Previsiblemente, las designaciones para completar la Corte Suprema de Justicia no quedaron fuera del informe brindado este miércoles por el jefe de Gabinete en la Cámara alta. Consultado puntualmente sobre el tema, Guillermo Francos no descartó que una mujer pueda ser propuesta por el presidente para el Tribunal Superior, pero insistió en que el Ejecutivo ya mandó dos pliegos que están puestos a consideración, los de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos y tiene que resolver. Entendemos el reclamo por la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente, será un tema que el presidente va a considerar, en el caso de que estos pliegos no avancen”, planteó el funcionario.

Fue la rionegrina Mónica Silva la primera en consultar si desde el Gobierno han pensado en que las bancas deben ser ocupadas por una jueza mujer. En el mismo sentido, el formoseño y ex libertario Francisco Paoltroni sumó: “El pliego de Lijo hace 7 meses está en el Senado y si lo sacan por DNU se estaría burlando la autoridad de la Cámara cuando se resiste a tener dictamen. Es una de las peores señales de autoritarismo y un gravísimo error para la institucionalidad y división de poderes y atenta contra los intereses de todos los argentinos”.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos –Lijo y García Mansilla- y tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de mujer en la Corte”, afirmó Francos.

Sobre la designación de jueces por DNU, el funcionario resaltó que “el bloque de La Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder. Le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura”.

“Así como el presidente Mauricio Macri, en una situación diferente al actual, había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto y no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte. Vi hay muchísimos antecedentes tanto en la historia argentina”, explicó.

Así, ejemplificó: “En la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministro de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento porque la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento”.

Paralelamente crecen las versiones en Gobierno respecto de la decisión oficial de avanzar con ambos jueces en comisión, para el caso de que el Senado no preste los acuerdos correspondientes. Ante ello, los senadores de Unión por la Patria se pusieron en guardia, y el presidente del bloque Unión por la Patria, José Mayans, le entregó a Francos un documento firmado por una veintena de senadores de su bancada, donde asumen “el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional”.

El citado artículo reza que el presidente “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.

Para los senadores de UP está bastante claro en la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina que el término “empleos” hace referencia “al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN, pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación”.

Así las cosas, los senadores plantean que el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte, en tanto cabeza del Poder Judicial, “es único y está previsto en el inciso 4 del artículo 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inciso 19 del mismo artículo”.

El citado inciso 4 dice textualmente que el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

Es por eso que los senadores de UP consideran que la designación “en comisión” de un juez o jueza en la Corte “resulta manifiestamente inconstitucional y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”.

“Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye el texto que lleva también las firmas de José Mayans, Mariano Recalde, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, José Neder, Sergio Uñac, Mariano Lewandowski, Lucía Corpacci y María Inés Pilatti Vergara, entre muchos otros.

Pese a que no se ha confirmado desde la Cámara alta que el dictamen del pliego de Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte Suprema ha reunido las firmas necesarias, el tema se coló entre las preguntas que los senadores le hicieron este miércoles al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras su informe de gestión en el Senado.

Fue la rionegrina Mónica Silva la primera en consultar si desde el Gobierno han pensado en que las bancas deben ser ocupadas por una jueza mujer. En el mismo sentido, el formoseño y ex libertario Francisco Paoltroni sumó: “El pliego de Lijo hace 7 meses está en el Senado y si lo sacan por DNU se estaría burlando la autoridad de la Cámara cuando se resiste a tener dictamen. Es una de las peores señales de autoritarismo y un gravísimo error para la institucionalidad y división de poderes y atenta contra los intereses de todos los argentinos”.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos –Lijo y García Mansilla- y tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de mujer en la Corte”, afirmó Francos.

Sobre la designación de jueces por DNU, el funcionario resaltó que “el bloque de La Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder. Le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura”.

“Así como el presidente Mauricio Macri, en una situación diferente al actual, había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto y no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte. Vi hay muchísimos antecedentes tanto en la historia argentina”, explicó.

Así, ejemplificó: “En la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministro de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento porque la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento”.

Confirmados por parte del Poder Ejecutivo el pasado 20 de marzo, como candidatos a integrar la futura Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla siguen esperando aún que sus respectivos dictámenes avancen en el Senado de la Nación, adonde concurrieron para exponer ante los integrantes de la Comisión de Acuerdos el 28 de agosto de este año.

En rigor, sus nominaciones fueron oficializadas con la publicación del Decreto N° 267/24 efectivizada el pasado 15 de abril.

Una vez cumplida la presentación de ambos ante la comisión que preside Guadalupe Tagliaferri, resta esperar que sus respectivos dictámenes consigan al menos 9 firmas, de modo tal de quedar a disposición del recinto, donde a suerte y verdad deberá decidirse cuando eso suceda la suerte de cada uno. Allí necesitarán contar con los 2/3 de los presentes, de modo tal de quedar consagrados jueces de la Corte Suprema.

No les ha resultado sencillo conseguirlo. Más a Manuel García Mansilla, según ha trascendido. El juez federal Ariel Lijo es quien más reparos ha despertado, pese a lo cual estaría más a tiro de conseguir su objetivo. Él mismo se ha encartado de “militar” su postulación, según afirman propios y extraños.

En las últimas horas, trascendió que contaba ya con las 9 firmas para estar a disposición del pleno. Y que la última firma era la de la catamarqueña de UP Lucía Corpacci. Cercana a Cristina Fernández de Kirchner, resulta impensable imaginar que esa rúbrica no haya sido con la anuencia de la exmandataria. Si sucedió…

Porque en cercanías de la exgobernadora catamarqueña no contestaron la consulta de parlamentario.com. El resto de las fuentes consultadas rehusaron confirmarlo. La información de que “habría” firmado es información que circuló sobre el final de la semana pasada en Casa Rosada. Otras fuentes consultadas por este medio advirtieron que, en rigor, esa no sería la última firma que necesitaría Lijo, sino que faltarían más.

Paralelamente volvió a sonar con fuerza la posibilidad de que el nombramiento de ambos sea por decreto de necesidad y urgencia. De hecho, este fin de semana, Guillermo Francos reflotó esa chance. Esa posibilidad “está en análisis”, confió el jefe de Gabinete por Radio Mitre. “cuando estás en minoría, todo cuesta mucho más”, admitió al hacer votos porque la aprobación de ambos pliegos siga los carriles normales. Sin embargo advirtió que “la propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros. Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada. En la historia argentina hay otros casos”. Pero insistió en que “lo mejor sería que lo designe el Senado”.

Consultado puntualmente durante la audiencia de la que tomó parte en agosto en el Senado, García Mansilla dijo que no aceptaría un nombramiento por decreto. Algún análisis del fin de semana señalaba que estaría dispuesto a rever ese pensamiento.

Convengamos que si finalmente sucediera el nombramiento por decreto, el mismo tendría validez hasta fines del año venidero. Es que la Constitución habilita al presidente a hacer esto, en su artículo 99, inciso 19, referido a las atribuciones presidenciales: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Lo cierto es que todo forma parte de las versiones que imperan por estos días en los que faltan precisiones. Y hay que recordar que el Gobierno planteó de entrada que “son los dos o ninguno”, en referencia a la necesidad de que se aprueben los dos postulantes juntos.

Sobre todo cuando también circula la versión de que el kirchnerismo -cuyos votos son necesarios pues en el Senado estamos hablando de 2/3- estaría dispuesto a aprobar a Lijo, pero a cambio de “poner uno nosotros”. Una, en ese caso, pues tendría que ser  mujer. Hasta se habló de la exsenadora nacional santafesina María de los Ángeles Sacnun, expresidenta de Asuntos Constitucionales en la Cámara alta y por lo tanto de extrema confianza de Cristina Kirchner. Desde el Gobierno descartan cualquier acuerdo en eses sentido.

Un dato importante a tener en cuenta en el marco de estas elucubraciones: quiénes son los 17 senadores que componen la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí, la presidenta es del Pro, la ya mencionada Guadalupe Tagliaferri. Vicepresidenta es la camporista Anabel Fernández Sagasti, extitular histórica de esa comisión. Son vocales, por Unión por la Patria Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. La UCR tiene 4 miembros, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada, y están también la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Omar Arce, el salteño Juan Carlos Romero, y por el oficialismo, el jujeño Ezequiel Atauche.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsa al juez federal Ariel Lijo. En tanto que el 29 de diciembre Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postula al académico Manuel García-Mansilla.

El diputado nacional por Formosa del bloque radical Democracia para Siempre Fernando Carbajal realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando “las maniobras ejecutadas por Gildo Insfrán, orientadas a evadir el tratamiento de la acción judicial” que promueve declarar inconstitucional la reelección indefinida en Formosa.

Con el patrocinio letrado del doctor Carlos Lee, el legislador nacional realizó su presentación en el marco de la causa iniciada en el año 2023, en la que pide a la Corte una declaración de certeza sobre la inconstitucionalidad o no de la reelección indefinida en Formosa.

Según Carbajal, esta estrategia de Insfrán “tiene como propósito forzar a la Corte a declarar abstracto el conflicto planteado y, de esta manera, asegurar un nuevo mandato para sí mismo o para su vice, consolidando su control absoluto sobre el poder público en la provincia de Formosa”.

“En virtud de todo lo expuesto -reafirmó-, resulta innegable que el conflicto inicial subsiste y se agrava. Las maniobras de Gildo Insfrán no solo buscan eludir el control judicial, sino que constituyen una amenaza directa y persistente a los principios de alternancia y equilibrio de poder consagrados en la Constitución Nacional”, advirtió.

En cuanto a la “maniobra política”, el diputado nacional del radicalismo señaló que “en una muestra pública y descarada de abuso de poder, el gobernador Insfrán envió a la Legislatura provincial, el martes 22 de octubre de 2024, un proyecto de ley que fue tratado y aprobado en tiempo récord. Ese mismo día se discutió en comisión y, sin admitir modificación alguna, el jueves 24 de octubre fue sancionado por 20 diputados oficialistas, ignorando los votos en contra de 10 legisladores opositores. Al día siguiente, el viernes 25 de octubre, el Poder Ejecutivo promulgó la ley y la publicó en el Boletín Oficial, demostrando una vez más cómo Insfrán emplea las instituciones provinciales como herramientas para perpetuar su mandato”.

En su presentación, Carbajal sostiene que “el objetivo de la maniobra de Insfrán es asegurar su permanencia y eludir el tratamiento por parte de esta Corte”.

Explicó que “el propósito de esta maniobra, sustentada en el abuso extremo del poder, es modificar la Constitución Provincial para que la Corte declare esta causa (y otras similares) abstractas, logrando así que Insfrán o su sucesor designado, Eber Solís (dos veces vicegobernador), puedan presentarse nuevamente como candidatos”.

Además, consideró que esta convocatoria para reformar la Constitución “responde a la decisión de la Corte de permitir el avance de las causas que cuestionan la legalidad y constitucionalidad del actual régimen de reelección, adaptado a la medida personal de Insfrán”.

Para Carbajal, “es evidente que, frente a los precedentes recientes en Tucumán y San Juan, donde la Corte Suprema protegió derechos fundamentales al impedir prácticas similares de reelección indefinida, Insfrán busca presentar esta reforma como una solución superficial, diseñada exclusivamente para eludir el control judicial. Este intento de camuflar su perpetuación en el poder no puede ser otra cosa que un golpe a los principios básicos de la República y una burla al orden constitucional”, alertó.

Para el legislador nacional “la maniobra de Insfrán es clara: promulgar una "nueva" Constitución que establezca una única reelección, argumentar que han "corregido" el régimen de reelección y solicitar el archivo de esta causa. No obstante, el aparato judicial local, subordinado a los intereses de Insfrán, aplicará un criterio propio, sosteniendo que, al entrar en vigor una "nueva" Constitución, los plazos electorales deben reiniciarse, permitiendo así al actual gobernador ocho años adicionales en el poder”.

“De esta forma, Insfrán se aseguraría el control absoluto hasta 2032, cuando tendría ya 82 años, lo que le permitiría modificar nuevamente la Constitución para continuar hasta los 90 años, si así lo deseara”, añadió.

El presidente Javier Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, pusieron en marcha un Plan Combo para coronar el primer año de gestión.

La idea combina condimentos de autobloqueo institucional con autocracia.

Asentados en el analgésico macroeconómico que monitorea Toto Caputo y en la dispersión política opositora, el dúo del poder trabaja para re-prorrogar el Presupuesto 2023 (con las nueve modificaciones presupuestarias ya incorporadas en 2024) y designar por decreto jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos cometidos requieren una condición: que el Congreso de la Nación entre en receso. Y en eso andan.

Este jueves debería haber funcionado la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

A último momento, el funcionario libertario se excusó “por problemas de agenda” y la reunión se canceló sin fecha, “hasta nuevo aviso”. La Comisión de Presupuesto lleva catorce días sin reunirse por el proyecto de Presupuesto 2025.

El proyecto de Presupuesto ingresó al Congreso a mediados de septiembre. Dos meses después, avanzó en carreta, apenas unos pocos metros y sin discusiones de fondo.

El Ejecutivo quiere llegar al fin del año legislativo, que cierra el 30 de noviembre y podría estirarse hasta el 10 de diciembre por una “prórroga de ordinarias”, sin avances significativos en el tratamiento del Presupuesto Nacional.

Sería la excusa perfecta para aplicar el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, a partir del 1 de enero de 2025. El texto legal no deja dudas: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”.

Para designar jueces de la Corte por decreto, el Gobierno ya echó a rodar los fundamentos: “ya lo hizo Macri”, o “no es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes y demore sus fallos”.

Y lo más importante: la designación de los jueces “en comisión” y por decreto, “es una alternativa que se ha usado en período de receso del Congreso”.

Por todos esos motivos, el Plan Combo, que apunta a fisurar la institucionalidad republicana, exige que diputados y senadores no sean convocados a sesiones extraordinarias durante el verano. Que terminen a principios de diciembre y vuelvan recién en marzo.

Ese sería el momento para actuar. En las fiestas de fin de año y a principios de 2025.

Es la misma fórmula que hace unos días reveló el filósofo mayor del cinismo libertario, cuando explicó el ajuste brutal: “Nosotros, en primer lugar teníamos claro que, por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto” (Javier Milei dixit).

 

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio trámite a la provincia de Formosa para que se expida en 60 días sobre la causa que define la inconstitucionalidad de la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán que gobierna desde casi 30 años.

La Corte tiene tres recursos sobre la reelección de Insfran. Uno presentado por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, otro por el senador Francisco Paoltroni con el auspicio del constitucionalista Daniel Sabsay y otro del diputado opositor y ex juez formoseño Fernando Carbajal.

La Corte Suprema dio tramite a la acción de inconstitucionalidad contra la reelección indefinida en Formosa. Empezamos esta peles en 1999 y 25 años después la seguimos dando El final del feudo está cerca. La reelección indefinida viola derechos humanos, la Constitución y el Pacto pic.twitter.com/w4uDJEgFBl

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) October 16, 2024

La Corte le dio 60 días de plazo a Insfrán y a la fiscal de Estado formoseña para que formule un nuevo descargo de acuerdo a los artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En la causa caratulada como “PAOLTRONI, FRANCISCO MANUEL c/ FORMOSA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” que fue impulsada en 2023, el secretario de Asuntos Originarios de la Corte Suprema notificó: “Por disposición del Tribunal, córrase traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por el plazo de sesenta (60) días (arg. artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su comunicación al señor Gobernador y a la señora Fiscal de Estado en los términos del artículo 341 del código adjetivo, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Formosa. Notifíquese a la parte actora por Secretaría”.

El expediente más avanzado que existe en la Corte es uno de la Confederación del Frente Amplio Formoseño pidió una serie de informes sobre estos dos casos para definir en las próximas semanas. Ese recurso lo presentaron Agostina Villaggi y Rodolfo Basques de ese confederación con el patrocinio legal de Juan Sebastián Montoya.

