Gaillard salió al cruce del pedido del Pro sobre el juicio político a la Corte: “Es un atentado contra el Congreso”

La expresidenta de la comisión donde el otrora oficialismo impulsó el proceso contra los magistrados los desafió a debatir las acusaciones en el recinto. 

La expresidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, salió al cruce del pedido del Pro para que el proceso acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema sea declarado inválido. “Es un atentado contra el Congreso”, enfatizó y además los desafió a debatir los dictámenes en el recinto, donde se requieren dos tercios de los votos para su aprobación. 

“El juicio político a los miembros de la CSJN tuvo dictamen favorable de acusación luego de muchos meses de investigación en la comisión donde participaron, ofrecieron prueba los miembros de JxC, y presentaron dictamen de minoría en rechazo a la acusación”, recordó la entrerriana. 

En la red social X, la legisladora cuestionó que “ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración” de Sabrina Ajmechet que “declara su invalidez en un trámite express que dé por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple”. 

“En el marco del proceso y previo al dictamen de acusación se resolvieron las impugnaciones presentadas que fueron tratadas, votadas y rechazadas en el pleno de la comisión. Todo el proceso está cargado en la página web de @DiputadosAR, en Comisión de Juicio Político podes acceder y ver los dictámenes y las impugnaciones”, resaltó. 

Para Gaillard, “intentar declarar la invalidez del juicio por resolución del pleno de la cámara es un atentado contra el Congreso y las facultades que nos ha otorgado la Constitución Nacional. No se puede manosear la democracia. No se puede jugar con la Constitución. Hay normas y reglas que deben respetarse”. 

“Si no están de acuerdo con el juicio a la CSJN debatamos en el recinto las acusaciones y las distintas posturas pero no violemos un procedimiento constitucional y el reglamento de @DiputadosAR”, concluyó. 

El Pro quiere declarar inválido el juicio a los miembros de la Corte

Un grupo de diputados de ese espacio encabezados por Sabrina Ajmechet proponen que la totalidad del proceso desarrollado a lo largo de todo 2023 sea anulado.

“El juicio político a la Corte Suprema debe ser declarado inválido”, expresó la diputada nacional del Pro Sabrina Ajmechet, al presentar la iniciativa que acompaña buena parte de su bancada referido al enjuiciamiento al que fueron sometidos todos los miembros del Tribunal Superior.

La diputada del Pro sostuvo que “fue un circo que comenzó el kirchnerismo el verano pasado y extendió durante todo el año buscando algún rédito electoral”. En ese marco, dijo, “se lesionaron garantías constitucionales y se faltó al reglamento en la Cámara”, y anunció que desde el bloque Pro de la Cámara baja solicitaron “finalizar esta persecución política”.

Fue a través de un proyecto de declaración que afirma que “la totalidad del proceso de juicio político impulsado durante el año 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados y por orden del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, estuvo teñido de reiteradas irregularidades, siendo guiado por intereses meramente partidarios”.

Para los diputados del Pro, ese proceso no buscó “otra cosa más que presionar a los magistrados enjuiciándolos por el contenido de sus sentencias, desprestigiando así al Poder Judicial de la Nación en su totalidad”.

Para esos legisladores, “no se encontraban razones para iniciar dicho procedimiento excepcional y que no existían motivos suficientes para que esta Honorable Cámara acuse ante el Senado a los mencionados ministros”.

Por lo tanto, remata el proyecto de Sabrina Ajmechet, al ser este “un juicio político en cuyo procedimiento se lesionaron garantías constitucionales, se faltó al reglamento de la Cámara de Diputados y, en reiteradas ocasiones, fueron detectadas serias irregularidades que han sido denunciadas, se declara inválido a la totalidad del procedimiento”.

Acompañan el proyecto de declaración el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y sus pares María Sotolano, Alejandro Finocchiaro, Damián Arabia, Ana Clara Romero, Verónica Razzini, Martín Maquieyra, Germana Figueroa Casas, Alvaro González, Martín Yeza, Hernán Lombardi, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal, María Florencia De Sensi, Sergio Eduardo Capozzi, Sofía Brambilla, Laura Rodríguez Machado, Marilú Quiroz, Silvana Giudici, José Núñez, Martín Ardohain, Daiana Fernández Molero y Aníbal Tortoriello.

Juicio a los miembros de la Corte: la comisión realiza su audiencia para cerrar el proceso

Con la intención oficialista de votar los dictámenes contra los jueces Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, la comisión que preside Carolina Gaillard se encuentra reunida para realizar la que es su última reunión.

El trabajo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza desde las 15.11 la que será la última reunión de este largo proceso iniciado el 1 de enero de este año con el anuncio presidencial de que impulsaría el enjuiciamiento de los cuatro miembros de la Corte Suprema, y formalmente se inició el 26 de enero, con la primera de las 26 reuniones realizadas.

La reunión comenzó con la lectura de lo que fue todo el proceso realizado a lo largo del año, y un agradecimiento de la presidenta de la comisión a todos los que trabajaron arduamente en esa tarea.

Esta reunión estuvo precedida por el escándalo que acompañó la última reunión, realizada el pasado 7 de noviembre, que concluyó a dos minutos de iniciada.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Este lunes el oficialismo modificó la composición de la Comisión de Juicio Político, para fidelizar el voto de los propios, los 16 miembros que le corresponden. Cambiaron por ejemplo al massista Ramiro Gutiérrez, por otro integrante del Frente Renovador Carlos Selva, que en 12 días termina su mandato. También fue reemplazada otra diputada del sector de Sergio Massa, quien durante la campaña y los debates presidenciales evitó responder si daría continuidad al juicio político contra la Corte. Se trata de Micaela Morán que, en su caso, sí fue reemplazada por alguien del kirchnerismo, la santafesina Magalí Mastaler.

Además, salieron Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo, y en su lugar ingresarán Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovic e Itaí Hagman.

El resto de los oficialistas que integran la comisión son Carolina Gaillard (presidenta), Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Hugo Yasky.

Con la votación de los cuatro dictámenes acusatorios, el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

Como obviamente el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3.

Juicio político: el oficialismo hace varios cambios entre los miembros de la comisión para la firma del dictamen

Antes de la última reunión, en la que se finalizará con el proceso iniciado en enero, el Frente de Todos realizó modificaciones. Dos diputados del Frente Renovador salen, aunque uno será reemplazado por otro massista.

En la previa de la última reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados que se llevará a cabo este martes, para la firma de los dictámenes acusatorios contra los jueces de la Corte Suprema, el oficialismo realizó una serie de cambios entre sus integrantes para garantizar el número.

A lo largo de todo el año, desde que en enero comenzó el proceso, el Frente de Todos tuvo su mayoría asegurada, de 16 miembros, con la que pudo aprobar todo tipo de ampliación de prueba, citación de testigos y otros trámites.

Entre los más activos de la comisión figuró Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador, que este martes no estará. Su reemplazo será igualmente otro massista, el bonaerense Carlos Selva, que en 12 días termina su mandato.

Pero también será reemplazada otra diputada del sector de Sergio Massa, quien durante la campaña y los debates presidenciales evitó responder si daría continuidad al juicio político contra la Corte. Se trata de Micaela Morán que, en su caso, sí será reemplazada por alguien del kirchnerismo, la santafesina Magalí Mastaler.

Además, saldrán Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo, y en su lugar ingresarán Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovic e Itaí Hagman.

El resto de los oficialistas que integran la comisión son Carolina Gaillard (presidenta), Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Hugo Yasky.

El mensaje del radical Mario Negri por los cambios

Juicio Político convocó a una última reunión para concluir el proceso en comisión contra los miembros de la Corte

La convocatoria estaba prevista para este martes a las 13, pero a pedido de JxC su inicio se retrasará a las 15. La misma está precedida por el escándalo que acompañó la última reunión, realizada el pasado 7 de noviembre, que concluyó a dos minutos de iniciada.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del “Anexo A” este martes 28 de noviembre. Inicialmente el encuentro estaba previsto comenzar a las 13, pero por pedido de JxC la titular de la comisión reprogramó el arranque para las 15, debido a que previamente los gobernadores de la oposición se reunirán con legisladores actuales y electos.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

Sin convocatoria a una nueva reunión, el juicio a los miembros de la Corte quedaría en la nada

La Comisión de Juicio Político tiene tiempo para reunirse hasta el miércoles de la semana que viene. Si eso no sucede, no habrá dictamen y la investigación se cae.

La combinación del resultado del balotaje y el escándalo por el espionaje ilegal causó tal impacto en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que todo el proceso de enjuiciamiento desarrollado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia podría quedar en la nada. Así sucederá si en una semana no se votan los cargos elaborados contra cada uno de los jueces.

Este juicio contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se inició el 26 de enero pasado y desarrolló sus audiencias a lo largo de todo el año, hasta que la vigésimoquinta reunión terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles de la semana que viene. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Según pudo saber parlamentario.com de fuentes de esa comisión, no está definido aún qué se hará.

Consultado por este medio, un integrante de la Comisión de Juicio Político por la oposición advirtió que “si la comisión no dictamina antes del 29, la investigación cae y se termina. Sería como si nunca hubiera habido una investigación”.

“Veo difícil que haya una nueva reunión, pero no la descarto”, aclaró el legislador consultado.

La Justicia, garante final de la democracia

Por Manuel Aguirre, diputado nacional por Corrientes. El autor resalta el compromiso de su partido a proteger esta democracia, defendiendo la independencia del Poder Judicial como garantía de la República.

Hace poco conmemoramos los 40 años del retorno a la democracia en Argentina, tras las elecciones que consagraron al Dr. Raúl Alfonsín como presidente, quien nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de la independencia del Poder Judicial y la composición de una Suprema Corte de Justicia imparcial.

Durante los gobiernos iniciados en 2003 por los presidentes Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, la Corte Suprema de Justicia actuó como un contrapeso frente a arbitrariedades y abusos de poder.

Es por ello que, en repetidas ocasiones, se intentó reformar el sistema judicial, incluso logrando la aprobación de una ley que posteriormente fue declarada inconstitucional.

Ahora, se ha adoptado una nueva estrategia, inventando un juicio político contra los miembros de la Corte con acusaciones tan débiles que incluso el propio candidato a presidente del oficialismo afirmó desconocer.

Si las acusaciones fueran reales y concretas, todos estaríamos al tanto de ellas. Esto evidencia la falta de fundamentos en el procedimiento.

El triste ejemplo de Venezuela nos muestra cómo la decadencia de un país puede comenzar con la manipulación del sistema judicial.

Recordemos la imagen grotesca e inquietante de más de 20 miembros de la Suprema Corte de Justicia aplaudiendo la entrada de Hugo Chávez en la Asamblea.

¿Cómo se debieron sentir los ciudadanos ante esa demostración de poder absoluto? ¿A quién podían recurrir en busca de justicia? El drama venezolano lleva más de 25 años y aún continúa.

Es fundamental recordar que el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, es la última garantía que tiene cada ciudadano en cuanto a su seguridad personal, sus bienes y su futuro. Un sistema judicial fuerte puede resistir actitudes autoritarias por parte de los presidentes o leyes promulgadas por un poder legislativo adicto, ya que cualquier acto o ley contraria a la justicia puede ser anulada por una sentencia cuyo cumplimiento es obligatorio.

La Unión Cívica Radical se compromete a proteger esta democracia, defendiendo la independencia del Poder Judicial como garantía de la República. Estaremos vigilantes ante cualquier intento de colonización por parte del poder ejecutivo, sin importar quién sea el próximo presidente.

La imparcialidad y la integridad del sistema judicial son pilares esenciales para preservar la República y asegurar que ningún poder se sobrepase en perjuicio de los derechos y la libertad de los ciudadanos.

La UCR se mantendrá firme en la defensa de la justicia y la separación de poderes, evitando así que la historia de otros países se repita en nuestra nación.

Entre gritos de la oposición, el oficialismo cerró sin debate la reunión de Juicio Político

Con el escándalo de espionaje ilegal -que involucra a uno de los miembros de esa comisión- revelado en las últimas horas de fondo, la presidenta de la misma resolvió levantar la reunión a poco de iniciada, sin concederle la palabra a los representantes de la oposición que reclamaban airadamente.

Apenas dos minutos duró la reunión de la Comisión de Juicio Político convocada para este martes con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte Suprema que no habían respondido por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento que se les sigue a los miembros del tribunal.

Singular expectativa había despertado el encuentro, habida cuenta de que en vísperas de la reunión se conoció en detalle el informe de la justicia que investigó un escándalo de espionaje del que fueron víctimas políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales. Para colmo de males del oficialismo, entre los involucrados está una de las principales espadas del oficialismo en la Comisión de Juicio Político: el diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Por eso se esperaba un fuerte embate en la reunión de la comisión de este martes, y así lo había anticipado el diputado Juan Manuel López en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales celebrada dos horas antes. “En algún momento aclarará porqué llegaban a su celular causas de la diputada Carrió”, apuntó en esa instancia respecto del diputado Tailhade, adelantando que pedirían explicaciones durante la reunión de Juicio Político.

Y si bien el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, había señalado en ese momento en tono desafiante que no tenía problema en tratar el tema que acababa de aludir su par de la Coalición Cívica, el oficialismo rehuyó el debate.

La reunión de Juicio Político se inició a las 13.09, y su presidenta, Carolina Gaillard, se limitó a señalar que habían convocado a una nueva audiencia “con el objeto de recibir la declaración presencial de los jueces de la Corte Suprema que desearen hacer su descargo presencial, tal como lo indica el artículo 13 del reglamento interno de la comisión. De acuerdo a lo que hemos hecho en la anterior reunión, les hemos aprobado los cargos, se ha notificado a los jueces de la Corte y ellos tenían la posibilidad de hacer su descargo”.

“En ese sentido, los jueces (Carlos) Rozenkrantz y (Horacio) Rosatti han presentado su descargo de manera escrita el jueves de la semana pasada”, recordó. Agregó que “en el día de la fecha estaba programada esta reunión al solo efecto de recibir el descargo de los jueces (Juan Carlos) Maqueda y (Ricardo) Lorenzetti si deseaban hacerlo presencial. Que no lo hagan no obsta que esta comisión continúe su labor”.

Visiblemente nerviosa, Gaillard apuntó que el doctor Maqueda ya había sido notificado de los cargos por mal desempeño en el ejercicio de su función pública por la causa de la obra social. “En su momento optó por no realizar descargo ni presencial ni por escrito, y en esta ocasión, no habiendo presentado descargo ni presencial ni por escrito, y el doctor Lorenzetti y Maqueda no estando presentes en la reunión se da por terminada la presente reunión de comisión, ya que se torna abstracta, teniendo en cuenta que no comparece el doctor Maqueda, ni el doctor Rosenkrantz -en realidad debió decir Lorenzetti- para cumplir con el descargo si así lo desearan”.

Y entre gritos airados de los legisladores de la oposición, con Graciela Ocaña pidiendo reiteradamente la palabra y Juan Manuel López de fondo reclamando desencajado por el “escándalo de inteligencia a cielo abierto”, la diputada Gaillard cerró: “Con esto damos por terminada la presente reunión, porque se ha cumplimentado con el objeto para el cual esta fue convocada”.

Presente en la reunión, mientras el oficialismo abandonaba presuroso la sala, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, decía en el micrófono: “En seis meses es la primera vez que disparan. ¿Saben cómo terminó esta comisión? Terminó muerta por default. Por vergüenza terminó… No existe antecedente en el Congreso de la Nación que quienes hayan impulsado una grosería de juicio político de esta naturaleza y resulta que el último día del último acto, se dieron vuelta los argumentos y van en contra de los propios que lo impulsaron. Consecuencia: abandonan, perdieron por abandono, por vergüenza”.

Penúltima audiencia del juicio político

Será este martes a partir de las 13. Es la reunión convocada para escuchar el o los descargos de los ministros de la Corte que quieran hacerlo personalmente, descontándose que ninguno se presentará.

Se realizará este martes la reunión prevista para escuchar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que decidan presentarse personalmente ante la Comisión de Juicio Político para hacer su descargo respecto de los traslados cursados oportunamente con los cargos elaborados en su contra.

Los magistrados tenían hasta este jueves plazo para presentar por escrito su respuesta, o de lo contrario podrían hacerlo personalmente este martes 7. Tal cual informamos, este jueves 2 de noviembre presentaron su respuesta los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes rechazaron los cargos impuestos en su contra por el oficialismo y pidieron disponer el archivo de las actuaciones de lo que definieron como un “proceso teñido de irregularidades”.

No se espera realmente que Ricardo Lorenzetti o Juan Carlos Maqueda vayan a presentarse personalmente este martes (de hecho, están vencidos los plazos para Maqueda, pues se le había hecho traslado de los cargos en su contra hace más tiempo), pero se cumplirá con la formalidad de realizar la reunión correspondiente para las 13. Asimismo se resolverá ese día qué hacer con un pedido de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto para proceder a  una ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado en este tiempo contra un integrante de la Corte.

La intención del oficialismo es dictaminar en una próxima reunión, que ahora se sabe será después del balotaje. Sucede que el candidato presidencial Sergio Massa pidió postergar el debate sobre el juicio político para después de las elecciones, a fin de evitar que quedara teñido por la cuestión electoral. Para ello, debían prorrogarse las sesiones ordinarias, pues de lo contrario el último día para dictaminar hubiera sido el 20 de noviembre: el día después de la elección, y además feriado. Este lunes se procedió a prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, con lo cual los diputados cuentan con más tiempo para proceder a emitir los dictámenes correspondientes, que de todas maneras no llevarán al recinto, al menos en lo inmediato.

Massa: el juicio político a la Corte “no puede ser parte del debate electoral”

Dijo que les pidió eso a las autoridades de la Cámara y de la Comisión de Juicio Político y aseguró que no leyó los planteos contra los magistrados. Lo hará recién cuando sea elegido presidente, aseguró.

Mucho ruido hizo los últimos días la declaración del gobernador cordobés y excandidato presidencial Juan Schiaretti, que mientras los candidatos presidenciales se disputan sus votos, lanzó un dardo hacia el oficialismo al remarcar su “categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.

En el mismo sentido se pronunció también este fin de semana alguien también muy ponderado por el candidato de UP, Roberto Lavagna, quien tuiteó: “Siempre nos opusimos al juicio político a la Corte, porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político, nuestro diputado “Topo” Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”.

En ese marco el periodista Luis Majul le preguntó a Massa sobre el juicio político a los miembros de la Corte este domingo por la noche en La Nación+, y la respuesta del ministro/candidato fue que no conoce el tema. “No leí ni siquiera los planteos. Es un tema del Poder Legislativo… Cuando te conviene, independencia de poderes; cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con otro… No es así”.

“Deberías conocerlo porque sos el candidato a presidente”, le advirtió Majul, a lo que Massa aclaró que después del 19 de noviembre se pondrá a leer los fundamentos. Pero no solamente eso, dijo, “sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima que es de la política chiquitita, sino que hace a la vida de la gente”.

A continuación, enumeró: “11 años un juicio de adopción; 5 años un juicio laboral; 4 años una convocatoria; 11 años un amparo de una empresa de transporte para no permitir la competencia económica con otras empresas de transporte; 5 años expedientes de juicio donde el Estado tiene por recaudar 4 mil millones de dólares por impuestos recaudados. ¿Vos no creés que ese es un tema que hay que mirar?”.

“Entonces a mí el tema que más me interesa mirar es el de la justicia al servicio de la gente”, cerró el candidato, ante lo cual su interlocutor insistió por saber si está de acuerdo con el juicio a los miembros de la Corte. Finalmente Massa dijo que no, pero repitió que había pedido que ese tema no formara parte de la agenda de disputa, porque además cambia la composición del Congreso. Le pedí a las autoridades de la Cámara y de la comisión que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral, porque entre otras cosas la Corte, que es la pirámide de uno de los poderes, claramente no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”.

Oficializaron la convocatoria de Juicio Político

Será este martes a partir de las 13, en el marco de la etapa final de la actividad de la comisión que sustancia un proceso contra los cuatro miembros de la Corte. Esta es una fecha clave del mismo.

Tal cual lo adelantado por parlamentario.com esta semana, se realizará el martes 7 de noviembre la reunión prevista para escuchar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que decidan presentarse personalmente ante la Comisión de Juicio Político para hacer su descargo respecto de los traslados cursados oportunamente con los cargos elaborados en su contra.

Los magistrados tenían hasta este jueves plazo para presentar por escrito su respuesta, o de lo contrario podrían hacerlo personalmente este martes 7. Tal cual informamos, este jueves 2 de noviembre presentaron su respuesta los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes rechazaron los cargos impuestos en su contra por el oficialismo y pidieron disponer el archivo de las actuaciones de lo que definieron como un “proceso teñido de irregularidades”.

No se espera realmente que Ricardo Lorenzetti o Juan Carlos Maqueda vayan a presentarse personalmente este martes (de hecho, están vencidos los plazos para Maqueda, pues se le había hecho traslado de los cargos en su contra hace más tiempo), pero se cumplirá con la formalidad de realizar la reunión correspondiente para las 13. Asimismo se resolverá ese día qué hacer con un pedido de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto para proceder a  una ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado en este tiempo contra un integrante de la Corte.

Difícilmente eso prospere, pues fuentes de la comisión anticiparon a este medio que la intención del oficialismo es dictaminar en una próxima reunión, que debería realizarse antes de las elecciones del 19 de noviembre. Sucede que el día 20 es el último previsto para el trabajo de las comisiones, según establece el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Dos jueces de la Corte hicieron su descargo para la Comisión de Juicio Político

Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz rechazaron los cargos impuestos por el oficialismo en su contra y pidieron disponer el archivo de las actuaciones de lo que definieron como un “proceso teñido de irregularidades”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, respondieron este jueves, a título personal, los traslados cursados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso que lleva adelante contra los cuatro integrantes del Máximo Tribunal.

Lo hicieron justo el día en el que vencía el plazo para hacerlo por escrito. De lo contrario, tenían la oportunidad de presentarse personalmente el martes que viene ante la comisión.

Sorprendió la noticia, habida cuenta de que existía la convicción de que ninguno de los magistrados contestaría las imputaciones de los diputados del oficialismo, habida cuenta de un acuerdo implícito de los integrantes de la Corte de no hacerlo, a fin de restarle trascendencia al proceso. Se verá entonces si la decisión de los dos jueces que se integraron a la Corte en 2016 ahonda la grieta dentro del Tribunal Supremo, cuyos otros miembros decidieron cumplir con la premisa de no contestar los cargos que les imputaron.

Qué dijo Rosatti

En un escrito de 70 fojas, el titular de la Corte refuta todas las imputaciones y recuerda que ese tribunal “cumplió en tiempo oportuno todos y cada uno de los requerimientos formulados por la Comisión de Juicio Político”. En ese sentido detalla que la Corte respondió la totalidad de los pedidos de informes y acompañó más de 75 cuerpos de documentación solicitada, equivalentes a unas 15.000 fojas aproximadamente.

Recuerda a su vez, entre otras cosas, que “todos los empleados y funcionarios del Tribunal que fueron citados a declarar como testigos cumplieron con su deber legal”.

Rosatti le adjudica al trabajo hecho por los diputados “vicios de procedimiento”. “Irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho en defensa de juicio”. A su entender, “la gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado –de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda”. Por eso anticipa que se reserva la posibilidad e interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que le asistan.

Al hacer referencia a las irregularidades, cita que “no existe correlación entre las imputaciones y las pruebas ofrecidas. Hechos y pruebas se presentan disociados, resultando imposible determinar cuáles son las pruebas con las que se pretende acreditar cada uno de los hechos”.

Agrega que “muchos de los cargos formulados por la comisión carecen de las precisiones mínimas como para conocer los hechos que se imputan y sus fundamentos”.

Cuenta Rosatti que se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando “ello resultaba ineludible”. Pone el ejemplo de que se solicitó el acceso a contactos y comunicaciones privadas y videos de eventos privados. “Este tipo de requerimientos, aun cuando no fueran admitidos, pudo generar un temor fundado de violación del derecho a la intimidad de las personas involucradas, que en muchos casos fueron citadas a declarar como testigos”.

Entre otras cosas, alerta Rosatti que “se requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal”.

Asimismo “se incorporó prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal”, en referencia a los chats producto de hackeo, considerados por la justicia como “ilegales”.

“Se formularon cargos basados en esa prueba y fue además utilizada para interrogar a testigos, generando un efecto claramente intimidatorio”, agrega el juez, precisando que se les imputó a testigos la comisión de delitos o de infracciones legales y/o reglamentarias, lo  que interpreta como “violación del principio de presunción de inocencia”, y se los interrogó sobre esos hechos –es decir, sobre hechos que podrían incriminarlos- cuando estaban declarando bajo juramento de decir la verdad. Lo cual es una violación del derecho a no declarar contra sí mismo.

Por otra parte se le hizo saber a testigos que serían denunciados penalmente por supuesta reticencia o falso testimonio, desconociendo la invocación de garantías o reparos legales por parte de los propios testigos.

Para Rosatti, “se sometió a testigos a un trato hostil y se los descalificó tanto personal como profesionalmente”. Además, “se formularon preguntas inadmisibles por ser capciosas, confusas,  imprecisas, comprensivas de más de un hecho, por estar precedidas de comentarios insidiosos o de afirmaciones falsas, o por indagar acerca de opiniones, colocando al testigo en el lugar de experto o perito”.

Tras esos y otros elementos para desechar los cargos, a continuación Rosatti efectúa un descargo sobre cada una de las causas que le fueron imputadas.

Sobre el final, el juez considera haber respondido “todos y cada uno de los cargos formulados, y en razón de los argumentos allí expuestos, corresponde declarar la improcedencia de los pedidos de juicio político y disponer el archivo de las actuaciones”.

Sostiene que el trámite seguido en ese sumario “ha convertido a un mecanismo constitucionalmente idóneo en un proceso teñido de irregularidades”. Y además advierte que “a los vicios sumariamente descriptos” se le suma “el inesperado final de este procedimiento, concretado en la víspera de una renovación legislativa”. Para Rosatti, “tan abrupto fue el cierre de la investigación que quedaron sin ser tratados algunos de los cargos formulados por la propia comisión y estando pendiente la producción de prueba ordenada respecto de cargos que sí fueron abordados”.

Sostiene que “los cargos formulados evidencian por un lado que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la comisión, y por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite”.

Concluye afirmando que “el juicio político ha pretendido infructuosamente afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular. Y digo ‘infructuosamente’ porque la tramitación de este proceso acusatorio no afectó el normal funcionamiento de la Corte que presido, que celebró puntualmente sus acuerdos semanales, tramitó centenares de expedientes, emitió un número de sentencias superior al promedio anual de los últimos 10 años y, fundamentalmente, resolvió con autonomía de criterio cuestiones de alto impacto institucional y social”.

El descargo de Rozenkrantz

“He refutado con toda precisión y el detalle que esta etapa preliminar del procedimiento permite los cargos provisorios que fueran formulados por la mayoría de la Comisión de Juicio Político”, señala por su parte el juez Carlos Rozenkrantz al cabo de otro extenso documento, donde sostiene que “el desarrollo de las respuestas evidencia, con toda claridad, la ausencia absoluta de fundamentos de los cargos provisorios formulados y la consiguiente improcedencia del procedimiento que se pretende llevar adelante. Muestra, además, el intento de utilización de una facultad constitucional ideada para defender la República para la persecución de una finalidad completamente ajena al objetivo buscado por los constituyentes de 1853 y 1994: preservar el equilibrio propio de la separación de poderes”.

Por el contrario, continúa el juez, “esta es una instancia más de una historia desafortunadamente rica en intentos de la rama con atribuciones de control de condicionar, neutralizar o directamente cooptar al Poder Judicial de la Nación y, en especial, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicten sentencias que, con independencia de su ajuste al derecho vigente, satisfagan las preferencias ideológicas y las necesidades políticas de las mayorías circunstanciales de una comisión de una de las cámara del Congreso de la Nación”.

Sostiene Rozentrantz que “las consecuencias institucionales, morales y políticas de estas desviaciones están a la vista. Los esfuerzos que, desde hace cuarenta años, el pueblo argentino viene llevando adelante para reconstruir instituciones democráticas y republicanas sólidas y perdurables se ven seriamente perjudicados por intentos como el representado por este procedimiento”.

Para Rozenkrantz, “algunos de los cargos que formula la comisión se basan, es cierto, en hechos y datos concretos y objetivos. Pero es ostensible que no constituyen irregularidad alguna, ni ética ni legal ni de ninguna clase. Otros cargos se basan en interpretaciones o valoraciones de algunos hechos o datos. Pero son interpretaciones o valoraciones que no han sido justificadas en modo alguno o son directamente erróneas y carentes del más mínimo rigor jurídico. Por último, hay cargos que vinculan esos hechos, datos o interpretaciones para construir una suerte de relato o novela de asociación libre para atribuirme inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”.

“Lo que está en juego no es menor. Y no tiene que ver exclusivamente con mi permanencia en la Corte como uno de sus magistrados. Tiene que ver con el funcionamiento del sistema republicano. Pues este procedimiento apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Esto pone en cuestión la independencia de todos los jueces de la República y constituye un ataque frontal a la separación de poderes. Es, además, una afrenta a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”, considera el vicepresidente de la Corte.

Se mantiene firme la fecha del 7 de noviembre para continuar el juicio a la Corte

Aunque aún no está convocada oficialmente, fuentes de la comisión aseguraron a este medio que el cronograma del proceso contra los integrantes del Tribunal Supremo no han sido alterados.

Fuentes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados negaron versiones que daban cuenta de una postergación de las actividades de la misma en relación al proceso que se sigue contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Los últimos días circuló fuerte una especie según la cual la continuidad del juicio se postergaría hasta después del balotaje del 19 de noviembre.

“No sé de dónde salió eso”, relativizó una fuente consultada por parlamentario.com, que de momento dejó firme la reunión prevista para el 7 de noviembre próximo. Cabe recordar al respecto el cronograma de actividades relacionadas con la parte final del juicio político que se sustancia contra los integrantes de la Corte desde el 26 de enero de este año. El pasado 19 de octubre se remitieron a los cuatro integrantes del Tribunal Superior las notificaciones con los cargos provisorios elaborados tras las 24 audiencias realizadas a lo largo del año. Los magistrados tienen hasta este jueves 2 de noviembre tiempo para realizar su descargo, cosa que no ha sucedido hasta el presente. En ese caso, podrán hacerlo personalmente el próximo martes 7 de noviembre.

Esa es la fecha prevista para la próxima reunión de la comisión, que se mantiene firme a la espera de que ese día pueda hacerse presente alguno de los magistrados, cosa que en realidad nadie imagina que sucederá.

Cabe destacar además que esta semana los miembros de la Coalición Cívica más activos en esta comisión, Juan Manuel López y Paula Oliveto, pidieron ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Ricardo Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado contra un integrante de la Corte. En la última reunión, realizada el 11 de octubre, faltaron los testigos que habían pedido desde espacio para esa causa: el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; Gustavo Francisco Tita; Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, y Adrián Walter Miretti.

Más allá de eso, la intención del oficialismo es dictaminar, lo cual debería suceder en una reunión posterior a la del martes 7, que tendría que realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese día es el último previsto para actividades de las comisiones. El artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones “solo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos”.

Las versiones a las que tuvo acceso parlamentario.com daban cuenta de un posible interés del propio candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para que el juicio político fuera postergado para después de la elección. Esto fue inmediatamente relacionado por muchos con declaraciones del titular de la Corte, Horacio Rosatti, a favor de un “gobierno de unidad”, propuesta impulsada en campaña por el candidato de UP. En cualquier caso y para que eso sucediera, debería haber una ampliación de ordinarias, de modo tal de que las comisiones pudieran seguir funcionando al menos hasta fin de mes. Como sea, la intención de los miembros del Frente de Todos es emitir los dictámenes correspondientes para cada uno de los miembros de la Corte, sin llevar los mismos al recinto, donde el oficialismo actual no tiene los 2/3 necesarios para aprobarlos. Sí tiene los votos para dejarlos listos y vigentes para los próximos tres años, y eso es lo que se propone hacer.

El oficialismo votó el traslado de los cargos a los jueces de la Corte

Se trata de las resoluciones a través de la cuales se los cita para darles la oportunidad de descargo por las causas 2×1, Coparticipación y Consejo de la Magistratura. Ninguno de los cuatro testigos citados para la reunión compareció.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), se reunió este miércoles con el propósito de continuar con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para el encuentro estaba previsto el testimonio de cuatro testigos, pero ninguno de ellos compareció y justificaron sus inasistencias. Por otro lado, el oficialismo votó favorablemente el traslado de los cargos a los jueces por lo que se los citará para que puedan realizar su descargo.

“No estamos teniendo testigos para la audiencia testimonial programada para el día de la fecha”, explicó Gaillard y continuó: “Luego vamos a pasar a considerar los cargos formulados por la presidencia respecto de cada uno de los jueces de la Corte en las distintas causales que se han investigado”.

La titular de la comisión informó que “a tal efecto la presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”.

Las resoluciones que disponen “las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” corresponde a tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Vale reiterar que todavía no se trata de los dictámenes de acusación y tendrán 10 días hábiles para hacer el descargo que pueden hacer por escrito o presencial. En este último caso, la titular de la comisión informó que le darán fecha el 7 de noviembre y 17 de noviembre “estaríamos dictaminando”.

Además, Gaillard informó: “Vamos a dar traslado esta tarde al informe de Obra Social que habíamos ya votado enviárselo al juzgado del Dr. Lijo, es el resumen de la investigación de irregularidades de Obra Social”.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

La ausencia de testigos y la palabra de los diputados

En la tarde de este miércoles, estaba previsto continuar con la causal “abuso de poder”, cuyo último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz. Los testigos habían sido solicitados por la Coalición Cívica que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Eran cuatro los citados a prestar declaración: Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti. Sin embargo, ninguno de ellos asistió y justificaron sus inasistencias.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, responsabilizó al juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por la ausencia de los testigos en la reunión de esta tarde: “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones y llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”.

En el marco de la denuncia que la Coalición Cívica – ARI realizó contra Lorenzetti por “abuso de poder”, el jefe de bancada del espacio liderado por Elisa Carrió cuestionó que se haya dejado para el final, pero advirtió: “Nos motiva construir un sistema judicial independiente, no hay nada personal y queremos trabajar sobre temas pendientes de nuestro país”.

“Hablando de presiones, citamos al testigo Adrián Walter Miretti, apoderado de la Mutual Pyme Rural porque llamó la atención que en 2016 y 2017 cambiaban cheques con distintos clubes de futbol y en la causa Futbol Para Todos, apareció esta mutual”, relató López.

Del mismo modo, siguió: “Saben quién era el socio? El doctor Ricardo Lorenzetti y varios miembros de su familia”, y amplió: “se asociaron todos juntos el mismo día a la mutual”.

A su vez, el diputado López acusó que “desde la mutual se hicieron presentaciones para que no avance la causa alegando enemistad entre la jueza María Servini de Cubría y el juez de la Corte Lorenzetti”. “Para nosotros fue sospechoso porque a Servini le sacaron el expediente y no se supo más nada”, aseveró.

Tras ello, enumeró un sinfín de críticas contra el Poder Judicial: “Sucede mucho en Comodoro Py eso de que hay causas que desaparecen por influencias y abusos de poder que ocurren y nuestra justicia abusa de la impunidad porque nunca más supimos de Pyme Rural”.

Por último, el jefe de bancada de la CC – AR citó a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Cuando salió su sentencia dijo que era la única tonta condenada que, si bien estoy de acuerdo con su condena, no es la única que debe ser condenada o se merece un proceso penal”.

Luego, la diputada nacional Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – ARI) habló de Gustavo Francisco Tita, quien se ausentó a la reunión de Comisión de Juicio Político de este martes, pero mandó un escrito justificando su ausencia: “Fue socio comercial de Lorenzetti y fue quien afirmó que el juez de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo Pablo Lorenzetti, que también es miembro del Poder Judicial”.

Del mismo modo, Oliveto añadió que “además Tita dijo que Lorenzetti fue asesor legal de una de las prestadoras con conexión con Víctor Alderete del PAMI menemista, con quien armaba sociedades donde se quedaban con el dinero de obras sociales y ahí se puede entender el incremento patrimonial de un juez tiene una vida ostentosa que no condice con sus honorarios”.

