier) Milei ha expresado su repudio a la educación pública. Esta situación ya ha pasado de las frases altisonantes en las redes sociales a una premeditada acción de desfinanciamiento que pone en quiebre a la educación pública superior”, advirtió. 

La presidenta del bloque radical en la Legislatura rionegrina apuntó que “esta situación impacta de lleno en el funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, que hoy reúnen a unos 98 mil estudiantes. La comunidad universitaria está movilizada y temen que se suspendan las clases si esta situación continúa”. 

“Se anunció un aumento del 70% pero es necesario aclarar que es sobre el 3,5% del total del presupuesto 2023 y que sólo está destinado a cubrir gastos operativos menores. El aumento no contempla los salarios docentes y no docentes”, explicó Matzen.

Además, enfatizó: “No podemos quedarnos callados mientras intentan destruir la educación pública. Debemos acompañar las iniciativas que la defiendan. Por esto presentamos un proyecto de comunicación para apoyar el proyecto de ley de la diputada nacional Danya Tavela, del bloque de la UCR. Plantea declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y propone establecer un mecanismo de asignación de recursos y gastos en el marco del presupuesto 2024”. 

El proyecto de Tavela, acompañado por sus pares radicales y diputados de otros bloques, impulsa un esquema que contempla un 85% para gastos de salarios y un 15% para gastos generales y de funcionamiento. Además, prevé una actualización bimestral atada al IPC y a la variación promedio de las tarifas de los servicios públicos. 

Desde Casa Rosada el portavoz presidencial, Manuel Adorni, bregó por la aprobación de la nueva Ley Bases, pero afirmó que “estamos preparados para que eso no sea así y para que efectivamente la política siga sin entender lo que pasa en la Argentina”, por lo que le dejó una advertencia a quienes no apoyen el proyecto.

En su habitual conferencia de prensa, al ser consultado por el periodista acreditado de parlamentario.com sobre el interés del presidente en los acuerdos parlamentarios, Adorni planteó: “El presidente de la Nación tiene algo novedoso que siempre mantiene la misma postura y dice exactamente lo mismo una y otra vez”.

Así, recordó que “la frase de ‘si quieren confrontación, va a haber confrontación’ la usó en la apertura de Sesiones Ordinarias y en la entrevista que dio este lunes. No veo nada que pueda sorprenderle a nadie y, efectivamente, nosotros aspiramos y deseamos que la Ley Bases se transforme en una realidad y entendemos que va a ser así, pero estamos preparados para que eso no sea así y para que efectivamente la política siga sin entender lo que pasa en la Argentina y lo que necesita el país así que lo que dice el presidente lo reafirmo”.

“El presidente descree de la vieja política, pero siempre da una chance a que él pueda estar equivocado y que las viejas prácticas o aquellos que todavía no aceptaron el resultado electoral que no asimilaron que la Argentina optó por ir para otro lado, que puedan apoyar y que se puedan sumar al Pacto de Mayo y a la Ley Bases de avanzar y aprobarla y entender que es hacia lo que ha votado la Argentina en las urnas hace cinco meses y parte de ese norte es la ley”, explayó.

Por último, dejó una advertencia si la nueva ley se vuelve a caer: “Si la política no quiere tomar nota, el presidente está dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias para cumplir con el mandato que le dio la gente”.

“Es decisión del presidente que, si quieren confrontación, va a haber confrontación. Ojalá podamos transitar el camino de una Argentina moderna y en crecimiento y no esa decadencia que venimos viviendo que muchos no se dieron cuenta que son los verdaderos responsables”, cerró.

La diputada nacional y titular de la Comisión de Mujeres, Diversidad y Género, Mónica Macha (Unión por la Patria), volvió a presentar el proyecto de “Ley Belén” que busca incorporar al Código Penal Argentino como delito la violencia digital para que se apliquen sanciones por obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.

El proyecto establece que “será reprimido con multa de pesos seiscientos mil ($600.000) a pesos cuatro millones ($ 4.000.000) el que ejecutare, o hiciere ejecutar por otros, actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros; o exhibiciones de partes genitales con fines predominantemente sexuales, enviadas por intermedio de las tecnologías de la información y la comunicación sin consentimiento de quien las recepta”.

También plantea que “será reprimido con multa de pesos trescientos mil ($ 300.000) a pesos dos millones ($2.000.000) el que, hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”.

“Se aplicará prisión de ocho meses a un año y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas”, agrega.

Asimismo, dispone que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien, por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento”.

Además, busca la aplicación de prisión de “ocho meses a un año y el doble de la multa establecida en el art. 155 a quien, habiendo recibido del autor del párrafo anterior o de terceras personas o teniendo en su poder por cualquier circunstancia distinta a la descrita en el primer párrafo, los documentos allí referidos, por cualquier medio, y sin consentimiento de la víctima los difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de tercero y la misma pena será para quienes hayan elaborado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o de la inteligencia artificial, y no correspondan con la persona que es retratada, señalada y/o identificada en los mismos”.

“Será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a ocho (8) años el que, por amenaza de imputaciones contra el honor, o de difusión de los documentos referidos en el artículo 155° bis o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente”, suma en su articulado.

A la espera de que se haga oficial el ingreso por mesa de entrada de la Cámara de Diputados del nuevo borrador final del proyecto de ley Bases que enviará este martes el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se mostró optimista respecto de la aprobación del mismo y destacó el piso establecido del impuesto a las Ganancias.

Francos viene siendo el hombre clave del Ejecutivo a la hora de las negociaciones con los bloques dialoguistas para tender puentes de consenso y acuerdos a fin de tener los votos necesarios para aprobar la Ley Bases. Uno de los puntos que venía trabando la cuestión era el piso del impuesto a las Ganancias que tanto reclamaban los gobernadores de las provincias.

Al respecto, en diálogo por Radio Mitre el titular de la cartera del Interior destacó: “En las conversaciones que hemos tenido con gobernadores y legisladores, propusimos analizar el punto más equilibrado para el piso del impuesto a los ingresos personales”.

“En las últimas reuniones que mantuvimos informamos que el piso iba a estar en 1.800.000 para trabajadores individuales y 2.200.000 para quienes estuvieran casados con hijos”, afirmó Francos, quien este lunes mantuvo sendos encuentros con el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto y con un puñado de radicales quienes le plantearon dicha cuestión.

El funcionario resaltó que “es el piso más razonable que pudimos encontrar y tenía bastantes puntos de coincidencia. Yo creo que todos están satisfechos con haber encontrado este valor como punto intermedio”.

Frente a las discusiones sobre la posibilidad de aplicar retroactivamente el tributo durante los meses exentos del pago, Francos aclaró que “no se cobrará retroactivo, es a partir de la sanción de la Ley. Vamos a eliminar la situación que quedó sin resolver del último trimestre de 2023”.

A su vez, se mostró optimista para que la Ley Bases obtenga media sanción en la Cámara baja: “Estamos cerca, creo que hemos avanzado mucho y obtenido muchos consensos. Tengo la impresión de que vamos a obtener el acuerdo para la aprobación de la ley”.

Ante los aumentos desmedidos que viene haciendo la medicina prepaga luego de la aplicación del DNU 70/23 que las habilitó a llevar a cabo los incrementos en sus cuotas, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó: “Le están declarando la guerra a la clase media”, y afirmó: “Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. La oposición le salió al cruce y le enrostró que es consecuencia del decreto.

El jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, recordó las advertencias que habían hecho a fin de año pasado. Lo hizo con un fragmento de una entrevista de diciembre último. “ministro, advertimos que no había que cambiar una corporación por otra. Les tendió la mano invisible, le contestaron con el puño cerrado del oligopolio”, señaló.

Su par de bloque el mendocino Julio Cobos expresó: “No sólo las prepagas están horadando fuertemente a la clase media, ministro: las tarifas de luz, agua y gas, la eventual restitución de ganancias a la cuarta categoría, el repelente para mosquitos con precios escandalosos”.

“Se entiende la necesidad de reordenar la macroeconomía y es meritorio la baja del riesgo país y la estabilidad en el precio del dólar, pero es difícil de entender una considerable y llamativa inflación en dólares”, agregó Cobos y cerró: “Recuperar las variables macroeconómicas es condición necesaria, pero no suficiente si no se traslada a la recuperación del poder adquisitivo. Para lo cual un Estado presente es primordial, sobre todo para evitar abusos circunstanciales y que la gente se sienta protegida”.

