Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dejó sin efecto la aplicación de aranceles generalizados del 15% por parte de Donald Trump y el acuerdo comercial entre Argentina y el país norteamericano, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó la presencia del canciller Pablo Quirno a la Cámara baja para que brinde explicaciones al respecto.

En la iniciativa, el diputado pide saber cuál va a ser la política impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de los beneficios que Argentina iba a otorgar a los productos e inversiones estadounidenses en función del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI); qué estrategias se están considerando para proteger el interés de los exportadores argentinos que se vieron perjudicados por la reversión de aranceles en 1,675 posiciones.

En esa línea, solicita información sobre las medidas que se están tomando por el perjuicio a las empresas argentinas que exportaron con aranceles adicionales durante 2025, estimados en un total mundial de 170,000 millones de dólares. También, las acciones inmediatas que prevé la Cancillería para reconfigurar las relaciones comerciales de Argentina con Estados Unidos y otros mercados.

“Los efectos del fallo son importantísimos en la relación bilateral. Los efectos del fallo son importantísimos en la relación bilateral. Este escenario generó una gran preocupación no solo en el ámbito económico, sino también en la percepción de Argentina como un socio comercial de confianza para Estados Unidos”, expresó el santafecino.

Proy Res Fallo Corte USA

¿Está en ciernes un estridente pacto entre el presidente y líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y la jefa del peronismo en el Parlamento, Cristina Fernández de Kirchner, para colocar a nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Es la pregunta recurrente que retumba en las últimas horas en los mentideros políticos después del impensado acuerdo entre ambos sectores para designar a nuevos miembros en la Auditoría General de la Nación y el imprevisto deseo de Milei para que Cristina evolucione satisfactoriamente tras su operación de apéndice.

La sola posibilidad de que ese pacto fuese cierto causa escozor en todos los sectores políticos, incluso en La Libertad Avanza, partido que hizo campaña este año con el lema “kirchnerismo Nunca Más” y la prédica respecto de ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo”.

La relación de la Corte Suprema con ambos líderes es fría y distante y en el caso de Cristina es peor aún, por el enfrentamiento feroz que mantuvo la dos veces presidenta con toda la estructura judicial de Comodoro Py y el máximo tribunal de la Nación.

Por eso, ambos tienen deseos de colocar cortesanos dóciles y alfiles en la Corte, para controlar los movimientos del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti y el resto.

Ya desde la asunción de Milei, el 10 de diciembre de 2023, se habló de un acuerdo Milei-Cristina cuando Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, en cuestión de minutos dejó sin efecto un cambio -impulsado y difundido a los periodistas de Casa Rosada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- en la seguridad de la expresidenta.

Uno de los nexos vinculantes iniciales era el asesor presidencial Santiago Caputo -un todopoderoso en el comienzo de la gestión libertaria- y el senador y alfil kirchnerista Wado de Pedro, ambos viejos conocidos.

Pero últimamente la relación subterránea entre esos y otros operadores se enfrió y frizó -luego de que se cayese el pliego del juez federal para la Corte, Ariel Lijo-.

La posible entente se reflotó el jueves pasado cuando de madrugada -inesperadamente- fueron designados y se les tomó juramento a tres nuevos auditores, tras un acuerdo de La Libertad Avanza nada menos que con Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta.

Esa foto causó escozor en el Pro, cuyo titular de la bancada, Cristian Ritondo, en plena sesión puso el grito en el cielo y anunció una presentación judicial, que efectivizó este fin de semana, para invalidar el acto, al considerarlo improcedente por no haber estado en el listado de temas de extraordinarias, ni mucho menos en el orden del día del debate.

Pero también generó escozor en el seno del oficialismo, siendo hasta ahora Cristina Fernández de Kirchner la creadora de todos los males pasados y presentes de la Argentina.

Claro que no solo en La Libertad Avanza y el Pro hay intriga y confusión: también reina en las tribunas peronistas, y hasta kirchneristas, por el inopinado y hoy confuso movimiento de ambos líderes.

“Espero que Cristina Kirchner tenga una pronta recuperación”, afirmó Milei cuando el periodista Luis Majul le preguntó por ella, en una actitud que el mileísmo atribuirá sin dudas al nuevo tono presidencial menos confrontativo desde la campaña a esta  parte.

La Corte Suprema de Justicia confirmó que el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois seguirá siendo querellante en la causa de las criptomonedas $LIBRA en la que representa a algunos de los damnificados que en febrero pasado publicitó el presidente de la Nación Javier Milei y que se investiga si se trató de una estafa.

El máximo tribunal rechazó un planteo de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los imputados en la causa, para que Grabois sea apartado del caso. “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en su fallo.

“Hoy la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos que rechazan los intentos del gobierno y sus secuaces para sacarnos del medio en las causas. Seguiremos siendo querellantes en la causa $Libra”, contó Grabois en sus redes y agregó: “¿Se acuerdan de los alimentos que encanutó Pettovello y que la justicia ordenó repartir? Bueno, la Corte rechazó el último intento por no repartir alimentos”.

Hoy la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos que rechazan los intentos del gobierno y sus secuaces para sacarnos del medio en las causas.
1) Seguiremos siendo querellantes en la causa $Libra
2) ¿Se acuerdan de los alimentos que encanutó Pettovello y que la justicia ordenó… pic.twitter.com/4SUYJvDJNC

— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 5, 2025

“El que las hace las paga, y nosotros vamos a seguir litigando, vamos a seguir luchando contra este gobierno hambreador, estafador y criminal”, remató su posteo.

Grabois, junto a los abogados Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg, representan a tres damnificados. El rol de querellante es el de acusador privado y le permite ser parte del expediente y pedir medidas de prueba, proponer testigos y hacer distinto tipo de pedidos.

En la causa $Libra se investiga si en el lanzamiento de esa criptomoneda, en febrero pasado, se cometió algún delito ya que después de un tuit que publicó Milei el precio pasó de 0,01, dólares a 5 en pocas horas. Sin embargo, el jefe de Estado luego borró ese posteo y dijo que no estaba interiorizado en el tema. Pero algunas personas retiraron 100 millones de dólares antes de la caída del valor y otros perdieron.

Por eso se inició una causa penal en la que además del Presidente de la Nación son investigados su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; Julian Peh y Hayden Mark Davis, quienes intervinieron en la creación y lanzamiento de $LIBRA; Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores; y Novelli y Terrones Godoy, organizadores de "Tech Forum", en el que en 2024 Milei habló sobre criptomonedas.

Tal como habían anticipado los miembros de la Comisión Investigadora del caso criptomonedas $LIBRA se harán presente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para presentar un recurso extraordinario en reclamo por la falta de auxilio que la Justicia brindó para que los testigos convocados -incluida Karina Milei- acudan por la fuerza pública.

Además, preparan denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal Eduardo Taiano. En ambos casos por mal desempeño.

“Pusimos unos asesores a trabajarlo. Esta semana entraría el recurso extraordinario ante la Corte”, afirmaron fuentes consultadas de la comisión a parlamentario.com.

Además, denunciarán por falta de colaboración e incumplimiento de funcionario público a distintos miembros del Poder Ejecutivo que fueron citados y no se presentaron a la comisión: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, además de la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva.

En el trascurso del tratamiento del caso en comisión, la oposición solicitó a la justicia e auxilio de la fuerza pública para que los funcionarios acuden a prestar declaración, pero el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi se negó. Los diputados apelaron a la decisión, sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el fallo del magistrado.

Ya que los magistrados ahora no quieren involucrarse, la comisión pedirá a la Corte Suprema que dirima si debe, o no, hacerlo. Los legisladores denunciarán una falta de cooperación de los funcionarios judiciales y del Ejecutivo e incluso hablan de "encubrimiento" en la antesala a la presentación del informe final que será el próximo martes 18 de noviembre a las 16 en el Salón Delia Parodi con las conclusiones y las recomendaciones. A su vez, toda la información recabada será remitida a la causa judicial.

La Comisión Investigadora sobre la Criptomonedas $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, se reunió este martes para determinas nuevas medidas de prueba y aprobó apelar a la Corte Suprema de Justicia si el Tribunal rechaza el recurso de apelación y, además, aprobó volver a citar al presidente Javier Milei ante la misma para que preste declaraciones.

En el encuentro se resolvió requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales BBAT, Binance, Gateyo, Lemon, Ripio, Buenbit, Velo Bitget, OKX, Coin, Kraken, Crypto.com y Coinbase Coinbase la siguiente información:

1. Identificación de cuentas billeteras abiertas o vinculadas a los siguientes individuos, sea a título personal, autorizado u apoderado como integrante de una sociedad, miembro del directorio, consejo de administración, gerente, socio, gerente o en qué modo alguno lo vincule aquella de Karina Milei, Javier Milei, Manuel Adorni, Agustín Laje, Martín Menem, José Luis Espert y Fundación Faro. En caso de identificación positiva, informe datos completos de registros KC, nombre, apellido, documento, domicilio, correo, teléfono, cuentas bancarias vinculadas.
2. Historial de operaciones en la plataforma desde el primero de julio de 2024 a la fecha, incluyendo depósitos y retiros, criptos, dólares, pesos, compras y ventas de token, conversiones y transferencias internas, sanciones y valets involucradas detallando las fechas, saldos históricos y actuales.
3. Remita copia de alertas internas de compliance, reportes de operaciones sospechosas ROS, congelamientos preventivos, comunicaciones a la WIF u otros organismos regulatorios relacionados con las cuentas de los mencionados.
4. Cualquier correspondencia interna o externa que vincule a las cuentas referidas con el token Libra o con actividades de promoción de redes sociales.

También, aprobaron la autorización a las autoridades de la comisión y presidencia para interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además, se aprobó la citación al presidente de la Nación; la solicitud de expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia y a la extitular de la unidad de investigación; y una reiterativa a Fix Flow.

A su vez, los presentes aprobaron una autorización para incorporar en el juzgado federal del doctor Martínez de Georgi y la autorización para la solicitud del auxilio de la fuerza pública para los funcionarios implicados.

El debate

En principio, Ferraro procedió a leer el expediente detallado que remitió el Juez Federal Ramos a la comisión y, luego, puso en conocimiento el informe sobre el estado procesal del recurso de apelación presentado contra la resolución del 6 de octubre en el que se les denegó el pedido de auxilio de la fuerza pública y la comparecencia del fuero federal para la tramitación del pedido.

Ferraro informó que la resolución dictada el 6 de octubre del 2025, el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Penal N°8 resolvió declarar improcedente el pedido formulado por la comisión para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al cuerpo Legislativo a los señores Alejandro Melic, María Florencia Cicabo, Paula Stark y Roberto Emiliano Silva a efectos de que presten declaración testimonial.

El diputado de la CC contó que el pasado 13 de octubre presentaron un recurso de apelación para considerar que la decisión judicial resulta “manifiestamente arbitraria” porque efectúa un reconocimiento meramente teórico de las facultades implícitas del Congreso Nacional y que “se nos niega toda eficacia operativa”, por lo que consideró que “esta contradicción vacía de contenido, la prorrogativa legislativa que se nos que se reconoce en el 75 inciso 32 y transforma el reconocimiento conceptual en una mera fórmula declarativa incompatible con la vigencia efectiva del principio republicano de división de poderes”.

Además, señaló que esa decisión “desconoce la competencia del fuero federal en materia de auxilio judicial del Congreso de la Nación y desnaturaliza la finalidad política y de control institucional que subyace en la actuación de la Comisión Investigadora”.

“Hemos solicitado la tramitación urgente del recurso de apelación, así como la habilitación de días y horas inhábiles. Por resolución del 17 de octubre de 2025, la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, fijó una audiencia para el día 28 de octubre del 2025 en forma presencial en la sede del tribunal. Frente a esta providencia, el 20 de octubre le hemos solicitado se adelante la audiencia en el plazo más breve previsto, ya que la demora en la resolución del recurso podría causar un daño irreparable a los intereses de la Comisión Investigadora y a las funciones de control del Congreso de la Nación”, leyó el diputado de la CC.

En esa línea, remarcó que “la sistemática incomparecencia de los testigos citados genera un dispenso de la actividad legislativa, en tanto obstaculiza el normal desarrollo de las tareas de investigación encomendadas para la comisión, sobre todo porque los testigos citados revisten de carácter de funcionarios públicos cuyas funciones guardaban una estrecha vinculación con el objeto de investigación”.

Por último, Ferraro avisó que, en caso de que el Tribunal rechace el recurso de apelación, pondrá a consideración de la comisión la vía de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema a través de la presentación de un recurso extraordinario federal.

Al pedir la palabra, el diputado Juan Marino (UP) planteó como primera medida que se resuelva volver a citar al presidente de la Nación, Javier Milei, respetando todas las prerrogativas establecidas en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar sus dichos”.

Marino leyó la respuesta de Ripio -plataforma virtual de Argentina que ofreció Libra públicamente-, luego de que Milei afirmó ante una entrevista de la señal de TN que “perdió el Estado acá nada, digamos, perdió plata los argentinos. Te decía que tengo mis serias dudas. Digo que digo, no creo que sea más de cinco argentinos. Pero desterremos la idea que hay 44,000, o sea, son 5000 y la gran mayoría son estadounidenses y chinos”.

Ripio informó que “1358 usuarios con residencia en el país en Argentina han realizado compra o venta del token mencionado Libra. De estos existen 1329 argentinos. Al momento del lanzamiento del token, la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina”. Al respecto, Marino apuntó: “Desmiente el discurso del presidente Milei de que esto era algo solamente accesible para público hiper especializado en operatoria en criptomonedas. Entonces, esto es importante porque pone de manifiesto una afirmación abiertamente, evidentemente y objetivamente falsa por parte del presidente”.

NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN DE LIBRA EN EL CONGRESO

El exchange Ripio, la única que ofreció públicamente la criptomoneda LIBRA a las pocas horas que Milei la lanzó en sus redes, nos informó a los diputados de la Comisión investigadora que 1329 argentinos usuarios de su… pic.twitter.com/YEokV9pRIr

— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 21, 2025

En tanto, planteó que “habría que trabajar que los fondos provenientes de la operatoria de Libra podrían estar en propiedad de Javier Milei, de Karina Milei y del propio Hayden Davis”.

Por otro lado, planteó librar un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por no otorgar el contenido de las actuaciones de la UTI y para que informen bajo qué números de expediente tramitaron en el sistema de documentación electrónico del Estado argentino sus actuaciones. “Porque a esta altura una de las hipótesis que manejamos es que están ocultando algo de importancia que no quieren que conozcamos. Otra de las hipótesis que manejamos directamente es que no hicieron nada”, cerró Marino.

A continuación, su par la diputada Sabrina Selva destacó el avance de la investigación y cuestionó las “obstrucciones que nos está poniendo la justicia que nos impiden acceder al expediente judicial, que nos impide traer a los funcionarios a dar explicaciones”, y precisó que “la justicia viene avanzando más lento que la justicia en Estados Unidos”. Selva reiteró el pedido de información a Fixed Float que “es otro de los exchange que voy a pedir que se ponga a votación porque es información nueva que tenemos que reiterar”, y volvió a solicitar la presencia de los funcionarios ante la comisión para que den explicaciones.

Luego, pidió la palabra la diputada Mónica Frade (CC - ARI) hizo una moción para que se apruebe una autorización en caso que, si los plazos vencen en días que no hay reunión, el presidente de la comisión en su representación arbitre todos los medios y los escritos que haya que dejar y las apelaciones y la cuestión federal que haya que interponer porque “es imprescindible para que la causa termine su proceso”.

“Tenemos una serie de personas acá particulares que han sido citadas y no han venido. Entonces, también voy a mocionar para que se dé autorización. Por supuesto, tenemos que esperar que finalice y que resuelva la apelación sobre el uso de la fuerza pública, pero en caso de que resuelva favorablemente esta comisión, voy a solicitar que demos autorización al presidente de la comisión para que la pida sin más a Mauricio Gaspar Noveli, Terrones Godoy, Sergio Morales, Demi Reidel y para la señorita hermana presidencial Karina Milei. Así que voy a dejar mocionado esos dos pedidos”, cerró.

El diputado de izquierda Cristian Castillo adhirió a citar al presidente Javier Milei para que “dé las explicaciones del caso, es lo que corresponde. Le habíamos girado las preguntas por escrito, no las respondió, así que creo que corresponde, evidentemente, citarlo”.

“Está bien dejar de manifiesto su falta de voluntad en colaborar y aclarar respecto a todos los temas sobre los cual él tiene que dar explicaciones. Le corresponde su obligación dar esas explicaciones”, planteó y consideró que la ausencia de los funcionarios implicados “es una verdadera falta de colaboración”.

👉🏼 Presentan nueva demanda ampliada por el escándalo internacional de $LIBRA:

La Justicia de Estados Unidos recibió este martes 21 una nueva versión ampliada de la demanda colectiva que investiga el fraude internacional de los tokens $LIBRA, $M3M3, $MELANIA, $ENRON y $TRUST,…

— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2025

De forma breve, el diputado Rodolfo Tailhade (UP) sugirió que “tanto en uno como en el otro oficio incorporemos dos apercibimientos o una suerte de apercibimiento. En primer lugar, el bajo percibimiento de formular denuncia penal en orden a la posible comisión del artículo 255 del código, que dice ‘será reprimido con prisión de un mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente’. Básicamente acá estamos ante la hipótesis de un ocultamiento que tampoco descartaría que fuese una destrucción”.

El segundo oficio, propuso una advertencia al ministro de Justicia de que “nosotros estamos en condiciones de ir a pedirle el registro, el allanamiento de sus oficinas, el allanamiento del edificio del Ministerio de Justicia para que la justicia secuestre el expediente digital.

En esa línea, la diputada Margarita Stolbizer adhirió a las palabras de Tailhade: “Hay que hacer un apercibimiento sobre lo que implica el delito de obstrucción a la justicia y por las características propias de la comisión investigadora que pueden asimilarse”. “Siento que es prácticamente imposible pensar con que se va a poder cumplir con el plazo establecido en la resolución de creación y, por lo tanto, me da la impresión que eso va a ser casi imprescindible”, concluyó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó este miércoles una cuestión de privilegio contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que acusó de haber mantenido paralizado durante más de tres años el expediente de extradición del empresario Federico “Fred” Machado, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.

“La dirigencia política tuvo los recaudos para que el narco no entre en esta casa. Tenemos que trabajar para que tampoco entre en el poder judicial argentino”, expresó Valdés ante el pleno del cuerpo. Y agregó: “Queremos saber cuántos expedientes de Fred Machado tiene cajoneada la Corte, para que la Justicia no sea como la serpiente que sólo ataca a quienes tienen los pies descalzos”.

El legislador detalló que el expediente ingresó al máximo tribunal en junio de 2022, que el procurador Eduardo Casal dictaminó en abril de 2023, pero que la Corte recién falló en octubre de 2025. “Es mal desempeño en el cumplimiento de las funciones de la Corte Suprema y afectación de las obligaciones internacionales”, denunció.

Valdés sostuvo que el accionar del tribunal “incumplió la Convención de la ONU contra el tráfico de drogas, así como la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional”. Y concluyó: “También planteo esta cuestión por la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. La Corte actuó solamente ante la exposición pública del caso. Comprometió la independencia judicial, puso en riesgo”.

Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para expresar su “profunda preocupación” por la falta de definición de la Corte Suprema en torno al pedido de extradición de Federico Andrés “Fred” Machado, empresario argentino detenido en abril de 2021 en Neuquén y requerido por la Justicia de los Estados Unidos en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos transnacional.

La iniciativa lleva la firma de Ana Carolina Gaillard, Jorge Herrera, Carlos Castagneto, Sergio Palazzo, Mónica Macha, Jorge Romero, Ricardo Daives, Andrea Freites, Juan Manuel Pedrini y Jorge Chica, quienes subrayan que la demora del máximo tribunal —estimada en más de tres años y cuatro meses— “afecta la credibilidad de la Argentina en materia de cooperación judicial internacional” y obstaculiza las investigaciones en curso.

Según el texto, la gravedad de las imputaciones contra Machado, investigado en Texas como parte de una organización criminal transnacional, obliga a una respuesta judicial “pronta y efectiva”. Los diputados recuerdan que ya existe un fallo del juez federal Gustavo Villanueva, de Neuquén, que en abril de 2022 declaró procedente la extradición y dispuso que el acusado permanezca bajo arresto domiciliario hasta su entrega al país requirente.

El proyecto también detalla la participación activa de organismos argentinos en el proceso: la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Dirección de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y la Fiscalía Federal N.º 2 de Neuquén, que junto al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y la PSA lograron identificar y detener a Machado cuando ingresó desde México.

Desde el punto de vista institucional, los legisladores advierten que la dilación “opera en favor de las estructuras criminales, que pueden reorganizarse, fugar capitales y borrar rastros patrimoniales”. También plantean que la falta de definición del Máximo Tribunal puede afectar el cumplimiento de tratados multilaterales como la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada Transnacional.

El texto suma un componente político delicado: menciona publicaciones periodísticas que vinculan a Machado con dirigentes argentinos en actividad, entre ellos José Luis Espert, actual presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados. De acuerdo con investigaciones difundidas por medios como Noticias y Perfil, existirían indicios de que el empresario habría financiado parte de la campaña del legislador.

En ese marco, los firmantes exhortan a los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti a acelerar la definición del expediente “en resguardo de la cooperación judicial internacional, la transparencia institucional y la integridad de las investigaciones en curso”.

Con este pronunciamiento, Unión por la Patria busca instalar en el Congreso la preocupación por la demora en un expediente que consideran de “notoria relevancia institucional, judicial e internacional”, y que combina el avance del crimen organizado con potenciales conflictos de interés en la política argentina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a reclamar al Congreso que designe al defensor del Pueblo, cargo vacante desde 2009, y sancione una ley que regule los procesos colectivos, al cerrar la causa iniciada para extender el alcance del “fallo Badaro” a todos los jubilados y pensionados en situación similar, según consignó la agencia NA.

En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz remarcaron que el trámite del expediente se vio condicionado por la falta de un "ombudsman" que pudiera adaptar la demanda a los requisitos fijados por la propia Corte para este tipo de procesos. Además, señalaron que la sanción de la Ley de Reparación Histórica y las demandas individuales resueltas en estos años modificaron el escenario del reclamo.

El juez Ricardo Lorenzetti, en la misma línea, sostuvo que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo”, y advirtió que ese organismo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados en cuestiones patrimoniales.

El caso se remonta a la acción presentada en 2007 por el entonces defensor del Pueblo Eduardo Mondino, quien buscó que se aplicara a todos los jubilados el criterio de movilidad salarial fijado por la Corte en favor de Adolfo Badaro. La demanda había sido rechazada por la Cámara de la Seguridad Social al considerar que se trataba de derechos individuales, lo que motivó la apelación que llegó al máximo tribunal.

Al reiterar su exhortación al Congreso, la Corte recordó precedentes como el fallo “Halabi” de 2009 y advirtió que lleva más de 15 años pidiendo sin éxito una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos en el país.

La última vez que más "cerca" se estuvo de avanzar con la designación del defensor del Pueblo fue en 2017, durante la gestión Cambiemos, cuando la bicameral encargada de este proceso eligió una terna de candidatos (Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor), pero finalmente no se avanzó en el recinto.

El Senado de la Nación retomó el debate sobre la reforma de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, presididas por Alejandra Vigo y Juan Carlos Pagotto respectivamente, para analizar los proyectos de ley que modifican la composición del máximo tribunal.

Los proyectos en discusión fueron presentados por los senadores y senadoras Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).

Durante la tercera jornada, expusieron especialistas como la jueza de Cámara de Santa Fe y presidenta de la Red Mujeres para la Justicia, María Eugenia Chapero; la jueza del Tribunal de Trabajo N° 6 de Avellaneda-Lanús, Eleonora Peliza; los abogados constitucionalistas Antonio María Hernández y Alberto Spota; y la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral de Corrientes, Martha Altabe.

El debate se centró no solo en la posibilidad de ampliar la Corte Suprema, sino también en la necesidad de incorporar una perspectiva de género en su composición y en la resolución de los conflictos.

En ese sentido, Chapero advirtió que "cualquier proyecto que prevea una composición menor, por debajo de la paridad plena, institucionaliza una discriminación estructural basada en estereotipos de inferioridad o superioridad, que el Estado está obligado a desterrar". Por su parte, Peliza destacó que "parece surgir un consenso en que el Máximo Tribunal necesita adecuarse a las demandas de mayor respeto a la diversidad, la paridad de género y la consideración regional".

Respecto al tamaño del tribunal, Altabe expresó: "Que nos ocupemos de la composición y de la cuestión de género de la Corte Suprema es sumamente importante. Me inclino por una Corte de cinco integrantes porque con un mayor número, hay mayor circulación de las causas y, por lo tanto, mayor lentitud".

Finalmente, Hernández subrayó: "Hay una demanda que comparto plenamente: es lamentable que Argentina, entre muy pocos países del mundo, no tenga una mujer en la Corte Suprema de Justicia".

Un extraterrestre que hubiese llegado a la Tierra por estos días se habría llevado una imagen por lo menos errada. La de una expresidenta mortalmente enojada con tres jueces que se han convertido en su peor pesadilla. La historia no siempre es tan lineal.

Al menos esta, tiene sus matices y supo de tiempos mejores. Mucho mejores.

Hubo un tiempo en el que el kirchnerismo se vanagloriaba de haber forjado una Corte Suprema prestigiosa, que vino a reemplazar una muy distinta, el doble de grande y emparentada con el poder central. Producto de esa tarea de orfebrería, el primer presidente de la dinastía K tuvo la posibilidad de escoger nada menos que a la mayoría de los miembros del Tribunal Superior: cuatro. Casi tantos como los que pudo elegir Raúl Alfonsín cuando gozó de la posibilidad de forjar parte de las instituciones desde cero. Pero no tantos como quien tiene el récord en la materia: Carlos Menem, que en sus diez años y medio de mandato tuvo la oportunidad de nominar a una decena de cortesanos. Nunca ningún presidente pudo tanto.

Sin más prolegómenos, veamos cuáles fueron los motivos para llegar al cuadro actual, con una expresidenta envenenada con el máximo tribunal y, lo que es peor para ella, definitivamente condenada.

La mayoría automática

Para comprender el escenario actual habrá que remontarse al origen que muestra justamente la génesis de esta Corte, que sucede a la que armó Carlos Menem poco después de llegar al poder y fue conocida despectivamente como “la mayoría automática”.

Sucede que poco después de asumir, el riojano cuestionó la composición de la Corte, que consideraba “alfonsinista”. Por eso en 1989 impulsó un proyecto de ley aumentando el número de miembros de 5 a 9 y, con mucho esfuerzo y renuncias -en el camino quedaron dos de los jueces designados en el 83 por Alfonsín, José Severo Caballero y Jorge Antonio Bacqué-, Menem consiguió ampliar la Corte al número deseado.

En febrero de 2002, tiempos del “que se vayan todos”, Eduardo Duhalde dio el visto bueno para impulsar el juicio político a todos los integrantes de ese tribunal. Sin éxito, por cierto, ya que en ninguno de los casos llegaron a obtener los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados para que prosperara esa medida. Más bien se consiguió el efecto contrario: se fue uno de los más prestigiosos integrantes de esa Corte, Gustavo Bossert. Presentó su renuncia el 21 de octubre de 2002, habiendo sido durante el fallido proceso iniciado durante el duhaldismo contra el Tribunal Superior el que menos acusaciones reunió para el pedido de juicio político. “Me han hartado los infundados cargos”, confesó Bossert al tomar tal decisión. Dijo entonces que las circunstancias que debió afrontar le habían “quitado el ánimo y hasta el entusiasmo que exige la tarea judicial, particularmente la vasta y compleja tarea de este tribunal a cuyo cargo está el dictado de varias miles de sentencias al año”, señaló.

Tan es así, que el hoy nuevamente diputado nacional Sergio Acevedo, que como presidente de la Comisión de Juicio Político de entonces había manejado ese proceso en 2002, consideró el de Bossert “un gesto que otros deberían imitar y contribuiría a recuperar el prestigio de la Corte”.

No fue lo que hicieron los otros jueces que, por el contrario, permanecieron en sus cargos hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder. El santacruceño se encontró el 25 de mayo de 2003 con una Corte Suprema integrada por ocho miembros: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Augusto Belluscio. Los cinco primeros habían sido designados por Menem.

Néstor Kirchner había llegado al poder con una debilidad de origen que era la escuálida cantidad de votos obtenida en las primeras elecciones realizadas tras la crisis de 2001. Sin haber podido validar sus pergaminos en un balotaje, reconocía su debilidad institucional que creyó desafiada cuando el presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno tuvo declaraciones que desataron la ira del santacruceño. Abordado por los periodistas en Tribunales, le habían preguntado si avalar el corralito bancario no era una forma de extorsionar al Gobierno, a lo que Nazareno respondió con un “dejate de joder”.

En rigor, Nazareno no había sido el primer apuntado por Kirchner, sino otro juez que no era parte de la mayoría automática: Carlos Fayt, a quien el kirchnerismo naciente acusaba de haber firmado el fallo que había redolarizado un depósito de San Luis en el Banco Nación, que había sido incluido en el corralito y pesificado, siendo que el propio Fayt tenía un depósito pesificado en el Banco Nación. Las aguas se calmaron con ese juez luego de que aceptara la devolución de su depósito en bonos a largo plazo.

En cambio Nazareno había amenazado al Gobierno con dictar un fallo redolarizador que precipitaría las demandas judiciales, comprometiendo al sensible sistema financiero. Kirchner lo consideró una “extorsión”.

Y lo dijo en junio de 2003, en el marco de una cadena nacional en la que criticó duramente a Nazareno por sus declaraciones públicas y su rol en la Corte, y llamó al Congreso a iniciar un juicio político contra él y otros miembros del tribunal. Dio inicio así a un nuevo proceso de juicios políticos contra el Tribunal Superior que esta vez se realizó de manera paulatina: uno por uno.

El primer enjuiciado fue obviamente Nazareno, que presentó su renuncia el 28 de junio de 2003, dos semanas antes de que se iniciara el proceso en su contra. “Es un paso muy importante para que la Justicia sea digna, honesta y creíble”, dijo al enterarse el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz. El kirchnerismo fue entonces por el resto de los jueces.

Fue el turno entonces de Eduardo Moliné O’Connor, quien dejó claro de entrada que no pensaba en renunciar. El juicio avanzó entonces y el 14 de agosto de 2003 la Cámara baja aprobó por amplia mayoría el juicio político luego de encontrarlo culpable de “mal desempeño” en sus funciones en base a 9 acusaciones que formaron parte de la investigación. El Senado terminó suspendiéndolo en el cargo el 9 de octubre de 2003, y fue destituido el 4 de diciembre venidero, habiendo sido considerado culpable de 2 de las acusaciones.

Su destitución por esa vía fue un hecho histórico, pues no sucedía algo así desde 1947.

El 23 de octubre de ese mismo año la Comisión de Juicio Político que presidía el diputado tucumano José Falú había abierto el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo López, quien renunciaría el 22 de octubre de 2003.

Paralelamente, Néstor Kirchner designaba en la Corte al primer cortesano que eligió: Raúl Eugenio Zaffaroni, que asumió en lugar de Eduardo Nazareno

Designado en tiempos de Alfonsín, a Enrique Petracchi también le iniciaron un proceso que la Comisión de Juicio Político desestimó en marzo de 2004, cuando verificó que no había recibido una transferencia de 580 mil dólares en tiempos del rebalanceo telefónico. En cambio sí se inició un proceso contra Adolfo Vázquez, quien al ver que la causa avanzaba rápidamente presentó su renuncia el 2 de septiembre de 2004.

De los jueces de la mayoría automática, Antonio Boggiano era el último que quedaba y el Senado terminó destituyéndolo el 29 de septiembre de 2005, con el voto de los 56 senadores presentes en la sesión.

Mientras tanto, Néstor Kirchner había ido cubriendo los cargos que se desocupaban. El 9 de junio de 2004 designó a Elena Highton de Nolasco, quien se convirtió así en la segunda mujer en ser nominada en la Corte Suprema argentina en la historia, pero la primera en el marco de un gobierno democrático, ya que su antecesora era Margarita Argúas, designada durante el Gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Highton de Nolasco reemplazó a Eduardo Moliné O’Connor.

Por Adolfo Vázquez, Kirchner eligió a Ricardo Lorenzetti para reemplazarlo, el 12 de diciembre de 2004. En tanto que otra mujer, Carmen Argibay, asumió en la Corte el 3 de febrero de 2005 en lugar de Guillermo López.

Concluido el proceso de renovación, permanecían en la Corte que encontró Kirchner Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, designado este último por Eduardo Duhalde.

Un decreto fundacional

Un dato fundamental de esta historia lo constituye el decreto 222/2003 firmado por Néstor Kirchner el 19 de junio de 2003, que establecía un nuevo procedimiento para la designación de jueces de la Corte. Fue presentado con el objetivo de “transparentar y democratizar” el proceso de selección de magistrados, estableciendo el mecanismo de audiencias públicas por el cual los magistrados debían someterse a interrogatorios donde se evaluaría su idoneidad.

Se estableció un mecanismo de audiencias públicas por el cual los candidatos debían someterse a audiencias donde se evaluara su idoneidad; con participación ciudadana, ya que se habilitaba un período para que los ciudadanos, ONG, universidades y otras instituciones pudieran presentar observaciones u objeciones sobre los postulantes.

El kirchnerismo reivindicó esa medida como un hito en la refundación institucional de la Corte Suprema de Justicia.

La reducción de la Corte

Y el paso siguiente fue su reducción. La impulsó la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Fue en 2006, cuando presentó una ley para volver la cantidad de jueces de la Corte a su número histórico de cinco miembros. “Es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una  sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros”, dijo en su discurso el 29 de noviembre de 2006, cuando se convirtió en ley la norma que derogaba la normativa impulsada por Menem para llevar el número de integrantes de la Corte a 9.

La ley fue promulgada el 15 de diciembre de 2006 y representó la frutilla del postre de esa reforma judicial original que el kirchnerismo impulsó para fortalecer la independencia del Poder Judicial y revertir la influencia menemista en la CSJN.

“El decreto 222 marcó un hito. Que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo es algo inédito”, planteó también Cristina Kirchner en el recinto de la Corte.

Ya fuera del Gobierno nacional que encabezó durante dos períodos, Cristina Fernández de Kirchner confesaría su arrepentimiento por esa decisión. Fue en 2016, ya en tiempos de Cambiemos, cuando comenzó a sufrir el asedio judicial, por entonces encabezado por el juez Claudio Bonadio. El magistrado la había convocado para indagarla sobre la causa “dólar futuro”, y así regresó a Buenos Aires desde el sur. Mantuvo reuniones con las bancadas kirchneristas del Congreso. El 21 de abril de ese año se reunió con 23 senadores en el Instituto Patria, y en el transcurso de la conversación criticaron la designación “en comisión” de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte Suprema. La expresidenta se refirió a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Mauricio Macri.

Durante esa charla, se habló de la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. Hizo en ese contexto su primera autocrítica, por haber impulsado diez años antes la reducción del número de integrantes de la Corte. Debió haber hecho lo contrario, reflexionó, y se mostró partidaria de dividir al tribunal en salas especializadas, una idea de Eugenio Zaffaroni.

 

El origen de la ruptura

La relación respetuosa entre los gobiernos kirchneristas y la justicia en general -y la Corte Suprema en particular- tuvo momentos de tensión, pero comenzó a desmadrarse promediando la segunda gestión de Cristina Kirchner. Fue especialmente en 2013, cuando algunos fallos contra iniciativas clave del Gobierno de Cristina comenzaron a alterar el trato.

Un momento clave fue el que sobrevino con la Ley de Medios. Y si bien la Corte declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también estableció límites al uso de la publicidad oficial y defendió la libertad de expresión, lo que fue interpretado como una advertencia al Gobierno.

Siempre tiempista, el tribunal emitió ese fallo trascendente dos días después del resonante triunfo de Sergio Massa en las elecciones intermedias de 2013. Y más allá de que representara un bienvenido reconocimiento para el kirchnerismo, varios puntos del fallo generaron malestar en ese Gobierno. por ejemplo, que la Corte estableciera que los grupos de medios, como Clarín, que debían desprenderse de licencias por superar los límites establecidos, debían ser indemnizados por el Estado. Esta exigencia fue vista como una concesión a ese grupo y como una carga económica para el Estado que el kirchnerismo no esperaba ni deseaba.

El fallo también incluía fuertes advertencias al gobierno sobre cómo debía aplicarse la ley. Por ejemplo, advertía que los medios públicos no debían ser instrumentos de propaganda oficial; que el organismo regulador (AFSCA) debía ser independiente del poder político; y exigía transparencia en la distribución de la publicidad oficial y respeto por la igualdad y el debido proceso.

Pero ya la relación venía herida a partir de lo sucedido con la reforma judicial que el kirchnerismo impulsó en el año 2013. Pomposamente presentada como “Democratización de la Justicia”, el proyecto K consistió en un paquete de seis leyes propuestas por el Poder Ejecutivo, que el Congreso terminó aprobando el 25 de abril de 2013.

Entre los objetivos que declaraba el Gobierno K para implementar esa reforma se destacaba la intención de hacer más transparente y accesible el Poder Judicial; democratizar el acceso a cargos judiciales; y agilizar los procesos judiciales.

Entre las medidas que incluía el paquete de medidas, una de las más controversiales era sin duda la reforma del Consejo de la Magistratura, que ampliaba el número de miembros y establecía que sus integrantes serían elegidos por voto popular. Eso fue muy criticado por sectores que lo consideraban una forma de politizar el órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces.

Por otra parte se creaban tres nuevas cámaras para descomprimir la Corte Suprema y acelerar los procesos judiciales. También se limitaba el uso de medidas cautelares que pudieran frenar decisiones del Gobierno, lo que fue visto como un intento de restringir el control judicial sobre el Ejecutivo.

Fue un procedimiento veloz impulsado en un año electoral en el que podía cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, como en efecto sucedió. Cristina Kirchner anunció la reforma judicial el 8 de abril de 2013, durante un acto en la Casa Rosada en el que presentó los seis proyectos de ley. Diputados aprobó buena parte de esa reforma en una extensa sesión que duró casi un día completo el 25 de abril de 2013. El Senado la convirtió en ley el 8 de mayo.

La reforma fue fuertemente resistida por la oposición, el Colegio de Abogados, ONGs y sectores del Poder Judicial, y finalmente la Corte Suprema declaró inconstitucionales partes clave de la misma, especialmente la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el 18 de junio de 2013.

Fayt en la mira

A diferencia de su esposo, Cristina no pudo designar a ningún nuevo juez en la Corte, a pesar de haber sido presidenta en dos períodos y haberse producido vacantes. Tras la renuncia de Zaffaroni, ella propuso a Roberto Carlés, un joven jurista cercano al kirchnerismo, cuyo pliego nunca fue tratado en el Senado.

Antes de dejar el poder, retiró el pliego de Carlés y de manera testimonial -pues era obvio que no serían tratados- mandó los pliegos de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín como reemplazos de Zaffaroni y Fayt. Fue a finales de octubre de 2015, a poco del balotaje que terminaría ganando Mauricio Macri, quien al asumir retiró esos pliegos y propuso -ya se sabe cómo y lo hemos dicho- otros dos que sí fueron aprobados por el Senado.

Zaffaroni había renunciado el 31 de octubre de 2014, al haber alcanzado la edad máxima permitida por la Constitución para ocupar un lugar en el máximo tribunal, mientras que Fayt había dejado posdatada su renuncia al 11 de diciembre venidero.

Precisamente con Fayt había mantenido el kirchnerismo una relación tormentosa en sus últimos tiempos, cuando ese gobierno -molesto por sus fallos- comenzó a buscar con él generar una vacante. Empezó entonces a bombardear al reconocido jurista con el argumento de su edad avanzada. Carlos Fayt tenía más de 97 años y seguía en funciones, justificándose en que el límite de 75 años que había dispuesto la reforma constitucional de 1994 no corría para él, que había sido nombrado antes de esa reforma. Además, una acordada de la propia Corte lo respaldaba.

El kirchnerismo lo había puesto en la mira, cuestionando su salud mental. El entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández puso en duda la capacidad de Fayt para ejercer su cargo, especialmente después de que firmara una acordada que ratificaba a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte.

El oficialismo llegó a impulsar una subcomisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el estado de salud de Fayt. Fueron convocados médicos y se llegó a solicitar un examen para evaluar su capacidad. Presionaron también con impulsar un juicio político, pero a pesar de todo eso Fayt resistió, con la opinión pública a su favor, lo mismo que sectores del derecho y por supuesto la oposición parlamentaria que lo blindó ante el juicio político que no pudo avanzar.

Carlos Fayt no quiso darle el gusto a Cristina de irse antes que ella, y así es que anunció su renuncia en septiembre de 2015, efectiva a partir de diciembre de ese año, poco antes del cambio de gobierno.