El amparo, presentado el año pasado era contra el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa que habilitó la octava candidatura de Insfrán. Los amparistas habían sostenido que el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa “violenta” el artículo 5 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Comisión Americana de Derechos Humanos.

“La octava postulación como candidato a gobernador de Insfrán nos produce un perjuicio actual e irreparable, al exponernos a competir contra quien a esta instancia de la historia ocupa la primera magistratura provincial hace 36 de manera ininterrumpida”, sostuvieron los miembros de la Confederación del Frente Amplio Formoseño.

El diputado radical por esa provincia Carbajal, ex juez y que también impulsa la demanda, afirmó que “en el año 2003, las ambiciones del gobernador Insfrán de continuar al frente del Ejecutivo provincial motivaron una nueva reforma de la Carta Magna Formoseña. La amplia mayoría de diputados oficialistas en la Legislatura facilitó la declaración de necesidad de reforma; lo que se llevó a cabo ese mismo año, quedando redactado el nuevo ART. 132 de la Constitución Provincial - El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”.

Según el diputado, “aprovechando esta omisión del constituyente, el actual gobernador Gildo Insfrán, cumplió veintiocho (28) años de mandato ininterrumpidos en el ejecutivo (desde el año 1995, ocupando antes el cargo de vicegobernador periodo 1987-1995)” y luego se presentó para el periodo 2023-2027. Los comicios se llevaron adelante e Insfrán fue reelecto con el 70 por ciento de los votos.

La postulación del juez Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia atraviesa todavía un camino sinuoso en el Senado, ya que su pliego no consigue aún el dictamen ni están los votos asegurados. Para alcanzar los dos tercios que requiere la designación, es imprescindible que Unión por la Patria lo acompañe. Este viernes, desde el kirchnerismo llegó un nuevo mensaje al Gobierno: “Así como están las cosas no se lo vamos a aprobar”.

"Nosotros tenemos una postura muy clara sobre qué es lo que queremos para la Corte. La Corte, así como está, es un desastre para Argentina, para la democracia, para la república, para los trabajadores. Es una Corte que defiende al poder económico", lanzó el senador Mariano Recalde durante una entrevista en radio Futurock.

El legislador de UP le recordó al oficialismo: “Nosotros tenemos un proyecto de ley en el Senado para modificar la Corte, no sólo en su composición, sino también en paridad de género, perspectiva federal, que contemple todas las especialidades”. “El presidente mandó esta propuesta, que obviamente no es nuestra. Es del presidente. No se la vamos a aprobar, así como está. Si hubiera alguna otra cosa, vemos. Qué se yo", expresó el porteño.

Lijo es uno de los dos postulados por Milei para integrar la Corte Suprema -el otro es el jurista y académico Manuel García-Mansilla-, y desde que se conoció su nominación ha ido sumando cuestionamientos, muchos de ellos por parte de la oposición dialoguista.

Recalde afirmó que él tiene su opinión sobre el candidato, pero aclaró que dentro del bloque no han debatido sobre el tema. “Yo tengo mi opinión. En el bloque no lo discutimos todavía. El otro día tuvimos reunión de bloque y alguno planteó qué va a pasar con eso, pero postergamos la discusión”, aseguró.

Lijo defendió su pliego el pasado 21 de agosto ante la Comisión de Acuerdos del Senado y respondió preguntas de los senadores durante ocho horas. Una semana después cumplió el mismo trámite García-Mansilla. Sin embargo, desde ese momento la votación favorable de ambos en la Cámara alta parece lejana.

La negociación entre el oficialismo y la oposición peronista/kirchnerista, que incluiría una ampliación del número de miembros de la Corte como contraprestación de un respaldo a la controvertida candidatura de Lijo parece estancada, o al menos ha perdido fuerzas.

Los 33 votos del kirchnerismo son claves para una eventual aprobación del pliego de Lijo, pero también lo son los de la oposición dialoguista, así como los de los bloques de menor representación. Sobre todo, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó con apenas seis senadores propios, después de la salida del bloque de Francisco Paoltroni, en desacuerdo absoluto justamente con la candidatura de Lijo y enfrentado a cielo abierto con Santiago Caputo.

El segundo candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, el abogado Manuel García-Mansilla, ratificó su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al plantear que se contrapone con normas vigentes y tratados internacionales y señaló que “la Corte no decide casos de aborto periódicamente”. También, explicó qué tendría en cuenta si tuviese que decidir sobre un caso de aborto.

El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal. Teniendo en cuenta ese antecedente, el radical Martín Lousteau le consultó si seguía argumentando que es “inconstitucional” durante la ronda de preguntas en la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado.

El abogado explicó que “no hablé sobre toda la Ley, publiqué un trabajo apenas se sancionó la ley y que se publicó antes de la promulgación, incluso antes del decreto de promulgación que vetó una parte de esa ley”, y aclaró que fue un análisis "preliminar y necesariamente incompleto porque solo me concentré en el artículo 4 inciso A de la ley" referido a la legalización del aborto hasta las 14 semanas, en el que hizo una explicación de por qué para hacer un análisis constitucional correcto había que separar lo que es legalización de despenalización.

“No es una idea mía, es una idea del doctor Germán Viar Campos que me pareció interesante y, a partir de ese análisis, teniendo en claro que despenalización implica un análisis constitucional y legalización implica otro análisis constitucional, lo que hice fue confrontar el artículo 4 del inciso A de la Ley 27.610 con ciertas normas de derecho positivo de distintas jerarquías, leyes del Congreso que no estaban derogadas”, fundamentó.

Así, señaló que la Corte Suprema establece que una ‘ley posterior deroga a una ley anterior, ley especial deroga ley general’, y planteó que “en ciertos casos es indispensable que el Congreso derogue específicamente las leyes que se contraponen con las leyes que están sancionando”.

También se respaldó en que había 13 constituciones provinciales que reconocían el derecho a la vida desde la concepción y manifestó: “Había que hacer un análisis de cuál era la compatibilidad de ese inciso con esas constituciones y, a su vez, hice un análisis de por qué había un conflicto normativo de ese inciso y dos tratados internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía superior a cualquier ley, que son la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño”.

“Este Congreso de la Nación dispuso que debe interpretarse que niño es ‘todo ser humano desde el momento de la concepción’. El artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco de la vida. Yo simplemente lo que marqué es que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley”, se defendió.

Lousteau repreguntó si se declara la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo volvería a estar vigente el Código Penal de 1921.

García Mansilla le explicó que “la eventual declaración de inconstitucionalidad de la legalización, no implicaría la declaración de inconstitucionalidad de la despenalización la Ley 27.610. Es una ley compleja, criminalizó el aborto en ciertos casos, lo despenalizó en otros, y lo legalizó en un supuesto específico que es el que me refiero con lo cual la eventual declaración de inconstitucionalidad tendría que llegar un caso también, pero asumamos hipotéticamente y la clave es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no decide caso de aborto periódicamente”.

El juez planteó que varias ONG’s hacen una analogía con la Corte Suprema norteamericana que creó el derecho al aborto en 1973 que no surgió del Poder Legislativo. “Por eso se litiga permanentemente y uno puede ver que la Corte Suprema desde 1973 hasta hoy ha dictado más de 54 fallos en materia de aborto y a nivel de juzgados de tribunales federales inferiores son miles las sentencias”.

Así, comparó: “Si uno toma la Corte Suprema Argentina en los últimos 20 años la única sentencia F.A.L que se refería a un artículo del Código Penal que, hoy, además, está derogado y que ese artículo el 86 se refería a una causal de no punibilidad. Hoy la Ley 27.610 el artículo 86 del Código Penal prevé causales de no punibilidad las declaraciones de inconstitucionalidad de la legalización no estarían afectadas”.

Pidió una breve interrupción la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, quien le consultó si “ya aprobada la ley si su postura va a ser inmiscuida por sus concepciones confesionales o va a fallar de acuerdo al derecho. Si entiende que el principio de no regresividad en la Constitución tiene que ver con un hipotético caso que llegue a la Corte respecto al derecho de interrupción voluntaria del embrazo”.

“Los argumentos que yo escribí cuando viene acá al Senado de ninguna manera son argumentos confesionales, salvo que entendamos que explicar el derecho positivo, a hacer referencia a normas sancionadas por este Congreso, a hacer referencia a constituciones provinciales o hacer referencia al texto escrito de determinados instrumentos internacionales que gozan de una determinada jerarquía, es sostener una postura confesional”, respondió García Mansilla.

“Si llegara a tener que decidir cualquier caso, se debería fallar conforme a derecho eso no hay ninguna duda y, más allá de fallar conforme a derecho, la predisposición del juez no es únicamente fallar conforme a derecho”, agregó.

De esa manera, explicó que en ese caso lo primero que haría es “analizar el caso con mente abierta”, lo segundo “voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes”, lo tercero será “considerar la dimensión humana en juego” porque “nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones, el interés superior del niño, la perspectiva de género, el problema de la vulnerabilidad de las personas mayores. En considerar la dimensión humana en juego que es fundamental a la hora de resolver cualquier caso”, el cuarto punto es “tomarse en serio los precedentes del tribunal los precedentes de la Corte Suprema para los propios jueces de la Corte Suprema son importantes”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal colegiado y que creo que gana en autoridad cuando decide las cuestiones jurídicas más trascendentes con una sola voz. Cuando las decisiones se toman, por ejemplo, si tenemos una corte de cinco jueces, con cinco votos distintos en general, el derecho no gana en autoridad. Creo que la Corte gana en autoridad cuando las cuestiones complejas las decide en la medida de lo posible con una sola voz. Eso implica un esfuerzo en el marco del tribunal colegiado para saber cuándo de poner ciertas visiones del derecho poder consensuar algunas cuestiones que, en el marco de lo que es opinable del derecho, no es lo que no es opinable poder trabajar de esa manera”, argumentó.

También resaltó que el principio de progresividad “es un principio claramente importante está previsto en la convención americana de Derechos Humanos y es aplicable en todas las decisiones desde ya”.

"En la locución que yo hice acá en el Senado yo tampoco planté una postura confesional, sino que planteé que en mi visión, de acuerdo a lo que se estaba discutiendo en ese momento con otro proyecto de ley, para poder tomar la decisión que se quería tomar en ese momento había que reformar la Constitución como hicieron Irlanda o Francia para poder consagrar el aborto. Es un argumento de derecho positivo", cerró

El académico Manuel García-Mansilla comenzó este miércoles su exposición ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta a las 10.52 con un discurso en el que resaltó su trayectoria educativa y laboral, en el ámbito de los tribunales, hasta recalar en el estudio jurídico más grande del país, cosa que le permitió “ver el derecho desde otro lugar”. Habló de su formación y especialización, su experiencia en el exterior y afirmó haber arrancado “desde lo más bajo, hasta litigar en el sistema internacional de derechos humanos ante una nación extranjera”.

Destacó su compromiso académico desde hace más de tres décadas, y la publicación de libros y notas de opinión en la Argentina y otros países, la mayoría de los cuales vinculados a la Constitución, como así también resaltó que desde 2019 es decano de Derecho en la Universidad Austral, donde además da clases sobre diversos aspectos de la constitucionalidad. Allí obtuvo el título el año pasado de doctor en Derecho, con un jurado de personalidades ajenas a la facultad.

A esas casi tres décadas de experiencia en el Derecho, le sumó una experiencia de gestión en una cámara de empresas productoras de hidrocarburos, de la que es director desde 2014.

Tras esa exposición, García-Mansilla dijo porqué piensa que puede hacer “un aporte genuino a la Corte Suprema de Justicia”. Arrancó diciendo qué piensa de la función judicial, comparándola con la de los legisladores. “A diferencia de los jueces, los legisladores pueden apelar a sus convicciones morales y la necesidad de atender reclamos sociales para modificar leyes como crean conveniente, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución”, comentó.

“Eso mismo ocurre con los constituyentes; pero los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y la forma representativa de gobierno”, señaló, para remarcar nuevamente: “No pueden hacer eso en ningún caso. Tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política y religiosa, aun cuando crean de buena fe que van a servir mejor a la sociedad”.

El postulante para ocupar un lugar en la Corte precisó que “los constituyentes dieron a los órganos políticos las herramientas para modificar y adaptar nuestra legislación a estas nuevas realidades. Por eso que la tarea de impulsar los cambios que reflejan esta evolución es principalmente de este Congreso de la Nación”.

En cambio, dijo, “la función de los jueces es aplicar esas normas a la hora de resolver casos concretos”, así como “sostener la observancia de la Constitución en cada sentencia a través del ejercicio de control de constitucionalidad”.

García-Mansilla agregó que “dadas las características, los jueces no pueden aplicar sus convicciones o preferencias personales a la hora de decidir casos concretos”. Y enfatizó: “Fomentar ese comportamiento anómalo por parte de los jueces es una forma inaceptable de liberarlos de los límites que la propia Constitución les impone a ellos”.

Para el candidato a integrar la Corte, un buen juez de ese tribunal supremo “solo puede administrar justicia en el marco de lo previsto en el juramento ordenado por el artículo 112 de la Constitución Nacional. Este juramento exige que la administración de justicia en cada jurisdicción se haga bien y legalmente en conformidad con lo que prescribe la Constitución. Que es administrar justicia bien, hacerlo de forma independiente, imparcial, sin favoritismo, sin prejuicio ni animosidad en contra de las partes. Mostrando que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable. Legalmente y en conformidad con lo que prescribe la Constitución”.

Para García-Mansilla, “los fundamentos de sus sentencias deben respetar y hacer respetar el estado de derecho, la seguridad jurídica a través de una aplicación seria y meditada de nuestra norma suprema, la Constitución, en cada uno de los casos que les toque resolver”.

Y concluyó asegurando que su única aspiración, para el caso de que este Senado lo honre con su acuerdo, es “la de servir a mi país de tal manera que al momento de terminar con esas funciones, mis compatriotas me recuerden como un juez que cumplió con sus deberes constitucionales y que obró siempre con integridad, independencia e imparcialidad”.

El académico Manuel García-Mansilla defendió este miércoles su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsado desde el Gobierno, en el marco de una audiencia pública celebrada desde las 10.23 de la mañana en el Salón Azul del Senado. Fue el segundo candidato en exponer ante la Comisión de Acuerdos que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, luego de que la semana pasada fuera el turno del juez federal Ariel Lijo, quien disertó por casi ocho horas.

Tras 7 horas de audiencia, la senadora Tagliaferri aseguró que “los dictámenes ya están disponibles para la firma”. También anunció que la próxima reunión de la misma será el 12 de septiembre, para tratar una serie de pliegos judiciales.

Al comenzar la audiencia, Tagliaferri informó que “todo el proceso de la audiencia es público” y destacó que “en la página web del Senado hay un micrositio donde está disponible toda la información sobre la audiencia, lo que permite tener un Senado más transparente y accesible”.

En el inicio de la reunión, el jurista señaló porqué piensa que puede hacer “un aporte genuino a la Corte Suprema de Justicia”. En ese marco, diferenció la tarea que le asiste a los jueces respecto de los legisladores, quienes “pueden apelar a sus convicciones morales y la necesidad de atender reclamos sociales para modificar leyes como crean conveniente, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución”, comentó. “Los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y la forma representativa de gobierno”, señaló, precisando que ellos “tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política y religiosa, aun cuando crean de buena fe que van a servir mejor a la sociedad”.

“La función de los jueces es aplicar esas normas” establecidas por los legisladores, o los constituyentes “a la hora de resolver casos concretos”, así como “sostener la observancia de la Constitución en cada sentencia a través del ejercicio de control de constitucionalidad”.

