Ministros de Salud de distintas provincias mantuvieron un encuentro con diputados de Unión por la Patria -organizado por el tucumano Pablo Yedlin-, durante el cual advirtieron por el “colapso” del sistema y el desfinanciamiento nacional.

De la actividad participaron los titulares de las carteras de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; La Rioja, Juan Carlos Vergara; y Santiago del Estero, Natividad Nassif. Además, estuvieron Germán Martínez -jefe del bloque-, Cecilia Moreau, Luana Volnovich, Paula Penacca y Natalia Zaracho, entre otros legisladores.

“Cuando vemos los informes del Consejo Federal de Salud da la sensación de que no pasa nada y la verdad es que han sido meses muy duros para el sistema de salud argentino”, señaló Yedlin, actual presidente de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes.

El tucumano alertó que “el cierre, abandono y desfinanciamiento de la salud pública nacional ya provoca un colapso en la salud pública de las provincias”.

En tal sentido, el legislador enumeró los programas nacionales desfinanciados por el Gobierno, como el programa Remediar, y las problemáticas en materia de vacunas, discapacidad, hospitales, medicamentos, entre otras áreas afectadas.

Por su parte, Kreplak advirtió que el sistema de salud “entró en colapso” y puso como ejemplo que “nuestros adultos mayores ya no pueden acceder a uno de cuatro medicamentos y aumenta la tasa de mortalidad”.

“Hace 11 meses que no tenemos vacunas contra el HPV, nos toman el pelo, eliminan programas sin preguntarnos y no nos pagan la deuda de salud con La Rioja”, cuestionó Vergara.

En tanto, Nassif señaló que “el programa Remediar impacta en la atención primaria de la salud tanto en zonas urbanas como rurales en Santiago del Estero, y que nos digan que a partir de octubre van a tener solo tres medicamentos, el impacto y daño será inmenso pese al esfuerzo que hace mi provincia”. También, la funcionaria explicó la deuda que tiene la Nación en el programa Sumar con su provincia.

Otros de los que formaron parte del encuentro fueron Manuel Fonseca, coordinador de salud de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral; Manuel Eugenio Rodríguez Lago, Liliana Larrañaga, Darío Exequiel Ramos, Roberto Daniel Souto y Fernanda Soccia (APPAMIA); Camila y Pedro Lynn, Victoria Ruiz, María Soledad Santellán y Lucas Zambroni (ATE).

“La reunión tuvo como objetivo escuchar a autoridades y referentes provinciales de la salud pública afectadas por la destrucción del sistema de salud por parte del gobierno de Javier Milei”, resumieron desde el entorno de Yedlin y añadieron que “también se debatió sobre estrategias en conjunto para frenar la debacle y planificar alternativas para la salud de los argentinos”.

Asimismo, se abordó la situación del PAMI, de quien depende la cobertura de más de cinco millones de personas (en su mayoría mayores) y que atraviesa una crisis terminal por la falta de pago del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, lo que afecta a toda la cadena de atención.

Si bien se trataba de una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, la tensión se apoderó de la Sala 4 del Anexo de la Cámara de Diputados.

Todo comenzó cuando los expositores reclamaron sobre una de las derogaciones que propone la llamada "Ley Hojarasca", que impulsa el oficialismo. Se trata de la Ley 11.380, que autoriza al Banco de la Nación Argentina a ampliar los plazos de préstamos a las sociedades cooperativas, sobre la base de una ley derogada hace 50 años.

En primera instancia, el oficialista Atilio Basualdo expresó: “Agradecerle la presencia de todos en nombre de La Libertad Avanza. Quiero adelantarles en nombre del bloque que esta 'Ley Hojarasca' se la va a sacar como ustedes la piden, pero la verdad es que hoy tenemos un presidente que va a escuchar a todos los sectores que trabajan por el bien de la República Argentina. También tenemos que entender que esta herramienta que son las cooperativas han sido utilizadas por políticos para manejar mal”.

“En la provincia de Formosa la hija del gobernador (Gildo Insfrán) maneja 100 cooperativas de las cuales trabajan 10. Esto es lo que se enfermó en el país, usar esta herramienta. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver, pero hay que decir las verdades, y también pasa en la provincia de Buenos Aires, donde usaron las cooperativas para escudarse de responsabilidades del Estado con el trabajador”, denunció.

Y lanzó: “Esto es lo que degeneró la Argentina, lo que degeneró justamente el kirchnerismo”. Tras los aplausos de sus pares de bloque, de la vereda de enfrente el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, le gritó: “Caradura, caradura”.

“Ustedes son esclavos de quienes están presos y han degenerado en el país el cooperativismo”, disparó Basualdo, mientras que Martínez le respondió: “Chanta… tenes que hacer las auditorías. No agreda a nadie”.

Pero el formoseño continuó: “Son empleados de estos señores, sobre todo de Gildo Insfrán. Lo defendes muy bien porque es presidente de tu Congreso, que destruyó el peronismo”. “Ustedes son kirchneristas que defienden a los chorros que hoy están presos. Siguen siendo peones del kirchnerismo y hoy La Libertad Avanza va a dejar sin efecto este artículo como lo piden”, enfatizó.

Desde la oposición, Martínez y Florencia Carignano redoblaron la apuesta y gritaron: “Anda rata, ratón. Mirás como te quedas calladito. Después te haces el buenito en el pasillo, chanta”.

“Peón del kirchnerismo, de la que está presa. Callaron a los peronistas. Pedazo de caradura”, contestó Basualdo, mientras Carignano y Martínez le respondieron a los gritos: “Rata, rata…salí de acá sorete…pedazo de caradura. Agredís y no te la bancas… vení bancátela. Deje de decir boludeces”.

Un plenario de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio de la Cámara de Diputados recibieron a representantes del sector, quienes advirtieron por la caída del consumo, el cierre de PyMEs y el alto costo impositivo, sobre todo a nivel provincial.

En primer lugar, Ricardo Diab, presidente de Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), agradeció la invitación a exponer: “Ustedes para nosotros son muy importantes, no importa cómo piensen, sino la posibilidad que tenemos de dialogar, de expresar lo que nosotros necesitamos y sentimos”. “Esperamos reciprocidad. Nosotros los vamos a valorar a ustedes por lo que significan como legisladores y espero que ustedes valoren a CAME como lo que significamos en representación de las pequeñas y medianas empresas”, agregó.

Desde la comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo afirmó que lo que se “está necesitando es una reforma fiscal, tributaria y previsional”. En ese sentido, remarcó que “hay situaciones que realmente nos están afectando mucho, como es el capital de trabajo que hoy queda en manos de las provincias y de los municipios, porque hoy el impuesto que estamos padeciendo fuertemente es el de Ingresos Brutos, que es muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”.

Al respecto, Lourenzo ahondó: “Estamos proponiendo un nuevo consenso fiscal para que replantee todo este sistema de pagos, que se hace a través del convenio multilateral, y que lo que más perjudica a las PyMEs es el régimen de retención y percepciones en la fuente, lo que nos sacan antes de que se devengue el impuesto, mediante las tarjetas de créditos, plataformas digitales, etc.”.

El representante de CAME se refirió a “las urgencias” derivadas de “la caída de ingresos y pérdida de capital de trabajo, y obviamente pérdida de rentabilidad”; al tiempo que “las tasas municipales están siendo cada vez más y con sistemas de tributación que nada tienen que ver con la contraprestación de servicios que la municipalidad tendría que dar”.

“Lamentablemente una gran cantidad de provincias están generando un sistema perverso de quedarse con el capital de trabajo de las PyMEs”, denunció y añadió que “hay provincias que están generando aduanas internas, donde el contribuyente tiene que pagar por adelantado Ingresos Brutos para que la mercadería entre a esa provincia. Misiones fue la primera, pero ahora otras la están imitando”.

Por su parte, el secretario de Hacienda de CAME, Juan Blas Taladrid, brindó un mirada técnica y federal para “describir un problema real y concreto que tenemos en las empresas, que tiene que ver con el empleo y la formalidad, y lo que termina siendo el consumo”. “Queremos hacer foco en ver cómo construimos un puente de la informalidad a la formalidad, porque si mejoramos los poderes adquisitivos tenemos mayor consumo, y si tenemos mayor consumo tenemos mayores ventas, y si tenemos mayores ventas tenemos progreso”, subrayó.

Fabián Castillo, de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó: “Buscamos que cada uno de ustedes puedan ser nuestra voz en las provincias y puedan transmitir, también, a los gobernadores e intendentes qué es lo que nos está pasando para elaborar el país que necesitamos y los planes específicos de acá hacia adelante”.

Pablo Farías, presidente de la Comisión de PyMEs (Foto: HCDN)

A su turno, Daniel Cassiet, de la Federación Económica de Corrientes, se refirió a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y advirtió que “hay un segmento importante de las PyMEs que no van a poder utilizar este beneficio”. En ese sentido, pidió que “puedan entrar la mayor cantidad de empresas al programa”. “El RIGI tiene 30 años de estabilidad y el RIMI, 2”, explicó y solicitó una extensión de 5 años “para tener más previsibilidad”.

“El 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener la mejor normativa, las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar absolutamente nada”, enfatizó Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Económica de Misiones; mientras que Fabián Hryniewicz, de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, alertó sobre la ilegalidad de mercadería y el contrabando.

Guillermo Polke, de la Federación Económica de Santa Cruz, señaló que en su provincia llevan “ocho meses de caída del consumo” y se declaró la emergencia comercial PyME a nivel local. “Es un paliativo para tratar de que no sigan cerrando negocios, no se siga yendo gente de Santa Cruz”, indicó y reclamó que “se haga también a nivel nacional, al menos hasta diciembre”.

Avanzado el plenario, Santiago Laugero, de la Federación Económica de Mendoza, remarcó que el buen momento que atraviesan sectores como energía, minería, agro y servicios financieros “no necesariamente llega a todas las economías regionales, que son generadoras importantísimas de mano de obra y empleo”.

Finalmente, Claudia Fernández, de la Cámara de Comercio y Actividades Empresarias de Ushuaia, sostuvo: “Esto hace sentir que sí es posible la Argentina que todos queremos; nosotros queremos PyMEs fuertes, activas; queremos tener a los mejores empleados, pero también queremos que haya consumo. No tenemos rentabilidad, perdimos consumo, no podemos seguir creciendo. Hay muchas PyMEs que se cierran”.

Durante las exposiciones de los diputados, Sabrina Selva subrayó que “cerraron 24.180 empresas desde diciembre de 2023. Es el proceso de destrucción de unidades productivas más rápido de la historia, incluso más rápido y acelerado que la crisis de 2001 y la pandemia”.

“Hoy las PyMEs atraviesan una crisis simultanea de ventas, de consumo, de producción, de ganancias, de rentabilidad, de empleo, de informalidad. Y no vemos que haya una política pública del gobierno de (Javier) Milei mirando ahí, y por eso estamos convencidos que desde el Congreso tenemos la responsabilidad de avanzar en una ley que les dé respuesta”, aseguró la legisladora de Unión por la Patria.

En tanto, desde La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle dijo que se hacían “eco de la realidad de nuestro país”, pero pidió recordar “cómo recibió el país el presidente en 2023”. También solicitó “apoyar al presidente en combatir la inflación”. “Es necesario empezar a creer que este país va a crecer, las cifras macroeconómicas nos están dando un éxito tremendo. Obviamente somos conscientes que hay que empezar a mejorar la microeconomía; pero en dos años no se pueden resolver todos los desbarajustes que se hicieron en los últimos 40, 50 años”, aseveró el salteño.

En último lugar, el presidente de la Comisión de PyMEs, el socialista Pablo Farías, recordó que el próximo martes 28 habrá otra reunión conjunta con Comercio para recibir a representantes de la industria textil; mientras que se programará otra con la Cámara de la Construcción, posiblemente con Obras Públicas y Vivienda.

En cuanto a los proyectos de declaración de emergencia de PyMEs, el diputado informó que “se les han dado diversos giros a comisiones a proyectos que se tratan de lo mismo” y, por eso, pedirán cambios en los giros. Además, propuso conformar una mesa de trabajo conjunta con CAME.

Quintana Energy se consolidó como uno de los casos de mayor crecimiento del sector hidrocarburífero argentino en el último año. La compañía multiplicó su producción diaria desde los 400 barriles equivalentes de petróleo hasta alcanzar los 21.200 boe/d, un salto que la reposicionó dentro del mapa energético nacional.

El modelo detrás de esa expansión fue presentado por Carlos Gilardone, CEO de la empresa, durante la SPEE Latin America Conference 2026. Allí, el ejecutivo remarcó que el crecimiento no respondió únicamente a la adquisición de activos, sino a la capacidad de integrarlos de manera eficiente en un esquema operativo unificado.

Según explicó, la estrategia se apoyó en una combinación de análisis técnico detallado, reorganización operativa y una fuerte presencia en campo. “El foco estuvo puesto en entender cada activo antes de definir cómo potenciarlo”, planteó Gilardone, al describir una metodología que permitió acelerar la producción sin resignar eficiencia.

En menos de doce meses, Quintana Energy incorporó tres activos en distintas provincias. El primero fue Estación Fernández Oro, en Río Negro; luego avanzó sobre un área en el sur de Mendoza; y finalmente sumó Cañadón León, ampliando su presencia en diferentes cuencas productivas del país.

El principal desafío, señalaron desde la compañía, no fue solo incrementar los volúmenes, sino transformar activos con trayectorias operativas diversas en una estructura integrada capaz de generar resultados en plazos acotados. Esa capacidad de ejecución fue uno de los ejes que Quintana Energy buscó exhibir ante referentes regionales del sector durante el encuentro técnico.

En ese marco, uno de los puntos que despertó mayor interés fue el potencial de Mendoza dentro de la formación Vaca Muerta. Gilardone confirmó que la empresa observa una oportunidad de desarrollo de largo plazo en la provincia y que continúa evaluando el área a partir de la información obtenida mediante trabajos de sísmica 3D.

La actividad metalúrgica volvió a mostrar signos de debilidad en marzo, con una caída del 4,1% interanual, aunque registró una leve recuperación del 1,5% frente a febrero. Pese a este repunte mensual, el sector acumuló una contracción del 6,9% en el primer trimestre de 2026, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El relevamiento reflejó fuertes descensos en varios rubros clave. Las mayores bajas se observaron en “Otros Productos de Metal” (-6,7%), Bienes de Capital (-6,6%) y Equipamiento Médico (-6,5%). A nivel geográfico, las caídas más pronunciadas se registraron en la provincia de Buenos Aires (-5,6%) y en Córdoba (-3,1%).

En contraste, algunos segmentos lograron escapar a la tendencia general. Los sectores de Autopartes y de Carrocerías y Remolques mostraron variaciones positivas en la comparación interanual, con subas del 2,1% y del 2%, respectivamente.

El deterioro de la actividad también impactó en el mercado laboral. El empleo metalúrgico se redujo un 0,4% respecto de febrero y acumuló una baja del 2,6% interanual, en un contexto de caída sostenida de la producción.

Otro de los indicadores que encendió señales de alerta fue el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 41,8%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Este registro implica una caída de 5,3 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2025.

“El uso de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector”, advirtió el presidente de ADIMRA, Elio Del Re. Según señaló, las empresas enfrentan márgenes cada vez más comprometidos y la persistente debilidad de la demanda interna “ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo”.

Grupo Alter presentará en la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se realizará en Montevideo entre el 21 y el 23 de este mes, la Máquina de Comunicación Territorial (MCT), una plataforma de “inteligencia territorial” creada para ayudar a gobiernos e instituciones a sostener presencia pública, construir sentido y responder con mayor precisión a distintos contextos y audiencias.

Según la empresa, la MCT es un sistema de inteligencia estratégica que busca transformar la comunicación política, gubernamental e institucional en una infraestructura permanente de presencia, análisis y acción. La iniciativa parte de la premisa de que la falta de comunicación estatal deja espacio a la desinformación, el rumor y la desconfianza.

En un comunicado, el grupo señaló que el sistema no fue concebido como una herramienta para producir mensajes aislados, sino como una plataforma integral capaz de interpretar el territorio y activar respuestas comunicacionales consistentes. La presentación estará a cargo de Juan Manuel Maresca, fundador y director estratégico de MariaBuenosAires.

Durante su exposición, Maresca abordará cómo gobiernos, consultores políticos, asesores y equipos institucionales pueden mejorar la calidad, velocidad y solidez de sus decisiones comunicacionales en escenarios cada vez más complejos. La propuesta apunta a fortalecer la capacidad de lectura y acción en territorios diversos.

La arquitectura del sistema combina investigación territorial, análisis sociopolítico, lectura cultural, segmentación de audiencias, estrategia de canales, planificación de contenidos y métricas de impacto. La compañía destaca que su lógica integra presencia física, medios interpretativos y ecosistema digital.

De acuerdo con Grupo Alter, la MCT activa distintas capas de comunicación según el contexto, el tema, la audiencia y el momento, lo que la convierte en una herramienta adaptable para múltiples niveles de gestión. Está pensada para intendencias, gobiernos municipales, organismos provinciales y nacionales, así como para consultores políticos.

El desarrollo del sistema se realizó junto a Sysnesis, una empresa especializada en arquitecturas de inteligencia aumentada mediante sistemas multiagente, con el objetivo de ofrecer una plataforma robusta para la toma de decisiones comunicacionales en el ámbito público.

El proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como “Ley Hojarasca”, será abordado este martes 21 de abril con intenciones de pasar a la firma. Sin embargo, cuando se preveía que el texto iba a ser llevado al recinto al día siguiente, finalmente quedó descartada la posibilidad de realizar una sesión especial esta semana en la Cámara de Diputados.

Lógicamente, la sesión no estaba oficializada, pero todo indicaba que La Libertad Avanza iba a solicitar la apertura del hemiciclo para el miércoles 22 con la Ley Hojarasca como único tema. Esto se resolvió debido a la ausencia de varios legisladores que viajaron a la ciudad estadounidense de Washington, invitados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El viernes pasado al mediodía, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, había estado presente en la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada donde, entre varios puntos, habían resuelto el avance de la iniciativa redactada por Federico Sturzenegger. Pese a eso, el panorama este lunes generó que las autoridades del oficialismo lo posterguen, a priori, dos semanas más.

Así las cosas, el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que primero va recibir a Matías Fariña y Alejandro Cacace, funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, tiene contemplado culminar la jornada de este martes con la firma del dictamen.

Una vez despachada la Ley Hojarasca, el texto quedará habilitado para ser debatido en una sesión especial, la cual quedaría postergada para la primera semana de mayo, dado que el miércoles 29 de abril la Cámara de Diputados recibirá el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

Desde que comenzó el período ordinario el pasado 1° de marzo, la Cámara baja solamente abrió una vez el recinto y fue el pasado 8 de abril cuando se sancionó la modificación a la Ley de Glaciares.

En paralelo, la oposición ha comenzado a tejer acuerdos tras bambalinas con el propósito de impulsar una agenda alternativa que tuvo como primer tema debatido oficialmente a los proyectos vinculados a la creación de programas de "desendeudamiento familiar".

El oficialismo apura en la Cámara de Senadores el tratamiento del proyecto que introduce cambios a la regularización de armas de fuego y que prorroga el sistema de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre del 2027.

Para ello puso en agenda una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; y de Justicia y Asuntos Penales, para este miércoles 22 de abril a las 14 horas en el Salón Arturo Illia donde expondrá el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan.

La iniciativa fue enviada desde Casa Rosada hace poco menos de dos años con las firmas de Javier Milei; la entonces ministra de Seguridad y actual jefa oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich; y el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. El texto en cuestión perderá estado parlamentario en febrero próximo, ya que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 1 de octubre de 2024.

El proyecto plantea, por un lado, un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

En una semana que se preveía podía llegar a abrirse el recinto, finalmente la Cámara de Diputados no tendrá sesión, pero sí una agenda cargada de comisiones, sobre todo este martes.

La primera reunión programada será a las 11, correspondiente a la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG's, donde fueron invitados representantes de las asociaciones cooperativas para abordar la situación actual y el régimen impositivo del sector. Será en la Sala 4 del Anexo.

En tanto, a las 12 en la Sala 1, se llevará a cabo un plenario de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio, donde se recibirá a autoridades y representantes regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a fin de exponer la situación de las PyMEs. Ambas comisiones están presididas por diputados de Provincias Unidas.

Por su parte, a las 14.30 en la Sala 6, la Comisión de Deportes tratará un conjunto de proyectos de resolución y declaración.

Para las 15, en el segundo piso del Anexo "C", está convocado el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para debatir el llamado proyecto "Ley de Hojarasca", que será defendido por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, ambos integrantes del Ministerio comandado por Federico Sturzenegger. Tras sus exposiciones, se considerará el dictamen.

Finalmente, este martes a las 16.30, la Comisión de Obras Públicas pondrá a consideración el estado de obras públicas en todas las provincias, con partida presupuestaria asignadas a 2023 y pendientes de finalización, que no hayan sido objeto de un acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional. También se tratarán proyectos de resolución. Será en la Sala 2 del Anexo.

En lo que respecta al miércoles, la Comisión de Cultura fue citada a las 10, en la Sala 6, con el objeto de designación de autoridades vacantes.

El jueves, a las 11, la Comisión de Economía convocó a una reunión informativa a la que fueron invitados referentes de empresas y trabajadores, quienes expondrán respecto a la situación de la economía y el empleo, con panorama federal. Se llevará a cabo en la Sala 7.

El Municipio de Morón informó que ya están disponibles los beneficios para quienes realicen el pago anticipado del Impuesto Automotor 2026. La iniciativa incluye descuentos destinados a facilitar el cumplimiento tributario y premiar a las y los vecinos que mantienen sus obligaciones al día.

Por un lado, se mantiene la bonificación automática del 10% para contribuyentes con buen cumplimiento, que se verá reflejada directamente en la próxima factura. Este reconocimiento apunta a sostener el hábito de pago regular entre los propietarios de vehículos.

Además, se implementa un Pago Anual Anticipado con un descuento especial del 20%, un beneficio que duplica el porcentaje otorgado el año pasado. Esta opción no es acumulable con la bonificación por buen contribuyente y busca incentivar la cancelación total del tributo antes del inicio del calendario de vencimientos.

En cuanto al cronograma, la primera cuota o el pago anual tendrán vencimientos el 11 y 18 de mayo. La segunda cuota vencerá el 13 y 20 de julio; la tercera, el 10 y 17 de septiembre; y la cuarta, el 10 y 17 de noviembre, tanto para automotores como para motovehículos.

Las boletas pueden descargarse desde el portal oficial del Municipio, en la sección Tasas. Para consultas, las y los vecinos pueden escribir a [email protected] o acercarse a la oficina ubicada en Almte. Brown 946, planta baja, de 8 a 14.

La minería volvió a marcar el pulso de la economía salteña en el inicio de 2026, con la mina de oro Lindero como principal protagonista. Operado por la canadiense Fortuna Mining, el yacimiento registró una producción de 21.545 onzas de oro durante el primer trimestre del año, lo que significó un incremento del 12% respecto del mismo período de 2025.

Según un reporte de la compañía, al que accedió El Tribuno, entre enero y marzo se extrajeron 1,7 millones de toneladas de mineral, de las cuales 1,5 millones fueron depositadas en el pad de lixiviación. El mayor volumen tratado estuvo en línea con el plan operativo de la empresa y permitió sostener el crecimiento productivo.

En paralelo a la expansión del procesamiento, Fortuna Mining avanzó con obras programadas de mantenimiento, como el reemplazo de las bases del chancador primario, iniciado a fines de marzo. Estas tareas no afectaron la continuidad de la operación, ya que el mineral fue previamente acopiado para asegurar el flujo del proceso.

La compañía también intensificó las tareas de exploración regional. Entre ellas se destacan las perforaciones en el prospecto Cerro Lindo, ubicado a unos 70 kilómetros de Lindero, donde se evalúa el potencial aurífero de la zona.

Con estos niveles de actividad, Lindero se mantiene como el principal motor de las exportaciones mineras y del comercio exterior salteño en su conjunto. De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia, la minería se consolidó como el complejo exportador más relevante, desplazando por primera vez a sectores tradicionales del agro.

El peso del sector se refleja en el cambio de la matriz exportadora provincial. Durante 2025, Salta alcanzó exportaciones por 1.431 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 28,6%, el valor más alto de los últimos años. Dentro de ese total, el rubro de piedras y metales preciosos encabezó el ranking con una participación del 20,8%.

En segundo lugar se ubicó el complejo de las legumbres, que generó exportaciones por 233,9 millones de dólares y explicó el 16,3% del total provincial. A pesar de su histórico protagonismo, quedó detrás de la minería, aunque exhibió un crecimiento interanual del 48,1%.

El tercer puesto correspondió al complejo cerealero, principalmente maíz, con ventas externas por 199,2 millones de dólares, equivalentes al 13,9% del total, aunque con una leve caída del 1,2% en términos interanuales. Con una participación similar se posicionó el complejo tabacalero, que exportó 199,1 millones de dólares, también con el 13,9%, y una baja del 3,5% respecto del año previo.

Otro rubro relevante fue el de productos inorgánicos, en parte asociado a la actividad minera e industrial, que alcanzó exportaciones por 174,1 millones de dólares y explicó el 12,2% del total provincial. Este sector mostró uno de los mayores saltos interanuales, con una suba del 117,7%.

Más atrás se ubicó el complejo oleaginoso, liderado por la soja, con exportaciones por 71,3 millones de dólares y una participación del 5%. En este caso, el crecimiento interanual fue del 144%.

El peso creciente de la minería se profundizó en los primeros meses de 2026. Entre enero y febrero, las exportaciones mineras de Salta sumaron 113 millones de dólares, lo que representó el 58,2% del total exportado por la provincia en ese período. En comparación con el mismo bimestre de 2025, el crecimiento fue del 101,8%.

El oro continúa siendo el principal producto exportado, con valores directamente ligados a la cotización internacional. No obstante, el litio comenzó a ganar protagonismo en la estructura exportadora provincial. En Salta están en marcha tres proyectos: Centenario Ratones, Sal de Oro y Mariana. Este último concretó su primera exportación en febrero, mientras que los otros dos avanzan en etapas iniciales de producción, con expectativas de acelerar despachos durante el año.

En materia de destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de productos salteños en 2025, concentrando el 23,3% del total exportado, seguido por China con el 13,7%. Brasil, Bélgica y Chile completaron el grupo de principales mercados y explicaron más de la mitad de las ventas externas.

El desempeño provincial se inscribe en una tendencia regional y nacional. En el NOA —Salta, Jujuy y Catamarca— las exportaciones mineras alcanzaron los 421 millones de dólares en el primer bimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 70,3%. En febrero, el total exportado fue de 213 millones de dólares, con una suba del 57,9%.

Durante ese mes, el litio explicó el 75,2% de las exportaciones mineras del NOA, mientras que el oro representó el 12,7% y la plata el 8%. En el acumulado del primer bimestre, el litio concentró el 64%, seguido por el oro con el 18% y la plata con el 13,5%. China lideró la demanda regional, con el 68,3%, seguida por Estados Unidos y Japón.

A nivel nacional, las exportaciones mineras totalizaron 664 millones de dólares en febrero, con un crecimiento interanual del 67,9%. Entre enero y febrero, el acumulado llegó a 1.513 millones de dólares, un 79,9% más que en igual período del año anterior. Cinco provincias -Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca- concentraron el 98,7% de las ventas mineras del país, consolidando al sector como uno de los pilares del comercio exterior argentino.

Pan American Energy (PAE) sumó un nuevo reconocimiento internacional para su operación en Brasil. El Complejo Eólico Novo Horizonte obtuvo la certificación Diamond otorgada por el Global Carbon Council, el máximo nivel que concede el organismo a proyectos vinculados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Con esta validación, Novo Horizonte se consolidó como uno de los desarrollos más relevantes del país en materia de energía limpia. De acuerdo con la clasificación del organismo internacional, el proyecto quedó posicionado como el segundo de Brasil en proyección de generación de créditos de carbono, un indicador clave dentro de los mercados globales de compensación climática.

El parque, ubicado en el estado de Bahía, se convirtió además en el primero de la provincia en alcanzar este nivel de certificación, reforzando el perfil de la región como uno de los polos de mayor crecimiento en generación renovable del país.

