La iniciativa busca promover la radicación de trabajadores vinculados a la economía digital mediante incentivos, infraestructura tecnológica y herramientas de conectividad.
El presidente del bloque Hechos en el Senado bonaerense, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto de ley para crear el “Régimen Integral de Arraigo Digital” destinado a profesionales autónomos, emprendedores y trabajadores remotos en municipios del interior de la provincia.
La iniciativa busca promover la radicación de trabajadores vinculados a la economía digital mediante incentivos, infraestructura tecnológica y herramientas de conectividad que favorezcan el desarrollo económico local y reduzcan las desigualdades territoriales.
Según explicó el senador platense, el crecimiento del trabajo remoto “abre una oportunidad histórica para fortalecer el arraigo y generar nuevas oportunidades en ciudades del interior bonaerense”.
El proyecto apunta además a impulsar espacios colaborativos, polos tecnológicos y programas de capacitación orientados a la economía del conocimiento y al emprendedurismo digital.
“La conectividad y el acceso a herramientas digitales hoy son fundamentales para generar empleo, desarrollo y crecimiento en los municipios”, sostuvo Leguizamón al fundamentar la iniciativa.
El senador por la octava sección electoral explicó que es fundamental “la articulación entre la Provincia, los municipios y el sector privado para promover políticas públicas vinculadas al empleo remoto, la innovación y el desarrollo tecnológico en el interior bonaerense.
Con esta iniciativa, el bloque Hechos busca fomentar nuevas oportunidades laborales y evitar la migración de jóvenes profesionales hacia los grandes centros urbanos.
La diputada Cecilia Moreau presentó un proyecto de resolución en el que expresa la "preocupación" por la situación presupuestaria del organismo. "Desde su creación cumple un rol fundamental e irremplazable", destacó.
La diputada nacional Cecilia Moreau presentó un proyecto de resolución por el cual se expresa la "profunda preocupación por la crítica situación presupuestaria del Banco Nacional de Datos Genéticos que le impide al organismo dar cumplimiento a las medidas judiciales de toma de muestras biológicas ordenadas por los Tribunales Federales".
A su vez, se insta al Poder Ejecutivo Nacional "a transferir, de forma inmediata, los recursos suficientes para que el organismo cumpla con sus competencias, con las emanadas del Poder Judicial y se garantice su pleno funcionamiento".
También, la iniciativa presentada por la legisladora de Unión por la Patria reclama que se comunique "específicamente" al Ministerio de Economía, al Ministerio de Justicia y al BNDG sobre tal resolución, en caso que fuera aprobada.
En los argumentos, la massista señaló que el proyecto surgió por la comunicación formal que la directora General Técnica del BNDG realizó a jueces federales, "en la cual se informa que el organismo no podrá llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas por falta de presupuesto".
En tal sentido, este viernes se conoció un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, en el cual le ordena al Gobierno que se garanticen los fondos para el funcionamiento del organismo ya que, de lo contrario, peligrarán investigaciones clave relacionados a la apropiación de bebés durante la última dictadura.
En agosto del año pasado, ambas cámaras del Congreso derogaron un decreto (351/25), por el cual el Poder Ejecutivo había dispuesto una "transformación" del BNDG.
Moreau recordó que el organismo fue creado en 1987 por la Ley 23.511 y "constituyó la primera institución pública en el mundo dedicada exclusivamente a la identificación genética de personas desaparecidas y a la restitución de la identidad de niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar".
"Desde su creación, el BNDG cumple un rol fundamental e irremplazable", aseguró y mencionó que "en materia de derechos humanos, almacena y analiza muestras genéticas que han permitido restituir la identidad de más de 130 nietos y nietas apropiados. Su trabajo es prueba científica en juicios por crímenes de lesa humanidad".
En tanto, "en materia judicial, brinda pericias genéticas gratuitas a todo el Poder Judicial de la Nación en causas de filiación, abuso sexual, identificación de personas y desapariciones. Es el único organismo público del país con esta capacidad técnica y legal".
Finalmente, "en materia científica, mantiene el Índice Nacional de Datos Genéticos, una herramienta clave para la investigación criminal y la identificación de personas".
"Su autonomía, autarquía y especialización lo convierten en un organismo de Estado, no de gobierno, cuyo funcionamiento no puede estar sujeto a la discrecionalidad presupuestaria", subrayó la diputada y completó: "Permitir que el BNDG detenga su funcionamiento operativo por falta de presupuesto sienta un precedente inaceptable y debilita el compromiso del Estado con la Memoria, la Verdad y la Justicia".
La nueva institución estará destinada a la atención y contención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La obra es financiada íntegramente con fondos municipales y contará con espacios recreativos, habitaciones y áreas de asistencia integral.
La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió este martes el avance de la obra de la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias “Amanda Allen”, ubicada en Quilmes Oeste. Durante la visita estuvo acompañada por la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio.
El nuevo espacio estará destinado a brindar atención, protección y contención a niños, niñas y adolescentes que atraviesen situaciones de vulnerabilidad o emergencia. El edificio contará con una intervención total de 250 metros cuadrados y fue diseñado para funcionar como un ámbito seguro, accesible y preparado para la asistencia integral.
“Recorrimos la obra de la nueva Casa de Abrigo Temporal para infancias y adolescencias en Quilmes Oeste, un lugar pensado para acompañar, contener y cuidar a niños, niñas y jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad”, expresó Mieri durante la recorrida. Además, destacó que el proyecto se financia “100% con fondos municipales”.
La jefa comunal señaló también que la iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión de Mayra Mendoza, orientadas a fortalecer el acompañamiento estatal para las infancias y adolescencias. “Estamos convencidos de que un Estado presente también es el que abraza, protege y genera más oportunidades para quienes más lo necesitan”, sostuvo.
Por su parte, Di Tullio manifestó que esperan inaugurar el espacio “con muchísimas ansias y amor”, y aseguró que la obra permitirá mejorar la calidad de vida y los derechos de los vecinos y vecinas, especialmente de los niños y niñas del distrito.
El proyecto contempla un sector de acceso con sala de entrevistas y oficina de atención profesional, además de tres habitaciones destinadas al alojamiento temporal de menores. Todas las áreas contarán con iluminación natural y climatización, mientras que el establecimiento dispondrá de cuatro sanitarios completos, incluyendo uno inclusivo.
La Casa de Abrigo también incorporará un Salón de Usos Múltiples, cocina, comedor, lavadero y espacios recreativos exteriores. Entre ellos se proyecta un patio semicubierto y un sector verde parquizado con juegos infantiles. El diseño general prioriza la seguridad, la funcionalidad y la creación de un entorno cálido acorde a la finalidad social del establecimiento.
El hotel incorporó mejoras en los espacios Río de la Plata y Río Luján para fortalecer su propuesta destinada a reuniones empresariales, capacitaciones y convenciones. La iniciativa busca consolidar al establecimiento como uno de los principales destinos para eventos en el corredor industrial Campana-Zárate.
Wyndham Garden Campana anunció la renovación de sus salones Río de la Plata y Río Luján, con el objetivo de ampliar su infraestructura orientada a eventos corporativos y encuentros empresariales. El complejo, ubicado a una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra emplazado entre los parques industriales de Campana y Zárate.
La renovación incluye mejoras en diseño, funcionalidad y capacidad operativa para distintos formatos de eventos. El salón Río de la Plata cuenta con una superficie de 462 metros cuadrados y capacidad para hasta 450 personas en formato auditorio, además de disponer de foyer y deck propios con vistas al jardín.
Por su parte, el salón Río Luján posee 180 metros cuadrados y puede albergar hasta 200 asistentes en formato auditorio. Su cercanía con el lobby y el restaurante del hotel fue pensada para reuniones ejecutivas, capacitaciones y encuentros de trabajo.
La propuesta se complementa con otros dos espacios: Río Paraná de las Palmas, un quincho orientado a actividades más íntimas y vinculadas con la naturaleza, y Río Paraná Guazú, un salón con vistas a la laguna destinado a ceremonias y recepciones. La configuración modular de los cuatro ambientes permite integrar espacios interiores y exteriores con capacidad total para hasta 500 asistentes.
Además de la infraestructura para eventos, el hotel ofrece servicios integrales que incluyen equipamiento audiovisual, conectividad Wi-Fi de alta velocidad, estacionamiento gratuito y opciones gastronómicas y de banquetería. El establecimiento dispone de 83 habitaciones equipadas, varias de ellas con vistas a la laguna.
Entre las instalaciones también se destacan un sector de SPA & Wellness con piscina climatizada cubierta y sauna seco, restaurante, piscinas exteriores y áreas recreativas con canchas de tenis, fútbol y vóley. El predio, de seis hectáreas, admite mascotas y combina jardines y espacios verdes para complementar la experiencia de hospedaje.
“El corredor del Paraná demanda soluciones de calidad para eventos y Wyndham Garden Campana responde con espacios renovados que combinan funcionalidad, tecnología y un entorno natural distintivo”, sostuvo Martín Pérez. El directivo remarcó además que los nuevos salones fueron diseñados para adaptarse a convenciones, talleres, lanzamientos de producto y cenas de gala.
El secretario del partido amarillo y diputado nacional destacó la "experiencia" del espacio liderado por Mauricio Macri, al tiempo que aseguró que "el populismo está en decadencia".
"Nuestra lealtad no es con un gobierno, es con nuestros valores", afirmó este viernes desde Vicente López el diputado nacional Fernando De Andreis sobre el Pro.
El secretario del partido amarillo fue uno de los oradores en el acto que encabezó el expresidente Mauricio Macri, luego de lanzar días atrás el "Manifiesto próximo paso", con miras a las elecciones del año que viene.
El legislador, mano derecha de Macri, señaló que desde que empezó el relanzamiento del partido para "empezar a tener presencia de nuevo", él sostiene que "tenemos que mirar para adelante".
"¿Tenemos experiencia? Sí, por supuesto, hace más de 20 años que estamos. Y la experiencia es fundamental para lo que viene, pero mirando para adelante", insistió.
Para el diputado, "el kirchnerismo está en decadencia, el populismo está en decadencia. Entonces ahora nosotros tenemos que pensar en construir lo que viene, y ahí es donde entra el próximo paso".
"El próximo paso no es un partido político, no es un dirigente, es algo que nosotros tenemos constitutivo en nuestro ADN, que es la gente, que es el argentino. El próximo paso es el argentino que votó el cambio, que está haciendo un esfuerzo y todavía el cambio no le llega. Y para eso se necesita una etapa de construcción, y ahí sí es donde nuestra responsabilidad es estar", sostuvo.
Ante los presentes en el Club Centro Galicia de Olivos, De Andreis aseveró: "Nuestra lealtad no es con un gobierno, más allá de que lo acompañamos y sostenemos la gobernabilidad, y por supuesto con humildad lo reconocemos. Nuestra lealtad es con nuestros valores, nuestras ideas, que son las mismas que venimos empujando hace más de 20 años".
"Si nosotros acá decidimos que nace algo nuevo, entonces nace algo nuevo. Tenemos una oportunidad, con determinación, confianza y trabajo va a hacer que todo eso suceda. Tenemos un lugar, ocupémoslo", cerró.
En el evento, que contó con la presencia de diputados nacionales, intendentes, legisladores provinciales y consejeros bonaerenses, el expresidente Macri expresó que "la crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio".
En tanto, en diálogo con la prensa, De Andreis fue consultado por la relación del Pro con La Libertad Avanza, de quien ha sido aliado desde el comienzo. Y, contundente, respondió: "De ninguna manera. ¿Cómo vas a romper con el Gobierno?".
El Gobierno aprobó el ingreso del proyecto PSJ Cobre Mendocino al RIGI, con una inversión total de US$ 891 millones. La iniciativa en Uspallata busca posicionar a la región como polo exportador y generar miles de empleos.
El Gobierno nacional aprobó el ingreso del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una decisión que implica un desembolso total estimado en 891 millones de dólares, incluyendo etapas de mantenimiento y cierre.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el avance como un paso clave para reactivar el desarrollo minero en Mendoza y potenciar las exportaciones de cobre. El proyecto, emplazado en Uspallata, se perfila como una de las principales apuestas del país para capitalizar la creciente demanda global del mineral, impulsada por la transición energética y el desarrollo tecnológico.
“En el caso de San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio, lo que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país”, afirmó Caputo a través de sus redes sociales. En el mismo mensaje, el funcionario también confirmó la incorporación al RIGI del proyecto de litio Cauchari Olaroz, en Jujuy, con una inversión de US$ 1.241 millones.
Según precisó el ministro, ambos desarrollos generarán más de 8.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, consolidando el impacto del esquema impulsado por el presidente Javier Milei para atraer inversiones en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura.
La inclusión de PSJ en el RIGI marca un hito para Mendoza, que históricamente ha atravesado fuertes debates en torno a la actividad minera. En ese contexto, el proyecto se presenta como una oportunidad para diversificar la matriz productiva provincial y abrir una nueva etapa en materia de exportaciones.
Actualmente, el régimen ya cuenta con 16 proyectos aprobados que concentran inversiones cercanas a los 30.000 millones de dólares, mientras que otros 20 permanecen en etapa de evaluación, según detalló Caputo.
Desde el Gobierno mendocino celebraron la decisión. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, aseguró que la Provincia “da otro paso significativo” en el desarrollo minero y remarcó que se trata del segundo proyecto local en sumarse al RIGI, luego del parque solar El Quemado.
En términos de inversión, el plan prevé destinar unos 630 millones de dólares a la etapa de construcción, dentro del total estimado. Este respaldo regulatorio y financiero resulta clave para avanzar en la concreción del emprendimiento, que apunta a iniciar obras en 2027.
En paralelo, la empresa desarrolladora avanza en la estructuración del financiamiento. En abril se confirmó la incorporación del Royal Bank of Canada (RBC) como agente financiero, encargado de organizar el esquema de fondeo y seleccionar potenciales inversores interesados en participar del proyecto.
También se registran avances en el plano técnico. En marzo de 2026 comenzó una campaña de perforaciones “in-fill”, orientada a mejorar la precisión de la información geológica del yacimiento. El programa contempla 28 perforaciones y unos 12.000 metros de trabajo, con el objetivo de convertir recursos inferidos en medidos y optimizar el diseño final.
En simultáneo, el desarrollo progresa en áreas clave como planificación técnica, vinculación comunitaria, financiamiento y adecuación a estándares internacionales. Todo, con la mira puesta en consolidar uno de los proyectos de cobre más relevantes del país y posicionar a Cuyo como un nuevo polo exportador en los próximos años.
El diputado nacional calificó de “negacionista” a la senadora cordobesa quien le respondió a través de las redes: “No comparto los términos de la declaración que usan el dolor de las familias y las víctimas para sostener miradas parciales de los DDHH”.
El diputado nacional Esteban Paulón cruzó, a través de las redes, a la senadora Carmen Álvarez Rivero por abstenerse en la votación de la moción de preferencia solicitada en la sesión de este jueves en el Senado, por parte de la cordobesa Alejandra Vigo, para incorporar al temario de la misma un proyecto de reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Tenes que ser negacionista para no reconocer el enorme trabajo del Equipo argentino de Antropología Forense, y lo que está pasando en la perla. Que lamentable y chiquita sos”, le escribió Paulón a Álvarez Rivero en su red social “X”.
Lejos de quedarse callada, la senadora libertaria le respondió: “Acompaño toda búsqueda de verdad porque eso es Justicia. Creo que la defensa de los Derechos Humanos tiene que ser integral y coherente: TODA VIDA HUMANA merece igual dignidad y protección, sin distinciones”.
“No comparto los términos de la declaración que usan el dolor de las familias y las víctimas para sostener miradas parciales de los DDHH”, planteó.
La propuesta de Vigo –acompañada por la firma de Luis Juez- alcanzó 69 votos a favor, 0 en contra y la abstención de la libertaria Álvarez Rivero, cuyo tratamiento se hizo sobre tablas al final de la sesión.
El proyecto expresa el reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense - EAAF y del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba que realizó la identificación de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura, halladas en inmediaciones de La Perla.
La diputada oficialista participó de una jornada sobre PyMEs, donde ponderó la Ley de Modernización Laboral: “Es un conjunto de herramientas operativas a disposición”.
La diputada nacional Verónica Razzini (LLA) participó en la Universidad de UCEMA de una jornada sobre PyMEs, donde analizó los alcances de la Reforma Laboral y destacó que “ya no es gratis para un sindicato organizar un bloqueo”.
“Mi logro personal en la Modernización Laboral es la modificación de la Ley 7.802 y 23.756, que termina con la extorsión sindical paralizante. A partir de ahora, se marca como infracciones muy graves provocar u organizar la toma de establecimientos o el bloqueo de los accesos. Esto va a generar multas automáticas sumamente graves y empieza a poner un poco las cosas en su lugar. Es decir, que ahora ya no es gratis para un sindicato organizar un bloqueo. Sino que le vamos a tocar donde más les duele, que es el bolsillo”, resaltó.
En su disertación, la vicepresidente de la Comisión PyMEs consideró que “el destino de las PyMEs está nuevamente en nuestras manos. La Modernización Laboral ya no es un proyecto de ley, es un conjunto de herramientas operativas a disposición. Es hora de dejar de administrar burocracia y volver a liderar nuestras empresas para generar empleo”.
Además, la legisladora santafesina expresó: “Necesitamos más PyMEs en la política y la política necesita entender cómo es la dinámica de las empresas argentinas para se pueda pensar de otra manera lo que nosotros vivimos a diario”.
La jornada “Reforma Laboral 2.0: Seguir reformando o cerrar” estuvo organizada por la Unión Nacional de Emprendedores, PyMEs y Productores (UNEPP), y contó además con la participación de José Ojeda, especialista en marketing; Miguel Jacobawsky, empresario PyME; y el abogado Juan Pablo Chiesa.
La UNEPP está conformada por más de 4.000 emprendedores, PyMEs y productores, y se ha consolidado como una plataforma que aboga por un marco regulatorio flexible en lo laboral, sindical y tributario, adaptado a las necesidades del sector productivo.
El senador K pidió una moción de preferencia para que se trate su proyecto, en medio del lanzamiento de la licitación pública por parte del Gobierno. Algunos aliados del oficialismo acompañaron la votación.
El senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro solicitó una moción de preferencia durante la última sesión del Senado para que se trate un proyecto de su autoría que busca impedir que se privatice la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
El pedido se dio tras un posteo en redes sociales del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto del lanzamiento de la licitación pública para la venta del 90% de AySA, que estaba contemplada en la lista de privatizaciones de la Ley Bases. La medida se formalizó este viernes, con la publicación de los pliegos en el Boletín Oficial.
El legislador kirchnerista pidió una moción de preferencia para que el proyecto se trate con dictamen, un trámite complicado para el peronismo, desplazado hoy por el oficialismo y sus aliados en las comisiones. Sin embargo, algunos senadores de partidos provinciales acompañaron la votación.
La moción resultó aprobada con 35 votos afirmativos y 33 negativos, es decir, a dos de los 37. Además del interbloque peronista, votaron a favor los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También Alejandra Vigo y Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas); Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza (Convicción Federal).
En contra lo hicieron los senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro y la tucumana Beatriz Ávila (Independencia).
"Entendemos que AySA tiene que ver con el agua potable, que es esencial para la vida y la salud de millones de argentinos y que tiene que ser gestionada por el bien común", expresó De Pedro al presentar la moción.
Y enfatizó: "La Argentina ya tuvo una experiencia de una privatización que fue un desastre y que fortaleció las billeteras de los concesionarios. Además, dejaron a millones de argentinos sin agua y contaminaron los ríos".
Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, le anticipó: "Es en contra de una política de nuestro gobierno. Siempre es con dictamen. Igualmente, no se la vamos a votar. Que le quede claro".
El proyecto declara a AySA de "interés público y estratégico para el desarrollo humano" y, en ese marco, busca excluir a la empresa estatal de cualquier proceso de privatización, concesión o cesión de su capital o gestión, al tiempo que declara intransferibles a las acciones de la compañía que actualmente pertenecen al Estado nacional.
Entre sus fundamentos, sostiene que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano esencial reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales suscriptos por la Argentina, y plantea que la administración del servicio debe orientarse al bien común y no a la rentabilidad privada.
El proyecto de declaración fue firmado por todos los jefes de bloques y votado a mano alzada en el final de la sesión. Este viernes habrá distintas actividades.
En el cierre de la sesión de este jueves en el Senado, se votó a mano alzada un proyecto de declaración que expresa el beneplácito por los 120 años de la creación del Palacio del Congreso.
La presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, fue la encargada de pedir que se vote y reveló que el texto había sido firmado por todos los jefes de bloques.
La declaración expresa: "El Senado de la Nación declara su beneplácito por el 120° aniversario de la creación del Palacio del Congreso de la Nación Argentina a raíz de que el 12 de mayo de 1906 fue la fecha en que quedó inaugurado oficialmente, reconociendo su importancia histórica, institucional, legal y cultural para el país".
En el marco de este aniversario, este viernes se realizarán recorridas especiales por el Congreso y habrá un concierto de la Orquesta de Cámara.
El edificio se construyó luego de un concurso internacional de proyectos realizado en 1895, que fue ganado por el arquitecto italiano Víctor Meano. El proyecto de Meano reconocía como fundamento tres ideas centrales: el academicismo, el eclecticismo y el clasicismo. "Quizás su mayor acierto fue la incorporación de una imponente cúpula de ochenta metros de altura, que reforzó la monumentalidad del edificio y su valor simbólico", consta en la web oficial sobre la historia del edificio.
Con la construcción del Palacio del Congreso surgió la idea de dotarlo de una plaza. Así, por iniciativa del senador Miguel Cané, en 1905 se sancionó la Ley 4.869, que establecía la creación de la Plaza del Congreso en terrenos expropiados.
En 1906 los legisladores decidieron que el inminente período legislativo debía iniciarse en el nuevo edificio, que aún no estaba terminado. Así fue que el 12 de mayo de 1906, con la presencia del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, se inauguró el Palacio Legislativo entre armazones de hierro y otros elementos de construcción, en un recinto de sesiones todavía sin bancas. El Palacio quedó finalmente concluido en 1946, cuando se colocó el revestimiento de mármol del exterior del edificio que restaba completar.
Carlos Linares, Martín Soria y Florencia López presentaron cuestiones de privilegio contra Manuel Adorni, Javier Milei y Luis Caputo. La mención del chubutense al pedido de Bullrich para que el jefe de Gabinete presente la declaración jurada.
El primer senador opositor en presentar una cuestión de privilegio contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni fue el chubutense Carlos Linares. Primero parafraseó que “el fruto no cae lejos del árbol”, y luego acusó que es un “delincuente él y un delincuente el hermano”, en alusión a Francisco Adorni, legislador bonaerense imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
También hizo eco de la entrevista radical que tuvo como protagonista a Matías Tabar, contratista que trabajó en las remodelaciones de la casa del country Indio Cúa por las que el ministro coordinador habría abonado 245.000 dólares en efectivo. “Cada día nos encontramos con algo nuevo y se ve que le gusta manejar mucha plata en negro porque son dos delincuentes, el arquitecto y Adorni”, señaló el integrante del bloque Justicialista.
Sutilmente invocó el pedido de Patricia Bullrich con relación a la declaración jurada del vocero presidencial y agregó que “mentir en una declaración jurada tiene consecuencias”. Después sintetizó que “es un tema que no se termina y no tenemos que dejarlo terminar por más que el gobierno quiera que se hablen de otros temas”. Y cerró acusándolo de ser “el cajero de la casa”.
Martín Soria no se la iba a perder y a pesar de que presentó la cuestión de privilegio contra Javier Milei aprovechó la oportunidad de cargar munición gruesa contra Manuel Adorni. “El escándalo del jefe de Gabinete es como una novela que no tiene fin donde cada día aparece algo más o algo peor por los innumerables casos de corrupción, donde el presidente lleva casi 70 días defendiendo lo indefendible”, comenzó.
Tomó una frase recolectada de un programa televisivo y reiteró que “para juntar lo que gastó, debió haber sido jefe de Gabinete durante 26 años”. Luego, manifestó que “Milei, ajeno a la realidad sigue defendiendo, a este jefe de Gabinete, pero tenemos que preguntarnos si no es un sistema de privilegios, corrupción y saqueo organizado por el presidente y su hermana (Karina Milei)”.
Una por una, el senador rionegrino mostró fotos del presidente de la Nación con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Diego Spagnuolo, Demián Reidel y, finalmente, Manuel Adorni, a quien catalogó de ser “el único argentino que Milei sacó de la pobreza verdaderamente”. “La escribana de Adorni entró siete veces a la Casa Rosada para perfeccionar la teoría de que dos jubiladas que le prestaron plata de palabra”, cerró.
En tercer lugar, la senadora riojana Florencia López dirigió su cuestión de privilegio contra Luis Caputo, ministro de Economía, y también contra el jefe de Gabinete por la rúbrica a la decisión administrativa 202026 publicada en el Boletín Oficial del pasado lunes 11 de mayo donde se modificaron las partidas presupuestarias del Poder Legislativo en 30 mil millones de pesos y se comunicó el cierre de nueve programas. “Son unos cretinos y hay que pararlos acá en nuestras bancas con el mandato popular que nos dio la gente”, disparó.
La votación resultó con 45 votos afirmativos, 1 negativo y 24 abstenciones. ¿Quién fue el legislador de UP que votó en contra? La crítica irónica del titular del bloque, José Mayans, al oficialismo por dejarlos sin cargos.