“(Héctor) Marchi y el socio comercial de Lorenzetti no quieren venir a dar la cara y durante años los hemos denunciado”, señaló la legisladora. Además, disparó contra el oficialismo: “Me da tristeza que gente de Unión por la Patria, habla con Lorenzetti para zafarlo de una situación”.

En tal sentido, agregó: “Venimos denunciando esta situación para que a través de sus personas de confianza hablen de como administró y gestionó con la mega secretaría que tenía Héctor Marchi y con la que condicionaba al poder judicial de Santa Fe para hacer zafar a sus socios económicos y comerciales”.

Por último, señaló que “estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer”, y relató que “hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice ‘acá estoy’ y te dice ‘fíjate lo que soy y fíjate de qué lado estas vos’”.

Un repaso del trabajo de la comisión

Gaillard le respondió que “este proceso se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” y le aclaró que están incluidos en el trámite “todos los pedidos de juicio político y se ha determinado audiencias por cada una de las temáticas y, en ese sentido, voy a hacer un racconto antes de pasar a las resoluciones”.

Así la oficialista relató que la comisión comenzó a tratar los proyectos de pedido de juicio político contra los jueces de la Corte en fecha de 26 de enero del 2023 y el jueves 2 de febrero de 2023 “los presentantes asistieron con el propósito de resumir el contenido de sus correspondientes denuncias y tuvieron la oportunidad de explicar en el seno de la comisión ratificando las mismas mediante la suscripción de las actas respectivas. Allí vinieron los diputados y organizaciones de la sociedad civil que habían presentado pedidos y también los particulares”

“En al reunión de 9 de febrero se puso a consideración del pleno de la comisión la admisibilidad de las denuncias que es lo que establece el artículo 9 para determinar si hay o no sustento en las denuncias para comenzar la investigación y por mayoría simple se aprobó la resolución respectiva  disponiéndose en consecuencia la etapa informativa y la comunicación a los ministro de la Corte por el mal ejercicio de sus funciones”, relató y aclaró que fueron notificados de la etapa sumarial y que “tenían a su disposición todas las actuaciones”.

Así siguió relatando que el 13 de febrero la comisión notificó a los magistrados denunciados sobre el inicio de las actuaciones sumariales sin perjuicio de la citación prevista en el artículo 13 del Reglamento de la comisión. Declarada la admisibilidad de las denuncias se abrió la etapa sumarial organizando la investigación por causales, unificando los que tenían mismo objeto”.

“En tal sentido se acordó investigar la causal uno beneficios a genocidas bajo la hipótesis de que habrían tenido una vinculación y comenzó el 21 de marzo sobre la base de pedido de juicio político presentados por Vanesa Siley, Eduardo Valdés y por iniciativa particular de la Asociación Americana de Juristas, entre otros”, precisó Gaillard y resumió que en dicha causal 2×1 se realizaron dos audiencias testimoniales. Agotadas las instancias sumariales, la oficialista narró que procedieron a realizar “el informe correspondiente con el resumen de la investigación donde se sugieren los cargos que vamos a presentar a cada uno de los jueces”.

Sobre la causal dos de “Irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación” la investigación se inició el 18 de abril cuyas iniciativas de pedido de juicio político fueron pedidas por Eduardo Valdés, María Rosa Martínez e iniciativas particulares. En las testimoniales expusieron 23 testigos.

Respecto de la causa tres sobre el fallo Coparticipación a CABA, Gaillard contó que la investigación comenzó el 15 de junio bajo los expedientes de Eduardo Valdés y la senadora Juliana Di Tullio. Se realizaron cinco audiencias testimoniales para “recibir declaraciones que se realizaron entre el 6 de julio y 29 de agosto”.

“Luego nos abocamos a la causa Consejo de la Magistratura motivada en el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación comenzó el 23 de febrero se inició la investigación por cooptación del Consejo. Se desarrollaron 10 audiencias testimoniales donde declararon 16 testigos”, detalló la entrerriana y agregó: “Pasamos a abrir la etapa sumarial de abuso de poder donde se investiga la falta de excusación de Rosenkrantz en causas donde fueron parte sus exclientes y acciones del doctor Lorenzetti que serían abuso de poder. Se inició la investigación comenzó el 3 de octubre con base en los pedidos de juicio político de Oliveto Lago y asistieron cuatro testigos”.

Así, Gaillard señaló que “se han llevado adelante en total 23 reuniones de juicio político a la que han comparecido hasta la fecha 65 testigos. Nosotros avanzamos en la investigación de todos los pedidos de juicio político, no hicimos ningún tipo de discriminación respecto a tal o cual juez de la Corte. Se hizo toda la presentación de prueba para evitar suspicacia, no se dejó de elaborar pruebas”, y agradeció la presencia de la oposición en cada reunión para que se “Trabaje de manera transparente, con objetividad”.

A partir de las exposiciones de los diputados de la CC- ARI, la diputada nacional Vanesa Siley (FdT) aclaró cuatro cuestiones: “En primer lugar, el tema obra social, se votó el 15 de junio sobre las responsabilidades de los demás miembros de la Corte y JxC no quiso integrar la subcomisión que se ideó”. “No desprestigien todo lo que se hizo seriamente”, lanzó.

Luego, la integrante del Consejo de la Magistratura, en contraposición a Oliveto, recordó que “Marchi vino en abril y mayo, pero Oliveto no pudo venir en mayo no le pasó las preguntas a un compañero”. También, sostuvo que “se vota el artículo 13 (otorga el derecho a voz de los acusados durante el proceso de investigación y es el Senado quien juzga) del reglamento sobre el traslado de los cargos”, y concluyó que “la presidencia de la comisión circuló los informes de la investigación para que cada uno lo tenga con tiempo”.

Tomó la palabra otra vez López quien le aclaró a la diputada preopinante que Marchi vino por otra causa y “nosotros lo estamos convocando por otras causales porque fue 18 años administrador general de la Corte y cuando vino nos contó cualquier cosa, no nos contestó nuestras preguntas”.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, sugirió que después de la lectura de los cargos, se informe lo que se va a remitir a cada uno de los jueces, y consideró: “Así como Oliveto puede hacer mención de las cosas que no generaron satisfacción en determinado testimonio, recordemos que Silvio Robles vino acá y nos tomó el pelo a todos”.

Después, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) recordó que “cuando iniciamos este juicio político el 26 de enero dijimos que estábamos ante una Corte Suprema donde sus cuatro miembros jugaban al truco con la Constitución”.

En su intervención, Álvaro González (Pro) señaló que el oficialismo llevó adelante lo que se propuso a principio de año porque “tenía la llave” y a lo largo de estos meses “para ustedes han avanzado en el entendimiento que van a poder proar el mal desempeño de los jueces de la Corte, para nosotros eso ahora está muy lejos de poder ser probado”.

Así, reflexionó: “Todo este año hemos discutido y puesto sobre la mesa con una reunión semanal, creo que es de las comisiones que más ha trabajado este año en el Congreso, pero el número es el número. A lo largo del año cada vez que hubo que discutir y votar el oficialismo nunca consiguió un solo voto más que el propio. Vamos a llegar a noviembre para sacar dos despachos y para que quede, después de un año esto no ayudó a la estabilidad política del país, en un despacho ¿en qué momento irá al recinto? será el trabajo de una comisión que quedará en despachos durmiendo el sueño. Todos sabemos que esto no va a llegar al recinto y se juntara la mayoría que se necesita”.

En tanto, el jurista Pablo Tonelli (Pro) expresó que “las pruebas que surgieron estos meses no me demostraron que haya motivos para enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte. Todo lo que vi, escuché y leí me ha afirmado de la tarea de la comisión en el sentido de que no había motivos y esto era un embate contra la Corte”.

“Había dudas sobre avanzar porque estamos hablando de un tema no menor, pero sí las había, me parece que se han sumado muchísimos argumentos para avanzar”, indicó Moreau y afirmó que “hago propias las palabras de Oliveto respecto a lo que significaba meterse con el poder real”.

A su turno, Eduardo Valdés (FdT) expresó: “Me tocó ser quien acusó y le digo a Toniolli que lo que disparó el juicio fueron las conversaciones entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles porque había pasado tiempo de lo de coparticipación y en ese clima decidimos empezar, no fue por una sentencia”.

Del mismo modo, sumó que “ha tenido para nosotros un costo por meternos con el poder real porque tienen los instrumentos para hacer sentir su poder y me lo hicieron sentir a mi cuando se metieron con mi familia en un importante diario de la Argentina”. “Ojalá podamos lograrlo para lograr un mejor funcionamiento de la República y tenemos la tranquilidad de que fue una decisión acertada iniciar este juicio político”, cerró.

La 24° reunión de la Comisión de Juicio Político

Una nueva jornada de la comisión que desarrolla un proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Se votaron resoluciones contra los denunciados.

Se publicó el decreto de designación de Figueroa

Al oficializar a través del Boletín Oficial la firma del presidente de la Nación, queda abierto el conflicto de poderes planteado a partir de la votación del Senado de hace una semana.

El decreto 502/2023 oficializó este miércoles lo suscripto por el presidente Alberto Fernández sobre la jueza Ana María Figueroa. El texto refiere al acuerdo prestado por el Senado de la Nación, “y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional” es que el mandatario nombra “por el término de cinco años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013”.

Ese es el texto del decreto que fundamentalmente abre a partir de ahora un conflicto de poderes entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, que hace algunas semanas había dispuesto el cese de funciones de la jueza, que el pasado 8 de agosto cumplió 75 años de edad y no había recibido para entonces la habilitación de una prórroga a través del Senado de la Nación.

Eso llegó el jueves pasado a través de una votación que terminó empatada en 35 votos y que fue desempatada por el voto de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

“Abuso de poder”: con cuatro testigos citados, la Comisión de Juicio Político debatió la causa contra Rosenkrantz

El FdT puso a consideración 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y “favoreció a exclientes”, pero JxC planteó que esa condición “no basta para provocar recusación ni excusación”. También evaluaron los pedidos de honorarios por parte del funcionario judicial.

La Comisión de Juicio Político de Diputados que preside la entrerriana Carolina Gaillard retomó este martes las audiencias en el proceso que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema. En esta ocasión, comenzaron el debate de la causal “abuso de poder” con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Se analizaron puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes. El segundo cargo evaluado fue el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.

De los cinco testigos convocados, participaron cuatro: el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape; el periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna; Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema; y Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único convocado que no asistió según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.

Antes de comenzar con la ronda de testigos, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, explicó la causal de “abuso de poder” que se le atribuye a Carlos Rosenkrantz, por “la falta de excusación en causas de sus exclientes”. “Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus exclientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló.

“Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía, no referimos a PyMEs, asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la oficialista.

También informó que la segunda hipótesis de esta causal tiene que ver con “honorarios millonarios” reclamados por Rosenkrantz, “por la suma de 18 mil millones de pesos” en la causa que patrocinó a Santa Fe por la quita de recursos coparticipables; mientras que la tercera tiene que ver con la recusación que le formularon en la causa Tabacalera Sarandí.

Por otro lado, el oficialismo avanzó hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas.

Además, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 10 en la que tratarán la causa de la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti, se citarán a los testigos.

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Los testimonios

Primer testigo de la jornada, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N°7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, asistió por segunda vez, ya que había declarado en la comisión el 7 de marzo pasado. Consultado por el diputado Leopoldo Moreau sobre si en su función anterior como fiscal general adjunto de la Procuración “alguna vez le tocó recusar a algún ministro de la Corte porque una causa involucraba a un excliente de un ministro”, respondió: “Cuando trabajé en la Procuración General de la Nación no tenía firma, no recusaba a nadie y no recuerdo haber trabajado en ningún expediente de ese tipo”. “Creo que, a cada ministro, a cada juez, le corresponde -como le parezca- excusarse”, dijo. 

El oficialista lo interrogó sobre si “conocía el listado de los exclientes del doctor Rosenkrantz”, a lo que el funcionario judicial afirmó que él sabía “que había presentado ante el Senado una lista, pero esa lista yo no la tengo presente”. “Tengo entendido que además del Senado, como corresponde, el doctor Rosenkrantz circuló una lista de sus exclientes entre las demás vocalías, porque si no quedaría al arbitrio de él decidir en cada caso si se excusaba o no”, reveló.

“¿Alguna vez recibió de algún ministro una nota comentando que dejaba de excusarse por haber transcurrido más de cinco años desde que asumió?”, preguntó Moreau, a lo que Naveira de Casanova contestó que desde que él trabaja en Corte, año 2018, no recibió “otra nota así”.

En su intervención, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que “respecto de las posibilidades que un juez se aparte en un expediente y no opine, no vote, son dos: una, que sea por impulso de alguna de las partes que actúe en la causa y lo recuse, con motivos; y la otra es que el juez decida excusarse porque él entiende que hay motivos para hacerlo”.

Y defendió que haya sido de cinco años “el plazo a partir del cual el doctor Rosenkrantz entendió que ya no correspondía excusarse en causas en que intervinieran exclientes, no de él personales, sino del estudio en el que había trabajado”. “No puede ser que pasen 30 años y el juez tenga que seguir excusándose”, enfatizó y señaló que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública “establece que esa obligación de excusarse cesa transcurridos tres años”.

“Es absolutamente lógico, natural, razonable y sensato que un impedimento de esa naturaleza cese en algún momento. La Ley de Ética habla de tres años, el juez Rosenkrantz eligió esperar cinco. Está muy claro que no puede mantenerse para siempre semejante prohibición”, insistió.

Para Moreau, la aclaración de Tonelli “confirma la arbitrariedad de la decisión del doctor Rosenkrantz”, quien tomó “una decisión individual y arbitraria” e “inventó una norma”, cuestionó. “Le imputamos un mal comportamiento desde el punto de vista ético y la pérdida de imparcialidad. Se autoimpuso un plazo que de ninguna manera existe en normas vinculadas al funcionamiento de la Corte Suprema. Él no apeló a la Ley de Ética Pública, el plazo lo impuso él a su propio arbitrio”, subrayó el oficialista.

Por su parte, el presidente de la CC-ARI, Juan Manuel López, consideró que “no hubo nada irregular en la decisión y en la nota, porque aparte lo hace público a todos sus colegas, de que iba a empezar a intervenir pasados cinco años en las causas en las que el estudio que perteneció patrocinó a alguna de las partes”.

“A mí modo de ver tuvo un exceso de restricción en la decisión de no intervenir”, opinó y recordó que para ser juez de la Corte “tenes que haber sido abogado y ejercido ocho años” y para eso “se necesita haber tenido clientes”. Además, sobre la lista de sus exclientes, mencionó que la presentó por un decreto del año 2003, presidencia de Néstor Kirchner, que obligaba a los candidatos a jueces a exponer ese listado.

“La excusación es absolutamente potestativa del juez y no hay ninguna obligación de hacerlo. El plazo que dice el diputado Tonelli es el único que hay en la legislación argentina. No se auto legisló. Por eso nunca vamos a entender esta causal”, añadió.

En su testimonio, Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti declaró sobre la causal “Consejo de la Magistratura” por la que había sido citado el 21 de septiembre pasado, quien ingresó en 2021 a la vocalía, consideró que en la causa Colegio de Abogados “hubo legitimación” y que no tuvo a la vista “ningún proyecto anterior, el primer trabajo fue el análisis de este tema y la consideración de la firma de Rosatti”.

FOTO: HCDN

Los periodistas

El periodista Ari Lijalad, quien fue citado por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape, luego de presentarse, la diputada oficialista Siley le preguntó por “diversas notas” publicadas sobre “las distintas intervenciones en causas que tuvo el ministro Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema en las cuales no se excusó de intervenir, pese a que en los casos algunas de las partes eran clientes suyos”, por lo que le pidió detallar el nombre de esos clientes que aparecieron en las notas periodísticas.

Lijalad explicó: “Lo que hice fue tomar el listado de exclientes y de ex sociedades donde Carlos Rosenkrantz declaró, sociedades donde había participado, y exclientes que tuvo en el estudio. En el listado constan esos clientes. También estaban en la página web del estudio Bouzat, pero cuando Rosenkrantz fue, primero nombrado por decreto, y después fue al Senado a tener sus audiencias, borraron ese listado, pero yo conservé una copia”.

“El trabajo que hice es bastante sencillo en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, puse el nombre de cada cliente que tuvo Rosenkrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de él, todo de fuentes públicas y abiertas. Anoté todos los casos donde aparecía un voto de Rosenkrantz vinculado a un excliente. Parecieron muchísimos”, explayó el periodista

Así, procedió a detallar algunos de ellos: “La última lista que hice eran 56 casos, había 3 fallos que involucraban a Telecom exclientes, 1 fallo que involucra a ARTEAR ambos del Grupo Clarín, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 que involucran a AMX que es la empresa Claro de telefonía, 3 que involucran a la provincia de Corrientes, 4 a la de Santa Fe, 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos de YPF, 5 al Supermercado Día, 1 del Grupo América, 1 de Piero y 1 de Polisur”.

“Todas las semanas miro los fallos de la Corte, porque es mi trabajo, y han aparecido más. Son todos fallos donde figura la firma de Rosenkrantz donde intervino con casos de exclientes”, denunció.

Siley le consultó en qué casos el titular de la Corte se exudó y en cuáles no. Al respecto, Lijalad recordó que la primera nota que publicó hace dos años fue porque Rosenkrantz giró una nota al resto de los miembros de la Corte en un caso de AMX Argentina contra la Dirección General de Aduana  donde les comunica que “iba a empezar a intervenir en causas de sus exclientes porque ya habían pasado cinco años de su asunción en la Corte”, en un breve comentario opinó que el Código Civil y Procesal  “no establece un plazo de caducidad del impedimento de un juez de intervenir en causas de sus exclientes y dice que eso es motivo de causal de mal desempeño”.

“Al tener esta nota, lo que vi primero es que Rosenkrantz avisó de algo que ya había hecho en 21 casos anteriores. No solo inventó esos plazos de cinco años, sino que tampoco lo cumplió porque hay 21 fallos anteriores en donde si intervino y corresponden a exclientes”, acusó el testigo y añadió que “sucede que con los mismos exclientes en algunas causas se excusa y en otras decide participar, lo vi mucho en las causas de Santa Fe que es una de sus grandes clientes. Hace excusaciones selectivas”.

Sobre la nota a los miembros de la Corte, Siley le pidió la opinión a Lijalad quien expresó: “Creo que estaban preparando el terreno para algo que vino después que fue la judicialización de otro caso de un gran excliente que es el Grupo Clarín vinculado a la regulación de las tarifas de las telecomunicaciones que fue frenado por medidas cautelares en peinera y segunda instancia. El Gobierno logró acceder a la Corte por el recurso de queja porque no le dieron el recurso extraordinario”.

“Esa causa se discute un decreto en el cual el Gobierno estableció que las telecomunicaciones son un servicio público en competencia y sus tarifas pueden ser reguladas por el Estado que Clarín judicializó para no cumplirlo y no lo cumple hasta el día de hoy por una complicidad de la Corte Suprema que no trata todo esto hace más de un año”, criticó y contó que el Estado recursó a Rosenkrantz para que no intervenga y resumió: “Estaban preparando un antecedente y una justificación para beneficiar al Grupo Clarín uno de los grandes exclientes de Rosenkrantz”.

A su turno, Tonelli le planteó que la mera condición de excliente no basta para la recusación o excusación y le consultó si en todos los casos que mencionó verificó si en la condición de excliente existen algunas de las otras condiciones que el Código Procesal exige para que procesa la recusación o excusación o si se basó en la mera condición de excliente del juez.

Lijalad le remarcó que entre los criterios está haber sido abogado y haber omitido opinión/ dictamen a la hora de las recomendaciones. “Está comprobado que son sus exclientes, que intervino, esos son datos. No hay garantía de imparcialidad porque es su excliente”, aseguró.

“De acuerdo con el Código Procesal la mera condición de excliente no basta para provocar recusación ni excusación, hace falta otros requisitos que el testigo no verificó”, cerró su postura Tonelli.

FOTO: HCDN

Rosenkrantz y su cliente Santa Fe

El diputado Leopoldo Moreau le pidió al testigo que explicara el monto que pidió el titular de la Corte sobre la regulación de sus honorarios del estudio respecto del caso de Santa Fe, a lo que el periodista aseguró no tener el monto exacto porque “lo tiene que definir la Corte, pero si no recuerdo mal es un porcentaje de la condena que era de 4 mil millones de pesos”.

De la vereda de enfrente, el radical Fernando Carbajal (Formosa) le solicitó que aclare por qué previamente consideró dicho pedido de Rosenkrantz como “irregular” que un abogado se presente en un expediente y pida la regulación de los honorarios. ¿Considera que debe renunciar a todos los honorarios percibidos en su profesión?, apuntó el formoseño. Lijalad precisó: “Rosenkrantz asumió en la Corte en 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedida honorarios en una causa de su excliente, resolvía una causa de su excliente, eso es lo que me parece irregular, no la regulación de honorarios”.

Carbajal le volvió a salir al cruce: “Vale la aclaración entonces porque no es lo que dijo anteriormente… si es incorrecto como usted dice que siga interviniendo en esa causa”, a lo que Lijalad agregó: “Continúa interviniendo en causas de ese excliente”, pero el radical recogió el guante y le enrostró que “no es más que un cliente particular, sino que es un estado provincial defendiendo la coparticipación federal. ¿Es cierto o no? Es un ente público defendiendo la coparticipación federal”.

De forma inmediata intervino el oficialista Rodolfo Tailhade quien aclaró que la sentencia es de más de 150 mil millones de pesos a favor de la provincia de Santa Fe y “el pedido de regulación de Rosenkrantz es de 18 mil millones de pesos que hasta ahora no ha sido discutido”.

El pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT) le pidió que ratificara al testigo si tenía información de que Rosenkrantz había intervenido en las causas de Santa Fe que llegaron a la Corte, ante la respuesta afirmativa del periodista, le consultó la cantidad de las mismas a lo que Lijalad le dijo que fueron cuatro y que “puede haber más”. Así, el oficialista apuntó contra JxC que “llevan adelante el rol de defensores del doctor Rosenkrantz”.

En su declaración, el periodista Juan Alonso, testificó por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe.

Según Alonso, “buscó revelar lo que, durante 14 y 15 años se litigó, entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional”. “Nunca se había dado a conocer el contrato original de la gestión del ex gobernador Binner con los estudios en cuestión de Rosenkrantz y Gil Lavedra, se publicó por primera vez en ese artículo”, contó y agregó: “Ratifico todo lo que dije en la nota en donde hago una cronología de esos sucesos, el contexto en el que se dio, por qué recurrieron al estudio privado”.

“En la nota están absolutamente todos los documentos esta el decreto de Binner con el cual designa a estos abogados privados para que litiguen en representación de Santa Fe en contra del Estado. Está la posición del entonces fiscal de Estado que avala lo realizado por el gobernador”, añadió a su relato.

“Hay un fallo de la Corte que le da la razón a la provincia, pero tiene que regular los honorarios de Rosenkrantz, que es, a la vez, juez de la Corte. Se da una situación, por lo menos, llamativa”, planteó Alonso y consideró que “hay un dilema ético allí”.

La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. “Se paga con un dinero que viene del Estado nacional”, señaló.

El periodista indicó que “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

“No te hagas el matoncito acá”, el picante comentario de Tailhade hacia un diputado radical

Mientras la Comisión de Juicio Político interrogaba al periodista Ali Lijalad, el diputado Fernando Carbajal le pidió que no diera sus opiniones sobre el accionar de Carlos Rosenkrantz en las causas de sus exclientes, y el diputado oficialista le salió al cruce.

Mientras la Comisión de Juicio Político de Diputados interrogaba al periodista Ali Lijalad respecto de sus notas de investigación sobre los “abusos de poder” por parte de Carlos Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema, en las causas de sus exclientes, los diputados Rodolfo Tailhade (FdT) y Fernando Carbajal (UCR) protagonizaron un picante cruce.

Luego de que el testigo afirmara que “no sabía que Rosenkrantz había intervenido a favor del represor Daniel Amelong para darle prisión domiciliaria vía acto administrativo” y brindara su posterior opinión al respecto, el radical Fernando Carbajal (Formosa) le pidió al testigo que se abstenga a los hechos en los cuales tenga conocimiento.

“Respeto que como periodista en términos de lo que puede ser una columna de opinión tiene el derecho a hacer las especulaciones y vacilaciones que son propias de la labor periodística, pero acá no esta haciendo una nota periodística, sino que está haciendo una declaración formal de carácter testimonial bajo juramento, por lo cual no es un espacio para la especulación ni para deducciones”, le planteó y agregó: “Lo tomo como un vicio profesional, pero le pido señora presidenta que le pida al testigo que diga lo que sabe y, si no sabe, no pueda responder y hacer especulaciones”.

Le salió al cruce el oficialista Rodolfo Tailhade: “Señora presidenta yo también le voy a pedir a usted que le diga al diputado Carbajal que no intimide a nadie, que no deje trascender que está mintiendo el testigo”, y le sugirió que “si considera que lo que dice el testigo no tiene valor en términos probatorios que lo ponga en un dictamen cuando terminemos las investigaciones”.

“Que no se haga el matoncito con el testigo”, lanzó a los gritos el oficialista, mientras que de la vereda de enfrente el formoseño lo chicaneó: “Tranquilizate Tailhade, tranquilízate”, y se dirigió a Lijalad: “Si se sintió intimidado con mis palabras y fue así le pido disculpas, no fue mi intención intimidar”, mientras que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, quería poner paños fríos a la situación, el radical le cuestionó por la actitud de Tailhade: “Pero si hace alusión y me acusa de matoncito y usted no le dice nada”.

Gaillard le aclaró que “las opiniones se tomarán como lo que son…”, pero Carbajal la interrumpió y le retrucó: “No, no perdón, pero nosotros no estamos para escuchar opiniones para eso vamos al Destape y lo leemos. La comisión lo cita para que declare por los hechos que sabe respecto de la información que percibió”.

En la reanudación del juicio político se espera una embestida contra Rosekrantz

Será este martes en el seno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que recibirá cinco testigos para comenzar a tratar la causal “abuso de poder”.

Tal cual se anticipó en la última reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, realizada el 21 de septiembre pasado, en la reanudación del proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia comenzará el debate sobre la causal “abuso de poder”.

Así será luego de que con las exposiciones de Graciana Peñafort y Jorge Rizzo de esa jornada se diera por agotado el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”. Así las cosas, comenzarán con el tema que incluye un pedido de juicio antiguo impulsado por la Coalición Cívica contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. Sin embargo desde ese espacio no han pedido testigos, así que se avanzará este martes a partir de las 13 con una causa similar que el oficialismo piensa instrumentar contra el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por su participación en causas que involucraron a exclientes suyos.

La citación correspondiente fue emitida el viernes pasado, convocando para este martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:

  • El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
  • El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
  • Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
  • Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
  • Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este último caso, Saggese había sido citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Por eso vuelve a ser citado y se verá qué decisión toman los diputados si esta vez vuelve a ausentarse.

El testimonio de los periodistas

En la nota de referencia del periodista Ari Lijalad, se alude a que el actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus exclientes “tal como marca la ley”. Allí sostiene que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos.

“Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país”, advierte el periodista, que alerta sobre “una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte”.

En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

3 fallos que involucran a Supercanal

2 fallos que involucran a AMX (Claro)

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

10 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

2 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

En la nota sobre la cual será indagado, se transcribe una declaración del 21 de octubre de 2021 en la que Rosenkrantz justifica su deicisón de intervenir en una causa que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz, que agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.

El otro periodista citado es Juan Alonso, quien será consultado por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados.

Según Alonso, “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

Con periodistas invitados, reanudan el martes el juicio político a los miembros de la Corte

La comisión que encabeza Carolina Gaillard fue convocada para las 13 con cinco testigos. Arranca el análisis de la causal “Abuso de poder”.

Tal cual había anticipado la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja el pasado 21 de septiembre -fecha de la última reunión de la misma-, en la reanudación del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia arrancarán ahora con otra de las causales del citado proceso. Esto es, la causa “Abuso de poder”, que incluye un pedido de juicio antiguo de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, y al que el Frente de Todos sumó una causa similar que para ellos amerita la relación de Carlos Rosenkrantz con sus exclientes.

Según pudo averiguar parlamentario.com, la citación correspondiente fue emitida este viernes, convocando para el martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:

  • El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
  • El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
  • Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
  • Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
  • Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este último caso, Saggese fue citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Seguramente si esta vez no se presenta se discutirá si se apela a un juez para intimarlo.

Para la causa contra Lorenzetti, desde la Coalición Cívica no hubo ninguna convocatoria, según pudo saberse.

Senadores piden a la Corte Suprema que resuelva la demanda de “inconstitucionalidad” de la reforma constitucional de Jujuy

El pedido fue realizado por el jujeño Guillermo Snopek y la salteña Nora del Valle Giménez para que la Comisión de Asuntos Constitucionales le de tratamiento a los proyectos referidos a “los atropellos del gobierno jujeño y del Poder Judicial”, y emita dictamen.

En la sesión de la Cámara alta de este jueves los senadores Guillermo Snopek (Unidad Federal – Jujuy) y Nora del Valle Giménez (FdT – Salta) presentaron una moción de preferencia para que se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto de comunicación de su autoría en el que solicitan a la Corte Suprema que resuelva la demanda presentada por el Estado Nacional sobre la “inconstitucionalidad” de la reforma constitucional de Jujuy.

Al hacer uso de la palabra, Snopek explicó que la iniciativa “pide una declaración de inconstitucionalidad a la acción establecida por el Estado Nacional contra la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, en lo cual el planteo que se realiza va en la inconstitucionalidad de las normas que ha sancionado la Convención Constituyente de la provincia contra los derechos internacionales, la organización internacional del trabajo, ya que restringe los derechos de los trabajadores con la nueva Constitución y traería inconvenientes al Estado Nacional”.

“También hace mención al criterio de justicia de la Nación al pedir la inconstitucionalidad de esta sanción, de esta nueva Constitución que se pretende instaurar y llevar adelante en la provincia con respecto al atropello a los pueblos originarios consagrados en la Constitución Nacional, ya que se quiere ir contra personas y pueblos que viven preexistentes a la Constitución del Estado y se quiere atropellar y pasar por arriba los derechos de los habitantes de la provincia”, denunció el jujeño.

Así, el titular del bloque Unidad Federal sostuvo que “este atropello que se quiere hacer con esta nueva Constitución también toca un derecho consagrado que es el derecho al agua porque tenemos tristemente que decir que desde Jujuy vino el Tercer Malón de La Paz y esta apostado frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva este planteo formulado por el Estado Nacional”.

“Pedimos que la Comisión de Asuntos Constitucioanles trate este proyecto de comunicación como muchos otros referidos a la provincia de Jujuy por los atropellos que viene haciendo el gobierno provincial y el Poder Judicial”, planteó.

En el mismo sentido, Del Valle Giménez solicitó una pronta resolución a la demanda de inconstitucionalidad presentada en forma personal por parte de la comunidad jujeña a la Corte de Justicia de la Nación.

“Frente a este reclamo por parte de los jujeños en condiciones de vulnerabilidad que han atravesado por situaciones de violenta represión en su tierra y viene en búsqueda de una respuesta de la justicia que es el único organismo que tiene competencia frente a esta problemática, por eso solicito el tratamiento de preferencia con dictamen de comisión”, cerró.

La gestión de Angelici para abortar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura

El expresidente de Boca fue mencionado por el abogado Jorge Rizzo en su presentación ante la Comisión de Juicio Político, donde contó cómo trabajó en la elaboración de un proyecto para evitar que la Corte tuviera que expedirse.

En su exposición ante los diputados, el abogado Jorge Rizzo contó que en 2017 trabajó en la elaboración de un proyecto para el Consejo de la Magistratura, a instancias de un “pedido” de la Corte Suprema de Justicia.

Ante los miembros de la Comisión de Juicio Político, Rizzo aclaró que no lo había llamado un ministro de la Corte, sino un asesor que le había expresado su preocupación ante la necesidad que tenían de emitir un fallo que no deseaban, por cuanto debía ser algo que hiciera la política. Eso fue lo que le pidieron: “si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”.

“Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.

En esa reunión participaron también, según recordó, el ministro Germán Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.

Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.

“Llegamos a un consenso entre todos, pero había un tema que era puntual”, dijo, en referencia a que él piensa que los legisladores no deben ser parte del Consejo de la Magistratura, sino poner representantes. “Por el tema del full time”, explicó, y puso como ejemplo que así es en el Consejo de la Magistratura porteño. Por eso confesó que hizo “una trampita” en el texto del proyecto que elaboraban, al poner “los legisladores o sus representanes”.

“Me llaman de la Corte y me dicen: ‘El proyecto está bien, pero no queremos estar’”, poniendo como justificativo lo que había sucedido con el ex miembro de la Corte Augusto Petracchi en 2004. Tampoco el doctor Carlos Fayt quería que estuviera la Corte representada en el Consejo de la Magistratura, contó Rizzo, con el argumento de que “convertía una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”.

Por eso en el texto que armaron no había miembros de la Corte. Allí también Tonelli insistió con el tema del impuesto a las Ganancias, recordó también Rizzo, para quien “trabajamos muy bien”, e incluso con los representantes kirchneristas había buena sintonía.

En ese marco Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a “un operador” que le dijo que “el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”. Rizzo contó entonces que apagó el teléfono y se mandó a mudar. “¿Para qué me hacen trabajar?”, se quejó. Luego reiteró que hablaba de “un operador”, cuyo nombre no recordaba. “¿Qué quieren que les diga? ¿Que fue (Daniel) Angelici?… Se los digo”.

La Corte convalidó la vigencia de la Ley del Arrepentido

Para el diputado Mario Negri, con ello “la impunidad del kirchnerismo cae en picada”.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes un planteo de inconstitucionalidad contra la denominada Ley del Arrepentido, con lo cual avaló la validez de la misma en un momento clave del desarrollo de la causa Cuadernos.

La decisión del Tribunal Superior fue por unanimidad, y a través de la misma se rechazó un planteo formulado por el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

El fallo suscripto por los cuatro miembros de la Corte rechaza el planteo de los abogados del exministro, Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, argumentando que no había sido dirigido “contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.

En los hechos, el fallo implica que la Causa Cuadernos llegará a juicio con los relatos de los arrepentidos -cuestionados por la mayoría de las defensas, incluso las de los propios arrepentidos- con valor probatorio.

Desde el Congreso, uno de los que celebró la decisión judicial fue el titular del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, quien tuiteó: “En 2016 Cambiemos sancionó la Ley del Arrepentido que sirvió para que empresarios aportaran pruebas en la megacausa de los ‘Cuadernos de la Corrupción’ de la obra pública. Hoy la Corte Suprema declaró que la ley es constitucional”.

“La impunidad del kirchnerismo cae en picada”, concluyó.

Juicio Político: arranca este jueves el debate sobre el Consejo de la Magistratura

Ya fueron cursadas las citaciones a tres testigos que deberán presentarse a partir de las 11, en la reanudación del debate del enjuiciamiento a los cuatro miembros del Tribunal Superior.

Con tres testigos citados, la Comisión de Juicio Político que preside la diputada entrerriana Carolina Gaillard reanudará este jueves el juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según pudo saberse, este 21 de septiembre la comisión comenzará a tratar los pedidos de juicio político relacionados con la causa “Consejo de la Magistratura”.

Por eso han sido citados Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; Jorge Gabriel Rizzo, expresidente del Colegio Público de abogados de la Capital Federal; y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema.

De tal manera, se dio por concluido entonces el análisis de la causa “Coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires”.

La última reunión de la Comisión de Juicio Político y que estuvo dedicada al tema coparticipación se llevó adelante el 29 de agosto pasado, con la presencia del exministro de Justicia porteño Marcelo D’Alessandro.

Para los senadores de JxC la acordada de la Corte a la jueza Figueroa “es un freno a la impunidad”

A través de un comunicado, el interbloque celebró la decisión del máximo tribunal y acusaron al kirchnerismo de “paralizar el Senado” y de “perjudicar el tratamiento de leyes que respondían a las demandas ciudadanas”.

El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar el cese de las funciones de la exjueza Ana María Figueroa y lo consideraron como “un freno a la impunidad para un país ordenado”.

Se trata de la funcionaria judicial debía votar en causas en las que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, está involucrada: Los Sauces y Hotesur. Había cumplido los 75 años de edad el pasado 8 de agosto y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo, por eso el oficialismo en el Senado intentó en varias ocasiones prorrogar su pliego a través de un pedido del Poder Ejecutivo, pero nunca logró el quórum.