Desde la compañía destacaron que el reconocimiento no solo pone en valor la infraestructura instalada, sino también la consistencia técnica del proyecto, su cumplimiento de estándares internacionales y el impacto positivo previsto para las comunidades locales.

El complejo cuenta con una capacidad instalada de 423 megavatios, suficiente para abastecer el consumo eléctrico de alrededor de un millón de hogares, lo que lo ubica entre los mayores desarrollos eólicos de la región. Está integrado por diez parques y 94 aerogeneradores, distribuidos en distintos municipios de la Chapada Diamantina, una zona con condiciones naturales favorables para la producción de energía eólica.

Según las estimaciones del proyecto, su operación permitirá evitar la emisión de hasta 600 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, volumen que podrá transformarse en créditos de carbono comercializables en mercados internacionales.

PAE subrayó además que Novo Horizonte cumple con criterios exigentes en materia de sostenibilidad social y ambiental, lo que amplía su elegibilidad para programas globales de compensación climática.

Con este avance, la compañía fortalece su estrategia de expansión en energías renovables y suma una herramienta financiera que podría impulsar nuevas inversiones en proyectos de energía limpia dentro del mercado brasileño.

El diputado nacional Oscar Zago (MID) consideró este lunes que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "tiene el boleto picado por la sociedad", y que, en la sesión informativa del próximo 29 de abril, debe responder por la situación económica: "Ya no quiero más discutir el caso personal de él, que vaya y conteste en la justicia".

Según reveló el legislador, en una reunión privada de la que participaron dirigentes de La Libertad Avanza ya hay quienes "empiezan a ser críticos y decir que tiene que dar un paso al costado, cuando hace dos semanas atrás lo único que decían es que era una operación", en referencia a las denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

"Verdaderamente se les está escapando la tortuga", opinó sobre el oficialismo y lanzó: "Si quieren chocarse contra la pared y rebotar, que reboten, pero le hacen un mal al país". En tal sentido, Zago observó que las acusaciones contra el jefe de Gabinete perjudican la credibilidad para inversiones.

En cuanto a la sesión informativa prevista para el próximo 29 de abril en la Cámara baja, el diputado dijo: "A mí me gustaría que esa jornada sea solamente por el tema socio-económico que está viviendo el país; que venga a contestar por qué no se le paga a los proveedores de PAMI y el funcionamiento de cada uno de los ministerios".

"En lo político se terminó porque mintió. Lo mismo que pasó con José Luis Espert", añadió en declaraciones radiales el exjefe del bloque libertario.

Por otra parte, sobre las internas de LLA, expresó que no le sorprenden. "El grave problema que tiene el Gobierno es la interna feroz hacia adentro. No es un partido político de los más tradicionales donde las peleas eran otras", sostuvo.

Legisladores y dirigentes expresaron este lunes su profundo pesar por la muerte del destacado actor Luis Brandoni, quien fue diputado nacional y reconocido militante de la Unión Cívica Radical. Sus restos serán velados durante este lunes en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, donde en 2015 se lo distinguió como Personalidad Destacada de la Cultura.

Entre los mensajes, abundaron los de referentes que supieron integrar Cambiemos/Juntos por el Cambio, espacio con el que Brandoni comulgó como radical e incluso fue candidato a parlamentario del Mercosur en 2023, en la boleta de la fórmula presidencial Patricia Bullrich-Luis Petri.

Precisamente, ambos hoy legisladores e integrantes del actual oficialismo se manifestaron en sus redes. "Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final", ponderó Bullrich.

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado lo definió como "un artista único y un hombre excepcional", y recordó que la "acompañó en la boleta de 2023". "Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos", completó.

En tanto, Petri publicó: "Profunda tristeza por la partida del grandísimo Luis Brandoni, una personalidad intachable de nuestro país. Además de ser un artista fuera de serie, fue un hombre íntegro que toda su vida defendió la democracia y sus valores con convicción y corazón".
"Su talento, trayectoria, y la firmeza con la que defendía sus ideas dejan una huella. Hasta siempre, Beto", añadió el diputado mendocino.

La libertaria Sabrina Ajmechet, exPro, sostuvo que "toca despedirnos de un tipo íntegro, que siempre luchó por una Argentina más libre, ordenada y justa, que levantó la voz en un ambiente que no le gustaba escuchar lo que él tenía para decir".

"A un gran actor, que nos emocionó y nos hizo reír. Gracias por todo, Beto. Hoy es un buen día para ver Parque Lezama, una obra de teatro que @juancampanella tuvo la genial idea de hacerla película para que podamos seguir disfrutando siempre de León Schwartz", recomendó.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro escribió: "Hasta siempre, Beto Brandoni. Beto supo trascender la escena para convertirse en una voz firme en la vida pública. Fue un referente de nuestra cultura, con interpretaciones que marcaron generaciones, y también un ciudadano comprometido con la defensa de la democracia en los momentos más difíciles. Se involucró, opinó y sostuvo valores e ideas. Con mucha tristeza acompañamos a sus familiares y amigos. QEPD".

"Con mucha tristeza despido a Luis Brandoni: un enorme actor, un militante de la democracia y un entrañable amigo de mi familia", aseguró el legislador porteño y exjefe de Gobierno, Horacio Larreta.

Hoy despedimos todos con tristeza a Luis Brandoni. Un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas. Defendió la libertad, la democracia y la república, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo. Tuvimos una muy linda relación,… pic.twitter.com/XyvRjNL1ZC

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 20, 2026

El mensaje del expresidente Macri

Luis Brandoni fue un ser valiente, un político coherente que siempre adhirió a la UCR, un hombre de la democracia. Y un gran actor que será recordado por siempre por los grandes personajes que construyó.

El título de Sirven en La Nación es un agravio miserable. No todo se…

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 20, 2026

El posteo del diputado de Encuentro Federal

Desde la cuenta en X de la UCR, se le dedicó un extenso posteo. "Hoy es un día de enorme tristeza para la cultura Argentina, porque se fue uno de esos grandes actores con los que diferentes generaciones crecieron, disfrutando su arte en el teatro, el cine o la televisión: Luis Beto Brandoni", señaló el partido.

"Para los radicales a ese dolor se le suma la pérdida de un militante de esos que estaban siempre al servicio de la causa de la democracia. A nuestro partido le faltará su voz en cada reunión, extrañaremos su abrazo fraterno y sus palabras precisas", lamentaron.

El radicalismo recordó que "en los '70 fue perseguido por la Alianza Anticomunista Argentina y luego por la dictadura militar, por su militancia política y gremial. Luchó en los años crueles para recuperar la democracia, fue uno de los protagonistas del mítico Teatro Abierto, y Secretario General de la Asociación Argentina de Actores".

También, "fue un artífice central en la propuesta cultural del radicalismo en la gestión del gobierno de Raúl Alfonsín, al que asesoró durante su presidencia. A Raúl lo unió una amistad edificada en la admiración".

"Estuvo en el Comité Nacional hace muy poco cuándo homenajeamos a la generación del '83. Jamás pensamos que esa era la última vez que compartiríamos nuestra casa. Brandoni fue también nuestro representante en el Congreso como diputado nacional y un polemista permanente en la defensa de los valores radicales", destacaron y concluyeron: "Con inmenso dolor, los radicales de todo el país acompañamos a sus familiares y amigos".

Para los radicales a ese dolor se le suma la pérdida de un militante de esos que estaban siempre al servicio de la Causa de la democracia. A nuestro partido le faltará su voz en cada reunión, extrañaremos su abrazo fraterno y sus palabras precisas.

— Unión Cívica Radical (@UCRNacional) April 20, 2026

El recuerdo del partido radical

A través de un comunicado, el bloque de senadores de la UCR manifestó su "más profundo pesar ante el fallecimiento de Luis Brandoni, una figura cuya huella resulta imborrable para la cultura y la vida política de nuestra Nación".

"Brandoni no fue solo un eximio actor y un artista de profunda raigambre popular; fue, ante todo, un ciudadano comprometido. Su vida fue un testimonio de coherencia, dedicando su energía tanto a la excelencia artística como a la militancia activa dentro de nuestro partido, donde se desempeñó como un dirigente lúcido y valiente", destacaron.

Y finalizaron: "Desde este bloque, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias y un abrazo fraterno a sus familiares, amigos, correligionarios y al público que tanto lo quiso. Despedimos a un referente que, con la palabra y la acción, honró los valores de la Unión Cívica Radical".

Despedimos con dolor a un enorme actor, excelente persona, comprometido militante por la democracia y los derechos humanos, y gran diputado nacional. Acompañamos a su familia en este duro momento. pic.twitter.com/cJf2FXtCJk

— Bloque de Diputados UCR (@diputadosucr) April 20, 2026

El mensaje del bloque de diputados de la UCR

El Senado realizó este viernes una visita técnica abierta al público con el objetivo de acercar a la ciudadanía al patrimonio institucional y promover su preservación. La actividad, gratuita y con cupo limitado, despertó un fuerte interés: las 120 vacantes disponibles se agotaron rápidamente mediante inscripción previa.

El recorrido estuvo guiado por los equipos de Visitas Guiadas y de Conservación y Restauración, que ofrecieron explicaciones detalladas sobre la historia del edificio, sus características constructivas y los procesos de conservación que se llevan adelante para resguardar su valor simbólico y material.

Uno de los puntos más destacados fue la intervención en el Salón Azul, donde la araña central fue descendida para permitir una observación cercana. Además, se colocó una banca con pupitre para fotografías frente a un video wall que proyectó imágenes históricas del recinto, enriqueciendo la experiencia de los visitantes.

En el Salón Illia, la propuesta incluyó la recreación de escenas del mobiliario original mediante la disposición de una mesa octogonal, un escritorio con silla balaustre y una lámpara histórica. También se exhibieron un sillón “redondo” recuperado y una banca restaurada, acompañados por una pantalla con imágenes del salón a lo largo del tiempo y del proceso de restauración de las piezas.

El Salón de las Provincias presentó una intervención centrada en su patrimonio artístico, con la exhibición de una maqueta del vitral histórico y su mueble de soporte. La muestra se complementó con una vitrina y una pantalla con fotografías antiguas, permitiendo comprender la evolución y relevancia de este espacio dentro del Palacio.

La iniciativa reforzó el vínculo entre la ciudadanía y uno de los edificios más emblemáticos del país, combinando historia, arquitectura y acceso al patrimonio en una experiencia única.

La Procuración del Tesoro Nacional presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para eludir el fallo de la Cámara III en lo Contencioso Administrativo que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei e insistida por el Congreso de la Nación.

El fallo judicial obliga al Gobierno a girar 2.5 billones de pesos a las 56 casas de altos estudios de jurisdicción nacional. El recurso per saltum fue presentado por Sebastián Amerio, quien llevó el pedido para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 que establecen la recomposición salarial al personal docente y no docente; y la actualización automática de las becas estudiantiles.

A pocos días de cumplirse de dos años de la marcha federal universitaria que movilizó a un millón de personas del Congreso a Plaza de Mayo el 23 de abril del 2024 cuando se iniciaba el conflicto presupuestario, la comunidad estudiantil ha anunciado una nueva movilización con fecha a determinar. De todos modos, las medidas de fuerza han continuado periódicamente durante estos dos años.

El cuestionamiento planteado desde Casa de Gobierno al fallo de la Cámara III es sobre los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del decreto 759/2025. El pedido es para solicitar el efecto suspensivo de los giros presupuestarios, los cuales obligan al Gobierno a transferir los montos desde las 9.30 de este viernes.

En el Gobierno, señalaron que "la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal", y reiteraron las críticas al fallo por considerar que genera "un grave e irreparable perjuicio al Estado” con la imposición del cumplimiento de los giros establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en el 2025

Financiamiento Universitario, un conflicto de larga data para Milei 

Apenas asumió el cargo de presidente de la Nación, Javier decidió prorrogar el Presupuesto 2023 y uno de los tantos sectores que reclamaron por un incremento en las partidas presupuestarias fue el de las universidades nacionales. Entre advertencias de auditorías y medidas de fuerza, el Consejo Interuniversitario Nacional no logró acordar con el Gobierno y el 23 de abril del 2024 se llevó a cabo la primera marcha federal que movilizó a un millón de personas de la comunidad universitaria a Casa de Gobierno.

La comunidad universitaria llenó la Plaza de los dos Congresos y marchó a Casa Rosada.

A partir de eso, los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados impulsaron una primera versión de la Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 12 de septiembre del 2024, pero terminó siendo vetada por Javier Milei y desechada en su insistencia ante el blindaje logrado el tercio compuesto por La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior (radicales peluca hoy en el oficialismo) y monobloques de Tucumán, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Sin embargo, en el 2025, año de elecciones legislativas, la oposición representada en Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda logró emplazar una nueva Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 21 de agosto del 2025 en el Senado.

Nuevamente Javier Milei vetó el proyecto de ley de recomposición salarial docente y actualización de becas estudiantiles, pero esta vez la oposición en ambas cámaras aprobó la insistencia de la ley: Diputados rompió la barrera de los dos tercios con 174 votos a favor; y el Senado dejó firma la iniciativa el 2 de octubre con 58 votos afirmativos.

El Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 por medio del decreto 759/2025 firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde ese día, la ley comenzó otro camino en la Justicia.

El último intento legislativo por derogar la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional fue a través del Presupuesto 2026. En el Capítulo XI de la "ley de leyes" se disponía la derogación de esta iniciativa junto a la Emergencia en Discapacidad y Sanitaria en el Hospital Garrahan. La propuesta se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y las leyes quedaron vigentes.

Faltan todavía días, pero oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados ya saben que lo que se avecina el próximo 29 de este mes con la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será una sesión tensa.

Tal como anunció en redes, crecen las chances de que el propio presidente Javier Milei asista a bancar a su vocero (rol que cumplía a pesar de asumir otro cargo), hoy deslegitimado por la investigación judicial sobre su incremento patrimonial y los elementos que cada día suma la causa. Por supuesto no lo haría solo, sino junto a su hermana, el "Jefe" Karina, quien encabeza la resistencia del ministro coordinador.

Hace más de un mes, el Gobierno se ve afectado por la figura de Adorni, que iría preparado para intentar retomar su papel de "domador" cuando en el recinto la oposición lo interrogue por los escándalos que lo envuelven.

Mientras hoy un sector de la oposición considera que no hay más opción que ir al hueso en las preguntas al jefe de Gabinete sobre sus propiedades y viajes, otro ala del recinto quiere cuestionar sobre la marcha de la economía y no ir por una virtual interpelación en esa ocasión.

“Es un tema de la justicia, él no viene acá a explicar un tema judicial”, dijeron a parlamentario.com fuentes del oficialismo, que asimismo ven a la oposición como “capaz de cualquier cosa”. “Esta cuestión está corriendo un carril aparte y no tiene una definición todavía”, insistieron desde LLA.

A su vez, según pudo saber este medio, los diputados oficialistas no estarían tan activos en esa sesión, es decir, con pedido de la palabra para saltar a defender a Adorni. Una postura que igualmente es la que vienen mostrando en las últimas sesiones: casi nadie argumenta los propios proyectos del Gobierno. Igualmente esto no cancelará la arenga que seguramente habrá tanto a él como a los hermanos Milei.

Desde uno de los espacios más nutridos de la oposición advierten que "hay que estar organizados" para ese día y evitar que cualquier discurso de figuras más revoltosas pueda "darle pie a ellos" para el juego de la confrontación, y se pierda así la posibilidad de poner contra las cuerdas a Adorni.

Incluso hay quienes ven con buenos ojos que diputados como Pablo Juliano y Esteban Paulón, de Provincias Unidas, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, puedan tener protagonismo a la hora de preguntarle puntualmente al jefe de Gabinete, dado que denunciaron al funcionario por haber subido a su esposa al avión presidencial y por la compra de su departamento en Caballito. Otra que aparece en esa lista es la exlibertaria Marcela Pagano.

En la oposición hay quienes consideran que los días previos habría que preparar una estrategia unificada al estilo de la interpelación que se le hizo por el caso $LIBRA al antecesor de Adorni, Guillermo Francos, casualmente también un 29 de abril, pero del año pasado.

"No hay que regalarles el escenario. Menos es más. Hay que dejarlo offside", afirmó a parlamentario.com un diputado de la oposición, de los que cree que la sesión no tendría que girar en torno a otra cosa más que la causa de Adorni. "Está impugnado personalmente, no puede responder sobre la gestión", agregó esa fuente.

Sin embargo, un referente de la principal bancada opositora aseguró ante parlamentario.com que "el 70% de las preguntas tienen que ser sobre economía y un 30% sobre casta". "De Adorni se encarga la sociedad, que ya no le cree", lanzó un legislador peronista, al parecer no interesado en que toda la jornada se centre en la cuestión de presunta corrupción.

Un rumor que empezó a sobrevolar es que posiblemente Adorni recurra a datos de declaraciones juradas de los legisladores para la contraofensiva. De acuerdo a la información pública, alrededor de un 20% de los diputados no presentaron sus DD.JJ. de 2024, mientras que para las relativas a 2025 todavía hay tiempo hasta el 30 de mayo.

Como todo informe de gestión -justamente el primero de Adorni- comenzará con una introducción del ministro coordinador sobre la marcha de la gestión. Suele durar entre 40 minutos y una hora. Será seguramente el tramo en el que permanezca el presidente Milei dentro del recinto. Luego, se pasará a las preguntas de los bloques, que habitualmente comienza por los más chicos. Serán largas horas.

La Mesa Política del Gobierno nacional se reunió este viernes en Casa Rosada para confirmar el envío al Congreso de la Nación de los proyectos de reforma a la Ley de Salud Mental y otra contra “el fraude de pensiones por invalidez”. Además, se convalidó la idea de avanzar con la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca durante este mes.

La reunión sucedió en Balcarce 50 y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

A dos semanas de la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni en Diputados -se hará oficial entre martes y miércoles de la semana que viene-, la estrategia del Poder Ejecutivo apunta a la presentación de nuevas reformas parlamentarias que fueron anunciadas en el plan de gobierno del 1° de marzo y también para correr de la escena central al ministro coordinador de la agenda pública por las denuncias de enriquecimiento ilícito.

Fuentes del oficialismo confirmaron a parlamentario.com que la reforma a la Ley de Salud Mental va a ingresar por Mesa de Entradas de la Cámara alta; mientras que el proyecto de ley de fraude de pensiones por invalidez, lo hará por la Cámara de Diputados. Según averiguó este medio, el segundo proyecto no apunta a las prestaciones, sino que tiene un carácter más restrictivo en el proceso de acceso al Certificado Único de Discapacidad.

Un tercer aspecto tratado en la reunión del Gobierno estuvo abocada al avance de la Ley de Hojarasca que, según mencionan en los pasillos del Congreso, se podría convocar al plenario para el próximo martes 21 con el objetivo de dictaminar y la sesión especial para el miércoles 22. De igual manera, la reunión de comisiones tendrá como expositor a Alejandro Cacace, funcionario del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.

En el otro lado del Palacio Legislativo, el Senado mantiene abierto el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que aún no tiene fecha de dictamen. La oposición dialoguista ha puesto reparos y las modificaciones al texto que envío el Poder Ejecutivo Nacional no han sido consensuadas. Cabe recordar que el reglamento de la Cámara alta dispone que los temas están habilitados a tratarse en el recinto a partir de los siete días de  la fecha de dictamen. Desde los espacios aliados lo ven para mayo recién.

Los senadores del bloque Pro Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala presentaron un nuevo proyecto de "Ficha Limpia", que busca impedir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción y dolosos puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales.

"A fin de garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático", establece la iniciativa, que también alcanzaría con tal prohibición a funcionarios.

Una de las modificaciones más relevantes consiste en incorporar al artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos la prohibición de candidatearse a quienes hayan tenido sentencia confirmada en segunda instancia por delitos contra la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.

También, por todo otro delito doloso, como los cometidos contra las personas, contra la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad y el orden público; y delitos de tráfico de estupefacientes.

Esto se aplicará en casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena.

A su vez, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar un Registro Público de Ficha Limpia donde constarán las sentencias.

Presentamos nuevamente el proyecto de #FichaLimpia en el @SenadoArgentina. La idoneidad debe ser un requisito ineludible: quienes tengan condenas confirmadas en 2da instancia por corrupción, narcotráfico o delitos graves no podrán ser candidatos ni ocupar cargos en el Estado. pic.twitter.com/tD2YyK1bnE

— PRO Senadores (@prosenadores) April 16, 2026

Los senadores explicaron que esto busca ser "una respuesta directa al agotamiento de una ciudadanía que exige ejemplaridad". "La integridad de quienes aspiran a representar al pueblo no puede ser una simple sugerencia ética, sino un requisito legal ineludible para la salud de nuestra República", aseguraron.

En los argumentos, los legisladores del Pro resaltaron que "el proyecto trasciende el ámbito estrictamente electoral y alcanza al Poder Ejecutivo en todos sus niveles de decisión. La restricción para ocupar cargos se extiende a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados, personal diplomático y directores de empresas con participación estatal".

En mayo de 2025, el proyecto de "Ficha Limpia" que venía con media sanción de la Cámara de Diputados se cayó por un voto en el Senado. Impulsado fuertemente por los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio -Pro, UCR y CC-, en el arranque de este nuevo periodo ordinario ya se ha vuelto a representar en ambas cámaras por estos sectores.

El diputado nacional Eduardo Falcone (MID) mantuvo un encuentro con autoridades de Vialidad Nacional y les transmitió su preocupación por la paralización de la obra en la Ruta Nacional N° 5 en el tramo Mercedes - Suipacha.

Tras la reunión, que había sido solicitada por el legislador, Falcone advirtió que la falta de financiamiento por parte del Ministerio de Economía y la actitud de la empresa CPC de Cristóbal López provocaron la paralización de la obra.

Durante el encuentro con Marcelo Campoy, administrador general del organismo, el diputado del MID planteó la necesidad de reactivar la construcción de la doble calzada en uno de los sectores más críticos de la traza, tanto por el volumen de tránsito como por los índices de siniestralidad.

Campoy le transmitió que esperan regularizar los pagos, pero cuestionó a la empresa por suspender toda actividad, actitud que no fue seguida por otros contratistas ante la misma situación de suspensión de pagos.

En relación a la licitación de la concesión del “Tramo Pampa”, Campoy le informó a Falcone que en los próximos días se realizará la apertura de sobres con las ofertas económicas, paso previo a la adjudicación. En ese sentido, cabe señalar que el pliego de condiciones de la licitación no obliga a ejecutar grandes obras, aunque tampoco las descarta, de modo que ello abre una posibilidad para avanzar con inversiones estructurales al menos en algunos tramos de la RN5.

Campoy le confirmó a Falcone que la Ruta 5 se encuentra incluida dentro de un plan en estudio por parte del Gobierno, que contempla la construcción de tramos de autopistas, ruta segura y terceras calzadas con financiamiento privado por peaje.

En ese marco, Falcone y Campoy cambiaron ideas alternativas sobre el posible financiamiento de esas obras, esenciales para este corredor estratégico.

Finalmente, ambas partes acordaron continuar el diálogo una vez finalizado el proceso licitatorio, instancia que será determinante para definir el futuro de una obra largamente reclamada por municipios, sectores productivos y usuarios de la región.

En medio de nuevos y crecientes reclamos de dos sectores que, desde poco después del comienzo de la gestión de Javier Milei, advierten por el ajuste que sufren, el Gobierno tiene como intención reabrir la discusión sobre discapacidad y financiamiento universitario en el Congreso.

Así pudo saber parlamentario.com, tanto de fuentes oficialistas como opositoras, a las cuales ya se les transmitió que el Ejecutivo tiene en carpeta discutir reformas a las leyes que fueron impulsadas el año pasado por la oposición, vetadas por el presidente y posteriormente insistidas por amplias mayorías.

Incluso, en diciembre pasado, ya con una composición parlamentaria más favorable a La Libertad Avanza, el oficialismo vio fracasar el capítulo incluido en el Presupuesto que buscaba la derogación lisa y llana de las leyes 27.793 y 27.795.

En el caso de Financiamiento Universitario, Casa Rosada se apresta a apelar la implementación de la norma ante la última instancia judicial: la Corte Suprema. En marzo pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le ordenó cumplir de inmediato con la ley.

Un mes antes de ese revés, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar la norma, pero hasta ahora no se puso en discusión.

En cuanto a discapacidad, todavía no hay definición sobre si el Gobierno piensa en una reforma a la Ley de Emergencia o directamente a la Ley de Discapacidad (22.431). Este tema también tuvo sus fallos judiciales y en febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial su reglamentación. Sin embargo, el colectivo de organizaciones de personas con discapacidad mantiene el reclamo por la plena implementación de la ley. “Las prestaciones tenían atraso y ya hubo actualización”, justificó a parlamentario.com una fuente del oficialismo.

Según supo este medio, sobre lo que habría intención de avanzar es en establecer criterios más rigurosos para la obtención del Certificado Único de Discapacidad.

Ley Hojarasca, próxima parada

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el oficialismo buscaría llevar al recinto en los próximos días el proyecto de “Ley Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa, que fue presentada en 2024 y reenviada semanas atrás, busca ponerle fin a un abultado conjunto de leyes que ya no tienen efecto, fueron superadas por normas posteriores, se considera que “limitan libertades” o tienden a la burocratización. Puntualmente, propone la derogación total de 63 leyes, la derogación total de dos decretos y la modificación de otras tres normas.

La semana próxima funcionarios de la cartera de Desregulación asistirían a un plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda a defender el proyecto. En caso de contar el oficialismo con las voluntades de sus aliados, podría haber dictamen y llevarse a una sesión el miércoles 22.

Se demora el Tratado de Patentes, clave en el acuerdo con Estados Unidos

La segunda semana de abril terminó con una seguidilla de reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, que tuvo una única y destacada suspensión: el plenario que iba a realizar junto a Legislación General e Industria para discutir la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), clave en el marco del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Se trata de una iniciativa que cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y que LLA busca desempolvar para cumplir con uno de los compromisos asumidos con la gestión de Donald Trump.

Aunque el 30 de abril era la fecha límite para cumplir con tal aprobación, fuentes del oficialismo descartaron que se llegue. “Es un tema que está llevando adelante Cancillería”, revelaron a este medio. Así, LLA se encuentra a la espera de las órdenes del Ministerio comandado por Pablo Quirno, pero ya da por sentado que no se tratará en una eventual sesión del 22 ni la semana siguiente, marcada por la visita del -cuestionadísimo- jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Varios motivos giraron en torno a la suspensión del plenario y, entre ellos, uno de los más resonantes fue el fuerte rechazo que salieron a manifestar los laboratorios nacionales, que se verían afectados al no poder copias fórmulas. Es que, de acuerdo al tratado, una vez que se registre una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá 20 años de validez en todos los países adheridos.

Eliminación de las PASO: un anhelo “muy difícil” para el Gobierno

El Gobierno tiene entre sus prioridades la idea de avanzar con una reforma política, que incluya la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en la Boleta Única de Papel y modificaciones sobre la constitución, vigencia y financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, desde  LLA admiten que ven “muy difícil” la posibilidad de eliminar las primarias. El año pasado, para las legislativas, el consenso con la oposición dialoguista alcanzó solo para la suspensión. Conscientes de que sus principales socios del Pro y la UCR no están de acuerdo con la eliminación directa, y sin que asome un “plan B” hasta ahora, hay quienes afirman que si no se pueden suprimir buscarán nuevamente su suspensión en 2027, año presidencial. El argumento de la gestión libertaria radica en el costo fiscal que tienen esos comicios para resolver internas de los partidos.

El bloque Convicción Federal del Senado le exigió al Poder Ejecutivo que informe de “manera urgente” sobre la ejecución presupuestaria del PAMI, la reducción de los servicios a los jubilados y la interrupción del programa Remediar, “una política sanitaria esencial que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos en todo el país”.

La bancada compuesta por Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca) presentó tres iniciativas frente a “la profunda preocupación por la crítica situación operativa, financiera y prestacional que pone en riesgo la cobertura de salud y la calidad de vida de millones de afiliados de toda la Argentina”. También hicieron hincapié “en el enorme impacto negativo a los prestadores de salud”.

