La diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezaron este viernes el acto institucional por el 360º aniversario de Quilmes, realizado en la Casona Histórica de Santa Coloma, ubicada en Roca 833, Bernal. La jornada contó con la participación del obispo de la Diócesis de Quilmes, monseñor Carlos Tissera, autoridades municipales, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

Durante el acto, Mendoza destacó la importancia de preservar la memoria histórica y reivindicó el trabajo colectivo para construir el futuro de la ciudad. “La historia la construimos todos los días y tenemos que revalidar nuestra memoria, una memoria ancestral y de resistencia”, sostuvo la legisladora, quien remarcó además el compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones.

Mieri, en tanto, resaltó el valor histórico, arquitectónico y patrimonial de Santa Coloma como escenario de la celebración. La intendenta interina recordó los orígenes de Quilmes en la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Indios Kilmes y señaló que, de aquella historia marcada por el desarraigo forzado desde los valles Calchaquíes, surgió la comunidad que dio origen a la actual ciudad.

Las funcionarias fueron recibidas por Tissera y por el párroco de la iglesia María Auxiliadora, padre Adolfo Bertinelli. Antes del almuerzo que compartieron junto a representantes de distintas instituciones y organizaciones locales, Mendoza y Mieri entregaron el reconocimiento Beneplácitos al Consejo Consultivo de Identidades y Memoria, integrado por historiadores de Los Quilmeros, y a representantes de la Comisión de Amigos de Santa Coloma.

Tissera destacó la necesidad de mantener viva la memoria sobre el desarraigo del pueblo de Quilmes y reivindicó su legado como parte de la identidad local. “Esperamos tener la sabiduría para honrar este rico legado histórico”, expresó el obispo, quien llamó a transformar esa memoria en un compromiso cotidiano para construir un Quilmes “más justo, próspero, solidario y fraternal”.

Del encuentro también participaron funcionarios y funcionarias del Gabinete Municipal, autoridades del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Quilmes, representantes de instituciones locales y comunidades educativas de distintos barrios. Estuvieron presentes directivos y alumnos de escuelas secundarias y jardines de infantes de Bernal, Ezpeleta, Bernal Oeste, Quilmes y Quilmes Oeste.

La diputada nacional Natalia Zaracho (UP) presentará en la Cámara baja un proyecto de ley para fortalecer a los clubes de barrio, espacios fundamentales para la formación deportiva y la contención comunitaria de miles de niñas, niños y jóvenes en todo el país.

La presentación se llevará a cabo este viernes 14 de agosto a las 18.30 en el Club Tristán Suárez, en Ezeiza, y contará con la participación de intendentes, funcionarios provinciales y municipales. La iniciativa fue presentada por Zaracho y cuenta con las firmas de sus pares Jorge Chica, Cecilia Moreau, Juan Carlos Molina, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Juan Grabois y Agustín Rossi.

La iniciativa surge después del mundial y busca reconocer el papel que estas instituciones tuvieron en los comienzos de muchos campeones del mundo: “Lionel Messi empezó en Grandoli, en Rosario; Enzo Fernández, en La Recova de San Martín; y Nicolás Tagliafico, en el Club Social y Deportivo Villa Calzada. Como ellos, gran parte del plantel dio sus primeros pasos en clubes de barrio”, argumenta.

Sin embargo, indicó que “muchos de estos espacios atraviesan una situación crítica. No tienen personería jurídica, quedan fuera de las políticas públicas y sostienen sus actividades únicamente con el aporte de socios, vecinos, profesores y referentes comunitarios”.

“La falta de papeles no puede impedir el acceso a derechos. Este proyecto busca poner en valor y fortalecer a los clubes de barrio, porque los valores que demostraron nuestros jugadores también vienen de esa formación”, afirmó Zaracho.

El proyecto amplía la Ley 27.098 para que los clubes que acrediten actividad deportiva y comunitaria puedan incorporarse al Registro Nacional, aunque todavía no tengan personería jurídica. De esta manera, se reconoce la realidad de miles de instituciones que funcionan todos los días, pero que hoy no pueden acceder al acompañamiento del Estado.

Además, crea una “Tarjeta Club”, que es una prestación mensual destinada al mantenimiento, la infraestructura, el equipamiento, los gastos de funcionamiento y las actividades deportivas y comunitarias. También establece un Consejo Consultivo Nacional con participación federal, para que los propios clubes puedan proponer, evaluar y asesorar sobre las políticas públicas destinadas al deporte social.

La iniciativa prevé que estos recursos sean financiados mediante un aumento del impuesto a las apuestas online. La propuesta parte de una definición concreta: que quienes ganan con las apuestas aporten a los clubes que contienen y salvan vidas.

El proyecto también incorpora a las instituciones registradas al régimen de Derecho de Formación Deportiva. Así, los clubes que participaron en la formación de un jugador podrán recibir una compensación económica cuando llegue al profesionalismo o sea transferido. Cuando la institución no tenga personería jurídica, los fondos serán administrados por la autoridad provincial o local de deporte social y deberán destinarse al fortalecimiento del deporte comunitario.

La diputada sostuvo que “los clubes de barrio promueven el deporte, fortalecen las redes comunitarias y ayudan a prevenir la violencia, los consumos problemáticos y la deserción escolar. Sin clubes de barrio no hay comunidad. Sin clubes de barrio no hay sueños de Mundial”.

Con el fin de completar el análisis de casi 70 pliegos judiciales, la Comisión de Acuerdos del Senado llevará a cabo este martes una nueva audiencia pública, por la que está previsto que se presenten 14 postulantes a jueces, fiscales y defensores.

Se trata de la quinta audiencia realizada desde el comienzo del mes agosto, y se estima que el oficialismo en la Cámara alta convocará a una sesión próximamente para lograr la aprobación de otra importante tanda de pliegos.

Dentro de los candidatos que desfilaron en las últimas semanas por la Comisión de Acuerdos, se destacó la presentación de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la estratégica Cámara Federal porteña.

Con más de un centenar de designaciones judiciales ya avaladas dentro del recinto, el oficialismo logró avanzar a paso firme con este tema. Desde el Ministerio de Justicia se fijó el objetivo de llegar a cubrir casi 300 vacantes en el Poder Judicial.

La nueva audiencia será este martes, a partir de las 14, en el Salón Azul y estará presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza que conduce la comisión.

Los pliegos que se tratarán este martes:

Mensaje 118/26 que solicita acuerdo para designar defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°11, a Germán Luis Artola

Mensaje N° 190/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires, a Andrés Guillermo Fraga

Mensaje N° 194/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B, a Facundo Carlos Cortés

Mensaje N° 195/26 que solicita acuerdo para designar defensor público oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Salta a Carlos Nicolás Escandar

Mensaje N° 196/26 que solicita acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, a Paula Inés Lo Gioia

Mensaje N° 202/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A, a María Soledad Mancini

Mensaje N° 203/26 que solicita acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca a María Virginia Miguel Carmona

Mensaje N° 204/26 que solicita acuerdo para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2, a Leandro Gastón

Mensaje N° 210/26 que solicita acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 7, a Matías Ezequiel Eidem

Mensaje N° 211/26 que solicita acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 27, a Ornella Romina Riggitano

Mensaje N° 213/26 que solicita acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal a Santiago Juan Schiopetto

Mensaje N° 215/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Capital Federal a Sergio Buitrago

Mensaje N° 217/26 que solicita acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a Valeria Alejandra Rico

Mensaje N° 218/26 que solicita acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal a Ramiro Velasco

El intendente de Tigre, Julio Zamora, presentó un nuevo minibús destinado al traslado de pacientes que deben realizar tratamientos médicos en centros de salud ubicados fuera del distrito. La incorporación de la unidad se enmarca en la estrategia municipal de fortalecimiento del sistema sanitario y apunta a facilitar el acceso a la atención de vecinos que enfrentan dificultades para movilizarse.

La nueva unidad cuenta con capacidad para 18 pasajeros y permitirá realizar viajes diarios hacia hospitales y sanatorios, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires, donde numerosos pacientes continúan tratamientos especializados. Una vez finalizadas las consultas o procedimientos médicos, el vehículo efectuará el recorrido de regreso hasta los domicilios de los usuarios.

Durante la presentación, Zamora destacó que la medida responde a una demanda creciente de la comunidad y que forma parte de una política integral orientada a ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el municipio.

"Seguimos fortaleciendo el sistema de salud de Tigre con más infraestructura, equipamiento y servicios para acompañar a nuestros vecinos. Esta nueva unidad nos permite dar respuesta a una necesidad concreta de muchas familias que deben trasladarse para realizar tratamientos médicos", afirmó el jefe comunal.

Además, remarcó que las inversiones realizadas en el Hospital Magdalena V. de Martínez, conocido como Hospital Nores, permitirán aumentar la capacidad de atención y mejorar las prestaciones que brinda el establecimiento. "Todo esto forma parte de una política integral que tiene como objetivo consolidar un sistema de salud público de calidad", sostuvo.

El servicio de traslados funcionará en coordinación con el Sistema de Emergencias Tigre (SET), área que actualmente organiza la logística de pacientes que requieren atención fuera del distrito. Según explicó el secretario de Salud, Fernando Abramzon, la incorporación del minibús permitirá ampliar la cobertura de un programa especialmente dirigido a personas con enfermedades complejas, entre ellas pacientes oncológicos.

"Esta unidad se suma al sistema que ya coordinamos a través del SET. El objetivo es trasladar a vecinos que necesitan realizar sus tratamientos y que, aun teniendo obra social, no cuentan con los recursos o los medios necesarios para desplazarse. El Municipio los traslada hasta los centros de salud donde reciben atención y luego los lleva nuevamente a sus hogares", detalló el funcionario.

La presentación del vehículo estuvo acompañada por una recorrida por las obras de ampliación del Hospital Nores, donde se construyen 16 nuevos consultorios externos destinados a la atención de adultos. El proyecto también contempla la incorporación de 22 camas de internación, lo que permitirá elevar la capacidad total del establecimiento a cerca de 70 plazas.

Desde el Municipio señalaron que estas obras forman parte del proceso de modernización y expansión de la red sanitaria local, que tendrá como próximo hito la inauguración del Hospital Municipal de Alta Complejidad, prevista para el próximo año.

En ese sentido, Abramzon indicó que la meta es consolidar un sistema de salud capaz de responder a la creciente demanda de la población. "Estamos trabajando para seguir ampliando la capacidad de atención y garantizar que ningún vecino de Tigre se quede sin acceso a una cama de internación cuando la necesite", concluyó.

YPF formalizó la presentación de "Argentina LNG", un megaproyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que demandará inversiones por US$51.000 millones y se convirtió en la iniciativa de mayor envergadura ingresada hasta ahora al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El plan será desarrollado junto a la italiana Eni y la firma emiratí XRG, y apunta a transformar los vastos recursos de Vaca Muerta en exportaciones destinadas a los principales mercados energéticos del mundo.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que se trata de la inversión más importante presentada bajo el régimen promovido por el Gobierno nacional y aseguró que marcará un antes y un después para el perfil exportador del país.

"Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales", afirmó el ejecutivo.

La iniciativa contempla la construcción de toda la infraestructura necesaria para desarrollar una nueva cadena exportadora de escala global. El diseño incluye producción de gas en Neuquén, sistemas de transporte dedicados, plantas de tratamiento y procesamiento, trenes de separación de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que operarán frente a las costas de Río Negro, en el golfo San Matías.

Las dos terminales tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) y comenzarían a operar hacia 2031, plazo para el cual se proyecta un desembolso cercano a los US$29.000 millones.

De ese monto, alrededor de US$24.000 millones estarán destinados a obras de infraestructura, mientras que otros US$5.000 millones se invertirán en el desarrollo de áreas productivas y perforación de pozos para garantizar el abastecimiento de gas requerido por las plantas de licuefacción.

Para YPF, la adhesión al RIGI constituye una condición clave para concretar el emprendimiento. En ese sentido, Marín sostuvo que el régimen representa una herramienta decisiva para impulsar la llegada de capitales y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.

"La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía", señaló.

Además del impacto exportador, la compañía destacó el efecto multiplicador sobre la actividad económica. Durante la fase de construcción, prevista entre 2026 y 2030, el proyecto generará más de 20.000 puestos de trabajo por año, mientras que en la etapa operativa sostendrá cerca de 8.000 empleos anuales.

También se prevé una fuerte participación de empresas nacionales. Según las estimaciones oficiales, la contratación de bienes y servicios locales alcanzará los US$15.000 millones, impulsando la industria vinculada al sector energético y el desarrollo de proveedores especializados.

Marín aseguró además que la iniciativa permitirá una inserción internacional sin precedentes para la Argentina, al abrir una nueva fuente estructural de generación de divisas basada en la exportación de energía.

La magnitud del proyecto ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba adelantó la llegada de una inversión cercana a los US$50.000 millones bajo el esquema del RIGI.

El tamaño de "Argentina LNG" queda reflejado en una comparación contundente: los 21 proyectos aprobados hasta ahora bajo el régimen suman inversiones por US$46.708 millones, una cifra inferior a la comprometida por esta única iniciativa, que consolida al sector energético como el principal motor de ingreso de divisas y una apuesta estratégica para el desarrollo económico del país.

Pluspetrol volvió a exhibir músculo operativo en Vaca Muerta. La compañía alcanzó un nuevo récord de perforación en el bloque Bajo del Choique-La Invernada al completar 4.054 metros en una sola corrida, un hito que refleja la aceleración del desarrollo del área y la creciente eficiencia de sus operaciones no convencionales.

El logro se inscribe en una seguidilla de marcas técnicas alcanzadas por la empresa. Apenas un mes atrás, en La Calera, había perforado un pozo de 6.179 metros totales junto a Baker Hughes, reduciendo en un 34% los tiempos inicialmente previstos. Ahora, el foco volvió a ponerse en Bajo del Choique, uno de los activos más estratégicos de su cartera.

La nueva marca se consiguió durante la sección de producción del pozo, considerada la etapa más compleja de la perforación. Para concretarla, se utilizó una herramienta direccional RSS HT sin motorizar, diseñada para operar en condiciones extremas y soportar temperaturas de hasta 151 grados centígrados.

El pozo alcanzó una profundidad total de 6.898 metros medidos (MD) y una rama lateral de 3.440 metros, una longitud que ya forma parte del diseño estándar implementado en los desarrollos del primer PAD del bloque, cuyos resultados iniciales mostraron un desempeño superior al esperado.

La eficiencia también quedó reflejada en los tiempos de ejecución. La sección de producción fue completada en apenas 5,9 días, un registro significativamente inferior al promedio histórico de la zona y uno de los indicadores que las compañías siguen de cerca al momento de definir la asignación de nuevas inversiones.

La evolución de Bajo del Choique-La Invernada explica buena parte del entusiasmo de Pluspetrol por el activo. La empresa desembolsó US$ 1.700 millones para adquirir el bloque a ExxonMobil a fines de 2024 y, desde entonces, aceleró su desarrollo de manera sostenida.

Tras la compra, la producción del área pasó rápidamente de unos 20.000 barriles diarios a más de 50.000 barriles por día gracias a la puesta en marcha de una nueva planta modularizada. La hoja de ruta contempla además una segunda instalación actualmente en construcción, que permitiría elevar la producción hasta 70.000 barriles diarios hacia mediados de 2027, mientras una tercera planta ya se encuentra en proceso de licitación.

Los resultados productivos acompañan ese crecimiento. En mayo, el pozo PCN.Nq.BdC-1008(h) se ubicó como el de mayor rendimiento del país al registrar 2.639 barriles diarios durante su primer mes completo de actividad. Otros dos pozos del mismo bloque completaron el podio nacional, ratificando la calidad geológica del yacimiento.

Actualmente, cuatro de los diez pozos más productivos de la Argentina pertenecen a Bajo del Choique-La Invernada y son operados por Pluspetrol. El récord de perforación alcanzado ahora se suma a una serie de indicadores que posicionan al bloque entre los polos de mayor dinamismo dentro de la cuenca neuquina.

La compañía proyecta profundizar ese crecimiento. Pablo Zelerteins, director de Supply Chain de Pluspetrol, aseguró que la meta es superar los 100.000 barriles diarios en 2028, un objetivo en el que la tercera planta prevista para Bajo del Choique-La Invernada tendrá un papel clave.

Según explicó el ejecutivo, el desafío pasa por continuar reduciendo costos y tiempos de ejecución para ampliar las oportunidades de inversión. Con esa premisa, la empresa avanzó en programas de optimización de procesos, nuevas herramientas para la gestión de proveedores y esquemas de mejora continua enfocados en la operación.

En paralelo, Pluspetrol prepara el lanzamiento de un programa de "inteligencia operativa" que buscará trasladar al campo mejoras basadas en tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas al funcionamiento diario de los pozos.

El crecimiento también requerirá mayor capacidad de servicios. La firma evalúa ampliar de cinco a siete su flota de equipos de perforación, incorporando una unidad adicional en 2027 y otra en 2028. Al mismo tiempo, prevé reforzar su capacidad de fractura hidráulica, una estrategia que comenzó con la adquisición del equipo que pertenecía a Weatherford Argentina.

Mientras tanto, La Calera avanza en un sendero de expansión paralelo. Allí, Pluspetrol prevé aumentar la producción de petróleo de 30.000 a 45.000 barriles diarios y elevar la producción de gas de 14,5 a 17 millones de metros cúbicos por día. La combinación del crecimiento de ambos activos explica la magnitud de la apuesta de la compañía por consolidarse como uno de los principales jugadores de Vaca Muerta.

Tras relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas estimen que las deudas en los hogares alcanzaron niveles máximos en las últimas dos décadas, los diputados nacionales por Santa Fe Diego Giuliano y Caren Teep propusieron declarar la emergencia nacional por Sobreendeudamiento en los hogares.

El proyecto propone la declaración de la emergencia en lo económico y social debido al endeudamiento de personas humanas, y/o grupos familiares, usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas fintech en todo el territorio nacional con el objeto de adoptar medidas destinadas a prevenir situaciones de sobreendeudamiento crítico y proteger la estabilidad económica y social de los hogares argentinos.

A pesar de que el presidente Javier Milei señaló en las últimas semanas sobre las deudas que “son una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”, los diferentes sectores de la oposición, más cercana, y más alejada del oficialismo, presentaron proyectos en el Congreso para buscar una solución para las familias.

“Cada vez más familias se endeudan para llegar a fin de mes. La tarjeta, los préstamos personales y las fintech dejaron de ser una herramienta para convertirse, para muchos, en la forma de pagar gastos cotidianos”, argumentó Giuliano y agregó: “Necesitamos prevenir situaciones críticas y proteger a las familias antes de que la deuda se vuelva una trampa sin salida”.

El diputado santafecino planteó que “cuando el sueldo no alcanza y vivir obliga a endeudarse, el problema ya no es individual: es económico y social”.

Vicente López continúa ampliando su infraestructura de prevención y respuesta ante emergencias con la incorporación de nuevos Puntos Seguros, dispositivos que permiten a los vecinos comunicarse de forma directa con el Centro de Monitoreo municipal mediante audio y video. Con estas nuevas instalaciones, el distrito ya cuenta con 204 tótems distribuidos en todos los barrios.

Los nuevos equipos fueron emplazados en dos sectores estratégicos de Carapachay. Uno de ellos se encuentra en la intersección de Juramento e Independencia, una zona de intensa circulación donde funcionan establecimientos educativos, comercios y una parroquia. El segundo fue instalado en Ugarte y Valle Grande, a pocas cuadras de la Autopista Panamericana y en las inmediaciones de la Escuela Primaria N° 31 y la Escuela Secundaria N° 10.

La intendenta Soledad Martínez destacó que el sistema forma parte de una política sostenida de inversión en seguridad que el municipio viene desarrollando desde hace años.

“Los Puntos Seguros son una herramienta que instalamos hace muchos años en Vicente López, en todos los barrios. Incorporan tecnología para que los vecinos estén conectados de manera automática, con cámara y audio, con nuestro Centro de Monitoreo. Eso nos permite despachar muy rápido patrullas, bomberos, Defensa Civil, ambulancias y todos los recursos disponibles que tenemos en Vicente López”, señaló.

Los dispositivos están diseñados para que cualquier persona pueda dar aviso de manera inmediata ante hechos de inseguridad, situaciones sospechosas, accidentes de tránsito o emergencias médicas. Una vez activado el sistema, los operadores del Centro de Monitoreo reciben en tiempo real las imágenes y el audio del lugar, coordinando la intervención de los equipos correspondientes.

Desde el municipio explicaron que cada Punto Seguro está integrado al sistema de vigilancia ESCUDO, que articula las alertas con las patrullas desplegadas en la vía pública para reducir los tiempos de respuesta. Según datos oficiales, más de 4.000 vecinos recurrieron a esta herramienta en los últimos meses para solicitar asistencia.

“El beneficio es directo para los vecinos. De manera instantánea pueden conectarse con nuestro Centro de Monitoreo y tener una respuesta directa de patrullas, bomberos, Defensa Civil y ambulancias. Más de 4.000 vecinos pudieron usar esta herramienta en este último tiempo de manera eficaz”, agregó la jefa comunal.

La expansión de esta red se suma a otras medidas impulsadas por el municipio para fortalecer la prevención del delito, entre ellas el despliegue de la Patrulla Municipal y la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

En ese marco, Martínez defendió la decisión de continuar destinando recursos propios a las políticas de seguridad y volvió a diferenciar la estrategia local de la situación que atraviesa el conurbano bonaerense.

“En una Provincia y en un conurbano que cada vez es más inseguro y violento, nosotros decidimos enfrentar el delito, decidimos hacer más, como no lo hace el gobernador, y vamos a seguir invirtiendo recursos municipales para que nuestros vecinos puedan vivir tranquilos”, afirmó.

En el marco de la visita a la Argentina del Papa León XIV, programada para noviembre, se pondrá en marcha en la Cámara de Diputados el Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede. La reunión será este martes a las 12.30 en el Salón Delia Parodi.

Será el primer paso de una serie de actividades se estima tendrá el Parlamento, en la antesala y durante una visita histórica: la última vez que un Sumo Pontífice estuvo en el país fue Juan Pablo II en 1987.

En los primeros días de agosto se confirmó que la llegada de León XIV a la Argentina será los días 8 al 11 de noviembre. Se trata del sucesor de Francisco I, el primer Papa argentino, que falleció el 21 de abril de 2025. Durante sus 12 años de papado nunca regresó al país.

Desde que se conoció la noticia, solo en la Cámara de Diputados se presentaron una docena de proyectos declarando el beneplácito por la visita e, incluso, una propuesta para que se declaren días no laborables las jornadas que el Papa se encuentre en Argentina, donde pasará por la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En cuanto al GPA con la Santa Sede, el mismo estará presidido por el oficialista Santiago Santurio, ferviente militante católico y parte de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo". En tanto, el vicepresidente será el jefe del bloque Elijo Catamarca, Sebastián Nóblega.

También lo integrarán Bárbara Andreussi y Nicolás Mayoraz, por La Libertad Avanza; Sergio Casas, Gabriela Estévez, Luciana Potenza, Vanesa Siley y Luana Volnovich, por Unión por la Patria; Antonela Giamperi, del Pro; Diógenes González, de la UCR; Jorge "Loma" Ávila, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba y Elia Fernández, de Independencia.

León XIV visitará Argentina en el marco de un viaje apostólico que también incluirá a Uruguay (del 6 al 8 de noviembre) y Perú (11 al 17 de noviembre), país donde ha desarrollado gran parte de su labor pastoral.

En un llamado de atención al oficialismo, distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados impulsan un proyecto para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada inicialmente por el Presidente Javier Milei, ratificada posteriormente por el Congreso y avalada en la Justicia.

En un tema en el cual La Libertad Avanza ha perdido sistemáticamente, pese a contar con una composición parlamentaria más favorable desde diciembre, los distintos espacios que firmaron la iniciativa estarían muy cerca de reunir una mayoría de 129, necesaria para abrir una sesión y, eventualmente, emplazar a comisiones para dictaminar, como ha pasado durante los primeros dos años de la gestión libertaria.

Aunque también, en caso de que el proyecto pasara ambas cámaras y fuera ley, Milei cuenta con un bloque de diputados que reúne más del número de un tercio capaz de blindar un eventual veto.

La propuesta fue anunciada este viernes por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, vicepresidente primero de la Comisión de Discapacidad, hoy presidida por el oficialismo, quien reveló que elaboró el proyecto junto a su par cordobesa Natalia de la Sota.

"El proyecto responde a un reclamo generalizado de las organizaciones de y para personas con discapacidad, y cuenta con las firmas de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Primero San Luis", destacó el bonaerense.

La iniciativa propone la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la emergencia nacional en discapacidad declarada por la Ley 27.793. "Es un texto de tres artículos, deliberadamente breve: extiende la emergencia con todos sus efectos en todo el territorio nacional y establece que sus disposiciones se aplican desde el 1° de enero de 2027 aunque su promulgación fuera posterior, de modo que ninguna maniobra dilatoria pueda abrir un vacío entre el vencimiento y la puesta en vigencia", explicó Marino.

En tal sentido, subrayó que "la Ley 27.793 está plenamente vigente, su ejecución no está sujeta a condición ni a requisito alguno, y este proyecto no viene a subsanar nada sino a extender el plazo de una emergencia que el desgobierno de Milei se ocupó de neutralizar durante la mayor parte de su vigencia".

"Dejar caer la emergencia el 31 de diciembre de 2026 sería consumar por vencimiento lo que el Gobierno nacional no logró por veto ni por presupuesto, y hacerlo en el peor momento posible. Hoy los pagos de Incluir Salud acumulan meses de atraso: transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares denuncian que les resulta imposible subsistir y están al borde del cierre", señaló.

A su vez, afirmó que "en los hogares donde viven personas con discapacidad -muchas de ellas sin ningún familiar de apoyo, que dependen exclusivamente del Estado- falta la entrega de pañales y de medicación además del pago de las prestaciones, y existe el peligro inminente de que cierren sus puertas y sus residentes queden en la calle".

"Más de 200.000 personas con discapacidad esperan una pensión: el propio Poder Ejecutivo Nacional reconoció ante la Cámara de Diputados que en toda su gestión otorgó apenas 2.995. Al mismo tiempo, las auditorías se realizan de manera irresponsable y derivan en quitas indiscriminadas, se disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad por decreto -complejizando y retrasando el acceso a trámites y derechos-. Cada mes que la emergencia estuvo trabada fue un mes de tratamientos interrumpidos, terapias suspendidas y escolaridades cortadas", cuestionó.

Finalmente, el legislador sostuvo que "la Ley 27.793 existe porque las personas con discapacidad, sus familias, terapistas, prestadores, docentes y transportistas se movilizaron en todo el país, y porque el Congreso estuvo a la altura de esa movilización cuando volteó el veto. Prorrogarla es la continuidad de esa conquista, y el tiempo apremia: la emergencia vence el 31 de diciembre de 2026 y las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre".

Presidida por la oposición, la Comisión de Obras Públicas fue convocada el próximo martes, a las 15, a una reunión informativa en relación a la subejecución en los fondos viales por parte del Gobierno nacional y el destino que se le ha dado a los recursos recaudados por el impuesto a los Combustibles, que deben financiar el Sistema Vial Integrado (SisVial).

El encuentro, que contará con expositores invitados, será presidido por Martín Aviero, diputado de Unión por la Patria a cargo de la comisión. Según se informó oficialmente, "se anunciarán los distintos proyectos presentados con motivo de las recientes publicaciones e investigaciones periodísticas sobre el fondo fiduciario SisVial".

En los últimos días, una investigación publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, reveló que durante dos años y medio de la gestión de Javier Milei se recaudó más de 1,5 billón de pesos por la asignación específica del impuesto a los Combustibles que se destina al SisVial; sin embargo sólo se ejecutó una cuarta parte para financiar de infraestructura vial, mientras que el resto fue derivado a inversiones financieras.

Esto fue confirmado por el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien al ser consultado por un medio pampeano, respondió: "Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos".