Al inicio de la sesión de este jueves del Senado de la Nación, los miembros del Cuerpo eligieron al licenciado Patricio Federico Finochietto quien tomó juramento para ocupar el cargo como prosecretario de coordinación operativa de la Cámara alta, rol que había quedado vacante desde la sesión preparatoria del pasado 24 de febrero.
La propuesta fue hecha por la senadora tucumana Beatriz Ávila quien, en nombre del interbloque Impulso País, describió a Finochietto como “una persona que tiene más de 17 años al servicio del Congreso de la Nación. Es un conocedor de la tarea legislativa y conocedor y se ha desempeñado con excelencia a temas vinculados a lo administrativo, operativo y parlamentario”.
“Estoy convencida que su aporte va a ser fundamental para fortalecer la institución y responder con eficacia, dedicación y respeto a las necesidades de esta Casa, de los señores senadores que representamos a las provincias”, cerró.
Previo a la votación, el presidente del interbloque de UP, José Mayans, criticó de forma irónica al oficialismo: “Le queremos agradecer a la generosidad que tienen en cuanto a la distribución dentro del Cuerpo del Senado”, y anticipó la abstención de su espacio.
La votación resultó con 45 votos afirmativos, 24 abstenciones y un voto negativo de la senadora Cristina Cándida López.
Según anunciaron los integrantes del oficialismo se debe a “cuestiones técnicas”. Adelantaron, de todas maneras, que la semana próxima se volverán a poner a consideración en plenario de comisiones. Deben sancionarse antes del 31 de mayo.
Foto: Comunicación Senado
Después de anunciarlo en la previa, La Libertad Avanza, a través de Agustín Monteverde, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, propuso el regreso a comisión del Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD. Y el grupo de acreedores que encabeza Attestor Value Master Fund LP (holdouts).
Minutos antes del inicio de la sesión ordinaria, el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, explicó que se debe a “una cuestión técnica”, pero adelantó que “seguramente la semana próxima lo tratemos”. Asimismo, aclaró que “están los números suficientes como para que la Argentina siga siendo responsable frente a los compromisos internacionales porque queremos que todo se haga conforme a la exactitud y ala precisión que amerita este tema”.
La presentación será el próximo martes 19 de mayo a las 17 y contará con la presencia del abogado constitucionalista Daniel Sabsay y 10 ciudadanos formoseños que darán testimonio.
El senador nacional Francisco Paoltroni redobló la apuesta al gobernador Gildo Insfrán y presentará formalmente el proyecto de ley para pedir la intervención de la provincia de Formosa al asegurar que en el territorio "no se respeta la forma republicana de gobierno".
La presentación será el próximo martes 19 de mayo a las 17 en el Salón Azul del Senado de la Nación y contará con la presencia del abogado constitucionalista Daniel Sabsay y 10 ciudadanos formoseños que “darán testimonio de los padecimientos del feudo. Quiero que escuchen al pueblo formoseño, que conozcan de primera mano lo que pasa en Formosa”, según contó Paoltroni a parlamentario.com.
Paoltroni sostuvo en declaraciones radiales que la iniciativa “va por el buen camino” y resaltó la necesidad de “una intervención para cambiar la historia de Formosa” porque “existe una concentración absoluta de poder en la provincia”.
El legislador defendió la necesidad de una intervención federal y argumentó que el actual esquema político impide la alternancia democrática. "En una república esto es inadmisible. La república es alternancia y división de poderes", afirmó al referirse a la continuidad de Insfrán en el poder desde 1987.
Con la presencia de 37 senadores en recinto, la Cámara alta dejará habilitada una nueva tanda de pliegos judiciales con habilitación parlamentaria. En la previa, los jefes de bloques acordaron devolver a comisión el Acuerdo de Cooperación con los holdouts.
Foto: Comunicación Senado
Con Victoria Villarruel presidiendo , el Senado lleva a cabo la sesión ordinaria desde las 15.24 para tratar la prorroga del juez federal Carlos Alberto Mahiques, diferentes tratados internacionales y la Regularización de Armas de Fuego y Prórroga Del Programa Nacional de Entrega Voluntaria.
También, la Cámara alta le dará ingreso legislativo a una extensa lista de pliegos judiciales. Desde que comenzó el período 2026, el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado más de 160 expedientes vinculados a jueces, fiscales, camaristas y defensores públicos.
En la previa de la sesión ordinaria, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció que el Acuerdo de Cooperación con los holdouts fue enviado nuevamente a comisión. "Debemos hacer algunas revisiones técnicas", explicó el puntano.
Sin los integrantes del interbloque Popular, dieron quórum La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Pro, Provincias Unidas, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los salteños y La Neuquinidad.
El martes pasado, los jefes de bloque resolvieron en la reunión de Labor Parlamentaria comenzar con las cuestiones de privilegio que, en su mayoría, será utilizadas por la oposición. Según confiaron a parlamentario.com, la sesión duraría unas seis horas.
La primera media hora de la reunión estuvo consignada a los homenajes donde se destacó el realizado a Luis Brandoni por Maximiliano Abad y Patricia Bullrich. "Adhiero en todas sus dimensiones y en su lucha por la democracia, la república y la libertad. Le tengo un agradecimiento personal por acompañarme como candidato a diputado por el parlamento del Mercosur en las PASO 2023", expresó la titular de bloque oficialista.
Acto seguido, Victoria Villarruel anunció el inicio de las cuestiones de privilegios que tiene como expositores a varios integrantes del bloque Justicialista, a Fernando Salino de Justicia Social Federal, a Flavia Royón de Primero los salteños y a Carolina Moisés de Convicción Federal.
NOTICIA EN DESARROLLO
Quedó inaugurado en Mendoza el parque solar El Quemado, la primera inversión concretada bajo el RIGI. Adorni destacó el cambio de clima económico y proyectó un fuerte impacto en exportaciones energéticas.
Con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el presidente de YPF, Horacio Marín, el Gobierno inauguró en Las Heras el Parque Solar Fotovoltaico El Quemado, el primer proyecto que se materializa bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Durante el acto, Adorni encuadró la obra como un símbolo del rumbo económico de la actual gestión. “Lo que vimos acá es la Argentina del futuro”, afirmó, al destacar el rol del sector privado y la previsibilidad macroeconómica como pilares para impulsar inversiones de largo plazo.
El funcionario recordó que la iniciativa había sido anunciada en diciembre de 2024 como el primer proyecto en el marco del régimen y subrayó que su concreción responde a un escenario de estabilidad económica. En ese sentido, sostuvo que el país atraviesa una etapa con "reglas claras" que permite a las empresas planificar, invertir y generar empleo.
En clave política, Adorni apuntó contra gestiones anteriores al cuestionar lo que definió como una “mirada cortoplacista” que, según dijo, limitó el desarrollo durante décadas. En contraposición, aseguró que el actual Gobierno impulsa “un proyecto de país con visión de futuro”, orientado a sentar las bases del crecimiento sostenido.
El jefe de Gabinete también defendió el RIGI como una herramienta central para atraer capitales. Indicó que el parque solar demandó una inversión de 220 millones de dólares y estimó que el conjunto de iniciativas presentadas bajo este esquema podría alcanzar los 94.000 millones de dólares, con un impacto anual positivo cercano a los 40.000 millones.
En su repaso, destacó además otras reformas impulsadas por la administración de Javier Milei, como los avances en acuerdos de exportación con Estados Unidos y Europa y la llamada Ley de Inocencia Fiscal, orientada —según explicó— a aliviar la carga del Estado sobre los contribuyentes.
Adorni también puso el foco en la reforma laboral recientemente sancionada, que —afirmó— permitirá incorporar a más de 5 millones de personas al empleo formal, además de modificar los esquemas de contratación y reducir la litigiosidad. A esto sumó los cambios en la legislación sobre recursos naturales, con mayor protagonismo de las provincias.
En ese marco, reivindicó el carácter federal del RIGI y la articulación entre Nación y gobernadores. “Las provincias son una parte imprescindible de esta nueva Argentina”, sostuvo, y anticipó el envío de nuevas reformas al Congreso en las próximas semanas.
Por su parte, el titular de YPF, Horacio Marín, proyectó un crecimiento sostenido de las exportaciones energéticas. Según estimó, el país podría superar los 50.000 millones de dólares anuales hacia 2031, ampliando previsiones previas que ya ubicaban el piso por encima de los 30.000 millones.
“El potencial es enorme”, concluyó el ejecutivo, al vincular este tipo de desarrollos con la posibilidad de convertir a la Argentina en un actor relevante en el mercado energético global.
La compañía consolidó un fuerte crecimiento en 2026 y concentra más de la mitad de la actividad en la formación. Tenaris escaló al segundo lugar y SLB cayó a su nivel más bajo desde la pospandemia.
El mapa de las empresas de servicios en Vaca Muerta atraviesa una etapa de fuerte dinamismo, con movimientos que reconfiguran el liderazgo en el segmento de fractura hidráulica. Tras un 2025 marcado por el sorpresivo desplazamiento de SLB a manos de Halliburton como principal proveedor del shale argentino, los datos de 2026 indican que aquel cambio no fue transitorio, sino el inicio de una tendencia más profunda.
De acuerdo con el relevamiento de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, Halliburton inició el año con un crecimiento acelerado que la posiciona al borde de las 1.500 etapas de fractura mensuales, una marca inédita en la formación neuquina. La evolución mensual refleja esa expansión: 932 punciones en enero, 982 en febrero, 1.147 en marzo y un salto a 1.317 etapas en abril.
El volumen alcanzado en ese mes explica por sí solo el 56% de la actividad total en Vaca Muerta y establece una brecha considerable respecto del resto de las compañías, que se mantienen por debajo de las 400 operaciones mensuales. Este liderazgo se sostiene en una fuerte cartera de clientes, encabezada por YPF, donde ejecutó 931 etapas, seguida por Shell con 236 trabajos en Cruz de Lorena, Chevron con 113 intervenciones en El Trapial y Pampa Energía con 37 operaciones en Sierra Chata.
En abril, la actividad global en la formación alcanzó las 2.335 etapas de fractura. Si bien se trata de uno de los registros más moderados del año, implicó un crecimiento interanual del 15%, lo que confirma la continuidad del ciclo expansivo del shale y explica la intensificación de la competencia entre las empresas de servicios.
En ese escenario, la principal novedad fue el avance de Tenaris. La firma del Grupo Techint desplazó a SLB del segundo puesto y se consolidó como nuevo escolta de Halliburton, con 340 etapas, equivalentes al 15% del total de operaciones. Su desempeño estuvo traccionado principalmente por Tecpetrol, con quien realizó 196 fracturas en Fortín de Piedra, además de 73 para Phoenix Global Resources en Mata Mora y 71 para TotalEnergies en Aguada Pichana.
El tercer lugar quedó en manos de Calfrac, que acumuló 321 etapas de fractura. Su actividad se concentró en trabajos para Pan American Energy, con 176 operaciones en Lindero Atravesado, y para Pluspetrol, con 145 punciones en Bajo del Choique.
El dato más relevante del mes fue el retroceso de SLB, que por primera vez desde la pospandemia quedó relegada al anteúltimo puesto entre las cinco compañías activas en el shale neuquino. La empresa registró 319 etapas de fractura, muy por debajo de los niveles que había sostenido en el trimestre previo. Su actividad se apoyó en contratos con YPF, con 205 punciones, y Vista Energy, con 114 operaciones.
El ranking mensual se completó con Servicios Integrales Petroleros (SPI), la unidad de Pluspetrol surgida tras la adquisición de activos de Weatherford, que contabilizó 38 etapas de fractura en el bloque La Calera.
Con estos movimientos, el tablero de Vaca Muerta evidencia una creciente concentración en torno a Halliburton, una reconfiguración de sus competidores directos y una mayor intensidad operativa que anticipa un 2026 de alta competencia en el negocio de servicios petroleros.
La canadiense Jaguar Uranium inició trabajos de campo en el área Guanaco, dentro del proyecto Laguna Salada, tras obtener antes de lo previsto la aprobación ambiental. La firma apunta a acelerar la exploración en uno de los mayores prospectos de uranio near-surface del país.
La minera canadiense Jaguar Uranium dio un nuevo paso en su estrategia de expansión en Argentina al iniciar los trabajos de campo en el área Guanaco, dentro del proyecto de uranio Laguna Salada, ubicado en la provincia de Chubut. El comienzo de las tareas marca una etapa clave para avanzar en la delimitación del recurso y evaluar el potencial económico del yacimiento.
El arranque de la campaña fue posible luego de que el Ministerio de Ambiente provincial aprobara la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Según indicó la compañía, la autorización llegó antes de los plazos previstos, lo que le permitirá imprimir mayor ritmo a las actividades exploratorias en el corto plazo.
En esta nueva etapa, la empresa desplegará un programa integral que contempla prospecciones geofísicas, muestreos de superficie, excavación de zanjas, construcción de caminos de acceso y perforaciones exploratorias, además del montaje de campamentos operativos en la zona. Estas tareas buscan generar información geológica clave para dimensionar con mayor precisión la magnitud del depósito.
Laguna Salada se posiciona como uno de los activos más relevantes dentro del portafolio de Jaguar Uranium. El proyecto abarca cerca de 230.000 hectáreas y, de acuerdo con la firma, constituye uno de los mayores desarrollos de uranio cercano a superficie en Argentina, una característica que podría traducirse en menores costos de extracción frente a otros yacimientos más profundos.
El CEO de la compañía, Steven Gold, destacó la importancia de la autorización ambiental en la hoja de ruta del proyecto. “La llegada anticipada del permiso EIA es un hito significativo para Jaguar”, afirmó en un comunicado. En esa línea, remarcó que la aprobación “sienta las bases para una estrategia de exploración acelerada y posiciona a la compañía para avanzar rápidamente hacia la siguiente fase de trabajo”.
El avance en Chubut se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la compañía, que también desarrolla otro frente exploratorio en Mendoza. Allí, Jaguar Uranium trabaja en el proyecto Huemul, un distrito de aproximadamente 27.700 hectáreas con antecedentes históricos de explotación minera.
Huemul reviste particular interés por albergar la primera mina de uranio en producción del país, que operó entre 1955 y 1975 bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Durante ese período, se procesaron cerca de 130.000 toneladas de mineral en la planta de Malargüe, con leyes que alcanzaron 0,21% de uranio, 2,0% de cobre y 0,11% de vanadio, lo que confirma el carácter polimetálico del distrito.
En marzo de este año, Jaguar Uranium firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, estableciendo un marco de cooperación para el desarrollo de sus propiedades en la provincia. El entendimiento apunta a facilitar el avance de las tareas exploratorias bajo estándares regulatorios y ambientales consensuados.
El proyecto Huemul, al igual que Laguna Salada, presenta un atractivo adicional al concentrar tres minerales estratégicos —uranio, cobre y vanadio— dentro de un mismo distrito. Según la compañía, este tipo de iniciativas encaja con el nuevo enfoque de desarrollo minero, que promueve proyectos integrales con potencial de abastecer diferentes demandas industriales.
En ese contexto, Jaguar Uranium busca consolidar su presencia en Sudamérica mediante la expansión de su cartera de activos en Argentina y Colombia, con el foco puesto en minerales considerados críticos para la transición energética y el desarrollo tecnológico. La aceleración de los trabajos en Chubut refleja, en esa línea, una apuesta por posicionarse en el mercado del uranio en un escenario global de creciente demanda.
Tal como lo tenía en planes desde hace días, La Libertad Avanza solicitó una sesión para el miércoles 20. El horario es a las 10, una hora antes de la sesión reprogramada por la oposición.
Tal como lo tenía en sus planes desde hace días, el oficialismo pidió una sesión con agenda propia en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles. Luego que la oposición reprogramara su convocatoria a tratar -ahora, entre otros temas- la interpelación de Manuel Adorni, La Libertad Avanza solicitó una sesión desde las 10.
El temario era el que ya se anticipaba, pero llamativamente no fue incluida la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que obtuvo dictamen de tres comisiones esta semana. El tema, que cobró relevancia en el marco de los compromisos asumidos con la administración de Donald Trump y el acuerdo comercial bilateral, venía retrasado y seguirá así, pues el oficialismo decidió pasarlo para "más adelante", sujeto a las negociaciones que el Gobierno todavía mantiene con Estados Unidos.
Sí se debatirán, y La Libertad Avanza buscará la media sanción, los proyectos de "Ley Hojarasca" y el que modifica el Régimen de Zona Fría, con la intención de reformular los subsidios al gas en las provincias que habían ingresado al beneficio por una ley votada en 2021, impulsada en aquel entonces por Máximo Kirchner.
Sin chances de lograr quórum, los solicitantes de la sesión que estaba prevista para este jueves 14 con la intención de votar un emplazamiento a comisiones sobre los proyectos que proponen la interpelación de Adorni, retiraron esa convocatoria y presentaron un nuevo pedido para el miércoles 20 a las 11, con otros temas sociales.
Sin embargo, días atrás, LLA había reunido a sus aliados y les había transmitido la intención de sesionar el 20. Por eso, este jueves presentaron el pedido, pero desde las 10. Es decir que, si los violetas reúnen quórum una hora antes, la siguiente sesión quedaría trunca.
La llamada "Ley Hojarasca" finalmente será llevada al recinto: se trata de un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar una serie de normas que considera se volvieron obsoletas o inútiles, generan burocracia o "atentan contra las libertades".
Al obtener despacho de mayoría, el oficialismo aceptó una serie de modificaciones: no se eliminarán artículos de distintas normas referidas al financiamiento del Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Tampoco habrá derogación de la ley que prevé el libre estacionamiento para los legisladores nacionales y se quitó del listado una ley que el sector del cooperativismo reclamó no derogar.
En cuanto a la modificación del Régimen de Zona Fría, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hace 10 días obtuvo dictamen exprés en comisiones este miércoles.
La iniciativa redefine quiénes conservarán el beneficio en las tarifas de gas. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrán los subsidios al consumo residencial. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
El proyecto abarca además la deuda de las distribuidoras de energía con CAMMESA, derogación de algunos beneficios para el sector de hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivo a las energías renovables.
El temario incluye además una decena de tratados internacionales y un proyecto por el cual se reconoce al Brigadier (R) "VGM" Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur y se le concede la medalla de "La Nación Argentina al valor en combate".
El pedido de la sesión fue firmado por los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón.
El Municipio de Quilmes inició formalmente el Plan Integral de Poda Correctiva y Responsable 2026, con la presencia de la intendenta interina Eva Mieri. El operativo, que se desarrollará entre mayo y agosto, busca mejorar la limpieza urbana y el cuidado del arbolado en todo el distrito.
Durante el lanzamiento en Bernal, Mieri destacó que se trata de un trabajo planificado que se realiza de manera simultánea en distintos barrios, con el objetivo de prevenir riesgos, despejar luminarias y optimizar el espacio público. Señaló además que las cuadrillas municipales realizan mantenimiento diario y retiran de inmediato las ramas para mantener el orden en cada zona intervenida.
El secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio, subrayó la importancia del programa tanto para el cuidado ambiental como para garantizar que las tareas de poda sean realizadas por personal profesional. Remarcó que el Municipio llegará a cada domicilio para evitar intervenciones particulares que puedan resultar riesgosas o inadecuadas.
Las primeras acciones incluyeron trabajos en sectores de Bernal y Ezpeleta, especialmente en el cuadrante delimitado por Carabelas, Lebensohn, Roque Sáenz Peña y Las Heras. Allí se coordinó además un operativo conjunto con los programas de Recolección de Voluminosos y Menos Basura Más Comunidad, con el fin de asegurar el retiro inmediato de restos y prevenir microbasurales.
El esquema territorial contempla zonas y cuadrantes en Bernal, Quilmes Centro, Quilmes Oeste, San Francisco Solano y Ezpeleta, con siete grupos de trabajo activos de lunes a sábado. Cada cuadrilla cuenta con camiones volcadores, chipeadoras, motosierras, herramientas especializadas y personal capacitado para realizar las tareas de manera segura y eficiente.
El programa se articula desde la Secretaría de Ambiente y GIRSU junto a diversas áreas municipales, que participaron de reuniones previas para coordinar criterios y capacitar equipos territoriales encargados de la difusión puerta a puerta. También se recordó que los vecinos pueden realizar consultas o reclamos a través de WhatsApp al 11-2480-8804. Participaron del inicio del operativo funcionarios de Ambiente, GIRSU y la regional de Bernal.
Fue en el marco de una nueva reunión informativa para darle tratamiento al tema sobre los endeudamientos familiares. Además, el titular de la Comisión comunicó que solicitaron a la presidencia de la Cámara baja el giro del proyecto sobre zonas frías.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky (UP), se reunió este miércoles para continuar con el debate de los proyectos vinculados al endeudamiento familiar, al aumento de la morosidad y a la modificación de las condiciones de acceso a servicios públicos esenciales.
Yasky anunció que la próxima semana continuarán con las reuniones informativas previo a unificar los proyectos sobre el tema de endeudamientos. Al respecto, comentó que la idea es incorporar dos temas.
Uno de ellos refiere a “las nuevas condiciones para el suministro de agua que pueden quedar sujetos a cortes por lo que se estableció en el BO de acuerdo a las condiciones de privatización de AySA. Hay un proyecto que presenté que garantiza la continuidad del suministro de agua tal cual existe en otras leyes”, mientras que “el otro tema es zonas frías y la afectación de intereses de consumidores del servicio de gas. Hemos solicitado que el proyecto también pase a la comisión porque atañe de lleno a la temática”.
Durante el encuentro, Norma López, representante del Consejo Municipal de Rosario, se refirió a la situación actual de las familias, vinculadas al endeudamiento familiar y al aumento de la morosidad, y en ese sentido, consideró que “necesitamos proyectos para salir de esta situación”. “Las deudas de las familias ya son un problema social”, puntualizó.
“Nadie de nuestro país debería endeudarse para poder comer y esa es la situación que estamos viviendo en miles de familia a lo largo del país. Rosario tiene un nivel alto de endeudamiento”, alertó y cuestionó que las billeteras virtuales “han ofrecido créditos a mansalva con el único objetivo de que la genta sigua más endeudada”.
A su turno, Ariel Caplan, apoderado de Consumidores Libres, opinó que, en materia de sobreendeudamiento, “es indispensable y urgente una Ley que ponga un tope”. “No puede haber intereses por encima de una vez y media la tasa activa del Banco de la Nación. Más intereses es más sobreendeudamiento y más morosidad”, argumentó.
En otro sentido, Federico Basualdo, especialista en Energía, hizo alusión al proyecto sobre readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías, al remarcar que “eliminará el beneficio que hoy tienen los usuarios, y, en consecuencia, aumentarán las tarifas de gas natural”. “Esto va a impactar en el endeudamiento de las familias”, señaló.
Obtuvo despacho durante un plenario de comisiones al que asistieron funcionarios. Unión por la Patria y Provincias Unidas firmaron sendos despachos de minoría.
Foto: HCDN
En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y sus aliados se alzaron con el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias, que se ampliaron por una ley votada en 2021, impulsada por Máximo Kirchner.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el 4 de mayo pasado y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para el próximo miércoles.
El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo este miércoles por casi tres horas. Al encuentro asistieron funcionarios del área energética, con Carmen Tettamanti, secretaria de Energía, a la cabeza.
Mientras transcurrían los intercambios entre diputados y los representantes del Ejecutivo, se pasó a la firma el dictamen, obteniendo el de mayoría 46 firmas en total, correspondientes a La Libertad Avanza, la UCR, el Pro, el MID, Innovación Federal (Salta + Misiones), Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) y Elijo Catamarca (Catamarca). El texto tuvo cambios menores respecto a la redacción original.
Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. También fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.
El proyecto apunta a reformar el régimen votado en 2021 (Ley 27.637), por el cual ingresaron a los beneficios partidos y departamentos de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
En ese momento, la ampliación de zona fría fue impulsada por Máximo Kirchner, motivo por el cual legisladores del camporismo salieron rápidamente a cuestionar la propuesta en redes sociales. Sin embargo, a los representantes de este sector del bloque peronista no se los escuchó durante el plenario de este miércoles.
La iniciativa redefine quiénes conservarán el beneficio. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
En tal sentido, el texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.
Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa.
Al defender el proyecto, Tettamanti expresó: “Nosotros estamos cambiando los esquemas de subsidios. La filosofía detrás de esto es que creemos que los recursos económicos son escasos y hay que utilizarlos de manera eficiente y justa”. En tal sentido, dijo que los subsidios deben ir “exclusivamente a la gente que lo necesita”.
El actual subsidio por zona fría “subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país, con independencia de su poder adquisitivo. Esa es la primera injusticia”, enfatizó la funcionaria y señaló que “todos los contribuyentes están poniendo 500 mil millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres”.
“Hay una región del país que realmente es más fría, que es la Patagonia. En Ushuaia se consume siete veces más de lo que se consume en Buenos Aires”, apuntó y aclaró que “la gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía, sobre los metros cúbicos de gas que consume”.
En cuanto a la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural, Tettamanti aseguró que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no alcanza para financiar el régimen. “No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Pero en el resto del país estamos focalizando lo que se recauda con la alícuota del 7,5% en los usuarios que más lo necesitan. Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague”, agregó.