“Conforme venimos sosteniendo desde el 9 de agosto, el pliego de la ahora exjueza Figueroa no podía ser tratado ni aprobado por haber cumplido el límite máximo de edad previsto por la Constitución Nacional”, resaltaron en el comunicado desde JxC.

Además, consideraron que la Corte Suprema “no hizo más que ratificar la vigencia de la Constitución, sin privilegios para ningún magistrado ni beneficios para ningún político”, y remarcaron que desde el interbloque “siempre estuvimos firmes en la postura de no validar un espacio de impunidad para la vicepresidenta de la Nación”.

“Durante estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado. Eso perjudicó el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas”, apuntaron y pidieron al oficialismo que “dejen de lado las pretensiones particulares y se anime a debatir medidas que aporten soluciones”.

La Corte Suprema le bajó el pulgar a la jueza Figueroa

A través de una acordada, el Tribunal Superior dispuso que la magistrada debe dejar su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.

Finalmente concluyó la novela que se había armado en torno a la continuidad o no de la jueza Ana María Figueroa, cuya permanencia en la Cámara de Casación había sido solicitada por el presidente de la Nación, pero sin que el Senado alcanzara a aprobarlo.

Figueroa cumplió el pasado 8 de agosto 75 años y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo. Solo podría haber continuado si prosperaba un pedido de prórroga expresado desde el Poder Ejecutivo Nacional, pero ante la falta de su aprobación en el Senado finalmente intervino la Corte Suprema de Justicia, que dio por concluido el tema: por unanimidad de sus cuatro miembros, se determinó que Figueroa debe dejar el cargo.

La situación de Figueroa había generado un verdadero parate en la Cámara alta, ya que el  oficialismo no podía conseguir quórum para sesionar y allí votar la aprobación de su pliego.

Cabe recordar que la jueza, considerada como cercana al kirchnerismo, debía votar en causas en las que la presidenta del Senado está involucrada: Los Sauces y Hotesur.

En el fallo suscripto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se estableció que Figueroa ha cesado en sus funciones desde “el 9 de agosto del corriente año”, precisamente el día después de haber cumplido 75 años. Así lo hace saber la Corte al Consejo de la Magistratura “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias”.

La Corte expresó que “al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.

Agrega el fallo que “la doctora Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió 75 años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.

En su resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece finalmente estos tres puntos:

1°) Declarar que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional.

2°) Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto en la presente a fin de que adopte las medidas que estime necesarias.

3°) Notificar lo aquí decidido a la Cámara Federal de Casación Penal.

5084.2023

Cómo sigue el juicio político a los miembros de la Corte

Concluirá en la próxima reunión el análisis de la causa “coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires”. Con cuál tema continuarán.

Se reanudó este martes el debate del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, tras el receso obligado por las elecciones primarias. Ahora habrá otro impasse, pues no se reunirá la comisión la próxima semana.

Así lo anunció su titular, Carolina Gaillard, quien precisó que el próximo encuentro será la semana siguiente, para luego dejar establecida la fecha: el martes 12 de septiembre, a las 13. En vísperas de la que podría ser una sesión especial convocada por el oficialismo para tratar una serie de proyectos que acaban de ser dictaminados o están a punto de estarlo.

En esa oportunidad se espera concluir con la causa “coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, para arrancar –tal vez esa misma jornada- con la causal “Consejo de la Magistratura”. Luego de ese tema, según se anticipó, avanzarán con el tema de la suspensión de elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, dispuestas por el Tribunal Supremo.

Hasta ahora se realizaron cinco reuniones relacionadas con el tema coparticipación. Originalmente se había previsto que fueran por lo menos cuatro.

Se reanuda el juicio político, con una esperada visita: Marcelo D’Alessandro

A partir de las 13, se espera la presencia del exministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para atestiguar, lo mismo que Gabriel Astarloa y Federico De Lorenzo.

Tras el parate impuesto por las elecciones primarias, la Comisión de Juicio Político reanuda este martes su agenda, con la presencia de tres testigos clave, en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El exministro de Justicia y Seguridad  porteña, Marcelo D’Alessandro ha sido citado por tercera vez, esta vez citado bajo apercibimiento y luego de haberle dado la intervención a un juez competente para que el exfuncionario comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista, que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

La Corte Suprema le ordenó al Congreso brindar información sobre el concurso para la Defensoría de los Derechos del Niño

La Cámara en lo Contencioso Administrativo ya había emitido la orden. la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene 10 días para entregar la información solicitada.

La Corte Suprema de Justicia le ordenó al Congreso de la Nación que brinde toda la información publicada vinculada con el concurso para cubrir el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La ordenanza surge a partir de un reclamo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que apeló al derecho al acceso a la información pública vigente en la legislación nacional.

Ambas cámaras presentaron apelaciones contra un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ya había ordenado la entrega de la información, pero desde el máximo tribunal de justicia reafirmaron la orden.

La información en cuestión es administrada por la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esencialmente “los exámenes de los participantes que habían rendido prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes que se estaba llevando a cabo para cubrir el cargo”.

La Bicameral había rechazado el planteo por entender que “comprometía los derechos e intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial y, además, se hallaba amparada por el secreto profesional”.

Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó que permitiera “el acceso a copia íntegra de todos los exámenes de los candidatos que rindieron la prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes, del 28 de setiembre de 2018, corregidos y con sus respectivas notas, identificando en cada caso a los postulantes autores de cada uno de ellos”.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispondrá de diez días para entregar la información solicitada.

La Comisión de Juicio Político citó por tercera vez a Marcelo D’Alessandro a testificar

El FdT convocó a la comisión a reunirse el martes 29 a las 13. También reiteraron la convocatoria a declarar a Gabriel Astarloa y Federico De Lorenzo.

La Comisión de Juicio Político reanudará su agenda el próximo martes 29 de agosto a las 13 a la cual se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.

Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

Se reprogramó la reunión de la Comisión de Juicio Político a la que fue citado Marcelo D’Alessandro

El FdT convocó a la comisión a reunirse el martes 29 a las 13. También reiteraron la convocatoria a declarar a Gabriel Astarloa y Federico De Lorenzo.

comision juicio politico 15 junio 2023

Se reprogramó la convocatoria a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que estaba citada en un principio para el martes 22, pero será el próximo 29 de agosto. Para ese día se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.

Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

Juicio Político: Ninguno de los cuatro testigos citados se presentaron ante la comisión

La oposición pegó el faltazo al igual que Marcelo D’Alessandro, quien pidió otra vez postergar su testimonio. El oficialismo solicitó a la Corte Suprema que adopte medidas contra Silvio Robles por falso testimonio.

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner pidió a la Corte la nulidad del expediente y que se sumen pericias

La presentación fue realizada por la defensa de la vicepresidenta en la que solicitaron que evalúen los nuevos informes que ratifican que los cuadernos fueron adulterados, pero el máximo tribunal tiene a estudio un planteo de rechazo sobre ese elemento de prueba.

La defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, reiteró ante la Corte Suprema de Justicia su reclamo para que se declare la nulidad de la causa Cuadernos y pidió que sume al análisis de ese planteo copias de las pericias que determinaron alteraciones en los escritos del remisero Oscar Centeno.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito en el que solicitaron al máximo tribunal que le pida al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi una copia de esas pericias.

Se trata de pericias que el magistrado ordenó en el marco de la causa que investiga la denuncia de un empresario imputado en el caso, Armando Loson, sobre alteraciones, tachaduras y sobreescrituras a los cuadernos atribuidos a Centeno.

En el marco de la investigación se deprendieron dos trabajos, uno realizado por la división Scopometría de la Policía Federal y otro por expertos en lingüística de la UBA, la Universidad de Mar del Plata y el CONICET que constataron tachaduras, sobre escrituras y borrados en al menos tres de los ocho cuadernos.

Por este motivo, la defensa de la vicepresidenta aludió a la presencia de un “nuevo hecho”, en relación a estas pericias que detectaron alteraciones en base a copias de los cuadernos manuscritos atribuidos a Centeno “en el marco de la incidencia en la cual justamente se debate la validez de los actos que dieron origen a este proceso”.

“A todo evento, cabe recordar que, según inveterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recursos deben ser resueltos a partir de las circunstancias corroboradas al momento de fallar, lo cual ratifica la procedencia y la pertinencia de la presente solicitud”, sostiene el escrito de los abogados.

La defensa justificó la presentación diciendo que “en los últimos días distintos medios periodísticos dieron a conocer que se llevaron a cabo dos estudios periciales (uno realizado por expertos de la Policía Federal Argentina y el otro por especialistas de la Universidad de Buenos Aires) referidos a los presuntos ‘cuadernos’ (fotocopias) que fueron utilizados para dar inicio a estas actuaciones”.

Al respecto, señalaron que la experticia privada realizada fue requerida tras la denuncia del empresario Armando Loson, que también fue incorporada al mismo proceso judicial, la cual con carácter previo había determinado la existencia de aproximadamente 1600 alteraciones de texto en las inscripciones de los cuadernos.

Esos peritajes determinaron -según la presentación de la vicepresidenta-, que un amigo del chofer Oscar Centeno, el expolicía Jorge Bacigalupo “efectuó correcciones y sobre inscripciones en los referidos cuadernos, modificando nombres y fechas allí consignados”.

“Por su parte, el estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires estableció que en la confección de los `cuadernos´ peritados intervinieron distintas personas y que el lenguaje utilizado en muchos de sus pasajes no se corresponde con el propio de Centeno, lo cual evidencia que tales tramos fueron dictados por terceros”, concluyeron.

“Más allá de las medidas que corresponda adoptar respecto a los responsables de estos gravísimos episodios y no obstante las diligencias convergentes que ya han sido requeridas por nuestra parte, corresponden que como medida para mejor proveer este Alto Tribunal oficie al Juzgado a efectos de que remita copia de los estudios periciales antes referenciados”, peticionaron los abogados Beraldi y Llernovoy.

El caso conocido como los cuadernos de las coimas, fue elevado a juicio oral en 2019. El expediente principal sostiene que Cristina Kirchner fue jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos, a través de una estructura montada desde el Ministerio de Planificación Federal. Quienes debía pagar diversas sumas de dinero eran contratistas del Estado del sector de la construcción, de energía, transporte esencialmente.

Con la citación de D’Alessandro como plato fuerte, la Comisión de Juicio Político amplió las convocatorias

La reunión esta pautada para este martes a las 11 de la mañana. A la citación del camarista juan Ignacio Mahiques, se sumaron las de Gabriel María Astarloa y Miguel Federico De Lorenzo.

En una semana clave de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a disputarse el próximo domingo 13 de agosto, se daba por descontado que no estuviese en agenda ninguna reunión de comisión en las cámaras del Congreso. Sin embargo, en la tarde del viernes salió la convocatoria a reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard.

La convocatoria, que es para este martes a las 11 de la mañana, viene con dos platos fuertes en el marco de la investigación por la causa Coparticipación a CABA. Uno de los citados es Marcelo Silvio D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A él lo habían convocado para la última reunión y el día previo anunció que por razones particulares no podría estar y pidió ser reprogramado. Así las cosas, lo convocaron para este martes.

También se lo citó a Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su citación había sido aprobada en la última reunión, y al pedir por él, el diputado Rodolfo Tailhade lo mencionó como “el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”.

En la tarde de este lunes, se conoció la ampliación de la convocatoria y se citó a Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia CJN. Hasta el momento, no trascendió si alguno de los cuatro citados no asistirá a la reunión.

Tailhade: “La declaración de Robles vino a confirmar lo bien que estamos haciendo en hacer el juicio político”

Así lo expresó el diputado K en relación a la presentación de la mano derecha del presidente de la Corte. Anticipó que pedirán al máximo tribunal que se lo autorice a “declarar sin reserva”.

Tras la esperada declaración de Silvio Robles ante la Comisión de Juicio Político, donde hubo muchas preguntas que se abstuvo de responder, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade enfatizó: “La declaración de Robles vino a confirmar lo bien que estamos haciendo en hacer el juicio político a la Corte, porque el máximo funcionario después de los jueces es este cachivache que se presentó a despreciar a los representantes del pueblo, a la investigación y a tomarnos el pelo. Y seguramente lo hizo en connivencia con (Horacio) Rosatti“.

“Es un testigo reticente claramente, una persona que no quiere declarar, que no quiere decir la verdad y no tiene ninguna justificación, es reticente y por lo tanto incurre en falso testimonio”, apuntó el legislador K sobre el testimonio del director de la vocalía del presidente de la Corte.

Pese a que desde el oficialismo consideran necesario “un careo con Héctor Marchi“, exadministrador de la Corte y hombre ligado a Ricardo Lorenzetti, el kirchnerista aclaró que a Robles no quieren “volver a llamarlo y que nos vuelva a decir las mismas cosas”. Por eso, pedirán al máximo tribunal que “le ordene declarar sin la reserva”.

Esto último es en alusión a uno de los dos instrumentos en los que se amparó el funcionario para no responder preguntas. Además de escudarse en el artículo 18 de la Constitución Nacional, para no declarar en contra de sí mismo, Robles también recurrió a un artículo del reglamento del Poder Judicial para mantener reserva.

“A Robles no lo podemos investigar, pero sí lo podemos obligar a declarar”, afirmó y sostuvo que en la reunión “ninguna pregunta estuvo mal formulada, eran todas muy sencillas, pero evidentemente eran preguntas que lo comprometían, por qué sino no se entiende que se negara a responder sistemáticamente”.

El oficialista dijo que buscarán conocer “si en la Corte hay conocimiento que un funcionario de máxima jerarquía está imputado en distintas investigaciones penales, si tienen conocimiento que hay causas contra él, y si se le iniciaron sumarios administrativos”.

“Robles no es el objetivo, el objetivo es saber si Rosatti, (Carlos) Rosenkrantz, (Juan Carlos) Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño”, subrayó en declaraciones a Radio 10.

También, Tailhade cuestionó que Robles “se amparó falsamente” en el artículo 18 de la Constitución “porque hoy no está imputado en ningún lado”. Y, sobre el artículo del reglamento del Poder Judicial, señaló que anteriormente “vinieron 23 funcionarios de la Corte a la comisión, la mayoría secretarios letrados, y todos declararon sin ningún tipo de problemas, nadie invocó a ese artículo”.

Robles se negó a responder, denunció que lo han “acusado falsamente” y que “intentaron construir una historia en base a calumnias”

El director de la vocalía del presidente de la Corte Suprema se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional al testificar ante la Comisión de Juicio Político en el marco de la causal coparticipación de CABA. El oficialismo lo acusó de ser “reticente” y pidieron que se informe a los superiores para que tomen las medidas disciplinarias correspondientes.

Gran expectativa había en torno a la presencia de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para que testificara ante la Comisión de Juicio Político de Diputados -presidida por la oficialista Carolina Gaillard– al retomar las reuniones por la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si el máximo tribunal deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

La de Robles, quien fue nombrado en numerosas ocasiones desde que se inició el proceso de Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, era la palabra esperada por el oficialismo que lo citó entre otras cosas para que testificara respecto a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que lo había visto presente , pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro.

Obviamente ese no fue único tema de interés por parte del kirchnerismo para indagarlo, ya que también lo interrogaron respecto de los famosos chats que mantuvo con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro -quien no compadeció este martes, pero pidió reprogramar su presencia-, los cuales la justicia desestimó. En algunas preguntas se colaron los temas sobre el fallo 2×1 e irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Previo a la ronda de preguntas, Robles afirmó que tiene una “relación funcional” con los magistrados y contó que a Rosatti lo conoce desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando “fue ministro de esa cartera bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo”.

“Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, expresó.

FOTO: HCDN

“Me han acusado falsamente”

En el inicio, el funcionario pidió autorización para leer un documento con el fin de hacer algunas aclaraciones. “Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, arrancó denunciando Robles.

“Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, apuntó.

Además, Robles señaló que “han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal figura en los fundamentos de este juicio político”.

“Sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que ya fue denunciada en una causa penal”, agregó y siguió: “Han dicho que en una SRL que participé antes de entrar a la Corte, que en la actualidad tiene el cuit inactivo y que no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte”.

En ese marco, Robles ratificó: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”, cerró.

El pedido de reticencia del oficialismo y el rechazo opositor

El oficialista Ramiro Gutiérrez planteó que ante la reticencia del testigo “se tomen las medidas correspondientes y se informe al superior jerárquico”, porque “nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar. En base a un comportamiento renuente que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo renuente”.

A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien manifestó que “el testigo no es un acusado, no es un investigado,bajo ningún punto de vista por parte de los integrantes de la comisión”.

Martínez le explicó a Robles que se lo había citadoen función del artículo 12 del reglamento interno de la comisión que establece “que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”, y le aclaró: “Por eso lo hemos convocado acá. Nosotros queremos su aporte para el esclarecimiento de la verdad para poner el foco en la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte”.

“Cada testigo tendrá sus subjetividades respecto de los miembros de la Corte, pero acá no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, ni estamos para tener ningún tipo de referencia de los testigos. Queremos saber la verdad y para eso lo citamos. Cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo lo pone en este lugar. Nadie de los que está acá tiene como objetivo al testigo que ha sido citado a declara que tiene que decir la verdad”, explayó Martínez.

De la vereda de enfrente, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) le planteó a Gaillard: “A tenor de lo que ha leído, el testigo ha jurado ser veraz. Si bien usted no es magistrada y pertenece a un espacio político usted tiene el deber de salvaguardar los derechos del testigo de no declarar contra sí mismo y a su honor. Y que por favor le ruego que no permita las preguntas de cargo a que tan aficionados son en su espacio político”.

En el mismo sentido se expresó el diputado Álvaro González (Pro) quien le dijo a Robles que “se sienta con la plena libertad de decir y hacer lo que crea conveniente sin que genere por parte del preconcepto que va a ser reticente. Diga lo que tenga que decir y se terminó”. También se sumó Pablo Tonelli, quien denunció que al testigo “se le ha hecho conocer una suerte de amenaza en orden a pedirle a la Corte que ejerza sus facultades de superintendencia si no responde a determinadas preguntas, algo que no tiene nada que ver”.

La ronda de preguntas

Fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau quien abrió este tramo de la reunión, pero previo a realizar las preguntas hizo una aclaración: “Acá no hay ninguna acusación al doctor Rosatti, solo se trata saber si ocurrieron distintas circunstancias que pueden llevar a una acusación, no se trata venir a victimizar al doctor Rosatti”.

“Es la primera vez que un testigo pretende elaborar las preguntas de quienes lo venimos a indagar. Eso es propio de cada diputado. Esto es un procedimiento que esta en la Constitución Nacional en el marco de las facultades que tiene con el reglamento que lo ordena la comisión”, sumó y cerró: “El testigo está como testigo no como imputado, por eso no se le aplica el artículo 18 de la Constitución Nacional, salvo que haya una circunstancia que el testigo pueda fundar en el hecho de auto incriminarse en una causa”.

Hechas esas aclaraciones, Moreau le preguntó desde cuándo conoce a Rosatti, a lo que Robles volvió a reiterar que es desde que trabajó como ministro en el Ministerio de Justicia en el 2004 en donde “era responsable de comunicaciones, inicialmente, después estuve acompañando en las distintas actividades que Rosatti indicaba”.

“Trabajé 15 años en el sector privado en distintos rubros en cargos gerenciales. Antes de estar con Rosatti, estuve casi un semestre en la Secretaría de Transporte de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, el titular era el ingeniero Ricardo Jaime. Luego de estar en el Ministerio de Justicia, fui convocado para estar en el de Economía a cargo de Felisa Miceli. Desde agosto de 2016 soy empleado judicial en la Corte Suprema”, relató Robles y afirmó que tiene título de periodista, no de abogado.

“¿Qué cargos y qué funciones tiene actualmente en la Corte?”, preguntó tajante Moreau, a lo que el funcionario contó: “Soy secretario no letrado en la vocalía del doctor Rosatti y el cargo que tengo es de director general”.

En una breve interrupción la diputada Mara Brawer le preguntó los motivos por cambio “de escalafón importante” de ser subsecretario de administración a director. “El cargo es subsecretario administrativo y el pase a director de la vocalía se realizó a través de una resolución firmada por los ministros de la Corte”, respondió y aclaró: “Yo no puedo evaluar la decisión de mis superiores”, y dijo desconocer “el contenido del expediente” respecto de los motivos de su traspaso.

A continuación, Moreau le pidió una descripción de sus actividades a diario a lo que Robles explicó que es secretario de Rosatti y que se encarga de las tareas de la superintendencia que Rosatti indica. “¿Usted se comunica con letrados de las otras vocalías para transmitir directivas del presidente de la Corte?”, consultó el oficialista, pero el funcionario solo respondió: “No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”.

Moreau insistió: “¿Usted se encarga de poner a la firma del doctor Rosatti los despachos?”, pero Robles reiteró: “Yo no manejo temas jurisdiccionales. El doctor es quien indica a todos sus colaboradores las decisiones que va a tomar, yo no le pongo nada a Rosatti”.

“¿Usted es el encargado de transmitir las directivas del doctor en relación a los expedientes que se tratan en las Secretarías judiciales de la Corte?”, interrumpió otra vez Brawer con una pregunta, pero el testigo insistió en que “no” maneja temas jurisdiccionales. Al respecto, la diputada le marcó que el doctor Gustavo Naveira secretario a cargo de la Secretaría N°7 de la Corte dijo que recibía directivas de expedientes del doctor Rosatti “directamente a través de Silvio Robles”. Pese a esa declaración, el testigo volvió a defenderse: “Yo no doy directivas, no manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”.

En un tono alterado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade interrumpió con la reformulación de las preguntas previas y cuestionó: “La pregunta no es si maneja o no temas jurisdiccionales, es si lleva instrucciones de Rosatti a algunas de las secretarías conozca o no temas jurídicos. ¿Lleva o no lleva temas? La pregunta es otra, no lo que él responde”.

Bajando la espuma, Gaillard procedió a explicarle a Robles: “Hay testigos que manifestaron que, para dirigirse al doctor Rosatti era a través suyo. La pregunta por eso es si usted da instrucciones en nombre de Rosatti a las distintas vocalías”. Inmediatamente le salió al cruce la diputada Mariana Stilman (CC-ARI): “No se le puede contrastar al testigo con declaraciones de otras personas. Se le puede repreguntar para que amplié, pero no se le puede decir que otra persona dijo tal cosa que se contrapone con lo que dice”.

Pese a eso, Robles retrucó: “Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”. “Es reticente, es reticente, se ampara para no responder”, comenzó a gritar Tailhade y lanzó: “Aparte está recontra mintiendo porque hace un ratito contestó y ahora no puede contestar”.

Tomando como base una nota periodística del diario Clarín, Moreau le preguntó si por el fallo 2×1 se reunió con el actual senador José Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, en una negativa a contestar Robles volvió a decir: “No manejo temas jurisdiccionales”. Moreau, disconforme con la respuesta volvió a repreguntar, ante lo que Robles dijo: “Desconozco absolutamente eso”.

“¿Conoce a Marcelo D’Alessandro?”, tiró de una Moreau, pero el testigo se negó a responder por si o por no y expresó: “Me remito a lo que dije al principio”. Ante ello, Gaillard le aclaró que “conocer o no a una persona no lo auto incrimina en algo”, pero Robles volvió a respaldarse: “Hay cuestiones que si están judicializadas y en atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”.

Le salió al cruce Germán Martínez quien le pidió que mencione las causas que están judicializadas que “lo llevan a invocar el artículo 18”. Pero la mano derecha de Rosatti planteó que no es abogado, sino que estaba en carácter de testigo y que “no está mi abogado que tramita las causas, no conozco los expedientes”. Ante la insistencia de Martínez, respondió: “Son las causas donde hubo denuncias la mayoría son públicas y que están en trámite, no recuerdo la carátula ni el número”.

Tailhade le planteó: “No existe hoy ninguna causa en trámite donde esté imputado el señor Robles. La única causa está cerrada”. En el mismo sentido y reiterando lo dicho al comienzo, Gutiérrez pidió que “se de curso a la pregunta que estaba en trámite para evaluar o no la reticencia del testigo y así informar a los superiores”.

Es manifiestamente reticente el testigo porque invoca falsamente el artículo 18”, expresó Moreau tras reiterar su pregunta y pidió que se notifique a las autoridades superiores de la actitud del testigo.

Sobre la causa de coparticipación, el oficialista remitió a una nota del diario Perfil en el que informaba de una reunión entre jueces federales y funcionarios del Poder Judicial, de los cuales dos llegaron juntos al lugar D’Alessandro y Robles, ante lo que el diputado le preguntó si eso fue así. Sin embargo, el testigo expresó: “En esa comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta”.

Por otro lado, Moreau indagó por las declaraciones que hizo el contador Héctor Marchi en el tema de las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial respecto de la reticencia que tuvo para firmar el informe 4 y la no circulación del mismo a la totalidad de los ministros.

“Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder”, apuntó Robles y sumó: “El contador Marchi relató distintas historias, con distintas acusaciones y luego fue a sede judicial”.

Al respecto, Moreau pidió que “ante las reiteras contradicciones” se vote un careo entre ambos para “clarificar la situación” respecto del informe 4 de las irregularidades de la OSPJN. También le consultó por la eliminación de la casilla de emails del presidente de la Corte que le pidió a Andrés Sacchi.  Brawer también le preguntó qué hizo con el informe 4, si lo circuló o se publicó dentro de algún sitio en la Corte como “se hizo con los demás informes”.

En ese contexto de negación por parte del testigo a responder, Martínez cuestionó que “hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte de Robles que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica”. “Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público”, disparó y sumó: “El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión”.

“Me siento hostigado, más cuando hay causas judicializadas. Tampoco entiendo por qué me preguntan sobre cosas que hice antes de trabajar en la Corte Suprema. Me siento hostigado por el diputado al decir que tengo que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia”, lanzó Robles.

Retomando el tema central sobre coparticipación, Moreau le preguntó si participó de la audiencia de conciliación que se realizó en el Salón Bermejo y que convocó la Corte en marzo de 2022, a lo que Robles afirmó: “Estuve un rato, no toda la audiencia. Estuve por indicación de Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Creo que es la que se refirió la licenciada Batakis que me marcó en un lugar que no recuerdo dónde estaba, tampoco recuerdo dónde estaba sentada ella. Había gente para asistir a los ministros de maestranza, había gente de otras vocalías y había colegas de otra vocalía que saludé”.

“Me sorprendió que Batakis me marcara en un pizarrón cuando yo ni recuerdo si estaba sentado o parado o en el lado que ella indica. Ni sé dónde estaba ella”, agregó y negó haber participado de otras audiencias de conciliación.

El diputado oficialista le preguntó por la inundación que hubo en el despacho, a lo que el funcionario contó: “Fue a fin de enero, un lunes nos enteramos porque nos avisaron antes de llegar que se había roto un caño en el piso séptimo y filtró hasta la planta baja de un costado del ala de Uruguay donde tenemos los escritorios. Hubo un mail que, después el área pertinente informó, sobre el nivel de desperfectos que tenían más que ver con mampostería, muebles, aire acondicionado, las computadoras y discos rígidos no se dañaron. Ahora, después de que dejaron secar las paredes y el piso, estamos de vuelta en el despacho”.

Juicio Político: profundizaron el debate sobre la coparticipación de la Ciudad

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados y la “presencia estelar” de Silvio Robles, analizaron la cautelar de la Corte Suprema que asignó un coeficiente de 2,95% a la Ciudad.

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados para este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja desarrolló su décimonovena reunión, en torno al proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para esta nueva reunión las mayores expectativas estuvieron centradas en la presencia de Silvio Robles, director general de la Vocalía del doctor Horacio Rosatti); como así también estuvieron Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) y el contador público Alejandro Otero.

Estuvo ausente en cambio Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que según informó en el inicio de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a las 20 del lunes que “por cuestiones personales” no iba a poder asistir y pedía reprogramar la audiencia.

En esas circunstancias aclaró que habían pedido también reprogramar la toma de una “huella de voz” por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, cuestión que había sido prevista en la anterior reunión para chequear si es de D’Alessandro la voz que circuló en los audios difundidos por algunos medios, lo cual generó la reacción del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que advirtió que “esa prueba es fruto de espionaje ilegal; no van a subsanar una prueba ilegal con una pericia. No estamos de acuerdo con la pericia”.

“Ya fue votada y aprobada”, le aclaró Carolina Gaillard, que previamente había señalado que se le informaría al propio testigo por si quería designar un perito.

Al cierre de la extensa jornada que se extendió por más de siete horas, el oficialismo aprobó solicitar a la Corte la prueba del acto de designación de Robles, pedir el relevo de obligación de reserva del artículo 8 del reglamento interno del Poder Judicial “resumiendo lo que ha ocurrido en la reunión” para volver a citar al director de la vocalía de Rosatti. También votaron realizar un careo entre las declaraciones de Héctor Marchi y Robles por las “reiteras contradicciones” entre ambos a fin de clarificar la situación sobre el informe 4 de irregularidades en la OSPJN.

Gaillard detalló que aún está pendiente la citación a Carlos Mahiques “por la fiesta de cumpleaños la que motiva la excusación y recusación que presenta el Gobierno en la Corte”. Además, propuso citar una audiencia de testigos expertos en el tema y “con eso estaríamos finalizando la investigación y armando el informe final sobre coparticipación”.

Transferencia presupuestaria y no coeficiente fijo

El primer testigo de la jornada fue el contador Alejandro Otero, director de Relaciones Institucionales AFIP, quien había expuesto en el Senado cuando se debatió en las comisiones lo que finalmente sería la Ley 27.606 que redujo los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y llevó a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

Consultado por el diputado Marcelo Casaretto sobre el proceso por el cual se arribó originalmente al 1,40% de coparticipación que recibía CABA a partir de 2003 y qué servicios cubría con ese porcentaje, Otero pidió atender el contexto en el cual fue fijado ese porcentaje: el de la salida de la crisis de 2001. “La Ciudad hasta ese momento recibía una suma fija de 157 millones de pesos y a posterior de la crisis, y en la medida que la economía se fue ordenando la recaudación nacional y de las provincias, la masa coparticipable comenzó a crecer. Cuando eso sucede se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la Ciudad”, explicó el funcionario de la AFIP, que agregó: “Las otras tienen coeficiente fijo, apropiaban una porción creciente de recursos, mientras que la Ciudad seguía con los 157 millones. En ese contexto, la ciudad avanzó en negociaciones para equiparar su situación con las provincias y obtener un coeficiente”.

El 1,40% finalmente se fijó tomando en cuenta lo que representaban los 157 millones en 1988, cuando se aprobó la Ley de Coparticipación y entró en vigencia la 26.588. Aclaró Otero que “se aspiraba a que la situación de la Ciudad fuera revisada en el contexto de la situación de la coparticipación en su conjunto”.

Consultado respecto del trámite que llevó, durante la gestión de Cambiemos, en enero de 2016, el porcentaje de 1,40 a 3,75%, como dispuso el decreto 194, y a qué servicios estaba destinado, Alejandro Otero señaló que “del decreto no surge cuál es el fundamento del incremento”. Ese comentario fue el que mantuvo a lo largo de toda su exposición. “Hay un decreto posterior, el 399, que establece dos cosas: primero, que el nuevo coeficiente no afectaba al Fondo Solidario; decía por otro lado que el incremento correspondía al servicio de seguridad. Ninguno de los dos decretos, ni ese, ni el 257 que corrige a la baja el coeficiente, menciona cifra alguna”.

Alejandro Otero fue el primer testigo de la jornada.

En otro pasaje, Otero recordó que en ocasión de presentarse en el Senado había dicho que hay dos regímenes que rigen las relaciones financieras entre las provincias y la Ciudad y los que permiten que los fondos lleguen a sus destinatarios. “En mi opinión, la transferencia de servicios debiera solventarse vía transferencia presupuestaria”, sostuvo, argumentando que si bien se insiste en que el coeficiente que recibió la Ciudad, tal como fue previsto, no afecta la distribución de la ciudad, no afecta la distribución secundaria, lo cual consideró “absolutamente cierto. Pero la Nación es una jurisdicción que no tiene un territorio propio. Los gastos que realiza repercuten sobre el territorio nacional”.

Así las cosas, consideró que “si bien no hay una afectación directa, sí en términos de federalismo argentino más amplio. (Porque) quedan menos recursos para que la Nación gaste en erogaciones con impacto en el resto de las provincias”.

“Cuando uno transfiere un servicio, eso tiene un valor; si uno transfiere esos recursos, esos recursos van a atender ese servicio; si uno lo hace vía coeficiente, si crece la coparticipación, o si baja, transfiere más o menos, generando un enriquecimiento sin causa”, explicó, justificando su opinión respecto de que la transferencia de recursos vaya acompañada vía transferencia presupuestaria”.

Otero consideró que a su juicio la sanción de la ley tuvo “varias virtudes. Vino a ordenar algo que había quedado mal ordenado. Por un lado, completó un proceso de transferencia de servicios a la Ciudad que se había acordado en un proceso a la Ciudad que se había acordado en un convenio aprobado por la Legislatura, pero nunca aprobado por el Congreso, y la Constitución demanda que así sea”.

“También ese proceso transparentó ese acuerdo. Hasta entonces no se conocía cuál era el costo de la prestación, por lo tanto enderezó la cuestión. Separó el coeficiente del financiamiento de los servicios que se transfieren; y estableció un régimen de transición.  Había un régimen que regía hasta que se aprobara la ley; a partir de que se aprobaba la ley, luego se preveía que se conviniera entre Ciudad y Nación cuál era el costo y cuales las formas de financiación”, planteó.

Agregó Otero que “la cautelar que aprobó la Corte pone en entredicho esas virtudes que le encuentro a la  norma y fija un coeficiente de 2,95%; ordena a la Nación que gire los fondos en función de ese coeficiente”.

El diputado Casaretto le preguntó s le parecía que esa cautelar distorsionaba el espíritu de la Ley de Coparticipación, a lo que Otero precisó que “hasta donde vi, no hay un cálculo de por qué ese es el coeficiente, como sí lo hay en el proyecto de ley y la ley. Si distorsiona, la propia cautelar lo dice; si altera la coparticipación secundaria, no, los recursos siguen saliendo de la porción de la Nación. Pero por lo que dije antes, sí: los recursos de Nación financian erogaciones que se gastan en conjunto de las provincias”.

¿Este porcentaje injustificado es una designación arbitraria?, le preguntó finalmente Casaretto, a lo que Otero respondió que “claramente no se conoce cuál es el cálculo y en tanto a ello, el fallo corresponde a la voluntad de quienes lo emitieron”.

A continuación, el diputado Juan Manuel López le preguntó cómo había tomado conocimiento del fallo de la Corte. “Por los medios”, respondió Otero, por lo que el diputado de la CC consideró que “no es un testigo, es un experto que nos está dando opinión. Tomó conocimiento por los medios como cualquiera. Si vamos a hacer una etapa de expertos, avísenos y hacemos una etapa de expertos”.

A continuación, López le preguntó si había sido funcionario del Gobierno de la Ciudad, a lo que Otero respondió que sí, que había sido director general de Rentas entre 2000 y 2006. “Cuando destituyen a Aníbal Ibarra”, observó López.

Audiencias conciliatorias y una nueva citación

El segundo testigo en declarar fue Alejandro Daniel Rodríguez, titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia desde febrero del 2019 hasta la actualidad, quien respondió más de 30 preguntas que le realizaron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, por el oficialismo, y Álvaro González, por la oposición.

En un primer momento, Rodríguez fue consultado sobre la intervención de su Secretaría respecto a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia contra el Estado nacional, a lo que respondió que “había dos cautelares previas del año 2020 puestas en conocimiento por los ministros (de la Corte), pero la Secretaría de Juicios Originarios no tuvo intervención en la cautelar”.

Además, reveló que “hubo dos audiencias de conciliación entre mayo del 2021 y marzo del 2022, y una tercera que no se llegó a hacer porque las dos partes (Nación y Ciudad) no tenían intención de conciliar”. “Nuestro deber fue identificar y explicar que la Corte Suprema buscaba la mediación en el conflicto”, agregó.

Consultado por las personas presentes en las audiencias, Rodríguez mencionó: “Estaba el ministro de Economía de la Nación (Martín Guzmán en ese entonces), el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires (Gabriel Astarloa), algunos funcionarios porteños, colaboradores míos y yo”.