Más adelante, en conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario reversionó sus dichos y habló de un "cambio de paradigma", en el cual "las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas". Y afirmó que lo recaudado por el ICL "está yendo al bacheo de las rutas nacionales".

Ante la información, varios legisladores de la oposición exigieron pedidos de informes al Poder Ejecutivo e incluso pidieron la interpelación de funcionarios. Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz anunció que denunciará penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo.

La reunión informativa se llevará a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados.

Con la intención de reconstruir vínculos y aceitar lazos con sus aliados, funcionarios clave de la Libertad Avanza recibieron este jueves a referentes del Pro en Casa Rosada. Allí, ambas partes acordaron reunirse cada 15 días, en el marco de una mesa de diálogo.

El encuentro tuvo lugar luego de la conversación telefónica que se conoció mantuvieron esta semana la secretaria General de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el expresidente y líder del Pro, Mauricio Macri.

La cumbre estuvo liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien integra el gobierno libertario pero todavía permanece afiliado al Pro. También estuvo el número dos de Karina, Eduardo "Lule" Menem, y más hacia el final se sumó Martín Menem, presidente de la Cámara baja. Por el Pro fueron enviados los diputados Fernando de Andreis, secretario General del partido amarillo, y Cristian Ritondo, jefe de la bancada y presidente del Pro bonaerense.

En un comunicado que difundieron luego de la reunión, que se extendió por dos horas, los dirigentes de LLA y Pro anunciaron: "Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días".

"Fue un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio", señalaron, aunque al salir los participantes aseguraron que no se habló de cuestiones electorales. "También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina", agregaron.

En diálogo con la prensa al salir de Casa Rosada, De Andreis coincidió en que fue "una buena reunión" y "un muy buen primer paso para construir confianza, compartiendo una mirada de que hay que blindar el cambio en Argentina y es fundamental no volver para atrás".

"Fue una conversación más de índole nacional, política, de fondo, conceptual", definió y reveló que hubo por parte de los oficialistas "un reconocimiento muy importante para Ritondo, Macri y el Pro" por estos dos años en los que el partido amarillo acompañó en casi todas sus propuestas al Gobierno.

En ese sentido, el diputado se encargó de aclarar que para el espacio amarillo "es fundamental que quede claro que siempre acompañamos el cambio en la Argentina, que estamos en los momentos buenos y malos; y que cada vez que nos convoquen vamos a estar disponibles para conversar".

Al ser consultado sobre si se habló de candidaturas o definiciones electorales, De Andreis consideró que "es un poco prematuro, pero fue un primer gran paso" y se busca que "no se repita el error de 2019" cuando Macri no pudo ser reelecto. "No hablamos de ningún distrito en particular ni el tema electoral", afirmó y también dijo que no hubo referencia al proyecto que busca eliminar las PASO.

Así también lo aseguró Ritondo a la prensa acreditada en Casa de Gobierno y agregó que en el Pro "hay distintas posiciones" en torno a las PASO.

Seguridad, tecnología y calidad de vida, por qué los barrios privados ya no se eligen solo por el verde. Durante décadas, vivir en un country o barrio cerrado estuvo asociado principalmente a una mejor calidad de vida, espacios verdes y actividades recreativas. Sin embargo, en los últimos años se consolidó un fenómeno que está redefiniendo el mercado inmobiliario argentino, la seguridad pasó de ser un beneficio adicional a convertirse en uno de los principales factores de decisión al momento de elegir dónde vivir.

La expansión de los barrios privados y urbanizaciones cerradas continúa siendo una de las transformaciones urbanas más importantes del país. Según diversos relevamientos inmobiliarios, actualmente existen más de 900 urbanizaciones cerradas en la provincia de Buenos Aires, mientras que el fenómeno continúa creciendo en ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén y otras regiones del interior.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de habitantes. Un informe reciente sobre barrios cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires muestra que el modelo residencial sigue expandiéndose y diversificándose, incorporando nuevos perfiles familiares, jóvenes profesionales e incluso una creciente proporción de inquilinos.

Pero detrás de este crecimiento aparece una realidad que muchas veces pasa desapercibida, la seguridad dejó de ser un servicio complementario para transformarse en parte de la infraestructura esencial de estos desarrollos.

La seguridad como valor inmobiliario

Especialistas del sector inmobiliario coinciden en que uno de los principales motivos por los cuales las familias deciden mudarse a barrios cerrados es la percepción de seguridad. Control de accesos, perímetros protegidos, monitoreo permanente y sistemas tecnológicos integrados forman parte de la propuesta de valor de prácticamente todos los nuevos emprendimientos.

Sin embargo, el concepto de seguridad también evolucionó. Hace veinte años era suficiente contar con un guardia en el ingreso y un cerco perimetral. Hoy los residentes demandan sistemas mucho más sofisticados que incluyan videovigilancia inteligente, reconocimiento de patentes, control de accesos digital, monitoreo remoto desde aplicaciones móviles, alarmas comunitarias y tecnologías capaces de generar alertas preventivas en tiempo real.

La seguridad ya no se limita a impedir el ingreso de personas no autorizadas. También busca proteger bienes, gestionar emergencias, optimizar la circulación de visitantes y brindar tranquilidad a miles de familias que viven y trabajan dentro de estos desarrollos.

Diversos estudios inmobiliarios muestran que la seguridad figura sistemáticamente entre los tres principales factores que influyen en la decisión de compra o alquiler de una vivienda en barrios privados. De hecho, algunas desarrolladoras estiman que entre el 60% y el 70% de los compradores mencionan la seguridad como el principal motivo para mudarse a una urbanización cerrada.

El desafío de comunidades cada vez más grandes

La transformación de los countries tradicionales en verdaderas ciudades privadas es otro fenómeno que impacta directamente en la seguridad. Desarrollos como Nordelta, Puertos, Pilar, Canning o los nuevos proyectos que crecen en distintas provincias incorporan colegios, centros médicos, áreas comerciales, oficinas y espacios recreativos que generan una circulación diaria de miles de personas. Esto obliga a administrar ingresos y egresos de residentes, proveedores, servicios de delivery, personal doméstico, contratistas y visitantes de manera cada vez más eficiente. La tecnología permite resolver gran parte de estos desafíos mediante plataformas de gestión integradas que reducen riesgos y mejoran la experiencia de los usuarios.

La tecnología detrás de la tranquilidad

Desde CASEL observamos que la seguridad electrónica se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de comunidades modernas. Los sistemas de videovigilancia, alarmas, control de accesos y monitoreo ya no son vistos como un gasto, sino como una inversión que protege personas, propiedades e infraestructura crítica. Además, la incorporación de inteligencia artificial, analítica de video y automatización está permitiendo anticipar situaciones de riesgo y optimizar recursos operativos, algo especialmente relevante en urbanizaciones que continúan creciendo año tras año.

Una tendencia que llegó para quedarse

La búsqueda de seguridad, tranquilidad y calidad de vida seguirá impulsando el crecimiento de barrios privados y urbanizaciones cerradas en Argentina.

Sin embargo, el verdadero diferencial de estas comunidades no estará solamente en sus espacios verdes, sus lagunas o sus instalaciones deportivas. La capacidad de ofrecer entornos seguros, gestionados mediante tecnología moderna y profesionales capacitados, será cada vez más determinante para quienes buscan un lugar donde vivir, trabajar y desarrollar su vida cotidiana.

Porque en las ciudades del futuro, la seguridad ya no será un servicio adicional. Será parte fundamental de la infraestructura que sostiene la calidad de vida.

Tras la cumbre peronista que tuvo lugar entre legisladores y gobernadores, el jefe del bloque Justicialista en el Senado, José Mayans, afirmó: "Estamos dispuestos a trabajar todos juntos y tener una alternativa muy distinta a la que tiene (Javier) Milei".

"La alternativa a Milei es un frente de los que amamos a la República Argentina y tenemos una visión totalmente distinta a las políticas públicas que está llevando adelante el Gobierno", señaló el formoseño.

En referencia al encuentro, el senador reveló que "fue una reunión larga" en la que "todos hablaron" y "cada uno se comprometió a trabajar y ampliar" un eventual frente electoral para 2027. "La unión de las fuerzas nacionales tiene respuesta por parte de la gente", destacó.

Además, Mayans contó que, pese a las tensiones internas, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se saludaron "muy bien". "No se habló de cosas que no tienen ningún sentido, se habló de los problemas que tiene la gente", resaltó.

"Tenemos que tener un espíritu amplio. Se está hablando incluso con gobernadores de otro signo político. Necesitamos una comprensión de que esto prácticamente va a terminar en una crisis que va a ser brutal. Es insoportable para la gente este Gobierno", agregó el legislador.

En declaraciones radiales, el formoseño apuntó que el presidente "viene cayendo" en imagen positiva y "está en 32, 31 puntos; tiene casi el 68% de rechazo del pueblo". "El programa de Milei está hundiendo al país", enfatizó.

También contó que se trataron los temas de agenda parlamentaria, como el Presupuesto, el régimen de Zona Fría, el "alto endeudamiento de las familias y la deuda que tiene la Nación con las provincias". "Este es un Gobierno que hambrea al pueblo y trae leyes hechas para los grandes grupos económicos", cuestionó.

Con la presencia de Halim Yiğit Bozkurt, jefe de sección para América latina de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), se conformó el Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Türkiye, que será presidido por el diputado Álvaro Martínez (LLA).

Al comienzo del encuentro, el diputado libertario remarcó los vínculos entre ambas naciones y sostuvo: “Es una alegría poder conformar este grupo de amistad y de cooperación parlamentaria”. Además, les hizo llegar el saludo del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Por su parte, Halim Yiğit Bozkurt, manifestó: “Estamos comprometidos a ofrecer y fortalecer nuestros lazos de amistad con Argentina”, y agregó: “La Agencia TIKA realiza proyectos de desarrollo relacionados a la salud, educación, formación”.

El diputado Andrés Laumann (LLA), celebró la constitución del GPA: “Celebro su visita”. “El rumbo que tomaremos en el GPA tiene que ver con las leyes que estamos trabajando en nuestro país”, agregó.

A su turno, el diputado Santiago Roberto (UP), expresó: “Apoyamos la relación en este grupo de la amistad”, y propuso profundizar el trabajo en iniciativas que involucren lo deportivo y la salud de los niños.

A continuación, Fatih Abdi Çetin, integrante de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), manifestó la voluntad de profundizar las relaciones de cooperación. “Queremos que piensen en TIKA como un socio, un amigo. Si hay necesidad, hay que crear un espacio para cambios de experiencias entre Turquía y Argentina”, agregó.

En representación de la Embajada de Türkiye en Argentina estuvo presente el Tercer Secretario, Ufuk Alkan. Asimismo, formaron parte de la reunión los diputados Lisandro Nieri (UCR) y María Cecilia Ibáñez (LLA). De igual modo, estuvo presente Luciana Términe, directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados.

El bloque de diputados de Provincias Unidas, presidido por Gisela Scaglia, se sumó a los reclamos sobre el destino de fondos viales y presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique cómo se administraron desde 2024 los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), creado para financiar las rutas nacionales.

"La iniciativa se presenta en medio del creciente reclamo por el deterioro de la infraestructura vial y la situación de corredores estratégicos para el interior productivo", se aseguró.

A través del proyecto se solicita información precisa sobre el destino de los fondos que, por ley, deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales, luego de que el propio Gobierno reconociera que parte de esos recursos fue utilizada para contribuir al equilibrio fiscal.

El proyecto requiere que el Ejecutivo informe cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto debía destinarse a obras viales, cuánto se ejecutó efectivamente, dónde se encuentran hoy los recursos no utilizados y qué obras fueron realizadas con esos fondos. También busca conocer qué organismos controlaron su administración y bajo qué normativa se tomaron esas decisiones.

Según la documentación citada en los fundamentos de la iniciativa, entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial recaudó $1.503.252 millones, pero sólo $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial. Es decir, apenas el 26,2% de los recursos llegó a las rutas, mientras que más de un billón de pesos permaneció invertido en instrumentos financieros.

"Hace años venimos reclamando por las rutas nacionales. Santa Fe está atravesada por corredores fundamentales para el corazón productivo de la Argentina. Las rutas 33 y 34 deberían ser autopistas y hoy representan un riesgo permanente para quienes las transitan", enfatizó Scaglia.

En tal sentido, la santafesina señaló que "el deterioro de las rutas nacionales trasciende cualquier discusión política y se convirtió en un problema de seguridad vial, competitividad y desarrollo para el interior productivo". "No le echemos la culpa solamente a este Gobierno. La falta de infraestructura viene desde hace muchos años. Lo que hoy no puede faltar es el mantenimiento. No podemos seguir naturalizando rutas destruidas mientras miles de familias y trabajadores las transitan todos los días", agregó.

En ese contexto, la diputada valoró el reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y el de su provincia para el traspaso de la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico para el acceso a los puertos del Gran Rosario. La transferencia permitirá que la provincia asuma su administración, mantenimiento y ejecución de obras con recursos propios, acelerando una intervención largamente esperada.

"La transferencia de la A012 es un paso importante y valoramos que el Gobierno nacional haya acompañado ese pedido de Santa Fe. Era una obra estratégica para nuestra producción y ahora la provincia va a hacer el esfuerzo económico para ponerla en condiciones", destacó.

Sin embargo, Scaglia aclaró que "ese avance no resuelve la situación del resto de la red vial nacional". "En los últimos días, además, la Justicia Federal ordenó la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe, una decisión que refuerza los reclamos que la provincia viene sosteniendo desde hace años frente al deterioro de la infraestructura vial", apuntó.

"Lo que hoy estamos diciendo es muy simple: arréglenlas, corten el pasto e ilumínenlas. Mirá qué poco estamos pidiendo. Estamos hablando de tareas básicas para que la gente pueda viajar con seguridad", sostuvo la legisladora.

En ese marco, explicó que el pedido de informes "busca garantizar transparencia sobre el uso de recursos públicos con afectación específica y permitir que el Congreso ejerza su función de control".

"Queremos saber qué pasó con los recursos que los argentinos pagan para mantener las rutas nacionales. No estamos discutiendo un modelo de gestión; estamos pidiendo información y transparencia sobre fondos que la ley creó con un destino específico", cerró la presidenta de Provincias Unidas.

El proyecto también fue firmado por sus pares María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Pablo Farías, Pablo Juliano, José Núñez, Lourdes Arrieta, Martín Lousteau y Mariela Coletta.

La diputada nacional Marina Salzmann (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes para exigir explicaciones "urgentes" al Poder Ejecutivo sobre el destino de los fondos viales y el estado de la Autopista Presidente Perón.

La solicitud llegó después que el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, admitiera que una parte de lo recaudado por el Sistema Vial Integrado (SisVial) se destina a Vialidad, mientras que "la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal".

El foco del reclamo de la legisladora massista está puesto en la Autopista Presidente Perón, arteria clave que conecta a una docena de municipios como San Martín, San Isidro, Merlo, Tres de Febrero, La Matanza hasta Berazategui, un anillo del área metropolitana que afecta a más de 12 millones de personas.

El pedido de informes exige conocer "las deudas con las empresas contratistas y el plan de mantenimiento para evitar que lo ya construido se deteriore".

"Los fondos retenidos alcanzarían para intervenir más de 20.000 kilómetros de rutas nacionales", remarcó la bonaerense y exigió que "deben destinarse a concluir obras paralizadas como esa en todo el país". "No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos", sostuvo.

Por otra parte, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, quien viene denunciando hace meses el destino del impuesto sobre combustibles líquidos, y que impulsa una ley en la provincia de Buenos Aires para frenar los abusos de las petroleras, expresó: “Si no van a usar el impuesto para restaurar las rutas, entonces que dejen de estafar al pueblo argentino y no lo cobren".

"El tan famoso superávit fiscal del Gobierno no es resultado de bajar el gasto del Estado, se sostiene artificialmente con los 800 pesos que pagás de impuesto en cada litro de combustible", agregó.

Así, ambas dirigentes del Frente Renovador le reclamaron al Ministerio de Economía que informe con precisión y de manera pública el destino, mes a mes, de cada peso recaudado por el SisVial, "y que Luis Caputo y Adrián Ravier concurran a la comisión correspondiente del Congreso a dar explicaciones".

A su vez, pidieron por "el cese inmediato de la utilización de fondos de asignación específica para maquillar el superávit fiscal, y la reactivación urgente de las obras viales paralizadas en todo el país".

Un grupo de senadores peronistas, encabezados por Ana Marks, presentaron un proyecto de resolución para que se cite al Senado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que expliquen el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado y la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial.

La iniciativa, además, fue acompañada por sus pares Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Mariano Recalde, Martín Soria, Daniel Bensusán, Florencia López, Cristina López, Adán Bahl, Lucía Corpacci y Jorge Capitanich.

Los opositores reclamaron que ambos funcionarios "brinden un informe pormenorizado sobre el desvío de recursos destinados al sistema vial hacia inversiones financieras, así como sobre los bajos niveles de ejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, en un contexto de creciente deterioro y abandono de las rutas nacionales".

En el proyecto señalaron que "los recursos provenientes de la tasa sobre los combustibles tienen afectación específica para el financiamiento de infraestructura vial", al tiempo que cuestionaron que el Gobierno nacional "haya destinado parte de esos fondos a operaciones financieras mientras las rutas nacionales presentan un marcado deterioro y numerosas obras permanecen paralizadas".

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, entre 2024 y los primeros meses de 2026 se recaudaron cientos de miles de millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, pero la ejecución para obras viales fue considerablemente menor. En el texto precisaron que, durante los primeros cinco meses de 2026, "se recaudaron $450.500 millones y sólo se ejecutaron $83.144 millones, equivalente al 18,5%".

En ese sentido, Marks advirtió que "recursos que tienen una finalidad específica hayan sido utilizados para inversiones financieras en lugar de garantizar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial".

"Es urgente que el jefe de Gabinete y el ministro de economía den explicaciones sobre el desvío de los recursos que deben estar en el mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para evitar accidentes y ayudar al desarrollo de nuestros pueblos y no en la timba financiera", enfatizó.

La rionegrina también fundamentó el pedido en las facultades constitucionales del Congreso para requerir la presencia de ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.

Además, afirmó que el pedido "adquiere especial relevancia para las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales constituyen infraestructura estratégica para la comunicación, el transporte de la producción, el turismo y la integración territorial".

"Mientras las familias y quienes producen siguen pagando impuestos incluidos en el precio de los combustibles, las rutas nacionales se deterioran y las obras no avanzan. El Gobierno tiene que explicar dónde está la plata y por qué no se está utilizando para garantizar rutas seguras y transitables", insistió la legisladora.

Finalmente, Marks subrayó que "el reclamo no se limita a una discusión presupuestaria: se trata de exigir transparencia sobre recursos con destino específico y defender la infraestructura vial que necesitan las provincias y sus comunidades".

Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación, presididas por Juliana Santillán (LLA) y Eduardo Valdés (UP) respectivamente, emitió dictamen favorable a un proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la República de Singapur, celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro –República Federativa del Brasil–, el 7 de diciembre de 2023, que ya tiene media sanción del Senado.

Durante el plenario estuvo presente el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Fernando Brun, quien argumentó: “El acuerdo Mercosur-Singapur surge en un momento donde la agenda de relacionamiento externo del Mercosur estaba absolutamente paralizada. Es decir, que los productos de nuestras economías provinciales iban perdiendo competitividad en mercados externos al tiempo que nuestros socios iban cerrando acuerdos de libre comercio, en este caso con la UE”.

Al mismo tiempo, Brun destacó que Singapur “es uno de los principales inversores en logística en la Argentina, en el puerto, en la provincia de Buenos Aires”.

Santillán sostuvo: “Para poder comprender la importancia de este instrumento es importante destacar en primer lugar las características de Singapur. Se trata de una economía altísimamente desarrollada, abierta y muy estable con un elevadísimo nivel per cápita y un mercado de alto poder adquisitivo”, “.

“La Argentina necesita ampliar sus destinos de exportación rápidamente y profundizar la inserción en aquellas regiones del mundo que presentan mayores oportunidades para crecer”, añadió. “El sudeste asiático constituye en ese sentido una región de enorme importancia y Singapur puede funcionar como una plataforma para una relación económica y comercial mucho más amplia con estos mercados”, añadió la libertaria.

Por su parte, el diputado Santiago Cafiero (UP) consideró que “el acuerdo Mercosur-Singapur es un acuerdo que fue relativamente sencillo alcanzar”. “Es un acuerdo de segunda generación, representa una economía que es bastante complementaria con lo que es el Mercosur”, argumentó. Cafiero pidió situar al acuerdo “en la real dimensión que tiene”. “Nosotros el año pasado exportamos más a Cuba que a Singapur”, comparó.

Damián Arabia (LLA) ponderó el acuerdo y consideró que “la Argentina tiene una vocación aperturista, de intercambio, de estar inserta en el mundo que es verdaderamente muy importante”. “Celebro que estemos hoy aquí, intentando dictaminar este acuerdo, creo que va a salir por amplia mayoría”, pronosticó.

En tanto, el diputado Esteban Paulón expresó el acompañamiento del bloque de Provincias Unidas al convenio con Singapur: “Todas las oportunidades de generar un mayor intercambio comercial, una apertura virtuosa de la economía y, sobre todo, insertar exportaciones de nuestras economías regionales son bienvenidas. Tenemos balanza superavitaria con Singapur, esperamos que se potencie”.

Mercosur – Unión Europea

Previamente, la Comisión de Mercosur mantuvo una reunión para analizar un paquete de proyectos vinculados a la implementación del acuerdo MERCOSUR – UE e iniciativas de declaración sobre el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil tras los dichos del presidente Javier Milei a Lula.

Además, en el encuentro, se analizaron dos expedientes en carácter resolutivo para “expresar adhesión a la declaración del Parlamento del Mercosur que instituye la “semana de sensibilización sobre la epilepsia”, y “expresar beneplácito por el día del Mercosur, que se conmemora el 26 de marzo de cada año”.

Durante la reunión, el diputado Agustín Rossi (UP) se refirió al proyecto de ley de su autoría por el cual se establece el Régimen de seguimiento estratégico para la implementación del acuerdo Mercosur–Unión Europea: "El objetivo es crear algunos institutos e instrumentos para potenciar las ventajas y aminorar los efectos negativos que pudiese tener el Acuerdo".

“Le queremos dar protagonismo al Parlamento argentino. Proponemos un comité consultivo general en la Jefatura de Gabinete. El comité tiene que servir para promover los niveles de información y de demanda, con anclaje y capilaridad con la economía real, la ciencia y la tecnología, con el sector universitario, muy necesarios para una correcta aplicación del acuerdo UE – Mercosur”, explicó.

Al mismo tiempo, ponderó: “Este acuerdo es importantísimo para nuestro país. Va a cambiar las estructuras productivas. Es nuestra responsabilidad potenciar los sectores que puedan tener alguna complicación al aplicar este instrumento”, y consideró que “el Congreso de la Nación tiene que tener un rol importante en la aplicación del acuerdo, en términos federales no puede quedar con poca participación en el marco de su aplicación”.

Rossi planteó que “el Estado debe tener un rol al aplicar políticas activas que impulsen a todos los sectores implicados en el acuerdo, para que sea una herramienta en pos del crecimiento argentino”.

Entre los puntos principales del proyecto, se establece la creación, en el ámbito del Congreso de la Nación, de una Comisión Bicameral Permanente de Monitoreo y Seguimiento de la Implementación del Acuerdo Mercosur–Unión Europea.

También presentaron sus iniciativas en el mismo sentido los diputados de Unión por la Patria, Caren Tepp y Luis Basterra.

“Estamos frente a uno de los acuerdos comerciales más relevantes, pero también más complejos que ha firmado nuestro país. Es un acuerdo con enorme impacto para la economía argentina. Tenemos que poder dotar al estado nacional de las herramientas para una provechosa implementación”, afirmó Trepp.

“Es un gran desafío, sobre todo en este contexto y con este gobierno. Pero es un acuerdo que va a trascender al actual gobierno. Por eso necesitamos que los compromisos se traduzcan rápidamente en mecanismos virtuosos en todos los niveles del estado, que hoy están muy desarticulados”, manifestó la diputada santafecina y agregó: “Tenemos que sistematizar la información, establecer prioridades y fijar plazos y objetivos, así como establecer mecanismos de seguimiento adecuados”.

En tanto, analizó que el acceso preferencial al mercado europeo puede ser provechoso, pero sólo lo será si podemos proveer al estado nacional de herramientas adecuadas.

Su par el formoseño Basterra propuso: “Podemos generar una normativa válida para todos los acuerdos similares, no solamente para este entendimiento UE - Mercosur. De esta manera no tendríamos que sancionar un proyecto para cada acuerdo”.

“Estoy es una oportunidad para un debate profundo sobre los acuerdos internacionales que suscribe la Argentina, en el marco de un mundo con mayor dinamismo. Tenemos que estar a la altura desde el Poder Legislativo”, consideró.

Por su parte, el diputado Damián Arabia (LLA) destacó el “amplio consenso que logró en su momento la aprobación de este Acuerdo en el Congreso”, al destacar “su importancia a nivel comercial y de inversiones”, mientras que su par del mismo bloque, Andrés Laumann, manifestó la importancia de “dar trazabilidad a lo que estamos haciendo, firmamos y nos pusimos de acuerdo”.

Por el contrario, el diputado Santiago Cafiero (UP) cuestionó: “Sigo pensando que es un mal acuerdo. Pero ya fue aprobado y está en pleno funcionamiento. Lo tenemos que evaluar ahora con datos. De igual manera creo necesario aprobar proyectos como los que tratamos hoy para construir institutos en el marco del estado nacional”.

“En mayo creció la exportación de miel a Europa de Entre Ríos, en el marco del acuerdo, lo cual es una buena noticia, pero también cerró la planta de Citroen porque ahora se importa. Es producto del mismo acuerdo. Tenemos que ver ahora como construimos condiciones para proteger el trabajo argentino”, expresó.

Conflicto Argentina – Brasil

Los polémicos dichos del presidente Javier Milei sobre Lula Da Silva no quedaron fuera del debate de la reunión y el tema sobre el vínculo diplomático entre los países vecinos se coló, pero según trascendió habría un principio de acuerdo para presentar un comunicado en conjunto para volver a encauzar las relaciones con Brasil.

El primero en hablar sobre ello fue el titular de la comisión quien contó: “Me sorprendió cuando leí en los diarios que el presidente argentino Javier Milei trataba de corrupto, presidiario y basura socialista al presidente Lula”, y sumó: “Esto trajo una dura consecuencia, el llamado en consulta del embajador Biteli. Luego Milei volvió a agraviar a Lula y Brasil decidió que el embajador deje la Argentina”.

“Ojalá que estás discusiones nos sirvan para que todos los diputados de todos los bloques nos propongamos generar una diplomacia parlamentaria”, bregó y remarcó que “Brasil es nuestro principal socio comercial. El segundo es China, cuyo presidente hizo algo que jamás hizo: llamó al presidente Lula para solidarizarse”.

Valdés agradeció al vicepresidente de la comisión, el libertario Damián Arabia, de poder tratar el tema y: “Trabajar para restaurar la relación histórica entre nuestros países. Por más Mercosur, más democracia y más integración regional”.

A su turno, el diputado Jorge Taiana advirtió sobre las consecuencias diplomáticas, económicas y estratégicas del deterioro de la relación con Brasil. Reclamó que el Congreso sostenga canales de diálogo y reafirme el compromiso argentino con la integración regional y el Mercosur.

“Hay principios tradicionales de la política exterior argentina que no se respetaron: el principio de no intervención, y el de autodeterminación de los pueblos, así como el de igualdad de los estados soberanos”, criticó y resaltó que el Gobierno tiene “responsabilidad de paz y comercio con las potencias extranjeras, y debe respetar los tratados”.