1º acto: el gobierno de @JMilei libera las restricciones de precios de las prepagas en el DNU 70/2023
2º acto: las prepagas aumentan todos los meses y cada vez más familias se dan de baja de los planes de medicina privada
3º acto: el gobierno se “solidariza” pero no anuncia una… https://t.co/XVPqtUXtZl

— Martín Lousteau (@GugaLusto) April 8, 2024

La diputada de UP Vanesa Siley le remarcó que “la entrega de los usuarios de medicina prepaga a la voracidad de las empresas del sector es consecuencia del DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei”, y precisó que el DNU derogó el art. 5 Inc. g) y eliminó dos párrafos fundamentales del Art. 17 de la ley 26.682 que limitaban los aumentos de las cuotas; el decreto 743/2022 que establecía topes a los aumentos de los aranceles y cerró: “Son las propias empresas de medicina prepaga las que comunican sus aumentos justificando sus decisiones en el DNU 70/2023”.

Si realmente queremos defender a la sociedad del abuso de precios por parte de las empresas alimenticias, prepagas, mercado inmobiliario y tarjetas de crédito, los diputados y diputadas nacionales debemos rechazar el DNU 70/2023 como ya se hizo en el Senado de la Nación. pic.twitter.com/RGgBXpGhG3

— Vanesa Siley (@Vsiley) April 8, 2024

Las habilitan en el DNU Ministro!🙈 https://t.co/XTu7ASuINB pic.twitter.com/0eAIMV2aNn

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 8, 2024

“El 20 de diciembre, por cadena nacional, liberaron las restricciones de precios de las prepagas. Ustedes, como Poder Ejecutivo Nacional, con una sola firma pueden derogar el DNU 70/2023. Deje de ser tan hipócrita”, le recordó la diputada Cecilia Moreau. En tanto, su par Itaí Hagman ironizó: “¿Quién habrá sido el turro que sacó un DNU desregulando el sector?”.

La entrerriana Carolina Gaillard escribió: “Ustedes habilitaron la suba indiscriminada de los precios de las prepagas cuando desregularon la actividad con el DNU70/2023 que terminó con el control que hacía el estado de los montos que las mismas podían cobrar. No sean cínicos”.

“De verdad!!!! Las prepagas hacen lo que quieren gracias al DNU que usted y el presidente pusieron en vigencia. No sea Hipócrita. La forma de defender a la clase media es parar con el ajuste”, expresó el mendocino Martín Aveiro.

El santafecino socialista Esteban Paulón posteó: “Hola Toto, los aumentos desmedidos de las prepagas, alquileres y tarifas son una casi exclusiva responsabilidad de tu gobierno encabezado por Javier Milei. En el DNU que tenemos que derogar se habilitan estos abusos Del único aumento de precio que nos defendes es del de los salarios”.

La exdiputada nacional y actual legisladora porteña Graciela Ocaña apuntó: “Ministro, sus contradicciones son muy graves. ¡Parece que nos está cargando! Primero firma una cosa y luego, cuando ven el desastre que generan, se desdicen. En diciembre, cuando usted firmó el DNU 70/2023 le advertimos que, sin ninguna regulación, las cuatro empresas que controlan el mercado de salud iban aumentar desproporcionadamente, sin que esto impacte en mejoras para los profesionales de salud ni sus afiliados. El desastre kirchnerista no se resuelve tomando medidas improvisadas”.

“Desde la CC-ARI denunciamos en enero a las prepagas por constituir un cartel y abusar de esa posición. Tarde, el Gobierno está tomando nota de lo que le pasa a la sociedad. Las prepagas se aprovecharon y aumentaron coordinadamente sus precios muy por encima de la inflación. Tenemos la oportunidad histórica de redimir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dar un mensaje claro a todo el corporativismo argentino: no hay lugar para los abusos y los carteles. Queremos cuidar a las personas. Acá se necesita revisar lo hecho y regular de forma adecuada”, contó el legislador porteño Hernán Reyes.

Las empresas de medicina prepaga aumentaron sus tarifas un alarmante 153%.

Eso lo permitió el DNU 70/2023 que dictó el gobierno nacional. Dándole rienda suelta a la medicina prepaga y a todos los mercados, terminaron perjudicando a los argentinos y a las argentinas.

Ahora,… https://t.co/F5bSubeSBe pic.twitter.com/35HbGdmQFt

— Alberto Fernández (@alferdez) April 8, 2024

El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibirá este lunes a una delegación del bloque Hacemos Coalición Federal, encabezada por su titular, Miguel Ángel Picchetto, en la búsqueda de avanzar en consensos para tratar de aprobar la reformulada ley de Bases. El texto todavía no fue enviado al Congreso, y continúa en negociaciones junto al paquete fiscal.

Fuentes de la cartera de Interior confirmaron a parlamentario.com que el encuentro será a las 15.30 en Casa Rosada. Además de Pichetto, se espera que asistan Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo e Ignacio García Aresca.

La reunión, que se suma a otras previas con este y otros bloques dialoguistas (Pro y UCR), va en línea con el objetivo del Gobierno de tratar de acordar el proyecto lo más ampliamente posible antes de su tratamiento en el Congreso, para que no caiga en saco roto como ocurrió en el verano.

El 6 de febrero pasado, pese a que la ley ómnibus había sido aprobada en general, la situación se empantanó en el debate en particular y el oficialismo pidió que volviese a comisión.

Desde esa fecha, el proyecto de ley -que pretende desregular áreas de la vida nacional- tuvo diversos vaivenes por la actitud ambivalente de la Casa Rosada, que finalmente decidió que la impulsará nuevamente pero con la condición de que se apruebe para que se pueda firmar el 25 del mes próximo el Pacto de Mayo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, con el fin de establecer consensos básicos en una decena de políticas.

El senador nacional y titular del bloque UCR, Eduardo “Peteco” Vischi (Corrientes), presentó una iniciativa solicitando informes al ministerio de Economía y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en relación a la vacuna contra la fiebre aftosa.

“Queremos respuestas acerca de este tema que preocupa mucho a los productores ganaderos y que podría tener efectos muy graves para las exportaciones y la economía de nuestro país”, planteó el correntino.

Vischi señaló que “la Argentina es reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal como libre de aftosa con vacunación y debemos velar por su estatus sanitario. Hoy los ganaderos argentinos pagan hasta unos 2 dólares por cada dosis de vacuna anti aftosa con aplicación, lo que supone un costo elevado que impacta en su actividad. Por el mismo insumo, un ganadero paraguayo paga 0,24 dólares y un brasilero 0,50. Queremos saber las razones y qué medidas se estudian o aplican para revertir la situación”.

En dicho proyecto, se indaga, además, sobre la posibilidad de ampliar o diversificar la producción de la vacuna, las razones detrás de la diferencia de precio entre países vecinos, los operativos de vacunación y la circulación de la enfermedad en nuestro país.

“La producción ganadera es uno de los pilares de la economía correntina y de nuestro país. El precio que los productores deben pagar para sostener su calidad sanitaria no sólo supone un problema para su esquema de costos, sino que nos pone en desventaja frente a países competidores”, planteó.

Entre los fundamentos, el senador radical manifestó: “Que un país sea ‘libre de aftosa’ permite a la carne de esos países acceder a más y mejores mercados, mientras que, un brote de la enfermedad, lógicamente, los cierra. Recobrar esos destinos y la confianza en la sanidad alimentaria no es fácil de lograr y lleva tiempo. Para producir más, debemos quitar los obstáculos que impiden desarrollar todo su potencial a quienes invierten. La Argentina produce las mejores, o de las mejores, carnes del mundo, debemos acompañar el esfuerzo de quienes trabajan para llevarlas a la mesa de los argentinos y de todo el planeta”.

📝 Presentamos un proyecto mediante el cual pedimos informes al Ministerio de Economía y, por su intermedio, al SENASA acerca de la vacuna contra la aftosa. Los productores argentinos pagan por cada dosis un valor de hasta 8 veces mayor que los ganaderos de países vecinos. pic.twitter.com/xGeWIkTCk1

— Peteco Vischi (@PeteCoVischi) April 4, 2024

Diputados de Unión por la Patria reclamaron por la reanudación del Reactor Nuclear Modular CAREM-25 y el Reactor Multipropósito RA-10, al tiempo que advirtieron por el desfinanciamiento en el sector.