Tras ello, el titular de la Secretaría de Juicios Originarios remarcó que el máximo tribunal de justicia reiteró el pedido de una tercera instancia conciliadora que nunca llegó a realizarse. Del mismo modo, explicó que la Secretaría de Jurisprudencia, a cargo de Federico De Lorenzo, “es quien carga todo lo referido al expediente en el sistema de la Corte”.

También, desconoció si existió alguna secretaría que -fuera de la suya- que haya participado del dictamen de la Corte. “No conozco la circulación y no sé cómo se gestó el proyecto de resolución, pero el orden de las firmas está preestablecido. Primero el presidente de la Corte Rosatti, luego el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, tercero Juan Carlos Maqueda, por antigüedad, y cuarto Ricardo Lorenzetti”, amplió.

Alejandro Daniel Rodríguez confirmó que hubo audiencias de conciliación, pero fueron desestimadas por las dos partes.

Por otro lado, aseguró que el expediente de la Corte sobre fallo de la coparticipación federal “se encuentra en una computadora dentro de su Secretaría”, y afirmó que “se han efectuado algunas presentaciones desde las dos partes, pero no tiene movimientos ni decisiones desde el 21 de diciembre del 2022”.

El diputado Tailhade insistió en preguntar sobre alguna intervención de la Unidad de Análisis Económico respecto de los impactos económicos de la medida, pero Rodríguez aclaró que “nunca hubo ninguna intervención”. Asimismo, fue consultado sobre el tema (impactos económicos) y respondió que “es una apreciación que no me corresponde hacer”.

De este modo, el legislador pidió citar para la próxima reunión de Comisión de Juicio Político a Federico De Lorenzo, secretario de Jurisprudencia, y pedir el expediente a la Corte del fallo de la coparticipación federal, que al final de la declaración de Alejandro Rodríguez fue votado con resultado positivo.

De forma breve y directa, Leopoldo Moreau le consultó al secretario de Juicios Originarios respecto de la presencia de Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en alguna de las dos audiencias conciliadoras: “No lo recuerdo”, contestó Rodríguez.

Por ello, Rodríguez aclaró que “había muchas más personas de las que figuraban en el acta porque, en ese entonces, había restricciones sanitarias y tomamos medidas de distanciamiento”.

Del mismo modo, fue consultado por la presencia de Robles, Astarloa y Natalia Monayer (secretaria de la vocalía de Rosatti) en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, a lo que Rodríguez respondió que “sí estaban presentes”, pero aclaró que “no conversé con ninguno de ellos y asistí a la cena de fin de año por camaradería, pero de saber que había tanta gente (más de 700 personas) no hubiese ido”.

En contraposición, el diputado Álvaro González consultó sobre los tiempos de tramitación de la demanda de CABA hasta las dos audiencias de conciliación y Rodríguez explicó: “la causa fue presentada en 2020, al año hubo una audiencia conciliadora en 2021, y al otro año, la segunda reunión. La tercera no llegó a realizarse”.

De esta manera, González enfatizó en que “los tiempos de la Corte fueron prudentes y no hubo ningún apuro”. “Desde que empezó este proceso en febrero, hay cierta creencia de que la Corte tuvo incidencia en los tiempos y vemos que no ha sido así”, aseveró.

Finalmente, la presidenta de la comisión despidió al secretario de Juicios Originarios, Alejandro Daniel Rodríguez, y dejó establecida la citación de Federico De Lorenzo, titular de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para la próxima reunión.

Por último, llegó el turno de la declaración tan esperada de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema. Tras casi seis horas de interrogatorio, el funcionario se negó a responder las preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el reglamento interno del Poder Judicial.

Por el contrario, leyó un documento en el que denunció que lo acusaron falsamente de distintos hechos y que “intentaron construir una historia en base a calumnias”. También que su familia recibió amenazas y cuestionó que lo “hostigaron” al realizarle algunas preguntas.

La reunión de Juicio Político con la visita de Silvio Robles

La 19° reunión del proceso que se sigue contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, con los testimonios del asesor del ministro Horacio Rosatti en primer plano.

Con dos platos fuertes, el martes se reanuda el juicio político a los miembros de la Corte

En el marco de la causal “coparticipación”, continuará el primer día de agosto la investigación que se lleva adelante en la comisión que conduce la diputada Carolina Gaillard.

comision juicio politico 15 junio 2023

Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la décimonovena, desde que el 26 de enero se inició el  proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Según informaron a parlamentario.com fuentes de la comisión, las citaciones salieron hace dos semanas, el pasado 12 de julio, y hasta el momento ninguno de los testigos confirmó su asistencia o eventual ausencia.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

También se indagará a Robles en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

Juicio Político: el oficialismo formalizó la citación a D’Alessandro y Robles por el tema de la coparticipación

El exministro de Seguridad y Justicia Porteña y la mano derecha del presidente de la Corte Suprema serán el plato fuerte la Comisión de Juicio Político cuando se reanude después del receso invernal el martes 1 de agosto.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, formalizó este miércoles la citación para que a la próxima reunión, que se realizará el martes 1 de agosto a las 13 tras el receso invernal, asistan Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, a fin de que testifiquen sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La fecha de la convocatoria a Robles y D’ Alessandro fue resuelta en el final de la reunión de este 11 de julio, para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional. Originalmente, la presencia de ambos estaba prevista para el 4 de julio, pero por cuestiones de agenda la citación se postergó.

En la nota suscripta por el subdirector a cargo Miguel López, también fueron citados para testificar Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema quien no pudo asistir a la reunión de este martes y pidió la reprogramación; y Alejandro Otero, Contador Público, Magister en Administración Pública.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

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El juicio político se reanuda después del receso con dos platos fuertes

La reunión quedó prevista el martes primero de agosto y tendrá citados a un exfuncionario de CABA y a la mano derecha del presidente de la Corte Suprema.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció que la próxima reunión se realizará el martes primero de agosto (después del receso) y tendrá como testigos citados nada menos que a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, y al exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, además del doctor Alejandro Rodríguez.

En el final de la reunión de este 11 de julio, la presidenta confirmó la citación para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

Coparticipación CABA: Batakis y representantes de provincias fundamentaron los cuestionamientos a la Corte

Los expositores de las provincias apuntaron directamente contra la Corte Suprema por no responder a las presentaciones. En el final, Gaillard confirmó a a Robles y D’Allesandro como próximos testigos.

En el segundo encuentro para analizar la causal “coparticipación” se escucharon nuevos testimonios y nuevamente todos los focos apuntaron hacia la figura de Silvio Robles.

Por la proliferación de otras reuniones en ambas cámaras, la 18° reunión de la Comisión de Juicio Político tuvo la particularidad de no ser protagonista excluyente de la actividad del Congreso. Y eso se notó también en ausencias importantes que se dieron en el transcurso del encuentro, por tener que cumplir algunos legisladores con su presencia en otras comisiones.

Tal cual lo previsto, se avanzó con la causa “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue la última audiencia antes del receso invernal, pues la actividad de esta comisión se retomará el 1 de agosto.

Como es habitual, la reunión arrancó con un pedido de ampliación de pruebas formulado por el diputado Rodolfo Tailhade, quien solicitó el testimonio de Alejandro Otero, actualmente funcionario de la AFIP y que fue el funcionario del Gobierno que expuso en el Senado, en oportunidad del tratamiento de lo que luego sería la Ley 27.606, que estableció el monto que se le asignaría a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación. Para Tailhade, “es muy interesante el análisis o el estudio que llevó adelante Otero, porque va a dar cuenta de los porcentajes de los que habla la ley”.

También pidió el legislador camporista que como prueba documental se librara oficial al Poder Ejecutivo para que remitiera a la comisión copia certificada del expediente de Jefatura de Gabinete 1831/2016, que es el antecedente del decreto 1914/16; asimismo el expediente que antecede el decreto 399/16, y los expedientes correspondientes a los decretos 257/18 y 735/2020.

Por último, Tailhade solicitó pedirle a la Corte Suprema librar oficio sobre la circulación entre dependencias, secretarías y vocalías de las causas en cuestión. Pidió también conocer la información pertinente de la vocalía que intervino en la redacción de la medida cautelar y, entre otras, cosas, el orden de los votos de los magistrados, como así también indicar si desde la presidencia de la Corte se había realizado algún peritaje o informe técnico que avalara el guarismo del fallo cautelar.

Previsiblemente, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que “esta es una causa en trámite, incluso el Poder Ejecutivo se sigue defendiendo con recursos, que si bien no son correctos, todavía están pendientes de resolución”. Así las cosas, advirtió que “no podemos confundir el expediente con esta comisión, y no podemos hostigar a la Corte en una causa que todavía tiene que resolver”. Por eso estimó que ninguna de esas medidas era “procedente” y, obviamente, no acompañarían esos pedidos, que de todas formas fueron aprobados por la mayoría de los miembros de la comisión que forman los legisladores del FdT.

Antes de votar, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que los expedientes solicitados tienen que ver con la búsqueda de determinar los actos resueltos por las partes. Respecto de Alejandro Rodríguez, al principio del juicio contó que el proyecto de la cautelar no  había pasado por la Secretaría de Juicios Originarios, razón por la cual había sido citado.

Los testimonios

De los testigos convocados, estuvieron la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias, quien por ese cargo tuvo dentro del Ministerio del Interior fue parte de las audiencias con la Corte en la previa del fallo. También expusieron los fiscales de Estado de las provincias, quienes apoyaron el pedido de enjuiciamiento de los miembros de la Corte: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

El testigo que no asistió y pidió ser reprogramado fue Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires.

La primera testigo de la jornada fue la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien concurrió en función del rol que tuvo como secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. Recordó que entre las áreas que manejaba se encontraba la que hace a las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias.

Al responder preguntas del diputado Marcelo Casaretto (FdT), la funcionaria mencionó que “la Ley de Coparticipación es del año 88, y la Ciudad reconoce su autonomía en el año 94, cuando también la Constitución le da carácter constitucional al régimen de coparticipación”.

Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de esos tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, señaló y subrayó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

La titular del BNA, Silvina Batakis, expuso en la Comisión de Juicio Político.

Un pasaje polémico se dio cuando el diputado Leopoldo Moreau, quien consultó a la testigo sobre la presencia de Silvio Robles en la audiencia convocada por la Corte de la que participaron representantes del Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad. Batakis ubicó dónde se encontraba sentado Robles, quien no figuraba en el acta redactada sobre la reunión. “El hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice, que puede haber motivado algún chiste, tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”, sostuvo Leopoldo Moreau. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Moreau planteó que “estamos cuestionando este fallo cautelar porque tenemos la sospecha más que fundada de que ha sido negociado y traficado por este fantasma que no aparece en el acta y parece actuar como quinto cortesano”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta.

Los representantes de las provincias

El primero en exponer de parte de las provincias fue Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero, quien dio expresó que su provincia se manifestó contra el aumento de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto “se trataba de una causa donde estaba directa o indirectamente comprometida la coparticipación federal y todas las provincias que tienen interés en el mismo, solicitábamos ser escuchados”.

Respecto del fallo, estimó que “no es fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo”.

“El fallo en sí es un adelanto de opinión respecto de la causa principal, puesto que se establece una verosimilitud de derechos que es señalada por la Corte, pero no es argumentada, y un fallo cautelar de este tipo contra una ley, indudablemente está marcando un rumbo que seguramente para los que entienden del derecho la Corte no se va a poder apartar de este rumbo”, sintetizó.

En línea con lo que después expondrían sus colegas, el funcionario provincial cuestionó que no les hubiera dado participación a las provincias para ser escuchadas como amicus curiae.

¿En ningún caso obtuvo respuesta?, le preguntó Germán Martínez respecto de su pedido de ser reconocidos como amicus curiae. “No es que no hemos tenido respuesta, no ha tenido entrada: quedó en canastilla el pedido, por lo menos el de la provincia de Santiago del Estero”, respondió.

Esa situación llevó a la oposición a exponer sus reparos por cuanto “el mismo testigo reconoció que él no es parte, por lo cual por sus propios sentidos no sabe nada, sino que viene acá a hablar porque conoce de la materia, y porque intentó ser amigo del tribunal”, según señaló Juan Manuel López.

Para terminar su intervención, Abate respondió que “el silencio de la Corte es un desprecio a las provincias”, y le mandó un mensaje directo a todos los diputados de la oposición con cierta ironía: “Gracias a todos por su silencio”.

Abate representó a la Fiscalía de Santiago del Estero y cuestionó a la Corte.

El Doctor Pedro Oscar Goyochea es el Asesor General de Gobierno de la provincia de La Rioja, y luego de ser presentado formalmente por la presidenta de la comisión Gaillard, expuso que “por pedido del gobernador riojando (Ricardo) Quintela se presentó ante la Corte Suprema en julio y en diciembre del 2022 para rever la Acordada”.

“La presentación en estas dos instancias fue argumentada por naturaleza histórica y de carácter jurisprudencial. Hemos advertido que la Corte Suprema a partir del 2017 adoptó un nuevo estándar referido a las presentaciones de CABA para tener participación en causas originarias”, expresó.

Además, Goyochea añadió que “CABA logró esta situación de privilegio para participar en estas instancias judiciales”. “Se termina beneficiando con las partidas de coparticipación y a partir de esto, La Rioja solicita el amicus curiae”, señaló.

Ante la pregunta del diputado Rodolfo Tailhade respecto a la composición del 2,95 por ciento de coparticipación a CABA, el riojano contestó que “no aparece en la cautelar ningún calculo que justifique ese número”. “La Rioja tiene en la Constitución provincial dos órganos que tienen las facultades de suscribir este tipo de demandas, pero en ninguna de las dos ha proveído dicha solicitud por parte de la Corte Suprema”.

Consultado por el Pacto Fiscal 2020, Goyochea aclaró que “debe ser homologado en la Legislatura porque la estructura que presenta permite visualizar los acuerdos vinculados con la coparticipación y esto permite visibilidad sobre los fondos de coparticipación”.

Por último, el oficialista Tailhade le preguntó sobre la filtración de conversaciones entre Silvio Robles, asesor de la Corte Suprema, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, a lo que respondió: “Se erradicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Federal y hay elementos de pruebas y suficientes para realizar una investigación”.

No obstante, Goyochea afirmó que la denuncia realizada “fue enviada hacia los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y cayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti”. En esta instancia, Tailhade aprovechó para ironizar en contra de la magistrada, quien está a cargo de la investigación por el intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El anteúltimo expositor fue el doctor Marcos Denett (fiscal de Estado de la provincia de Catamarca), quien fue presentado por el diputado riojano Ricardo Herrera (FdT). “La provincia de Catamarca se presentó para ejercer las facultades instaurados a través de la Acordada de la Corte como amigo del tribunal”, explicó el fiscal.

“El objetivo fundamental fue enriquecer el debate constitucional porque es el el debate realmente nos interesaba. Referenciamos que la coparticipación federal de impuestos y explicamos que la Corte del 2016 al 2020, tuvo desfasajes en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, afirmó.

En esa línea, el catamarqueño agregó que “todo el arco federal planteó su disconformidad”. “Pedirle a la Corte que aplicará la ley como corresponde nos parecía una situación de vergüenza ajena porque excedía el marco conceptual, pero debíamos manifestarlo”.

Además, expresó: “CABA tiene beneficios injustificados porque tienen tarifas diferenciadas y jamás la Corte determinó nuestra presentación”, y aseveró que “la Corte vulneró el régimen constitucional de las garantías del debido proceso, se violentaron normas y se violentó el federalismo”.

“El silencio fue la respuesta de las dos presentaciones que realizamos y nosotros le dijimos a la Corte que CABA intenta tergiversar maliciosamente en su favor”, indicó Denett. Del mismo modo, se mostró consternado y agregó que “venimos trabajando fuertemente por muchos años de postergación”

Denett relató que “vemos los edificios iluminados y vacíos de gente en CABA y a nosotros nos duele tener un foco prendido en el interior”. “Hay una diferencia estructural de desigualdad que ningún gobierno pudo modificar. Esto es lo que lo queremos explicarle a la Corte Suprema”, enfatizó.

“La Corte desbarró con esta sentencia porque sus fundamentos no tienen respaldo en la legislación vigente y este fallo me ha generado desazón como abogado”, finalizó el fiscal estatal de la provincia de Catamarca.

Finalmente, el fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Tanarro, respondió las preguntas que le la diputada entrerriana Blanca Osuna y expresó que “el mecanismo de coparticipación que impuso la Corte incidía directamente en las finanzas y economía de las provincias”.

El fiscal de Santa Cruz afirmó que la Corte incidió en la economía de las provincias.

“Nosotros queríamos con estas presentaciones, argumentar la importancia de que se mantuviera la ley vigente. Fuimos los primeros en hacerla, pero la Corte no la aceptó por mesa de entrada aun, y nuestros pedidos siguen sin ser respondidos por parte de la Corte”, manifestó.

A su vez, expresó que “la Corte se extralimita en sus funciones, y establece un porcentaje infundado para nosotros del 2,95 por ciento”, y contestó sobre los decretos 194/16 y 257/18 que definieron índices de coparticipación: “Nosotros entendemos que el 194 carece de fundamentos y no fue acordado con la transferencia de seguridad a CABA, y el 257 fue producto del consenso fiscal del 2017, reduce la cifra. Entendíamos nosotros que el 735 venia a solucionar fallas de estos decretos”.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Juicio Político dio por finalizada la reunión y anunció que la próxima será el martes primero de agosto con las citaciones a Silvio Robles (asesor del presidente de la Corte Rosatti), Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño) y al doctor Alejandro Rodríguez.

Alperovich negó la intervención del área de Análisis Económico para analizar el informe sobre Coparticipación

El funcionario judicial dijo desconocer la existencia de “alguna otra área de la Corte que lleve algún reglamento estadístico específico”. Por el traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad afirmó que solo intervino “brindando información sobre el presupuesto”.

El titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Joaquín Alperovich, testificó ante la Comisión de Juicio Político de Diputados por el fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación.

En carácter de segundo y último testigo de la reunión de este jueves, contó que ingresó a trabajar a la Corte en mayo del 2016 y que las funciones son “a pedido por indicación de la presidencia de la Corte Suprema realizar estudios sobre el impacto o efectos que puede tener trámites o decisiones que involucren al máximo tribunal en variables económicas”.

“Proveer de esos informes y solicitar la información a los organismos pertinentes para poder realizar esos estudios y asistir a la Secretaría General de la Administración de acuerdo a lo que solicite”, completó. Al respecto, comentó que se le ha solicitado que efectúe ciertos cálculos y que revisara cálculos realizados por peritos por posibles errores y ejemplificó: “También en otras circunstancias ver el impacto de la aplicación retroactiva donde se me solicitó ver el efecto que podría tener aplicar retroactivos una modificación a la ley de riesgo de trabajo”.

Y sumó otros casos como “calcular el efecto de aplicar el RIPTER o aplicar tasa activa del Banco Nación o en relación a los precios y presentar las distintas situaciones que pueden suceder ante esos ejercicios financieros”.

Al ser consultado por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre qué autoridad de la Corte le solicita dichos cálculos, Alperovich afirmó: “Los miembros de la Corte no, yo no he tenido interacción con ningún miembro de la Corte en estos años. El pedido es a través de la Secretaría General y algún secretario letrado me ha informado la problemática”.

Al ser consultado sobre si en el fallo de la cautelar de la Corte cuestionado había intervenido la Unidad de Análisis Económico de la Corte, para elaborar un informe técnico, el licenciado afirmó que “no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco”, desconociendo los motivos por los cuales no se le dio intervención a su área.

Siley le preguntó si conoce la causa de Coparticipación, a lo que el testigo acotó: “Si, en términos generales la conozco”, y explicó: “Desconozco la razón por la cual un secretario le solicite a la presidencia dar intervención o consultar o pedir un cálculo particular a la Unidad de Análisis lo cual ha sido la lógica que siguió el máximo tribunal en esta oportunidad”.

A su vez, optó por no expresar una suposición en caso de que le haya tocado elaborar un informe sobre el tema justificando que “la causa está abierta” y agregó: “El alcance de lo que eventualmente podría solicitar la autoridad del Tribunal depende de cuáles serían sus inquietudes y no lo podemos saber hasta el momento que se realice. Entiendo que si se trata de cálculos económicos debería poder hacer el impacto”.

A su turno, el oficialista Leopoldo Moreau le consultó si su oficina, además de hacer apoyo económico, realiza apoyo estadístico sobre determinadas resoluciones o decisiones de la Corte, Alperovich dijo desconocer si “hay alguna otra área de la Corte que lleve algún reglamento estadístico específico”, y explicó que la estadísticas que se relevan tienen más que ver con “indicadores económicos o macroeconómicos que se actualizan a los efectos de poder estar en condiciones de atender necesidades tanto de la administración como de la secretaría o del tribunal”.

El chaqueño Juan Manuel Pedrini, le consultó por un email que envió con el asunto “Policía Federal Argentina- Gasto en personal”, a lo que Alperovich aclaró que eso fue en su carácter de director de la Oficina Nacional de Presupuesto cuando “se estaba analizando el convenio de la transferencia. Tuve que transferir información por evidente indicación de la autoridad de la subsecretaría. Fue el 12 de enero de 2016”.

En esa línea, Pedrini volvió sobre el tema del traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y le preguntó si tuvo alguna intervención, ante lo que el testigo respondió: “No, a ver evidentemente la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad. Yo en calidad de director nacional de la oficina de presupuesto brindé, por indicación, información de carácter presupuestaria porque hay diferencia entre gastos y costos”.

El subprocurador del Tesoro de la Nación deslegitimó el aumento de la coparticipación a CABA

Lo hizo ante la Comisión de Juicio Político, al cuestionar los decretos del Gobierno anterior que incrementaron las partidas para la Ciudad.

El primer testigo de este jueves fue Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien fundamentó la postura oficial sumamente crítica respecto de la decisión de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.

Al ser interrogado por Leopoldo Moreau sobre los tres decretos de la gestión Cambiemos que beneficiaron a la Ciudad, el funcionario sostuvo que la postura del Gobierno nacional respecto de los mismos queda condensada en los considerandos del decreto del año 2020 que los dejó sin efecto, en función de “la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo Nacional tienen aquellas medidas”.

Respecto de los “vicios” de esos decretos, Diez sostuvo que la Ciudad tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen. “A principios de 2016, fue suscripto entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo de la Ciudad el convenio de traspaso de funciones de seguridad en materia no federales. En el convenio de traspaso de la policía no fue estimado el costo que podía representar la ejecución o cumplimiento de esos servicios no federales, y tampoco se estableció allí ningún mecanismo o procedimiento destinado a establecerlo”, dijo el funcionario.

El subprocurador del Tesoro de la Nación sostuvo que “suscripto el convenio de transferencia de competencias que nada decía al respecto, un par de semanas más tarde fue dictado el decreto 194, que contempla el incremento de la coparticipación para la Ciudad”. Allí, agregó, “no van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad. Incluso hay un lenguaje bastante amplio que va más allá de la cuestión de seguridad”, abundó, señalando que por ejemplo se usaban frases que referían la intención de “consolidar la autonomía de la Ciudad”. Pero aclaró que “no van a encontrar allí referencia específica al costo de los servicios de seguridad transferidos”.

Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial. “En esos expedientes no van a encontrar ningún análisis específico que refiera el porqué de ese incremento -continuó-. Evidentemente alguien advirtió eso y propuso el decreto posterior, para vincular ese porcentaje con la transferencia de la seguridad, pero tampoco van a encontrar ningún análisis técnico económico-financiero que permita encontrar una correspondencia entre el costo de los servicios transferidos y ese diferencial de coparticipación”.

“Me suena bastante extraño que fuera un número redondo, que el 3,75 fuera a representar el porcentaje justo. Curiosamente dio eso”, deslizó, apuntando que el incremento de la coparticipación había sido el 1 de enero y recién en febrero se le trató de dar explicación vinculándolo con las cuestiones de seguridad.

Agregó que un par de años más tarde el porcentaje fue disminuido a 3,50, y esa baja de 0,25% estuvo vinculada a su juicio con una modificación que tuvo que ver con la coparticipación de ganancias. “Y ahí debe haber existido un reclamo de las provincias, al advertir que quedaba sobreasignada la Ciudad, y en el Pacto Fiscal 2017 se dijo que iban a rebajarlo, pero no se dijo a cuánto. Le sigue a ese Consenso Fiscal el decreto 257, que reduce el 0,25%, supuestamente al mayor costo que tuvo que asumir la ciudad con motivo de la transferencia de la seguridad en cuestiones no federales”.

El funcionario sostuvo luego que “nuestra postura en representación del Estado nacional es que los decretos 194, 392 y 257 carecen de fundación económico y financiera, y el cuestionamiento que desde la representación del Estado nacional hemos formulado estriba en que la forma de compensar el mayor costo fruto de la transferencia de servicios a una administración local no debe ser la fijación de un porcentaje determinado dentro de la coparticipación, sino la medición del costo, fijando luego una cláusula de ajuste. Pero no necesariamente atado a un porcentaje de la coparticipación”.

El otro planteamiento para fundamentar la “ilegitimidad” de los decretos, continuó, “es que hasta que se sancionó la ley que aprobó el convenio de transferencia, el Congreso no había sido expresamente oído en este punto, y nuestra postura es que si existe una transferencia de servicios, podemos analizar un escenario en el que en el marco de la Ley Cafiero pudieran celebrarse convenios de transferencia; pero estando expresamente involucrados recursos de la Nación, debía ser tratada la cuestión en el ámbito del Congreso”.

Al ser consultado sobre si el fallo de la cautelar de la Corte cuestionado había intervenido la Unidad de Análisis Económico de la Corte, para elaborar un informe técnico, Diez admitió que lo desconocía. “Sí puedo decirle que no hemos podido advertir en el expediente tal intervención. No se nos dio traslado a las partes del  informe pericial, y en el fallo del 21 de diciembre del año anterior, donde se fija el 2,95% mientras dure el juicio, no advierto ninguna fundamentación del porcentaje”.

“Por eso planteamos que esa decisión estaba encuadrada como una sentencia arbitraria, porque no da fundamentación el por qué”, agregó.

Más tarde, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que la Corte sí había fundamentado dicho porcentaje. “Me parece que su testimonio ha sido interesado y por lo tanto carece de objetividad”, concluiría más tarde Tonelli.

La recusación

Para el funcionario, la Corte con su fallo “adelantó lo que será su sentencia futura”.

Al referirse a los chats y la participación de Silvio Robles en una fiesta con el exministro Marcelo D’Alessandro, Diez señaló que “de ser ciertos esos intercambios, muestran una relación promiscua impropia entre un funcionario del Poder Judicial y el ministro de Seguridad de la Ciudad”. Agregó que “la sola existencia de estas noticias periodísticas generaba un factor más que nos llevaba a sostener una recusación por estar en crisis la confianza sobre la equidistancia e imparcialidad de quien debía decidir sobre este proceso”.

“Luego de la aparición de estos chats, el Poder Ejecutivo Nacional decidió, acompañado por los gobernadores de las provincias, pedir la apertura del juicio político”, puntualizó.

Citaron a la Comisión de Juicio Político para el jueves que viene

Para esa jornada está prevista la presencia de testigos citados sobre el tema coparticipación, y una convocatoria especial que se llevará toda la atención.

comision juicio politico 15 junio 2023

La Comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Gaillard convocó formalmente este jueves a sus miembros para reunirse el próximo 6 de julio, a las 11 de la mañana, tal cual se venía anticipando.

Para esa jornada se espera recibir el informe del ministro de la Corte Supremam Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del reglamento interno de esa comisión, que establece lo siguiente: “Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. Lo establecido en este artículo no obsta al oportuno ejercicio de defensa por ante el Honorable Senado de la Nación”.

De tal manera, el juez Maqueda podrá presentarse ante la comisión, o bien hacer su descargo por escrito en torno a la cuestión referente a las supuestas irregularidades detectadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, durante el período que él estuvo a cargo de la misma.

La convocatoria a la reunión refiere también la presencia de testigos que serán citados por la causa “Coparticipación”, pero sin precisar quiénes son. Según se había anticipado, se espera la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y gobernadores del oficialismo. Se espera que los nombres se conozcan recién la próxima semana.

Juicio Político: La comisión notificó a Maqueda para que se presente el 6 de julio ante ese cuerpo

En la resolución, que fue aprobada por el oficialismo la reunión pasada, le atribuyeron al magistrado 14 cargos por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial entre 2008 y 2011. Podrá presentarse en forma presencial o bien enviar un escrito.

comision juicio politico 15 junio 2023

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, notificó este miércoles formalmente al juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, para que comparezca ante ese cuerpo el próximo 6 de julio para que responda sobre irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

En la última reunión, que se llevó a cabo el 15 de junio, el oficialismo impuso su mayoría y votó a favor de citar a Maqueda, otorgándole diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. Al respecto, el magistrado podrá presentarse en forma presencial o bien enviar un escrito sobre las acusaciones de supuestas irregularidades en OSPJN.

La resolución aprobada por los diputados, de 53 carillas, se le atribuyeron al juez “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. Además, dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”, que la oposición adelantó no integrará.

Los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando desde que se inició el proceso a la Corte Suprema en febrero pasado.

Según esos testimonios, Maqueda está acusado por “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial”.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli había anticipado el rechazo de ese bloque a la citación a Maqueda y dijo que las supuestas irregularidades en el funcionamiento en el ente de salud judicial “no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país”. “Están lejísimo de constituir mal desempeño”, dijo, y advirtió sobre la “falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas”.

En tanto, la comisión de Juicio Político acordó además citar para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y a Marcelo D’Alessandro para que expongan en relación al fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

También, y para la próxima reunión de ese cuerpo, el próximo martes 27 de junio, resolvió invitar al ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, y a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso.

Juicio Político: comenzó el debate sobre la coparticipación de CABA

La Comisión de Juicio Político puso en consideración la resolución que dispone la citación del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, por el supuesto mal desempeño en sus funciones como supervisor de la OSPJN.

Ultimas exposiciones sobre irregularidades en la OSPJN

Se realizó en la Comisión de Juicio Político la última de seis reuniones, con un total de 17 testigos, sobre el tema Obra Social.

La Comisión de Juicio Político cerró el tema sobre la OSPJN y votó citar a Maqueda

En la última jornada sobre obra social fueron convocados 7 testigos. También se votó favorablemente la ampliación de prueba y el pedido de actas a la Corte Suprema. La próxima semana comenzarán con las audiencias sobre el fallo por coparticipación.

Tras dos semanas sin encuentros, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), se reunió este martes para retomar y dar por finalizadas las audiencias con testigos sobre la causal de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

En torno a este tema se realizaron un total de seis reuniones en las que testificaron 17 testigos. De esta manera, a partir del próximo encuentro que será el jueves 16 de junio, la comisión iniciará la investigación sobre el fallo por Coparticipación.

Los testigos convocados fueron la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.

También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla. Burgos, quien no es contadora, estuvo a cargo de la firma de cheques millonarios de la obra social, y era identificada como “sobrina política” de Maqueda. Sin embargo, ella negó cualquier parentesco con el magistrado.

Durante el encuentro, a pedido de la diputada Mara Brawer se votó la solicitud de libro de actas donde el directorio remitía a la Corte las irregularidades y las dificultades para realizar la gestión para el funcionamiento de la obra social. “Hace tiempo que desde la comisión estamos buscando acceder a esa información”, planteó Gaillard.

También votaron a favor el pedido de las respuestas de la obra social sobre el caso de la jueza Martina Forns y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

Al cierre de la jornada, se calentó el ambiente en la comisión luego de que el oficialismo propusiera constituir una bicameral para profundizar la investigación sobre las irregularidades en el manejo de la obra social, algo que fue cuestionado por la oposición. Además, de forma nominal votaron a favor de formular cargos y citar al Dr Maqueda a efectuar el descargo del art 13 del reglamento de la comisión.

Dos testigos y un posible careo

Primera testigo de la jornada, Isabel López Alduncin, secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, relató que trabaja en el máximo tribunal hace 30 años y estuvo 20 en la Secretaría de Seguridad Social. Cuando fue designado presidente, Rosatti se comunicó con ella para tener dentro de su equipo a alguien que se desempeñara en seguridad social. Pero además se encarga de una parte laboral y de los amparos de salud de la obra social.

Al ser consultada sobre si Juan Carlos Maqueda estuvo a cargo del manejo de la obra social, la funcionaria respondió: “A partir de lo que se ha dicho acá, pareciera que sí”. Pero aclaró que no tuvo contacto con él, ya que se dedica específicamente “a expedientes jurisdiccionales, los que llegan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o prepagas”.

López Alduncin contó “el criterio en discapacidad que aplica en los fallos Rosatti”, quien la mayoría de veces tiene disidencia respecto al voto de los otros jueces. “No tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, sino con su interpretación de la Ley de Discapacidad”, señaló y dijo que el juez “lee la ley en la clave de la real oportunidad de trato que necesita todo colectivo vulnerable”, según establece la Constitución Nacional. En ese sentido, “si la ley dice que la cobertura es total, es total”, resaltó.

Sobre los recursos recibidos, la secretaria letrada detalló que “hay muchos que son desistidos por la obra social”, la cual “está bastante mal representada, así que muchos se rechazan en Corte, porque son bastante pobres. Y hay una minoría que sí, que se hace lugar, con disidencia del doctor Rosatti”.

FOTO: HCDN

Luego fue consultada por el diputado Leopoldo Moreau (FdT) por varios reclamos que se hicieron ante la Corte y, puntualmente, el oficialista apuntó el caso de “una niña paciente oncológica que murió estando su expediente en la Corte. Necesitaba un medicamento, el único posible según el tratamiento, indicado por el Hospital Gutiérrez”.

“El expediente no lo vi yo, le estoy diciendo que sí (que falleció) referencialmente, yo no lo estudié”, afirmó la testigo y después el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) pidió que el expediente sea puesto a conocimiento, por lo cual se solicitó como prueba informativa.

En otro tramo de su declaración, la funcionaria judicial opinó: “La obra social un tema a estudiar, de cómo está compuesta, su origen, cuáles son sus atribuciones, cómo se fue desenvolviendo en el tiempo y por qué hay ciertas actividades reglamentarias que las realiza la Corte y no la propia obra social, pero no quiero hablar de un tema que no tengo estudiado”.

Por otra parte, reveló que hasta enero de este año mantuvo un “chat de trabajo” con Silvio Robles -mano derecha de Rosatti- y Natalia Monayer, también de la vocalía del presidente y quien ya se presentó en la comisión. “No tengo el correo de Rosatti”, expresó y resaltó que recurría a ambos cuando necesitaba “urgente ver al ministro, porque es gente que se muere la que está en los expedientes”.  “Cuando no los encontraba por teléfono, los encontraba por ahí, como un canal de comunicación para ver doctor”, agregó y ratificó que, en febrero de este año, cuando regresó tras la feria, ese chat ya no estaba activo.

Al exponer este martes ante la Comisión de Juicio Político, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, contó que lleva más de 30 años en la Justicia. Y que está en la Corte desde el año 2010, siempre en el área del doctor Maqueda.

El eje del debate durante la intervención de esta segunda testigo se planteó en torno al correo electrónico enviado por Maqueda a sus colegas, el 30 de agosto de 2021, al dejar de actuar en la supervisión de la obra social. Villarruel dijo saber de ese mail, porque lo había recibido.

Al preguntarle Rodolfo Tailhade en qué momento había empezado a analizar expedientes de la superintendencia, la doctora Villarruel dijo que fue justo al ascender a secretaria letrada cuando comenzó a ver lo relacionado con la superintendencia de la obra social. “A todos los expedientes les doy el mismo trato: los estudio, los veo, y le comento al doctor Maqueda en qué consiste el caso y cuáles son las alternativas, y el doctor me dice cuál es su opinión, o qué hacer”.

FOTO: HCDN

Negó haber tenido diálogo habitual con el exdirector de la obra social Aldo Tonón, a quien dijo haber visto “poquísimas veces”. ¿En qué oportunidades? “En el cuarto piso, en un pasillo cercano a mi despacho”, dijo la abogada al referirse a los casos excepcionales en que podía haberlo visto.

Más adelante le preguntaron puntualmente sobre los mails de la jueza federal Martina Forns dirigidos al doctor Maqueda. Recordemos que se trata de la jueza federal de San Martín que ya declaró como testigo/damnificada de la obra social, por cuando durante la pandemia falleció su esposo afectado por Covid, y ante la comisión contó no haber tenido la atención pertinente de parte de la OSPJN. Villarruel respondió que recordaba el caso por haberlo escuchado en testimonios anteriores. Y al preguntársele si había interactuado con ella, la secretaria letrada de Maqueda contó que en la Corte Suprema también había trabajado su madre. “Ella me refirió que conocía a mi mamá, me habló con gran cariño de esa” y en ese contexto le habló del caso de su esposo. Le contó que necesitaba terapia intensiva, que había llegado al Sanatorio Güemes y que estaba preocupada porque el mismo no tenía convenio con la Obra Socia, y quería que le informaran si iban a cubrir o no esa internación.