Las denuncias de lawfare

Ya fuera del poder, Cristina Kirchner comenzó a recorrer los tribunales por las causas que tomaron impulso con ella ya fuera del Gobierno. Así es que comenzó a denunciar lawfare. Su tirria era con buena parte de la justicia que ella quiso reformar sin éxito, y obviamente fue potenciando su enojo con una Corte que ya no era la que había forjado su esposo entre 2003 y 2007.

No pocas veces ese tribunal quedó en la mira K durante la gestión de Cambiemos, pero una de las más notorias fue con el controvertido fallo dictado el 3 de mayo de 2017 que aplicaba el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Se trataba de un beneficio establecido por la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que permitía computar doble el tiempo de la prisión preventiva que excediera los dos años. El caso específico beneficiaba a Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por su participación en secuestros y torturas cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar. Muiña había estado detenido preventivamente desde 2007, por lo que su defensa solicitó aplicar el 2x1 para reducir su condena.

La Corte convalidó ese fallo con un resultado dividido: 3 a 2. Votaron a favor Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes argumentaron que debía aplicarse el principio de la ley penal más benigna, aunque la ley ya había sido derogada; mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron en contra.

El fallo generó una enorme reacción negativa, con movilizaciones en todo el país, rechazo de organismos de derechos humanos y llevó al Congreso a sancionar de manera exprés una nueva ley, la 27.362, que aclaraba que el beneficio del 2x1 no podía aplicarse a delitos de lesa humanidad.

En diciembre de 2018, la misma Corte revirtió su postura en otro caso (Rufino Batalla), estableciendo que el 2x1 no era aplicable a crímenes de lesa humanidad. Esta vez, la mayoría fue de cuatro votos contra uno.

Las “reformas” de Alberto Fernández

Cambiemos perdió las elecciones de 2019 y Cristina volvió al poder, aunque formalmente integrando tan solo la fórmula con quien ella designó para encabezar, Alberto Fernández. Quien contradiciendo sus dichos de antaño también enarboló el discurso del lawfare y hasta llegó a reunirse con Lula en 2019, siendo él candidato presidencial y el brasileño estando preso en un penal de Curitiba.

Los operadores judiciales durante la gestión de Alberto fueron siempre camporistas y todo lo que impulsó durante su gestión tuvo detrás el impulso cristinista. Como la reforma judicial que presentó en 2020, una de las más ambiciosas de su gestión, que supuestamente venía a despolitizar y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial; desconcentrar el poder de decisión en pocos jueces federales, y agilizar los procesos judiciales, especialmente en causas complejas como corrupción, narcotráfico y trata de personas.

El Gobierno de Alberto Fernández se propuso fusionar los 12 juzgados federales criminales con los 11 de penal económico en la Ciudad de Buenos Aires. Además, duplicaría la cantidad de juzgados para evitar la concentración de poder en pocos magistrados.

Un grupo de juristas de renombre fue convocado para asesorar al Ejecutivo sobre posibles reformas estructurales, incluyendo el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

El proyecto fue aprobado por el Senado en agosto de 2020, pero nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. La falta de consenso político y las críticas de la oposición, que lo consideraban un intento de influir en causas judiciales sensibles, frenaron su avance.

El choque entre el kirchnerismo y la Corte se intensificó a partir de un fallo del máximo tribunal de diciembre de 2021 sobre el Consejo de la Magistratura. Recordemos que estaba vigente desde 2006 una ley impulsada por Cristina Kirchner, que había reducido la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13, como así también excluía al presidente de la Corte de su conducción. Esto aumentaba el peso de los representantes políticos dentro del organismo.

El fallo de la Corte de diciembre de 2021 declaraba inconstitucional esa reforma de 2006, argumentando que rompía el equilibrio de representación exigido por la Constitución. Así las cosas, ordenaba volver a la composición anterior (20 miembros) y designaba al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como titular del Consejo.

El kirchnerismo, especialmente desde el Senado bajo la presidencia de Cristina Kirchner, resistió la implementación del fallo. Hubo maniobras para designar representantes propios en el Consejo, lo que generó nuevas tensiones con la Corte y hasta un fallo que invalidó lo actuado. Desde entonces, el conflicto se convirtió en un símbolo de la disputa más amplia entre ese oficialismo y el Poder Judicial.

En el ínterin, el Congreso no había logrado consensuar una nueva ley, como sugería el máximo tribunal, pero dando un tiempo perentorio, por lo que se volvió a la estructura previa a 2006. El kirchnerismo denunció un “golpe institucional” por parte de la Corte, mientras que el tribunal defendió su rol como garante de la Constitución.

La ampliación de la Corte 

Otro intento que quedó en la nada fue el de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. Fue en 2022, y originalmente el proyecto pretendía elevar el número de cortesanos de 5 a 25, con el argumento de asegurar una representación federal, garantizar la paridad de género y mejorar la eficiencia y pluralidad del Tribunal Supremo.

El proyecto avanzó en el Senado, donde fue aprobado el 22 de septiembre de 2022 con 36 votos a favor y 33 en contra. Eso sí, durante el debate, se modificó la propuesta original y se redujo la cantidad de miembros proyectados de 25 a 15. Fue a instancias del gobernador rionegrino, cuyo voto en el Senado era clave.

Pero a pesar de la media sanción, el proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobarlo. La oposición lo rechazaba de plano, acusando al kirchnerismo de querer politizar la Corte y presionar al Poder Judicial en medio de causas judiciales sensibles para Cristina Fernández de Kirchner.

La relación del cuarto gobierno kirchnerista con la Corte Suprema estuvo marcado por constantes cortocircuitos, como el que generó otro fallo del Tribunal Superior, en este caso sobre la coparticipación de CABA, emitido el 21 de diciembre de 2022.

Fue una decisión clave en el conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la distribución de fondos coparticipables, que tuvo su origen dos años antes, cuando en plena pandemia el presidente Fernández firmó un decreto reduciendo el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, del 3,5% al 2,32%, con el argumento de destinar esos fondos a la provincia de Buenos Aires para atender una protesta salarial de la Policía Bonaerense.

A instancias de Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad presentó un amparo ante la Corte y consiguió una cautelar a su favor. Allí se ordenaba que el Estado le transfiriera a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, de forma diaria y automática a través del Banco Nación.

Como había habido en el ínterin una ley que respaldó lo dispuesto por decreto en 2020, el fallo de la Corte suspendía la Ley 27.606, estableciendo que mientras se resolvía la cuestión de fondo, el Estado nacional debería abstenerse de aplicar esa ley que había reducido la participación de CABA en la coparticipación.

El fallo reafirmaba también que desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo, y por lo tanto debe participar plenamente en el sistema federal de coparticipación.

El juicio político a la Corte

Y llegamos al principal punto de quiebre entre el kirchnerismo y el Tribunal Superior, que fue cuando el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proceso de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El propio Alberto Fernández anunció públicamente el 1 de enero de 2023 que impulsaría el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. La decisión se basaba originalmente en fallos judiciales que el oficialismo consideraba parciales o contrarios a la Constitución; y filtraciones de chats entre funcionarios judiciales y políticos que, según el kirchnerismo, evidenciaban connivencia y falta de imparcialidad.

El pedido fue presentado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, a sabiendas de que nunca prosperaría, pues ese oficialismo no contaba con los 2/3 necesarios para que el proceso pudiera llevarse a cabo después en el Senado. Así y todo ese oficialismo dedicó todo su último año en el poder a debatir casi semanalmente el tema en la Comisión de Juicio Político, centrando sus acusaciones en la supuesta malversación de fondos del Poder Judicial; fallos que según el oficialismo violaban la división de poderes, e irregularidades en el manejo del Consejo de la Magistratura.

Pasaron las elecciones presidenciales y la comisión, que ya había perdido casi todo el impulso inicial, terminó emitiendo un dictamen que nunca llegó al recinto. Ese oficialismo nunca lo mandó a sabiendas de que no contaba con los dos tercios.

No hubo entonces consecuencias para los jueces de la Corte, que jamás atendieron los requerimientos que desde esa comisión se les hicieron.

Para entonces, Cristina Fernández de Kirchner ya había sido condenada por un tribunal oral por corrupción. El fallo fue ratificado luego por la Cámara y -hace pocos días- convalidado por la Corte Suprema de Justicia. Sellando una ruptura definitiva entre el kirchnerismo y el máximo tribunal.

Unión por la Patria calificó el fallo como parte de una "persecución política, mediática y judicial". La expresidenta habla desde hace tiempo de un “Partido Judicial” que busca condicionar la voluntad popular, y calificó a los jueces de la Corte como un “triunvirato de impresentables” y “monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, sugiriendo que no actúan con independencia sino bajo presiones externas.

Respecto del caso en sí, la defensa de Cristina cuestiona la incorporación de pruebas como el llamado “plan limpiar todo”, que habría sido introducido de forma irregular por el fiscal Diego Luciani. Alegaron que se violó el principio de congruencia y que hubo manipulación del proceso.

Amén de ello, sostienen que el fallo tiene un efecto proscriptivo, ya que impide a Cristina Kirchner presentarse como candidata, lo que consideran un intento de excluirla del juego democrático.

Como sea, por tratarse de la Corte Suprema, la decisión es definitiva. Como definitiva es la ruptura de una relación que, como queda claro en este informe, supo ser muy distinta.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció con firmeza contra los proyectos legislativos que impulsan una ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un comunicado difundido este viernes, la institución expresó su “honda preocupación” por lo que considera una posible alteración del equilibrio institucional y una amenaza a la seguridad jurídica del país.

Según el Colegio, la modificación del número de jueces no contribuiría a mejorar la eficiencia ni la independencia del máximo tribunal. Por el contrario, advierten que podría generar “dinámicas disfuncionales”, ralentizar los procesos judiciales y debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

“La Corte Suprema ha funcionado históricamente con cinco miembros, salvo excepciones puntuales y ligadas a coyunturas políticas. Esa estructura ha demostrado ser efectiva y ha contribuido a la estabilidad institucional”, señala el texto.

En medio del debate político sobre la composición del tribunal, el Colegio también se refirió a la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad de género en la Corte. En ese sentido, reafirmaron su compromiso con la paridad, pero aclararon que esta debe lograrse sin modificar la cantidad de jueces actuales.

“La representación equitativa de hombres y mujeres es fundamental para una justicia más diversa y representativa. Pero esto debe alcanzarse priorizando la idoneidad de los candidatos y sin alterar la estructura vigente”, remarcaron.

Finalmente, la entidad advirtió que cualquier intento de modificar la Corte sin amplios consensos podría ser percibido como una injerencia política. “El fortalecimiento del Poder Judicial requiere estabilidad, no medidas que respondan a conveniencias circunstanciales”, concluye el comunicado.

Desde su rol institucional, el Colegio de Abogados porteño se comprometió a seguir defendiendo la independencia judicial, la Constitución Nacional y una Corte Suprema que combine legitimidad, idoneidad y paridad de género.

Introducción

En una resolución judicial reciente, al conceder la prisión domiciliaria a una dirigente política de profunda gravitación histórica, el tribunal interviniente estableció que la condenada “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

A primera vista, la fórmula parece anodina. Pero bajo su apariencia neutral se esconde una fórmula ambigua, susceptible de aplicación arbitraria y con un sesgo punitivo incompatible con el orden constitucional argentino. Más aún cuando se la interpreta como una restricción no al obrar de la persona condenada, sino a las manifestaciones espontáneas de afecto o respaldo político que otros expresan hacia ella.

El poder punitivo tiene límites. Y esos límites no desaparecen en la etapa de ejecución de la pena. Imponer sanciones fundadas en el comportamiento de terceros, ajenos al proceso, desborda la legalidad y desnaturaliza la finalidad de la pena. Más grave aún: abre la puerta a la utilización del derecho penal como herramienta de disciplinamiento simbólico de fenómenos sociales y políticos.

1. El marco jurídico: derechos fundamentales y ejecución penal

El derecho de ejecución penal no es un atributo discrecional del Estado. Está regido, en el Estado de Derecho, por principios constitucionales y por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes (art. 75 inc. 22 CN).

El artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza el debido proceso en todas las fases del juicio, incluidas la ejecución de la pena y las medidas restrictivas asociadas. Además, establece un límite ético y jurídico al accionar estatal: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas; y toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5.2) agrega que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, y prohíbe “penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La Ley 24.660, por su parte, en su artículo 2°, establece un principio clave: “El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la sentencia”. Las restricciones deben tener base legal, ser proporcionales, necesarias para los fines de la pena y respetuosas de la dignidad humana.

III. ¿Puede una persona ser responsable por lo que otros hacen?

No. En nuestro sistema penal, la responsabilidad es estrictamente personal. No se puede sancionar ni limitar a una persona por los actos de terceros. Este principio, de raíz liberal garantista, es esencial para evitar abusos del poder estatal.

La presencia de una persona condenada en el balcón de su domicilio no constituye en sí misma un acto que perturbe la convivencia social.Es solo presencia. Y el efecto político que esa presencia produce no puede ser una causa para restringir derechos.

El juez no puede prohibirle “existir” a la persona condenada ni exigirle que “modere” las manifestaciones espontáneas de afecto popular que provoca. Ello es jurídicamente inadmisible. Es tanto como exigirle que deje de ser quien es. Que renuncie al vínculo histórico que la une con millones. Que disuelva su identidad política.

El afecto no es delito. Y el afecto no se regula por sentencia.

1. ¿Puede el juez limitar la conducta de terceros no sometidos al proceso?

Tampoco. Las personas que se manifiestan frente al domicilio de una figura pública ejercen derechos constitucionales fundamentales: libertad de expresión, de reunión, de asociación y de petición a las autoridades (arts. 14, 32 y 33 de la CN).

Esos derechos solo pueden ser restringidos por ley, en casos excepcionales, y con criterios de necesidad y proporcionalidad. Presumir que toda manifestación frente a un domicilio implica perturbación o amenaza resulta no solo jurídicamente infundado, sino políticamente regresivo

El afecto social no se disciplina por resolución judicial. Ni se puede exigir a quien recibe apoyo que lo desactive. Esa lógica invierte el principio de libertad y abre la puerta a un derecho penal de autor, donde no se castigan conductas, sino biografías, afinidades, símbolos.

El Estado tiene facultades para ordenar el espacio público, pero no puede castigar la adhesión popular ni convertir a una figura política en objeto de escarnio o reclusión afectiva.

El juez no puede, por vía indirecta, impedir que una comunidad exprese su afecto o identidad política, ni responsabilizar a la persona condenada por ese fenómeno. Tal pretensión implicaría una forma de censura inaceptable en un Estado de derecho.

1. El castigo simbólico: cuando el derecho penal persigue lo que se representa

El poder judicial no puede utilizar el derecho de ejecución penal para “neutralizar” una figura pública o controlar el impacto social que produce su mera existencia. Eso excede el marco legal y configura un uso político del derecho penal.

Las expresiones como “perturbar la tranquilidad” o “alterar la convivencia” son deliberadamente vagas. Su ambigüedad habilita interpretaciones arbitrarias. No definen una conducta prohibida; definen un estado de ánimo que molesta al poder. Son, en rigor, fórmulas habilitantes para el castigo simbólico.

En ese escenario, lo que se persigue no es una transgresión legal, sino una osadía política: la de seguir siendo amada. La de no desaparecer del escenario público. La de seguir generando adhesión popular sin micrófono, sin poder formal, sin estructura partidaria. La de perdurar en la memoria.

1. Comunicación, poder y la imposibilidad de censurar el afecto

Desde una mirada comunicacional, la reacción institucional revela más temor que justicia. Un saludo desde un balcón se transforma en noticia, en gesto, en mensaje. No necesita palabras. Provoca una movilización afectiva que el poder no puede controlar.

Frente a ese fenómeno, el intento de regular el afecto por vía judicial no solo es inviable: es contraproducente. Solo exhibe el fracaso de una estrategia de disciplinamiento simbólico que, lejos de borrar, reafirma el vínculo entre la líder y su gente.

Ni la ley, ni los tribunales, pueden interrumpir el eco que una historia viva deja en millones.

VII. Conclusión

Imponerle a una persona condenada que se abstenga de provocar manifestaciones de afecto es jurídicamente improcedente. Y pretender que esa cláusula alcance a quienes libremente expresan su respaldo político es lisa y llanamente inconstitucional.

El poder judicial debe garantizar derechos, no regular afectos. No se puede convertir al derecho de ejecución penal en un instrumento para acallar símbolos ni para reprimir lo que ya está en nuestra historia.

No es su conducta. Es su existencia.

No es el balcón. Es la gente.

Y eso —como toda verdad profunda en democracia— no puede silenciar una sentencia judicial.

Daniel Kiper es abogado. Especialista en Derecho Penal.

El diputado nacional por Neuquén Pablo Cervi analizó la coyuntura política nacional, el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad y los desafíos económicos que enfrenta la Argentina en esta nueva etapa de reordenamiento y apertura.

Cervi valoró el reciente pronunciamiento del máximo tribunal que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción vinculados a la obra pública. “Es muy importante que se haya hecho justicia. Este fallo envía una señal clara y contundente: en un país serio no puede haber privilegios ni impunidad. Nadie está por encima de la ley”, afirmó. Y agregó: “Quien comete delitos debe cumplir su condena, sin importar el cargo o el apellido. Así empieza una nueva etapa, donde la justicia no se negocia y el futuro se construye con transparencia”.

Durante la entrevista realizada en el programa Orden del Día, de Diputados TV, el legislador de Liga del Interior sostuvo que este tipo de decisiones judiciales son claves para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y consolidar un nuevo contrato social basado en la legalidad y la rendición de cuentas: “En un país que quiere salir adelante, no puede haber impunidad para nadie, por más poder político que tenga”.

En otro tramo de la conversación, Cervi se refirió a la situación económica del país y destacó que ya se comienzan a ver señales positivas derivadas de las medidas implementadas por el Gobierno nacional. “Estamos en un proceso de estabilización. La reducción de la inflación, el orden fiscal, la apertura al mundo y la recuperación de reservas son pasos fundamentales para que vuelvan las inversiones y se ponga en marcha el motor de la producción”, sostuvo.

En ese contexto, resaltó el potencial de la Cuenca Neuquina como uno de los principales motores del desarrollo nacional. “Vaca Muerta ya está generando un impacto real. Este año, las exportaciones de petróleo crecieron un 24%, y gran parte del crudo que sale del país proviene de nuestra región. Eso es trabajo, divisas, infraestructura y futuro”, remarcó.

Para Cervi, los recursos estratégicos como la energía y la minería deben ser el eje de un nuevo modelo productivo basado en la competitividad, la innovación y la inserción internacional. “Tenemos el potencial para transformar nuestra matriz productiva y posicionarnos en el mundo. Pero para eso hace falta seguridad jurídica, reglas claras y un Estado que acompañe en lugar de entorpecer”, advirtió.

Finalmente, el diputado reafirmó su compromiso con una Argentina que se proyecte con seriedad, transparencia y apertura: “Hay una expectativa muy grande de que el país salga adelante. Muchos sectores deberán adaptarse a una nueva lógica basada en la eficiencia y la competencia. Ese es el camino”.

“Vamos a luchar hasta que Cristina quede libre”, sintetizó este sábado el senador nacional Eduardo Wado de Pedro, metido de lleno en la campaña en pro de la liberación de la expresidenta de la Nación.

Sostuvo que todo el Partido Justicialista está organizándose en ese sentido y condicionó al próximo gobierno respecto de lo que vaya a suceder con Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones a Radio 10, el senador bonaerense sostuvo que “la consigna siempre va a ser ‘libertad a Cristina’”, y en ese sentido consideró “paradójico” que un concepto como el de libertad, que es con el cual llegó Javier Milei al Gobierno vaya a terminar usándolo el kirchnerismo como bandera.

“Libertad al lado de la palabra Cristina”, reseñó Wado de Pedro. “Es el concepto que nos va a marcar una agenda de lucha, electoral, de planificación para las elecciones de 2025 y de 2027”, agregó.

El senador cargó contra “los que piensan que persiguiendo al peronismo, encarcelando a un dirigente del peronismo, se terminan esos 70, u 80 años… siempre están con esa cantinela”. Y precisó que “lo que no saben es que el peronismo tiene una ética, tiene una mística” que marca que “cuanto más nos pegan, cuanto más nos persiguen, más pasión, más mística y más organización despiertan”.

Durante la entrevista, De Pedro se refirió a las reuniones que se están haciendo en el Partido Justicialista para convocar para la marcha del miércoles que viene. En las mismas, “lo que se escucha permanentemente es ‘vamos a luchar hasta que Cristina quede libre’. Vamos a luchar y nos vamos a organizar, y todos los que estaban peleados, los que estaban distraídos, los que se dedicaban más a las internas que a las cuestiones importantes, están ubicándose en la historia de que estamos ante un cambio de época y lo que hay que hacer es defender al Movimiento Nacional, defender a Cristina, pelear para que salga libre y volver a organizarnos”.

“Cristina dijo: estén al lado de cada uno de los sectores que están atacados por el Gobierno de Milei; pasen a ser dirigentes, vuelvan a representar, dejen de ser militantes electorales y vuelvan a ser militantes políticos”, recordó el senador camporista desde las puertas de la sede partidaria de la calle Matheu, donde estaba por participar de una reunión con intendentes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. “Lo que han hecho es despertar esa fibra más sensible, esa fibra que en el peronismo genera una épica”, aseguró, garantizando que “nos vamos a organizar muchísimo mejor y vamos a enfrentar no solo las elecciones de 2025 y 2027, sino también vamos a realizar una fuerte campaña para que Cristina quede libre”.

En ese sentido advirtió que “por supuesto, la primer condición que tiene que cumplir el gobierno que viene es ‘Cristina libre’; y la segunda, no solo por el sistema democrático, sino también por el nivel de extorsión que tiene el resto de los empresarios y el resto del sistema civil y comercial de la Argentina, cuando tenés un Poder Judicial copado por una mafia, vinculado a Mauricio Macri y al Grupo Clarín”.

“Es una mafia articulada que persigue empresarios y persigue dirigentes”, concluyó.

La pantomima del presidente Javier Milei para impedir que el Congreso votase la ley de Ficha Limpia, que deja afuera de las elecciones a los postulantes que tienen condena, no la creyó ni el establishment ni la Corte Suprema, que el martes hizo trizas el acuerdo Milei-Cristina para que nadie sea encarcelado.

El pacto entre ambos líderes nació ya con la asunción del jefe de Estado, el 10 de diciembre de 2023, y establecía que ninguno de ellos iría preso por ningún motivo y que tampoco se tocaban los bienes.

Ambos líderes rechazaron siempre la existencia de ese acuerdo atípico entre mandatarios, pero algunos episodios abonaron esa teoría, especialmente todo el tratamiento y camino pedregoso que tuvo el proyecto de ley de ficha limpia.

Siempre se dijo que esa iniciativa legislativa era un traje a medida de Cristina Fernández de Kirchner y las insólitas y peculiares marchas y contramarchas de Milei abonaron esa suposición.

El año pasado el Gobierno impidió el tratamiento en la Cámara de Diputados y la repercusión fue tan negativa que Milei llamó a la diputada del Pro Silvia Lospennato, motorizadora del proyecto, para decirle que lo mejoraría.

Pero en el tratamiento de este año en el Senado la actuación tipo comedia dramática de La Libertad Avanza fue peor, ya que dijeron tener los votos para la aprobación, pero dos legisladores misioneros aliados pegaron una voltereta e hicieron caer la iniciativa.

Ese papelón causó estupor en el establishment, que le bajó el pulgar al presidente en materia de transparencia, con el argumento de que “es igual que todos” los expresidentes.

Incluso la poderosa cámara argentino-estadounidense Amcham dio a conocer un inusual duro comunicado contra la actuación del jefe de Estado en ficha limpia.

Por eso, el establishment fue tomando nota de esos dislates y desatinos, y el martes la Corte Suprema -cabeza del Poder Judicial- alzó su voz e hizo trizas ese acuerdo condenando e inhabilitando a Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos.

El ingrediente novedoso y peligroso de esta saga es que el lunes a la noche, en el programa de Joni Viale por TN -del grupo Clarín-, cuando se hablaba de una cierta duda de la Corte para fallar, el periodista les dijo, en tono admonitorio: “Señores de la Corte: trabajen, trabajen”.

Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la expresidenta Cristina Fernández, volvió a apuntar contra el Poder Judicial tras la ratificación de la condena por seis años para su madre y denunció que el fallo fue “machista” y hubo “presión mediática”.

El referente de La Cámpora dio una extensa entrevista con el streaming Gelatina, horas después de visitar a Cristina Kirchner en su casa de San José al 1100 en el barrio de Monserrat. "Cristina es una persona muy firme y con mucha disciplina", destacó cuando le preguntaron cómo ve a su madre tras el fallo de la Corte. "Tiene hasta el miércoles para ir a Comodoro Py a notificarse. Y ahí, eso que conocemos como sistema judicial de manera licenciosa, decidirá qué hace con ella".

"Yo no les creo nada. Es gente que no les importa nada. Si no pueden dar la cara. La gente que rodea a los cortesanos no pueden explicar cómo viven, los viajes al exterior", cargó contra los jueces del máximo tribunal.

En ese sentido, aprovechó para sembrar sospechas sobre las condiciones de detención de la expresidenta: "Olfateo que quieren que no tenga ningún tipo de contacto y que la gente no la pueda ni ver, eso es lo que yo olfateo. 'No salgas al balcón, no hables, no podes opinar, no vayas a elecciones. Por ahí no la podrán ver ni nada y quizá la gente se queda afuera, veremos", dijo.

Para el hijo de la exmandataria, desde el poder económico de la Argentina: “No le perdonan la distribución del ingreso. No le perdonan la participación del trabajador en la riqueza, para una distribución más igual, más equitativa”.

Además, sostuvo: “Parte de esta condena de estos tres señores es por su condición de mujer. La perversidad de estos tres señores existe en un sistema que es bastante machista, no lo estoy descubriendo yo. Con Néstor eran diferentes”.

También vinculó la decisión del máximo tribunal con la caída del proyecto de Ficha Limpia, que era “el caballito de batalla” del Pro: “Quien presiona más sobre Ficha Limpia es Macri, que lo entiendo a veces un poco, porque fracasó rotundamente. Lo proscribió la gente porque no lo vota y él entiende que, en 2019, la culpable de su derrota es Cristina y no su inutilidad. Entonces avanzan con ficha limpia, no logran la sanción, y recurrieron a ‘en caso de emergencia rompa esta ventanita’”.

Así, apuntó contra los medios: “La mediocridad que hay se refleja en que el que más putea a Cristina obtiene un horario central en la tele”.

La respuesta para Espert

Al referirse a las declaraciones de Espert sobre Florencia y Cristina Kirchner, Máximo destacó que el diputado nacional ocupa “un lugar fundamental” en la Cámara de Diputados, al que llegó de manera “irregular: la presidencia de la comisión de Presupuesto”.

“Llegó a ese lugar con la ayuda del presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara no es el sobrino de Juan Carr ¿eh? es el sobrino de Carlos Menem. Punto”, disparó.

La comparación con Menem y De la Rúa y el futuro electoral del PJ

Al cuestionar la condena y, puntualmente, la decisión de impedirle a Cristina volver a competir en elecciones el resto de su vida, Máximo Kirchner hizo referencia a Menem y De la Rúa: “Al pueblo argentino no le ha ido todo lo bien que deseábamos el día que nosotros dejamos el gobierno. La involución es clara. Hemos entrado en un tobogán hace 10 años y no llegan los pies al arenero”.

“’Los mercados están felices y la gente duda’, decía Clarín en diciembre de 2001, el 4 de diciembre. Deflación y voló todo por los aires. La noticia era esa y estalló todo por los aires”, recordó y consideró "un gran error" que la Justicia le "arrebate a la sociedad aquello que debe o quiere elegir porque entiende que los ha representado".

Además, y sobre la postura que asumirá el peronismo de cara a las elecciones, advirtió que "habrá que discutir porque hay posturas diferentes". "No hay una síntesis. Hay sectores que dicen que hay que ir a elecciones por la representatividad, hay otros que dicen hay que demostrar con el voto en blanco. Otros que ni voto en blanco ni nada. Cristina está claro que dijo 'vayan a votar, aunque sea en blanco, pero vayan'", sostuvo.

El diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo este miércoles que lo que sucedió con su madre es un mensaje para el resto de la dirigencia política. “Cuando uno ve qué hacen con la figura de Cristina, ¿quién va a animarse? Es la imagen de Cristina de ‘la cabeza en la pica’”, comparó.

Entrevistado por C5N al día siguiente de la condena de su madre a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público, el hijo de los Kirchner afirmó que “el blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular”.

“Para Cristina quieren la supresión -aseguró-. Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con ficha limpia. Y tienen a estos tres señores que acuden a garantizar los privilegios”.

El diputado de Unión por la Patria puso como ejemplo los gobiernos de sus padres al destacar que “Néstor se fue de la presidencia con 75% de imagen positiva y Cristina con una plaza llena. Eso no volvió a pasar.  Cuando el proceso se inició la casta política como dice el presidente no podía caminar por la calle”.

Dijo esperar “que se den cuenta de este abuso de poder... que midan las consecuencias del abuso de poder, porque a veces creen que el pueblo está quebrado en su autoestima, y el 19 y 20 de diciembre fue una reacción del pueblo que estaba cansado del abuso”.

En otro pasaje de la entrevista, Máximo Kirchner dijo que “no hay gremios chicos y gremios grandes. Hay gremios que defienden los derechos de los trabajadores y hay gremios que son más remolones”.

De cara al futuro del peronismo, señaló: “Cuantos más seamos mejor. Mientras más eficaces seamos a la hora de gobernar para la gente a mi póngame donde sea y voy a estar. Siempre lo entendí así (...) porque aparte es lo que hizo Cristina que se puso de vicepresidenta para garantizar el triunfo”.

“Desde lo político yo entiendo el miedo del poder económico a Cristina, una mujer, sin jefes, independiente y que además gestiona eficientemente y lo ha demostrado”, agregó el legislador de Unión por la Patria.

Tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa de Vialidad, motivo por el que no podrá ser candidata y quedará presa por corrupción, el jefe del bloque de senadores de UP y alfil de la exmandataria, José Mayans, sostuvo que el fallo es “absolutamente político injusto”.

“En Argentina está muy afectado el artículo primero de la Constitución que dice que adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Ese artículo está seriamente afectado”, señaló en declaraciones a Radio Con Vos y planteó: “Cuando en Diputados se vota algo que al presidente no le gusta te escracha, dicen cualquier cosa. Tenemos un DNU 70/23 que rechazamos por más de dos tercios en el Senado que viola la Constitución Nacional porque modificó 300 leyes, no lo puede hacer el Ejecutivo. También derogó 80 leyes y no lo puede hacer. El Ejecutivo cumplió a la vez de Poder Legislativo”.

“Tenemos un Poder Judicial y tiene un Consejo de la Magistratura avalado por esta Corte que está basado en una ley que está prácticamente derogada por el Congreso. Esto lo dijo Lorenzetti en el fallo. Tenemos un Consejo de la Magistratura basado en una ley que fue derogada por el Congreso. Es gravísimo”, denunció.

Para el senador formoseño: “La Cámara de Apelaciones de Comodoro Py está puesto a dedo por Mauricio Macri y de forma irregular, porque esos jueces que eran de Tribunales Orales los llevaron directamente a la Cámara de Apelaciones y los convirtieron en camaristas después de comer asado con Macri y no lo puede hacer porque viola la ley de subrogancia”.

“Esa Cámara actuó como si estuviese Macri ahí sentado. A todas las apelaciones que hizo la defensa se las rechaza de forma inmediata. Esa misma cámara tuvo la oportunidad de ser ratificada por el Senado porque se enviaron los pliegos, pero se negaron a venir al acuerdo con el Senado, pero no vinieron y esta Corte corrupta los ratificó”, apuntó y sumó: “Una Cámara que está disponiendo de la vida y bienes de los argentinos sin tener ni cumplir el esquema constitucional”.

Mayans planteó: “En Argentina no hay justicia, no existe la división de poderes. El presidente actúa como un presidente de facto y la prueba más directa es que hace dos años no tenemos presupuesto”.

“Todos los argentinos queremos que haya justicia y combate contra la corrupción, pero tiene que ser aplicado en el debido proceso y no al boleo y traída de los pelos y una Corte fallando en forma absolutamente política e injusta porque, al menos, hubiesen revisado la causa. Se postuló como candidata e inmediatamente la condenaron. Ya tenían la jugada preparada con ficha limpia, pero ese juego no les salió. Seguimos en Argentina con la afectación del sistema republicano de Gobierno”, disparó.

Así, se preguntó: “¿Dónde de está la justicia cuando se habla del tema del endeudamiento público? ¿De la falta de presupuesto nacional? Miran para otro lado en estos temas?”.

“Después de 40 años de democracia los argentinos no tenemos división de poderes y mucho menos respeto por el Estado de derecho, porque tenemos un poder judicial que responde a intereses económicos”, cuestionó.

El jefe del bloque de senadores opositores ratificó: “El fallo es absolutamente político e injusto”, y apuntó contra el oficialismo: “El gobierno puso muchas trabas para que el Parlamento no funcione, alteraron la composición de las comisiones, falsifican los resultados de los despachos, n o reúnen las comisiones y las traban”.

Y concluyó: "Estoy de acuerdo en luchar contra la corrupción y tener un estado que se ocupe de la educación, de la salud, de la cultura, pero no de una Justicia corrupta como la que tenemos y jueces que están claramente embanderados con un sector del poder económico argentino".

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de condenar injustamente a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, líder indiscutida del peronismo, constituye un ataque frontal a la democracia argentina y a la voluntad de millones de ciudadanos que ven cercenado su derecho a elegir. Este fallo no solo busca proscribir a una figura política sin precedentes, sino que intenta silenciar al pueblo y a las ideas que transformaron la vida de las grandes mayorías.

En un contexto socioeconómico que castiga a los más vulnerables; los jubilados, los trabajadores, las familias que luchan día a día por llegar a fin de mes, mientras favorece a los especuladores financieros que endeudan a las futuras generaciones, esta persecución judicial es un claro mensaje: quienes defienden a los que menos tienen serán silenciados. Pero, como dijo Cristina con claridad: “Métanme presa, pero no van a subir los salarios”.

La historia del peronismo es la historia de la resistencia. Durante 18 años, el peronismo fue proscrito, sus ideas prohibidas, sus líderes perseguidos. Sin embargo, lejos de apagarse, esas ideas se fortalecieron en el corazón del pueblo, que nunca olvidó. Hoy, intentan repetir la misma estrategia contra Cristina, la líder que durante 12 años trajo bienestar, inclusión y justicia social a la Argentina. Quisieron matarla, y ahora quieren encarcelarla, porque no se animan a enfrentar en las urnas al proyecto político que ella representa.

La celeridad con la que se reactivó esta persecución, tras el anuncio de su participación en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, no es casualidad. Se trata de un operativo político orquestado para debilitar la democracia y privar al pueblo de su derecho a elegir libremente. Pero la historia nos enseña que los justos perseguidos no son olvidados; al contrario, se inmortalizan.

Proscriben a Cristina, proscriben al peronismo, proscriben al pueblo. Pero el pueblo no olvida, y el peronismo, lejos de callarse, se eleva e inmortaliza en cada lucha. No hay justicia en la Argentina para Cristina Fernández de Kirchner, pero sí hay un pueblo que la respalda, que la sostiene y que no permitirá que su voz sea silenciada.

Hoy, más que nunca, llamamos a la defensa de los derechos políticos de todos los argentinos y argentinas. La libertad política es la base de una democracia fuerte, y sin Cristina, la democracia se ensombrece. No permitiremos que la historia se repita. En la memoria del pueblo, los justos siempre vencen.

Por Cristina, por el peronismo, por la democracia.

 

Antonio José Rodas es senador nacional de la provincia del Chaco

Consecuencia de la ratificación de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner, que quedará presa e inhabilitada para ser candidata, la actividad legislativa será afectada este miércoles en el Congreso de la Nación, donde se suspendieron reuniones de comisión.

Particularmente en el Senado, donde fue suspendido el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que iba a reanudar el debate en torno a la eventual ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Iban a comenzar a analizar el proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero, pero también los de las senadoras Silvia Sapag, Lucila Crexell, Mónica Silva, Nora Giménez y Alejandra Vigo, como así también Flavio Fama. La sesión estaba prevista para las 11 de la mañana y fue suspendida.

En Diputados se suspendieron las reuniones de la comisión presidida por la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP), que había previsto dos reuniones: una a las 13, para tratar una serie de proyectos sobre lugares históricos y otras declaraciones, y a las 14.30 iban a recibir invitados de organizaciones, institutos y referentes de la cultura, a fin de abordar el impacto de los decretos 345 y 346/25.

También se suspendió la reunión de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que a partir de las 16 iba a recibir a invitados para exponer sobre la situación del Hospital Garrahan.

Sí se mantienen para este miércoles las comisiones de Asuntos Constitucionales para tratar la modificación del régimen de la AGN, como así también reuniones de las comisiones de Agricultura y Ganadería y la de Legislación Penal.

Insospechado e inesperado, pero la inminente condena judicial a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, volvió a unir a dirigentes y militantes de las diversas tribus del peronismo enfrentados y embanderados hoy mayormente detrás de la expresidenta y del gobernador bonaerenses Axel Kicillof.

El día que el PJ se volvió a unir detrás de Cristina fue un 9 de junio, al recordarse en la sede del PJ nacional, en el barrio porteño de Once, la “masacre de José León Suárez”, en lo que se conoce dentro de la liturgia peronista con “Día de la Resistencia”, porque fueron asesinados 12 militantes peronistas en la dictadura de 1956, matanza que el escritor Rodolfo Washl retrató en el libro “Operación masacre”.

“Bastó que hace dos semanas anunciara mi candidatura para que se desataran los demonios”, puntualizó Cristina, al hacerse eco de las informaciones periodísticas que avisan que la Corte Suprema le confirmará la prisión a seis años e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La expresidenta atribuyó su posible condena a que “este modelo se agota, tiene fecha de vencimiento” y pronosticó que “difícilmente pueda llegar a buen puerto”.

Cristina aludió al dirigente macrista Pepín Rodríguez, que “se profugó a Uruguay” y diferenció: “Nosotros estamos acá y vamos a seguir estando acá”.

Seguidamente dio por seguro su encarcelamiento: “Estar presa es un certificado de dignidad. Lo siento de esa manera”, reflexionó.

Más adelante dijo que hay que bregar por la “unidad que asegure la construcción de la victoria como lo hicimos en el 19 (cuando con Alberto Fernández se le ganó a Mauricio Macri) y en el '23, cuando dijo que que “estuvimos cerca pese a las dificultades y defecciones”.

“Soy una fusilada que vive”, deslizó más adelante.

Antes, le había tirado una vez más un “palo” a Alberto Fernández porque, a su entender, se cortó solo en el Gobierno.

Supongamos que la Corte Suprema la condena pronto, que va presa (domiciliaria), y entonces no podría ser candidata. Recurrir a la Corte Interamericana es un proceso de varios años y jurídicamente no es una cuarta instancia, de modo que no computa en el análisis. Entonces, además de quedarse fuera de toda elección futura, ¿qué otras consecuencias tendrías? Téngase en cuenta que una cosa es lo legal, y otras muy distintas el proceso político y la conformación de la opinión pública.

En primer lugar, Cristina difícilmente se quedaría callada, sino que, por el contrario, haría campaña virtual por sus leales personeros, desde el primer candidato/a diputado/a nacional hasta el último consejero escolar, ya sea con videos, vivos en redes o sus temibles tuits en X.

La segunda cuestión es que casi nadie o nadie dejaría de votarla de la masa que ya tenía decidido hacerlo por ella. Es más, hasta podría tener un efecto bumerán entre quienes -aunque ya no se la bancan- la votarían para darle un mensaje de enojo al gobierno nacional, a quien culparán de la desdicha de la jefa con el argumento de la “proscripción”. Para los que creen en su inocencia, no habrá fallo que los convenza de lo contrario.

El tercer punto es que -dado que CFK ya nunca más sería candidata a nada- la usina TMAP deberá buscar otro juguete… perdón, otro adversario a quien usar de punching ball. Dado que el kirchnerismo no se terminará de la noche a la mañana porque ella esté condenada y presa (así como el peronismo no se murió en los 18 años de proscripción de Perón), seguramente seguirá alertando sobre “ojo con su cría”, de modo que el proceso de exterminio recién estaría comenzando. De todos modos, el cuco (en este caso la kuka) simbólico ya no tendría la misma potencia, y el asesor estrella deberá recalibrar su estrategia general del juego del antagonista perfecto, a diferencia de Macri que le deseó una larga vida a la jefa (hasta que se dio cuenta que, si la economía no andaba bien, con agitar el fantasma del regreso no alcanzaba). ¿Hay acaso relevantes hombres del poder económico argentino que creen que no se debe repetir el esquema 2015-19 y que siguen recordando con amargura la insoportable levedad de Macri al respecto?