A través de un proyecto, solicitaron al PEN que explique “tanto los montos de deudas y recortes a los prestadores del PAMI, como la baja de incentivos dispuesta para los médicos de cabecera; y las medidas que desprotegen a la niñez y la adolescencia de los sectores sociales más vulnerables que dependen exclusivamente de la atención de esa obra social”.

En este contexto, advirtieron además que “la discontinuidad del programa Remediar no es un hecho aislado ni administrativo, sino parte de un proceso más amplio de desarticulación del sistema público de salud”, que afecta directamente a millones de argentinos que quedarían sin cobertura médica.

“El programa Remediar fue durante más de 20 años una herramienta clave para sostener la atención primaria en más de 8.000 centros de salud. Su interrupción deja a las provincias solas frente a una demanda creciente y sin los recursos necesarios para garantizar medicamentos esenciales”, enfatizaron los legisladores, representantes del Norte Grande en la Cámara alta.

Y agregaron que “la combinación del vaciamiento de Remediar con el deterioro del PAMI configura un escenario crítico: millones de personas quedan a la deriva, obligadas a interrumpir tratamientos o a afrontar costos imposibles”.

En el final de una seguidilla de reuniones encabezadas por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, recibió dictamen un proyecto que prevé la aprobación de un tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre autoridades centrales (“Tratado de Medellín”), firmado en julio de 2019, y su Reglamento de Financiación, aprobado en febrero de 2022.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en julio de 2024, se avaló este jueves en un plenario junto a la Comisión de Justicia.

Presidenta de la Comisión de RR.EE., la oficialista Juliana Santillán, señaló que consiste en un “instrumento muy valioso para la aceleración de los trámites y la remisión de las solicitudes, que tiene que ver con la cooperación jurídica entre los Estados y hace posible que las autoridades centrales utilicen preferentemente los medios electrónicos para su transmisión”.

De esta manera, permite que “el envío y la recepción de las solicitudes se realice a través de la plataforma Iber@, que es una herramienta segura creada por la red internacional IberRed”, explicó.

“El uso de esta plataforma hace que se puedan reducir los plazos, costos y asegurar los procedimientos, y que se eliminen las trabas burocráticas para que la cooperación interestatal pueda ser más efectiva”, agregó Santillán.

Por otra parte, en el arranque del plenario se designó como vicepresidenta primera de la Comisión de Justicia a Vanesa Siley, de Unión por la Patria; y a Rodolfo Tailhade, también de UP, como secretario tercero. Las secretarías primera y segunda continúan en reserva para los interbloques Fuerzas del Cambio y Unidos, respectivamente.

En un encuentro que duró cinco minutos, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este jueves para completar cargos entre sus autoridades.

La reunión se dio en el Salón Illia, luego de la extensa audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, donde se presentó el camarista Carlos “Coco” Mahiques. Precisamente, al comienzo del día, antes de arrancar la audiencia, senadores del interbloque peronista cuestionaron una vez más los lugares que se les otorgaron en las comisiones.

Es así que, horas después, cuando el presidente de Presupuesto, el oficialista Agustín Monteverde, dijo ante sus pares de LLA y aliados que correspondía designar la vicepresidencia, la cual es para el interbloque Popular, anunció inmediatamente que continuará en reserva, a la espera del decreto presidencial que confirme los integrantes por el peronismo.

Por el contrario, sí se avanzó en la elección de la secretaria de la comisión, propuesta por el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi. Asumió en el cargo la chaqueña Silvana Schneider, quien agradeció la confianza.

“Me honra la gran responsabilidad en ejercer esta secretaría de una comisión compatible con mi formación profesional y académica”, expresó la radical y afirmó estar dispuesta a “trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

Después que se aprobaran los martes a las 15 como días y horario de reunión, tomó la palabra sorpresivamente el peronista Jorge “Coqui” Capitanich -único presente de su interbloque- para pedirle al presidente que en la próxima reunión se construya una agenda sobre los proyectos presentados.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, visitaron Vaca Muerta para participar de una actividad institucional junto a YPF, en el yacimiento de Loma Campana, uno de los principales desarrollos no convencionales del país.

Los funcionarios arribaron durante la mañana a Neuquén y se trasladaron desde la capital provincial al área operada por la petrolera estatal, donde encabezaron la entrega del certificado de Marca País Argentina a la compañía. La actividad se desarrolló en un marco privado y formó parte de una agenda orientada a destacar el rol estratégico del sector energético.

De la recorrida participaron la senadora de La Libertad Avanza por Neuquén Nadia Márquez, quien organizó la visita y mantiene una relación cercana con la secretaria general de la Presidencia, y su par Pablo Cervi. También integró la comitiva Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Según se informó oficialmente, la distinción otorgada a YPF reconoce a la empresa “como un actor clave en la proyección internacional de la identidad productiva nacional”, en función de su trayectoria, la escala de su operación y su rol en el desarrollo económico argentino.

La Marca País Argentina es una herramienta institucional destinada a fortalecer la percepción del país en el exterior, impulsar las exportaciones de bienes y servicios, atraer inversiones y turismo, y promover el talento nacional en los mercados globales.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron un equipo de perforación y un par de pozos en producción en Loma Campana, y observaron el funcionamiento de los RTIC (Real Time Intelligence Centers) desde donde se monitorea y optimiza la actividad de campo tanto en Neuquén como en Buenos Aires.

Por parte de YPF estuvieron presentes Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing; Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos; y Matías Farina, vicepresidente ejecutivo de Upstream.

Al cierre de la actividad, la senadora Márquez destacó el respaldo político a la industria energética. “Se está trabajando para que la seguridad jurídica y las inversiones no sean solo palabras, sino realidades que transformen la matriz económica de la Argentina. Neuquén es el motor que va a sacar al país adelante, y contar con el respaldo de Karina y Manuel aquí lo ratifica”, afirmó.

Consultado en la audiencia pública por la estadía de fin de semana en Lago Escondido por el que el magistrado fue acusado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura, el juez Carlos Alberto Mahiques reiteró en varias oportunidades que “se trató de un viaje de amigos camaradas”. También aclaró que “no se trató de un viaje de trabajo y no requirió licencia”.

La polémica revivida por el sector kirchnerista del bloque Justicialista lleva al viaje a Lago Escondido en octubre del 2022 del que el magistrado participó junto a los jueces Julián Ercolini y Juan Bautista Mahiques (hijo de Carlos, hoy ministro de Justicia de la Nación), Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke; y el exjefe de Legales de la Secretaría de Inteligencia (SI), Leo Bergroth.

Las consultas fueron planteadas por la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el rionegrino Martín Soria, quienes acusaron al juez de “falta de ética por haber aceptado beneficios de un grupo empresario con intereses directos con los tribunales que usted integra”. El exministro de Justicia del Frente de Todos agregó que ese viaje “expuso vínculos promiscuos entre grandes medios de comunicación, personajes del espionaje, funcionarios judiciales y magnates que ponen la casa con lago”.

Ante la primera pregunta, Carlos Alberto Mahiques explicó: “Me cuide muy bien de verificar, cuando hicimos ese viaje de amigos, que no me financió ninguna empresa”. También reiteró que “no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando”. Agregó, en ese sentido, que “participé de un seminario que está grabado en la Universidad Austral durante el viernes y el sábado, y el domingo me volví”.

Respecto a la actividad judicial, el magistrado dejó en claro que “participé de deliberaciones del trámite de causas con mi secretaria de Cámara, en ese momento, Mariana Mazón, que pude dar fe que ese viaje de pesca no fue de pesca y fue de trabajo”. Y consideró: “Nunca pensé que podía tener consecuencias mediáticas, judiciales y disciplinarias”.

En medio de las especulaciones de la oposición, el juez federal sintetizó al viaje a Lago Escondido como un “acto de la vida privada”. También sostuvo que “tengo amigos magistrados y otros que son empresarios que conozco hace más de 25 años”, y volvió a reiterar en más de una oportunidad que “fue un viaje de un fin de semana que no requirió de licencia”.

Luego, le contestó a la senadora camporista y deslizó: “Lo que usted evocó generó una doble investigación, una de orden disciplinario en el Consejo de la Magistratura, y una de orden penal por supuestos delitos y algunos vinculados con la posibilidad de adulteración de facturas”. “En ambos casos, el Consejo de la Magistratura se expidió en sentido negativo ante la inexistencia de falta disciplinaria, ética o norma ontológica”, afirmó.

Y agregó: “En lo penal, se decidió el sobreseimiento de los denunciados por inexistencia de delitos y fue el propio presidente de la República (Alberto Fernández), en ese momento, quien reconoció en comunicación oficial que parte de la prueba adquirida había sido de manera ilegal”.

Para terminar, Carlos Mahiques expresó que “no voy a hacer alusión a todo lo que se vivió como invasión a la vida privada, seguimiento de personas, intervención de una institución oficial y edición de pruebas que desconozco”, y concluyó: “No dije que fue un viaje de trabajo, dije que yo trabajé, que aproveché ese tiempo para hacer tareas académicas y fue un viaje de amigos camaradas que no tuvo ningún otro objetivo que la distracción”.

El financiamiento mediante leasing alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2019 y consolidó una tendencia de crecimiento sostenido que ya lleva ocho trimestres consecutivos. En ese contexto, las pequeñas y medianas empresas se posicionaron como las principales protagonistas del mercado, al concentrar el 25% del crédito total otorgado bajo esta modalidad.

El leasing se convirtió en una herramienta clave para la expansión productiva al permitir que las empresas accedan al uso de bienes de capital a través del pago de cuotas y con la posibilidad de ejercer una opción de compra al final del contrato. Esta flexibilidad explica su fuerte adopción en sectores estratégicos como el transporte, la tecnología y el equipamiento industrial, que lideraron la demanda durante el último año.

De acuerdo con las proyecciones del sector, el dinamismo mostrado en 2025 no sólo se mantendría sino que podría profundizarse en 2026. Las estimaciones apuntan a que el volumen de operaciones supere al del año anterior, apalancado por un escenario financiero más favorable en la Argentina, que potencia las ventajas del leasing como alternativa de financiamiento frente a otros instrumentos tradicionales.

En paralelo al crecimiento del mercado local, el sector registró un avance en el plano institucional con la designación de Gabriela Tolchinsky como vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Leasing (FELALEASE) para el período 2026-2028. La decisión fue informada oficialmente a Agencia Noticias Argentinas.

La incorporación de Tolchinsky a la conducción regional refuerza el posicionamiento de la Argentina dentro del mapa del leasing en América Latina y le otorga mayor visibilidad al país en la definición de políticas y lineamientos del sector.

La nueva conducción de FELALEASE estará encabezada por Osmar Roncolato Pinho, de Brasil, en la presidencia, mientras que la vicepresidencia primera quedará a cargo de Salomón Díaz, de Chile, conformando una mesa directiva con representación de los principales mercados de la región.

El Gobierno de Río Negro dio un paso clave para posicionarse en el mapa energético internacional con la firma de un acuerdo destinado a desarrollar en la provincia el primer proyecto argentino de exportación de gas natural licuado (GNL). La iniciativa prevé una inversión de 15.000 millones de dólares y apunta a transformar el gas de Vaca Muerta en un producto exportable hacia los principales mercados del mundo.

El convenio fue rubricado por el gobernador Alberto Weretilneck en la Casa de Río Negro en la Ciudad de Buenos Aires, junto a directivos de empresas energéticas y representantes del consorcio encargado del desarrollo del proyecto.

El plan contempla la construcción de un gasoducto exclusivo de 471 kilómetros, que conectará los yacimientos de Vaca Muerta con la costa rionegrina. A esa infraestructura se sumará la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, que permitirán procesar el gas y convertirlo en GNL para su posterior exportación.

Según el cronograma presentado, el primer buque comenzará a operar en septiembre de 2027, mientras que el segundo entrará en funcionamiento durante el segundo semestre de 2028, incrementando de forma significativa la capacidad exportadora del sistema.

El acuerdo firmado establece una serie de beneficios económicos para la provincia, que incluyen el pago de un canon, regalías e impuestos que, en conjunto, alcanzarían 55 millones de dólares a lo largo de 20 años. A eso se suma la creación de un fondo comunitario de 36 millones de dólares por única vez y un aporte anual variable, atado al precio internacional del GNL, lo que permitirá incrementar los ingresos provinciales a medida que crezca el proyecto.

En materia ambiental, la iniciativa incorpora compromisos específicos de monitoreo permanente del ecosistema costero del Golfo San Matías, así como el desarrollo de infraestructura asociada a la futura terminal de carga, que estará ubicada al sur de Las Grutas.

Desde el Ejecutivo rionegrino destacaron que el proyecto permitirá integrar Vaca Muerta con una salida directa al mar, procesar el gas en origen mediante tecnología de licuefacción flotante y colocar el producto en el mercado internacional, consolidando a la Norpatagonia como un polo energético estratégico para el país.

En paralelo, el consorcio responsable del emprendimiento ya dio un primer paso comercial: firmó un contrato de abastecimiento con la empresa estatal alemana SEFE, que prevé la exportación de dos millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, con envíos programados a partir de fines de 2027.

Tras el anuncio del Poder Ejecutivo de impulsar una modificación integral a la Ley de Seguridad Pública, que cuenta con más de 30 años de antigüedad, desde las propias Cámaras comenzaron a presentarse iniciativas en línea con esa discusión.

“Estamos haciendo un proceso de diálogo, con diferentes intendentes”, dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, al ser consultado sobre el anuncio que realizara el gobernador Kicillof en la última Asamblea Legislativa sobre una nueva ley de Seguridad Pública.

En ese sentido, el ministro Alonso manifestó “lo que viene a plantear la ley es el rol de los intendentes de los distritos grandes, que todos sabemos que tienen centro de monitoreo, que tienen cuerpo de prevención, y que hasta ahora no tienen ninguna regulación”.

Asimismo, el funcionario provincial detalló que “muchos de esos cuerpos (de prevención) están usando armas menos letales, sin ningún tipo de regulación, y eso es lo que nosotros queremos ordenar en el marco de la reorganización que hicimos desde el Ejecutivo, por esto entendemos que hay una visión de los intendentes de querer institucionalizarlo”.

En ese contexto, el diputado de Fuerza Patria, Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley que propone la creación de Policías Comunales en los municipios que adhieran mediante ordenanza, con el objetivo de fortalecer la seguridad preventiva a nivel local.

“Buscamos dotar a los gobiernos municipales de herramientas para dar respuestas más rápidas y adaptadas a las problemáticas de cada distrito”, explicó el legislador.

La iniciativa presentada apunta a fortalecer la capacidad de respuesta frente a problemáticas específicas de cada distrito, mediante fuerzas que dependan funcionalmente del Ejecutivo municipal y actúen con conocimiento directo del territorio y sus dinámicas.

Finalmente, Puglelli explicó que la reforma busca complementar el esquema de seguridad vigente “con fuerzas que trabajen cerca de la comunidad, bajo criterios de legalidad y respeto por los derechos humanos”.

La diputada ultramileísta Lilia Lemoine y la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con el presidente, protagonizaron un nuevo cruce por redes sociales.

De pésima relación hace tiempo, la presidenta del Senado tiene bloqueada en X a la legisladora, pero las idas y vueltas entre ambas igual.

Al compartir un posteo de un usuario que cuestiona a la vice y le dice que “si no forma parte del rumbo del Gobierno” debe dejar el cargo, Lemoine escribió: “Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas”.

Y lanzó: “La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor”.

Sobre ese posteo de Lemoine, la socióloga Laura Etcharren salió en defensa de Villarruel, quien le contestó: “Gracias Laura por la defensa. La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”.

Y, en otro comentario de un usuario que le recrimina a Villarruel no representar lo que votó, la titular del Senado disparó: “No me queda claro lo que votaron cuando eligieron a Gianni, Vera o Pareja. Pero esa es una discusión que deben tener uds., mientras tanto desempeño mi cargo con honestidad hasta el 10/12/27. En el próximo turno elegís algo que se acomode más a tu ensalada mental. Buenas noches”.

Lemoine y Villarruel tuvieron varios cruces anteriormente e incluso el año pasado la vice presentó una denuncia penal contra la diputada y varios propagandistas del Gobierno, por amenazas e instigación a cometer delitos y atentado contra el orden público.

Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados dictaminó este miércoles un proyecto por el cual se aprueba el convenio internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio.

Se trata de un acuerdo firmado en mayo de 2007, y cuyo objeto es establecer normas y procedimientos internacionales uniformes para asegurar la remoción pronta y eficaz de restos de naufragios y el pago de una indemnización por los costos ocasionados. Se aplica a los naufragios de cualquier buque sucedidos en la zona económica exclusiva de un Estado firmante, que puedan representar un riesgo para la navegación, dañar el medio marino, el litoral o los intereses del Estado ribereño u otros.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado el 22 de agosto de 2024.

La presidenta de la Comisión de RR.EE., la oficialista Juliana Santillán, explicó que el convenio “establece un marco jurídico uniforme para la identificación, señalización y remoción de restos de naufragio que puedan constituir un peligro para la navegación o el medioambiente marítimo”.

“Rigen las responsabilidades y obligaciones para los Estados y los propietarios de buques, contribuyendo a fortalecer la colaboración internacional y a garantizar la gestión eficaz de estos riesgos en el ámbito marítimo”, continuó.

La legisladora señaló que “la aprobación del convenio representa un avance muy significativo en la adecuación de nuestro país a los estándares internacionales en materia de seguridad marítima y protección ambiental. Además, fortalece las herramientas que son jurídicas y están disponibles para prevenir los riesgos y dar respuestas ante eventuales siniestros en nuestras vías navegables”.

A su vez, “reafirma el compromiso de la República Argentina con la cooperación internacional y el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito del derecho marítimo”.

Antes de pasar a la firma del dictamen, en la reunión se continuó con la designación de cargos vacantes y asumieron el rionegrino Marcelo Mango y el fueguino Agustín Tita, ambos de Unión por la Patria, como secretarios primero y tercero -respectivamente- en la Comisión de Intereses Marítimos.

Planteo de la oposición sobre la licitación de la vía navegable troncal

Durante el encuentro, la diputada de UP Blanca Osuna solicitó la palabra para “traer una preocupación pertinente a las dos comisiones” respecto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), donde “los miembros fueron designados ad honorem”, cosa sobre la que “no hay antecedente”, y por la licitación por la concesión del dragado de la vía navegable troncal del río Paraná.

La entrerriana cuestionó que no haya participación de las provincias y del Poder Legislativo en tal proceso. “No tenemos representación en ninguna instancia de la marcha de esta licitación”, cuestionó.

Además, en su alocución, Osuna pidió que se cite al canciller Pablo Quirno por “irregularidades” en el proceso licitatorio. “Hay intereses vinculantes y hay un mismo personaje participando y favoreciendo a las intenciones de la empresa Jan De Nul”, denunció, en referencia a Francisco Mansanta, delegado argentino en CARU.

Luego que el oficialista Beltrán Benedit defendiera el dragado a 44 pies en el río Paraná, algo que Osuna criticó, el diputado Jorge Taiana advirtió por “la ausencia de estudios significativos de impacto ambiental; esto es un tema serio, relevante”. “El dragado a 44 pies es un tema controvertido”, sumó el legislador de UP y pidió que vengan funcionarios involucrados en la licitación.

“La vía navegable troncal es nuestro Estrecho de Ormuz”, enfatizó la diputada de UP Agustina Propato, quien recordó que “en la anterior oportunidad de intento de licitación pública de la concesión de la vía navegable hubo varias denuncias cruzadas, procedentes del oficialismo y del Pro” que “fueron parte de un circo importante”. A su vez, consideró de una “necesidad imperiosa” la creación de una bicameral de seguimiento del proceso licitatorio, sobre lo que presentó un proyecto.

Santa Cruz dio un nuevo paso en su estrategia de inserción internacional con una presentación institucional en Alberta, Canadá, donde expuso ante empresarios y funcionarios del sector energético y minero las oportunidades de inversión que ofrece la provincia. La actividad se inscribió en una agenda oficial orientada a posicionar al distrito como un destino confiable para el desarrollo productivo en un escenario global cada vez más competitivo.

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno local y estuvo encabezado por el gobernador Claudio Vidal, quien destacó la importancia de estos espacios para consolidar vínculos internacionales y generar confianza entre potenciales inversores. “Es clave mostrar de manera directa cuál es el rumbo productivo de Santa Cruz”, señaló durante su exposición.

Uno de los ejes centrales fue el peso que tiene la provincia en la minería argentina. Actualmente, Santa Cruz concentra cerca del 50% de las exportaciones nacionales de oro y plata, lo que la posiciona como un actor estratégico dentro del sector a nivel país. A ese escenario se suma un amplio potencial aún no explotado, que abre oportunidades tanto para proyectos de exploración como para desarrollos de gran escala.

En materia energética, la presentación puso el foco en Palermo Aike, uno de los proyectos considerados clave para ampliar la matriz energética. Desde el Gobierno provincial lo describieron como una oportunidad concreta, con capacidad de abastecer de energía a la Argentina y a la región durante las próximas décadas.

Además de los recursos naturales, la comitiva remarcó las condiciones estructurales que ofrece Santa Cruz para el desarrollo productivo, entre ellas infraestructura disponible, acceso a energía, capacidad logística y mano de obra calificada, factores determinantes para la viabilidad de inversiones de largo plazo.

En el plano de las políticas públicas, se destacaron medidas destinadas a mejorar el clima de negocios, como la reducción de regalías y el avance en nuevas licitaciones de áreas. También se mencionó la creación de un parque industrial en la zona de La Esperanza, concebido para acompañar el crecimiento de nuevos emprendimientos.

La agenda en Canadá incluyó una visita al Southern Alberta Institute of Technology, donde se analizaron modelos de formación técnica vinculados al sector energético. El objetivo fue evaluar su posible implementación en Santa Cruz para fortalecer la capacitación de la mano de obra local y articular educación, producción y empleo.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la gira forma parte de una estrategia integral orientada a consolidar vínculos internacionales, atraer inversiones y promover un crecimiento sostenible, con impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo económico de Santa Cruz.

La administración de Alfredo Cornejo dio un nuevo paso en su estrategia de desarrollo minero al remitir a la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de litio “Don Luis y Otro”, ubicado en la zona de Salinas del Diamante, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe. Con este trámite, el Ejecutivo busca la aprobación legislativa necesaria para habilitar el inicio de la etapa exploratoria.

La documentación técnica fue emitida por la Autoridad Ambiental Minera tras un proceso de evaluación que incluyó dictámenes especializados, consultas a organismos sectoriales e instancias de participación ciudadana, conforme a la normativa vigente. El proyecto es impulsado por la empresa mendocina El Jarillar, en asociación con la australiana Ampere Lithium.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que el envío de la DIA a la Legislatura se concretó luego de “un trabajo extenso de análisis”, en el que intervinieron múltiples organismos técnicos. Entre ellos, mencionó a la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, los municipios involucrados y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Según detalló la funcionaria, el procedimiento contempló además dos audiencias públicas realizadas en San Rafael y Malargüe, espacios en los que se recogieron observaciones de vecinos, sectores productivos y organizaciones sociales. Latorre sostuvo que el proyecto “cumple con lo establecido por la Ley 7.722 y por las normativas ambientales nacionales y provinciales”, uno de los puntos más sensibles del debate minero en Mendoza.

El emprendimiento se enmarca en la exploración de minerales de primera categoría y abarca una superficie superior a las 234.000 hectáreas. Para el Gobierno provincial, la iniciativa forma parte de una política orientada a diversificar la matriz productiva mendocina, en un contexto marcado por la creciente demanda global de litio asociada a la transición energética y a la electromovilidad.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo destacó que la DIA fue aprobada tanto por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental como por la Dirección de Minería, que determinaron que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para avanzar a la fase exploratoria. No obstante, la legislación vigente establece que la autorización plena está supeditada a la ratificación por parte de la Legislatura.

Antes de que el proyecto sea tratado por los legisladores, la Autoridad Ambiental Minera fijó un conjunto de condiciones ambientales de cumplimiento obligatorio. Entre ellas se incluyen la actualización de la línea de base ambiental; la implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna; la presentación de planes de contingencia; la obtención de permisos sectoriales y la contratación de seguros ambientales.

El esquema también contempla exigencias vinculadas al control ambiental permanente, la gestión integral de residuos, la protección de la biodiversidad y el resguardo del recurso hídrico. A esto se suma la elaboración de una línea de base social indígena, destinada a identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales en el área de influencia del proyecto.

Asimismo, el régimen de control prevé la presentación periódica de informes técnicos, la posibilidad de inspecciones sin previo aviso y la aplicación de sanciones ante eventuales incumplimientos. La normativa obliga, además, a actualizar la evaluación ambiental del proyecto cada dos años, como condición para sostener su continuidad.

La Dirección General de Comunicación Institucional de la Camara alta informó el lanzamiento del ciclo televisivo “Resumen 360°”, los martes a las 13 por Senado TV. Se trata de un noticiero institucional conducido por Laura Morales y co-conducido por Florencia Giordano desde el Salón Azul del Palacio Legislativo.

El foco del programa estará en el análisis periodístico de la agenda semanal del Senado, con información sobre comisiones, sesiones y eventos especiales, además de incluir entrevistas en estudio e informes especiales.

También, incorpora segmentos dedicados a hechos históricos y efemérides, junto con contenidos vinculados a la cultura y el federalismo, con noticias de las provincias y la cobertura de fiestas y tradiciones en todo el país.

La primera edición de este martes tuvo como locación especial por única vez al Auditorio Emar Acosta del Edificio Alfredo Palacios, donde se abordó la jornada sobre “Salud mental en la infancia y la adolescencia”. El programa contó con una entrevista a la senadora del Pro Andrea Cristina y la doctora Elena Acosta, jefa de Neonatología del Hospital de Comodoro Rivadavia en Chubut.

También hubo un segmento sobre el traslado de la Capital Federal a Viedma-Patagones, con motivo de cumplirse 40 años del anuncio del presidente Raúl Alfonsín —posteriormente sancionado como Ley 23.512 por el Congreso Nacional—, que contó con la entrevista a Jorge Leandro Colás, director del documental “Viedma, la capital que no fue” (2023), y un espacio cultural con la participación del primer concertino Pablo Pereira, de la Orquesta del Congreso, y de Juan Stafforini, director del Coro Polifónico Nacional de Ciegos, tras su reciente concierto en el Palacio Libertad.

Tras pedir cuarto intermedio, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado retoman el debate del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La cita está fijada para este miércoles 15 de abril a las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo y contará con la presencia de una veintena de invitados.

El proyecto comenzó con la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la propuesta enmarcándola en los que definió como los dos pilares centrales del actual Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica. También sostuvo que el país nunca logró “poner sobre la mesa” el respeto efectivo de los derechos de propiedad, lo que habría frenado proyectos de inversión de gran escala.

La reunión conjunta estará presidida por Agustín Coto, titular de Asuntos Constitucionales, y Nadia Márquez, de Legislación General. Según confío a parlamentario.com una fuente de la oposición dialoguista, el oficialismo está abierto a la introducción de modificaciones que, incluso, serán incorporadas en el dictamen que podría ser firmado la otra semana.

De todas maneras, la reunión de este miércoles será meramente informativa y el Senado recibirá a Diego Armesto, Lilia Calderón, Rodolfo Carrizo, Luciano Celsi, Fernanda García Monticelli, Martín Galli Basualdo, Florencia Gómez, Jerónimo Guerrero Iraola, Juan Herrero, Santiago Igon, Paulino Inalaf, Juan Ignacio Maquieyra, Mariano Marcucci, Diego Morales, Gervasio Muñoz, Carlos Nielsen Enemark, Matías Oberlin Molina, José Luis Peter, Ariel Rondán Piacenti, Daniel Sabsay, Jaime Sorín y Daniela Vilar.

El proyecto de ley 

La propuesta del Gobierno nacional enviada al Congreso el 27 de marzo, propone modificaciones a la Ley de Expropiaciones y Código Procesal Civil y Comercial; al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana; a la Ley de Tierras; a la Ley de Manejo del Fuego; y a la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble.

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

La iniciativa prevé modificaciones y derogaciones de varios artículos de la Ley Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (N° 27.453), bajo el argumento de que "la implementación del régimen no ha permitido avanzar de manera significativa en la transferencia efectiva del dominio a los ocupantes, lo que evidencia la existencia de restricciones relevantes tanto en su diseño como en su aplicación".