El interrogatorio de los legisladores

Tras la presentación formal del candidato a la Corte Suprema, se dio lectura a 160 preguntas, de un compendio de las 265 preguntas que le realizaron las instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación.

Algunas de las consultas se referían a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, dolarización, federalismo, competencias de la Corte Suprema de Justicia, impuesto a las ganancias, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, las protestas sociales, la Ley del Aborto, entre otros temas.

Ante la consulta del senador libertario Francisco Paoltroni por la modificación “inconstitucional” de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida, García- Mancilla manifestó que “el régimen republicano de gobierno se creó para combatir las monarquías y, la reelección indefinida, tiene evidentemente un problema con el régimen republicano. La duración en el cargo permanente es un peligro para la república. La reelección indefinida como tal puede tener un problema y, a la hora de tomar una decisión, hay que ver cómo se ha litigado el expediente y prestar atención el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y resaltó que “hasta 1983 ninguna Constitución provincial preveía la reelección indefinida”. El académico sostuvo que los estándares de DD. HH son “guía de interpretación y los jueces deben tenerlos en cuenta”.

Sobre la “inconstitucionalidad de la Ley de Lemas” el candidato explicó que la Corte Suprema entiende que “todo lo que tenga que ver con el régimen electoral es una cuestión de derecho público local que le corresponde al Poder Judicial local determinar su eventual coalición o no con la norma principal. Es el parámetro a aplicar. El Poder Judicial no puede intervenir en todas las causas judiciales que se inicien en el país, tiene que respetar los límites del federalismo”. Tras escuchar las respuestas del abogado, el libertario expresó que la república con estas dos herramientas “está en peligro y es un riesgo absoluto para todos. Con este criterio podemos poner reelección indefinida de presidente y terminar como Venezuela”, tras lo cual se retiró de la reunión.

A continuación, en respuesta del radical Martín Lousteau opinó que “el artículo 129 de la Constitución tiene problemas constitucionales porque asimila a la Ciudad de Buenos Aires como si fuese provincia”, y planteó que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que tener su Poder Judicial propio completo”.

Al ser consultado por la oficina de violencia doméstica, que es competencia de la Corte Suprema, el juez comentó: “No es un tema que haya reflexionado en particular, pero se podría trasladar la oficina, pero la propia Ciudad y todas las provincias deberían tener cada oficina y la Corte integrar toda la información para tener un diagnóstico preciso de lo que es la violencia doméstica a nivel nacional”.

También le preguntó sobre su postura en contra del aborto legal, respecto de lo que señaló que la Corte Suprema "no decide periódicamente sobre casos de aborto", y sostuvo que en su momento "marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías, eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley".

RIGI

A ser consultado por el RIGI por parte de los senadores Lousteau y Anabel Fernández Sagasti, el abogado expresó que “la Ley 27.270 aprobó el Acuerdo de París que se refiere al cambio climático, la Ley Olimpia aprobada por este Congreso de la Nación también se refiere al cambio climático, es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático”.

“El Congreso de la Nación ha legislado sobre la materia. Sobre las regulaciones en materia de medio ambiente y la explotación de recursos naturales, lo que entiendo de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución y la Ley General del Ambiente es que el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”, señaló y precisó que esos presupuestos mínimos pueden ser complementados por las provincias y planteó: “Diría que el único límite que tienen, tanto el Gobierno Federal como las provincias, dejando de lado el federalismo, es que no se conviertan en regulaciones expropiatorias de los recursos naturales que son de propiedad de las provincias”.

Al respecto, recordó el caso de 2007 en la provincia de Chubut sobre un minera a cielo abierto en una mina de oro. Así, sostuvo que en el caso del RIGI hay que tener en cuenta “la provincia, la regulación ambiental, pero entiendo que en la medida que se cumplan los estudios de impacto ambiental, las audiencias correspondientes, seguramente el supuesto debería ser atendido antes de que se empiece a operar y, desde ya insisto, en esto el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias pueden elevar ese piso”.

“Evidentemente ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Eso está muy claro en nuestro sistema constitucional que una ley del Congreso no puede dejar sin efecto los parámetros de protección ambiental que prevé el artículo 41 de la Constitución”, remarcó.

La postura sobre la identidad de género

Al ser consultado por la senadora Anabel Fernández Sagasti (UP) sobre la Ley de Identidad de Género, se distanció de la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien argumentó que “se acabó la diversidad de género” durante su exposición en la Comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados.

Al respecto, el abogado afirmó que la Ley 26.743 de identidad de género “es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir”, y agregó: “He notado en los últimos años una costumbre, en que en ciertos casos y no voy a decir ningún tribunal, donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales”.

“Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer porque en nuestro sistema constitucional las leyes vigentes se aplican y, para no aplicarlas, hay que declararlas inconstitucionales. Siempre que haya un caso concreto que amerite eso, pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”, criticó.

La inconstitucionalidad de los DNU

Sobre la ley que regula los DNU la 26.122, García Mansilla comentó: “El congreso en ejercicio de las atribuciones, que prevé el artículo 99 inciso 3, sancionó una ley para regular la forma en que quiere controlar los DNU. Fue el que decidió que, para rechazar un DNU, se necesita una disposición de las dos cámaras”, y señaló una inconsistencia desde el punto de vista técnico: “En un sistema parlamentario donde hay fusión de poderes, haya más control de parte del Parlamento o más restricciones para el Gobierno para emitir un Decreto de Urgencia, que en un sistema presidencialista en donde la separación de poderes con frenos y contrapesos es la Norma, pero es decisión del Congreso la regulación de qué tipo de control quiere ejercer sobre los DNU”.

“Cualquier DNU en el marco de un proceso judicial debe presumirse inconstitucional y esto implica que el Estado nacional es quien corre con la carga de la prueba y con la carga de la argumentación para demostrar que ese DNU es constitucionalmente válido porque está dentro de las excepciones previstas en el artículo 99 inciso 3”, explicó.

Así, sumó: “La Constitución dispone en el artículo 99 inciso 3 que el Poder Ejecutivo en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta insanable podrá emitir disposiciones de carácter legislativo y, recién ahí, es que se abren las excepciones”.

Paridad de género

El senador salteño Juan Carlos Romero le preguntó sobre la paridad de género y criticó al Ejecutivo por postular a dos hombres y a ninguna mujer. Sobre ello, el juez fundamentó: “Si bien la cuestión de género es una cuestión de gran importancia para el ejercicio de facultades que son políticas y discrecionales del Poder Ejecutivo y también del Senado, en mi caso la nominación no reemplaza la nominación de una mujer”

“La nominación es una facultad que le corresponde al Ejecutivo y la consideración que hizo el tiene que ver con decisiones de oportunidad mérito y conveniencia. Se hizo un análisis en el ámbito del Ministerio de Justicia”, indicó y procedió a leer un dictamen aprobado en 2016 por la propia comisión que establece que ‘en orden a las impugnaciones recibidas sobre un eventual desequilibrio de género, esta comisión manifiesta que comparte la importancia en el caso de la diversidad y el equilibrio de género especialidad y procedencia regional’.

En ese sentido, sostuvo: “Entendí que, dentro de los requisitos que prevé el 322, había otros que yo podía cumplir como el de diversidad regional y especialidad. Ese mismo dictamen dice ‘sin perjuicio de ello esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos del artículo 111 de la Constitución Nacional. Por lo cual se entiende que esas objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo Nacional que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo’”.

“En cuestión entiendo que este tipo de antecedentes parlamentarios sumados, por ejemplo, a la decisión que tomó el pleno del Senado en la sesión del 5 de noviembre del año 2020 cuando se dio un acuerdo para completar una vacante en la Cámara Nacional Electoral y la cuestión de género fue objeto de discusión. Es una cuestión muy importante, muy trascendente, pero que no es dirimente en el sentido de que si el candidato es varón o mujer está impedido de aceptar o no una nominación y, en mi caso particular, insisto mi nominación no reemplaza a una mujer”, completó.

Quién le ofreció el cargo

Una de las preguntas que le formularon a García-Mansilla fue quién fue el encargado de ofrecerle el cargo para el que ahora se postula.

“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo, en una reunión con (el viceministro de Justicia) Sebastián Amerio”, respondió el jurista ante la inquietud de Oscar Parrilli. Y agregó: “Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él. Y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces; la última vez lo vi hace unas dos semanas, en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para la audiencia pública y la relación desde el  momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”.

La Ley de Coparticipación, una deuda

Luego de un cuarto intermedio, a las 15, se reanudó la audiencia con la consulta de la senadora Carmen Álvarez Rivero sobre el federalismo y la ley de Coparticipación Federal. El letrado respondió que “evidentemente es una deuda, la Ley de Coparticipación; se van a cumplir 30 años de la reforma del 94 y no se ha dictado la ley convenio” y agregó que “la revisión de los criterios jurídicos que impedirían esa ley convenio facilitaría ese trabajo, que le corresponde a la política”.

El senador misionero Carlos Arce le consultó su opinión sobre la pedofilia, tráfico de menores y Ciberdelito. Al respecto, García Mansilla aseguró: “Me parecen delitos aberrantes que deben ser perseguidos por la Justicia y castigados con el máximo de la pena del Código Penal”.

Antes de dar por terminada la audiencia, el senador Bartolomé Abdala (LLA) destacó la solidez en las respuestas y afirmó: “Sigo pensando que sos un buen candidato para el cargo que nuestro gobierno te ha propuesto”.

Sobre el final de la larga exposición del juez Ariel Lijo, fue el turno de José Mayans, quien arrancó ponderando la reunión, y durante su prolongada intervención cargó de manera muy dura contra la Corte Suprema por lo que hizo con el Consejo de la Magistratura.

Recordó entonces el famoso fallo por el cual la Corte Suprema derogó la ley que creó el Consejo de la Magistratura y emplazó al Congreso a dictar una nueva norma en seis meses. “Esta Corte violentó la Constitución, porque puso en vigencia una ley que estaba derogada por el Congreso y hoy la Argentina tiene un Consejo de la Magistratura trucho. Verdaderamente es tremendo”, enfatizó el formoseño.

En su embestida, Mayans cargó contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a quien acusó de “tomar por asalto el Consejo”. “Se pone como presidente, interviene en decisiones del Senado, opinando sobre bloques que están constituidos”, señaló en referencia al fallo del Tribunal Supremo sobre la decisión del entonces Frente de Todos de partir sus bloques para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura.

Y continuó: “Primero la Corte emplazó al Congreso; le dieron seis meses, ¿quiénes se creen que son? Cuando ellos se toman todo el tiempo posible… Después de 10 años (de tener en sus manos el tema de la ley que creó el Consejo de la Magistratura), dicen: ‘Ustedes tienen seis meses para resolver este tema’. Ponen en vigencia una ley, se meten en atribuciones del Congreso… Es grave”. En ese sentido, Mayans recordó que él tiene el concepto de que “no podemos aprobar ninguna propuesta que venga de este Consejo de la Magistratura, que es trucho, que está muerto… ¿Cómo un Consejo de la Magistratura trucho va a designar jueces? Su composición está viciada de nulidad”.

Y finalmente Mayans hizo sus preguntas: “¿Usted cree que la Corte Suprema puede poner en vigencia una ley que ha sido derogada por el Congreso? ¿Qué la Corte Suprema puede emplazar al Congreso a hacer una ley?”.

El candidato del Gobierno propuesto para asumir en la Corte respondió que “las leyes tienen su régimen de vigencia establecido en la Constitución con toda claridad, y ese régimen no puede ser alterado sin generar un conflicto constitucional”.

Y ante la insistencia del jefe del bloque UP, Lijo señaló que “las leyes tiene su regulación de vigencia y derogación en los términos que establece la Constitución, que son facultades exclusivas del Congreso. Sí pienso que la Corte puede generar el marco para que se produzcan determinadas acciones legislativas, pero tampoco invadir la esfera de otros poderes, porque de eso se trata el sistema de frenos y contrapesos y de competencias exclusivas. Ese es el sistema que establece nuestra Constitución”.

Por último, le agradeció a Mayans sus conceptos y dijo que también se llevaba “muchas impresiones y aprendizajes y conocimiento de esta audiencia”.

El juez federal Ariel Lijo rechazó de manera “categórica” la “supuesta falta de idoneidad moral” que le fue infundada durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado y aseguró que tiene “un manto de sospecha falaz sobre mi integridad moral”.

Durante la tanda de respuestas, Lijo fue consultado por las causas en la que fue denunciado: “Fui denunciado de forma sistemática. Cuando uno recibe una denuncia injusta que versa sobre cuestiones que desconoce o son de prueba negativa son situaciones en la que uno pone en juego sus propias convicciones. ¿Qué debe hacer un juez frente a faltas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active todo el sistema de justicia y todos los recursos que el Estado tiene de investigación porque los jueces están sometidos al escrutinio constante”.

“El Consejo de la Magistratura se arrobó facultades amplias y pidió todo tipo de informe sobre mi persona. Toda esa instancia de investigación estuvo a cargo del entonces diputado Pablo Tonelli que luego de dos años de una profunda investigación presentó un dictamen en el que aconsejaba el cierre de todas las imputaciones”, se defendió.

También recordó que fue “investigado por la UIF, por la AFIP y por el Ministerio Público y el Juzgado Federal durante tres años. En los que me abstuve de intervenir. Las imputaciones originales fueron falsas y Mario Cúneo Libarona nunca fue mi abogado, no tuve abogado defensor porque no tuve imputación”.

“Lo vivo como un episodio de injusticia sobre todo porque tengo un manto de sospecha falaz. Es absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral y lo rechazo de manera categórica”, cerró.

"Tanto la opinión de mi idoneidad técnica como la de mi experiencia en el juzgado o mi desarrollo no son como son presentadas", remató.

En el inicio de la audiencia pública a la que concurrió para defender su postulación para ocupar un lugar en el seno de la Corte Suprema de Justicia, expuso este miércoles el juez federal Ariel Lijo. Su presentación arrancó puntualmente a las 10.59, luego de que la locutora oficial leyera el currículum del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el juez federal agradeció al presidente de la Nación por haber propuesto su nombre para alcanzar lo que definió como “el máximo desafío al que puede aspirar un hombre del Poder Judicial, al que le dediqué mi vida2.

Agradeció al Senado, definiéndolo como “un poder central, una de las conquistas de las democracias liberales; no es casualidad que en la parte orgánica de la Constitución, los primeros artículos estén dedicados al Senado”. Y siguió: “Tiene además una cuestión adicional, muy valiosa, para el sistema, que es la representación de todas las provincias, valor de un federalismo extraordinario”.

“Es este el lugar donde debo dar las explicaciones  y formular respuestas sobre mis actitudes y actos para el cargo para el que fui nominado”, dijo Lijo, que recordó que esta era la segunda vez en que debía presentarse en ese lugar, en ese mismo salón, donde en 2004 “defendí mi nominación para el Poder Judicial. Se discutía entonces mi candidatura al juzgado federal de la Capital que actualmente ocupo. En esa oportunidad… mi papá ya no nos puede acompañar, pero también me acompañó mi mamá… que es una luchadora”, señaló emocionado.

Luego de extender datos sobre su currículum, Lijo recordó que hizo toda su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación, adonde entró como meritorio, y al respecto resaltó que “gracias a la lucha de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (hoy esos cargos) no está permitidos. Se pasó a un régimen de ingreso más democrático, que evite ese tipo de trabajo sin remuneración”. Destacó a continuación que fue nombrado auxiliar administrativo, o “pinche”, en una defensoría oficial, lo que le permitió tener “una experiencia extraordinaria, muy enriquecedora”, resaltó.