“La política exterior no es discrecional, sino que debe ejercerse cuidando el interés nacional y las relaciones diplomáticas. Por eso lo que hizo el presidente Milei, participando en un acto partidario y emitiendo palabras agraviantes hacia otro presidente, contraría sus deberes constitucionales y debilita nuestra presencia internacional”, apuntó.

Taiana alertó que esto “amenaza la paz en la región porque rompe las relaciones diplomáticas entre dos países que garantizan la no proliferación de armamento nuclear. Es de una irresponsabilidad fenomenal”, y recordó que Brasil es el principal receptor de las exportaciones industriales. “Por eso no podemos pensar en el acuerdo UE - MERCOSR sin pensar en la reconstrucción de la cadena de valor argentina, para la cual la relación con Brasil es imprescindible”, manifestó.

“Este Congreso debe pronunciarse en contra de lo expresado por el presidente Milei sobre el presidente Lula y debe expresar que valora la relación complementaria entre ambos países, con quien garantizamos la paz y la ausencia de armas nuclear, además del vínculo comercial”, sugirió.

A continuación, el santafecino Esteban Paulón también se sumó a las críticas hacia el gobierno porque “nunca tuvo intenciones de desescalar el conflicto injustificado, insólito e indeseado. Milei agravió a Lula y el canciller Quirno estuvo en primera fila aplaudiendo. No solo el presidente debe dar explicaciones sino también el canciller”.

“Solo en julio el intercambio comercial entre ambos países superó los 2.500 millones de dólares. Fue el mismo mes de los agravios. No somos solo socios comerciales, sino también culturales, tenemos muchos argentinos viviendo en Brasil y viceversa. Hoy el oficialismo les quiere cobrar la salud a los extranjeros, cuando nuestra constitución dice que quienes residen aquí tienen los mismos derechos que quienes nacimos aquí”, recordó.

En contraposición, el libertario Arabia dijo no estar de acuerdo y consideró que “las relaciones entre los estados están por encima de los presidentes circunstanciales. Lula recibió a Massa candidato, visitó a Cristina Fernández de Kirchner, y en ningún caso Argentina tomó represalias. Aquí Brasil tomó represalias contra la Argentina. Le queremos pedir a Brasil que devuelva al embajador en nuestro país porque las relaciones entre los estados son más importantes”.

Al pedir la palabra, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, valoró el debate y opinó: “Si queremos encontrar una ventana de oportunidad en la diplomacia parlamentaria no podemos reflejar la misma visión rígida del ejecutivo. Tenemos que generar un diálogo profundo para lograr devolver la relación diplomática a su status pleno. Podemos reconocer el carácter estratégico de la relación bilateral en un pronunciamiento de esta comisión en pos de encontrar los puntos de acuerdo”.

“Si todas las válvulas del debate político están cerradas, en algún momento va a explotar. Nosotros tenemos que abrir alguna válvula acá en el Parlamento”, sugirió.

El oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió este miércoles el dictamen de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que el Presidente Javier Milei presentó por cadena nacional días atrás. Fue durante un plenario que estuvo marcado por tensiones en el arranque, con la exposición de economistas que apoyan el programa económico del Gobierno.

El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas de La Libertad Avanza y sus aliados del Pro, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. Sin embargo, no suscribió Eduardo Falcone, del MID, molesto por la intervención de algunos invitados, lo que calentó el clima en el comienzo.

Los diputados de Unión por la Patria fueron los primeros en poner el grito en el cielo con la intervención del economista Miguel Boggiano y luego de Ramiro Castiñeira. Pero también hubo enojo por parte de los aliados del oficialismo y, más tarde, diputados libertarios le pidieron disculpas al Pro, la UCR y el MID.

Tras la culminación del plenario de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo tuvo un miércoles a pura cosecha: previamente se alzó también con los dictámenes de Inocencia Fiscal II y la aprobación de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, todos temas que apunta a tratar en una sesión el próximo 26 de agosto.

Con dos cambios técnicos menores, propuestos por el radical Lisandro Nieri, el dictamen mantuvo el espíritu original del texto enviado por el Ejecutivo. Entre las principales modificaciones que propone el Gobierno, la primera es definir como misión central del BCRA “la preservación del valor de la moneda nacional”. A su vez, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

El proyecto establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro; endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso; prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad, entre otros.

Economistas hablaron a favor del proyecto y hubo protestas de toda la oposición

El primero de los invitados en exponer fue el economista libertario Miguel Boggiano, quien cargó contra los gobiernos anteriores y metió en la misma bolsa, respecto al manejo del Banco Central, a kirchneristas y macristas.

Luego de la intervención que se dio, en su alocución Boggiano aseguró que “desde la creación del Banco Central todos los gobiernos utilizaron la inflación como mecanismo de financiación sin importar el signo político”.

En cuanto a la reforma de 2012, apuntó que la Carta Orgánica “se llenó de demagogia, al asignarse a un instrumento de política económica cinco objetivos, que es algo simplemente impracticable”. “Hoy se discute si queremos una moneda que conserve su valor y una autoridad monetaria que deje de estar subordinada a las necesidades fiscales de los gobiernos de turno”, expresó.

Y reiteró que “durante décadas nuestro país se convirtió en una anomalía institucional, donde el Estado encontró en el Banco Central un mecanismo cómplice para cubrir su déficit voraz mediante la emisión monetaria”. “Este proyecto busca cortar definitivamente ese vínculo entre la política fiscal y monetaria”, defendió.

“Se busca algo muy simple y muy profundo, que el Banco Central vuelva a ser una institución dedicada exclusivamente a preservar el valor de la moneda y deje de ser un instrumento de financiamiento del poder político”, resumió y lanzó que, quien vote en contra, será “un cómplice instantáneo del saqueo más grande que la clase política le haya hecho al ciudadano de a pie”.

En la misma línea, Ramiro Castiñeira, asesor económico de Milei, enfatizó que “la actual Carta Orgánica es la que habilitó el saqueo a la Argentina, principalmente utilizando el Banco Central”. “Cualquier argentino sabe que las reservas del Banco Central llegaron a terreno negativo”, dijo y sumó que “con la reforma que se propone no van a poder saquear las reservas”.

A su turno, el economista Héctor Rubini sostuvo que “el argumento a favor de la independencia del Banco Central se basa en que la política monetaria es propensa a una mayor inflación cuando está subordinada al fisco”.

“Si tomamos el período 2017/2026, en el caso de países con bancos centrales prácticamente sin interferencias políticas, -como Perú, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay-, la inflación promedio mensual ha sido de 0,4% mensual; en Argentina, en el mismo período, fue de 4,2% mensual. Lo cual es un enorme daño a los trabajadores y fundamentalmente a los jubilados”, detalló.

Y añadió: “La evidencia histórica muestra que la discrecionalidad en la emisión sin límite lleva al deterioro de la credibilidad en los bancos centrales y al aumento permanente de la inflación”.

Finalmente, el director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, manifestó que “no puede ser que los argentinos pensemos que tener inflación de un dígito es un milagro”. “Si le damos la independencia al Banco Central claramente va a ser más difícil emitir cuando la gente no esté demandando pesos”, señaló y consideró que “tenemos que tener una carta orgánica igual que los países vecinos”.

Enojado con las exposiciones sobre todo de Boggiano y Castiñeira, el diputado Falcone le dijo al oficialismo que “es una provocación totalmente innecesaria lo que hicieron” y opinó que fue “una falta de respeto” la presentación de esos economistas. “Pensamos que iban a hablar de cuestiones técnicas”, reclamó.

A su vez, el hombre del MID, recordó que “el gobierno del presidente (Arturo) Frondizi heredó una situación parecida a la de Milei” y “se fue con deflación”. “Debería estudiar un poco de historia (a Boggiano) porque no son todos los gobiernos lo mismo”, completó.

En cuanto al proyecto, Falcone consideró que debería agregarse más objetivos a la Carta Orgánica, como los que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, y, por otra parte, que la designación de los directores debería tener el mismo criterio que la remoción y ser aprobado por las dos cámaras del Congreso.

Más adelante, el diputado del Pro Fernando de Andreis coincidió con el “total desacuerdo por los conceptos vertidos por los primeros dos expositores”. “El problema es cuando se piden opiniones técnicas y vienen a dar opiniones políticas de una burrada pocas veces vista”, expresó, aunque aclaró: “Nosotros por supuesto no vamos a poner en riesgo la aprobación de una ley que estamos convencidos que sirve”.

En un nuevo avance hacia la digitalización de los procesos legales, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA) presentó la Plataforma Ciudadana de Firmas (PCF), una herramienta que permite suscribir contratos y acuerdos de manera completamente remota, sin necesidad de papel, tinta ni reuniones presenciales.

El lanzamiento se realizó durante la 16° edición de Expo Real Estate, uno de los encuentros más importantes del sector inmobiliario de la región, y contó con la participación de la presidenta del CECBA, Magdalena Tato, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La nueva plataforma está orientada tanto a ciudadanos como a empresas que necesitan formalizar acuerdos de forma ágil y segura. Entre los documentos que podrán firmarse mediante este sistema se encuentran contratos de alquiler, convenios comerciales y otros actos jurídicos que no requieren certificación notarial.

Según destacaron desde el Colegio, uno de los principales diferenciales de la PCF es el resguardo de la información. A diferencia de muchas plataformas comerciales, los documentos firmados permanecen alojados en el sistema únicamente durante 48 horas y luego son eliminados, quedando exclusivamente en poder de las partes intervinientes. De esta forma, se evita que la documentación quede almacenada de manera permanente en servidores de terceros o sometida a legislaciones extranjeras.

La entidad subrayó además que la herramienta fue diseñada para garantizar la vinculación inseparable entre la firma y el documento firmado, una característica que busca elevar los estándares de seguridad jurídica en operaciones que hoy suelen realizarse a través de plataformas digitales de menor nivel de control.

Seguridad y trazabilidad

La plataforma incorpora una serie de mecanismos técnicos destinados a validar la autenticidad de cada firma. El sistema registra variables biométricas y de comportamiento, como la presión ejercida durante la firma, la velocidad del trazo y la aceleración de los movimientos.

Además, una vez firmado, el documento queda bloqueado para impedir modificaciones posteriores. La firma tampoco puede ser extraída o incorporada a otros archivos, lo que reduce riesgos de manipulación o fraude documental.

Desde el Colegio remarcaron que todo el proceso se desarrolla bajo jurisdicción argentina y que la información técnica se encuentra protegida conforme a la normativa local, un aspecto que gana relevancia en un contexto de creciente preocupación por la privacidad de los datos.

El rol del escribano en la era digital

Durante la presentación, Magdalena Tato sostuvo que la transformación tecnológica obliga al notariado a adaptarse a nuevas modalidades de contratación sin resignar seguridad jurídica.

"La forma en que las personas firman cambió y llegó para quedarse. Por eso desarrollamos una herramienta que combina la velocidad y simplicidad que demanda el mundo digital con las garantías que históricamente brinda una institución especializada en seguridad jurídica", afirmó.

La titular del Colegio aseguró además que el objetivo no es reemplazar la función notarial, sino ampliarla y acercarla a las nuevas necesidades de la sociedad. En ese sentido, planteó que los escribanos deben consolidarse como referentes de confianza también en los entornos digitales.

Cuando una operación requiera un nivel superior de validación, la PCF podrá integrarse con el Sistema Digital de Firmas (SDF), desarrollado por la propia institución. Ese mecanismo permite que un escribano verifique a distancia la identidad, capacidad y voluntad de los firmantes mediante herramientas de validación biométrica y videoconferencia, otorgando al acto la misma eficacia jurídica que tendría en una escribanía.

Hacia la escribanía del futuro

La Plataforma Ciudadana de Firmas se suma a una serie de desarrollos tecnológicos impulsados por el Colegio en los últimos años. Entre ellos se destacan GEDONO y VADONO para la gestión y validación de documentos notariales digitales, el Acceso Digital al Archivo de Protocolos (ADAP), que permite consultar millones de documentos históricos, y el propio Sistema Digital de Firmas.

Para la entidad, estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia destinada a modernizar la actividad notarial y adaptarla a una economía cada vez más digitalizada.

En ese marco, Expo Real Estate también distinguió al Colegio de Escribanos porteño con el Premio al Aporte Institucional, en reconocimiento a su trayectoria en materia de innovación tecnológica aplicada a la seguridad jurídica. La incorporación de la nueva Plataforma Ciudadana de Firmas representa, según la institución, un nuevo paso en la construcción de un modelo de escribanía digital orientado a simplificar trámites, fortalecer la confianza y ampliar el acceso a servicios legales.

Con ausencia del kirchnerismo, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola sortearon sin sobresaltos este miércoles la defensa de sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Ambos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, clave en el futuro de causas sensibles para el Gobierno, tales como ANDIS, $LIBRA y la de enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

Aunque la oposición más dura suele faltar a las audiencias públicas que se vienen desarrollando (por cuestionar la composición de la comisión), una de las últimas veces habían asistido a cuestionar a Víctor Arturo Pesino -juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo-. Y, por los antecedentes en torno a Bertuzzi y Yadola, se esperaba que pudiera haber polémica. Sin embargo, no ocurrió y solo hubo ausencia del peronismo, salvo los disidentes Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, de Convicción Federal.

Bertuzzi y Yadarola fueron los últimos en exponer en la audiencia, que se extendió por alrededor de tres horas y recibió también a otra docena de postulantes, en el marco del paquete de pliegos que impulsa el Ministerio de Justicia.

Bertuzzi, quien ya integra la Cámara, a donde llegó en 2018 por un traslado del expresidente Mauricio Macri, destacó que lleva “37 años en el Poder Judicial, en la Justicia Federal” y “18 años como juez federal, ocho de los cuales los estoy desempeñando en la Sala I, la que aspiro mantener”.

El magistrado señaló que ese cargo le permitió “conocer y trabajar de primera mano en la instrucción, sustanciación y resolución de diferentes causas, de delitos federales complejos, de delincuencia organizada, delitos económicos y derechos humanos”. “El bagaje de los delitos en los que he intervenido es diverso”, agregó.

Al momento de las preguntas, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lo felicitó “por haber acatado la manda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en alusión a que volvió a concursar por el cargo.

En 2020, cuando el peronismo volvió al poder, el Senado aprobó la suspensión de ese traslado. Pero la Corte, aunque afirmó que los traslados eran inconstitucionales, dispuso que los jueces (Bertuzzi y Leopoldo Buglia) se mantuvieran provisoriamente en sus cargos hasta que se realicen los concursos para cubrir formalmente las vacantes.

La senadora oficialista recordó que “fue un tema muy debatido, con muchos momentos de tensión”. “Haber concursado nuevamente y haber logrado llegar a esta instancia, que el presidente de la Nación haya enviado su pliego y estar discutiéndose el acuerdo en el Senado, demuestra un apego muy importante a la resolución de la Corte”, destacó Bullrich y le reconoció que habrá sido “una decisión seguramente difícil después de tanta controversia, pero importante para la institucionalidad del país”.

Por su parte, Yadarola, identificado como cercano al ministro Juan Bautista Mahiques y parte del grupo que viajó a Lago Escondido en 2022, señaló al presentarse que trabaja en el Poder Judicial desde los 18 años y se inició en la justicia de instrucción, sin tener familiares en el Poder Judicial.

Recordó su participación en una megacausa de derechos humanos: “Una experiencia judicial que para mí fue muy trascendente”. Y destacó que cuenta con una formación “desde hace 20 años en delitos complejos, el crimen organizado y los crímenes transnacionales. He participado de muchos casos de cierta relevancia, que además han tenido procesos de cooperación internacional”.

“Espero poder incorporarme a una Cámara que es de vital transcendencia institucional”, afirmó y, consultado sobre la impronta que le daría a su cargo, habló de la necesidad de “darle previsibilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos” y aplicar “un lenguaje claro, llano, cercano”.

Además, fueron consultados por otros senadores sobre avance y modernización tecnológica en el Poder Judicial; delitos tecnológicos y vinculados a la IA; y aplicación del sistema acusatorio.

Una vez que concluyeron, se dio por finalizada la reunión y los pliegos pasaron a la firma para su dictamen. Una vez que consigan las nueve firmas sobre 17 quedarán habilitados para ser tratados en el recinto.

Entre los otros postulantes que se presentaron este miércoles, Nuria Saba Sardañons, propuesta como defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15, expresó: “Conozco las exigencias del cargo al que aspiro, sé la responsabilidad institucional que implica y la relevancia que tiene para las personas que intentan acceder a una defensa pública efectiva”.

Por su parte, Hernán Enrique Figueroa, propuesto como defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2, destacó su trayectoria de 31 años en la función pública y afirmó ser “un enamorado de la función que me toca desempeñar”. Además, señaló que a lo largo de su carrera ocupó casi todos los cargos del escalafón.

A su turno, Lucila Califano, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal, sostuvo que las personas que acuden “son grupos humanos vulnerables” y consideró necesario un abordaje interdisciplinario. En ese sentido, remarcó la importancia de las audiencias como herramienta fundamental para conocer a las personas, realizar entrevistas y trabajar con las partes. Asimismo, manifestó ser “muy consciente” del impacto de las decisiones judiciales en materia de familia, ya que “pueden cambiar mucho la vida de los involucrados”.

Javier Rodrigo Pereyra, candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal, aseguró que, en caso de ser designado, se compromete a ejercer el cargo “bajo tres pilares fundamentales: honestidad, prudencia y, sobre todo, humildad”. En ese sentido, remarcó que “somos servidores públicos” y que el trabajo y la misión de quienes integran el Poder Judicial deben estar orientados a “brindar una mejor calidad y servicio de justicia”.

También participaron para el fuero criminal y correccional Sebastián Rodrigo Ghersi, para el Juzgado N° 45; Sergio Alejandro Echegaray, para el Juzgado N° 44; Maximiliano Alberto Leandro Callizo, para el Juzgado N° 58; y Diego Andrés Villanueva, para el Juzgado N° 42.

Asimismo, expusieron Vanesa Silvana Alfaro, propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16; Mariana Salduna, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25; y Evangelina María Lasala, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18; y Natalia Cecilia Crede, propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

Con el objetivo de acompañar a las familias en la previa del Día de la Niñez y dinamizar la actividad económica, el Municipio de Morón puso en marcha una nueva edición de la Semana del Día de la Niñez, una iniciativa que reúne a comercios y cámaras empresarias del distrito con descuentos, promociones y facilidades de pago en una amplia variedad de rubros.

La propuesta se extenderá desde el 10 hasta el 16 de agosto y alcanzará a locales de Castelar, Haedo y Morón, donde los vecinos podrán acceder a beneficios especiales para la compra de juguetes, libros, indumentaria, calzado, artículos escolares y regalos destinados a niños y niñas.

La campaña forma parte de un trabajo conjunto entre el gobierno local y las entidades que representan al sector comercial, con el propósito de incentivar el consumo en los centros urbanos del distrito y generar mayores oportunidades de venta para los negocios de cercanía.

Entre las promociones destacadas se encuentran descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, ofertas 2x1 en indumentaria y calzado, rebajas especiales en jugueterías y librerías, además de planes de financiación en cuotas sin interés.

Los beneficios estarán disponibles en decenas de comercios adheridos distribuidos en los principales corredores comerciales del partido. En Castelar participarán librerías, jugueterías, locales de indumentaria y regalerías; en Haedo se sumarán negocios de ropa, pañaleras y librerías; mientras que en el centro de Morón la propuesta abarcará desde jugueterías y casas de regalos hasta zapaterías, peluquerías, bazares y locales especializados en productos infantiles.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa busca no solo facilitar el acceso a regalos para las familias en un contexto económico complejo, sino también fortalecer el entramado comercial local, promoviendo las compras dentro del distrito y generando un movimiento adicional en las zonas céntricas durante una de las fechas más importantes para el sector.

Los Azules comenzó a transitar la etapa más crítica de su desarrollo y se acerca como nunca antes a una decisión de construcción. McEwen Copper avanza simultáneamente en la ingeniería de detalle y en el armado financiero de un proyecto que podría transformar a San Juan en uno de los principales polos cupríferos de Sudamérica.

La compañía, controlada por McEwen Mining y respaldada por socios estratégicos como Rio Tinto, busca despejar los últimos aspectos técnicos y financieros antes de dar el paso que marcará el inicio de una inversión estimada en más de US$3.000 millones.

No se trata de un proyecto más dentro del mapa minero argentino. Los Azules figura entre los depósitos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo y aparece como una de las grandes apuestas para abastecer la creciente demanda global del metal, impulsada por la electrificación, las energías renovables y el desarrollo de infraestructura energética.

El avance hacia la ingeniería de detalle tiene una lectura clara dentro de la industria minera: los estudios ya quedaron atrás y el proyecto ingresa en la fase previa a la decisión final de inversión. Es una instancia en la que los cronogramas dejan de ser teóricos y comienzan a convertirse en compromisos concretos para inversores, proveedores y organismos de control.

La ubicación en San Juan no es un dato menor. La provincia cuenta con una larga trayectoria minera y tiene como principal antecedente a Veladero, la operación de oro y plata que Barrick explota junto con Shandong Gold. La experiencia acumulada en proyectos de alta montaña, sumada a un marco regulatorio consolidado, aporta previsibilidad a iniciativas de gran escala.

Sin embargo, Los Azules plantea desafíos superiores. Su emplazamiento en la Cordillera de los Andes implica condiciones operativas más exigentes y demanda una infraestructura de gran complejidad. A diferencia de los proyectos auríferos, una mina de cobre de esta magnitud requiere enormes volúmenes de energía, agua y transporte para sostener la producción.

Para enfrentar parte de esos desafíos, McEwen Copper contempla sistemas de transporte mediante tuberías hacia zonas de menor altitud, una solución que apunta a reducir costos operativos y mejorar la eficiencia logística.

El contexto político y económico también juega un papel determinante. El Gobierno nacional convirtió a la minería en uno de los sectores estratégicos para atraer inversiones y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una de sus principales herramientas. Con beneficios vinculados a la estabilidad fiscal y cambiaria, el esquema fue diseñado precisamente para proyectos del tamaño de Los Azules.

Aun así, el atractivo del RIGI no elimina por completo las dudas que históricamente observan los inversores cuando analizan proyectos de largo plazo en Argentina. La evolución del tipo de cambio, las reglas para la remisión de utilidades y la estabilidad macroeconómica siguen siendo variables centrales para quienes evalúan desembolsar miles de millones de dólares en un emprendimiento cuya producción recién comenzaría dentro de varios años.

El escenario internacional, por otro lado, juega a favor del proyecto. El mercado anticipa una creciente escasez de cobre durante la próxima década, en un contexto donde la oferta mundial enfrenta dificultades para expandirse al ritmo que exige la transición energética. La necesidad de nuevas minas convirtió a los grandes proyectos cupríferos en activos cada vez más codiciados por las compañías globales.

Si los plazos previstos se cumplen y la decisión de construcción se concreta entre 2025 y 2026, Los Azules podría ingresar en producción entre 2030 y 2032, precisamente cuando los analistas proyectan una mayor tensión entre oferta y demanda.

En ese escenario, Argentina busca posicionarse como una alternativa frente a las dificultades que enfrentan otros productores de la región. Mientras Chile encuentra costos crecientes y mayores exigencias regulatorias para expandir su producción, y Perú arrastra retrasos vinculados a conflictos sociales, San Juan intenta captar inversiones que buscan nuevos destinos para desarrollarse.

Junto con proyectos como Josemaría y MARA, Los Azules integra la nueva generación de emprendimientos que alimentan la expectativa de consolidar un corredor cuprífero andino con capacidad para modificar la balanza exportadora argentina durante las próximas décadas.

Pese al avance registrado, todavía quedan definiciones importantes por delante. McEwen Copper deberá cerrar la estructura de financiamiento, asegurar acuerdos para infraestructura crítica y completar los procesos ambientales y regulatorios exigidos para esta etapa. Además, cualquier controversia vinculada a la aplicación de la Ley de Glaciares podría impactar sobre los tiempos previstos.

La magnitud de la inversión obliga también a encontrar una combinación adecuada entre capital privado, financiamiento institucional y eventuales organismos multilaterales. La forma en que se estructure ese esquema será observada con atención por toda la industria.

Por eso, el desafío excede a Los Azules. Si el proyecto logra avanzar hacia su construcción con respaldo financiero y seguridad jurídica, se convertirá en uno de los principales casos testigo para medir la capacidad de Argentina de atraer capital minero de escala global. En una década marcada por la carrera mundial por el cobre, San Juan busca ocupar un lugar central en esa historia.

El diputado nacional Juan Pablo Luque impulsa una revisión de la clasificación de las arenas de fractura de Chubut con el objetivo de convertirlas en un insumo estratégico para la industria hidrocarburífera y abrir la puerta a un desarrollo industrial de gran escala orientado a Vaca Muerta.

El planteo fue presentado ante especialistas del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) durante una reunión de comisión en el Congreso. La iniciativa apunta especialmente a los yacimientos ubicados en la zona de Dolavon, donde existen reservas que, según sostuvo el legislador, reúnen condiciones técnicas aptas para abastecer la creciente demanda de arena utilizada en la fractura hidráulica de los pozos no convencionales.

Uno de los principales argumentos de Luque es la ventaja logística que ofrece Chubut frente a los proveedores actuales. Mientras las arenas provenientes de Entre Ríos recorren alrededor de 1.200 kilómetros para llegar a Vaca Muerta, los depósitos chubutenses se encuentran a unos 900 kilómetros de Neuquén. Esa diferencia, afirmó, podría traducirse en menores costos de transporte y una mayor competitividad para la provincia.

La arena de fractura es un insumo clave para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. Actualmente, Entre Ríos concentra la mayor parte del abastecimiento del mercado, mientras que Río Negro también participa con producciones de calidad inferior para determinadas aplicaciones. En ese contexto, Chubut busca posicionarse como una alternativa capaz de disputar una porción de un negocio que crece al ritmo de la expansión de Vaca Muerta.

Según datos expuestos por el diputado, el abastecimiento de arena moviliza hoy cerca de 4.000 camiones diarios hacia la cuenca neuquina. Las proyecciones indican que esa demanda continuará en ascenso y podría alcanzar los 14 millones de toneladas anuales hacia 2030, lo que supondría triplicar los niveles actuales de consumo.

Luque destacó además que las arenas de Chubut presentan una elevada concentración de cuarzo, una característica valorada por la industria debido a la resistencia y dureza que exige la actividad de fractura hidráulica. Incluso señaló que algunos de los yacimientos provinciales ya fueron sometidos a evaluaciones bajo estándares internacionales de calidad.

Sin embargo, para avanzar hacia una explotación masiva, el legislador considera necesario resolver primero una cuestión regulatoria. Actualmente, las arenas de la provincia están catalogadas como recursos de tercera categoría y su aprovechamiento se encuentra asociado principalmente a la construcción. Por ello solicitó la intervención técnica del SEGEMAR para analizar una posible recategorización que reconozca su potencial estratégico para la actividad energética.

La modificación permitiría establecer un marco más adecuado para ordenar la explotación del recurso, incentivar inversiones y diseñar herramientas de desarrollo productivo orientadas a una industria con mayores volúmenes y valor agregado.

La apuesta, según explicó Luque, no se limita a la extracción de arena. El objetivo es consolidar una cadena productiva integral que incluya procesamiento, acondicionamiento, logística y transporte, generando oportunidades de empleo y actividad económica en distintos puntos de la provincia.

Pese a la cercanía geográfica con Neuquén y a la disponibilidad del recurso, Chubut todavía no logró insertarse de manera significativa en el esquema de abastecimiento de Vaca Muerta ni cerrar contratos relevantes con operadoras como YPF. Por eso, el legislador considera que la revisión técnica y regulatoria constituye un paso indispensable para transformar un recurso hoy subutilizado en una oportunidad concreta de desarrollo.

La propuesta busca, en definitiva, posicionar a Chubut en uno de los segmentos que más crecerán durante los próximos años de la mano del desarrollo no convencional, aprovechando una demanda en expansión y un recurso que la provincia ya tiene disponible.