Por otra parte, el proyecto prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En esta línea, se determina que el PEN instruirá, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) a aplicar créditos a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con la compañía, en caso que dichas distribuidoras estén incluidas en acuerdos de pago suscriptos en el marco de regímenes de regularización de deudas establecidos por el Gobierno Nacional y sin perjuicio de otros conceptos, sujeto a la declinación por parte de las mismas de la totalidad de reclamos judiciales o administrativos.
“Durante los últimos 20 años hemos vivido de emergencia tarifaria en emergencia tarifaria. Durante todos esos periodos, las distribuidoras de energía eléctrica tuvieron las tarifas pesificadas y congeladas. Eso originó que las distribuidoras no tenían los recursos para pagar los costos de operación y mantenimiento, hacer inversiones y además pagarle la energía que le suministraba CAMMESA”, explicó la secretaria de Energía y manifestó que “se acumularon deudas millonarias”.
En cuanto a otro artículo de la iniciativa, que es el que prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045, la funcionaria expresó que “es muy importante mantener la estabilidad tributaria” y “hoy en día la energía renovable proporciona aproximadamente un 20% de la generación del país”. “Es muy importante que tengan seguridad jurídica de que no se las va a gravar con tasas municipales, provinciales ni otros impuestos nacionales”, añadió.
El debate
Durante la reunión, la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado recordó la sanción de la ley en 2021 y opinó que en ese momento “se metió la política”. “Lejos de ampliar la zona a quienes verdaderamente necesitaban esta ayuda del Estado, se decidió extender a lo que es una marcha geográfica donde no se identificara cuál era más fría que otra”, aseveró y mencionó que “en esa época muchos decían que era un subsidio pro-ricos”, entre esos “nada más y nada menos que el ministro Martín Guzmán”. “Sin embargo, el peso electoral de los lugares a donde se extendía implicaba la imperiosa necesidad de darles algo extra para ganar las elecciones”, acusó.
“Córdoba, la provincia que represento, es el símbolo de la arbitrariedad de esta ley”, dijo y señaló que el subsidio lo reciben “los 13 departamentos más ricos de la provincia”, que están al sur. “La mitad más pobre le están pagando a los que tienen pileta climatizada en la parte más rica”, lanzó.
El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, recogió el guante con una chicana: “Escuchaba a la diputada hablar de las piletas climatizadas. No sé de dónde las sacan. Es tan irrisorio como hablar de las cascadas”. Y recordó que el proyecto tuvo 190 votos positivos en la Cámara de Diputados, y entre ellos lo votaron “Alejandro Cacace (actual secretario de Desregulación), Omar de Marchi, Sebastián García de Luca, Silvia Lospennato, Mario Negri, Humberto Orrego, actual gobernador de la provincia de San Juan. Petri, Luis Alfonso, ¿es de ustedes no? Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut”, enumeró.
A responderle salió la oficialista Silvana Giudici, quien resaltó que “era el contexto del atraso de las tarifas, de la inmovilización de las obras y de que todos los años, ya sea en las zonas frías o el resto del país, no teníamos gas ni electricidad”. A continuación, detalló que a partir de la ampliación “se incorporaron 3.431.000 personas al subsidio. ¿Se acuerdan? Como las moratorias del ‘plan platita’. Total después otros la van a pagar”.
“Se aumentó la tasa del 5% a 7,5% que todos los usuarios del país pagamos para subsidiar a aquellos sectores de las zonas ampliadas”, cuestionó y precisó que “el 45% del Fondo compuesto por el 7,5% se lo llevaron solamente el 20% de estos usuarios, que son los de mayores ingresos”.
Coautora de aquella ley, la massista Jimena López subrayó que “este Gobierno subió cinco veces en el 2025 el recargo que pagamos todos para financiar zona fría, no es que no lo han tocado. En abril se arrogaron una facultad de subirlo al 11,25% sin pasar por este Congreso, como han hecho un montón de cosas”. “Ahora recortan los beneficios, pero no bajan el recargo. El proyecto no dice dónde va a ir esa diferencia porcentual”, advirtió.
En el arranque de la reunión se designaron algunos cargos vacantes: en la Comisión de Energía y Combustibles, la libertaria Lorena Villaverde asumió la secretaría primera, mientras que el peronista Emir Félix lo hizo en la secretaría segunda; en tanto, en Presupuesto y Hacienda, el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto fue elegido vicepresidente primero, y el oficialista Alfredo González secretario tercero.
Así lo establecieron en una reunión que llevaron a cabo este miércoles donde, además, acordaron convocar a intendentes del COFEIN para tratar la Ley de Combustibles. Por otro lado, completaron autoridades.
La Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, presidida por Carolina Basualdo (Provincias Unidas), se reunió este miércoles para establecer una agenda de trabajo enfocada en el “federalismo local, financiamiento y activos territoriales”, y acordaron debatir en el próximo encuentro un proyecto de ley sobre combustible y de Áreas Metropolitanas.
“El uso del suelo e informes de tierras del Estado que se encuentran en las diversas localidades, como así también el financiamiento, la autonomía y la seguridad ciudadana de los municipios”, precisó.
En tanto, la titular de la Comisión informó que en las próximas reuniones se realizará la convocatoria a representantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
“Tenemos que trabajar en este contexto tan especial que atraviesan los gobiernos locales en el país ante el desfinanciamiento de programas nacionales y la reconfiguración de la economía. Sin gobiernos locales fuertes no hay un federalismo real, porque son los que a diario reciben las demandas de los vecinos. El financiamiento es clave para que puedan desarrollarse”, expresó Basualdo.
También, planteó que “hay otros temas como el uso del suelo y solicitudes de tierras que son del Estado nacional y están en las localidades y se generan trámites de más de 20 años. Hay muchos expedientes de ese tipo de municipios pidiendo que seamos como nexo para avanzar con esos temas”, y propuso que cada diputado traiga un relevamiento de cada municipio con el que están relacionados para invitar a los referentes de los organismos a fin de ir generando un proyecto o resolución y entablar un camino de diálogo para que esos terrenos del Estado nacional puedan ser usados por los gobiernos locales.
“Otro de los temas que llevan adelante los municipios es la seguridad y las guardias urbanas y generar algún debate sobre esto para ver cómo podemos acompañarlos con formación siempre respetando las autonomías de las provincias y municipios. Entender la diversidad de los municipios es clave para poder legislar o mirar la óptica distinta. Esto nos permite identificar herramientas para pensar de qué manera podemos ayudar a los gobiernos locales en un contexto adverso”, cerró.
Al tomar la palabra, la vicepresidenta Karina Banfi solicitó incorporar una convocatoria al INAES porque “es una agenda de cooperativas muy importante para los municipios entendiendo la trazabilidad y los mapas de cooperativas que existen en la Argentina donde la información que podemos facilitar puede ser un punto de trabajo importante que fortalezca la participación ciudadana y la oferta de servicios porque hacen un aporte nacional a la región. Es una política que va en crecimiento”.
A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, recomendó tratar el tema junto con la Comisión de Mutuales y recordó que hace dos semanas atrás “hubo una movida” para sacar de la Ley Hojarasca la derogación de un marco normativo que otorga beneficios tributarios a las cooperativas por lo que “tranquilamente podemos avanzar con eso”.
El santafecino señaló que “nos ha costado meter en los debates la cuestión del financiamiento de los municipios, pero las peleas de fondo se dan en la Comisión de Presupuesto donde cuesta tener marcos mínimos de funcionamiento para que estos temas tengan resonancia”.
A su vez, recordó que la ley de cambios al impuesto de los combustibles líquido fue vetada por el Presidente con la mirada “de un acuerdo que se realizó con la totalidad de los gobernadores del país que impulsaron el proyecto. Esa es una agenda presente desde distintas miradas porque es algo que vienen planteando los intendentes”.
“Es un impuesto que se recauda centralizadamente y no se ejecuta federalmente, entonces ahí hay una tarea para hacer. Este tema se vincula con la eliminación del fondo compensador del transporte urbano de pasajeros”, planteó y agregó: “Esa herramienta era fundamental”.
Por último, Martínez sugirió tener “una mirada permanente de los impactos de los distintos niveles de ajuste que se están realizando en políticas públicas”, y criticó: "¿Quién recibe hoy a los intendentes? ¿Quién conoce el nombre del secretario de asuntos municipales? Ojalá encaremos estas problemáticas con los números sobre la mesa y dar los debates respecto de la distribución de los recursos".
Al comienzo, se avalaron las designaciones de las Secretarías dentro de la nómina de autoridades de la Comisión. En ese sentido, Raúl Hadad, de Unión por la Patria, ocupará la primera; María Luisa González Estevarena, de La Libertad Avanza, quedó a cargo de la segunda; y Sergio Dolce, la tercera. Asimismo, la vicepresidencia primera seguirá en reserva para La Libertad Avanza.
La vicepresidenta quiere prohibir que el diputado hable de ella, luego que la Justicia le desestimara una denuncia que había presentado contra el mendocino por llamarla “golpista”.
La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una nueva demanda contra el diputado oficialista Luis Petri. Luego que la Justicia desestimara una denuncia contra el mendocino, quien la había llamado “golpista”, la presidenta del Senado le endilgó ahora calumnias e injurias.
“No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!", publicó Petri en su cuenta de la red social X.
Días atrás, la Justicia desestimó la primera denuncia contra Petri y contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, acusados por Villarruel por supuestas calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.
El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, dictaminó que los hechos denunciados por la vicepresidenta no configuraban delito y descartó la existencia de ilícitos de acción pública.
Ahora, Villarruel insiste con su demanda contra el otrora radical y busca que se imponga la prohibición de hablar de ella públicamente, en lo que en la jerga judicial se conoce como “mordaza legal”.
A comienzos de marzo, Petri y Villarruel cruzaron picantes mensajes por la red social X y el exministro de Defensa calificó de “golpista”. Sin embargo, en la Justicia, el magistrado Ramos convalidó el dictamen del fiscal Ramiro González, quien había argumentado que las manifestaciones de Petri se inscribían en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.
Se trata de la de Coparticipación Federal, que quedó en manos del radical Eduardo Vischi, y la de Población y Desarrollo Humano, donde fue designada la peronista Alicia Kirchner.
Foto: Comunicación Senado
Durante este miércoles se constituyeron dos nuevas comisiones del Senado: la de Coparticipación Federal de Impuestos y la de Población y Desarrollo Humano.
En el primer caso, fue elegido como presidente el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, acompañado en la vicepresidencia por la salteña Flavia Royón.
El correntino destacó que “seguramente va a ser una comisión muy importante para discutir algo que en este momento es trascendental para el país”, en alusión a “la discusión de los impuestos y cómo se coparticipan”, con el fin de que “el Estado brinde una verdadera respuesta a la sociedad”.
Además, informó que se conformará una agenda con alrededor de 15 expedientes que cuentan con estado parlamentario, y también se remitirá a los integrantes un informe mensual que hace la comisión.
A su turno, Royón abogó por dar “una discusión seria sobre las obligaciones y también los recursos que hoy están enfrentando las provincias y cada vez son más”.
La comisión resolvió que se reunirá los martes, aunque con horario todavía a definir.
Más tarde fue el turno de Población y Desarrollo Humano, que quedó a cargo de la senadora del bloque Justicialista Alicia Kirchner. En tanto, en la vicepresidencia quedó el oficialista Juan Cruz Godoy.
La exministra de Desarrollo Social agradeció la posibilidad de “poder estar en una comisión de tanta envergadura”. “Propongo el objetivo, en el que creo, del trabajo colectivo; los proyectos tienen que nacer de las necesidades, y trabajar mancomunadamente”, sostuvo y dijo que esto “teniendo siempre como eje los derechos humanos, que yo digo, los derechos humanos son derechos sociales”.
Por su parte, Godoy expresó: “El Gobierno tiene una misión muy importante para esta comisión y pretendo esforzarme mucho para cumplirla”.
Kirchner informó que la comisión tiene 29 proyectos de ley, pero entre los de resolución y declaración alcanzan 156 proyectos pendientes. “Hay muchísimo trabajo. No podemos tener en archivo tantos proyectos sin ver”, señaló.
Según se acordó, la comisión se reunirá los martes a las 15.
Fue la novena conformación de comisión bicameral y la sexta de esta semana. No fueron fijados los días y horarios de reunión. La Secretaría quedó en reserva para La Libertad Avanza.
Foto: Comunicación Senado
En una breve reunión, el diputado nacional Sebastián Galmarini (Unión por la Patria – Buenos Aires) fue designado como nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. A su vez, el senador nacional Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza – Chaco) quedó a cargo de la Vicepresidencia y la Secretaría quedó en reserva para el oficialismo.
Al subir al estrado como autoridad, el legislador massista manifestó: “Intentaremos hacer de la mejor manera nuestra tarea porque tenemos muchos desafíos por delante en materia específicamente del Ministerio Público y leyes que son un poco más amplias como lo es la reforma del Régimen Acusatorio”. Asimismo, pidió “trabajar con seriedad, responsabilidad y coherencia, y que sepamos respetar nuestras diferencias, pero que podamos construir la mayoría de los consensos”.
El senador chaqueño designado nuevo vicepresidente de la Bicameral ocupó su rol como autoridad y cargó: “Pienso ejercerla con mucho compromiso y esfuerzo para ser una gran tarea y representar a mi bloque, al Senado de la Nación y a toda la juventud argentina”. Además de dejar vacante la Secretaría para La Libertad Avanza, también quedó pendiente de definición la fecha y hora de días de reunión.
Quedaron definidos como vocales de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación los diputados Marcelo Barabur y Gustavo Bordet de Unión por la Patria; y Beltrán Benedit, Gabriel Bornoroni, Nicolás Emma, Álvaro Martínez y Manuel Quintar de La Libertad Avanza.
Mientras que por la Cámara alta fueron designados como vocales la santacruceña Alicia Kirchner, el entrerriano Adán Bahl y el chubutense Carlos Linares del bloque Justicialista; la tucumana Sandra Mendoza de Convicción Federal; el cordobés Luis Juez de La Libertad Avanza; Julieta Corroza de La Neuquinidad; y el mendocino Rodolfo Suárez de la Unión Cívica Radical.
Esta conformación de bicameral es la sexta de esta semana junto a la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Trámite Legislativo; Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior; Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia; y Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Además ya se habían conformado la semana pasada la Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas; de la Defensoría del Pueblo; y Control de los Fondos de la Seguridad Social.
Con una inversión que suma 64 MW solares, el complejo Arauco alcanza los 345 MW totales y refuerza el liderazgo energético de la Provincia. El Gobierno y la empresa estatal proyectan nuevas ampliaciones.
El Parque Solar Arauco I quedó oficialmente inaugurado este martes en un acto encabezado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, junto a autoridades provinciales, referentes del sector energético y directivos de la firma estatal Parque Arauco. Con la puesta en marcha de esta nueva etapa, el complejo consolida su posicionamiento como el sistema híbrido eólico–solar más grande de la Argentina.
La flamante instalación aporta 64 megavatios (MW) de capacidad solar al polo energético, que ya contaba con 281 MW de generación eólica. De este modo, la potencia total asciende a 345 MW, en un esquema que combina fuentes renovables para optimizar la producción eléctrica en la región.
El parque se despliega sobre unas 100 hectáreas y está conformado por más de 89.000 paneles solares montados sobre 1.536 trackers, estructuras que permiten seguir el movimiento del sol para maximizar la captación de energía. Se trata de una infraestructura de gran escala que refuerza la estrategia provincial de diversificación de la matriz energética.
Aunque el montaje mecánico había concluido en abril, la inauguración formal se concretó ahora tras completar las etapas finales del proyecto. Los trabajos se organizaron en tres fases: la hinca de postes, el ensamblaje de los trackers —incluyendo su sistema estructural y de movimiento— y la instalación de los paneles con su correspondiente cableado, según detalló en su momento el jefe de obra, Rodrigo Herrera.
Ubicado a unos 90 kilómetros de la capital riojana, el desarrollo demandó cerca de tres meses de trabajo intensivo desde su inicio a mediados de diciembre de 2025. De acuerdo con la empresa, la ejecución avanzó sin contratiempos y se ajustó a los plazos previstos.
En paralelo a la inauguración, Parque Arauco confirmó que ya proyecta una nueva ampliación: un parque solar de 160 MW que podría comenzar a construirse en los próximos meses, con el objetivo de entrar en operación hacia fines de 2027.
Durante el acto, el director de la compañía, Emmanuel Rejal, destacó el impacto económico y productivo de la iniciativa. “La incorporación de generación solar representa un paso fundamental para seguir fortaleciendo el desarrollo energético de la provincia. Este proyecto implica más inversión, empleo, desarrollo técnico y crecimiento para La Rioja”, afirmó.
En la misma línea, el presidente de la empresa, Ariel Parmigiani, remarcó el proceso detrás de la obra: “Es un día que pensábamos que nunca iba a llegar. Fueron más de tres años de trabajo, preparación, planificación y esfuerzo conjunto”.
Por su parte, Quintela puso el foco en el aprovechamiento de los recursos naturales locales como motor del desarrollo energético. “El viento que sentimos hoy y el sol intenso de nuestros veranos son recursos que, gracias al trabajo del equipo provincial, hemos transformado en energía, un insumo vital para el crecimiento”, señaló.
Con esta incorporación y los planes de expansión en marcha, La Rioja busca afianzar su perfil como uno de los principales polos de generación renovable del país.
El Gobierno aprobó la adhesión de TGS al régimen para invertir US$550 millones en la ampliación del gasoducto. La obra busca sumar 14 millones de m³ diarios de transporte y estaría operativa en abril de 2027.
El Gobierno nacional formalizó la incorporación de Transportadora de Gas del Sur (TGS) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con la ampliación del gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. La iniciativa contempla una inversión total de US$550 millones y apunta a reforzar la capacidad del sistema energético.
La aprobación se oficializó a través de la Resolución 676/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se encuadra el proyecto en el sector de petróleo y gas. Bajo el nombre “Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno”, el plan prevé un desembolso significativo, con más de US$513 millones considerados activos computables dentro del régimen.
El cronograma establece un plazo de ejecución de 18 meses desde noviembre de 2025, con inicio de operaciones comerciales previsto para el 1 de abril de 2027. La obra se concentrará en la instalación de potencia de compresión —95.400 HP ISO— a lo largo de la traza que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es elevar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas.
Como condición para acceder a los beneficios del RIGI, TGS se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores locales de bienes y servicios. Además, deberá cumplir con un hito clave: acreditar al menos el 40% de la inversión mínima exigida dentro de los dos primeros años desde la aprobación.
Durante el proceso de evaluación, el Banco Central intervino para analizar el impacto cambiario del proyecto. El organismo concluyó que la demanda de divisas asociada a la inversión no compromete la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales.
La empresa, por su parte, precisó que el financiamiento se realizará íntegramente bajo su responsabilidad, sin asistencia estatal. También aclaró que no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas por exportaciones previsto en la Ley 27.742, aunque sí accederá a los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios contemplados en el RIGI.
Así se acordó este martes en la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de Villarruel. La sesión será desde las 15. Se le dará ingreso formal a una nueva tanda de pliegos judiciales.
El Senado sesionará este jueves para tratar un acuerdo de la Argentina con fondos buitre; el pliego por el cual se le prorroga el mandato por cinco años al juez Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas.
El temario se acordó este martes durante una reunión de los jefes de bloques en Labor Parlamentaria, en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La sesión, la tercera desde que arrancó el periodo ordinario, se realizará desde las 15. Por la mañana habrá una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que se prevé extensa.
Precisamente será la quinta audiencia, por donde pasaron los candidatos al Poder Judicial propuestos por el Poder Ejecutivo. La semana pasada, cuando culminó la tercera, senadores dialoguistas no firmaron los dictámenes y reclamaron que el Gobierno envíe postulantes para cubrir vacantes en el interior del país, ya que, en su mayoría, el alrededor de los 80 pliegos actualmente en análisis corresponde a Capital Federal o provincia de Buenos Aires.
Por ese motivo, el PEN envió una nueva tanda de pliegos “más federal”, a la que se le dará ingreso formal en la sesión del jueves, es decir, tomarán estado parlamentario.
Aunque cuenta con dictamen, el proyecto que busca endurecer penas por falsas denuncias, motorizado por la radical Carolina Losada, no será parte de la sesión. Con el correr de los días fue perdiendo apoyos y ganando un amplio rechazo, incluso una denuncia contra la senadora.
Por otra parte, formarán parte del temario tratados internacionales con Singapur, Suiza y San Marino, que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.
En el arranque se espera que haya varias cuestiones de privilegio de la oposición.
Acuerdo con fondos buitre
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.
En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.
Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
Pliego de Carlos Mahiques
El Senado tratará el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por medio del cual se le prorrogará por cinco años más su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.
El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero-, y luego que el camarista solicitara la extensión.
“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.
El pasado 16 de abril, el juez expuso en audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por varias horas y fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido
Armas
El proyecto sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado.
El texto plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.
Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.
Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.
Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.
Fue en el marco de una reunión conjunta de Comercio y PyMEs, donde se abordó el diagnóstico y la situación del sector.
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En una reunión conjunta de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, presidida por el diputado Juan Brügge (Provincias Unidas), representantes de la industria autopartista y metalúrgica asistieron a exponer sobre la situación del sector.
Gerardo Acosta, presidente del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba, describió el potencial de la industria automotriz en el país. “Estamos generando alrededor de 130 mil puestos de trabajo, la proyección de exportaciones que tenemos entre este año y el 2027 es de 10 mil millones de dólares”, señaló.
Sin embargo, advirtió que “la competitividad de la cadena está comprometida”, lo que “pone en riesgo la continuidad de la cadena de valor, afectada por una carga fiscal alta y por los costos laborales no salariales”. “Se está trabajando en disminuir ese impacto, pero no es suficiente”, agregó.
“Es necesario generar una prórroga a las leyes de modernización del régimen autopartista que genere mayor previsibilidad en la inversión en la industria automotriz”, concluyó Acosta.
A su turno, Marco Malagnini, representante de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), coincidió en el diagnóstico y sostuvo: “No pedimos protección sino competitividad, para ello, debemos abordar cuestiones laborales, tributarias, financieras y regulatorias”.
También participaron Juan Cantarella, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC); Analía Pellegrino, representante de Iveco; Sergio Klaut, integrante de la Cámara Empresaria Autopartista; y Ciro Guillermo Fabián, presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires.
Además, la senadora salteña Flavia Royón asumió como secretaria. Los senadores del peronismo volvieron a cuestionar que no tienen asignados los lugares que les corresponden.
Foto: Comunicación Senado
La senadora libertaria María Belén Monte de Oca fue elegida como presidenta de la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Poder Ejecutivo.
En una jornada marcada por una nutrida agenda de comisiones, la reunión se llevó a cabo en el Salón Illia, donde el senador peronista Mariano Recalde reclamó que a su interbloque no se le asignaron los lugares que les corresponden.
“Una vez más, pero esta vez de una manera mucho más grosera, y sin ningún margen de interpretación, porque hay una ley que expresamente establece la forma en que debe constituirse esta comisión bicameral, no se ha respetado la proporcionalidad, la representación política, derivada del voto popular”, subrayó el porteño.
En ese sentido, afirmó que al interbloque Popular, de 23 miembros, “le corresponderían tres lugares” y “¡ni siquiera se ha designado a ninguno!”. “Cero representación política del bloque con más miembros de la Cámara de Senadores, la primera minoría”, cuestionó.
Tras ello, tomó la conducción Monte de Oca y expresó: “Es un honor y una responsabilidad enorme presidir esta comisión, una comisión que pretendo desarrollar con el diálogo que corresponde”.
A su turno, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley también objetó la conformación y, en virtud de eso, dijo que el bloque se reservaba el cargo de la vicepresidencia “para otra oportunidad”.
Desde el sector de los aliados de La Libertad Avanza en el Senado, la jujeña Carolina Moisés propuso a la salteña Flavia Royón como secretaria.
Por otra parte, se definieron los martes a las 11 como día y hora de reunión. Monte de Oca informó que se les iban a entregar carpetas que contenían “todo lo pendiente para trabajar”. “Hay varios asuntos para tratar, así que la semana que viene seguro nos estaremos reuniendo nuevamente”, cerró.
Por el Senado integran la bicameral María Belén Monte de Oca, Patricia Bullrich, Luis Juez (LLA), Gabiela Valenzuela (UCR), Flavia Royón (PLS) y Carolina Moisés (CF). Mientras que por Diputados se encuentran Lisandro Almirón, Giselle Castelnuovo, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Luis Petri (LLA), María Teresa García, Diego Giuliano y Vanesa Siley (UP).
La media sanción del Acuerdo fue realizada en 1998. El funcionario Alejandro Cacace señaló: “Le estamos dando a los inventores argentinos la posibilidad de que no tengan que andar peregrinando". La Coalición Cívica y Unión por la Patria presentaron dictámenes de rechazo.
Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados pasaron a la firma la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Este instrumento fue suscripto por la República Argentina en 1970 y desde 1998 permanece pendiente de consideración tras la aprobación en el Senado.
De todas maneras, el dictamen dejó en reserva el Capítulo II del PCT y, por ser modificado, deberá regresar al Senado por ser la cámara de origen en caso de que se apruebe en el recinto de la Cámara de Diputados.
El Acuerdo logró 57 firmas que fueron de La Libertad Avanza más las rúbricas de la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Independencia, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires e Innovación Federal. Por su parte, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Unión por la Patria presentaron sendos dictámenes de rechazo.