Se propone sustituir el esquema centralizado por un modelo que reconozca no solo el rol del Estado Nacional, sino también el rol preponderante de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la implementación de los procesos de regularización dominial, en línea con el sistema constitucional de distribución de competencias.

"La reforma propuesta no genera un vacío normativo, sino que sustituye un esquema único y rígido por un sistema de instrumentos diversos, cuya aplicación deberá ser coordinada entre las distintas jurisdicciones, conforme a sus competencias y capacidades", expresó en los fundamentos.

Entre unas de las modificaciones, defendió que el cambio del artículo 12 "se orienta a asegurar que la ejecución de obras se rija por criterios de eficiencia, transparencia e igualdad, permitiendo la participación de todos los actores en condiciones equitativas, sin perjuicio de la posibilidad de promover la participación de actores locales en los términos que se establezcan en cada caso".

Actualmente, este artículo de la Ley 27.453 indicar que las obras de integración socio-urbana deberán ser adjudicadas en un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los barrios populares.

El Poder Ejecutivo apuntó que la situación jurídica de la Ley de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (N° 26.737) "es particular", ya que se estableció su derogación por medio del DNU 70/23, pero ésta se encuentra suspendida luego de una medida cautelar dictada por la justicia.

"Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos", sostuvo el PEN.

Y señaló que "la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

El Gobierno busca derogar los cambios introducidos a esta ley en 2020, a raíz de un proyecto impulsado por el diputado Máximo Kirchner. El PEN subrayó que estos cambios impiden "modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida".

De esta manera, se busca dejar sin efecto los artículos que establecen prohibiciones de 60 años (para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales) y de 30 años (para el caso de zonas agrícolas) para que, en caso de incendios, se realicen modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían con anterioridad a ser afectadas por el fuego.

A su vez, se restituye un artículo que establece la restricción sobre las zonas consideradas bosques nativos, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente.

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones, con el objeto de adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad, consagrados en la Constitución Nacional.

Se apunta a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico, el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

En medio del malestar de La Libertad Avanza por la convocatoria, el diputado tucumano Pablo Yedlin fue designado presidente de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes y de forma premonitoria a lo que iba a suceder, pidió que “la grieta política no se meta en el trabajo técnico”. Luego, legisladoras del oficialismo cruzaron a Caren Tepp por el proyecto de resolución que involucra el crimen de Jeremías Monzón.

Viciada por las tensiones de la citación, la vicepresidenta Gabriela Flores acusó que “nadie nos notificó que se iba a hacer esta reunión para designar autoridades”. Después, apeló al sentimentalismo y deslizó: “Les pido por los niños que nos manejemos con diálogo”; y concluyó con un mensaje cargado de reclamos: “Están disponibles los teléfonos de Gabriel Bornoroni, el mío y de mis asesores”.

La pampeana Varinia Lis Marín presentó la renuncia y Unión por la Patria propuso al diputado tucumano, quien supo ser el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública durante los últimos dos años. Presentado con sus pergaminos en la materia, el nuevo titular anunció que “la intención es que podamos trabajar activamente”. Yedlin fue ministro de Salud en su provincia del 2007 al 2015 y ocupó una banca en el Senado del 2021 al 2023.

Ya en el estrado central, habló de la existencia de unos 18 proyectos de ley que abordan la problemática de la violencia digital en redes sociales. Y anunció que “los que tengan a Familias, Niñez y Juventudes como primer giro, los vamos a utilizar para unificar”. También dejó en claro que los pedidos de informes y proyectos de declaración serán rápidamente despachados.

“La intención es que podamos trabajar activamente”

El primer momento de conflicto surgió luego de que el nuevo presidente de Familias, Niñez y Juventudes nombrara diferentes programas que sufrieron reducciones en las partidas presupuestarias: El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Educación Sexual Integral, el Plan ENIA, y el Programa de Salud Mental Adolescente.

Otro tema mencionado fue la reforma a la Ley de Salud Mental, próxima a ingresar en Mesa de Entradas, que según el diputado tucumano de Unión por la Patria “quita la responsabilidad del 10% del presupuesto a los ministerios de Salud y da libertad de que se gaste lo que quiera”.

Antes de pasar al temario, la diputada salteña de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, le contestó al presidente y cargó que “le faltó decir que, en el 2023, seis de cada diez niños estaban en la pobreza; y en 2025 se redujo en un 1.700.000”. Destacó, además, la gestión de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano y sintetizó que “faltó en el racconto”. En otro tramo, reiteró que “no son datos del partido, son de Unicef”.

El proyecto de Tepp sobre Jeremias Monzón

La tensión, poco característica en esta comisión en períodos anteriores, se hacia notar en la Sala 5 del Anexo y fue cuando Caren Tepp explicó los alcances del proyecto de resolución para acompañar la iniciativa de la organización “La Poderosa” para crear un centro cultural y escuela de oficios en el predio donde fue asesinado Jeremías Monzón el pasado 18 de diciembre del 2025. Cabe recordar que el crimen del joven -cometido por menores- estimuló al Gobierno a relanzar la Ley Penal Juvenil sancionada en el período extraordinario.

La diputada santafesina Caren Tepp ilustró el lugar mencionado en la resolución.

Yamile Tomassoni, vocal de La Libertad Avanza, habló por primera vez desde que asumió en su banca y salió a cruzar a su coterránea de Unión por la Patria. “No estamos cambiando nada y se está usando la tragedia para construir un relato más”, aseveró. Y para no apaciguar la tensión, agregó que “los mismos que impulsan este proyecto, son los mismos que se opusieron a votar la Ley Penal Juvenil hace dos meses”.

Fuera de micrófono las voces de la oposición se hacían oír y la santafesina de La Libertad Avanza siguió: “cuando hubo que tomar decisiones para que el delito tenga consecuencias, votaron en contra”. Añadió, en contra de esta resolución, que “no es política pública, es hipocresía pretendiendo avanzar con una apropiación sin plan y sin presupuesto”. “Así no se repara una tragedia”, concluyó.

Brevemente, Victoria Tolosa Paz salió en defensa de la labor legislativa que ha llevado históricamente la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes en el anterior período cuando era presidida por Rozana Reyes, a quien denominó como “integrante de La Libertad Avanza en el final de su mandato”. Y también cruzó a las diputadas libertarias: “Ustedes pueden no acompañar la iniciativa, lo que no pueden hacer es faltar el respeto a las familias de Santa Fe”.

La libertaria Yamile Tomassoni cuestionó a UP por votar en contra de la Ley Penal Juvenil.

Los últimos en tomar la palabra fueron Miriam Niveyro y Carlos Almena, ambos de La Libertad Avanza. La diputada parejista afirmó que “estamos a favor de la propiedad privada y no de expropiar”, y cargó que “la mejor manera de prevenir todas estas cuestiones de inseguridad es la educación que durante tantos años ha decaído un montón”. Por su parte, el bullrichista cerró que “venimos engañado y esto es grave para tratar estos temas sensibles”.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, participó este martes del encuentro organizado por AmCham Argentina, y en su alocución alentó a los empresarios: "Inviertan, inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad". "La modernización laboral está hoy en manos de las empresas. Anímense a contratar, a invertir, a generar empleo", enfatizó ante los presentes y destacó que "la Argentina está ofreciendo estabilidad y reglas claras. Es el momento de dar el paso".

La legisladora formó parte de un intercambio dinámico, en un formato de preguntas y respuestas breves moderado por una reportera, en el que compartió panel con el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, y donde se abordó el rol del Congreso en la consolidación de un marco de previsibilidad económica e institucional.

Durante el diálogo, Bullrich ponderó la importancia de construir consensos legislativos amplios para garantizar la estabilidad de las políticas de Estado: "Nuestro objetivo en el Congreso, junto con Diputados, es lograr la máxima posibilidad de que los acuerdos internacionales salgan por unanimidad, para que no sean modificados en el tiempo".

En ese sentido, puso como ejemplo el acuerdo entre el Mercorsur y la Unión Europea, que -según señaló- contó con un amplio respaldo parlamentario. "Es un acuerdo que le va a permitir a la Argentina alcanzar un 90% de apertura en importaciones y exportaciones", dijo.

Asimismo, la exministra de Seguridad remarcó la relevancia de avanzar en otros instrumentos clave para la integración económica, como el acuerdo de patentes -"con casi 30 años de atraso"- y los convenios bilaterales, entre ellos el alcanzado con Estados Unidos, que permitirá ampliar el intercambio de más de 1.600 productos. "Estos acuerdos le dan al país seguridad jurídica, rule of law y previsibilidad", afirmó.

Consultada sobre el rol del Poder Legislativo frente a las necesidades productivas de las provincias, la presidenta de la bancada oficialista señaló que actualmente se impulsan "leyes orientadas a garantizar la inversión privada y la estabilidad de largo plazo". "Estamos trabajando en normas como la modernización laboral, la ley de propiedad privada y marcos regulatorios que permitan una inversión productiva sostenida en el tiempo", enumeró.

En relación al vínculo entre Nación y provincias, la senadora planteó la necesidad de avanzar hacia un federalismo más coordinado: "Somos un país federal, pero no pueden existir 24 sistemas impositivos distintos ni aduanas internas. El federalismo tiene que ser de cooperación, porque quien invierte lo hace en una Nación, más allá de la provincia".

En esa línea, sostuvo que la competitividad del país depende de la articulación entre los distintos niveles de gobierno. "El riesgo país no es solo nacional, también depende de las provincias y los municipios. Si bajamos impuestos a nivel nacional, ese esfuerzo debe replicarse en todos los niveles", aseveró.

Bullrich también habló sobre la importancia de sostener acuerdos básicos para evitar ciclos de inestabilidad: "Hoy hay un consenso en torno al equilibrio fiscal, la seguridad jurídica y la necesidad de reglas estables que trasciendan los gobiernos. La Argentina no puede volver a desviarse de ese camino".

Finalmente, hizo un llamado directo al sector empresario a asumir un rol activo en esta nueva etapa: "Estamos sacando muchas leyes, muchas con acuerdos amplios. Ahora ustedes tienen que convertir esas leyes en realidad".

La senadora bonaerense Valeria Arata presentó un proyecto para expresar su “profunda preocupación y enérgico repudio” ante la eventual eliminación, discontinuidad o desfinanciamiento del Programa Remediar, y cuestionó con dureza al Gobierno nacional por avanzar en medidas que “impactan de lleno en los sectores más vulnerables”.

“Estamos frente a una decisión que no es técnica ni administrativa: es un ajuste. Y es un ajuste que recae directamente sobre la salud de millones de argentinos que dependen del sistema público”, afirmó Arata.
En ese sentido, la legisladora del Frente Renovador exigió al Estado Nacional que garantice la continuidad del programa, y advirtió que, de no hacerlo, debería transferir a las provincias los fondos necesarios para sostener la provisión de medicamentos esenciales en los centros de salud.

“El Gobierno nacional no puede desentenderse de una política pública que hace más de 20 años garantiza el acceso a medicamentos. Si decide retirarse, tiene la obligación de hacerse cargo de las consecuencias y no trasladar el problema a las provincias y municipios”, sostuvo.

El Programa Remediar abastece a más de 8.000 centros de salud en todo el país y cubre cerca del 80% de las consultas más frecuentes, alcanzando a alrededor de 19 millones de personas.

Para Arata, su posible desfinanciamiento “forma parte de una lógica de retiro del Estado que deja a millones sin respuestas en un contexto de creciente crisis económica”.

“Mientras cae el poder adquisitivo y cada vez más argentinos pierden cobertura médica, el Gobierno decide recortar en medicamentos. Es una combinación peligrosa que pone en riesgo tratamientos, agrava enfermedades y termina saturando hospitales”, advirtió Valeria Arata.

Además, remarcó el impacto desigual que tendría la medida en el interior bonaerense: “En muchas localidades, el centro de salud es la única puerta de acceso a medicamentos.

Por último, la senadora del Frente Renovador fue contundente “la salud no puede ser la variable de ajuste. Vamos a defender cada herramienta que garantice derechos y vamos a exigirle al Gobierno nacional que deje de mirar para otro lado frente a una realidad que empeora día a día”.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador del Pro Martín Ardohain, dictaminó este martes un conjunto de proyectos de resolución y declaración, relacionados a declaraciones de interés y beneplácitos sobre distintos eventos relacionados al sector.

En primer lugar, la oficialista Virginia Gallardo se refirió a su iniciativa para destacar a la apicultora Silvia Beatriz Gómez, correntina, quien "se ha llevado el primer puesto en la categoría de mieles ámbar oscuro en la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura y en la Expo Apícola de reconocimiento internacional".

La libertaria resaltó que esta es "una actividad sustentable que no degrada el ambiente" y que "con muy pocos recursos se puede hacer mucho para lograr estándares de calidad altísimos". Además, definió a Gómez como ejemplo de "empoderamiento, independencia económica y superación".

Con un proyecto en sentido similar, puntualmente para declarar de interés esta fiesta, que se realizó en la localidad de Gobernador Maciá, Entre Ríos, de donde es oriunda, la diputada Alicia Fregonese dijo: "Vimos como fue creciendo cada año, convocando cada vez a más productores de miel".

En cuanto a otro proyecto, para declarar de interés la Campaña Nacional de Promoción del Consumo de Miel, a realizarse en mayo, la diputada del Pro señaló que "somos el tercer país exportador de consumo de miel y producimos 70 mil toneladas, pero consumimos solamente 6 mil, el resto se exporta. Y eso es muy importante, pero necesitamos fortalecer el consumo de miel en Argentina".

Al referirse a un proyecto del radical Diógenes González sobre declaración de interés del Congreso Anual de Confederaciones Rurales Argentinas, el chaqueño Guillermo Agüero expresó que este evento "ya se ha transformado en un verdadero laboratorio de ideas, donde se discuten temas relevantes que hacen a la dinámica de los sectores productivos, con temáticas impositivas, de inserción y de productividad".

Presente en la reunión, Adrián Vázquez, de CRA, explicó que esta entidad "nuclea 16 confederaciones provinciales, que representan 23 provincias del país, donde hay más de 300 rurales y 120 mil productores representados". "En esta oportunidad el lema del Congreso es producir con competitividad para todo el mundo", informó.

Y reveló que se discutirá sobre "políticas tributarias, agroindustriales y, este año, la IA incorporada aplicada a la producción agropecuaria, algo que hoy día ya no es el futuro sino el presente".

Concluido el temario -que tenía otros tres proyectos en lista-, el diputado de Unión por la Patria Sergio Dolce pidió que se convoque a productores y veterinarios a exponer sobre el sistema de caravana electrónica, para identificación de terneros, que se aplica desde el 1ro. de enero pasado.

El oficialista Francisco Morchio -exPro- dijo que lo consideraba "correcto en todo sentido" porque " hay cosas que no cierran de esa resolución" y "debería habérsele consultado a los productores"; sin embargo "ya se implementó".

"No veo un clamor de los productores pidiendo una caravana electrónica", manifestó el entrerriano y sostuvo que "hay ciento de decisiones tomadas por este Gobierno que han sido excelentemente tomadas por la ganadería, que está pasando un buen momento, pero esta no es una buena decisión, yo me he cansado de decirlo, el problema es que ya está implementado".

Por otra parte, el misionero Oscar Herrera Ahuad planteó debatir sobre la disminución de la alícuota del IVA para la harina de mandioca, "un producto casi exclusivo de la provincia de Misiones". "Es un producto sin TACC; en el 2006 todavía no estaba en auge el consumo", mencionó y apuntó que "dependen de la producción cerca de 10 mil familias, que están dejando de producir porque la competencia con Paraguay ha generado un hueco muy grande".

Ardohain opinó que "la forma de empezar a generar consensos es convocar a reuniones informativas" y "tratar de incidir antes que se tomen las decisiones", porque "nos abrimos al mundo y a mercados, pero esos cambios necesitan leyes y acompañamiento". Al hacer referencia al pedido del exgobernador misionero, afirmó la voluntad de trabajar en conjunto con la Comisión de Economías Regionales, cuyo presidente, Luis Basterra de UP, coincidió: "Son dos comisiones absolutamente federales y tenemos una gran oportunidad si juntamos actividades que potencien el análisis y los resultados".

Durante un plenario de comisiones de este martes, con Relaciones Exteriores y Culto como cabecera del encuentro, diputados de la oposición reclamaron al oficialismo que se debata sobre la postura de la Argentina ante la guerra en Medio Oriente, a raíz de numerosas declaraciones del presidente Javier Milei en línea con Estados Unidos e Israel.

"Desearíamos que se debata el tema que está conmocionando al mundo, que es la guerra. Esta comisión no puede estar ajena", expresó Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, sobre una de las cuestiones que la oposición intentó -sin éxito- introducir en el temario de la última sesión.

Para el excanciller, "tiene que haber un pronunciamiento político de la Cámara de Diputados" y "un llamamiento muy claro y muy contundente a la hora de pedir paz". "Desde un país como el nuestro, que apoya el multilateralismo, que siempre ha tenido una política exterior a favor de la paz, solicitamos que la enorme cantidad de proyectos vinculados a la guerra sean tenidos en cuenta para la próxima reunión", pidió.

Y, en ese sentido, Cafiero abogó por un "debate franco", donde quede claro "quiénes están a favor de la guerra y quiénes están a favor de la paz". "Nosotros estamos a favor de la paz, de la vida y de la dignidad humana", afirmó.

A continuación, el diputado socialista Esteban Paulón recordó que el pasado 16 de marzo y el 10 de abril, junto a Pablo Juliano (PU) y Eduardo Valdés (UP), solicitaron que una serie de expedientes relacionados al tema sean incorporados al temario de la comisión, en línea con lo que establece el artículo 109 del reglamento.

"Distintos funcionarios del Gobierno y el propio presidente Javier Milei, en distintas reuniones, ha ido asumiendo compromisos militares, de tropas, de asistencia, a las acciones que lleva adelante unilateralmente el gobierno de Estados Unidos, y muchas de ellas son de tratamiento obligatorio de este Congreso", advirtió.

En ese sentido, manifestó que "defender el rol del Congreso en temas tan importantes es central". "Cualquier participación, cualquier insinuación, cualquier compromiso, cualquier acercamiento de la República Argentina, su gobierno, sus Fuerzas Armadas, en la guerra de Medio, debe ser debatido en el Congreso", insistió.

Esteban Paulón conversando con Germán Martínez (FOTO: HCDN)

Y dijo que "cuanto antes queremos que el Congreso, reflejando la opinión de la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas, le diga no a la guerra en Medio Oriente. Guerra que se ha transformado en un laberinto para Donald Trump, del cual no sabe cómo salir, pero que sigue generando consecuencias económicas, humanitarias, comerciales, políticas, costando infraestructura civil y vidas humanas cada día".

En caso de que esto no ocurra, Paulón anticipó que "sino tendremos que ir a la próxima sesión a pedir emplazamientos" de comisiones, a los cuales la oposición recurre "porque acá la verdad que no nos dan bola para tratar los temas que creemos que hay que tratar", reclamó.

Al mando de la reunión, como presidenta de la Comisión de RR.EE., la libertaria Juliana Santillán le respondió: "Ya instruí a la secretaría para que los podamos tratar en la próxima reunión que no sea un plenario".

Convenio internacional sobre cobro de alimentos para niños

En el plenario de RR.EE. y Legislación General, obtuvo dictamen favorable el proyecto por el cual se aprueba el Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, realizado el 23 de noviembre de 2007 en la ciudad de La Haya (Países Bajos), y que tuvo media sanción del Senado el 10 de octubre de 2018.

Al respecto, Santillán señaló que "este convenio establece un sistema completo de cooperación entre las autoridades de los Estados contratantes para garantizar la eficacia del cobro internacional de los alimentos para niños y otros miembros de la familia".

"Se aplicará a obligaciones alimenticias a favor de una persona menor de 21 años, derivada de una relación paterna o filial; obligaciones alimenticias entre cónyuges y excónyuges; a otras obligaciones alimenticias derivadas de las relaciones de familia; a personas en situación vulnerable y a los niños, cualquiera sea la situación conyugal de sus padres", explicó.

La diputada indicó que "también reconoce las relaciones de familia no derivadas del vínculo matrimonial y los derechos de las personas con discapacidad". "El convenio dispone la asistencia jurídica gratuita para garantizar a los reclamantes la protección de sus derechos", aclaró.

Y completó: "Este instrumento tiene una significación muy importante en el cobro trasfronterizo de las obligaciones alimentarias, porque propone soluciones ágiles y coordinadas en la simplificación de los procedimientos para esta materia".

Sobre este tema, el diputado Cafiero anunció el acompañamiento de su bloque y resaltó que "para los consulados, que tienen a cargo este tipo de situaciones, es una herramienta muy válida y necesaria".

En la fundamentación de la media sanción del Senado en 2018 se resaltó que "cuando la persona responsable de los alimentos vive en el extranjero, las dificultades del cobro son a menudo insuperables. En la actualidad, los procedimientos internacionales son típicamente lentos, complejos, costosos y poco utilizados".

Pero este convenio, "está diseñado para salvar las mencionadas dificultades, proporcionando procedimientos internacionales sencillos, rápidos, rentables, asequibles y justos. Se construye sobre las mejores características de instrumentos internacionales ya existentes, facilita el uso de nuevas tecnologías para mejorar la eficacia de los procesos internacionales y, a través de un sistema de Autoridades Centrales, promueve una cooperación estrecha entre las agencias de apoyo a la infancia y las autoridades de los diferentes Estados contratantes".

En el arranque del plenario se continuó con la designación de cargos vacantes en las comisiones, siendo designados Karina Banfi, por el interbloque Fuerza del Cambio; y Esteban Paulón, por el interbloque Unidos, en las respectivas secretarías de la Comisión de RR.EE.. Por su parte, la oficialista Lorena Macysyn fue elegida secretaria segunda de Legislación General.

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados se reunió este martes para anunciar una agenda conjunta con Pequeñas y Medianas Empresas. Los tres puntos que se tratarán en el corto y media plazo serán la actividad comercial en las provincias; la producción y comercialización de biocombustibles y Gas Natural Comprimido (GNC); y las autopartes en el marco de la Ley 27.686.

Sin propuestas in situ, la Comisión no logró designar autoridades en las tres secretarías vacantes, las cuales corresponden a La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal. En el final del encuentro, el cordobés Juan Brügge, titular de Comercio, reveló estar en contacto con el sector electrónico, quienes le manifestaron su preocupación por la situación actual.

La reunión plenaria para invitar a los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) será junto a la Comisión PyMEs que preside el santafesino Pablo Farías el próximo martes 21 de abril a las 12.00. “Queremos indagar en la realidad del país sobre la actividad comercial y por eso, vamos a recibir a delegados de todas las provincias bajo el título de la propuesta: ‘la situación de las pymes en el contexto actual del comercio en las diferentes economías regionales’”, presentó el cordobés.

El segundo eje, tentativo para abordarlo el 14 de mayo, de la agenda presentada por las autoridades fue dirigida al sector que produce y comercializa los biocombustibles y el GNC. Anunciaron, para este tema, los giros de invitaciones a representantes de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) y de la Cámara Argentina del GNC.

Sin embargo, lejos de mostrarse crítico por la gestión nacional, Brügge destacó que “el Gobierno nacional está desarrollando que llegue el combustible a todas partes del mundo” por la actividad en Vaca Muerta.

En tercer lugar, adelantó que la última temática a debatir durante este período está dirigido a la comercialización de autopartes. “Nos preocupamos ahora porque los proyectos de desarrollo automotriz llevan, como mínimo, cinco años”, destacó Brügge, quien remarcó que la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor pierde vigencia en 2029.

Las pedidos de la oposición

Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, mencionó el rumor vinculado a un proyecto de modificación del Código Aduanero redacto por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Para el santafesino, “se está generando un efecto contrario, se discuten sobre borradores que nadie sabe de dónde salen y están en juego muchas cosas, inclusive, la seguridad nacional”.

De inmediato, Brügge afirmó que el tema “es de incumbencia de esta comisión”, pero señaló que no tiene información al respecto. “No es malo empezar a trabajar si el rumor es cierto”, deslizó antes de relatar que lo contactaron desde el sector del comercio electrónico “con profunda preocupación” para tener una reunión formal.

Pese a dar quórum, oficialistas y opositores no completaron la designación de autoridades.

La última en tomar la palabra fue la diputada nacional María Elena Velázquez, persona de confianza del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien pidió convocar al sector empresario por el endeudamiento adquirido en los últimos años: “Tomaron créditos en 2024 y hoy no los pueden afrontar, pero ahora no pueden acceder a otros créditos, se endeudan más y baja el consumo”.

En una breve reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara baja que se llevó a cabo este martes, los miembros de la misma acordaron recibir a representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la próxima semana para analizar la situación de las PyMES.

El titular de la comisión, el santafecino Pablo Farías, propuso hacer una reunión conjunta con la Comisión de Comercio el próximo martes 21 de abril a las 12 para escuchar a los miembros de CAME. También, solicitó que le envíen las propuestas para armar agenda de encuentros informativos; enviaran la OD 1145 a asesores para empezar a trabajar y lograr un consenso nuevo incluyendo nuevos proyectos respecto del tema.

“La idea es abrir una agenda de reunión con instituciones, cámaras, que ya se han comunicado y están solicitando. Quisiera que sea de forma participativa y que todos puedan hacer propuestas y manifestarse para tomar nota. Como comisión para arribar a un acuerdo mayoritario para poder avanzar con algunas iniciativas que resulten provechosas para las múltiples problemáticas”, expresó Farías.

En esa línea, comentó que desde CAME “nos manifestaron la necesidad de brindar un panorama federal y que haya presencia de delegados de provincias para ver el impacto y la situación de las economías regionales y el rol de las PyMES”, y precisó: “La idea es hacer la reunión con la Comisión de Comercio y que no se extienda más de las dos horas porque hay un calendario de comisiones complejo. Vamos a establecer un límite de 10 minutos a las personas que expongan para luego hacer un intercambio con los legisladores”.

“No tengo problemas que tengamos reuniones todas las semanas. Podemos ir juntando las propuestas que acerquen de distintos bloques”, expresó con predisposición.

Al hacer uso de la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, pidió que se retome el debate del año pasado y agregó: “Hay un colectivo vinculados a las PyMES que están licitando un espacio de encuentro rápido. Hay una carta abierta que presentaron el fin de semana y creo que deberíamos buscar la manera de convocarlos”.

“Hay muchos proyectos con estado parlamentario y otros no, pero se consolidaron en la orden del día 1145 del año pasado el dictamen conjunto respecto de la emergencia en PyMES y el dictamen de mayoría tuvo en cuenta varios proyectos”, propuso.

A su turno, la vicepresidenta segunda de la comisión la diputada Roxana Monzón añadió: “Hay sectores que tenemos que convocar con mayor urgencia como el textil, porque la capacidad instalada es del 20% y realmente están en una situación agobiante y están pensando en cerrar muchas. Hay sectores que necesitan la escucha de manera urgente. También del sector de marroquinería”.

“La necesidad del sector tienen otras urgencias como impulsar la derogación de la resolución 5582 que provocó esta situación en las PyMES que elimina los precios de referencia y aniquila la ley con precios de importación. Están pidiendo que vuelvan los precios de referencia. El sector textil está pidiendo con urgencia ser escuchado”, comentó.

Al respecto, Farías replanteó: “Es importante que escuchemos a quienes tienen representación nacional y federal porque dan una visión integral de la problemática”. Sobre el tratamiento de los proyectos bajo la OD 1145, que logró despacho en el periodo anterior que elimina trabas burocráticas, planteó mandarlo a asesores para “poder avanzar, porque hubo en recambio legislativo, a fin de lograr un dictamen lo antes posible”.

Por otro lado, se realizaron cambios en la integración de la comisión al ingresar los diputados Agustín Pellegrini y Aníbal Tortoriello en reemplazo de Mónica Becerra y Valentina Ravera, y Guillermo Agüero por Diógenes González. Por último, no se logró completar la composición de la misma por lo que continúan en reserva del nombre las tres secretarías.