El cuarto tópico es un gran interrogante: ¿esto lo favorece o no a Axel? Con la jefa presa, ¿su camino de liderazgo queda expedito? Definitivamente no. Los liderazgos se construyen y se ejercen, de modo que la ausencia de contrincante no evita que el gobernador deba hacer su tarea. Es más: seguro algún dirigente ingenioso querrá levantar la foto de Cris para ser el heredero -además de Máximo- de modo de transmitir a un núcleo ultra duro que hay quien tome el bastón de mariscal de su mochila. ¿O Axel ahora dirá que él es el verdadero heredero? Después de todo el agua que corrió bajo el puente ¿será creíble? Por las dudas, el segundo spot de la expresidenta (lanzó 2 en 48 horas después de auto candidatearse) habla que Ella “es el peronismo real”, un modo elegante de decir que Axel no lo es.

Quinto punto, del cual ya hablamos en la columna de la semana pasada: ¿Cristina fuera de carrera efectivamente convierte a la elección del 7 de septiembre en 8 comicios independientes? Insistimos en desafiar esa tesis. En primer lugar, porque el propio Milei querrá que piensen en él a la hora de elegir y no en sus candidatos (recuerden, para él también “el candidato es el proyecto”, no los nombres y apellidos; nadie debe creer que tiene un capital propio). Pero, en segundo lugar, porque además todo UP o como se llame, con Ella a la cabeza- hará de la “proscripción” su gran bandera de campaña y terminarán nacionalizando la elección. Si semejante tema no estuviese en la arena, quizá podrían los intendentes plebiscitar sus gestiones, porque a poca gente le interesa lo que sucederá en La Plata a partir del 10 de diciembre. Pero volviendo a aquél segundo spot de CFK, la línea argumentativa es muy clara: Ella viene a defenderte de El. ¿Alguien pensó que iba a ser distinto? Siempre hay observadores que quieren lucir como “creativos”.

Si efectivamente la Suprema le baja el martillo a la presidenta del PJ habiendo ya anunciado su candidatura provincial, contradiría una larga tendencia respecto a que fallos que afecten definitoriamente a un gran actor, no deberían ocurrir en años electorales, y así sacar al máximo tribunal de la puja política, a la que siempre están sometidos. Cris no tendría la eterna sobrevida que sí tuvo Carlos Menem. Por eso, algunos agudos y bien informados observadores se preguntan si entonces no habría comenzado una nueva era, en donde la justicia es ciega a los procesos políticos e independiente de las conveniencias del poder de turno. Todo un mensaje a la dirigencia política en general, a Comodoro Py, al poder económico y a la sociedad, entre otros.

Por consiguiente, el proceso político y la reacción de la sociedad es mucho más complejo que un fallo judicial. Para quienes creen que CFK y el kirchnerismo – cristinismo son el principal problema de la Argentina, deberán seguir remando mucho, y sobre todo estar atentos a que el derrotero del actual modelo económico no genere reacciones negativas al estilo de lo que pasó post 2001 y en 2019. El mundo está muy convulso y las conductas nostálgicas en busca del retorno de un paraíso perdido están a la orden del día.

Mientras el oficialismo da una batalla a favor de “entregá el canuto”, la inflación de mayo le sonreirá y la liquidación de agrodólares le garantiza tranquilidad segura hasta mediados de julio, la recaudación del mes pasado fue una mala noticia, dejaron de existir un 15 % de kioscos en 2024, están saliendo más verdes por turismo que lo que entra por Vaca Muerta y, como si esto fuera poco, a los gobernadores se les cayó mucho la recaudación y varios se pusieron picantes. De vuelta: hay que mirar el proceso, no solo el suceso.

“Si se calla el cantor, calla la vida… se quedan solos los humildes gorriones, de los diarios”. ¡Feliz día periodistas! ¡Los queremos!

Cuando se supo que Cristina Kirchner daría una entrevista el lunes pasado, todo el mundo político dio por descontado que la dos veces presidenta tenía algo importante que decir. Nada dirigido a Milei, a quien le habla asiduamente a través de las redes. Se descontaba que hablaría sobre su candidatura, por eso sonó impostada la sorpresa de su entrevistador ante la respuesta afirmativa cuando le formuló la pregunta pertinente.

Nada que no estuviera preparado de antemano, pues al día siguiente aparecieron afiches anunciando la candidatura de CFK, como así también un video promocional.

Quedó claro que su mensaje no tenía que ver estrictamente con la interna que mantiene con su otrora hijo dilecto Axel Kicillof, sino con los tiempos judiciales. Tenía Cristina la fuerte presunción de que el jueves venidero la Corte Suprema se expediría sobre la causa Vialidad, cerrándole no solo el camino a una candidatura, sino también a su libertad.

El anuncio tuvo rápido efecto, pues fuentes judiciales deslizaron que lo que se suponía sería anunciado el jueves había sido postergado una semana, pues previsiblemente el Tribunal Supremo no se expediría inmediatamente después de anunciada la candidatura. Al cerrar la semana sonaba muy fuerte la “certeza” de que la confirmación del fallo saldría este martes o jueves.

Se rompería así una constante que es la de que los jueces son “tiempistas” cuando sus decisiones rozan la política. Atendiendo esos antecedentes, nadie esperaba una resolución sobre la condena de Cristina Kirchner en este año electoral. Pero está visto que no será así. Hubo señales de que esta Corte de tres miembros daría una sorpresa: primero, con el dictamen -que no tiene carácter vinculante- del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, no solo convalidando la sentencia contra la expresidenta, sino también duplicando la condena; luego el rechazo de la recusación al juez Ricardo Lorenzetti… Demasiada “premura” para que no se propongan fallar a corto plazo.

Sobre el final de la semana circuló fuerte la versión de que las firmas de la resolución estarían listas este martes. Ese día o el jueves, saldría una decisión de alto impacto político, más allá de que el peso específico de Cristina Fernández de Kirchner no esté ni cerca del que supo tener. Prueba de ello es que la expresidenta haya anunciado su decisión de candidatearse para un cargo sustancialmente menor para quien ha sido presidenta dos veces y vice una (aunque prefiera obviar esos cuatro años, como hizo en su aparición del lunes pasado).

En principio se especuló con que sería candidata a diputada provincial previendo que la aprobación de ficha limpia la dejaría fuera de carrera para un cargo nacional, no así uno provincial. Invalidada esa alternativa por este año -con la anuencia clara del Gobierno nacional, diga lo que diga Milei-, Cristina insiste en candidatearse como diputada por la Tercera Sección Electoral, a sabiendas de que allí tiene todas las chances de ganar con amplitud. Más allá de que en La Libertad Avanza alardeen con que le pueden ganar con cualquier candidato. La expresidenta puede imponerse por más del 50% allí, número que ya ha conseguido en esa sección en otras oportunidades.

A todo esto, ¿puede ser candidata por esa sección, siendo que nació en La Plata, que es la Octava Sección? Sí, pues la legislación electoral bonaerense no exige que los candidatos residan en la sección por la que se postulan, sino que estén domiciliados en la provincia y cumplan con los requisitos generales de elegibilidad. Ella no vive en la provincia -de hecho, vota en Santa Cruz-, pero le alcanza con ser bonaerense, ya que no es necesario vivir en la sección electoral para ser candidato por ella, lo que permite a figuras políticas elegir estratégicamente la sección donde tienen mayor apoyo o donde su candidatura puede tener más impacto político.

Volviendo a la Corte, ha dado suficientes señales de tener la intención de fallar antes de que ella confirme su candidatura, lo que claramente la sacaría de circulación definitivamente… A menos que -según especulan algunos conocedores de los recovecos jurídicos- la Corte resuelva revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de la asociación ilícita. Que es justamente lo que dijo el procurador Casal en su dictamen. De resolver eso el Tribunal Superior, curiosamente Cristina podría terminar festejando, porque eso dilataría todos los tiempos y podría sí ser candidata presidencial.

El Gobierno se ilusiona con esa posibilidad, pues está visto que quiere a la expresidenta en la cancha electoral, más allá de todos los perjuicios que pueda ocasionarle su subsistencia política. Milei insiste con ser el que le ponga el último clavo al ataúd de Cristina, una figura poco feliz, pero festejada por la grey libertaria. Eso sin contar con la probable convulsión social -menguada o no- que pueda llegar a generar su detención. “Hay que estar atentos a que me metan presa”, lanzó CFK este sábado desde Corrientes, una de las dos provincias que eligen este año gobernador.

La peor sesión

Siendo este gobierno el de la minoría más notoria de la historia, con 39 diputados y solo 6 senadores, no debería llamar la atención que anduviera de derrota en derrota en el Congreso. Pero claramente eso no ha ocurrido. Aunque sí varias veces se ha hablado de “su peor semana legislativa”.

Tal vez no haya sido promocionada esta última como su peor semana, pero lo cierto es que la del miércoles/jueves pasado fue la peor sesión que haya tenido La Libertad Avanza en términos prácticos, pues la oposición le asestó dos sonoras derrotas al aprobar en Diputados las leyes previsionales y la emergencia en discapacidad. Tres, si tenemos en cuenta que la cuestión previsional involucraba dos leyes: aumentos para los jubilados y moratoria.

Sin embargo al pensar en sesiones adversas, la memoria remite al debate de la Ley de Bases, cuando el primer proyecto se mandó de vuelta a comisión, sumergiendo al oficialismo en la incertidumbre, pues era su primera ley, el presidente reaccionó de la peor manera y nadie sabía entonces cómo seguiría esa película, que más tarde tuvo “final feliz”.

En cambio ahora el efecto no fue el mismo, pues todos dan por descontado que sobrevendrá el veto después de la segura aprobación en el Senado. Sin embargo no debería confiarse tanto el Gobierno, pues la última sesión en Diputados dejó muchas señales que deberían preocuparlo. Por ejemplo, la toma de distancia de varios gobernadores, que esta vez retacearon diputados a la hora de auxiliar al Gobierno nacional. Sobran ejemplos.

Los tucumanos del bloque Independencia, una escisión de Unión por la Patria, votaron esta vez a favor en las tres leyes. Esto es, por primera vez contra el Gobierno. También lo hicieron las dos diputadas que responden al gobernador salteño y una de las alineadas con el gobernador sanjuanino. La otra se ausentó, porque también se vota con la ausencia: a la hora de votar, no estuvieron en sus bancas los diputados que responden a los gobernadores de Misiones y Río Negro, cuyo gobernador se quejó con dureza esta última semana por el estado de las rutas y la falta de obra pública para repararlas.

También votó a favor del aumento a los jubilados y la emergencia previsional el diputado que responde al gobernador neuquino, en tanto que por la moratoria se abstuvo. También retacearon su apoyo los diputados que responden al gobernador Raúl Jalil, de Catamarca; los de los gobernadores radicales de Jujuy y Santa Fe, y se ausentaron dos diputados del otrora monolítico bloque de los “radicales peluca”.

Esos resultados anticipan que, a priori, el Gobierno estaría en serias dificultades de sostener el veto a esas tres leyes, llegado el momento. A los 87 héroes que el año pasado blindaron las dos leyes vetadas por Javier Milei les estaría faltando una veintena para garantizar el tercio salvador.

Ya se sabe que esto es muy variable y todo puede arreglarse con negociaciones, pero lo cierto es que la actitud de los gobernadores obedece a promesas incumplidas, partidas que no llegan y, también, desafíos electorales por parte de La Libertad Avanza, que ha jugado fuerte, por ejemplo, en Salta y Jujuy.

Con un dato más, para tener en cuenta. El Pro tampoco fue monolítico esta vez. Tal cual se lo habían anticipado el día anterior al propio Mauricio Macri, 9 diputados de la bancada que conduce Cristian Ritondo se abstuvieron en la votación de los aumentos a los jubilados, y uno votó a favor.

Si el Pro, que fue sostén principal del oficialismo durante todo el año pasado y hoy se siente destratado, actúa de la misma forma cuando se debatan los vetos, y si los que responden a los gobernadores se mantienen en esa línea, el Gobierno se quedará sin “héroes” suficientes para salvar el rechazo presidencial.

La expresidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Fernández de Kirchner decidió acelerar y volver a la arena política como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, en medio del enfrentamiento con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y, también, rumores de que la Corte Suprema confirme su condena a prisión.

“Sí, sí. Ya lo había en varias reuniones”, respondió lacónica la expresidenta, entrevistada este lunes por la noche por Gustavo Sylvestre, en C5N.

La dos veces expresidenta se expresó así cuando arrecia la disputa política con Kicillof, quien creó una agrupación propia -el Movimiento Derecho al Futuro- y cortó todo diálogo con la titular del PJ.

En consonancia, en las últimas horas corrieron fuertes rumores de que la Corte Suprema analiza confirmar el jueves a Fernández de Kirchner la condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado.

Fuentes judiciales explicaron a parlamentario.com que el tribunal resolvería dictar sentencia ahora, un mes y medio antes del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires para la elección del 7 de septiembre, y no después ante la posibilidad latente de que ya sea candidata registrada en la Junta Electoral bonaerense.

“Si Cristina presenta candidatura y el fallo sale después, el revuelo va a ser mucho mayor y quizá da lugar a sospechas. Por eso podría salir este jueves”, agregaron las fuentes.

La Cámara Federal había confirmado en noviembre de 2024 la condena a 6 años de prisión dictada oportunamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2.

En el expediente, se investigó el presunto direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

En el juicio oral y público, el fiscal federal Diego Luciani había pedido una condena a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral la condenó a 6 años por fraude al Estado y la absolvió por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, dictó la inhabilitación perpetua de Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos.

En la causa, iniciada en 2016, se investigó si el empresario Lázaro Báez fue favorecido con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

El fiscal Luciani consideró tener pruebas suficientes de la culpabilidad de la actual titular del PJ como jefa de una organización dedicada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo.

A casi dos meses del rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado realiza este miércoles una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para dar comienzo al debate de proyectos para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Será a partir de las 13 de este miércoles, en el Salón Arturo Illía, que una vez concluido ese plenario, continuará con el estudio de otro tema de suma importancia: modificaciones a la reglamentación de la Auditoría General de la Nación.

En el caso de la Corte, el debate contempla a ocho proyectos presentados por la neuquina Lucila Crexell; de la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal); del catamarqueño Flavio Fama (UCR); la rionegrina Mónica Silva; Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez de Unión por la Patria; y del salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Este último fue el texto más reciente impulsado después de la caída de ficha limpia el pasado 7 de mayo.

La propuesta es llevar el número de ministros de la Corte Suprema de los 5 actuales -aunque hoy funciona con 3 miembros- a siete, nueve o quince integrantes. Asimismo, forma parte del temario de esta primera reunión el proyecto de la senadora neuquina Silvia Sapag que busca garantizar la paridad de género con una proporción del 40% en el máximo tribunal de justicia.

El debate de una ampliación de la Corte tiene un antecedente bastante reciente, cuando la Cámara alta aprobó la ampliación a 15 miembros. Fue el 22 de septiembre de 2022, con 36 votos positivos y 33 en contra. El proyecto, que originalmente proponía una integración de 25, nunca fue tratado en Diputados y perdió estado paralmentario.

Desde el año pasado, el máximo tribunal de justicia funciona con su presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En diciembre, Juan Carlos Maqueda dejó la Corte tras cumplir 75 años, y el presidente Javier Milei nombró a García-Mansilla en comisión, pero el rechazo del Senado obligó la renuncia del catedrático.

De todos modos, la Corte Suprema de Justicia funciona con cuatro integrantes desde octubre del 2021 tras la salida de Elena Highton de Nolasco, quien también cumplió los 75 años, pero nunca tuvo reemplazante.

El debate por la AGN

Una vez que el plenario concluya, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, a cargo de Alejandra Vigo, tendrá una reunión ordinaria para comenzar con el debate de la ampliación de los miembros designados de la Auditoría General de la Nación (AGN). Se pondrán a consideración los proyectos de José Mayans, Carlos “Camau” Espínola y Sergio Leavy.

En el caso del formoseño, propone 8 auditores, 4 por cada cámara. Mientras que el noveno es designado por una resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras.

El proyecto de Sergio Leavy propone 4 auditores en lugar de 6. Dos por cámara: uno del principal partido político de la oposición y e otro designado por el PEN.

La iniciativa del senador correntino, aliado de La Libertad Avanza, tiene el aval de Juan Carlos Romero, y ambos proponen una AGN con siete miembros, tres elegidos por Diputados y tres por el Senado. También, establecen una duración en el cargo de cuatro años con posibilidad de ser relegidos.

Además, plantearon que la dieta de los auditores generales no sea mayor a la de los integrantes de la Cámara alta y la disposición de un sorteo para dirimir quienes estarán cuatro años en el cargo y quienes lo harán solo dos.

Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este martes en conferencia de prensa que “no está en la agenda del Gobierno” modificar la cantidad de miembros en la Corte Suprema de Justicia, la diputada nacional oficialista Marcela Pagano presentó un proyecto en ese sentido.

La iniciativa propone elevar la cantidad de integrantes del Tribunal Supremo a 21 y transformarla en un tribunal con salas especializadas. “Así lograríamos un tribunal con los estándares contemporáneos y agilizar la resolución de los casos que llegan a esa instancia”, explicó y sumó: “Se democratiza el funcionamiento con una presidencia anual no reelecta, rotación de jueces, sorteos transparentes y se disuelve la Cámara de Casación Penal considerada innecesaria”.

Según el proyecto, las salas especializadas estarán compuestas cada una por tres miembros y organizadas en: Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Comercial y Societario, Derecho laboral y de la seguridad social, Derecho administrativo y tributario, Derecho ambiental, Derecho público general, y Sala de Competencia originaria y asuntos interjurisdiccional.

Ayer presenté un proyecto de ley para modificar la integración de la Corte Suprema a 21 miembros y transformarla en un tribunal con salas especializadas. Así lograríamos un tribunal con los estándares contemporáneos y agilizar la resolución de los casos que llegan a esa… pic.twitter.com/SCz57KafyR

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 13, 2025

Además, plantea que los jueces de la Corte serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado con la mayoría especial requerida de los dos tercios. Así, remarca que “la idoneidad, diversidad regional, especialización jurídica y antecedentes éticos serán criterios de valoración para las designaciones”.

En suma, propone que el presidente de la Corte será designado por mayoría absoluta de sus miembros y tendrá mandato por un año sin posibilidad de reelección ni inmediata ni posterior.

Según argumentó Pagano, la iniciativa busca una “reforma estructural de la Corte que hoy está conformada por apenas cinco jueces lo que impide cumplir eficazmente con su rol constitucional”, y cerró: “La Corte resuelve entre 8 mil y 12 mil causas por año, lo que la convierte en la tercera instancia judicial, con baja calidad institucional frene a modelos como el de Estados Unidos”.

El proyecto de la diputada oficialista se suma a la gran cantidad de iniciativas que van en el mismo sentido. Recientemente el senador salteño Juan Carlos Romero presentó un texto de su autoría que busca elevar el número de miembros a 7 de diferentes sexos.

Cercano al Gobierno, al que suele aportarle no solo sus votos, sino también su vasta experiencia -es senador nacional desde 2007, pero como ya tuvo más de un mandato antes, va a cumplir entonces 26 años en la Cámara alta-, el salteño Juan Carlos Romero acaba de presentar un proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nada menos.

En caso de aprobarse la norma impulsada por este legislador que ingresó a través de Juntos por el Cambio y tiene mandato hasta fin de año, se elevaría el número de miembros del Tribunal Supremo a 7 integrantes. Recordemos que actualmente tiene solo 3, y la Cámara alta acaba de obturar el ingreso de los dos impulsados el año pasado por el presidente Javier Milei.

El proyecto consta de un solo artículo, que sugiere sustituir el artículo 21 del decreto-ley 1285/58 y sus modificaciones por uno que establece que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete (7) jueces, de los cuales no más de cinco (5) de sus integrantes serán del mismo sexo. Ante ella actuarán el Procurador General de la Nación y los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Defensor General de la Nación y los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la ley 24.946 y demás legislación complementaria”.

En los fundamentos se establece que la ampliación de integrantes “otorgará mayor legitimidad al Tribunal, y dará mayor celeridad a sus resoluciones, siendo que, actualmente, a pesar del récord de sentencias dictadas en 2024, aún continúa siendo un embudo de causas que aún esperan sentencia”.

Recuerda Romero que el artículo 108 de la Carta Magna se refiere puntualmente al órgano máximo del Poder Judicial de la Nación, sin especificar el número de integrantes que debe tener, potestad que le corresponde al Poder Legislativo. Es por ello que el senador salteño pretende dar un paso que presenta como  la intención de mejorar el sistema actual, “sumando seguramente especialistas en distintas disciplinas del Derecho, provenientes de diferentes regiones del país, facilitando una mayor celeridad en la resolución de causas”.

Como dijimos, el proyecto incorpora la novedad de asegurar que no todos los integrantes del Tribunal sean del mismo sexo, como ha sido habitual en las cortes supremas de nuestro país. “Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 37, proclama la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios; y se establece que la misma se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”, apunta Romero.

Vale recordar que no hace mucho tiempo hubo un intento de ampliar la Corte Suprema, que fue frenado en Diputados. Lo impulsó el kirchnerismo en 2022 y tenía por objeto original elevar su número a 25 miembros, con el argumento de que fuera representativo de todas las provincias.

A instancias de los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck, se morigeró ese número a 15, y el proyecto se aprobó el 22 de septiembre de 2022, con el apoyo de 36 senadores, contra 33 que lo rechazaron. Fue una sesión en la que no estuvo presente en ningún momento la entonces presidenta del Cuerpo, Cristina Kirchner. La aprobación se alcanzó con el apoyo de 33 senadores del Frente de Todos, más los senadores Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia, hoy tan bajo la lupa. No estuvieron presentes en esa votación el también misionero Maurice Closs, por cuestiones de salud; y los cordobeses Luis Juez y Alejandra Vigo.

El proyecto nunca comenzó a tratarse siquiera en Diputados, por no contar con los votos para su aprobación, con lo que la media sanción terminó perdiendo estado parlamentario. Ahora se verá cual es el destino del proyecto de Romero, que a priori contaría con el visto bueno del oficialismo, más la anuencia de la oposición más numerosa, Unión por la Patria.

Aunque queda claro que la elección de los postulantes seguirá siendo potestad del presidente de la Nación.

En su intervención en la sesión de este jueves, el presidente del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, resaltó el papel del Senado, que consideró “fundamental”, alertando sobre las “muchas maniobras” que hubo para impedir esta sesión. “El pueblo argentino merece el funcionamiento de las instituciones de la República”, sostuvo.

Muy crítico con Javier Milei, Mayans sostuvo que “el presidente de la República ha cometido una canallada, una falta de consideración hacia los que ofrecieron su vida en Malvinas, los que lucharon, más allá de lo que ha hecho en su momento la dictadura militar: utilizar una causa para conmocionar y lograr perpetuarse en el poder”.

Es que el formoseño hizo en su discurso sobre los pliegos de la Corte un recorrido por todos los últimos episodios que se vivieron en el país. Y al arranar por Malvinas, expresó su rechazo a las expresiones del presidente de la Nación, que atribuyó la intención de “entregar a los kelpers territorio argentino. Es un acto de traición a la patria”.

Al atribuirle a Milei desconocimiento dela resolución que estableció una nueva plataforma continental dijo que “no podemos decir que (el presidente) es una persona mal asesorada. Es un ignorante, un entreguista admirador de Margaret Thatcher, que ordenó el ataque al crucero General Belgrano, que mató a más de 300 argentinos. Rechazamos las expresiones el presidente de entregar las Malvinas a los kelpers y el Reino Unido. No se puede ser más cipayo”.

También criticó a la ministra Patricia Bullrich por la “represión” de las movilizaciones, y contó haber visto desde su despacho cómo “la policía atacó la manifestación”. “Atacaron a los jubilados –se quejó-. La fuerza de seguridad es para proteger a los ciudadanos de bien, no para atacar. Es para ir contra el delito organizado, contra las mafias. Y fueron a atacar y romper la marcha de los jubilados”.

También cargó contra el presidente por haber amenazado a “la jefa del Partido Justicialista”, en referencia a Cristina Kirchner. “Dijo que va a ir presa, está ordenando a la Corte que vaya presa”.

Luego de cuestionar el decreto de necesidad y urgencia con el que el Gobierno respaldó el acuerdo con el Fondo, cuestionó el programa económico, del que dijo que “no funciona”.

“El presidente viaja para chuparle las medias a Trump, que tiene una política absolutamente distinta”, sostuvo, afirmando que esta discusión sobre la Corte es “una jugada de distracción”.

Sostuvo que Milei y su hermana Karina “hicieron una estafa millonaria… La hermana ya cobró, y aparte cobra las audiencias; hasta el bastón de mando quiso cobrar. ‘No hay excepción para nadie’”, le atribuyó haber dicho a la secretaria general de la Presidencia. “Acá el que entra paga”, sostuvo que dijo Karina Milei.

A continuación afirmó que “él tendría que estar preso ya… Una estafa piramidal, tiene cien millones de dólares en su poder, en todas partes nos están demandando por la estafa del jefe de Estado”.

Insistió entonces que el nombramiento de jueces por decretos es una distracción. Y criticó a su colega Luis Juez porque “no quiere que hablemos de la Constitución… Entonces, cerremos la Comisión de Asuntos Constitucionales, si nadie puede hablar de la Constitución, solo la Corte”.

“¡No puede nombrar jueces por decreto! ¡No puede!”, enfatizó en su intervención el senador José Mayans, quien remarcó que “el señor (Manuel García) Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. Es una mentira que (el presidente) pueda nombrar” jueces en la Corte.

Mayans reflexionó que si el que puede lo más, puede lo menos, entonces el presidente podría nombrar por la vía del decreto jueces de Cámara, jueces de Instancia… “Un verdadero desastre”, resumió, para cargar a continuación contra la Corte Suprema, a la que adjudicó “servilismo”.

Para Mayans, el Tribunal Supremo “incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público” y  les advirtió que serán juzgados. “Tarde o temprano, nadie se salva. No es cierto que ellos son los últimos… Los últimos somos nosotros: la política. La antipolítica destrozó el país y la política tiene que arreglarlo”.

El senador Mayans recordó cuando Eduardo Moliné O’Connor estuvo sentado allí, precisamente en el marco de un juicio político. “Y era más capo que los que están ahora en la Corte. Estuvo acá sentado, se puso a llorar acá… Se le hizo el juicio y se lo sacó de la Corte. Como merecen estos que están en la Corte”.

También le disparó al jefe de Gabinete, por haber dicho que si García-Mansilla era rechazado, podría seguir en la Corte hata fin de año. “Le importa tres carajos la Constitución, las instituciones… Más vale que García-Mansilla presente la renuncia, porque el delito que está cometiendo no prescribe. Señores de la Corte, dejen de violar la Constitución, les decimos desde acá”.

En otro pasaje de su intervención, admitió que al menos Lijo podía haber conseguido los dos tercios. Pero advirtió que pasaron cosas que modificaron esas chances. Como cuando Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay, y cuando pasó lo del presidente con #Libra. “No hay más corrupto que el presidente, una Corte corrupta, un sistema judicial en el que más del 90% de los argentinos no creen”, señaló Mayans, que recordó cuando le dijeron que no se metiera con el Poder Judicial. “¿Entonces qué le queda a un ciudadano común? Si tenemos miedo, retirémonos”, sugirió.

“Esta República necesita nacer de nuevo, con respeto por la Constitución, por los poderes públicos… No podemos tener un presidente que dice que el Estado es una mafia que tenemos que destruir, y un asesor que dice que el problema son los argentinos”, dijo en referencia al asesor Demian Reidel, al que trató de “estúpido”.

“Mientras estos corruptos hacen servilmente lo que les pide el presidente, el poder político le tiene que poner límite a estos que se creen dioses”, remarcó, y cerró anunciando que “nuestro bloque mayoritariamente va a rechazar y aspiramos a tener una conversación, como hacen los partidos políticos, a la luz del día, con la vicepresidenta, con el jefe de Gabinete, los presidentes de bloques, y hablemos de qué vamos a hacer con la Justicia argentina”.

Desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei reaccionó muy enojado por el severo revés sufrido en la Cámara alta. Al punto tal de apuntarle a la expresidenta Cristina Kirchner y, sin nombrarlo, al expresidente Mauricio Macri.

En un tuit titulado como “Principio de revelación”, se preguntó “¿dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la expresidente doblemente condenada?”.

“¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión?”, se preguntó Milei, para concluir diciendo que le parece que “el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales”.

Y cerró con un “espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!! VLLC!”.

La referencia a Cristina Fernández de Kirchner es obvia, mientras que la que hace hacia el líder del Pro está más oculta, pero es a él al que se refiere cuando dice que “el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales”.

El enojo de Javier Milei, expresado a través de su cuenta de X, es porque el Pro terminó votando mayoritariamente contra los elegidos por él para completar la Corte Suprema de Justicia.

Con el revés sufrido este jueves en el Senado, al ser rechazados los dos candidatos propuestos por Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno libertario alcanzó un nuevo hito en el Congreso. El de ser el primero al que le rechazan en la Cámara alta un candidato propuesto para tan alto cargo en la Justicia.

Así como sucedió con el DNU 656/24 de los fondos reservados destinados a la SIDE, que en septiembre del año pasado fue rechazado, marcando la primera vez en la historia desde que los decretos de necesidad y urgencia fueron incorporados a la Constitución que el Congreso le rechazó esa herramienta a un presidente, ahora sucede lo mismo con los pliegos de dos nombres propuestos por el presidente para integrar el Tribunal Superior.

No es que todos los postulantes propuestos por los presidentes para cargos que necesitan mayorías especiales en el Senado hayan sido aprobados allí. Al contrario, varias veces no han logrado pasar el filtro de la Cámara alta. El tema es que en general los gobiernos evitan perder en el recinto y retiran los pliegos con antelación. Lo inédito es que un Gobierno vaya a todo o nada hasta el final, exponiéndose como acaba de suceder a perder votaciones en el recinto.

Hemos dicho que hay numerosos ejemplos de propuestas para la Corte Suprema o la Procuración General que, ante la resistencia de los padres de la patria, el Gobierno de turno decide retirar los pliegos antes de que el recinto los rechace.

Limitándonos al pasado reciente, tenemos el caso de Daniel Reposo, propuesto por Cristina Kirchner para el cargo de procurador general de la Nación en reemplazo de Esteban Righi, renunciante en 2012 luego de que el entonces vicepresidente de la Nación Amado Boudou denunciara públicamente que el Estudio Righi y Asociados, del cual el funcionario era socio, le habría ofrecido el servicio de “aceitar jueces federales” de los tribunales de Comodoro Py. El hecho se dio en los primeros tiempos de las denuncias contra Boudou por las que terminó siendo condenado por la Justicia.

Reposo fue el elegido para reemplazarlo, pero terminó envuelto en un papelón, al presentar datos falsos en su currículum. Ante la certeza de que los senadores le habían bajado el pulgar luego de su exposición en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, Cristina decidió retirar el pliego y propuso en cambio a Alejandra Gils Carbó, que sí consiguió con holgura los dos tercios necesarios.

Más tarde Gils Carbó se revelaría demasiado alineada con el Gobierno kirchnerista, por lo que cuando asumió Mauricio Macri en 2015 comenzó a reclamar su renuncia. Recién tomó esa determinación la procuradora general de la Nación luego de que Cambiemos ganara las elecciones intermedia. Macri propuso para reemplazarla a Inés Weinberg de Roca. El tratamiento de su pliego se dilató y ya bien entrado 2018 y desatados los problemas de la economía que vivió esa administración, la oposición peronista en el Senado se mostró reacia a tratar el pliego. A sabiendas de que no contaba con la anuencia de esa Cámara y no conseguiría los votos para nombrarlo, ese Gobierno no apuró el tratamiento de ese pliego y, al perder las elecciones Macri, el mismo fue retirado.

Alberto Fernández propuso como procurador general al juez federal Daniel Rafecas, pero el kirchnerismo frenó el tratamiento de ese pliego durante los cuatro años de gestión de esa administración, y su designación se extinguió sin ser considerada nunca en la Comisión de Acuerdos.

Ahora vayamos a cargos en la Corte Suprema. Cuando Eugenio Zaffaroni renunció a su cargo en el máximo tribunal por haber cumplido la edad límite aceptada por la Constitución, Cristina Kirchner propuso nombrar en su reemplazo a Roberto Manuel Carlés. La entonces presidenta elevó su postulación el 28 de enero de 2015. Ultimo año de gestión de una presidenta que no tenía posibilidad de reelección, era difícil que le aprobaran un candidato para la Corte y, de hecho, 28 integrantes del Senado pertenecientes a la oposición de entonces firmaron un compromiso para no otorgar la aprobación de ese ni ningún otro candidato que postulara Cristina.

Igual, Carlés participó el 31 de marzo de 2015 de una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que emitió dictamen favorable. Como el pliego quedó inmovilizado, poco antes de las elecciones presidenciales de octubre el Gobierno retiró la postulación, y envió al Senado otros dos postulantes: Eugenio Carlos Sarrabayrouse, para cubrir la vacante de Zaffaroni, y Domingo Juan Sesín, por la vacante que a fin de año dejaría Carlos Fayt al jubilarse. Fueron candidaturas testimoniales: el Senado aprobó el ingreso de esos pliegos tres días antes de que Macri ganara el balotaje, y fueron retirados cuando el Gobierno de Cambiemos asumió. Los reemplazó por los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados originalmente en comisión, pero luego aprobados por el Senado por 60 y 58 votos a favor, más de los dos tercios necesarios.

En definitiva, los gobiernos no se arriesgan a perder en el recinto, por aquella regla no escrita pero respetada por todos de que nunca es bueno un traspié en las cámaras. Pero como en tantos otros casos, el Gobierno de Javier Milei vuelve así a dar la nota.

La principal actividad en el Congreso para esta semana, marcada por un feriado en el medio de la misma, es, sin lugar a dudas y con toda lógica, la sesión pedida por Unión por la Patria en el Senado para tratar de una vez por todas los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.

Ambos ya con dictamen, la sesión no necesita mayorías especiales para abordar el tratamiento de los mismos, previsto para las 14 de este jueves. Ya había sido convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel con dos semanas de anticipación, el 19 de marzo pasado. Ahora, toda la expectativa está puesta en si habrá o no quórum para realizar la reunión.

Es que todos los poroteos previos realizados hacen prever que ninguno de los dos elegidos por el presidente Javier Milei cuenta con el número suficiente de votos para ser aprobados. Por tal motivo, ha trascendido la intención del oficialismo de evitar que la sesión se concrete.

También se sabe que el Gobierno mantiene obstinadamente la decisión de no retirar los pliegos, como le piden desde la oposición amigable, que busca ahorrarse el pronunciamiento público.

La legislación es clara respecto del número necesario para aprobar jueces para el Tribunal Superior. Según establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 4, el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

El más complicado es García-Mansilla, fundamentalmente por la frase que lo condenó durante la audiencia celebrada en la Comisión de Acuerdos. Fue cuando la camporista Anabel Fernández Sagasti le preguntó si aceptaría ser designado por decreto y él respondió enfáticamente que no. Pruebas al tanto, tras haber jurado en la Corte y ya estar en ejercicio de funciones, la oposición sostiene que si no pudo mantener su palabra en ese sentido, no es confiable. Aunque ya de por sí el interbloque de Unión por la Patria nunca lo quiso. En principio, por considerarlo demasiado conservador -se opuso y militó contra la legalización del aborto-, pero además el bloque que conduce José Mayans consideró siempre ese lugar en la Corte como prenda de negociación: quería allí a una mujer, y de la preferencia de Cristina Fernández de Kirchner, según pudo saberse.

En el caso del juez federal Ariel Lijo, el Gobierno siempre bajó la misma línea: él tenía que conseguir los apoyos para su candidatura. En principio, no lo estaría logrando.

El interbloque más importante de la Cámara alta cuenta con 34 miembros, aunque ahora aparece dividido en tres bloques. El más nuevo, el de Convicción Federal (4 senadores) se ha formado precisamente para poder negociar según sus propios intereses. Y en el caso de los jueces para la Corte, aparecen más dispuestos a atender las necesidades del Gobierno. Sobre todo, con Lijo.

Así y todo, estaría prevaleciendo la postura de la conducción de Unión por la Patria de rechazar los dos pliegos. Los senadores radicales analizarán en las próximas horas qué postura adoptar, aunque hay algunas que ya se conocen de antemano. El titular de la UCR, Martín Lousteau, votará contra la postulación de ambos (de hecho firmó, con Guadalupe Tagliaferri, un dictamen contra la designación de García-Mansilla). Carolina Losada también anunció hace tiempo que rechaza el pliego de Lijo, y una postura similar se espera del fueguino Pablo Daniel Blanco. Con Lousteau, Tagliaferri y Blanco tres sentados en sus bancas, más todos los de Unión por la Patria, alcanzaría para arrancar la sesión este jueves, hoy por hoy la gran duda de todos.

En el caso del Pro, sus miembros siempre mantuvieron la decisión de rechazar al menos la designación de Lijo. Incluso la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Pero cercana a Patricia Bullrich, su postura final siempre abrió interrogantes. Y este martes posteó que se abstendrá, lo cual siempre es bueno para ambos jueces, a los que solo les preocupa que no les voten en contra. “Los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lousteau -argumentó-. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para NO votar a Lijo. En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque NO quiero darle el acuerdo a Lijo. Sí se lo daría a García Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto”, sostuvo.

¿La novela concluirá este jueves? Si hay quórum y se vota, podría suceder. Pero si ambos pliegos son rechazados, seguirá la discusión en torno a García-Mansilla. No con Lijo, quien ya se quedará con su puesto como juez federal, por algo no ha renunciado. Pero en el caso del académico, el Gobierno sostendrá que ya fue designado en comisión así que tiene vigencia hasta el último día de noviembre. Incluso, el propio magistrado avisó que sólo puede ser removido por juicio político.

Se abrirá entonces otra discusión, no menos áspera en torno a las dos bibliotecas que sostienen argumentos a favor y en contra en ese sentido.

En caso de asistencia perfecta, los pliegos requieren 48 votos a favor para su aprobación, un número que ninguno de los dos reúne por estas horas. Mientras que, con un tercio de 25 votos en contra, alcanza para bloquear a cualquiera de los dos. Según aseguró Mayans este martes, "ambos tienen más de 30 votos en contra".

Luego de un año en el que la Cámara alta ocupó un rol menor en el andamiaje institucional, el Cuerpo parecería querer recuperar protagonismo y el debate sobre los pliegos para la Corte Suprema podría ser el disparador ideal. En rigor, ya lo intentó en la última sesión, aquella única de extraordinarias, donde algunos intentaron crear una comisión investigadora para el caso $Libra. No les fue bien, y al final la audaz maniobra terminó prácticamente en un blooper.

Con ese antecedente, ahora intentan recuperar fuerzas con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, nombrados por decreto por el presidente Javier Milei. Revitalizado tras haber recuperado un senador que había perdido con la salida de sus huestes del entrerriano Edgardo Kueider -hoy preso en Paraguay; vip, pero preso al fin- Unión por la Patria se propone avanzar con una sesión donde pueda tratar los pliegos que el presidente quiere instalar por decreto y por el término de un año. Tratan de articular la maniobra con sectores del Pro y la UCR que coinciden en pensar que el procedimiento del Ejecutivo vulnera el rol del Senado en el proceso de selección de jueces supremos.

En la previa de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema tomó una decisión rápida, que fue la de tomarle juramento a García-Mansilla, a pesar de no contar con el acuerdo del Senado. Tildando de hecho como “constitucional” la medida implementada por el presidente de la Nación.

La designación de Lijo no pudo avanzar, no por las masivas impugnaciones presentadas en su contra, sino por estar decidido el juez federal a mantener -como reserva- el cargo que ya de por sí le asegura un puesto vitalicio en el seno de la Justicia. No quiere arriesgarse a quedarse sin nada. Por eso y solo por eso la Corte no le tomó juramento. Lo que rechazó el jueves pasado fue concederle la licencia que pidió y que -¿corporativamente?- le había concedido la Cámara Federal. Con el voto de García-Mansilla, que dio una valiosa muestra de autonomía rechazando la licencia de su compañero de decreto, sin que ello fuera suficiente para redimirlo ante los senadores.

“Nos mintió en la cara. Dijo que no aceptaría ser designado por decreto y lo hizo”, señalan desde la oposición dialoguista, teniendo en cuenta la pregunta que durante la audiencia en la Comisión de Acuerdos le hizo la mendocina Anabel Fernández Sagasti al catedrático.

A diferencia de Lijo, García-Mansilla no logró reunir las firmas necesarias para el tratamiento de su pliego en el recinto hasta la semana pasada. En un movimiento inesperado, el kirchnerismo y los sectores opositores críticos del Gobierno presentaron dos dictámenes de rechazo: uno encabezado por los porteños Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR), y otro por los senadores de UP. Quedaron a una firma de estar habilitados para su tratamiento, como el de Lijo.