A través de una iniciativa, Agustina Propato alertó por la situación de estos proyectos, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y manifestó “la creciente preocupación y rechazo ante la paralización, a raíz de medidas del Gobierno nacional, de estos proyectos fundamentales para el futuro energético y tecnológico del país”. El tema también ya había sido objeto de un pedido de informes por parte de legisladores radicales.

“La paralización se debe a la desfinanciación que está sufriendo la matriz energética nuclear argentina. Esta situación fue denunciada de manera unánime por los gerentes de la CNEA, así como por su presidenta, Adriana Serquis“, señaló la diputada.

Propato se reunió con Serquis y Sol Pedre, gerenta del proyecto CAREM, y conversaron sobre “el ajuste, los despidos y las duras consecuencias que afectan al sector energético nacional y en particular al desarrollo de la matriz nuclear”, reveló la bonaerense.

El Reactor CAREM-25, cuyo prototipo se encuentra en construcción avanzada en Lima, partido de Zárate, tiene como objetivo proporcionar la base para el diseño de un reactor de escala comercial que pueda satisfacer la creciente demanda energética del país en los próximos años. Por otro lado, el Reactor Argentino Multipropósito RA-10 tiene la finalidad de asegurar el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, con capacidad para atender gran parte de la demanda de América Latina.

La crítica situación financiera del sector nuclear se refleja en la acumulación de deudas desde diciembre de 2023, debido a la falta de asignación presupuestaria para el año 2024. Esta situación ha llevado a la interrupción de pagos a proveedores del sector, poniendo en riesgo la continuidad de servicios básicos como el suministro eléctrico, de gas, agua, limpieza, mantenimiento y servicios médicos en las Centrales Nucleares.

“No vamos a permitir que pisoteen y menosprecien la investigación y el desarrollo de nuestra Patria, porque es ahí donde radica nuestra soberanía. Vamos a defender siempre a las empresas nacionales, a sus trabajadores, a sus científicos y al pueblo”, enfatizó Propato.

Y sumó que “la paralización de los proyectos nucleares afecta directamente a las empresas contratistas y subcontratistas, las cuales se ven obligadas a reducir su personal, poniendo en peligro numerosos puestos de trabajo”.

A través del proyecto, la diputada de UP reclamó al Poder Ejecutivo Nacional tomar medidas urgentes para normalizar el cronograma de pagos del sector nuclear. “Esto, con el fin de propiciar la reanudación de los proyectos CAREM-25 y RA-10, los cuales representan un avance tecnológico crucial para la soberanía nacional y el futuro energético del país”, concluyó.

Por su parte, el diputado Eduardo Toniolli presentó un pedido de informes dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el estado de ambos proyectos. Y, por otra parte, pidió citar al ministro de Defensa, Luis Petri, para que informe el uso que le está dando a los recursos del FONDEF. “El desfinanciamiento que el gobierno de Milei está llevando adelante en áreas estratégicas pone en riesgo nuestro desarrollo y nuestra soberanía nacional”, apuntó el santafesino.

Legisladores expresaron su pesar en redes sociales por el fallecimiento de la hija del diputado nacional y secretario general de la CGT de Santiago del Estero, José Gómez (UP), y le enviaron sentidos mensajes de acompañamiento.

La joven María Celeste Gómez se encontraba internada en una clínica de Buenos Aires donde falleció este jueves tras luchar contra una enfermedad que padecía.

El senador nacional José Emilio Neder expresó: “Con mucha tristeza y profundo dolor acabo de recibir la noticia del fallecimiento de María Celeste Gómez, producido este jueves en Buenos Aires a causa de una enfermedad”.

“Un abrazo del alma y mi acompañamiento en el sentimiento para su papá, mi amigo, mi compañero, mi hermano José Gómez, secretario general de la CGT y diputado nacional, y para toda la familia. Descansa en Paz, Celeste. Abrazo al Cielo”, cerró.

En el mismo sentido se manifestó el tucumano Juan Manzur: “Profundamente conmovido por el repentino fallecimiento de la joven María Celeste Gómez. Acompaño a su padre, el compañero diputado nacional y secretario general de la CGT de Santiago del Estero, José Gómez, y toda la familia en este doloroso momento”.

El gobernador Gerardo Zamora, a través de sus redes sociales envió sus condolencias al diputado nacional y gremialista: “Mis condolencias, a su padre, mi querido amigo, secretario general de la CGT y Diputado Nacional José Gómez y su familia, en este momento de tanto dolor, a quienes acompaño en el sentimiento desde lo más profundo de mi corazón. Que brille para ella la Luz que no tiene fin”.

Hasta último momento no se sabía si funcionarios del Poder Ejecutivo iban a asistir este jueves a la reunión informativa de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, cuando finalmente, entre los primeros expositores, se hizo presente el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros.

El funcionario defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que “acá no nos estamos ahorrando nada”. En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.

Si bien varios diputados se mostraron a favor, como contemplan la mayoría de los proyectos presentados, en que la fórmula contenga el índice de inflación, el cuestionamiento pasó por el “empalme” y el porcentaje tomado para la recomposición. Mientras desde un sector de la oposición insisten con que sea de un 20,6% -número de enero-, De los Heros defendió que se haya tomado un adicional de 12,5% como “la situación inflacionaria más cercana”.

En el arranque de su exposición, el director Ejecutivo de la ANSeS mencionó que con la fórmula que se acaba de anular (votada en 2021 bajo el gobierno del Frente de Todos), el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. “Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, señaló.

“La urgencia del DNU es justamente mejorar la situación de nuestra clase pasiva, con un costo fiscal que llega casi al billón novecientos mil pesos durante estos tres meses”, detalló y defendió que “las decisiones políticas del Gobierno no exponen solamente una preocupación sobre la situación de nuestros jubilados, sino también la convicción de otorgarles fondos públicos que son escasos, para tratar de resolver parcialmente la situación desastrosa que dejó la ley de movilidad anterior”.

Por otra parte, De los Heros aprovechó para cuestionar las jubilaciones por moratoria. “Una cuestión que quiero también poner sobre la mesa es la cantidad de jubilaciones mínimas que tenemos; siempre hay una tendencia de ver a los jubilados como titulares de jubilaciones mínimas y en realidad no debería ser así. ¿Por qué llegamos a esto? El 87% de todas las jubilaciones otorgadas con moratoria están en la mínima. Este achatamiento no es producto de la movilidad sino de las políticas adoptadas”.

“De las jubilaciones y pensiones 100% contributivas, que fueron adquiridas por los trabajadores con 30 o más años de aporte, solamente el 6% tiene jubilaciones mínimas”, precisó y continuó: “Evidentemente este proceso de achatamiento de la pirámide, que tanto se habla, no es producto de la movilidad, es producto de ciertas políticas que se han adoptado desde 2005, otorgando moratorias que ponen en una situación de igualdad situaciones totalmente distintas”.

El funcionario cuestionó que “hemos incorporado dentro de este universo a cinco millones de personas que no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aporte”.

Si bien indicó que en el mundo “no hay un consenso absoluto acerca de cuál es el mejor sistema previsional”, algo que sí sucede es que “los regímenes previsionales son de largo plazo, no se los puede estar interviniendo, toqueteando o modificando permanentemente . Lamentablemente Argentina esta actitud no la ha mantenido”.

Al recordar la ley de moratoria que está vigente, que permite comprar aportes no efectivamente realizados, informó que “en el caso de las mujeres el promedio de aportes efectivos es de cinco años, y en el caso de los hombres tienen nueve años de aportes efectivos”.

“De 45.000 jubilaciones promedio que otorga el ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”, apuntó.

Finalmente, pidió “buscar un acuerdo y consenso para no caer en injusticias” ya que “la Corte ha dicho que el principio de igualdad es para situaciones iguales, y deja de ser igualdad cuando a situaciones diferentes se les da el mismo tratamiento”.