Tras detallar su recorrido hasta llegar al lugar que ocupa actualmente y citar casos que le tocó investigar, remarcó que hoy la Corte está “integrada por académicos, jueces que provienen de otros sectores de la actividad jurídica”. En ese marco, agregó, él sería “un representante del Poder Judicial en la Corte”. “Mi tarea fue resolver un sinnúmero de casos en estos 20 años (como juez). Cada decisión, resolución y expediente incluye muchas decisiones y opiniones concretas que afectan a la gente y el aporte es desde la jurisprudencia. En los procesos en juzgados de primera instancia la regla es que precisamente lo determinante es el control de las partes; es muy marcado el control que tienen las partes, incluso la actividad recursiva son circunstancias que vienen desde distintos medios de obtención de la prueba”.

Tras referirse a los tres modelos de jueces de la historia detallados por un autor francés (el modelo Júpiter, el Hércules y el actual, el Hermes), consideró que “el modelo que me parece que puede generar un aporte es un modelo de justicia más proactiva. La Corte tiene una función jurisdiccional pura, que es la de resolver casos. Empieza y termina en el caso, esa es la competencia central de la Corte”.

“Es en ese marco que la Corte y todos los jueces ejercen el control de constitucionalidad de las normas, es función central en nuestro sistema jurídico”, apuntó. Los sistemas de control de constitucionalidad tienen distintas naturalezas, dijo enumerando y describiendo los tres: el europeo, el anglosajón y el americano o difuso.

Ante un Salón Azul que lo escuchaba atentamente, Lijo dijo que la función de los jueces es “mantener la supremacía de la Constitución sobre cualquier cosa. Tiene que ver con el reconocimiento de derechos y la legitimidad de la propia Constitución”. Agregó que “los jueces pueden controlar los procesos de producción democrática y la continuidad de la práctica constitucional, que es lo que nos hace crecer como república”.

El candidato propuesto para la Corte Suprema señaló a continuación, desde su experiencia, que “la función de los magistrados no se agota en resolver caso. Hay otras decisiones que se deben abordar; una de esas es establecer políticas que irradien y es fundamental conocer qué le pasa a la justicia en todo el país”.

“El federalismo no es una mera expresión vacía que no tiene contenido, implica respetar las autonomías de las provincias. Respetar la gestión de sus políticas de desarrollo. Atrás de cada decisión, hay realidades que tienen que ver con la experiencia humana y los jueces tienen la responsabilidad de conocerlas”, resaltó Lijo, para advertir a continuación que el juez “debe trabajar con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen propuestas para los problemas que tienen las personas. Para eso se cuenta con el apoyo de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Nación”.

En su mensaje inicial, el candidato propuesto por el Ejecutivo se refirió a los aportes que podría llegar a aportar con su llegada a la Corte y en un pasaje señaló que “hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia”.

Lijo sostuvo que la Corte debe “enfocarse en garantizar el acceso a la justicia” no solo para “garantizar que haya mayor facilidad en las formas de litigar, hay una barrera cultural y social porque hay personas que no se animan a acercarse a Tribunales o que no saben cómo acudir a la justicia, o la autoexclusión de ‘para qué voy a ir si no me van a resolver nada’”. También señaló que los diseños administrativos que son “complejos y son obstáculos reales”.

“Debe haber una sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de los conflictos. La respuesta del Poder Judicial no puede ser meramente la resolución del caso sin darse cuenta, sin asumir que hay otras consecuencias alrededor de los casos que le toca”, indicó.

También consideró que la Corte debe tener una política que implique “la tutela efectiva” de casos que involucren violencia doméstica, género, laboral, de menores y adicciones. Así, sostuvo que la Corte debe establecer “delegaciones” donde hay mayor nivel de conflictividad y que “tome contacto con organizaciones, iglesias, emprenda acciones en conjunto con el Parlamento y el Ejecutivo que deriven en acciones concretas de soluciones para problemas reales que tienen las personas”.

Sobre la modernización de la justicia, manifestó que la Corte debe “tratar de trabajar en procesos de modernización tecnológicos para las tramitaciones por lo que hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia".  En ese sentido, consideró importante el trabajo en conjunto con el Congreso “para encontrar, de una buena vez, mecanismos que simplifiquen y bajen e nivel de litigiosidad que llega a la Corte por diversas vías”, por lo que remarcó que hay “diversos proyectos para que la Corte y el Congreso se sienten y encuentren una solución porque no es viable el nivel de litigiosidad con el que convive la Corte Suprema”.

Lijo señaló que, para ello deben establecer plazos y que, internamente, la Corte “debe trabajar y mejorar las reglas de superintendencia aumentando las autonomías de las Cámaras Federales del interior resolviendo cuestiones de superintendencia, dándoles más autonomía de gestión y económica”.  Además, planteó trabajar sobre la gestión de recursos humanos.

“Los distintos sectores de la sociedad avanzaron en un proceso de segmentación. Pero, el Poder Judicial para un universo de conflicto tiene una única propuesta, utiliza el mismo proceso, los mismos recursos, las mismas personas y mismos tiempos para una catástrofe ambiental o el arrebato de un celular”, comparó y agregó: “No es razonable a esta altura que el Poder Judicial tenga una única propuesta ante cualquier tipo de caso”. De esta manera, reiteró que la Corte debe trabajar con el Congreso para “dar respuestas idóneas, diferenciando los procesos por el grado de gravedad y conflicto. Hay que pasar a las soluciones”.

Por otro lado, remarcó la importancia de disminuir el nivel de litigiosidad y señaló que la Constitución Nacional establece esferas de competencia para cada uno de los poderes y un sistema de frenos y contrapesos de funcionamiento de los tres poderes del Estado. “El cumplimiento de esas atribuciones en el marco del respeto del mandato Constitucional tienen una presunción de legitimidad porque los actos que emanan de los poderes tienen una aprobación de legitimidad incluso cuando son cuestionados. Hay que tender a la estabilidad de los actos de los poderes”, manifestó.

“Las cuestiones de la política deben resolverse en el ámbito de la discusión de ideas que establece la Constitución. Las cuestiones entre el Parlamento y el Ejecutivo tienen también sus propias reglas y no siempre el Poder Judicial es el poder que puede brindar una solución para este tipo de conflictos de la inconstitucionalidad de una norma”, expresó.

Por último, recordó que en los últimos 20 años tuvo la oportunidad de intervenir en la investigación del atentado a la AMIA y, en los últimos meses, está subrogando un juzgado en el atentado a la embajada y contó: “Pudimos avanzar en algunos aspectos que ya venían siendo materia de trabajo de Tribunales. Se trabajó en el reordenamiento del archivo y la documentación y el acceso a la información”.

“Esa experiencia me permite asegurarles que es indispensable que en el ámbito de la Corte Suprema se cree una secretaría especial que investigue el atentado a la embajada que ocurrió en 1994 porque hay mucha información en el mundo. Esa secretaría debería trabajar en dos aspectos, hacia adentro del Poder Judicial en la capacitación de todos los actores del sistema para que puedan dar respuestas y evitar que ocurra lo mismo; y trabajar fuerte en acciones con otras entidades y organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas para concientizar y evitar la discriminación, especial el antisemitismo que es la causa de ambos atentados”, expresó y finalizó: “Estas acciones pueden contribuir a un cambio fuerte en conductas que están muy arraigadas en la sociedad”.

NOTA EN DESARROLLO

El juez federal Ariel Lijo expone desde las 10.31 ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, y se someterá a responder las numerosas preguntas que harán los legisladores. La mayoría de ellos no definieron su postura y esperarán las respuestas del candidato. A priori, la postulación de Lijo cuenta con el rechazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el oficialista Francisco Paoltroni.

Presidida por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, la Comisión de Acuerdos está compuesta además por 7 representantes de UP, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. Por el radicalismo están Martín Lousteau, Eduardo Vischi, Mariana Juri y Carolina Losada. De La Libertad Avanza está Ezequiel Atauche, por Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Avila y el salteño Juan Carlos Romero.

Un cambio notorio que se dio en la previa de esta audiencia fue que en el seno del radicalismo hubo una modificación: el presidente del bloque, el correntino Eduardo Vischi, reemplazó a Pablo Daniel Blanco. Un dato saliente es que el senador fueguino había adelantado su rechazo a la propuesta de Lijo, por una cuestión de paridad de género. Esta modificación entonces sería una señal para garantizar la emisión del dictamen.

De esos 17 miembros, el juez Lijo debería contar con un dictamen favorable de 9 firmas para garantizar la llegada del pliego al recinto. Sin embargo, el oficialismo intentará negociar para conseguirlas, ya que hasta el momento se especula que las firmas no están, luego de que el senador Mayans expresara a La Nación que es “responsabilidad del oficialismo conseguir las firmas para el dictamen”, dando a entender que no hay ningún acuerdo para permitir el avance del pliego.

No necesariamente estará este miércoles el dictamen correspondiente, por lo que se anticipa una reunión extensa y se prevé un cuarto intermedio a las 13.

Con 7 miembros en el Senado, y aun reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Así las cosas, la postulación de Lijo recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares. Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia la próxima semana- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Llegó el día esperado para el juez federal Ariel Lijo, que este miércoles deberá defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Será a partir de las 10, en el Salón Azul, donde el magistrado se someterá al interrogatorio de los legisladores.

Presidida por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, la Comisión de Acuerdos está compuesta además por 7 representantes de UP, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. Por el radicalismo están Martín Lousteau, Pablo Daniel Blanco, Mariana Juri y Carolina Losada. De La Libertad Avanza está Ezequiel Atauche, por Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Avila y el salteño Juan Carlos Romero.  De esos 17 miembros, el juez Lijo debería contar con un dictamen favorable de 9 firmas, cuestión de garantizar la llegada del pliego al recinto.

Hasta el momento no se sabe si esas firmas están, y ya este martes el senador Mayans dijo a La Nación que es responsabilidad del oficialismo conseguir las firmas para el dictamen, dando a entender que no hay ningún acuerdo para permitir el avance del pliego. No necesariamente estará este miércoles el dictamen correspondiente.

La reunión se anticipa extensa y se prevé un cuarto intermedio a las 13.

Luego de que su pliego tomara estado parlamentario y se formalizara la fecha de audiencia, su postulación recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares.

Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Al responder a los cuestionamientos en su contra, Lijo rechazó acusaciones sobre su idoneidad moral, incremento patrimonial, falta de formación académica y desempeño como juez.

Por otra parte, el magistrado recibió una serie de adhesiones, entre ellas de rectores de universidades, el gremio de los judiciales -liderado por Julio Piumato- y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, a la que él mismo pertenece.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia una semana después- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Sin dudas, la falta de una candidata mujer a la Corte se anticipa como una de las discusiones que podría poner reparos en uno de los dos postulantes.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Pero el rechazo también llega desde adentro del oficialismo: el formoseño Francisco Paoltroni ha anticipado y ratificado más de una vez que no acompañará el pliego. Y, como si fuera poco, en la previa encabezó una especie de audiencia paralela bajo el nombre de “Encuentro sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, donde se esperan críticas a Lijo.

La Asociación Civil de juristas y profesores de Derecho, FORES, presentó este lunes ante el Senado de la Nación su impugnación a la candidatura para la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Ariel Lijo, al tiempo que formalizó su apoyo a la postulación de Manuel García Mansilla.

“Lamentablemente, las objeciones presentadas (como las muchas otras presentadas por otras entidades representativas del ámbito de la justicia), no solo no fueron contestadas por el candidato, sino que tampoco fueron merituadas por el Poder Ejecutivo al solicitar el acuerdo. Lo ocurrido parecería haber transformado el proceso de participación ciudadana en una mera formalidad burocrática que afecta el principio republicano que exige la fundamentación de los actos gubernamentales”, planteó FORES en su impugnación a Lijo. “Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de reiterar ante ese Honorable Senado tales objeciones, en la esperanza de que ellas sean consideradas al debatir el acuerdo solicitado”.

En cuanto a las características del postulado, la entidad señaló que “no caben dudas de que el Sr. Lijo cumple con las condiciones formales para ser postulado. Son, sin embargo, las condiciones de idoneidad las que no se verifican en el candidato” y cuestionó: “El candidato provoca demasiada polémica en múltiples sectores de la sociedad (condición suficiente para descartarlo). Su postulación carece de suficiente fundamentación y no presenta hechos y resultados que demuestren una adecuada gestión como juez”.

“Resulta preocupante que no se haya presentado un solo informe acerca de la gestión del juzgado a su cargo que permita un análisis a la luz de la propuesta efectuada”, concluyó FORES.

Respecto de la postulación de García Mansilla, en tanto, FORES destacó la idoneidad del candidato para ocupar el cargo, ya que posee “un perfil de formación amplio, lo que entendemos le permitirá analizar las cuestiones que llegan a la Corte Suprema con conocimiento del ‘mundo real’ y experiencia práctica de las necesidades de quienes recurren a los tribunales en procura de justicia”.

La Coalición Cívica sigue militando contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, y con ese fin presentaron este viernes las observaciones que dan sustento a su formal impugnación contra el magistrado. Argumentan en tal sentido “manifiesta falta de idoneidad técnica, jurídica y profesional”, como así también la “evidente carencia de condiciones éticas y morales del candidato propuesto”.

Lo hicieron a través de una nota enviada a la titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri, suscripta por Elisa Carrió y los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Para los miembros de la CC-ARI, Lijo “ha tenido severos cuestionamientos ha tenido severos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal”, por lo que entienden que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo “no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación. Además, se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato”.

Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entienden que el candidato “tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica y académica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Condiciones éticas

Para los que firman esta presentación, el juez Lijo cuenta con un “magro currículum vitae, sin antecedentes académicos relevantes, con menos de cinco publicaciones sin referato sobre temas diversos; solo exhibe como ‘mérito’ cerca de 20 años deantigüedad en su cargo de juez federal”.

Advierten desde la CC que “los años de antigüedad no certifican automáticamente la idoneidad para acceder a un cargo, mucho menos para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se ‘asciende’ a la Corte Suprema por ‘antigüedad?, la permanencia en un cargo en el Poder Judicial no es un elemento determinante, los méritos que deben exhibirse para lograr integrar el máximo tribunal de nuestro país son sustantivamente diferentes, y precisamente son los que recoge el decreto 222/2003: idoneidad técnica y jurídica, condiciones éticas y morales y compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos”.

“Por el contrario, a lo largo de su dilatada permanencia en el fuero federal penal, el candidato Ariel Oscar Lijo exhibe otro tipo de antecedentes, los que dan cuenta de un recorrido profesional bastante opaco y poco notable, como refleja el análisis de su desempeño como juez federal en diversas causas radicadas por ante el juzgado a su cargo y ante los que intervino como subrogante, junto con una sospechosa situación patrimonial que siembra fundadas dudas sobre su desempeño profesional y su independencia en el ejercicio de la magistratura, que dieran lugar a una serie de denuncias e investigaciones sobre su desempeño como juez federal”, advierten, para detallar luego antecedentes y tramitación de todas las causas, con nueve ejemplos concretos.

En las conclusiones de la amplia presentación resaltan que el candidato Ariel Oscar Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”.

En ese sentido insisten en que como juez, Lijo “ha demorado  intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Prueba de ello son las causas YPF, Siemens y

Obra social del Poder Judicial de la Nación”. Además, ha sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito “toda vez que presentaría severas inconsistencias en su patrimonio y, sumado a ello, el candidato llevaría a cabo un estilo de vida que no condice con sus ingresos como juez federal”.

“Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación –afirman-. Un juez federal destacado por su evidente mal desempeño y sus habilidades para obstruir la tramitación de las causas de corrupción que debe investigar no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juez federal que sistemáticamente acumula denuncias vinculadas con el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y suman: “Un juez federal acusado de corrupción y connivencia con actores políticos y económicos involucrados en la comisión de diversos delitos de acción pública no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La voladura de la Embajada de Israel tuvo lugar el 17 de marzo de 1992; a las 9.53 del 18 de julio de 1994 otra bomba hacía estallar la sede de la AMIA. Por tratarse de una sede diplomática, la investigación del primer episodio quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que del otro hecho se ocupó el juez Juan José Galeano. Cada investigación tuvo un recorrido diferente, como diferentes fueron sus resultados, aunque a la postre ninguno de los dos sirvió para poner justicia en ambos hechos; empero la falta de resultados llevó al Congreso a tomar cartas en el asunto. Fue en 1996, un año a lo largo del cual se destacó precisamente el trabajo de las comisiones investigadoras. La Bicameral de Seguimiento de los Atentados fue una de ellas.

En el caso de los atentados contra objetivos israelíes, diputados y senadores tomaron la decisión de crear una comisión, ante la necesidad de efectuar un seguimiento de la investigación de los mayores atentados terroristas que registró la Argentina contemporánea. En rigor, la creación de la comisión se decidió en 1995, pero recién se constituiría en septiembre de 1996. El objetivo de la misma era efectuar el seguimiento de las investigaciones judiciales y la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del propio Poder Legislativo.

Harían el acompañamiento y el examen de la investigación en curso, pero estaba establecido que no podían reemplazar a los jueces de la causa.

“Desde su creación, la Bicameral adoptó el criterio político de tomar ese mandato con el compromiso de hacerlo como una cuestión de Estado, fijando como regla política primordial no utilizar la información obtenida o el propio desarrollo de la comisión para una especulación parcial o partidaria”, señaló a quien esto escribe Melchor Cruchaga, quien integró esa comisión durante su paso por la Cámara de Diputados.

La propia composición de la Bicameral demostraba que se tenía en cuenta ese principio de representación por sectores políticos, y no como una representación cuantitativa o proporcional al peso específico de cada fuerza, como sucede con las clásicas comisiones en las que el oficialismo de turno tiene presencia mayoritaria.

El propio justicialismo estaba representado en sus dos acepciones: menemismo y duhaldismo. “Y a un costado estábamos nosotros, y más al costado Cristina (Fernández de Kirchner)”, contó uno de los radicales que integró esa bicameral, confesando que entonces se sentían muy cómodos con la senadora santacruceña, porque sabían que no estaba comprometida con los sectores del oficialismo.

El primer titular de la comisión fue el justicialista rionegrino Carlos Soria y su vicepresidente fue el senador radical Raúl Galván. También estaban Carlos Chacho Alvarez, José Antonio Romero Feris, César Arias, Augusto Alasino, José Genoud, Miguel Angel Pichetto, Bernardo Quinzio, Federico Storani, Juan Pablo Cafiero, Cristina Kirchner y el citado Cruchaga. Como se ve, la mayoría de los presidentes de bloque estaban en la comisión, lo que pretendía darle a la misma una fuerte representación política.

Eso implica por supuesto que esos titulares de bancadas pondrían el peso de sus firmas, mas no el cuerpo en la investigación, que correría entonces por cuenta de otros. De hecho, Soria, Cruchaga y Cristina fueron las caras visibles de la investigación que encaró la Bicameral.

Quien tiempo después sería presidenta de la Nación accedió a esa comisión mientras constituía una isla solitaria en el Senado, lo cual no fue obstáculo para que el justicialismo accediera a incorporarla. Con el tiempo, se justificaría plenamente esa designación, pero no deja de representar una incógnita porqué se le concedió la posibilidad de estar allí si en el bloque del Senado no la querían. La razón más valedera que ha podido encontrarse es que en el oficialismo no eran muchos los que querían meterse en esa tarea en la que encontrarían más escollos que pistas. Además, las bicamerales no tienen la importancia de las comisiones permanentes de cada Cámara -sin ir más lejos, no manejan dinero- y cumplen más bien un rol simbólico como el que pretendían darle las presencias de tantas figuras de los bloques que a la postre no ponían más que el nombre y la firma.

Y tanto insistió Cristina, que logró sortear las vallas para ocupar un lugar en la bicameral, que no perdió cuando migró hacia Diputados. Tampoco varió mayormente la composición de esa bicameral con el paso del tiempo, amén de modificaciones de importancia como la presidencia de la misma, que ejercieron los radicales Marcelo Stubrin y Luis Molinari Romero ya en tiempos de la Alianza.

En sus informes, la comisión diferenció siempre la labor de la Corte Suprema y la del juez Galeano, con quien sí mantuvieron un mayor contacto. De entrada, la relación con el Tribunal Supremo fue tempestuosa, por cuanto el mismo retaceó permanentemente el material que los legisladores requerían para la investigación del atentado a la embajada, al punto tal de tener que plantear los legisladores una cuestión de privilegio, votada por unanimidad.

Pasó casi un año para que la Corte modificara su postura y le permitiera a los legisladores ver la causa; posteriormente delegó la investigación en una secretaría penal a cargo de Jorge Canevari, lo que marcó un tardío cambio de comportamiento, pero cambio al fin. Con el juez Galeano, por el contrario, el contacto fue permanente.

La comisión trabajó activamente durante cuatro años; luego comenzó a declinar su tarea porque arrancaba el juicio oral a los integrantes de lo que se denominó “la conexión local” de la voladura de la AMIA, y prácticamente se extinguió. Pero dejó como conclusiones tres sustanciales informes: uno publicado en 1997, otro al año siguiente y el tercero en 2001. Muchas de las observaciones que allí figuran se vieron ratificadas posteriormente durante la sustanciación del juicio oral y público.

El primer informe fue publicado a fines de 1997 y Cristina Kirchner y los integrantes de la Alianza emitieron dictámenes diferentes. Una de las discrepancias marcadas tuvo que ver con el papel de la Corte Suprema en la causa por el atentado a la embajada de Israel. El informe del justicialismo respaldó esa investigación señalando que el Tribunal debió afrontar “una tarea de magnitud que no contaba con antecedentes en la historia judicial argentina”.

A juicio del oficialismo peronista de entonces, si los resultados del máximo tribunal aún no satisfacían a la gente era porque “no encontró colaboración de organismos dependientes de otras áreas y de las autoridades extranjeras”. En tal sentido consideraron fundamental “una mayor participación de los organismos de seguridad del Estado con la Justicia”. En otro tramo, el PJ solicitaba la separación de la Policía Bonaerense de “todo elemento que por inteligencia e inobservancia haya omitido la debida colaboración con el juzgado correspondiente”. Respecto a Galeano, destacaron la “independencia y seguridad” de su trabajo en la investigación de la voladura de la AMIA.

“En ese informe lo que nosotros hicimos no fue una evaluación de las causas judiciales; nosotros no dijimos que por culpa de la mala investigación del primero sucedió el segundo atentado, sino que en la investigación del atentado a la Embajada, por la magnitud del hecho, lo novedoso y la composición del Alto Tribunal, era muy difícil poder investigarlo, y además no se siguieron las líneas investigativas correctas, a nuestro criterio. No hubo una dirección tratando de encontrar a los culpables. Se tomaron infinidad de testimonios, se acumuló muchísima prueba, pero buena parte de esa prueba no era conducente al objetivo que se perseguía, que era investigar el hecho”, señaló el entonces titular de la comisión, Carlos Soria.

Los diferentes informes coincidieron en destacar “la preocupación por la previsible responsabilidad de efectivos de la Policía Bonaerense en ambos hechos terroristas” y en alentar la sanción de la ley que instituiría la figura del arrepentido.

El informe de Cristina Kirchner de 1997 hizo en sus consideraciones finales todo un manifiesto político, al señalar que ambos atentados “se produjeron en un marco histórico-institucional absolutamente favorable a la impunidad” y que “la prolongada sucesión de interrupciones y quiebres institucionales durante décadas y la consiguiente instalación de la doctrina de seguridad nacional que vertebró y estructuró la organización y funcionalidad de los organismos de seguridad e inteligencia de nuestro país, no es una cuestión menor (...) El advenimiento de la democracia en 1983 se caracterizó en esta materia por marchas y contramarchas que neutralizaron la voluntad de cambio al no poder traducirse la misma en la depuración de dichos organismos. En este sentido, decisiones políticas tales como la obediencia debida y el punto final -para las que se esgrimieron razones de Estado- no sólo han contribuido a profundizar la cultura de la impunidad, sino que han obstaculizado objetivamente la depuración de los organismos de seguridad e inteligencia de aquellos elementos que operaron en forma paralela, clandestina e ilegal al sistema. Los decretos de indulto constituyeron el acto final”.

Con ese escenario previo y esos organismos de seguridad e inteligencia, señaló Cristina en su dictamen, sobrevinieron los atentados.

Con numerosos puntos de contacto con el dictamen de la Alianza, Kirchner habló de funcionarios y componentes del sistema nacional de seguridad interior que “en forma manifiesta o soterrada obstaculizaron la investigación, encubrieron sospechosos y/o intentaron desviar el rumbo de la pesquisa”. A su juicio, no existió voluntad política real de parte del Gobierno nacional y en particular del Ministerio del Interior para el esclarecimiento de ambos atentados, “y en particular para brindar colaboración efectiva a la Justicia Federal encargada de la investigación del segundo de los hechos.

Sobre el papel de la Justicia, reconoció la labor desarrollada por el juez federal Juan José Galeano y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, pese a los obstáculos. Sugirió además otorgarle al juez y a la fiscalía “la más absoluta disponibilidad de los recursos humanos y materiales que se requieren para afrontar la investigación”.

Sobre la Corte Suprema, admitió su carencia -por ser ajena a sus funciones específicas- de una adecuada estructura y funcionalidad en materia de instrucción penal, sugiriendo en consecuencia que ese tribunal delegara la instrucción de la causa al juez Galeano, “atenta la obvia y directa conexidad y causalidad entre la causa Embajada de Israel y la causa AMIA”.

“Es inexcusable la responsabilidad del Gobierno nacional por la falta de lineamientos y de capacidad funcional del sistema nacional de seguridad interior e inteligencia para detectar, seguir y conjurar el accionar de los grupos y/o organizaciones terroristas que planificaron, prepararon y llevaron a cabo los mencionados atentados, así como también para precisar e investigar el accionar de tales grupos y/o organizaciones y su estructura logística, operativa, de personal y de inteligencia”.

El informe de Cristina destacó la “negligencia” en la investigación de los atentados demostrada por el ex jefe de la Policía Federal Adrián Pelacchi, quien al emitirse ese dictamen era secretario de Seguridad Interior del gobierno menemista, inscribiéndola “en el mismo tenor que los actos de distracción y omisión denunciados, por lo que resulta difícil entender cuáles han sido los motivos por los cuales se lo nombró para cumplir nuevas y superiores funciones en el área de seguridad”.

Le apuntó a la responsabilidad y compromiso de algunos miembros de la Federal y la Bonaerense, así como a sus respectivas conducciones políticas en la preparación, ejecución y posterior encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, y cuestionó la actitud del titular de la SIDE de no brindar la información requerida por esa comisión en materia de ejecución presupuestaria relacionada con la investigación de los atentados.

“La manifiesta falta de colaboración por parte de los distintos organismos de seguridad e inteligencia federales y provinciales que debieron coadyuvar al desarrollo de la investigación judicial, debe ser entendida desde una doble perspectiva que comprenda tanto las falencias estructurales de los mismos, como la evidente decisión de obstruir el esclarecimiento de los hechos, o de encubrir a determinadas personas y/o grupos sospechados de haber participado de alguna manera en el atentado y que están vinculados al Estado”, señaló el duro informe en otro de sus párrafos.

Los tres dictámenes emanados por la comisión bicameral fueron aprobados por unanimidad en el Parlamento.

La cinta misteriosa 

A diferencia del año anterior, en 1998 Cristina Kirchner sí firmó junto a la mayoría las consideraciones del informe, aunque no compartió las conclusiones. Sí se pusieron de acuerdo los diputados y senadores del oficialismo y la oposición en cuanto a las recomendaciones. La presentación del mismo corrió por cuenta de los oficialistas Carlos Soria y Cristina Kirchner y los aliancistas Raúl Galván, Juan Pablo Cafiero y Melchor Cruchaga, y allí se instaba al tratamiento en el período de sesiones ordinarias del Congreso de “todos aquellos proyectos que contemplan herramientas legales apropiadas para afrontar investigaciones judiciales de hechos de índole terrorista”.

Asimismo insistieron en que se impulsara “el debate sobre una ley de información e inteligencia, tal como lo prevé la Ley 23.554, orientada al mismo tiempo hacia la búsqueda del necesario consenso entre las fuerzas políticas representadas” en el Parlamento.

En sus párrafos críticos, la comisión destacaba que no se habían tomado “las medidas recomendadas” para prevenir actos terroristas, ni había coordinación entre la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, y que “no se han emitido directivas o resoluciones sobre actividades de inteligencia referidas a atentados”.

Empero, el informe exceptuó de críticas tanto al juez Galeano, como a los fiscales Müllen y Barbaccia, e inclusive reivindicó la “voluntad política” del Gobierno para esclarecer los atentados, por lo que llamó la atención que los representantes de la oposición y Cristina se hubiesen avenido a suscribirlo.

La dureza del informe estaba una vez más reservada para la Corte Suprema, por no haber investigado como debía el atentado contra la Embajada, destacándose que no se había podido recuperar “el tiempo perdido” y que la investigación ahora más bien tenía un objetivo “histórico”, por cuanto los culpables ya no podrían ser hallados.

Una de las características especiales de la investigación que llevó a cabo la Comisión Bicameral fue el hecho inédito de que hiciera el seguimiento de una investigación judicial en trámite. Esto es, siempre las investigaciones parlamentarias tuvieron como objetivo acontecimientos pasados, mientras que esta vez la causa judicial estaba en marcha. Y simultáneamente con el acompañamiento de la pesquisa y las indicaciones sobre los distintos organismos judiciales o del Ejecutivo que no cumplían adecuadamente su rol en la investigación, se puso énfasis en la necesidad de actualizar la legislación antiterrorista. De ese trabajo se dio curso a la Ley del Arrepentido, surgida de las sugerencias de esa comisión.

Quienes pasaron por esa comisión advierten que la investigación desarrollada por la Corte sobre el primer atentado “era un verdadero desastre”, lo cual surgía del hecho de que el tribunal en pleno se hubiera ocupado de la causa “lo cual era un disparate”. En cuanto a la AMIA, se registraron desvíos de pistas, gente enviada para desviar la investigación, pérdida de pruebas, incumplimiento de órdenes judiciales...

El 4 de mayo de 1999, a siete años del primer atentado, se registró un vuelco en la investigación, al descubrirse la cinta que contenía los momentos previos y posteriores a la voladura de la Embajada de Israel. Ese día los integrantes de la Comisión Bicameral sometieron a tres horas de interrogatorios cruzados a los policías Gabriel Soto, Miguel Angel Laciar y José Alberto Acha en el Anexo de la Cámara de Diputados.

Los policías habían sido los ocupantes del patrullero 115 aquel 17 de marzo de 1992, cuando les llegó la orden de alejarse de la zona de la Embajada para dirigirse a la Cancillería. Declararon largas horas ante los diputados de la comisión y estaban a punto de retirarse cuando alrededor de las 23 Cristina Kirchner le preguntó a Laciar si sabía algo de la existencia de una cinta. Cuentan los testigos que entonces el policía se quebró y contó que su compañero Soto tenía una cinta en su poder.

Ese día la Bicameral sesionó hasta las 3 de la madrugada y a medianoche debió concurrir a declarar el jefe de la Policía Federal.