Llamó la atención que el Pro, a través de Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, haya firmado en disidencia.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, explicó que “esto reduce costos, tiempos y trámites administrativos al sistema internacional de innovación”. También agregó que “no concede patentes, ni limita la soberanía de los Estados y no sustituye las oficinas nacionales”. “Es una oportunidad concreta de adhesión inteligente al sistema internacional de ciencia y tecnología”, sintetizó.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) fue defendido por el secretario de la Nación, Alejandro Cacace, quien sostuvo que “somos unos de los países datarios originales”. Además, consideró que “se da en un contexto de una política deliberada del Poder Ejecutivo de integrar a la Argentina en el comercio internacional”.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, defendió el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
Del mismo modo, agregó que “está entre los enunciados del Pacto de Mayo por la integración de la Argentina con el mundo”, y consideró que el PCT “implica cooperación y no se resigna la soberanía en patentes”. Además, manifestó que “le estamos dando a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud”.
Sin mencionar a CILFA, Maximiliano Ferraro ironizó contra los funcionarios del Gobierno y los llamó “los desreguladores más locos del mundo”. Luego, consideró que “hacen a la presión de un lobby específico”. Y anticipó la presentación del dictamen de rechazo firmado por el mismo en representación de la Coalición Cívica.
Tal como adelantó parlamentario.com, el texto del proyecto tendrá la modificación de que la adhesión se hará con reserva del Capítulo II, lo que obligará su regreso a la cámara de origen, algo que no suele ocurrir con los tratados internacionales, cuya letra no se toca, pero en este caso sí la del articulado de la iniciativa.
Tras vencerse el plazo del 30 de abril, las negociaciones del Poder Ejecutivo continuaron y en Diputados esperaban la venia de Cancillería para avanzar. En el medio, EE.UU. sacó a la Argentina de su "Priority Watch List" -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- después de 10 años.
Con fuerte presión de los laboratorios nacionales y otros sectores con reparo al tratado, como las empresas productoras de semillas, finalmente el Gobierno accedió a una reserva sobre el Capítulo II, que habilita el examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de la invención.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) envió una nota a la Cámara de Diputados en la que se manifiesta a favor de sostener dicho capítulo, el cual permite "proporcionar una evaluación técnica-jurídica más robusta en una etapa temprana del proceso internacional".
Por el contrario, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) señaló que "existe una importante cantidad y variedad de países que aprovecharon la reserva al adherirse al PCT. Entre ellos, los Estados Unidos, Suiza, Francia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Liechtenstein, Corea del Sur, España y Grecia, quienes ingresaron al PCT adhiriendo solamente al Capítulo I, para luego, más adelante, adherir al Capítulo II".
"En nuestra región, a fines de 2024, Uruguay ratificó el PCT haciendo uso de esta reserva, es decir, ratificando únicamente el Capítulo I. La adhesión al PCT con reserva del Capítulo II también resulta plenamente compatible con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, tanto entre el Mercosur y la Unión Europea como recientemente con los EE.UU.", agregaron.
El tratado establece que una vez registrada una patente por un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas, que hasta ahora son 158. De esta manera, se impide la copia de fórmulas, lo que despierta la advertencia de la industria farmacéutica nacional por la elaboración de medicamentos genéricos, lo que podría encarecer los precios.
Desde el Gobierno destacan que, de adherir al PCT, los innovadores argentinos ganarán en tiempo, burocracia y costos, dado que actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora.
El Municipio conmemoró el Día del Himno Nacional Argentino con un acto en la plaza Vicente López y Planes. La intendenta Soledad Martínez destacó la importancia del símbolo patrio como elemento de unión e identidad.
El Municipio de Vicente López realizó este 11 de mayo un acto homenaje por el 213° aniversario del Himno Nacional Argentino en la plaza Plaza Vicente López y Planes, ubicada en el corazón de Olivos y nombrada en honor al autor de la canción patria.
La actividad fue encabezada por la intendenta Soledad Martínez, quien destacó la relevancia histórica de la figura de Vicente López y Planes y reafirmó el compromiso del distrito con la preservación de su identidad histórica y cultural.
“Nos volvemos a reunir en esta plaza para homenajear nuestro Himno y para poner en valor la figura histórica de Vicente López. Como ciudadanos de este distrito, debemos aprender mucho más sobre la vida de este prócer”, expresó la jefa comunal durante el acto.
El Himno Nacional Argentino, cuya letra fue escrita por Vicente López y Planes y su música compuesta por Blas Parera, fue aprobado el 11 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente como única marcha patriótica. Desde 2018, Vicente López posee la distinción de Capital Provincial del Himno, otorgada por la Legislatura bonaerense.
En ese marco, Soledad Martínez remarcó la importancia del himno como símbolo de unidad nacional. “A lo largo de la historia argentina, millones de argentinos nos unimos detrás de su canto y a través de sus estrofas”, señaló la intendenta ante los vecinos presentes.
La celebración contó con la participación de la Banda del Regimiento de Infantería 1 de Patricios, que interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino, y del músico folklórico Benjamín Bottero, quien brindó un repertorio de chacareras con guitarra.
También participaron descendientes de la familia de Vicente López y Planes, autoridades de fuerzas armadas y de seguridad, veteranos de Guerra de Malvinas, bomberos, representantes de instituciones educativas y comerciantes de la zona. El acto se desarrolló en una plaza recientemente renovada que conserva su valor histórico, cultural y ambiental, donde además se encuentra el monumento dedicado al prócer argentino.
La comisión se conformó con polémica porque dos oficialistas se quedaron con la presidencia y vicepresidencia. Además, los senadores opositores denunciaron que la constitución es “antirreglamentaria e ilegal”. Apuran resolución sobre el concurso público.
La Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se conformó este martes en el Salón Illia y hubo polémica: La Libertad Avanza se quedó con los principales cargos y, además, los senadores peronistas reclamaron por lugares, denunciaron que la constitución de la comisión es “antirreglamentaria e ilegal” y anticiparon que irán a la Justicia.
Al poseer el oficialismo y sus aliados la mayoría en la bicameral -hasta el momento-, resolvieron convocar este mismo jueves a las 12 para tomar una resolución en torno al concurso público para la elección del nuevo/a defensor/a.
En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados avaló el pliego de María Paz Bertero, objetada por LLA, que también rechazó el procedimiento llevado a cabo. El reglamento votado en ese momento estableció que el concurso tenía una vigencia de 180 días desde la elevación de la terna por parte de la bicameral, lo que ocurrió el 22 de septiembre pasado. Con lo cual, estaría caído. La intención del oficialismo es, además, iniciar uno nuevo.
Propuesta por Carmen Álvarez Rivero, fue designada presidenta la senadora libertaria Vilma Bedia. Inmediatamente después, presentado por Santiago Santurio, el oficialismo y sus aliados avalaron al diputado oficialista Nicolás Mayoraz como vicepresidente.
Sentados ambos en la mesa de conducción, Bedia leyó un breve discurso: “No solo venimos a cumplir un trámite, sino una responsabilidad que nos va a medir la historia”. Y mencionó a Lucio Dupuy y Ángel López, “dos argentinos que el Estado no llegó a proteger, dos vidas que se apagaron por maltrato, por desidia, por fallas del sistema. Ellos son el grito que nos ocupa hoy y la razón por la que esta comisión y el próximo defensor de niñas, niños y adolescentes deben estar a la altura”. “El maltrato no tiene género, no tiene bandera, venga del padre, la madre o el Estado”, agregó.
“Esta designación me honra. Es una comisión muy importante, que tiene mucho trabajo por delante”, dijo escuetamente Mayoraz y se le dio la palabra a la senadora del bloque Justicialista Anabel Fernández Sagasti, quien arrancó: “Esta constitución es totalmente antirreglamentaria e ilegal”.
En ese sentido, señaló que “el único bloque opositor (del Senado) no tiene representación en esta bicameral”, y esto “no solo atenta contra el propio reglamento del Senado sino contra la Ley 26.061, que en su artículo 49 establece que la composición de esta bicameral debe ser respetando la proporción en la representación política. No dice ‘en la medida de lo posible, ni los vericuetos que están usando para robarnos lugares”.
La mendocina aseguró que al interbloque Popular le correspondían dos miembros. “Acá no se trata de nada político, sino una cuestión democrática, republicana e institucional, que ustedes están violando”. “La vicepresidenta (Victoria Villarruel) no nos ha respondido”, reveló y avisó: “Vamos a judicializar la composición de esta comisión. No es contra usted (a la presidenta), pero usted está convalidando este hecho ilegal”.
“No estamos poniendo trabas para que esta comisión se constituya, queremos tener los lugares que nos corresponden por nuestras provincias, nuestro bloque y los votos que nos dieron los votantes”, aseveró Fernández Sagasti y completó: “Yo les pido que empecemos con el pie derecho. Si tienen los votos, ¿cuál es el problema que nos den lo que nos corresponde?”.
Al tomar la palabra, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna recordó la sanción de la Ley 26.061 y apuntó contra Mayoraz: “Me da vergüenza y además impugno la designación de la vicepresidencia. ¿Por qué se apuró usted a la vicepresidencia? Para garronear políticamente algo que no corresponde y es contrario a las normas democráticas más básicas”. “Eso es casi de ratas”, lanzó y llamó a Bedia y Mayoraz “rapiñeros de lugares”.
Por su parte, el senador Carlos Linares cruzó a Bedia: “¿Qué sabe usted de Ángel López?”. Lo que provocó la fuerte reacción de Mayoraz y las quejas del oficialismo contra el opositor. Pero el legislador oriundo de Comodoro Rivadavia manifestó: “Un dolo no se puede garronear, no se puede politizar. Esa persona es de mi ciudad y conocemos muy bien el caso. Queremos saber realmente la verdad y que paguen los que tengan que pagar”.
La bicameral está conformada por los senadores Vilma Bedia, Carmen Álvarez Rivero (LLA), Gabriela Valenzuela (UCR), Victoria Huala (Pro); y los diputados Nicolás Mayoraz, Soledad Mondaca, Santiago Santurio (LLA), Juan Carlos Molina y Blanca Osuna (UP).
En la elección de autoridades, la senadora Huala pidió la reserva de las secretarías primera y tercera para el Pro y la UCR, respectivamente.
El espacio estará destinado a actividades deportivas, educativas y culturales dentro del Parque Deportivo de la Reserva Urbana de El Palomar. La obra ya supera el 80 por ciento de ejecución.
El Municipio de Morón continúa con la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el sector del Parque Deportivo de la Reserva Urbana de El Palomar, con el objetivo de ampliar los espacios comunitarios destinados a la recreación, el deporte y la formación.
El edificio tendrá una superficie de 295 metros cuadrados y contará con un salón principal, recepción, oficina administrativa, sanitarios adaptados, vestuarios, enfermería y cocina. Además, se incorporará una galería semicubierta de acceso y un playón exterior de 100 metros cuadrados pensado para actividades al aire libre.
Desde el Gobierno local señalaron que el nuevo SUM permitirá ampliar las propuestas deportivas, educativas y culturales destinadas a vecinos y vecinas de la comunidad, en un entorno integrado al desarrollo de la reserva natural.
Actualmente, la obra presenta un avance superior al 80 por ciento. Los trabajos en ejecución incluyen tareas de mampostería interior, instalaciones eléctricas y sanitarias, colocación de carpinterías y preparación de superficies para pintura. La inversión estimada asciende a casi 545 millones de pesos.
El proyecto forma parte del desarrollo integral de la Reserva Natural de El Palomar, ubicada en Derqui y Corvalán. El predio protegido cuenta con 113 hectáreas que preservan ecosistemas de talar, pastizal pampeano y sectores ribereños, con una importante biodiversidad de flora y fauna.
La reserva abre de miércoles a domingos y feriados, de 9 a 17 horas, y ofrece actividades vinculadas a la exploración, la educación ambiental y la concientización ecológica para toda la comunidad.
En ese marco, el Parque Deportivo El Palomar complementa la propuesta con espacios recreativos y deportivos ubicados sobre la colectora del Acceso Oeste y Presidente Derqui. El predio funciona todos los días de 8 a 20 horas y cuenta con playón multideportivo, pista de skate, canchas de beach vóley, sectores de descanso y un circuito aeróbico de 1,6 kilómetros.
El diputado nacional realizó una publicación en el día de la marcha universitaria federal y cuestionó a quienes “derraman lágrimas de cocodrilo por los recortes en educación y salud”.
En el día de la marcha universitaria federal, el diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) cargó contra la oposición que actuó como aliada del Gobierno: “Es realmente llamativo ver como los mismos que festejaron el inicio de gobierno de (Javier) Milei, hoy muestran una cínica preocupación por la educación pública”.
“¿Qué pensaron que iba a suceder? ¿Se distrajeron mirando el riesgo país? Un índice hecho en el exterior para la timba financiera que poco tiene que ver con el desarrollo de la nación y la realización de las familias argentinas”, expresó este martes a través de una publicación en sus redes sociales.
El líder de La Cámpora señaló que “no es gratis entregarse para agradar. Veo que festejan el riesgo país y el ficticio equilibrio fiscal y al mismo tiempo derraman lágrimas de cocodrilo por los recortes en la educación y en la salud. ¿En serio no ven nada extraño en eso? ¿Ningún tipo de contradicción?”.
Y continuó: “¿No se preguntan los avezados especialistas mediáticos cuánto se recaudaría hoy por bienes personales de no haberse modificado ese impuesto en la Ley Bases de manera inexplicable y sobre todo injusta? ¿No pensaron que esos recursos hoy servirían para morigerar el estado actual de las cosas? ¿La baja de impuestos a los que más tienen acaso trajo más inversión y trabajo?”.
En esa línea, el hijo del exmatrimonio presidencial cuestionó que “algunos de los que apoyaron este tipo de iniciativas con el fin de parecer serios y estar en línea con la ‘onda mediática’, hoy quizás aparezcan con cara de preocupación. No les crean, no les creo”.
“Es imposible que el Estado con las condiciones que establecen las leyes sancionadas durante el gobierno actual y el endeudamiento externo con sus vencimientos incumplibles, pueda dar respuestas a las crecientes necesidades de la mayoría de la sociedad argentina compuesta por sectores populares, medios, trabajadoras o trabajadores, pibes y pibas”, aseguró y sumó: “NO SE PUEDE. Así no”.
“¿Quieren construir equilibrio fiscal? Bien. Reestructuración de deuda, modificación de bienes personales y el RIGI, distribución entre las provincias de las retenciones de la soja, que las petroleras pongan más porque se llevan mucho y ni hablar de la minería”, propuso.
Finalmente, Kirchner les pidió a opositores aliados que “no sean caretas y dejen de querer ver si mojan en las elecciones del año que viene mintiendo. La sonrisa del poder económico que buscan para que apoyen mediocres candidaturas es la tristeza de un pueblo que ya no puede más, a pesar de su voluntad, de su generosidad y su esfuerzo. Hay que vivir, no sobrevivir”.
Desde la bancada presidida por Gisela Scaglia enfatizaron que “cumplir la ley no es una opción política: es una obligación constitucional”.
En el día de una nueva marcha federal universitaria, los diputados del bloque de Provincias Unidas le reclamaron al Gobierno la “aplicación inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario y enfatizaron que “cumplir la ley no es una opción política: es una obligación constitucional”.
“A más de seis meses de su sanción con mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso, la Ley de Financiamiento Universitario continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional. A esta altura, el problema ya no es la falta de herramientas sino la decisión de no aplicarlas. El Congreso habló con claridad y la Justicia también: la ley debe cumplirse, especialmente en lo referido a los salarios docentes y la actualización de becas”, sostuvieron.
A través de un comunicado, los legisladores de la bancada que preside Gisela Scaglia señalaron que “la persistencia en su incumplimiento no solo afecta el funcionamiento del sistema universitario, sino que también debilita principios básicos del orden democrático: el respeto por la ley, la división de poderes y la previsibilidad institucional”.
“La universidad pública es un pilar estratégico del desarrollo del interior productivo. Forma profesionales, técnicos e investigadores indispensables para el crecimiento de las provincias y sostiene oportunidades reales de movilidad social. Hoy, más de 2.500.000 estudiantes asisten a universidades públicas en todo el país; el 48% proviene de hogares de bajos ingresos y más del 68% es primera generación de universitarios en su familia. El financiamiento adecuado del sistema universitario no es un gasto: es una inversión en capital humano, en desarrollo federal y en el futuro del país”, subrayaron.
Finalmente, expresaron: “Desde Provincias Unidas exigimos al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario en todos sus aspectos. Cumplir la ley no es una opción política: es una obligación constitucional. Defender la universidad pública es cuidar el futuro de millones de jóvenes que apuestan a estudiar, progresar y construir un país con más oportunidades. Por todo esto, acompañamos el reclamo de la comunidad universitaria argentina que se hará sentir hoy en todo el país”.
La petrolera profundizó su decisión de abandonar tres áreas hidrocarburíferas fueguinas pese a que el Gobierno mantiene suspendido el proceso de reversión. El caso expone una tendencia creciente: la retirada de privadas de yacimientos convencionales maduros frente al avance de inversiones más rentables en otras cuencas.
La petrolera Roch profundizó su decisión de retirarse de tres áreas hidrocarburíferas en Tierra del Fuego, aun cuando el Gobierno provincial mantiene formalmente suspendido el proceso de reversión de las concesiones. La situación abrió un nuevo capítulo de tensión entre la compañía y las autoridades locales, y volvió a poner en primer plano un fenómeno que empieza a replicarse en distintas provincias productoras: el abandono acelerado de yacimientos convencionales considerados de baja rentabilidad frente al avance de proyectos más productivos en otras cuencas.
La empresa que encabeza Ricardo Chacra notificó oficialmente su intención de desprenderse de las concesiones Río Cullen, Las Violetas y Angostura, que opera a través de una unión transitoria de empresas (UTE) integrada además por Petrolera El Trébol, Crown Point Energía, St. Patrick Oil & Gas, Secra y Desarrollos Petroleros y Ganaderos.
El pedido original de reversión fue presentado a fines de 2025 por la UTE y contemplaba la devolución de superficies significativas en dos de los tres bloques. En el área CA‑12 Río Cullen, la solicitud alcanzó 210,3 kilómetros cuadrados sobre un total concesionado de 353,8 km². En CA‑13 Las Violetas, la reversión propuesta fue aún mayor: 536,28 km² de un total de 1.210,57 km². En el caso de CA‑14 Angostura, el planteo incluyó la restitución de 228,9 km² sobre 417,6 km² concesionados.
Sin embargo, desde el Ministerio de Energía de Tierra del Fuego reiteraron que la reversión de áreas no es una decisión automática ni unilateral por parte de las compañías. Por el contrario, requiere la aprobación expresa del Estado provincial y la finalización de un procedimiento administrativo complejo. Esa postura quedó ratificada en una nueva resolución firmada por la cartera que conduce Gabriela Castillo, en la que se dejó constancia de que la UTE continúa siendo plenamente responsable de las concesiones mientras el proceso no concluya formalmente.
El Gobierno fueguino remarcó además que la empresa debe seguir cumpliendo con todas las obligaciones contractuales vigentes, entre ellas el pago de cánones, las tareas de mantenimiento de las instalaciones y la remediación ambiental de los pasivos existentes en las áreas. En ese marco, las autoridades provinciales cuestionaron el desempeño de la operadora en materia de inversiones recientes y advirtieron sobre posibles riesgos ambientales asociados a la operación de los bloques.
Como parte del expediente, la provincia exigió la presentación de informes técnicos detallados sobre pasivos ambientales, así como auditorías de integridad mecánica de pozos e instalaciones, condición considerada imprescindible antes de evaluar cualquier eventual reversión. Uno de los puntos más sensibles del conflicto gira en torno a la responsabilidad sobre pozos perforados en etapas anteriores de la concesión.
La empresa planteó diferencias respecto de esos pasivos históricos, al sostener que no le correspondería responder por trabajos realizados antes de su ingreso a las áreas. No obstante, el dictamen legal incorporado al expediente rechazó ese argumento y ratificó que la UTE es responsable por la totalidad de las superficies concesionadas, independientemente de cuándo se hayan generado los pasivos.
El conflicto marca un cambio significativo respecto del escenario que existía apenas meses atrás. Hacia fines del año pasado, Roch buscaba renovar las concesiones en Tierra del Fuego y el Gobierno provincial analizaba esa posibilidad con cautela. El panorama comenzó a modificarse luego de que la compañía obtuviera nuevas áreas convencionales en Santa Cruz, consideradas mucho más atractivas desde el punto de vista productivo y económico.
La petrolera comenzará a operar allí bloques como Cañadón Yatel, El Guadal‑Lomas del Cuy y Cerro Piedra‑Cerro Guadal Norte, en asociación con empresarios históricamente vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y a la industria energética nacional. Con ese nuevo horizonte, las áreas fueguinas perdieron peso dentro del esquema operativo de la compañía.
Desde la interpretación oficial del Ejecutivo provincial, el pedido de reversión no responde al agotamiento natural de los yacimientos, sino a una estrategia de desinversión sostenida en el tiempo. “No se trata de áreas inviables, sino de una decisión empresarial orientada a concentrar recursos en otros proyectos”, deslizan en el entorno del Ministerio de Energía fueguino.
El avance de este tipo de procesos genera preocupación creciente entre las provincias productoras, tanto por el impacto económico y laboral como por las consecuencias ambientales que puede acarrear el retiro acelerado de operadores privados. Las administraciones locales buscan evitar que las áreas queden paralizadas, sin inversiones ni tareas de mantenimiento, y con pasivos que terminen recayendo sobre el Estado.
El debate, además, vuelve a poner sobre la mesa un desafío estructural para el sector hidrocarburífero argentino: definir qué ocurrirá con cientos de yacimientos maduros en un contexto en el que las inversiones se concentran cada vez más en desarrollos no convencionales de alta productividad, mientras las cuencas tradicionales enfrentan un progresivo proceso de repliegue empresarial.
El proyecto impulsado por Gerardo Zamora busca regular la publicidad del juego online y proteger a menores. Hay un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados que perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.
El senador nacional Gerardo Zamora (Frente Cívico de Santiago del Estero) volvió a instalar en la agenda legislativa la discusión sobre la ludopatía infantil, al presentar un proyecto que regula estrictamente la publicidad y promoción de juegos de azar y apuestas en línea. La iniciativa apunta a frenar el acceso de menores a plataformas digitales y a limitar la exposición a contenidos que incentiven conductas adictivas.
El texto establece principios de veracidad, responsabilidad social y protección de menores, prohibiendo cualquier tipo de comunicación comercial que los involucre directa o indirectamente. También exige advertencias visibles como “jugar compulsivamente es perjudicial para la salud”, según detalló el proyecto.
Entre los fundamentos, el santiagueño destacó la gravedad del fenómeno: el documento señaló que cerca de 19 millones de personas realizan apuestas online en el país, “siendo gran parte menores de edad quienes acceden a estas plataformas”. La facilidad de acceso y la falta de regulación publicitaria son señaladas como factores críticos.
El proyecto también incorporó restricciones severas, como la prohibición de publicitar apuestas en cercanías de escuelas, clubes o instituciones frecuentadas por menores, así como la eliminación de bonos de bienvenida y la imposibilidad de utilizar figuras públicas salvo para mensajes de juego responsable.
Además, se prevé un esquema de sanciones que incluye multas calculadas en unidades fijas, suspensión o derogación de licencias y clausuras. Los fondos recaudados deberán destinarse a programas educativos y de prevención, con especial énfasis en la población infantil.
Cabe recordar que hay un proyecto similar que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados desde el 27 de noviembre del 2024, pero que aún no fue tratado en el Senado. La iniciativa, impulsada por la Coalición Cívica, permanece sin avance en comisiones, pese a que organizaciones civiles y especialistas reclaman su tratamiento urgente.
Zamora fundamentó su propuesta retomando iniciativas previas, como la presentada por la exsenadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y destacó que la regulación del juego online es una deuda pendiente frente al crecimiento exponencial de la actividad. En el texto mencionó que la adicción al juego se ha convertido en “uno de los principales problemas emergentes de la salud pública”.
El proyecto también tomó como referencia modelos internacionales, como las restricciones aplicadas en España, Italia, Reino Unido y Australia, donde se han impuesto límites estrictos a la publicidad y al uso de medios de pago vinculados al crédito.
El oficialismo buscará poner una senadora en Niñeces y Adolescencia y a un diputado en la Bicameral de control de gastos de la SIDE. Las cuatro reuniones convocadas desde las 13.30 del martes y el reclamo del peronismo en el Senado.
Con la agenda del Gobierno nacional desacelerada por la situación de Manuel Adorni, el Congreso de la Nación pondrá en funcionamiento cuatro comisiones bicamerales claves. Se trata de Trámite Legislativo; Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior; y la que está encargada de controlar los gastos y actividades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
La primera en ser convocada a constituirse es la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el próximo martes 12 de mayo a las 13.30. Por alternancia de autoridades, este período le corresponde a la Cámara de Senadores la presidencia y La Libertad Avanza tiene como vocales designados a Patricia Bullrich -jefa de bancada-, Luis Juez y Belén Monte de Oca. Este organismo es el encargado de tratar los decretos de necesidad y urgencia.
Sobre las 16 vocalías, hay dos vacantes que corresponden al interbloque Popular de la Cámara alta y según se prevé, asistirán a la reunión constitutiva para remarcar el malestar por la asignación de vocales a cada bloque.