Al momento de las preguntas de los legisladores, el radical Martín Tetaz remarcó que “el año pasado hubo 210% de inflación y las jubilaciones sacaron 110%”, con lo cual perdieron 100 puntos. “Ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante. ¿Usted sacó la cuenta de cuánto tiene que ser la compensación para que los jubilados perciban de bolsillo la misma jubilación que percibían a principio de 2023?“, consultó.

De los Heros insistió que con la fórmula anterior, los jubilados en abril y mayo iban a percibir 135 mi pesos y en junio 170 mil. “La diferencia que ya estamos obteniendo es del 34% al 63%”, reiteró y expresó: “Acá no nos estamos ahorrando nada, sino que estamos poniendo casi dos mil millones de dólares en estos meses para mejorar la situación de los jubilados. Si dejáramos las cosas como estaban, las víctimas serían los jubilados”.

Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman cuestionó que “la recomposición del 12,5% está muy por debajo de la pérdida de estos últimos meses”. “Lo que ustedes proponen es, en el nivel más bajo (desde 2002), congelar las jubilaciones, ponerles un piso y techo”, observó y rechazó la “filosofía de que la movilidad es para mantener”, lo que iría en contra de que los jubilados puedan en el futuro “participar de una mejora” de la economía. Además, el porteño le preguntó a De los Heros “de qué piensa que deberían vivir los 3,8 millones de personas” que se jubilaron por moratoria.

Sobre esto último, el titular de la ANSeS aseguró que “el Gobierno no tiene insensibilidad social, de hecho la movilidad social es una demostración de eso. Que haya situaciones de necesidad que generan derechos y programas de asistencia por parte del Estado, como la AUH, la PUAM y pensiones por discapacidad, están dentro de los regímenes de seguridad social, pero el sistema previsional es un subsistema de la seguridad social, no es todo lo mismo, ni está todo dedicado hacia lo mismo”.

“No se le puede cargar el financiamiento a los trabajadores que pagaron los aportes, porque ahí está la injusticia. Se lo obliga indirectamente a financiar una situación asistencial, no previsional. La injusticia está en los mecanismos utilizados. El Gobierno está comprometido en asistir a todas las necesidades, pero utilizando los medios e instrumentos correctos, sin afectar los derechos de los demás”, sostuvo.

La cordobesa Alejandra Torres consultó a De los Heros “por qué no hacemos el empalme con enero” y que explique el desdoblamiento del pago en abril. “La idea del Gobierno fue cubrir lo más cercano la situación inflacionaria”, respondió y sobre el segundo tema dijo que “el problema es las fechas en que salieron los decretos” para las correspondientes liquidaciones.

La diputada de Hacemos Coalición Federal, esposa del extitular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, indagó además respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que “tiene una importante cantidad de recursos y lamentablemente no se utiliza para pagar juicios, jubilaciones o transferencias a las cajas previsiones provinciales”.

“El FGS fue modificado en su utilización por ley”, recordó De los Heros y señaló que “se acordaron más de un billón y medio de pesos a créditos no solamente de pasivos, sino a titulares de sistemas asistenciales y trabajadores activos del SIPA y con tasas rondando el 48%”. “Tiene que tener otra configuración, pero en eso deberían ponerse ustedes de acuerdo; tiene que estar destinado a los jubilados y pensionados”, agregó.

Consultado por diversos temas, el funcionario afirmó que “no se han afectado de ninguna manera las prestaciones de los servicios que brindan la ANSeS con los despidos que se han realizado. La ANSeS sigue funcionando como funcionaba cuando esos agentes no estaban, eran ingresos recientes”.

También aclaró que las jubilaciones otorgadas por moratoria “son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado”; al tiempo que “la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años”, sugirió.

El Poder Ejecutivo Nacional publicó, el 26 de marzo último, el Decreto 280/2024 mediante el cual modifica la Ley 27.701 de financiamiento de las Cajas Provinciales de Seguridad Social no transferidas a la Nación.

Debido a esto, el presidente del bloque de senadores UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, presentó un proyecto solicitando informes al IPS bonaerense para saber con exactitud qué impacto tendrá en la provincia de Buenos Aires dicha medida.

“Es un tema que nos preocupa porque Buenos Aires es una de las provincias que se vería afectada por esta decisión ya que no transfirió su Caja de Seguridad Social, dado que cuenta con el Instituto de Previsión Social (IPS)”, explicó Maspoli.

“La preocupación aumenta porque además hay una gran falta de información pública por parte de la provincia en general y del IPS en particular que dificulta a los ciudadanos y al Poder Legislativo poder entender cómo impactará en las finanzas provinciales y en las del Instituto de Previsión Social las modificaciones realizadas por el gobierno nacional”, manifestó el senador y remarcó: “hay que contar con información para poder delinear un camino de acción, si fuera necesario”.

En ese sentido, el legislador presentó un proyecto de solicitud de informes para que el IPS aclare: “cómo impacta el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 280/2024 al Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires en el presente año; a cuánto ascendió la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2023 del IPS; cuál es el presupuesto de ingresos y gastos previstos para el año 2024 y en el caso de que se proyecte un déficit, cómo se planifica el financiamiento del mismo”.

El presidente de la bancada de la UCR+CF el senador Agustín Maspolí, pide información sobre el IPS.

También requirió precisiones sobre: “a cuánto ascendió el aporte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el financiamiento del IPS durante los últimos 5 años (periodo 2019-2023) y cuál fue la última Valuación Actuarial del Instituto de Previsión Social.

El Senado de la Nación retomó este jueves la actividad legislativa con la conformación de cuatro comisiones. Estaba previsto que fueran seis, pero la falta de quórum hizo caer la reunión de la Comisión Reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que estaba prevista reunirse para las 10, y la de Agricultura, Ganadería y Pesca para las 11. Unión por la Patria se ausentó en disconformidad del reparto de las mismas.

De esta manera, de las 27 comisiones permanentes que hay en la Cámara alta ya son 11 las constituidas, debido a que desde el 10 de diciembre a la fecha se conformaron la de Acuerdos, Asuntos Administrativos y Municipales, Asuntos Constitucionales, Justicia, Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto.

Al reparto de las presidencias de las comisiones y la integración de las mismas, la vicepresidenta Victoria Villarruel lo concretó en base a la mayoría de 39 senadores que logró iniciada la gestión, cuando a los siete del oficialismo se sumaron todos los bloques de la oposición menos el kirchnerismo. Por este motivo, en Unión por la Patria, primera minoría dentro del Senado con 33 integrantes, están disconformes con la conformación que tienen estas comisiones. De hecho, no enviaron los nombres de sus representantes, excepto para la Comisión Banca de la Mujer, por cuanto la misma está conformada por todas las mujeres legisladoras que integran la Cámara.

Problemas con gobernadores

Pero el problema actualmente para el oficialismo no pasa hoy por UP, sino por aquellos bloques con los cuales la presidenta de la Cámara había logrado acordar una nueva mayoría el año pasado, a poco de haber asumido en el poder. Eso ya se vio con el debate sobre el DNU 70/23, con una mayoría en contra que creció hasta los 42 votos. Ahora se volvió a ver este jueves con la constitución de dos de las comisiones.

En el caso de Agricultura y Ganadería, se iba a consagrar allí a Alfredo De Angeli, pero de los 10 senadores que no pertenecen a UP y que van a integrarla faltó el santacruceño José Carambia. Estaban en cambio los senadores Daniel Kroneberger, Carmen Alvarez Rivero, Bruno Olivera Lucero, Eduardo Galaretto, Bartolomé Abdala, Andrea Cristina y Zimmerman. Pero faltó Carambia, quien sí estaba presente en el Palacio. Sin él, no había quórum.

Lo mismo había pasado a las 10 de la mañana con Trabajo y Seguridad Social, donde iba a ser consagrada Alvarez Rivero presidenta. Estuvieron Kroneberger, Olivera Lucero, Guadalupe Tagliaferri, Pablo Daniel Blanco, Eduardo Vischi, Carlos “Camau” Espínola y Andrea Cristina. Acá faltaron dos: Carambia y la rionegrina Mónica Esther Silva, también presente en el Palacio.

Tanto Carambia como Silva responden a sus gobernadores, Claudio Vidal y Alberto Weretilneck, respectivamente. Distanciados del Gobierno nacional.