La investigación cobró una energía renovada y todos los cañones apuntaron contra Soto, quien al momento del atentado era oficial subinspector, y éste admitió contar con una cinta que demostraba que el patrullero en el que se desplazaban había recibido desde el móvil de la Cancillería la orden de ir hacia Reconquista 1088. En su momento, Soto había declarado ante la Corte que había recibido la orden, pero ese mandato nunca pudo ser comprobado hasta que apareció la cinta.

Miguel Angel Laciar fue el único de los policías que recordaba haber pasado por la puerta de la Embajada; el patrullero no alcanzó a llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que a cien metros de Suipacha y Arroyo estalló la sede diplomática. Laciar se quedó en el móvil pidiendo ayuda por radio, mientras Soto y Acha corrían hacia el desastre. Fueron los primeros policías en llegar allí, y por su actuación recibieron condecoraciones del Gobierno israelí.

Hubo contradicciones sobre el desvío del móvil. Mientras los policías dijeron que había sido por disturbios, la cinta señalaba que debían ir al Palacio San Martín por una denuncia de robo.

La grabación debía haber sido tomada directamente del master de la oficina de comunicaciones de la Policía Federal, lo que demostraría que la fuerza tuvo en su poder el registro de los movimientos ese día. Contrariamente a lo declarado en su momento ante la Corte, que al requerir las grabaciones con el movimiento policial había recibido como respuesta que ya no había registros porque las cintas se borran automáticamente cada mes.

La prueba aportada por Soto comprobaba que alguien se había ocupado de grabar la cinta en un cassette, con el fin de presentarlo cuando las circunstancias así lo demandaran.

La sorpresa de los legisladores fue aún mayor al conocer que tres docentes policiales de la Escuela de Cadetes Ramón Falcón habían utilizado la grabación en clase como ejemplo sobre el desempeño policial en siniestros...

Luego de otra ronda de interrogatorios con policías, la Bicameral llegó a la conclusión de que en el atentado contra la Embajada había habido un relajamiento de la custodia externa de la sede diplomática.

Un policía de apellido Ojeda, asignado a la custodia de la Embajada, se había retirado 30 minutos antes de la explosión; el cabo primero de apellido Chiocchio que debía relevar a los custodios de la sede diplomático y nunca lo hizo argumentó que se estaba bañando.

Omar Rinaldi, jefe de la delegación de la Policía Federal que funcionaba entonces en la Cancillería negó ante los legisladores haber solicitado el apoyo de un patrullero afectado a la custodia de la Embajada de Israel el día del atentado. Cristina Kirchner contó entonces que la denuncia que motivó el envío de un móvil había sido realizada por un estudiante al que le habrían robado una lapicera en cercanías de la Cancillería. Posteriormente, en las actuaciones policiales el estudiante negó el robo y adujo que en realidad se había tratado de una pérdida, pero de todos modos llamó poderosamente la atención que se afectara el patrullero que custodiaba la Embajada para un hecho menor.

Juan Pablo Cafiero, que por entonces era diputado y años después debería lidiar con la ingobernable Policía Bonaerense, reveló entonces que el llamado de patrullero a patrullero quedó registrado en el libro de novedades de la delegación policial tres días después del atentado.

Por esos mismos días la Corte Suprema de Justicia -acicateada por la investigación paralela que se llevaba a cabo- llegaba finalmente a una conclusión sobre la voladura de la Embajada, adjudicándola a la Jihad Islámica. “Esta declaración de la Corte es lo que nosotros ya sabíamos desde los primeros meses de la investigación, estuvimos pidiendo siete años que lo declaren y no lo hicieron”, se quejó el agregado cultural de la embajada israelí, Ionatan Peled, aunque celebraba la conclusión: “Mejor tarde que nunca”, dijo.

 

Una comprobación que pudo hacer Cristina Kirchner durante su investigación del atentado fue que había hombres con mucho poder, policías encumbrados, a los que ponía muy nerviosos que el poder político los interrogara. Cosa curiosa, por cuanto los legisladores no tenían poder para meter preso a nadie. Pero un ejemplo en ese sentido lo tuvieron con el ex jefe de la Policía Bonaerense comisario Pedro Klodczyc.

Durante el interrogatorio al que fue sometido por los integrantes de la comisión, el policía no dejó de fumar un solo instante. Fumaba, fumaba, apagaba un cigarrillo y encendía el otro. Cristina, que desde que dejó ese vicio tiene una manía con el tema, agitaba la mano con el ceño fruncido para disipar el humo. El comisario la veía hacer eso y apagaba el cigarrillo, pero al ratito se olvidaba -tan nervioso estaba- y encendía otro. Y la diputada volvía a hacer lo mismo, reiterándose calcada la escena una y otra vez.

En otra ocasión, la diputada Kirchner, Carlos Soria y Luis Molinari Romero concurrieron a la SIDE, donde les presentaron a todos los hombres de la Secretaría de Inteligencia del Estado abocados a la investigación de la AMIA. Había dos mujeres de ese organismo que fueron interrogadas por la comisión. Sus nombres eran Marta y Graciela, y Cristina dirigió sus preguntas particularmente a la segunda. Tan nerviosa estaba Graciela que comenzó a tomar aspirinas, de a dos por vez.

Se llevaba dos a la boca, las tomaba con agua y a los pocos minutos volvía a hacer lo mismo. Tan ensimismada en las preguntas estaba Cristina que no advirtió la situación ni de la tensión que generaba con su interrogatorio, pero sí lo hizo Soria, quien al cabo del encuentro le dijo a su compañera:

- ¿Vos te diste cuenta de lo que hizo esta mina en las 4 horas que vos la torturaste a preguntas?
- No, ¿qué hizo?
- Se tomó completas dos tabletas de Cafiaspirina. Veinticuatro aspirinas en cuatro horas...

Por esos días Cristina solía compartir programas periodísticos con Elisa Carrió. Los productores sabían que con ambas tenían asegurado el debate. Les tocó estar juntas en un almuerzo con Mirtha Legrand, programa que compartieron con una sobreviviente de la AMIA. El tema derivó entonces hacia el atentado y la santacruceña recordó su condición de miembro de la Bicameral de Seguimiento de los Atentados y sus reiteradas críticas hacia los organismos de seguridad e inteligencia. “Hay una lógica de la impunidad que no viene solamente de lo de la AMIA -dijo-; viene de la SIDE, de la responsabilidad de la Policía Federal a través del famoso POC (Protección del Orden Constitucional). Pero la lógica de la impunidad es que los organismos de seguridad e inteligencia en la Argentina no se modificaron absolutamente en nada: vienen desde hace décadas funcionando en el marco de lo que se conoció como la doctrina de la seguridad nacional; esto es, cuidar gobiernos y no cuidar ciudadanos”.

“Y no fueron depurados, porque obediencia debida, punto final e indultos crearon en la Argentina una lógica de la impunidad... -agregó-. ¿Cómo no van a participar Ribelli y otros tipos de la Federal en esto si en este país desaparecieron 30 mil argentinos y a nadie le pasó nada?”.

La caída en desgracia de Galeano 

Menemista en otros tiempos, el titular de la Bicameral, Carlos Soria, dejó la Cámara baja convocado por su nuevo jefe político, el gobernador Eduardo Duhalde, para ocuparse de la brasa incandescente que significaba el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. Su vacante en la comisión abrió una interna en la misma, ya que en lugar de Soria fue designada Cristina Fernández de Kirchner.

El vicepresidente de la comisión, el senador riojano Raúl Galván se enojó a tal punto que decidió renunciar a la comisión, argumentando que la designación había sido adoptada en forma “antirreglamentaria, inconsulta y descomedida”.

La notificación de la designación corrió por cuenta de Alberto Pierri, a instancias del bloque que conducía Humberto Roggero, lo que desató la tirantez con los senadores. Fuentes radicales aseguran que el enojo de Galván obedeció a que se había establecido previamente que la comisión sería presidida un año por cada Cámara, pero que por comodidad política -para evitar abrir una interna sobre sucesores- el justicialismo había resuelto mantener a Soria en el puesto. Al irse éste, el oficialismo prefirió que no fuera un radical el sucesor y optó por la santacruceña.

Para tratar de distender los ánimos y sortear la interna, la nueva conducción de la Bicameral convocó al Congreso al equipo de la SIDE que colaboraba con el juez Galeano en la causa AMIA, lo que abrió un nuevo factor de conflicto. Es que el titular de la Secretaría de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, rechazó ir al Parlamento y poner de cara al público a decenas de agentes. Sugirió en cambio invertir las cosas y que fueran los legisladores quienes se llegaran hasta el edificio de la SIDE, ubicado frente a la Casa Rosada, invitación que despertó la ira de los frepasistas, quienes se negaban a ir a ese lugar por cuestiones ideológicas.

- Así como el Congreso es un poder del Estado, la SIDE también lo es -replicó Anzorreguy durante un acalorado cruce telefónico, dando una arbitraria interpretación de la Constitución-. Y le recuerdo además que este organismo funciona bajo el control de un gobierno democrático.

Conclusión, a la reunión no fue ningún representante de la oposición, enojados por la sede escogida, ni del Senado, en solidaridad con Galván. Sólo concurrieron Cristina, César Arias y Miguel Angel Pichetto, todos diputados y del justicialismo.

 

El interinato de Cristina al frente de esa comisión fue tan breve como escaso era el tiempo que le quedaba al PJ de ser oficialismo. Fueron apenas dos meses y la esposa del gobernador santacruceño presidió muy pocas reuniones, porque además muchos no querían que Kirchner presidiera esos encuentros. Conclusión: se juntaron en contadas ocasiones. Consumada la victoria aliancista, la presidencia de la comisión pasó al Senado en general y a un radical en particular, el cordobés Luis Molinari Romero.

La gestión de una comisión depende mucho del presidente de la misma, sobre todo tratándose de comisiones especiales. Con Carlos Soria, la misma se movió bastante, pero ya en adelante dejó de tener tanta actividad. Aunque también dependía de cómo iba la investigación, ya que la tarea de la Bicameral era acompañar lo que iba haciendo la Justicia. Y cuando la investigación se paraba, no había a quién entrevistar, a quién citar, a quién llamar: la comisión se frenaba.

Todavía quedarían dos años de trabajo y un nuevo informe, el último que emitió esa bicameral y en el que nuevamente Fernández de Kirchner marcó sus diferencias al suscribir uno diferente en forma solitaria. Allí Cristina -ya elegida nuevamente senadora- ya no elogiaba la investigación de Galeano.

“La existencia de causas en extraña jurisdicción donde, en base a exclusivas escuchas telefónicas, se investigan personas con posible vinculación con el atentado, sin participación alguna del magistrado competente en éste, arroja un manto de dudas sobre la investigación -señalaba el dictamen de 2001-. De tal forma, información y pruebas que podrían ser de vital importancia para arribar a la verdad, pudieron no haber llegado en forma y debido tiempo a conocimiento del doctor Galeano, o ser analizada por personal que por carecer del conocimiento total de la causa, pudiera ignorar la importancia de cada escucha o interlocutor”.

Y agregaba en tal sentido que “llama la atención la pasividad de éste con respecto a tales causas y peor aún, cuando surge con singular nitidez la hipótesis de que se construyeran causas mellizas y paralelas a la investigación principal, en lo que constituiría un inédito sistema de 'elección y administración' de líneas de investigación y sus pruebas, no pudiendo determinarse si ello era responsabilidad del juzgado a cargo del doctor Santamarina, del juzgado a cargo del doctor Galeano, de la SIDE o de todos juntos en un auténtico pool de funcionarios judiciales y políticos de límites confusos y difusos, constituyendo un inaceptable manejo de la función jurisdiccional”.

Kirchner criticó que el juez Galeano se apoyara casi exclusivamente en la SIDE, por cuanto teniendo en cuenta las críticas sobre el accionar de ese organismo vertidas en anteriores informes “quedan numerosos interrogantes sobre la verdad de los hechos, los que no han podido ser dilucidados por el magistrado actuante”.

Al no haberse podido despejar las dudas sobre la participación de elementos pertenecientes a los organismos de seguridad e inteligencia en el atentado contra la AMIA, el informe de Kirchner advertía sobre la posibilidad de que se hubieran favorecido hipótesis falsas o privilegiado determinadas líneas de investigación “en base a conveniencias corporativas o políticas, las que fueran tomadas como ciertas, sin beneficio de inventario alguno por parte del juzgado actuante”. En tal sentido mencionaba a título de ejemplo las dudas en relación a quién o cuáles fueron los organismos que prepararon como falso testigo al presidiario Ramón Solari.

¿Quién era el Ramón Solari aludido? Un preso que intentó adjudicarse el atentado a la AMIA y terminó afirmando que el mismo había sido organizado por policías bonaerenses. Durante el juicio oral, los acusadores sostuvieron que Solari fue preparado precisamente por efectivos de la Bonaerense y quedar así a disposición de la Justicia Federal, cosa que le interesaba particularmente porque, según él mismo dijo, en la provincia se la tenían jurada. Solari terminó ratificando esa versión ante los legisladores de la Bicameral, aunque lo desmintió el comisario Juan José Ribelli.

Al cabo, Graciela Bernal, ex abogada del peligroso convicto, lo calificó como “un psicópata”, dijo que él “no sabía nada del caso AMIA” y que se contactó con la investigación para lograr un traslado a algún establecimiento penal federal.

El informe de Cristina Kirchner señalaba más adelante que resultaba “extrañamente llamativa la falta de seguimiento de una importante línea investigativa, donde había un sospechoso -Kanoore Edul- que objetivamente guardaba relación con elementos fundamentalistas islámicos, con el vendedor del vehículo bomba, y con otros elementos altamente sospechosos de la causa, sin que pudiera justificarlo. A pesar de ello, la investigación por parte de la SIDE y la Policía Federal y las directivas del juzgado resultan inesperadamente pobres e insólitamente ineficaces con las consecuencias derivadas de tal actitud”.

Cristina consideró “altamente preocupante con miras a la seguridad interior” que después de siete años de investigación y clausurada la etapa instructoria no se hubiera podido avanzar sobre los organizadores del atentado, no habiéndose podido trasponer la barrera de los proveedores del vehículo bomba.

De los organismos de seguridad, llamó la atención sobre “su elementalidad y pobreza de resultados”, destacó las contradicciones entre los dichos del juez Galeano y funcionarios de la SIDE, y advirtió que la gran mayoría de las recomendaciones formuladas por la comisión no había sido tenida en cuenta.

El informe de Kirchner se quejaba de las autoridades uruguayas en relación con “la nula cooperación” respecto a la información requerida sobre movimientos de cuentas bancarias de personas involucradas e imputadas en la causa, así como también criticó al Gobierno de Brasil por su falta de colaboración en relación con el ciudadano brasileño Wilson Dos Santos y el testimonio de sus familiares.

A propósito de su mención de la falta de cooperación uruguaya, no fue esa la única vez en que la senadora puso en la mira la actitud de las autoridades de aquel país con relación a las cuentas bancarias, ya que también tendría similares resultados al investigar las conexiones del lavado de dinero en el país vecino. Por eso, cuando el presidente uruguayo Jorge Batlle deslizó un exabrupto contra los argentinos, calificándolos de ladrones, “del primero al último”, la santacruceña apeló a la ironía. “Es posible que Alí Baba y los 40 ladrones vivan en la Argentina, pero la cueva debe estar en Uruguay”, replicó, contando que durante la investigación de la comisión sobre presuntas acciones de lavado de dinero se determinó que “el 80% de las sociedades y bancos que tomaron parte de las acciones estuvieron en Uruguay”.

Pero volvamos a los atentados. De la voladura de la Embajada, el informe de Cristina resaltó que a partir de la designación de un secretario letrado de la Corte, la causa había detectado un impulso en el ritmo de la investigación, pero que el mismo había ido disminuyendo paulatinamente en el transcurso del año 2000.