Completan la nómina los senadores Daniel Kroneberger (UCR), Flavia Royón (Primero los salteños) y Carolina Moisés (Convicción Federal); y los diputados Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Giselle Castelnuovo, Luis Petri y Lisandro Almirón de La Libertad Avanza; y María Teresa García, Diego Giuliano y Vanesa Siley de Unión por la Patria.
Una hora después, a las 14.30, quedará conformada la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Con la candidatura de María Paz Bertero todavía con estado parlamentario, hay muchas posibilidades de que el oficialismo designe en la presidencia a la senadora jujeña Vilma Bedia.
De todos modos, La Libertad Avanza, que con la anterior composición había pedido impugnar el concurso público, deberá rechazar la postulación en el recinto del Senado o dejar correr los meses para que pierda estado parlamentario.
Por su parte, el bloque Justicialista en el Senado no ha girado el nombre de su representante para esa bicameral. Fuentes manifestaron a parlamentario.com el malestar por el reparto de vocalías. "Ellos son 21 y se agarraron dos lugares, y nosotros que somos 25, nos dan uno solo", señalaron.
Por la tarde, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior se reunirá a las 16.30 para designar autoridades. El oficialismo tendrá a siete vocales sobre 16: los senadores Bartolomé Abdala y María Emilia Orozco; y los diputados Gabriel Bornoroni, Santiago Pauli, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia y Carlos Zapata.
A diferencia de las primeras dos bicamerales, el bloque Justicialista giró los nombres del entrerriano Adán Bahl y la sanjuanina Celeste Giménez Navarro como vocales esta Comisión.
También estarán los senadores Martín Goërling Lara (Pro), Carolina Losada (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut); y los diputados Emir Félix, José Glinsky y Agustina Propato de Unión por la Patria.
En carácter reservado, debido al marco normativo que establece la Ley 25.520, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia quedará conformada a las 17.30. Desde que empezó el período ordinario el pasado 1° de marzo, el nombre elegido para la presidencia es el del diputado nacional Sebastián Pareja, armador bonaerense y hombre de confianza de Karina Milei.
La interna de Casa Rosada entre la secretaria general de Presidencia de la Nación y el asesor presidencial Santiago Caputo sumará un nuevo escenario en el Congreso. De prosperar la candidatura de Pareja, Karina Milei tendrá acceso detallado al uso de los recursos empleados por Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE.
A diferencia de las otras comisiones integradas por diputados y senadores, la que se encarga del control de los gastos de la SIDE debe recibir una propuesta y aprobarse con el voto de siete vocales. En 2024, Unión por la Patria tenía una representación de seis legisladores y todos le birlaron la presidencia a Martín Goërling Lara, dejándosela a Martín Lousteau.
Sebastián Pareja, persona de confianza de Karina Milei, será propuesto para presidir la Bicameral que controla los gastos de la SIDE.
Sin embargo, la nueva composición del Congreso de la Nación le garantiza al oficialismo tener cinco legisladores propios -Gabriel Bornoroni, César Treffinger, Pareja, Agustín Coto y Ezequiel Atauche- y tres aliados, Cristian Ritondo y Goërling Lara -presidentes de bancadas del Pro- y el radical Maximilano Abad.
Completan la nómina de integrantes en la Bicameral de Inteligencia las senadoras Edith Terenzi y Carolina Moisés; los diputados peronistas Ramiro Gutiérrez, Agustín Rossi y Rodolfo Tailhade; y resta una vacante que será para un senador del bloque Justicialista en la Cámara alta.
El proyecto está dirigido a empresas biotecnológicas, startups, institutos de investigación y emprendimientos vinculados a ingeniería genética, nanotecnología, bioinformática y bioprocesos.
Se trata de un proyecto de ley impulsado por el senador de Hechos, Marcelo “Chuby” Leguizamón que busca crear el Polo Biotecnológico Bonaerense para “convertir a la provincia en el gran motor científico y tecnológico de la Argentina y de América Latina”.
“La provincia ya concentra universidades, investigadores, empresas de base tecnológica y centros científicos de primer nivel, pero hoy ese enorme potencial está disperso. Lo que proponemos es darle un marco legal, incentivos concretos y financiamiento para transformar conocimiento en producción, empleo y desarrollo”, sostuvo Leguizamón.
Este Polo funcionará de manera descentralizada, con una sede central y nodos regionales vinculados a universidades nacionales y parques industriales, para que el desarrollo tecnológico no quede concentrado solo en el conurbano sino que llegue también al interior bonaerense.
A lo largo de la presentación, el legislador sostuvo que la norma establece” beneficios muy concretos: exención impositiva por diez años en Ingresos Brutos y Sellos, créditos fiscales para quienes inviertan en investigación y desarrollo, laboratorios de alta complejidad de uso compartido para PyMEs tecnológicas y un fondo de capital de riesgo mixto, con participación pública y privada, para financiar proyectos innovadores desde sus primeras etapas”.
En ese contexto, Leguizamón remarcó que el objetivo es que “nuestros científicos no tengan que irse, que nuestras patentes se queden en la provincia, que la innovación genere empleo de calidad, divisas y soberanía tecnológica” y concluyó: “queremos que Buenos Aires deje de exportar solamente materias primas y empiece a exportar inteligencia, innovación y conocimiento con valor agregado”.
Desde el bloque libertario proponen modificar el Código Fiscal bonaerense y derogar distintos artículos vinculados al cobro del tributo sobre compraventas inmobiliarias y automotrices.
El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto a los sellos de la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores en la provincia.
La iniciativa, impulsada por el diputado platense Juanes Osaba y acompañada por la totalidad del bloque libertario, propone modificar el Código Fiscal bonaerense y derogar distintos artículos vinculados al cobro del tributo sobre compraventas inmobiliarias y automotrices.
Según argumentaron los legisladores, el objetivo del proyecto es reducir la carga tributaria sobre las operaciones de compra y venta, fomentar la formalización de la propiedad y dinamizar sectores estratégicos de la economía como el inmobiliario, la construcción y el mercado automotor.
“Desde nuestro espacio entendemos que la provincia no puede seguir castigando con más impuestos a quienes buscan acceder a una vivienda, regularizar un inmueble o comprar un vehículo”, expresó Osaba, representante de la octava sección electoral y referente libertario en La Plata.
En los fundamentos de la modificación, los legisladores de LLA sostuvieron que las actuales alícuotas del 2% para inmuebles y del 1,2% para automotores “elevan los costos de transacción y fomentan la informalidad jurídica”, generando un desajuste entre la tenencia real de bienes y los registros públicos.
En el articulado de la norma, se incluye que la eliminación del tributo podría compensarse a través de un incremento en la actividad económica y en la recaudación de otros conceptos vinculados al movimiento del mercado, como Ingresos Brutos y las tasas registrales.
“La provincia tiene que dejar de ver al contribuyente como una caja permanente y empezar a generar condiciones para que haya más inversión, más operaciones registradas y más crecimiento económico”, concluyó Osaba.
El Ministerio de Economía autorizó la adhesión del proyecto minero Diablillos al régimen de grandes inversiones. La iniciativa, ubicada entre Salta y Catamarca, prevé la construcción de una mina de oro y plata, generará más de 2.000 empleos y apunta a exportaciones por más de US$400 millones.
El Ministerio de Economía aprobó la incorporación de la empresa AbraSilver al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto minero Diablillos, una iniciativa de oro y plata que demandará una inversión total de US$764 millones y se emplazará entre las provincias de Salta y Catamarca.
La autorización formal quedó establecida a través de la Resolución 562/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se avala el ingreso del emprendimiento al régimen por cumplir con los requisitos de previsibilidad, estabilidad normativa y volumen de inversión que exige el RIGI.
El plan aprobado contempla el desarrollo integral del yacimiento Diablillos, incluyendo los estudios de factibilidad, la construcción de una planta de procesamiento de oro y plata con una capacidad nominal de 3,15 millones de toneladas por año, y el montaje de la infraestructura necesaria para su ejecución y operación.
Desde la cartera económica destacaron que el proyecto tendrá un impacto relevante en el empleo y en el perfil exportador del país. Según las proyecciones oficiales, Diablillos generará 2.013 puestos de trabajo directos e indirectos y contará con un potencial exportador estimado en US$417 millones dentro del sector de la minería aurífera y argentífera.
La inversión total en activos computables asciende a US$481,7 millones. De acuerdo con el cronograma aprobado, las obras de construcción del yacimiento comenzarán en julio de 2026, mientras que el inicio de la etapa operativa está previsto para julio de 2029.
Para conservar los beneficios del RIGI, AbraSilver deberá acreditar una inversión mínima equivalente al 40% del monto comprometido antes del 30 de noviembre de 2027. En la etapa inicial, el flujo de capital proyectado alcanza los US$98,5 millones durante el primer año y US$253,9 millones en el segundo.
El yacimiento Diablillos está conformado por quince concesiones mineras ubicadas en los departamentos de Los Andes, en Salta, y Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. La infraestructura asociada incluye una planta de procesamiento, campamentos, talleres para vehículos, laboratorios y obras viales de acceso. La producción final estará destinada a la obtención de oro y plata en forma de Bullón Doré.
Uno de los puntos destacados del proyecto es el impacto en las economías regionales. La empresa informó que el 55% de la inversión destinada a proveedores, bienes y obras de infraestructura será adjudicada a proveedores locales, más del doble del 20% exigido por la normativa vigente.
Con la adhesión confirmada al RIGI, AbraSilver accederá a franquicias para la importación de bienes e insumos necesarios para la obra, además de los incentivos tributarios y cambiarios contemplados en el régimen, cuya aplicación estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central (BCRA).
La Secretaría de Minería será la autoridad responsable de supervisar el cumplimiento del plan de inversión, los plazos comprometidos y las condiciones reglamentarias establecidas para el acceso y mantenimiento de los beneficios del régimen.
La competencia de 5K y la caminata de 2K convocaron a miles de vecinos en General Pacheco, en el marco del 140° aniversario de la localidad. El evento buscó promover hábitos saludables y fortalecer el encuentro comunitario.
Miles de vecinos participaron de una nueva edición de la Carrera Comunidad Tigre, organizada por el Municipio en General Pacheco. La jornada deportiva formó parte de los festejos por el 140° aniversario de la localidad e incluyó una carrera de 5 kilómetros y una caminata familiar de 2 kilómetros.
La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la actividad junto a familias y corredores. Destacó que estas iniciativas se enmarcan en las políticas impulsadas por el intendente Julio Zamora para promover hábitos saludables y acercar el deporte a todos los barrios del distrito.
El punto de partida y llegada fue la Plaza General Pacheco. Desde allí, los participantes recorrieron un circuito que atravesó calles como General Artigas, Buenos Aires, San Juan, Tucumán y Salta, en un entorno seguro y organizado que permitió disfrutar de la actividad al aire libre.
El ganador del primer puesto, Tiago Acosta, vecino de El Talar, celebró la propuesta y resaltó la importancia de que el Municipio impulse actividades deportivas gratuitas y de calidad, con recorridos atractivos para los corredores.
Al finalizar la competencia, los asistentes realizaron ejercicios de elongación y participaron de actividades recreativas abiertas a toda la familia. También se entregaron medallas a los primeros puestos de cada categoría, reconociendo el esfuerzo y desempeño de los participantes.
La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, valoró la gran convocatoria a pesar del frío y subrayó la importancia de seguir promoviendo políticas públicas que fortalezcan el encuentro comunitario y el acceso al deporte.
Durante toda la jornada hubo puestos de hidratación y un operativo de seguridad coordinado por el Sistema de Emergencias Tigre, el Centro de Operaciones Tigre, agentes de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil, garantizando el bienestar de todos los presentes.
La Suprema Corte bonaerense y el Municipio habilitaron un espacio clave para la toma de testimonios protegidos. La nueva sala funcionará en el Polo Judicial y evitará traslados a otros distritos.
Por primera vez en la historia del partido de Escobar, un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires visitó el distrito. El doctor Sergio Torres acompañó al intendente Ariel Sujarchuk en la inauguración de la primera Cámara Gesell local, un recurso fundamental para la labor judicial que hasta ahora no existía en el municipio.
Sujarchuk destacó el avance institucional que representa esta incorporación. Recordó que “hasta hace tres años Escobar ni siquiera contaba con un Juzgado de Familia” y que muchos trámites debían realizarse en Campana. Subrayó que la nueva sala evitará traslados de hasta 70 kilómetros para vecinos y funcionarios judiciales.
El jefe comunal también valoró la presencia de Torres en el acto, al considerar que su visita “pone en valor la importancia de la consolidación del Polo Judicial para acercar la Justicia a nuestros vecinos y a los de toda la región”.
Del recorrido participaron autoridades del departamento judicial Zárate-Campana y funcionarios municipales, quienes supervisaron las instalaciones y el funcionamiento del nuevo espacio.
El Polo Judicial, ubicado en Boulevard Cervantes y Felipe Boero, en Belén de Escobar, reúne actualmente al Tribunal de Trabajo N° 4, la Defensoría Oficial Penal, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y las fiscalías de las UFIJ 4, 5, 10 y 11. También funcionan allí el Juzgado de Familia N° 1, el Juzgado de Paz y los Juzgados de Garantías N° 3 y 4.
Con la apertura de la Cámara Gesell en el tercer piso, el distrito consolida un centro integral de servicios legales que facilita la labor de profesionales del derecho y agiliza la atención a los vecinos.
La concentración de organismos judiciales en un mismo edificio permite resolver con mayor rapidez conflictos laborales, familiares, civiles y penales, fortaleciendo el acceso a la Justicia en toda la región.
La Municipalidad de Quilmes lanzará un ciclo de capacitación para dirigentes deportivos y comunitarios, con certificación de la UBA y la participación de referentes del deporte nacional. El programa busca fortalecer a los clubes y organizaciones locales mediante herramientas de gestión y liderazgo.
La Municipalidad de Quilmes, en articulación con la Universidad de Buenos Aires, presentará el miércoles 14 a las 18.30 la Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria, un espacio formativo destinado a dirigentes deportivos, referentes sociales y miembros de instituciones comunitarias. El acto inaugural tendrá lugar en el Teatro Municipal de Quilmes.
La apertura contará con la presencia de Julio Lamas, reconocido entrenador de básquetbol y medallista olímpico, quien brindará una charla centrada en liderazgo, formación y gestión deportiva. Su participación marcará el inicio de un ciclo que se extenderá hasta fin de año.
La propuesta contempla ocho encuentros de frecuencia mensual y otorgará certificación académica de la Universidad de Buenos Aires. Quienes deseen participar deben inscribirse completando el formulario disponible en el enlace oficial.
La segunda jornada ya tiene fecha confirmada: será el 9 de junio y tendrá como invitada a Noel Barrionuevo, histórica jugadora de Las Leonas y medallista olímpica, quien compartirá su experiencia en el alto rendimiento y el trabajo en equipo.
La Usina se plantea como un espacio de intercambio de ideas, experiencias y herramientas de gestión entre dirigentes, entrenadores y actores del entramado deportivo local. Su objetivo es fortalecer a las instituciones deportivas y comunitarias mediante una formación de calidad respaldada por especialistas, académicos e investigadores.
El ciclo abordará temáticas vinculadas al desarrollo comunitario, la gestión institucional, la prevención y el cuidado en clubes, la comunicación, la modernización tecnológica y la articulación entre organizaciones deportivas y los sectores público y privado.
Con esta iniciativa, Quilmes busca consolidar una red de dirigentes capacitados, potenciar el rol social de los clubes y promover el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario.
El diputado nacional Pablo Yedlin cuestionó la medida en medio de "una crisis sanitaria descomunal". "¿Pensará Milei que esto va a mejorar la salud de los argentinos?", se preguntó.
El Poder Ejecutivo dispuso este lunes un fuerte recorte en los fondos destinados al área de Salud, a través de la decisión administrativa 20/2026, por la cual se modificó el Presupuesto Nacional.
El diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin advirtió sobre tal disminución de recursos y cuestionó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, "deciden que el 'magro' presupuesto que consiguieron votar en ambas cámaras del Congreso era 'demasiados recursos', por lo que en mitad de una crisis sanitaria descomunal, le quitan al @MinSalud_Ar de @Mariolugones_ar $63.000.000.000 (es decir 63 mil millones de pesos)".
En este sentido, el legislador detalló que habrá "-25.000 millones en fortalecimiento a los sistemas provinciales de salud, -20.000 millones en MEDICAMENTOS, insumos y tecnología médica, -900 millones del programa de SALUD SEXUAL y procreación responsable, -831 millones del INCUCAI, -800 millones del programa de VIH, tuberculosis y hepatitis virales, y -500 millones de VACUNAS, entre otros".
"Con coberturas de vacunas inéditamente bajas, aumento de caso de tuberculosis, sífilis, coqueluche, tétanos, hantavirosis, circulación de Gripe A, VSR, etc. Mas de 30% de sobrecarga del sector púbico, cierre del programa Remediar, mas de 419% de aumento en prepagas. ¿Qué pretenden?", enfatizó el tucumano.
A través de las redes sociales, el diputado, de profesión médico pediatra, se preguntó: "¿Pensará @JMilei que esto va a mejorar la salud de los argentinos? ¿Qué las provincias van a poder reemplazar los recursos con fondos propios? ¿Qué los argentinos van a poder gastar de su bolsillo, dada la bonanza que viviremos en los próximos 18 meses?".
"Espero la ridícula defensa de la indefendible @RespOficial_Arg", desafió en el cierre, en referencia a la cuenta de X por la que el Gobierno desmiente información que considera falsa y ha dedicado alguno de sus posteos a Yedlin.
Así lo expresó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien observó que ese dinero podría surgir del mundo cripto, los gastos reservados de la SIDE y contratos de consultorías.
"No tengo dudas que hay sobresueldos, y que es parte de un patrón de conducta que se viene consolidando en el Gobierno de La Libertad Avanza", denunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, en relación a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Sobre esta acusación, el porteño observó que "muchos de esos sobresueldos se podrían estar pagando a través de transferencias cripto a los funcionarios, gastos reservados de la SIDE y algunos contratos de consultorías que pueden darse en empresas públicas del Estado nacional".
El expresidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA recordó ese caso y señaló que "se han sectorizado distintos negocios o áreas sensibles en el propio Gobierno".
Al mencionar el Tech Forum realizado en 2024, del cual participó el presidente Javier Milei, el legislador resaltó que "el mundo cripto es un lugar donde La Libertad Avanza ha hecho distintas operaciones". Y sumó que en ese evento hubo "personajes muy marginales, que han dicho que para reunirse con el presidente se tarifaban las reuniones".
"No solamente puede surgir financiamiento de algunos empresarios vinculados a la Fundación Faro (de Agustín Laje) como espacio de ingreso de dinero para después efectuar los sobresueldos, sino también recordemos los gastos reservados que viene manejando la SIDE", agregó.
En otro tramo de una entrevista con radio Rivadavia, Ferraro consideró que "Adorni es Karina Milei". "Estamos viendo el efecto cascada de las constantes mentiras que ha tenido el jefe de Gabinete. Toda demora en la declaración jurada no es una cuestión técnica de Adorni con su contador, toda demora es para el dibujo", subrayó.
"No entiendo por qué el presidente se ata a esta salvavidas de plomo que es el jefe de Gabinete", opinó y le sugirió a Milei "que cuide la investidura presidencial".
El think tank vinculado al PRO sostuvo que el poder adquisitivo se deterioró con fuerza desde septiembre de 2025 y que los sectores de menores ingresos son los más afectados. Impuestos y servicios ya consumen casi una cuarta parte del ingreso familiar.
El ingreso disponible de los hogares argentinos volvió a retroceder en febrero y encendió nuevas alarmas en el tablero político y económico. Según un informe de la Fundación Pensar, la caída mensual fue del 2,1%, la más pronunciada desde marzo del año pasado, y dejó los niveles de ingreso 5,4% por debajo de los registrados en 2023. El documento advirtió que el deterioro se profundizó desde septiembre de 2025 y golpea con mayor dureza a los sectores más vulnerables.
El estudio señala que la pérdida de poder adquisitivo no se distribuye de manera uniforme. Mientras que los segmentos de mayores ingresos registraron una baja del 1,4% desde el inicio de la gestión, en los estratos más bajos el retroceso trepó al 5,8%. Para la Fundación Pensar, esta brecha refleja el impacto regresivo de la inflación y de los aumentos en tarifas y servicios públicos.
El informe también destaca un dato que preocupa a todo el arco político: los gastos fijos —impuestos y servicios— ya representan cerca del 24% del ingreso total de los hogares, ocho puntos más que a fines de 2023. En febrero, la canasta de ingresos reales cayó 0,8%, mientras que los gastos fijos avanzaron 3,5%, impulsados por subas del 8,9% en electricidad y gas, y del 4,5% en expensas.
En materia salarial, el documento muestra un escenario igualmente complejo. Los salarios registrados retrocedieron 1,1% en febrero, y los empleados públicos acumulan una caída del 18,3% desde el inicio de la gestión. En el sector privado formal, la pérdida real estimada equivale a $2,3 millones por trabajador, lo que tensiona la discusión sobre recomposición salarial y paritarias.
El panorama para los jubilados es aún más crítico: el informe calcula un retroceso del 24% respecto de diciembre de 2023. El salario mínimo vital y móvil, por su parte, exhibe un deterioro del 39% y se ubica en su nivel más bajo en dos décadas, un dato que ya genera debate en el Congreso y entre gobernadores.
La Fundación Pensar también vincula el deterioro económico con el clima social. Una encuesta de Casa Tres citada en el informe revela que el 56% de los argentinos afirma que su ingreso familiar “no le alcanza”, mientras que el 42% reconoce atrasos o falta de pago en la tarjeta de crédito por motivos económicos. Para los analistas, estos indicadores anticipan un escenario de creciente malestar ciudadano.
En el plano político, el estudio se suma a una serie de diagnósticos que comienzan a tensar la discusión sobre el rumbo económico y las prioridades de la gestión. La caída del ingreso disponible, el aumento de los gastos fijos y el deterioro salarial aparecen como ejes que, según distintos sectores, exigirán respuestas más contundentes en los próximos meses.
Más de 500 personas ya se inscribieron en la capacitación del Senado, que forma parte del Plan Federal de Formación Parlamentaria. El curso busca promover el uso responsable y estratégico de la inteligencia artificial en el trabajo legislativo.
Quedó inaugurada en el Senado la segunda edición del Programa en Inteligencia Artificial para el fortalecimiento de la labor legislativa, una de las propuestas más demandadas dentro del Plan Federal de Capacitación Parlamentaria. La iniciativa convoca a representantes legislativos de todo el país y apunta a consolidar un espacio de formación continua e intercambio federal.
El programa tiene como propósito brindar herramientas que permitan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la calidad normativa, fortalecer la función de control y promover mayor transparencia institucional. También busca desarrollar capacidades de supervisión humana frente a una tecnología en constante evolución.
La inscripción superó rápidamente las expectativas: en pocas horas se agotaron más de 200 vacantes destinadas al personal del Senado y a trabajadores legislativos de provincias y municipios. Actualmente, más de 500 personas se encuentran matriculadas en esta nueva edición, lo que confirma el creciente interés por la temática.
El panel de apertura estuvo encabezado por la directora general de Recursos Humanos del Senado, Alejandra Figini, y la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martínez. Figini destacó que este es el segundo de los seis programas que integran el Plan Federal y subrayó el compromiso de la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, con la formación continua y la innovación institucional. Además, remarcó la importancia de que todas las provincias estén representadas en este espacio de capacitación.
Martínez, por su parte, señaló que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial forma parte de una estrategia integral del Senado, siempre articulada con el conocimiento técnico y humano del personal legislativo. Enfatizó que el desafío actual es combinar las capacidades tecnológicas con la experiencia especializada frente a leyes cada vez más complejas y con plazos de tratamiento más exigentes.
Tras las palabras de apertura, la directora de Capacitación Técnico Profesional, Mariana Rodríguez Alvarez, dio inicio a la primera clase del módulo “Responsabilidad en el uso de sistemas inteligentes”, dictada por la doctora Mariel Lovat, especialista en la materia y asesora del Senado.
El programa continuará todos los viernes a las 13 h y se espera que, al finalizar la cursada, los participantes puedan profesionalizar el uso de herramientas de inteligencia artificial y generar insumos aplicables al trabajo institucional, contribuyendo así a la mejora de los procesos legislativos.
El ministro de Economía aseguró que el proyecto de ley será enviado la próxima semana. Destacó los miles millones de dólares de inversión que ya produjo el original régimen, creado por la Ley Bases.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el "Súper RIGI", anunciado por el presidente Javier Milei, "englobará todos esos sectores que hoy no existen en Argentina".
Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada este viernes, el funcionario mencionó que "Argentina fue en las últimas décadas un país que incurrió en un exceso de gasto que derivó siempre en un enorme déficit fiscal", lo que produjo "una economía cada vez menos competitiva e ineficiente".
"Nuestra tarea fue poner la casa en orden", expresó y habló del objetivo planteado sobre "atraer inversiones". En tal sentido, apuntó que el RIGI creado mediante la Ley Bases dio "garantía institucional y mejores condiciones impositivas".
Sobre los resultados del mismo, Caputo subrayó que "en las próximas semanas vamos a estar llegando a pedidos de inversión, a través de este régimen, que se van a acercar a los 140 mil millones de dólares".