Así lo había adelantado en la semana Claudio Vidal, quien descartó tomar parte del Pacto de Mayo incluso. Será un problema lo que se vio este jueves para el oficialismo, a menos que puedan acercarse las posiciones nuevamente.

La conformación de las comisiones

A las 11.40 se reunió la de Coparticipación Federal de Impuestos siendo designado al frente de la misma el radical Víctor Zimmermann (Chaco), mientras que las restares autoridades quedaron pendientes. Por el momento, establecieron como día de encuentro los martes, pero no fijaron un horario, ya que esperan hacerlo con el resto de los miembros presentes.

“Agradezco a mi bloque la UCR por esta nominación y a los integrantes del resto de bloques del Senado que me están acompañando y permiten que, de alguna manera a partir de hoy, pueda representar y ejercer la presidencia de esta comisión que es muy importante”, expresó el chaqueño al tomar su lugar.

Así, resaltó que “el tema coparticipación federal es central en el país en estos tiempos y está como uno de los primeros puntos de las reformas necesarias que planteó el presidente de la Nación y que están trabajando los gobernadores a los efectos de ver cómo hacemos para aceptar el desafío de una mejor distribución de los Fondos de la Argentina”.

Zimmermann aclaró: “No hemos podido integrar la vicepresidencia y secretaría que queda reservado para los otros bloques. Esperemos que inmediatamente lo podamos hacer hacia adelante”.

Por otro lado, informó que en la comisión hay siete proyectos de ley de distintos autores y agregó: “Por secretaría parlamentaria vamos a hacer llegar los proyectos a cada integrante a efectos de que podamos empezar a analizar”.

FOTO: Comunicación Senado

“La comisión tiene como costumbre pasar información sobre todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la recaudación de impuestos y la coparticipación federal de todas las provincias argentinas. Vamos a trabajar para que cada senador reciba en su despacho pasado los días prudenciales de vencimientos de la conformación de los cuadros y que mes por mes puedan tener qué es lo que se recauda y cómo se distribuye la coparticipación y cómo es el comportamiento de los recursos”, afirmó el titular de la comisión.

Promediando el encuentro, el senador Pablo Blanco (UCR) pidió la palabra y expresó: “Esta es una comisión muy importante y hay un tema pendiente de una reforma del 94’ que el Congreso y las provincias están en deuda que es la discusión sobre la nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Un tema que está continuamente en discusión”.

En ese sentido, solicitó que “comencemos lo antes posible a invitar a representantes de provincias o quienes consideren necesario para discutir este tema que no es fácil, pero es necesario comenzar a discutir este tema que es una deuda muy importante del Congreso”. “Será una de las primeras tareas para llevar adelante en la comisión”, coincidió Zimmermann.

Al mediodía, precisamente a las 12.45, se llevó a cabo la conformación de la Comisión de Economía Nacional e Inversión que quedó en manos del radical Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego) a propuesta del libertario Bartolomé Abdala (San Luis).

La mendocina Mariana Juri pidió la palabra para agradecer al puntano la propuesta porque “para el radicalismo y todo el cuerpo en general es un gran honor. Sabemos de su trabajo y de su preocupación permanente”.

“Esperamos que esta comisión, que es muy importante en un momento tan particular donde la argentina necesita el tema de inversiones en particular y la economía en general revertir un proceso tan malo que ha sido para el país, poder hacer un aporte y llevar un poco de alivio”, cerró Juri.

Blanco expresó: “Estoy muy contento luego de más de dos años haber logrado en este período la conformación al inicio. Es algo importante porque hay temas pendientes de larga data que son de actualidad. Esperemos poder terminar la conformación de la comisión con la incorporación de quienes hacen falta. Hablaremos con los restantes bloques para que se sumen”.

Por el momento fijaron como día y horario de reunión los miércoles a las 11. “Vamos a acercar el informe de la comisión con temas pendientes para tomar contacto con los mismos porque es importante que lo antes posible nos pongamos a funcionar”, planteó el fueguino.

Por la tarde fue el turno de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico que quedó en manos de la santafecina Carolina Losada (UCR) tal como había anticipado parlamentario.com, mientras que la vicepresidencia y secretaría quedaron pendientes de nombramiento.

Losada agradeció por la designación y expresó: “Es un tema importantísimo para todo el país, pero en especial para mi provincia de Santa Fe donde estamos viviendo momentos angustiantes y de mucho miedo en la población por el narcotráfico y todo lo derivado respecto de las muertes. Tenemos tasas de homicidio que superan por cuatro veces las tasas a nivel nacional”.

“Es importante el estar acá para darle mucha celeridad a esta comisión porque todos los proyectos tienen que tratarse, debatirse”, planteó la radical y apuntó contra el kirchnerismo porque “no quiso darle importancia en ningún momento a esta comisión. En el 2023 no hubo ni una sola reunión en esta comisión en medio la situación que se vivía en Rosario, con la cantidad de proyectos que hay pendientes y eso es lo que tenemos que cambiar”.

Así, manifestó: “Vamos a trabajar mucho para cambiar lo que tiene que ver con estos temas para el país que es lo que quiere la gente. No solo la gente de Rosario sino de todo el país porque la inseguridad porque es uno de los problemas que más nos preocupan”.

La santafecina precisó que hay pendiente de tratamiento 13 proyectos de ley y un mensaje del Poder Ejecutivo, 22 proyectos de comunicación, 14 de declaración y 2 de resolución.  Por último, propusieron como día y horario de reunión los martes a las 16.

Minutos más tarde se constituyó la Comisión de Turismo siendo elegida presidenta de la misma la mendocina Mariana Juri (UCR) quien agradeció por “darme este gran honor que, en términos profesionales y como senadora, me es un gran orgullo poder hacerlo”.

“Vamos a tener un gran trabajo, sobre todo porque tenemos una gran oportunidad. El mundo del turnismo es uno de los grandes generadores de empleo en el mundo y en Argentina en particular. Hay más de un millón y medio de empleo generado por la actividad turística, pero estamos frente a una complejidad enorme porque fue una de las actividades mayormente perjudicada por la pandemia y, si bien se va recuperando paulatinamente el ritmo, todavía requiere de nuestros esfuerzos para que en cada rincón del país sigamos proponiendo nuevas experiencias para que haya más empleo y mejores servicios”, expresó Juri.

La mendocina resaltó que es una actividad “cada vez más compleja, pese a que hay cada vez más gente viajando en el mundo porque los hábitos han cambiado. La legislación argentina ha quedado en muchos casos desactualizada por lo cual tenemos el gran desafío con la ley de alojamiento y otras tantas que tienen que hacer de toda nuestra creatividad, innovación y trabajo”. Al cierre propuso como día y horario de reunión los miércoles a las 11.

Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo -que hasta última hora no se sabía si concurrían-, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados realiza desde las 11.12 una reunión informativa a la que fueron convocados una treintena de especialistas, en el marco del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La intención de un sector de la oposición es acelerar el debate en esta comisión para que el cálculo que se utiliza para actualizar los haberes previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales) quede establecido por ley, más allá del DNU que emitió el Gobierno nacional.

Previamente, el pasado 21 de marzo, hubo una reunión de diputados en la que los autores explicaron sus proyectos. Hay 16 iniciativas presentadas. En esa jornada se cuestionó al libertario José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por no haber convocado a un plenario. Espert, en nombre del oficialismo, no estaba de acuerdo con anticiparse a este debate antes del envío de la nueva ley de Bases. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó por DNU.

El decreto establece un esquema de aumentos para abril, mayo y junio, tomando el índice IPC (inflación) y distintas recomposiciones, mientras que la fórmula comenzará a regir plenamente a partir de julio. La oposición buscaba un porcentaje mayor de recomposición por la inflación de enero, que fue del 20,6%, pero el Gobierno contempló para abril un adicional de 12,5%. La medida, además, provocó que para abril el pago sea desdoblado.

La de este jueves será la única reunión informativa, y por el cronograma pautado se extenderá por alrededor de más de cinco horas.

En el arranque del encuentro, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió “llevar este tema al recinto lo más urgente posible” y que el próximo martes se dictamine. También dijo que, posteriormente, si la Comisión de Presupuesto no convoca “vayamos al recinto a emplazar a Espert”, es decir, a obligar -si se reúnen los votos- a una reunión a esa comisión con día y hora.