El oficialismo, por su parte, intentó deslegitimar el procedimiento de Unión por la Patria rechazando la firma de José Mayans, argumentando que el presidente de ese interbloque no estuvo presente en la audiencia de García-Mansilla. No obstante, la oposición sostiene que la firma del formoseño es suficiente para validar el dictamen. Faltaría entonces un radical.

Dentro del radicalismo, la disputa interna respecto de cómo enfrentar las designaciones por decreto de Milei sigue latente. Mientras Lousteau, Pablo Daniel Blanco y Maximiliano Abad lideran el sector más independiente y equidistante (o crítico) del Gobierno, el grupo alineado con los gobernadores busca evitar una confrontación directa. Con el jefe del bloque Eduardo Vischi a la cabeza, esta tensión ya se evidenció en la votación de la comisión investigadora del caso Libra, donde seis radicales boicotearon la iniciativa pese a que fue impulsada por su propio bloque. Hombre del gobernador correntino Gustavo Valdés, Vischi aparece imposibilitado de incomodar a la Casa Rosada, como también sucede con otros legisladores como los mendocinos.

Ahora, los sectores más críticos confían en sumar más votos para rechazar el pliego de Lijo y garantizar el quórum necesario para la sesión. La vicepresidenta Victoria Villarruel será clave en este escenario, ya que su rol como presidenta del Senado le otorga la potestad de habilitar o bloquear el debate. La “descabezada” titular del Senado ha sido decididamente soslayada en sus funciones por el Gobierno y ya dijo oportunamente que no le gusta la designación de Ariel Lijo.

El destino de Lijo

El pliego del juez federal que se aferra a sus dos cargos ya cuenta con dictamen y podría ser tratado sin necesidad de una votación sobre tablas. No obstante, el peronismo enfrenta una disyuntiva: mientras el kirchnerismo impulsa su rechazo, algunos gobernadores peronistas buscan mantener su candidatura. “Lijo no, que es amigo”, argumentan algunos mandatarios provinciales, intentando frenar la ofensiva opositora.

La estrategia del ala dura de Unión por la Patria -porque allí también tallan los gobernadores más cercanos a la Rosada- es sesionar cuanto antes para rechazar ambos pliegos y dejar sin efecto las designaciones en comisión. Según interpretan, si el Senado se pronuncia en contra, los jueces perderían automáticamente su legitimidad y el Gobierno debería proponer nuevos candidatos.

Sobre el tema la consultaron este viernes a Guadalupe Tagliaferri, quien es nada menos que la presidenta de la Comisión de Acuerdos, y esto dijo: “Un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución”.

Pese a los dichos de la senadora del Pro, si la Cámara alta finalmente rechaza las nominaciones, se abrirá un conflicto institucional con el Ejecutivo. Mientras Milei sostiene que, según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, los jueces designados en comisión pueden permanecer en sus cargos hasta noviembre, la oposición argumenta que el proceso de nombramiento solo se completa con el acuerdo del Senado. Esta discrepancia podría derivar en una nueva crisis política y, eventualmente, en presentaciones judiciales. Que recaerían en la propia Corte…

Ante la controversia generada en torno a las designaciones por decreto de dos jueces en la Corte Suprema y la potestad que tiene el Senado para decidir el destino de los mismos, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, aclaró este viernes que el decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla “no tiene que ser tratado en el Congreso”.

“Es un decreto administrativo, no es un DNU”, que sí va al Parlamento. Y precisó que “lo que tiene que ser tratado en el Senado, como dice la Constitución, son los dos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que tiene que suceder, para darle robustez, institucionalidad y certeza al andamiaje jurídico de la Argentina: que los jueces de la Corte Suprema sean tratados en el recinto del Senado y que sean los senadores quienes digan si los jueces están o no están”.

La senadora del Pro estimó que “hay una enorme mayoría de senadores que consideran que (el tema) lo tiene que resolver el Senado. El decreto no se somete a consideración de los senadores; solamente los candidatos”.

Ante la posibilidad de que los dos pliegos sean tratados en el pleno, por Radio Mitre le plantearon las diferencias entre ambos casos, dado que el de García-Mansilla no tiene dictamen todavía. Igual se puede tratar en el recinto, aclaró la senadora Tagliaferri. “No es condición sine qua non, habilitarlo sobre tablas lo hace más dificultoso, pero no es que está inhabilitado de ser tratado en el recinto”, enfatizó.

¿Las dos designaciones podrían ser reconsideradas allí? “La Constitución es muy clara: la facultad de designar a los jueces de la Corte la tiene que dar la aprobación del Senado”, remarcó la senadora del Pro. Y agregó que “lo que dice la reglamentación es que duran hasta el (final del) período legislativo. No es que significa que es obligatorio que sigan hasta esa fecha”. Recordó Tagliaferri que la única jurisprudencia que existe es con un juez que estaba desde la dictadura. “El Senado estaba cerrado; cuando enviaron el pliego de la Corte al Senado, el Cuerpo lo rechazó e inmediatamente se fue a su casa”.

“Pero que estemos discutiendo de todo esto es lo que da incertidumbre jurídica -observó Tagliaferri-. La lectura que nosotros hacemos es que el Senado no pierde una facultad constitucional. La facultad constitucional de elegir o no dar aprobación a los jueces es del Senado”.

Admitió que el presidente tiene un margen en situación del Senado cerrado, lo cual hace que sea constitucional que haya firmado el reciente decreto. Pero cuando abre el Senado, esa cámara tiene la obligación de tratarlos. “Y si son aprobados, tienen la robustez de que son vitalicios; y si no son aprobados, dejan de ser jueces por decreto”, resumió.

Tagliaferri insistió en que “la Constitución es clara: ¿de quién es la potestad de dar acuerdo, del Poder Ejecutivo o del Senado? Del Senado. El Senado no da acuerdo, no son más jueces. También puede pasar que vayan al Senado y tengan acuerdo, con lo cual es mejor resolver esto que estamos hace diez días discutiendo si vale, si no vale, si dura, si se caen… que es la demostración de que el decreto lastima la certidumbre jurídica”.

Ante la pregunta sobre el destino de los jueces nombrados en comisión si el Senado trata sus pliegos y los rechaza. “En mi interpretación y la de muchos constitucionalistas, es que inmediatamente deja de ser juez de la Corte”, respondió Tagliaferri.

“Vayamos al espíritu de la ley: un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución. Yo entiendo la buena voluntad, pero todo esto lastima, primero a la Corte Suprema, lastima a la seguridad jurídica, lastima al propio presidente”.

Por último la presidenta de la Comisión de Acuerdos apuntó que en el caso de que el presidente los mantuviera en el cargo ante un rechazo del pliego por parte del Senado, el mandatario “gana la discusión, (el juez) dura hasta noviembre. ¿Qué hace el presidente? Vuelve a mandar el pliego en octubre… ¿Qué va a hacer el Senado? Se lo rechaza nuevamente. Entonces va a estar un año entero con una Corte Suprema que está provisoria y que todo el mundo sabe que en noviembre lo va a rechazar. Eso lastima la institución”.

Legisladores de la oposición dialoguista destacaron la decisión de la Corte Suprema, que este jueves rechazó el pedido de licencia realizado por el juez federal Ariel Lijo, designado por decreto en el máximo tribunal, cuya integración al mismo ahora quedó en suspenso.

En declaraciones en radio La Red, el senador Luis Juez fue consultado por el tema y afirmó: "Es lo que corresponde. Si Lijo quiere ser ministro de la Corte, arriesgá algo maestro".

El cordobés consideró que Lijo no tiene "un puto mérito" y "encima no quiere perder una el viejo; eh, loco, pará. No podés querer venir a ser ministro de la Corte y juez federal. Renunciá, jugáte la vida".

"En este tema hay jurisprudencia, no se le puede tomar juramento con licencia, tiene que renunciar", aseguró y advirtió que este escenario "se le puede volver un búmeran" porque " el pliego de Lijo se va a tratar sí o sí en una sesión" del Senado, afirmó.

En contra de Lijo desde el primer día, algo que provocó su salida del oficialismo, el senador formoseño Francisco Paoltroni sostuvo que "Lijo no sólo no puede ser juez de la Corte Suprema, ni siquiera debería seguir siendo juez. Con 350 impugnaciones en el Ministerio de Justicia, 35 en el Senado y 40.000 firmas ciudadanas en rechazo, es evidente la falta de confianza que genera. La justicia debe estar integrada por magistrados intachables e incuestionables".

"La Corte Suprema rechazó la licencia pedida por Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal. Gran noticia para los que aún defendemos las instituciones y lo dijimos siempre", fue el mensaje de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli.

En tanto, el diputado radical Julio Cobos opinó que "la Corte Suprema hizo lo correcto" al "rechazar el pedido de licencia por improcedente". "Ahora el juez Ariel Lijo tiene dos caminos, renunciar o someterse al proceso de legitimidad que le da el Senado de la Nación si avala su pliego, y esto es lo que corresponde y debería hacer", resumió.

Por su parte, el diputado del Pro Fernando Iglesias destacó la posición tomada por Manuel García-Mansilla, también designada por decreto, quien asumió la semana pasada y votó por el rechazo. "García Mansilla votó a favor de rechazar la licencia de Lijo. Dato, no opinión. Felicitaciones", publicó en la red social X.

Quien a esta altura -domingo 2 de marzo- diga que sabe qué va a pasar con la Corte, estaría mintiendo. Porque el ajedrez es tan complejo que ni los propios protagonistas lo saben. Obvio que alguien va a tener razón al final del camino, y si ese “alguien” es el gobierno, va a enrostrarle a todo el mundo que no entiende nada y que ellos entienden todo.

La primera pregunta que debe hacerse es a quién le conviene la llegada de Lijo a la Corte, además de a él mismo. El león compró la idea de Lorenzetti creyendo que, al satisfacer la vieja expectativa de Comodoro Py de tener a uno de ellos en el máximo tribunal, los jueces de esa corporación judicial/política no van a entorpecer las reformas -muchas polémicas desde el punto de vista jurídico- y tampoco molestarían al presidente y sus funcionarios en sus tareas, más allá de las formalidades que habitualmente terminan en los brazos de Orfeo.

Cristina cree que el dios Orfeo -en este caso protagonizado por “Ariel”- también calmará a las fieras tocando su lira, tal cual reza la mitología griega. El punto es quien sacará mejor partido en esa negociación. Por las dudas, el ministro Cúneo anunció (¿justo?) este viernes que mandará al Senado el pliego de 222 jueces y fiscales, aunque no son de los que trabajarán en la calle dedicada al famoso marino. ¿Un dulce para aceitar el toma y daca? ¡Jamás!

Pero, así como nadie puede firmar que Ariel -para los amigos- sea leal con esos supuestos compromisos, tampoco puede asegurarse la conducta futura del nuevo juez de la Corte. Rufus -también para los amigos- doctrinariamente podría estar más cerca de Rosatti y Rosenkrantz (los 2 R), que del abogado de Rafaela. Pero, al mismo tiempo, se lo ve muy presionado por el asesor estrella del presidente. ¿Cómo votará en la nueva composición de 4 respecto a la licencia de Ariel, ya que ni siquiera tiene dictamen de comisión en el Senado? Hasta ahora, los más sagaces de este mundo creen que la cámara alta lo va a cepillar a García Mansilla próximamente en esta sala. ¿Seguirá siendo juez después de eso? Teóricamente no. Pero en esta Argentina no solo a Seguro se lo llevaron preso, sino que también a Teóricamente. El gobierno dice que seguirá siendo juez hasta que diga el decreto ya emitido. ¿Rufus buscará asociarse a los 2 R para legitimarse?

En esta Corte líquida, diría Bauman, nada esta claro. ¿Rosenkrantz seguirá siendo un aliado incondicional de Rosatti, en el medio de tanta presión? Quizá somatice tanta angustia personal que le causan estos conflictos y ceda un poco, con lo cual lo dejaría a la máxima autoridad del Poder Judicial en Pampa y la vía. Es decir que, ni García Mansilla, ni Lijo, ni Rosenkrantz pueden dar fe de sus conductas futuras, llegado el caso. Solo hay dos actores de los cinco que tienen posición fija… pero eso no constituye una mayoría.

Además, hay muchos actores de reparto que puedan jugar un rol estratégico. Uno es el juez Ramos Padilla, quien tiene en su poder la potestad de dictar la nulidad del decreto de nombramiento en comisión y arruinar todos los festejos oficialistas. Si bien le dio 10 días al gobierno para que responda, todo es relativo. Este magistrado le hizo lugar a una presentación de una ONG ligada al mundo kirchnerista. Mientras, Cristina sigue en silencio. ¿Llamativo? No. ¿Para qué va a hablar si tiene la capacidad de mover muchas fichas por detrás? ¿Se aprueba Lijo para que se caiga la ley de ficha limpia¡? Probable. Ningún vaqueano o vaqueana del mundo senatorial cree que esa polémica ley se apruebe. Y así, todos felices comerían perdices. Bueno… por ahora, porque “la casta” de los abogados también se va a movilizar ante tanta desprolijidad institucional. Un último comentario sobre este tema: a esta altura, ¿quiere Lijo ser juez con tanto cuestionamiento a las formas? Muchos creen que no y que prefiere esperar a que el Senado lo confirme. Esta Corte de Fab Four podría ayudar en ese camino.

Esta semana también se habló mucho de la justicia por su rol en el tema seguridad. Una sucesión de hechos lamentables en la provincia de Buenos Aires puso en la picota a la gestión de Kicillof. El “gatito mimoso” le pidió que se corra para intervenir el distrito. Es de suponer que se salteó de leer el capítulo de la Constitución dedicado a la materia: con enviar una ley al Congreso y hacerla aprobar, es suficiente. Así de fácil. Más allá de lo terrible del caso, hay varias cuestiones políticas para apuntar:

1)                                                  El gobierno hace rato que viene jugando a la interna entre el gobernador y la jefa, para que ninguno de los dos tenga todo el protagonismo.

2)                                                 Esta semana los muchachos peronistas, que no comen vidrio, cerraron filas con Kicillof porque, quizá, “todos unidos triunfaremos”. Como lo dijimos la semana pasada en esta columna, el mayor desafío para el futuro de Milei es que el kirchnerismo gane en la PBA.

3)                                                 Lamentablemente, la experiencia indica que la seguridad se puede convertir en tema de campaña, pero es poco probable que tenga incidencia electoral. Solo recuérdese el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía entre las PASO y la general de 2021: el Frente de Todos no solo no perdió votos, sino que además los recuperó. Cuando frente a un tema relevante la mayoría no ve que alguien tenga la potestad de resolverlo, pierde su capacidad de incidencia en la decisión del voto.

Como no alcanzan los caracteres para analizarlo todo, solo resta prestarle atención a que el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella registró en febrero su tercera caída seguida, donde el aspecto “preocupación por el interés general” es el peor de los cinco atributos evaluados. ¿Se trata de un gobierno eficiente para atacar problemas centrales, pero que tiene poca empatía con las sensibilidades de la ciudadanía?

Muchos sucesos negativos juntos terminan por adormecer la capacidad de reacción social. Eso lo sabe bien el lugar donde los expedientes judiciales duermen el sueño de los justos. Doctrina Orfeo. ¿O debería llamarse Comodoro Orfeo?

Este jueves la Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomó juramento a Manuel García-Mansilla, luego de haber sido designado "en comisión" por el decreto 137/25 del presidente Javier Milei, para ocupar uno de los cargos vacantes.

De forma inmediata, la oposición reaccionó en redes con duras críticas contra el catedrático. “El que entró por la ventana ya está adentro de la Corte. Mientras la libertad avanza, la institucionalidad retrocede”, cuestionó el diputado mendocino Adolfo Bermejo (UP).

Con la imagen de García–Mansilla jurando en la Corte ilustró su posteo el diputado Esteban Paulon y escribió: “En esta imagen, la síntesis del atropello institucional de Milei que buena parte del sistema avala o consciente”, y con cruces rojas enumeró: “Inseguridad jurídica. Menosprecio a la Constitución Nacional. Desequilibrio de género. Daño irreparable a la República”, y alertó: “Hay que actuar antes que sea tarde”.

Esto es ESCANDALOSO. Reconocen que NO tenían los votos y x eso burlan al Congreso y a la Constitución con un DECRETO!!! La República llora https://t.co/VgTZGHtoCq

— Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) February 27, 2025

“Respeto mucho al académico Manuel García Mansilla, lamento mucho que no haya conseguido apoyo su pliego en el Senado, pero más lamento se haya prestado a acceder a la Corte de esta manera. No es cierto que el Senado no hizo su trabajo, no lo quisieron votar y eso es un No”, expresó la diputada de la CC Marcela Campagnoli.

"LA MAYORÍA AUTOMÁTICA AVANZA. Cuando Rosatti y Rosenkrantz fueron designados en comisión por Macri y Pepín Simón, esperaron el acuerdo del Senado (art. 99 inc. 4 CN). Tras 9 años de usar la Corte para hacer política, Mansilla asume en secreto en 24 hs. Degradación total", apuntó el diputado Martín Soria (UP).

Su par Liliana Paponet sumó: "Jueces puestos a dedo por decreto. Constitución pisoteada. República en jaque. Milei no solo dinamita el Estado, también la Justicia. ¿Libertad o autoritarismo? La respuesta es clara".

OTRA ESTAFA (y muy peligrosa): La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

❌Acá la foto de los jueces de la mayor magistratura del país convalidando el avasallamiento de la Constitución Nacional.

❌⚖️Estos son los jueces que tendrían que garantizar justicia pero van… pic.twitter.com/U1V7vagJqX

— Sabrina Selva (@SabriSelva) February 27, 2025

El pedido del bloque DpS que no fue tenido en cuenta

El formoseño del bloque Democracia Para Siempre, Fernando Carbajal, recordó la solicitud que le enviaron al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, para que no le tome juramento ni a Ariel Lijo ni a García-Mansilla: “No fuimos escuchados. García M. empieza mal. Ya regaló su proclamada honestidad. Dijo que designar jueces en comisión estaba mal Esperamos que se frene la designación de Lijo”.

El escrito llevaba las firmas de Carbajal, Margarita Stolbizer, Pablo Juliano, Jorge Rizzoti, Manuel Aguirre y Marcela Coli, en su mayoría diputados del bloque radical Democracia para Siempre, que conduce Juliano y se referencia en la figura de Facundo Manes. Los diputados opositores sostuvieron que "no están dadas las circunstancias de excepcionalidad que marca la ley" para designar jueces en comisión y hablaron de "un conflicto de poderes de imprevisibles consecuencias" y un "daño enorme al debido funcionamiento institucional".

Además, reposteó un mensaje del periodista Reynaldo Sietecase: “Se va conformando la Corte Suprema de Justicia de Milei con dos distraídos (Rosatti y Rosenkrantz), un pícaro (Lorenzetti, inventor de esta nueva mayoría automática), un impresentable (Lijo) y un mentiroso (García Mansilla)”.

La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina con sus cuatro miembros. La semana que viene completan la banda? pic.twitter.com/anNg6pjcB1

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) February 27, 2025

Luego de que el presidente Javier Milei nombrara por decreto como jueces de la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla cuyos sendos pliegos quedaron en stand by en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, acusó a dicha Cámara de “dilatar” el tratamiento.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni señaló: “La instancia de nombras jueces en comisión iba a estar siempre sujeta a que entendamos que la justicia pueda tener algún tipo de inconvenientes en su funcionamiento”, y planteó: “Entendemos también que ha pasado más de un año desde su presentación de los pliegos y, habiendo pasado todas las instancias necesarias, no se ha logrado que el Senado apruebe los pliegos”.

“Entendemos que efectivamente era momento de nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto dure el periodo legislativo ordinario”, aclaró y sumó: “El resto del proceso que tenga que seguir en la Cámara de Senadores es un tema que sigue siendo responsabilidad de esa Cámara. No entendiendo bien las razones, habiendo cumplido con los requisitos de idoneidad y técnicos, que haya ocurrido lo que ocurrió porque, en definitiva, no estamos hablando de cuestiones partidarias, estamos hablando de cuestiones técnicas. Es la decisión del presidente y de que la justicia tenga a todos sus miembros de casi un año que esto no avance en el Senado”.

El portavoz agregó: “Se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así después de un año que el Senado teniendo el pliego de dos personas que cumplían con los requisitos no han logrado avanzar, solo se firmó dictamen de uno de ellos. Es una de las atribuciones del presidente”.

“La dilatación en la resolución no tenía sentido y que lo único que hacían era complicar una decisión del presidente en post de que la justicia siga trabajando de forma eficiente”, manifestó.

Sobre el comunicado de UP, Adorni apuntó: “En general el kirchnerismo o la izquierda cuando no están en el poder, todo lo que está en el poder es dictadura es antidemocrático, pero es una práctica habitual donde ellos no eran parte. Poco importa que nos traten de antidemocrático o que atentamos contra la Constitución”.

“Un año estuvo el Senado en posición de resolver el tema y no lo hizo, no hay nada más Republicano que el Senado. Los jueces los propone el presidente, no el Senado ni sus miembros, no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión técnica o de idoneidad ambas cuestiones que cumplen con creces ambos jueces”, criticó y enrostró: “Es difícil comprender que tomamos una medida o atribución anticonstitucional cuando este mecanismo ha sido utilizado por todo el espectro político incluso peronistas y el mecanismo fue convalidado por la propia Corte”.

“Son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar aún más un tema que no hay nada más republicano que la Corte Suprema de la Nación tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén todos en función. Todo fue dentro de la ley, de la Constitución y son mecanismos utilizados, son más cuestiones políticas que de los pliegos de los jueces”, ratificó.

Al ser consultado por Alec Oxenford que ha sido nombrado como el nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos, el vocero aclaró: “Entiendo que ya había tenido reuniones con senadores y que el presidente, en búsqueda de celeridad y que en extraordinarias no se trató, cumple con todos los requisitos de capacidad y trabajo y es una excelente persona, se optó por no dilatar más los tiempos y acelerar el proceso”.

Sobre la posibilidad de restringir la cantidad de fotógrafos y prensa en la apertura del periodo ordinario que se llevará a cabo el 1ero de marzo en la Asamblea Legislativa, Adorni afirmó: “No es así, pero lo cierto es que estamos haciendo las avanzadas que es el procedimiento habitual que se hace en todas las presencias del presidente. El año pasado nos acusaron de antidemocráticos y de estar en contra de la prensa y simplemente los movimos de lugar por una cuestión de seguridad. Solo sabemos que será a las 21 horas y saldrán desde Casa Rosada a Congreso. No va a haber ningún cambio más allá de posiciones o esquema de organización”.

Por último, ante el asesinato de una niña de siete años a mano de delincuentes menores de edad el vocero aseguró que “la baja de imputabilidad es un tema en agenda que la propia ministra Bullrich y vamos a trabajar. Lo que pasó en La Plata es una aberración de asesinos independientemente de su edad y no puede seguir conviviendo en sociedad matando gente”.

Tal cual se había anunciado horas antes a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, el Poder Ejecutivo designó este miércoles a través del decreto que lleva el número 137/2025 a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El texto apareció publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que “existen dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que requieren ser cubiertas sin demora”.

Las mismas corresponden a las renuncias de Elena Inés Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ante lo cual en el decreto se invoca el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por el cual el presidente de la Nación “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

En la tarde de este martes, un comunicado difundido por la Oficina del Presidente informó que “el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.

Se agregaba allí que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. Y cierra el comunicado el Gobierno advirtiendo que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.

Al anunciar la decisión, el Gobierno recordó todo el trayecto que tuvieron los pliegos de García-Mansilla y Lijo, nominados el pasado 20 de marzo. Recuerdan haber cumplido con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de esos candidatos, más la presentación de ambos postulados en las audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado.

“No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el período ordinario, el presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el presidente”, agrega el texto.

El comunicado continúa reseñando que “desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la cámara alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.

Refiere el Gobierno que la Constitución nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. “El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”, precisa la Oficina del Presidente, según la cual “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

Por otra parte, recuerda antecedentes de casos en los que los nombres elegidos contaron con “una notable mayoría del arco político” en la “designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”. Sin embargo, se queja la Oficina del Presidente, “durante muchos meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

“Esta facultad, presente en el texto constitucional desde su origen en 1853, ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Una Corte de tres

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

La designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio. No es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país.

En un acto antirepublicano e inconstitucional, Milei designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Uno de ellos es el juez Lijo, la persona más denunciada de la historia en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que ha cajoneado casi 60 causas de corrupción a lo largo de su deplorable carrera.

Nunca en la historia un candidato a la Corte fue tan cuestionado como Lijo. El presidente pone este candidato como consecuencia de un acuerdo inconfesable. Este acuerdo es con el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia corrupta.

Los fundamentos utilizados son falsos. Veamos uno por uno. Lijo no resultó seleccionado por un proceso transparente o un concurso público, sino por acuerdos políticos y opacos. El Senado no tiene ninguna obligación de mantener ningún acuerdo corporativo, sino que debe velar por los intereses de los argentinos y de la Corte.

La Corte Suprema jamás se encontró impedida de resolver. Los tres miembros de la Corte se encuentran plenamente operativos y, si fuera necesario, se pueden convocar a conjueces ya designados para resolver un caso controvertido. No había ninguna interrupción en el normal funcionamiento de la Corte, por lo que la designación en comisión es innecesaria.

La figura de la designación en comisión fue pensada para órganos donde se necesita cubrir las vacantes. Es el caso de los embajadores y miembros del servicio del exterior o directorios como el Banco Central.

La Constitución Nacional prevé un proceso político de análisis de los candidatos en el Senado de la Nación. Los miembros son propuestos por el Presidente, sin concurso y por criterio político. Con el mismo criterio político el Senado puede aceptar, rechazar o no tratar esas propuestas.

La situación de Lijo es diferente a cualquier juez que se haya discutido en la historia de Argentina. Es un juez denunciado en más de 32 denuncias ante el órgano que analiza los incumplimientos éticos de los jueces de la Nación. No se trata de una cuestión ideológica, sino de una falta total de ética e idoneidad para el cargo.

Este asunto debe ser revertido por el Senado de la Nación. El pliego debe ser rechazado y el Presidente debe enviar otros candidatos.

Poco antes de que el Gobierno anunciara la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto, el jefe de los senadores de la principal oposición, José Mayans, sostuvo sobre la negociación de los pliegos para la Corte Suprema que el Gobierno debía llamarlos a negociar.

“Si tenemos una oposición que dice a todo que sí y es complaciente, no tenés un sistema equilibrado; cuando tenés una oposición que hace la crítica de lo que no corresponde, (el Gobierno) se nutre de esa información necesaria”.

Y puntualmente en el tema de la Corte, Mayans dijo que “nosotros ofrecimos claramente conversar”. Teniendo en cuenta que se trata de cosas que necesitan los dos tercios, “tenés que conversar. Reclamamos un diálogo; nosotros lo ofrecemos, no tenemos ninguna visión destructiva, pero sí que se explique”. Tras lo cual, amplió esa eventual discusión a temas como el Presupuesto y la deuda externa.

“Estamos para el diálogo, insistió, pero ante la insistencia sobre qué harían ante un nombramiento en comisión, Mayans dijo que “si lo nombran por decreto, es inconstitucional, absolutamente. ¿Qué valor puede tener un juez de la Corte que es nombrado por decreto? El que lo nombra por decreto, lo puede sacar por decreto. Y vos fíjate que Milei cuando opinó Cavallo sobre el dólar, la echó a la hija... Imagínate lo que le va a hacer si la Corte le falla en contra… los mete en la guillotina, como dijo Karina”.

Al presentarse ante el auditorio del evento denominado “¿Cómo impactará la nueva política en la Agenda 2025?”, organizada por Parlamentario y SpE Consultor en el Hotel Intercontinental, el senador nacional José Mayans dijo que “el Poder Ejecutivo hizo lo imposible para violar la Constitución en este tiempo y fue consentido por un sector político”. En ese sentido se refirió al mega decreto 70/23, que explicó que modifica 300 leyes y deroga 82. “El Poder Ejecutivo no está facultado para hacerlo, porque la Constitución establece claramente el rol de los poderes: quién hace la ley, quién ejecuta la ley y quiénes la juzgan. Ahora, cuando el Poder Ejecutivo se toma atribuciones que no tiene, el concepto de República comienza a dañarse”.

Para Mayans, en ese momento el Parlamento se tiene que reunir y decirle al presidente que lo que está haciendo “está reñido con la Constitución”. Para él, el Gobierno debe pedirle al Legislativo cuáles son las leyes que quiere derogar y cuáles reformar, y “que el Parlamento actúe en forma permanente para ver cuáles son las que puede derogar, reformar o acordar con el Parlamento”.

Recordó Mayans que en la Cámara alta por más de dos tercios, con más de 60 votos, “dejamos sin efecto el DNU 70/23”. Y recordó que la Ley Bases, que al principio era conocida como ley ómnibus, con 624 artículos, “impactó en la gestión y cuando la Cámara de Diputados rechazó, el presidente tuvo insultos hacia los legisladores, los gobernadores… Las cosas que dice el presidente, que no sé hasta qué punto se pueden tener en cuenta, porque hace poco en Estados Unidos dijo que el Estado es una mafia y hay que destruirla. Y él es el jefe del Estado. Lo dijo ante presidentes y organizaciones que tienen muy claro para qué sirve el Estado”.

“La Ley Bases pasa por los dialoguistas, dicen; nosotros también somos dialoguistas, obviamente, pero nos reservamos el derecho a decir lo que para nosotros es correcto e incorrecto”, expresó en otro pasaje, tras lo cual echó un manto de sospechas sobre esa ley. “Un senador apareció en Paraguay prácticamente con un millón de dólares. Ese senador estaba propuesto por Santiago Caputo para dirigir la Comisión de Inteligencia”.

“No sé si se dieron cuenta de que acá el opositor verdadero de esta mesa soy yo. Los demás algunos dicen que son opositores, pero le votan todo al Gobierno, pero el único en la mesa opositor soy yo.

Al pan pan y al vino vino, el que es opositor es opositor y el que es oficialismo es oficialismo”, reflexionó.

En su exposición, Mayans también habló de la inflación, sobre la cual dijo que “está contenida”. Pero advirtió que “tenemos el país más caro del mundo, donde la hamburguesa vale 20 dólares”. Y comentó: “Yo vivo enfrente de Asunción (de Paraguay); en mi ciudad es muy común ir y venir de Asunción… No es el caso de (Edgardo) Kueider, que va a comprar departamentos… pero vamos y venimos todos los días”.

“Argentina es el país más caro del mundo”, aseguró y ejemplificó con el precio de los medicamentos en Paraguay, donde son –aseguró- cinco veces más baratos que en la Argentina. “Lo que acá sale 100 dólares, el equivalente a 780 mil guaraníes, allá sale 150 mil guaraníes. 600 mil guaraníes de diferencia, por ejemplo en una cinta para medir la azúcar en sangre”.

Agregó que “la canasta básica está 1.100 dólares; en ningún país de Latinoamérica está a ese valor. El que no gana 1.100 dólares en la Argentina es pobre. El que no gana 500 dólares es indigente”. Y advirtió que “la paridad cambiaria es una olla a presión. No puede haber 140% de inflación en un año y valer el dólar el mismo precio”.

La Coalición Cívica tardó muy poco en expresar su descontento por la decisión oficial de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El jefe de ese bloque en Diputados, Juan Manuel López, posteó inmediatamente: “Forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana con Lijo en la Corte. Pero tarde o temprano será extorsionado”.

“Pobre pueblo argentino, condenado a peregrinar por justicia. El Senado aún puede decir #LijoNo”, expresó Juan Manuel López, en tanto que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien encabezó presentaciones contra la designación del juez federal, señaló: “Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.

Desde Unión por la Patria, el senador salteño Sergio “Oso” Leavy relacionó la medida con la intención de “desviar la atención de los problemas que atraviesa el país”. “Pura impunidad”, expresó, recordando que “desde el bloque de Unión por la Patria en noviembre del año pasado nos comprometimos a rechazar las designaciones por decreto de cualquier Juez. Otro atropello en nombre de la libertad, libertad que solo ejercen los hermanos Milei”.

Otro senador, pero del radicalismo, Pablo Daniel Blanco, rechazó categóricamente la designación  de los jueces de la Corte Suprema por decreto. “Pasar por alto al Congreso amenaza la independencia judicial y la confianza en nuestras instituciones. Esto debe tratarse en el Senado. No es un rey ni un emperador”, apuntó.

A su vez, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer habló de un “decretazo a la impunidad”. A su juicio, “poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total. Hasta a su amigo Putin le debe parecer demasiado”.

Y agregó: “La verdad, los libertarios ya no sorprenden a nadie. Caídas todas las caretas, dejaron al descubierto que lo único que les importa es el poder, cada día más y más poder, para hacer lo que se les antoja. Y eso nunca termina bien. Vamos a frenarlos”.

Desde la izquierda, Vanina Biasi tuiteó: “#MileiEstafador acaba de designar a Lijo y García Mansilla para que ocupen sus lugares en la Corte por decreto. Faltan apenas 3 días hábiles para que se abran las sesiones ordinarias. Está claro que busca tener tiempo para encontrar los condicionantes que necesita (climas y aprietes) para que el Senado se los vote. Un presidente imputado por la mayor estafa cripto designando cortesanos por decreto. Esto lo resuelve el pueblo en las calles instalando su propia agenda y exigiendo que caiga este decreto”. Y concluyó reclamando “juicio político ya. Fuera Milei”.

Maximiliano Ferraro habla de “una Corte adicta”. Para él, la decisión presidencial “es una herida grave a la división de poderes y la institucionalidad republicana. La única verdad es que el Presidente quiere una Corte adicta y automática”.

“Si hasta hoy no consiguió el acuerdo del Senado, no es porque ‘la casta’ esté caprichosa, sino porque Lijo carece de toda idoneidad y acumula sospechas en su trayectoria, siempre en favor de la impunidad y el corporativismo político”, planteó el legislador de la Coalición Cívica. Y agregó: “Hace tiempo lo advertimos. Esta es una nueva muestra de su desprecio por los límites y reglas de la Constitución. No es una cuestión de meros formalismos, sino que erosiona las instituciones desde adentro y pone en riesgo las libertades civiles, la administración de justicia y el derecho de propiedad de todos los argentinos”.

“Desprecio por la Constitución”

El senador nacional Martín Lousteau piensa que de esta manera el presidente “muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método. Lo vemos todos los días. La primera fue con el DNU 70, que tiene tanta inconstitucionalidad como cómplices. Pero son muchos los que dicen una cosa y después avalan otra. Hablan de República, de transparencia y después votan en contra de una comisión investigadora”.

“Si Milei  hoy puede nombrar jueces de la CSJN, es porque Mauricio Macri lo habilitó en 2015”, continuó, para agregar que “de la misma manera, no sabemos cuánto costará a futuro haber permitido los 60 DNUs que el Congreso no trata, cuando un futuro presidente de cualquier signo político quiera usar el mismo método para hacer lo que quiera”.

Y cerró: “Desde 1910, antes de la Ley Sáenz Peña y de la democracia por el voto universal (masculino), no se había hecho esto. Y el presidente vuelve a mentir sobre Raúl Alfonsín, el presidente más decente y con mayor apego institucional de todos los que hemos tenido desde 1983. Alfonsín nombró tres jueces inferiores con este mecanismo y en la urgencia de la vuelta a la democracia”.

Enemigo declarado de la designación de Ariel Lijo, el formoseño Francisco Paoltroni dijo que “el nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente. Lamentable”.

Por su parte, el radical Julio Cobos sostuvo que “una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición”.

El exvicepresidente de la Nación observó que “el trámite correcto es tratarlo en sesión en el Senado de la Nación y someterlo a votación, esto no ha sucedido porque el oficialismo no ha convocado a esa sesión. De hecho, uno de los pliegos propuestos tiene dictamen y está listo para ser tratado. Si no se consigue los consensos suficientes, el Ejecutivo posee todas las herramientas en sus manos, tiene la posibilidad de retirar los pliegos y hacer una nueva propuesta, donde por cierto la postulación de una mujer sería muy bien recibida”.

“Advertimos en su momento al presidente Macri que no era el accionar correcto, lo volvemos hacer ahora al presidente Milei y le pedimos que siga los canales constitucionales correspondientes, sin atajos ni recursos endebles”, concluyó.

A favor

Desde la vereda de enfrente, la diputada libertaria Juliana Santillán Juárez Brahím celebró la decisión posteando este texto: “Una Corte constituida, el Gobierno tiene como objetivo normalizar el funcionamiento del máximo órgano de Justicia. Para que la especulación política deje de disminuir el verdadero interés de todos los argentinos: JUSTICIA TOTAL #VLLC”.

Luego de largos meses de indefinición, y tras no haber reunido los votos en el Senado, el Gobierno resolvió avanzar por decreto con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia por la vía del decreto.

De acuerdo al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, entre sus atribuciones, el PEN "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente se informa que “el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.

Se agrega que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. Y cierra el comunicado el Gobierno advirtiendo que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025

El comunicado

Al anunciar la decisión, el Gobierno recuerda todo el trayecto que tuvieron los pliegos de García-Mansilla y Lijo, nominados el pasado 20 de marzo. Recuerdan haber cumplido con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de esos candidatos, más la presentación de ambos postulados en las audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado.

“No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el período ordinario, el presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el presidente”, agrega el texto.

El comunicado continúa reseñando que “desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la cámara alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.

Refiere el Gobierno que la Constitución nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. “El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”, precisa la Oficina del Presidente, según la cual “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

Por otra parte, recuerda antecedentes de casos en los que los nombres elegidos contaron con “una notable mayoría del arco político” en la “designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”. Sin embargo, se queja la Oficina del Presidente, “durante muchos meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

“Esta facultad, presente en el texto constitucional desde su origen en 1853, ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Una Corte de tres

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

El senador nacional Luis Juez ratificó este viernes su postura en contra de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, al considerar que el juez federal "es todo lo que está mal", y además opinó sobre la posibilidad de que el Gobierno avance por la designación por decreto. "Si me pregunta el presidente, yo le diría que no cometa ese error, porque no está en condiciones de ir al barro", sostuvo.

"No es el mecanismo que establece la Constitución", señaló el cordobés, luego que para el oficialismo se frustrara la posibilidad de avanzar con los pliegos en la Cámara alta.

Juez reiteró que con Javier Milei tiene "una relación de afecto y de cariño" y agregó: "Creo que estamos frente a un tipo de una extrema honestidad, directamente proporcional muchas veces en su ingenuidad". En ese sentido, consideró que si el mandatario nombra jueces por decreto se metería en "lugares incómodos y él no sabe salir de lugares incómodos".

Consultado en radio Continental sobre el fracaso para crear una comisión investigadora del caso $LIBRA, el legislador defendió su postura criticando al kirchnerismo. "Vi a senadores que en los últimos 20 años se hicieron los boludos con la corrupción y ahora son implacables perseguidores de la inconducta. Escucharlo a (Oscar) Parrilli hablar de la lucha contra la corrupción...".

"¿Qué comisión investigadora armaron con los bolsos de (José) López, con el enriquecimiento de Cristina (Kirchner), con (Amado) Boudou, con (Julio) De Vido, con la causa cuadernos, con la muerte de (Alberto) Nisman? Nunca hicieron nada. Ahora estaban desesperados para armar una comisión con atribuciones que no nos corresponden", continuó.

Juez opinó que en caso del criptogate es necesario que "la Justicia actúe, investigue, llegue al fondo de la cuestión, ponga blanco sobre negro". "No me va a encontrar nunca apañando, encubriendo, un acto de corrupción. Pero entregarle la pelea contra la corrupción a los que nos han dejado donde estamos, a los que han hecho de la corrupción una bandera, me parece una exageración", expresó.

Y sumó: "Te hablan con una autoridad ética que te dan ganas de decir, ¿muchachos, en serio? ¿Estos tipos me van a correr con la honestidad, la decencia, con la ética y justicia independiente? Son los mismos que colonizaron la justicia nombrando punteros políticos".

Por otra parte, respecto de una eventual candidatura a gobernado por La Libertad Avanza en 2027, el senador confesó que "si al presidente le va bien, si este país sale de la encerrona en la que estamos y se dan un montón de factores, ¿cómo no ser candidato a gobernador de un tipo que haga bien las cosas?". "Pero falta una eternidad para eso", resaltó y aclaró que "no" se movió "de ningún lado", en referencia a que no se incorporó al partido de Milei.

Tal cual adelantó parlamentario.com, la sesión de este viernes en la que se pretendía poner a consideración la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia fue finalmente desactivada. En consecuencia, y más allá de que su pliego cuenta con el dictamen correspondiente, las posibilidades reales del juez federal para llegar al Tribunal Superior se habrían desinflado completamente.