El Gobierno nacional oficializó la incorporación de 14 nuevos proyectos de energías renovables al registro sectorial y, en ese marco, se conoció una modificación de peso en uno de los emprendimientos solares más relevantes en carpeta.

La empresa Genneia actualizó las características del parque solar Sol del Valle, ubicado en el departamento de Capayán, Catamarca, y elevó su capacidad prevista de 120 a 300 megavatios (MW). Con este cambio, el proyecto más que duplica su tamaño original y se posiciona entre los desarrollos fotovoltaicos de mayor escala proyectados en el país.

La ampliación quedó formalmente registrada en el Registro Nacional de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (Renper), un instrumento clave para la organización, validación y seguimiento de las iniciativas del sector. En total, los emprendimientos recientemente inscriptos suman más de 800 MW de potencia instalada, con una marcada predominancia de tecnología solar.

Además de los parques fotovoltaicos, el listado incluye proyectos eólicos y una iniciativa basada en biogás, lo que refleja una cartera diversificada de fuentes limpias. Las inversiones se distribuyen en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, evidenciando una expansión federal de la generación renovable.

El Renper cumple un rol central dentro de este proceso, ya que reúne tanto proyectos que buscan acceder a beneficios fiscales como aquellos que avanzan por fuera de ese esquema, pero que requieren validación administrativa para su eventual conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En paralelo, Genneia continúa fortaleciendo el financiamiento de su plan de expansión. En marzo, la compañía cerró un primer desembolso por 185 millones de dólares junto a BID Invest, en el marco de un acuerdo que podría extenderse hasta los 320 millones de dólares.

Según lo informado, el convenio tiene un foco especial en el desarrollo energético del norte argentino e incluye asistencia técnica y económica para estudios vinculados a nuevas líneas de transmisión eléctrica. En particular, apunta a infraestructuras asociadas a proyectos de minerales críticos, como el litio y el cobre, sectores considerados estratégicos para la transición energética.

Vaca Muerta se consolida como uno de los principales polos de atracción de capitales internacionales en América Latina. Proyecciones de Goldman Sachs estiman que el yacimiento no convencional podría captar hasta US$ 60.000 millones en inversiones durante los próximos cinco años, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del shale y el avance de nuevas obras de infraestructura energética.

A diferencia de ciclos anteriores, las compañías que operan en la cuenca neuquina dejaron atrás la lógica defensiva centrada en la refinanciación de pasivos y ahora buscan financiamiento fresco para impulsar nuevas etapas de expansión. El cambio refleja un mayor apetito del mercado global por proyectos energéticos con escala, previsibilidad y capacidad exportadora, un activo clave en el escenario internacional actual.

Desde JPMorgan Chase anticipan un incremento significativo en la emisión de bonos corporativos vinculados a inversiones energéticas. Lisandro Miguens, jefe de mercados de deuda para América Latina del banco, afirmó que la Argentina está ingresando en “un ciclo intensivo de inversiones que no solo involucra a Vaca Muerta, sino también a la infraestructura, la minería y el sector energético en su conjunto”.

En la actualidad, la formación aporta alrededor de 600.000 barriles diarios, y el objetivo oficial es superar el millón de barriles hacia 2030. Para lograrlo, el cuello de botella no está en la productividad del shale sino en la infraestructura: oleoductos, gasoductos y terminales portuarias capaces de garantizar transporte seguro y mayor capacidad de exportación, un punto sensible dentro de la agenda económica del Gobierno.

El desarrollo energético se transformó en un pilar estratégico para la administración de Javier Milei, que apuesta a expandir las ventas externas y consolidar un ingreso sostenido de divisas. Solo en 2025, las exportaciones de energía generaron US$ 11.100 millones, y las proyecciones oficiales estiman que ese monto podría escalar hasta US$ 36.700 millones hacia fines de la década, impulsado principalmente por Vaca Muerta.

El nuevo ciclo inversor también se refleja en la recuperación del mercado de deuda. Durante el primer trimestre de 2026, las empresas argentinas emitieron US$ 2.100 millones, el registro más alto para ese período desde 2017. La mejora en el apetito financiero amplía el margen para estructurar proyectos de largo plazo en toda la cadena energética.

Entre las iniciativas más relevantes figuran los US$ 3.000 millones que Transportadora de Gas del Sur (TGS) destinará a un ambicioso paquete de obras de infraestructura, junto con planes de financiamiento por US$ 14.000 millones para YPF, respaldados por bancos internacionales, y la construcción de un nuevo oleoducto valuado en US$ 1.000 millones.

Un escenario de oportunidades

La volatilidad creciente en Medio Oriente introduce un factor adicional de incertidumbre en el mercado energético global. En ese contexto, si bien Vaca Muerta exhibe ventajas competitivas en costos y productividad, su consolidación definitiva dependerá de la capacidad argentina para sostener estabilidad macroeconómica, reglas claras y un marco regulatorio previsible, además de infraestructura confiable.

Las operadoras mantienen, por ahora, una estrategia prudente. Sin embargo, coinciden en que el shale argentino es hoy uno de los activos más atractivos del continente, gracias a la combinación de recursos abundantes, productividad comprobada y cercanía a mercados regionales con alta demanda energética.

En materia de infraestructura, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) marcó un hito clave con la finalización del montaje del techo del primer tanque de almacenamiento en la Terminal Punta Colorada, en Río Negro. Se trata de la pieza central de la futura terminal portuaria que permitirá escalar las exportaciones de crudo.

El tanque TK404 —con 82 metros de diámetro y 35 metros de altura— integra una serie de unidades que alcanzarán una capacidad de 120.000 metros cúbicos cada una. Los reservorios, fabricados con tecnología de última generación, están diseñados para operar bajo las exigentes condiciones del ambiente costero rionegrino.

El montaje del techo implicó un desafío de ingeniería de alta complejidad: una estructura de aluminio de 57 toneladas, fijada con 30.000 bulones, que demandó el trabajo de 60 operarios, de los cuales 35 recibieron capacitación específica para cumplir los estándares de seguridad y eficiencia del proyecto.

La escala del VMOS also se refleja en cifras contundentes: 1.500 toneladas de acero por tanque y más de un millón de pulgadas de soldadura, parámetros que posicionan a Punta Colorada como el futuro principal puerto exportador de crudo del país. Su puesta en marcha apunta a aliviar los actuales cuellos de botella y garantizar una salida sostenida para la producción incremental de Vaca Muerta.

El consorcio a cargo del proyecto está liderado por YPF e integrado por operadoras clave de la cuenca, entre ellas Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. La sociedad creada para financiar y ejecutar la obra expone la magnitud estratégica del emprendimiento y la apuesta coordinada del sector privado por fortalecer el perfil exportador de la Argentina.

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil reclaman al Consejo Federal Pesquero (CFP) y al Congreso que la Argentina avance en la creación de un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, una herramienta clave para fortalecer la transparencia, la sostenibilidad del sector y combatir la pesca ilegal.

La solicitud destaca que el acceso a esta información —incluyendo identificación de buques, permisos, titulares de licencias y antecedentes administrativos— constituye un derecho garantizado por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a generar y publicar datos ambientales de manera proactiva.

“Pese a que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila estos datos tal como exige la Ley Federal de Pesca, hoy no existe un registro público, abierto y en línea. Esta ausencia limita el control del Estado, bloquea el escrutinio ciudadano y debilita la transparencia institucional y la rendición de cuentas, elementos esenciales para un sector exportador”, afirmó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

En la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra en tratamiento un proyecto de ley que propone la publicación de los datos del Registro de Pesca creado por el Régimen Federal Pesquero, cuya autoría es del diputado nacional Maximiliano Ferraro. Este registro no sólo incluye información sobre embarcaciones y permisos, sino también datos de armadores, plantas procesadoras, composición societaria y otros requisitos vinculados a la inscripción del sector pesquero.

De avanzar este proyecto permitiría hacer accesible los datos que nosotros consideramos claves: embarcaciones, permisos y propietarios. Cabe recordar que, durante la reunión inaugural de la Comisión de Intereses Marítimos, fluviales y Pesqueros el pasado 26 de marzo, Ferraro solicitó incorporar a la agenda de la comisión el proyecto de su autoría.

Las organizaciones señalaron que la Argentina se encuentra rezagada frente a la región: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Guatemala y Panamá cuentan con sistemas abiertos donde es posible consultar embarcaciones, permisos, historial de licencias y sanciones.

 “Argentina es el único país de la región con flota pesquera que no publica estos datos. La resistencia a transparentar información básica coloca al país en una situación de excepcionalidad que debilita la gobernanza pesquera y la sostenibilidad de un recurso natural que es de todos”, advirtió Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde.

Según el documento presentado, contar con un registro público permitiría: Optimizar la eficiencia administrativa y el control interjurisdiccional. Reducir riesgos de irregularidades y uso indebido de licencias. Facilitar el seguimiento ciudadano, académico y empresarial. Fortalecer la trazabilidad de la flota al conocer quienes pescan donde pescan y que permisos tienen, frente a crecientes exigencias internacionales para combatir la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada).

Las organizaciones solicitaron al CFP incorporar el tema en su orden del día y avanzar en la discusión para modernizar el acceso a la información del sector. “Cuando un Estado se niega a publicar datos tan básicos como quiénes son los barcos que pescan en aguas nacionales, la pregunta inevitable es: ¿qué se está ocultando? Abrir esta información no es una opción, es una obligación legal y una condición mínima para un sistema pesquero sano y confiable”, afirmó Bilbao.

El jefe del interbloque Popular en el Senado, José Mayans, sostuvo que la Cámara de Diputados “tiene que analizar la posibilidad de impulsar el juicio político” contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo mediático y judicial por el crecimiento patrimonial acelerado en sus dos años de funcionario nacional.

En diálogo por Radio Splendid AM 990, el formoseño aclaró que, en caso de proceder el juicio político, “la que tiene que hacer la acusación es la Cámara de Diputados”, y posteriormente el Senado lleva adelante el juzgamiento. “Diputados quería hacer la moción de censura, pero creo que tiene que explicar cómo adquirió los bienes en un año de gestión. Esto es peor que el caso ANDIS y el tema $LIBRA”, manifestó.

Mayans cuestionó que “el Gobierno está rifando los bienes del Estado, ese tipo de manejo tienen. Hay una corrupción total en el manejo de los bienes que son del Estado”.

Por otro lado, también habló de la designación de jueces: “Hay una irregularidad en la designación de jueces por el Consejo de la Magistratura que está hecho por una ley que está muerta porque la Corte declaró la inconstitucionalidad a una ley que tenía 16 años. Eso lo hizo el presidente de la Corte para quedarse con el control del Consejo y ahora vemos que el hijo está postulado”.

“Es lamentable el manejo en poner en vigencia una ley muerta, esa no es potestad de la justicia, es una facultad del Congreso. Esta seriamente herida la calidad institucional del país y la división de poderes”, apuntó.

Consultado sobre a quiénes ve con posibilidades de encabezar una candidatura presidencial del peronismo en las elecciones del 2027, Mayans dijo que “hay varios compañeros con aspiración” y que “hay que buscar consensos”. Al respecto, mencionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al senador nacional, Sergio Uñac, y al ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

“Hay que llegar a un acuerdo programático. Definir el qué y el cómo”, postuló el senador del bloque Justicialista, quien también analizó la realidad social del país y sostuvo que “Argentina es cara, tenes que tener un sueldo básico de más de 1 millón de pesos. Tenes un país que es caro en dólares y la gente tiene como consecuencia la suba de precios y no puede llegar a fin de mes. Por eso hay mucho endeudamiento en las familias. Parece que el ministro no percibe eso y no consideran que el programa económico no es bueno. Está seriamente dañada la economía nacional”.

Cruise Lines International Association (CLIA) publicó por primera vez un Estudio de Impacto Económico de la industria de cruceros en Argentina, correspondiente a la temporada 2024/2025. El informe analiza en detalle los efectos económicos y sociales derivados de los movimientos de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros en los puertos del país.

El estudio, elaborado junto con la Fundación Getulio Vargas (FGV), establece una base técnica para monitorear la evolución del sector en los próximos años. Su propósito es aportar información confiable que permita diseñar políticas públicas y estrategias orientadas a potenciar los beneficios del turismo de cruceros a nivel nacional.

Según CLIA, la actividad de cruceros cumple un rol clave en la dinamización de cadenas de valor locales, integrando servicios portuarios, logística, hotelería, gastronomía, entretenimiento y transporte. Además, impulsa la generación de empleo y la distribución de ingresos en las regiones costeras.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, destacó que el turismo de cruceros “es un potente motor de actividad económica en toda la Argentina”, subrayando su aporte al empleo y a la integración del país en las redes globales de viajes. Desde la Ciudad de Buenos Aires, su ente de turismo remarcó que la capital es una puerta de entrada estratégica para los visitantes internacionales que llegan por vía marítima.

Marco Ferraz, representante de CLIA en Sudamérica, afirmó que el estudio “pone en evidencia la contribución real y positiva de la industria de cruceros a la economía argentina”, y expresó la intención de continuar trabajando con actores públicos y privados para fortalecer el crecimiento del sector.

El informe detalla que los cruceros de operación local generaron USD 206 millones e involucraron a 343.400 pasajeros, con ocho buques operando entre noviembre y abril. Este segmento, que conecta Argentina con Uruguay y Brasil, constituye el núcleo más estable de la actividad.

En cuanto a los cruceros internacionales en tránsito, de lujo, premium y de expedición —incluidos los antárticos—, el impacto económico alcanzó los USD 168 millones, con 258.800 pasajeros y cerca de 9.900 empleos generados. Ushuaia se consolida así como un hub estratégico para las operaciones de expedición y larga distancia.

En total, la temporada 2024/2025 registró un impacto económico de USD 374 millones y más de 602.000 pasajeros, confirmando el creciente peso del turismo de cruceros en la economía argentina.

La diputada de la Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, presentó un proyecto de ley para la creación de regiones conformadas por dos o más municipios limítrofes, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo, social y de infraestructura en el territorio provincial de manera coordinada.

La propuesta, realizada por la titular del bloque junto a la legisladora Priscila Minnaard y el diputado Valentín Miranda, define a la “Región” como un agrupamiento de municipios que, sin constituir un nuevo nivel de gobierno, busca optimizar recursos, planificar políticas comunes y fortalecer las economías locales.

“La conformación de cada región deberá contar con la aprobación de los Concejos Deliberantes de los distritos involucrados, mediante una mayoría especial de dos tercios, donde se establecerán los objetivos, duración, territorio y denominación del esquema asociativo” explicó Lordén.

En ese sentido, la diputada por la séptima sección agregó que el proyecto contempla una amplia agenda de políticas a impulsar de manera conjunta, entre ellas "el fortalecimiento del sistema productivo, el desarrollo de agroindustrias, la promoción de economías regionales, la planificación de obras de infraestructura y la implementación de programas ambientales”.

“La regionalización constituye una herramienta clave para reducir desigualdades territoriales y mejorar la eficiencia en la gestión pública” sostuvo Lordén y destacó que “la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la autonomía municipal como condición para consolidar estos esquemas asociativos".

Asimismo, se prevé la creación de mercados regionales, la promoción de clúster productivos, el impulso a las pymes y la articulación entre el sector público, privado y organizaciones intermedias para fomentar la inversión y el empleo.

También, se incluyen políticas vinculadas al turismo, la capacitación laboral, la cultura y el deporte, con el objetivo de fortalecer la integración social entre los distritos.

Como órgano central de funcionamiento, el proyecto crea la Unidad de Coordinación Regional, integrada por los intendentes de los municipios participantes que tendrá a su cargo la planificación, ejecución y representación de las acciones regionales.

La presidencia será rotativa y estará determinada por la cantidad de habitantes de cada distrito, con mandatos anuales.

La diputada nacional Julia Strada denunció que el Gobierno nacional avanzó con “la aniquilación” del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se conoció este lunes que las autoridades del organismo dispusieron de la cesación de 900 ofertas tecnológicas brindadas hacia el entramado productivo.

El comunicado fue firmado por el consejo directivo que tiene a Miguel Ángel Romero en la presidencia del Instituto. Para la presidenta de la Comisión de Economía, “no es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación”, porque, a su parecer, “al mismo tiempo se asfixia su funcionamiento operativo”. En ese sentido, también señaló que “no se pagan viáticos, lo que impide a los equipos técnicos realizar visitas a empresas, una instancia central para la prestación y desarrollo de servicios”.

En el marco de una política de ajuste que ha llevado la inversión presupuestaria a sus mínimos históricos en el área, Strada agregó que “en paralelo se paraliza la vinculación institucional”, y cargó: “No se promueven nuevos convenios y los existentes se suspenden, se dejan caer o directamente se anulan”.

Milei acaba de resolver la aniquilación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Se dispone la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas que el Instituto brindaba al entramado productivo. No es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación.

Al… pic.twitter.com/GH03ULzsGN

— Julia Strada (@Juli_Strada) April 13, 2026

Desde que Javier Milei asumió en la Presidencia de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial sufrió una caída del 10,8% en el presupuesto en el primer año de gestión; y más del 25% durante el segundo. “Desde junio de 2024 se recortan o modifican líneas de trabajo a razón de una o dos por mes. En octubre de 2025 se cesaron las competencias del Servicio Argentino de Calibración”, aseveró la legisladora de Unión por la Patria.

En el cierre del comunicado que compartió en X, Strada recordó la resolución 213/25 y acusó que “el organismo dejó de cumplir funciones en metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición”. “El país de Milei prescinde de la industria. Por eso busca desmantelar una herramienta clave para la innovación, la asistencia técnica y el desarrollo industrial como el INTI”, concluyó.

La denuncia de la diputada economista se suma al reclamo que emitieron los trabajadores del INTI esta semana, donde denunciaron que “ofrecen ofertas laborales precarizadas”. Cabe recordar que los últimos cierres dispuestos dentro del organismo fueron la de la Dirección de Metrología Legal (DML) y del Servicio Argentino de Calibración (SAC).

Para Strada, "Milei acaba de resolver la aniquilación del INTI".

El Ministerio de Energía de Neuquén autorizó la cesión de participaciones en tres áreas hidrocarburíferas estratégicas de la Provincia, en el marco del proceso de reorganización de activos acordado entre YPF y Pluspetrol con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el proyecto Argentina LNG.

A través de los decretos N° 0475, 0476 y 496, el Gobierno neuquino dio luz verde a la transferencia del 100% de la participación de Pluspetrol -equivalente al 50% de cada bloque- en las áreas Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas. Las dos primeras son concesiones de explotación convencional actualmente en producción, mientras que Las Tacanas se encuentra bajo la categoría de Lote Bajo Evaluación, con objetivos no convencionales.

Con la autorización provincial y una vez formalizadas las escrituras correspondientes, las áreas quedarán bajo la titularidad y operación exclusiva de YPF. De este modo, la petrolera de mayoría estatal consolida el control operativo de estos activos, con el objetivo de optimizar su desarrollo y alinearlos a su estrategia de largo plazo.

La medida se inscribe en el marco regulatorio hidrocarburífero vigente, que establece que toda cesión de participaciones en concesiones o permisos debe contar con la aprobación de la autoridad concedente, previo cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos.

En términos técnicos, Meseta Buena Esperanza es una concesión de explotación convencional que abarca una superficie de 303,71 kilómetros cuadrados, mientras que Aguada Villanueva cuenta con 281 kilómetros cuadrados bajo el mismo régimen. En tanto, Las Tacanas se originó como un Permiso de Exploración con objetivos no convencionales por un plazo de cuatro años y una superficie de 411 kilómetros cuadrados, y posteriormente fue encuadrada como Lote Bajo Evaluación conforme a la normativa provincial.

La cesión de estas áreas forma parte del acuerdo de intercambio de activos que YPF y Pluspetrol firmaron el 22 de enero pasado en Vaca Muerta. La operación apunta a concentrar en YPF los bloques que abastecerán el proyecto Argentina LNG, la iniciativa de licuefacción de gas que la compañía acelera ahora en alianza con la italiana Eni.

Desde la petrolera consideran que estos tres yacimientos son estratégicos para garantizar el volumen de gas necesario que permita viabilizar el esquema industrial y comercial de la planta de GNL, cuya concreción es clave para el salto exportador del sector energético argentino.

Como contrapartida del traspaso, Pluspetrol se incorporará como accionista de Vaca Muerta Inversiones, la sociedad controlada por YPF que posee participación en los bloques productivos La Escalonada y Rincón de Ceniza. De esta manera, ambas compañías refuerzan su posicionamiento dentro de la formación no convencional.

El proyecto Argentina LNG es uno de los pilares del plan de crecimiento de YPF y está orientado a ampliar la capacidad exportadora del país. El intercambio de activos, no obstante, permanece sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el contrato entre las partes.

Luego de la revelación sobre una campaña de espionaje ruso, que habría financiado notas periodísticas en distintos medios para desprestigiar la gestión de Javier Milei (razón de la cual se agarró el Gobierno para suspender acreditaciones de periodistas en Casa Rosada y la Cámara de Diputados), la diputada oficialista Mercedes Llano repudió "maniobras de desinformación extranjera en Argentina".

A través de un proyecto de declaración, la mendocina manifestó su más "enérgico repudio a las maniobras de desinformación detectadas en el país, vinculadas al financiamiento de noticias falsas y la creación de perfiles periodísticos artificiales con fines de desestabilización institucional".

La iniciativa advierte sobre "la existencia de una red sofisticada de injerencia extranjera que habría operado en territorio argentino en los últimos meses, mediante la publicación de contenidos falsos en medios digitales locales y la utilización de identidades ficticias generadas con inteligencia artificial para influir en la opinión pública".

En los fundamentos del proyecto, Llano subrayó que "estas acciones buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas y distorsionar el debate público, atentando contra la soberanía informativa de la Argentina".

"Los abusos de la libertad se combaten con más libertad. Este proyecto no busca ejercer el derecho de defensa institucional, refutando estas maniobras de desestabilización y reafirmando nuestro compromiso con la verdad y la transparencia informativa", sostuvo.

Asimismo, la legisladora remarcó "la importancia de fortalecer el periodismo independiente" y advirtió sobre "los riesgos de un ecosistema mediático vulnerable, donde la dependencia de la pauta oficial puede facilitar la penetración de intereses externos".

El proyecto fue acompañado por sus pares de La Libertad Avanza Patricia Holzman, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Bárbara Andreussi, Romina Diez, Adrián Brizuela, Gabriela Flores, César Treffinger, Laura Soldano, Rosario Goitia, Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Gladys Humenuk y Eliana Bruno.

Tras la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares y con varios diputados afectados a un viaje hacia Estados Unidos -organizado por la Red de Acción Política (RAP)-, la agenda en la Cámara baja de esta semana incluye numerosas reuniones de comisiones, entre las que se destaca la de Relaciones Exteriores y Culto, con una variada y numerosas cantidad de acuerdos internacionales.

Este martes a las 13, el cronograma se abrirá con la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Presidida por el santafesino Pablo Farías (PU), fue citada en la Sala 7 del Anexo para establecer una agenda de trabajo.

En tanto, a las 14, en la Sala 1, tendrá lugar la primera reunión conjunta de Relaciones Exteriores, que será junto a Legislación General para tratar la aprobación del Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, realizado el 23 de noviembre de 2007 en la ciudad de La Haya (Países Bajos), y que tuvo media sanción del Senado en 2018.

También a esa hora, pero en la Sala 2, la Comisión de Comercio a cargo de Juan Brügge (PU) se congregará para establecer una agenda de trabajo sobre diferentes temas.

A las 15, en la Sala 4, será el turno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que conduce Martín Ardohain (Pro), que tratará un conjunto de proyectos de resolución y declaración para destacar la realización de distintos eventos.

Aunque en un principio estaba previsto un plenario a las 16.30 de RR.EE., Legislación General e Industria (el que más atención suscitaba por su temario), finalmente se suspendió. Se iba a discutir sobre un proyecto que tuvo media sanción del Senado en 1998, es decir, hace 28 años y había sido enviado en la segunda presidencia de Carlos Menem. La iniciativa resulta ahora clave para el oficialismo en el marco del acuerdo comercial que Argentina firmó con Estados Unidos, ya que se trata de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su respectivo Reglamento (Washington, Estados Unidos), que data de 1970, aunque entró en vigencia en 1993.

Para el miércoles 15 a las 11, en la Sala 1, Relaciones Exteriores realizará un nuevo plenario con Legislación General para abordar tratados referidos a la extradición, firmados con Chile, Polonia, Costa Rica, Serbia, Cuba e Italia. Todos cuentan con media sanción, menos el más reciente, que es el de Chile: se firmó en diciembre de 2023 y fue enviado por el PEN en julio de 2024. Su debate se dará en el marco de la situación de tensión con el país vecino por el exguerrillero Galvarino Apablaza Guerra, quien se encuentra prófugo en Argentina y cuenta con pedido de extradición.

Más tarde, a las 13, también en la Sala 1, Relaciones Exteriores se unirá a Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios para tratar el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, celebrado en la ciudad de Nairobi, República de Kenia, el 18 de mayo de 2007. Ya tiene media sanción.

A las 15, en la Sala 1, Relaciones Exteriores tendrá plenario con Defensa Nacional para abordar el Acuerdo de Cooperación Mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, suscripto en la ciudad de Montevideo, el 29 de agosto de 2012. También ya fue votado por el Senado.

Finalmente, el miércoles a las 17, en la Sala 1, Relaciones Exteriores mantendrá una reunión conjunta con Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para discutir el proyecto en revisión por el cual se aprueba el acuerdo Marco entre la República Argentina y la Secretaría de Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto el 2 de noviembre de 2016, en la ciudad de Ginebra, Suiza.

En lo que respecta al jueves 16, fue citado a las 12, en la Sala 1, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Justicia para debatir el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales y el Reglamento de Financiación del Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes, enviado en julio de 2024 por el PEN a la Cámara de Diputados.

Las diputadas nacionales Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto a otros integrantes del bloque de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley de “segunda oportunidad” para hogares endeudados y se suma a los ya impulsados por otros legisladores que van en el mismo sentido.

El proyecto de “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados” crea un mecanismo de reestructuración que podrá ser solicitado por personas con deudas de consumo que superen el 30% de sus ingresos o el 20% para situaciones de vulnerabilidad.

Además, abarca a entidades de crédito financieras, como bancos, y no financieras, como son las billeteras virtuales. Estas últimas, entre las cuales se encuentran Mercado Pago, Ualá o Naranja X, entre otras, registran tasas reales que superan el 5% mensual y exponen un porcentaje de deuda en situación irregular del 18%, muy superiores a las de las entidades financieras por estar sujetas a menos regulación.

A su vez, la iniciativa plantea la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal que obliga a bancos y entidades no financieras a renegociar las deudas de personas físicas en situación de mora mediante un procedimiento administrativo. Se calcula que un 91% de los hogares argentinos están endeudados.

Hogares endeudados: los puntos centrales del proyecto

Entre los puntos centrales, la iniciativa contempla la suspensión de juicios de embargo y de cobros mientras dure el proceso, el congelamiento de intereses por mora y multas, y la prohibición de empeorar la calificación crediticia del deudor.

En adhesión, establece instancias de negociación obligatoria entre deudores y acreedores y, en caso de no alcanzar un acuerdo, prevé que el Estado determine una reestructuración obligatoria basada en la capacidad de pago del hogar.

“Cabe destacar que prácticamente no implica costos para el Estado. Como complemento, y por la escasez de datos sobre la problemática, se propone crear un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares para relevar información sobre niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento, con el objetivo de diseñar políticas públicas”, aclaran.

Antecedentes y fundamentos

El proyecto presentado incorpora como antecedente el sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo (COPREC) creado en 2014 por la entonces presidenta Cristina Kirchner y recientemente discontinuado por el gobierno de Javier Milei. También recoge antecedentes de políticas de desendeudamiento de otros países como son el “Desenrola Brasil” y diversos programas europeos.

En los fundamentos del proyecto, las autoras destacan que, según el INDEC, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025 y que, en el estrato de menores ingresos, la proporción asciende a uno de cada tres. A su vez, señalan que un rasgo central del ciclo de endeudamiento familiar en curso radica en el destino de los créditos, que son tomados cada vez más para sostener gastos corrientes y consumo, y no para invertir en bienes durables.