La puesta en marcha de nuevas obras de transporte de hidrocarburos modificó el escenario que enfrentaban las operadoras en Vaca Muerta. Lo que hace apenas dos años aparecía como una amenaza para el crecimiento por las limitaciones de infraestructura, hoy comenzó a disiparse con la entrada en operación del gasoducto Perito Moreno, la expansión de Oldelval y el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

En ese contexto, Tecpetrol afirmó que logró mantener sin cambios el cronograma de desarrollo de Los Toldos II, uno de sus proyectos estratégicos en la formación neuquina, y ratificó su objetivo de iniciar la producción durante el primer semestre de 2027, en línea con la futura puesta en marcha del VMOS.

Durante el Supplier Day organizado por Econojournal, el vicepresidente de Supply Chain de la compañía, Guillermo Murphy, aseguró que la industria logró responder a uno de los mayores desafíos que planteaba la aceleración de inversiones en Vaca Muerta: contar con capacidad suficiente para ejecutar varios desarrollos de gran escala en simultáneo.

Según explicó, Tecpetrol atravesó un fuerte proceso de expansión operativa para acompañar el crecimiento previsto. La compañía pasó de trabajar con dos equipos de perforación a cuatro, tres de ellos incorporados entre fines de 2024 y 2026 con tecnología de última generación. A la vez, amplió su capacidad de fractura hidráulica de 10 a 15 sets.

“Las preocupaciones de ese momento eran invertir en rigs, invertir en sets de fractura y saber si la industria tenía capacidad para desarrollar varios proyectos al mismo tiempo. La respuesta fue sí”, sostuvo Murphy.

La magnitud del despliegue también se refleja en la logística del proyecto. Actualmente, Tecpetrol opera un campamento que alberga a más de 2.500 personas y articula trabajos con entre 700 y 760 proveedores vinculados al desarrollo de Los Toldos II.

Desde la compañía remarcan además el papel central que tiene la industria nacional en esa cadena de abastecimiento. De las 760 empresas que recibieron al menos una orden de compra, el 95% posee CUIT argentino y concentra el 75% del monto total contratado.

Una parte importante de esas firmas integra Propymes, el programa de fortalecimiento de proveedores impulsado por el Grupo Techint. Murphy precisó que unas 200 empresas vinculadas al proyecto participan de esa iniciativa, que alcanza a 1.200 pymes en todo el país.

El ejecutivo destacó que durante el último año se realizaron 35.000 horas de capacitación y otras 6.000 horas de consultoría, principalmente orientadas a seguridad y calidad operativa. “La seguridad es fundamental en las operaciones petroleras”, afirmó.

En esa línea, señaló que el objetivo de la compañía no pasa exclusivamente por alcanzar récords de productividad, sino por consolidar procesos estables y repetibles. “Si el estándar es 15 días, queremos hacer todos los pozos en 15 días”, ejemplificó.

Para Murphy, el cambio más profundo que atraviesa hoy Vaca Muerta está vinculado a la transformación del negocio. La consolidación de las exportaciones de petróleo y las perspectivas que abre la industria del gas natural licuado (GNL) dejaron atrás la lógica de corto plazo que predominó durante años, cuando la producción estaba condicionada por la demanda del mercado interno.

“Con el VMOS y el negocio exportador cambió el chip. Hoy estamos con una agenda de largo plazo”, afirmó.

Ese nuevo escenario ya comienza a reflejarse en la estrategia de contratación. Tecpetrol cerró acuerdos por cinco años para sus equipos de perforación y analiza extender esos plazos en otros servicios considerados estratégicos, entre ellos la logística de arena, un insumo clave para las operaciones de fractura.

La intención es ofrecer previsibilidad a los contratistas y facilitar la amortización de inversiones específicas destinadas al desarrollo de Vaca Muerta. “Los servicios estratégicos hoy los podemos contratar a cinco años. La logística de arena la estamos trabajando para que un camión dedicado pueda amortizarse adecuadamente”, explicó.

Con Los Toldos II avanzando según lo previsto y las principales obras de evacuación encaminadas, Tecpetrol ya pone la mirada en la próxima etapa de expansión. Para Murphy, el GNL representa “la próxima temporada” de Vaca Muerta, una fase que demandará nuevas inversiones, pero que encontrará a la industria mejor preparada gracias a la experiencia acumulada en infraestructura, perforación y desarrollo de proveedores.

La Comisión de Personas Mayores de Diputados escuchó fuertes denuncias sobre el estado de las prestaciones del PAMI, durante una reunión realizada este martes y presidida por Pablo Todero (Unión por la Patria).

Entre los invitados, expuso en primer lugar Andrés Sabalette, representante del grupo de clínicas y sanatorios prestadores de PAMI de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut.

“La situación que nos aqueja tiene su punto más gravoso en un tremendo atraso arancelario, un gran atraso en los precios que abona los valores retributivos, que abona la obra social, a los prestadores. Para dar una idea de la magnitud de este atraso, si tomamos como referencia la inflación de estos dos años y medio hasta la fecha, el atraso en los aranceles es de aproximadamente el 80%”, graficó.

En tanto, Sabalette explicó que “los valores retributivos de la obra social no llegan a cubrir los costos prestacionales, nos estamos refiriendo a materiales y medicamentos que, en algunos de estos periodos, han tenido crecimientos aún por encima de la inflación”.

“Esta es una situación que es preocupante porque, por un lado, está en riesgo lo que ya ha comenzado, que es un serio deterioro de las prestaciones con la aplicación directa a 300.000 beneficiarios, pero además está en riesgo el propio sistema sanitario”, advirtió.

A continuación, Federico De Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, se refirió al incremento de precios en medicamentos.

“Nosotros hacemos una medición mensual de los precios de los medicamentos y comparamos julio de 2023 contra julio de 2026 y, por ejemplo, el Daflon, que es para la circulación, salía 11.500 pesos y hoy sale 115.000 pesos. El Optamox Dúo, un antibiótico, salía 4.478 pesos, hoy sale 33.000 pesos, tres años después”, comparó.

De Marziani criticó también “la resolución que le precarizó el pago a los médicos de cabecera, primer nivel de entrada al sistema de toda persona mayor, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que cuando van al médico es lo primero que ven”.

A su turno, Sebastián Baltanaz, defensor del Pueblo de Villa La Angostura (Neuquén), compartió un caso donde la situación médica de un jubilado terminó judicializada. “Para que un jubilado reciba la medicación oncológica, el tratamiento que corresponde, que le dictó su propio médico, hicieron falta dos Defensorías del Pueblo, un defensor Público Federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”, señaló.

“Villa La Angostura no es una anomalía local, es una expresión individual o capilar del problema nacional que existe con respecto a las demoras en las autorizaciones, a los faltantes de medicamentos, a la discontinuidad de prestaciones de rehabilitación, al deterioro en general del sistema de médicos de cabecera y deudas con prestadores que en varias jurisdicciones superaban los seis meses de atraso”, enfatizó Baltanaz.

Alberto Meneses, presidente de la Federación Fuerza y Voluntad Transformadora, recordó que “el PAMI es un ente autárquico, público, pero con fondos propios, los cuales nunca se termina de saber en este momento de la historia dónde están”.

Por otra parte, le pidió a la comisión que “disponga la posibilidad de que el director Ejecutivo de un PAMI intervenido sea citado” a la Cámara de Diputados, al igual que el ministro de Salud, Mario Lugones.

Tras el dificultoso tratamiento del recortado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la Mesa Política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada para reordenar su agenda parlamentaria y del encuentro -que se extendió por casi tres horas- participó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor de la cuestionada iniciativa aprobada en el Senado el jueves pasado.

El grupo que comanda la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se dedicó a repasar la agenda legislativa y el cronograma que se espera, además de los principales temas económicos y de gestión.

Con varios temas en carpeta, Sturzenegger expuso sobre el conjunto de proyectos en los que trabaja su equipo. Haciendo foco en lo económico, desde el oficialismo se confirmó que la iniciativa a la que se le dará prioridad en el corto plazo es la nueva Ley de Mercado de Capitales.

Se trata de una de las reformas que el presidente Javier Milei anunció junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que está en debate en la Cámara de Diputados y se estima se tratará este mes en el recinto.

Pese a las críticas que recibió por ser el ideólogo del proyecto de propiedad privada, Milei respaldó al "Coloso". En sintonía con ello, este martes, al finalizar la Mesa Política, se afirmó oficialmente que "las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país".

Una de las cuestiones que admitió La Libertad Avanza en el caso de la caída de la reforma de la Ley de Tierras es que "no supieron comunicar bien" su propuesta. Por eso, de ahora en más, se sugirió que se presenten públicamente los proyectos y se fijen interlocutores capaces de defender los temas.

Además, según trascendió anteriormente a la reunión de este martes, Karina Milei ordenó que los proyectos se revisen con particular atención antes de ser enviados al Congreso.

Por otro lado, en el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores.

En tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un análisis de las distintas reuniones y conversaciones que mantuvo con gobernadores, y se refirió al encuentro del que participará este miércoles en el marco del Consejo del Norte Grande, en Misiones.

Asimismo, este viernes, Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Así como Sturzenegger participó este martes de manera excepcional, se definió que en las próximas reuniones se convoquen a otros ministros del Gabinete, con el objetivo de ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa.

Además de Karina Milei, Sturzenegger, Caputo y Santilli, estuvieron en la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Se realizó una nueva sesión de la Comisión de Legislación General del Senado, en la que fueron debatidas  iniciativas provenientes de ambas cámaras, los legisladores  avanzaron en propuestas vinculadas a la inclusión de personas con discapacidad, el régimen de licencias y la actividad hípica, entre otros temas.

El encuentro estuvo conducido por el presidente del cuerpo, el senador de Fuerza Patria Germán Lago. También participaron Marcelo Leguizamón  de Hechos, Pedro Borgini, Fernando Coronel, Ayelén Durán y Diego Videla de Fuerza Patria, Matías De Urraza y Gonzalo Cabezas de La Libertad Avanza y Carlos Kikuchi de Unión y Libertad. De manera virtual participaron Federico Fagioli de Fuerza Patria y Guillermo Montenegro del PRO.

Uno de los proyectos aprobados fue el presentado por la senadora mandato cumplido Yamila Alonso, que incorpora un nuevo capítulo a la Ley 10.592, Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad.

La iniciativa establece la reserva de espacios exclusivos en ámbitos públicos, con las condiciones necesarias para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar de distintas actividades.

Por otra parte, también recibió el acompañamiento de la Comisión el proyecto de la senadora de FP, María Rosa Martínez, que establece el 15 de mayo de cada año como Día Provincial de la Promoción del Desarrollo de Tecnologías Digitales con Perspectiva de Género.

Entre los expedientes provenientes de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron y giraron a la Comisión de Presupuesto el proyecto de Avelino Zurro que modifica el artículo 1 de la Ley 13.253, de regulación de la actividad hípica.

Asimismo, recibió respaldo el proyecto de Ley de la diputada de FP Lucía Iañez que sustituye el artículo 1 de la Ley 13.459, referido a la licencia para el personal masculino de los tres poderes del Estado ante el fallecimiento de la madre durante el parto.

La propuesta busca garantizar la atención y el cuidado del hijo recién nacido ante esa situación.

También, durante el encuentro obtuvo despacho favorable el proyecto del diputado del bloque Nuevos Aires Carlos Luayza que instituye el 7 de diciembre de cada año como Día Provincial de la Mujer Penitenciaria.

Asimismo, fue avalada una modificación del artículo 2 de la Ley 12.490 y sus modificatorias, vinculada a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

La modificación, presentada por el diputado oficialista Rubén Eslaiman, fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Representantes de cooperativas expusieron este martes en la Cámara de Diputados sobre el acceso a líneas de crédito, en el marco de un plenario de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG's; y Comercio.

El primero en exponer fue Carlos César Basañes, gerente de COOPERAR. "Nosotros necesitamos que la ley PyME sea muy clara en decir que las cooperativas son empresas. Eso tan sencillo es lo que necesitamos, a los efectos de que, cuando tengamos que tramitar el certificado PyME, seamos tratadas como cualquier otro tipo de empresa", señaló.

"Esa es toda la necesidad que tenemos y que se origina con un conflicto, más que con los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, con las áreas legales, que están interpretando la norma de una forma un tanto arbitraria", subrayó Basañes.

Por su parte, Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, expuso que buscaba "no solo plantear las dificultades, sino aportar propuestas y nuestra experiencia, con la convicción de que el diálogo entre el sector productivo y el Poder Legislativo es una herramienta indispensable para el desarrollo de políticas".

En el mismo sentido, Octavio Bermejo, asesor legal de CONINAGRO, reclamó que "sin certificado PyME las empresas no pueden acceder a avales de SGR" y lo relacionó con la situación económica actual.

"Esto también puede ser eventualmente contradictorio con el esfuerzo que se está haciendo para estabilizar la macroeconomía; privar a un sector activo de la economía del acceso al certificado PyME a los avales es no permitir traducir esa estabilidad macroeconómica en beneficios o en desarrollo territorial y material concreto como es el que pueden dar las cooperativas".

Federico Ferrero, presidente de CONAICE (Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad), advirtió que "la situación para el sector del cooperativismo eléctrico y de servicios públicos es crítica" y coincidió en que el acceso al certificado PyME "es prácticamente nulo, imposible".

"Para acceder a cualquier financiamiento, me refiero a financiamiento accesible, razonable, blando, el primer requisito es el certificado PyME, sea banca pública o banca privada", añadió.

Verónica San Martín, contadora especialista en cooperativas y mutuales, también sostuvo que es "indispensable, fundamental y urgente que sea modificada esta situación para no seguir perjudicando a las cooperativas".

Los diputados nacionales de Patria Grande -que forman parte del bloque de Unión por la Patria- Juan Grabois, Natalia Zaracho, Adriana Serquis e Itai Hagman, junto a su par Jorge Taiana, presentaron un pedido de interpelación a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que dé explicaciones sobre el operativo de seguridad desplegado frente al Congreso durante la movilización contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En la solicitud cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad durante la movilización, "que había comenzado de manera pacífica y fue reprimida con un operativo que desplegó a más de 820 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de la Ciudad", mediante "un uso desmedido de la fuerza" y "la utilización de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes contra manifestantes, peatones y trabajadores de prensa".

Además, los legisladores alertaron por "la presencia de personal policial armado y vestido de civil durante el operativo". En el texto remarcaron: "Particular gravedad reviste la identificación, a través de investigaciones periodísticas, de un hombre vestido de civil, sin uniforme ni identificación visible, que disparó con un arma larga contra los manifestantes desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís".

En los considerandos, los diputados liderados por Grabois señalaron que esa persona fue identificada "como el Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la cúpula de la Policía Federal". "Que un funcionario policial de esa jerarquía haya actuado armado y de civil, sin identificación, en el marco de un operativo de seguridad frente al Congreso de la Nación, impide que los ciudadanos puedan reconocerlo como integrante de una fuerza y controlar su accionar, y resulta absolutamente incompatible con los protocolos que rigen la actuación de las fuerzas federales", advirtieron.

Por su parte, Grabois denunció en sus redes sociales que Gustavo Gauna "es el mismo" que lo detuvo "de forma arbitraria" cuando se encontraba en una protesta en el Instituto Perón en junio del año pasado, "por orden de Javier Milei", afirmó el diputado.

Además, en el proyecto, los firmantes subrayaron que "la represión, y su carácter abusivo, fue de tal magnitud que alcanzó a trabajadores de prensa". Y mencionaron la denuncia realizada por ARGRA y SiPreBA respecto de una fotorreportera que recibió un impacto en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo y debió ser internada de urgencia.

En ese marco, reclamaron que Monteoliva explique ante la Cámara de Diputados "si desde su Ministerio se autorizó, ordenó o toleró la presencia de personal armado de civil en el operativo, y si el uso de la fuerza se ajustó a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza".

Finalmente, los opositores fundamentaron: "Es nuestra obligación como funcionarios electos por el pueblo actuar desde nuestro lugar de representantes, con las herramientas que nos brinda la Constitución Nacional. En el caso, es la solicitud de informes y la interpelación a los ministros del Poder Ejecutivo".

"Se están dando circunstancias que afectan severamente el funcionamiento de la República, que vulneran derechos elementales de los ciudadanos y ciudadanas, tales como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de prensa, y no podemos ser pasivos ante tal atropello", concluyeron.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes dictaminó este martes el proyecto de "Ley Joaquín", sobre medidas de seguridad en actividades deportivas, surgido a partir del caso de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía, quien en enero pasado falleció luego que un arco de fútbol cayera sobre él durante un campamento en Neuquén.

Autora del proyecto, al recoger el pedido de la familia de Joaquín, a quien destacó en su impulso por dar este debate, la diputada Luciana Potenza (Unión por la Patria) valoró que justamente los padres del niño "han hecho un gran trabajo de hablar con todos", incluyendo legisladores provinciales para "llevar este proyecto a las Legislaturas".

Sobre la propuesta, la legisladora la definió como "un gran logro" y abogó por "llevarla al recinto lo más pronto posible" porque "la verdad que es muy importante". "Lamentablemente Joaquín no fue el único chico que falleció en estas circunstancias y eso hace que tengamos la necesidad de reglamentar esta situación, para evitar accidentes como estos", agregó y destacó que una iniciativa en este sentido ya se sancionó hace tres semanas en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la diputada Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) remarcó que "hay temas que trascienden cualquier diferencia política" y ponderó "el trabajo conjunto que han realizado todos los bloques". En tanto, sobre la familia de Joaquín, destacó: "Es muy difícil transformar un hecho tan doloroso en algo tan positivo que va a ayudar a prevenir que estas cosas vuelvan a suceder".

Presidente de la Comisión de Deporte, donde el texto ya había sido dictaminado, Jorge Chica (Unión por la Patria), precisó que el proyecto prevé "las normas básicas de seguridad en la práctica deportiva, para que los papás, las mamás y los chicos que practican deporte tengan la certeza y seguridad que lo hacen en un ámbito de máxima seguridad".

Completado el trámite por las comisiones competentes, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. El texto busca establecer "la obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos".

Las instituciones tanto públicas como privadas "deberán asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumpla con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el Órgano Coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación".

La iniciativa establece que "la Subsecretaría de Deportes de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, funcionará como órgano de coordinación y asistencia para la aplicación de la ley, elaborando estándares técnicos mínimos y las guías de implementación de las medidas de seguridad establecidas".

En tanto, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "establecerán, en su legislación de adhesión o reglamentación, la autoridad local de aplicación, el régimen de control y supervisión del cumplimiento de la presente ley, y eventuales sanciones y multas, conforme a sus competencias territoriales".

Por otro lado, durante el segundo tramo de la reunión se pasaron a la firma proyectos de declaración y resolución, tales como una adhesión a la iniciativa de transformación de la ex estación Rufino de Elizalde, ubicada en La Plata, para la creación de la "Casa de la Estación Kim Gómez"; un beneplácito por el 80° aniversario del Hogar Convivencial "William C. Morris" y el centro de día "Casa de las Infancias", de la ciudad de Colón; y un beneplácito por los 100 años de la Casa Cuna ubicada en San Fernando del Valle de Catamarca, entre otros.

Regulación de entornos digitales para niñas, niños y adolescentes

En una nueva reunión informativa sobre proyectos que propician regular el uso y acceso de los menores a plataformas digitales, se escuchó a un grupo de especialistas. El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), aseguró que además de "psicólogos, pediatras, juristas y defensores públicos, también vamos a escuchar a los representantes de las empresas privadas".

En primer lugar, Jorge Daniel Ponce, fiscal y especialista en niñez y cibercrimen señaló que "este drama atraviesa a toda la sociedad y no solo los niños son víctimas, sino sus familias". "Resulta sumamente necesario modificar el tipo penal del grooming", consideró e indicó además que no debe distinguirse entre "abuso simple y abuso agravado" en el entorno digital, ya que "todo abuso es grave y genera consecuencias a lo largo de la vida de las personas". "Las víctimas tienen traumas que muchas veces no lo pueden hablar a lo largo de mucho tiempo o incluso toda su vida", expresó.

Silvia Pedrouzo, presidenta de la subcomisión de TIC's de la Sociedad Argentina de Pediatría, sostuvo que los menores "están en riesgo en los entornos digitales". "Estamos viendo el uso temprano de la tecnología y que muchas familias delegan el cuidado y contención de los niños en un dispositivo. Estamos viendo infancias que no juegan, niños muy sobre estimulados y que se apropian de un dispositivo antes que el lenguaje", advirtió.

La especialista aseguró que "hoy en día la salud se mide también en horas de desconexión". En tanto, sobre un eventual proyecto, dijo que "lo importante no es prohibir, sino regular. Las familias no pueden enfrentar solas a las plataformas que están diseñadas para atraparlos".

A su turno, Sergio Marcelo Greco, director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pidió por un "proyecto de ley que sea integral" y mencionó que actualmente hay presentados 55 sobre esta temática. Al destacar legislación internacional y fallos judiciales en torno a este tema, recordó que "hay seis países que regularon el acceso a las redes a los 16 años y unos 15 países que en este momento están discutiendo el acceso entre los 14 y los 16 años". "Los niños son vulnerables y merecen protección específica", enfatizó.

María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de CABA y presidenta de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestó que "es necesario regular este tema como han hecho otros países" y opinó que hay "mínimos indispensables que debe contener cualquier marco normativo", tales como "el deber de mitigación integral de riesgos; seguridad desde el diseño y por defecto; verificación de edad efectiva; límites al perfilamiento y la publicidad dirigida; evaluaciones de impacto y supervisión estatal; participación de chicos y chicas; y creación de un programa nacional de educación digital", entre otros.

También expusieron Juan Cruz Giménez, defensor de los Derechos de las NNyA de Santa Fe; Gabriel Bustos, líder cristiano juvenil y autor de libros sobre la temática; Gabriel Hojman Sirvent, del Consejo Consultivo de Salud Mental; y Damián Supply, psicólogo infanto juvenil, especialista en bienestar digital y coordinador del área "Prevención y promoción de salud en niñez y adolescencia" del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Entre Ríos se consolidó entre las provincias con mayor transparencia fiscal de la Argentina al alcanzar el segundo lugar en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) elaborado por Cippec. Con una calificación de 9,75 sobre 10, solo fue superada por Córdoba, que logró 9,90 puntos, mientras que Santa Fe completó el podio con 9,70.

El desempeño entrerriano sobresale también al compararlo con la media nacional. El promedio de las 24 jurisdicciones evaluadas fue de 7,8 puntos, por lo que la provincia se ubicó casi dos puntos por encima del conjunto del país.

El ITPP mide la calidad de la información presupuestaria y fiscal que los gobiernos provinciales ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus portales oficiales. Para ello analiza no solo la publicación de los datos, sino también su nivel de detalle, accesibilidad y actualización.

La evaluación se estructura en cuatro grandes áreas: presupuesto, ejecución y rendición de cuentas, recursos y mecanismos de divulgación. Sobre la base de esos criterios, Entre Ríos logró posicionarse entre las jurisdicciones con mejores estándares de acceso a la información pública relacionada con la administración de los recursos del Estado.

El ranking 2024 ubicó detrás de Entre Ríos a Santa Fe, Tierra del Fuego y Neuquén, consolidando a la provincia dentro del grupo de los distritos con mayor nivel de apertura y disponibilidad de datos fiscales.

Desde Cippec remarcaron que la transparencia presupuestaria constituye una herramienta clave para fortalecer la rendición de cuentas y garantizar el acceso ciudadano a la información pública. Además, señalaron que la difusión de las cuentas estatales permite evaluar el destino de los recursos públicos y el impacto de las políticas implementadas por los gobiernos.

El informe también destaca una mejora sostenida en los niveles de transparencia presupuestaria de las provincias argentinas durante los últimos años. Según el estudio, las diferencias entre jurisdicciones se redujeron y se amplió el acceso de la ciudadanía a información fiscal relevante, una tendencia que favorece el control público y la calidad institucional.

El diputado nacional Esteban Paulón solicitó formalmente al presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, senador Ezequiel Atauche, la convocatoria a una reunión especial y la realización de un examen de emergencia por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) a fin de determinar la registración, trazabilidad y destino de aproximadamente $4 billones obtenidos como financiamiento neto en la licitación de deuda del pasado 29 de julio.

El pedido surge tras las controversiales declaraciones del titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien admitió públicamente no saber con precisión el destino del excedente financiero y lanzó la frase "en algún lado están" y sostuvo que es una cuestión que debría ser respondida por el Tesoro.

“No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”, fueron las palabras de Bausili.

A través de esta presentación, el legislador exige que Economía, Finanzas y el BCRA detallen en qué cuentas se acreditaron los fondos, qué movimientos tuvieron y si se usaron para operaciones cambiarias o cancelación de obligaciones. “La ausencia de información oficial suficiente deja abiertas hipótesis de significativa gravedad institucional que no pueden ser simplemente descartadas con afirmaciones genéricas”, alertó Paulón y exige al Gobierno explicaciones sobre dónde están los recursos, cómo fueron registrados, qué movimientos tuvieron y cuál fue el destino final.

“Cuando se trata de recursos públicos, 'en algún lado' no es una cuenta contable ni puede ser una respuesta institucional; el Congreso debe ejercer el control de manera inmediata", concluyó Paulón.

“Estamos hablando de varios billones de pesos obtenidos mediante una operación de endeudamiento del Estado Nacional, cuyo recorrido financiero y destino deben poder ser identificados con absoluta precisión por los organismos responsables de su administración”, planteó el diputado santafecino.

Al respecto, agregó que “los fondos públicos no pueden estar ‘en algún lado’”, sino que “deben estar registrados, contabilizados, localizados y aplicados a un destino determinado, conforme las normas que regulan la administración financiera del Estado”.

La iniciativa que elimina el límite para intendentes y legisladores está en Legislación General, pero el massismo reclama que sea girada a Reforma Política. Ambas Comisiones se reúnen este martes.

El debate por la eliminación de los límites a las reelecciones en la provincia de Buenos Aires tendrá este martes un nuevo capítulo en el Senado bonaerense, con la reunión de dos comisiones que quedaron en el centro de la disputa por el proyecto de ley presentado por la senadora de FP Ayelén Durán, proyecto que es considerado como el del Ejecutivo.

La Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, presidida por la senadora de FP Malena Galmarini, se reunirá a las 11, mientras que a las 13 está prevista la reunión de Legislación General, que conduce el senador de la mismo bancada Germán Lago. El proyecto de Durán se encuentra en análisis actualmente en esta última Comisión.

La ubicación del expediente generó un conflicto dentro del oficialismo. El massismo reclama que la iniciativa sea girada a Reforma Política y Régimen Electoral, al considerar que por su contenido corresponde que sea analizada por ese Cuerpo, mientras que el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof busca avanzar desde Legislación General, donde los números les son favorables.

La disputa tiene un componente clave: si Legislación General avanza con el tratamiento y consigue emitir dictamen, el proyecto podría quedar en condiciones de continuar su recorrido hacia el recinto, sin necesidad de pasar previamente por la comisión que preside Galmarini.

La iniciativa de Durán propone eliminar el límite vigente para las reelecciones de los intendentes, pero también para los legisladores bonaerenses. El proyecto es respaldado por el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que sostiene al gobernador Kicillof.

El debate volvió a tomar fuerza luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificara la posición de la administración provincial a favor de eliminar las restricciones.

“Todos los intendentes están a favor de la reelección”, aseguró el funcionario, en referencia a los jefes comunales de distintos sectores políticos.

Bianco también reclamó avanzar con el proyecto de Durán o con una iniciativa similar. “Nuestra idea es que sí, que se avance en el tratamiento de ese proyecto, o de algún proyecto similar”, sostuvo.

El escenario de este martes podría ser determinante para conocer si el expediente comienza finalmente a avanzar en el Senado o si la disputa entre el kicillofismo y el massismo vuelve a trabar su tratamiento.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a respaldar la eliminación del límite a las reelecciones de los intendentes y aseguró que la totalidad de los jefes comunales de la provincia está a favor de la medida.

Además, cuestionó a los legisladores que responden a esos alcaldes y que se niegan a acompañar una modificación de la normativa vigente.

“Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos de la provincia. Todos están a favor de la reelección”, aseguró Bianco durante su habitual conferencia de prensa.

El funcionario apuntó luego contra la supuesta contradicción entre esa postura y la de los senadores y diputados opositores “ahora hay muchos que les decís: ‘Bueno, entonces, los legisladores que te representan, que lo voten’. ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y, bueno, así medio difícil, amigo”, lanzó.

Bianco ratificó así la posición del Gobierno de Axel Kicillof a favor de eliminar el límite vigente y sostuvo que la continuidad de los intendentes debería quedar en manos de los electores de cada municipio.

“Nosotros creemos que quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, que es donde la población tiene una mayor cercanía con su gobierno, es el pueblo”, planteó.

En ese sentido, consideró que la limitación de mandatos es “proscriptiva” y argumentó que “no está contemplada en la Constitución la limitación de mandatos de los intendentes”.

La iniciativa propone eliminar el límite no solo para los intendentes, sino también para los legisladores bonaerenses, "nuestra idea es que sí, que se avance en el tratamiento de ese proyecto, o de algún proyecto similar”, afirmó Bianco.

El crecimiento acelerado de la producción petrolera en Vaca Muerta abrió un nuevo desafío para la industria: ampliar la infraestructura necesaria para transportar cada vez más crudo hacia los mercados locales y de exportación. En ese escenario avanza Duplicar Norte, el proyecto de Oldelval que busca reforzar la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina y acompañar la expansión del shale oil argentino.

La iniciativa contempla la construcción de un oleoducto de 207 kilómetros que conectará Auca Mahuida, en Neuquén, con la localidad rionegrina de Allen. Una vez finalizado, el sistema podrá transportar hasta 500.000 barriles diarios, convirtiéndose en una pieza estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta.

La obra es ejecutada por Techint E&C bajo la modalidad EPC y prevé la instalación de un ducto de 24 pulgadas de diámetro. El cronograma establece que la primera etapa estará operativa hacia fines de 2026, mientras que la habilitación total está prevista para marzo de 2027.

El incremento de la capacidad será gradual. En una primera fase, Duplicar Norte permitirá transportar 220.000 barriles diarios. Posteriormente, esa capacidad ascenderá a 300.000 barriles por día hasta alcanzar los 500.000 barriles diarios proyectados para la etapa final.

La ampliación también tendrá un impacto significativo sobre el sistema de transporte existente. Según los cálculos del proyecto, la capacidad pasará de 20.400 a 55.400 metros cúbicos diarios, fortaleciendo la red que conecta la producción neuquina con los principales centros de despacho.

La terminal de Allen tendrá un rol central dentro de ese esquema. Allí, el nuevo ducto se integrará al sistema troncal de Oldelval y se conectará con el desarrollo de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la futura vía de transporte que permitirá llevar el crudo hasta la costa atlántica de Río Negro para su exportación por vía marítima.

Por eso, Duplicar Norte aparece como una de las obras clave para evitar que la infraestructura se convierta en un freno para el crecimiento de la producción. El proyecto forma parte de un conjunto de inversiones destinadas a ampliar la capacidad logística de la cuenca.

Los trabajos se despliegan actualmente a lo largo de más de 200 kilómetros de traza y avanzan en varios frentes de manera simultánea. Las tareas incluyen zanjeo, curvado de caños, soldadura, revestimiento y ejecución de cruces especiales.

Uno de los indicadores más relevantes del avance es la construcción de los cruces especiales. De los cerca de 160 previstos para toda la obra, ya fueron completados aproximadamente 114. Entre ellos sobresale el cruce bajo la Ruta Nacional 151, realizado mediante una tunelera.

En paralelo, continúan las tareas de soldadura del ducto. El proyecto contempla unas 17.500 juntas soldadas, además del montaje de válvulas e instalaciones complementarias fabricadas en talleres de prefabricación.

Otro de los hitos recientes fue la finalización de las tareas en la denominada Planta de Doble Junta, una instalación especialmente montada para acelerar la construcción y que ya concluyó su operación.

“La complejidad del proyecto no radica solamente en construir más de 200 kilómetros de ducto, sino también en coordinar múltiples frentes de trabajo que avanzan simultáneamente a lo largo de toda la traza para cumplir un cronograma muy exigente”, señaló Martín Casalla, project manager de Duplicar Norte.

Durante el pico de actividad, la obra llegará a movilizar alrededor de 850 trabajadores entre empleo directo e indirecto.

La construcción de Duplicar Norte avanza en paralelo con otras iniciativas que buscan adaptar la infraestructura nacional al crecimiento de Vaca Muerta. El aumento de la producción obligó a acelerar inversiones en transporte, almacenamiento y terminales de exportación para evitar restricciones operativas.

En ese contexto, el proyecto de Oldelval se complementa con Duplicar+ y con VMOS, dos desarrollos que modificarán de manera sustancial la capacidad de evacuación de petróleo de la cuenca neuquina. Juntas, estas obras buscan garantizar que el incremento de producción pueda transformarse en mayores exportaciones y en una consolidación del shale argentino en los mercados internacionales.

Una explosión ocurrida este lunes poco después de las 14 en un yacimiento de Vaca Muerta dejó como saldo tres trabajadores heridos y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en la zona de El Trapial, donde opera la compañía Chevron.

El incidente se produjo en la batería 1 del yacimiento y, según las primeras informaciones, habría sido consecuencia de una reacción química. La detonación generó una fuerte onda expansiva que alcanzó a tres personas que se encontraban en las inmediaciones.

La trabajadora que sufrió las lesiones más importantes pertenece al área de Seguridad e Higiene. Tras el accidente fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces para su evaluación y atención médica.

En tanto, otros dos operarios, afiliados al Sindicato de Petroleros Privados, sufrieron heridas leves y fueron derivados a un centro de salud de la región. Fuentes vinculadas al sector indicaron que ambos se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión provocó la proyección de esquirlas a una distancia superior a los 1.000 metros, lo que da cuenta de la magnitud del evento ocurrido en el yacimiento ubicado a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces.

La emergencia activó los protocolos de seguridad previstos para incidentes con materiales peligrosos. Por ese motivo, intervinieron equipos sanitarios, personal policial y bomberos voluntarios, que trabajaron en el lugar para controlar la situación y asistir a los afectados.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados señalaron que las causas del hecho aún no fueron determinadas y que será necesario realizar peritajes para establecer con precisión qué originó la explosión.

"Aparentemente se trató de una reacción química, pero todavía no está claro y habrá que esperar los resultados de las pericias", indicaron fuentes gremiales.

Respecto del estado de salud de la trabajadora herida, desde el sector informaron que presentó traumatismos en la cadera y en la cabeza. Los médicos le realizaron estudios de diagnóstico, entre ellos tomografías, para descartar lesiones de mayor gravedad.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, las autoridades y la empresa continúan evaluando las condiciones de seguridad en el área afectada

La provincia de Chubut dio inicio a una obra estratégica para el abastecimiento energético de Paso de Indios. Coral Energía, empresa del Grupo Corven especializada en generación y almacenamiento de energía, firmó el contrato para desarrollar una microrred híbrida que demandará una inversión de US$ 5,4 millones y que promete transformar el sistema eléctrico de la localidad.

El proyecto busca garantizar un suministro más estable, eficiente y sustentable para una comunidad que actualmente depende de equipos de generación alimentados con combustibles fósiles. La iniciativa apunta no solo a mejorar la calidad del servicio, sino también a reducir costos operativos y el impacto ambiental asociado a la generación convencional.

La firma del contrato y del acta de inicio de obra se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de Chubut, encabezada por el gobernador Ignacio Torres. Del acto participaron el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Paso de Indios, Héctor Eduardo Méndez; autoridades de la Empresa Provincial de Energía Chubut (EPECh); directivos de Coral Energía y legisladores provinciales.

La obra contempla la construcción de una microrred híbrida compuesta por una planta solar fotovoltaica de 3 MW, un sistema de almacenamiento en baterías de 5 MWp y un generador diésel de respaldo de 1 MVA. La combinación de estas tecnologías permitirá optimizar la generación eléctrica y reducir cerca del 80% del consumo de combustible utilizado por los actuales grupos electrógenos.

Desde la compañía destacaron que el esquema también generará beneficios ambientales y sociales. Además de disminuir significativamente las emisiones asociadas a la generación eléctrica, reducirá la contaminación sonora provocada por los motores diésel que hoy abastecen a la localidad.

Por sus características, el proyecto es considerado un modelo innovador para comunidades alejadas de los grandes sistemas de distribución eléctrica. La experiencia podría convertirse en un caso de referencia para replicar en otras localidades de Chubut y del resto del país.

“Estamos muy contentos de llegar a Chubut con un proyecto innovador y sostenible que permitirá brindar energía segura, limpia y más económica a la comunidad de Paso de Indios.

Agradecemos al gobernador Ignacio Torres, al intendente Héctor Eduardo Méndez, a sus equipos y a la EPECh por la confianza y el trabajo conjunto. Esperamos que este sea el primero de muchos proyectos que contribuyan al desarrollo energético de la provincia y de sus localidades”, afirmó Juan Carlos Fernández, presidente de Coral Energía.

Con este desembarco en Chubut, la empresa suma una nueva provincia a su cartera de proyectos. Actualmente desarrolla iniciativas energéticas en Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Córdoba y Buenos Aires, en el marco de un plan de expansión que ya acumula 250 MW de potencia adjudicada en el país.

El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para crear el "régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito". "La morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente", señaló.

A través de una exposición del texto en X, el legislador bonaerense responsabilizó al Poder Ejecutivo por esta situación: "Aunque el Gobierno diga que es un tema entre privados, desde que llegó (Javier) Milei al poder se multiplicó la morosidad de las familias y se disparó el crédito de corto plazo".

Luego, aseveró que "la gente no saca créditos para hacer una cascada en la pileta, sino para pagar gastos corrientes y llegar a fin de mes". Según el último informe de la Consultora Zentrix, el 85,5% de las personas consultadas se queda sin ingresos al llegar al día 20, principal razón que conlleva a la utilización de créditos de billeteras virtuales.

Por su parte, Mesa de Entradas de la Cámara baja ha recibido cerca de 20 proyectos de ley relacionados a desendeudamiento familiar en lo que va del período ordinario. "La delicada situación socio-económica de la Argentina y las conductas abusivas de las aplicaciones y billeteras virtuales -con intereses usureros, falta de información al consumidor, etc- han creado un nuevo tipo de deudor moroso que necesita ser abordado con una legislación específica", explicó Juliano.

Para terminar, el diputado de Provincias Unidas cargó: "El Estado no tiene que absorber el pasivo de los privados, pero eso no significa que se tenga que correr del todo". Y cerró: "Ya son más de ocho millones los argentinos con crédito fintech, y la morosidad no bancaria supera el 30%. Debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente".

Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda vuelven a reunirse este miércoles 12 de agosto a las 15.00 para continuar con el debate del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La reunión informativa contará con las exposiciones de Miguel Boggiano; del licenciado en Finanzas, Héctor Rubini; del economista Ramiro Castiñeira; del consultor financiero Aldo Abram; y del presidente de Bolsas y Mercados Argentinos, Claudio Zuchovicki.

El primer encuentro en torno a este tratamiento ocurrió la semana pasada con la presencia de Santiago Bausilli, actual presidente del Banco Central, quien afirmó que la entidad ya opera con un esquema como el que se propone y que el mismo no se trata de “ninguna idea revolucionaria ni experimento”.

Según supo parlamentario.com, el plan del oficialismo, a priori, es tener listo el dictamen antes de la semana del miércoles 26 de agosto, fecha elegida para convocar a una sesión especial.

El proyecto del Ejecutivo

Entre los principales cambios que propone el Gobierno nacional, la más rimbombante es definir como misión central del BCRA a la preservación del valor de la moneda nacional. Y asu vez, elimina los objetivos múltiples definidos en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, en la presidencia de Cristina Kirchner.

Además, se endurecen las condiciones para remover al presidente y directores del Banco Central, exigiendo causales específicas y aprobación de ambas cámaras del Congreso por mayoría de dos tercios.

Y exige que la remoción de autoridades cuente con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes, reforzando la independencia de la entidad frente al Poder Ejecutivo.

Por otro lado,  se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del BCRA; se derogan los adelantos transitorios y se prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Estado nacional, provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios; y el BCRA no podrá adquirir títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.

Funcionarios del Ministerio de Economía expondrán sobre el proyecto de ley Súper RIGI ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General del Senado. La reunión se realizará este miércoles desde las 16, en el Salón Azul.

De acuerdo a la citación, estarán presentes Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción; y Daniela Ramos, subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento.

La iniciativa impulsada por el Gobierno ya cuenta con media sanción de Diputados y tiene como objeto replicar un esquema similar a lo que fue el RIGI de la Ley Bases -apuntado a energía, hidrocarburos y minería-, pero destinado específicamente a nuevas industrias que todavía no están desarrolladas en el país, con eje sobre sectores tecnológicos (inteligencia artificial) y productivos.

De esta manera, con el fin de atraer grandes inversiones, en el proyecto se prevén beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, por unos 30 años.

Los proyectos que ingresen a este régimen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares. A su vez, tendrá que ejecutarse al menos el 20% de inversión dentro de los primeros dos años. Los titulares adherirán al régimen a través de los llamados "Vehículos de Proyecto Único" (VPU).

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias (alícuota del 15%), amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones realizadas durante el debate en la Cámara baja, se incorporó entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI, el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina"; se depositó en el PEN la facultad de definir las "nuevas actividades económicas"; se estableció un "plan de desarrollo de proveedores locales" y la creación de un registro públicos de los proyectos del Súper RIGI.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola defenderán sus pliegos en el Senado este miércoles, día que está previsto se desarrolle la audiencia pública a la que fueron citados por estar propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la estratégica Cámara Federal.

La Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, tiene previsto analizar esta semana 28 postulaciones de jueces, fiscales y defensores enviadas por el Gobierno.

Entre ellas se destacan las de Bertuzzi y Yadarola, candidatos a integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se trata de un tribunal clave, dado que revisa fallos de primera instancia, y podría definir el futuro de causas sensibles para la administración libertaria, como ANDIS o $LIBRA, la cual directamente involucra al Presidente Javier Milei y su hermana.

En el caso de Bertuzzi ya integraba la Cámara, a donde había llegado en 2018 por un traslado del expresidente Mauricio Macri, lo que siempre fue cuestionado por el kirchnerismo. De hecho, cuando llegó el Frente de Todos al poder, el Senado aprobó la suspensión de esos traslados. Sin embargo, luego la Corte -que afirmó que los traslados eran inconstitucionales- dispuso que los jueces se mantuvieran provisoriamente en sus cargos, hasta que se realicen los concursos para cubrir formalmente las vacantes.

En efecto, Bertuzzi concursó por el cargo y quedó en la terna elevada al PEN por el Consejo de Magistratura.

En cuanto a Yadarola, es cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y fue parte de la comitiva que en 2022 viajó a Lago Escondido junto a jueces, exfuncionarios porteños, exagentes de inteligencia y empresarios de medios. Otro episodio que el kirchnerismo denunció en reiteradas ocasiones.

Con estos antecedentes, se espera que la oposición cuestione las postulaciones. Ambos figuran en el último lugar para exponer. Tanto la audiencia del miércoles, como la de este jueves, se realizará a partir de las 11 en el Salón Azul.

Todos los postulantes que se presentarán esta semana

Miércoles 12 de agosto a las 11 horas

Mensaje N° 117/26 que solicita acuerdo para designar defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15, a Nuria Saba Sardañons

Mensaje N° 111/26 que solicita acuerdo para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2, Hernán Enrique Figueroa

Mensaje N° 112/26 que solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal, a Lucila Califano

Mensaje N° 116/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal, a Javier Rodrigo Pereyra

Mensaje N° 118/26 que solicita acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal, a Vanesa Silvana Alfaro

Mensaje N° 119/26 que solicita acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal, a Mariana Salduna

Mensaje N° 125/26 que solicita acuerdo para designar fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3, a Natalia Cecilia Crede

Mensaje N° 157/26 que solicita acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal, a Evangelina María Lasala

Mensaje N° 164/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal, a Sebastián Rodrigo Ghersi

Mensaje N° 165/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, a Juan Manuel Cabral

Mensaje N° 166/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal, a Sergio Alejandro Echegaray

Mensaje N° 167/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal, a Maximiliano Alberto Leandro Callizo

Mensaje N° 183/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42 de la Capital Federal, a Diego Andrés Villanueva

Mensaje N° 214/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I, a Pablo Daniel Bertuzzi

Mensaje N° 216/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I, a Pablo Yadarola

Jueves 13 de agosto a las 11 horas

Mensaje N° 185/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 de la Capital Federal, a Miguel Ángel Asturias

Mensaje N° 188/26 que solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 69 de la Capital Federal a Karina Gabriela Rapkinas

Mensaje N° 191/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal a Federico Alfredo Battilana

Mensaje N° 192/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38 de la Capital Federal a Adolfo Omar Piendibene

Mensaje N° 193/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C, a Valeria Pérez Casado

Mensaje N° 198/26 que solicita acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal a Walter Alfredo Cavassa

Mensaje N° 199/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal a Juan Pablo Ángel Sala

Mensaje N° 200/26 que solicita acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal a Pablo César Cina

Mensaje N° 201/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la Capital Federal, a Juan Santiago Ylarri

Mensaje N° 205/26 que solicita acuerdo para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 6, a Esteban José Chervin

Mensaje N° 206/26 que solicita acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 3, a Daniel Fernando Cano

Mensaje N° 207/26 que solicita acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 43, a Patricia Luján Cisnero

Mensaje N° 208/26 que solicita acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 35, a Juan Noel Varela

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante el alcance del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo, al considerar que implica un “retroceso” respecto de una medida reclamada por los empresarios e impulsada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger.

Según la entidad, la medida termina “desvirtuando” uno de los objetivos centrales planteados originalmente por la reforma laboral: evitar que los empleadores sean obligados a financiar estructuras, que aumentan el costo laboral.

Y es que, por cada empleado de comercio, las empresas están obligadas a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), aunque el empleado no reciba capacitación. Con ese argumento, se recaudan más de $30.000 millones al año, que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las empresas no quieran asociarse a ellas.

“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponerle una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó”, sostuvo la entidad.

CADAM recordó que el proyecto de ley original de la reforma laboral establecía expresamente que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores tendrían carácter estrictamente voluntario. Sin embargo, durante el tratamiento legislativo se produjeron modificaciones sustanciales.

En una versión posterior, la voluntariedad quedó diferida hasta el 1° de enero de 2028, pero, finalmente, el texto sancionado por el Congreso estableció que los aportes, contribuciones y otros conceptos previstos en las convenciones colectivas en beneficio directo o indirecto de cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores.

De esta manera, se pasó de establecer su carácter “voluntario” a fijar un tope y, posteriormente, mediante el Decreto 612/2026, se estableció que las contribuciones y aportes que los empleadores se comprometan a efectuar en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.

“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtieron.

El detrás de un recibo de sueldo y un ticket de compra del supermercado

Durante el “Observatorio Político y Económico”, que se llevó a cabo en el Sheraton Pilar, se puso especial énfasis en qué sucede con cada peso que aporta una empresa y cuánto de ese costo termina impactando sobre el ingreso disponible de los trabajadores y sobre el precio que paga como consumidor.

“La gente tiene que saber qué pasa con sus ingresos”, fue uno de los conceptos planteados durante la jornada. Desde CADAM explicaron que detrás de un recibo de sueldo existe una estructura de costos que incluye salarios, cargas laborales, aportes y contribuciones, mientras que detrás de un ticket de compra de supermercado existe otra cadena de impuestos, tasas, percepciones, retenciones y costos regulatorios que finalmente termina pagando el consumidor.

En el caso de un trabajador de Comercio, entre los aportes y contribuciones, señalaron:

1. Contribución Solidaria por COVID-19, que ahora cambió de nombre, pero se sigue destinando a la obra social OSECAC y se continúa cobrando hasta hoy, incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social.
2. Aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), aunque el empleado no reciba capacitación.
3. Seguro complementario de retiro obligatorio, que representa el 1,6% del salario del trabajador.

Y si se suma, además los restantes aportes sociales, de $2.128.749,84 que se aporta por un trabajador, recibe en mano apenas el 65,67%, es decir, $1.397.943. Y mientras las ventas continúan mostrando un escenario complejo, particularmente en categorías como perfumería, productos de limpieza y bebidas, el trabajador -como consumidor- llega a pagar hasta la mitad del precio de un producto en concepto de impuestos. “Por cada paquete de fideos que compra, hasta el 49,1 % de lo que paga son impuestos”, señalaron.

Además, el sector manifestó preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares, que durante los últimos años recurrieron crecientemente a tarjetas de crédito, billeteras virtuales, préstamos y otras herramientas de financiamiento para sostener su consumo.

“No podemos desconocer dónde estábamos y dónde estamos"

Los empresarios mayoristas también remarcaron que el análisis del escenario actual debe contemplar el cambio de rumbo de la economía argentina. La reducción de la inflación respecto de los niveles de años anteriores, la eliminación del cepo cambiario como restricción estructural y el orden de las cuentas públicas constituyen, para el sector, avances relevantes.

“La estabilidad macroeconómica no es una cuestión abstracta para quienes trabajamos todos los días en empresas. Es la condición necesaria para poder invertir, contratar, planificar precios, financiar stock y proyectar nuestros negocios”, destacaron.

Es por eso que desde CADAM manifestaron su voluntad de acompañar el proceso de transformación económica, pero remarcaron que la estabilidad macroeconómica debe traducirse en crecimiento de la economía real.

“Queremos una Argentina donde las empresas puedan crecer sin pedir permiso, donde contratar a un trabajador no sea un riesgo, donde ahorrar no sea castigado por la inflación y donde el éxito empresarial no sea visto como algo que hay que penalizar. También queremos un sistema tributario que premie la inversión y no castigue la actividad”, concluyeron.

“Desde el sector mayorista queremos ser parte de esa transformación. Tenemos dificultades, sí. Pero también tenemos una oportunidad. Queremos que esta vez la estabilidad sea el punto de partida de una Argentina que vuelva a crecer”, remarcó el presidente de CADAM, Juan Castro, quien recientemente fue reelegido al frente de la cámara empresaria.

El diputado nacional Guillermo Michel (UP) volvió a poner en el centro de la agenda la situación de endeudamiento que atraviesan millones de familias argentinas y denunció que el Gobierno nacional “cajoneó” los proyectos de desendeudamiento familiar que varios legisladores presentaron sobre el tema.

Desde el bloque peronista señalaron que la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los gastos fijos y el encarecimiento del crédito llevaron a muchos hogares a recurrir a tarjetas de crédito, fintechs y otros proveedores no financieros para cubrir consumos cotidianos y gastos esenciales.

En este contexto, el diputado massista cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional y recordó que se realizó una propuesta concreta para aliviar la situación de las familias. “En enero de este año, presentamos un proyecto para que la gente tenga la oportunidad de desendeudarse hace seis meses, pero el gobierno lo ‘cajoneó’ porque no le importa la gente”, sostuvo el dirigente entrerriano.

El proyecto plantea la creación de un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

A su vez, la propuesta establece créditos de hasta $1.500.000, con un costo financiero total limitado a TAMAR + 10 puntos porcentuales y una cuota que no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario. De esta manera, el objetivo es reemplazar deudas de tasas elevadas por un financiamiento pagable, sin comprometer la capacidad de consumo de las familias.

El problema no es solamente financiero, sino también social: el crecimiento del endeudamiento está vinculado a la necesidad de muchas familias de financiar gastos cotidianos en un contexto de ingresos insuficientes. Por eso, Michel planteó que “el Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”.

Diputados denunciantes de Manuel Adorni se refirieron este lunes al requerimiento de la Justicia al exjefe de Gabinete para que justifique su patrimonio, lo que podría ser la antesala de una eventual imputación.

"A cada chancho le llega su San Martín. No había otra opción", expresó el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) en relación al pedido del fiscal Gerardo Pollicita al exfuncionario, para que explique sus bienes e ingresos.

Juliano señaló que "la Justicia, en sus investigaciones preliminares, comprobó decenas de irregularidades en el veloz y pornográfico crecimiento patrimonial del exvocero y exjefe de Gabinete de Javier Milei. Ahora llegó el turno de justificar todas sus maniobras".

"¿Le van a creer lo del pendrive? ¿Son verosímiles los créditos de las jubiladas y mujeres policías? ¿O le van a creer al excontratista que tiene todo en Excel? ¿A las secretarias que tuvieron que usar sus tarjetas de crédito para comprar bienes de lujo para Adorni a cambio de dólares cash? ¿Por qué Adorni manejaba tantos dólares físicos? ¿De dónde salían? ¿Eran sus ahorros, que empezó a usar cuando debutó en la gestión pública, como dijo en la TV?", se preguntó.

Además, el opositor consideró que "el metaverso Adorni empieza a caerse en la Justicia. Dejémosla actuar". "PD: Esta semana el oficialismo quiere avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal 2, para que los Adornis de la actualidad se sumen. Más casta, imposible", añadió.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) explicó que este requerimiento de Pollicita "es una instancia previa a la imputación, pero seguramente le va a costar a Adorni explicar su crecimiento patrimonial de más del 2.000% entre la declaración jurada de bienes presentada cuando asumió y la declaración jurada con varias rectificaciones que tuvo que presentar después de las denuncias públicas y que iniciáramos las distintas causas judiciales".

"Si el fiscal entiende que no son suficientemente claras o contundentes las explicaciones, avanza en la imputación", indicó y opinó que "seguramente pida la imputación y el llamado a indagatoria, que será en unas semanas".

Además, el santafesino dijo que "son varias las figuras que la fiscalía puede incorporar en la causa" como "malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias". Y añadió que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, "seguramente va a ser incorporada en la investigación".

"En la causa de enriquecimiento ilícito si él logra acreditar el origen de los fondos se puede dictar la falta de mérito. Pero la más difícil para Adorni es la causa por el viaje a Punta del Este", afirmó en declaraciones a radio Continental.

ADORNI TIENE 15 DÍAS PARA EXPLICAR LO QUE NO PUDO EXPLICAR DURANTE 5 MESES.

Por suerte, la investigación judicial por enriquecimiento ilícito avanza. El fiscal Pollicita fue claro, Adorni y su esposa registraron “incrementos, adquisiciones y desembolsos” que, confrontados con…

— maxi ferraro (@maxiferraro) August 10, 2026

Tras lo sucedido en la última sesión en torno a su situación personal, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) presentó un proyecto para modificar el reglamento del Senado y que "exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota, mientras dure esa restricción".

Al anunciar este lunes la iniciativa, la legisladora aseguró que se trata de que "a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza", en relación a que no pudo participar ni votar en la sesión en la que se trató el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Si bien Fernández Sagasti, quien cursa un avanzado embarazo de riesgo, había solicitado que se le otorgue la posibilidad de participar y votar virtualmente y la vicepresidenta Victoria Villarruel la autorizó -pero dejando la resolución en manos del Cuerpo-, el pleno del Senado no sometió a votación el decreto de Presidencia y envió el asunto a comisión.

En defensa de su proyecto, la camporista señaló que "es un criterio único, objetivo y acotado: certificación médica que acredite riesgo de embarazo y contraindicación de viaje. No es una puerta abierta a cualquier pedido. Es una excepción puntual, para una situación puntual".

Asimismo, insistió en que tiene como fin que "ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave".

Además, Fernández Sagasti recordó que "no es la primera vez que el Senado resuelve esto: sesionamos de forma virtual durante la pandemia, con el aval de la Corte Suprema (sin cambiar el reglamento). Sabemos hacerlo cuando queremos".

"Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo", sostuvo.

Fernández Sagasti dijo también que le "hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión". Esto último fue en referencia al pedido que también había solicitado para participar remotamente el radical catamarqueño Flavio Fama, operado de la rodilla.