Desde fines de 2024, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedó reducida a tres miembros, cosa que el Gobierno nacional quiere revertir, para elevar ese número a los cinco que establece la ley para la constitución del Máximo Tribunal de Justicia. Para ello, confiaba este verano resolver la situación de los dos hombres que eligió para sumar a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

De estos dos, solo el pliego del juez federal consiguió las 9 firmas necesarias para poder ser votado en el recinto. En el caso de García-Mansilla, ese nombre no tiene plafón en el bloque más numeroso del Senado, que insiste con que al menos un lugar debe corresponderle a una mujer.

Con el objetivo de definir el destino de Lijo en estas extraordinarias, el oficialismo había deciddio convocar a una sesión este mismo viernes -último día de extraordinarias-, luego de la maratónica reunión en la que se tratarán la suspensión de las PASO, juicio en ausencia, reincidencia y reiterancia y la ley antimafia. Pero las expectativas del oficialismo disminuyeron sustancialmente en las últimas horas, al punto tal que una encumbrada fuente del oficialismo había confiado a parlamentario.com que no creían que fueran a tener quórum este viernes. Ante ello, la decisión final trascendió poco antes del mediodía: se levantaba la sesión que, por otra parte, nunca había sido convocada oficialmente.

Así las cosas, la suerte de Lijo parece estar ya echada.

Pasa que el Gobierno, como dijimos, quiere resolver el tema de la Corte cuanto antes. Esto es, con la designación de los dos miembros que le faltan al Tribunal Supremo por la vía del decreto. Si no son aprobados sus nombramientos por los senadores, entonces se publicarían las designaciones en el Boletín Oficial la próxima semana, antes del inicio del período ordinario, cuando ya no podría hacerlo.

En ese caso, el juez Ariel Lijo no está dispuesto a asumir en la Corte por esa vía, ya que esa instancia tendría plazo fijo: hasta la renovación de las cámaras legislativas, momento en el cual debería el Gobierno reiterar la vía legislativa para las designaciones. Y en ese caso Lijo no podría regresar al fuero federal al que tendría que renunciar para asumir en la Corte.

García-Mansilla también tenía reparos para una designación de ese tipo, pero lo habrían convencido para aceptar, en tanto que el lugar destinado originalmente a Lijo sería ocupado por otro jurista afín al oficialismo. Que asumiría por decreto.

El juez Lijo parecía tener todas las chances de asumir cuando la semana pasada se conocieron las 9 firmas para su dictamen. Estas correspondían a los senadores Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el radical Eduardo Vischi. No era sin embargo un dato menor que no hubieran firmado su designación senadores que el oficialismo confiaba que pudieran terminar aceptando a Lijo, como Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau o Mariana Juri, muy cercana al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Salvo Corpacci, ningún kirchnerista firmó: ni Anabel Fernández Sagasti, ni Alicia Kirchner, ni Juliana di Tullio. Tampoco lo hizo el presidente del bloque UP, José Mayans.

Y los acontecimientos que se desencadenaron los últimos días terminaron de obturar ¿definitivamente? el acceso de Lijo a la Corte, ya que el interbloque Unión por la Patria aparece absolutamente refractario ahora a la posibilidad de darle un triunfo al presidente Milei en estas circunstancias en que aparece golpeado.

Celebración en la oposición

Picó en punta para destacar la caída de la sesión, que redundaría en la bolilla negra para el juez, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López. “Ariel Lijo no será juez de la Corte porque nos asiste la razón, porque el país clama justicia y ya no soporta más desilusiones -señaló-. Pero sobre todo porque el Senado está tan sucio que no puede darle otra trompada a la sociedad. Será Justicia, será  #LijoNo”.

Desde fines de 2024, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedó reducida a tres miembros, cosa que el Gobierno nacional quiere revertir, para elevar ese número a los cinco que establece la ley para la constitución del Máximo Tribunal de Justicia. Para ello, confiaba este verano resolver la situación de los dos hombres que eligió para sumar a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

De estos dos, solo el pliego del juez federal consiguió las 9 firmas necesarias para poder ser votado en el recinto. En el caso de García-Mansilla, ese nombre no tiene plafón en el bloque más numeroso del Senado, que insiste con que al menos un lugar debe corresponderle a una mujer.

Con el objetivo de definir el destino de Lijo en estas extraordinarias, el oficialismo decidió convocar a una sesión este mismo viernes -último día de extraordinarias-, luego de la maratónica reunión en la que se tratarán la suspensión de las PASO, juicio en ausencia, reincidencia y reiterancia y la ley antimafia. Pero las expectativas del oficialismo disminuyeron sustancialmente en las últimas horas, al punto tal que una encumbrada fuente del oficialismo confió a parlamentario.com que no creen que vayan a tener quórum este viernes. De ser así, la suerte del juez federal estaría echada.

Pasa que el Gobierno, como dijimos, quiere resolver el tema de la Corte cuanto antes. Esto es, con la designación de los dos miembros que le faltan al Tribunal Supremo por la vía del decreto. Si no son aprobados sus nombramientos por los senadores, entonces se publicarían las designaciones en el Boletín Oficial la próxima semana, antes del inicio del período ordinario, cuando ya no podría hacerlo.

En ese caso, el juez Ariel Lijo no está dispuesto a asumir en la Corte por esa vía, ya que esa instancia tendría plazo fijo: hasta la renovación de las cámaras legislativas, momento en el cual debería el Gobierno reiterar la vía legislativa para las designaciones. Y en ese caso Lijo no podría regresar al fuero federal al que tendría que renunciar para asumir en la Corte.

García-Mansilla también tenía reparos para una designación de ese tipo, pero lo habrían convencido para aceptar, en tanto que el lugar destinado originalmente a Lijo sería ocupado por otro jurista afín al oficialismo. Que asumiría por decreto.

El juez Lijo parecía tener todas las chances de asumir cuando la semana pasada se conocieron las 9 firmas para su dictamen. Estas correspondían a los senadores Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el radical Eduardo Vischi. No era sin embargo un dato menor que no hubieran firmado su designación senadores que el oficialismo confiaba que pudieran terminar aceptando a Lijo, como Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau o Mariana Juri, muy cercana al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Salvo Corpacci, ningún kirchnerista firmó: ni Anabel Fernández Sagasti, ni Alicia Kirchner, ni Juliana di Tullio. Tampoco lo hizo el presidente del bloque UP, José Mayans.

Y los acontecimientos que se desencadenaron los últimos días terminaron de obturar ¿definitivamente? el acceso de Lijo a la Corte, ya que el interbloque Unión por la Patria aparece absolutamente refractario ahora a la posibilidad de darle un triunfo al presidente Milei en estas circunstancias en que aparece golpeado.

El senador nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, criticó a los jueces de la Corte Suprema de la Nación por el fallo emitido días atrás que pone fin a la reelección para gobernador indefinida en la provincia de Formosa y consideró que “fue una decisión política influida por ciertos sectores”.

“El único requisito es que te vote la gente. Todos pueden ser reelectos en Formosa. Pero si no te vota la gente no sos reelecto, como le pasó a Macri”, chicaneó el formoseño y muy cercano al gobernador de su provincia, Gildo Insfran, durante una entrevista en FM Millenium.

El senador destacó: “Insfran ha hecho una administración increíble. Inauguró una escuela por día en los últimos cinco años”, y apuntó: “La Corte ha tenido decisiones políticas influida por ciertos sectores”. Así, asoció el fallo sobre Formosa a otras sentencias que afectaron al peronismo: “Cuando Cristina fue candidata al Partido Justicialista empezaron a salir cosas. Salió todo. Como hacían en el tiempo de Macri, cuando cualquier problema que tenía el gobierno empezaban a salir cosas del Poder Judicial”.

Mayans opinó que el fallo de la Corte “dice que hay que corregir un artículo de la Constitución y se va a corregir y poner el mandato de dos períodos”, aunque aclaró “la Constitución (local) permitía la reelección”.

En ese sentido, el senador peronista apuntó contra Mauricio Macri al considerarlo el principal influyente en las decisiones políticas de la Corte. “El que tiene influencia en la Corte es Macri y el grupo de Lago Escondido. Y tienen alguna alianza con el gobierno de Javier Milei. Son esquemas políticos”, comentó y, ante la repregunta, apuntaló su idea: “La Corte es funcional a este gobierno. Juegan más a la política que a la justicia”.

Las opiniones de Mayans se dan a días de que la Corte pase a tener tres integrantes, dado que dentro de una semana dejará su cargo Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará. En ese sentido, el gobierno propuso la incorporación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero necesita los votos del Senado; aunque los pliegos quedaron con dictamen de comisión sin llegar al recinto.

Para que eso prospere, Mayans advirtió que dependerá del “espíritu de negociación del Ejecutivo con mi bloque”, pero reconoció que hasta ahora “no hay posibilidad”.

“Hemos hablado, pero hasta ahora no hay respuestas. No se cayó la negociación porque en un sistema político de este tipo no se pueden caer. El Gobierno tiene que saber que no puede tener dos jueces si no tiene 48 votos en el Senado”, explicó y manifestó la posición de Unión por la Patria: “Para nuestro equipo tiene que haber una mujer en la Corte. Con nuestra visión, necesitamos una persona que entienda la visión federal y el rol del Estado. Si es todo abogados de empresarios como ahora, no se puede. García-Mansilla representa a un grupo empresario. Más Rozenkrantz. Queremos tener personas con visiones distintas. Nosotros en 24 horas resolvemos si el Gobierno tiene ganas de conversar”.

Por otro lado, Mayans hizo una aclaración respecto de las dietas que pasarán a percibir de más de 9 millones de pesos a partir de enero los senadores: “Nosotros no ganamos ni la mitad de 9 millones. Fue una maniobra. Hicieron todo lo posible para que Kueider quede en el Senado entonces hicieron la operación de los sueldos. Tenemos una dieta de menos de la mitad de eso. Yo cobro 4.400.000 por todos los conceptos. No sé cómo van a llegar a esa cifra si no tenemos un aumento del 200%, cosa que no va a pasar”.

“Me pareció rara la operación. Empezaron después de que salió Kueider, para protegerlo y hacer una maniobra de distracción. El oficialismo lo quiere proteger. Caputo lo había propuesto como presidente de la Comisión de Inteligencia. Si tenían éxito y Kueider iba como presidente, tenían el fondo de los 100 mil millones, Kueider pasaba en una combi por Paraguay”, disparó.

El formoseño ratificó: “Ningún senador gana más de 4 millones y medio. Hay una diferencia abismal con 9 millones. Siempre hemos tenido racionalidad. Yo propuse un proyecto de unificación salarial respecto del presidente que no prosperó”.

Cuando parecía que el año se extinguía, siguen pasando cosas importantes. En parte por el calendario, en parte porque los actores no se quedan quietos, en parte porque siempre hay hechos fortuitos que ponen patas para arriba donde había algún orden.

El calendario marca que se retira de la Corte Suprema el juez Maqueda al cumplir los 75 años. Como es un tribunal de 5 miembros, más allá de cuántos tenga, la mayoría debe conformarse con 3 de ellos. Al irse “el Pato”, si los tres restantes no se ponen de acuerdo, game’s over, no sale una sentencia. Por eso, los jueces máximos de la Nación estuvieron trabajando a todo trapo durante las últimas semanas, emitiendo fallos de alto impacto político, como la causa del tratado con Irán, la de los dólares futuros, Hotesur, o la reelección indefinida en Formosa.

Pero como si esto fuera poco, cuando todavía son “The Fab Four”, definió un mecanismo de veloz sorteo de conjueces cuando los tres votos no coincidan para llegar a una sentencia. Esto significa que, si puede haber conjueces, es porque no prevén ¿o no quieren? que lleguen otros (Lijo y/o García Mansilla), al menos no por decreto presidencial. Como la máxima autoridad, Rosatti, no le quiere tomar juramento a los que caigan del cielo en comisión, entonces el Gobierno se verá obligado a seguir trajinando el recorrido hasta el Instituto Patria a ver si se llega a un acuerdo. El jefe de gabinete puso en duda que pudieran funcionar con solo tres cortesanos y además lamentó que las sentencias tarden muchos años. Quizá se olvidó que eso de tardar mucho es la especialidad de Comodoro Lijo.

La vocación de pelea del oficialismo es innegable. Seguramente así serán los cuatro años de este mandato. Otra “víctima” de la semana fue la vicepresidenta. El presidente no gana mucho con esa sistemática toma de distancia de Villarruel, quien hace rato que comprendió que no la quieren, y trata de sacarle jugo a las piedras con gestos de autonomía (que tampoco sirven demasiado). La virulencia del llamado a la disciplina política está más dirigido puertas adentro, dadas las múltiples rencillas y disparates que ocurrieron en sus bloques del Congreso. Un “por las dudas”, para que nadie se haga el distraído. Distintos son las esgrimas con Cristina, quien tiene peso propio en una parte del electorado y poder de fuego. Pero el rol político y constitucional de Vicky -salvo el voto de desempate en la votación de la Ley Bases- no es muy relevante.

El tercer castigado de estos últimos 7 días fue Macri y sus satélites. Empezó con la queja por el maltrato, siguió con las votaciones en la Legislatura porteña, y termina con el robo de la pieza Kravetz. El calabrés I –porque ahora nos enteramos de que hay un calabrés II que es Milei- tiene cada vez menos opciones estratégicas en la medida que al gobierno le va de perlas. Sin embargo, cuando alguien se cansa, se pueden desencadenar hechos inesperados. El ex Emir de Cumelén llegó a decir que no hay que tenerle miedo a perder elecciones. Dicho en criollo, “si muero yo, nos morimos los dos”. Le faltó decir como Cris, “en la vida hay que elegir”. Si sale tercero en CABA y PBA, ¿no es un suicidio? ¿no es mejor sumarse en coalición a la LLA y tratar de reducir la pérdida? En principio sí, hasta que la torsión del escenario lleva a tomar decisiones que a priori son raras. Hoy el líder del PRO no puede ni ordenar su propio bloque de senadores (ya van 2 papelones: uno fue el voto de la actualización jubilatoria y el otro fue la expulsión de Kueider). Además, hay soldados ex fieles que miran la vida cada vez más con lentes de color violeta. Así es muy difícil que te respeten en política.

Con un modo de conducción despiadada, Macri puede consolarse con cosas que les pasan a otros “amigos”. Por ejemplo, Daniel Scioli, quien no fue invitado al acto de la FIFA en Asunción por el partido que nos tocará en el Mundial 2030. El exégeta de la buena onda y el deporte puso el cuerpo a favor de las SAD y así le pagan, porque el Chiqui Tapia tiene más músculo (o sea, “con fe y esperanza”, no alcanza… en la LLA).

El gobierno está feliz porque la City sigue de fiesta, el riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos, pudo mostrar un índice de inflación más cerca de 2 que de 3, persiste el superávit fiscal y la cuenta del comercio exterior da récord. ¡Ni siquiera le pueden achacar falta de sensibilidad social porque jubilaciones y AUH aumentaron por encima de la inflación en los 11 meses pasados! Y como si esto fuera poco, tuvo dos bonus track: inicio formal de las negociaciones con el FMI y recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal. Eso sí, el blue se movió y tuvo que salir a ponerle paños fríos.

En este marco, se va desarmando la ilusión de los que anhelaban una tercera vía moderada, salvo en algunos distritos donde hay alguna base pre existente (Córdoba, Santa Fe). Casa Rosada, ni lerda, ni perezosa, se avino a levantar el teléfono de personajes útiles para sustentar la gobernabilidad de la administración políticamente más débil desde 1983. Es difícil que haya algo más que unas fotos que denoten una cierta coordinación política, pero sin entusiasmo ni fuerza real para pararse frente a los dos grandes polos.

Cada semana vuelve a surgir la pregunta sobre la efectividad de las llamadas “batallas culturales”. Volvemos a marcar lo que mencionamos en varias ocasiones: no son temas de la opinión pública. Obvio que se puede reabrir el debate sobre la ley del aborto. Sin embargo, al león se le valoran fundamentalmente tres cosas: 1) la estabilización económica, 2) el coraje para ir a fondo sin dejarse frenar, y 3) que haga una limpieza de gente, curros y gasto innecesario en el Estado. Por ahora, lo demás es hojarasca.

Karina confirma que es la gran decisora política de este gobierno y convoca a un ex embajador (¿desplazado a pedido de una cancillería extranjera por manejar con exceso de alcohol?) para ayudar a Werthein. Mientras en la Corte desempolvan el viejo disco de Génesis “Y entonces quedaron tres”.

El senador nacional Francisco Paoltroni celebró el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad a la reelección de Gildo Insfran como gobernador de Formosa: “Se le empieza a poner fin a esta concentración de poder de Insfran”.

“Es un fallo muy esperado por todos los formoseños. Nacimos políticamente hace tres años y el primer punto era atacar la reelección indefinida y así lo hicimos. Segundo es la Ley de Lemas, es un sistema de colectora de votos que está el planteo en la Cámara electoral por la inconstitucionalidad de este sistema”, expresó el senador en diálogo por Radio Rivadavia y sumó: “Eso lo limita a nuevas y posibles trampas y está la posibilidad que el presidente de la Nación la intervenga directamente, porque esto es uno de los antecedentes más fuertes".

Según el ex oficialista la reelección indefinida y la Ley de Lemas son dos herramientas de las que se valió Insfran para “tener la concentración total del poder”, y desplegar lo que calificó como “un sistema y un modelo de pobreza, donde no hay actividad privada, donde todos dependen del Estado, y donde nadie es dueño de nada. Es una provincia muy joven y está gobernada hace 40 años por los mismos”.

“Han hecho de eso un pueblo rehén, que a partir de ayer ya se le empieza a poner fin a esta concentración de poder de Insfrán”, sentenció, y agregó: “El fallo de (Carlos) Rosenkrantz dice que ya este mandato es ilegítimo, porque no podría haber sido gobernador desde la elección anterior”.

Asimismo, remarcó: “El fallo de la Corte ratifica todos los fundamentos que le dimos al presidente Milei para que intervenga. No hay que descartar esa posibilidad, está en la letra de nuestra Constitución, y en nuestro país ha pasado muchas veces”.

Consultado sobre la posibilidad, el legislador aseguró que se vale de las palabras del libertario en campaña, por lo que considera que la intervención de la provincia tendrá su curso. “Tenemos a un líder mundial de la libertad que se mete con Lula, con Sánchez, con Xi Jinping, y bueno, ¿cómo no se va a meter con el comunista argentino?”, se preguntó.

En otro pasaje de la entrevista, el senador de “Libertad trabajo y progreso” rechazó las críticas de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela que se dieron a través de “X”.

“Fue Innecesario. No ayuda a los objetivos, se pierde energía, me parece que no es el camino”, calificó, al tiempo que admitió que las actitudes de la titular del Senado lo tienen “confundido”.

Además, subrayó que las “ambivalencias no son una línea clara”, y pese a que planteó que hay “muchos antecedentes negativos, cada vez que un vice se le plantó a un presidente”, aseveró que “Victoria Villarreal no se quiere convertir en el Chacho Álvarez”.

Por último, en el tramo final del cierre de año y tras ser expulsado del bloque de La Libertad Avanza, Paoltroni realizó un balance de la gestión libertaria. “Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay cosas que me preocupan, pero hay que trabajar en proponer”, afirmó, y aclaró: “Pero por proponer o pensar distinto no te pueden convertir en un enemigo, al contrario, son diferentes miradas que ayudan a enriquecer y a perfeccionar las ideas y las soluciones”.

“Veo con mucha preocupación la micro. Hay sectores y hay regiones del país que se han caído del mapa. Casi no se habla de los mini RIGI, que sería una alternativa para que no se convierta en un pymecidio", sostuvo, y concluyó: "Si vas a desintervenir brutalmente, dame los impuestos que tiene Brasil y compito de igual a igual. No me podes dejar los impuestos que tenemos y querer que compitamos de igual a igual porque es imposible”.

Previsiblemente, las designaciones para completar la Corte Suprema de Justicia no quedaron fuera del informe brindado este miércoles por el jefe de Gabinete en la Cámara alta. Consultado puntualmente sobre el tema, Guillermo Francos no descartó que una mujer pueda ser propuesta por el presidente para el Tribunal Superior, pero insistió en que el Ejecutivo ya mandó dos pliegos que están puestos a consideración, los de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos y tiene que resolver. Entendemos el reclamo por la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente, será un tema que el presidente va a considerar, en el caso de que estos pliegos no avancen”, planteó el funcionario.

Fue la rionegrina Mónica Silva la primera en consultar si desde el Gobierno han pensado en que las bancas deben ser ocupadas por una jueza mujer. En el mismo sentido, el formoseño y ex libertario Francisco Paoltroni sumó: “El pliego de Lijo hace 7 meses está en el Senado y si lo sacan por DNU se estaría burlando la autoridad de la Cámara cuando se resiste a tener dictamen. Es una de las peores señales de autoritarismo y un gravísimo error para la institucionalidad y división de poderes y atenta contra los intereses de todos los argentinos”.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos –Lijo y García Mansilla- y tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de mujer en la Corte”, afirmó Francos.

Sobre la designación de jueces por DNU, el funcionario resaltó que “el bloque de La Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder. Le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura”.

“Así como el presidente Mauricio Macri, en una situación diferente al actual, había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto y no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte. Vi hay muchísimos antecedentes tanto en la historia argentina”, explicó.

Así, ejemplificó: “En la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministro de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento porque la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento”.

Paralelamente crecen las versiones en Gobierno respecto de la decisión oficial de avanzar con ambos jueces en comisión, para el caso de que el Senado no preste los acuerdos correspondientes. Ante ello, los senadores de Unión por la Patria se pusieron en guardia, y el presidente del bloque Unión por la Patria, José Mayans, le entregó a Francos un documento firmado por una veintena de senadores de su bancada, donde asumen “el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional”.

El citado artículo reza que el presidente “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.

Para los senadores de UP está bastante claro en la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina que el término “empleos” hace referencia “al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN, pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación”.

Así las cosas, los senadores plantean que el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte, en tanto cabeza del Poder Judicial, “es único y está previsto en el inciso 4 del artículo 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inciso 19 del mismo artículo”.

El citado inciso 4 dice textualmente que el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

Es por eso que los senadores de UP consideran que la designación “en comisión” de un juez o jueza en la Corte “resulta manifiestamente inconstitucional y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”.

“Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye el texto que lleva también las firmas de José Mayans, Mariano Recalde, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, José Neder, Sergio Uñac, Mariano Lewandowski, Lucía Corpacci y María Inés Pilatti Vergara, entre muchos otros.

Pese a que no se ha confirmado desde la Cámara alta que el dictamen del pliego de Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte Suprema ha reunido las firmas necesarias, el tema se coló entre las preguntas que los senadores le hicieron este miércoles al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras su informe de gestión en el Senado.

Fue la rionegrina Mónica Silva la primera en consultar si desde el Gobierno han pensado en que las bancas deben ser ocupadas por una jueza mujer. En el mismo sentido, el formoseño y ex libertario Francisco Paoltroni sumó: “El pliego de Lijo hace 7 meses está en el Senado y si lo sacan por DNU se estaría burlando la autoridad de la Cámara cuando se resiste a tener dictamen. Es una de las peores señales de autoritarismo y un gravísimo error para la institucionalidad y división de poderes y atenta contra los intereses de todos los argentinos”.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos –Lijo y García Mansilla- y tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de mujer en la Corte”, afirmó Francos.

Sobre la designación de jueces por DNU, el funcionario resaltó que “el bloque de La Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder. Le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura”.

“Así como el presidente Mauricio Macri, en una situación diferente al actual, había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto y no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte. Vi hay muchísimos antecedentes tanto en la historia argentina”, explicó.

Así, ejemplificó: “En la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministro de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento porque la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento”.

Confirmados por parte del Poder Ejecutivo el pasado 20 de marzo, como candidatos a integrar la futura Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla siguen esperando aún que sus respectivos dictámenes avancen en el Senado de la Nación, adonde concurrieron para exponer ante los integrantes de la Comisión de Acuerdos el 28 de agosto de este año.

En rigor, sus nominaciones fueron oficializadas con la publicación del Decreto N° 267/24 efectivizada el pasado 15 de abril.

Una vez cumplida la presentación de ambos ante la comisión que preside Guadalupe Tagliaferri, resta esperar que sus respectivos dictámenes consigan al menos 9 firmas, de modo tal de quedar a disposición del recinto, donde a suerte y verdad deberá decidirse cuando eso suceda la suerte de cada uno. Allí necesitarán contar con los 2/3 de los presentes, de modo tal de quedar consagrados jueces de la Corte Suprema.

No les ha resultado sencillo conseguirlo. Más a Manuel García Mansilla, según ha trascendido. El juez federal Ariel Lijo es quien más reparos ha despertado, pese a lo cual estaría más a tiro de conseguir su objetivo. Él mismo se ha encartado de “militar” su postulación, según afirman propios y extraños.

En las últimas horas, trascendió que contaba ya con las 9 firmas para estar a disposición del pleno. Y que la última firma era la de la catamarqueña de UP Lucía Corpacci. Cercana a Cristina Fernández de Kirchner, resulta impensable imaginar que esa rúbrica no haya sido con la anuencia de la exmandataria. Si sucedió…

Porque en cercanías de la exgobernadora catamarqueña no contestaron la consulta de parlamentario.com. El resto de las fuentes consultadas rehusaron confirmarlo. La información de que “habría” firmado es información que circuló sobre el final de la semana pasada en Casa Rosada. Otras fuentes consultadas por este medio advirtieron que, en rigor, esa no sería la última firma que necesitaría Lijo, sino que faltarían más.

Paralelamente volvió a sonar con fuerza la posibilidad de que el nombramiento de ambos sea por decreto de necesidad y urgencia. De hecho, este fin de semana, Guillermo Francos reflotó esa chance. Esa posibilidad “está en análisis”, confió el jefe de Gabinete por Radio Mitre. “cuando estás en minoría, todo cuesta mucho más”, admitió al hacer votos porque la aprobación de ambos pliegos siga los carriles normales. Sin embargo advirtió que “la propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros. Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada. En la historia argentina hay otros casos”. Pero insistió en que “lo mejor sería que lo designe el Senado”.

Consultado puntualmente durante la audiencia de la que tomó parte en agosto en el Senado, García Mansilla dijo que no aceptaría un nombramiento por decreto. Algún análisis del fin de semana señalaba que estaría dispuesto a rever ese pensamiento.

Convengamos que si finalmente sucediera el nombramiento por decreto, el mismo tendría validez hasta fines del año venidero. Es que la Constitución habilita al presidente a hacer esto, en su artículo 99, inciso 19, referido a las atribuciones presidenciales: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Lo cierto es que todo forma parte de las versiones que imperan por estos días en los que faltan precisiones. Y hay que recordar que el Gobierno planteó de entrada que “son los dos o ninguno”, en referencia a la necesidad de que se aprueben los dos postulantes juntos.

Sobre todo cuando también circula la versión de que el kirchnerismo -cuyos votos son necesarios pues en el Senado estamos hablando de 2/3- estaría dispuesto a aprobar a Lijo, pero a cambio de “poner uno nosotros”. Una, en ese caso, pues tendría que ser  mujer. Hasta se habló de la exsenadora nacional santafesina María de los Ángeles Sacnun, expresidenta de Asuntos Constitucionales en la Cámara alta y por lo tanto de extrema confianza de Cristina Kirchner. Desde el Gobierno descartan cualquier acuerdo en eses sentido.

Un dato importante a tener en cuenta en el marco de estas elucubraciones: quiénes son los 17 senadores que componen la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí, la presidenta es del Pro, la ya mencionada Guadalupe Tagliaferri. Vicepresidenta es la camporista Anabel Fernández Sagasti, extitular histórica de esa comisión. Son vocales, por Unión por la Patria Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. La UCR tiene 4 miembros, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada, y están también la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Omar Arce, el salteño Juan Carlos Romero, y por el oficialismo, el jujeño Ezequiel Atauche.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsa al juez federal Ariel Lijo. En tanto que el 29 de diciembre Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postula al académico Manuel García-Mansilla.

El diputado nacional por Formosa del bloque radical Democracia para Siempre Fernando Carbajal realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando “las maniobras ejecutadas por Gildo Insfrán, orientadas a evadir el tratamiento de la acción judicial” que promueve declarar inconstitucional la reelección indefinida en Formosa.

Con el patrocinio letrado del doctor Carlos Lee, el legislador nacional realizó su presentación en el marco de la causa iniciada en el año 2023, en la que pide a la Corte una declaración de certeza sobre la inconstitucionalidad o no de la reelección indefinida en Formosa.

Según Carbajal, esta estrategia de Insfrán “tiene como propósito forzar a la Corte a declarar abstracto el conflicto planteado y, de esta manera, asegurar un nuevo mandato para sí mismo o para su vice, consolidando su control absoluto sobre el poder público en la provincia de Formosa”.

“En virtud de todo lo expuesto -reafirmó-, resulta innegable que el conflicto inicial subsiste y se agrava. Las maniobras de Gildo Insfrán no solo buscan eludir el control judicial, sino que constituyen una amenaza directa y persistente a los principios de alternancia y equilibrio de poder consagrados en la Constitución Nacional”, advirtió.

En cuanto a la “maniobra política”, el diputado nacional del radicalismo señaló que “en una muestra pública y descarada de abuso de poder, el gobernador Insfrán envió a la Legislatura provincial, el martes 22 de octubre de 2024, un proyecto de ley que fue tratado y aprobado en tiempo récord. Ese mismo día se discutió en comisión y, sin admitir modificación alguna, el jueves 24 de octubre fue sancionado por 20 diputados oficialistas, ignorando los votos en contra de 10 legisladores opositores. Al día siguiente, el viernes 25 de octubre, el Poder Ejecutivo promulgó la ley y la publicó en el Boletín Oficial, demostrando una vez más cómo Insfrán emplea las instituciones provinciales como herramientas para perpetuar su mandato”.

En su presentación, Carbajal sostiene que “el objetivo de la maniobra de Insfrán es asegurar su permanencia y eludir el tratamiento por parte de esta Corte”.

Explicó que “el propósito de esta maniobra, sustentada en el abuso extremo del poder, es modificar la Constitución Provincial para que la Corte declare esta causa (y otras similares) abstractas, logrando así que Insfrán o su sucesor designado, Eber Solís (dos veces vicegobernador), puedan presentarse nuevamente como candidatos”.

Además, consideró que esta convocatoria para reformar la Constitución “responde a la decisión de la Corte de permitir el avance de las causas que cuestionan la legalidad y constitucionalidad del actual régimen de reelección, adaptado a la medida personal de Insfrán”.

Para Carbajal, “es evidente que, frente a los precedentes recientes en Tucumán y San Juan, donde la Corte Suprema protegió derechos fundamentales al impedir prácticas similares de reelección indefinida, Insfrán busca presentar esta reforma como una solución superficial, diseñada exclusivamente para eludir el control judicial. Este intento de camuflar su perpetuación en el poder no puede ser otra cosa que un golpe a los principios básicos de la República y una burla al orden constitucional”, alertó.

Para el legislador nacional “la maniobra de Insfrán es clara: promulgar una "nueva" Constitución que establezca una única reelección, argumentar que han "corregido" el régimen de reelección y solicitar el archivo de esta causa. No obstante, el aparato judicial local, subordinado a los intereses de Insfrán, aplicará un criterio propio, sosteniendo que, al entrar en vigor una "nueva" Constitución, los plazos electorales deben reiniciarse, permitiendo así al actual gobernador ocho años adicionales en el poder”.

“De esta forma, Insfrán se aseguraría el control absoluto hasta 2032, cuando tendría ya 82 años, lo que le permitiría modificar nuevamente la Constitución para continuar hasta los 90 años, si así lo deseara”, añadió.

El presidente Javier Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, pusieron en marcha un Plan Combo para coronar el primer año de gestión.

La idea combina condimentos de autobloqueo institucional con autocracia.

Asentados en el analgésico macroeconómico que monitorea Toto Caputo y en la dispersión política opositora, el dúo del poder trabaja para re-prorrogar el Presupuesto 2023 (con las nueve modificaciones presupuestarias ya incorporadas en 2024) y designar por decreto jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos cometidos requieren una condición: que el Congreso de la Nación entre en receso. Y en eso andan.

Este jueves debería haber funcionado la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

A último momento, el funcionario libertario se excusó “por problemas de agenda” y la reunión se canceló sin fecha, “hasta nuevo aviso”. La Comisión de Presupuesto lleva catorce días sin reunirse por el proyecto de Presupuesto 2025.

El proyecto de Presupuesto ingresó al Congreso a mediados de septiembre. Dos meses después, avanzó en carreta, apenas unos pocos metros y sin discusiones de fondo.

El Ejecutivo quiere llegar al fin del año legislativo, que cierra el 30 de noviembre y podría estirarse hasta el 10 de diciembre por una “prórroga de ordinarias”, sin avances significativos en el tratamiento del Presupuesto Nacional.

Sería la excusa perfecta para aplicar el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, a partir del 1 de enero de 2025. El texto legal no deja dudas: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”.

Para designar jueces de la Corte por decreto, el Gobierno ya echó a rodar los fundamentos: “ya lo hizo Macri”, o “no es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes y demore sus fallos”.

Y lo más importante: la designación de los jueces “en comisión” y por decreto, “es una alternativa que se ha usado en período de receso del Congreso”.

Por todos esos motivos, el Plan Combo, que apunta a fisurar la institucionalidad republicana, exige que diputados y senadores no sean convocados a sesiones extraordinarias durante el verano. Que terminen a principios de diciembre y vuelvan recién en marzo.

Ese sería el momento para actuar. En las fiestas de fin de año y a principios de 2025.

Es la misma fórmula que hace unos días reveló el filósofo mayor del cinismo libertario, cuando explicó el ajuste brutal: “Nosotros, en primer lugar teníamos claro que, por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto” (Javier Milei dixit).

 

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio trámite a la provincia de Formosa para que se expida en 60 días sobre la causa que define la inconstitucionalidad de la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán que gobierna desde casi 30 años.

La Corte tiene tres recursos sobre la reelección de Insfran. Uno presentado por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, otro por el senador Francisco Paoltroni con el auspicio del constitucionalista Daniel Sabsay y otro del diputado opositor y ex juez formoseño Fernando Carbajal.

La Corte Suprema dio tramite a la acción de inconstitucionalidad contra la reelección indefinida en Formosa. Empezamos esta peles en 1999 y 25 años después la seguimos dando El final del feudo está cerca. La reelección indefinida viola derechos humanos, la Constitución y el Pacto pic.twitter.com/w4uDJEgFBl

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) October 16, 2024

La Corte le dio 60 días de plazo a Insfrán y a la fiscal de Estado formoseña para que formule un nuevo descargo de acuerdo a los artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En la causa caratulada como “PAOLTRONI, FRANCISCO MANUEL c/ FORMOSA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” que fue impulsada en 2023, el secretario de Asuntos Originarios de la Corte Suprema notificó: “Por disposición del Tribunal, córrase traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por el plazo de sesenta (60) días (arg. artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su comunicación al señor Gobernador y a la señora Fiscal de Estado en los términos del artículo 341 del código adjetivo, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Formosa. Notifíquese a la parte actora por Secretaría”.

El expediente más avanzado que existe en la Corte es uno de la Confederación del Frente Amplio Formoseño pidió una serie de informes sobre estos dos casos para definir en las próximas semanas. Ese recurso lo presentaron Agostina Villaggi y Rodolfo Basques de ese confederación con el patrocinio legal de Juan Sebastián Montoya.

El amparo, presentado el año pasado era contra el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa que habilitó la octava candidatura de Insfrán. Los amparistas habían sostenido que el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa “violenta” el artículo 5 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Comisión Americana de Derechos Humanos.

“La octava postulación como candidato a gobernador de Insfrán nos produce un perjuicio actual e irreparable, al exponernos a competir contra quien a esta instancia de la historia ocupa la primera magistratura provincial hace 36 de manera ininterrumpida”, sostuvieron los miembros de la Confederación del Frente Amplio Formoseño.

El diputado radical por esa provincia Carbajal, ex juez y que también impulsa la demanda, afirmó que “en el año 2003, las ambiciones del gobernador Insfrán de continuar al frente del Ejecutivo provincial motivaron una nueva reforma de la Carta Magna Formoseña. La amplia mayoría de diputados oficialistas en la Legislatura facilitó la declaración de necesidad de reforma; lo que se llevó a cabo ese mismo año, quedando redactado el nuevo ART. 132 de la Constitución Provincial - El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”.

Según el diputado, “aprovechando esta omisión del constituyente, el actual gobernador Gildo Insfrán, cumplió veintiocho (28) años de mandato ininterrumpidos en el ejecutivo (desde el año 1995, ocupando antes el cargo de vicegobernador periodo 1987-1995)” y luego se presentó para el periodo 2023-2027. Los comicios se llevaron adelante e Insfrán fue reelecto con el 70 por ciento de los votos.

La postulación del juez Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia atraviesa todavía un camino sinuoso en el Senado, ya que su pliego no consigue aún el dictamen ni están los votos asegurados. Para alcanzar los dos tercios que requiere la designación, es imprescindible que Unión por la Patria lo acompañe. Este viernes, desde el kirchnerismo llegó un nuevo mensaje al Gobierno: “Así como están las cosas no se lo vamos a aprobar”.

"Nosotros tenemos una postura muy clara sobre qué es lo que queremos para la Corte. La Corte, así como está, es un desastre para Argentina, para la democracia, para la república, para los trabajadores. Es una Corte que defiende al poder económico", lanzó el senador Mariano Recalde durante una entrevista en radio Futurock.

El legislador de UP le recordó al oficialismo: “Nosotros tenemos un proyecto de ley en el Senado para modificar la Corte, no sólo en su composición, sino también en paridad de género, perspectiva federal, que contemple todas las especialidades”. “El presidente mandó esta propuesta, que obviamente no es nuestra. Es del presidente. No se la vamos a aprobar, así como está. Si hubiera alguna otra cosa, vemos. Qué se yo", expresó el porteño.

Lijo es uno de los dos postulados por Milei para integrar la Corte Suprema -el otro es el jurista y académico Manuel García-Mansilla-, y desde que se conoció su nominación ha ido sumando cuestionamientos, muchos de ellos por parte de la oposición dialoguista.

Recalde afirmó que él tiene su opinión sobre el candidato, pero aclaró que dentro del bloque no han debatido sobre el tema. “Yo tengo mi opinión. En el bloque no lo discutimos todavía. El otro día tuvimos reunión de bloque y alguno planteó qué va a pasar con eso, pero postergamos la discusión”, aseguró.

Lijo defendió su pliego el pasado 21 de agosto ante la Comisión de Acuerdos del Senado y respondió preguntas de los senadores durante ocho horas. Una semana después cumplió el mismo trámite García-Mansilla. Sin embargo, desde ese momento la votación favorable de ambos en la Cámara alta parece lejana.

La negociación entre el oficialismo y la oposición peronista/kirchnerista, que incluiría una ampliación del número de miembros de la Corte como contraprestación de un respaldo a la controvertida candidatura de Lijo parece estancada, o al menos ha perdido fuerzas.

Los 33 votos del kirchnerismo son claves para una eventual aprobación del pliego de Lijo, pero también lo son los de la oposición dialoguista, así como los de los bloques de menor representación. Sobre todo, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó con apenas seis senadores propios, después de la salida del bloque de Francisco Paoltroni, en desacuerdo absoluto justamente con la candidatura de Lijo y enfrentado a cielo abierto con Santiago Caputo.

El segundo candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, el abogado Manuel García-Mansilla, ratificó su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al plantear que se contrapone con normas vigentes y tratados internacionales y señaló que “la Corte no decide casos de aborto periódicamente”. También, explicó qué tendría en cuenta si tuviese que decidir sobre un caso de aborto.

El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal. Teniendo en cuenta ese antecedente, el radical Martín Lousteau le consultó si seguía argumentando que es “inconstitucional” durante la ronda de preguntas en la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado.

El abogado explicó que “no hablé sobre toda la Ley, publiqué un trabajo apenas se sancionó la ley y que se publicó antes de la promulgación, incluso antes del decreto de promulgación que vetó una parte de esa ley”, y aclaró que fue un análisis "preliminar y necesariamente incompleto porque solo me concentré en el artículo 4 inciso A de la ley" referido a la legalización del aborto hasta las 14 semanas, en el que hizo una explicación de por qué para hacer un análisis constitucional correcto había que separar lo que es legalización de despenalización.

“No es una idea mía, es una idea del doctor Germán Viar Campos que me pareció interesante y, a partir de ese análisis, teniendo en claro que despenalización implica un análisis constitucional y legalización implica otro análisis constitucional, lo que hice fue confrontar el artículo 4 del inciso A de la Ley 27.610 con ciertas normas de derecho positivo de distintas jerarquías, leyes del Congreso que no estaban derogadas”, fundamentó.

Así, señaló que la Corte Suprema establece que una ‘ley posterior deroga a una ley anterior, ley especial deroga ley general’, y planteó que “en ciertos casos es indispensable que el Congreso derogue específicamente las leyes que se contraponen con las leyes que están sancionando”.