“Este perfil del endeudamiento en los hogares argentinos da lugar a dinámicas profundamente regresivas en las que el pago de la deuda presiona sobre el salario y redunda en espiralizaciones de duda, refinanciaciones sucesivas, pérdida crónica de ingresos futuros y eventualmente en mora”, plantearon y manifestaron que este proceso se enmarca en “la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, caídas históricas de los niveles de consumo y destrucción de los puestos de trabajo, producto de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei”.

El proyecto de autoría de las diputadas Cámpora, Campo y Estévez lleva también las firmas de Paula Penacca, Julia Strada, Lorena Pokoik, Teresa García, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique, Raúl Hadad, Juan Carlos Molina, Luciana Potenza, Florencia Carignano y Luana Volnovich. Se suma a otras iniciativas sobre desendeudamiento familiar presentadas por diputados del bloque de Unión por la Patria, entre ellos dos anteriores de la diputada Estévez.

Ya en octubre de 2025, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había expresado su preocupación por el crecimiento del endeudamiento familiar. Entonces, señaló que “nadie puede construir su vida con la soga al cuello” y remarcó la importancia de contar con un programa que permitiera renegociar deudas con “tasas justas, plazos sostenibles y respaldo del Estado”.

El suceso policial que activó los protocolos de evacuación en el Colegio Estación Limay de Cipoletti ocurrió el jueves por la mañana, pero recién este viernes trascendió que el acusado de amenazar con “ir armado y matarlos a todos” sería el hijo de la diputada nacional Lorena Villaverde. Una vez que se efectuaron las amenazas, mientras se llevaba a cabo una clase de plástica de secundaria, el colegio fue evacuado y mantenido vigilado con fuerte custodia policial.

El operativo estuvo a cargo de la Policía rionegrina y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Fuentes locales revelaron a este medio que el colegio permaneció cerrado hasta que se logró retirar al adolescente de 13 años identificado con el nombre I.V. De todas maneras, por temor a que algo ocurriese, más de la mitad del alumnado no asistió al establecimiento este viernes.

Las autoridades del Colegio Estación Limay, uno de los más prestigiosos de la provincia de Río Negro, analizan la situación junto a equipos de psicopedagogía para definir si proceden a la expulsión del joven adolescente. La custodia en el establecimiento quedó a cargo de la Fiscalía N°1 que encabeza Eugenia Vallejos, quien ordenó la presencia de varios móviles policiales sobre la calle Ingeniero Krause al 400 en la ciudad de Cipolletti.

Sucedió también que este viernes un grupo de padres se acercó al establecimiento para presentar diferentes quejas por lo acontecido y exigir medidas disciplinarias, luego de haber presentado diferentes denuncias. De todos modos, el nuevo Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia recién en septiembre, y el adolescente no es punible por tener 13 años.

Según confiaron fuentes a este medio, el adolescente habría sido hostigado por otros alumnos en rigor de la investigación que surgió a partir de las diferentes denuncias que señalaron a la diputada nacional por un emprendimiento inmobiliario en zonas de alto valor por la cercanía al mar que nunca fueron concretados. La causa aún sigue en curso, pero el malestar social, a raíz de ese hecho, incómoda a Lorena Villaverde en su provincia.

El banner que Villaverde promocionaba en redes sociales sobre el emprendimiento inmobiliario investigado en Las Grutas.

El mes pasado, en un colegio de secundario de Santa Fe, un adolescente de 15 años abrió fuego dentro de las instalaciones del Colegio San Cristóbal con una escopeta y mató a otro de 13 años. Este antecedente generó el pánico entre los cuerpos docentes que de inmediato dieron aviso a las autoridades locales para activar los protocolos de evacuación ante estos hechos.

El próximo jueves 16 de abril, a partir de las 10, se llevará a cabo en el Salón Illia del Senado la audiencia pública donde Carlos “Coco” Mahiques defenderá su pliego para acceder a la prórroga por cinco años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.

El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo, Juan Bautista Mahiques, al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero-, y luego que el camarista solicitara la extensión.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Al pliego se le dio ingreso formal en la sesión del 18 de marzo pasado, mientras que el 7 de abril culminó el plazo para recibir respaldos e impugnaciones a su candidatura, las cuales tendrá sobre la mesa la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto.

En lo que respecta a la Cámara Federal de Casación Penal y la prórroga en el cargo, figura como antecedente reciente la situación de Ana María Figueroa. En 2023, el pliego de la jueza se trató 50 días después de haber cumplido 75 años, y luego también de que la Corte Suprema de Justicia haya determinado el cese de sus funciones.

El pliego se votó en el recinto de la Cámara alta el 28 de septiembre de 2023 y, tras un empate en la votación, resolvió a favor la expresidenta provisional Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Aunque el expresidente Alberto Fernández firmó por decreto su designación, se mantuvo finalmente la decisión del máximo tribunal y no reasumió como magistrada.

El interbloque de senadores peronistas le pidió a la Justicia que se le otorgue la prisión domiciliaria a Julio De Vido, detenido en Ezeiza desde fines de 2025 cuando la Corte Suprema confirmó su condena por la causa de la Tragedia de Once.

En el escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal N°4, los legisladores expresaron su "más profunda preocupación por el estado de salud de Julio De Vido y por las condiciones de detención a las que se encuentra sometido, las cuales, prima facie, resultarían incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente".

Los senadores señalaron que el exministro de Planificación durante los gobiernos K "cuenta con 76 años de edad, padece diabetes insulinodependiente y presenta antecedentes de lesiones coronarias severas, circunstancias que configuran un cuadro de especial vulnerabilidad que se ve agravado por su permanencia en una unidad penitenciaria".

Además, indicaron que, según la Ley de Ejecución de la Pena (N°24.660), "el interno reuniría las condiciones objetivas para acceder al régimen de prisión domiciliaria, en virtud de su edad avanzada y su estado de salud".

Para la bancada presidida por José Mayans, en su caso "se advierte un tratamiento ostensiblemente desigual respecto de otros internos en condiciones análogas, a quienes sí se se les ha concedido dicho beneficio, incluso en casos de condenas por delitos de extrema gravedad, como los delitos de lesa humanidad".

"La persistencia en la negativa a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria, frente a un cuadro de salud delicado y una edad avanzada, podría interpretarse como un apartamiento de los estándares constitucionales e internacionales aplicables, así como una eventual manifestación de arbitrariedad en la actuación judicial", agregaron.

Finalmente, sostuvieron: "Exhortamos a adecuar su actuación a los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad y humanidad que rigen la ejecución de la pena, adoptando las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales involucrados".

El pedido fue firmado por José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Capitanich, Martín Soria, Mariano Recalde, Florencia López, José Neder, Ana Marks, Adán Bahl, María Celeste Giménez Navarro, Cristina López, María Teresa González, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Daniel Bensusán, Eduardo "Wado" de Pedro, Gerardo Zamora, Elia Moreno, Sergio Uñac, Carlos Linares, Alicia Kirchner, Lucía Corpacci y Juan Manzur.

La diputada nacional Mónica Frade impulsa la creación de un Observatorio sobre Conflicto de Intereses en la función legislativa, un órgano que funcionaría en el ámbito de la Cámara de Diputados con el objetivo de detectar, analizar y comunicar situaciones en las que los intereses privados de los legisladores puedan interferir con el interés público durante el proceso de formación y sanción de las leyes.

La iniciativa, presentada como proyecto de resolución, se apoya en los compromisos asumidos por el Estado argentino en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Según el texto, el observatorio dependería directamente de la Presidencia de la Cámara baja y tendría como misión central fortalecer la transparencia y la integridad del trabajo parlamentario.

El proyecto define que existe conflicto de intereses cuando, en el tratamiento de un proyecto de ley, concurren simultáneamente el interés público y un interés particular del diputado, sea o no de carácter económico, y aclara que se trata de una situación objetiva, independiente de la intención del legislador. También distingue entre conflictos reales y potenciales, en función de si la colisión de intereses es directa y actual o eventual.

Entre sus principales atribuciones, el observatorio podría intimar a los diputados a informar antecedentes laborales, profesionales o societarios vinculados con empresas proveedoras del Estado o actividades reguladas, además de controlar y analizar las declaraciones juradas patrimoniales en relación con los proyectos legislativos en tratamiento. Sobre esa base, estaría facultado para elaborar informes de conflicto de intereses, identificando al legislador involucrado y recomendando su abstención de intervenir o votar, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

El proyecto establece además que esos informes deberán ser emitidos de manera concomitante al tratamiento de las iniciativas, tanto en comisión como en el recinto, y notificados al diputado involucrado, a las autoridades de las comisiones correspondientes y a la Comisión de Labor Parlamentaria. También prevé su incorporación al orden del día de las sesiones, a fin de garantizar publicidad y control institucional.

La conducción del observatorio quedaría a cargo de un director general con dedicación exclusiva, seleccionado por concurso público de oposición y antecedentes, con mandato de cinco años y posibilidad de reelección. El comité evaluador estaría integrado por autoridades de la Cámara, representantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Oficina de Anticorrupción y de entidades profesionales de abogados y ciencias económicas.

En los fundamentos, Frade sostiene que la ética en el ejercicio de la función pública no solo constituye un deber de los funcionarios, sino un derecho de la ciudadanía, y advierte que la falta de controles claros sobre los conflictos de intereses erosiona la calidad institucional y la confianza pública. En ese sentido, remarca que la transparencia en el proceso legislativo resulta clave para prevenir decisiones viciadas de origen y fortalecer la legitimidad del Congreso.

La iniciativa cuenta con la firma de diputados de distintos bloques y retoma un proyecto presentado en el período anterior. Su tratamiento abrirá un nuevo debate sobre los mecanismos de control interno del Poder Legislativo y el alcance de las herramientas preventivas frente a posibles incompatibilidades en la tarea parlamentaria.

Los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura y excluir a los representantes de jueces y juezas de la integración de la Comisión de Disciplina, el órgano encargado de investigar denuncias y proponer sanciones por el desempeño de los magistrados nacionales y federales.

La iniciativa propone modificar el primer párrafo del artículo 14 de la Ley 24.937, que regula el funcionamiento del Consejo, para establecer de manera expresa que la Comisión de Disciplina no podrá ser integrada ni por el representante del Poder Ejecutivo ni por los consejeros surgidos del estamento judicial. De ese modo, la comisión quedaría conformada únicamente por legisladores, abogados y representantes del ámbito académico y científico.

Según los fundamentos del proyecto, la actual integración de la Comisión de Disciplina genera un conflicto de intereses estructural, al permitir que jueces investiguen y evalúen la conducta de otros jueces. Los autores sostienen que esta dinámica corporativa ha derivado, a lo largo de los años, en situaciones de impunidad, demoras injustificadas y pérdida de legitimidad del órgano disciplinario.

El texto señala que la Comisión de Disciplina concentra un volumen significativo de denuncias contra magistrados, vinculadas a maltrato laboral, errores reiterados en el ejercicio de la función o abuso de poder. Sin embargo, afirma que la presencia mayoritaria del estamento judicial ha dificultado incluso el avance de actuaciones de trámite básico, como la simple notificación de denuncias previstas en el reglamento interno del Consejo.

Siley y Tailhade advierten también que, en períodos de elecciones internas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, la comisión ha sido utilizada como una herramienta corporativa para favorecer a determinados jueces, ya sea paralizando expedientes o cerrando investigaciones, lo que a su entender distorsiona la finalidad constitucional del Consejo de la Magistratura.

En ese marco, el proyecto plantea que una composición con mayoría de integrantes ajenos al Poder Judicial permitiría un control más riguroso, independiente y transparente sobre el desempeño de los magistrados. Los autores destacan que la exclusión de jueces de la Comisión de Disciplina replica el criterio ya vigente en la Comisión de Acusación, encargada de impulsar los procesos de remoción.

La propuesta se inscribe en el debate más amplio sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, reactivado tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una de sus integraciones anteriores y forzó la vigencia de la ley original. De avanzar en el Congreso, el proyecto abrirá una discusión sobre el equilibrio entre estamentos y los mecanismos de control interno del Poder Judicial.

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos. Entre sus puntos, la iniciativa apunta a que la suba del petróleo no se traslade a las facturas de servicios.

“La renta extraordinaria que genera el conflicto bélico en Medio Oriente no puede quedarse en unas pocas manos sino que una parte debe ser utilizada para garantizar tarifas sostenibles y reservas para los argentinos y argentinas”, consideró.

El texto fue acompañado por sus pares de UP Emir Félix, Jorge Araujo, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Pablo Todero, Martín Aveiro, Marcelo Mango, Andrea Freites, José Glinski, Adriana Serquis, Carlos Castagneto y Julia Strada; además del chubutense de Provincias Unidas Jorge "Loma" Ávila.

En sus argumentos plantea que "la Argentina, hoy exportadora neta de energía, tiene una oportunidad histórica: capturar la renta extraordinaria y ponerla al servicio del pueblo. Se pretende en el contexto actual y considerando el impacto del conflicto bélico de Medio Oriente en la economía mundial, que el Estado nacional ejerza su rol indelegable de proteger a las familias, a los productores y a la economía real".

En ese sentido, el objetivo de la iniciativa es “brindar instrumentos al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de mitigar el impacto sobre aspectos centrales de la actividad económica derivados de la actual coyuntura geopolítica mundial, específicamente las consecuencias derivadas del conflicto bélico en la región de Medio Oriente y su impacto sobre los mercados de energía, fertilizantes, alimentos y transporte”.

“En el país de las vacas, cada vez se come menos carne y se toma menos leche. En el país de Vaca Muerta, segunda reserva de Shale Gas, cuarta de Shale Oil, los argentinos no pueden cargar nafta, y que pronto, al acercarse el invierno, no haya una política que aborde el tema del gas. No solo para la industria, sino para la gente, que si no hay gas, pasa frío en muchos lugares de Argentina. Que aparte, quisieron derogar o cambiar la Ley de Zona Fría, como si no fuera poco”, advirtió recientemente el diputado en su discurso durante el debate de la Ley de Glaciares.

En cuanto a los fundamentos del proyecto, se señaló que "cuando sube el petróleo, sube el flete, sube el pan, sube la leche; lo que hace necesario poner al Estado a trabajar para que esa cadena no le llegue entera al bolsillo del trabajador y la trabajadora; por eso la suspensión de la venta de activos energéticos en plena crisis no es un capricho sino el ejercicio soberano de defender los instrumentos que le permiten al Estado garantizar el abastecimiento".

La iniciativa también contempla un refuerzo del 30% en la AUH para garantizar el acceso a los alimentos, "porque el aceite, pan, leche y carne son derechos, no deben ser consideradas mercancías de especulación", enfatizó el líder de La Cámpora.

"La búsqueda de amortiguar el impacto en las tarifas en una crisis bélica no es intervencionismo: es gestión de gobierno a favor de los argentinos y argentinas", remarcó el hijo del exmatrimonio presidencial y sostuvo que "no es válido el argumento tan usado por el Gobierno sobre que no hay plata, ya que la plata necesaria para cuidar a los argentinos que trabajan y producen la genera el shock externo. No es gasto del Tesoro; es renta extraordinaria".

La declaración de emergencia se funda en el impacto extraordinario sobre los precios internacionales de la energía, los alimentos y los fertilizantes, la disrupción logística global y la volatilidad financiera derivadas del conflicto bélico en Medio Oriente y su entorno regional, "que comprometen la seguridad de abastecimiento, el poder adquisitivo, los costos del paquete tecnológico agropecuario y la estabilidad del crédito para familias y empresas", apuntó.

Entre otros puntos, el proyecto busca asegurar la continuidad del abastecimiento energético, al tiempo que amortigua el impacto de los precios internacionales; proteger el acceso alimentario y la estabilidad de precios de los bienes esenciales; orientar la renta extraordinaria del shock externo favorable sin transmitirla como inflación interna; proteger la capacidad productiva del agro; fortalecer la posición externa mediante la acumulación de reservas internacionales aprovechando la ventana de precios altos de exportación; y, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de fertilizantes para las campañas agrícolas.

"La lógica del conjunto de medidas planteadas en el proyecto contemplan que: la renta extraordinaria del petróleo se captará por la vía de derechos de exportación especiales y móviles, se canaliza a un fondo anticíclico, y desde ahí se distribuye a tres usos: subsidio a insumos agropecuarios (gasoil, fertilizantes, coberturas), estabilización de precios internos de alimentos, y acumulación de reservas. El productor no pierde porque cuando los precios bajan, las alícuotas bajan automáticamente", explicó.

Además, el diputado indicó que "en el caso del abastecimiento de alimentos se busca moderar el impacto de un eventual aumento de nivel de precios y de volatilidad. El consumidor no se verá afectado porque el precio interno de quedará parcialmente desacoplado. El fisco operará como colchón: captará y reasignará esa renta extraordinaria, cuando exista".

"Guiado por la necesidad de proteger la estructura económica nacional y el ingreso de las familias argentinas, y atendiendo a que —como se ha demostrado— el petróleo ya entró en régimen de crisis, los fertilizantes están entrando en ese régimen, y los alimentos todavía están en régimen de contagio pero no de ruptura, el presente proyecto propone actuar con celeridad legislativa para dotar al Poder Ejecutivo Nacional y a las instituciones competentes de los instrumentos necesarios para amortiguar el shock externo, capturar la renta extraordinaria y proteger el poder adquisitivo", concluyó.

La senadora nacional Julieta Corroza (La Neuquinidad) destrozó la postulación de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá y negó que el gobernador Rolando "Rolo" Figueroa le haya solicitado acompañar la Ley Bases en 2024, tal como la exlegisladora dio a entender cuando se presentó en audiencia pública.

En este sentido, la representante del oficialismo provincial dijo que podrían preguntarse: "¿Pero, cómo, vas a tener una embajadora neuquina y te vas a oponer? ¿Cómo no aprovechas? Siendo Neuquén la provincia de Vaca Muerta, los hidrocarburos, los minerales".

"Nosotros creemos que este cargo no solamente tiene que cumplir con determinados requisitos. Es verdad que Lucila es una persona que tiene formación, formación que pudo llevar adelante porque su punto de partida ha sido muy bueno; una persona que nunca le ha faltado nada", expresó y lanzó: "Pero tampoco nunca siguió el ejemplo de su abuelo (Elías Sapag, uno de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino), al cual muchas veces lo nombró en esta banca".

Corroza cuestionó a Crexell porque "en muchas oportunidades se olvidó de Neuquén". "Para ir a una embajada estoy convencida de que se necesitan valores también, valores de lealtad con tu pueblo", dijo y recordó que llegó a la banca en 2013 por el MPN pero "después se cambió de partido, traicionando a quienes la trajeron hasta acá".

La senadora le reprochó entonces a Crexell haber votado "a favor del capítulo 5 que afectaba directamente a Neuquén, al bolsillo de sus trabajadores y al circulante de Neuquén".

Corroza admitió que "Rolo" Figueroa "trabajó sobre el articulado de hidrocarburos", pero "Rolando en ese momento fue muy concreto en decirle a todos que el paquete fiscal, y en particular el capítulo V, no nos servía a los neuquinos".

"(El gobernador) jamás le faltaría el respeto a la división de poderes condicionando a un senador o senadora de cómo tenemos que votar. Seguramente lo hacemos con diálogo, no negociando. Porque cuando se negocia, generalmente son cosas para uno; cuando vos dialogas, garantizas gobernabilidad y eso tiene que ver con otra cosa", sostuvo.

Y enfatizó: "Fue mentira que el gobernador le pidió que vote a favor, eso es mentira y lo quiero dejar claro hoy". "Nosotros desde La Neuquinidad defendemos a los neuquinos y neuquinas. No vamos a votar nunca el pliego de una persona que haya votado en contra del bolsillo del trabajador que tanto le da a Neuquén y al país", siguió.

Al referirse a que es muy difícil que una mujer llegue a una embajada y la lucha de las mujeres por acceder a altos cargos, la senadora expresó: "¿Por eso tenemos que acompañar a una persona que traicionó al pueblo neuquino? Discúlpenme, pero no, no".

"Me siento en representación de muchos neuquinos que muchas veces quisimos golpear la puerta de la senadora y no la abrió. Quiero decirles que rechazamos rotundamente este pliego", cerró contundente.

El Senado aprobó este jueves por 45 votos a favor y 26 en contra la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, propuesta por el Poder Ejecutivo.

El nombramiento de la neuquina contó con el aval del oficialismo y sus aliados, mientras que el peronismo la objetó por acusarla de acceder al cargo a raíz de su voto a la Ley Bases-norma insignia de la gestión libertaria- en junio de 2024. Precisamente, en ese momento, había trascendido que sería postulada para un cargo diplomático.

La camaleónica exlegisladora había asumido su último mandato en la Cámara alta en diciembre de 2019, luego de integrar la boleta de Juntos por el Cambio en Neuquén. Cabe recordar que era la segunda en la lista, pero se quedó con la banca por el fallecimiento del radical Horacio “Pechi” Quiroga a pocos días de llevarse a cabo las elecciones de ese año.

Crexell había sido parte del Movimiento Popular Neuquino, pero se unió a Juntos por el Cambio, interbloque que integró hasta 2023. Fue recordada por su ausencia en el tratamiento del pliego de Ana María Figueroa, lo que le permitió al kirchnerismo aprobar la extensión de la jueza federal, aunque después la Corte Suprema de Justicia falló en rigor del retiro de la magistrada.

Ese año apoyó la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, pero en el balotaje se la jugó explícitamente por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Luego, con la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo y la disolución de Juntos por el Cambio en el Congreso, Crexell conformó su propio monobloque, que luego se integró al interbloque “Las Provincias Unidas” que presidía el salteño Juan Carlos Romero.

En junio de 2024, la neuquina fue blanco de críticas porque mientras se trataba la Ley Bases trascendió que sería postulada como representante de la Argentina ante la Unesco, en la sede de París. Incluso sobre esto advirtió en ese momento en el recinto la riojana Florencia López, del peronismo, que directamente la acusó de tener viciado su voto.

Pese a ese borrador que había circulado con destino a la Unesco, en marzo pasado, a tres meses de haber culminado su mandato, el Gobierno envió su pliego proponiéndola como embajadora ante Canadá.

Días atrás, Crexell se presentó en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, donde se cruzó con López y también la kirchnerista Juliana Di Tullio. “A mí me darían vergüenza las imputaciones falsas”, dijo la neuquina y se refirió a las acusaciones en su contra: "El día de la votación hubo denuncias penales que fueron una maniobra para evitar mi voto, las cuales fueron archivadas por falta de relación causal, inexistencia de delito y por haber sido hechas por especulaciones periodísticas. Es un tema cerrado del cual la Justicia ya se expidió".

Ese día, Crexell también dijo estar alineada a los objetivos de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno.

La oposición cargó duro contra Crexell

La primera en tomar la palabra fue Florencia López del bloque Justicialista, quien había puesto contra las cuerdas a la neuquina en la audiencia pública, y recordó la sesión especial de aquel 12 de junio del 2024 cuando la Cámara alta aprobó la Ley Bases: “Este Senado no puede ser parte de esta actitud delictiva y mandar a Canadá a una embajadora que va sucia, tachada y denunciada”.

En tal sentido, la riojana consideró que “la postulación de la exsenadora es el perfeccionamiento del delito contemplado en el artículo 256 del Código Penal: el cohecho o la coima”. Sin tapujos, afirmó que Lucila Crexell “ha aceptado un soborno porque ha permitido que se sancione la Ley Bases y ha negociado su voto por un cargo en el Embajada de Canadá”.

La polémica en torno al acuerdo enhebrado por la exsenadora neuquina y el gobierno de Javier Milei comenzó en la previa a la sanción de la Ley de Bases cuando trascendió que su destino estaba en la embajada ante la UNESCO en la ciudad francesa de París. Sin embargo, Lucila Crexell adjudicó la versión como “una operación de prensa”. De todas maneras, López recordó que en varias entrevistas previas la votación, la neuquina había calificado al Gabinete libertario como “gente incapacitada para gobernar”.

Los integrantes de Unión por la Patria más Julieta Corroza votaron en contra de Crexell.

En la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, Crexell había dicho que su voto fue un acuerdo con la gobernación de Neuquén y el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, esto fue desmentido por el mandatario Rolando Figueroa. Según la senadora riojana, “la convenció Edgardo Kueider”, y concluyó que “además de ser coimera y pedir sobornos, es mentirosa… y esto es muy grave”.

Coterránea de la diplomática, Julieta Corroza del monobloque La Neuquinidad aseveró que Crexell carece “valores de lealtad” con su pueblo que, según sus palabras, “son las personas que te ponen acá”. Igual de crítica que la bancada opositora, cargó que “ella, en muchas oportunidades, se olvidó de Neuquén y se fue del Movimiento Popular Neuquino, traicionando a los que la pusieron acá”.

“Muchas veces le golpeamos la puerta, los neuquinos, y no la abrió”, siguió Corroza, quien además aseveró que Crexell “votó el Paquete Fiscal y votó a favor del Capítulo V que afectaba directamente a Neuquén y al dinero que circulaba fue afectado”. Para terminar, defendió al mandatario neuquino: “Rolando fue concreto al decir que ese capítulo no nos servía a los neuquinos y jamás le faltaría el respeto a la división de poderes ‘diciéndole a una senadora cómo votar’”.

Para cerrar la sesión especial, Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza, decidió ser breve, pero se tomó unos segundos para defender a Crexell: primero consideró que las críticas “evidentemente vienen por cuestiones personales”; y luego, explicó que “representó a su provincia y no al gobernador de su provincia, entonces no la puede poner en el banquillo de los acusados por votar algo que no le gusta”. “La justicia dijo que no hubo corrupción y que no existe tal delito”, concluyó.

Autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia

Además de un conjunto de pliegos de ascensos militares y el nombramiento de Crexell, este jueves se aprobaron en el Senado las designaciones de Eduardo Rodolfo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; y de Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore como vocales del mismo. Fue por unanimidad.

En tanto, también los nombramientos de Germán Augusto Zamorano, como secretario de Concentraciones Económicas, y Ana Julia Parente como secretaria Instructor de Conductas Anticompetitivas.

El Senado de la Nación le dio ingreso formal en la sesión de este jueves a 78 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores, en lo que representa la primera tanda de candidatos ya que hay más de 300 vacantes en el Poder Judicial.

Tras la larga lectura realizada por el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, los expedientes tomaron estado parlamentario. A partir de ahora, se dará a conocer formalmente la lista de los postulantes en el Boletín Oficial y la página web y redes sociales del Senado (hace poco se eliminó la publicidad en diarios).

Luego, se abrirá el plazo para recibir respaldos e impugnaciones y, posteriormente, los candidatos deberán defender sus pliegos en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto. Se prevé que estas jornadas se realizarán en los primeros días de mayo.

Pasadas las audiencias, la comisión puede dictaminar y los nombramientos se aprueban con mayoría simple dentro del recinto, es decir, 37 sobre el total de los 72 senadores. Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 21 legisladores propios, con lo cual debe negociar con sus aliados para la aprobación de los pliegos.

Entre los candidatos se destacan Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la expresidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Asimismo, figura Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi -que está a cargó del caso $LIBRA-, propuesta para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Senadores del bloque de La Libertad Avanza (Foto: Comunicación Senado)

Luego que por primera vez en la historia fueran rechazados por el Senado los pliegos de jueces de la Corte Suprema -que el presidente Javier Milei primero nombró por decreto-, el Gobierno había anunciado en el segundo semestre de 2024 que haría un envío masivo de pliegos. Pero no ocurrió.

Con una materia pendiente en cuanto a designaciones en la Justicia durante los dos primeros años de mandato, el Ejecutivo parece ahora decidido a avanzar: desde diciembre cuenta con números más favorables en la Cámara alta y, además, fue una de las primeras tareas encargadas a Juan Bautista Mahiques al asumir al frente de la cartera de Justicia.

A los pocos días de jurar, el ministro anunció que se verificarían y actualizarían los requisitos de los candidatos (revisión documental, de antecedentes y cumplimiento de obligaciones legales) para así avanzar en la cobertura de 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales.

Por otra parte, en la sesión también se dio ingreso al pliego para designar como director del Banco Central al licenciado en Economía Martín Vauthier.