NOTICIA EN DESARROLLO

Un panel de juristas analizó en un conversatorio organizado por “Soberanxs” las declaraciones, publicaciones y políticas impulsadas por el presidente Javier Milei desde el 10 de diciembre y coincidieron en que están dadas las condiciones para impulsar un Juicio Político con el objetivo de destituir al mandatario.

Del encuentro participaron Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi con la coordinación de Alicia Castro y de la periodista Cynthia García. Los especialistas en derecho aseguraron que no quieren que Milei se vaya en helicóptero, sino que “se vaya destituido por el Congreso por los delitos que está cometiendo”.

Algunos de los ejes que atravesaron el conservatorio fueron “el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad”, las omisiones para defender la soberanía en Malvinas, la intención de detentar la suma del poder público, las declaraciones y publicaciones violentas por parte del actual mandatario, el incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas, el riesgo cierto de dolarización mediante eliminación por decreto de la moneda propia y del Banco Central.

Al inicio del encuentro Alicia Castro recordó que “el negacionismo impulsado por parte del actual titular del Poder Ejecutivo”, en el que “a través de una narrativa de violencia niega el terrorismo de Estado busca redimir a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y deslegitimar los procesos llevados a cabo en contra de los genocidas para organizar un terreno propicio para que esas atrocidades se vuelvan a cometer”.

Castro aseguró que el negacionismo se vincula directamente con la intención de reeditar la política económica impulsada durante el último proceso militar de “planificación de la miseria”. En ese contexto, Rozanski sostuvo que “cualquier acto de negacionismo tanto del presidente de la Nación como de la vicepresidenta es absolutamente ilegal y causal de juicio político”.

Por otro lado, Castro recordó la cláusula de la Constitución del 94 que consagra como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes y preguntó si los actos de acción y omisión del gobierno que están en contra de este principio irrenunciable también pueden ser considerados una causal de juicio político ya que, sostuvo, Malvinas es un punto geopolítico estratégico de gran importancia.

Por último, la exembajadora marcó su preocupación por la política exterior que impulsa Javier Milei y le atribuyó a las decisiones del presidente la responsabilidad de que, a su juicio, la Argentina haya dejado de habitar una región de paz para estar metidos en la guerra que Israel impulsa en Gaza y que “esto pone en riesgo a las ciudadanas y a los ciudadanos y nos hace blanco del terrorismo internacional”.

En relación a la cuestión vinculada con “la suma del poder público”, el constitucionalista Eduardo Barcesat recordó el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, y aseguró que esto vale no solo para aquellos que conceden esa facultad sino también en los casos en los que alguien pretenda arrogarse este poder, como a su juicio es el caso del actual presidente.

También planteó que este tipo de actos son “nulos de nulidad absoluta, insanables e imprescriptibles civil y penalmente”. En ese contexto, Barcesat afirmó que la presentación que van a realizar no será únicamente jurídica, sino multifacética y que incluirá cuestiones económicas, pero destacó como uno de los puntos centrales a considerar para el pedido del juicio político lo que para ellos es el quiebre del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución Nacional por parte de Milei. “Para el Juicio Político hay condiciones sobradas tanto del mal desempeño como posible comisión de delito en ejercicio de funciones”, sostuvo.

Rozanski centró su exposición en lo que consideró “cientos de causales que se pueden citar para pedir el juicio político”. Por un lado, destacó una causal genérica vinculada con “el mal desempeño”, pero hizo hincapié en la causal de discriminación vinculada con algunas de las publicaciones que difundió el actual presidente de la Nación que tiene en sus redes sociales más de dos millones de seguidores, entre ellas una en la que define al Estado como “un pedófilo con nenes encadenados evanselinados en un jardín de infantes” y otras dos publicaciones en contra del gobernador de Chubut Ignacio Torres, una de ellas vinculándolo con una persona con síndrome de Down.

Por su parte, José Manuel Ubeira recordó que “en nuestra democracia indirecta son los representantes los que llevan adelante la voluntad del pueblo”. En ese sentido señaló que “para el juicio político del presidente se necesita una mayoría calificada en el Senado, pero esto tiene sentido si nuestros representantes se hacen cargo la gravedad y el peligro en el que está inmersa la Argentina en manos del actual gobierno”. Si bien el abogado reconoció que el Gobierno de Milei tiene legitimidad de origen, señaló también que las expresiones que utiliza el presidente, entre ellas las de “zurdo de mierda”, son extremadamente graves.

“Estamos en profundo peligro porque el gobierno pretende la balcanización de la Argentina y el descuartizamiento del país para poder entregarlo”, alertó y agregó: “El Congreso Nacional, que según el presidente es un nido de ratas y es el repertorio de todos los coimeros de la Argentina es el que tiene que ejercer en representación nuestra la garantía de que no nos van a rematar el país y que los que pensamos distinto podamos seguir estando”.

“No conozco una sola gesta que haya sido importante y que no haya comenzado con una correlación desfavorable de fuerzas”, sostuvo a su turno Maximiliano Rusconi. Durante su exposición el abogado analizó las causales que establece la Constitución Nacional para impulsar el juicio político son el mal desempeño y la comisión de delito.

Rusconi ejemplificó algunos episodios en contraposición con distintas normas. “Un caso es el video que emitió el Poder Ejecutivo el 24 de marzo en el que se enaltecía a quienes dirigían la represión. El artículo 213 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que hiciere públicamente y por cualquier medio apología de un delito o de un condenado por un delito”, comentó.

También remarcó que el Poder Ejecutivo está ejecutando el Presupuesto de 2023 que establecía responsabilidades de financiamiento de comedores comunitarios y de entrega de medicamentos oncológicos, entre otros puntos.

“Si Milei hubiera enviado otro Presupuesto, no habría problema, pero está ejecutando un Presupuesto que es ley y que establece determinadas responsabilidades. El artículo 106 del Código Penal establece que el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”, manifestó.

Además, rememoró el episodio a través del cual primero José Luis Espert y luego Milei llamaron a la revolución fiscal en la provincia de Buenos Aires y leyó el artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Al igual que lo hicieron los otros integrantes del panel, también cargó en contra de aquellos legisladores que votaron a favor de la ley ómnibus en general que implicaba otorgarle la suma del poder público al Ejecutivo.

Del encuentro también participaron el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy; los diputados nacionales Hilda Aguirre, Ricardo Herrera y Juan Marino; la senadora Florencia López; Juan Pablo Schiavi, Dora Barrancos, Liliana Hendel; Pedro Peretti, Telma Luzzani, Liliana Mazure, Jonathan Baldivieso, María Eva Koutsovitis, Juan Martin Ramos Padilla, Nora Lafon y Martin García, entre otros.

https://twitter.com/lorepokoik/status/1775625152383897873El jefe del bloque La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados, Oscar Zago, cuestionó al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, por participar de las acciones que este jueves organizaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado ante la ola de despidos en el sector público. 

“Estamos en el Ministerio de Trabajo acompañando a los trabajadores y trabajadoras ante los despidos brutales por parte del Gobierno Nacional. Esta es la vieja receta de siempre: debilitar al Estado y sus capacidades. Este modelo extractivista y concentrado solo quiere dejarles negocios servidos a las más grandes empresas”, escribió Katopodis en su perfil de la red social X, junto a fotos de la jornada. 

Al replicar el post, Zago criticó que “mientras en la provincia de Buenos Aires no pueden ni cortar el pasto de las banquinas de las rutas, su ministro de Infraestructura, Katopodis, está tomando edificios públicos nacionales (en CABA) defendiendo ñoquis”. “El kirchnerismo es un paro eterno”, opinó. 

Este jueves, luego de los miles de despidos anunciados antes de Semana Santa, desde ATE convocaron a que los trabajadores se presenten en distintos organismos públicos a modo de protesta. Más tarde se confirmó un paro nacional y movilización para este viernes 5 de abril. 

El kirchnerismo y la izquierda acompañaron a despedidos estatales

Hoy acompañamos a las compañeras y los compañeros trabajadores estatales en su plan de lucha frente al Ministerio de Trabajo.
Los despidos de Milei son de una perversidad y odio inconmensurable.
Basta de despidos. pic.twitter.com/8FyfwLts7v

— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) April 3, 2024

🔴 #AHORA | Contra los despidos estatales y el ajuste: comenzó la jornada de lucha en Trabajo y otras dependencias.