“Ante esa situación tan angustiante, quizá podía aliviar un poco su preocupación sobre el tema económico, que era muy válido”, comentó Villarruel, que recordó haberle pedido los datos de su esposo y tras ello consultó con la obra social a ver si habían recibido ese número de reintegro. Desde la OSPJN le informaron que no lo encontraban, lo cual no le pareció ilógico, por cuanto “en ese momento todo el sistema estaba desbordado. No era ilógico que se les hubiera traspapelado. Me indicaron cuáles eran las direcciones de correo a las que debía enviar el pedido y le informé a la doctora Forns, y yo también reenvié ese mail a las direcciones que me indicaron”, dijo, precisando que su única intención no era que le otorgaran una atención especial, sino que pudieran atender esa situación.

A continuación, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó sobre las consultas formales o informales que le llegaban a ella para atender situaciones planteadas en la obra social, a lo que Villarruel aclaró que “las personas que llegaron a mí por alguna gestión de la obra social puedo contarlas con los dedos de una mano, incluyendo a la doctora Forns. Han sido escasísimos los casos, y siempre mi intervención ha estado limitada a ver si la Obra Social les había dado el curso debido”.

Moreau insistió en que le llamaba la atención que fueran “escasos los casos” que le llegaban a ella, cosa que a su juicio se daba de bruces con un párrafo de la renuncia de Maqueda a la supervisión de la OSPJN, en donde el cortesano resaltaba y agradecía la atención que el personal de su vocalía le había dedicado a atender situaciones de la obra social.

“No me considero alcanzada por ese párrafo porque no era mi tarea. Fueros escasísimos los casos en los que intervine”, remarcó la abogada.

“Si no se considera alcanzada por esta confesión de Maqueda, ¿le consta que el resto del personal de la vocalía llevaba adelante esta tarea, o ignoraba eso?”, insistió el diputado kirchnerista, a lo que Villarruel respondió que sabía que alguna vez habían ido afiliados a transmitir alguna inquietud a la privada del ministro. “Claramente no es todo el personal de la vocalía”, destacó ella.

Más adelante leyeron los mails enviados por la jueza Martina Forns al doctor Tonón, tras lo cual el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si tenían las respuestas de la Obra Social. Carolina Gaillard dijo primero que no tenían las respuestas y debían requerirlos, pero en ese momento le informaron que “nunca fueron contestados. Sí se sabía, dijo, que la obra social terminó haciéndose cargo de la prestación, pues así lo había contado la propia jueza, y ella misma había dicho que no le habían contestado. Lo cual mereció un reproche de López porque se hiciera cargo de que supuestamente no había respuestas, en función de los dichos de la jueza, por lo que reclamó que se le pidiera a la Corte enviar una aclaración sobre el tema.

Finalmente terminaron votando a favor de ese pedido y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

“Usted dijo que con los dedos de una mano contaría las veces que tuvo que atender este tipo de consultas o planteos de la obra social. ¿Cuáles son esos casos, se acuerda?”, preguntó Tailhade, a lo que Villarruel insistió en que habían sido personas que la habían consultado en función de su labor en el Poder Judicial, no porque estuviera específicamente en ese lugar de la Corte. Y en respuesta al diputado aclaró que, dado que se trataba de cuestiones de salud, no le parecía lógico brindar nombres. “Solo puedo decirle que mi participación fue igual de pequeña que con la doctora Forns”, concluyó.

Tras insistir una y otra vez con la lectura de la renuncia de Maqueda a su responsabilidad de supervisar la obra social, específicamente a ese párrafo de agradecimiento a su personal, Leopoldo Moreau dio por concluido que la “lectura integral” de esa nota “confirma que el doctor Maqueda agradece a todos el respaldo a su gestión… Estamos demostrando que tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte”.

Concluido el testimonio de María Villarruel, concluyeron que no era necesario un careo con Isabel López Alduncin, quien la había antecedido. “Hay algunas contradicciones, pero no al extremo de promover un careo –admitió Moreau-. En todo caso, después que repasemos las versiones taquigráficas veremos si eso se hace necesario”.

La palabra de una exdirectora de la OSPJN

A continuación, fue el turno de la doctora y ex directora de la OSPJN Claudia Viviana Madies también de la vocalía de Maqueda quien recordó que fue designada en la Obra Social por los integrantes de la Corte en su conjunto por “una resolución” e ingresó el 7 de abril de 2008 de manera formal y el cese en 2009 en agosto.

Además, detalló que es abogada especializada en el sistema de salud y cuenta con dos maestrías en Salud y Seguridad Social y en Bioética en Derecho. También fue jurista. “Por mi experiencia en el área de salud conocí a los miembros de la Corte, en especial a Lorenzetti y a Maqueda. A Lorenzetti lo conocí porque compartí la judicialización de la salud antes de que fuera juez de la Corte”, reveló la testigo.

“Hubo una situación irregular en la obra social con las prestaciones odontológicas en su momento y me convocaron”, informó y sumó que se entrevistó con Maqueda y Lorenzetti. “Se prefirió en ese momento que el Directorio Colegiado hubiera un integrante contador, otro abogado y otro médico que era Aldo Tonón”.

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Así, la diputada Mara Brawer (FdT) le consultó si durante su función el juez Maqueda actuaba como a cargo de la obra social, ante lo que Madies afirmó: “En el mismo estatuto de la obra social hay la función de fiscalización de la obra social que recae en toda la Corte”, y agregó que han mantenido reuniones con Maqueda, con Lorenzetti, con diferentes miembros por distintos temas.

“Yo no interactuaba mucho con la Corte, sino con el equipo del directorio. Fueron pocas las veces que interactúe con la Corte. Podían pedirnos reuniones extraordinarias. Fue poco el tiempo que estuve, fue un año y tres meses y en ese periodo que fue fundacional, porque era la primera vez que intervenía un directorio colegiado, nuestra relación con la Corte era más acotada y nos preocupábamos más por llegar a un grupo de trabajo ejecutivo que implementara todos los objetivos que nos habíamos planteado en el estatuto”, explayó.

Madies informó que el trabajo consistía en dotar a la obra social de herramientas “más modernas” de las que tenía hasta ese momento que “habían generado la necesidad de la reforma del estatuto”. Además, sostuvo que como integrante del directorio “tenía menos tareas y responsabilidades asignadas” respecto del presidente o del vicepresidente.

“El trabajo consistía, en todo momento, de modernizar las instancias prestacionales que tenía la obra social, las de comunicación, las de afiliación, las de transparencia, publicidad de lo que tenía que hacer la obra social. Era un trabajo intenso”, reveló la exdirectora y añadió que hacían actas mensuales de la actividad y “ahí quedaban documentadas todas nuestras deliberaciones que eran desde comprar los insumos más básicos, recabar las necesidades, mejorar las prestaciones, dar atención a los reclamos presentados por los afiliados. “Era muy intenso el trabajo siendo que era un equipo en formación”, ratificó.

Sobre las actas, dijo no saber dónde quedaron, pero aseguró que eran en papel y se firmaban ológrafas. Madies, aseguró que en una primera etapa se “sintieron los avances más rápidos y productivos”. En una segunda etapa, sostuvo que “resultaba difícil avanzar porque teníamos un presidente de directorio que abría poco el juego, no nos dejaba hacer las actas. Teníamos problemas, el vice y yo como directora, de llevar medidas de gestión que fue motivo por el cual renuncie”, afirmó.

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“¿El doctor Tonón impedía los avances que ustedes pedían?”, preguntó Brawer, a lo que Madies aclaró: “Más que impedía, creo que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, con un cuerpo colegiado porque teníamos una responsabilidad y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las gestiones y eso no nos permitía avanzar en el trabajo”.

En ese sentido, ejemplificó: “Tonón si tenía que hacer alguna contratación no nos daba mucho detalle, no nos aportaba la información. Era muy personalista y nosotros necesitábamos conocer esas gestiones por la responsabilidad que teníamos. No podríamos incidir en eso si él tenía un mandato como presidente que estaba por encima de nuestras atribuciones”, y apuntó: “No era posible dialogar mucho con él”.

Al votar la solicitud de las actas a pedido de Brawer, la testigo aclaró que en las mismas “documentábamos nuestro trabajo. Había momentos donde documentamos esta imposibilidad de llegar a acuerdos. Es sobre la gestión. También documentamos avances y logros”.

“La interacción con los miembros de la Corte era variada. Si había reuniones que mantenía Tonón como presidente del directorio que, muchas veces, no nos reportaba con quién se había reunido ni los resultados de la misma. Ahí teníamos la dificultad de interlocución”, aportó.

Respecto del trato de Tonón con los miembros, Madies relató que “era difícil abordar ese trabajo colegiado, pero tampoco puedo decir que era algo personal porque pasaba con otros miembros. Era una necesidad de gestionar con más independencia por parte de Tonón”. También revelo que elevaban informes mensuales, pero Tonón “hacía resúmenes y no los compartía con nosotros”.

Por otro lado, Brawer preguntó por las votaciones de los estados contables. Al respecto, la testigo precisó que la obra social “debía informes contables de periodos previos que nosotros, como miembros del directorio, impulsábamos que se realizaran porque estaban pendientes y no permitían hacer el informe del ejercicio que tenía, por eso era un tema que más insistíamos. Al momento que me fui, no logramos que esos informes contables estuviesen cerrados”.

Asimismo, sostuvo que “no” intervenía nadie de la Corte porque “era un problema interno del directorio”. También, afirmó que tenían atribuciones para las licitaciones y compras de insumos. “Siempre procuramos que mejorara el sistema sobre los legajos de los trabajadores, la transparencia de los pagos, considerando que la estructura de la obra social con el nuevo estatuto había aprobado un procedimiento distinto”, planteó.

Al ser consultada por las vacantes, aseguró que “había funciones que no estaban cubiertas. Impulsábamos la búsqueda de personas que pudieran cubrir esas vacantes de temas muy puntuales. Las funciones en general había informes de personas de rango inferior, del equipo médico, y donde no estaba la posibilidad de tener un informe de un técnico especializado estaba Tonón, él cubría esas funciones”.

Por otro lado, explicó que para los reclamos se abrió un buzón en la página web para recibir los reclamos de los afiliados y tratar de dar respuestas. “En estas gestiones si teníamos alguna dificultad, Tonón se encargaba de transmitir eso. Buscábamos apoyo de la Corte para solucionar problemas en el interior”, y aclaró que “Tonón refería que ‘había dio a la Corte’, no nos contaba mucho con quién hablaba. Esa era una dificultad. No nos rendía cuenta”.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le pidió si podía profundizar sobre las dificultades en las prestaciones de servicios de odontología, pero Madies aclaró que “cuando ingresé ya había tomado estado público. Había problemas con los implantes. Tuvimos el recaudo de tener una auditoría de odontología. Se tomaron muchas medidas por parte de la Corte para encausar el tema y uno fue dictar el estatuto y nombrar el directorio tripartito”.

“Decidí renunciar porque no logré hacer los avances que me propuse en el área”, contó. La diputada oficialista Paola Vessvessian le consultó si contaban con manuales de procedimiento de compras, pero la testigo aseguró que “no” y que “era algo que estaba pedido para que se haga”.

Había una necesidad por parte del presidente de gestionar sin los codirectores”, disparó Madies ante la pregunta del oficialista Juan Manuel Pedrini y agregó: “Me planteé estar en un organismo colegiado donde asumía una responsabilidad y donde no tenía la oportunidad de incidir en el cambio, por lo tanto, di un paso al costado porque me aprecia contraproducente forzar una situación distinta siendo que mi rol era directora simple y había un presidente que se había definido quién tenía que liderar”. La relación era tirante porque costaba establecer estrategias que no eran las que proponía él y era difícil gestionar”.

Otros testimonios

Otro de los testimonios que se escuchó fue el del doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, que empezó a trabajar en el 2009 y, actualmente, es prosecretario administrativo desde el 2015. Fasciollo aseguró que tomó conocimiento del mail de Maqueda a través de los medios, pero “nunca” le llegó.

En tanto, explicó que la obra social es una dependencia del Poder Judicial y que forma parte del mismo y se cita a los fines de aclarar cuál es la normativa que rige en las licitaciones que “es a partir de una resolución de la Corte”.

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“La obra social cuenta con una asesoría jurídica que no es un órgano de control, no es auditor del directorio. Llega un expediente solicitando un dictamen jurídico para evaluar una contratación o licitación. En el dictamen tengo que especificar quién está facultado para el llamado, el expediente no volvía. La asesoría aconseja, pero no controlamos al directorio”, aclaró ante las preguntas de Blanca Osuna (FdT).

A su vez, aclaró que no intervenía en los expedientes licitatorio sobre compra de medicamento porque los dictámenes en la asesoría llevaban su firma. “El expediente licitatorio se inicia en el área de compras y es girado a distintas áreas, una es la asesoría y se responde de manera formal. Había cuestiones de compras que no eran girados a la asesoría, no requerían la intervención nuestra. Pero licitaciones o contrataciones sí”, explicó.

“Hubo un incremento de afiliados y eso, eventualmente, hace que se generen aumentos de litigios sumado al avance de los medicamentos, la medicina fue avanzando y desde lo normativo no se fue acompañando desde la cobertura”, opinó el funcionario.

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El contador público Iván Nicolás Ritvo reveló que las contrataciones son por períodos de estados contables, son de “3 a 4 meses es el plazo que se da para la realización de la tarea”. “Me contrató el directorio conformado por el doctor Tonón”, afirmó.

“Nunca mi trabajó fue analizar la gestión del ente ni cómo estaba dividida. mi función era juntar la información y llevarla a un ámbito profesional que es evaluación y exposición para confeccionar los estados contables”, explicó el contador y sumó: “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y no contenía toda la información que podía llegar a contener”,

Al respecto, remarcó que confeccionaba los estados contables en función de la información que le brindaban. “Sabia que el estado tenía falencias y fue por ese motivo que se trabajó con una base de datos cerrada para que no tenga manipulación y siempre trabajé de forma independiente”, precisó.

“No encontré el sistema acorde a la envergadura de la obra social y eso llevó a que la recopilación de datos sea un poco más lenta, que haya que revisar más papeles para conformar la información”, agregó y denunció que el sistema tenía vulnerabilidades que “podía sufrir modificaciones en cualquier momento y pedí trabajar con un sistema de base de datos cerrada”.

A su turno, la funcionaria de la obra social María Guadalupe Burgos aclaró que la función de “tesorería es de registrar y controlar los ingresos y egresos. No se toma decisión alguna, no es una oficina autónoma”.

“Todos los ingresos vienen ya con una orden previa. Lo mismo pasa con los egresos. Todo pasa por otros sectores como el de facturación, jurídica, contaduría donde se controla. Tesorería ejecuta la orden previa”, reveló.

La palabra de una damnificada

También testificó la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social quien precisó que es afiliada hace 38 años y que “en un principio cuando estaba el doctor Carranza Casares como director era muy personalizado todo, parecía una obra social de excelencia y hacía que muchas personas se quedaran trabajando en el Poder Judicial, era una de las razones”.

“He tenido una experiencia complicada en 2019”, contó y relató: “En febrero tuve un accidente que me provocó una fractura de clavícula en el hombro derecho, me internaron de urgencia y los médicos establecieron en el Sanatorio San Lucas en San Isidro que tenían que intervenirme y requerían una prótesis”.

Y continuó que “empezaron a demorarse, no me intervenían, los días empezaron a pasar. Hice una queja a la Clínica pensando que era un problema de ellos y ahí me dijeron que la obra social no otorga la prótesis y que había complicaciones. Tenía que ir hasta la obra social para el reclamo, pero no estaba en condición de hacerlo y empezaron los chats. Muchos jueces y juezas empezaron a presionar para que me den la prótesis”.

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“Me operaron de urgencia con la prótesis que se consiguió, no con la que pedían los médicos. A raíz de esas demoras tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria según los informes de la clínica”, relató.

La testigo, recordó que durante el tiempo que estuvo internada que fueron cuatro meses “no tenía forma de que la obra social se hiciera cargo de los temas. Entonces una de las juezas que fue Martina Forns se vino hasta el sanatorio y empezó a ocuparse de los papeles porque al llamar por teléfono me decían que yo tenía que ir personalmente”, y sumó que “la internación domiciliaria también me costó conseguirla”.

“La obra social no tomba el tema y era muy difícil el tema de las licencias, de los reemplazos”, denunció y aclaró: “En la clínica me decían que no tenían forma que la obra social les respondieran. Incluso había dudas sobre mi afiliación. Era una situación de incertidumbre”.

Viano Carlomagno manifestó que nunca tuvo relación con autoridades ni de la obra social ni de la Corte Suprema, siempre dialogó con personal y precisó que las denuncias o reclamos se hacían personalmente, “no había un sistema de mail”.

“Con la internación domiciliaria me tuve que costear todo yo sola. El resto si lo pagaron todo respecto de la clínica, la prótesis, la internación”, denunció.

Juicio Político: se reanuda la investigación contra los miembros de la CSJN con 6 testigos citados

Luego de casi tres semanas sin actividad formal, la comisión que preside Carolina Gaillard se volverá a reunir este martes con el objetivo de terminar de recabar testimonios sobre la OSPJN.

Luego de dos semanas sin reunirse, se espera que este martes 6 de junio se reanude la actividad en la Comisión de Juicio Político, para realizar lo que a priori sería la última reunión sobre supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El último encuentro de esta comisión se realizó el jueves 18 de mayo, oportunidad en la que se registró la declaración del exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien se había negado a asistir en las tres citaciones anteriores. Luego se decidió saltear la semana del 25 de Mayo, por el feriado largo, y el martes pasado se suspendió el encuentro porque no podían asistir dos diputados del oficialismo por razones de salud –Vanesa Siley Eduardo Valdés-. Y como la presidenta de la Cámara está en el exterior no se podían designar reemplazos.

Ahora se prevé que este martes vuelva a reunirse la comisión, en su día y horario habitual (las 13), en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, en el marco del juicio político que el 26 de enero de este año se inició contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.

Seis son los testigos citados para la reunión: la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la OSPJN, y María Susana Villaruel, secretaria letrada de la vocalía del Dr. Maqueda.

Si bien, como dijimos, se espera que esta sea la última reunión temática sobre el tema Obra Social, el número elevado de testigos pone en duda que así sea. En todo caso y de cumplirse el cronograma establecido, se pasaría a partir de la semana venidera al siguiente tema: coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

La oposición destacó el fallo de la Corte que impugnó la candidatura de Sergio Uñac en San Juan

El actual gobernador provincial estaba postulado para un cuarto mandato. En redes, dirigentes opositores remarcaron que “la alternancia en el poder es necesaria para la calidad de la democracia”, y resaltaron la necesidad de respetar la Constitución Nacional.

Tras haber suspendido las elecciones provinciales, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo impugnando la candidatura por la reelección de Sergio Uñac en San Juan quien estaba postulado para su cuarto mandato. Inmediatamente, dirigentes de la oposición celebraron la medida adoptada por el máximo tribunal.

“¡Se hizo justicia por los sanjuaninos! Ahora van a elegir libremente qué futuro quieren para su provincia. Marcelo Orrego tiene la capacidad y el compromiso que se necesita para despertar a San Juan y liderar la transformación que cambie la provincia para siempre”, escribió el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta (Pro).

El presidente del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López, subrayó: “La alternancia en el poder es necesaria para la calidad de la democracia, la separación de los poderes, con una Justicia que controle y ponga límites a las trampas y los excesos también”.

“Seguro saldrá el kirchnerismo a lapidar a la Corte por el nuevo fallo, pero lo que hizo el Máximo Tribunal es interpretar al pie de la letra la Constitución de San Juan y la Nacional. Ahora Uñac debe hacer lo mismo que Manzur: correrse de la lista y permitir que el pueblo vote”, escribió el titular del bloque UCR, el diputado Mario Negri.

En tanto la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi destacó: “Uñac fue una vez vicegobernador y dos veces gobernador y pretendía una cuarta ronda forzando la Carta Magna de su provincia. El fallo de la Corte Suprema es un claro mensaje: el feudalismo no se condice con el sistema republicano”.

El formoseño Fernando Carbajal (UCR) consideró: “El fallo de la Corte en el Caso San Juan es una bocanada de aire fresco; una esperanza para el futuro de la República. ¡Se terminan las reelecciones indefinidas y los feudos que oprimen al Pueblo!”.

“Permitir 16 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder es intolerable, dice la Corte. 40 años es más que 16 no se… pensalo”, agregó, irónico, en referencia a los años que lleva Gildo Insfrán como gobernador de Formosa.

En esa línea, el precandidato a gobernador por San Juan y diputado nacional, Marcelo Orrego, expresó: “Una Provincia y un País no pueden crecer si no se respeta a sus instituciones. Este fallo de la Corte no hace más que darle a nuestra Constitución el valor y la fortaleza que tiene que tener para que ningún gobernante esté por encima de la ley”.

“Como todo en la vida, los buenos ejemplos deben venir de arriba; de los padres a los hijos, como también de los gobernantes hacia el pueblo. Si todos cumplimos y respetamos las leyes, vamos a vivir mejor”, sostuvo y sumó: “Hace 2 años que venimos diciendo que en San Juan solo se pueden cumplir 3 periodos en los cargos de Gobernador y de Vice, pero, lamentablemente, hubo que llegar hasta esta instancia para que nos dieran la razón”.

Así, adelantó: “En pocos días vamos a volver a votar para elegir Gobernador y Vice en San Juan, con la seguridad y la convicción de que el respeto a nuestra Constitución es la base sólida para construir los cambios con certezas que necesita nuestra Provincia”.

“Impecable la Corte Suprema en el caso Uñac en San Juan diciendo que ‘república’, tal como adopta el art 1 de nuestra Constitución como forma de gobierno, es (también) ‘renovación de autoridades’, o sea alternancia en el poder”, tuiteó el liberal José Luis Espert.

El Tribunal Electoral de la provincia de San Juan informó este viernes que las elecciones provinciales a gobernador, que habían sido suspendidas por la Corte Suprema de Justicia a sólo cinco días de su realización, finalmente se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de julio.

Con 8 testigos, reanudan el martes el juicio político a los miembros de la CSJN

Luego de casi tres semanas sin actividad formal, la comisión que preside Carolina Gaillard se volverá a reunir el 6 de junio con el objetivo de terminar de recabar testimonios sobre la OSPJN.

comision juicio politico 21 marzo 2023

Luego de dos semanas sin reunirse, se espera que este martes 6 de junio se reanude la actividad en la Comisión de Juicio Político, para realizar lo que a priori sería la última reunión sobre supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El último encuentro de esta comisión se realizó el jueves 18 de mayo, oportunidad en la que se registró la declaración del exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien se había negado a asistir en las tres citaciones anteriores. Luego se decidió saltear la semana del 25 de Mayo, por el feriado largo, y el martes pasado se suspendió el encuentro porque no podían asistir dos diputados del oficialismo por razones de salud –Vanesa Siley y Eduardo Valdés-. Y como la presidenta de la Cámara está en el exterior no se podían designar reemplazos.

Ahora se prevé que este martes vuelva a reunirse la comisión, en su día y horario habitual (las 13), en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, en el marco del juicio político que el 26 de enero de este año se inició contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.

A las siete citaciones que se habían previsto para el último martes, y que se postergaron para este 6 de junio, hay que agregar como testigo a María Susana Villarruel, secretaria letrada de la Vocalía del doctor Maqueda.

Así las cosas, el testimonio de Villarruel se agregará a los de la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, la doctora Isabel López Alducin (secretaria letrada) y la doctora Claudia Viviana Madies y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la OSPJN.

Si bien, como dijimos, se espera que esta sea la última reunión temática sobre el tema Obra Social, el número elevado de testigos (ocho) pone en duda que así sea. En todo caso y de cumplirse el cronograma establecido, se pasaría a partir de la semana venidera al siguiente tema: coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

“Tengo la sensación de que el peronismo se dirige hacia un triunfo importante en Tucumán”

El senador Pablo Yedlin cuestiona a la Corte Suprema y advierte por “el riesgo de que un país federal vaya a un país unitario judicial”. A nivel nacional, asegura que para el Frente de Todos es fundamental “una fórmula competitiva”, sea que se defina por unidad o interna.

pablo yedlin senador sesion consejo de la magistratura

Por Melisa Jofré

En la previa de las elecciones en su provincia, previstas para el 11 de junio próximo luego del levantamiento de la suspensión por parte de la Corte Suprema, el senador nacional Pablo Yedlin confiesa tener la “sensación” de que “el peronismo se dirige hacia un triunfo importante en Tucumán”

Cabeza de la lista oficial de candidatos a legisladores provinciales, el tucumano revela en diálogo con parlamentario.com que, más allá de los resultados, no está definido si en diciembre dejará su banca o no en la Cámara alta. En caso de renunciar, lo reemplazaría Juan Manzur, el exgobernador que tuvo que bajarse del puesto de vice. 

En relación a la medida que tomó el pasado 9 de mayo el máximo tribunal, el legislador el Frente de Todos cuestiona que “hay una Corte Suprema de Justicia que ha perdido mucha legitimidad” y advierte: “Hay que tener mucho cuidado porque tenemos el riesgo de que un país federal vaya a un país unitario judicial”.

Por otro lado, en relación al plano nacional, el senador considera que, independientemente de que se defina por unidad o por una interna, “lo más importante es que el peronismo tenga una fórmula que sea competitiva contra la derecha argentina”, en alusión a Juntos por el Cambio. 

“El planteo de una economía de derecha, en la que cada uno se salve solo, es el planteo de Mauricio Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich. (Javier) Milei tiene una cosa mucho más descabellada y me parece que ni siquiera vale la pena pensar en lo que plantea porque es absolutamente irrealizable”, diferencia entre la principal coalición opositora y el líder de La Libertad Avanza.

-¿Cómo se retomó la campaña electoral en Tucumán después de lo que fue la suspensión dispuesta por la Corte y el paso al costado posterior de Juan Manzur?

Esa semana que estábamos encaminándonos a la elección, la población estaba en modo electoral; esos días los debates y la publicidad aumentan en intensidad, y ese martes (9 de mayo) estábamos en pleno apogeo y la gente pensando en la elección, cada uno con sus aspiraciones, voluntades y sueños. Por eso, la decisión de la Corte cayó como un baldazo de agua helada, fue una cosa muy rara, porque es como que de pronto el tiempo se detuvo. 

Al no dejarlo ser vicegobernador, (Juan) Manzur da un paso al costado y se produce la elección de Miguel Acevedo; ahí todo empezó lentamente a moverse de nuevo. Recién la otra semana supimos cuando iba a ser de nuevo la elección, cuando la Corte levantó la suspensión. Pero esos fueron días con una sensación de tiempo detenido. 

Ahora estamos en las últimas dos semanas y vuelve a tomar fuerza la campaña. En lo que va a pasar con los resultados electorales, no creo que haya mayores diferencias respecto de lo que podría haber pasado el 14 de mayo. La sensación que tengo es que el peronismo se dirige hacia un triunfo importante en Tucumán, con una diferencia importante de votos. Veremos sobre el sistema de acoples cómo se define la Legislatura, pero vaticino que el peronismo va a seguir teniendo mayoría. Y en cuanto a los municipios no creo que haya muchas sorpresas tampoco. 

-¿Qué expectativa tiene respecto a la capital de la provincia?

La discusión más que nada está dada en San Miguel de Tucumán, sí, con la esposa del actual intendente, la senadora Beatriz Ávila contra la doctora Rossana Chahla, que es diputada hoy y exministra de Salud de la provincia. Lo destacable es que por primera vez San Miguel va a tener una intendenta mujer en la historia. Chahla está con posibilidades de ganar, más allá de que sabemos que la capital es una jurisdicción compleja para el peronismo. 

-Ahora la oposición también ha cuestionado la nueva fecha de las elecciones 

Hay otro amparo pedido por la oposición acerca de que la elección no puede llevarse adelante en junio, sino que debe ser en agosto. A mí manera de ver no tiene mucho sentido el planteo, porque si bien es verdad que la Constitución del 2006 de Tucumán dice eso, de que deben ser 60 días antes de octubre, esos artículos han sido declarados inconstitucionales tiempo atrás por un fallo firme que no ha sido apelado y ya hubo elecciones en junio, las de 2019. Esto ahora está en manos de la Corte Suprema y habrá que estar con la incertidumbre en la boca hasta el día de la elección.

-El oficialismo en la Cámara de Diputados sumó la decisión de la Corte como una causal al juicio político que se lleva adelante, ¿qué opina?

Es una causal sin duda. Nosotros somos la cámara que juzgamos, así que no opinamos mucho hasta que esto esté resuelto en Diputados, pero la verdad es que hay varias cosas que se van descubriendo que son muy preocupantes, como lo que tiene que ver con manejos discrecionales de la obra social, y de contratos a determinados camaristas para que fallen a favor de juicios donde están involucrados los mismos tribunos. La verdad que son cosas muy complejas de una Corte Suprema de Justicia que ha perdido mucha legitimidad. Con lo del Consejo de la Magistratura, al volver a hacer funcionar una ley que estaba derogada, claramente eso no se puede hacer, la Corte no puede legislar. Además de meterse con la conformación de los bloques (del Senado). Y el tema de la coparticipación…son cosas en las que no ha estado a la altura de las circunstancias. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos el riesgo de que un país federal vaya a un país unitario judicial. Es un tema que preocupa a los argentinos o debería preocuparnos. 

-Yendo al plano nacional, ¿piensa que el Frente de Todos debe tener fórmula única o PASO en las presidenciales?

Para mí lo más importante es que el peronismo tenga una fórmula que sea competitiva contra la derecha argentina que es la que se va a presentar en las elecciones como modelo alternativo para la sociedad argentina. La fórmula puede surgir del acuerdo entre los compañeros que dirigen los partidos o puede surgir de las PASO, son dos posibilidades abiertas. Es difícil para mí pensar en un acuerdo total porque ya hay compañeros que han expresado su intención de participar, como (Daniel) Scioli, (Agustín) Rossi y (Juan) Grabois. Además entendemos que el compañero (Eduardo) “Wado” de Pedro tiene intenciones; no sé qué hará Sergio Massa y alguno de los gobernadores del Norte. Hay muchos candidatos posibles, pero creo que desde las PASO o desde ponerse de acuerdo, lo más importante es que sea competitiva y con propuestas claras de programa de gobierno que puedan ser comparables con lo que la derecha está ofreciendo, que es menos salud pública, menos educación pública, menos presencia del Estado para los que menos tienen y una cosa medio de que “se salve el que pueda o el que ha nacido con méritos”.

-¿Cómo se llega a la gente con propuestas de campaña cuando lo que más aqueja es la inflación creciente y los salarios bajos?

Obviamente que llegar a un proceso electoral con los niveles de inflación que tenemos y el atraso que los salarios e ingresos de la población tienen respecto a los precios es un desafío enorme, muy difícil de resolver. Lo que tenemos que hacer es indicarle (a la sociedad) que de este tema se va a salir. Ahora, se puede salir por un lado o por otro. Hay que mostrar las causales. Obviamente hay responsabilidad de este Gobierno, del cual formo parte, pero sin quitar eso, este Gobierno no apareció de la nada, de un día para el otro, tiene una deuda heredada enorme de la cual todavía no sabemos bien qué se hizo y que además está judicializada y va a haber responsables seguramente penales sobre la deuda con el FMI de los 47 mil millones de dólares.  También tenemos que pensar que tuvimos que pasar una pandemia, una situación totalmente excepcional para el mundo en el que hubo que cerrar la economía por un tiempo, hubo que comprar vacunas y solidificar un sistema de salud que estaba muy debilitado. Tuvimos una guerra con precios de combustibles enormemente elevados en todo el mundo que nos complicó también. Y la sequía. Toda esta historia existió, obviamente tenemos responsabilidad, pero el tema es hacia dónde salimos de esta crisis económica que tenemos. Si vamos a salir a un país que crea en que cada uno tiene que tener lo que se merece solamente en base a sus méritos y no entender que hay gente muy por detrás de la línea de partida y el Estado tiene que ayudarla a poder ponerse en algún nivel competitivo, en un Estado que asegure la educación pública con universidades gratuitas, con salud y vacunas gratuitas, o no. O creemos que el país liberado al mercado, abierto a las importaciones, con el flujo de ganancias de las empresas que pueda salir cuando quieran…todas estas ideas que ya probamos en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Mi opinión es que esa manera no es la salida. 

-¿Cómo ve la figura de Javier Milei?

El planteo de una economía de derecha, en la que cada uno se salve solo, es el planteo de Mauricio Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich. (Javier) Milei tiene una cosa mucho más descabellada y me parece que ni siquiera vale la pena pensar en lo que plantea porque es absolutamente irrealizable. Milei es un fenómeno social que tiene que ver mucho más con la antipolítica, con los jóvenes y esto de sentirse “libre”, pero que no tiene, a mi manera de ver, ninguna plausibilidad real de gobierno. 

Creo que el peronismo tiene que discutir con el programa de Macri, que es el programa de Patricia Bullrich, que es la que entiendo tiene mejores mediciones hoy y posibilidades de ganar en el espacio opositor. La discusión es un país manejado por Bullrich-Macri o por el peronismo, entendiendo que estamos en una situación compleja, pero también que acá se puede salir de varias maneras: se puede salir para pocos, sobre todo para los que viven cerca de la Ciudad de Buenos Aires, o se puede salir para todo el país, sobre todo para los que menos tienen y más necesitan. 

-Por otra parte, usted es médico y preside la Comisión de Salud del Senado. En estos últimos años han avanzado varias leyes en materia sanitaria, ¿qué balance hace?

Hemos trabajado mucho y hemos tenido buenos resultados. La ley de compra de vacunas de Covid, la ley de receta digital, la ley de resistencia antimicrobiana, la ley de enfermería, la ley de cardiopatías congénitas, la ley del certificado único de discapacidad, todas han sido leyes que han salido por grandes mayorías, no han sido mezquinas ni se ganaron por un voto o no. Eso ha tenido que ver con el trabajo de consenso donde yo siempre creo que el rol más importante, y que hay que destacar, es el de la oposición. Tanto en Diputados como en Senadores hemos encontrado una voluntad de entender -me parece que la pandemia ayudó también a tener una mirada distinta sobre la salud pública- que estos temas no son temas de grieta política y que, en definitiva, las leyes son de todos. 

-Además hay organizaciones y colectivos que se están movilizando cada vez más en reclamo de sus necesidades

Sí, hay una movilización social importante en temas de salud de colectivos que entienden que sus derechos no están alcanzados. Un ejemplo ha sido la ley de VIH. El gran desafío de nosotros como legisladores es encauzar estos movimientos e intentar no legislar por cada patología o por cada colectivo movilizado; muchas veces detrás de estos colectivos también está la industria. Se trata de hacer leyes estructurales que le den sostenibilidad en el tiempo al sistema sanitario argentino.

-Este año el oficialismo ha perdido, como interbloque, la condición de primera minoría en el Senado, ¿cómo cree que se trabajará con la oposición en medio de la campaña? 

 Un Senado sin mayoría es un Senado extraño para Argentina, la democracia argentina ha tenido siempre mayorías claras en el Senado y es la primera vez que esto no ocurre. Esto genera una obligación de consensos mucho más grande, de diálogo. Además, hacen falta oposiciones que sean constructivas, y eso se dificulta en un año electoral donde las mezquindades son permanentes. Un ejemplo ha sido la mezquindad de la oposición de no querer votar los acuerdos de los jueces que no sean de Santa Fe y Rosario en la sesión anterior, donde quedaron por fuera jueces de Salta, de Tucumán y de varios lugares, que ya tenían acuerdo. Algunos incluso llevan un proceso de más de cinco años. Nosotros no negamos la necesidad de que Santa Fe y Rosario necesiten jueces, pero hay que pensar en toda la Argentina. Considero que, en lo que resta de este año, tenemos que trabajar en encontrar los puntos medios que nos permitan competir electoralmente pero trabajar para todos los argentinos. 