En un discurso donde disparó contra varios integrantes del Gobierno, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, lanzó que el presidente Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

Durante una cuestión de privilegio planteada en la sesión de este jueves, el formoseño consideró que "ya la Cámara de Diputados debería estar acusándole al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".

"No esperen a que esto reviente. Porque está pasando lo mismo que en 2001", aseguró y, precisamente sobre esa época, el legislador cargó contra Federico Sturzenegger, a quien calificó de "flor de hijo de puta".

Mayans recordó que, en la apertura de sesiones del pasado 1ro. de marzo, Milei "habló de tener la moral como política de Estado", pero "después vino la evidencia del caso $LIBRA, que ya es innegable como el presidente participó de una estafa con su rango presidencial. Está a la vista de todos, no se puede ocultar".

También, mencionó "el tema de la hermana del presidente (Karina Milei) cobrando el 3%", en alusión a las denuncias sobre coimas en la ANDIS, y sumó: "Ni hablar el caso de (José Luis) Espert y su vínculo con el narcotráfico, que tuvo que renunciar".

"Como si todo eso fuera poco, el jefe de Gabinete (Manuel Adorni) en plena corrupción; comprando departamentos, bienes por todos lados, viajando", resaltó y se burló de la reunión de Gabinete que "hicieron para apoyar al corrupto del jefe de Gabinete", pero en la foto "daban pena los ministros".

En su intervención, el formoseño señaló que " cuando estaba en cuestionamiento su comportamiento aparece esto de los créditos" del Banco Nación, que "le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".

Mayans agregó que mientras se registra "caída del empleo y el endeudamiento de las familias, de las empresas, de las provincias", el ministro de Economía, Luis Caputo, dice que "le quiere patear en el culo a todos los que cuestionan el programa económico". "No ve ni entiende nada de lo que está pasando", dijo.

Luego la emprendió contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "Si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta".

Al recordar que el funcionario estuvo en el Senado el día anterior, el senador cuestionó que "viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que 'va a liberar el país'", pero en realidad "este es el ideólogo de todo esto" porque "Milei no entiende un carajo de nada y está pirado".

Yendo al tema de la guerra en Medio Oriente, el opositor subrayó que "tendríamos que haber sacado un comunicado diciendo que no estamos en guerra con nadie", dado que Argentina siempre fue por "la fraternidad, el derecho internacional y la paz del mundo". "Contradice totalmente al mensaje de la senadora lo que dice el presidente", señaló en alusión al discurso de una libertaria que homenajeó a Jesús y habló del perdón y amor.

"Es vergonzoso lo que está pasando y la falta de manifestación del Parlamento en cuanto al concepto de la declaración de guerra", insistió y le recordó al mandatario que no puede declarar tal cosa "sin anuencia del Parlamento".

En el cierre, Mayans le pidió al oficialismo: "Ustedes que están avalando esto, reflexionen, porque ya la Cámara de Diputados debería estar acusándole al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno. No esperen que esto reviente. Porque está pasando lo mismo que en 2001".

"Reflexionen, todavía estamos a tiempo de revertir la situación", añadió y, al hablar de los ataques contra la prensa de Milei, particularmente de un posteo en la red social X contra Ari Lijalad, el senador expresó: "Aparte de tener un presidente corrupto, tenemos un presidente degenerado". "Pongámosle fin a este desastroso y corrupto gobierno del presidente Milei", finalizó.

Pan American Energy (PAE) lanzó una nueva edición de su programa de Jóvenes Profesionales, una iniciativa orientada a recién graduados que buscan dar sus primeros pasos en la industria energética. La convocatoria fue difundida por la compañía a través de sus canales oficiales y ya se encuentra abierta para la postulación online.

A diferencia de una búsqueda laboral convencional, el programa está concebido como un esquema integral de desarrollo. Según informó la empresa, la propuesta combina rotaciones por distintas áreas, instancias de capacitación continua e inmersión directa en el negocio, con el objetivo de formar perfiles con proyección dentro de la organización.

La iniciativa apunta a jóvenes con sólido desempeño académico, nivel avanzado de inglés y afinidad con los valores corporativos. El foco no está puesto únicamente en cubrir vacantes, sino en identificar talento con potencial de crecimiento a largo plazo dentro del sector energético, una industria caracterizada por su alta exigencia técnica y operativa.

El programa tendrá una duración aproximada de un año y el ingreso de los seleccionados está previsto para julio de 2026. Desde la compañía detallaron que, en caso de ser necesario viajar o relocalizarse durante ese período, PAE cubrirá los costos de alojamiento y transporte, además de brindar acompañamiento permanente a través de su equipo de gestión de talentos.

La nueva edición del programa se inscribe en un contexto de creciente demanda de perfiles calificados por parte de las empresas del rubro energético, que buscan sostener sus operaciones y proyectos en un escenario cada vez más competitivo. En ese marco, este tipo de iniciativas funciona como una puerta de entrada concreta para las nuevas generaciones, al tiempo que promueve la formación continua y la adaptación a los desafíos del sector.

Con más de 25 años de trayectoria, Pan American Energy desarrolla actividades en distintas etapas del negocio energético, lo que le otorga una posición relevante dentro del mercado. Esa diversidad operativa representa, a su vez, una oportunidad para quienes buscan iniciar su carrera profesional en un entorno de alta complejidad y desarrollo.

La postulación al programa debe realizarse exclusivamente a través del sitio web oficial de la compañía, donde PAE centraliza sus búsquedas laborales y programas de talento. Con esta convocatoria, la empresa refuerza un mensaje que gana peso en la industria: el crecimiento del sector no depende solo de la inversión y la producción, sino también de la capacidad de atraer y formar a los profesionales del futuro.

A pocas horas de la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, las principales entidades que representan al sector minero expresaron un fuerte respaldo a la iniciativa, a la que calificaron como un avance histórico en materia de seguridad jurídica, previsibilidad normativa y fortalecimiento del federalismo. Entre los pronunciamientos se destacaron los de la Cámara Minera de San Juan, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA).

Desde la Cámara Minera de San Juan subrayaron que la actualización normativa permite avanzar en la remoción de ambigüedades que durante años generaron incertidumbre en la aplicación de la ley. En un comunicado, la entidad destacó que el proceso fue fruto de un esquema de “federalismo concertado”, impulsado a partir del diálogo entre el Gobierno provincial y la Nación.

La institución sanjuanina remarcó que la previsibilidad es una condición indispensable para el desarrollo de proyectos de largo plazo y sostuvo que contar con reglas claras en materia de protección ambiental, basadas en evidencia científica y estudios de impacto ambiental, genera un marco adecuado para la inversión. En ese sentido, reafirmó que la minería puede convivir de manera armónica con otras actividades productivas, aportando empleo y desarrollo a las comunidades locales.

“La consolidación de reglas claras es clave para promover un desarrollo responsable, que combine la protección del ambiente con criterios técnicos y la generación de oportunidades de crecimiento para San Juan y el país”, señalaron desde la Cámara Minera provincial.

En la misma línea, la CAEM calificó la aprobación de la reforma como una decisión de “gran relevancia institucional, productiva y ambiental” para la Argentina. La entidad consideró que las modificaciones introducidas resultan fundamentales para incrementar la previsibilidad normativa, un factor que definió como indispensable para el desarrollo de una industria estratégica, capaz de generar empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales.

Según la cámara empresaria, la actualización de la ley permitirá establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares, al tiempo que clarifica las áreas donde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos controles ambientales, despejando interpretaciones ambiguas que se arrastraban desde hace años.

Por su parte, GEMERA sostuvo que la reforma no implica un retroceso en materia ambiental, sino una profesionalización del marco regulatorio. En su comunicado, la entidad destacó la importancia de contar con una norma que otorgue certeza en su interpretación y aplicación, con definiciones técnicas más rigurosas y procesos de evaluación fortalecidos, basados en evidencia científica y estudios específicos.

Otro de los ejes centrales destacados por las tres entidades fue el fortalecimiento del federalismo. Las cámaras coincidieron en que la reforma reafirma el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Desde la CAEM señalaron que la modificación consolida el rol indelegable de las provincias como titulares y protectoras de esos recursos, mientras que GEMERA subrayó que el equilibrio entre las competencias nacionales y provinciales es una condición indispensable para una gestión ambiental eficaz y legítima.

En este nuevo escenario, el sector minero sanjuanino observa una oportunidad para destrabar proyectos de gran envergadura que permanecían latentes ante la falta de definiciones técnicas claras. Para las empresas exploradoras, la mayor previsibilidad normativa contribuirá a mejorar la calidad de las decisiones, fortalecer la institucionalidad y generar condiciones propicias para impulsar inversiones, empleo y desarrollo en las regiones cordilleranas.

En la localidad de Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre puso en marcha el Club de Robótica, un espacio pensado para que jóvenes del distrito incorporen conocimientos vinculados a la programación, la ingeniería y el pensamiento lógico. La iniciativa busca promover habilidades técnicas y despertar vocaciones en áreas estratégicas para el futuro laboral.

Las actividades se llevan adelante en la Biblioteca Maestra Teresita Cepeda y están dirigidas a vecinos y vecinas de entre 11 y 18 años. Durante cada encuentro, los participantes desarrollan juegos, dinámicas educativas y proyectos que combinan creatividad, resolución de problemas y trabajo colaborativo.

El lanzamiento del Club de Robótica se enmarca en una política educativa más amplia. A comienzos de 2026, el Municipio inauguró la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica, un espacio que ofrece capacitaciones vinculadas a la Industria 4.0, automatización, diseño digital y fabricación aditiva, entre otras áreas de innovación.

Desde el Gobierno local destacan que estas propuestas permiten ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y acompañar a las juventudes en la construcción de nuevos saberes. Además, remarcan la importancia de generar espacios gratuitos y abiertos a toda la comunidad.

Quienes deseen obtener más información sobre el Club de Robótica o las distintas iniciativas educativas del Municipio pueden comunicarse a través de las redes sociales: en Facebook, Educación Tigre; y en Instagram, @educaciontigre.

En una inusual intervención, durante el momento de los homenajes en la sesión del Senado de este jueves, la senadora libertaria Nadia Márquez destacó la figura de Jesús de Nazaret.

La neuquina, quien es pastora evangélica, dijo que realizaba tal homenaje en el marco de que días atrás se celebraron las Pascuas, que recuerdan la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús.

"No pienso solamente estas palabras desde una expresión religiosa. Jesús fue un líder religioso, por supuesto que sí, pero fue más que eso", expresó y destacó que "sus enseñanzas fueron trascendentales para toda la humanidad".

En ese sentido, consideró que "las enseñanzas de Jesús sirven para los creyentes pero también para los no creyentes". "Las enseñanzas cristianas exceden a la fe personal. Nosotros necesitamos promover valores cristianos", agregó.

Aunque afirmó que desde el Estado "no hay intentar imponer la fe a otros", Márquez opinó: "Pero sí creo que son muy importantes los valores cristianos, que marcan una mirada distinta".

"Consulté y traté de buscar si alguna vez se le había hecho algún homenaje a Jesús en esta cámara y, al menos hasta la información que tuve, no la encontré", contó.

En el cierre, la oficialista manifestó: "Pediría un minuto de silencio en homenaje a alguien que murió, pero realmente no puedo hacerlo porque Jesús murió, es cierto, pero Jesús resucitó".

La Cámara de Senadores comenzó, a las 11.19  de este jueves, la sesión ordinaria en la que se dará ingreso a 78 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores, en lo que representa la primera tanda de candidatos ya que hay más de 300 vacantes en el Poder Judicial.

Una vez que tomen estado parlamentario los expedientes, se abrirá el plazo para recibir respaldos e impugnaciones y, posteriormente, los postulantes deberán defender sus pliegos en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto. Se estima que serán en la primera semana de mayo.

Entre los candidatos se destacan Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la expresidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Asimismo, figura Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi -que está a cargó del caso $LIBRA- propuesta para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

El temario de la sesión incluye solamente pliegos, por eso, a priori, no se espera un extenso debate, pero la reunión estará marcada seguramente por la actualidad, lo cual implica la posibilidad de que haya cuestiones de privilegio de la oposición por distintos temas incómodos para el Gobierno, como la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Dentro de los pliegos a tratarse se encuentra un conjunto de ascensos en las Fuerzas Armadas; la designación de autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia; y la designación de la exsenadora Lucila Crexell.

La neuquina reúne el aval del oficialismo y sus aliados, pero es objetada por el peronismo, que la acusa de acceder a esa postulación por haber sido un voto clave en la Ley Bases.

Obtenida la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, el Poder Ejecutivo celebró la aprobación, que "impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos".

"Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley", se expresó mediante un comunicado de la Oficina del Presidente.

Según el Gobierno, "la redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)".

"Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista", se destacó.

Para el PEN, "al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso", el nuevo marco normativo "reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera".

"Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo", se subrayó en el comunicado en contra de quienes alzaron la voz contra la reforma.

Además, el presidente Javier Milei le envió un especial reconocimiento a un grupo de funcionarios y a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza) por su labor en la redacción de la norma.

Finalmente, se aseguró que el nuevo marco normativo es "claro, federal y técnicamente sólido". "A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos", concluye.

El oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados se alzaron en la madrugada de este jueves con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas con ambiciosos proyectos mineros. A las 2.30, la votación en general resultó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistió una vez más al Congreso para ver ese momento clave desde uno de los palcos del recinto.

Junto al bloque de La Libertad Avanza votaron positivamente el interbloque Fuerza del Cambio, integrado por el Pro, la UCR, Karina Banfi y José Luis Garrido (con la excepción del MID); los bloques provinciales de Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden a los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego) y Tucumán (Osvaldo Jaldo); un puñado del interbloque Unidos, y dos integrantes de Unión por la Patria.

En tanto, el rechazo fue del grueso de UP, la mayoría del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), Coherencia (Marcela Pagano) y el puntano Jorge "Gato" Fernández de Primero San Luis.

Hubo una sola votación al final del debate, ya que previamente se había aprobado una moción del diputado Nicolás Mayoraz para que se procediera a realizar en un único acto la votación en general y en particular. El titular del bloque UP, Germán Martínez, había objetado esa moción, sugiriendo que se votara artículo por artículo, pero la moción del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales se impuso por 134 votos a favor y 117 en contra.

Empero, la decisión de hacer una única votación llevó a que los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, se abstuvieran. Lo explicó este último, que dijo que tenían previsto votar a favor en general y pedir modificar el artículo 3°; como eso no era posible, se abstuvieron entonces. También lo hizo la neuquina Karina Maureira.

El debate se extendió por más de 11 horas, con discursos -en general- en contra de la ley, con cortes para cuestiones de privilegio y homenajes. Aunque había una docena de diputados de LLA anotados en la lista de oradores, luego se bajaron, y hablaron oficialistas solo al principio y al final.

La jornada había comenzado el día anterior, a las 15.13, cuando el tablero marcó 129 presentes, con aliados aportando al quórum en lo que fue la primera sesión de la Cámara baja desde que arrancó el periodo ordinario.

Durante la tarde hubo una serie de apartamientos del reglamento que resultaron todos rechazados, ya que fueron propuestos por la oposición, que quiso incorporar temas ásperos para el Gobierno: caso Adorni, caso $LIBRA, suspensión de acreditaciones a periodistas y la postura de la Argentina ante la guerra en Medio Oriente, entre otros.

Por su parte, en las afueras del Congreso la jornada estuvo marcada por una protesta de organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas (entre ellas, La Cámpora), en rechazo a la ley. Como escena repetida, la movilización no estuvo exenta del accionar de las fuerzas de seguridad, que en un momento corrieron a manifestantes por un trayecto de Avenida de Mayo. También hubo marchas en otros puntos del país, como Mendoza.

Desde distintas ONG's, asociaciones y particulares anticiparon que irán a la Justicia, y entre los argumentos para objetar la norma harán referencia a la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal. En las exposiciones realizadas el 25 y 26 de marzo pasado, solo habló una ínfima parte de los más de 100 mil anotados para participar.

Aunque en el Senado se había obviado este paso, en Diputados el oficialismo accedió al pedido de la oposición, pero tras la masiva inscripción y la decisión de LLA de destinar solo dos días, alertaron que esa instancia finalmente no cumplía con lo establecido en la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

La modificación de la Ley de Glaciares llegó al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que estaban a favor del proyecto y pujaban por su aprobación.

La oposición reclamó que no se recibió a abogados constitucionalistas, al asegurar que la flamante norma es "inconstitucional" porque representa una regresión en derecho ambiental, algo que el oficialismo dice lo contrario.

A partir de la nueva ley se redefine el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Diputados de UP en la movilización realizada en las afueras del Congreso

La reforma, que fue redactada por el Consejo de Mayo, prevé la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el Inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señaló en sus fundamentos que, a 15 años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Acá están los que no dejaron hablar. pic.twitter.com/RbubQcIKaS

— Adriana Cristina Serquis (@aserquis) April 8, 2026

El debate en el recinto

En el arranque del debate hablaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, en defensa del dictamen de mayoría. A sabiendas de las críticas de la oposición a la audiencia pública, Peluc la defendió y dijo que “el 70%” de las presentaciones fueron a favor de la reforma. “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”, detalló. Y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.

En tanto, Mayoraz afirmó que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” con esta modificación, sino que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. “Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene”, agregó.

Nicolás Mayoraz (Foto: HCDN)

Al momento de defender el dictamen de minoría de su bloque, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis cuestionó que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”. “El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En tanto, el jefe de la principal bancada opositora, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los desarrollos mineros que se están llevando adelante “ya cuentan con una seguridad jurídica” por la Ley de Glaciares “que van a poner en riesgo con este cambio”.

Maximiliano Ferraro

Uno de los diputados que encabezó un fuerte rechazo al proyecto en las últimas semanas, el cívico Maximiliano Ferraro remarcó: “Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional. Es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41 (de la Constitución), por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”.

“Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa”, denunció y se preguntó: “¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa y la presión corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso y displicente lobby y conflicto de intereses que se llevan adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”.

Además, en su discurso el diputado de la Coalición Cívica criticó que “estamos convirtiendo, de a poco, a este Congreso en un templo de mercaderes, que se tiran miles de millones para  acá, miles de millones para allá”.

En el final de la presentación de los dictámenes, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman habló cuando Luis Petri presidía la sesión y no se guardó nada: “Qué ironía del destino que a usted le toque presidir esta sesión porque antes de ser abducido por las ideas libertarias, cuentan en Mendoza, que usted estaba en contra del proyecto minero San Jorge cuando el PJ de Mendoza lo impulsaba”.

El antecedente que la legisladora del PTS invocó fue el debate que se dio en septiembre del 2011 en la Legislatura mendocina, cuando Petri integraba el bloque radical que votó en contra de la explotación de oro y cobre a cielo abierto en Uspallata. El proyecto fue rechazado por unanimidad y el gobernador, en aquel entonces, era Celso Jaque.

“Quieren doblegar a los manifestantes de afuera a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN y otros, como usted, pasan de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares”, lanzó y denunció que “estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía y un verdadero proyecto de saqueo”.

Myriam Bregman

Más adelante, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, adelantó su voto en contra y remarcó que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la (reforma de la) Ley de Bosques”. “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”, aseveró.

Con su característico perfil, el diputado de UP Juan Grabois enumeró una serie de adjetivos que, a su parecer, sintetizan la esencia de la reforma a Glaciares: “El único sentido de la ley es habilitar la minería de glaciares porque es terraplanista, envenenada, corruptora e inconstitucional”. También sostuvo que “los argumentos científicos son más truchos que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei”.

“Quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo que son los argentinos”, se quejó y, acto seguido, pidió un aplauso para los investigadores del Conicet. “Esta ley viola tratados internacionales y la Constitución Nacional, cumplamos con el deber que nos impone el artículo 41 de proteger el ambiente”, añadió.

Para otro diputado de UP, el bonaerense Jorge Taiana, en este siglo XXI “el agua es el recurso más importante y vale más que el oro”. Y, en ese contexto, sostuvo que “no podemos aceptar que se modifique esta ley porque esta reforma destruye el federalismo argentino y reemplaza el federalismo de concertación por un federalismo de fragmentación y eso sí que es un golpe a la democracia y al futuro de los argentinos”.

Al contrario de su compañero de bloque (Pichetto), el diputado Nicolás Massot habló del espíritu original de la ley, señalando que “el criterio de protección siempre fue hídrico, y no el criterio meramente geológico. Ese fue siempre el espíritu de esta discusión, razón por la cual inclusive había una biblioteca dividida según la cual era suficiente un decreto reglamentario. Y yo creo que lo era”, reconoció, aclarando que hubiera tenido un vicio de legitimidad en ese caso.

Nicolás Massot (Foto: HCDN)

“Todas las industrias tienen afectaciones más o menos preservantes sobre distintos ecosistemas. Todos los ecosistemas están protegidos dentro de la Ley de Ambiente. Y en todos los casos se estipula un criterio de si la afectación de esa industria en particular es suficientemente relevante para un ecosistema o si no lo es. Y es exactamente el mismo criterio que bajo la tutela de la Ley de Glaciares va a tener que cumplir la autoridad de aplicación provincial. Las provincias no hacen más que completar las bases de estudio que el IANIGLA no pudo completar durante su larga vida, que trascendió tres gobiernos de signos diferentes”, argumentó.

A su turno, el legislador de UP Agustín Rossi aseguró que “esta es una ley tan mala que no la defendió nadie en su cuestión de fondo”, y enumeró porqué la consideraba mala, cerrando su intervención: “Es una ley tan mala porque promulga un federalismo falso, cuando en realidad está defendiendo el federalismo ambiental”.

A la hora de los cierres de bloques, la sanjuanina Nancy Picón Martínez aclaró que “nadie discute la protección de los glaciares. Esta ley no baja los estándares de cuidado de los glaciares. Sí en el tema de lo que tiene que ver con las geoformas de ambiente de periglaciares, donde ahí con rigor y estudios científicos  hay que comenzar a estudiarlos, para darles más protección y no menos”.

“Esto debe convivir y debe ser sustentable y desde un ambiente sano”, dijo la diputada de Producción y Trabajo y lanzó contra quienes se oponen: “Y sino, díganme ustedes, que tanto se quejan de la minería, ¿qué hacen con celulares en las manos? ¿O creen que viene del Espíritu Santo? ¿Cómo van a hacer cuando alguien necesite un desfibrilador? Ah, también lo va a generar el Espíritu Santo… Pobre Espíritu Santo, todas las tareas que le estamos dando”.

Por su parte, la diputada Fernanda Ávila, flamante presidenta de la Comisión de Minería, señaló ya a medianoche que “lo que vengo viendo a lo largo de la discusión de esta ley, en estos cinco meses, es que estamos fundamentalmente ante un problema de percepción. Hay un reflejo automático de que cualquier modificación de la norma estamos retrocediendo”.

Fernanda Ávila

“Se ha dicho que el objeto de la ley cambia. Eso no es real -aclaró la diputada catamarqueña-. El objeto fue siempre el mismo: proteger las reservas estratégicas de agua. Lo dijo (Marta) Maffei en 2007; lo dijo el senador Daniel Filmus en 2008; lo repitió (Miguel) Bonasso en 2010, y lo dijo el IANIGLIA en el informe técnico que hizo en 2019”. Y leyó: “El principal objetivo del inventario nacional de glaciares consiste en identificar, caracterizar y monitorear los glaciares y geoformas que actúan como reserva hídrica estratégica en la República Argentina”. Pidió entonces leer el artículo 1°, porque “el objeto no cambia”.

A continuación, el salteño Pablo Outes (Innovación Federal) habló también en defensa de la minería. Con ironía, arrancó quejándose de que “durante esta sesión hemos hablado de temas tan amplios, que nos han hecho responsables de la guerra de Irán y Estados Unidos; de la conducta de Trump; del saqueo que Argentina estaría recibiendo; de quitarle el futuro a las generaciones futuras”.

“Esta ley lo único que está haciendo es devolverle la facultad a las provincias mineras de poder opinar en cuestiones mineras en la medida que tengan informes técnicos razonables efectivos y que justifiquen sus políticas -aseguró-. No es que deliberadamente se da la facultad para que las provincias actúen y exploten sus recursos. Lo único que buscábamos es devolverles a las provincias sus facultades para opinar de sus recursos”.

Sobre el final del debate, el diputado Máximo Kirchner sostuvo que “el aumento de la explotación de litio se hizo con esta ley. No hay una justificación para que podamos decir ‘no hemos podido producir’”, lo cual consideró “un argumento infantil”. “Como si el que estuviera en contra de esto estuviera en contra de la producción”, señaló.

Advirtió también que “este gobierno tiene todas las leyes que quiere; antes decían que era una escribanía el Congreso. Acá salen todas las leyes, no hay excusas para los resultados que están teniendo”. Consideró además “una mentira” que “defender cuestiones ambientales nos coloca en la posición de ser enemigos de la producción”.

Al final puso el ejemplo de Chile, que exporta 10 veces en relación a la Argentina: tiene un tercio de la población que tiene Argentina, sin embargo yo no veo que eso haya servido ni en la microeconomía ni en la macro del país”.

Por el oficialismo, la diputada Silvana Giudici recordó que esta era la tercera vez que venía al recinto a votar “en favor de los glaciares y sus reservas hídricas. Voté la ley vetada por Cristina Kirchner; en el veto de ese momento, la presidenta expresaba que los gobernadores cordilleranos se oponían a esa ley y la vetó”.

“La segunda vez, cuando votamos esa ley, el zafarrancho jurídico que hicieron puso en riesgo todo el sistema de protección ambiental argentina: terminó judicializado”, evocó, atribuyendo eso a “la interna del kirchnerismo”, que obligó a su juicio a interrumpir varias veces el debate. “Volvieron en agosto, un mes después, con una modificación que se incluyó acá”, según la cual el IANIGLIA tenía que poner especial dedicación y prioridad donde ya había solicitud de explotación. Quince años pasaron, no se hizo nunca”, aseguró, antes de desandar a continuación “muchas falacias que se dijeron acá”.

El cierre del debate le correspondió al jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, quien bajo la mirada atenta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentada junto a Diego Santilli en uno de los palcos, expresó un encendido discurso en el que remarcó que “en la Argentina de Milei exportamos petróleo; con el kirchnerismo lo importábamos”. “A la Argentina la estamos poniendo de pie de la mano del presidente Milei”, remarcó.

“Hace falta una aclaratoria de esta ley 26.639 que vino a este recinto después de haber pasado por el Senado y que nos da la posibilidad de devolverle lo que nosotros llamamos federalismo. Que es lo que está faltando y lo que las provincias le pedimos a la Nación y le pedimos a Buenos Aires que se establezca y funcione el federalismo”, señaló el presidente del bloque oficialista.

Bornoroni agregó: “Ahora vino alguien como el presidente Milei, y nos trae de vuelta la posibilidad de que nosotros seamos los dueños de nuestra tierra”.

“El artículo 124 de la Constitución Nacional nos da la potestad de las tierras a cada una de las provincias, así que orgulloso de que el presidente Milei haya enviado esta ley al recinto. Todos los diputados de las distintas provincias tendrían que votar con las dos manos esta ley”, clamó el legislador cordobés.

Gabriel Bornoroni

A más de cuatro horas del inicio de la sesión, Miguel Pichetto fue el primer orador del debate de la modificación a la Ley de Glaciares y anticipó que su postura en contra de la reforma. Sobreviviente de la sanción de la Ley 26.639, consideró que “no hay ningún elemento nuevo, ni condición técnica, economía o política de los cambios que se incorporan”.

Representante de Encuentro Federal, advirtió a La Libertad Avanza que “la norma -que se está debatiendo- se podría convertir en una norma inconstitucional que terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En ese sentido, lanzó una apreciación sutil en contra del proyecto de reforma presupuestaria a los glaciares y zonas periglaciares: “El sistema constitucional que rige las cuestiones ambientales es un sistema mixto que se complementa con este Congreso para fijar los presupuestos mínimos y el argumento del oficialismo es falaz”.

Parafraseó la intervención de Maximiliano Ferraro y agregó que “durante los últimos diez de años de vigencia de la ley, las inversiones en minería han crecido favorablemente”. Esto fue en respuesta al argumento esgrimido por los diputados del oficialismo que presentaron el dictamen en el recinto respecto a la posibilidad de atraer inversiones y desarrollar la producción minera en las provincias.