Los diputados nacionales @myriambregman y @NicolasdelCano, y la legisladoras @Barry__Ale acompañan la concentración en las puertas del ex Ministerio de Trabajo pic.twitter.com/y0keBCB24t

— Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) April 3, 2024

🛑15.000 despidos en un día. pic.twitter.com/FauQsKSpzr

— Lorena Pokoik (@lorepokoik) April 3, 2024

Frente al desguace del Estado, hoy se llevó adelante una gran jornada nacional de lucha en los distintos organismos para exigir que se frene con esta masacre y se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras. pic.twitter.com/3nOhL2jBsR

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) April 3, 2024

Luego del fin de semana extralargo, el Senado de la Nación retomará este jueves 4 de abril la actividad legislativa poniendo en marcha la constitución de seis comisiones. De esta manera, de las 27 comisiones permanentes que hay en la Cámara alta pasarán a ser 13 las constituidas, ya que desde el 10 de diciembre a la fecha se conformaron la de Acuerdos, Asuntos Administrativos y Municipales, Asuntos Constitucionales, Justicia, Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto.

La mayoría de las presidencias correspondieron a La Libertad Avanza (cuatro), a pesar de tener el oficialismo apenas siete bancas en la Cámara alta. Las otras tres fueron para el Pro (Acuerdos), la UCR (Asuntos Administrativos y Municipales) y Unidad Federal (Asuntos Constitucionales). Que se haya beneficiado especialmente a La Libertad Avanza tiene justificación en que se le asignaron las comisiones “de gobernabilidad”.

Tal como había anticipado parlamentario.com, de las seis que se conformarán al menos dos serían para el Pro y dos para el radicalismo. En realidad iban a ser siete, pero la de Defensa, donde iría Luis Juez -jefe del bloque Pro- como presidente se suspendió.

Al reparto de las presidencias de las comisiones y la integración de las mismas, la vicepresidenta Victoria Villarruel lo concretó en base a la mayoría de 39 senadores que logró iniciada la gestión, cuando a los siete del oficialismo se sumaron todos los bloques de la oposición menos el kirchnerismo. Por este motivo, desde Unión por la Patria, primera minoría dentro del Senado con 33 integrantes, están disconformes con la conformación que tienen estas comisiones. De hecho, no enviaron los nombres de sus representantes, excepto para la Comisión Banca de la Mujer, de acuerdo figura en el decreto 19/24 de Presidencia.

Este jueves, la primera comisión en constituirse será la de Trabajo y Previsión Social, a las 10, y quedaría en manos de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del Pro. Una hora más tarde será el turno de Agricultura, Ganadería y Pesca, que quedaría para el entrerriano Alfredo De Angeli, también de la bancada macrista aliada a LLA.

A las 11.30 se reunirá la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, mientras que 12.30 será el turno de Economía Nacional e Inversión.

Por la tarde, a las 14 se constituirá la de Seguridad Interior y Narcotráfico, que encabezaría la santafesina radical Carolina Losada; y a las 14.30 cerrará la jornada la Comisión de Turismo. Todas elegirán autoridades, determinarán días y horarios de trabajo y elaboraron una agenda legislativa de cara al año.

La única comisión que aún no tiene nombres de ningún bloque designados es la de Minería, Energía y Combustibles.

En medio de una ola de despidos masivos y de cierre de instituciones, el diputado nacional de UP y secretario de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), Hugo Yasky, apuntó contra el Gobierno y adelantó: “Lo vamos a llevar a la justicia porque es absolutamente injustificada esta medida”.

El legislador se hizo presente en la protesta de los empleados de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administración nacional.

“Estamos acompañando a los compañeros de ATE frente a esta brutal ola de despidos. Es algo que además de denunciarlo en la OIT lo vamos a llevar a la justicia porque es absolutamente injustificada esta medida”, anticipó Yasky.

A su vez, planteó: “No son ñoquis, son empleados que hace años los conocemos porque muchas veces tuvimos que venir al ministerio de trabajo a tramitar gestiones que tienen que ver con cuestiones gremiales y estos empleados trabajaron siempre con distintos gobiernos. Esto es una medida para destruir al movimiento obrero”.

“No es cese de contrato, son despidos de gente que tiene hasta 15 o 20 años de antigüedad, eso es un verso. Lo que quieren hacer es destruir el Estado, degradar el Ministerio de Trabajo para que un empleado de Techínt maneje los conflictos sindicales, prohibir a los trabajadores poder desempeñarse en sus tareas y convertir este país en un país donde los trabajadores vamos a ser esclavos. Nunca pensé que en democracia iba a haber este espectáculo”, señaló el sindicalista.

Al ser consultado por la prensa sobre la presencia policial, expresó: “Los operativos policiales son absolutamente injustificados porque estas son protestas pacíficas. Este es un Estado gendarme, represivo. Esta gente que se llena la boca de que quiere que el Estado se achique, acá tenemos un Estado represivo que quiere con la intimidación impedir que los trabajadores hagan presencia en lugar de trabajo”.

“Estamos convencidos que hay que ir a un paro nacional, estamos en tratativas con los compañeros de la CGT. Las dos CTA ya resolvieron convocar a un paro nacional. Las condiciones están dadas para el paro nacional. Todos los trabajadores tenemos que demostrar que no nos vamos a arrodillar ni nos vamos a dejar llevar por delante”, anunció.

La presidente del Senado, Victoria Villarruel, recibió esta tarde al ministro de Asuntos Exteriores de Georgia, Ilia Darchiashvili, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Es la primera vez que recibimos al ministro de Relaciones Exteriores de Georgia. Una relación de larga data con nuestro país, creo que somos el primer país que ha reconocido la independencia de Georgia, así que bueno muy contentos de recibirlo aquí y de poder continuar con esta relación que esperamos que con el futuro se acreciente”, afirmó la titular de la Cámara alta.

Asimismo, la vicepresidente consultó a Ilia Darchiashvili sobre las víctimas del conflicto con Rusia y el status actual que sostiene las Naciones Unidas dado que hay algunas pocas naciones que los reconocen como estados independientes, y se refirió a las elecciones tanto legislativas como presidenciales sobre fin de año en Georgia: “Esperamos que las nuevas autoridades también continúen con este proceso iniciado de fortalecer las relaciones bilaterales entre la Argentina y Georgia”.

“Tenemos un grupo parlamentario bilateral que tenemos que impulsar para que pueda trabajar más activamente”, expresó Villarruel y sumó: “Desde ya siempre las puertas abiertas del Senado de la Nación y de la República Argentina para todos aquellos que además luchan por los derechos humanos, por la paz y por el sostenimiento del derecho”.

En tanto, al comenzar su alocución, el ministro de Asuntos Exteriores de Georgia sostuvo: “Necesitamos los aportes, las contribuciones del sector parlamentario son de suma importancia”, e instó a “reforzar las relaciones bilaterales entre los dos países” al tiempo que manifestó: “Nos interesa muchísimo tener un vínculo que beneficie a las dos naciones”.

Habló de una “ocupación brutal de Rusia en Georgia” y dijo que “parte de la sociedad internacional no lo ve” y “necesitamos y buscamos un proceso de pacificación. Estamos hablando de derechos humanos, los derechos de nuestros refugiados. Debemos buscar más apoyo internacional”.

Asimismo, se refirió a la importancia de la “integración con la Unión Europea y OTAN” y consideró que “es el momento de trabajar todos juntos para lograr una arquitectura de defensa de todos los que han sido invadidos por Rusia”. “La comunidad internacional es nuestro principal aliado, Georgia está preparado para unirse a la familia europea”, expresó.

Tras agradecer que “Argentina es uno de los primeros países en reconocer la independencia de Georgia”, solicitó que Argentina “condene lo que está ocurriendo en Georgia” para luego manifestar la intención de “trabajar y profundizar las relaciones bilaterales”. “Necesitamos una política de paz”.