Luego, reveló que Daniel Cristian, secretario de Coordinación de Energía y Minería, le acercó la propuesta del "Súper RIGI" que "implique más beneficios impositivos para lograr la industrialización de nuestros recursos". "Englobará todos esos sectores que hoy no existen en Argentina", manifestó y mencionó el refinamiento y laminado de cobre, las baterías de litio, las fábricas de autos eléctricos, la producción de paneles solares y turbinas eólicas, entre otros.
"Es un esquema que no apunta al corto plazo, se van a beneficiar todos los gobiernos", valoró y aseguró que "va a generar una gran cantidad de empleo".
En otro tramo explicó que no estará apuntado solo a minería e hidrocarburos, como el RIGI original, sino "al agro, pesca, forestación".
"Muchas de estas industrias tienen márgenes muy bajos y nosotros competimos contra países que nos llevan muchas décadas de ventajas en términos de lo que es instituciones y composición impositiva", dijo.
Al brindar algunos detalles, el titular de la cartera económica puntualizó: "El RIGI original tenía una tasa de impuesto a las Ganancias del 25%, este va a tener una tasa del 15%. El proceso de amortización es más acelerada en el Súper RIGI: 60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero".
También habló de "0 de aranceles de exportación" y que las provincias que adhieran no podrán cobrar "Ingresos Brutos del más de 0,5%" ni tasas municipales.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mencionó que será "un nuevo régimen de inversión con mayores ventajas que el RIGI original y que se aplicará a sectores que nunca han existido en la República Argentina".
"Hasta el momento se aprobaron 13 proyectos que generarán trabajo e inversiones por un total de 28 mil millones de dólares", precisó sobre el actual RIGI, con proyectos que "beneficiarán a las provincias de Mendoza, Río Negro, Salta, Catamarca, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires".
Se estima que el actual RIGI "producirá inversiones en la economía anual por más de 94.900 millones de dólares". "Muy pronto se sumará un proyecto de Chevron en Vaca Muerta por otros 10 mil millones de dólares", reveló y agregó: "Estamos seguros que este nuevo régimen traerá otra avalancha de inversiones".
El ciclo de Senado TV emitirá este viernes a las 19 un programa especial que recorrerá la identidad musical tucumana. La artista será presentada en una emisión impulsada por la senadora Beatriz Ávila.
Foto: Comunicación Senado
El programa “Música de mi Patria”, conducido por Paula Rojo y emitido por Senado TV, tendrá esta tarde una edición especial dedicada a Tucumán con la participación de la cantante Cecilia Paliza, una de las voces emergentes más destacadas del folklore argentino. La transmisión será en vivo a las 19 y propondrá un recorrido por la identidad cultural y musical de la provincia.
La presencia de Paliza en el ciclo cuenta con el acompañamiento de la senadora nacional Beatriz Ávila, quien impulsa iniciativas para difundir y fortalecer la cultura tucumana en espacios de alcance federal. Su participación busca poner en valor el talento local y promover la visibilidad de artistas que representan la diversidad musical del país.
Con una carrera en pleno crecimiento, Cecilia Paliza ha compartido escenarios y proyectos con figuras como Euge Quevedo y El Chaqueño Palavecino, consolidando una propuesta que combina tradición y contemporaneidad. Su estilo fusiona la raíz folklórica con una impronta personal que la posiciona dentro de la nueva escena del género.
El ciclo “Música de mi Patria” se ha convertido en un espacio de referencia para artistas de todas las regiones, ofreciendo un formato que combina música en vivo, entrevistas y relatos sobre las tradiciones que conforman el mapa cultural argentino. La emisión de hoy pondrá el foco en la riqueza sonora de Tucumán y en la trayectoria de una artista que representa su identidad.
La producción anticipa un programa cargado de música, historias y paisajes culturales, en una edición que busca celebrar la diversidad y el valor de las expresiones artísticas del norte argentino.
En una conferencia de prensa en la que estuvo escoltado por dos ministros, el jefe de Gabinete habló de las leyes sobre universidades, glaciares y reforma laboral.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no respondió preguntas sobre su situación personal en la conferencia de prensa que brindó este viernes desde Casa Rosada, antes de la reunión de Gabinete.
Escoltado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), el funcionario se limitó a dar anuncios y repetirle a los periodistas que hicieran preguntas relacionadas a los temas a los que se habían referido los ministros.
En cuanto a su intervención, Adorni destacó fallos judiciales favorables al Gobierno en relación a las leyes de Financiamiento Universitario, Glaciares y Modernización Laboral. Justo sobre este último se conocía en ese momento la decisión de la Justicia de dejar sin efecto la cautelar que había presentado la CGT.
A tal medida, Adorni la calificó como "una gran noticia para los trabajadores y los que generan trabajo en el país. La Justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la ley votada por el Congreso finalmente va a entrar en vigencia".
Sobre universidades, el jefe de Gabinete mencionó que respecto a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, "la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Poder Ejecutivo. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema".
"La aplicación de la ley nació suspendida en su ejecución, en virtud de lo que establece la Ley 24.629, hasta que los responsables de su sanción determinen, en el Congreso de la Nación, la fuente de su financiamiento", insistió sobre la postura del Gobierno.
Adorni señaló que "su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos" y "esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal, porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión".
"El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones", defendió y afirmó que "en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos".
También definió como "falsa" la denuncia de la UBA respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios: "El Gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos asignados en el Presupuesto 2026".
"La UBA reclama una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del total del presupuesto destinado a los hospitales universitarios de todo el país. Es decir, una sola universidad pretende apropiarse el presupuesto", añadió.
Por otra parte, el ministro coordinador resaltó que "la Justicia ha revocado un amparo presentado por distintas organizaciones en la provincia de Santa Cruz que frenaba la implementación" de la nueva Ley de Glaciares.
"Esta reforma le devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio de sus recursos, y queda bajo tarea de ellas la tarea de identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista", ponderó.
Según el jefe de Gabinete, la nueva norma generará "más de 200 mil puestos de trabajo" y "exportaciones por más de 20 mil millones de dólares anuales", algo que "nos convertiría una potencia mundial en minería". "No vamos a ceder ante fuerzas extranjeras metiéndose en nuestro país para decidir el futuro de los argentinos", cargó contra organizaciones ambientalistas.
La intervención se realizó en el Hospital Italiano de La Plata. El diputado nacional reveló que su madre quiso acompañarlo, pero él le sugirió que no: "No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular".
El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) fue operado este viernes de un tumor benigno en las glándulas salivales, según se informó formalmente a través de un parte médico del Hospital Italiano de La Plata.
"En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral", reza el comunicado, en referencia a ese cuadro poco frecuente.
Asimismo, se reveló que el legislador "se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".
Este viernes temprano, a través de sus redes sociales, Kirchner contó la cirugía estaba "programada hace un tiempo" y "por distintas razones venía postergando". "Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes", continuó.
El líder de La Cámpora se refirió al lugar donde se operaría: "En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Je".
"Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga", contó sobre su madre, la expresidenta, quien se encuentra presa en San José 1111.
Y expresó: "¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico".
"A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones", cuestionó.
Finalmente, el diputado consideró que su madre "no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común".
Senadores libertarios solicitan información urgente sobre costos, ejecución presupuestaria, cobertura y calidad nutricional del programa alimentario MESA, resientemente suspendido por el gobierno.
El bloque de senadores bonaerenses de LLA solicitó información urgente sobre costos, ejecución presupuestaria, cobertura y calidad nutricional del programa alimentario Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que alcanzaba a más de dos millones de familias.
El autor de la iniciativa es el ascendente senador karinista Luciano Olivera, que presentó el pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof explique distintos aspectos y la suspensión del programa MESA.
Se trata de una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de todos los integrantes del bloque de senadores provinciales de LLA y cuyo objetivo es consultar las razones del abrupto recorte de la política alimentaria complementaria del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que distribuía módulos de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa solicita información detallada sobre el costo real por ración de alimento, la evolución del presupuesto asignado durante el último año, la cantidad de beneficiarios alcanzados, la composición nutricional de los módulos alimentarios y el nivel de ejecución presupuestaria del programa.
Según se advierte en los fundamentos del proyecto, el gobierno provincial habría decidido suspender el programa por un plazo inicial de noventa días, pese a que alcanzaba a más de dos millones de familias bonaerenses.
El senador de la LLA Luciano Olivera, autor de la iniciativa parlamentaria que se debate en el Senado bonaerense.
“Mientras el gobernador habla de justicia social, en la práctica les saca la comida a miles de chicos”, sostuvo Olivera. Y agregó: “El problema no es la falta de recursos, es cómo lo administran. Cuando se gestiona mal, no hay excusas”. La presentación fue acompañada por el bloque libertario.
Por su parte, el titular de la bancada libertaria senador Carlos Curestis afirmó: “El gobierno provincial es responsable directo de la administración del sistema alimentario escolar, y para miles de chicos, la comida en la escuela es la principal del día; no puede quedar sujeta a ineficiencias, falta de control o decisiones equivocadas”.
Finalmente, Olivera concluyó “no alcanza con el silencio; gobernar también es explicar las decisiones y hacerse cargo de los resultados”.
El encuentro está organizado por la diputada Roxana Monzón, quien presentó un proyecto de ley al respecto. Será este lunes a partir de las 11.
Estudiantes secundarios de todo el país expondrán sobre salud mental, redes sociales y violencia digital en un encuentro que se realizará en la Cámara de Diputados, organizado por la legisladora Roxana Monzón (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de ley al respecto.
La convocatoria se realizará este lunes, desde las 11, "con el espíritu de que sean las y los jóvenes quienes tomen la palabra", sostuvo Monzón. "No podemos seguir hablando de los jóvenes sin escuchar a los jóvenes. Es por eso que se abren las puertas del Congreso con la propuesta de que puedan contar lo que sienten, viven y piensan sobre el tema", agregó.
Mediante un comunicado, la diputada resaltó que "detrás de cada episodio de violencia, ansiedad, depresión o soledad, hay chicos y chicas pidiendo ser escuchados; los jóvenes nunca estuvieron tan conectados y a la vez tan solos. Viven expuestos a un mundo digital que muchas veces los juzga, los presiona, los humilla y los empuja al límite; y mientras tanto, muchos adultos miran para otro lado. Por eso queremos convocarlos al Congreso, no para darles un discurso, sino para escucharlos de verdad".
Del encuentro participarán estudiantes de manera presencial y virtual desde otras provincias. También estarán diputados, docentes y profesionales de la salud mental.
Días atrás, Monzón presentó un proyecto que propone crear el "Programa Nacional de Prevención, Abordaje y Erradicación de la Violencia Digital en Niñas, Niños y Adolescentes", con el fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el entorno digital.
La iniciativa prevé una respuesta en dos niveles estratégicos: por un lado, medidas urgentes de atención, protocolos claros y mecanismos de denuncia para mitigar daños ya existentes. Por otro, la implementación de una alfabetización digital integral desde el nivel preescolar con el propósito de fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de gestionar la privacidad y el tiempo.
El programa tendría como objetivos prevenir todas las formas de violencia y explotación en el entorno digital; capacitar a la comunidad educativa, familias y profesionales; implementar mecanismos de detección temprana y respuesta ante riesgos; y brindar asistencia integral con enfoque en salud mental y apoyo psicosocial.
Casi un mes atrás se había suspendido el plenario de comisiones en Diputados. Ahora, se llevará a cabo este martes desde las 15. Se trata de un tema clave en el marco del acuerdo comercial con EE.UU.
El oficialismo buscará el dictamen del proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), durante un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria de Diputados, que se llevará a cabo este martes a las 15. Será en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.
Hace casi un mes atrás, la reunión conjunta se había suspendido por orden de Cancillería, pese a que, en un principio, Argentina tenía hasta el 30 de abril para esa adhesión, según los compromisos asumidos con la gestión de Donald Trump en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Argentina es uno de los pocos países de la región que todavía no han adherido al tratado, aunque en 1998 el proyecto tuvo media sanción del Senado. Justamente ese expediente es el que ahora busca desempolvar la gestión libertaria.
Según supo parlamentario.com, el texto del proyecto tendrá la modificación de que la adhesión se hará con reserva del Capítulo II, lo que obligará su regreso a la cámara de origen, algo que no suele ocurrir con los tratados internacionales, cuya letra no se toca, pero en este caso sí la del articulado de la iniciativa.
Tras vencerse el plazo del 30 de abril, las negociaciones del Poder Ejecutivo continuaron y en Diputados esperaban la venia de Cancillería para avanzar. En el medio, EE.UU. sacó a la Argentina de su "Priority Watch List" -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- después de 10 años.
Con fuerte presión de los laboratorios nacionales y otros sectores con reparo al tratado, como las empresas productoras de semillas, finalmente el Gobierno accedió a una reserva sobre el Capítulo II, que habilita el examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de la invención.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) envió una nota a la Cámara de Diputados en la que se manifiesta a favor de sostener dicho capítulo, el cual permite "proporcionar una evaluación técnica-jurídica más robusta en una etapa temprana del proceso internacional".
Por el contrario, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) señaló que "existe una importante cantidad y variedad de países que aprovecharon la reserva al adherirse al PCT. Entre ellos, los Estados Unidos, Suiza, Francia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Liechtenstein, Corea del Sur, España y Grecia, quienes ingresaron al PCT adhiriendo solamente al Capítulo I, para luego, más adelante, adherir al Capítulo II".
"En nuestra región, a fines de 2024, Uruguay ratificó el PCT haciendo uso de esta reserva, es decir, ratificando únicamente el Capítulo I. La adhesión al PCT con reserva del Capítulo II también resulta plenamente compatible con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, tanto entre el Mercosur y la Unión Europea como recientemente con los EE.UU.", agregaron.
El tratado establece que una vez registrada una patente por un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas, que hasta ahora son 158. De esta manera, se impide la copia de fórmulas, lo que despierta la advertencia de la industria farmacéutica nacional por la elaboración de medicamentos genéricos, lo que podría encarecer los precios.
Desde el Gobierno destacan que, de adherir al PCT, los innovadores argentinos ganarán en tiempo, burocracia y costos, dado que actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora.
El diputado del bloque MID alertó que “Milei corre riesgo de hundirse con Adorni” en medio de la causa en la que está involucrado el funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito.
El diputado nacional Oscar Zago, actual presidente del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la causa en la que está involucrado el funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito: “Este señor todos los días daba clase de moralidad y terminó siendo el peor de la clase”.
Zago sostuvo en declaraciones radiales que el Gobierno se encuentra en un estado de “parálisis” debido a los conflictos que rodean al entorno presidencial. Según el legislador, la continuidad del funcionario está “dañando la credibilidad de la administración libertaria ante los inversores extranjeros”.
"Hace 60 días que estamos parados por el problema de Adorni", sentenció el diputado, calificando la situación como "vergonzosa".
“Adorni por ahora trae miedo adentro… porque el miércoles pasado fueron una banda de aplaudidores que era terrible. Lo que va a pasar es que nadie le empiece a atender el teléfono”, cuestionó y alertó: “El Presidente corre riesgo de hundirse con Adorni porque después terminan con problemas judiciales, como terminaron muchos funcionarios de otros gobiernos porque salen cosas que no pueden sostener y el pueblo no lo tolera”.
Zago recordó su pertenencia al bloque libertario en 2021: “El discurso en la calle era distinto… se lo pueden contar a Adorni porque no estaba. No conoce ni sabe lo que es llevarle un café con leche a un fiscalizador a las 7 de la mañana hasta las 18”, y disparó: “Él no sabe porque nunca fue militante. Los que venimos de la política sabemos cómo es esto, la gente en la calle te dio un acto de confianza”.
“Venías con la vara tan alta y este señor todos los días daba clase de moralidad dos años de lo bueno y malo y terminó siendo el peor de la clase”, fulminó y agregó: “Creo que quedaron en una encerrona porque Manuel no viene de la política y los que sí veníamos de la política quedamos afuera. Esto va a terminar mal en futuro, va a causar problemas. Esto ya lo vivimos”.
Al ser consultado por los dichos de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el titular del MID afirmó: “Yo creo que no tienen ninguna diferencia Patricia con Milei, sino que simplemente la picara política de Patricia es una de las picaras que tiene LLA empezó a olfatear que tienen un problema en la calle, saben que antes de 10 personas 8 aplaudían y ahora son 5 ya no te aplauden, te insultan, 3 te ignoran y 2 solo están con vos. La ecuación la ven y como Patricia viene de la política eso lo entiende”.
“Patricia quiere pelear por la Ciudad de Buenos Aires y representar a los ciudadanos. Son frases políticas que cambian permanentemente de campaña. Ahora la frase es ‘quien las hace, según quien es, las paga”, cerró.
A través de un descargo en X, el senador kirchnerista apuntó contra Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Anunció, a su vez, que este viernes se hará presente en la puerta del Congreso junto a la familia de Grillo.
Tras la suspensión de la ceremonia de entrega de diploma de honor al fotógrafo Pablo Grillo, el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro -organizador del evento- manifestó su repudio y adelantó que se movilizará junto a la familia del reportero gráfico en la puerta del Palacio Legislativo. “Es también un nuevo acto de violencia institucional sobre quien ya había sido herido de gravedad por un disparo en la cabeza”, denunció el legislador camporista.
El evento estaba citado para este viernes 8 de mayo a las 16.30 en el Salón Azul de la Cámara alta y desde este jueves a primera hora apareció en la web oficial con el rótulo de suspendido. El senador del bloque Justicialista responsabilizó a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a la jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por la cancelación de la muestra.
Felices por su recuperación, habíamos organizado en el Senado la entrega de un Diploma de Honor a Pablo Grillo y una muestra con su obra fotográfica, en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional. La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada… pic.twitter.com/NOuNDGIshl
— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) May 7, 2026
“Felices de la recuperación de Pablo, que continúa su rehabilitación todos los días, queríamos recibirlo en el Senado para compartir su obra”, había presentado De Pedro el evento que iba a realizarse en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. El fotógrafo de 36 años logró recuperar su vida cotidiana tras estar en estado crítico durante meses luego del impacto de cartucho metálico en su cabeza mientras cubría los incidentes del 12 de marzo del 2025.
Aquella jornada es recordada por el acompañamiento de las hinchadas de diferentes equipos de fútbol a la ronda de jubilados que cada miércoles concentra a un grupo de personas en la Plaza de los dos Congresos. Por el hecho, Héctor Jesús Guerrero, cabo de Gendarmería Nacional de 30 años, irá a juicio oral por pedido del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano.
Por su parte, el senador kirchnerista anunció a través de X que “mañana vamos a acompañar a Pablo y a su familia, que decidieron exponer las fotos a las 16.30 en la puerta del Congreso hasta que logremos exhibirlas adentro de la que es la Casa del Pueblo y de las provincias, y no de ningún funcionario de turno”.
El Senado bonaerense comenzó a destrabar su funcionamiento interno con la conformación de la mayoría de sus comisiones permanentes, indispensables para el tratamiento de proyectos y el desarrollo de la actividad legislativa.
La medida quedó oficializada mediante un decreto firmó de la vicegobernadora Verónica Magario y permite que la Cámara alta retome el circuito parlamentario luego de varios meses de escasa actividad.
En la práctica, las Comisiones constituyen el núcleo técnico del Senado. Cada iniciativa presentada debe pasar previamente por uno o más de estos cuerpos antes de llegar al recinto, donde se elaboran dictámenes, se introducen modificaciones y se define la viabilidad política y jurídica de los expedientes.
La conformación de autoridades es, por lo tanto, un paso central para reactivar la maquinaria legislativa.
El primer movimiento en ese sentido fue la convocatoria de la comisión de Legislación General, considerada una de las áreas de mayor peso institucional dentro de la Cámara.
El organismo quedará presidido por el senador Germán Lago, mientras que la vicepresidencia será para Marcelo Leguizamón, representante de Hechos. La secretaría estará a cargo del legislador Pedro Borgini. La reunión constitutiva fue convocada para este viernes y servirá para terminar de ordenar el funcionamiento interno del cuerpo.
La relevancia de Legislación General radica en el alcance de los temas que pasan por su órbita. Allí se analizan proyectos vinculados con reformas normativas generales, modificaciones administrativas y asuntos relacionados con los marcos civiles y comerciales. Por esa amplitud temática, suele ser una de las comisiones con mayor volumen de expedientes durante el período parlamentario.
Dentro del esquema del Senado existen además otras dos áreas clave: Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) y Presupuesto e Impuestos.
La primera interviene en el tratamiento de pliegos judiciales y en cuestiones relacionadas con la interpretación constitucional y las atribuciones de los poderes públicos. La segunda tiene competencia sobre cualquier iniciativa que implique recursos, gasto público o cambios tributarios.
La distribución de esas presidencias volvió a reflejar las diferencias internas dentro de Unión por la Patria.
El senador Emmanuel González Santalla dejó de conducir ACA y pasó a encabezar Presupuesto, mientras que la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales quedó bajo la órbita de la massista Malena Galmarini.
El cambio fue interpretado en distintos sectores legislativos como una reconfiguración del equilibrio interno entre el kirchnerismo, el espacio alineado con Axel Kicillof y el massismo.
Con la estructura parlamentaria ya encaminada, en el Senado esperan comenzar a retomar el tratamiento de proyectos pendientes y recuperar regularidad en las reuniones de comisión, un paso considerado esencial para volver a darle volumen político y legislativo a la Cámara alta bonaerense.
Pero este pequeño movimiento dado por el senador Lago, reactivó toda la maquinaria y rápidamente tuvo respuesta del bloque del oficialismo que conduce el senador Sergio Berni; que también de forma inusual, convocó a reunión de bloque, algo que disparó todo tipo de especulaciones.
Todos suponen que la reunión de bloque sería antes, de la reunión constitutiva de Legislación General, que fue convocada para las 15 horas. Viernes frenético en el Senado bonaerense.
El pedido ante Martín Menem lo planteó el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, Hugo Yasky. La idea de La Libertad Avanza es la de pasar a la firma la próxima semana y llevarlo al recinto el 20 de mayo.
Después de conocer las intenciones de La Libertad Avanza de pasar a la firma el proyecto de modificación al Régimen de Zona Fría, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, Hugo Yasky, elevó un reclamo para ampliar el giro de la iniciativa.
El proyecto enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene giros a las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda. La primera -cabecera- está a cargo de la mendocina Mercedes Correa Llano y la otra por Bertie Benegas Lynch, ambos integrantes de la bancada oficialista.
En primera instancia, el nuevo proyecto del Ejecutivo Nacional revive un viejo anhelo vinculado a dar marcha atrás con la Ley 27.637, sancionada durante el gobierno del Frente de Todos. En resumen, el texto libertario propone una segmentación más estricta, tanto geográfica como socioeconómica.
“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, fundamentó el presidente de la Nación dentro del proyecto de ley.
Según supo parlamentario.com, el oficialismo en la Cámara de Diputados tiene decidido pasar a la firma el proyecto modificatorio el próximo miércoles y llevarlo al recinto la semana del 20 de mayo.
Ante los trascendidos, Yasky elevó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde sostuvo que "el proyecto se vincula en forma directa a la comisión que presido en tanto impacta de manera directa y sustancial en el precio que pagan los consumidores de gas y electricidad, en la calidad de los servicios públicos, en la responsabilidad de los comercializadores, en la transparencia de los subsidios y en las condiciones de competencia entre los actores del mercado de hidrocarburos".
En el final, Hugo Yasky remarcó que "no se trata de una instancia meramente administrativa sino de una intervención fundamental para el trámite parlamentario". Las autoridades de la Cámara baja no han respondido sobre la cuestión, pero se prevé que la modificación al Régimen de Zona Fría conserve los dos giros iniciales.
La iniciativa apunta a declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral, frente a la caída del consumo y cierre de unidades.
Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Carlos Cisneros (Unión por la Patria) presentaron un proyecto de “Ley de Salvataje Nacional” destinado a asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la crisis económica, la caída del consumo y el cierre sostenido de unidades productivas.
La iniciativa declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las MiPyMEs por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, y propone un paquete integral de medidas para sostener el empleo y evitar nuevos cierres. Entre los principales puntos, contempla una reducción del 50% en las tarifas de luz, gas y agua, beneficios fiscales, facilidades de pago para regularizar deudas, alivio en contribuciones patronales y mecanismos de protección para las empresas proveedoras del Estado.
Los legisladores advirtieron que “la situación ya no admite dilaciones” y señalaron que “sin MiPyMEs no hay reconstrucción económica posible”. También sostuvieron que la política económica actual “colocó a miles de empresas en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de continuidad”.
El texto además propone un régimen especial de reestructuración preventiva de pasivos para PyMEs en crisis, con suspensión de ejecuciones y subastas mientras negocian acuerdos con acreedores, priorizando la continuidad de las empresas y la preservación de los puestos de trabajo.
Según datos citados en el proyecto, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 desaparecieron más de 24 mil unidades productivas en la Argentina, de las cuales el 99,74% correspondieron a empresas de hasta 500 trabajadores. En ese mismo período se perdieron más de 290 mil puestos de trabajo registrados.
“Las PyMEs sostienen el empleo y el entramado productivo del país. El Estado no puede abandonarlas frente a la lógica del derrumbe”, expresó Pichetto tras la presentación del proyecto.
Salvataje 1990-D-2026 (1)Se trata de equipamiento odontológico que beneficiará a más de 75 mil vecinos del norte de Santa Cruz.