También se respaldó en que había 13 constituciones provinciales que reconocían el derecho a la vida desde la concepción y manifestó: “Había que hacer un análisis de cuál era la compatibilidad de ese inciso con esas constituciones y, a su vez, hice un análisis de por qué había un conflicto normativo de ese inciso y dos tratados internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía superior a cualquier ley, que son la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño”.

“Este Congreso de la Nación dispuso que debe interpretarse que niño es ‘todo ser humano desde el momento de la concepción’. El artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco de la vida. Yo simplemente lo que marqué es que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley”, se defendió.

Lousteau repreguntó si se declara la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo volvería a estar vigente el Código Penal de 1921.

García Mansilla le explicó que “la eventual declaración de inconstitucionalidad de la legalización, no implicaría la declaración de inconstitucionalidad de la despenalización la Ley 27.610. Es una ley compleja, criminalizó el aborto en ciertos casos, lo despenalizó en otros, y lo legalizó en un supuesto específico que es el que me refiero con lo cual la eventual declaración de inconstitucionalidad tendría que llegar un caso también, pero asumamos hipotéticamente y la clave es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no decide caso de aborto periódicamente”.

El juez planteó que varias ONG’s hacen una analogía con la Corte Suprema norteamericana que creó el derecho al aborto en 1973 que no surgió del Poder Legislativo. “Por eso se litiga permanentemente y uno puede ver que la Corte Suprema desde 1973 hasta hoy ha dictado más de 54 fallos en materia de aborto y a nivel de juzgados de tribunales federales inferiores son miles las sentencias”.

Así, comparó: “Si uno toma la Corte Suprema Argentina en los últimos 20 años la única sentencia F.A.L que se refería a un artículo del Código Penal que, hoy, además, está derogado y que ese artículo el 86 se refería a una causal de no punibilidad. Hoy la Ley 27.610 el artículo 86 del Código Penal prevé causales de no punibilidad las declaraciones de inconstitucionalidad de la legalización no estarían afectadas”.

Pidió una breve interrupción la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, quien le consultó si “ya aprobada la ley si su postura va a ser inmiscuida por sus concepciones confesionales o va a fallar de acuerdo al derecho. Si entiende que el principio de no regresividad en la Constitución tiene que ver con un hipotético caso que llegue a la Corte respecto al derecho de interrupción voluntaria del embrazo”.

“Los argumentos que yo escribí cuando viene acá al Senado de ninguna manera son argumentos confesionales, salvo que entendamos que explicar el derecho positivo, a hacer referencia a normas sancionadas por este Congreso, a hacer referencia a constituciones provinciales o hacer referencia al texto escrito de determinados instrumentos internacionales que gozan de una determinada jerarquía, es sostener una postura confesional”, respondió García Mansilla.

“Si llegara a tener que decidir cualquier caso, se debería fallar conforme a derecho eso no hay ninguna duda y, más allá de fallar conforme a derecho, la predisposición del juez no es únicamente fallar conforme a derecho”, agregó.

De esa manera, explicó que en ese caso lo primero que haría es “analizar el caso con mente abierta”, lo segundo “voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes”, lo tercero será “considerar la dimensión humana en juego” porque “nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones, el interés superior del niño, la perspectiva de género, el problema de la vulnerabilidad de las personas mayores. En considerar la dimensión humana en juego que es fundamental a la hora de resolver cualquier caso”, el cuarto punto es “tomarse en serio los precedentes del tribunal los precedentes de la Corte Suprema para los propios jueces de la Corte Suprema son importantes”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal colegiado y que creo que gana en autoridad cuando decide las cuestiones jurídicas más trascendentes con una sola voz. Cuando las decisiones se toman, por ejemplo, si tenemos una corte de cinco jueces, con cinco votos distintos en general, el derecho no gana en autoridad. Creo que la Corte gana en autoridad cuando las cuestiones complejas las decide en la medida de lo posible con una sola voz. Eso implica un esfuerzo en el marco del tribunal colegiado para saber cuándo de poner ciertas visiones del derecho poder consensuar algunas cuestiones que, en el marco de lo que es opinable del derecho, no es lo que no es opinable poder trabajar de esa manera”, argumentó.

También resaltó que el principio de progresividad “es un principio claramente importante está previsto en la convención americana de Derechos Humanos y es aplicable en todas las decisiones desde ya”.

"En la locución que yo hice acá en el Senado yo tampoco planté una postura confesional, sino que planteé que en mi visión, de acuerdo a lo que se estaba discutiendo en ese momento con otro proyecto de ley, para poder tomar la decisión que se quería tomar en ese momento había que reformar la Constitución como hicieron Irlanda o Francia para poder consagrar el aborto. Es un argumento de derecho positivo", cerró

El académico Manuel García-Mansilla comenzó este miércoles su exposición ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta a las 10.52 con un discurso en el que resaltó su trayectoria educativa y laboral, en el ámbito de los tribunales, hasta recalar en el estudio jurídico más grande del país, cosa que le permitió “ver el derecho desde otro lugar”. Habló de su formación y especialización, su experiencia en el exterior y afirmó haber arrancado “desde lo más bajo, hasta litigar en el sistema internacional de derechos humanos ante una nación extranjera”.

Destacó su compromiso académico desde hace más de tres décadas, y la publicación de libros y notas de opinión en la Argentina y otros países, la mayoría de los cuales vinculados a la Constitución, como así también resaltó que desde 2019 es decano de Derecho en la Universidad Austral, donde además da clases sobre diversos aspectos de la constitucionalidad. Allí obtuvo el título el año pasado de doctor en Derecho, con un jurado de personalidades ajenas a la facultad.

A esas casi tres décadas de experiencia en el Derecho, le sumó una experiencia de gestión en una cámara de empresas productoras de hidrocarburos, de la que es director desde 2014.

Tras esa exposición, García-Mansilla dijo porqué piensa que puede hacer “un aporte genuino a la Corte Suprema de Justicia”. Arrancó diciendo qué piensa de la función judicial, comparándola con la de los legisladores. “A diferencia de los jueces, los legisladores pueden apelar a sus convicciones morales y la necesidad de atender reclamos sociales para modificar leyes como crean conveniente, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución”, comentó.

“Eso mismo ocurre con los constituyentes; pero los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y la forma representativa de gobierno”, señaló, para remarcar nuevamente: “No pueden hacer eso en ningún caso. Tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política y religiosa, aun cuando crean de buena fe que van a servir mejor a la sociedad”.

El postulante para ocupar un lugar en la Corte precisó que “los constituyentes dieron a los órganos políticos las herramientas para modificar y adaptar nuestra legislación a estas nuevas realidades. Por eso que la tarea de impulsar los cambios que reflejan esta evolución es principalmente de este Congreso de la Nación”.

En cambio, dijo, “la función de los jueces es aplicar esas normas a la hora de resolver casos concretos”, así como “sostener la observancia de la Constitución en cada sentencia a través del ejercicio de control de constitucionalidad”.

García-Mansilla agregó que “dadas las características, los jueces no pueden aplicar sus convicciones o preferencias personales a la hora de decidir casos concretos”. Y enfatizó: “Fomentar ese comportamiento anómalo por parte de los jueces es una forma inaceptable de liberarlos de los límites que la propia Constitución les impone a ellos”.

Para el candidato a integrar la Corte, un buen juez de ese tribunal supremo “solo puede administrar justicia en el marco de lo previsto en el juramento ordenado por el artículo 112 de la Constitución Nacional. Este juramento exige que la administración de justicia en cada jurisdicción se haga bien y legalmente en conformidad con lo que prescribe la Constitución. Que es administrar justicia bien, hacerlo de forma independiente, imparcial, sin favoritismo, sin prejuicio ni animosidad en contra de las partes. Mostrando que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable. Legalmente y en conformidad con lo que prescribe la Constitución”.

Para García-Mansilla, “los fundamentos de sus sentencias deben respetar y hacer respetar el estado de derecho, la seguridad jurídica a través de una aplicación seria y meditada de nuestra norma suprema, la Constitución, en cada uno de los casos que les toque resolver”.

Y concluyó asegurando que su única aspiración, para el caso de que este Senado lo honre con su acuerdo, es “la de servir a mi país de tal manera que al momento de terminar con esas funciones, mis compatriotas me recuerden como un juez que cumplió con sus deberes constitucionales y que obró siempre con integridad, independencia e imparcialidad”.

El académico Manuel García-Mansilla defendió este miércoles su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsado desde el Gobierno, en el marco de una audiencia pública celebrada desde las 10.23 de la mañana en el Salón Azul del Senado. Fue el segundo candidato en exponer ante la Comisión de Acuerdos que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, luego de que la semana pasada fuera el turno del juez federal Ariel Lijo, quien disertó por casi ocho horas.

Tras 7 horas de audiencia, la senadora Tagliaferri aseguró que “los dictámenes ya están disponibles para la firma”. También anunció que la próxima reunión de la misma será el 12 de septiembre, para tratar una serie de pliegos judiciales.

Al comenzar la audiencia, Tagliaferri informó que “todo el proceso de la audiencia es público” y destacó que “en la página web del Senado hay un micrositio donde está disponible toda la información sobre la audiencia, lo que permite tener un Senado más transparente y accesible”.

En el inicio de la reunión, el jurista señaló porqué piensa que puede hacer “un aporte genuino a la Corte Suprema de Justicia”. En ese marco, diferenció la tarea que le asiste a los jueces respecto de los legisladores, quienes “pueden apelar a sus convicciones morales y la necesidad de atender reclamos sociales para modificar leyes como crean conveniente, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución”, comentó. “Los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y la forma representativa de gobierno”, señaló, precisando que ellos “tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política y religiosa, aun cuando crean de buena fe que van a servir mejor a la sociedad”.

“La función de los jueces es aplicar esas normas” establecidas por los legisladores, o los constituyentes “a la hora de resolver casos concretos”, así como “sostener la observancia de la Constitución en cada sentencia a través del ejercicio de control de constitucionalidad”.

El interrogatorio de los legisladores

Tras la presentación formal del candidato a la Corte Suprema, se dio lectura a 160 preguntas, de un compendio de las 265 preguntas que le realizaron las instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación.

Algunas de las consultas se referían a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, dolarización, federalismo, competencias de la Corte Suprema de Justicia, impuesto a las ganancias, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, las protestas sociales, la Ley del Aborto, entre otros temas.

Ante la consulta del senador libertario Francisco Paoltroni por la modificación “inconstitucional” de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida, García- Mancilla manifestó que “el régimen republicano de gobierno se creó para combatir las monarquías y, la reelección indefinida, tiene evidentemente un problema con el régimen republicano. La duración en el cargo permanente es un peligro para la república. La reelección indefinida como tal puede tener un problema y, a la hora de tomar una decisión, hay que ver cómo se ha litigado el expediente y prestar atención el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y resaltó que “hasta 1983 ninguna Constitución provincial preveía la reelección indefinida”. El académico sostuvo que los estándares de DD. HH son “guía de interpretación y los jueces deben tenerlos en cuenta”.

Sobre la “inconstitucionalidad de la Ley de Lemas” el candidato explicó que la Corte Suprema entiende que “todo lo que tenga que ver con el régimen electoral es una cuestión de derecho público local que le corresponde al Poder Judicial local determinar su eventual coalición o no con la norma principal. Es el parámetro a aplicar. El Poder Judicial no puede intervenir en todas las causas judiciales que se inicien en el país, tiene que respetar los límites del federalismo”. Tras escuchar las respuestas del abogado, el libertario expresó que la república con estas dos herramientas “está en peligro y es un riesgo absoluto para todos. Con este criterio podemos poner reelección indefinida de presidente y terminar como Venezuela”, tras lo cual se retiró de la reunión.

A continuación, en respuesta del radical Martín Lousteau opinó que “el artículo 129 de la Constitución tiene problemas constitucionales porque asimila a la Ciudad de Buenos Aires como si fuese provincia”, y planteó que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que tener su Poder Judicial propio completo”.

Al ser consultado por la oficina de violencia doméstica, que es competencia de la Corte Suprema, el juez comentó: “No es un tema que haya reflexionado en particular, pero se podría trasladar la oficina, pero la propia Ciudad y todas las provincias deberían tener cada oficina y la Corte integrar toda la información para tener un diagnóstico preciso de lo que es la violencia doméstica a nivel nacional”.

También le preguntó sobre su postura en contra del aborto legal, respecto de lo que señaló que la Corte Suprema "no decide periódicamente sobre casos de aborto", y sostuvo que en su momento "marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías, eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley".

RIGI

A ser consultado por el RIGI por parte de los senadores Lousteau y Anabel Fernández Sagasti, el abogado expresó que “la Ley 27.270 aprobó el Acuerdo de París que se refiere al cambio climático, la Ley Olimpia aprobada por este Congreso de la Nación también se refiere al cambio climático, es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático”.

“El Congreso de la Nación ha legislado sobre la materia. Sobre las regulaciones en materia de medio ambiente y la explotación de recursos naturales, lo que entiendo de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución y la Ley General del Ambiente es que el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”, señaló y precisó que esos presupuestos mínimos pueden ser complementados por las provincias y planteó: “Diría que el único límite que tienen, tanto el Gobierno Federal como las provincias, dejando de lado el federalismo, es que no se conviertan en regulaciones expropiatorias de los recursos naturales que son de propiedad de las provincias”.

Al respecto, recordó el caso de 2007 en la provincia de Chubut sobre un minera a cielo abierto en una mina de oro. Así, sostuvo que en el caso del RIGI hay que tener en cuenta “la provincia, la regulación ambiental, pero entiendo que en la medida que se cumplan los estudios de impacto ambiental, las audiencias correspondientes, seguramente el supuesto debería ser atendido antes de que se empiece a operar y, desde ya insisto, en esto el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias pueden elevar ese piso”.

“Evidentemente ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Eso está muy claro en nuestro sistema constitucional que una ley del Congreso no puede dejar sin efecto los parámetros de protección ambiental que prevé el artículo 41 de la Constitución”, remarcó.

La postura sobre la identidad de género

Al ser consultado por la senadora Anabel Fernández Sagasti (UP) sobre la Ley de Identidad de Género, se distanció de la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien argumentó que “se acabó la diversidad de género” durante su exposición en la Comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados.

Al respecto, el abogado afirmó que la Ley 26.743 de identidad de género “es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir”, y agregó: “He notado en los últimos años una costumbre, en que en ciertos casos y no voy a decir ningún tribunal, donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales”.

“Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer porque en nuestro sistema constitucional las leyes vigentes se aplican y, para no aplicarlas, hay que declararlas inconstitucionales. Siempre que haya un caso concreto que amerite eso, pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”, criticó.

La inconstitucionalidad de los DNU

Sobre la ley que regula los DNU la 26.122, García Mansilla comentó: “El congreso en ejercicio de las atribuciones, que prevé el artículo 99 inciso 3, sancionó una ley para regular la forma en que quiere controlar los DNU. Fue el que decidió que, para rechazar un DNU, se necesita una disposición de las dos cámaras”, y señaló una inconsistencia desde el punto de vista técnico: “En un sistema parlamentario donde hay fusión de poderes, haya más control de parte del Parlamento o más restricciones para el Gobierno para emitir un Decreto de Urgencia, que en un sistema presidencialista en donde la separación de poderes con frenos y contrapesos es la Norma, pero es decisión del Congreso la regulación de qué tipo de control quiere ejercer sobre los DNU”.

“Cualquier DNU en el marco de un proceso judicial debe presumirse inconstitucional y esto implica que el Estado nacional es quien corre con la carga de la prueba y con la carga de la argumentación para demostrar que ese DNU es constitucionalmente válido porque está dentro de las excepciones previstas en el artículo 99 inciso 3”, explicó.

Así, sumó: “La Constitución dispone en el artículo 99 inciso 3 que el Poder Ejecutivo en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta insanable podrá emitir disposiciones de carácter legislativo y, recién ahí, es que se abren las excepciones”.

Paridad de género

El senador salteño Juan Carlos Romero le preguntó sobre la paridad de género y criticó al Ejecutivo por postular a dos hombres y a ninguna mujer. Sobre ello, el juez fundamentó: “Si bien la cuestión de género es una cuestión de gran importancia para el ejercicio de facultades que son políticas y discrecionales del Poder Ejecutivo y también del Senado, en mi caso la nominación no reemplaza la nominación de una mujer”

“La nominación es una facultad que le corresponde al Ejecutivo y la consideración que hizo el tiene que ver con decisiones de oportunidad mérito y conveniencia. Se hizo un análisis en el ámbito del Ministerio de Justicia”, indicó y procedió a leer un dictamen aprobado en 2016 por la propia comisión que establece que ‘en orden a las impugnaciones recibidas sobre un eventual desequilibrio de género, esta comisión manifiesta que comparte la importancia en el caso de la diversidad y el equilibrio de género especialidad y procedencia regional’.

En ese sentido, sostuvo: “Entendí que, dentro de los requisitos que prevé el 322, había otros que yo podía cumplir como el de diversidad regional y especialidad. Ese mismo dictamen dice ‘sin perjuicio de ello esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos del artículo 111 de la Constitución Nacional. Por lo cual se entiende que esas objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo Nacional que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo’”.

“En cuestión entiendo que este tipo de antecedentes parlamentarios sumados, por ejemplo, a la decisión que tomó el pleno del Senado en la sesión del 5 de noviembre del año 2020 cuando se dio un acuerdo para completar una vacante en la Cámara Nacional Electoral y la cuestión de género fue objeto de discusión. Es una cuestión muy importante, muy trascendente, pero que no es dirimente en el sentido de que si el candidato es varón o mujer está impedido de aceptar o no una nominación y, en mi caso particular, insisto mi nominación no reemplaza a una mujer”, completó.

Quién le ofreció el cargo

Una de las preguntas que le formularon a García-Mansilla fue quién fue el encargado de ofrecerle el cargo para el que ahora se postula.

“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo, en una reunión con (el viceministro de Justicia) Sebastián Amerio”, respondió el jurista ante la inquietud de Oscar Parrilli. Y agregó: “Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él. Y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces; la última vez lo vi hace unas dos semanas, en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para la audiencia pública y la relación desde el  momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”.

La Ley de Coparticipación, una deuda

Luego de un cuarto intermedio, a las 15, se reanudó la audiencia con la consulta de la senadora Carmen Álvarez Rivero sobre el federalismo y la ley de Coparticipación Federal. El letrado respondió que “evidentemente es una deuda, la Ley de Coparticipación; se van a cumplir 30 años de la reforma del 94 y no se ha dictado la ley convenio” y agregó que “la revisión de los criterios jurídicos que impedirían esa ley convenio facilitaría ese trabajo, que le corresponde a la política”.

El senador misionero Carlos Arce le consultó su opinión sobre la pedofilia, tráfico de menores y Ciberdelito. Al respecto, García Mansilla aseguró: “Me parecen delitos aberrantes que deben ser perseguidos por la Justicia y castigados con el máximo de la pena del Código Penal”.

Antes de dar por terminada la audiencia, el senador Bartolomé Abdala (LLA) destacó la solidez en las respuestas y afirmó: “Sigo pensando que sos un buen candidato para el cargo que nuestro gobierno te ha propuesto”.

Sobre el final de la larga exposición del juez Ariel Lijo, fue el turno de José Mayans, quien arrancó ponderando la reunión, y durante su prolongada intervención cargó de manera muy dura contra la Corte Suprema por lo que hizo con el Consejo de la Magistratura.

Recordó entonces el famoso fallo por el cual la Corte Suprema derogó la ley que creó el Consejo de la Magistratura y emplazó al Congreso a dictar una nueva norma en seis meses. “Esta Corte violentó la Constitución, porque puso en vigencia una ley que estaba derogada por el Congreso y hoy la Argentina tiene un Consejo de la Magistratura trucho. Verdaderamente es tremendo”, enfatizó el formoseño.

En su embestida, Mayans cargó contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a quien acusó de “tomar por asalto el Consejo”. “Se pone como presidente, interviene en decisiones del Senado, opinando sobre bloques que están constituidos”, señaló en referencia al fallo del Tribunal Supremo sobre la decisión del entonces Frente de Todos de partir sus bloques para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura.

Y continuó: “Primero la Corte emplazó al Congreso; le dieron seis meses, ¿quiénes se creen que son? Cuando ellos se toman todo el tiempo posible… Después de 10 años (de tener en sus manos el tema de la ley que creó el Consejo de la Magistratura), dicen: ‘Ustedes tienen seis meses para resolver este tema’. Ponen en vigencia una ley, se meten en atribuciones del Congreso… Es grave”. En ese sentido, Mayans recordó que él tiene el concepto de que “no podemos aprobar ninguna propuesta que venga de este Consejo de la Magistratura, que es trucho, que está muerto… ¿Cómo un Consejo de la Magistratura trucho va a designar jueces? Su composición está viciada de nulidad”.

Y finalmente Mayans hizo sus preguntas: “¿Usted cree que la Corte Suprema puede poner en vigencia una ley que ha sido derogada por el Congreso? ¿Qué la Corte Suprema puede emplazar al Congreso a hacer una ley?”.

El candidato del Gobierno propuesto para asumir en la Corte respondió que “las leyes tienen su régimen de vigencia establecido en la Constitución con toda claridad, y ese régimen no puede ser alterado sin generar un conflicto constitucional”.

Y ante la insistencia del jefe del bloque UP, Lijo señaló que “las leyes tiene su regulación de vigencia y derogación en los términos que establece la Constitución, que son facultades exclusivas del Congreso. Sí pienso que la Corte puede generar el marco para que se produzcan determinadas acciones legislativas, pero tampoco invadir la esfera de otros poderes, porque de eso se trata el sistema de frenos y contrapesos y de competencias exclusivas. Ese es el sistema que establece nuestra Constitución”.

Por último, le agradeció a Mayans sus conceptos y dijo que también se llevaba “muchas impresiones y aprendizajes y conocimiento de esta audiencia”.

El juez federal Ariel Lijo rechazó de manera “categórica” la “supuesta falta de idoneidad moral” que le fue infundada durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado y aseguró que tiene “un manto de sospecha falaz sobre mi integridad moral”.

Durante la tanda de respuestas, Lijo fue consultado por las causas en la que fue denunciado: “Fui denunciado de forma sistemática. Cuando uno recibe una denuncia injusta que versa sobre cuestiones que desconoce o son de prueba negativa son situaciones en la que uno pone en juego sus propias convicciones. ¿Qué debe hacer un juez frente a faltas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active todo el sistema de justicia y todos los recursos que el Estado tiene de investigación porque los jueces están sometidos al escrutinio constante”.

“El Consejo de la Magistratura se arrobó facultades amplias y pidió todo tipo de informe sobre mi persona. Toda esa instancia de investigación estuvo a cargo del entonces diputado Pablo Tonelli que luego de dos años de una profunda investigación presentó un dictamen en el que aconsejaba el cierre de todas las imputaciones”, se defendió.

También recordó que fue “investigado por la UIF, por la AFIP y por el Ministerio Público y el Juzgado Federal durante tres años. En los que me abstuve de intervenir. Las imputaciones originales fueron falsas y Mario Cúneo Libarona nunca fue mi abogado, no tuve abogado defensor porque no tuve imputación”.

“Lo vivo como un episodio de injusticia sobre todo porque tengo un manto de sospecha falaz. Es absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral y lo rechazo de manera categórica”, cerró.

"Tanto la opinión de mi idoneidad técnica como la de mi experiencia en el juzgado o mi desarrollo no son como son presentadas", remató.

En el inicio de la audiencia pública a la que concurrió para defender su postulación para ocupar un lugar en el seno de la Corte Suprema de Justicia, expuso este miércoles el juez federal Ariel Lijo. Su presentación arrancó puntualmente a las 10.59, luego de que la locutora oficial leyera el currículum del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el juez federal agradeció al presidente de la Nación por haber propuesto su nombre para alcanzar lo que definió como “el máximo desafío al que puede aspirar un hombre del Poder Judicial, al que le dediqué mi vida2.

Agradeció al Senado, definiéndolo como “un poder central, una de las conquistas de las democracias liberales; no es casualidad que en la parte orgánica de la Constitución, los primeros artículos estén dedicados al Senado”. Y siguió: “Tiene además una cuestión adicional, muy valiosa, para el sistema, que es la representación de todas las provincias, valor de un federalismo extraordinario”.

“Es este el lugar donde debo dar las explicaciones  y formular respuestas sobre mis actitudes y actos para el cargo para el que fui nominado”, dijo Lijo, que recordó que esta era la segunda vez en que debía presentarse en ese lugar, en ese mismo salón, donde en 2004 “defendí mi nominación para el Poder Judicial. Se discutía entonces mi candidatura al juzgado federal de la Capital que actualmente ocupo. En esa oportunidad… mi papá ya no nos puede acompañar, pero también me acompañó mi mamá… que es una luchadora”, señaló emocionado.

Luego de extender datos sobre su currículum, Lijo recordó que hizo toda su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación, adonde entró como meritorio, y al respecto resaltó que “gracias a la lucha de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (hoy esos cargos) no está permitidos. Se pasó a un régimen de ingreso más democrático, que evite ese tipo de trabajo sin remuneración”. Destacó a continuación que fue nombrado auxiliar administrativo, o “pinche”, en una defensoría oficial, lo que le permitió tener “una experiencia extraordinaria, muy enriquecedora”, resaltó.

Tras detallar su recorrido hasta llegar al lugar que ocupa actualmente y citar casos que le tocó investigar, remarcó que hoy la Corte está “integrada por académicos, jueces que provienen de otros sectores de la actividad jurídica”. En ese marco, agregó, él sería “un representante del Poder Judicial en la Corte”. “Mi tarea fue resolver un sinnúmero de casos en estos 20 años (como juez). Cada decisión, resolución y expediente incluye muchas decisiones y opiniones concretas que afectan a la gente y el aporte es desde la jurisprudencia. En los procesos en juzgados de primera instancia la regla es que precisamente lo determinante es el control de las partes; es muy marcado el control que tienen las partes, incluso la actividad recursiva son circunstancias que vienen desde distintos medios de obtención de la prueba”.

Tras referirse a los tres modelos de jueces de la historia detallados por un autor francés (el modelo Júpiter, el Hércules y el actual, el Hermes), consideró que “el modelo que me parece que puede generar un aporte es un modelo de justicia más proactiva. La Corte tiene una función jurisdiccional pura, que es la de resolver casos. Empieza y termina en el caso, esa es la competencia central de la Corte”.

“Es en ese marco que la Corte y todos los jueces ejercen el control de constitucionalidad de las normas, es función central en nuestro sistema jurídico”, apuntó. Los sistemas de control de constitucionalidad tienen distintas naturalezas, dijo enumerando y describiendo los tres: el europeo, el anglosajón y el americano o difuso.

Ante un Salón Azul que lo escuchaba atentamente, Lijo dijo que la función de los jueces es “mantener la supremacía de la Constitución sobre cualquier cosa. Tiene que ver con el reconocimiento de derechos y la legitimidad de la propia Constitución”. Agregó que “los jueces pueden controlar los procesos de producción democrática y la continuidad de la práctica constitucional, que es lo que nos hace crecer como república”.

El candidato propuesto para la Corte Suprema señaló a continuación, desde su experiencia, que “la función de los magistrados no se agota en resolver caso. Hay otras decisiones que se deben abordar; una de esas es establecer políticas que irradien y es fundamental conocer qué le pasa a la justicia en todo el país”.

“El federalismo no es una mera expresión vacía que no tiene contenido, implica respetar las autonomías de las provincias. Respetar la gestión de sus políticas de desarrollo. Atrás de cada decisión, hay realidades que tienen que ver con la experiencia humana y los jueces tienen la responsabilidad de conocerlas”, resaltó Lijo, para advertir a continuación que el juez “debe trabajar con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen propuestas para los problemas que tienen las personas. Para eso se cuenta con el apoyo de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Nación”.

En su mensaje inicial, el candidato propuesto por el Ejecutivo se refirió a los aportes que podría llegar a aportar con su llegada a la Corte y en un pasaje señaló que “hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia”.

Lijo sostuvo que la Corte debe “enfocarse en garantizar el acceso a la justicia” no solo para “garantizar que haya mayor facilidad en las formas de litigar, hay una barrera cultural y social porque hay personas que no se animan a acercarse a Tribunales o que no saben cómo acudir a la justicia, o la autoexclusión de ‘para qué voy a ir si no me van a resolver nada’”. También señaló que los diseños administrativos que son “complejos y son obstáculos reales”.

“Debe haber una sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de los conflictos. La respuesta del Poder Judicial no puede ser meramente la resolución del caso sin darse cuenta, sin asumir que hay otras consecuencias alrededor de los casos que le toca”, indicó.

También consideró que la Corte debe tener una política que implique “la tutela efectiva” de casos que involucren violencia doméstica, género, laboral, de menores y adicciones. Así, sostuvo que la Corte debe establecer “delegaciones” donde hay mayor nivel de conflictividad y que “tome contacto con organizaciones, iglesias, emprenda acciones en conjunto con el Parlamento y el Ejecutivo que deriven en acciones concretas de soluciones para problemas reales que tienen las personas”.

Sobre la modernización de la justicia, manifestó que la Corte debe “tratar de trabajar en procesos de modernización tecnológicos para las tramitaciones por lo que hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia".  En ese sentido, consideró importante el trabajo en conjunto con el Congreso “para encontrar, de una buena vez, mecanismos que simplifiquen y bajen e nivel de litigiosidad que llega a la Corte por diversas vías”, por lo que remarcó que hay “diversos proyectos para que la Corte y el Congreso se sienten y encuentren una solución porque no es viable el nivel de litigiosidad con el que convive la Corte Suprema”.

Lijo señaló que, para ello deben establecer plazos y que, internamente, la Corte “debe trabajar y mejorar las reglas de superintendencia aumentando las autonomías de las Cámaras Federales del interior resolviendo cuestiones de superintendencia, dándoles más autonomía de gestión y económica”.  Además, planteó trabajar sobre la gestión de recursos humanos.

“Los distintos sectores de la sociedad avanzaron en un proceso de segmentación. Pero, el Poder Judicial para un universo de conflicto tiene una única propuesta, utiliza el mismo proceso, los mismos recursos, las mismas personas y mismos tiempos para una catástrofe ambiental o el arrebato de un celular”, comparó y agregó: “No es razonable a esta altura que el Poder Judicial tenga una única propuesta ante cualquier tipo de caso”. De esta manera, reiteró que la Corte debe trabajar con el Congreso para “dar respuestas idóneas, diferenciando los procesos por el grado de gravedad y conflicto. Hay que pasar a las soluciones”.

Por otro lado, remarcó la importancia de disminuir el nivel de litigiosidad y señaló que la Constitución Nacional establece esferas de competencia para cada uno de los poderes y un sistema de frenos y contrapesos de funcionamiento de los tres poderes del Estado. “El cumplimiento de esas atribuciones en el marco del respeto del mandato Constitucional tienen una presunción de legitimidad porque los actos que emanan de los poderes tienen una aprobación de legitimidad incluso cuando son cuestionados. Hay que tender a la estabilidad de los actos de los poderes”, manifestó.

“Las cuestiones de la política deben resolverse en el ámbito de la discusión de ideas que establece la Constitución. Las cuestiones entre el Parlamento y el Ejecutivo tienen también sus propias reglas y no siempre el Poder Judicial es el poder que puede brindar una solución para este tipo de conflictos de la inconstitucionalidad de una norma”, expresó.

Por último, recordó que en los últimos 20 años tuvo la oportunidad de intervenir en la investigación del atentado a la AMIA y, en los últimos meses, está subrogando un juzgado en el atentado a la embajada y contó: “Pudimos avanzar en algunos aspectos que ya venían siendo materia de trabajo de Tribunales. Se trabajó en el reordenamiento del archivo y la documentación y el acceso a la información”.

“Esa experiencia me permite asegurarles que es indispensable que en el ámbito de la Corte Suprema se cree una secretaría especial que investigue el atentado a la embajada que ocurrió en 1994 porque hay mucha información en el mundo. Esa secretaría debería trabajar en dos aspectos, hacia adentro del Poder Judicial en la capacitación de todos los actores del sistema para que puedan dar respuestas y evitar que ocurra lo mismo; y trabajar fuerte en acciones con otras entidades y organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas para concientizar y evitar la discriminación, especial el antisemitismo que es la causa de ambos atentados”, expresó y finalizó: “Estas acciones pueden contribuir a un cambio fuerte en conductas que están muy arraigadas en la sociedad”.

NOTA EN DESARROLLO

El juez federal Ariel Lijo expone desde las 10.31 ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, y se someterá a responder las numerosas preguntas que harán los legisladores. La mayoría de ellos no definieron su postura y esperarán las respuestas del candidato. A priori, la postulación de Lijo cuenta con el rechazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el oficialista Francisco Paoltroni.

Presidida por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, la Comisión de Acuerdos está compuesta además por 7 representantes de UP, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. Por el radicalismo están Martín Lousteau, Eduardo Vischi, Mariana Juri y Carolina Losada. De La Libertad Avanza está Ezequiel Atauche, por Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Avila y el salteño Juan Carlos Romero.

Un cambio notorio que se dio en la previa de esta audiencia fue que en el seno del radicalismo hubo una modificación: el presidente del bloque, el correntino Eduardo Vischi, reemplazó a Pablo Daniel Blanco. Un dato saliente es que el senador fueguino había adelantado su rechazo a la propuesta de Lijo, por una cuestión de paridad de género. Esta modificación entonces sería una señal para garantizar la emisión del dictamen.

De esos 17 miembros, el juez Lijo debería contar con un dictamen favorable de 9 firmas para garantizar la llegada del pliego al recinto. Sin embargo, el oficialismo intentará negociar para conseguirlas, ya que hasta el momento se especula que las firmas no están, luego de que el senador Mayans expresara a La Nación que es “responsabilidad del oficialismo conseguir las firmas para el dictamen”, dando a entender que no hay ningún acuerdo para permitir el avance del pliego.

No necesariamente estará este miércoles el dictamen correspondiente, por lo que se anticipa una reunión extensa y se prevé un cuarto intermedio a las 13.

Con 7 miembros en el Senado, y aun reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Así las cosas, la postulación de Lijo recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares. Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia la próxima semana- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Llegó el día esperado para el juez federal Ariel Lijo, que este miércoles deberá defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Será a partir de las 10, en el Salón Azul, donde el magistrado se someterá al interrogatorio de los legisladores.

Presidida por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, la Comisión de Acuerdos está compuesta además por 7 representantes de UP, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. Por el radicalismo están Martín Lousteau, Pablo Daniel Blanco, Mariana Juri y Carolina Losada. De La Libertad Avanza está Ezequiel Atauche, por Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Avila y el salteño Juan Carlos Romero.  De esos 17 miembros, el juez Lijo debería contar con un dictamen favorable de 9 firmas, cuestión de garantizar la llegada del pliego al recinto.

Hasta el momento no se sabe si esas firmas están, y ya este martes el senador Mayans dijo a La Nación que es responsabilidad del oficialismo conseguir las firmas para el dictamen, dando a entender que no hay ningún acuerdo para permitir el avance del pliego. No necesariamente estará este miércoles el dictamen correspondiente.

La reunión se anticipa extensa y se prevé un cuarto intermedio a las 13.

Luego de que su pliego tomara estado parlamentario y se formalizara la fecha de audiencia, su postulación recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares.

Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Al responder a los cuestionamientos en su contra, Lijo rechazó acusaciones sobre su idoneidad moral, incremento patrimonial, falta de formación académica y desempeño como juez.

Por otra parte, el magistrado recibió una serie de adhesiones, entre ellas de rectores de universidades, el gremio de los judiciales -liderado por Julio Piumato- y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, a la que él mismo pertenece.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia una semana después- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Sin dudas, la falta de una candidata mujer a la Corte se anticipa como una de las discusiones que podría poner reparos en uno de los dos postulantes.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Pero el rechazo también llega desde adentro del oficialismo: el formoseño Francisco Paoltroni ha anticipado y ratificado más de una vez que no acompañará el pliego. Y, como si fuera poco, en la previa encabezó una especie de audiencia paralela bajo el nombre de “Encuentro sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, donde se esperan críticas a Lijo.

La Asociación Civil de juristas y profesores de Derecho, FORES, presentó este lunes ante el Senado de la Nación su impugnación a la candidatura para la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Ariel Lijo, al tiempo que formalizó su apoyo a la postulación de Manuel García Mansilla.

“Lamentablemente, las objeciones presentadas (como las muchas otras presentadas por otras entidades representativas del ámbito de la justicia), no solo no fueron contestadas por el candidato, sino que tampoco fueron merituadas por el Poder Ejecutivo al solicitar el acuerdo. Lo ocurrido parecería haber transformado el proceso de participación ciudadana en una mera formalidad burocrática que afecta el principio republicano que exige la fundamentación de los actos gubernamentales”, planteó FORES en su impugnación a Lijo. “Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de reiterar ante ese Honorable Senado tales objeciones, en la esperanza de que ellas sean consideradas al debatir el acuerdo solicitado”.

En cuanto a las características del postulado, la entidad señaló que “no caben dudas de que el Sr. Lijo cumple con las condiciones formales para ser postulado. Son, sin embargo, las condiciones de idoneidad las que no se verifican en el candidato” y cuestionó: “El candidato provoca demasiada polémica en múltiples sectores de la sociedad (condición suficiente para descartarlo). Su postulación carece de suficiente fundamentación y no presenta hechos y resultados que demuestren una adecuada gestión como juez”.

“Resulta preocupante que no se haya presentado un solo informe acerca de la gestión del juzgado a su cargo que permita un análisis a la luz de la propuesta efectuada”, concluyó FORES.

Respecto de la postulación de García Mansilla, en tanto, FORES destacó la idoneidad del candidato para ocupar el cargo, ya que posee “un perfil de formación amplio, lo que entendemos le permitirá analizar las cuestiones que llegan a la Corte Suprema con conocimiento del ‘mundo real’ y experiencia práctica de las necesidades de quienes recurren a los tribunales en procura de justicia”.

La Coalición Cívica sigue militando contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, y con ese fin presentaron este viernes las observaciones que dan sustento a su formal impugnación contra el magistrado. Argumentan en tal sentido “manifiesta falta de idoneidad técnica, jurídica y profesional”, como así también la “evidente carencia de condiciones éticas y morales del candidato propuesto”.

Lo hicieron a través de una nota enviada a la titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri, suscripta por Elisa Carrió y los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Para los miembros de la CC-ARI, Lijo “ha tenido severos cuestionamientos ha tenido severos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal”, por lo que entienden que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo “no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación. Además, se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato”.

Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entienden que el candidato “tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica y académica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Condiciones éticas

Para los que firman esta presentación, el juez Lijo cuenta con un “magro currículum vitae, sin antecedentes académicos relevantes, con menos de cinco publicaciones sin referato sobre temas diversos; solo exhibe como ‘mérito’ cerca de 20 años deantigüedad en su cargo de juez federal”.

Advierten desde la CC que “los años de antigüedad no certifican automáticamente la idoneidad para acceder a un cargo, mucho menos para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se ‘asciende’ a la Corte Suprema por ‘antigüedad?, la permanencia en un cargo en el Poder Judicial no es un elemento determinante, los méritos que deben exhibirse para lograr integrar el máximo tribunal de nuestro país son sustantivamente diferentes, y precisamente son los que recoge el decreto 222/2003: idoneidad técnica y jurídica, condiciones éticas y morales y compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos”.

“Por el contrario, a lo largo de su dilatada permanencia en el fuero federal penal, el candidato Ariel Oscar Lijo exhibe otro tipo de antecedentes, los que dan cuenta de un recorrido profesional bastante opaco y poco notable, como refleja el análisis de su desempeño como juez federal en diversas causas radicadas por ante el juzgado a su cargo y ante los que intervino como subrogante, junto con una sospechosa situación patrimonial que siembra fundadas dudas sobre su desempeño profesional y su independencia en el ejercicio de la magistratura, que dieran lugar a una serie de denuncias e investigaciones sobre su desempeño como juez federal”, advierten, para detallar luego antecedentes y tramitación de todas las causas, con nueve ejemplos concretos.

En las conclusiones de la amplia presentación resaltan que el candidato Ariel Oscar Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”.

En ese sentido insisten en que como juez, Lijo “ha demorado  intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Prueba de ello son las causas YPF, Siemens y

Obra social del Poder Judicial de la Nación”. Además, ha sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito “toda vez que presentaría severas inconsistencias en su patrimonio y, sumado a ello, el candidato llevaría a cabo un estilo de vida que no condice con sus ingresos como juez federal”.

“Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación –afirman-. Un juez federal destacado por su evidente mal desempeño y sus habilidades para obstruir la tramitación de las causas de corrupción que debe investigar no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juez federal que sistemáticamente acumula denuncias vinculadas con el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y suman: “Un juez federal acusado de corrupción y connivencia con actores políticos y económicos involucrados en la comisión de diversos delitos de acción pública no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La voladura de la Embajada de Israel tuvo lugar el 17 de marzo de 1992; a las 9.53 del 18 de julio de 1994 otra bomba hacía estallar la sede de la AMIA. Por tratarse de una sede diplomática, la investigación del primer episodio quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que del otro hecho se ocupó el juez Juan José Galeano. Cada investigación tuvo un recorrido diferente, como diferentes fueron sus resultados, aunque a la postre ninguno de los dos sirvió para poner justicia en ambos hechos; empero la falta de resultados llevó al Congreso a tomar cartas en el asunto. Fue en 1996, un año a lo largo del cual se destacó precisamente el trabajo de las comisiones investigadoras. La Bicameral de Seguimiento de los Atentados fue una de ellas.

En el caso de los atentados contra objetivos israelíes, diputados y senadores tomaron la decisión de crear una comisión, ante la necesidad de efectuar un seguimiento de la investigación de los mayores atentados terroristas que registró la Argentina contemporánea. En rigor, la creación de la comisión se decidió en 1995, pero recién se constituiría en septiembre de 1996. El objetivo de la misma era efectuar el seguimiento de las investigaciones judiciales y la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del propio Poder Legislativo.

Harían el acompañamiento y el examen de la investigación en curso, pero estaba establecido que no podían reemplazar a los jueces de la causa.

“Desde su creación, la Bicameral adoptó el criterio político de tomar ese mandato con el compromiso de hacerlo como una cuestión de Estado, fijando como regla política primordial no utilizar la información obtenida o el propio desarrollo de la comisión para una especulación parcial o partidaria”, señaló a quien esto escribe Melchor Cruchaga, quien integró esa comisión durante su paso por la Cámara de Diputados.

La propia composición de la Bicameral demostraba que se tenía en cuenta ese principio de representación por sectores políticos, y no como una representación cuantitativa o proporcional al peso específico de cada fuerza, como sucede con las clásicas comisiones en las que el oficialismo de turno tiene presencia mayoritaria.

El propio justicialismo estaba representado en sus dos acepciones: menemismo y duhaldismo. “Y a un costado estábamos nosotros, y más al costado Cristina (Fernández de Kirchner)”, contó uno de los radicales que integró esa bicameral, confesando que entonces se sentían muy cómodos con la senadora santacruceña, porque sabían que no estaba comprometida con los sectores del oficialismo.

El primer titular de la comisión fue el justicialista rionegrino Carlos Soria y su vicepresidente fue el senador radical Raúl Galván. También estaban Carlos Chacho Alvarez, José Antonio Romero Feris, César Arias, Augusto Alasino, José Genoud, Miguel Angel Pichetto, Bernardo Quinzio, Federico Storani, Juan Pablo Cafiero, Cristina Kirchner y el citado Cruchaga. Como se ve, la mayoría de los presidentes de bloque estaban en la comisión, lo que pretendía darle a la misma una fuerte representación política.

Eso implica por supuesto que esos titulares de bancadas pondrían el peso de sus firmas, mas no el cuerpo en la investigación, que correría entonces por cuenta de otros. De hecho, Soria, Cruchaga y Cristina fueron las caras visibles de la investigación que encaró la Bicameral.

Quien tiempo después sería presidenta de la Nación accedió a esa comisión mientras constituía una isla solitaria en el Senado, lo cual no fue obstáculo para que el justicialismo accediera a incorporarla. Con el tiempo, se justificaría plenamente esa designación, pero no deja de representar una incógnita porqué se le concedió la posibilidad de estar allí si en el bloque del Senado no la querían. La razón más valedera que ha podido encontrarse es que en el oficialismo no eran muchos los que querían meterse en esa tarea en la que encontrarían más escollos que pistas. Además, las bicamerales no tienen la importancia de las comisiones permanentes de cada Cámara -sin ir más lejos, no manejan dinero- y cumplen más bien un rol simbólico como el que pretendían darle las presencias de tantas figuras de los bloques que a la postre no ponían más que el nombre y la firma.

Y tanto insistió Cristina, que logró sortear las vallas para ocupar un lugar en la bicameral, que no perdió cuando migró hacia Diputados. Tampoco varió mayormente la composición de esa bicameral con el paso del tiempo, amén de modificaciones de importancia como la presidencia de la misma, que ejercieron los radicales Marcelo Stubrin y Luis Molinari Romero ya en tiempos de la Alianza.

En sus informes, la comisión diferenció siempre la labor de la Corte Suprema y la del juez Galeano, con quien sí mantuvieron un mayor contacto. De entrada, la relación con el Tribunal Supremo fue tempestuosa, por cuanto el mismo retaceó permanentemente el material que los legisladores requerían para la investigación del atentado a la embajada, al punto tal de tener que plantear los legisladores una cuestión de privilegio, votada por unanimidad.

Pasó casi un año para que la Corte modificara su postura y le permitiera a los legisladores ver la causa; posteriormente delegó la investigación en una secretaría penal a cargo de Jorge Canevari, lo que marcó un tardío cambio de comportamiento, pero cambio al fin. Con el juez Galeano, por el contrario, el contacto fue permanente.

La comisión trabajó activamente durante cuatro años; luego comenzó a declinar su tarea porque arrancaba el juicio oral a los integrantes de lo que se denominó “la conexión local” de la voladura de la AMIA, y prácticamente se extinguió. Pero dejó como conclusiones tres sustanciales informes: uno publicado en 1997, otro al año siguiente y el tercero en 2001. Muchas de las observaciones que allí figuran se vieron ratificadas posteriormente durante la sustanciación del juicio oral y público.

El primer informe fue publicado a fines de 1997 y Cristina Kirchner y los integrantes de la Alianza emitieron dictámenes diferentes. Una de las discrepancias marcadas tuvo que ver con el papel de la Corte Suprema en la causa por el atentado a la embajada de Israel. El informe del justicialismo respaldó esa investigación señalando que el Tribunal debió afrontar “una tarea de magnitud que no contaba con antecedentes en la historia judicial argentina”.

A juicio del oficialismo peronista de entonces, si los resultados del máximo tribunal aún no satisfacían a la gente era porque “no encontró colaboración de organismos dependientes de otras áreas y de las autoridades extranjeras”. En tal sentido consideraron fundamental “una mayor participación de los organismos de seguridad del Estado con la Justicia”. En otro tramo, el PJ solicitaba la separación de la Policía Bonaerense de “todo elemento que por inteligencia e inobservancia haya omitido la debida colaboración con el juzgado correspondiente”. Respecto a Galeano, destacaron la “independencia y seguridad” de su trabajo en la investigación de la voladura de la AMIA.

“En ese informe lo que nosotros hicimos no fue una evaluación de las causas judiciales; nosotros no dijimos que por culpa de la mala investigación del primero sucedió el segundo atentado, sino que en la investigación del atentado a la Embajada, por la magnitud del hecho, lo novedoso y la composición del Alto Tribunal, era muy difícil poder investigarlo, y además no se siguieron las líneas investigativas correctas, a nuestro criterio. No hubo una dirección tratando de encontrar a los culpables. Se tomaron infinidad de testimonios, se acumuló muchísima prueba, pero buena parte de esa prueba no era conducente al objetivo que se perseguía, que era investigar el hecho”, señaló el entonces titular de la comisión, Carlos Soria.

Los diferentes informes coincidieron en destacar “la preocupación por la previsible responsabilidad de efectivos de la Policía Bonaerense en ambos hechos terroristas” y en alentar la sanción de la ley que instituiría la figura del arrepentido.

El informe de Cristina Kirchner de 1997 hizo en sus consideraciones finales todo un manifiesto político, al señalar que ambos atentados “se produjeron en un marco histórico-institucional absolutamente favorable a la impunidad” y que “la prolongada sucesión de interrupciones y quiebres institucionales durante décadas y la consiguiente instalación de la doctrina de seguridad nacional que vertebró y estructuró la organización y funcionalidad de los organismos de seguridad e inteligencia de nuestro país, no es una cuestión menor (...) El advenimiento de la democracia en 1983 se caracterizó en esta materia por marchas y contramarchas que neutralizaron la voluntad de cambio al no poder traducirse la misma en la depuración de dichos organismos. En este sentido, decisiones políticas tales como la obediencia debida y el punto final -para las que se esgrimieron razones de Estado- no sólo han contribuido a profundizar la cultura de la impunidad, sino que han obstaculizado objetivamente la depuración de los organismos de seguridad e inteligencia de aquellos elementos que operaron en forma paralela, clandestina e ilegal al sistema. Los decretos de indulto constituyeron el acto final”.

Con ese escenario previo y esos organismos de seguridad e inteligencia, señaló Cristina en su dictamen, sobrevinieron los atentados.

Con numerosos puntos de contacto con el dictamen de la Alianza, Kirchner habló de funcionarios y componentes del sistema nacional de seguridad interior que “en forma manifiesta o soterrada obstaculizaron la investigación, encubrieron sospechosos y/o intentaron desviar el rumbo de la pesquisa”. A su juicio, no existió voluntad política real de parte del Gobierno nacional y en particular del Ministerio del Interior para el esclarecimiento de ambos atentados, “y en particular para brindar colaboración efectiva a la Justicia Federal encargada de la investigación del segundo de los hechos.

Sobre el papel de la Justicia, reconoció la labor desarrollada por el juez federal Juan José Galeano y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, pese a los obstáculos. Sugirió además otorgarle al juez y a la fiscalía “la más absoluta disponibilidad de los recursos humanos y materiales que se requieren para afrontar la investigación”.

Sobre la Corte Suprema, admitió su carencia -por ser ajena a sus funciones específicas- de una adecuada estructura y funcionalidad en materia de instrucción penal, sugiriendo en consecuencia que ese tribunal delegara la instrucción de la causa al juez Galeano, “atenta la obvia y directa conexidad y causalidad entre la causa Embajada de Israel y la causa AMIA”.

“Es inexcusable la responsabilidad del Gobierno nacional por la falta de lineamientos y de capacidad funcional del sistema nacional de seguridad interior e inteligencia para detectar, seguir y conjurar el accionar de los grupos y/o organizaciones terroristas que planificaron, prepararon y llevaron a cabo los mencionados atentados, así como también para precisar e investigar el accionar de tales grupos y/o organizaciones y su estructura logística, operativa, de personal y de inteligencia”.

El informe de Cristina destacó la “negligencia” en la investigación de los atentados demostrada por el ex jefe de la Policía Federal Adrián Pelacchi, quien al emitirse ese dictamen era secretario de Seguridad Interior del gobierno menemista, inscribiéndola “en el mismo tenor que los actos de distracción y omisión denunciados, por lo que resulta difícil entender cuáles han sido los motivos por los cuales se lo nombró para cumplir nuevas y superiores funciones en el área de seguridad”.

Le apuntó a la responsabilidad y compromiso de algunos miembros de la Federal y la Bonaerense, así como a sus respectivas conducciones políticas en la preparación, ejecución y posterior encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, y cuestionó la actitud del titular de la SIDE de no brindar la información requerida por esa comisión en materia de ejecución presupuestaria relacionada con la investigación de los atentados.

“La manifiesta falta de colaboración por parte de los distintos organismos de seguridad e inteligencia federales y provinciales que debieron coadyuvar al desarrollo de la investigación judicial, debe ser entendida desde una doble perspectiva que comprenda tanto las falencias estructurales de los mismos, como la evidente decisión de obstruir el esclarecimiento de los hechos, o de encubrir a determinadas personas y/o grupos sospechados de haber participado de alguna manera en el atentado y que están vinculados al Estado”, señaló el duro informe en otro de sus párrafos.

Los tres dictámenes emanados por la comisión bicameral fueron aprobados por unanimidad en el Parlamento.

La cinta misteriosa 

A diferencia del año anterior, en 1998 Cristina Kirchner sí firmó junto a la mayoría las consideraciones del informe, aunque no compartió las conclusiones. Sí se pusieron de acuerdo los diputados y senadores del oficialismo y la oposición en cuanto a las recomendaciones. La presentación del mismo corrió por cuenta de los oficialistas Carlos Soria y Cristina Kirchner y los aliancistas Raúl Galván, Juan Pablo Cafiero y Melchor Cruchaga, y allí se instaba al tratamiento en el período de sesiones ordinarias del Congreso de “todos aquellos proyectos que contemplan herramientas legales apropiadas para afrontar investigaciones judiciales de hechos de índole terrorista”.

Asimismo insistieron en que se impulsara “el debate sobre una ley de información e inteligencia, tal como lo prevé la Ley 23.554, orientada al mismo tiempo hacia la búsqueda del necesario consenso entre las fuerzas políticas representadas” en el Parlamento.

En sus párrafos críticos, la comisión destacaba que no se habían tomado “las medidas recomendadas” para prevenir actos terroristas, ni había coordinación entre la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, y que “no se han emitido directivas o resoluciones sobre actividades de inteligencia referidas a atentados”.

Empero, el informe exceptuó de críticas tanto al juez Galeano, como a los fiscales Müllen y Barbaccia, e inclusive reivindicó la “voluntad política” del Gobierno para esclarecer los atentados, por lo que llamó la atención que los representantes de la oposición y Cristina se hubiesen avenido a suscribirlo.

La dureza del informe estaba una vez más reservada para la Corte Suprema, por no haber investigado como debía el atentado contra la Embajada, destacándose que no se había podido recuperar “el tiempo perdido” y que la investigación ahora más bien tenía un objetivo “histórico”, por cuanto los culpables ya no podrían ser hallados.

Una de las características especiales de la investigación que llevó a cabo la Comisión Bicameral fue el hecho inédito de que hiciera el seguimiento de una investigación judicial en trámite. Esto es, siempre las investigaciones parlamentarias tuvieron como objetivo acontecimientos pasados, mientras que esta vez la causa judicial estaba en marcha. Y simultáneamente con el acompañamiento de la pesquisa y las indicaciones sobre los distintos organismos judiciales o del Ejecutivo que no cumplían adecuadamente su rol en la investigación, se puso énfasis en la necesidad de actualizar la legislación antiterrorista. De ese trabajo se dio curso a la Ley del Arrepentido, surgida de las sugerencias de esa comisión.

Quienes pasaron por esa comisión advierten que la investigación desarrollada por la Corte sobre el primer atentado “era un verdadero desastre”, lo cual surgía del hecho de que el tribunal en pleno se hubiera ocupado de la causa “lo cual era un disparate”. En cuanto a la AMIA, se registraron desvíos de pistas, gente enviada para desviar la investigación, pérdida de pruebas, incumplimiento de órdenes judiciales...

El 4 de mayo de 1999, a siete años del primer atentado, se registró un vuelco en la investigación, al descubrirse la cinta que contenía los momentos previos y posteriores a la voladura de la Embajada de Israel. Ese día los integrantes de la Comisión Bicameral sometieron a tres horas de interrogatorios cruzados a los policías Gabriel Soto, Miguel Angel Laciar y José Alberto Acha en el Anexo de la Cámara de Diputados.

Los policías habían sido los ocupantes del patrullero 115 aquel 17 de marzo de 1992, cuando les llegó la orden de alejarse de la zona de la Embajada para dirigirse a la Cancillería. Declararon largas horas ante los diputados de la comisión y estaban a punto de retirarse cuando alrededor de las 23 Cristina Kirchner le preguntó a Laciar si sabía algo de la existencia de una cinta. Cuentan los testigos que entonces el policía se quebró y contó que su compañero Soto tenía una cinta en su poder.

Ese día la Bicameral sesionó hasta las 3 de la madrugada y a medianoche debió concurrir a declarar el jefe de la Policía Federal.

La investigación cobró una energía renovada y todos los cañones apuntaron contra Soto, quien al momento del atentado era oficial subinspector, y éste admitió contar con una cinta que demostraba que el patrullero en el que se desplazaban había recibido desde el móvil de la Cancillería la orden de ir hacia Reconquista 1088. En su momento, Soto había declarado ante la Corte que había recibido la orden, pero ese mandato nunca pudo ser comprobado hasta que apareció la cinta.

Miguel Angel Laciar fue el único de los policías que recordaba haber pasado por la puerta de la Embajada; el patrullero no alcanzó a llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que a cien metros de Suipacha y Arroyo estalló la sede diplomática. Laciar se quedó en el móvil pidiendo ayuda por radio, mientras Soto y Acha corrían hacia el desastre. Fueron los primeros policías en llegar allí, y por su actuación recibieron condecoraciones del Gobierno israelí.

Hubo contradicciones sobre el desvío del móvil. Mientras los policías dijeron que había sido por disturbios, la cinta señalaba que debían ir al Palacio San Martín por una denuncia de robo.

La grabación debía haber sido tomada directamente del master de la oficina de comunicaciones de la Policía Federal, lo que demostraría que la fuerza tuvo en su poder el registro de los movimientos ese día. Contrariamente a lo declarado en su momento ante la Corte, que al requerir las grabaciones con el movimiento policial había recibido como respuesta que ya no había registros porque las cintas se borran automáticamente cada mes.

La prueba aportada por Soto comprobaba que alguien se había ocupado de grabar la cinta en un cassette, con el fin de presentarlo cuando las circunstancias así lo demandaran.

La sorpresa de los legisladores fue aún mayor al conocer que tres docentes policiales de la Escuela de Cadetes Ramón Falcón habían utilizado la grabación en clase como ejemplo sobre el desempeño policial en siniestros...

Luego de otra ronda de interrogatorios con policías, la Bicameral llegó a la conclusión de que en el atentado contra la Embajada había habido un relajamiento de la custodia externa de la sede diplomática.

Un policía de apellido Ojeda, asignado a la custodia de la Embajada, se había retirado 30 minutos antes de la explosión; el cabo primero de apellido Chiocchio que debía relevar a los custodios de la sede diplomático y nunca lo hizo argumentó que se estaba bañando.

Omar Rinaldi, jefe de la delegación de la Policía Federal que funcionaba entonces en la Cancillería negó ante los legisladores haber solicitado el apoyo de un patrullero afectado a la custodia de la Embajada de Israel el día del atentado. Cristina Kirchner contó entonces que la denuncia que motivó el envío de un móvil había sido realizada por un estudiante al que le habrían robado una lapicera en cercanías de la Cancillería. Posteriormente, en las actuaciones policiales el estudiante negó el robo y adujo que en realidad se había tratado de una pérdida, pero de todos modos llamó poderosamente la atención que se afectara el patrullero que custodiaba la Embajada para un hecho menor.

Juan Pablo Cafiero, que por entonces era diputado y años después debería lidiar con la ingobernable Policía Bonaerense, reveló entonces que el llamado de patrullero a patrullero quedó registrado en el libro de novedades de la delegación policial tres días después del atentado.

Por esos mismos días la Corte Suprema de Justicia -acicateada por la investigación paralela que se llevaba a cabo- llegaba finalmente a una conclusión sobre la voladura de la Embajada, adjudicándola a la Jihad Islámica. “Esta declaración de la Corte es lo que nosotros ya sabíamos desde los primeros meses de la investigación, estuvimos pidiendo siete años que lo declaren y no lo hicieron”, se quejó el agregado cultural de la embajada israelí, Ionatan Peled, aunque celebraba la conclusión: “Mejor tarde que nunca”, dijo.

 

Una comprobación que pudo hacer Cristina Kirchner durante su investigación del atentado fue que había hombres con mucho poder, policías encumbrados, a los que ponía muy nerviosos que el poder político los interrogara. Cosa curiosa, por cuanto los legisladores no tenían poder para meter preso a nadie. Pero un ejemplo en ese sentido lo tuvieron con el ex jefe de la Policía Bonaerense comisario Pedro Klodczyc.

Durante el interrogatorio al que fue sometido por los integrantes de la comisión, el policía no dejó de fumar un solo instante. Fumaba, fumaba, apagaba un cigarrillo y encendía el otro. Cristina, que desde que dejó ese vicio tiene una manía con el tema, agitaba la mano con el ceño fruncido para disipar el humo. El comisario la veía hacer eso y apagaba el cigarrillo, pero al ratito se olvidaba -tan nervioso estaba- y encendía otro. Y la diputada volvía a hacer lo mismo, reiterándose calcada la escena una y otra vez.

En otra ocasión, la diputada Kirchner, Carlos Soria y Luis Molinari Romero concurrieron a la SIDE, donde les presentaron a todos los hombres de la Secretaría de Inteligencia del Estado abocados a la investigación de la AMIA. Había dos mujeres de ese organismo que fueron interrogadas por la comisión. Sus nombres eran Marta y Graciela, y Cristina dirigió sus preguntas particularmente a la segunda. Tan nerviosa estaba Graciela que comenzó a tomar aspirinas, de a dos por vez.

Se llevaba dos a la boca, las tomaba con agua y a los pocos minutos volvía a hacer lo mismo. Tan ensimismada en las preguntas estaba Cristina que no advirtió la situación ni de la tensión que generaba con su interrogatorio, pero sí lo hizo Soria, quien al cabo del encuentro le dijo a su compañera:

- ¿Vos te diste cuenta de lo que hizo esta mina en las 4 horas que vos la torturaste a preguntas?
- No, ¿qué hizo?
- Se tomó completas dos tabletas de Cafiaspirina. Veinticuatro aspirinas en cuatro horas...

Por esos días Cristina solía compartir programas periodísticos con Elisa Carrió. Los productores sabían que con ambas tenían asegurado el debate. Les tocó estar juntas en un almuerzo con Mirtha Legrand, programa que compartieron con una sobreviviente de la AMIA. El tema derivó entonces hacia el atentado y la santacruceña recordó su condición de miembro de la Bicameral de Seguimiento de los Atentados y sus reiteradas críticas hacia los organismos de seguridad e inteligencia. “Hay una lógica de la impunidad que no viene solamente de lo de la AMIA -dijo-; viene de la SIDE, de la responsabilidad de la Policía Federal a través del famoso POC (Protección del Orden Constitucional). Pero la lógica de la impunidad es que los organismos de seguridad e inteligencia en la Argentina no se modificaron absolutamente en nada: vienen desde hace décadas funcionando en el marco de lo que se conoció como la doctrina de la seguridad nacional; esto es, cuidar gobiernos y no cuidar ciudadanos”.

“Y no fueron depurados, porque obediencia debida, punto final e indultos crearon en la Argentina una lógica de la impunidad... -agregó-. ¿Cómo no van a participar Ribelli y otros tipos de la Federal en esto si en este país desaparecieron 30 mil argentinos y a nadie le pasó nada?”.

La caída en desgracia de Galeano 

Menemista en otros tiempos, el titular de la Bicameral, Carlos Soria, dejó la Cámara baja convocado por su nuevo jefe político, el gobernador Eduardo Duhalde, para ocuparse de la brasa incandescente que significaba el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. Su vacante en la comisión abrió una interna en la misma, ya que en lugar de Soria fue designada Cristina Fernández de Kirchner.

El vicepresidente de la comisión, el senador riojano Raúl Galván se enojó a tal punto que decidió renunciar a la comisión, argumentando que la designación había sido adoptada en forma “antirreglamentaria, inconsulta y descomedida”.

La notificación de la designación corrió por cuenta de Alberto Pierri, a instancias del bloque que conducía Humberto Roggero, lo que desató la tirantez con los senadores. Fuentes radicales aseguran que el enojo de Galván obedeció a que se había establecido previamente que la comisión sería presidida un año por cada Cámara, pero que por comodidad política -para evitar abrir una interna sobre sucesores- el justicialismo había resuelto mantener a Soria en el puesto. Al irse éste, el oficialismo prefirió que no fuera un radical el sucesor y optó por la santacruceña.

Para tratar de distender los ánimos y sortear la interna, la nueva conducción de la Bicameral convocó al Congreso al equipo de la SIDE que colaboraba con el juez Galeano en la causa AMIA, lo que abrió un nuevo factor de conflicto. Es que el titular de la Secretaría de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, rechazó ir al Parlamento y poner de cara al público a decenas de agentes. Sugirió en cambio invertir las cosas y que fueran los legisladores quienes se llegaran hasta el edificio de la SIDE, ubicado frente a la Casa Rosada, invitación que despertó la ira de los frepasistas, quienes se negaban a ir a ese lugar por cuestiones ideológicas.

- Así como el Congreso es un poder del Estado, la SIDE también lo es -replicó Anzorreguy durante un acalorado cruce telefónico, dando una arbitraria interpretación de la Constitución-. Y le recuerdo además que este organismo funciona bajo el control de un gobierno democrático.

Conclusión, a la reunión no fue ningún representante de la oposición, enojados por la sede escogida, ni del Senado, en solidaridad con Galván. Sólo concurrieron Cristina, César Arias y Miguel Angel Pichetto, todos diputados y del justicialismo.

 

El interinato de Cristina al frente de esa comisión fue tan breve como escaso era el tiempo que le quedaba al PJ de ser oficialismo. Fueron apenas dos meses y la esposa del gobernador santacruceño presidió muy pocas reuniones, porque además muchos no querían que Kirchner presidiera esos encuentros. Conclusión: se juntaron en contadas ocasiones. Consumada la victoria aliancista, la presidencia de la comisión pasó al Senado en general y a un radical en particular, el cordobés Luis Molinari Romero.

La gestión de una comisión depende mucho del presidente de la misma, sobre todo tratándose de comisiones especiales. Con Carlos Soria, la misma se movió bastante, pero ya en adelante dejó de tener tanta actividad. Aunque también dependía de cómo iba la investigación, ya que la tarea de la Bicameral era acompañar lo que iba haciendo la Justicia. Y cuando la investigación se paraba, no había a quién entrevistar, a quién citar, a quién llamar: la comisión se frenaba.

Todavía quedarían dos años de trabajo y un nuevo informe, el último que emitió esa bicameral y en el que nuevamente Fernández de Kirchner marcó sus diferencias al suscribir uno diferente en forma solitaria. Allí Cristina -ya elegida nuevamente senadora- ya no elogiaba la investigación de Galeano.

“La existencia de causas en extraña jurisdicción donde, en base a exclusivas escuchas telefónicas, se investigan personas con posible vinculación con el atentado, sin participación alguna del magistrado competente en éste, arroja un manto de dudas sobre la investigación -señalaba el dictamen de 2001-. De tal forma, información y pruebas que podrían ser de vital importancia para arribar a la verdad, pudieron no haber llegado en forma y debido tiempo a conocimiento del doctor Galeano, o ser analizada por personal que por carecer del conocimiento total de la causa, pudiera ignorar la importancia de cada escucha o interlocutor”.

Y agregaba en tal sentido que “llama la atención la pasividad de éste con respecto a tales causas y peor aún, cuando surge con singular nitidez la hipótesis de que se construyeran causas mellizas y paralelas a la investigación principal, en lo que constituiría un inédito sistema de 'elección y administración' de líneas de investigación y sus pruebas, no pudiendo determinarse si ello era responsabilidad del juzgado a cargo del doctor Santamarina, del juzgado a cargo del doctor Galeano, de la SIDE o de todos juntos en un auténtico pool de funcionarios judiciales y políticos de límites confusos y difusos, constituyendo un inaceptable manejo de la función jurisdiccional”.

Kirchner criticó que el juez Galeano se apoyara casi exclusivamente en la SIDE, por cuanto teniendo en cuenta las críticas sobre el accionar de ese organismo vertidas en anteriores informes “quedan numerosos interrogantes sobre la verdad de los hechos, los que no han podido ser dilucidados por el magistrado actuante”.

Al no haberse podido despejar las dudas sobre la participación de elementos pertenecientes a los organismos de seguridad e inteligencia en el atentado contra la AMIA, el informe de Kirchner advertía sobre la posibilidad de que se hubieran favorecido hipótesis falsas o privilegiado determinadas líneas de investigación “en base a conveniencias corporativas o políticas, las que fueran tomadas como ciertas, sin beneficio de inventario alguno por parte del juzgado actuante”. En tal sentido mencionaba a título de ejemplo las dudas en relación a quién o cuáles fueron los organismos que prepararon como falso testigo al presidiario Ramón Solari.

¿Quién era el Ramón Solari aludido? Un preso que intentó adjudicarse el atentado a la AMIA y terminó afirmando que el mismo había sido organizado por policías bonaerenses. Durante el juicio oral, los acusadores sostuvieron que Solari fue preparado precisamente por efectivos de la Bonaerense y quedar así a disposición de la Justicia Federal, cosa que le interesaba particularmente porque, según él mismo dijo, en la provincia se la tenían jurada. Solari terminó ratificando esa versión ante los legisladores de la Bicameral, aunque lo desmintió el comisario Juan José Ribelli.

Al cabo, Graciela Bernal, ex abogada del peligroso convicto, lo calificó como “un psicópata”, dijo que él “no sabía nada del caso AMIA” y que se contactó con la investigación para lograr un traslado a algún establecimiento penal federal.

El informe de Cristina Kirchner señalaba más adelante que resultaba “extrañamente llamativa la falta de seguimiento de una importante línea investigativa, donde había un sospechoso -Kanoore Edul- que objetivamente guardaba relación con elementos fundamentalistas islámicos, con el vendedor del vehículo bomba, y con otros elementos altamente sospechosos de la causa, sin que pudiera justificarlo. A pesar de ello, la investigación por parte de la SIDE y la Policía Federal y las directivas del juzgado resultan inesperadamente pobres e insólitamente ineficaces con las consecuencias derivadas de tal actitud”.

Cristina consideró “altamente preocupante con miras a la seguridad interior” que después de siete años de investigación y clausurada la etapa instructoria no se hubiera podido avanzar sobre los organizadores del atentado, no habiéndose podido trasponer la barrera de los proveedores del vehículo bomba.

De los organismos de seguridad, llamó la atención sobre “su elementalidad y pobreza de resultados”, destacó las contradicciones entre los dichos del juez Galeano y funcionarios de la SIDE, y advirtió que la gran mayoría de las recomendaciones formuladas por la comisión no había sido tenida en cuenta.

El informe de Kirchner se quejaba de las autoridades uruguayas en relación con “la nula cooperación” respecto a la información requerida sobre movimientos de cuentas bancarias de personas involucradas e imputadas en la causa, así como también criticó al Gobierno de Brasil por su falta de colaboración en relación con el ciudadano brasileño Wilson Dos Santos y el testimonio de sus familiares.

A propósito de su mención de la falta de cooperación uruguaya, no fue esa la única vez en que la senadora puso en la mira la actitud de las autoridades de aquel país con relación a las cuentas bancarias, ya que también tendría similares resultados al investigar las conexiones del lavado de dinero en el país vecino. Por eso, cuando el presidente uruguayo Jorge Batlle deslizó un exabrupto contra los argentinos, calificándolos de ladrones, “del primero al último”, la santacruceña apeló a la ironía. “Es posible que Alí Baba y los 40 ladrones vivan en la Argentina, pero la cueva debe estar en Uruguay”, replicó, contando que durante la investigación de la comisión sobre presuntas acciones de lavado de dinero se determinó que “el 80% de las sociedades y bancos que tomaron parte de las acciones estuvieron en Uruguay”.

Pero volvamos a los atentados. De la voladura de la Embajada, el informe de Cristina resaltó que a partir de la designación de un secretario letrado de la Corte, la causa había detectado un impulso en el ritmo de la investigación, pero que el mismo había ido disminuyendo paulatinamente en el transcurso del año 2000.

Tras rechazar “categóricamente” afirmaciones de la Corte sobre la inexistencia de una conexión local en el atentado, hizo notar “la falta de coherencia de las declaraciones recibidas en el seno de la comisión por parte de los policías encargados de la custodia de la Embajada de Israel en el día que se produjo el atentado”, y sugirió a la secretaría letrada de la Corte tomarles nuevamente declaración a los policías involucrados en el hecho.

El reconocimiento de la comunidad judía 

A poco de llegar a la presidencia, Néstor Kirchner recibió en la Casa de Gobierno a los integrantes de Memoria Activa, actitud que mereció el elogio de ese organismo. “Ningún presidente nos había recibido hasta ahora”, dijo Adriana Reisfeld, quien recordó que en su momento le habían pedido entrevistas a Carlos Menem, pero éste los había derivado a su ministro Carlos Corach.

Adriana Reisfeld, Diana Malamud, Jorge Lew y el abogado Pablo Jacoby acudieron a la cita en la que el mandatario les prometió abrir no sólo los archivos de la SIDE respecto al atentado, sino también los de la Federal, de la Bonaerense y de Prefectura, y recordó además que sabía de la trayectoria de Memoria Activa por la participación de su esposa en la Comisión Bicameral, en la que había acompañado varias veces los planteos de esa agrupación.

De esos tiempos los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA dijeron recordar que “en el Congreso nos presionaban para que bajáramos el tono de nuestros reclamos y el argumento que más usaron fue que criticar al juez podía voltear toda la causa. En ese momento Cristina nos apoyó mucho -agregaron-; decía que acallando las críticas sólo se favorecía la impunidad”.

Diez días después de recibir a Memoria Activa, Kirchner fue con su esposa al acto por el noveno aniversario del atentado a la AMIA, en el marco de otro gesto que les valió el aplauso: habían adelantado el retorno de una gira por Europa para estar en el palco al que pocos presidentes se habían atrevido a subir. Menem había ido al acto realizado tres días después del atentado, donde lo silbaron; no volvió más. Fernando de la Rúa, que no había faltado nunca como senador y luego jefe de Gobierno porteño, en el 2000 fue el primer presidente que participó de un aniversario; pero al año siguiente ya no regresó. Eduardo Duhalde tampoco concurrió cuando estuvo en la primera magistratura.

“Para poder venir a un segundo acto va a tener que seguir en este camino”, le advirtió el titular de la AMIA, Abraham Kaul.

En el marco del juicio a la conexión local por la voladura de la AMIA, la senadora Cristina Kirchner fue citada a declarar de oficio, para brindar datos sobre su actuación en la Bicameral. El interés estaba dado en sus cuestionamientos hacia la falta de seguimiento de la denominada “pista siria” expresada en su último informe. La ya entonces primera dama concurrió al Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo acompañada por cinco guardaespaldas.

Allí acusó al ex presidente Menem de no haber colaborado en el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía, e incluso señaló que funcionarios de su gobierno “plantaron pistas falsas” para desviar la investigación.

- Las sospechas que siempre hubo eran que desde lo más alto del poder no se fomentaba la dilucidación del caso -señaló Cristina-. La causa AMIA era un teatro de operaciones orquestado por los organismos de seguridad e inteligencia y por intereses políticos. Había muchos intereses cruzados para desviar la investigación y plantar pistas falsas.

- ¿Esa pista siria de la que habla conducía directamente al ex presidente Carlos Menem? -le preguntó Juan José Avila, abogado de la AMIA.

- Llegaba hasta la primera magistratura de la República. La SIDE dependía del presidente, así que no había que ser demasiado fantasioso para explicarse por qué no se avanzaba en esta pista.

De Menem, la entonces primera dama dijo que si bien no había imputaciones concretas para vincularlo con la pista siria, “aleteaba el espíritu” y se refirió en varias ocasiones a un episodio nunca esclarecido, sobre un supuesto llamado sospechoso que un hermano del ex presidente, Munir Menem, habría hecho al juzgado del doctor Galeano para interiorizarse sobre la situación de un comerciante de origen sirio llamado Alberto Kanoore Edul, quien en ese momento estaba preso en la causa. En tal sentido, Cristina recordó que la última reunión que mantuvo con el magistrado fue “borrascosa”, porque Galeano no pudo darle explicaciones verosímiles respecto del llamado de Munir.

“Me dijo que no se acordaba, algo inverosímil, había reticencia manifiesta de Galeano. Era el hermano del entonces presidente, era la única causa en su juzgado y además era el atentado... Hubo un entredicho y todo finalizó abruptamente”, recordó Cristina, para enfatizar luego que “yo nunca le creí a Galeano”.

Los elogios los guardó en cambio para el exsecretario de Galeano Claudio Lifchitz, quien denunció irregularidades cometidas durante la investigación, como la filmación clandestina de una negociación entre Carlos Telleldín -el acusado de entregar la camioneta donde estaban depositados los explosivos que volaron la AMIA- y el juez Galeano. En efecto, el exsecretario del juzgado de Galeano declaró ante la Comisión por espacio de 8 horas, sacando a relucir todo tipo de detalles y haciendo gala de una memoria prodigiosa.

Los doce miembros de la Bicameral admiten haberlo bombardeado a preguntas y Lifchitz contestó todo el tiempo con una coherencia total.

- Me impactó lo que dijo de que había participado desde dentro de la instrucción, dio detalles de cómo se filmaba y fue absolutamente verosímil -señaló Cristina Kirchner sobre Lifchitz, aunque no pudo recordar con precisión los dichos de otros testigos como el fallecido jefe de la Policía Bonaerense Pedro Klodczyc.

A los fiscales Müllen y Barbaccia los preservó de las críticas, ya que dijo no recordar que ambos se hubiesen referido alguna vez a un supuesto pacto con Telleldín. El juez Pons acababa de leerle una versión taquigráfica de la sesión de la Bicameral en la que había declarado Lifchtiz.

- ¿Estas son palabras tuyas... suyas? -preguntó Pons, presidente del Tribunal, a quien ya antes se le había escapado otro tuteo.

Imperturbable, Cristina dijo no recordar haber dicho esa frase. Y así se mantuvo durante toda su declaración. El momento en que más incómoda debió haberse sentido fue al comienzo, cuando tuvo que pronunciar su nombre completo: Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, habida cuenta de lo que detesta su segundo nombre.

Cuando la primera dama declaró ante el Tribunal Oral 3, el mismo acababa de desplazar de la causa al juez Galeano en función de las irregularidades ventiladas durante el juicio. Las mismas que también llevarían al desplazamiento posterior de los fiscales. El magistrado ya acumulaba en el Consejo de la Magistratura algunos pedidos de juicio político y por lo bajo los legisladores admitían que su estabilidad tambaleaba, aunque -tal cual lo apuntado por los integrantes de Memoria Activa- preferían cajonear esas demandas al menos hasta que concluyera el juicio a la conexión local.

A las críticas de la comunidad judía contra la Comisión Bicameral -que excluían a Cristina-, otros integrantes de la misma responden recordando que en un acto público en memoria por las víctimas del primer atentado, el embajador de Israel sostuvo que en la Argentina había un fuerte cuestionamiento a la investigación en general de ambos atentados, críticas que se extendían a las fuerzas de seguridad y a la parte política. Pero en esa ocasión señaló que en la Argentina se notaban “solamente dos voces que reflejan la voluntad real de llegar hasta el fondo en esas investigaciones”, citando en tal sentido a Memoria Activa y a la Bicameral del Congreso argentino.

Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa, fue uno de los más críticos contra la Bicameral. De sus críticas la única que salía indemne era Cristina Kirchner, en quien se afirmaba para señalar que la investigación evitó seguir la pista siria. A quien presidió por más tiempo la comisión, Carlos Soria, lo fustigaba en cambio por haber respaldado la versión oficial del juez Galeano, añadiendo que “incluso hizo ingresar a un pariente suyo (el hijo) al juzgado”.

- ¿Cómo evalúa el accionar de la Comisión Bicameral?

- Yo la llamo “la Comisión Encubridora”, no investigadora, porque lo único que hizo fue respaldar la versión oficial y ocultar por todos los medios posibles que el gobierno realizó un pago a Kanoore Edul. Lo único rescatable fue la actuación de la senadora Kirchner, quien pese a ser justicialista nunca respaldó la versión oficial y siempre se mostró en disidencia. Y eso se puede ver claramente en sus dictámenes.

- ¿Entonces sólo destaca lo hecho por Kirchner?

- Tal vez respecto a la actuación de Juan Pablo Cafiero y Molinari Romero, podría considerarse que pecaron de inocentes, porque no los relaciono con el accionar de los demás integrantes de la Comisión Bicameral.

Sobre tantas críticas, un integrante de la comisión legislativa consultado admitió que la voz de Memoria Activa es la más crítica, pero hizo notar que en los alegatos finales del juicio a la conexión local, Jacoby “exculpa de responsabilidad penal a los policías bonaerenses; y sin embargo, el resto de las querellas pide reclusión perpetua para los mismos imputados. Lo que está indicando que la diferencia de enfoques en relación a la investigación judicial es muy notoria y eso se traduce en esa mirada hipercrítica también a los que tuvieron las responsabilidades de control, como nosotros. Es una evaluación que a mí no me corresponde decir si es buena o mala, porque la respeto, porque es una representación de las víctimas”.

Respecto a la excepción que Memoria Activa hacía de Cristina Kirchner, los miembros de la oposición que integraron esa misma comisión recuerdan que, en efecto, ella firmó todos los dictámenes en disidencia, pero advierten que ellos también fueron “hipercríticos”, aunque admiten que las críticas formuladas por Memoria Activa y la propia AMIA “deben englobar a la oposición por considerar que tuvimos corresponsabilidad ya que durante la época de De la Rúa tampoco se consideraron satisfechos”.

Ex compañeros de Fernández de Kirchner en esa comisión sostenían que la buena relación que ella mantenía con Memoria Activa tenía que ver con que “estaba muy convencida de que la mirada de esa agrupación era la más adecuada a la realidad. Nosotros teníamos en cambio como consigna escuchar a todo el mundo, revisar todas las pistas, pero no enamorarnos ni patrocinar oficialmente a ninguna de ellas, porque eso es tarea propia del juez. Si no, le hubiéramos agregado a esto un condimento fenomenal”.