Por su parte, legisladores agradecieron la visita al ministro de Asuntos Exteriores de Georgia y consultaron sobre el cambio del régimen presidencialista al parlamentario; sobre si el sistema unicameral favorece a la gobernabilidad y a la democracia, si es más ágil; sobre la clave para haber logrado consenso social para haber llevado las reformas estructurales; destacaron que hay relaciones comerciales muy importantes entre ambos países y consideraron que hay muchas áreas para trabajar en conjunto, como en los alimentos.

Del encuentro participaron los senadores por Formosa, Francisco Paoltroni (LLA), por Misiones, Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia), por Entre Ríos, Edgardo Kueider (Unidad Federal); y por Buenos Aires, Maximiliano Abad (UCR); el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, la directora de Relaciones Internacionales del Senado, Isolina Correa Monterrubio y la directora de Asuntos Globales, Eliana Santanatoglia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Georgia estuvo acompañado por las consejeras de la embajada Tamar Lomadze y Nino Phiphia; la asesora del ministro de Relaciones Exteriores, Nino Baratashvili; y la directora de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Marine Narchemashvili.

La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley de compromiso con el derecho a la educación que apunta a “una perspectiva integral, a reforzar el financiamiento y fortalecer programas educativos, cuestión imprescindible en momentos en que el gobierno de los (Javier) Milei, (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo, accionan para la destrucción de la Educación pública”.

“En acuerdo con diputadas y diputados desde el bloque Unión por la Patria, planteamos la urgencia de establecer lineamientos concretos para que el estado nacional junto a las provincias asegure el cumplimiento del derecho reconocido por la Constitución, que hoy está en riesgo”, explicó Osuna.

Entre los puntos principales, la iniciativa crea el Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación, con aportes de sectores concentrados de la economía que han tenido enormes tasas de ganancias tales como exportadores de granos, grandes empresas de economía del conocimiento y del sector financiero. Dicho Fondo complementará las partidas regulares del presupuesto anual para educación.

El proyecto ratifica la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compensación Salarial Docente. Y al mismo tiempo referencia la Formación docente inicial y continua. Además, en el nivel obligatorio, se norma la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias, una meta ya acordada en el Consejo Federal de Educación “hoy en riesgo de cumplimiento”. Asimismo, se propone garantizar el boleto gratuito en el transporte público para estudiantes y docentes.

La iniciativa asegura recursos para becas Progresar, libros, dispositivos tecnológicos y conectividad en los establecimientos. Por su parte, en materia de infraestructura, la ley asegura recursos para un plan de nuevas obras, completamiento de las que están en curso y mantenimiento y mejoras edilicias.

En el capítulo sobre el nivel superior, se garantiza el pleno funcionamiento de las universidades nacionales, incluyendo las recientemente creadas, con una fórmula de actualización presupuestaria periódica para atender las exigencias de la formación de las y los profesionales de nuestro país. El proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y convenios bilaterales con las provincias.

Osuna apuntó: “El presidente destruye y achica al Estado y niega su obligación como garante del derecho a la educación y lo pone en peligro”

“La precarización de docentes con la pérdida del poder adquisitivo, y no convocar a la inscripción de las becas Progresar generan daño al sistema educativo y a las personas como un tiro artero y dañino. Ya basta de regodeo frente al dolor que está provocando este gobierno nacional. Es por eso urgente restablecer por ley el compromiso con el financiamiento al Derecho a la Educación”, remarcó la diputada entrerriana.

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, avivó aún más la interna radical este miércoles tras criticar a un sector de su partido por no reaccionar ante los ataques a la figura del expresidente Raúl Alfonsín y pronunció una frase que generó polémica entre sus correligionarios.

“Tengo un amigo que mira a los radicales y ve que les putean a Alfonsín e ignoran al Congreso y me dice: ‘che, los radicales parecen esos que te dicen tenés cinco minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer’, no?”, aseguró Lousteau en el canal de streaming Blender.

El dirigente radical apeló a esa frase por los referentes de la UCR que son más contemplativos con el Ejecutivo nacional: “Hay algunos que te dicen una cosa en privado y otra en público. Te dicen: ´El DNU es inconstitucional` y después van y lo votan. Tienen miedo. Este es un gobierno que trata de infundir temor todo el tiempo”.

“Tienen miedo a que les digan algo en las redes, de que en lugar donde viven el que te cruza en la panadería te insulte. Eso es muy malo”, planteó. En tanto, el presidente de la UCR volvió a reiterar su opinión sobre ese sector del partido: “Muchos radicales se llenan la boca con Alfonsín, pero Alfonsín tenía unos huevos así de grandes. Si te vas a llenar la boca por lo menos hónrelo en tu comportamiento cotidiano”.

Una de las primeras en criticar a Lousteau fue la propia vice de la UCR, Pamela Verasay, quien en redes sociales apuntó: “Como vicepresidenta de la UCR exijo una explicación y disculpas públicas del presidente del partido ante estas declaraciones que le faltan el respeto a todos los radicales”.

Pero el posteo le valió críticas y apoyos. La exlegisladora riojana Inés Brizuela y Doria le compartió un fragmento más completo de la entrevista: “Y aunque no me gusta el ejemplo utilizado, en muchos casos lamentablemente tiene razón el amigo de @GugaLusto”.

“¿Se imaginan si Pamela hubiera sido así de rápida para exigirle una explicación y disculpas públicas al presidente de la Nación por insultar a Alfonsín y a todos los Diputados?”, ironizó el presidente de la juventud radical de CABA, Agustín Rombolá.

El exdiputado nacional y prosecretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, también cuestionó a Verasay: “No he visto tanta predisposición y encomio de la Diputada @PameVerasay para exigirle explicaciones y rectificación al presidente Milei que insulta y descalifica en todos los idiomas posibles a la UCR, Alfonsín y lo peor las ideas y valores q nos dan sentido”.

Por el contrario, el diputado Fernando Iglesias respaldó a la mendocina: “Explicaciones? echen a ese farsante, Pamela”.

La canciller Diana Mondino se reunió con senadores nacionales en la búsqueda de respaldo a la candidatura de Axel Wahnish como embajador en Israel, luego que el rabino personal del presidente atravesara la semana pasada una ardua audiencia pública, en la que fue interpelado por la decisión de Javier Milei de mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. 

Mondino asistió junto a funcionarios de Cancillería a un encuentro que se realizó este martes en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y en la que estuvieron los presidentes de las comisiones de Acuerdos, la macrista Guadalupe Tagliaferri, y de Relaciones Exteriores y Culto, el libertario Francisco Paoltroni. 

Entre los senadores que participaron estuvo el radical Martín Lousteau, quien no había acompañado con su firma el pliego de Wahnish, luego de expresar su preocupación por lo que significaría la decisión de mudar la embajada a un territorio en disputa, en relación al reclamo de soberanía que Argentina tiene sobre las Islas Malvinas. 

“Si la Argentina mudara su embajada a Israel reconociendo la totalidad, la integridad de la soberanía de Israel sobre Jerusalén, estaría diciendo que un territorio ocupado es reconocido por Argentina y eso tiene consecuencias internacionales para el reclamo de Malvinas”, había advertido el presidente de la Unión Cívica Radical. 

Tras manifestar su preocupación en la comisión, Lousteau presentó un pedido de informes acerca de si esa medida tenía un informe técnico por parte de Cancillería. Pero la respuesta llegó directamente de manera personal, con Mondino presentándose en una reunión a puertas cerradas en el Senado. 

Según pudo saber parlamentario.com, desde la cartera que comanda Mondino “se comprometieron a que no van a hacer nada que vaya en contra de las resoluciones de Naciones Unidas ni que afecte el reclamo argentino sobre Malvinas”. Además, en una segunda muestra de acercamiento, Wahnish le solicitó para este miércoles a Lousteau una audiencia.

Desde el oficialismo destacaron que se conversó de “la agenda internacional en general” y “todo salió muy bien”. Precisamente sobre esta última afirmación, tras esa reunión el dictamen del pliego -que había quedado en stand by– se destrabó y alcanzó las firmas necesarias, con la adhesión de Lousteau y su correligionario Maximiliano Abad. 

Además de Wahnish, el Gobierno impulsa otros cinco candidatos a embajadores, cuyos pliegos ya habían tenido luz verde después de la audiencia y están listos para ser tratados en el recinto. Se trata de Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India), Ian Sielecki (Francia) y Sonia Cavallo (Organización de Estados Americanos).