La senadora nacional Natalia Gadano (Por Santa Cruz) encabezó una gestión con la embajada de Japón, mediante la cual se llevará a cabo una donación de equipamiento odontológico de alta complejidad, que beneficiará a más de 75 mil vecinos del norte de su provincia.
Se trata de un equipo ortopantomógrafo panorámico para radiografías odontológicas y un sillón odontológico, que serán inaugurados en los próximos días en el Centro Integrador Comunitario 17 de Octubre.
El proyecto fue canalizado a través del Club de Leones de Caleta Olivia, con acompañamiento del municipio local. En ese marco, en el pasado mes de diciembre se firmó el convenio correspondiente que permitió avanzar formalmente con esta histórica donación que alcanzará a vecinos de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Cañadón Seco, Fitz Roy, Jaramillo y Lago Posadas.
“Este equipamiento representa una solución concreta para muchísimas familias. Cuando acercamos salud, mejoramos la calidad de vida de todos los vecinos”, expresó la legisladora y agregó: “En un contexto donde muchas demandas históricas de la provincia aún esperan respuestas, es importante escuchar las necesidades y transformarlas en hechos concretos y beneficios reales para la comunidad”.
Actualmente, en la zona norte de Santa Cruz no existe dentro del sistema público un equipo de radiografía panorámica odontológica, lo que obliga a muchos pacientes a trasladarse a Río Gallegos, Chubut o incluso Buenos Aires para acceder a estudios de esta complejidad. “Con esta incorporación, miles de santacruceños podrán realizar diagnósticos en su región, evitando viajes costosos, demoras y derivaciones innecesarias”, destacó Gadano.
Ya son casi medio centenar de candidatos los que pasaron a defender sus postulaciones por el Salón Azul del Senado. La próxima semana se completará la lista, con algunos nombres destacados.
Fotos: Comunicación Senado
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, llevó a cabo este jueves la tercera audiencia pública en la que defendieron sus pliegos 15 candidatos a ocupar distintos cargos en cámaras, tribunales y juzgados, en su mayoría de la Capital Federal.
De la reunión, que culminó con el pase a la firma de los expedientes, no participaron los senadores del interbloque peronista, en disconformidad con los lugares que ocupan dentro de la comisión. En la primera audiencia habían denunciado "abuso de autoridad" del oficialismo y sus aliados.
Alrededor de 80 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo tomaron estado parlamentario hace un mes atrás, y las exposiciones de los postulantes se completarán el miércoles y jueves de la semana que viene.
Para las dos últimas jornadas aparecen algunos nombres destacados, como el de Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi -que está a cargó de la causa $LIBRA-, propuesta para el Juzgado de Primera Instancia de Hurlingham; o el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, candidato a juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
También se presentarán en la última audiencia prevista Pablo Matkovic, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, quien en 2017 -como defensor oficial- presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich (en ese momento ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri) por un allanamiento a una comunidad mapuche; y Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal, vinculado a los orígenes de la agrupación K Justicia Legítima, un asunto que el propio Gobierno se encargó de salir a desmentir por medio de la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial.
Con la jornada de este jueves, ya son 47 los candidatos que han defendido sus pliegos en el Senado y restan más de una treintena. Una vez obtenido el dictamen, las designaciones deberán tratarse en el recinto, donde se aprueban por mayoría simple.
Las presentaciones de los candidatos al Poder Judicial
Durante este jueves, Nicolás Pacilio, hijo del excamarista Antonio Pacilio, defendió su pliego para desempeñarse como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal. "Hace 25 años que estoy en la carrera judicial, pasé por todos los escalafones, hasta que en 2012 fui seleccionado secretario de cámara", contó.
Y explicó: "Se trata de un órgano colegiado, con competencia en todos los delitos no federales cometidos en el ámbito de esta Ciudad que no fueron transferidos a la competencia de la justicia local".
Sobre su trayectoria, Pacilio aseguró haber aprendido de distintos juristas que para esta tarea "se requiere de una preparación constante en derecho, pero también de templanza, sentido común, mucha humilad y honestidad, tanto intelectual como personal". "Nunca debe perderse de vista de que se trata esto: que es dar soluciones justas", agregó.
A su turno, expuso Pablo Wilk, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, quien años atrás estuvo mencionado en el caso de la llamada "Gestapo antisindical" durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.
"Nací en la jurisdicción, trabajo en la jurisdicción, la conozco y la quiero. El tribunal tiene sus complejidades, recibe causas penales de siete juzgados federales. Tiene muchos expedientes de personas detenidas esperando la realización del juicio, juicios en trámite, muchos condenados en control de ejecución de la pena", explicó y señaló que "el trabajo por hacer es mucho".
Pablo Wilk
También parte de la primera tanda que se sentó en la mesa principal, Walter Carnota afirmó que es "un histórico de la Cámara Federal de la Seguridad Social", para la cual es candidato a vocal de la Sala II. "Tengo cinco años y medio de juez de primera instancia y ejerzo la subrogancia de la vocalía a la que me postulan", dijo y resaltó que este año se desempeña en la presidencia de la cámara.
Fernando Strasser, propuesto como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, también remarcó sus "32 años de experiencia en la justicia de la seguridad social", fuero en el cual "es muy delicada la situación" respecto a las vacantes. De esta manera, sostuvo que hay "una gran necesidad de avanzar con designación de jueces efectivos". Por otra parte, expresó que "hay tres patas que son necesarias que tenga un juez: los valores, la sapiencia y el saber jurídico, y la administración de justicia".
Laura Wiszniacki, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62 de la Capital Federal, manifestó: "Dar una respuesta jurídica en el menor tiempo posible es la misión principal; la gente necesita respuestas jurídicas y prontas, eso es lo que espera de nosotros". Al ser consultada por el senador libertario Bartolomé Abdala sobre el avance de las nuevas teconologías y la inteligencia artificial, y cómo esto impacta en la justicia, Wiszniacki respondió que "es una herramienta ivaluable, importantísima, pero bien usada. La construcción de la sentencia no puede hacerse por medio de la IA".
Más adelante, ante la consulta de la senadora de Convicción Federal Sandra Mendoza sobre cómo impactó la Ley Micaela en el Poder Judicial y qué pensaba sobre la paridad de género, la postulante afirmó que "hubo un cambio enorme luego de la sanción de la Ley Micaela", a partir de la cual se reforzaron medidas tales como "no revictimizar y no fijar audiencias donde puedan encontrarse la víctima con su agresor". Respecto a la paridad, dijo que "estuvimos durante bastante tiempo relegadas" las mujeres, pero destacó que en su juzgado "el 80% somos mujeres".
Otro de los que se presentó este jueves fue Juan Andrés Moldes, propuesto como fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Economómico de la Capital Federal, Fiscalía N°1, quien es hijo del fallecido fiscal Germán Moldes. En su exposición, reveló que ingresó al Ministerio Público Fiscal con 18 años y que se sentía gratificado de haber contado "con las adhesiones de todos los que hoy trabajan conmigo". Aseguró contar con "experiencia en toda la gama de delitos" competentes a esa fiscalía y su "compromiso con la formación constante".
Juan Andrés Moldes
"No soy familiar del ministro de Justicia"
En el arranque de la reunión, se informó que Jorge Djivaris, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B, había recibido una impugnación respecto al "proceso de elección desarrollado en el marco del concurso" y "la etapa de las entrevistas personales y su incidencia en el orden del mérito definitivo". Pero más tarde, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lo consultó por otra.
"Usted ha recibido una impugnación respecto de que es familiar del ministro de Justicia. Me gustaría que me lo aclare, por favor", le dijo la senadora, a lo que Djivaris contestó: "No soy, ni fui familiar de ningún ministro de Justicia". Acto seguido, Bullrich manifestó: "Me gustaría que eso quede registrado, señor presidente, porque las impugnaciones que se reciben deben ser serias y si plantean cosas que no son correctas, ni dicen la verdad, me parece importante aclararlo".
Exprocurador Adjunto de la Ciudad, exsubsecretario y exsecretario de Justicia porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, actualmente Djivaris se desempeña como Secretario Letrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
En su presentación, el candidato reveló que ingresó al Poder Judicial en 1993 y, tanto su actividad privada como cuando estuvo en la función pública, estuvo "siempre orientado a la función judicial". "Creo que el proceso judicial es un mecanismo valiosísimo a la hora de mantener la paz social", definió.
Al hablar del perfil del juez al que aspira, en caso de lograr el acuerdo, mencionó la "idoneidad técnica, psicofísica y ética", que "son importantes por la construcción de confianza pública del justiciable, del ciudadano, hacia el servicio de justicia; eso va a darle legitimidad al Poder Judicial".
Bullrich preguntando a Djivaris
Además, este jueves defendieron sus pliegos Nicolás Ceballos, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal; Federico Novello, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal; Pablo Moya, postulado a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 de la Capital Federal; y Santos Enrique Cifuentes, propuesto como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°25 de la Capital Federal.
La nómina se completa con Diego Allievi, postulado como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° de la Capital Federal; María Laura Ameri, candidata a jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°3 de la Capital Federal; María Agustina Boyajian Rivas, propuesta como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22 de la Capital Federal; y Yamile Susana Bernan, aspirante a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional de la Capital Federal, vocalía N°14.
El ministro de Economía Luis Caputo anunció que la petrolera estadounidense presentará un megaproyecto en Vaca Muerta. De concretarse, sería una de las mayores inversiones privadas bajo el RIGI y un fuerte respaldo a la estrategia energética del Gobierno.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la petrolera estadounidense Chevron se prepara para presentar un proyecto de inversión en Argentina superior a los US$ 10.000 millones, una de las apuestas privadas más ambiciosas de los últimos años en el sector energético. El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el funcionario subrayó la magnitud del desembolso previsto.
La eventual concreción del proyecto representa una señal clave para Vaca Muerta, el principal reservorio de recursos no convencionales del país y uno de los más relevantes a nivel mundial. Allí, Chevron mantiene una presencia sostenida desde hace más de una década, con participación activa en áreas estratégicas vinculadas a la producción de shale oil y shale gas.
Actualmente, la compañía opera el bloque El Trapial y posee una participación no operativa del 50 % en Loma Campana y Narambuena, dos de las áreas más productivas de la formación neuquina. Estos desarrollos se realizan en asociación con YPF, la petrolera bajo control estatal y principal motor de la expansión hidrocarburífera argentina.
El anuncio de Caputo se inscribe en la estrategia oficial de impulsar grandes inversiones mediante el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas centrales del Gobierno para captar capital extranjero. El esquema ofrece ventajas fiscales, cambiarias y regulatorias, entre ellas la estabilidad normativa por 30 años, exenciones en derechos de exportación y la posibilidad de resolver controversias mediante arbitraje internacional.
Uno de los puntos más atractivos del régimen para las compañías internacionales es la flexibilización en el uso de divisas provenientes de exportaciones, que elimina la obligación de liquidar en el mercado local una parte de los ingresos generados en el exterior. Esta condición es considerada determinante por empresas interesadas en sectores de alta escala como energía, minería e infraestructura.
Hasta el momento, el Ejecutivo recibió 36 proyectos para ser evaluados bajo el RIGI, con inversiones potenciales estimadas en US$ 96.000 millones. Sin embargo, solo alrededor de una decena obtuvo aprobación oficial, con compromisos efectivos por unos US$ 27.000 millones.
En ese contexto, una inversión de Chevron por más de US$ 10.000 millones se convertiría en una de las iniciativas privadas más relevantes del régimen y reforzaría el posicionamiento de Argentina como proveedor energético regional. Analistas del sector coinciden en que un desembolso de esa magnitud tendría impacto directo en el aumento de la producción, las exportaciones de hidrocarburos y el ingreso de divisas.
El anuncio también llega en un momento en el que el Gobierno busca consolidar señales de previsibilidad y estabilidad macroeconómica para atraer inversiones de largo plazo. Dentro de ese esquema, Vaca Muerta continúa siendo un pilar estratégico para apuntalar la balanza energética y fortalecer la capacidad de generación de dólares de la economía argentina.
La petrolera presentó Diesel 10 Minero en Expo San Juan Minera 2026, un combustible de ultra bajo azufre diseñado para operar en condiciones extremas y garantizar el abastecimiento continuo de los principales proyectos del país.
En el marco de Expo San Juan Minera 2026, uno de los principales encuentros del sector en la Argentina, YPF anunció el lanzamiento de Diesel 10 Minero, un nuevo combustible desarrollado específicamente para las exigencias operativas de la industria minera.
Según informó la compañía, el producto fue diseñado para mejorar la eficiencia y asegurar la continuidad operativa de los proyectos que se desarrollan en entornos extremos, como yacimientos ubicados en zonas de alta montaña, con bajas temperaturas y condiciones climáticas hostiles.
El nuevo diésel cuenta con ultra bajo contenido de azufre —menos de 10 partes por millón—, no incorpora biocomponentes y está formulado para garantizar un desempeño confiable en temperaturas extremadamente bajas. De este modo, apunta a convertirse en una solución estratégica para operaciones mineras emplazadas en regiones de difícil acceso.
Desde YPF destacaron que su liderazgo como principal proveedor energético de la minería argentina, junto con su red logística y de distribución, le permite garantizar un abastecimiento ininterrumpido del nuevo producto en las principales regiones productivas del país.
Actualmente, la petrolera abastece más del 90% del mercado minero de combustibles, con una cartera de clientes que abarca desde proyectos exploratorios junior hasta emprendimientos en etapa de construcción y los principales desarrollos metalíferos y de litio que ya se encuentran en plena producción.
La presentación de Diesel 10 Minero forma parte de una estrategia integral orientada al sector, que combina combustibles especializados, logística dedicada, servicios técnicos y soluciones energéticas a medida, alineadas con estándares internacionales y las normativas ambientales vigentes.
“Con este nuevo combustible, YPF refuerza su rol como socio estratégico de la minería, acompañando cada proyecto con energía, tecnología, servicios de excelencia y presencia territorial”, señaló la compañía en un comunicado.
La compañía registró una mejora del 48% en su rentabilidad operativa impulsada por el crecimiento de Rincón de Aranda, mayores ventas de gas y un desempeño destacado del área de generación. Además, avanza con proyectos estratégicos bajo el RIGI.
Pampa Energía cerró el primer ejercicio del año con una rentabilidad operativa de US$325 millones, lo que representa un incremento del 48% interanual, de la mano del fuerte desempeño de su activo en Vaca Muerta, mejores precios de mercado y una mayor eficiencia en el negocio de generación eléctrica.
El principal motor de los resultados fue Rincón de Aranda, que a apenas un año del inicio de sus operaciones ya supera los 24.000 barriles diarios de producción. La compañía prevé alcanzar los 28.000 barriles diarios hacia mitad de año, en el marco de un ambicioso plan de desarrollo.
“Rincón de Aranda representa actualmente la mayor inversión de desarrollo en un único proyecto en la historia de Pampa. Durante 2026 vamos a invertir US$770 millones, acumulando más de US$1.500 millones hasta alcanzar un plateau de 45.000 barriles diarios”, afirmó Gustavo Mariani, CEO de la compañía.
En paralelo, el negocio de producción y comercialización de gas también mostró una evolución positiva, con ventas que rozaron los 14 millones de metros cúbicos diarios, un 17% más que en igual período del año anterior, lo que contribuyó de manera decisiva a la mejora de los resultados consolidados.
En el segmento de generación eléctrica, Pampa obtuvo resultados operativos por US$144 millones, con un crecimiento interanual del 11%. El desempeño estuvo impulsado por el nuevo esquema regulatorio, que beneficia a las centrales más eficientes y a aquellas integradas con producción propia de gas natural.
A nivel de infraestructura, la compañía fue adjudicada con 3,2 millones de metros cúbicos diarios en la expansión del Gasoducto Perito Moreno por un plazo de 35 años, lo que equivale al 27% del nuevo transporte previsto hacia el área metropolitana de Buenos Aires a partir de 2027.
En materia de inversión, en marzo Pampa presentó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de nuevos pozos y obras de infraestructura asociadas en Vaca Muerta, con una inversión total estimada en US$4.500 millones.
Además, en abril la compañía solicitó adherir al RIGI para su Proyecto de Urea, una iniciativa orientada a integrar y monetizar sus reservas de gas natural. El proyecto contempla la construcción de una planta con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2030, con una inversión estimada de US$2.400 millones, reforzando la estrategia de largo plazo de Pampa en el negocio energético e industrial.
Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade comunicaron su retiro de la alianza que integraban junto a legisladores de Provincias Unidas y Encuentro Federal. Al respecto, argumentaron que la decisión se debe a “otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario”.
Sorpresiva ruptura en la Cámara de Diputados en la mañana de este jueves, luego de que los miembros del bloque de la Coalición Cívica comunicaran su salida del interbloque Unidos, alianza que integraban junto a legisladores de los bloques Provincias Unidas y Encuentro Federal, con un claro mensaje para aquellos miembros que responden a sus gobernadores.
Los miembros del bloque, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, argumentaron su decisión en “otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.
Con 22 integrantes, este interbloque igualaba en número el de Fuerza del Cambio –compuesto por el Pro, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-, con el que competía por el lugar de tercera fuerza en la Cámara baja detrás de La Libertad Avanza y el peronismo. A partir de esta ruptura, el interbloque que conduce Cristian Ritondo pasa a ocupar el tercer lugar, y Unidos, el cuarto.
También fundamentaron que es una “necesidad de representar con absoluta claridad y sin condicionamientos el interés general de los argentinos, y de mantener nuestro compromiso histórico con la República, la Constitución y la integridad pública”.
“Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, plantearon en otro tramo del comunicado en un claro mensaje a los diputados del interbloque que responden directamente a sus gobernadores como Gisela Scaglia –titular de Unidos- quien obedece a Maximiliano Pullaro, mientras los cordobeses a Martín Llaryora.
En ese sentido, señalaron que la crisis de legitimidad que afecta al Gobierno nacional agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre las altas autoridades del Poder Ejecutivo “exige una actitud firme y coherente que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario”.
“En estos tiempos de incertidumbre, seremos leales a la Constitución Nacional y a nuestros principios humanistas, actuando con firmeza y claridad política”, manifestaron.
En otra línea, apuntaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Frente al enorme esfuerzo realizado por la sociedad argentina, resulta especialmente grave que existan funcionarios cuestionados por incrementos patrimoniales y estilos de vida incompatibles con la austeridad que se le ha exigido a la ciudadanía”.
Por ello, advirtieron la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo un “ordenamiento macroeconómico debe complementarse urgentemente con políticas que fortalezcan la salud y la educación públicas, y que atiendan la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan los jubilados y los trabajadores, en una economía real que continúa sin mostrar señales claras de recuperación. Sectores todos que continúan siendo objeto de una embestida permanente por parte del Gobierno nacional, sin señales de rectificación”.
Por último, aclararon que, más allá de las diferencias políticas y de esta decisión institucional, seguirán manteniendo el diálogo político construido, promoviendo acuerdos y acciones comunes cada vez que sea necesario defender la Constitución Nacional, las libertades, el federalismo, los derechos, las luchas históricas y el equilibrio republicano “frente a cualquier abuso o avasallamiento del poder”.
De esta manera, la Coalición Cívica repite así lo que sucedió en la primera mitad de la gestión mileísta, cuando originalmente sus miembros -entonces seis- formaron parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que conducía Miguel Pichetto, hasta que decidieron dejar el mismo y funcionar de manera independiente.
COMUNICADO DE PRENSA
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de…
— maxi ferraro (@maxiferraro) May 7, 2026
Tras meses de reclamo, el interbloque Popular logró tener seis vocalías dentro de la Comisión de Educación y Cultura. Qué días quedaron fijados para las reuniones.
Foto: Comunicación Senado
La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara alta realizó este miércoles la reunión constitutiva que designó a la senadora misionera Sonia Rojas Decut en el cargo de presidenta. Por su parte, la radical de Corrientes, Mercedes Valenzuela, quedó en el cargo de vicepresidenta.
Al asumir en el cargo, la senadora del Frente Renovador de la Concordia fijó como días de reunión los miércoles a las 17.
Los vocales designados fueron Carmen Álvarez Rivero, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta, Vilma Bedia y Romina Almeida de La Libertad Avanza; Victoria Huala del Pro; Eduardo Galaretto del radicalismo; Beatriz Ávila de Independencia; y Carolina Moisés de Convicción Federal.
A diferencia de lo ocurrido en las comisiones centrales, al interbloque Popular le adjudicaron seis vocalías y no cinco. Eduardo "Wado" De Pedro, Anabel Fernández Sagasti, María Teresa González, Celeste Giménez Navarro, Cristina López y Fernando Salino fueron designados en la Comisión de Educación y Cultura.
La vicepresidencia 1° quedó para Unión por la Patria y la 2° para un senador de La Libertad Avanza.
Foto: Comunicación Senado
Tal como adelantó parlamentario.com, el senador radical Daniel Kroneberger continuará un período más a cargo de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo. El diputado jujeño de Unión por la Patria, Guillermo Snopek, quedó a cargo de la vicepresidencia 1° y el rionegrino de La Libertad Avanza, Enzo Fullone, en la 2°.
Al momento de asumir, los tres legisladores coincidieron en la importancia de avanzar con la designación de un nuevo defensor del Pueblo, cargo vacante en la administración pública desde el 2009. Cabe recordar que en 2025 se inició un concurso público que propuso, entre una treintena de postulantes, a los diputados con mandato cumplido Fernando Carbajal y Natalia Sarapura.
Unión por la Patria en Diputados fue el último bloque en girar los nombres: Snopek, Andrea Ferites y Varina Marín fueron los designados. Por su parte, Alicia Kirchner y Ana Marks fueron las elegidas por el bloque Justicialista de la Cámara alta.
La Libertad Avanza llevó a los diputados Patricia Vásquez, Santiago Santurio, Marcos Patiño Brizuela y Giselle Castelnuovo; y a los senadores Romina Almeida y Enzo Fullone. Completaron Beatriz Ávila por Independencia; y Victoria Huala del Pro.
Quedó a su cargo el senador libertario Bruno Olivera Lucero. La comisión tendrá la competencia de autorizar al PEN la modificación de los porcentajes del fondo para indemnizaciones, creado por la Reforma Laboral.
Foto: Comunicación Senado
Se conformó este miércoles en el Congreso la bicameral que controla los fondos de la ANSeS y tendrá un rol clave sobre el Fondo de Asistencia Laboral.
En una breve reunión realizada en el Salón Illia del Senado, se designó como presidente al senador libertario Bruno Olivera Lucero. En tanto, la diputada de Unión por la Patria Hilda Aguirre fue nombrada vicepresidenta y la senadora del Pro Victoria Huala, secretaria.
El diputado de LLA Lisandro Almirón propuso a Olivera Lucero, a quien definió: “Es contador público nacional y reúne toda la formación adecuada para hacerse cargo de una responsabilidad tan importante como es el control de los fondos de la seguridad social”.
Al asumir como titular, el senador señaló que “es una comisión sumamente importante, que tiene la responsabilidad de vigilar uno de los activos más sensibles que tiene el Estado nacional, que son los fondos de la ANSeS”.
“Además, en la Ley de Modernización Laboral se le sumó la potestad de evaluar, y en su caso dictaminar, en el caso que el Poder Ejecutivo decida modificar los porcentajes del FAL (Fondo de Asistencia Laboral)”, resaltó el sanjuanino, en alusión al fondo de indemnizaciones creado en la Reforma Laboral.
Al proponer como vice a Aguirre, la diputada Graciela Parola aseguró que “es una persona muy comprometida con el trabajo social, con la realidad de los adultos mayores, de las personas con discapacidad; y de lucha ferviente contra las AFJP”.
Desde la mesa de conducción, Aguirre sostuvo que “sin duda es una de las comisiones más importantes que hay” y representa “la gran responsabilidad de velar por esos recursos y ver cómo se disponen”. “Son muchas las necesidades y en este tiempo estamos en falta con ellos”, en alusión a los jubilados, dijo.
En tanto, Huala manifestó: “Estoy segura que vamos a hacer un gran trabajo en esta materia, que es tan sensible para la sociedad; en este momento que estamos atravesando es importante tener un control sobre el sistema de previsión social”.
Según se asintió, la bicameral se reunirá los miércoles a las 16.
La Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social está integrada por los senadores Bruno Olivera Lucero, Pablo Cervi (LLA); Daniel Bensusán, Martín Soria (Justicialista); Eduardo Galaretto (UCR) y Victoria Huala (Pro). Y por los diputados Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Gerardo Huesen, Manuel Quintar (LLA); Hilda Aguirre y Graciela Parola (UP).
Con una inversión superior a los USD 15 millones, Austral Gold reactivó el proyecto minero Casposo, en Calingasta. La mina de oro y plata apunta a generar más de 300 empleos, exportaciones por USD 60 millones y a consolidarse como un hub regional de procesamiento.
La minería sanjuanina sumó este martes un nuevo impulso con la reactivación del proyecto Casposo, operado por la compañía Austral Gold, que vuelve a producir oro y plata tras seis años de inactividad. Ubicada en el departamento Calingasta, la mina retoma operaciones con una inversión que superó los 15 millones de dólares y un esquema productivo que apunta a fortalecer el desarrollo regional.
El acto oficial contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el presidente de Austral Gold, Eduardo Elsztain; el CEO de la compañía, Stabro Kasaneva; y el gerente del proyecto, Rubén Femenía. Allí se formalizó el reinicio de un emprendimiento que había sido adquirido en 2019 y que, tras un período de suspensión, vuelve a integrarse al mapa productivo de la provincia.