Tras rechazar “categóricamente” afirmaciones de la Corte sobre la inexistencia de una conexión local en el atentado, hizo notar “la falta de coherencia de las declaraciones recibidas en el seno de la comisión por parte de los policías encargados de la custodia de la Embajada de Israel en el día que se produjo el atentado”, y sugirió a la secretaría letrada de la Corte tomarles nuevamente declaración a los policías involucrados en el hecho.

El reconocimiento de la comunidad judía 

A poco de llegar a la presidencia, Néstor Kirchner recibió en la Casa de Gobierno a los integrantes de Memoria Activa, actitud que mereció el elogio de ese organismo. “Ningún presidente nos había recibido hasta ahora”, dijo Adriana Reisfeld, quien recordó que en su momento le habían pedido entrevistas a Carlos Menem, pero éste los había derivado a su ministro Carlos Corach.

Adriana Reisfeld, Diana Malamud, Jorge Lew y el abogado Pablo Jacoby acudieron a la cita en la que el mandatario les prometió abrir no sólo los archivos de la SIDE respecto al atentado, sino también los de la Federal, de la Bonaerense y de Prefectura, y recordó además que sabía de la trayectoria de Memoria Activa por la participación de su esposa en la Comisión Bicameral, en la que había acompañado varias veces los planteos de esa agrupación.

De esos tiempos los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA dijeron recordar que “en el Congreso nos presionaban para que bajáramos el tono de nuestros reclamos y el argumento que más usaron fue que criticar al juez podía voltear toda la causa. En ese momento Cristina nos apoyó mucho -agregaron-; decía que acallando las críticas sólo se favorecía la impunidad”.

Diez días después de recibir a Memoria Activa, Kirchner fue con su esposa al acto por el noveno aniversario del atentado a la AMIA, en el marco de otro gesto que les valió el aplauso: habían adelantado el retorno de una gira por Europa para estar en el palco al que pocos presidentes se habían atrevido a subir. Menem había ido al acto realizado tres días después del atentado, donde lo silbaron; no volvió más. Fernando de la Rúa, que no había faltado nunca como senador y luego jefe de Gobierno porteño, en el 2000 fue el primer presidente que participó de un aniversario; pero al año siguiente ya no regresó. Eduardo Duhalde tampoco concurrió cuando estuvo en la primera magistratura.

“Para poder venir a un segundo acto va a tener que seguir en este camino”, le advirtió el titular de la AMIA, Abraham Kaul.

En el marco del juicio a la conexión local por la voladura de la AMIA, la senadora Cristina Kirchner fue citada a declarar de oficio, para brindar datos sobre su actuación en la Bicameral. El interés estaba dado en sus cuestionamientos hacia la falta de seguimiento de la denominada “pista siria” expresada en su último informe. La ya entonces primera dama concurrió al Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo acompañada por cinco guardaespaldas.

Allí acusó al ex presidente Menem de no haber colaborado en el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía, e incluso señaló que funcionarios de su gobierno “plantaron pistas falsas” para desviar la investigación.

- Las sospechas que siempre hubo eran que desde lo más alto del poder no se fomentaba la dilucidación del caso -señaló Cristina-. La causa AMIA era un teatro de operaciones orquestado por los organismos de seguridad e inteligencia y por intereses políticos. Había muchos intereses cruzados para desviar la investigación y plantar pistas falsas.

- ¿Esa pista siria de la que habla conducía directamente al ex presidente Carlos Menem? -le preguntó Juan José Avila, abogado de la AMIA.

- Llegaba hasta la primera magistratura de la República. La SIDE dependía del presidente, así que no había que ser demasiado fantasioso para explicarse por qué no se avanzaba en esta pista.

De Menem, la entonces primera dama dijo que si bien no había imputaciones concretas para vincularlo con la pista siria, “aleteaba el espíritu” y se refirió en varias ocasiones a un episodio nunca esclarecido, sobre un supuesto llamado sospechoso que un hermano del ex presidente, Munir Menem, habría hecho al juzgado del doctor Galeano para interiorizarse sobre la situación de un comerciante de origen sirio llamado Alberto Kanoore Edul, quien en ese momento estaba preso en la causa. En tal sentido, Cristina recordó que la última reunión que mantuvo con el magistrado fue “borrascosa”, porque Galeano no pudo darle explicaciones verosímiles respecto del llamado de Munir.

“Me dijo que no se acordaba, algo inverosímil, había reticencia manifiesta de Galeano. Era el hermano del entonces presidente, era la única causa en su juzgado y además era el atentado... Hubo un entredicho y todo finalizó abruptamente”, recordó Cristina, para enfatizar luego que “yo nunca le creí a Galeano”.

Los elogios los guardó en cambio para el exsecretario de Galeano Claudio Lifchitz, quien denunció irregularidades cometidas durante la investigación, como la filmación clandestina de una negociación entre Carlos Telleldín -el acusado de entregar la camioneta donde estaban depositados los explosivos que volaron la AMIA- y el juez Galeano. En efecto, el exsecretario del juzgado de Galeano declaró ante la Comisión por espacio de 8 horas, sacando a relucir todo tipo de detalles y haciendo gala de una memoria prodigiosa.

Los doce miembros de la Bicameral admiten haberlo bombardeado a preguntas y Lifchitz contestó todo el tiempo con una coherencia total.

- Me impactó lo que dijo de que había participado desde dentro de la instrucción, dio detalles de cómo se filmaba y fue absolutamente verosímil -señaló Cristina Kirchner sobre Lifchitz, aunque no pudo recordar con precisión los dichos de otros testigos como el fallecido jefe de la Policía Bonaerense Pedro Klodczyc.

A los fiscales Müllen y Barbaccia los preservó de las críticas, ya que dijo no recordar que ambos se hubiesen referido alguna vez a un supuesto pacto con Telleldín. El juez Pons acababa de leerle una versión taquigráfica de la sesión de la Bicameral en la que había declarado Lifchtiz.

- ¿Estas son palabras tuyas... suyas? -preguntó Pons, presidente del Tribunal, a quien ya antes se le había escapado otro tuteo.

Imperturbable, Cristina dijo no recordar haber dicho esa frase. Y así se mantuvo durante toda su declaración. El momento en que más incómoda debió haberse sentido fue al comienzo, cuando tuvo que pronunciar su nombre completo: Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, habida cuenta de lo que detesta su segundo nombre.

Cuando la primera dama declaró ante el Tribunal Oral 3, el mismo acababa de desplazar de la causa al juez Galeano en función de las irregularidades ventiladas durante el juicio. Las mismas que también llevarían al desplazamiento posterior de los fiscales. El magistrado ya acumulaba en el Consejo de la Magistratura algunos pedidos de juicio político y por lo bajo los legisladores admitían que su estabilidad tambaleaba, aunque -tal cual lo apuntado por los integrantes de Memoria Activa- preferían cajonear esas demandas al menos hasta que concluyera el juicio a la conexión local.

A las críticas de la comunidad judía contra la Comisión Bicameral -que excluían a Cristina-, otros integrantes de la misma responden recordando que en un acto público en memoria por las víctimas del primer atentado, el embajador de Israel sostuvo que en la Argentina había un fuerte cuestionamiento a la investigación en general de ambos atentados, críticas que se extendían a las fuerzas de seguridad y a la parte política. Pero en esa ocasión señaló que en la Argentina se notaban “solamente dos voces que reflejan la voluntad real de llegar hasta el fondo en esas investigaciones”, citando en tal sentido a Memoria Activa y a la Bicameral del Congreso argentino.

Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa, fue uno de los más críticos contra la Bicameral. De sus críticas la única que salía indemne era Cristina Kirchner, en quien se afirmaba para señalar que la investigación evitó seguir la pista siria. A quien presidió por más tiempo la comisión, Carlos Soria, lo fustigaba en cambio por haber respaldado la versión oficial del juez Galeano, añadiendo que “incluso hizo ingresar a un pariente suyo (el hijo) al juzgado”.

- ¿Cómo evalúa el accionar de la Comisión Bicameral?

- Yo la llamo “la Comisión Encubridora”, no investigadora, porque lo único que hizo fue respaldar la versión oficial y ocultar por todos los medios posibles que el gobierno realizó un pago a Kanoore Edul. Lo único rescatable fue la actuación de la senadora Kirchner, quien pese a ser justicialista nunca respaldó la versión oficial y siempre se mostró en disidencia. Y eso se puede ver claramente en sus dictámenes.

- ¿Entonces sólo destaca lo hecho por Kirchner?

- Tal vez respecto a la actuación de Juan Pablo Cafiero y Molinari Romero, podría considerarse que pecaron de inocentes, porque no los relaciono con el accionar de los demás integrantes de la Comisión Bicameral.

Sobre tantas críticas, un integrante de la comisión legislativa consultado admitió que la voz de Memoria Activa es la más crítica, pero hizo notar que en los alegatos finales del juicio a la conexión local, Jacoby “exculpa de responsabilidad penal a los policías bonaerenses; y sin embargo, el resto de las querellas pide reclusión perpetua para los mismos imputados. Lo que está indicando que la diferencia de enfoques en relación a la investigación judicial es muy notoria y eso se traduce en esa mirada hipercrítica también a los que tuvieron las responsabilidades de control, como nosotros. Es una evaluación que a mí no me corresponde decir si es buena o mala, porque la respeto, porque es una representación de las víctimas”.

Respecto a la excepción que Memoria Activa hacía de Cristina Kirchner, los miembros de la oposición que integraron esa misma comisión recuerdan que, en efecto, ella firmó todos los dictámenes en disidencia, pero advierten que ellos también fueron “hipercríticos”, aunque admiten que las críticas formuladas por Memoria Activa y la propia AMIA “deben englobar a la oposición por considerar que tuvimos corresponsabilidad ya que durante la época de De la Rúa tampoco se consideraron satisfechos”.

Ex compañeros de Fernández de Kirchner en esa comisión sostenían que la buena relación que ella mantenía con Memoria Activa tenía que ver con que “estaba muy convencida de que la mirada de esa agrupación era la más adecuada a la realidad. Nosotros teníamos en cambio como consigna escuchar a todo el mundo, revisar todas las pistas, pero no enamorarnos ni patrocinar oficialmente a ninguna de ellas, porque eso es tarea propia del juez. Si no, le hubiéramos agregado a esto un condimento fenomenal”.

Integrante de esa comisión hasta pasar a ocupar el Ministerio de Justicia durante la gestión De la Rúa, Melchor Cruchaga recordaba esa etapa como “uno de los trabajos más interesantes, más comprometidos, aunque con un sabor de amargura, en términos de que la investigación judicial no llegó a los asesinos. Llegó a la conexión local, pero nada más”.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, destacó la “valentía” del senador libertario Francisco Paoltroni por ratificar su rechazo a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y le hizo un llamado de atención al bloque Pro y a la UCR.

“Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza”, escribió López en su red social “X” y comparó: “Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el Pro y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados”.

Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza.
Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el PRO y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados.#LijoNo https://t.co/lwdVUGkfea

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 17, 2024

Además, durante una entrevista televisiva agregó: “La candidatura de Lijo para la justicia es lo peor que le puede pasar en relación a los incentivos que puede tener cualquier magistrado, cualquier funcionario o cualquier empleado del Poder Judicial de hacer las cosas bien”.

“O sea premiar al juez que en la auditoría del año 2016 salió peor rankeado como el juez de Comodoro Py que más duerme causas y que durmió causas emblemáticas como YPF o el caso Siemens que es el caso de soborno transnacional más importante del mundo y por el que se empezó a generar reglas en todas partes del mundo”, disparó.

López recordó que “salieron las cámaras empresarias como la Norteamericana de Comercio y vio el riesgo de poner un juez de esas características que te puede coimear para resolverte una causa o puede dormirte una causa y extorsionarte económicamente o de la manera que sea y después la incertidumbre de quién es Lijo”.

Por último, le dejó un mensaje al presidente de la Nación: “Si Milei cree que hoy Lijo le va a servir para pasar sus reformas o para no tener problemas en cuanto y en tanto tenga poder popular. Después Lijo es una contingencia enorme, incluso para Milei”.

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que insistirá con el intento de aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, por lo que el diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, le hizo un particular pedido en redes.

“El Senado tiene su dinámica. Yo no voy a dejar de enviar reformas e instrumentos que van a mejorarle la calidad de vida a los argentinos… Yo ahora envié estos dos pliegos, tengo la esperanza de que pasen… voy a insistir con Lijo”, aseveró Milei en una entrevista realizada por LN+, a pesar de los múltiples cuestionamientos de diferentes entidades jurídicas, académicas y empresariales que enfrenta la nominación del juez federal.

Al respecto, el diputado Ferraro le pidió a través de sus redes sociales al jefe de Estado, a la presienta del Senado Victoria Villarruel, a los presidentes del Pro y de la UCR, a los senadores y a los gobernadores de JxC que “estamos a tiempo de impedir este grave retroceso institucional”.

El pliego de Lijo y de García-Mansilla deben ser debatidos en la Comisión de Acuerdos. En el caso del juez federal Lijo, para cubrir la silla que se encuentra vacante desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021; y en el caso del académico García Mansilla para asumir en lugar de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará este año.

Las designaciones para la Corte necesitan de los dos tercios de los votos para su aprobación en el recinto. Lijo ya confirmó en su entorno tener los votos (hay aval desde Unión por la Patria, el bloque más numeroso de la oposición), mientras que García Mansilla todavía no reúne el número.

Señor Presidente @JMilei,
Señora Vicepresidente y Presidente del Senado @VickyVillarruel,
Señores Presidentes de PRO y la UCR. @mauriciomacri @GugaLusto
Señores Senadores,
Señores Gobernadores JxC,

Estamos a tiempo de impedir este grave retroceso institucional.#LijoNo pic.twitter.com/b28JydVNAP

— maxi ferraro (@maxiferraro) July 12, 2024

Nadie podrá negar que el presidente Javier Milei anunció de entrada su intención de aplicar “miles” de reformas a través del Congreso de la Nación, o vía decretos. Y así anunció antes de asumir la presidencia que ya el 11 de diciembre enviaría al Congreso una batería de proyectos que, sin embargo, demoró a lo largo de todo el mes.

En efecto, esas iniciativas terminaron transformándose en el megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 que presentó justo antes de las fiestas y la ley ómnibus anunciada una semana después. Salvo algunas cuestiones frenadas en la justicia, el DNU sigue vigente a pesar de haber sido rechazado en una de las cámaras y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos acaba de ser aprobada. Multiplicada por dos, pues el capítulo fiscal que figuraba en el original presentado el 27 de diciembre cobró vida propia y tiene su propia ley, también aprobada en la madrugada del viernes pasado bajo el rótulo de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Cumplido finalmente ese trámite que demandó todo lo que va del año, de punta a punta el primer semestre, ahora el Gobierno evalúa las leyes que espera conseguir para este segundo semestre. En la apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno presentó una batería de proyectos que enmarcó bajo el nombre de “leyes anticasta”, de las cuales todavía no presentó ninguna. Pero mientras se trabaja en los proyectos prontos a remitir al Congreso -más allá de ocho proyectos más que ya están siendo analizados en las comisiones-, comenzaron a trascender ambiciosas propuestas que levantarán gran polémica, por cuanto apuntan nada menos que agrandar la Corte Suprema y bajar la edad para votar.

Esas iniciativas no tienen forma todavía, ni ningún funcionario que las haya propuesto puntualmente. Solo la firma de periodistas que incluyeron en sus notas de este fin de semana información que les transmitieron en Casa Rosada y que probablemente vayan a dominar la agenda los próximos días.