Cristina tildó a la Corte como “mamarracho indigno” y pidió dejar de lado el programa del FMI

Llamó a todos los partidos a “repensar el diseño institucional”. Criticó nuevamente al FMI y sugirió hacer un acuerdo político con ese organismo por el cual los pagos de la deuda sean en base a las exportaciones.

Bajo una lluvia que se intensificaba por momentos, en una Plaza de Mayo colmada de militantes, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, un 25 de Mayo de 2003. En el mismo hizo un repaso de los doce años de kirchnerismo, sin incluir la actual gestión, a la que dedicó una breve referencia laudatoria de la actual gestión, cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri y el FMI… y por supuesto fue durísima con la Corte Suprema.

Al Tribunal Superior lo definió como “mamarracho”. Y hasta dijo que era peor que la Corte de la “mayoría automática” del menemismo. Recordó la Corte Suprema cuyo juicio político su esposo muerto impulsó, la dolarización que el presidente de ese tribunal, Julio Nazareno, quiso imponer, y aseguró que “aquella Corte, de la que Néstor había pedido su juicio político, al lado de este mamarracho indigno que tenemos hoy… nunca se dijo de un juez de la Corte las cosas que se saben. No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos merecen tener una Corte de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado, es la imagen del país también”.

En ese marco, pidió a los partidos políticos “repensar el diseño institucional”, para “no seguir con la rémora monárquica” de un Poder Judicial que “no rinde cuentas a nadie”.

“Con todos los errores que pueden tener quienes forman parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo, la sociedad frente a estos poderes siempre tiene una garantía: la del voto. Porque si no te gustan, tenés en tus manos el voto cada dos o cuatro años. Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia”.

Cristina Kirchner habló de renovar el pacto democrático. “Hay que volver a renovar ese pacto. Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o con el kirchnerismo… por favor… si con ganar me alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? Y se los digo como parte de una generación que fue devorada”.

No omitió críticas contra el Gobierno de Mauricio Macri, al que endilgó el endeudamiento, y en ese marco hizo su única referencia al Gobierno de Alberto Fernández, al que no mencionó por nombre propio. “Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo -comentó-. Dije que iba a haber crecimiento, pero si no cuidábamos los precios de la economía el crecimiento se lo iban a llevar cuatro vivos… Ahora el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos”. Y ahí lanzó: “Aun con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas”.

Con relación al Fondo Monetario Internacional, reclamó que “dejen de querer dirigir la política y clausurar la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima”. En ese marco planteó un nuevo acuerdo, remarcando que lo que le dieron a Macri fue “político” y ahora hace falta un acuerdo “político”, sugiriendo que los pagos sean, por ejemplo, en base a una parte de las exportaciones.

“Si no logramos que el programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, industrialización e innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan”, lanzó Cristina Kirchner.

“Somos 46 millones, no alcanza con la materia prima, tenemos que incorporar valor y tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, lo que el país necesita. Se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio. Gracias a los kukas también recuperamos vaca muerta”, señaló la vicepresidenta, que agregó en otro pasaje: “Nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”.

En el inicio de su discurso recordó los tiempos de la convertibilidad. “El día que se cayó esta falsa dolarización explotó todo”, dijo, y agregó: “Cuando hoy vemos a discípulos y colaboradores de ese ministro de ojos claros explicar lo que van a hacer, a nosotros, que no tenemos títulos de economistas porque somos simples abogados…”.

Ahí se refirió a Javier Milei nuevamente, sin nombrarlo. Al que aludió también, sin nombrar, fue al senador nacional Martín Lousteau, al recordar el conflicto con el campo, que atribuyó a “otro genio de la economía, de los que nos dan clases todos los días”, por el cual “casi me pongo el país de sombrero”.

“Fue algo muy fuerte en esta misma plaza, hablamos en dos oportunidades en aquella crisis que, sinceramente, dividió a la sociedad argentina. Por eso digo que casi me puse el país de sombrero. Una crisis política de magnitud muy fuerte”, refirió.

“Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban. Esos dólares los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras la pagó Néstor, la última en 2012, anoten genios de la economía, se las pagamos nosotros la de ustedes, los perucas”, planteó.

Sobre el final llamó a la militancia a difundir lo realizado por los gobiernos kirchneristas: “Que cada uno cuente este entramado de desinformación en cuanto a los verdaderos responsables de la situación que vive Argentina en materia de endeudamiento, falta de dólares y corridas que tantas veces han asolado a Argentina, para que esta vez la gente pueda decidir con claridad pero sobre todo con información. Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer; hay que romperse lo que hay que romperse”.

Tras su desplazamiento, Marchi reivindicó su tarea en la Corte

“Mi gestión como administrador generó una base sólida para el cuidado de la Independencia del Poder Judicial. Dejé la Corte con 150 mil millones de pesos de fondos y cero deuda”, afirmó el exadministrador general de la CSJN.

A días de su desplazamiento, el ahora ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contador Héctor Daniel Marchi, defendió su gestión de 15 años al frente de un lugar estratégico para el funcionamiento del Poder Judicial.

Luego de haber cobrado gran protagonismo en sus dos presentaciones durante el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, donde efectuó serias imputaciones contra el presidente del Tribunal Supremo, Marchi mantiene esa pulseada.

En este sentido, Marchi destacó que los principios rectores de su desempeño como titular de la Secretaría de Administración de la Corte Suprema fueron la responsabilidad, la rigurosidad y la transparencia. Señaló el contador que “fueron esos principios los que garantizaron la sustentabilidad administrativa y financiera del máximo Tribunal de Justicia, durante más de una década y media de gestión”.

“Gracias al principio de responsabilidad fiscal, mi gestión como administrador generó una base sólida para el cuidado de la independiencia del Poder Judicial de la Nación y, por ende, para vigencia de la República y el Estado de Derecho”, dijo Marchi.

A continuación, señaló: “Dejé la Corte con 150 mil millones de pesos de fondos y cero deuda. Toda la secuencia administrativa, económica y financiera de mi gestión se encuentra publicada, en detalle, en la página web del Alto Tribunal”.

Para Marchi es importante destacar también que “la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, es la última garantía en el cumplimiento de los derechos de nuestros ciudadanos”. Y, en este sentido, concluyó: “El equilibrio de mi gestión, sumado al Fondo Anticíclico creado, aseguran sustentabilidad económica y financiera por muchos años lo que, decisión política mediante, permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas políticas públicas para el Poder Judicial de la Nación”.

Juicio Político: ya están los convocados de la próxima reunión, que sería la última sobre la Obra Social

La décimoquinta reunión de la comisión dirigida por Carolina Gaillard tendrá cinco testigos el martes que viene a partir de las 13.

Luego de una semana de tregua por el feriado largo del 25 de Mayo, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja reanuda sus actividades el martes 30 a las 13 -tal cual se había acordado en la última reunión-, en la continuidad del análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tendrá así su décimo quinta reunión. Y la sexta correspondiente al tema “obra social”, que se extendió más de lo previsto originalmente. Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre ese tema, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.

Por lo pronto, los convocados para esta nueva reunión son cinco. Han sido citados la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo;el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y seguramente expondrá en calidad de damnificada por la misma.

Recordemos que el contador Ritvo, había sido citado la semana  pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.

Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.

En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial.

De concluir este martes efectivamente con el tema “Obra Social”, pasarán al siguiente: Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Juicio Político: el oficialismo citará a los actuales presidentes de la Obra Social del Poder Judicial

El FdT presentó una ampliación del pedido de jury contra la Corte por la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán. En tanto, JxC pidió incorporar los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente. Pasaron 3 testigos este jueves.

A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema.

Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.

En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán.

Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente.

A su vez, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 30 a las 13 -debido al fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo- en la que continuarán indagando sobre las irregularidades en el manejo de la obra social. Además, comentó que los siguientes temas serán Coparticipación, Consejo de la Magistratura y las audiencias remantes.

Caso Tonón

Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a los miembros que le comunicaron de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, que se había dispuesto notificar al doctor Aldo Tonón para que compareciera a testificar. Y así fue.

El exdirector ingresó a las 15.20 a la Sala 1 del Anexo y estuvo más de cinco horas respondiendo preguntas, muchas de ellas las evitó amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional para “no auto incriminarse” en las causas en las que está imputado por el mismo tema. Tonón afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Al finalizar su testimonio, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade adelantó: “Vamos a evaluar las versiones taquigráficas porque hay contradicciones con otros testigos y en algunos casos hay mentiras. Vamos a hacer una consideración del caso Tonón. Me pareció que fue un testigo reticente porque nos opuso la garantía del artículo 18 cuando no correspondía y eso es un engaño a la autoridad, en algún momento vamos a hacer una presentación”.

Ampliación de pruebas

Durante la jornada se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, en total son 10.

A pedido del jefe del bloque oficialista, se aprobó la citación de los actuales presidentes de la Obra Social, Mariano Althabe, y a la vicepresidenta Cora Borensztejn. “Nosotros no acompañamos porque no vamos a estar hasta fin de año tomando testimonio”, aclaró Juan Manuel López.

Dos testigos ausentes y dos presentes

En dicho encuentro, se ausentaron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos. En el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía.

El primer testigo en declarar fue Sebastián Clérici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración; quien hasta abril de este año era titular de la Dirección Jurídica General y ahora ocupa transitoriamente la Secretaría Jurídica General, fue consultado en virtud de haber sido presidente de una comisión auditora sobre la obra social que se conformó en 2021.

Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario reveló que “cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”. Sobre su área, dijo: “Cuando recibíamos esas acciones actuábamos igual que con cualquier otra, no es que tenían un trámite fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenían”.

Respecto de la “naturaleza jurídica” de la obra social, Clerici definió que “es una dependencia de la Corte Suprema, donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver-ejecutar y responsabilidades personales”.

“La auditoría que se nos encargó, que involucraba 13 años de gestión, a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades a las que el tribunal les había conferido, en distinto grado, competencias para la gestión actual de la obra social”, expresó.

Durante su testimonio, el secretario letrado resaltó que “muchas de las observaciones que se señalan en la auditoría probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades que se estaban ocupando de la gestión”.

Consultado por las vacancias que hubo -durante todo el período analizado por la auditoría- de los cargos de subdirectores médico y administrativo, el funcionario explicó que para estos nombramientos deben intervenir “distintos órganos” pasando por “la propuesta del director, la propuesta del directorio y luego designación por la Corte, como cualquier empleado de dependencia de la Corte Suprema”.

En el interrogatorio, que duró cerca de tres horas, Clerici fue consultado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) por el tema del acceso a las declaraciones juradas y patrimoniales de funcionarios y magistrados de la Corte. “Se está iniciando el proceso de pedido para que los funcionarios entreguemos las DD.JJ.”, dijo el testigo y apuntó que el procedimiento de acceso al público está “previsto en dos o tres acordadas de la Corte”.

Sobre esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que “el pedido de juicio político de la diputada (Paula) Oliveto hacía referencia a cómo la Corte había violado la Ley de Ética Pública estableciendo un régimen especial de publicidad para las DD.JJ. de los jueces de la Corte Suprema”.

Uno de los temas sobre los que se hizo bastante hincapié fue en “el régimen legal aplicable para licitaciones y contrataciones” que se basa en el decreto 5720/72, referenciado en una Ley de Contabilidad derogada. “¿Cómo es que la Corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años?”, consultó la diputada Siley, a lo que Clerici confirmó que “la Corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000, ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720”.

Más adelante, Siley subrayó que “en ninguna de las contrataciones encontramos referencia a ese reglamento autónomo” del que habló Clerici y advirtió que “los oferentes no tienen el encuadre legal adecuado”. “El procedimiento interno en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho en el marco de la auditoría, ni correspondía”, respondió el funcionario. No obstante, aclaró que en la auditoría se advirtió que no debería hacerse referencia a la Ley de Contabilidad derogada y que hubiese sido conveniente adecuarlo.

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) quiso indagar sobre el rol de la Secretaría General de Administración -hasta abril comandada por Héctor Marchi- en lo concerniente a licitaciones que en algunos casos la obra social remitía a la Corte. “La obra social respondía que era según el valor y la envergadura de la licitación”, afirmó el secretario letrado.

La siguiente fue Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN una mujer de 49 años quién enviudo hace uno, fue consultada por el diputado nacional Leonardo Grosso (FdT – Buenos Aires) sobre su dependencia y utilización de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Ambrosio respondió: “Trabajo en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y soy afiliada desde el 1999, también mi marido (fallecido) y mi hijo)”. De entrada, aseguró: “La obra social no la utilizaba demasiado, empecé a notar problemas cuando la uso mi marido al que le diagnosticaron cáncer y ahí vi problemas”.

Respecto al tratamiento, la testigo relató que necesitaba terapia de rayos de onda corta y quimioterapia de forma urgente, pero “no autorizaban y recurrimos a un amparo”. “Una medida cautelar nos dio la razón y lentamente empezaron a autorizar”, señaló.

Sin embargo, la quimioterapia que debía realizarse cada quince días necesitaba la autorización de un medicamento, el cual debía estar listo 48 horas previas a la sesión y “nunca estaba el medicamento listo como requiere el tratamiento”, indicó.

“Llamaba y atendía un empleado que obviamente no te lo solucionaba, y la medicación llegaba a último momento. Era un stress permanente cada quince días”, enfatizó. Del mismo modo, amplió que “se veía agravado porque debía cumplir mis tareas y las de él, más el stress de luchar contra una obra social que no daba cobertura”.

El problema de Ambrosio se agravó cuando el 14 de abril de 2022 su marido “tiene un comportamiento extraño y lo llevo a la guardia para quedar internado”.

“No sabían si el tumor había llegado al sistema nervioso, pero logran determinar un cuadro psiquiátrico, es dado de alta a los quince días y determinan la internación domiciliaria”, relató.

Inesperadamente para Ambrosio, la quimioterapia es suspendida “porque no podían hacer las dos cosas a la vez”. Así también, aseveró que “la internación domiciliaria es el nombre nomás porque no mandaron enfermeros, el clínico venía una vez por semana y solo venía para ver si tenía medicaciones, no lo revisaba”.

Tras varios reclamos por la ausencia del psiquiatra, Ambrosio decidió buscar un lugar de cuidados paliativos dónde su marido estuvo los últimos 20 días de vida. “Cuando averiguaba por cuidados paliativos me mandaban a una dependencia interna pero no se ajustaba a lo que necesitábamos”, agravó en el relato.

Además, contó que “las cosas (necesarias para la internación domiciliaria) nunca aparecieron y no hubo tiempo de hacer (otro) amparo porque murió a los dos meses”. “Tampoco llegamos a tener Certificado de Discapacidad”, siguió.

La parte más dura del relato de Ambrosio fue cuando manifestó que “mi marido se cayó de la cama y hasta que vino la ambulancia pasó tres o cuatro horas en el piso”. A su vez, agregó: “Llegaron, lo levantaron y me dijeron que lo limpie yo”.

Finalmente, el marido de Ambrosio falleció mientras se encontraba en Hospital San Camilo “sin ninguna injerencia de la obra social”. El legislador Grosso consultó porque no la usaba antes y la testigo respondió: “No la usaba antes porque hace 17 años transité enfermedad y me vi autorizando ordenes continuamente con dos o tres horas de trámite para hacer estudios”.

En el cierre, la diputada nacional Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) le preguntó sobre los reintegros por los cuidados paliativos y Ambrosio cerró: “Solicité en la casilla de internación domiciliaria y ellos dijeron que no tenía cobertura”.

Tonón: “La situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”

Tras ser citado en tres oportunidades, el exdirector de la OSPJ compareció ante la Comisión de Juicio Político y contó que “el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos”. En varias ocasiones recurrió al artículo 18 de la Constitución para no responder algunas preguntas.

La cuarta fue la vencida. A las 15.20 se hizo presente en la Sala 1 del Anexo de Diputados el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de este jueves en el marco de su quinta audiencia de indagatoria sobre las irregularidades en el manejo de la obra social.

Durante su larga exposición, que se extendió por más de cinco horas, se amparó en varias ocasiones en el artículo 18 de la Constitución para no responder ciertas preguntas al estar imputado en una causa que también investiga el mismo tema. En tanto, afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Tonón se había negado a asistir a la comisión en tres oportunidades. El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista aprobó pedir que sea traído por la fuerza pública, algo que requiere la intervención de un juez.

“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor (Ariel) Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó en el comienzo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

Además, la diputada resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social que se tramitan en la Justicia, dos están en el juzgado de Lijo y una en el de Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social, ahí sí está imputado. Por lo cual “no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca ante esta comisión”, dijo Gaillard.

Promediando la audiencia, la presidenta de la comisión informó que acababan de llamar de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, para informar que desde allí se había dispuesto notificar al doctor Tonón, quien “estará viniendo hoy como testigo a la comisión”.

“¿Tiene que venir, lo van a traer?”, consultó Juan Manuel López, titular del bloque CC-ARI, a lo que Gaillard respondió: “Lo están yendo a notificar… Notificarlo de que tiene que venir, no sabemos si el testigo está viniendo”.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica sugirió que el juzgado “nos mande la resolución” adoptada, y a continuación el diputado Leopoldo Moreau dijo que adhería al pedido de López. “Es importante que el juzgado envíe el escrito, porque es muy importante el fundamento con el que ha tomado esta decisión”, precisó.

Tras el ingreso de Tonón a la sala y previo a la ronda de preguntas, Gaillard aclaró: “Al testigo se lo ha citado en tres oportunidades, como incompareció el testigo aduciendo la imposibilidad de declarar para no auto incriminarse porque hay tres causas penales que investigan el tema de la obra social, y una de ellas que es la única que está imputado el doctor Tonón, pero no es la que se está ventilando acá en la comisión”.

El testimonio de Tonón

Palabra que se hizo esperar, el exdirector de la OSPJ afirmó conocer a los magistrados de la Corte Suprema, pero negó tener una relación y/o vínculo personal. El primero en interrogarlo fue el diputado oficialista Rodolfo Tailhade quien le pidió que explique las circunstancias que “rodearon” su ingreso a la OSPJ, ante lo que Tonón contó que su ingreso fue en 2007 luego de una entrevista “a raíz de un conocimiento por una persona en común me solicitaron un CV sobre toda mi trayectoria médica, yo llevo 49 años de profesión de los cuales 35 están destinados a la gestión. Tras unos meses me citaron a una entrevista con Maqueda”.

En ese marco, aclaró: “No soy amigo personal de Maqueda, sino que la relación que mantuve es solamente a través de ese vinculo laboral que se constituyó. Tuve entrevistas con otros jueces. En ese momento con los distintos jueces de la Corte que, en ese momento, estaba constituida por 7 miembros”.

“Me pidieron hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso que tramitaba en el exjuzgado del juez Bonadío que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. A raíz de eso, trabajé durante 6 meses con un contrato de locación de servicios. Hice un informe y lo documenté que está en poder de los miembros de la Corte donde se aclararon todas las situaciones y la propuesta de un replanteo en el armado de la OSPJ dadas las características y la situación que la obra social tenía de no ser una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”, relató.

 Asimismo, reiteró que su ingreso fue para una “determinada tarea en la Auditoría de la Obra Social con el punto de inicio en una causa penal que tenía 17 imputados referida a las prestaciones odontológicas. De ahí se fue abriendo el espectro de evaluar las distintas situaciones que se estaban dando y se podrían haber dado en la obra social y un proyecto de ordenar a la obra social”.

Con el tiempo surgió el pedido de hacer una proyección de cómo la obra social se podía reordenar”, insistió Tonón. Ante la consulta de Tailhade sobre el ingreso formal a cargo de la Obra Social, el médico explicó: “Se dio a través de la modificación estatutaria nueva, el funcionamiento y el organigrama de la obra social presentado donde los señores ministros de la Corte deciden conformar una reforma del funcionamiento de la obra social y, a través de la constitución de un directorio de tres personas”.

En ese sentido, precisó que el ofrecimiento del puesto fue hecho por los titulares de la Corte Suprema con la anuncia del resto de los ministros, la acordada por la que se aprueba el estatuto y se asigna la constitución de las autoridades de la obra social “está firmada por los siete ministros”.

“Se dio a través de la acordada la propuesta de estatuto, el funcionamiento, el organigrama de la obra social presentado, y el proyecto de modificación en la obra social para transformarla en una obra social acorde a las circunstancias del momento”, ratificó el testigo.

Al respecto, Tailhade le preguntó si recibió algún tipo de instrucciones de cómo querían los jueces que sea la gestión de la obra social. “Creo que si leemos los primeros artículos del estatuto de la acordada 5 del 2008 dice cuáles son los fundamentos y para cuáles son los objetivos de querer y la modalidad o el modelo de obra social que querían. Eso lo habrán discutido entre ellos”, indicó el exdirector.

“Asumí el cargo que me ofrecieron junto con el directorio y continué hasta el 9 de marzo en que presenté la renuncia, pero desde el 31 de diciembre de 2021 yo dejé de estar operativo en la obra social para poder tomar todas las vacaciones reservadas y que no pudieron ser tomadas durante años anteriores. En febrero del 2022 en el cual se hizo un citatorio para hacer cambio de autoridades porque yo ya había decidido que no iba a continuar. Se hizo una reunión de los dos directores de la nueva gestión que son el doctor Althabe y la doctora Borensztejn en el cual se cambiaron los directores. Me abstuve de postularme o aceptar cualquier cargo”, detalló.

En esa línea, el diputado kirchnerista indagó sobre su decisión de renunciar. “Ya no quería continuar trabajando. Tengo 74 años, llevo 50 años en la profesión y 35 en la gestión, me sentía cansado y agotado y por eso decidí como cualquier ciudadano jubilarme”, sostuvo.

Al ser interrogado por la gestión y la trayectoria, Tonón manifestó: “Está todo documentado en la Obra Social y como estoy imputado en las tres causas en las cuales puedo auto incriminarme en el funcionamiento voy a hacer uso de las facultades que me otorga el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Al respecto, Gaillard le aclaró que es por “preguntas relacionadas a las causas en las que está imputado que puede hacer uso de dicha facultad. Si es una causa en la que no está imputado puede responder. Usted no está imputado en las causas de irregularidades en la Obra Social…el testigo puede hacer uso de la facultad o abstenerse de responder alguna pregunta vinculada al hecho que se investiga”.

Pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien comentó: “Solo para tranquilidad y para no estar hablando con el abogado que no puede ser parte de la reunión. Hay cosas que seguramente el testigo puede decir incluso respecto de estos temas de imputaciones que puede tener las distintas causas en términos jurídicos de acuerdo a la información que le atiende a su abogado sin necesidad de que hable. Tratemos de hacer todo lo más fluido posible”.

Al retomar el interrogatorio, Tailhade volvió sobre su pregunta anterior: “¿Usted considera que hablar sobre eso lo puede comprometer en la investigación penal?, a lo que Tonón contestó: “Si porque temas que están en la investigación penal se refieren a la gestión”. Lejos de cerrar ese tema, el diputado oficialista insistió: “Si, pero se refieren a hechos puntuales que podrían haber sido considerados posibles delitos de acción pública que disparó una investigación. No sé si eso forma parte de las investigaciones que se están haciendo en sede penal”.

“Creo que usted desconoce cuales son las causas que están en sede penal”, disparó el funcionario, ante lo que Gaillard intervino con una aclaración: “Nosotros antes hemos leído las distintas causas que usted tiene y tramita en causa penales la 7686/21 donde nos consta que no ha sido imputado en la causa. En la causa 5666/21 el fiscal si lo imputó, pero no tiene que ver con la investigación que estamos ventilando en este juicio y en la causa 4462/22 no está imputado. Digo para clarificar las causas que tramitan y en las que puede abstenerse si siente que se está auto incriminando”, y agregó: “Evitemos las preguntas sobre la gestión porque muchos de los hechos ya fueron comprobados por los testigos anteriores”.

Tonón explicó que la obra social “es una institución que tiene independencia y autonomía de gestión económica, administrativa y financiera, por lo tanto, los ministros estaban informados sobre el funcionamiento y qué se estaba haciendo, pero no le tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura que el propio estatuto lo dice”.

 “Cualquier ministro que quisiera tener información de la obra social y me consultaba, tenía la respuesta porque la obra social dependía… lo dice el estatuto no hace falta repetirlo”, contó y sumó: “El estatuto establece de quién dependía la obra social y hace una excepción a esa dependencia. Está respondido en el artículo primero de la acordada 5 del 2008”.

Nuevamente la titular de la comisión intervino para aclarar la pregunta de Tailhade y le preguntó al testigo si conoce el mail en el que Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión sin acto administrativo de la obra social del Poder Judicial: “Formalmente y personalmente no, solamente por trascendidos periodísticos”.

“Cuando había problemas de envergadura se consultaba a Lorenzetti, a Maqueda, y con los otros ministros también. A muchos de ellos se les preguntaba por alguna cuestión o situación que se había enviado como propuesta para mejorar el funcionamiento o equipamiento o la finalidad y estructura de la obra social. Siempre y cuando excediera esa resolución las facultades que tenia el directorio que funcionó en los primeros años de la obra social porque ahí funcionaba con un directorio y las cosas se trataban ahí”, explayó el testigo.

Tailhade preguntó: “El estatuto que estuvo vigente casi 14 años aprobado por la acorada 5 del 2008 comprometía a la obra social a elevar mensualmente informes de las decisiones que adopte de la gestión administrativa, sevicias de cobertura, estado económico. Puede decirnos si eso se cumplió regularmente”, a lo que el exdirector destacó: “Estimo que sí, sino no hubieran permitido la continuación de la obra social y lo hubieran reclamado. Porque se enviaba la información de trascendencia con la propuesta. Todos los meses se elevaba a la Corte y, además, las inversiones de la Obra Social por resolución de la Corte del año 2011 quedaron en manos de la Administración General de la Corte Suprema. La Obra Social derivaba los excedentes que consideraba que se podían seguir conformando el fondo anticíclico a la Administración General de la Corte porque era una indicación dispuesta por una resolución del máximo tribunal”.

La información económica y financiera, la solicitud o propuesta de algún acto o de alguna situación que mejorara la atención de los afiliados, que mejorara el funcionamiento de la obra social, antes de tomar la decisión, si se consultaba con los ministros que querían tener conocimiento del tema”, planteó.

Y agregó que “esa comunicación era de muchas formas. Era la propuesta de una solicitud de audiencia y el ministro decidía si era por audiencia o por escrito. Era a cualquier ministro”.

Al respecto, indicó que el patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos. “El último día que fui, en el que se firmó la nueva dirección, en el acta del directorio se incorporó el estado económico y financiero de la obra social y el orden del monto era 52 mil millones de pesos. Eran depósitos y liquidez”, indicó y resaltó que las consultas eran solo para los ministros y no para los empleados de las vocalías.

Al ser consultado por el motivo que derivaba a que las resoluciones hasta la acordada 44 del 2018 eran firmadas por varios ministros, Tonón explicó: “Algunas situaciones si, y otras de resolución de la propia Corte siguiendo los lineamientos de la Ley de Contabilidad de la Nación en las normas propias de la Corte mediante una acordad y fijaba montos para algún tipo de licitación”.

“No era mi función interferir en el funcionamiento y en el ordenamiento o decisiones que tomaban los ministros con respecto a sus funciones. Era facultad exclusiva de ellos, yo no pedía explicaciones sobre eso”, lanzó.

El patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos

También contó que los montos “iban modificándose con el correr del tiempo en la misma situación siguiendo los lineamientos de la Corte. Se actualizaban no muy asiduamente, pero cuando se generaba un desfasaje grande. Fue así desde el primer día que llegué”.

“Nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse porque está en juego la vida de un paciente”, sostuvo Tonón ante la pregunta de Germán Martínez y sumó que “todo procedimiento de compra de licitación tiene un derrotero de hacer que va desde justificar la necesidad de la situación y por cada área: jurídica, requirente, la compras, jurídica, y la contable”.

Y siguió: “Eso iba, se hacía el concurso, luego pasaba a la comisión de pre adjudicaciones que depende del Consejo de la Magistratura que hacía la evaluación de todo el procedimiento y daba su dictamen”.

Pidió la palabra el diputado Leopoldo Moreau quien interrogó sobre el tiempo en el que estuvo como director sin que estén el resto de los directores: “No recuerdo con precisión la fecha la renuncia de los otros dos directores, pero estimo que fue desde fines del 2009 o 2010”.

“¿Cuál fue el tiempo en el que estuvo en esa situación, es decir, que estuvo ejerciendo el cargo sin que se nombraran los demás directores?”, volvió a preguntar Moreau, a lo que Tonón recordó: “Desde la fecha de renuncia hasta la fecha de designación de los nuevos directores que fue en 2022”.

“Usted estuvo aproximadamente 10 años ejerciendo el cargo sin otros directores?”, insistió el diputado del FdT lo que fue afirmado por el testigo. “¿Usted hizo algún tipo de reclamos para que se designaran a los restantes directivos?”, repreguntó el legislador y Tonón dijo: “Habremos conversado, pero yo no tenía que demandar la designación de los directores”.

Y Moreau continuó sobre el tema: “¿O sea que a usted no le generaba eso mayor carga de que esos directores no estaban designados?”. “No porque no me basaba en cuántas personas tenía para colaborar, sino en la capacidad para trabajar y sacar adelante a la obra social”, contestó el funcionario y agregó: “El presidente de la obra social siempre cargaba con la responsabilidad del funcionamiento diario y cotidiano de la obra social”.

“¿Por qué no se certificaban los balances ante el Colegio Profesional de Ciencias Económicas? ¿Quién disponía que esto fuera así?”, consultó Moreau a lo que Tonón precisó: “No recuerdo quién dispuso que no se hiciera, pero no había inconvenientes en hacer la certificación. No se hizo nunca la certificación de los balances. Era la modalidad de la obra social hacerlo así. No es que me parecía natural, yo continué la modalidad operativa que se venía llevando. La certificación en el Colegio Profesional nunca se hizo porque no implica la certificación del balance, sino que implica la autorización o capacitación del auditor del balance e implica dejar de hacer público el balance de la Obra Social”.

Moreau se refirió al email de renuncia de Maqueda en donde calificaba a la Obra Social como “insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas”, y consultó: “¿A qué período de gestión se refiere?”.

“No puedo hace apreciación a qué período se refiere. Me presumo al anterior de la gestión del 2008”, respondió Tonón, pero el diputado kirchnerista retrucó: “Maqueda presenta la renuncia en agosto de 2021 y me parece que se refiere al periodo 2008-2021”. “¿Used dice que el Dr. Maqueda cuando se refiere a la obra social anarquizada…? Yo creo que si lee el primer párrafo interpreto otra cosa. No dije que no se refería a mi gestión, lo interpreto de una forma distinta”, dijo Tonón y sumó: “Yo no puedo saber lo que quiso decir porque no conversé del tema con él y no me interesaba hacerlo porque no era mi función”.

En ese momento, el exdirector amagó con no responder ninguna pregunta más “dado que cada vez me encuentro más cercano a auto incriminarme con lo que pueda resolver. La respuesta va a ser artículo 18 de la Constitución a todas las preguntas que sigan”. Pero, Gaillard interrumpió y volvió a calmar las aguas reiterando, una vez más, las causas en las que está imputado y de las cuales no puede hablar.

“En ningún momento recibí amenazas o presión de presentar mi renuncia”, afirmó el testigo. Sobre el informe final de la auditoría que se hizo, aseguró que “lo poco que vi de la parte médica puedo asegurar que es una auditoría que no sigue los requerimientos básicos, sino que son de prescripción de las distintas áreas y que no hay elementos probatorios que consten como una irregularidad”.

Por otro lado, manifestó que “podía recibir consultas sobre algún caso particular de inconvenientes, pero eran escasos. Todas las vocalías hacían consultas, que los afiliados consultaban y se les daba la explicación correspondiente, lo hacía yo porque era quien podía resolver la situación. La Obra Social es la que tiene la más alta cobertura asistencial del país sin ningún co-seguro con la mayor cobertura de medicamentos”

Consultado por la conformación de la comisión de informatización del Poder Judicial, comentó que “no tuve ninguna reunión porque quien tenía que convocar a la reunión era el presidente que era Héctor Marchi. Si hicimos aportes de todas las áreas de la Obra Social”, y negó saber las conclusiones finales del informe elevado al máximo tribunal. Además, informó que se había designado a un representante en cada lugar donde la Obra Social de la Corte no tenía representación para atender los reclamos de los afiliados.

¿Ampliar la Corte por decreto?

Siempre criticada por el FdT, que por estos días somete a todos sus miembros a un juicio político, el oficialismo ya quiso ampliar la CSJN a través de un proyecto que tiene media sanción. ¿Qué sugiere ahora el vicepresidente 2° de Diputados?

No fue un fallido; pareció más un deseo oculto el del diputado nacional José Luis Gioja respecto del Tribunal Superior, que en la última semana sumó nuevos elementos para que el oficialismo la tenga muy en la mira, al decidir la suspensión de los comicios en Tucumán y San Juan.

Al opinar sobre la misma, el exgobernador sanjuanino sugirió durante una entrevista por TV: “Ampliemos la Corte… y a ver un decreto de necesidad y urgencia y después le buscamos la forma”.

Semejante comentario mereció la inmediata reacción del diputado de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, que le contestó en las redes sociales: “Aparentemente quieren ampliar la Corte Suprema mediante un decreto del Poder Ejecutivo… ‘y después le buscamos la forma’. No lo vamos a permitir”.

Juicio Político: Tonón no irá a declarar y su abogado descarta que lo lleven por la fuerza pública

Mauricio D’Alessandro insiste en que el reglamento de la comisión no les concede a los diputados, ni a un juez semejante posibilidad. Diferenció el caso de su defendido con el de otros testigos reticentes.

Convocado una vez más por la Comisión de Juicio Político para atestiguar en torno a la investigación de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, el exdirector de la OSPJN Aldo Tonón no asistirá el próximo jueves.

Así lo pudo confirmar parlamentario.com, luego de que se conociera que la nota enviada por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, con las citaciones para la audiencia del jueves 18 de mayo a las 11 de la mañana, incluía la de Aldo Tonón, pero en su casa daba intervención al Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23. Esto es, tal cual lo establecieron con el voto oficialista en la Comisión de Juicio Político, se le pide a la justicia que proceda a llevarlo por la fuerza pública si es necesario.

¿Así lo dispondrá el juez Sergio Torres, a quien se le ha dirigido esa solicitud? Se verá.

Por lo pronto, lo único confirmado es que Aldo Tonón no asistirá este jueves a la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, de la Cámara de Diputados. Así lo confirmó a parlamentario.com su abogado, Mauricio D’Alessandro, quien aclaró que en su carácter de defensor del exdirector de la OSPJN no había sido notificado por ningún magistrado.

Desde la defensa de Tonón insisten con el argumento que ya esgrimían cuando se hablaba de obligarlo a presentarse si persistía su postura de no hacerlo: “El reglamento no dice que ellos puedan pedir la fuerza pública”. En efecto, el reglamento de la Comisión de Juicio Político establece en su artículo 12, inciso d, que “si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de tal ilicitud”.

El abogado sostiene que “la comisión no tiene facultades para citar por la fuerza pública a nadie, y a los jueces tampoco les pueden pedir que hagan comparecer a un testigo por la fuerza pública, porque el reglamento de la comisión no los autoriza a disponer sobre la libertad de las personas”.

D’Alessandro ejemplificó la situación de esta manera: “Es lo mismo que el vecino del 7° piso tiene un perro que ladra mucho y no deja dormir. Un juez tiene facultades para actuar, pero lo que no puede hacer es agarrarlo al vecino y meterlo preso porque el perro ladre”.

Para el letrado, “más lo citan (a Tonón), más lo coaccionan y más se alejan de la posibilidad de que vaya a declarar a una comisión donde se siente presionado”.

En ese marco, insistió: “No va a ir y no creo que ningún juez lo lleve por la fuerza pública”.

En diálogo con parlamentario.com, el abogado consideró que “se han empecinado” con su defendido, quien -a diferencia de otros testigos reticentes- “está imputado”. De esta manera, “todos los demás testigos que tienen que ir (y no quieren) se esconden en el planteo de Tonón, pero no tienen las mismas características”.

Comparó con otros testigos que no se han presentado, como el ex secretario de Justicia Santiago Otamendi, o el abogado Marcelo Mazzeo -sobre quien pidieron que sea llevado por la fuerza pública-, advirtiendo que ellos no están imputados. Sí lo está Tonón, y justamente en la causa por la que lo van a interrogar, enfatizó.