Integrante de esa comisión hasta pasar a ocupar el Ministerio de Justicia durante la gestión De la Rúa, Melchor Cruchaga recordaba esa etapa como “uno de los trabajos más interesantes, más comprometidos, aunque con un sabor de amargura, en términos de que la investigación judicial no llegó a los asesinos. Llegó a la conexión local, pero nada más”.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, destacó la “valentía” del senador libertario Francisco Paoltroni por ratificar su rechazo a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y le hizo un llamado de atención al bloque Pro y a la UCR.

“Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza”, escribió López en su red social “X” y comparó: “Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el Pro y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados”.

Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza.
Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el PRO y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados.#LijoNo https://t.co/lwdVUGkfea

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 17, 2024

Además, durante una entrevista televisiva agregó: “La candidatura de Lijo para la justicia es lo peor que le puede pasar en relación a los incentivos que puede tener cualquier magistrado, cualquier funcionario o cualquier empleado del Poder Judicial de hacer las cosas bien”.

“O sea premiar al juez que en la auditoría del año 2016 salió peor rankeado como el juez de Comodoro Py que más duerme causas y que durmió causas emblemáticas como YPF o el caso Siemens que es el caso de soborno transnacional más importante del mundo y por el que se empezó a generar reglas en todas partes del mundo”, disparó.

López recordó que “salieron las cámaras empresarias como la Norteamericana de Comercio y vio el riesgo de poner un juez de esas características que te puede coimear para resolverte una causa o puede dormirte una causa y extorsionarte económicamente o de la manera que sea y después la incertidumbre de quién es Lijo”.

Por último, le dejó un mensaje al presidente de la Nación: “Si Milei cree que hoy Lijo le va a servir para pasar sus reformas o para no tener problemas en cuanto y en tanto tenga poder popular. Después Lijo es una contingencia enorme, incluso para Milei”.

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que insistirá con el intento de aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, por lo que el diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, le hizo un particular pedido en redes.

“El Senado tiene su dinámica. Yo no voy a dejar de enviar reformas e instrumentos que van a mejorarle la calidad de vida a los argentinos… Yo ahora envié estos dos pliegos, tengo la esperanza de que pasen… voy a insistir con Lijo”, aseveró Milei en una entrevista realizada por LN+, a pesar de los múltiples cuestionamientos de diferentes entidades jurídicas, académicas y empresariales que enfrenta la nominación del juez federal.

Al respecto, el diputado Ferraro le pidió a través de sus redes sociales al jefe de Estado, a la presienta del Senado Victoria Villarruel, a los presidentes del Pro y de la UCR, a los senadores y a los gobernadores de JxC que “estamos a tiempo de impedir este grave retroceso institucional”.

El pliego de Lijo y de García-Mansilla deben ser debatidos en la Comisión de Acuerdos. En el caso del juez federal Lijo, para cubrir la silla que se encuentra vacante desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021; y en el caso del académico García Mansilla para asumir en lugar de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará este año.

Las designaciones para la Corte necesitan de los dos tercios de los votos para su aprobación en el recinto. Lijo ya confirmó en su entorno tener los votos (hay aval desde Unión por la Patria, el bloque más numeroso de la oposición), mientras que García Mansilla todavía no reúne el número.

Señor Presidente @JMilei,
Señora Vicepresidente y Presidente del Senado @VickyVillarruel,
Señores Presidentes de PRO y la UCR. @mauriciomacri @GugaLusto
Señores Senadores,
Señores Gobernadores JxC,

Estamos a tiempo de impedir este grave retroceso institucional.#LijoNo pic.twitter.com/b28JydVNAP

— maxi ferraro (@maxiferraro) July 12, 2024

Nadie podrá negar que el presidente Javier Milei anunció de entrada su intención de aplicar “miles” de reformas a través del Congreso de la Nación, o vía decretos. Y así anunció antes de asumir la presidencia que ya el 11 de diciembre enviaría al Congreso una batería de proyectos que, sin embargo, demoró a lo largo de todo el mes.

En efecto, esas iniciativas terminaron transformándose en el megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 que presentó justo antes de las fiestas y la ley ómnibus anunciada una semana después. Salvo algunas cuestiones frenadas en la justicia, el DNU sigue vigente a pesar de haber sido rechazado en una de las cámaras y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos acaba de ser aprobada. Multiplicada por dos, pues el capítulo fiscal que figuraba en el original presentado el 27 de diciembre cobró vida propia y tiene su propia ley, también aprobada en la madrugada del viernes pasado bajo el rótulo de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Cumplido finalmente ese trámite que demandó todo lo que va del año, de punta a punta el primer semestre, ahora el Gobierno evalúa las leyes que espera conseguir para este segundo semestre. En la apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno presentó una batería de proyectos que enmarcó bajo el nombre de “leyes anticasta”, de las cuales todavía no presentó ninguna. Pero mientras se trabaja en los proyectos prontos a remitir al Congreso -más allá de ocho proyectos más que ya están siendo analizados en las comisiones-, comenzaron a trascender ambiciosas propuestas que levantarán gran polémica, por cuanto apuntan nada menos que agrandar la Corte Suprema y bajar la edad para votar.

Esas iniciativas no tienen forma todavía, ni ningún funcionario que las haya propuesto puntualmente. Solo la firma de periodistas que incluyeron en sus notas de este fin de semana información que les transmitieron en Casa Rosada y que probablemente vayan a dominar la agenda los próximos días.

Por un lado, la periodista Cecilia Devanna publicó en La Nación que el Gobierno espera presentar dentro de 30 o 40 días la reforma electoral que había incluido en la ley de Bases original y que terminó siendo el primer capítulo eliminado del proyecto. Lo hizo el propio Guillermo Francos, quien como ministro del Interior que era entonces detalló la iniciativa ante el plenario de Diputados, pero ese mismo día, tras palpar la mala recepción que tenían los cambios propuestos, decidió posponer ese tratamiento.

Es lo que se espera suceda en lo que resta del año y, como en el original, la propuesta incluiría la eliminación de las Bases, pero no los diputados por circunscripción, novedad que ya despertaba críticas al ser anunciada. Se le incluiría la propuesta de Boleta Única, listas abiertas y algo que ya hace ruido: bajar la edad para votar.

Actualmente la misma está en los 16 años y fue implementada durante la gestión de Cristina Kirchner, siendo optativa la posibilidad de votar entre los 16 y 18 años. Ahora el mileísmo tendría la idea de ajustar ese rango a los 13 años. El argumento utilizado sería emparejar esa posibilidad con la edad de baja de imputabilidad a los 13 años.

En el caso de la ampliación de la Corte Suprema, la especie fue publicada por el periodista de Clarín Guido Carelli Lynch, y tendría por objeto elevar a 7 los miembros, y especulando con la posibilidad de que los dos propuestos para cubrir las vacantes -Ariel Lijo y Manuel García Mansilla- sean aceptados por el Senado, propondrán agrandar el Tribunal Superior con el argumento de sumar mujeres y hacer “una Corte más federal”.

Recordemos que el último intento por agrandar el Máximo Tribunal corrió por cuenta de la anterior administración e incluso tuvo media sanción del Senado. La propuesta no era sumar dos miembros a los 5 actuales, sino elevar el número a 15. La oposición congeló la propuesta en Diputados.

Las reacciones

Hombre clave en el debate de las leyes, como quedó claro por si hacía falta durante el debate de la Ley de Bases, Miguel Angel Pichetto fue consultado este domingo por Radio Rivadavia sobre el tema y a priori no rechazó la posibilidad de ampliar la Corte, cosa en la que siempre estuvo a favor. “Esta Corte es una corte chica, siempre lo sostuve”, recordó, comparándola con Uruguay, un país mucho más pequeño que tiene 5 miembros en la Corte.

“Si hacés un análisis comparativo en Latinoamérica, las Cortes están integradas por 10, 12… la de Brasil es más grande”.

Para ampliar la Corte, el titular de Hacemos Coalición Federal dijo que “habría que buscar consenso político. (Estas) son siempre materias discutibles, opinables. Pero bueno, habría que conversarlo. En un sistema político como éste debería haber un diálogo con los partidos, con los aliados, hasta con el propio sector opositor”.

E insistió en que “siempre sostuve, cuando era senador, que la Corte era muy chica. Por el marco de la población, la cantidad de materias que llegan a la Corte requerían un número mayor… Tampoco irrazonable. Me pareció que era un disparate el número de 15 que propuso Alberto Fernández. Pero una Corte de 7 miembros sería razonable. Alfonsín los tuvo; Menem tuvo 9, pero no más que eso”.

En cuanto a la edad para votar, planteó: “La edad hoy está en 16 años, ¿a qué edad la querés  poner?”. Aclaró que a él le parece razonable la ley actual, y sostuvo que “hay que tener una comprensión de qué se vota. No digo que no tenga una madurez, pero me parece que 16 años es una edad bastante lógica”.

Lo comparó con la baja de edad de punibilidad, y dijo que ese es un debate que lleva décadas. “Es otro debate para hacer ruido; lo que tenés que armar es un modelo de sistema penitenciario para menores que cometen delitos de alta violencia; no los podés mezclar en cárceles de adultos. Tenés que organizar una logística para un país que no tiene siquiera sistema penitenciario que funcione como la gente”.

Ante el ingreso de los pliegos de Ariel Lijo y García - Mansilla en el Senado de la Nación para que ocupen la Corte Suprema, el presidente y diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, les envió una nota a los titulares del Pro y de la UCR, Mauricio Macri y Martín Lousteau respetivamente, solicitándoles “fijar una posición clara en contra la postulación del juez Ariel Lijo”.

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidente de la Coalición Cívica – ARI a fin de solicitarles, en su calidad de presidentes de los partidos nacionales Pro y UCR, ex integrantes de Juntos por el Cambio con representación en la Cámara de Senadores de la Nación, la atención que requiere la nominación del Sr. Ariel Lijo como miembro del más alto tribunal de la República”, encabeza la nota.

Así, remarca que desde la Coalición Cívica ARI “manifestamos nuestra profunda preocupación por el silencio que ha imperado entre gran parte de los sectores y la dirigencia política frente a la nominación del Sr. Ariel Lijo, figura judicial que ha sido objeto de numerosas y serias objeciones. Esta propuesta al máximo tribunal de la Nación representa un grave riesgo para el estado de derecho, la división de poderes y la seguridad jurídica en todo el territorio de la República”.

En la carta, recuerdan que el pasado 7 de mayo, los diputados de la Coalición Cívica – ARI junto a Elisa Carrió presentaron la impugnación formal a la nominación del Sr. Lijo, en la que detallaron los argumentos y hechos que fundamentan su “firme rechazo a la postulación”, y enumera: “Falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal; carencia en las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación; inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito; escasa idoneidad técnica y jurídica; injustificables demoras en la tramitación de expedientes judiciales a su cargo y falta de mérito evidenciada en una magra y endeble formación académica”.

“Atendiendo a la gravedad institucional que podría acarrear la designación del Sr. Lijo, le solicitamos a ustedes, y a los partidos que tienen el honor de conducir, tengan a bien fijar una posición clara y contundente en contra de esta postulación, instando a los senadores y senadoras de la Nación electos por Juntos por el Cambio a honrar la responsabilidad que tienen con los ciudadanos de la República”, solicita.

En tanto, remarca que “con ello será posible evitar que un individuo como Lijo y su cuestionable historial de vínculos corporativos, llegue a ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“El compromiso de ustedes con la defensa de las instituciones y el estado de derecho es fundamental en este momento crucial para la República”, cierra.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo y le pidió que respete ese rol para una mujer.

“Hay muchos senadores que a mí me preocupa el silencio que mantienen frente a esta postulación. Los he visto marchar a favor de la justicia, sin embargo, callan con un silencio que aturde”, apuntó la diputada.

Campagnoli planteó que “la Corte necesita gente idónea, gente ejemplar, son el último intérprete de la Constitución Nacional, sus integrantes deben ser un espejo donde los ciudadanos queremos que se refleje el ideal de justicia que perseguimos, Lijo empaña ese espejo con su inoperancia”, y lo acusó de hacer un “cajoneo permanente que ha hecho de causas de corrupción que le ha valido una auditoría que ha demostrado que es el peor juez de Comodoro Py por su lentitud, por la falta de eficacia en sus sentencias y procedimientos, por las sospechas que hay sobre su patrimonio que le ha valido una denuncia de la doctora Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito y varias denuncias por su desempeño en el Consejo de la Magistratura”.

“Mi postura no es ideológica, no tengo temor como tienen los senadores que si hablan en contra y no es electo en la Corte pueden ir contra ellos porque el juez Lijo sabemos que es muy influenciable para estos procederes contra alguno de los senadores que no lo quiso votar”, manifestó y apuntó: “Lijo ha cajoneado causas de todos los colores es un juez tiempista, ineficiente, lento, inidóneo, no es ejemplar”.

Al respecto, preguntó: “¿Eso queremos para la Corte Suprema? ¿No hay otros jueces con más méritos? ¿No hay otros académicos con más méritos? ¿no hay mujeres que puedan ocupar ese rol con la cantidad de juezas admirables que hay a lo largo y ancho del país? ¿No hay académicas que puedan cumplir ese rol?”.

“Somos la mitad de la población, merecemos un lugar en la Corte y debemos mantener esa silla en la Corte para una o dos mujeres al menos y me animo a darle nombres si el presidente Milei no tiene tiempo”, sostuvo Campagnoli y le mencionó a la constitucionalista María Angélica Gelli y a “la gran abogada Delia Ferreira Rubio que ha estado a cargo de transparencia internacional”.

La diputada las calificó como “mujeres prestigiosas”, y señaló: “No puede el presidente ningunear como ningunea a las mujeres y no proponer una mujer idónea, hay muchísimas mujeres que pueden ocupar ese lugar con muchísima eficiencia y con mucha más ejemplaridad que tiene el juez Lijo”.

“Hay muchos que creen que el problema del país es el déficit cero, para otros es la dirigencia política, yo soy de las que creo que el problema de la Argentina es la justicia. Si tuviésemos una justicia que actúa en tiempo y forma, que juzga no después de 20 años a aquel que no cumple su rol con eficiencia, con responsabilidad e idoneidad y ejemplaridad, en esta Argentina no se cumple eso de ‘el que las hace las paga’ muchísima gente que debería estar con una sentencia, anda por los canales de televisión”, manifestó.

Y cerró: “Creo que la justicia tiene un rol fundamental en la democracia porque sin justicia no hay República. Le pido al presidente que reflexione a quién quiere poner en la más alta magistratura, postulemos gente idónea, ejemplar, no lijemos la Justicia”.

Horas antes de la partida del presidente hacia Estados Unidos -país al que viaja por cuarta vez desde que ocupa ese cargo-, y en medio de las repercusiones generadas por los cambios en el gabinete nacional, se conoció el envío por parte de Javier Milei al Senado de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para ser designados en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los pliegos llevan las firmas del primer mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. En el caso del juez federal, para ocupar el cargo dejado por Elena Highton de Nolasco, y en el del catedrático, para reemplazar a partir del 29 de diciembre al juez Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años y no ha presentado ningún pedido para permanecer en el cargo.

En ambos pliegos se señala que “finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el Decreto N 222 del 19 de junio de 2003, modificado parcialmente por el Decreto N 491 del 29 de mayo de 2018 y por el Decreto N 267 del 20 de marzo de 2024, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional”.

En el pliego de Lijo se consigna que “se recibieron presentaciones de instituciones, de organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico; de los derechos humanos; sindicales y sociales y de juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional como internacional y de la ciudadanía en general, destacándose el gran número favorable a su propuesta”.

Respecto de García Mansilla se expresa que “la mayoría de las opiniones fueron a favor”, las cuales “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

En el caso de Lijo, “la mayoría de las opiniones a su favor se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, su labor como docente universitario y su notable formación jurídica y permanente especialización en el campo del Derecho Penal”.

Sobre García Cuerva se indica que “ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”.

Desestimación de recusaciones

En el Boletín Oficial se publicó el decreto 467/2024 que desestima recusaciones, en el que se indica “por el Decreto N° 222/03 se estableció el procedimiento a seguir por el PODER JECUTIVO NACIONAL para el nombramiento de los magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el ejercicio de la facultad que se determina en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”.

“Que el procedimiento instituido por el Decreto N° 222/03 tiene por finalidad reunir la mayor cantidad de elementos de juicio que aseguren la mejor selección de los candidatos que serán propuestos para integrar el Alto Tribunal.

“Que la valoración de esos antecedentes es una competencia exclusiva y privativa del PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme lo previsto en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

“Que si bien el MINISTERIO DE JUSTICIA es la autoridad de aplicación del procedimiento contemplado en el Decreto N° 222/03, ninguna de las disposiciones de dicha norma prevé que el titular de esa jurisdicción deba emitir un acto decisorio o brindar opinión sobre los candidatos cuyos antecedentes se encuentren sujetos a la valoración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

“Que según surge expresamente de las constancias del citado Expediente N° EX-2024-32397533-APN-DGDYD#MJ, emanó del PODER EJECUTIVO NACIONAL la instrucción para iniciar, en el marco del Decreto N° 222/03, el pertinente procedimiento para la eventual designación del doctor Ariel Oscar LIJO como juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN .

“Que, en las actuaciones precitadas, el 2 de mayo de 2024 el señor Álvaro de LAMADRID recusó al Ministro de Justicia, atribuyéndole que actuó como defensor del doctor LIJO en una causa que tramita ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

“Que, por otro lado, la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA” también se presentó en las actuaciones precitadas, el 6 de mayo de 2024, ante el MINISTERIO DE JUSTICIA, formulando objeciones respecto de la postulación del doctor LIJO.

“Que posteriormente, en el citado Expediente N° EX-2024-49108034-APN-DGDYD#MJ, la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA”, el 13 de mayo de 2024, recusó al Ministro de Justicia, doctor Mariano CÚNEO LIBARONA, a fin de que se lo excluya del trámite referido a la propuesta de nombramiento del doctor LIJO como juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

“Que, como fundamento de su planteo recusatorio, “SERÁ JUSTICIA” invocó que con anterioridad a su designación en el cargo de Ministro de Justicia el doctor CÚNEO LIBARONA se desempeñó como abogado del doctor LIJO en el marco de la causa caratulada “DENUNCIADO: LIJO, ALFREDO DAMIAN Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA, INFRACCION ART. 303 y COHECHO. DENUNCIANTE: CARRIO, ELISA MARIA A. Y OTRO” (Expediente N° 13.082/2018), tramitada por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 20.

“Que, asimismo, la ya referida Organización no Gubernamental invocó que el Ministro de Justicia habría actuado con parcialidad, al emitir opinión en un medio de prensa en el sentido que los cuestionamientos efectuados al doctor LIJO, en base a denuncias formuladas a su respecto, carecerían de entidad ya que estas últimas fueron desestimadas por los órganos jurisdiccionales intervinientes.

“Que en base a esas razones ‘SERÁ JUSTICIA’ considera que el Ministro de Justicia se encontraría incurso en la causal de recusación contemplada por el artículo 17, inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

“Que, en consecuencia, merece indicarse en primer término que dicha recusación fue deducida en forma extemporánea ya que no fue formulada en la primera presentación que realizara; a lo que se adiciona que la recusante no invocó ni acreditó que la causal esgrimida fuera sobreviniente a su presentación primigenia (conforme el mentado artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias y artículos 14 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

“Que la extemporaneidad del planteo de ‘SERÁ JUSTICIA’ es causal determinante, por sí misma, del rechazo de la recusación por ella efectuada (conforme PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictamen 244:262).

“Que la recusación es un instituto de interpretación y aplicación restrictiva, pues funciona como un mecanismo que altera la asignación de competencias dentro de la Administración Pública, en tanto persigue el apartamiento de un determinado funcionario del ejercicio de cometidos que tiene normativamente atribuidos.

“Que la preservación de la imparcialidad -fundamento de ese instituto- debe ser conciliada con la necesidad de asegurar el normal funcionamiento de la Administración Pública, el que podría verse obstaculizado por planteos recusatorios que no se correspondan con las causales que taxativamente prevé la normativa (conforme PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictámenes 181:92; 244:262; 271:266, entre otros; HUTCHINSON, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, Tomo 1, página 175; y COMADIRA, Julio Rodolfo – MONTI, Laura, ‘Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada’, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, T. I, página 175).

“Que es atribución exclusiva del PODER EJECUTIVO NACIONAL decidir acerca de la solicitud del acuerdo del H. SENADO DE LA NACIÓN para el respectivo nombramiento; así surge del artículo 9° del Decreto N° 222/03, el que en este aspecto hace aplicación de la norma constitucional ya mencionada.

“Que, en síntesis, la actuación del MINISTERIO DE JUSTICIA se limita a la implementación del procedimiento reglado y a los actos instrumentales necesarios para el cumplimiento de tales recaudos, preparatorios de la definición que luego le compete adoptar al PODER EJECUTIVO NACIONAL en ejercicio de sus facultades constitucionales.

“Que las razones expuestas bastan, por sí mismas, para que se califiquen como improcedentes las recusaciones articuladas por la Organización no Gubernamental ‘SERÁ JUSTICIA’ y por el señor Álvaro de LAMADRID.

“Que al respecto se ha expedido el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA.

“Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

“ARTÍCULO 1º.- Desestímanse las recusaciones planteadas por la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA” y por el señor Álvaro de LAMADRID, contra el señor Ministro de Justicia, doctor Mariano CÚNEO LIBARONA.

“ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación.

“ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

“MILEI - Mariano Cúneo Libarona”

Desde que el Gobierno Nacional dio a conocer la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia ha generado todo tipo de cuestionamientos, desde asociaciones judiciales y organizaciones civiles hasta dirigentes políticos.

Una de las últimas voces en contra fue la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que se sumó a los anteriores cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, IDEA y el Club Político Argentino, entre otros. En todos los casos, las críticas apuntan a la actuación y la idoneidad de Lijo como magistrado.

En el plano político, las críticas principales provinieron de parte de dirigentes de Coalición Cívica, su titular Elisa Carrió y el presidente del bloque en Diputados, Juan Manuel López.

Este lunes por la mañana el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la candidatura de Lijo y de Manuel García Mansilla, despertando otra vez las críticas de algunos lilitos.

CASTA DE LA CASTA #LijoNo pic.twitter.com/e9NWkT70q2

— maxi ferraro (@maxiferraro) April 15, 2024

“Entre viaje y viaje, entre conflictos internos y externos, el presidente Javier Milei hoy envió oficialmente la postulación del Juez Ariel Lijo a la CSJN. Los que luchamos x un Poder Judicial ejemplar, idóneo y transparente seguiremos reclamando para frenar esto”, escribió Marcela Campagnoli utilizando el hashtag “#LijoNo”.

En medio de la polémica que se generó por la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Gobierno oficializó este lunes el pliego del mismo modo que lo hizo con la candidatura del académico Manuel García Mansilla. Ahora el tema deberá resolverse en el Senado donde el oficialismo deberá aunar consensos fuertes para lograr aprobarlo.

La publicación en el Boletín Oficial señala: “En el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla”.

En el caso de Lijo, el aviso oficial resalta su larga trayectoria y detalla que es un abogado recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que desde 2004 es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal en donde se desempeña hasta la actualidad.

“Tiene competencia y especialidad para la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, delitos contra el orden constitucional, requerimientos internacionales de extradición y fraudes marcarios. Por otro lado, se especializó en la gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales y en el acompañamiento a las víctimas y personas damnificadas de grupos vulnerables de delitos. Certificó normas ISO 9001/2008 de gestión de calidad en sus procesos de trabajo, en marzo de 2017”, describe el aviso.

Sobre García-Mansilla, menciona que egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y realizó luego un posgrado en la Georgetown University de Washington. Desde 2019, el jurista es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

En ambos casos, el anuncio oficial argumenta que la preselección de los candidatos “en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.

Además, informa que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección".

La titular de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, junto con el jefe del bloque en Diputados, Juan Manuel López, presentaron notas ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General rechazando la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y solicitaron una auditoría.

En los textos cuestionaron la iniciativa del Gobierno para que Lijo integre el máximo tribunal y argumentaron que “tuvo severos cuestionamientos públicos por su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal”.

"Deben proponerse a personas con aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, con una trayectoria que demuestre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función", señalan en las presentaciones.

Además, dan cuenta de la denuncia que realizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por su demora en la investigación de las causas de corrupción", y también una que presentó la propia exdiputada por una presunta asociación ilícita para garantizar la impunidad en causas de corrupción.

Nota a Procuración General de la Nación - Lijo - 8.4.2024

“Cabe recordar que el Dr. Lijo fue sometido a una investigación penal —causa N° 13.082, tramitada ante el juzgado del Dr. Ercolini, con intervención de la fiscalía a cargo del Dr. Picardi-, la cual tuvo su origen en una denuncia realizada por la suscripta —Elisa Carrió— por la presunta existencia de una asociación ilícita —integrada, entre otras personas, por el Dr. Lijo— que habría pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”, recordaron.

Por último, pidieron al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General que “realice una auditoría sobre la actuación del fiscal Picardi en la tramitación de dicha causa”. c

“Consideramos necesario requerirle su intervención a fin de que el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación y, especialmente, la sociedad en su conjunto pueda tomar debido conocimiento de la persona propuesta por el presidente de la Nación”, indican.

El Gobierno propuso que Lijo y el catedrático Manuel García Mansilla ocupen los lugares Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre.

El senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni ya se ha manifestado de manera crítica contra la postulación del juez federal Ariel Lijo para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia, y lo ratificó este martes, fundamentándose en la actitud que tuvo el magistrado en un fallo que involucró a su provincia.

“Yo soy senador por Formosa, por lo tanto represento a esa provincia y me debo a ella. Y este juez ha tenido un fallo que ha perjudicado a los formoseños, cuando toma la decisión de dividir la causa Ciccone, en donde todos los que quedaron bajo el fuero federal salieron imputados”, contó durante una entrevista por Radio Rivadavia.

Recordemos que en su momento el juez federal favoreció al gobernador Gildo Insfrán, cuando éste quedó involucrado junto a Amado Boudou en un canje de deuda pública por parte de Formosa. La provincia había contratado por 7,6 millones de pesos para hacer una consultoría a la empresa The Old Found -que luego la justicia atribuyó al entonces ministro de Economía, que la manejaba a través de un testaferro-. A cargo de la causa Ciccone, el juez Lijo decidió desdoblarla, y resolvió que la parte que involucraba a funcionarios formoseños fuera investigada por la justicia provincial, que sobreseyó a todos.

“Insfrán, que es dueño de la provincia, es dueño de la Justicia, no iba a correr otra suerte que salir sobreseído, que es lo que ocurrió”, destacó Paoltroni, quien por ello considera “de altísimo riesgo, no solo para Formosa, sino para el país, tener un juez que va a estar durante 20 años (en la Corte), porque recordemos que tiene 55, y (los jueces) se retiran a los 75… Y también tenemos mucha experiencia en lo que es concentración del poder”.

En ese sentido dijo que “en Formosa podemos dar clases de lo que ocurre cuando se logra la concentración del poder. Y 20 años en la Corte no es simpático para nada para todos los que vivimos bajo el régimen formoseño y entendemos bien lo que es la concentración del poder”.

Recordó el senador formoseño que él ya se ha manifestado públicamente sobre el tema, lo habló dentro de su espacio y no puede dejar de dar su opinión y fundamentarla. Dijo creer que hay muchos que coinciden con él, otros lo harán por otras causas, o por conocimiento de otros fallos, pero en definitiva le endilgó al juez Lijo el cargo de “dormir causas eternamente”.

Cosa que consideró un problema de la justicia en general, y citó un caso que involucra a la propia Corte Suprema: “Tenemos desde mayo del año pasado una presentación ante la Corte por la reelección indefinida”, comentó en referencia a su provincia, donde se cambió el artículo 132 de la Constitución de Formosa, “y desde el año 2013 se permite la reelección indefinida”. Pese a ese pedido, “la Corte no se pronuncia aún, y no está bueno esto de los tiempos interminables de la justicia. Los argentinos necesitamos celeridad en los fallos”.

Cuando se le preguntó luego cómo se explica que con esos antecedentes el presidente Javier Milei lo haya postulado a Ariel Lijo, Paoltroni contestó: “Realmente no lo sé, no he tenido la oportunidad de consultarlo tampoco”, pero aclaró ser “un fuerte defensor de las ideas de la libertad, de los principios y valores que profesa el presidente, y por eso me tengo que poner en desacuerdo con el nombramiento de este magistrado. Lo hago abiertamente y está a la vista la libertad de pensamiento que tenemos todos los que componemos este espacio”, recalco´.

Y ante la insistencia sobre porqué creía que el presidente se había metido en ese tema, con todo lo que se dice en torno a Lijo, Paoltroni respondió que “se lo tendría que preguntar a él, no me animo a contestar por el presidente”.

“Por ahí algunos confunden lo que es el apoyo al presidente, que en mi caso no está en duda en absoluto -apuntó el senador de LLA-. Salgo en los medios desde el 10 de diciembre en defensa de todo lo que se está haciendo”. Y para evitar confusiones reflexionó que “acá el presidente pide acuerdo para un nombramiento en el cual uno puede o no estar de acuerdo, y eso es lo que yo estoy manifestando. Pero por ahí a uno le da un poquito de pudor” manifestarse en contra, aunque dijo confiar en que “hay una mayoría de senadores que se opondrán”.

“Los suficientes como para no lograr los dos tercios”, enfatizó.

Cuando se le hizo referencia a que la mayoría de su bloque podría no aprobarlo y sí el kirchnerismo, Paoltroni repuso: “Creo que ahí surge el error; si todo el kirchnerismo lo está aprobando es porque algo no está bien”.

¿Y por qué Milei no escucha estas críticas?, se le insistió, a lo que Paoltroni dijo creer que “el presidente ha demostrado ya que ha corregido muchas veces el rumbo. No veo el problema de que se envíe otro pliego y se evalúe el nombre de otro magistrado. Ese es el juego de la democracia”.

Para terminar, insistió en que su postura era “para cuidarlo” al presidente, y aclaró haber hablado sobre el tema con la titular del Senado, Victoria Villarruel, con su bloque y con presidentes de otras bancadas.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), dio a conocer un comunicado de prensa donde resalta que a Corte Suprema de Justicia “cabeza del Poder Judicial e intérprete último de nuestra Constitución Nacional, reviste un rol esencial en el fortalecimiento de la calidad institucional de nuestro país; lo cual es condición necesaria e indispensable para generar la confianza que posibilite atraer inversiones para el crecimiento y la consecuente generación de más puestos de trabajo”.

Para ello, continúa el texto “el Supremo Tribunal debe estar integrado por personas de incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y, asimismo, que gocen de un amplio e indiscutido reconocimiento y valoración ante la opinión pública.  Adicionalmente, existiendo destacadas juristas que reúnen tales condiciones, deberían tener ellas prioridad para ocupar la vacante generada por el retiro de la doctora Elena Highton de Nolasco”.

Por último, la entidad empresarial invita al Poder Ejecutivo y a los miembros del Congreso de la Nación “a apuntalar la confianza en el Poder Judicial, a través de la incorporación de miembros que revistan las características mencionadas, como requisito indispensable para el pleno desarrollo de la República Argentina”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal federal de nuestro país y, en tanto tal, posee la última palabra en los juicios en los que se discuten cuestiones que involucran los derechos y garantías asegurados en la Constitución Nacional. También dirime con carácter definitivo los conflictos entre las provincias y entre éstas y la Nación.

Su misión constitucional y su posición institucional es de tal gravedad que sus decisiones se encuentran en relación directa con la honestidad e idoneidad de sus integrantes, como recuerda la Corte Suprema en el Prólogo al volumen 1 de su colección de fallos.

Así se expresó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para el cual esos magistrados deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes profesionales y morales. Pues la falta de idoneidad o la ausencia de honorabilidad de alguno de ellos, tarde o temprano pero inexorablemente, deshonrará al Tribunal ante la opinión pública, sostiene el Colegio de Abogados.

Para esa entidad, “actualmente existen -sin dudas- candidatas de destacada trayectoria que estarían llamadas a ocupar prioritariamente el sitial que ocupara la doctora Highton de Nolasco. Obviamente, la nominación del juez Ariel Lijo, recae sobre alguien que no integra aquella clase. Sin perjuicio de ello, los antecedentes del doctor Lijo no satisfacen los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos para ese cargo”.

El Colegio de Abogados de CABA considera que “el o la postulante propuesta para integrar la Corte Suprema debe ser alguien de intachable carrera profesional, de desempeño excepcional, sin cuestionamientos económicos ni involucramientos políticos. Sin embargo, el doctor Lijo, juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py 2002, ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional”.

“En particular, este Colegio lo denunció ante el Consejo por la demora en la tramitación de numerosas causas y por la falta de colaboración en la reunión de datos estadísticos que permitieran controlar el desempeño del tribunal a su cargo –agrega el Colegio-. Idéntico reproche se le ha formulado en la causa en la que se debería investigar el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci. Los medios periodísticos también se han hecho eco de esas y otras imputaciones contra el magistrado que, consideradas en conjunto, ponen en evidencia que el doctor Lijo está muy lejos de poseer las cualidades de excelencia que se espera de un juez de la Corte Suprema”.

Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera “inaceptable” y se opone a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo del juez Lijo, en reemplazo de la vacante producida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la doctora Highton de Nolasco.

 

Carlos Fara

 

El billar a tres bandas consiste en hacer carambolas. Se considera carambola cuando la bola jugadora golpea las otras dos bolas en la misma tirada. Pero para que sean válidas, la bola jugadora tiene que haber tocado como mínimo tres bandas, que pueden ser diferentes o repetirse, antes de golpear la segunda bola. Dicen los expertos que en el billar a tres bandas no hay carambola fácil: para jugar este tipo de carambola de una forma sistemática y consistente, se requiere una técnica depurada para saber dónde apuntar.

En la política argentina el Gobierno nacional quiere hacer una carambola a tres bandas. ¿Cómo? La propuesta que va a elevar para jueces de la Corte Suprema pretende dejar a todos los bandos contentos con una sola jugada. Javier “Sinley” y su ministro de Justicia tratarán de contentar al mismo tiempo a la corporación Comodoro Py, a Cristina, a los gobernadores peronistas y a Macri. ¿Así de fácil? Veamos.

El juez Lijo -uno de los dos propuestos- le habría hecho favores a más de un gobernador, como el caso de Insfrán con la causa judicial por eventuales negocios con el entonces ministro de Economía Boudou. Algunos de esos mandatarios tienen influencia sobre sus senadores, no sobre todos. Por lo tanto, tener un amigo en la Corte nunca está de más.

Un personaje ligado a CFK habría estado activo también en promover a Lijo. Se trataría del ex secretario de justicia Juan Martín Mena, que nunca obra solo si no es por orden de la doctora. Teniendo en cuenta que el cortesano Lorenzetti ha venido cerca de esa banda -en términos del billar, claro- la gestión cobraría sentido. Por último, el Sultán de Cumelén lleva años preocupado por la causa del Correo Argentino que está en el juzgado de… ¡adivinaste! Pues Lijo tiene congelado el expediente hace bastante, por las dudas. ¿El ex presidente dirá algo al respecto? ¿Operará por lo bajo para que se concrete la designación?

Como siempre, en los detalles está el diablo. El juez Maqueda efectivamente cumple 75 años el 29 de diciembre de este año. El cordobés no tenía ganas de seguir en el cargo… hasta ahora. Este manejo poco “polite” por parte del Poder Ejecutivo -es todo un estilo, como “Gancia batido”- obviamente molestó mucho en la Corte menos Lorenzetti. Maqueda, político experimentado y respetado, todavía tiene la opción de solicitar que se le extienda el acuerdo por 5 años más hasta que cumpla 80. Tiene 9 meses por delante, el tiempo de gestación de un bebé.

El otro punto es la ausencia de mujeres en la Corte pese a que existe un decreto al respecto. Para la militancia feminista cristinista en el Senado no es un dato menor, sobre todo con toda la pasión que la jefa le ha puesto al tema. Ni hablar si hay una ola de reivindicación de género en la Cámara alta.

Finalmente, el juez Lijo -con todo lo que se comenta en público y en privado sobre él- podría resultar incómodo para algunos senadores de Separados por el Cambio. No sería tan fácil conseguir los 2/3 para que salga la carambola. Por su parte, el otro postulado tiene prestigio profesional, más allá de su ideología. En principio, no debería tener mayores problemas para que su pliego se apruebe.

Dado que el radicalismo ha dejado de ser hace tiempo el gran actor opositor en la Argentina, y que la coalición cambiemita estalló, el usual canje del 1 x 1 -te doy uno y me quedo con uno- se estaría estableciendo ahora entre los libertarios y el kirchnerismo, con un efecto que podría beneficiar a Macri. Así se armaría la carambola que no es sencilla porque “los otros también juegan” y hay varios actores que no se van a quedar de brazos cruzados.

Una y otra vez volvemos sobre lo conceptual porque es lo más jugoso del asado. El “si no es todo, es nada” y el rechazo al “toma y daca” quedarían bastante relativizados con esta jugada. Sería un clásico arreglo entre corporaciones políticas y judiciales, de los tantos que ha habido desde el regreso a la democracia. Con la reiniciada conversación con los gobernadores y la oposición dialoguista, quizá la administración Milei haya entrado en una segunda fase de realismo político que se titularía “de cómo se puede llevar un plan ambicioso de reformas con un Poder Ejecutivo incompleto, 7 senadores, 41 diputados y ningún gobernador”. De a ratos da la impresión que el Gobierno estaría prestando atención a los que le dicen que para reencauzar la ex ley ómnibus, primero se deben arreglar con los diputados y luego con los gobernadores. Las fotos de la buena relación entre el presidente y la vice agregan condimento a la realpolitik (¿disidencia acordada en reportaje público y notorio?).

Surge entonces la pregunta: ¿esto lo perjudica al Gobierno en la opinión pública, porque podría estar incurriendo en una contradicción filosófica? No necesariamente. Obviamente, siempre se puede armar un escándalo que desactive todo el proceso si cobran volumen algunos detalles de la jugada y eso amilane a ciertos actores que en teoría deberían jugar a favor. Si el Gobierno tiene éxito en su lucha contra la inflación, por ejemplo, es más difícil que estas cuestiones institucionales lo desgasten. Ya lo vimos en las presidencias de Menem, Néstor y Cristina.

Si bien el libertario tiene problemas por doquier -varios por falta de profesionalismo político- el resto del espectro no está mucho mejor. El líder del Pro, un tanto desahuciado por la falta de incidencia en la gestión oficialista, quizá tuvo que conceder más de lo esperado en la conformación final de la nueva directiva partidaria. Por el lado de la banda peronista, la idea de una mesa política está generando cortocircuitos entre los gobernadores, Massa y la jefa (¿“Kichi” estaría algo distanciado de Ella?). Finalmente, el radicalismo podría entonar “lo que pasa que la banda está borracha…” (y seguimos hablando de bandas), dado el conflicto expuesto entre los mandatarios provinciales y el círculo de Lousteau (¿que piensa un armado con Horacio?).

“Sinley” tiene problemas con la carta de navegación, pero el resto aún está tratando de conseguir un mapa actualizado.

La expresidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, salió al cruce del pedido del Pro para que el proceso acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema sea declarado inválido. “Es un atentado contra el Congreso”, enfatizó y además los desafió a debatir los dictámenes en el recinto, donde se requieren dos tercios de los votos para su aprobación. 

“El juicio político a los miembros de la CSJN tuvo dictamen favorable de acusación luego de muchos meses de investigación en la comisión donde participaron, ofrecieron prueba los miembros de JxC, y presentaron dictamen de minoría en rechazo a la acusación”, recordó la entrerriana. 

En la red social X, la legisladora cuestionó que “ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración” de Sabrina Ajmechet que “declara su invalidez en un trámite express que dé por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple”. 

Ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración de @ajmechet que declara su invalidez en un trámite express que de por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) January 9, 2024

“En el marco del proceso y previo al dictamen de acusación se resolvieron las impugnaciones presentadas que fueron tratadas, votadas y rechazadas en el pleno de la comisión. Todo el proceso está cargado en la página web de @DiputadosAR, en Comisión de Juicio Político podes acceder y ver los dictámenes y las impugnaciones”, resaltó. 

Para Gaillard, “intentar declarar la invalidez del juicio por resolución del pleno de la cámara es un atentado contra el Congreso y las facultades que nos ha otorgado la Constitución Nacional. No se puede manosear la democracia. No se puede jugar con la Constitución. Hay normas y reglas que deben respetarse”. 

“Si no están de acuerdo con el juicio a la CSJN debatamos en el recinto las acusaciones y las distintas posturas pero no violemos un procedimiento constitucional y el reglamento de @DiputadosAR”, concluyó.