En contra de la postura de las provincias cordilleranas, Pichetto fue más allá y cargó que “el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido”. También consideró que la puesta en vigencia de esta reforma “trae dificultades en materias de coparticipación”, y señaló que “la Nación pierde capacidad de control, cede y se pierde sentido de arbitrariedad nacional”.

De todos modos, volvió a dejar en claro que va a votar en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y planteó que “están regulando sobre cuestiones interjurisdiccionales” porque, a su parecer, “puede haber más de una provincia implicada”. “¿quién va a decidir ahí?”, cuestionó el jefe de bloque de Encuentro Federal, que hoy es parte del interbloque Unidos.

Mientras Federico Sturzengger exponía del otro lado del Congreso, Miguel Pichetto opinó que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la Ley de Bosques”. “Sé que él está trabajando en esto y se abre un camino muy peligroso para el medio ambiente argentino”, agregó.

Para el cierre de su exposición, habló del cambio climático y remarcó que “la masa de glaciares ha perdido 8% por el aumento de la temperatura y esto está impactando en la zona de glaciares”. Y cerró: “La ley que se ha votado en 2010 es autosuficiente y permitía conciliar los intereses de un Gobierno nacional que, como el de este presidente, tiene una vocación minera conciliando con las provincias y acordando con un organismo técnico (IANIGLA) que pasa a ser liquidado con esta decisión”. “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”, concluyó.

Diputados de Unión por la Patria rechazaron este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo, y la rionegrina Adriana Serquis cuestionó que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.

“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Al cuestionar las palabras precedentes de diputados del oficialismo, la legisladora aseguró que “el rigor científico no parece ser tal” en la iniciativa.

Con una maqueta que la ayudó a sostener su par Juan Grabois, Serquis se refirió a los periglaciares y geoformas ubicadas en la cordillera. “No se ven los glaciares y sin embargo están, esos son los tipos de glaciares que están tratando de demostrar que no tienen una función hídrica, cuando la ley actual protege absolutamente a todos los que están en el Inventario”.

“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó.

Además, agregó que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) “si no puede hacer las cosas es porque ustedes lo están desfinanciado, como a todos los organismos de ciencia y tecnología”.

Luego fue el turno del jefe del bloque UP, Germán Martínez, quien comparó que el dictamen de mayoría -del oficialismo- “tenía apenas una carilla y media de fundamentación”, frente a 55 páginas del de su bloque.

“Este bloque está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. A favor de potenciar los organismos técnicos especializados. A favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”, afirmó.

Además, el santafesino advirtió que gran parte de los desarrollos mineros que se están llevando adelante “ya cuentan con una seguridad jurídica” por la Ley de Glaciares “que van a poner en riesgo con este cambio”.

Martínez manifestó la posición “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”. “No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, agregó, en relación a la potestad que se les da a las provincias sobre la definición de los glaciares.

La senadora bonaerense de Unión por la Patria, María Rosa Martínez, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para expresar su repudio al cierre del programa nacional “Volver al Trabajo”, dispuesto por el Gobierno nacional.

La medida implica la finalización de un esquema que alcanzaba a alrededor de 900.000 personas en todo el país y que otorgaba una transferencia mensual cercana a los $78.000, la cual dejará de abonarse a partir de abril, en el marco de su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

En ese contexto, la legisladora advirtió que la decisión “profundiza la desigualdad y golpea a quienes más lo necesitan”, y cuestionó el impacto que tendrá en los sectores más vulnerables.

Según detalló, el programa permitía sostener ingresos para trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas comunitarias esenciales, como el funcionamiento de comedores, la promoción de la salud, la educación popular y el acompañamiento en situaciones de violencia de género.

“Eliminar el programa significa menos consumo, un golpe a las economías locales y más recesión en los barrios populares. El ahorro es mínimo, pero el daño social es enorme”, expresó Martínez.

Asimismo, la senadora puso en duda los fundamentos de la medida al señalar que “no responde a criterios económicos racionales, sino que implica un ensañamiento con los sectores más vulnerables”.

El cierre del programa forma parte de una reformulación del esquema de asistencia social impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que busca reemplazar las transferencias directas por instancias de formación laboral.

Por último, la iniciativa presentada en el Senado bonaerense subraya la necesidad de sostener políticas públicas que garanticen ingresos mínimos y fortalezcan el entramado comunitario en los sectores populares.

En el rol de miembro informante, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc, optó por compartir el tiempo de intervención con Nicolás Mayoraz y utilizó sus minutos para criticar la postura de la oposición. “A los que dicen que están 80 a 20, si leen las 2.999 presentaciones escritas, hay 70 a favor de la Ley y 30 en contra, pero ustedes leen y entienden hasta donde quieren”.

La intervención comenzó con un pedido de aplausos para “todo el personal legislativo” que participó de “la audiencia pública histórica”. En ese momento, desde el flanco opositor, comenzaron a gritarle al sanjuanino. Cabe recordar que Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda pidieron la nulidad de las audiencias realizadas por considerar que no dieron lugar a la participación de todos los inscriptos.

En tal sentido, José Peluc presentó las cifras finales de las audiencias públicas: “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”. En ese punto, volvió a criticar a los integrantes de la oposición y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.

Activo en este debate desde el comienzo del período ordinario, el sanjuanino de La Libertad Avanza le endilgó a la oposición haber “tratado de zorros a los gobernadores”, concepto referido a presuntas negociaciones tras bambalinas en virtud del avance de esta reforma ambiental. Dicho esto, añadió que “San Juan pasa un momento de sequía muy grande”.

Antes de darle la palabra a su par de bancada, José Peluc volvió a señalar al bloque opositor: “Ustedes no entienden el sistema del agua y (la modificación a la Ley de Glaciares) va más allá de lo que ustedes quieren interpretar”. “Estamos totalmente a favor porque tenemos experiencia minera y (experiencia en San Juan) de falta de agua”, cerró.

Mayoraz explicó el dictamen 

Haciendo uso del tiempo del miembro informante, Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también cargó contra la oposición y las organizaciones ambientales que se manifestaron en contra de la reforma: “Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”.

Abocado a la desarrollar los puntos del despacho, el diputado santafesino consideró que la modificación a la Ley de Glaciares “viene con claridad meridiana del Senado” porque, a su parecer, “busca aclarar conceptos y no se altera el paradigma”. A su vez, cuestionó la redacción vigente y señaló que “lleva 15 años la ley sancionada y solo se han hecho estudios de primer nivel”, que en palabras del libertario “solo se hizo el relevamiento de fotografía satelital”.

Mayoraz, en su intervención, reiteró que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares”.

Antes de pasar a leer el dictamen, reiteró que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares”, y alegó que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. También, agregó que “queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA hoy no tiene”.

En el final, Mayoraz redundó en el eje de su intervención: “Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”.

Concluyó que “la regla es que ‘no se toca’ y les toca a las provincias, como principales garantes de la tutela ambiental en sus provincias, hacer el relevamiento de segundo y tercer nivel para encontrar que esa geoforma, si así resultase, está bien o mal catalogada”.

En lo que se anticipaba no sería un problema para el oficialismo, el quórum para la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatirá la reforma de la Ley de Glaciares se alcanzó prontamente este miércoles.

A los 95 presentes de La Libertad Avanza en su plenitud, se sumaron otros 34 legisladores que permitieron abrir la reunión con 129 legisladores sentados en sus bancas a las 15.13.

Entre ellos estuvieron 16 del interbloque Fuerza del Cambio: Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Antonela Giamperi, Fernando de Andreis, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza Alicia Fregonese y Martín Ardohain, del Pro; Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Darío Schneider, Diógenes González y Guillermo Agüero, de la UCR; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz; y Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.

Además, bajaron al recinto 6 del bloque Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, José Núñez, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.

También aportaron los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga; los catamarqueños de Elijo Catamarca, Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot; y los tucumanos de Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera.

Por Innovación Federal, dieron quórum solo 3 de 9 que componen ese bloque: el misionero Daniel Vancsik y los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega.

Finalmente, aportó al número también el puntano del monobloque Primero San Luis Jorge “Gato” Fernández.

Por el contrario, no dieron quórum Unión por la Patria, el grueso del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda, el MID y los monobloques de Coherencia, Defendamos Córdoba y La Neuquinidad.

Ley de Glaciares: a mirar el quórum. Ahí está la clave.

No sirve anunciar el "voto en contra" y al mismo tiempo sentarse a dar quórum para garantizarle la ley al gobierno.

Hay que mirar el "pack quórum" que permite votar en contra o abstenerse a cambio de arrancar la sesión.

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 8, 2026

El mensaje en la previa de la sesión del jefe de UP

La Cámara de Diputados avanza con la sesión en la que el oficialismo buscará alzarse con la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas. El quórum se alcanzó con 129 presentes a las 15.13 de este miércoles.

Según acordaron en Labor Parlamentaria los jefes de bloques, se espera una jornada de entre 11 y 12 horas. Para el principal tema hay más de 60 oradores y la votación se prevé para la madrugada. Además, habrá tres tandas de cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento.

En el arranque, hubo una serie de apartamientos que resultaron todos rechazados, ya que fueron propuestos por la oposición. Aunque en algunos casos hubo más votos a favor que en contra, para esto se necesitaban las tres cuartas partes del Cuerpo. Por un desacuerdo reglamentario, no se votaron emplazamientos de comisiones -que sí se aprueban por mayoría simple-, dado que no formaban parte del temario.

Entre los expedientes que no se pudieron incorporar, la oposición planteó la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el tema de la suspensión de acreditaciones a periodistas en la Casa Rosada y la Cámara de Diputados; interpelaciones a Adorni y Karina Milei por el caso $LIBRA; y la postura de la Argentina ante la guerra en Medio Oriente, entre otros.

Glaciares: el oficialismo busca sancionar la ley

El proyecto busca redefinir el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

Tras la audiencia pública en la que expuso una ínfima parte de los más de 100 mil inscriptos para participar, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas que rechazan la reforma de la Ley de Glaciares (entre ellas, La Cámpora) convocaron a una marcha en las afueras del Congreso, que estuvo marcada en un principio por la tensión con los efectivos de seguridad que corrieron a manifestantes.

Desde distintas ONG's y particulares anticiparon que, de sancionarse la ley, irán a la Justicia, y entre los fundamentos para objetar la norma estará la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal.

Diputados de Unión por la Patria en la marcha afuera del Congreso.

La modificación de la Ley de Glaciares llega al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó este martes a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que están a favor del proyecto.

El despacho de mayoría obtuvo 37 firmas (de LLA, Pro, UCR y bloques provinciales), mientras que los otros tres dictámenes correspondieron uno a Unión por la Patria, otro a Provincias Unidas y otro a Maximiliano Ferraro, de la CC.

El proyecto con media sanción que modifica la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución.

La Libertad Avanza, con 95 miembros, está confiado en alcanzar la aprobación con una base de entre 130 y 135 votos, que incluso algunos estiman podrían ser 140. Para ello espera contar con la ayuda de sus aliados del Pro, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales, entre los que están -por ejemplo- Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, integrados por legisladores que responden a dos mandatarios muy interesados en la reforma: el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego. Además, a favor de la iniciativa se sumaría un puñado de votos desde Provincias Unidas y el propio bloque Unión por la Patria, como sucedió en el Senado.

La reforma de la Ley de Glaciares fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

El debate en el recinto

En el arranque del debate hablaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, en defensa del dictamen de mayoría. A sabiendas de las críticas de la oposición a la audiencia pública, Peluc la defendió y dijo que “el 70%” de las presentaciones fueron a favor de la reforma. “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”, detalló. Y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.

En tanto, Mayoraz afirmó que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” con esta modificación, sino que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. “Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene”, agregó.

Al momento de defender el dictamen de minoría de su bloque, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis cuestionó que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”. “El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En tanto, el jefe de la principal bancada opositora, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los desarrollos mineros que se están llevando adelante “ya cuentan con una seguridad jurídica” por la Ley de Glaciares “que van a poner en riesgo con este cambio”.

Uno de los diputados que encabezó un fuerte rechazo al proyecto en las últimas semanas, el cívico Maximiliano Ferraro remarcó: “Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional. Es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41 (de la Constitución), por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”.

“Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa”, denunció y se preguntó: “¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa y la presión corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso y displicente lobby y conflicto de intereses que se llevan adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”.

Además, en su discurso el diputado de la Coalición Cívica criticó que “estamos convirtiendo, de a poco, a este Congreso en un templo de mercaderes, que se tiran miles de millones para  acá, miles de millones para allá”.

En el final de la presentación de los dictámenes, la diputada nacional Myriam Bregman habló cuando Luis Petri presidía la sesión especial y no se guardó nada: “Qué ironía del destino que a usted le toque presidir esta sesión porque antes de ser abducido por las ideas libertarias, cuentan en Mendoza, que usted estaba en contra del proyecto minero San Jorge cuando el PJ de Mendoza lo impulsaba”.

El antecedente que la legisladora del PTS invocó fue el debate que se dio en septiembre del 2011 en la Legislatura mendocina cuando Luis Petri integraba el bloque radical que votó en contra de la explotación de oro y cobre a cielo abierto en Uspallata. El proyecto fue rechazado por unanimidad y el gobernador, en aquel entonces, era Celso Jaque.

Luego, siguió: “Quieren doblegar a los manifestantes de afuera a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN y otros, como usted, pasan de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares”. “Lo podríamos titular ‘cinco siglos igual’”, sintetizó Bregman, quien concluyó “estamos ante una nueva ofensiva colonial, re primarizadora de la economía y un verdadero proyecto de saqueo”.

Miguel Pichetto, miembro del interbloque Unidos, adelantó su voto en contra de la reforma ambiental y remarcó que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la Ley de Bosques”. “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”, concluyó.

Con su característico perfil, Juan Grabois enumeró una serie de adjetivos que, a su parecer, sintetizan la esencia de la reforma a Glaciares: “El único sentido de la ley es habilitar la minería de glaciares porque es ‘terraplanista’, envenenada, ‘corruptora’ e inconstitucional”. También sostuvo que “los argumentos científicos son más truchos que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei”.

“Quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo que son los argentinos”, deslizó el referente de, Frente Patria Grande, que acto seguido pidió un aplauso para los investigadores del Conicet. “Esta ley viola tratados internacionales y la Constitución Nacional, cumplamos con el deber que nos impone el artículo 41 de proteger el ambiente”, añadió.

Para Jorge Taiana, en este siglo XXI “el agua es el recurso más importante y vale más que el oro”. Y en ese contexto, sostuvo que “no podemos aceptar que se modifique esta Ley porque esta reforma destruye el federalismo argentino y reemplaza el federalismo de concertación por un federalismo de fragmentación y eso si que es un golpe a la democracia y al futuro de los argentinos”.

En su intervención, el diputado Nicolás Massot habló del espíritu original de la ley, señalando que “el criterio de protección siempre fue hídrico, y no el criterio meramente geológico. Ese fue siempre el espíritu de esta discusión, razón por la cual inclusive había una biblioteca dividida según la cual era suficiente un decreto reglamentario. Y yo creo que lo era”, reconoció, aclarando que hubiera tenido un vicio de legitimidad en ese caso.

El diputado de Encuentro Federal señaló que “es exactamente el mismo criterio de desarrollo sustentable el que se aplica a todas nuestras industrias: a la agricultura, que también consume recursos hídricos; a las pasteras, a la extracción de petróleo y de gas, convencional y no convencional… Todas las industrias tienen afectaciones más o menos preservantes sobre distintos ecosistemas. Todos los ecosistemas están protegidos dentro de la Ley de Medio Ambiente. Y en todos los casos se estipula un criterio de si la afectación de esa industria en particular es suficientemente relevante para un ecosistema o si no lo es. Y es exactamente el mismo criterio que bajo la tutela de la Ley de Glaciares va a tener que cumplir la autoridad de aplicación provincial. Las provincias no hacen más que completar las bases de estudio que el IANIGLIA. que no pudo completar durante su larga vida que trascendió tres gobiernos de signos diferentes”.

“Esto es pan para hoy y sed para siempre… y ustedes lo saben muy, pero muy, pero muy bien”, aseguró la diputada de UP Moira Lanesan Sancho, que sobre el final de su intervención dijo que “ahora vienen por el agua, y el agua es el límite: y el nombre de todos ustedes va a quedar en la historia”.

A su turno, Agustín Rossi sostuvo que “esta es una ley tan mala que no la defendió nadie en su cuestión de fondo”, y enumeró porqué la consideraba mala, cerrando su intervención asegurando que “es una ley tan mala porque promulga un federalismo falso, cuando en realidad está defendiendo el federalismo ambiental”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Mientras baja la espuma de las acusaciones de Manuel Adorni, la diputada salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, reconoció haber viajado con su hijo desde Salta haciendo uso de los viáticos oficiales que el Congreso concede a cada legislador para llevar a cabo la labor parlamentaria.

Entrevistada en FM Noticias de Salta, Flores, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, fue consultada por una presunta fotografía junto a su hijo en el aeropuerto de Salta y reveló: “En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”.

La consulta sobre el uso de los viáticos oficiales a Flores se dio a partir de una imagen viral en los medios de comunicación salteños, donde se la ve abordar un vuelo junto a su hijo. La diputada interrumpe con "no entiendo que pasó con mi hijo". "Mi hijo estudia Abogacía así que va y viene".

Lejos de negarlo, Gabriela Flores agregó que "también le he dado pasajes para otras cosas". También se refirió a la imagen tomada en el aeropuerto y lanzó, en tono irónico: "Al que me sacó la foto, le mando saludos".

En tal sentido, explicó que su progenitor, mayor de edad que se encuentra cursando estudios universitarios, asiste a la Facultad de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires, y ante la insistencia de los locutores, reiteró: “Sí, mi hijo viajó conmigo con pasajes del Congreso porque va y viene de Buenos Aires a Salta”.

De todas maneras, la diputada salteña con mandato desde diciembre del 2025 referenció que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos, los cuales contemplan la asignación de pasajes aéreos y terrestres. Además, Gabriela Flores expresó que los mismos "pueden ser utilizados de manera flexible".

La consulta respecto al acompañamiento de su hijo en un pasaje aéreo otorgado por la Cámara de Diputados fue repetida varias veces, a lo que Flores aclaró que "no hay irregularidades".

Cuando las declaraciones de Flores se hicieron virales en X, la diputada nacional Mónica Frade cargó contra la salteña y la comparó con el jefe de Gabinete: "Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Banco Nación en créditos hipotecarios, si Libra goza de buena salud y ANDIS sigue dando vueltas....los libertarios se sienten con similares 'derechos'". Y aseveró que "son la peste".

Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Bamco Nación en créditos hipotecarios, si Libra goza de buena salud y Andis sigue dando vueltas....los libertarios se sienten con similares "derechos". Son la peste. https://t.co/v983EKP5sq

— Monica Frade (@MonicaFradeok) April 8, 2026

Río Gallegos se convirtió en el centro de gravitación de la industria hidrocarburífera de Santa Cruz. Los principales ejecutivos de las compañías que operan en la provincia comenzaron a arribar a la capital para mantener reuniones de alto nivel con el gobernador Claudio Vidal, en lo que desde el Ejecutivo definen como la etapa decisiva hacia un acuerdo integral para el sector.

A lo largo de la jornada se prevé la llegada de nuevos empresarios, lo que terminará de configurar una convocatoria amplia y representativa del peso económico de la actividad. Las reuniones se desarrollarán tanto en la Residencia oficial como en Casa de Gobierno, en el marco de una agenda intensa, con encuentros consecutivos y definiciones esperadas para las próximas horas.

El objetivo central del Gobierno provincial es consensuar los últimos puntos de un esquema que permita reactivar la actividad petrolera, elevar los niveles de producción y recuperar puestos de trabajo perdidos en los últimos años. La iniciativa apunta a establecer un nuevo marco de relación entre la Provincia y las operadoras, con incentivos a la inversión, reactivación de equipos y fortalecimiento de los yacimientos maduros.

Desde el Ejecutivo santacruceño aseguran que la presencia de los CEOs en territorio provincial “marca la relevancia estratégica del acuerdo” y anticipan que el entendimiento podría formalizarse en el corto plazo. En ese sentido, destacan la predisposición al diálogo y el nivel de participación empresarial como señales de un proceso que busca previsibilidad y estabilidad para uno de los pilares de la economía local.

En el sector privado y sindical el clima es de elevada expectativa. El eventual acuerdo no solo tendría un impacto directo en la actividad y en la recaudación provincial, sino también en el empleo, una de las principales preocupaciones en las regiones productoras. Las definiciones que surjan de esta cumbre serán determinantes para el futuro inmediato del sistema hidrocarburífero santacruceño.

Farmacity, una de las redes de farmacias más importante de Argentina, anunció la adquisición de 10 farmacias en Uruguay, alcanzando así un total de 15 puntos de venta en ese mercado. La operación, concretada en abril de 2026, representa un nuevo avance en su estrategia de expansión regional y en su apuesta por un modelo sostenible orientado a mejorar el acceso a la salud.

Las nuevas tiendas pertenecían a la cadena FarmaGlobal y continuarán operando con normalidad mientras se implementa un plan de remodelación gradual. El objetivo es que adopten el formato, la estética y la experiencia distintiva de Farmacity, integrándose plenamente a su ecosistema de productos y servicios vinculados al bienestar, la belleza y la salud.

Sebastián Miranda, CEO de Farmacity, destacó que la expansión reafirma la capacidad de la compañía para identificar oportunidades incluso en contextos desafiantes. Señaló que la incorporación de estas farmacias permitirá acercar su propuesta de valor a nuevas comunidades y fortalecer su propósito de facilitar el acceso a la salud.

Con esta operación, la presencia territorial de Farmacity en Uruguay se amplía y su equipo local pasará de 32 a 74 colaboradores. Según Miranda, este crecimiento se apoya en un formato reconocido por su calidad y servicio, y en una marca sólida que busca seguir expandiéndose en la región.

La llegada a 15 farmacias también abre la puerta a potenciar la presencia de las 13 marcas propias de Farmacity en el mercado uruguayo, integrándolas a la cadena de valor regional y ampliando la disponibilidad de productos de calidad.

Fundada en 1997, Farmacity opera más de 370 puntos de venta en Argentina y lidera el mercado minorista de medicamentos. Su ecosistema incluye además las marcas Simplicity, Get The Look y The Food Market, que complementan su propuesta en belleza, cuidado personal y alimentación saludable.

En la recta final de la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados, se constituyó este martes la de Derechos Humanos, que volvió a ser presidida por Unión por la Patria, y, por otro lado, la de Previsión y Seguridad Social, que pasó a manos de La Libertad Avanza.

Comisión de Derechos Humanos y Garantías

La Comisión de Derechos Humanos, que estuvo presidida los dos últimos años por Sabrina Ajmechet -otrora Pro y actual libertaria-, estará presidida ahora por el bloque de Unión por la Patria, más precisamente, por el diputado Horacio Pietragalla. Encargada de proponerlo, María Teresa García destacó su militancia en DD.HH. y que haya sido secretario de esa área en el gobierno anterior, pero además destacó: “Es un hijo de desaparecidos y esto implica una significancia muy importante para nuestro espacio político”.

Tras ser designado, la radical Karina Banfi se quejó de no haber podido hablar antes y lo objetó por denuncias realizadas durante la pandemia, cuando “tuvo un desempeño totalmente lastimoso acerca de las 23 personas que murieron asesinadas en manos de la policía en distintas provincias, utilizando el Código Penal como herramienta para hostigar y amendentrar la libertad de los argentinos”. “Lamento mucho que se decida que sea el señor Pietragalla quien presida esta comisión, teniendo en cuenta este antecedente”, agregó.

Sin contestarle en un principio, Pietragalla dijo que espera que esta comisión “esté a la altura de las políticas de derechos humanos que supo tener nuestro país”. “A 50 años del golpe es importante desde el Congreso poder hacer el homenaje pertinente a las víctimas del terrorismo de Estado”, señaló y advirtió: “No quiero que este sea un tema banal”.

“La protesta social es un derecho humano también y no se puede responder constantemente con represión”, subrayó y manifestó que “las políticas de derechos humanos no tienen una bandera política”. “La idea no es chicanearse con el dolor de las víctimas que puedan venir”, avisó.

A su turno, la cívica Mónica Frade recordó que, en los dos años anteriores, la comisión “fue utilizada para muy pocos temas, muy selectivos y muy arbitraria”. “Esta es una comisión muy desafiante; yo aspiro a que no partidicemos la comisión”, pidió y coincidió en que “la represión de todos los miércoles en la puerta de esta Casa es un tema que no podemos eludir más”.

Además, la bonaerense sugirió “mirar los derechos humanos no con un solo ojo sino con dos” y “que las discusiones tengan el nivel más adecuado para un Congreso”.

Con Banfi ya ausente en la sala, la camporista Paula Penacca salió a defender a Pietragalla. “Lo peor que podemos hacer con esta comisión es venir a revolearnos muertos por la cabeza. La diputada Banfi tiene unos cuantos si se trata de su pertenencia política”, lanzó y mencionó la represión del 2001. “No es la idea y le estaríamos faltando el respeto a cada una de las víctimas”, aseveró.

En su intervención, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá advirtió que “hay un régimen político-económico que continúa en muchísimos casos los mecanismos de la dictadura militar, con independencia de quien gobierne en cada momento”. Y cuestionó que desde el Gobierno hay “persecución judicial” contra la población, como, por ejemplo, los ambientalistas.

El único en hablar desde La Libertad Avanza fue el puntano Carlos Almena, quien pidió tratar un pedido de informes sobre la cantidad de “personas imputadas, procesadas o condenadas por la aplicación del artículo 205 del Código Penal entre 2020 y 2023”. “Las causas están archivadas, pero siguen imputadas”, alertó y reclamó investigar “las actuaciones policiales y de gobiernos provinciales para saber si hubo excesos” durante la cuarentena. En tal sentido, recordó el caso de Florencia Magalí Morales en su provincia.

Pietragalla respondió entonces sobre esa gestión, dijo que la Secretaría fue querellante y logró “dar vuelta la causa”. “Fue una Secretaría claramente con muchos conflictos, pero le pusimos el cuerpo siempre. Y siempre del lado de la víctima, no importaba qué provincia era”, manifestó.

“El tema es que nosotros siempre fuimos sinceros y del otro lado hubo bastante de querer sacar rédito político de situaciones que eran muy complejas y nos trascendían”, expresó y remarcó que “hoy también hay víctimas de violencia institucional”.

En cuanto a las autoridades, la vicepresidencia segunda y secretarias segunda y tercera quedaron en reserva para LLA; y la secretaría primera en reserva para UP. Los días y hora de reunión que se eligieron fueron los martes a las 18.

Previsión y Seguridad Social

Luego fue el turno de la otra comisión que debía constituirse este martes y fue la de Previsión y Seguridad Social, que quedó en manos de La Libertad Avanza. De esta manera, Mónica Becerra fue la encargada de proponer como presidente a Pablo Ansaloni, exdirigente de la UATRE y presidente a nivel nacional del Partido Fe, aliado de LLA.

Al tomar la palabra, agradeció a referentes del oficialismo por haberle dado “esta enorme responsabilidad”. “Saben que soy un hombre de consenso, de lucha y que siempre voy a estar al servicio de ustedes”, agregó.

En tanto, en la vicepresidencia primera fue designada Alejandra Torres, del bloque Provincias Unidas, quien aseguró que “esta comisión tiene un desafío muy importante; el sistema previsional, no solamente en Argentina, se encuentra en crisis”. “Esta comisión va a tener mucho para trabajar”, dijo y pidió hacerlo con “análisis de datos, técnicas y proponer alternativas que sean para el bien de todos los ciudadanos”.

En la vicepresidencia segunda fue elegida Raquel Kelly Olmos, de Unión por la Patria, quien manifestó tener “la mayor voluntad y capacidad de trabajo”. Sobre la comisión, señaló que “se trata de un tema muy delicado e indudablemente vamos a tener debates fuertes”, entre esos mencionó que -por ejemplo- la reciente Ley de Modernización Laboral “trae un enorme desfinanciamiento del sistema previsional y seguridad social”.

Finalmente, las tres secretarías (primera y tercera para LLA y segunda para UP) quedaron en reserva. Los días martes a las 16 fueron elegidos para las reuniones.