Los fondos invertidos se destinaron principalmente a tareas de exploración y al reacondicionamiento integral de la planta, permitiendo poner nuevamente en marcha una operación clave para el cordón cordillerano sanjuanino. Casposo cuenta con una vida útil estimada de entre seis y siete años y una proyección de producción cercana a las 120.000 onzas de oro, combinando producción propia con el procesamiento de mineral de terceros.
Durante el acto, Eduardo Elsztain destacó la visión de largo plazo del proyecto. “Este es un emprendimiento en el que trabajamos durante más de diez años. Haber llegado hasta acá demuestra que la perseverancia y la planificación valen la pena”, señaló el titular de Austral Gold. Además, subrayó el impacto macroeconómico de la iniciativa: “Solo en 2026, Casposo va a generar exportaciones por alrededor de 60 millones de dólares, contribuyendo al ingreso de divisas y al desarrollo productivo del país”.
Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego puso el foco en el rol social y económico de la actividad minera. “La minería tiene que ver con mejorar la vida de la comunidad y la vamos a aprovechar. La ganancia de un gobierno es que haya más empleo y más valor agregado, que la gente elija vivir acá. Ese es nuestro norte”, afirmó.
Uno de los aspectos centrales del relanzamiento de Casposo es su nuevo perfil operativo. El proyecto funcionará como un centro regional de procesamiento, un modelo que le permitirá garantizar continuidad productiva, sostener el empleo y prestar servicios a otros desarrollos mineros de la zona.
“Hoy no solo volvemos a producir, sino que lo hacemos con una visión clara: consolidar a Casposo como un hub que impulse el desarrollo regional”, explicó Rubén Femenía. Además, remarcó que el proyecto se alinea con los estándares de la minería moderna. “Trabajamos con altos niveles de responsabilidad ambiental, seguridad y vinculación con la comunidad, que son ejes centrales de nuestra forma de operar”, agregó.
Según datos de la empresa, la reactivación del proyecto impacta en más de 300 empleos directos e indirectos en San Juan. Actualmente, el 99% de los trabajadores son sanjuaninos, lo que refuerza el impacto positivo en la economía local, en especial en Calingasta y en la cadena de proveedores regionales.
El regreso de Casposo se produce en un contexto internacional favorable para los metales preciosos y forma parte de una etapa de mayor dinamismo para la minería argentina, con foco en la producción, la generación de empleo, el desarrollo de las economías regionales y una operación cada vez más sustentable.
Con la intención de recuperar la agenda parlamentaria tras el informe de Manuel Adorni, la semana que viene se activarán comisiones. Qué temas propone LLA para reabrir el recinto.
Pasado el informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, y con la idea de retomar la agenda parlamentaria, los popes del bloque libertario convocaron este miércoles a un puñado de aliados a una reunión en la que les trasmitieron la intención de sesionar el próximo 20 de mayo.
A paso lento en el plano legislativo, marcado por el escándalo que no da tregua en torno al jefe de Gabinete, y con proyectos del Poder Ejecutivo más ambiciosos del lado del Senado, el oficialismo en la Cámara baja buscará convocar a comisiones la semana que viene para armar un nutrido temario.
Según supo parlamentario.com, la propuesta de LLA es sesionar dentro de dos semanas con el proyecto de “Ley Hojarasca” -que busca derogar un conjunto de normas consideradas obsoletas y es impulsado por el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger- y un paquete de tratados internacionales, que ya cuentan con dictamen.
Además, se sumaría la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), clave en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. El mismo cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y el Gobierno ahora busca desempolvarlo. En principio, Argentina tenía tiempo hasta el 30 de abril para cumplir con ese paso.
Tras vencerse ese plazo, las negociaciones del Ejecutivo continuaron y en Diputados esperaban la venia de Cancillería para avanzar (a mediados de abril se había convocado a un plenario de comisiones que luego se suspendió). En el medio, EE.UU. sacó a la Argentina de su “Priority Watch List” -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- después de 10 años.
Con fuerte presión de los laboratorios nacionales y otros sectores con reparo al tratado, como las empresas productoras de semillas, en el Gobierno negocian para que la adhesión al PCT pueda salir quizás con una reserva sobre el Capítulo II, el más cuestionado. Un antecedente cercano de esto es Uruguay.
Otro tema que arrancará a debatirse la semana que viene es la iniciativa recientemente ingresada sobre “Medidas energéticas”, que apunta a recortar el régimen de zona fría y los subsidios de gas. También, prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cambios en el Régimen de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.
Fuentes del oficialismo dijeron a parlamentario.com que irán directamente por el dictamen exprés, aunque en caso de no tener el consenso necesario se postergaría. Pero estos cuatro temas son los que buscarán llevar al recinto.
Con una nueva marcha universitaria convocada para el próximo 12 de mayo, otro proyecto que espera en Diputados es el que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, hoy judicializada. Desde LLA admiten que “está difícil”.
El encuentro de este miércoles se realizó en el Salón de Honor de Presidencia, aunque sin el titular del Cuerpo, Martín Menem. Por el oficialismo participaron Gabriel Bornoroni -presidente de la bancada-, Giselle Castelnuovo, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz.
En tanto, desde la oposición estuvieron todos los jefes de bloques del interbloque Fuerza del Cambio: Cristian Ritondo (Pro) -acompañado por Javier Sánchez Wrba-, Pamela Verasay (UCR), Oscar Zago (MID), José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). También asistieron Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) y Gladys Medina (Independencia).
Luego del encuentro, desde LLA esperaban recibir las “contrapropuestas” de la oposición dialoguista. Una de ellas ya trascendió y se trata de un nuevo proyecto de ficha limpia impulsado por Scaglia. Sin embargo, en el oficialismo esperan que la reforma política llegue del Senado, donde la posibilidad de tratar ese tema por separado se sumó a la mesa de negociación.
Con la DIA aprobada, una inversión prevista de USD 630 millones y el ingreso al RIGI, PSJ Cobre Mendocino acelera definiciones técnicas, financieras y sociales para construir la primera mina de cobre de la provincia a partir de 2027.
PSJ Cobre Mendocino ingresó en una etapa decisiva para su concreción. Tras la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proyecto comenzó una nueva fase orientada a cerrar definiciones técnicas, regulatorias y financieras clave, con el objetivo de iniciar la construcción de la primera mina de cobre de Mendoza en 2027.
En ese contexto, la compañía formalizó su presentación ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema nacional diseñado para otorgar estabilidad fiscal, previsibilidad cambiaria y seguridad jurídica a proyectos productivos de gran escala. La adhesión resulta central para estructurar una inversión estimada en 630 millones de dólares durante la etapa de construcción.
Como parte del fortalecimiento financiero, el proyecto incorporó al Royal Bank of Canada (RBC) como agente financiero. La entidad tendrá a su cargo la estructuración del financiamiento y la identificación de potenciales inversores internacionales interesados en participar del desarrollo, lo que refuerza el posicionamiento del proyecto en los mercados globales.
En paralelo, PSJ Cobre Mendocino avanzó en la planificación de su esquema de abastecimiento energético. Tras la aprobación ambiental, firmó un acuerdo con Distrocuyo S.A. para el diseño de una solución propia que contempla la construcción de una estación transformadora y una línea de alta tensión desde la Estación Mendoza Norte. La obra permitirá asegurar la energía necesaria para la futura operación y, a la vez, contribuir al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica regional.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto se encuentra desarrollando una campaña de perforaciones in-fill iniciada en marzo de 2026. Los trabajos incluyen 28 perforaciones, con un total estimado de 12.000 metros, y apuntan a convertir recursos inferidos en recursos medidos, un paso fundamental para optimizar el diseño final de la mina antes del inicio de la construcción.
Sin embargo, la iniciativa no se define únicamente por sus variables técnicas o económicas. El enfoque de sostenibilidad atraviesa el proceso de toma de decisiones, integrando aspectos ambientales, sociales y productivos con la intención de generar impactos positivos concretos en el territorio.
Ese enfoque ya se refleja en programas en marcha. El Programa de Desarrollo de Proveedores y Emprendedores busca fortalecer el entramado productivo de Uspallata y la región de Alta Montaña, acompañando a emprendedores, comercios y empresas —formales e informales— en distintas etapas de consolidación. La iniciativa está destinada tanto a actores locales como a empresas mendocinas interesadas en integrarse a la cadena de valor minera, con el objetivo de promover arraigo y desarrollo económico sostenible en el largo plazo.
En materia de formación, el proyecto también muestra avances. Más de 500 vecinos de Uspallata ya recibieron certificaciones en oficios vinculados a la industria, y actualmente se trabaja en el diseño del programa de capacitación 2026–2027 junto a diversas instituciones, con la meta de ampliar la oferta de formación técnica y mejorar la empleabilidad local.
Con este conjunto de definiciones, PSJ Cobre Mendocino consolida una etapa de desarrollo integral basada en planificación técnica, articulación territorial y visión de largo plazo. Más allá de su dimensión productiva, el proyecto se proyecta como una plataforma de desarrollo responsable y sostenible para la provincia de Mendoza.
Con récord de asistencia, la Expo San Juan Minera 2026 abre tres días clave para el negocio minero, con fuerte respaldo político, presencia internacional y expectativas de definiciones para proyectos estratégicos, especialmente en cobre.
San Juan volvió a colocarse en el centro del escenario minero argentino con el inicio de la Expo San Juan Minera 2026, un encuentro que combina negocios, empresas y política en un momento decisivo para el futuro del sector. Con una convocatoria récord, la feria se consolida como el principal ámbito de articulación entre inversores, provincias y el Gobierno nacional.
Más de 25.000 personas participan del evento, que se extenderá durante tres jornadas y funcionará como epicentro de rondas de negocios, agenda institucional y espacios de networking. El objetivo es claro: acelerar decisiones en una industria que viene acumulando expectativas, especialmente en torno al desarrollo del cobre y otros minerales estratégicos.
La dimensión empresarial del encuentro marca el pulso del sector. La exposición reúne a más de 40 compañías mineras con operaciones en la región y a más de 500 empresas proveedoras de servicios que buscan posicionarse dentro de una cadena de valor en expansión. A eso se suma la presencia de delegaciones de más de 20 países y un predio con más de 380 stands, lo que refuerza el carácter federal e internacional de la feria.
Sin embargo, el factor político atraviesa toda la escena. La participación confirmada de siete gobernadores y de la plana mayor del Gobierno nacional le otorga a la expo un peso estratégico que excede la agenda estrictamente empresarial. Hay especial expectativa por la llegada de Karina Milei, prevista para mañana, en una visita corta pero cargada de señales.
La secretaria general de la Presidencia realizará un recorrido que incluye una visita a una calera en el departamento Sarmiento —con traslado en helicóptero—, una pasada por la feria para mantener contacto con inversores y una cena institucional. Estará acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli, y por figuras clave del oficialismo como Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
La apertura del evento cuenta justamente con la presencia de los Menem, mientras que para la jornada siguiente está prevista la participación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El despliegue de funcionarios busca enviar un mensaje claro de respaldo político a una actividad que reclama previsibilidad, reglas claras y un horizonte de largo plazo para atraer inversiones de escala.
En paralelo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llegará a San Juan para mantener un encuentro con la mesa del cobre, uno de los ámbitos donde se discuten los proyectos estratégicos que podrían redefinir el perfil productivo de la región cuyana. La reunión, prevista para el jueves, se da en un contexto en el que Mendoza intenta recuperar protagonismo dentro del mapa minero nacional.
La Expo San Juan Minera se desarrolla así en un punto de inflexión para la industria. Con proyectos avanzados, creciente interés de capitales internacionales y un marco regulatorio aún en debate, la feria funciona como un termómetro del sector. El desafío es transformar el clima de expectativas en decisiones concretas que consoliden a la minería como uno de los motores del desarrollo económico del país.
El proyecto de ley establece la eliminación del artículo 755 del Código Aduanero que habilita al Poder Ejecutivo a modificar el valor de la alícuota por decreto. “El impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva”, señaló.
La presidenta del bloque Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia, presentó un proyecto de ley que propone un esquema de reducción gradual y lineal a los derechos de exportación -retenciones- del sector agropecuario. El texto define cuatro períodos y la idea central es llegar a una alícuota definitiva del 0% para el año 2029. “Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina”, expresó.
La iniciativa, acompañada por los diputados nacionales José Núñez, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán, establece una sistema de reducción anual equivalente al 25% de la alícuota base (actual). Según la santafesina, esto apunta a devolver competitividad al interior productivo y a eliminar la potestad del Ejecutivo de modificar las alícuotas por decreto.
Por otro lado, propone también la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que habilita al Poder Ejecutivo a modificar las alícuotas por decreto sin intervención del Congreso de la Nación. En ese punto, recordó las seis modificaciones hechas por decreto en materia de exportación de cereales y oleaginosas que, según palabras de la diputada, “generaron incertidumbre en el mercado”. En caso de prosperar este texto, cualquier cambio deberá ser debatido en los recintos.
Gisela Scaglia propone retenciones cero para el 2029.
En los fundamentos, señaló que “el sector agroexportador cerró el año 2025 con un ingreso que superó la suma de USD 31.000.000.000, consolidándose como la principal fuente de divisas”, y cargó que “de la recaudación total por Derechos de Exportación (DEX) en 2025, el complejo agroexportador explicó más del 90% del monto”.
Pero consideró que “Argentina permanece estancada en producción y crecimiento exportador, dependiendo de los precios internacionales. El impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva”.
En el fina, Gisela Scaglia explicó que la redacción de este proyecto de ley “es resultado de escuchar a productores y técnicos, y no es un privilegio sectorial, sino una corrección estructural”. Y cerró: “La eliminación de retenciones es una inversión en empleo e industrialización. Cuando el campo gana, gana toda la cadena de servicios local”.
La senadora oficialista continuó con actividades por Chile y participó además de un panel en el que expuso sobre seguridad y geopolítica.
La senadora nacional Patricia Bullrich se reunió con el presidente chileno José Antonio Kast, con quien coincidieron en la "doctrina del orden" para combatir el crimen organizado.
Además, del otro lado de la cordillera, la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta participó de un panel sobre seguridad y geopolítica.
En el encuentro con el mandatario -que asumió en marzo pasado-, la exministra de Seguridad compartió "la experiencia argentina en la recuperación de la ley y el orden y el combate a las organizaciones criminales", se informó a través de un comunicado.
Por su parte, Kast manifestó su interés en avanzar en una agenda común en materia de seguridad y señaló que esa misma posición ya la había expresado en Argentina, cuando se reunió con el presidente Javier Milei, a quien le planteó la intención de replicar la doctrina de orden implementada en el país. Ambos coincidieron en que enfrentar al crimen organizado requiere "decisión política, coordinación y reglas claras".
"Recuperar el orden es una decisión. En Argentina lo hicimos con una convicción clara: el que las hace, las paga", sostuvo Bullrich tras la reunión, y remarcó que el combate al delito debe darse "con coraje y sin miedo".
Asimismo, subrayaron la importancia de fortalecer la cooperación regional frente a un fenómeno que no reconoce fronteras y que exige respuestas coordinadas entre los Estados.
En el marco de su agenda, la senadora también participó del panel "La otra mirada: seguridad y geopolítica", organizado por la Fundación Nicolás Ibáñez, donde aseguró que "el orden interno es condición indispensable para el desarrollo y la soberanía".
Durante su exposición, Bullrich afirmó que "la seguridad no es solo un problema policial, es un problema geopolítico", y advirtió que los países que no controlan su territorio quedan expuestos a la penetración del crimen organizado.
A su vez, la exministra de Seguridad compartió la experiencia argentina "en la recuperación de Rosario", destacando la importancia de la decisión política, el uso de inteligencia criminal y la acción coordinada de las fuerzas de seguridad para reducir los niveles de violencia.
Finalmente, subrayó que la región enfrenta un desafío común y que la respuesta debe ser conjunta: "El crimen organizado actúa en red. Los Estados tienen que estar a la altura y actuar con la misma determinación".
La visita se enmarca en una agenda orientada a fortalecer vínculos regionales y promover políticas de seguridad basadas en el orden, la cooperación y la defensa de las instituciones democráticas.
Anteriormente al encuentro con Kast, Bullrich se reunió con el alcalde de Santiago de Chile y dejó sugestivas señales sobre su futuro electoral, con la mira en territorio porteño.
Con la mira puesta en las próximas elecciones, el diputado se reunió con el intendente de La Plata, con quien coincidieron en que el peronismo debe presentarse como alternativa.
El diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) mantuvo una reunión en La Plata con el intendente Julio Alak, de la que también participaron Emilio Monzó y Diego Bossio. Durante el encuentro conversaron sobre la situación política, económica y social del país, el futuro de la provincia de Buenos Aires y la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo.
Los dirigentes coincidieron en la importancia de recuperar una agenda vinculada al trabajo, la producción y el desarrollo, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica y el deterioro del entramado productivo.
También plantearon que el peronismo "debe ser capaz de interpretar esta nueva etapa, defendiendo la producción, el empleo y la movilidad social, pero también la estabilidad económica, las instituciones y una visión moderna del desarrollo", se informó mediante un comunicado.
En ese sentido, señalaron que la sociedad "no pide épica permanente: demanda orden, previsibilidad y horizonte", y que la política "tiene la responsabilidad de construir una alternativa con capacidad de gobierno y vocación de mayoría".
"El peronismo tiene que volver a ser una opción real de poder para la Argentina", sostuvo Pichetto tras el encuentro.
En la misma línea, Alak planteó "la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo para consolidar una alternativa con un desafío claro: conformar un gran frente popular y democrático, sin exclusiones, que recupere el gobierno nacional para los argentinos".
El diputado de Unión por la Patria advirtió que Manuel Adorni "le está haciendo mal no solo al Gobierno, sino a las instituciones".
El diputado nacional Agustín Rossi (Unión por la Patria) opinó este martes sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y consideró que "a esta altura tiene que dar un paso al costado". "Le está haciendo mal no solo al Gobierno, sino a las instituciones de la República", añadió.
"Ya es evidente que es una imposibilidad de justificar su incremento patrimonial, sus gastos, su forma de vida, su estilo de vida en estos últimos dos años desde que es funcionario, absolutamente cambiado a lo que era anteriormente", observó.
En diálogo con radio Splendid, el peronista señaló que "la construcción, sobre todo la de viviendas, generalmente se hace en pesos. Es la primera vez que veo dólares para la refacción de una vivienda".
Y, en esta línea, consideró que tales dólares "no salen de ingresos habituales; salen de otro lado y eso es lo que le cuesta muchísimo a Adorni seguir explicando".
"En la política todo se termina sabiendo; en algún momento nos vamos a enterar realmente cuál es el motivo de esa defensa tan exacerbada del presidente y su hermana a un funcionario totalmente cuestionado", expresó el santafesino.
Para Rossi, exjefe de Gabinete, mantener a Adorni en su cargo "es pérdida desde todo punto de vista". "La respuesta de que 'todo está en la Justicia' termina siendo casi un escondite, no una respuesta", cuestionó sobre las explicaciones del funcionario.
Fueron invitados a exponer durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde además hubo intercambios fuertes entre el oficialismo y la oposición.
Foto: HCDN
Empresarios del sector textil asistieron este martes a la Cámara de Diputados, donde advirtieron por cierres de fábricas, caída de ventas y la desigualdad en la competencia frente al boom de las plataformas chinas.
La reunión informativa se dio en el marco de un plenario de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, que días atrás recibió a representantes de cámaras PyMEs y en el próximo encuentro escuchará a representantes del sector automotriz.
Ante las críticas a medidas actuales, algunos diputados del oficialismo salieron a cruzar a los invitados y defender al Gobierno, mientras que desde la oposición reclamaron escucharlos con respeto y buscar respuestas.
En el arranque, el presidente de la Comisión de Comercio, Juan Brügge (Provincias Unidas), afirmó que "la industria textil está pasando por una situación de crisis" y, según datos de la UTN, desde diciembre de 2023 a la fecha "han quebrado 754 empresas" del sector.
Entre los expositores, Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, se refirió a problemáticas como "la industria del juicio laboral; la carga impositiva a las ventas, que está triplicada entre Nación, provincias y municipios, y la carga laboral". "No hay posibilidad de generar capacidad adquisitiva de salarios con esta estructura de costos", señaló y agregó que "las ventas están gravadas en un 42%".
Además, cuestionó que "el sistema financiero argentino nunca fue eficiente, es ineficiente" y reclamó medidas en torno al comercio exterior: "Debe ser una política de Estado, ningún país del mundo prescinde de ella". "A veces pienso que a los textiles nos hacen bullying", manifestó Fasano, en relación a que "tienen cupos y reglamentaciones para todos, pero para nosotros no".
Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, apuntó que "China tiene un mundo financiero tremendo, pero está al servicio de la producción, la tecnología, la salud, de la población. Acá somos víctimas de lo que es la patria financiera". Habló de un 33% de caída en el sector y un uso de la capacidad instalada entre el 27% y 32%.
A su turno, Daniela Rabinovich, titular de la Federación Argentina de Indumentarias y Afines, sostuvo que “la industria de la confección no pide privilegios, lo que necesitamos son condiciones razonables para poder competir, producir y seguir generando empleo en nuestro país, ya que el sector tiene un enorme valor estratégico porque combina algo que pocas actividades logran al mismo tiempo, que es federalismo, empleo, inclusión y valor agregado nacional”.
Entre los invitados, el empresario Leo Bilansky criticó que el DNU 70/23 y la Ley Bases fueron la causa de "la destrucción de más de 26 mil PyMEs". En tal sentido, pidió a los legisladores que "se responsabilicen de lo que votaron". "Lo primero que tenemos que hacer es declarar la emergencia PyME, reconocer que nos equivocamos y que la situación no da más para nuestro sector", consideró y solicitó que traten esa iniciativa con urgencia.
En tanto, Carolina Carregal, gerenta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, detalló que el sector lleva "24 meses de caída de las ventas" y "la producción cayó 20 meses". "Venimos de años de proteccionismo, donde no se podía importar insumos. No consideramos que hay que volver a eso, pero tampoco estamos a favor de la apertura abrupta de las importaciones", aseguró.
En cuanto a la regulación de plataformas chinas, la expositora enumeró que "Estados Unidos volvió a ponerle aranceles a las compras mínimas que vienen desde China. La Unión Europea, a partir del 1ro. de julio, le pone un cargo fijo por paquete a las compras chinas. México a principios del año pasado volvió a poner un arancel del 20% a las compras pequeñas, y en agosto se lo subió al 33%. Brasil también estableció un esquema de mayores controles y aranceles. ¿Nosotros qué hicimos? Le bajamos los aranceles a las compras (del exterior)". "Estamos pidiendo políticas equilibradas para poder competir", enfatizó.
También expusieron Carlos Volpe, propietario de la empresa textil Sweeper; Roxana Pillas García, de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria; Carlos Elizalde, presidente de la Cámara de Indumentaria de Pergamino; Federico Rodríguez, titular de la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños; y Eduardo Levy, representante de la Cámara Textil de la provincia de Santa Fe.
Luego se abrió un tramo de intervención de los diputados, donde hubo cruces y chicanas respecto de los modelos económicos del actual y el anterior gobierno.
Desde el Pro, Daiana Fernández Molero salió al cruce de los empresarios textiles, al sostener que "los sectores que tienen más tasa de asistencia efectiva son el cuero, calzado y textil. Están en el puesto 3°, 4° y 5°; son los más protegidos y asistidos por el Estado". "Ustedes tienen privilegio", lanzó la aliada del oficialismo y, en ese sentido, apuntó que "las licencias no automáticas que ustedes iban a pedir generaban pérdida de empleo en otros sectores".
Por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán arrancó: "Vengo del rubro textil y conozco bastante bien. Este sector en muchos casos se dedicó a cazar dentro del zoológico, con sobreprecios que castigaban al consumidor argentino y benefiaban a un grupo empresario que sacó rédito mucho tiempo".
"El que ha tenido mayor informalidad en la manufactura de sus productos ha sido el sector textil", denunció y añadió que "la evasión impositiva que tiene este sector es increíble". "Si hubieran hecho las cosas bien hoy no tendríamos este problema", sumó y resaltó que "los costos de los que se quejan acá muchas veces los generan las provincias y los municipios".
Para el oficialista, "hay sectores que se van a tener que reconvertir; hay sectores que durante muchos años han sacado ventaja de tener las condiciones que han tenido, pero creo que es un momento bisagra para la Argentina".
Al hablar la oposición, uno de los oradores fue Mario "Paco" Manrique, de Unión por la Patria, quien cuestionó: "Tratar a empresarios de oportunistas, de haber esquilmado el bolsillo de los ciudadanos, la verdad demuestra una falta total de conocimiento de lo que pasa en la Argentina".
En el cierre, el jefe de UP, Germán Martínez, le contestó a -entre otros- el libertario Julio Moreno Ovalle: "La macro está un corno ordenada, nueve meses de caída de recaudación están teniendo". Luego se quejó de la actitud de los libertarios con los expositores: "Vienen los industriales y se enojan, vienen los trabajadores y se enojan. Si creen que así van a poder resolver los problemas... Sin garantizar el debate y generar un plan de acción".
"Lo más urgente que están pidiendo es una ley de emergencia PyME que les saque la soga del cuello, porque para reconvertirse hay que existir, si es que ustedes quieren la reconversión. Nadie se convierte si está muerto, y ustedes están matando la industria", aseveró.