"Por eso presenté este proyecto. Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza", concluyó la mendocina.

A cargo del Senado mientras Javier Milei está en Colombia y por ende, Victoria Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo, Bartolomé Abdala, en su rol de presidente provisional de la Cámara alta, firmó el giro de la media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según constató parlamentario.com, la iniciativa ya ingresó a Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados. Por lo que, desde este viernes, el Cuerpo que preside Martín Menem quedó habilitado para convocar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para su tratamiento en la cámara revisora.

En el oficialismo reinó la tranquilidad al saber que sería el puntano quien esté a cargo de la rúbrica del trámite y no la vicepresidenta de la Nación debido a que en La Libertad Avanza la miran con desconfianza e, incluso, muchos consideraban que podía llegar a retrasar el giro. Sin embargo, con Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo, fue el propio Abdala, quien aceleró el envío.

El camino del proyecto en el Senado

El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ingresó al Senado con 51 artículos y seis capítulos de reformas. Pero durante el tratamiento en comisiones se desestimaron los cambios al marco normativo que rige sobre el Renabap.

Luego de varios intentos de llegar al recinto, en la previa a la sesión ordinaria, la iniciativa sufrió la eliminación del capítulo que reformaba a la Ley de Tierras que inicialmente pretendía quitar todo tipo de límites a la posbilidad de dominio extranjero sobre los campos rurales.

Ya con los apoyos desgastados, el oficialismo en la Cámara alta debió quitar el capítulo que derogaba un par de artículos a la Ley de Manejo del Fuego y el dictamen solo contiene los cambios a la Ley de Expropiaciones más los capítulos que agilizan desalojos y el de actualización al Registro de la Propiedad Privada.

Diputados analiza el escenario

Todavía no hubo comunicaciones formales o informales respecto a la posibilidad de que La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados haga un intento por recuperar alguno de los capítulos perdidos. Pero según trascendidos que llegaron desde Balcarce 50, la intención, a priori, es tratar el despacho que se aprobó en la madrugada de este viernes 7 de agosto.

De todos modos, las comisiones que presiden el santafesino Nicolás Mayoraz, Asuntos Constitucionales, y Santiago Santurio, Legislación General, ya están habilitadas a convocar la reunión plenaria.

Bio4 redobla su apuesta por el bioetanol. La compañía cordobesa anunció un plan de inversiones por US$ 70 millones que se ejecutará durante los próximos tres años con el objetivo de ampliar la capacidad de producción de su complejo industrial de Río Cuarto y posicionarse para una etapa de mayor crecimiento de los biocombustibles.

El proyecto permitirá que la planta supere los 900 metros cúbicos diarios de bioetanol hacia 2028, un salto que demandará el procesamiento de unas 800.000 toneladas de maíz al año. Para la empresa, la iniciativa representa un nuevo paso en la estrategia de agregar valor a la producción agrícola y fortalecer la industrialización del cereal en origen.

El anuncio llega poco después de que Bio4 finalizara otra expansión que incrementó en un 25% su capacidad productiva. Desde la firma remarcaron que las inversiones industriales de esta magnitud requieren largos períodos de planificación, por lo que los nuevos desarrollos comienzan a diseñarse incluso antes de que concluyan los proyectos en ejecución.

“Las inversiones industriales se planifican con mucha anticipación. La ampliación que hoy estamos poniendo en marcha empezó a pensarse hace más de dos años y, mientras terminamos ese proyecto, ya estamos trabajando en el siguiente”, señaló el CEO de Bio4, Tomás Beamonte.

Según explicó el ejecutivo, la decisión responde a la convicción de que el bioetanol y los productos derivados del maíz tendrán una participación creciente en la matriz energética y en distintos mercados vinculados a la transición hacia energías más sostenibles.

Además de aumentar la capacidad instalada, el programa contempla la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a optimizar los procesos industriales y mejorar la eficiencia operativa de la planta. El objetivo es fortalecer la competitividad de la compañía frente a una demanda que proyectan en ascenso tanto para los biocombustibles como para los coproductos generados durante el procesamiento del maíz.

Aunque el mercado argentino continúa siendo el principal destino del bioetanol producido por Bio4, la empresa observa señales alentadoras en el escenario internacional. Entre ellas destacan nuevas aplicaciones del combustible renovable en el transporte marítimo y las políticas de algunos países destinadas a incrementar el uso de energías de menor impacto ambiental.

En ese sentido, la firma destacó el reciente empleo de bioetanol por parte de la naviera CMA CGM en rutas comerciales entre Brasil y Asia, además de la decisión del gobierno brasileño de elevar el porcentaje obligatorio de mezcla de bioetanol en las naftas del 30% al 32%, una medida que amplía significativamente la demanda potencial del producto.

A nivel local, Bio4 sigue con atención la discusión sobre un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. En el sector consideran que una mayor participación del bioetanol en los combustibles líquidos podría convertirse en un factor decisivo para acelerar inversiones y ampliar la capacidad industrial instalada.

Actualmente, Argentina mantiene un corte obligatorio de bioetanol del 12%, porcentaje al que se suma otro 3% a partir de acuerdos voluntarios entre productores y compañías petroleras.

Fundada en Río Cuarto y pionera en la producción de bioetanol de maíz en el país desde 2012, Bio4 desarrolló un modelo de negocio basado en el aprovechamiento integral del cereal. Además del biocombustible, produce aceite de maíz, alimentos para nutrición animal, energía renovable y biofertilizantes, consolidando un esquema de economía circular que maximiza el valor de cada tonelada procesada.

Para Beamonte, Argentina reúne condiciones para profundizar la industrialización de su producción agropecuaria. Con abundante disponibilidad de maíz, infraestructura industrial y conocimiento técnico acumulado, la compañía considera que existen oportunidades para expandir la transformación del grano en productos de mayor valor agregado. Bajo esa visión, el nuevo desembolso por US$ 70 millones busca anticiparse a un mercado que esperan más dinámico y con creciente protagonismo de los biocombustibles en los próximos años.

En la previa del Día del Niño, el Banco Ciudad puso en marcha una serie de promociones especiales para facilitar las compras de regalos, con descuentos y amplias opciones de financiación en jugueterías, supermercados y su plataforma de comercio electrónico.

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de agosto, los clientes de la entidad podrán acceder a un 20% de descuento en jugueterías adheridas, con un reintegro máximo de $10.000 por cliente. Además, las compras realizadas con tarjeta de crédito del Banco Ciudad contarán con financiación de hasta 10 cuotas sin interés.

El beneficio estará disponible para pagos efectuados mediante código QR a través de la App Ciudad o la billetera digital Buepp, utilizando tarjetas de débito o crédito de la entidad. Entre las cadenas participantes figuran El Mundo del Juguete, Cebra, City Kids, Carrusel, Giro Didáctico y Compañía del Juguete, entre otras.

A su vez, durante las mismas jornadas habrá una promoción exclusiva en las sucursales de Coto para la compra presencial de juguetes y rodados. En este caso, quienes abonen con tarjetas de crédito del Banco Ciudad podrán financiar sus consumos en hasta nueve cuotas sin interés.

La campaña también alcanza a Tienda Ciudad, el marketplace de la entidad bancaria, donde hasta el 12 de agosto se podrá acceder a planes de financiación de hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. La propuesta incluye juguetes, bicicletas, accesorios gamer y videojuegos para consolas, entre otros artículos.

Para aprovechar los beneficios a través de Tienda Ciudad, los pagos podrán realizarse mediante QR desde la App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito, mientras que los planes de cuotas estarán habilitados para operaciones efectuadas con tarjeta de crédito.

El Banco Ciudad recordó además que sus tarjetas pueden solicitarse de manera completamente online y sin costo a través de su sitio web. Asimismo, los usuarios de Buepp tienen la posibilidad de gestionar una tarjeta de crédito digital Mastercard con emisión, renovación y resúmenes gratuitos.

Pasada la sesión en la que obtuvo media sanción el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la diputada kirchnerista Florencia Carignano cargó contra la senadora Carolina Losada, quien integra la bancada radical y es aliada incondicional de La Libertad Avanza.

Con una foto junto al tablero del recinto, donde quedó plasmado su voto a favor de la polémica iniciativa -que perdió capítulos previamente-, la opositora escribió en X: "No falla, Losada siempre votando junto a Milei". Además, la santafesina igualó a su comprovinciana con el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el Presidente Javier Milei.

"¿Vos estás de acuerdo con la ley actual de tu jefa presa por corrupción?", le devolvió la senadora, en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner y continuó: "¿Que venga Inglaterra como Estado, y se compre el 10% de nuestro país? Porque la ley vigente, la de ustedes, lo permite".

Confirmando que estaba a favor de la reforma de la Ley de Tierras, defendió: "Nosotros prohibíamos que un Estado extranjero compre en Argentina. Ni hablar de la base que le regalaron a China en nuestra Patagonia. Eso es rifar soberanía". "Pero entiendo a lo que se dedican ustedes… desinformar y destruir", completó.

Carignano no se quedó callada y le retrucó: "Caro, Caro... sabemos que la ley anterior no permitía eso. Pero la que vos impulsabas, SI. Por ejemplo, con el proyecto que vos defendías, un cartel del narcotráfico podía comprar hasta el 10% del territorio. Digo, porque recuerdo tu preocupación en la campaña anterior sobre este tema...¿Te acordás? Cuando le decías narco a Pullaro".

El jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, aseguró que la movilización de la sociedad contra el proyecto de propiedad privada provocó que senadores aliados de La Libertad Avanza se "inclinen para el lado del bien", al votar en contra.

"El camino son senadores y diputados haciendo lo que tienen que hacer y una comunidad organizada y movilizada", destacó y consideró que esto último produjo que "los sectores que van de un lugar para otro, que a veces están con (Javier) Milei, que a veces están en contra, se encuentren con una sociedad activa y esa sociedad activa los incline para el lado del bien y la justicia".

Además, el santafesino ponderó "la enorme cantidad de diálogo entre dirigentes, senadores" y dijo que "hubo muchísima gente que colaboró" en empujar la caída del capítulo de la Ley de Tierras. Entre ellos, reconoció al presidente de la UCR, Leonel Chiarella; y a gobernadores "con los que tuvimos diferencias, pero en este tema tuvieron una posición muy clara".

"Hay que poner en valor todo el trabajo que se hizo este tiempo. Porque antes que apareciera la bandera de los jugadores en el Mundial ya había habido dos intentos del Gobierno por llevar este tema al Senado. Como dijo (Patricia) Bullrich, (la situación de Manuel) Adorni también tapaba el intento de llevar adelante esta ley nefasta", señaló.

En diálogo con Radio 10, el opositor afirmó que, aprobada la media sanción, en la Cámara de Diputados "habrá que dar la argumentación necesaria de por qué no" tiene que salir la ley, y se refirió al capítulo de desalojos como "una afectación de derechos".

En cuanto a los cambios en expropiaciones, el peronista defendió que esta "es una herramienta que tiene la gestión de gobierno con el objetivo de solucionar problemas, pero este Gobierno lo que quiere es que el Estado esté absolutamente atado, no se pueda mover, no pueda resolver problemas".

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consideró que el oficialismo tiene que impulsar temas "que le interesen a la sociedad", tras la sesión en la que se consiguió la media sanción de un diluido proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Luego que se retiraran antes de la votación los capítulos sobre la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego (y anteriormente el de Registro de Barrios Populares), la senadora reconoció que "hay que tomar una agenda que tenga que ver con temas sociales, educativos, económicos -y no solo económicos-, y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad".

"Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien a las cosas más importantes y trascendentes, no detenernos en detalles o cosas que por ahí no son las fundamentales", lanzó y reconoció que "esas leyes ómnibus que meten muchos temas terminan generando una gran confusión".

Consultada entonces por el rol del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto que levantó una gran polémica y resultó muy costoso aprobar para LLA -no contó con el apoyo de algunos de sus aliados-, Bullrich puso paños fríos: "Yo no creo que haya vencedores y vencidos dentro del oficialismo, acá se trabaja en equipo, no hay nada que responsabilizar a nadie". No obstante, insistió que "lo que sí hay que hacer es que la producción parlamentaria tenga un sentido".

"Yo creo que esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando. En el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión respecto al jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni, porque sino venía una moción de censura. Eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible explicar la ley a la gente", resumió en declaraciones a radio Rivadavia.

De cara a la agenda que tiene por delante el oficialismo, la porteña aseguró que tiene "un buen pronóstico", pero reiteró su deseó de trabajar en temas como "salud mental, que es un tema postergado en Argentina, y trabajar sobre educación".

La oposición celebró bajo el lema “La Patria no se vende” el retiro de la Ley de Tierras y de la modificación a la Ley del Manejo del Fuego del proyecto del oficialismo de inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó siendo aprobada en el Senado en la madrugada de este viernes sin sendos capítulos en su composición.

El diputado Maximiliano Ferraro (CC) agradeció a la “inmensa mayoría de la sociedad que levantó su voz, salió a las calles e inundó las redes sociales en defensa de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía”. Hizo extensivo su agradecimiento a los referentes de la cultura que estuvieron presente en la movilización, a los jugadores de la Selección Argentina, a las organizaciones de la sociedad civil. “Gracias a todos los que se comprometieron y se animaron”, expresó.

“No perdamos la esperanza. Sigamos transformando la indignación y el enojo en compromiso y acción colectiva, para que se conviertan en una fuerza capaz de cambiar las cosas. Vale la pena involucrarse y alzar la voz”, agregó.

Ferraro, además, le dejó un mensaje al senador libertario Joaquian Benegas por tildar de "ignorantes" a los "tibios del medio" a quienes responsabilizó el retiro de los dos capítulos del proyecto. ""La idiotez, la arrogancia y los conflictos de interés son muy malos consejeros", le escribió el diputado.

ARGENTINA: 1 - Milei: O

Todavía falta @DiputadosAR para terminar de desarticular el esperpento que aún quedó de la mal llamada ley de inviolabilidades de la zaraza.

— Florencia Carignano (@florcarignanook) August 7, 2026

La diputada de UP Cecilia Moreau escribió: “El gobierno pensó que se iba a llevar todo puesto y... NO PUDO. No pasó ni el capítulo de extranjerización de tierras, ni el que habilitaba los incendios intencionales”, y destacó: “Esta es una victoria de nuestro pueblo que demostró, una vez más, que puede torcer el rumbo con lucha y organización. Como me dijo hace un rato un compañero: ‘No nos rendimos nunca’. Todavía falta. ¡Que esta victoria sea el impulso para la próxima! ¡Al gran pueblo argentino, salud!”.

Su par de bancada, la cordobesa Gabriela Estévez calificó los capítulos que el Gobierno retiró de “entreguista que buscaba rematar el país”, y sostuvo que “no fue un gesto de buena voluntad, sino el resultado de una sociedad que se organizó, se movilizó e hizo escuchar su voz”.

Sin embargo, planteó: “No alcanza. Siguen en pie artículos que afectan los derechos de los inquilinos y debilitan las herramientas del Estado para actuar cuando el interés público exige una expropiación. Pero este es el camino, no hay lobbie ni acuerdos de pasillo que puedan sostenerse cuando un pueblo tiene claro lo que debe defender”.

“LA PATRIA NO ES UNA MERCANCÍA”, encabezó su posteo la diputada Lorena Pokoik y agregó: “Puede haber mayorías circunstanciales, pero hay una conciencia nacional siempre latente, que aflora cuando están en juego nuestra tierra, nuestra soberanía y aquello que, por nuestra historia, sentimos profundamente nuestro”.

“Lo ocurrido en el Senado deja una enseñanza: no todo tiene precio. Hay un límite que no lo impone el mercado, sino nuestra memoria histórica como pueblo. La Argentina sigue forjando su destino porque amamos nuestro país y reconocemos en él una historia, una pertenencia y un destino común”, concluyó.

Ganaron los pibes de la selección. Ganó el pueblo en la calle.

Podrá aguantar mucho la gente que hoy la está pasando mal, pero nunca más a un gobierno vendepatria como este.

Hecha pelota la ley que vendía la Argentina al caerse los dos capítulos más importantes: el de… pic.twitter.com/XZAB3x7vS8

— Sabrina Selva (@SabriSelva) August 7, 2026

En su discurso de cierre de la sesión en la que se debatió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el jefe del interbloque peronista en el Senado, José Mayans, llamó a Javier Milei "presidente cipayo" y aseguró que "es pasible de juicio político".

Al criticar que, una vez más, el mandatario autorizó la entrada y salida de tropas por decreto de necesidad y urgencia, el formoseño enfatizó que "Milei está violando la Constitución y la Ley de Defensa. No puede autorizar la entrada y salida de tropas por sí (por decreto). Está violando expresamente la Constitución Nacional".

"¿Qué pasa si en estos operativos que autoriza Milei directamente tenemos accidentes? ¿Mueren personas? ¿Qué tenemos que hacer con el presidente?", se preguntó y cuestionó que "lo que está haciendo hoy Milei con el esquema de defensa nacional, con estas fragatas inglesas que se pasean en el Mar Argentino, con esto que le da base a Estados Unidos, sin autorización del Congreso, es pasible de juicio político para el presidente de la Nación, por traición a la Patria. No lo puede hacer".

Inmediatamente levantó la reacción de la jefa de LLA, Patricia Bullrich, a quien Mayans le devolvió: "Presidente cipayo de esta excompañera que me dice golpista. ¡Mire quién me dice golpista! Vamos a hablar de historia si quiere. Yo estoy hablando del cumplimiento de la Constitución que este cipayo presidente está alterando".

Además, el opositor advirtió que el presidente sigue "el esquema de (Donald) Trump, de (Benjamín) Netanyahu: el que no está con nosotros le matamos; no importa si sea mujer, niño".

"Esto no va a terminar bien, les afirmo, no terminó bien en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam. No va a terminar bien esto lamentablemente", completó.

“¿Realmente vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas?”, planteó este jueves la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) al adelantar su voto en contra del capítulo del proyecto de propiedad privada que propone derogar la última modificación realizada sobre la Ley de Manejo del Fuego y el uso de tierras que fueron incendiadas.

La chubutense señaló que con la redacción final "quedan únicamente protegidos los bosques nativos". "Me preocupa que quedan sin protección otros recursos. Hace desaparecer a los bosques implantados, a los humedales y a las áreas naturales protegidas", advirtió.

"Este capítulo es regresivo", afirmó la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que además apuntó que "este tipo de legislación va en contra del Acuerdo de Escazú".

En su discurso, pasadas las 22 de este jueves, Terenzi leyó fragmentos del acta del Consejo Federal de Ambiente (COFEMA) en relación a este tema: "El agua dulce, los glaciares, los humedales y las zonas de recarga de acuíferos subterráneos constituyen bienes públicos estratégicos, indisponibles e insustituibles para la supervivencia, la salud pública y la resiliencia frente al cambio climático".

También remarcó que el COFEMA había expresado su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras, al plantear que "la tierra rural no constituye un mero bien del tráfico comercial inmobiliario, sino que representa la base física sobre la cual se sustentan los ecosistemas, la biodiversidad, la producción primaria, las cuencas hídricas y el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Argentina".

La senadora recordó que ella se opuso desde que había firmado en disidencia el dictamen al capítulo de tierras. "No había letra posible que me hiciera cambiar de opinión", aseveró y confesó: "Me alegra que se haya caído, porque era muy caro".

Por otra parte, la legisladora manifestó que tampoco iba a acompañar el capítulo referido a los desalojos, al señalar que el Código Procesal Civil y Comercial solo aplica actualmente a la Ciudad de Buenos Aires, porque "cada provincia tiene su código de procedimiento; ninguna está alcanzada por el capítulo de desalojos".

Terenzi afirmó que le preocupaba que se pase del juicio sumario a sumarísimo y dijo: "No me parece oportuno ante la situación que atraviesa la Argentina en general, con inquilinos que no pueden cumplir su alquiler".

Por el contrario, sí confirmó que acompañaría los tramos referidos a expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble.

No obstante, cuestionó que el Ejecutivo envíe proyectos con "leyes que nada tienen que ver entre sí". "Venimos recibiendo este tipo de leyes, que son ómnibus, que incluyen una cantidad de temas que no tienen nada que ver. Y esto lo que hace es que nos hagan jugar a todos por todo o nada. Desde el punto de vista legislativo es una mala praxis", sentenció.

Cerca de las 21, cuando la represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes ya llevaba largas horas en las afueras del Congreso, la senadora Juliana di Tullio tomó la palabra para repudiar lo sucedido.

La kirchnerista contó que había recibido un sinfín de mensajes de periodistas que le contaban que afuera había "una represión feroz, una cacería espantosa… Me cuentan que hay una fotógrafa herida en el Argerich". "Esta es la segunda vez que hacemos una sesión en medio de un desastre en la calle", resaltó.

"Yo creo que lo que está haciendo el Gobierno es enojarse con el pueblo, porque el pueblo le ganó, le torció la mano; y lo está persiguiendo, lo está cazando y lo está reprimiendo porque el pueblo le sacó la mano y tuvo que sacar el capítulo de extranjerización de la tierra", observó.

Y, filosa, cerró: "Le quiero decir al Presidente de la República que la gente no es tonta, que la gente ya le puso un límite y que si sigue reprimiendo al pueblo, lo sigue castigando y lo apresa, va a tener su merecido, va a tener su merecido en las urnas".

Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y agrupaciones políticas se movilizaron este jueves desde temprano al Congreso, en contra del proyecto de propiedad privada. Por la tarde, cuando los efectivos de seguridad avanzaron para dispersar a los participantes de la movilización, se generaron graves incidentes y enfrentamientos, con manifestantes que provocaron destrozos. Hubo una docena de detenidos.

Después de votar a favor del regreso a comisiones y mientras se lleva a cabo la sesión ordinaria, la senadora nacional Flavia Royón comunicó en sus redes que va a votar negativamente el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "Lo que queda (de la iniciativa) no lo puedo acompañar porque todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse", explicó.

Asimismo, la legisladora que responde al gobernador Gustavo Sáenz añadió que "Argentina hoy necesita que discutamos las verdaderas prioridades : reforma impositiva, previsional y coparticipación federal", y cargó: "Nuestro norte debe ser la creación de empleo de calidad, de riqueza para los argentinos, el cuidado del medioambiente y la soberanía".

Proyecto de Ley "Inviolabilidad de la Propiedad Privada"

Desde el primer momento este proyecto me prendió todas las alertas. Por eso, como hago con cada proyecto que llega al Senado, dediqué estos meses a trabajar en correcciones y modificaciones.

En ese proceso logramos sacar…

— Flavia Royon (@FlaviaRoyon) August 6, 2026

Antes había manifestado que "desde el primer momento este proyecto me prendió todas las alertas". Agregó que "como hago con cada proyecto que llega al Senado, dediqué estos meses a trabajar en correcciones y modificaciones"; y sumó: "En ese proceso logramos sacar el capítulo que modificaba el régimen de protección a los Barrios Populares (RENABAP) y también el Capítulo de Tierras, que generó tanta polémica".

Desde que ausmió su banca en diciembre del 2025, la exsecretaria de Energía (2022 - 2023) y Minería (2023 - 2024) de la Nación ha mantenido una postura dialoguista con La Libertad Avanza. Incluso es considerada por Patricia Bullrich como una de las integrantes del "grupo de los 44".

Luego de un sinfín de reuniones informales en búsqueda del consenso mayoritario, la senadora salteña resolvió no acompañar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada cuando se vote en el recinto de la Cámara alta cerca de la medianoche.

En caso de que la iniciativa redactada por Federico Sturzenegger logre la media sanción, el foco estará puesto en conocer si sus coterráneos Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes (legisladores alineados con el gobernador de Salta) replicarán esta postura en la Cámara de Diputados.

Tras la impugnación que presentó en su contra la senadora Juliana di Tullio, el libertario Joaquín Benegas Lynch rechazó tal planteo y negó un conflicto de intereses a la hora de votar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, siendo dueño de una empresa dedicada a la venta de campos.

Durante una cuestión de privilegio al comienzo de la sesión, el oficialista aseguró que hay "una ausencia de conflicto de interés particular" en su caso y "una falta de sustento jurídico" en la impugnación presentada por la opositora, la cual pidió que "se rechace in limine".

"Todo lo que hago desde que asumí esta banca es público", se defendió y relató: "Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años. Mi empresa, en la que socio mayoritario, se dedica a la administración de campos y al asesoramiento a dueños de campos y compradores de campos, y valuamos campos. Producimos granos, producimos carne".

Al señalar la Ley de Ética Pública (N° 25.188), a la que invocó Di Tullio, el entrerriano indicó que, para que haya conflicto de intereses, "exige un interés directo y singular", con lo cual "tiene que tener un beneficio directo particular". Esto significaría que la ley tendría que beneficiar "solamente a mi empresa y nadie podría competir con mi empresa; nada más alejado de la realidad".

El libertario defendió entonces que todas las iniciativas que viene votando, propuestas por el Gobierno, tienen como objetivo "oxigenar al sector privado, único capaz de generar riqueza, único capaz de arriesgar capital, de invertir, producir y generar trabajo". "Dentro del sector privado está el agro y ahí estamos todas las empresas", agregó.

Resaltó entonces que para este sector hubo "beneficios" en la Ley de Modernización Laboral y algunos tratados de libre comercio. "No debería haber votado absolutamente nada de lo que voté porque representa al sector privado. Porque sino que se abstenga el que tenga empleados cuando votamos Modernización Laboral o el que exporta cuando tratamos un tratado", expresó en esa línea.

Y ponderó que los legisladores provengan del sector privado, al cuestionar que "algunos están sentados acá hace casi 30 años cobrando de todos los contribuyentes".

Benegas Lynch criticó que, además, Di Tullio "presentó la impugnación a sabiendas de que ese capítulo no se iba a votar", en referencia a la reforma de la Ley de Tierras. "Es parte del barro político y el cuero se me irá engrosando", siguió.

En contra de la vigente Ley 26.737, el senador apuntó que "el 95% de las tierras están en manos de los argentinos", mientras que desde que esa norma esta vigente "el valor de los campos cayó al 50%" y "a los chacareros solo les compraron los Lázaro Báez de la vida. ¡450 mil hectáreas en la Patagonia! Los amigos del poder, que compraban a precio de descuento".

Finalmente, lanzó: "El show mediático, el status quo, la presión de la izquierda más rabiosa, de la ignorancia de los tibios del medio, nos lleva a no poder hoy lamentablemente votar este capítulo".

Expropiaciones

El proyecto establece que la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin, además de ser idónea, necesaria y proporcional.

La indemnización comprenderá el lucro cesante, que en ningún caso podrá exceder el 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior.

El valor del bien expropiado deberá determinarse a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación.

El monto será actualizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con más una tasa de interés nominal activa del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago.

Establece que no se transferirá el dominio sin el previo pago íntegro de la indemnización correspondiente.

Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos: cuando en virtud de una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización; cuando con motivo de la ley de declaración de utilidad pública de hecho, una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales; y cuando el Estado imponga, directa o indirectamente al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación privando al titular del uso, goce o disposición del bien en forma sustancial y no meramente transitoria, de modo que resulten equivalentes a una expropiación.

Relativo a la ocupación temporánea anormal, en vez de permitir que sea dispuesta por la autoridad administrativa, establece como autoridad competente al Poder Ejecutivo Nacional.

Sobre lo relativo al plazo de la ocupación temporánea, establece un límite de 90 días, prorrogables por única vez ante circunstancias graves y de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados, desastres naturales u otras, siempre que no existan medios menos lesivos. Además, prohíbe reiterar la ocupación temporánea anormal con fundamento en la misma causa.

Desalojos

Para disponer el desalojo de inmuebles urbanos y rurales se aplicará el proceso de juicio sumarísimo

Cuando el desalojo se fundare en las causales de cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar antes del traslado de la demanda un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del Defensor Oficial, a fin de constatar e individualizar la identidad de los ocupantes del inmueble con su nombre completo, nacionalidad y número de documento o pasaporte.

Cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos competentes para asegurar una alternativa habitacional, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago.

Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Prevé que, si se probase que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos, se le impondrá una multa de hasta 10 veces el monto del mes de alquiler, en favor de la contraparte.

Ley de Registro de la Propiedad Inmueble

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones, con el objeto de adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad.

Se apunta a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico, el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

En la previa de lo que se estima será una sesión caliente, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó que este jueves se tratará finalmente el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada para "terminar con años de injusticia y delincuencia".

Luego que el oficialismo debiera acordar con sus aliados retirar el polémico artículo de reforma de la Ley de Tierras, dado que no contaban con los votos, la legisladora salió a defender algunos aspectos de la iniciativa.

"Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan", escribió en su cuenta de la red social X en relación a los cambios que se proponen en cuanto a agilizar los desalojos.

También mencionó el tema de expropiaciones, que se vuelven más restrictivas a partir de esta propuesta. "Vamos a terminar con una herramienta que le encanta al kirchnerismo: las expropiaciones del Estado sin fundamento", señaló.

Junto a tres imágenes de usurpaciones y toma de tierras, Bullrich completó: "Vamos a poner la ley del lado de quien trabaja, ahorra y construye".

El senador nacional Luis Juez (LLA) se refirió a la marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras, contenida en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, y admitió: "Claramente perdimos el debate".

"Los campeones del relato instalaron un título horrible en un momento complejo, entonces ya se perdió la perspectiva de lo que estábamos discutiendo. Creo que lo defendimos mal, que nos faltó inteligencia y picardía", sostuvo.

En la previa de la sesión de este jueves, el cordobés se refirió a la consigna "la Patria no se vende", que "nos termina acorralando a todos y poniéndonos en un lugar incómodo". "Se ha cambiado la forma de comunicar: hoy una mentira bien comunicada por las redes sociales tiene un efecto catástrofe", observó.

"Te instalan un título, no lo defendes con inteligencia, subestimas las condiciones, y encima en medio del Mundial que nos agarra este ataque de nacionalismo absoluto, en un país que abona teorías conspirativas de manera permanente", enumeró sobre el contexto que generó una presión social absoluta contra esa iniciativa.

En diálogo con radio Rivadavia, el legislador remarcó que "en la política hay cosas que se pueden y cosas que no; hay que establecer un nivel de prioridades". "Necesitamos mantener la relación con los aliados", reconoció y dijo que no se los puede "llevarlos a patadones en el traste, porque así ni van a entrar al patrullero".

Por otro lado, consultado sobre la postura de Victoria Villarruel, Juez expresó: "No entiendo la postura que adopta la vicepresidenta de la Nación". "Hay un problema que en Argentina parece que es crónico, que los vicepresidentes se creen más que el presidente. Y a las instituciones no les hace para nada bien", agregó.

En su intervención durante el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi arrancó agradeciéndoles a los funcionarios presentes no solo haber concurrido, sino permanecer hasta esa hora, más allá de disentir con ellos. Pero promediando su exposición calentó el debate cuando advirtió que “podrán conseguir el acuerdo (para aprobar el proyecto); ahora, si nosotros gobernamos desde el 10 de diciembre, tienen que renunciar todos”.

Ante la reacción del oficialismo, el santafesino insistió: “Tienen que irse. Tienen que irse”. Ante los gritos, aclaró que “si (Javier) Milei es reelecto, hagan lo que quieran, lo que la ley les permita. Ahora, si nosotros gobernamos a partir del 10 de diciembre, si ganamos las elecciones, independientemente de cualquier consideración, lo políticamente ético sería que todo el directorio del Banco Central renuncie. Como renunciaron todos los compañeros nuestros el día que asumió el presidente Milei”.

“Porque si nosotros tenemos un modelo antagónico al de ustedes, se imaginan que nosotros no podemos gobernar con un presidente del Banco Central que piensa exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos en materia económica”, señaló.

Finalmente, Rossi advirtió a La Libertad Avanza que “si no lo hacen, encontraremos el mecanismo”, y agregó: “Lo que digo es que este paso de la demolición a la guardia pretoriana no va a resultar”.

Presente en la reunión de presidentes de bancadas del Senado, Natalia Gadano, representante de Moveré por Santa Cruz, destacó el acuerdo entre los dialoguistas y La Libertad Avanza para eliminar del dictamen el capítulo de reforma a la Ley de Tierras Rurales. “La Argentina no está en venta”, celebró.

La propuesta original redactada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, proponía eliminar las barreras para dominio extranjero en virtud de la posesión de tierras rurales. Sin acuerdos, Patricia Bullrich informó que solamente se establecería el 25% como tope y finalmente este miércoles, se resolvió dejar el marco normativo sin cambios.

“Gracias a los argentinos que levantaron su voz; a los senadores que trabajamos desde el primer día para que no se modifique la Ley 26.737; y a la vicepresidenta de la Nación, que acompañó ese proceso; hoy logramos que el capítulo sobre tierras rurales quedara fuera de la ley”, celebró la senadora santacruceña Natalia Gadano.

En el final, también señaló que “Argentina necesita generar confianza e inversiones, pero eso no puede hacerse a costa de resignar herramientas que protegen nuestro territorio y nuestra soberanía”, y cerró: “Proteger la propiedad privada no significa poner a la Argentina en venta”.

Se inició este miércoles en la Cámara de Diputados el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la presencia de su titular, Santiago Bausili, quien afirmó que la entidad ya opera con un esquema como el que se propone y que el mismo no se trata de “ninguna idea revolucionaria ni experimento”.

“Hoy la Carta Orgánica tiene más de un objetivo y la propuesta nuestra es concentrarlo en un solo objetivo, que es el del preservar el valor de la moneda”, destacó en primer lugar el presidente del BCRA, durante un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, que se extendió por largas horas.

Sobre los otros ejes de la iniciativa promovida por el Gobierno, mencionó la eliminación del financiamiento al Tesoro. “Los adelantos transitorios son emisión monetaria. Es una herramienta que surgió como resultado de la crisis de 2001. Pero fue lo menos transitorio que hubo, fue lo más permanente”, cuestionó.

También, Bausili agregó: “Hacemos explícita la prohibición de que el Banco Central le compre directamente al Tesoro títulos públicos”. Y, sobre la restricción de las utilidades del Banco Central, señaló que “las utilidades solo podrán ser utilizadas para pagar deuda, no para financiar gastos corrientes del Tesoro”.

Finalmente, se refirió brevemente a lo que se prevé en cuanto a la remoción de las autoridades y la cancelación de las letras intransferibles, que “llegaron a ser hasta 85 mil millones de dólares”, apuntó.

“No es solo la independencia o la prohibición de financiar al Tesoro, sino funcionarios adecuados para manejar el Banco Central, con objetivos claros, protegidos de las influencias políticas del momento”, ponderó y aseguró: “Lo que estamos proponiendo son elementos que existen en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación. No estamos trayendo ninguna idea revolucionaria ni un experimento”.

Además, el presidente del BCRA subrayó que “hace dos años y medio que operamos con esas restricciones. Hay evidencia empírica de cuál es el impacto de la mayoría de estas medidas, porque ya estamos operando en un esquema como si este fuera el marco legal vigente”.

“Cuando se genera debate alrededor de que el presidente (Javier) Milei, de forma muy apasionada, dice que el Banco Central ‘es una estafa’… cuando vemos los números es difícil argumentar que hay otra manera de definir esto, porque son bastante impresionantes. Lo interesante es que esa estafa se hizo en un marco legal existente”, aseveró.

En tal sentido, Bausili consideró que “esta es una oportunidad para corregir eso” ya que el marco actual “arroja resultados que son malos en cuanto a lo que es la inflación y el flagelo monetario que se vive en Argentina”.

Precisamente yendo a los números, el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, sostuvo que “la acumulación de inflación a lo largo del tiempo tiene un impacto que no es pequeño, es realmente muy fuerte”. “Los perjudicados son las familias argentinas; quién fue responsable, el Banco Central; y a quién benefició, al Tesoro Nacional”, definió.

Según el funcionario, esta reforma es “para evitar que el Banco Central sea instrumento para transferir esta carga tributaria a las familias argentinas”, dado que el marco legal vigente permitió “las transferencias, los giros y los costos incurridos por el Banco Central para satisfacer necesidades crecientes y del fisco, para financiar el déficit fiscal y también para cubrir pagos de deuda cuando la política fiscal no tenía acceso a los mercados”.

“La inflación acumulada entre 2003 y 2023 fue de 50.141%”, afirmó y habló de un “daño patrimonial al Banco Central” mediante tres elementos: pérdida de recursos líquidos, de reservas, que tiene que ver con las letras intransferibles; emisión de dinero exógena; y creación de dinero endógeno.

Werning enfatizó que “un poquito de inflación cada año, a lo largo de 20 años, llevó una transferencia de recursos patrimoniales del Banco Central por el equivalente a 550 mil millones de dólares”, mientras que “en términos de transferencia de recursos monetarios al fisco hubo una acumulación de más de 60 puntos del PBI”.

Durante ese lapso de tiempo, que incluyó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, el vice del BCRA expresó que “Argentina no creció, estuvo estancada”.

Al momento de la intervención de los diputados, el oficialista Damián Arabia opinó que “esta reforma resulta transcendental” y, sobre el objetivo preservar el valor de la moneda, observó que “quiere decir que los ingresos de los argentinos, los ahorros, no se nos van a escapar de las manos como agua, como arena; sino que sean los argentinos quienes vuelvan a creer en la moneda”. “Durante demasiados años nos dijeron que emitir no tenía consecuencias; que la inflación no tenía consecuencias y hasta que era positiva”, señaló y denunció que “se han manoteado reservas de los argentinos”.

De la vereda de enfrente, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman lanzó: “El presidente dijo que la inflación era un fenómeno monetario, producto del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, y que cuando cortabas eso, se acababa la inflación y que como mucho podía haber un rezago por 18 o 24 meses. Bueno, tengo una mala noticia, ya van más de 30 meses. No funcionó la teoría. Ya está comprobado en dos años y medio de gobierno que ese enfoque no se correspondió con la realidad”.

En medio de reproches desde la bancada libertaria, el porteño remarcó que “si este enfoque fuera cierto, la inflación debería ser cero hace rato”. Y criticó que el Gobierno crea que “solo con esa política” de bajar la inflación “van a resolver todos los problemas de la economía”, cuando hay “estancamiento y recesión”.

Aliado del oficialismo, el radical Lisandro Nieri recordó que en 2022 desde su bloque presentaron un proyecto proponiendo una reforma de la Carta Orgánica. “Estamos convencidos que de las muchas reformas estructurales que necesita nuestro país, esta es una de las más importantes”, dijo el mendocino y consideró que en ese año “era urgente ponerle un corset a la emisión monetaria”. “Apuntaba a algo parecido, prohibir la emisión en todas sus formas y preservar la estabilidad de los precios”, señaló sobre la iniciativa.

A su turno, el diputado de UP Sergio Palazzo sostuvo que esto “no es nada novedoso, es la misma Carta Orgánica que sustentó la convertibilidad durante el periodo de Felipe Domingo Cavallo”. Más adelante, consultó a Bausili: “¿Dónde está el oro argentino que fugaron al exterior? ¿Lo vendieron? ¿Lo pusieron de garantía de algún préstamo sin autorización del Congreso? ¿Corre riesgo que sea embargado? ¿Están en Londres? ¿Está en Basilea?”.

Esquivo, el presidente del BCRA le respondió: “En los estados financieros de 2023, 2024 y 2025, que fueron auditados por tres niveles, consta que todo el oro está donde tiene que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA. Si los lingotes físicos están en un sótano de la calle Reconquista o están depositados en el Banco Internacional de Pagos eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Así como el BCRA no divulga las operaciones que hace, porque promueve que el mercado ‘tradee’ en contra del Central, tampoco se detalla dónde se reservan estas posiciones en oro”.

Otra de las que habló durante el plenario que duró cuatro horas fue Victoria Tolosa Paz, quien advirtió que “la recesión que vive la Argentina se va a ir profundizando con la modificación de esta Carta Orgánica. No nos preocupa otra cosa. Porque para salir de la recesión tiene que haber disponibilidad crediticia, y esa disponibilidad este Gobierno se las garantizó a las fintech permitiendo la transferencia monetaria de millones de pesos”.

Sobre el final, la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, defendió el proyecto diciendo que “este es un gobierno que, por primera vez, viene a autorestringirse las facultades que tiene. Lo hizo al no prorrogar los súperpoderes que le vencían en el 2025, delegados por la ley bases, y ahora con una reforma restrictiva de las facultades del Banco Central”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó la participación remota del senador catamarqueño Flavio Fama de forma remota en la continuación de la sesión de este jueves 6 de agosto. Sin embargo, al igual que Anabel Fernández Sagasti, deberá ser avalada por el pleno en el recinto.

El radical presentó el pedido formal este miércoles a la noche luego de que la titular de la Cámara alta resolviera la habilitación de la mendocina, quien transita un embarazo de riesgo y estaba imposibilitada de viajar desde Mendoza hasta el Congreso de la Nación. Por su parte, el catamarqueño atraviesa la inmovilidad de una de sus piernas por la reciente intervención quirúrgica en una de sus rodillas.

Ambos senadores pidieron estar presentes a través de una llamada virtual (lo que se conoce por "zoom") en la sesión ordinaria de este jueves donde se tratará la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. A pesar de pertenecer a dos bancadas diferentes, los dos legisladores se habían pronunciado en contra de la reforma de la Ley de Tierras que fue quitada del dictamen este miércoles.

Durante la jornada de este miércoles, diferentes senadores de La Libertad Avanza señalaron a parlamentario.com que "no acompañarán" ninguna de las dos mociones debido a que eso "marcaría un precedente que romperá la presencialidad".

De ese modo, exigirán dos tercios para la incorporación en el temario y dos tercios para la aprobación de la resolución en el recinto porque, según consideran, ninguna propuesta cuenta con despacho de comisión.

Incluso, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, fustigó a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, a quien le endilgó que la medida carece de respaldo reglamentario y la definió como un “mamarracho jurídico”.

El oficialismo en la Cámara de Diputados dio este miércoles el puntapié inicial al debate del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II con la exposición de funcionarios del Ejecutivo que explicaron los lineamientos centrales de la nueva iniciativa que tiene como objetivo incentivar a los contribuyentes a adherir a este régimen, dado que desde el Gobierno estiman que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero.

El tratamiento se dio en el marco de una reunión informativa en en plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

La titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró la ley original incluía en su articulado la modificación de normas que tienen relación con el derecho penal. Además, informó que en el proyecto no se modifica el piso, en virtud del cual, una persona puede ser considerado evasor o que sea una persona que pueda tener un apercibimiento administrativo o sanción o multa.

“Debemos dejar en claro que esta modificación no genera ningún tipo de beneficio, posibilidad de impunidad o modificación de la normativa penal que ya en su momento aprobó este Congreso”, comentó.

La primera expositora fue la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, indicó que el vencimiento de la declaración jurada de ganancias se postergó para agosto por lo cual “es importante ampliar, lo que está hoy vigente, a otro universo de contribuyentes, teniendo en cuenta que la adhesión al régimen simplificado fue muy importante. Consideramos que está bien ampliarlo para que haya más cantidad de adhesiones”.

Balestrini aclaró que no hay “ninguna modificación” a ninguna norma de tipo penal y remarcó que “dentro del régimen vigente hay una gran parte que es para todos, hayan o no adherido al régimen de declaración jurada simplificado de ganancias. Son dos cosas distintas”.

La funcionara precisó que la principal modificación con el régimen actual es la ampliación del universo de personas que pueden realizar la adhesión. Así, recordó que se trata de un régimen para personas humanas residentes del país y, además, pueden regularizar sus fuentes nacionales como extranjeras.

“En absolutamente nada modifica la liquidación del impuesto a las ganancias, no hay ninguna exención adicional, no hay ningún tratamiento distintivo en el mecanismo de liquidación del impuesto a las ganancias. No hay que dejar de declarar ingresos, no hay que declarar más gastos, ninguna corrección en el mecanismo de liquidación del impuesto a las ganancias. Esto es lo que está vigente y este proyecto no tiene ninguna modificación”, especificó.

Además, indicó que todo aquel que adhiera al régimen simplificado de ganancias va a liquidar su impuesto como lo liquida aquel que está en el régimen general, pero se diferencia en que “el mecanismo de presentación de la declaración jurada es distinto porque se parte de información que el organismo administrador, que es ARCA, pone a disposición del contribuyente”.

La subsecretaria sostuvo que “los beneficios del régimen simplificado no se refieren a una distinción en la liquidación del impuesto. El impuesto es exactamente el mismo para el que está dentro o fuera del régimen. No se modifica con el proyecto”. Al hablar de la “distinción” explicó que se trata del “mecanismo, la operativización de cómo hacemos la declaración jurada”.

En esa línea, agregó: “Lo que van a obtener como beneficio es un efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud, es decir, si declara lo que realmente tenía hay un efecto liberatorio cuando realizo el pago que tiene que ser a la fecha de vencimiento”. En tanto, precisó que el texto actual establece parámetros objetivos para la adhesión, por lo que aquellos ciudadanos con ingresos mayores a mil millones o patrimonios superiores a 10 mil millones no pueden adherirse.

“No solo ampliamos a todo el universo, pero los grandes contribuyentes podrán adherir, pero no podrán acceder a ninguno de los beneficios o efectos que genera la adhesión al régimen simplificado. Esto está previsto en la reforma”, indicó y sumó: “Se decide ampliar el universo porque hasta el momento el grado de adhesión que hubo es de 450 mil personas. Nos parece apropiado ampliarlo”.

Balestrini también especificó que, a partir de esta iniciativa, las personas que se adhieran deben ser residentes argentinos todo el periodo; que la discrepancia significativa se aplicará sobre el impuesto determinado, no se limitan facultades del fisco, se aclara que cualquier bien personal que se adquiere o depósito de fondos que se realicen “deberá incluirse en la declaración jurada considerando como fecha de ingreso el momento en que manifieste esa adquisición”.

“Todo tiene que ver con dar certeza jurídica a cuestiones que se plantearon. La principal modificación es ir por un sistema tributario que se acentúe más la simplificación. No es más que eso el proyecto”, cerró.

Por su parte, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, hizo un análisis comparativo entre la ley vigente y el proyecto de ley en debate.

“El primer tema a considerar es que, en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación, esto es que sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas. Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado, para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”, explicó Imirizaldu.

A continuación, Martín Vauthier, director del Banco Central, realizó una exposición basada en el contexto macroeconómico y argumentó que la iniciativa se inscribe en una serie de medidas tendientes al desarrollo y crecimiento sostenido del PBI de Argentina.

“Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares, probablemente eso sea un piso. Y para ponerle un orden de magnitud, eso es un número obviamente enorme, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”, especificó Vauthier.

“Con lo cual, para ponerlo en dimensión, estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto es un número enorme y obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, agregó.

En el marco del 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers, el municipio de Tigre realizó una serie de actividades conmemorativas encabezadas por el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora. Durante la jornada, las autoridades destacaron la relevancia histórica de la fecha y convocaron a fortalecer la unidad de la comunidad para continuar impulsando el desarrollo del distrito.

"Fue un día muy emotivo y un verdadero hito para nuestra comunidad", expresó el jefe comunal. En ese sentido, sostuvo que la llegada de Liniers a Tigre, en agosto de 1806, representó uno de los antecedentes más importantes del proceso que culminó con la independencia nacional.

Según señaló Zamora, la Reconquista de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas permitió que los criollos comprendieran su capacidad para defenderse por sí mismos, un aprendizaje que luego abriría paso a la Revolución de Mayo y a la Declaración de la Independencia. Además, consideró que ese episodio histórico debe servir como inspiración para afrontar los desafíos actuales de la ciudad.

"Estamos para trabajar por Tigre. Nos interesa nuestro distrito y seguir transformando la comunidad porque todavía tenemos mucha obra por delante", afirmó. Y agregó que las metas colectivas sólo pueden alcanzarse con esfuerzo, compromiso y la participación de todos los vecinos.

Las actividades comenzaron en la Plaza Daniel María Cazón, donde se descubrió una placa conmemorativa por los 220 años del desembarco de Liniers. Posteriormente, las autoridades colocaron una ofrenda floral en el monolito que recuerda aquel acontecimiento.

La ceremonia continuó en el Museo de la Reconquista, donde funcionarios municipales rindieron homenaje ante el busto de Santiago de Liniers. Allí también se entonó el Himno Nacional Argentino y participaron estudiantes de la Escuela Primaria N.° 6 "Bartolomé Mitre" y de la Escuela Secundaria N.° 9 "Marco Sastre", quienes portaron la bandera de ceremonia y actuaron como escoltas.

Por su parte, Gisela Zamora subrayó el valor simbólico de la fecha para los vecinos del distrito y destacó el rol que desempeñaron quienes acompañaron a las tropas durante la Reconquista.

"Recordamos la llegada de Santiago de Liniers y también a los vecinos que se sumaron para defender nuestro territorio. Hoy Tigre enfrenta nuevos desafíos; hemos avanzado mucho, pero todavía quedan objetivos por cumplir. Estoy convencida de que podremos alcanzarlos si trabajamos unidos, como ocurrió en aquel momento histórico", manifestó.

Durante el acto también tomó la palabra el padre José Luis "Cote" Quijano, mientras que la presidenta del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, repasó los principales acontecimientos vinculados con la Reconquista y la historia local.

Al cierre de la jornada, Trifaro destacó la masiva participación de vecinos y remarcó que el 4 de agosto constituye una de las fechas más significativas para la identidad tigrense.

"Si bien no es la fecha de fundación de Tigre, representa el hecho histórico más importante de nuestra ciudad. Por eso lo recordamos cada año y lo sentimos como algo propio", señaló.

El 4 de agosto de 1806 fue establecido oficialmente como el "Día de Tigre" mediante la Ordenanza Municipal N.º 1998/55. La fecha recuerda el desembarco de Santiago de Liniers en el actual territorio del distrito para organizar la Reconquista de Buenos Aires, un episodio que quedó incorporado entre los antecedentes históricos que contribuyeron a la construcción de la Nación argentina.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica del Senado bonaerense una reunión informativa para analizar distintos proyectos vinculados con la convivencia escolar, el bienestar socioemocional y la formación de los estudiantes.

En ese contexto, fue debatida una iniciativa de la legisladora de Fuerza Patria, María Rosa Martínez, para promover un abordaje integral del bienestar socioemocional y afectivo en las escuelas.

Esta norma promueve un abordaje integral del bienestar socioemocional y afectivo en las instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación.

El proyecto fue analizada junto con otros relacionados con la convivencia y las herramientas que tienen las escuelas para abordar los desafíos actuales.

Entre ellos se encuentran el del senador oficialista, Emmanuel González Santalla sobre Educación Digital Integral; el de Alex Campbell del bloque PRO, que crea la distinción “Escuela Promotora de la Convivencia Social”; el Sistema Integral de Mediación Escolar impulsado por Nerina Neumann de la bancada UCR; y una modificación de la Ley Provincial de Educación para incorporar contenidos de Educación Financiera, también presentada por la legisladora radical.

Los expedientes continuarán en estudio con la posibilidad de avanzar en un tratamiento conjunto.

Para aportar al debate fueron invitadas la licenciada en Psicología, docente de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Políticas Nora Merlín, y la subsecretaria de Educación del Municipio de Quilmes, Florencia Sierra.

Ambas especialistas expusieron sobre los desafíos que atraviesan actualmente las comunidades educativas, especialmente en materia de bienestar socioemocional, convivencia y vínculos escolares. Luego se produjo un intercambio con los integrantes de la comisión.

Tras la reunión informativa, los senadores avanzaron con el tratamiento de distintos proyectos de declaración vinculados con actividades culturales, educativas y editoriales.

Entre ellos, recibieron respaldo unánime iniciativas relacionadas con los libros Almafuerte. Historias chiquitas de Bahía Blanca; Gigantes de Pie: Francisco Salamone, el arquitecto de las pampas; La flecha ya está en el aire. El cancionero y la literatura de Yupanqui; Gogo y la maldición del cacique Bugi; Cicatrices que hablan; y Género y política en el peronismo de Pergamino, 1945-1955.

También fueron aprobados proyectos vinculados al “Museo Barrio Obrero”, la Fundación Innovamos Nuestro País y los Premios Innovamos, además de la inauguración de la muestra Tierra Partida, de la artista Emilia Monch.

Por mayoría, recibieron el visto bueno las declaraciones de interés por el centenario de la Escuela de Educación Técnica N° 2 “Vicente Perea” de Azul, el documental Lago Escondido, soberanía en juego, el libro La resistencia en tiempo del anarcocapitalismo y la muestra fotográfica de Pablo Grillo.

Al cierre de la reunión, la Comisión tomó conocimiento del Informe Anual del Estado del Sistema Educativo de la Provincia correspondiente al ejercicio 2024, remitido por la Dirección General de Cultura y Educación.

La Comisión de Acuerdos del Senado avanzó este miércoles con una nueva audiencia a candidatos al Poder Judicial, propuestos por el Poder Ejecutivo. Por el Salón Azul desfilaron 13 postulantes.

En tanto, la próxima semana se espera que haga lo propio una treintena, entre los que se destacan Pablo Berturzzi y Pablo Yadarola, impulsados por el Ejecutivo para ocupar la Cámara Federal.

Durante la jornada de este miércoles, donde los candidatos presentaron sus antecedentes y respondieron consultas de los senadores, Ana Clarisa Galán Muñoz, propuesta como defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, expresó: "Es un honor ser escuchados por ustedes, representantes del federalismo de nuestro país".

Asimismo, destacó su participación en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Salta, primera jurisdicción en aplicarlo en 2019, y manifestó su orgullo por haber formado parte de ese proceso. En ese sentido, sostuvo que el nuevo sistema brinda "más transparencia y calidad" al servicio de justicia.

A su turno, Maximiliano Eduardo Nicolás, propuesto como defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, señaló que el cargo al que aspira constituye una garantía institucional destinada a resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes durante el proceso judicial. Luego, explicó que la Defensoría ha conformado unidades de letrados para optimizar la distribución del trabajo y afirmó su voluntad de desempeñarse de manera permanente en esa dependencia.

Por su parte, Florencia Inés Córdoba, propuesta como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Ciudad de Buenos Aires, resaltó que la capacitación y la actualización permanente son herramientas fundamentales para todo equipo de trabajo. En esa línea, afirmó que, de ser designada, impulsará una gestión orientada a la formación continua y al fortalecimiento del servicio de justicia.

A continuación, Alicia Isabel Braghini, propuesta como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, expresó que su postulación le representa "un honor y un privilegio". Durante su exposición repasó su trayectoria en el Poder Judicial, donde recorrió todos los escalafones, y aseguró su compromiso de continuar avanzando en la desburocratización de los procesos y reducir la duración de los trámites, promoviendo una gestión con mayor eficiencia y apertura.

Seguidamente, Bárbara Rastellino, propuesta como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27, destacó que hace más de 30 años desarrolla su carrera en el fuero civil, al que definió como el ámbito que aborda las problemáticas cotidianas de las personas. También, dijo sentirse preparada para asumir el cargo y prometió trabajar para brindar un servicio de justicia ágil, transparente y cercano, orientado a mejorar la convivencia y la respuesta judicial.

Finalmente, Gustavo Alejandro Roque Cultraro, propuesto como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10, remarcó su compromiso con la democracia y con el fortalecimiento de las instituciones, valores que, según señaló, ha sostenido a lo largo de su trayectoria mediante su permanente compromiso con el ejercicio y la abogacía organizada.

Asimismo, participaron Santiago Roldán, propuesto como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Fiscalía N° 2; María Ángeles Ramos, candidata a fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Fiscalía N° 4; Julio César Di Giorgio, propuesto como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10; y Santiago Villagrán, propuesto como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 19.

También Pilar Fernández Escarguel, propuesta como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109; José María Abram Luján, postulado como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110; y Albertina Antonia Carón, propuesta como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19.