En este marco, Mauricio D’Alessandro estimó que con este accionar “le dan argumentos” a los que no quieran ir a declarar. “Pareciera a propósito, pareciera que quisieran proteger a alguien, porque insisten con una persona que está imputada y le piden que vaya de testigo”, sugirió, para insistir luego: “No se entiende… Pareciera que están tratando que la justicia les niegue la posibilidad, para no llevar después a otra persona”.

Es que para D’Alessandro “van camino a que un juzgado les diga (a los diputados) que no pueden (llevar por la fuerza a nadie). Detrás de eso se van a esconder tipos que están citados, pero que no están en la condición de Tonón”. Y aseguró que “él no va porque está imputado, no porque esté enojado con los diputados. No quiere proteger a nadie”. En todo caso, aclaró que está enojado por la situación.

Tonón estuvo al frente de la Obra Social del Poder Judicial entre 2008 y 2022, y cuando en 2011 la administración se hizo cargo del manejo de los fondos, su abogado señaló que “quedaron 42 mil millones en el fondo anticíclico”.

Precisó además que su defendido “hace tres meses que no tiene sueldo, porque renunció para que lo jubilaran y la jubilación no le sale por todo este lío”.

El juicio político continuará el jueves que viene

La comisión que preside Carolina Gaillard cambiará la próxima semana su fecha de reunión. Pasará, de los martes habituales, al jueves desde la mañana.

Juicio Político vuelve por esta semana a la fecha con la que habían comenzado sus reuniones, allá por el mes de enero: el jueves.

En efecto, la comisión que encabeza la entrerriana oficialista Carolina Gaillard se reunirá este jueves a partir de las 11, en lugar del martes a las 14, como es habitual, según confiaron a parlamentario.com fuentes de dicha comisión.

Si bien no se aclaró la razón de la modificación, podría atribuirse al plenario previsto para el martes de las comisiones de Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad, que se reunirá este martes 16 a partir de las 16, para comenzar a tratar la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados. La presidenta de Legislación del Trabajo es Vanesa Siley, una de las figuras principales de las audiencias del juicio político contra los miembros de la Corte.

Pero seguramente la causa más atendible sea en términos partidarios/electorales: la realización el próximo martes 16 del Congreso del PJ en el microestadio de Ferrocarril Oeste.

Se espera que este viernes salgan las citaciones de los nuevos testigos, en el marco del análisis de las supuestas irregularidades en el seno de la Obra Social del Poder Judicial. Entre los citados podría estar el doctor Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades y cuya presentación de la semana pasada volvió a postergarse por razones de tiempo: se estimaba que los testimonios de Héctor Daniel Marchi, Nicolás Serafini y la jueza Martina Forns, llevarían demasiado tiempo y se prefirió entonces pasar para la semana siguiente a Clerici.

Pablo Yedlin: “Cualquier domingo que sea les vamos a ganar”

El senador tucumano criticó la decisión de la Corte Suprema y apuntó contra la oposición porque “el camino lógico hubiera sido un pedido de apelación extraordinario, no la medida de amparo”.

El senador nacional Pablo Yedlin (FdT – Tucumán) explicó en la sesión informativa del Senado de la Nación cómo fue el proceso judicial que desembocó en la suspensión de las elecciones en Tucumán, para concluir diciéndole a la oposición que “vamos a seguir insistiendo en la candidatura de (Osvaldo) Jaldo y (Juan) Manzur” y “por eso les decimos, cualquier domingo que sea, le vamos a ganar”.

Yedlin hizo uso de la palabra en la sesión en la que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, realizó su informe respondiendo preguntas de todos los integrantes de la Cámara alta.

El senador tucumano explicó que el artículo 90 de la Constitución provincial indica cuántas veces puede ser reelegido el gobernador y el vice, pero nada dice si el gobernador puede ser candidato a vicegobernador.

“La Constitución provincial nada dice si el gobernador Manzur, que ya había sido dos veces gobernador, podía o no ser candidato a vice. Entonces, ¿qué se hizo? Ante esa duda, en octubre del año pasado una acción judicial en Tucumán justamente una declaratoria de certeza sobre este tema, y ¿qué ocurrió? este pedido llegó hasta el tribunal más alto de la provincia”, explicó Yedlin valorando el respeto del oficialismo por el marco normativo vigente.

A su vez, recordó que “a partir de ahí el proceso electoral se lanzó, comenzó el cronograma electoral y cuando se oficializan las listas, un grupo opositor presenta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación directamente una medida de amparo y no así un pedido de apelación extraordinario a la Corte Suprema que hubiera sido el camino lógico”.

“Quien define cuál es la alternancia que se debe tener es la Constitución, la letra escrita de la Constitución. ¿Y quién evalúa la Constitución? Es la Corte Suprema de Justicia de la provincia, por eso sobre ella nosotros vamos a seguir insistiendo en la candidatura de Jaldo y Manzur”, afirmó.

Luego recordó el comportamiento de los miembros de la Corte, “desde Pepín Rodríguez, hasta ampliar la Magistratura, a ‘te borro el celular’, a ‘no investigo el atentado contra la vicepresidenta’, y ahora llegó esto de ‘te suspendo las elecciones’. Yo les digo a esos grupos opositores que hablan de mi provincia como si fuera un feudo y la descalifican, les digo: que cualquier domingo que sea, les vamos a ganar”.

Senadora oficialista comparó a la Corte con los militares por la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan

Se trata de la chaqueña María Inés Pilatti Vergara quien embistió contra el máximo tribunal y denunció que “este avance se viene dando desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri, pero con mayor alevosía en estos últimos años”.

Miembro del Consejo de la Magistratura y senadora nacional, María Inés Pilatti Vergara (FdT – Chaco), embistió contra la Corte Suprema de Justicia durante la sesión informativa de este jueves y comparó al máximo tribunal con la dictadura militar: “La última vez que se suspendieron las elecciones en el país fue en 1976, los milicos suspendieron las elecciones y esta Corte también”.

En su intervención, luego de la presentación del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, de su informe de gestión, la chaqueña agradeció la presencia del ministro y expresó: “Tuve el honor de compartir banca con usted en la Cámara de Diputados”.

“No quiero dejar de pasar el tema del desarrollo de la justicia federal de la Corte Suprema de Justicia de la que usted se refirió y con lo que coincido plenamente, pero creo que vale la pena poder aclararle a algunos senadores y senadoras de la oposición intervinientes, aclararles algunos extremos que en nada son justificables, no tienen ninguna razón de ser a no ser que sea una intromisión descabellada y alevosa hacia los otros poderes del Estado de esta República y hacia las autonomías provinciales”, comenzó su discurso.

Para Pilatti Vergara “este avance de esta Corte Suprema de estos tres integrantes, para ser mas precisos, se viene dando desde hace varios años ya. Yo diría que, desde el primer día desde el Gobierno de Mauricio Macri, pero con mayor alevosía en estos últimos años a partir de aquel fallo donde la Corte decidió echar mano a una ley derogada hace 16 años atrás para poder contar con un Consejo de la Magistratura de 20 miembros con la presidencia, al mismo tiempo, de este cuerpo de quien es el presidente de la Corte”.

Al respecto, denunció que “desde ese momento, esta Corte empezó a entrometerse en poderes que son exclusivos y excluyentes del Congreso de la Nación para ir acomodando la circunstancias a los intereses que ellos representan ya alevosamente”, y cuestionó el discurso de política pública monetaria que brindó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, ante la Cámara Empresarial “más importante” de los Estados Unidos en Argentina: “No hay justificación alguna para que esté dando cátedra”.

“Después se enojan o nos dicen que nosotros tenemos mucha fantasía cuando hablamos de gente que se comporta como verdaderos ceos de la Secretaría de los Estados Unidos. Pero cuanto menos que nos permitan que se generen las dudas porque las conductas de ellos apuntan para esos lados”, cuestionó la oficialista.

Retomando el tema del Consejo de la Magistratura, recordó que “cuando decidieron poner en vigencia esta ley derogada hace 16 años atrás lo hicieron para poder manejar la designación y los procesos disciplinarios de los jueces que ellos necesitaban mantener en sus funciones para poder dictar sentencias siempre a favor de las corporaciones y sentencias o resoluciones que vayan en contra de los intereses populares y de quienes representan más fielmente esos intereses populares”.

“Tienen la suerte de no contar con plazos para poder dictar sus resoluciones por eso hay temas importantísimos en la Corte que hace 3 o 4 años duermen, como hay otros temas que a esta Corte les interesa especialmente y lo resuelven de manera exprés en 24 horas como es el caso de los traslados irregulares e ilegales de los jueces que ellos quisieron o las causas que tienen que ver con Cristina Kirchner que tienen esa necedad y ese capricho de perseguirlos hasta verlos caer”, denunció la consejera.

Además, denunció que tras modificarse la constitución del Consejo de la Magistratura y se eligieron los estamentos de los jueces, en la elección de los abogados “gana uno del FdT entra Héctor Recalde y esto no estaba en los planes de este Consejo y rápidamente echaron mano a una acordada para resolver que no podía el senador Doñate asumir por esta tercera minoría del Senado, porque no le iban a cerrar tan fácilmente los números en el Consejo de la Magistratura entonces hasta el día de hoy Doñate no puede jurar. Interpretó a través de una acordada a quién y cómo debíamos elegir cuando el Senado tiene su propio reglamento y en base a eso lo eligió a Doñate. Con fundamentos aparentes, al igual que resolvieron echar mano a una ley drogada hace 16 años, impidieron hasta la fecha que Doñate asuma”.

“Al ver que los resultados electorales no fueron como ellos pensaban, no encontraron otra mejor idea que suspender las elecciones de este domingo a cuatro días de la fecha con todo el gasto y lo que significa poner el movimiento una elección provincial”, cuestionó.

Y comparó: “La última vez que se suspendieron las elecciones en el país fue en 1976, los milicos suspendieron las elecciones y esta Corte Suprema de Justicia también. Nunca nadie se atrevió a suspender una elección y ellos sí”.

“En cualquier momento pueden cambiar las reglas de la democracia porque es una Corte muy cebada. Las están pretendiendo cambiar y van a empezar a suceder en todas provincias en contra de las reelecciones. ¿Qué tanto miedo le tienen? Si el pueblo no los quiere votar, no lo va a hacer y va a elegir a otro candidato”, remató.

Lousteau le reclamó al Gobierno incumplir un fallo de la Corte y una ley que el propio PEN promovió

Salió al cruce de las críticas del jefe de Gabinete al Tribunal Superior y advirtió que Nación tampoco le está pagando a CABA lo que estimó que le correspondía por la policía.

Uno de los que salió a contestarle a Agustín Rossi por sus fuertes críticas a la Justicia en general y la Corte Suprema en particular fue el senador Martín Lousteau, quien le advirtió al jefe de Gabinete que hay en el país “un montón de instituciones que no funcionan, pero hay un método que está en la propia Constitución, que dice que la Corte es la intérprete última de la propia Constitución, que es nuestro pacto social fundante”.

Cuestionó entonces que el Gobierno no acate sentencias de la Corte Suprema. “Así como las leyes no tienen tres estados, derogadas, vigentes o intermedias; la Constitución tampoco: o se cumplen, o no se cumplen”, dijo.

A propósito de las críticas hechas a la Corte por el jefe de Gabinete por sus fallos suspendiendo las elecciones para gobernador en San Juan y Tucumán, le recordó Lousteau que “frente a un fallo con los mismos fundamentos, el ministro de Justiciaha tenido distintas reacciones”, en referencia a Martín Soria, que había celebrado cuando en 2019 la Corte le cerró el paso a la re-reelección a Alberto Weretilneck en Río Negro. “¿Es porque son dos Cortes?”, se preguntó el senador radical, que aclaró que “es la misma Corte; lo único que no ha habido es el reemplazo de (Elena) Highton de Nolasco”.

Pero el senador Lousteau hizo especial hincapié en “otro fallo que se incumple”, en referencia al que devolvió un porcentaje de la Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, del 22 de diciembre de 2022. El economista detalló la magnitud de la quita, que determinó que, a precios de hoy, suma 580.000 millones de pesos. Importe que cuantificó como el 25% del presupuesto anual de la Ciudad. “Si extraen los salarios, es el 57% del presupuesto de la Ciudad”, precisó.

Tras recordar que por ley le habían bajado a la ciudad la coparticipación, pero también el importe que el Gobierno calculaba por su cuenta que le correspondía para la Policía de la Ciudad, Lousteau advirtió que “el Gobierno decidió cumplir una parte y no la otra: dejó de mandar fondos, pero además dejó de mandar la parte que debía transferirle de acuerdo con una ley para la policía”. Con eso, dijo el precandidato a jefe de Gobierno porteño, se han perdido hasta ahora 40 mil millones de pesos.

Y con respecto a los bonos que el Gobierno ofreció pagar, aclaró que la Ciudad no lo aceptó porque no se pueden vender. “Se castiga a una jurisdicción autónoma y después nos llenamos la boca hablando de federalismo”, se quejó Lousteau.

El legislador resumió preguntándole a Rossi “por qué ni siquiera cumplen la ley que ustedes mismos propusieron con la estimación del costo de la Policía. ¿Por qué no le mandan a la Ciudad el costo que ustedes mismos determinaron que debería tener?”.

Legisladores porteños del FdT dispararon contra la Corte y Larreta

Según la bancada que conduce Claudio Ferreño, los jueces responden a JxC y dijeron que el fallo fue porque a ese espacio le fue mal en las elecciones previas.

Desde el bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires expresaron su “más enérgico repudio” al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que decidió suspender a solo cinco días del comicio las elecciones convocadas en Tucumán y San Juan, en lo que consideran “una clara intromisión al proceso democrático y a la autonomía de las provincias argentinas”.

“Los jueces de la Corte designados por decreto por Mauricio Macri se convirtieron en el instrumento político de Juntos por el Cambio para condicionar la democracia”, expresó la bancada de legisladores del FdT, que agregó que “es el mismo Poder Judicial que persigue a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner con causas armadas por la mesa judicial macrista y define no avanzar con la investigación del atentado”.

A través de un comunicado, los diputados porteños dicen tener claro que “la única causa de este fallo dictado a las apuradas, responde a los resultados desfavorables de Juntos por el Cambio en los comicios recientes y en las futuras elecciones”.

“No sorprende que el jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta haya decidido convalidar públicamente este atropello de la Corte, su vínculo con el Partido Judicial quedó muy evidenciado con el escandaloso viaje a Lago Escondido”, plantearon, además de expresar su preocupación porque “la Ciudad esté gobernada por una fuerza política que celebra medidas antidemocráticas. No podemos tolerar estos atropellos a la democracia, a sus instituciones, ni dejar a la representación política como rehén de cuatro magistrados con intereses concretos muy expuestos”.

Diputada calificó como “injusta” la orden de la Corte de suspender las elecciones en San Juan

Así lo manifestó la oficialista Ana Aubone quien remarcó que las elecciones “son un derecho conquistado de la democracia”. Además, afirmó que “no hay previsto un nuevo cronograma electoral”.

La diputada nacional y exministra de Gobierno de San Juan, Ana Fabiola Aubone (FdT), señaló que “la decisión de la Corte es inoportuna e injusta” respecto del fallo del máximo tribunal que suspendió las elecciones en su provincia y en Tucumán.

“No hay nada más preciado en democracia que el acto electoral; que es un derecho conquistado hace años en Argentina y en San Juan, que es pionera, por ejemplo, del voto femenino”, remarcó y sumó: “En todo caso, hay un planteo que tiene tiempo en la Corte, es por ello que esta resolución a cuatro días de las elecciones es por demás inoportuna. Hay que entender que ya está lanzado el operativo para llevar adelante las elecciones, están entregadas las urnas en el correo”.

Aubone sostuvo que “no sabemos cómo se va a expedir la Corte, finalmente. Será algo que nos comunicará oportunamente. Ciertamente, no hay previsto un nuevo cronograma electoral porque el domingo se van a llevar adelante las elecciones para las categorías de diputado proporcional, diputado departamental, intendente y concejales, conforme a la decisión del Tribunal Electoral Provincial”.

“Estamos hablando de una elección provincial que la Constitución provincial nos permite en virtud de la autonomía que reconoce la Constitución Nacional a las provincias argentinas en un país federal como el nuestro”, concluyó

Luis Juez: “Lorenzetti está más cómodo cantando con Giecco y el Papa que sacando los fallos”

El senador opositor y precandidato a gobernador de Córdoba cuestionó que “la Corte tiene estas cosas perezosas”, pero reafirmó la decisión de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan.

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El senador y precandidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez (Pro), cuestionó los tiempos de la Corte Suprema: “Lorenzetti está más cómodo cantando con Giecco y el Papa que sacando los fallos”, pero respaldó la decisión de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán.

“Hay jurisprudencia para hacer uso, lo hubiese sacado antes para salir del nivel de suspicacia”, planteó en diálogo con Radio Rivadavia y agregó que “el kirchnerismo es muy pícaro, la gente tiene que entender que cuando decidió poner en enero a la Corte en el banquillo de los acusados y a metros de la guillotina era para evitar estas cosas”, al tiempo que admitió que “hay que reconocer que la Corte tiene estas cosas perezosas”.

En la misma línea, cargó contra uno de los miembros del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, el único de los cuatro que no votó la medida cautelar: “Está más cómodo cantando con Giecco y el Papa que sacando los fallos en tiempo y forma”.

“Si esto salía hace 15 días atrás la cosa es muy clara, porque no podes violar la Constitución, y el único organismo establecido para intervenir en hecho de violaciones provinciales es la Corte”, desarrolló Juez, y completó: “El fallo no dice nada estrepitoso, pero lo hace a pocas horas de una elección, y hace que el kirchnerismo que anda revictimizándose intente darle otra explicación”.

En un claro mensaje al oficialismo, vociferó: “Es más fácil que tus gobernadores dejen de boludear y de cambiar la constitución, no podes estar todo la vida en el poder. Si juraste respetarla, no podes violarla con artilugios como en Tucumán y en San Juan”.

Por otro lado, celebró la foto de unidad que protagonizaron tres de los seis precandidatos a presidentes por Juntos por el Cambio en Córdoba compuesta por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del Pro con uso de licencia, Patricia Bullrich, y el presidente de la UCR, Gerardo Morales.

“No sé si hay onda, pero hubo un gesto de cariño y respeto porque la gente tiene la esperanza muy corta. Les agradecí a todos porque con el gesto de simpleza, la gente se conforme. Nos dicen que no nos peleemos porque no tienen otra opción”, reveló.

Asimismo, indicó: “Les digo a todo el mundo que nuestro enemigo no está adentro sino afuera. Hace 25 años que el enemigo nos pone de rodillas, el que nos roba la esperanza, el futuro de tus hijos. Si nos ven discutiendo o peleando, a la gente no le queda nada porque a estos no le creen porque son unos mentirosos y si nos ven a los empujones, no les queda nada”.

Por último, recordó que en 2015 y en 2019 dirigentes nacionales “se sentían más cómodos con (Juan) Schiaretti que con la oposición”, y concluyó: “Es cierto que hemos construido una unidad sincera después de haber fracasado durante 24 años. No necesitamos amarnos sino saber dónde está el enemigo para ver que ninguno de los nosotros individualmente es más que el conjunto”.

Siley denunció que el fallo de la Corte “está limitando la libertad de elegir el pueblo”

La diputada oficialista sostuvo que los jueces del máximo tribunal “se basan en las órdenes del poder real de la Argentina para dictar sentencias”, y aseguró que la Corte “viene jugando con la democracia”.

La diputada nacional por el Frente de Todos y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, salió al cruce de la Corte Suprema tras la medida cautelar que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán y afirmó que los jueces del máximo tribunal “se basan en las órdenes del poder real de la Argentina para dictar sentencias”.

En diálogo por AM750, Siley dijo que no le sorprendió que el máximo tribunal suspendiera las elecciones que celebrarían este domingo en Tucumán y San Juan, luego de una denuncia presentada por Juntos por el Cambio por el supuesto incumplimiento en las candidaturas a gobernador y vice de Juan Manzur y Sergio Uñac.

“Cuando nos enteramos estábamos en plena reunión del juicio político y estaba entrando a declarar el contador Héctor Marchi. Entró a declarar con un testimonio muy contundente sobre toda la malversación de fondos y todos los posibles delitos de corrupción que hay en la obra social del Poder Judicial a cargo de Maqueda y del resto de los ministros de la Corte”, relató.

En ese sentido, sentenció: “La Corte Suprema viene jugando a la democracia. No están solo proscribiendo a Cristina (Kirchner), sino que están limitando la libertad de elegir el pueblo, ahora concretamente en San Juan y Tucumán”.

“Cuando leímos el fallo ayer nos enteramos que el abogado en Tucumán de quien hiciera esta demanda contra Manzur es Alberto Garay, cuyo hijo y hermano trabaja en la Corte. También quienes fueron los que iniciaron la demanda para que la Corte esté sentada hoy a la cabeza del Consejo de la Magistratura”, señaló Siley y sostuvo que “son las mismas personas que juegan en el mundo de lo jurídico para representar los intereses fácticos de los poderes reales”.

Al respecto, denunció que “la Corte Suprema ya no se basa más en la Constitución para sentenciar, sino que se basa en las órdenes del poder real de la Argentina. Es gravísimo, por eso hay que seguir firmes y profundizar la investigación en el juicio político”.

“Demuestran su poder de fuego”, planteó la diputada quien es miembro de la Comisión de Juicio Político. En el mismo sentido, expresó: “Suspender una elección a los cinco días es lo mismo que suspenderla a un día, porque ya está todo listo. Lo grave es que el domingo en San Juan y Tucumán no se va a poder votar. Acá están restringiendo el voto al pueblo”.

Además, planteó que “todos los indicios daban que en Tucumán y San Juan ganaba el peronismo. Ellos creían que iba a salir tercero, pero cuando los que salen terceros son los que supuestamente arrasaban como Javier Milei, eso es lo que quieren evitar”.

Por último, aseguró que la Corte “devuelven con golpes a la democracia el legítimo ejercicio que está funcionando en el Congreso con el juicio político. Quieren quebrar las voluntades”.

El presidente anunció que sumarán la suspensión de elecciones en San Juan y Tucumán como causal en el juicio político

A través de cadena nacional, Alberto Fernández cuestionó la decisión del máximo tribunal y dijo: “Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la República”.

A través de cadena nacional, el presidente Alberto Fernández se pronunció este miércoles contra la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán y anunció que esa decisión será sumada como causal en el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En un tramo de su mensaje, que duró cerca de 10 minutos, el mandatario se refirió al proceso que se lleva adelante en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde “cada día surgen nuevas pruebas y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos”. 

“Vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo”, expresó el jefe de Estado.

Además, Fernández se refirió a los proyectos de materia judicial que quedaron trabados en el Congreso: “La democracia cruje cuando no hay justicia. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la justicia. Y por eso enviamos al Congreso de la Nación las leyes para mejorar el funcionamiento de la justicia federal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del procurador general y la ampliación de la Corte Suprema”. 

“Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos”, continuó y resaltó que hay que “conseguir las mayorías necesarias para llevarlo adelante”. “Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la República”, sostuvo. 

El presidente criticó que la decisión de la Corte “fue tomada después de tener largo tiempo la cuestión en estudio” y “arrogándose una competencia de dudosa legitimidad y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios” que se iban a realizar el próximo domingo. 

“Esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo”, subrayó y asoció: “El fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota”. 

Para el mandatario, “la Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna”. 

Esta suspensión “deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicados en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición”, acusó. 

“El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales”, aseveró Fernández y fustigó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Evidentemente los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo sus órdenes”. 

En referencia a la reunión que hubo este martes, donde declaró Héctor Marchi, el presidente consideró que “no es casual” que se haya conocido esta decisión “en el mismo momento en que en la Comisión de Juicio Político se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos”.

Al recordar algunas de las causales del juicio contra los magistrados, como los fallos del 2×1, de la coparticipación de la Ciudad y del Consejo de la Magistratura, el jefe de Estado señaló que “se trata del mismo Poder Judicial que persigue sistemáticamente a la vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos relatados en mesas judiciales”. “Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático”, agregó y manifestó que “estos jueces desconocen la división de poderes”. 

“Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo, suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años de una vez para siempre”, cerró. 

Reacciones de la oposición a la cadena nacional

Tailhade: “La Corte sabía que Marchi venía con artillería pesada e hicieron una operación con lo de San Juan y Tucumán”

El integrante de la Comisión de Juicio Político sostuvo que la CC- ARI “retrocedió sobre sus pasos”, luego de acusar durante 10 años al juez Lorenzetti como “el máximo corrupto de la Argentina”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) habló este miércoles respecto del fallo del máximo tribunal de justicia y lo relacionó con lo ocurrido en la Comisión de Juicio Político: “La Corte sabía que (Héctor) Marchi venía con artillería pesada e hicieron una operación de prensa con lo de San Juan y Tucumán”.

Además, Tailhade advirtió que existe la posibilidad de que sea agregado como causal del enjuiciamiento a la Corte. “Lo vamos a analizar con detenimiento porque también hay dos o tres hechos más para agregar”.

En declaraciones a FM La Patriada, el diputado kirchnerista expresó: “Ricardo Lorenzetti habló de extorsión y presiones para que Marchi no se presente en la comisión”, y agregó: “También dijo que Carlos Rosenkrantz armó una estructura que le cuesta al Estado 150 millones por año y no se le conoce un papel ni lo que han producido. Son todos ñoquis, según Lorenzetti”.

“Tenemos que considerar estas cosas sobre todo cuando vienen de un juez de la Corte”, indicó el integrante de la Comisión de Juicio Político. Del mismo modo apuntó contra la Coalición Cívica – ARI y su jefe de bancada Juan Manuel López: “Vienen de 10 años de acusaciones para la pavada que dijo ayer”.

En esa línea, amplió: “Hace 10 años que Elisa Carrió dice que Lorenzetti es el más corrupto del país y que Marchi es cómplice y millonario”. Así también, añadió: “La oposición lo único que hace es defender a Horacio Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda”. “Decidieron retroceder sobre sus pasos y tirar la toalla sobre Lorenzetti”, siguió.

En relación a lo ocurrido en la reunión del martes, el integrante del Consejo de la Magistratura relató: “el interés se lo llevó Marchi, pero también declararon la jueza Martina Forns y el contador Nicolás Serafini”. “Ella fue víctima del manejo de la obra social por el fallecimiento de su esposo en pandemia porque se cagaban en todo”, apuntó.

A su vez, afirmó que “la jueza dio cuenta de su situación y mencionó a jueces que están en condiciones de declarar”, en alusión a próximos testigos citados a la comisión. “Serafini ratificó todas las cuestiones que veníamos denunciando”, aseveró.

En el final, explicó que “lo que dijo Marchi fue explosivo”, y enfatizó: “Marchi formalmente denunció que Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, a cambio de contratos y personal sacaron el sobreseimiento del titular del máximo tribunal cuando fue intendente de Rosario”.

“Como buen culpable en vez de dar explicaciones, empezó a recusar a los jueces”, expresó Tailhade, y concluyó: “Lo dijo quien manejo los fondos de la Corte, por es un testimonio absolutamente revelador”.

Germán Martínez no descartó ninguna acción de su bloque ante los fallos de la Corte

En el cierre de una nueva audiencia por el juicio político a los miembros del Tribunal Superior, el jefe de la bancada oficialista condenó la decisión tomada sobre las elecciones en dos provincias y expresó su extrañeza por el momento elegido para el anuncio.

En el cierre de la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, el tema del juicio a la Corte Suprema de Justicia generó un contrapunto entre el oficialismo y la oposición en torno a los fallos del Tribunal Supremo suspendiendo las elecciones para gobernador en San Juan y Tucumán.

Arrancó el vicepresidente de la comisión y voz cantante principal de la oposición en ese seno, Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien arrancó haciendo especial hincapié en el fallo de la Corte sobre la coparticipación que el Gobierno “desoyó”, recordando de paso que “ni el Cristina Kirchner se atrevió a tanto”, aclarando que dejaba de lado el “fallo Sosa”, en referencia a una medida de la Corte en tiempos en que Néstor Kirchner era gobernador santacruceño.

“Las cautelares que sacó hoy la Corte son totalmente consistentes con los precedentes de La Rioja y Río Negro en 2019 y Santiago del Estero en 2013”, comentó López, advirtiendo que lo comentaba p ara que “no vaya a ser que amplíen el juicio político por estos nuevos  hechos y estemos acá no se sabe hasta cuándo atacando a la Corte porque otra vez queremos desoír sus fallos”.

A continuación, el titular del bloque, Germán Martínez, aclaró que “nuestro bloque se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos, todas. Y si nosotros consideramos que hay posible causal de mal desempeño no le quepa la menor duda, presidenta, que también vamos a hacer una presentación de pedido juicio político contra los integrantes de la Corte”.

Con todo, aclaró que primero esperarían tener “un panorama claro de lo que está pasando”.

Señaló que le extrañaba “muchísimo” la sincronización de la llegada del testigo Héctor Marchi a la comisión con la difusión de la noticia. “Inmediato fue”, dijo, sugiriendo que deliberadamente el Tribunal había tratado de tapar la repercusión de la declaración del exadministrador de la Corte. Agregó que ya lo había preocupado “esta incursión de (Horacio) Rosatti que en general era alguien que hablaba muy poco y ahora habla en todos lados. E hizo referencias absolutamente irresponsables sobre algunos aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad o no de decisiones de política económica, más específicamente de la política monetaria. Casi que fue una amenaza. Casi”. Se refería a la presentación del presidente de la Corte en la cumbre de AmCham celebrada este martes en un hotel de esta capital.

Martínez relacionó otras cosas, como lo que definió como “la no investigación, no de la investigación, de la no investigación de Rívolo y de Capuchetti del atentado del 1º de septiembre contra la vida de nuestra vicepresidenta de la Nación. Descalificaban las pistas y las denuncias que se hicieron respecto a la actitud y a los hechos vinculados al diputado Gerardo Milman. Descalificaban no solamente lo referido a él, sino también a sus colaboradoras y ahora resulta ser que está claramente registrado en sede judicial de que los han llevado a una oficina para borrarles a los tres los teléfonos con personal especializado para hacer eso”.

“Entonces, si nosotros vemos este contexto, si nosotros vemos lo de esta mañana de Rosatti, si nosotros vemos este juicio político, la simultaneidad de este juicio político con el anuncio de la decisión de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. Bueno, me parece, como decía alguien importante, Si tiene cuatro patas, mueve la cola, muerde, es un perro. Y ladra también”, sintetizó.

Así las cosas, el titular de la bancada oficialista calificó lo resuelto por la Corte como “de una gravedad institucional enorme”, al considerar que el Tribunal está “invadiendo competencias del Poder Legislativo alrededor de la conformación de los nombres para el Consejo de la Magistratura. Lo hicimos en el marco también de competencias que también fueron avasalladas por parte de la Corte Suprema de Justicia alrededor del tema coparticipación, aquí contra competencias del Poder Ejecutivo”.

“Y ahora también contra atribuciones que son propias de las provincias y del federalismo argentino”, agregó, para cerrar reiterando que “nuestro bloque va a hacer todo lo que tenga que hacer alrededor de esto, pero lo primero que vamos a hacer es estar principalmente al lado de cada uno de los compañeros y compañeras de diputados de estas provincias, resguardando lo que haya que resguardar para que la vida democrática en las provincias de San Juan y de Tucumán esté plenamente resguardada”.

Héctor Marchi volvió a presentarse ante Juicio Político

La 13° audiencia del proceso que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con la visita de más testigos para declarar sobre la Obra Social del Poder Judicial.

Senadores del FdT alertan sobre un golpe institucional

El interbloque oficialista en la Cámara alta sostuvo que las acordadas de la Corte Suprema de Justicia avasallan las autonomías provinciales.

Previsiblemente, el interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos repudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones para cubrir los cargos de gobernador y vicegobernador en las provincias de Tucumán y San Juan previstas para el domingo próximo.

“Esta resolución es un golpe institucional y vulnera el federalismo, elemento basal de la forma de gobierno adoptada por la República Argentina y reconocida por la Constitución Nacional”, señaló el interbloque que conduce José Mayans.

El duro comunicado sostiene que “una vez más, la Corte vuelve a actuar con una clara actitud partidista, a favor de un determinado sector político y en desmedro de otros, a escasos cinco días de los comicios”.

“Hechos como estos ponen en riesgo la estabilidad democrática del país y constituyen una amenaza contra todo el sistema político, casualmente en el momento en que se sustancia un juicio político contra los integrantes de la Corte por distintas causas en la Cámara de Diputados de la Nación”, agregan los senadores.

Para los senadores oficialistas, “esta actitud parece deslizar el mensaje de que cualquier situación que pueda poner en riesgo las posibilidades electorales de un determinado sector político, o que favorezca a un partido contrario a las preferencias de los ministros de la Corte, será atacada, obstruida, invalidada y cancelada por el Tribunal”.

El comunicado de los senadores del FdT concluye diciendo que “a 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, la Corte Suprema debería bregar por la calidad institucional, el federalismo y el derecho de los pueblos de las provincias a elegir a sus propias autoridades, sin intromisión alguna”.

Serafini afirmó que encontró “un sistema contable vulnerable con información incompleta”

El contador fue quien suscribió el informe elaborado sobre la Obra Social del Poder Judicial y contó que no había balances realizados del 2005 y 2006.

El último testigo citado a la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, a cargo de Carolina Gaillard, fue el contador público Nicolás Jacinto Serafini quien expuso en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió.

Serafini, quien fue auditor de los balances de la obra social, comentó que “el primer año que me contrataron fue para realizar el trabajo de estudios contables del año 2008. Lo primero que solicité fue la información previa y ahí veo que no había balances del 2007 ni de 2006, solo había información reciente del 2005 por lo cual el contrato se extiende a realizar los balances de esos años que faltaban”.

“El último periodo trabajado fue 2021, pero ahora no tengo ningún contrato vigente con la obra social”, aclaró ante la consulta del oficialista Rodolfo Tailhade. Serafini volvió a explicar que “solo estaba hecho el balance del 2005 que no tenía una auditoría realizada. Había información que se me presentó como balance, pero a mi entender no cumplía con los requerimientos. No estaba auditado y era la última información contable que había en la obra social”.

Además, afirmó que “los primeros informes no tienen una opinión favorable, tienen abstención de opinión los de 2005 y 2006. A partir del 2008 empecé a firmar la auditoría, tienen opinión de razonabilidad. Previo a eso hicimos un informe sobre la situación que encontramos la obra social”.

“Mi primer contacto fue con el directorio de la obra social. En ese momento había tres directores en 2008. Siempre fui auditor externo y brindaba una opinión de auditoría sobre la razonabilidad de los estados contables que formula el directorio de la obra social. Mi primer trabajo igual no fue ese porque, al encontrar una situación donde no estaba el ejercicio anterior cerrado, no había una auditoría realizada del ultimo ejercicio y propuse realizar un informe de hallazgos y recomendaciones”, explayó en su respuesta.

Al respecto del informe de hallazgos y recomendaciones, precisó que tiene fecha de 31 de enero de 2009. En esa línea, Tailhade le solicitó información sobre esos hallazgos realizados: “El objeto era un diagnóstico de la información que contenía el sistema informático contable. La información que estaba registrada fue suministrada por el directorio de la obra social y la tarea consistió en la aplicación de procedimientos de auditoría sobre la información que emitía el sistema contable como, por ejemplo, cotejar las informaciones de los balances de distintos años con el sistema, verificar saldos de inicio, entre otros”.

Ante la consulta de Gaillard si era él quien firmaba los balances y auditaba: “Yo solo firmé la auditoría de los estados contables, firme los balances a modo de identificación, pero no los confeccioné”, aclaró.

“Los hallazgos fueron que la información procesada en el sistema contable es en apariencia incompleta, que era vulnerable ya que podía ser modificado luego de ser cerrado un ejercicio pudiendo ser alteradas las registraciones en cualquier momento, se encontró un control interno débil, un sistema informático que no aparentaba poseer una razonable confiablidad y asegurar el normal flujo de información contable porque se podían modificar balances que ya estaban cerrados, no había seguridad que todas las operaciones están registradas, existían diferencias entre planes de cuentas entre el 2005 y 2006”, explicó.

También, el contador sostuvo que en el informe de auditoría externa sumó esta información para que “el usuario de los estados contables este al tanto de eso porque es importante porque el esquema interno era débil”.