Al finalizar el encuentro, los dictámenes pasaron para la firma de los miembros de la comisión.

Vicuña Corp dio un paso clave para avanzar con el desarrollo integrado de los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol al presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA) con el que busca obtener autorización para explotar hasta 25 canteras de áridos en el departamento Iglesia.

Según la documentación ingresada ante las autoridades sanjuaninas, los materiales extraídos serán utilizados exclusivamente para abastecer las obras vinculadas al emprendimiento minero y no tendrán destino comercial. Sin embargo, la presentación no implica una aprobación automática: el proyecto deberá atravesar un proceso de evaluación técnica y ambiental antes de que la Provincia decida si habilita, y en qué condiciones, cada una de las explotaciones propuestas.

Uno de los principales destinos de los áridos será la construcción y el mantenimiento del denominado Corredor Norte, la vía de acceso que unirá Angualasto con el complejo minero. Se trata de una obra considerada estratégica para el desarrollo del proyecto Vicuña y que ya cuenta con su propia Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

Además, los materiales serán utilizados para la construcción de plataformas de montaje, la elaboración de hormigón, la conformación de lechos filtrantes para plantas de tratamiento de efluentes, el mantenimiento de caminos existentes y distintas obras de infraestructura dentro del campamento Batidero.

La empresa sostiene que disponer de fuentes cercanas de áridos permitirá garantizar el abastecimiento durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones proyectadas. De todos modos, la cantidad definitiva de canteras que podrán entrar en actividad dependerá del análisis que realicen los organismos provinciales.

Glaciares bajo análisis

Uno de los puntos más sensibles abordados por el estudio es la posible interacción de las futuras explotaciones con glaciares o geoformas periglaciares, áreas protegidas por la legislación nacional.

Para ello, Vicuña tomó como referencia el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), tanto en su versión de 2018 como en la actualización publicada en 2024. Con base en esa información, la compañía aseguró que ninguna de las canteras proyectadas se emplaza sobre glaciares o ambientes periglaciares ni generaría impactos directos sobre esas formaciones.

Esa conclusión forma parte de la evaluación presentada por la empresa, aunque ahora deberá ser revisada y validada por las autoridades competentes dentro del proceso de análisis ambiental.

Las áreas previstas para las explotaciones se encuentran dentro de la cuenca del río Blanco, integrada al sistema hídrico del río Jáchal. En esa zona existen cursos de agua alimentados principalmente por el deshielo, además de acuíferos que también son utilizados para abastecer distintas operaciones vinculadas al proyecto.

Respecto de la calidad del aire, el informe utilizó como referencia monitoreos realizados durante 2024 en distintos sectores del Corredor Norte. Los resultados, según la empresa, mostraron concentraciones de material particulado respirable (PM10) por debajo de los límites establecidos por la normativa ambiental minera.

No obstante, el propio documento reconoce que no se efectuaron mediciones específicas en los sitios exactos donde se proyecta desarrollar las canteras. Una situación similar ocurre con el análisis de ruido, cuyos registros provienen de puntos ubicados a lo largo del corredor. En algunos casos se detectaron valores elevados, aunque el informe atribuye esos resultados a las condiciones de viento registradas durante las campañas de medición.

El estudio incorpora un Plan de Manejo Ambiental destinado a prevenir, controlar y mitigar potenciales impactos sobre el suelo, los recursos hídricos, la flora, la fauna, la calidad del aire y el entorno social.

Entre las medidas previstas figuran programas de control de polvo, gestión de residuos, manejo de hidrocarburos y monitoreos ambientales permanentes durante la etapa de explotación. También se contemplan protocolos de actuación frente a derrames, contingencias operativas y manipulación de sustancias peligrosas.

La propuesta incluye además la restauración de las áreas intervenidas una vez finalizada la extracción. Para ello, la empresa deberá ejecutar tareas de estabilización, recuperación y cierre de cada cantera cuando deje de ser necesaria para las obras.

La iniciativa forma parte de la infraestructura complementaria requerida para el desarrollo de Vicuña, el proyecto que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y que se posiciona entre los emprendimientos cupríferos de mayor escala actualmente en evaluación en la Argentina. Antes de avanzar, sin embargo, deberá superar el análisis ambiental y administrativo que realizan los organismos de control de San Juan.

Se complica el panorama para La Libertad Avanza en el Senado para avanzar con la reforma de la Ley de Tierras, contenida en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que está previsto se debata este jueves en el recinto.

Las advertencias llegaron para el oficialismo este miércoles por la mañana, cuando dos gobernadores que actúan como aliados en el Congreso se manifestaron en contra de la extranjerización de tierras.

Se trata del tucumano Osvaldo Jaldo, quien reveló que conversó sobre el tema con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y del neuquino Rolando Figueroa, cuyo video reposteó en sus redes sociales la senadora Julieta Corroza.

Con una fuerte presión social, que promete trasladarse a las calles este jueves con una masiva movilización, la modificación a la Ley de Tierras pone en riesgo el proyecto impulsado por el ministro Federico Srturzenegger, que ya ha sido postergado en anteriores ocasiones y, además, sufrió más de una docena de versiones desde su dictamen.

Con el objetivo de alcanzar consensos, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, anunció en las últimas horas nuevos cambios: uno de ellos central, como el de subir al 25% el límite para la compra de tierras rurales por provincia. Dicha modificación no terminó de convencer.

Cuando culminó la conferencia de prensa, desde LLA aseguraban contar con alrededor de 35, 36 votos para lograr aprobar el polémico capítulo. Pero nunca el “poroteo” a favor llegó a 37, que es la mayoría simple y el número también necesario sostener la sesión con quórum. Y este miércoles la tendencia comenzó a revertirse.

Sin embargo, los números comenzaron a tambalear este miércoles con algunas declaraciones de gobernadores. En el caso de Tucumán, Sandra Mendoza integra el bloque Convicción Federal, que ya aparecía en los recuentos en contra de la extranjerización de las tierras. Sin embargo, Beatriz Ávila, que tiene el monobloque “Independencia”, era sumada entre los que podían llegar a acompañar al oficialismo.

A través de un comunicado del gobierno de Tucumán, Jaldo reveló que mantuvo conversaciones con Mendoza y Ávila y “ambas manifestaron su rechazo a la iniciativa”. “He conversado con las dos senadoras nacionales -Beatriz Ávila y Sandra Mendoza- y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, dijo.

“Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas”, continuó el mandatario provincial y señaló que él cree que “la gente puede venir a invertir”, pero “lo que no se puede venir es a apropiar de nuestras tierras”.

Asimismo, Jaldo expresó: “Ustedes no se olviden que en la historia muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”.

Tras afirmar que “no están los votos para sancionarla”, el gobernador añadió que “de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros. Que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”.

Por su parte, Figueroa publicó un video en sus redes en el que resalta: “Así como hemos dicho que de ninguna manera vamos a entregar tierras fiscales a extranjeros, que he enviado la ley el día lunes a la Legislatura, con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras”.

“Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción. Ese es nuestro camino”, aseveró el neuquino en una publicación que replicó en la red social X Julieta Corroza, senadora con la que LLA también pensaba contar.

Aunque la dupla de Misiones aparecía también en los conteos en contra, este miércoles Carlos Arce confirmó su voto negativo mediante un comunicado escrito en tercera persona: “Ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras”.

“Asimismo, reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”, completa.

Tras la ruptura del gobernador Hugo Passalacqua con Carlos Rovira, jefe del Frente de la Concordia Misionero, los dos senadores de Misiones quedaron uno por un lado y otro por otro. Sin embargo, el mandatario, al que está alineada Sonia Rojas Decut, salió con un video este miércoles.

Con una gorra con la inscripción “Lo que amamos no se vende”, Passalacqua manifestó que “Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos. Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”.

Con una larga lista de pliegos por delante, la Comisión de Acuerdos del Senado retomó este martes las audiencias públicas de candidatos al Poder Judicial, entre los que se presentó un postulante vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino, quien no recibió preguntas puntuales.

Se trata del fiscal Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rubiero, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Cámara Federal, quien además es miembro del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021. Otro dato es que Rubiero formaba parte de la lista complementaria del concurso, pero, al renunciar el candidato de la lista titular, el Ministerio de Justicia lo propuso en su reemplazo.

En su exposición, el actual fiscal Adjunto de CABA habló de su vida personal y su trayectoria. “Hacia fines de 2010 inicié mi carrera judicial en una Cámara Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires”, recordó y dijo: “De la mano de un camarista, al que recuerdo con mucho cariño, me nació mi vocación por el servicio de justicia”.

“La conjunción de los antecedentes profesionales y personales fueron moldeando dos atributos que considero esenciales para ejercer la magistratura, como son la prudencia y la templanza. Si me confieren el honor de prestar acuerdo para mi candidatura, me comprometo a ejercer la magistratura de manera imparcial, independiente y teniendo siempre como norte los principios que emanan de la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, afirmó y no fue sometido a ninguna consulta de los senadores.

Por otra parte, este martes también defendió su pliego María Esther Pinos, propuesta para defensora pública oficial federal en Formosa, quien le agradeció “al presidente de los argentinos por haber confiado en mí idoneidad al mandar mi pliego; me siento muy orgullosa de ese reconocimiento”. Y se definió como “una fiel apasionada del servicio de la defensa pública”.

A su turno, Sofía del Milagro Martín, candidata a defensora pública de víctima en Santiago del Estero, expresó: “Esta postulación representa para mí un profundo compromiso personal y profesional con la provincia donde nací, donde inicié mi formación política y a la que decidí regresar”.

“Mi objetivo será hacer efectivo el acceso a la justicia, el derecho a ser oído y a la tutela judicial efectiva, brindando un acompañamiento constante a la víctima para que sea informada, escuchada y respetada en su dignidad en todo momento”, aseguró.

Al momento de las preguntas, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que en esa provincia “hay campos usurpados hace muchísimos años y movimientos organizados, que incluso tienen personería jurídica” y le preguntó a la postulante si a las personas dueñas de esas propiedades “los considera víctimas”.

“Es un problema serio el tema de la ocupación y usurpación de las tierras, pero mi función va a ser ejercer en el ámbito federal”, aclaró Martín, aunque manifestó que sí las consideraba víctimas, como a “todas las personas afectadas en sus derechos”.

Foto: Comunicación Senado 

José Celestino Chumbita, candidato a defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, contó: “La Defensoría a la cual se me postula para la titularidad cuenta aproximadamente con 242 causas en trámite, de las cuales el 90,5% tienen que ver directamente con estupefacientes”.

En cuanto a la designación, se si aprueba, “sería la coronación de muchos años de trabajo y esfuerzo, pero con una gran e inmensa alegría de poder brindar un servicio de asistencia, contención y asistencia a muchísimas personas”.

En tanto, Fernando Damián Pascual, postulado para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 de la Ciudad de Buenos Aires, destacó: “51 años y casi dos tercios de mi vida los transcurrí en la justicia penal de manera ininterrumpida. Transité por cada uno de los cargos del escalafón”. “Tengo vocación de servicio y es un anhelo enorme poder acceder al ejercicio de la magistratura”, confesó y agregó que lo desempeñaría “con imparcialidad, objetividad, transparencia, independencia y total apego a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes”.

Pedro Rebollo, candidato a fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos, dijo que actualmente está subrogando la fiscalía, “por lo que tengo conocimiento de la institución, del lugar”. “El rol de fiscal necesita de la capacitación constante, que es lo que hago; del trabajo en equipo; de una enorme valentía, por los delitos que investigamos; y una vocación de servicio única”, enumeró.

Evangelina Ballerini, quien busca continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo: “Por mandato constitucional vengo a pedir una nueva designación ante la proximidad de cumplir 75 años. ¿Por qué lo hago? Porque me gusta lo que hago, creo que sirvo para eso y lo he hecho toda la vida. Empecé cosiendo expedientes, hice toda la carrera judicial. Amo lo que hago y creo que todavía tengo mucho para dar a la justicia”.

También defendieron sus pliegos Sebastián Ruiz, candidato a juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut; Ana María Busleiman, postulada a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; Florentino Malaponte, para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe -quien recibió una impugnación de la legisladora provincial Lionella Cattalini-; Ramiro Mariño, candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 de la Ciudad de Buenos Aires; y Ángela Pagano Mata, para jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Diputados del oficialismo y la oposición dialoguista protagonizaron este martes una cumbre junto a funcionarios, entre los que estuvo el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con el objetivo de acercar posiciones en torno al proyecto de ley que busca reformar la Carta Orgánica de dicha entidad.

El bloque de La Libertad Avanza tiene la intención de sesionar el próximo 19 de agosto con esa iniciativa y con la de “inocencia fiscal II”, otro tema que estuvo sobre la mesa y se anticipa “más trabado”.

Los funcionarios explicaron en persona ambos proyectos a los legisladores por más de dos horas y, según supo este parlamentario.com, la discusión técnica más fuerte pasó por el proyecto que busca incentivar a los contribuyentes a que ingresen sus dólares ahorrados al sistema financiero.

Aunque la intención del oficialismo es ir en dos semanas al recinto, una fuente del espacio admitió que eso se evaluará en virtud de las reuniones informativas de comisiones que tengan lugar este miércoles y la semana siguiente, y los interrogantes y planteos que allí surjan por parte de los diputados.

“Bausili fue muy concreto en las respuestas”, destacó una legisladora que participó este martes de la reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia. Además del presidente del BCRA, estuvieron los directores Martín Vauthier y Marcelo Griffi.

En tanto, por “inocencia fiscal II”, expusieron el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. “Hubo mucha discusión técnica”, reveló a este medio uno de los diputados aliados que participó.

Uno de los principales reparos de la oposición fue el reclamo para que los funcionarios queden excluidos de poder adherirse al régimen simplificado de Ganancias, tal como sucedió con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni -investigado por enriquecimiento ilícito-, y otros miembros del Gobierno.

Entre los presentes estuvieron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Santiago Pauli, Laura Rodríguez Machado (LLA); Daiana Fernández Molero, Javier Sánchez Wrba (Pro); Pamela Verasay, Lisandro Nieri (UCR); José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Banfi (Adelante Bs. As.), Oscar Zago (MID), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca) y Alberto Arrúa (Innovación Federal).

Además de estos dos proyectos enviados recientemente por el Poder Ejecutivo, y a la espera de lo que suceda en el Senado con inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo tiene en carpeta en Diputados la ratificación del Tratado de Patentes -dictaminado hace meses- y la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, que ya tiene media sanción de la Cámara alta.

Por otra parte, LLA receptó este martes una vez más los pedidos de sus aliados sobre proyectos que quieren poner en tratamiento y eventual aprobación. Los violetas ya confirmaron que los acompañarán, pero cada bloque interesado será el responsable de juntar los votos, les transmitieron.

El Pro insiste con dos iniciativas, una sobre vandalismo rural y otra sobre uso agrícola de tierras adyacentes a las rutas nacionales, impulsadas por Martín Ardohain y Javier Sánchez Wrba, respectivamente. En tanto, Scaglia puja por un proyecto para modificar la Ley de Estupefacientes y darles más competencia a las provincias en la investigación de casos de narcomenudeo.

El diputado nacional Esteban Paulón denunció penalmente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público ante la falta sistemática de hacer cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso en dos ocasiones y respaldada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Paulón recordó que el Poder Ejecutivo Nacional publicó, promulgó y reglamentó la mencionada ley a través del Decreto 759/2025 y publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025 suspendiendo en sus considerandos la aplicación de la mencionada Ley “...hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento…”, circunstancia cubierta por la propia Ley autorizando al Jefe de Gabinete de Ministros a la reasignación de las partidas presupuestarias”.

En la denuncia, mencionó que ese DNU fue judicializado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aplicando la Justicia una medida cautelar en favor de dicha institución respecto de los Arts. 5 y 6 de Ley.

Esa cautelar apelada por el Gobierno Nacional, fue confirmada en segunda instancia por la Cámara y recurrida nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual rechazó sus planteos por no ser la misma una sentencia de un Tribunal Supremo de Justicia y no poseer carácter de sentencia definitiva.

Al respecto, el diputado nacional remarcó que esa instancia “agotó cualquier posibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de evitar la aplicación de la Ley votada por el Congreso”, por lo que el jefe de Gabinete es el “responsable de la ejecución presupuestaria de acuerdo a nuestra Ley Suprema”, y reclamó que “al día de la fecha Santilli no ha realizado las transferencias presupuestarias a su cargo”.

“Esta ley vende el país”, afirmó este martes el senador nacional José Mayans (Justicialista) en referencia al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que promueve el Gobierno, y cuyo capítulo más polémico tiene que ver con la reforma de la Ley de Tierras y la compra de territorio nacional por parte de extranjeros.

Para el jefe del interbloque peronista, “lo esencial es que esta ley se caiga” porque “es un paso tan grave que habrá una Argentina antes y después de esta ley”. “Quieren comprar todo nuestro territorio”, alertó.

En cuanto al “poroteo” de cara a la sesión que se prevé para este jueves, el formoseño dijo: “En total somos 25 en nuestro bloque y nadie votará a favor. Tengo entendido que somos alrededor de 34, 35.  Estamos a un voto de 36, que es empate”.

“El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata. La gente no está entendiendo la gravedad de este tema. Se apropian de los campos productivos, de los alimentos, de los precios, de todo. Quieren lograr la enajenación del país”, denunció durante una entrevista en el streaming Gelatina.

Mayans aseveró que “con esta ley se termina el colador en la frontera: es un tubo. Esto afecta la seguridad nacional y afecta la defensa nacional de nuestro país. Sin territorio no hay país, así de simple”.

“Votar este proyecto es pasar todos los límites. Esta ley que enajena al país debe caerse. Que no fragmenten el país. Lo esencial es que esta ley se caiga. Nadie puede hacer lo que quiere con nuestro territorio”, agregó.

Además, le pidió “al pueblo” que “utilicen todo lo que tengan para que sigamos teniendo Patria. Hagamos todo lo posible para que no nos roben el país”.

El municipio de Quilmes avanza con una nueva etapa de obras de bacheo en distintos puntos del distrito, en el marco del Plan Municipal de Bacheo 2025-2027, una iniciativa financiada íntegramente con recursos comunales y orientada a mejorar la infraestructura vial a partir de relevamientos territoriales y demandas vecinales.

En ese contexto, la intendenta interina Eva Mieri recorrió los trabajos que se desarrollan sobre la calle Andrade, entre Deán Funes e Independencia, en Bernal, junto a la Plaza del Maestro. La intervención apunta a reparar un sector de la calzada que resultó deteriorado tras las intensas precipitaciones registradas meses atrás.

“Además de supervisar la obra, dialogamos con los vecinos sobre las necesidades del barrio. Muchas de estas intervenciones nacen de escuchar a la comunidad y responder a los reclamos que nos acercan. Seguimos sosteniendo este plan con recursos municipales para mejorar las calles de cada barrio de Quilmes”, señaló Mieri, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.

Según detallaron desde el área de Servicios Públicos, la reparación comprende una superficie de 50 metros cuadrados. Las tareas incluyen la demolición del pavimento afectado, el retiro del material dañado, la preparación de la base y el vuelco inicial de hormigón H13. Posteriormente, se completará la estructura con 10 metros cúbicos de hormigón H30 para garantizar la durabilidad de la calzada.

García destacó que la obra responde a un pedido de los vecinos de la zona y remarcó que el Municipio mantendrá el ritmo de intervenciones durante los próximos meses. “Se trata de una arteria muy transitada que sufrió un hundimiento producto de las lluvias. La intensificación del plan se extenderá hasta octubre porque es una herramienta fundamental para el mantenimiento de las calles del distrito”, afirmó.

Una vez finalizados los trabajos, el tramo permanecerá cerrado al tránsito durante alrededor de diez días para asegurar el correcto fraguado del hormigón y las condiciones óptimas de circulación.

Los vecinos también valoraron la respuesta municipal. Carlos Chalart, residente de la zona, destacó la rapidez con la que avanzó la intervención tras el reclamo. “Vimos una respuesta rápida del Municipio. Además del bacheo, observamos tareas de alumbrado, limpieza y presencia de la Patrulla Comunal. Estoy muy conforme con la gestión”, expresó.

En paralelo, cuadrillas municipales trabajan de manera simultánea en distintos barrios del distrito. En San Francisco Solano las tareas se desarrollan en las intersecciones de 809 y Donato Álvarez; 893 y San Martín; 893 y 832; y sobre 893 entre las calles 831 y 832. En Bernal, las obras alcanzan los sectores de calle 167 entre Zeballos y Alem, Mouriño y Chaco, y Chaco y Fleming.

A su vez, en La Colonia se realizan intervenciones en Aristóbulo del Valle y Corrientes, mientras que en Quilmes Este los trabajos avanzan sobre Derqui, entre Lugones y Ascasubi y entre Ascasubi y Juan Cruz Varela, además de Justo Illanes entre Pringles y Paz.

Desde el Municipio recordaron además que ya quedó habilitado al tránsito el paso bajo nivel de Laguarda, en Ezpeleta.

El Plan Municipal de Bacheo 2025-2027 prevé obras en distintos puntos de Quilmes para mejorar la conectividad urbana y las condiciones de circulación. Los trabajos se definen a partir de inspecciones territoriales y de los reclamos que los vecinos pueden realizar a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV), el portal Mi Quilmes Digital o el asistente virtual QuiBot.

A 39 días del fallo de la Corte Suprema de Justicia y sin el Mundial captando la atención pública, el diputado nacional Esteban Paulón denunció que el Gobierno nacional no ha aplicado la Ley de Financiamiento Universitario. A través de X, cargó contra funcionarios y acusó a Alejandro Finocchiaro de “mentir” por los dichos en la última reunión de Comisión de Educación.

El pasado 25 de junio el máximo tribunal de justicia resolvió no intervenir y dejar firme la sentencia que ordenaba al Poder Ejecutivo Nacional a girar 2.5 billones de pesos en cumplimiento con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 (Financiamiento Universitario). El Gobierno había suspendido esa parte de la norma, la cual frenaba las actualizaciones salariales al personal docente y no docente, y la recomposición de las becas estudiantiles.

En sus redes sociales, el legislador de Provincias Unidas nombró a Diego Santilli, jefe de Gabinete, y a Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, a quienes les endilgó el rótulo de “mentirosos”. Agregó, también, que “siguen sin cumplir la Ley Universitaria, a pesar del fallo de la Corte. Docentes, no docentes y rectores denuncian que las partidas siguen sin llegar”.

No obstante, siguió contra el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien el pasado 1° de julio aseguró que “había hablado con el Gobierno” y señalado que los giros presupuestarios a las casas de altos estudios iban a estar listos para “el 15 de julio”. Según denuncia Esteban Paulón esto no ha ocurrido.

Cabe recordar que fue el propio Paulón, quien intimó al nuevo jefe de Gabinete en rigor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En esa presentación, además de recordarle el fallo de la Corte Suprema de Justicia, exigió que el ministro coordinador informe fehacientemente el cronograma y los plazos de ejecución “sin trampas ni atajos”.

“Tres jefes de Gabinete y la misma ley sin cumplir”, había sintetizado el legislador en alusión a las gestiones de Guillermo Francos y Manuel Adorni, los anteriores jefes de Gabinete. Luego, había advertido que “no es una sugerencia”, y recordó que la Ley 27.795 fue votada por el Congreso de la Nación dos veces.

FINOCCHIARO, SANTILLI, MILEI Y ÁLVAREZ MINTIERON.

Siguen sin cumplir la Ley Universitaria, a pesar del fallo de la Corte.

Docentes, no docentes y rectores denuncian que las partidas siguen sin llegar.

La universidad pública no necesita más excusas. Necesita que cumplan la ley. pic.twitter.com/kxB9ANM2JN

— Esteban Paulón (@EstebanPaulonOK) August 3, 2026

Financiamiento Universitario, un conflicto de larga data para Milei

Apenas asumió el cargo de presidente de la Nación, Javier Milei, decidió prorrogar el Presupuesto 2023 y uno de los sectores que reclamó por un incremento en las partidas presupuestarias fue el de las universidades nacionales. Entre advertencias de auditorías y medidas de fuerza, el Consejo Interuniversitario Nacional no logró acordar con el Gobierno y el 23 de abril del 2024 se llevó a cabo la primera marcha federal que movilizó a un millón de personas de la comunidad universitaria a Casa de Gobierno.

El Senado marcha a paso firme en el objetivo del Gobierno de nombrar alrededor de 300 jueces, fiscales y defensores en todo el país, tarea de la que se ocupó el ministro Juan Bautista Mahiques desde su llegada a la cartera de Justicia.

Con más de un centenar de nombramientos ya aprobados por la Cámara alta, las tres primeras semanas de agosto tendrán a la Comisión de Acuerdos abocada al análisis de casi 70 pliegos judiciales.

Según lo fijado formalmente, se realizarán audiencias públicas los días 4, 5, 12, 13 y 18 de este mes. Durante las dos primeras, se espera que desfilen 25 candidatos. En tanto, para las restantes, unos 42.

Luego que los postulantes se presenten ante los senadores, el oficialismo dispone el pase a la firma de los dictámenes, los cuales una vez que obtienen las firmas necesarias (9 sobre 17 de los integrantes de la comisión), quedan habilitados para su tratamiento en el recinto, donde se requiere mayoría simple para su aprobación.

Los candidatos que se presentarán este martes y miércoles

Martes a las 14 horas (Salón Azul)

María Esther Pinos, propuesta como defensora pública oficial federal en Formosa

Sofía del Milagro Martín, propuesta como defensora pública de víctima en Santiago del Estero

José Celestino Chumbita, propuesto como defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja

Agustín Rubiero, para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la Ciudad de Buenos Aires

Fernando Damián Pascual, para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Ciudad de Buenos Aires

Pedro Rebollo, como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos

Matilde Ballerini, se solicita la prórroga para continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires

Sebastián Ruíz, candidato a juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut

Ana María Busleiman, para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca

Florentino Malaponte, para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe

Ramiro Mariño, como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 de la Ciudad de Buenos Aires

Ángela Pagano Mata, como jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut

Miércoles a las 11 horas (Salón Azul)

Ana Clarisa Galán Muñoz, para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal

Maximiliano Nicolás, para defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires

Florencia Córdoba, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Ciudad de Buenos Aires

Alicia Braghini, para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

Barbara Rastellino, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Ciudad de Buenos Aires

Gustavo Cultraro, para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10 de la Ciudad de Buenos Aires

Santiago Roldán, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires

María Ángeles Ramos, para fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal

Julio César di Giorgio, para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal

Santiago Villagrán,como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 19 de la Ciudad de Buenos Aires

Pilar Fernández Escarguel, para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Ciudad de Buenos Aires

José María Abram Luján, para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110 de la Ciudad de Buenos Aires

Albertina Anatonia Carón, para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Ciudad de Buenos Aires

El Senado tratará este miércoles en comisiones el proyecto de Súper RIGI, en el marco de un plenario de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General: dos son presididas por La Libertad Avanza y una por un aliado del Pro. La reunión será a partir de las 15.30, en el Salón Azul.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el 24 de junio con 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones.

En una reversión más ambiciosa del RIGI original -creado por la Ley Bases-, el Gobierno busca sancionar el Súper RIGI, que tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La propuesta apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, por unos 30 años.

Los proyectos que ingresen a este régimen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares. A su vez, tendrá que ejecutarse al menos el 20% de inversión dentro de los primeros dos años. Los titulares adherirán al régimen a través de los llamados "Vehículos de Proyecto Único" (VPU).

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias (alícuota del 15%), amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones realizadas durante el debate en la Cámara baja, se incorporó entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI, el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina".

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas "nuevas actividades económicas", ello se realizará "conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en la reglamentación", es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, "mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga".

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. "El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal", establece.

Como uno de los cambios principales al texto original enviado por el Gobierno, se prevé un "plan de desarrollo de proveedores locales" que "deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".

También se dispone la creación de un "Registro Público de Proyectos del Súper RIGI", que deberá ser de "carácter público y de acceso libre", bajo la órbita de la autoridad de aplicación.