Marchi denunció que Rosatti otorgó contratos, a pedido de Robles, para “negociar fallos”

El exfuncionario de la Corte se presentó por segunda vez ante la Comisión de Juicio Político y denunció que el titular del máximo tribunal lo amenazó y aseguró que “maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”.

Tras una declaración de más de tres horas, el exfuncionario de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se presentó por segunda vez a testificar ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, para continuar su denuncia por las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, volvió a denunciar que sufre “presiones” y que lo empezaron a “perseguir” tras sus declaraciones.

Además, volvió a apuntar con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. También se despachó contra Mariano Althabe -preside la OSPJN- y Silvio Robles.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

El documento de Marchi y el reclamo de los diputados

Previo a la ronda de preguntas, el contador público hizo una exposición de la “situación” luego de haber testificado ante la comisión. Allí, contó que le interesa “la seguridad jurídica de la mujer y del hombre que por quienes se empiezan a respetar los derechos y se demuestra a través de los hechos de las formalidades de quienes la tienen que garantizar”.

Aclaró que no se presenta ante Diputados por “la bronca de un traslado” sino porque “me citaron como testigo de informes que hice hace bastante tiempo totalmente técnicos y profesionales y están ratificados por la Comisión de Auditoría que formó el Tribunal y para defender al Poder Judicial de la Nación”.

“Tercera vez que digo presente”, destacó Marchi y precisó que fueron dos en la Comisión de Juicio Político y una en el juzgado federal. “Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia”, disparó el funcionario y sumó: “Dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”, y expresó su “mayor respeto” a los compañeros que ya han testificado “o la ausencia de quienes tenían que hacerlo asumiendo sus responsabilidades de funcionarios públicos”.

Al respecto, remarcó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad. Sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir al doctor (Mariano) Althabe y a Silvio Robles, pero dejé en claro que como funcionario público iba a poner en claro la situación”.

“El informe número 4 de supervisión relativo a la gestión de Althabe, el ocultamiento por parte de Robles y el silencio de Rosatti a por lo menos un ministro es suficiente muestra. Después de ese informe Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo de Althabe donde Rosatti lo proponía”, relató Marchi.

Así, comentó que se negó “rotundamente” a los pedidos de Rosatti y le advirtió que “no me asustaban sus amenazas”, e informó que “por eso solicité la semana pasada en sede judicial incorporar copia de los legajos para corroborar la situación”.

“Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que el pueblo si, y por eso estoy con ustedes que son los representantes del pueblo. Que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades”, denunció y solicitó permiso para leer otro documento

En ese momento, el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que “el testigo viene a declarar. Yo no sé quién le escribió lo que está leyendo. En todo caso que tenga un apunte de las referencias, pero tener que leer cosas y dilatar así el interrogatorio, a mí no me parece”.

De la vereda de enfrente, le salió a responder el kirchnerista Rodolfo Tailhade quien explicó que el testigo “está haciendo una introducción a su declaración. No hay nada que impida que lo haga. El pidió autorización, lo autorizamos, no hay preguntas entonces tiene que seguir”.

Lejos de quedarse en silencio, López le retrucó con una pregunta hacia Marchi respecto a quién escribió lo que leyó y que deje copia firmada.

Sin ser miembro de la comisión, pidió la palabra la radical Roxana Reyes para denunciar que “hay vulneración de formas”. “Estoy asombrada que la presidenta conteste preguntas del testigo y asombrada que una de las diputadas -por Vanesa Siley- indique cómo hay que preguntar sobre las generales de la ley. Estoy nuevamente asombrada porque el testigo solamente puede consultar apuntes para cuestiones técnicas, pero no puede venir a relatar una declaración porque tiene que responder a las preguntas y en función de eso consultar los testigos”, denunció al santacruceña.

“Tengo que hacer esas aclaraciones porque si este proceso se va a manejar con esta arbitrariedad, realmente es pasible de todas las nulidades”, advirtió Reyes.

En tono enojada, la titular de la comisión le contestó: “Con todo respeto, pero sus colegas han venido presenciando cada una de las reuniones que realizamos. Sus colegas han venido presenciando y todo ha sido derecho y el único objetivo de la comisión el logar determinar si hay o no mal desempeño y si los hechos que han sido denunciados se cometieron o no”.

“Usted es la primera vez que viene así que le pido por favor que respete el trabajo que se viene realizando”, remató Gaillard.

A su turno, y de forma pacífica Mónica Frade (CC-ARI) le preguntó si se puede poner a consideración para votar “cosas que son ilegales” porque “acá recién se puso a consideración que un testigo venga con un panfleto y lo lea. ¿Eso se puede poner a consideración?”. En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dejaron que leyera un documento, pero Frade le siguió reprochando que “hicieron una vergüenza con Estela De Carlotto”.

El oficialista Leopoldo Moreau aclaró que “no hay ningún obstáculo para que el testigo, firmando y reconociendo la autoría del documento que lee, puede hacer una introducción y luego se le hacen las preguntas”. En ese contexto, Gaillard procedió a leer el artículo 12 del reglamento que establece que el testigo puede basarse en documentos en tanto y en cuento lo autorice la comisión.

Al retomar su testimonio tras el cruce de palabras entre los diputados, Marchi solicitó respeto hacia su persona y apuntó: “Me parece bastante imprudente las consideraciones del diputado López, pero no es mi intención entrar en discusión porque solo quiero hacerles saber a ustedes el estado de situación de cosas importantes que seguramente no están en su conocimiento”.

El exfuncionario judicial se remitió a su exposición de la reunión pasada en donde “quedó claro que bajo la supervisión en el email que Juan Carlos Maqueda le envió a sus ministros que la responsabilidad total sobre la supervisión desde el 2008 hasta el 31 de agosto de 2021 corrió por su cuenta y que, a partir de esa fecha y hasta noviembre de 2022 que se decidió que la supervisión esté a cargo de la Secretaría General de la Administración se realizaron los informes, recomendaciones, acta final de cierres. Posteriormente la responsabilidad de la gestión es de Althabe con su proponente al Dr. Rosatti”.

En esa línea, continuó denunciando las irregularidades en la Corte Suprema: “Con relación al periodo que Maqueda tuvo el control de la obra, todo lo que he declarado es exactamente lo mismo que dice la Comisión de Auditoría ordenada por la propia Corte que describió una gran cantidad de irregularidades, negligencia grave y que no se corresponden con los deberes de un funcionario público. Por otro lado, la OSPJN perdió por lo menos más de 2.700. millones de pesos en la gestión de Althabe propuesto por Rosatti”.

“Cumplí en informarlo al presidente de la Corte en dos veces. La primera en acuerdo donde estaban tres ministros y Althabe haciéndolos saber que ya llevaban perdido más de 1.500.000 millones de pesos por dejar el dinero en las cuentas corrientes. A pesar de mis recomendaciones, este hecho no se corrigió y al final de la gestión de supervisión de la Secretaría General de Administración esta perdida superó los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, Rosatti que propuso a Althabe no hizo nada con él, y Althabe ante esa cifra perdida monumental de dinero sigue como si nada”, relató el contador.

Al respecto, consideró que es una “negligencia grave” producto de “los incumplimientos de los deberes públicos”, y aclaró: “Yo no voy a encubrir esta situación, aunque Rosatti no haya hecho nada. Hay pruebas de que los hechos están denunciados ante mis superiores en tiempo oportuno y que lo ocultó”.

“Hice esta denuncia y fue una de las causas a partir de las cuales me empezaron a perseguir. No puedo hacer ninguna otra declaración porque está bajo investigación de Lijo donde aporté pruebas y pedí que se incorporaran otras”, informó.

Por otro lado, manifestó que la falta de contabilidad general “no genera certezas a las transacciones económicas y financieras, sin presupuesto y balances ciertos. Con información que se puede cambiar o perder. No se pueden controlar ingresos ni egresos con certezas. No existe una organización sin contabilidad integrada. Es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción. Es una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y Rosatti y no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Así, hizo alusión a los “hechos de informalidad” que se generaron “antes y después de mi visita a esta comisión”.  “En primer lugar denuncié la eliminación del email oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo. Una situación gravísima sin mi consentimiento y con funcionarios bajo mi responsabilidad”.

“Segundo denuncié la recepción de Robles del informe 4 de Supervisión de la Secretaría General el 26 de agosto de 2022 y la falta de comunicación a ministros. Otra situación gravísima de ocultamiento. La falta de publicación de informes que mencioné antes”, sumó.

Y agregó: “La denuncia a funcionarios a mi cargo por parte de Robles. Después de esos actos, entiendo que la presencia de Robles como vocero de los tres ministros es de una gravedad extrema y el posible acto de encubrimiento por quienes lo protegen”.

Asimismo, Marchi también denunció que, tras su primera presentación en la comisión, “sufrí hechos de presión”, y detalló: “Primero con un comunicado de la comisión interna de los judiciales que tenía relación directa con la reunión de los tres ministros con algunos pocos empleados en el Palacio de Justicia”.

“En tercer lugar, el comunicado propio de la OSPJN”, enumeró y afirmó que aportará todas las pruebas que busquen desacreditar “mi gestión y atacar a mi persona”, pero resaltó que “es muy importante destacar que los comunicados no tienen firma, una forma utilizada por el vocero de los ministros para transmitir sus órdenes”, disparó el funcionario.

Además, cuestionó que plantean una política financiera “opuesta a la de responsabilidad fiscal que fue llevada hasta hace pocos días. Este tipo de políticas terminan en déficit, inflación, mayores impuestos. Pasaremos de la formalidad a la informalidad como transita el tribunal. De la responsabilidad fiscal a la liberación del gasto sin límites. Reservas de 150 mil millones en la Corte y de 80 mil en la Obra Social son atractivos para cualquier grupo. La independencia presupuestaria del Poder Judicial estará cada vez más lejos”.

Hico un breve comentario respecto al comunicado de la obra social: “Fue hecho por alguien poco inteligente porque decir que lo que hice fue ir en contra de trabajador es mentira. Los sueldos del personal del Poder Judicial se encuentran en el 2% de los más importantes de los trabajadores. El ahorro que tanto me cuestionan no se hizo por ajustar el personal, es para lograr una planta óptima”.

Rosatti, además de no cuidar los ingresos de la Obra Social que fueron perdidos por Althabe que eran para atender la salud de 100 mil afiliados, maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”, planteó.

Marchi también contó que Rosatti “no solicitó informes en el fallo por Coparticipación, siendo que el Poder Judicial perdería por su aplicación más de 10 mil millones anuales a valores actuales y generaría complicaciones. No consultó a la Secretaría General de Administración respecto de las consecuencias de su llegada a la presidencia del Consejo de la Magistratura”.

Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos por parte de Silvio Robles por orden de Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, señaló.

Sobre esto, recomendó: “Esta causa tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti, dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, para dejar en claro esta situación”.

Por último, se refirió al juicio político presentado por la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti: “Es falso la cooptación de las estructuras del Consejo para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia. La transferencia fue solicitada por los consejeros y aceptada por la Corte. Los recursos se transfirieron un par de meses y nunca más se hicieron, quedando una deuda enorme. El personal de dichas dependencias se redujo en más del 40%”.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción y le anticipó que le iniciará juicio por la falsa denuncia que le hizo.

Las preguntas y el testimonio

El primero en consultar fue el titular del bloque CC-ARI, sobre la relación que mantiene Marchi con Lorenzetti: “El vínculo es laboral. Con ninguno tuve problemas personales”. Además, contó que los expedientes de la Obra Social que pasan por la Corte, pero durante la gestión de Maqueda “nada se hacía sin el ‘ok’ de él”.

López, también le preguntó si recordaba quién firmó las resoluciones que designaron a Aldo Tonón al cargo de la OSPJN, a lo que Marchi afirmó: “No recuerdo, pero si eran resoluciones fue Maqueda porque Tonón era el médico personal”.

“Yo ingresé con una Corte de siete ministros y había un respeto de forma y de palabra. Habíamos manifestado que Maqueda asumió que estaba a cargo de la obra social sin haber un acto específico. No se hacía ninguna resolución sin su autorización”, explicó.

Al responderle a la diputada Graciela Ocaña, Marchi contó que post pandemia hubo una “eclosión en la obra social. Hubo una diferencia entre Maqueda y Tonón y se dejaron de hablar. Ahí vino el gran problema y vino la explosión. No sé qué pasó. Tonón no podía hacer nada sin la autorización de Maqueda”.

Por la muerte de su esposo, una jueza relató su caso personal contra la obra social

Muy crítica de la Corte Suprema, la jueza federal Martina Forns relató la situación que vivió en tiempos de pandemia. Su experiencia se mezcló luego con sonados fallos que la tuvieron como protagonista.

En su calidad de damnificada de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, declaró este martes ante la Comisión de Juicio Político la jueza federal de San Martín Martina Forns. Fue la primera testigo en declarar en la décimo tercera jornada del proceso que se le sigue a los miembros de la Corte Suprema y su declaración expresada en términos personales devino finalmente en otras causas que la tuvieron como protagonista y en cuyo marco se manifestó oportunamente con duras críticas hacia los integrantes del Tribunal Superior.

Tal fue el cariz del interrogatorio, que al cabo del mismo la diputada Vanesa Siley reprendió a los miembros de la oposición que habían formulado preguntas a la jueza, por el tono con el que lo habían hecho, lo que llevó a diputados de la Coalición Cívica replicar que habían sido respetuosos, y a la radical Karina Banfi a advertirle a la diputada oficialista que “no tiene por qué venir a retarnos”.

La jueza Forns contó en primer lugar que había decidido concurrir a testificar porque cuando necesitó a la obra social, en “las peores circunstancias” de su vida, “me dejó abandonada”. Ocurrió en la pandemia, cuando ella, su esposo y sus hijos contrajeron Covid. Fue en abril de 2021, y mientras ella y sus hijos no tuvieron prácticamente síntomas, su esposo estuvo cinco días con fiebre. Desde el CEMIC, contó, “tal cual eran las indicaciones de ese momento, no nos dejaban ir a ningún lugar. Yo me desesperaba porque él se sentía bastante mal, pero nos indicaban que no podíamos ir”.

Finalmente lo llevó al CEMIC, recordó, y precisó que el contacto con ese centro asistencial era telefónico y que al tercer día le dijeron que tenía que sacar a su esposo, porque “no había camas de terapia y su cuadro se estaba complicando”.

La jueza Forns contó que en la obra social no la atendían; los administrativos del CEMIC le indicaban que tenía que sacarlo y ella hacía consultas para conseguir una ambulancia. Finalmente consiguió trasladarlo al Sanatorio Güemes, que no pertenecía a la obra social, cuyos teléfonos seguían sin contestar. “No había comunicación entre el CEMIC y la obra social, y cuando conseguimos el contacto, lo trasladamos. En el Güemes, entró en terapia intensiva y los directivos no sabían si me iban a cobrar o qué, porque -reiteró- no tenían contacto con la obra social”.

De hecho, la ambulancia que trasladó a su esposo no fue cubierta por la obra social. En el Güemes estuvo dos meses y medio, y allí tuvo dos entubaciones y dos paros cardíacos. “Todos los días intenté comunicarme con la obra social”, insistió Forns, que agregó que finalmente “me ayudaron para que le llegaran al ministro Juan Carlos Maqueda los mails que hoy traje en este pendrive haciéndole saber toda la situación grave que estaba pasando… y nunca tuvieron la deferencia de llamarme a ver si necesitaba algo”.

“Nunca me dijeron si iban a cubrir (la internación), no sabía si iba a tener que vender mi casa para pagar esa terapia intensiva… Yo insistí todos los días y las autoridades del Güemes me decían lo mismo”, detalló.

La testigo aclaró que no había recurrido al juez Maqueda en forma directa, sino a través de una de las secretarias del ministro. ¿Por qué lo hizo? “Porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, el único que podía hablar con (el director de la obra social) Aldo Tonón para mover algún mecanismo. Y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió (la internación). Cuando falleció mi marido, el Güemes me dijo que la obra social cubría todo, pero fueron dos meses y medio sin tener ninguna comunicación” en ese sentido.

Como prueba, la doctora Forns aportó los mails que envió, y luego insistió en remarcar que llegó a tramitar muchas demandas de personal judicial y jueces “que han padecido la obra social y he tenido también que recurrir a personas de la Corte para que le pidieran al juez Maqueda que moviera algo para poder ser atendidos”.

En ese sentido dijo conocer casos de empleados o juezas que han sufrido situaciones como no haber recibido prótesis o tener que esperar mucho tiempo por ellas.

Se hizo hincapié en saber porqué consideraba que Maqueda fuera a quien debían remitirse y ella contó que “cuando uno iba presencialmente a la obra social, todos sabían que si no se podía llegar a Aldo Tonón, había que llegar a Maqueda, porque la obra social no daba respuesta. En vez de ser de los afiliados, la obra social era de la Corte Suprema”.

“Uno se siente muy vulnerable cuando le tocan a su familia, o tiene una situación de salud”, enfatizó en otro pasaje, y agregó: “No solamente fue el abandono en su momento, sino también en el día de la fecha”, y denunció: “No se resuelven causas en la Corte contra la obra social”.

Consultada su opinión respecto de que fuera la propia Corte la que tuviera que resolvier los casos, Forns dijo que ese tema lo habló con otros jueces federales que tienen los mismos casos, y que en el estatuto allí se establece que sea decisión de la Corte actuar en esos casos.

A modo de reproche, recordó haber escuchado al doctor Héctor Marchi decir que había fondos anticíclicos, recursos que como eran excesivos los tenía el Poder Judicial. “¿Pero dónde? -se preguntó-. En los prestadores, se ve que no estaban”.

Admitió que es “muy difícil pedirle a un litigante que está vulnerable que recuse a la Corte, porque siempre tiene esperanzas de que resuelva” la situación. En esas causas, recordó, Aldo Tonón se presentaba en las audiencias solo, “sin el patrocinio letrado correspondiente y se lo tuvimos que exigir. Sino, no le aceptábamos la contestación a la demanda”.

A propósito de las demandas, la mayoría de las causas son por abandono, gente esperando una prótesis, o que cuando llega, es algo distinto a lo que esperaba (en lugar de un brazo, un hombro, ejemplificó. “Parece humor negro”, dijo).

El diputado Juan Manuel López indagó sobre la responsabilidad del juez Maqueda: cómo sabían que él estaba a cargo de la obra social. Martina Forns contó entonces una anécdota. Por haber trabajado 11 años con el exmiembro de la Corte Enrique Petracchi, en cierta oportunidad cuando volvió a verlo y le pidió por un médico que quería entrar como prestador, él juez le aclaró que el único que se ocupaba de esos temas era el doctor Maqueda.

López le preguntó entonces si había alguna persona viva que pudiera afirmar algo en ese sentido, pues Petracchi falleció hace muchos años, a lo que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que el propio juez Maqueda lo había reconocido a través de un mail. La jueza, en tanto, insistió en que los mails estaban dirigidos a la secretaria de Maqueda.

Más adelante, el titular del bloque de la CC-ARI le preguntó si ella había dicho lo que Página 12 publicó como título tiempo atrás: un pedido suyo a que renunciaran todos los ministros de la Corte. Si bien Gaillard aclaró que esa pregunta no correspondía, porque ella lo había hecho “en el marco del espionaje ilegal de Macri”, y que no debía preguntar sobre cuestiones que no hacían al tema en debate, la jueza contestó de manera afirmativa, aclarando que lo había hecho porque la Corte había tenido una frase hacia ella que consideró inédita en un fallo del Poder Judicial: habían dicho que ella “desprestigiaba al Poder Judicial”.

Otros fallos de la jueza

Sucedió luego de que en el marco de una causa colectiva donde se solicitaba la inconstitucionalidad del aumento de tarifas de 2016, ella remitiera el mismo a la Corte, por conexibidad común. Ella  había resuelto una medida precautelar el 3 de agosto en lo que fue conocido como la “causa Fernández”, y lo hizo, contó, en un marco de ocho partes que lo solicitaban. Ese tema le valió a ella un pedido de juicio político y a su vez la llevó a ella a accionar ante la CIDH, y ese “es uno de los puntos que está aquí en la Comisión de Juicio Político”, comentó la jueza.

¿Quedó enojada con la Corte?, le preguntaron, a lo que ella respondió que “enojada no es la palabra”. Pero aclaró que piensa en las personas en función de su desempeño, de ahí que considere que “hay mal desempeño” de parte de los miembros del Tribunal y ese era un ejemplo. “Y muchísimos más que sería bastante largo de considerar”.

A instancias de una pregunta del diputado Leopoldo Moreau, la jueza Forns dijo haber sufrido “una pequeña amenaza” por esos días en los que falló sobre el tarifazo: “En la esquina de mi casa pusieron una bomba exactamente el día que vino acá (al Congreso) a declarar el secretario de Energía (Juan José) Aranguren, que él también me mencionó como culpable de que no se pudieran cobrar las tarifas de energía”. Eso mereció una denuncia policial y una causa en el juzgado de Daniel Rafecas, pero nunca se pudo determinar quién puso la bomba.

Agregó que al día siguiente, un proyectil había roto el vidrio de la habitación de su hijo.

Al preguntársele sobre si había sufrido alguna sanción disciplinaria su esposo, ella contó que lo habían echado de la IGJ, durante 2016. “Fue la gestión del anterior presidente que no quiero nombrar”, dijo, y contó que a través de Esteban Conte Grand, funcionario del Ministerio de Justicia de entonces, había recibido como respuesta que lo echaban “porque era socialista, sindicalista”. Su esposo inició una causa que no pudo terminar.

¿Cuánto tiempo pasó entre su medida contra las tarifas y el despido de su esposo?, le preguntaron, a lo que ella contó que en realidad había sido en enero de 2016, después de otro fallo suyo, cuando accionó contra el AFSCA por la Ley de Medios. “Ahí lo echaron a mi marido”, señaló.

Más adelante y ante una pregunta puntual de Mónica Frade, la jueza Forns admitió integrar Justicia Legítima, pregunta que sobre el final del interrogatorio el diputado Leopoldo Moreau consideró “macartista”.

Juicio político: Este martes continuarán con la ronda de testigos

Tres son reprogramados de otras audiencias. La cuarta es una jueza federal cuyo nombre surgió en la reunión de este miércoles. Seguirán con las supuestas irregularidades en la OSPJN.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la entrerriana oficialista Carolina Gaillard, volverá a reunirse este martes desde las 13 para interrogar a nuevos testigos sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Según la nota a la que accedió parlamentario.com, son cuatro los testigos previstos, y la convocatoria se aviene a lo expresado en el inicio de la audiencia de este miércoles.

El primero de la nómina es Héctor Daniel Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Ya declaró en la reunión del 25 de abril y quedó en regresar en la siguiente, para responder preguntas sobre lo que se conoce como el “informe Marchi”, elaborado en torno a la investigación de las irregularidades en la OSPJN. Debía presentarse este miércoles, pero fue reprogramado para la semana siguiente porque este miércoles fue convocado para declarar por la misma causa ante el juez Ariel Lijo.

Además, ha sido citado Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar. También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó esta semana y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que él mismo suscribió.

Por último, ha sido citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según se ha denunciado.

Cuánto falta para que concluya el juicio político a los miembros de la Corte

Transcurridos más de tres meses, el proceso contra Rosatti, Rozenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, avanza con regularidad, pero van alargándose los tiempos tanto como las audiencias. Los temas pendientes y el cálculo que puede hacerse con vistas a la redacción de dictámenes.

Tras celebrarse la duodécima reunión de la Comisión de Juicio Político que ha puesto en el banquillo a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, surgieron fuertes interrogantes en torno a cuánto es lo que falta para que comience a redactarse el dictamen que deberían llevar al recinto de Diputados.

Iniciado allá por enero, más precisamente el jueves 26 de ese mes -con fuertes contrapuntos entre oficialismo y oposición-, una de las preguntas que entonces se planteó fue qué extensión tendría ese proceso. Difícil de calcular por entonces, se habló de un mínimo de dos meses y se llegó a especular -como extenso- que podría llegar a durar hasta cuatro.

Pero eran tiempos en los que no podían hacerse tantas elucubraciones, si ni siquiera tenían muy claro en Juntos por el Cambio de qué manera afrontar el desafío que proponía el Frente de Todos. Tampoco estaba clara la modalidad que se le daría a este trámite excepcional, y todo el desarrollo del proceso que se dio a lo largo de estos meses fue una experiencia nueva que se fue resolviendo sobre la marcha. Y que sigue desarrollándose de ese modo, con muchos interrogantes que persisten, salvo uno en el que propios y extraños coinciden (en el caso del oficialismo, en privado), que es en lo que sucederá cuando el dictamen llegue al recinto: allí terminará todo, pues no están los dos tercios necesarios para continuar con el proceso en el Senado. Ni estarán.

Figuras clave de este debate como el kirchnerista Rodolfo Tailhade aclaraban esta última semana que todavía no tenían datos sobre el tiempo de desarrollo de este proceso, pues sobre la marcha están encontrando elementos que tienden a extender su duración. Es lo que ha sucedido con el tramo del proceso que están atravesando por estos días: el debate sobre las presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Allí, a diferencia de otros ítems del juicio, hay más elementos de prueba y datos concretos que permitan avanzar en una acusación. En otros casos, las acusaciones pueden aparecer forzadas, tratando de demostrarse cosas en las que unos y otros jamás coincidirán, y que son en definitiva cuestiones de apreciación.

Los datos recabados hasta el presente en las hasta ahora tres audiencias referidas a la OSPJN han entusiasmado a los miembros del oficialismo y todo indica que este tramo del juicio se extenderá algunas semanas más.

Recordemos que tras un inicio en el que el oficialismo buscó avanzar con el controvertido tema de los chats obtenidos de manera irregular y enfrascarse en ese marco en una polémica en torno a la citación del fiscal Carlos Stornelli, transcurridos dos meses de debate se resolvió “ordenar” el desarrollo del proceso con audiencias temáticas.

Las mismas arrancaron el martes 21 de mayo y el primero de los temas fue el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema el 3 de mayo de 2017. Deliberadamente el oficialismo eligió arrancar con este análisis temático en la Semana de la Memoria con una cuestión en la que buscó relacionar el fallo de la Corte de esos días con el Gobierno de Cambiemos.

Esa parte del juicio no involucra a los cuatro miembros de la Corte, sino a su presidente y el vice, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes esa vez junto con Elena Highton de Nolasco suscribieron el fallo de mayoría que habilitó el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001 para el caso del represor Luis Muiña.

A esa primera sesión habían sido citados y faltaron el exministro de Justicia Germán Garavano, Fabián Rodríguez Simón y el senador José María Torello. Ninguno de los tres asistió a esa reunión. El primero pidió reprogramar; “Pepín” y el senador Torello no concurrieron nunca. El primero era obvio, pues está prófugo en Uruguay; el legislador nacional se amparó en sus fueros.

Sí estuvo en esa primera audiencia temática Gladys Cuervo, sobreviviente de los secuestrados en el Hospital Posadas, quien dio su interpretación sobre la decisión de tres integrantes de la Corte de avalar el 2×1 para causas de lesa humanidad. También asistió Zulema Chester, cuyo padre fue víctima de Luis Muiña. “Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976, sabemos a través de las investigaciones que pasó por el centro clandestino del Posadas y su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después, pero nunca pudimos recuperarlo”, contó.

Cerró el desfile de testigos de esa jornada Federico Morgenstern -de la vocalía de Carlos Rosenkrantz-, quien está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría N°3, que es la penal. “Me acuerdo bastante bien las cosas que pasaron con Muiña”, expresó sobre el fallo y recordó que recibió el legajo, lo estudió durante unos meses y junto a Rosenkrantz “preparamos el proyecto inicial de la causa”. “Después, con el desarrollo de las discusiones y negociaciones internas, el proyecto fue recibiendo modificaciones”, detalló.

Tras dos semanas sin reuniones (el único parate hasta ahora, debido a las sesiones del 28 y 29 de marzo y luego Semana Santa), la segunda audiencia temática fue el 11 de abril. A esa reunión asistieron Estela de Carlotto, Germán Garavano y los periodistas Silvana Boschi, exeditora de Clarín, que fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad; Irina Hauser, que afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017; el periodista de Clarín Ignacio Miri y Martín Granovsky, de Página 12, quien afirmó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

Estela de Carlotto declaró en la segunda audiencia sobre el 2×1.

El 18 de abril arrancó el debate sobre la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, y en esa jornada atestiguaron la médica legista y perito de la Corte Suprema María Cristina Interlandi; Oscar Fernández, que formó parte de la auditoría ordenada por la CSJN; la contadora Melisa Solana; la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, y Laura Coulin y Liliana de Brito, quienes lo hicieron en su calidad de damnificadas de la obra social.

La segunda audiencia sobre ese tema fue el 25 de abril, y en esa oportunidad se produjo el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Una semana antes de la citación, Marchi había sido desplazado de su cargo hacia el área de Seguridad Social, con los votos de los cortesanos Rosatti, Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y el voto a favor de Ricardo Lorenzetti.

Ese funcionario dejó expuesta la grieta existente en el Tribunal Supremo. Hizo fuertes cargos y denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano había sido “víctima de seguimientos y amenazas”.

También declararon el docente universitario Gustavo Montanini y Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte.

El pasado miércoles 3 de mayo declararon Andrés Sacchi, director de Informática de la Corte, quien firmaba balances de la obra social; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Maqueda y Valeria Díaz, damnificada de la obra social.

Andrés Sacchi, director de Informática de la Corte.

Para este martes 9 de mayo han sido citados Héctor Daniel Marchi, que expondrá esta vez sobre el informe de 20.000 fojas elaborado bajo su tutela sobre los supuestos desmanejos; Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte; el contador publico Nicolás Jacinto Serafini y Martina Forns, jueza federal de San Martín, cuyo esposo falleció en plena pandemia “abandonado por la obra social”, según su denuncia.

Los temas pendientes

Transcurridos entonces poco más de tres meses desde el inicio del juicio político a los miembros de la Corte, recién van por el segundo de los temas a debatir. ¿Qué temas faltan para abordar antes de que los diputados se aboquen a la redacción de los dictámenes (será uno para cada integrante del Tribunal Superior)?

Según confiaron a parlamentario.com miembros del oficialismo, el próximo tema a abordar será el de la Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; luego quedan Consejo de la Magistratura; abuso de poder y una denuncia contra el juez Rosencrantz por el cobro por un juicio de Santa Fe contra Nación.

Cuatro temas que demandarán, como mínimo, siete semanas más. Y para los cálculos temporarios habrá que tener en cuenta que el debate sobre las irregularidades en la obra social llevaría entre dos y tres semanas más. Sobre todo luego de que se votara el levantamiento del secreto fiscal de MoRo Media, una cuestión que según anticiparon a este medio dará “mucho para hablar”. Recordemos que MoRo Media es una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez.

Así las cosas, quedarían al menos diez audiencias temáticas, con lo que se llegaría a mediados de julio. Luego de ello comenzaría la redacción de los dictámenes, con lo cual una eventual resolución de este juicio coincidiría con las elecciones primarias de agosto.

Amén de eso, es vox populi que esos dictámenes no serán llevados al recinto con la actual composición del Cuerpo, por cuanto el Frente de Todos sabe que, como dijimos, no están los dos tercios para que el juicio pueda proseguir, ante lo cual optarán por reservarlo para “mejores tiempos”, o al menos conservarlo como una espada de Damócles sobre el Tribunal Superior de la Nación.

Martínez y el juicio a la Corte: “Le dedicaremos todo el tiempo para probar el mal desempeño de sus miembros”

Para el jefe de la bancada FdT de la Cámara baja hay una acumulación de pruebas que demuestra “el claro mal desempeño” de los integrantes de la Corte y aseguró que hay elementos “para seguir avanzando”.

Presente en todas las reuniones de la Comisión de Juicio Político que se desarrolla contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el titular de la bancada oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, valoró la “acumulación de pruebas” que resaltó que se está logrando hacer en esas audiencias y que a su juicio están demostrando “el claro mal desempeño” de Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El santafesino dijo no haberse sorprendido de los informes del funcionamiento de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, tema en el que están hoy por hoy enfocados los legisladores, por cuanto dichas irregularidades “estuvieron siempre y están contenidos en los proyectos presentados por los diputados”.

Entrevistado en el programa Congreso abierto, de Radio Zónica, Martínez sostuvo que se está viendo en torno a la OSPJN algo “lamentable”,  por cuanto se ha establecido que “no tiene presupuesto, no tiene sistema informático, régimen de contrataciones, ni personal y todo ese pasó mientras Maqueda estaba a cargo en nombre de la Corte Suprema de hacer un seguimiento de la obra social”.

Tal situación, agregó Martínez, “no exceptúa al resto de los miembros de la Corte, porque el estatuto aprobado en una acordada dice que las cuestiones de superintendencia son de todos los miembros de la Corte Suprema”.

Así las cosas, Germán Martínez sostuvo que “cuando se abrió el juicio político no teníamos idea de que se iba a desplazar a (Héctor) Marchi y sus declaraciones abrieron un escenario distinto”. Recordemos que Marchi fue secretario de administración de la Corte durante 15 años y fue justamente desplazado por un informe suyo sobre el andar de la OSPJN una semana antes de que concurriera a declarar ante la comisión. En esa declaración fue precisamente sumamente crítico de la administración de ese organismo.

El presidente del bloque del Frente de Todos recordó que cuando se declaró admisible los 14 expedientes desde la oposición “nos decían que no había ninguna causal para iniciar este proceso que el tema nacía muerto y era una excursión de pesca”. Por el contrario, él dijo que “siempre sostuve que cuando se inicie la etapa probatoria el consenso político y social iba a aparecer porque se dejan de hablar de generalidades y se habla de hechos concretos y son muy contundentes y si a eso le agregas el ruido que está generando adentro de la Corte Suprema de Justicia, eso va quedando claro que tenemos los elementos para seguir avanzando”.

Asimismo sostuvo que corresponde que “investiguemos a fondo como lo estamos haciendo como método, con orden, con estrategia clara”. En ese marco, reivindicó “el rol de la presidenta de la comisión Carolina Gaillard, siempre apegada al reglamento, a lo que indica la Constitución Nacional, y el rol de cada uno de los miembros del bloque y esto está dando sus frutos”.

¿Cuándo concluirá la etapa probatoria de este juicio, para iniciar la redacción del dictamen? “Me lo están preguntando desde enero pero no puedo decir si faltan quince días, un mes o dos meses; sería irresponsable de mi parte”, respondió Martínez, que aseguró que “le dedicaremos todo el tiempo para probar el mal desempeño de los miembros de la Corte”.

Tailhade, sobre el juicio político a la Corte: “Hay suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios”

El diputado oficialista destacó el trabajo llevado a cabo en la comisión porque “de a poco estamos logrando que se instale el tema en la sociedad y que ésta sepa cómo funciona el máximo tribunal”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) destacó la labor que se viene llevando a cabo en la Comisión de Juicio Político en el marco del pedido de jury contra los miembros del máximo tribunal porque “de a poco estamos logrando que se instale el tema en la sociedad y que ésta sepa cómo funciona”.

En diálogo por la AM750, Tailhade señaló el “balance” del juicio hasta el momento y aseguró que la investigación se enfoca en “las irregularidades por el fallo del 2×1 que benefició a genocidas y por los desmanejos en la obra social del Poder Judicial”.

Al respecto, Tailhade confirmó que “hay suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios” en el juicio político a la Corte. “Por un lado, el denominado 2×1. Nuestra hipótesis es que es un fallo negociado entre la Corte y el gobierno de Macri, cuyos negociadores -según la prensa más cercana al kirchnerismo- fueron Silvio Robles por la Corte y Pepín Rodríguez Simón y José María Toledo por el gobierno de Macri”, explicó.

“El otro tema es el manejo de la obra social que está quedando cada día más claro que, durante más de una década, fue un abandono y un descontrol de la organización”, denunció.

Al respecto, reiteró que “con estos dos cargos tenemos suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios”. Asimismo, consideró que a los jueces les “preocupa el desenlace” del proceso judicial.

“Lo que más les preocupa a ellos es que se está poniendo en evidencia un manejo absolutamente turbio de la Corte en general. Como acostumbra a decir Leopoldo Moreau: la Corte juega al truco con las instituciones, con la Constitución”, expresó y cerró: “De a poco estamos logrando el objetivo de que se instale el tema en la sociedad y que ésta sepa cómo funciona el máximo tribunal”, concluyó.

La comisión volverá a reunirse el próximo martes a las 13 a la cual fueron convocados cuatro testigos, tres de ellos son reprogramados, con el fin de seguir indagando sobre el manejo de la obra social.