Por un lado, la periodista Cecilia Devanna publicó en La Nación que el Gobierno espera presentar dentro de 30 o 40 días la reforma electoral que había incluido en la ley de Bases original y que terminó siendo el primer capítulo eliminado del proyecto. Lo hizo el propio Guillermo Francos, quien como ministro del Interior que era entonces detalló la iniciativa ante el plenario de Diputados, pero ese mismo día, tras palpar la mala recepción que tenían los cambios propuestos, decidió posponer ese tratamiento.

Es lo que se espera suceda en lo que resta del año y, como en el original, la propuesta incluiría la eliminación de las Bases, pero no los diputados por circunscripción, novedad que ya despertaba críticas al ser anunciada. Se le incluiría la propuesta de Boleta Única, listas abiertas y algo que ya hace ruido: bajar la edad para votar.

Actualmente la misma está en los 16 años y fue implementada durante la gestión de Cristina Kirchner, siendo optativa la posibilidad de votar entre los 16 y 18 años. Ahora el mileísmo tendría la idea de ajustar ese rango a los 13 años. El argumento utilizado sería emparejar esa posibilidad con la edad de baja de imputabilidad a los 13 años.

En el caso de la ampliación de la Corte Suprema, la especie fue publicada por el periodista de Clarín Guido Carelli Lynch, y tendría por objeto elevar a 7 los miembros, y especulando con la posibilidad de que los dos propuestos para cubrir las vacantes -Ariel Lijo y Manuel García Mansilla- sean aceptados por el Senado, propondrán agrandar el Tribunal Superior con el argumento de sumar mujeres y hacer “una Corte más federal”.

Recordemos que el último intento por agrandar el Máximo Tribunal corrió por cuenta de la anterior administración e incluso tuvo media sanción del Senado. La propuesta no era sumar dos miembros a los 5 actuales, sino elevar el número a 15. La oposición congeló la propuesta en Diputados.

Las reacciones

Hombre clave en el debate de las leyes, como quedó claro por si hacía falta durante el debate de la Ley de Bases, Miguel Angel Pichetto fue consultado este domingo por Radio Rivadavia sobre el tema y a priori no rechazó la posibilidad de ampliar la Corte, cosa en la que siempre estuvo a favor. “Esta Corte es una corte chica, siempre lo sostuve”, recordó, comparándola con Uruguay, un país mucho más pequeño que tiene 5 miembros en la Corte.

“Si hacés un análisis comparativo en Latinoamérica, las Cortes están integradas por 10, 12… la de Brasil es más grande”.

Para ampliar la Corte, el titular de Hacemos Coalición Federal dijo que “habría que buscar consenso político. (Estas) son siempre materias discutibles, opinables. Pero bueno, habría que conversarlo. En un sistema político como éste debería haber un diálogo con los partidos, con los aliados, hasta con el propio sector opositor”.

E insistió en que “siempre sostuve, cuando era senador, que la Corte era muy chica. Por el marco de la población, la cantidad de materias que llegan a la Corte requerían un número mayor… Tampoco irrazonable. Me pareció que era un disparate el número de 15 que propuso Alberto Fernández. Pero una Corte de 7 miembros sería razonable. Alfonsín los tuvo; Menem tuvo 9, pero no más que eso”.

En cuanto a la edad para votar, planteó: “La edad hoy está en 16 años, ¿a qué edad la querés  poner?”. Aclaró que a él le parece razonable la ley actual, y sostuvo que “hay que tener una comprensión de qué se vota. No digo que no tenga una madurez, pero me parece que 16 años es una edad bastante lógica”.

Lo comparó con la baja de edad de punibilidad, y dijo que ese es un debate que lleva décadas. “Es otro debate para hacer ruido; lo que tenés que armar es un modelo de sistema penitenciario para menores que cometen delitos de alta violencia; no los podés mezclar en cárceles de adultos. Tenés que organizar una logística para un país que no tiene siquiera sistema penitenciario que funcione como la gente”.

Ante el ingreso de los pliegos de Ariel Lijo y García - Mansilla en el Senado de la Nación para que ocupen la Corte Suprema, el presidente y diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, les envió una nota a los titulares del Pro y de la UCR, Mauricio Macri y Martín Lousteau respetivamente, solicitándoles “fijar una posición clara en contra la postulación del juez Ariel Lijo”.

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidente de la Coalición Cívica – ARI a fin de solicitarles, en su calidad de presidentes de los partidos nacionales Pro y UCR, ex integrantes de Juntos por el Cambio con representación en la Cámara de Senadores de la Nación, la atención que requiere la nominación del Sr. Ariel Lijo como miembro del más alto tribunal de la República”, encabeza la nota.

Así, remarca que desde la Coalición Cívica ARI “manifestamos nuestra profunda preocupación por el silencio que ha imperado entre gran parte de los sectores y la dirigencia política frente a la nominación del Sr. Ariel Lijo, figura judicial que ha sido objeto de numerosas y serias objeciones. Esta propuesta al máximo tribunal de la Nación representa un grave riesgo para el estado de derecho, la división de poderes y la seguridad jurídica en todo el territorio de la República”.

En la carta, recuerdan que el pasado 7 de mayo, los diputados de la Coalición Cívica – ARI junto a Elisa Carrió presentaron la impugnación formal a la nominación del Sr. Lijo, en la que detallaron los argumentos y hechos que fundamentan su “firme rechazo a la postulación”, y enumera: “Falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal; carencia en las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación; inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito; escasa idoneidad técnica y jurídica; injustificables demoras en la tramitación de expedientes judiciales a su cargo y falta de mérito evidenciada en una magra y endeble formación académica”.

“Atendiendo a la gravedad institucional que podría acarrear la designación del Sr. Lijo, le solicitamos a ustedes, y a los partidos que tienen el honor de conducir, tengan a bien fijar una posición clara y contundente en contra de esta postulación, instando a los senadores y senadoras de la Nación electos por Juntos por el Cambio a honrar la responsabilidad que tienen con los ciudadanos de la República”, solicita.

En tanto, remarca que “con ello será posible evitar que un individuo como Lijo y su cuestionable historial de vínculos corporativos, llegue a ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“El compromiso de ustedes con la defensa de las instituciones y el estado de derecho es fundamental en este momento crucial para la República”, cierra.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo y le pidió que respete ese rol para una mujer.

“Hay muchos senadores que a mí me preocupa el silencio que mantienen frente a esta postulación. Los he visto marchar a favor de la justicia, sin embargo, callan con un silencio que aturde”, apuntó la diputada.

Campagnoli planteó que “la Corte necesita gente idónea, gente ejemplar, son el último intérprete de la Constitución Nacional, sus integrantes deben ser un espejo donde los ciudadanos queremos que se refleje el ideal de justicia que perseguimos, Lijo empaña ese espejo con su inoperancia”, y lo acusó de hacer un “cajoneo permanente que ha hecho de causas de corrupción que le ha valido una auditoría que ha demostrado que es el peor juez de Comodoro Py por su lentitud, por la falta de eficacia en sus sentencias y procedimientos, por las sospechas que hay sobre su patrimonio que le ha valido una denuncia de la doctora Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito y varias denuncias por su desempeño en el Consejo de la Magistratura”.

“Mi postura no es ideológica, no tengo temor como tienen los senadores que si hablan en contra y no es electo en la Corte pueden ir contra ellos porque el juez Lijo sabemos que es muy influenciable para estos procederes contra alguno de los senadores que no lo quiso votar”, manifestó y apuntó: “Lijo ha cajoneado causas de todos los colores es un juez tiempista, ineficiente, lento, inidóneo, no es ejemplar”.

Al respecto, preguntó: “¿Eso queremos para la Corte Suprema? ¿No hay otros jueces con más méritos? ¿No hay otros académicos con más méritos? ¿no hay mujeres que puedan ocupar ese rol con la cantidad de juezas admirables que hay a lo largo y ancho del país? ¿No hay académicas que puedan cumplir ese rol?”.

“Somos la mitad de la población, merecemos un lugar en la Corte y debemos mantener esa silla en la Corte para una o dos mujeres al menos y me animo a darle nombres si el presidente Milei no tiene tiempo”, sostuvo Campagnoli y le mencionó a la constitucionalista María Angélica Gelli y a “la gran abogada Delia Ferreira Rubio que ha estado a cargo de transparencia internacional”.

La diputada las calificó como “mujeres prestigiosas”, y señaló: “No puede el presidente ningunear como ningunea a las mujeres y no proponer una mujer idónea, hay muchísimas mujeres que pueden ocupar ese lugar con muchísima eficiencia y con mucha más ejemplaridad que tiene el juez Lijo”.

“Hay muchos que creen que el problema del país es el déficit cero, para otros es la dirigencia política, yo soy de las que creo que el problema de la Argentina es la justicia. Si tuviésemos una justicia que actúa en tiempo y forma, que juzga no después de 20 años a aquel que no cumple su rol con eficiencia, con responsabilidad e idoneidad y ejemplaridad, en esta Argentina no se cumple eso de ‘el que las hace las paga’ muchísima gente que debería estar con una sentencia, anda por los canales de televisión”, manifestó.

Y cerró: “Creo que la justicia tiene un rol fundamental en la democracia porque sin justicia no hay República. Le pido al presidente que reflexione a quién quiere poner en la más alta magistratura, postulemos gente idónea, ejemplar, no lijemos la Justicia”.

Horas antes de la partida del presidente hacia Estados Unidos -país al que viaja por cuarta vez desde que ocupa ese cargo-, y en medio de las repercusiones generadas por los cambios en el gabinete nacional, se conoció el envío por parte de Javier Milei al Senado de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para ser designados en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los pliegos llevan las firmas del primer mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. En el caso del juez federal, para ocupar el cargo dejado por Elena Highton de Nolasco, y en el del catedrático, para reemplazar a partir del 29 de diciembre al juez Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años y no ha presentado ningún pedido para permanecer en el cargo.

En ambos pliegos se señala que “finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el Decreto N 222 del 19 de junio de 2003, modificado parcialmente por el Decreto N 491 del 29 de mayo de 2018 y por el Decreto N 267 del 20 de marzo de 2024, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional”.

En el pliego de Lijo se consigna que “se recibieron presentaciones de instituciones, de organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico; de los derechos humanos; sindicales y sociales y de juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional como internacional y de la ciudadanía en general, destacándose el gran número favorable a su propuesta”.

Respecto de García Mansilla se expresa que “la mayoría de las opiniones fueron a favor”, las cuales “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

En el caso de Lijo, “la mayoría de las opiniones a su favor se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, su labor como docente universitario y su notable formación jurídica y permanente especialización en el campo del Derecho Penal”.

Sobre García Cuerva se indica que “ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”.

Desestimación de recusaciones

En el Boletín Oficial se publicó el decreto 467/2024 que desestima recusaciones, en el que se indica “por el Decreto N° 222/03 se estableció el procedimiento a seguir por el PODER JECUTIVO NACIONAL para el nombramiento de los magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el ejercicio de la facultad que se determina en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”.

“Que el procedimiento instituido por el Decreto N° 222/03 tiene por finalidad reunir la mayor cantidad de elementos de juicio que aseguren la mejor selección de los candidatos que serán propuestos para integrar el Alto Tribunal.

“Que la valoración de esos antecedentes es una competencia exclusiva y privativa del PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme lo previsto en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

“Que si bien el MINISTERIO DE JUSTICIA es la autoridad de aplicación del procedimiento contemplado en el Decreto N° 222/03, ninguna de las disposiciones de dicha norma prevé que el titular de esa jurisdicción deba emitir un acto decisorio o brindar opinión sobre los candidatos cuyos antecedentes se encuentren sujetos a la valoración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

“Que según surge expresamente de las constancias del citado Expediente N° EX-2024-32397533-APN-DGDYD#MJ, emanó del PODER EJECUTIVO NACIONAL la instrucción para iniciar, en el marco del Decreto N° 222/03, el pertinente procedimiento para la eventual designación del doctor Ariel Oscar LIJO como juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN .

“Que, en las actuaciones precitadas, el 2 de mayo de 2024 el señor Álvaro de LAMADRID recusó al Ministro de Justicia, atribuyéndole que actuó como defensor del doctor LIJO en una causa que tramita ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

“Que, por otro lado, la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA” también se presentó en las actuaciones precitadas, el 6 de mayo de 2024, ante el MINISTERIO DE JUSTICIA, formulando objeciones respecto de la postulación del doctor LIJO.

“Que posteriormente, en el citado Expediente N° EX-2024-49108034-APN-DGDYD#MJ, la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA”, el 13 de mayo de 2024, recusó al Ministro de Justicia, doctor Mariano CÚNEO LIBARONA, a fin de que se lo excluya del trámite referido a la propuesta de nombramiento del doctor LIJO como juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

“Que, como fundamento de su planteo recusatorio, “SERÁ JUSTICIA” invocó que con anterioridad a su designación en el cargo de Ministro de Justicia el doctor CÚNEO LIBARONA se desempeñó como abogado del doctor LIJO en el marco de la causa caratulada “DENUNCIADO: LIJO, ALFREDO DAMIAN Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA, INFRACCION ART. 303 y COHECHO. DENUNCIANTE: CARRIO, ELISA MARIA A. Y OTRO” (Expediente N° 13.082/2018), tramitada por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 20.

“Que, asimismo, la ya referida Organización no Gubernamental invocó que el Ministro de Justicia habría actuado con parcialidad, al emitir opinión en un medio de prensa en el sentido que los cuestionamientos efectuados al doctor LIJO, en base a denuncias formuladas a su respecto, carecerían de entidad ya que estas últimas fueron desestimadas por los órganos jurisdiccionales intervinientes.

“Que en base a esas razones ‘SERÁ JUSTICIA’ considera que el Ministro de Justicia se encontraría incurso en la causal de recusación contemplada por el artículo 17, inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

“Que, en consecuencia, merece indicarse en primer término que dicha recusación fue deducida en forma extemporánea ya que no fue formulada en la primera presentación que realizara; a lo que se adiciona que la recusante no invocó ni acreditó que la causal esgrimida fuera sobreviniente a su presentación primigenia (conforme el mentado artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias y artículos 14 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

“Que la extemporaneidad del planteo de ‘SERÁ JUSTICIA’ es causal determinante, por sí misma, del rechazo de la recusación por ella efectuada (conforme PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictamen 244:262).

“Que la recusación es un instituto de interpretación y aplicación restrictiva, pues funciona como un mecanismo que altera la asignación de competencias dentro de la Administración Pública, en tanto persigue el apartamiento de un determinado funcionario del ejercicio de cometidos que tiene normativamente atribuidos.

“Que la preservación de la imparcialidad -fundamento de ese instituto- debe ser conciliada con la necesidad de asegurar el normal funcionamiento de la Administración Pública, el que podría verse obstaculizado por planteos recusatorios que no se correspondan con las causales que taxativamente prevé la normativa (conforme PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictámenes 181:92; 244:262; 271:266, entre otros; HUTCHINSON, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, Tomo 1, página 175; y COMADIRA, Julio Rodolfo – MONTI, Laura, ‘Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada’, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, T. I, página 175).

“Que es atribución exclusiva del PODER EJECUTIVO NACIONAL decidir acerca de la solicitud del acuerdo del H. SENADO DE LA NACIÓN para el respectivo nombramiento; así surge del artículo 9° del Decreto N° 222/03, el que en este aspecto hace aplicación de la norma constitucional ya mencionada.

“Que, en síntesis, la actuación del MINISTERIO DE JUSTICIA se limita a la implementación del procedimiento reglado y a los actos instrumentales necesarios para el cumplimiento de tales recaudos, preparatorios de la definición que luego le compete adoptar al PODER EJECUTIVO NACIONAL en ejercicio de sus facultades constitucionales.

“Que las razones expuestas bastan, por sí mismas, para que se califiquen como improcedentes las recusaciones articuladas por la Organización no Gubernamental ‘SERÁ JUSTICIA’ y por el señor Álvaro de LAMADRID.

“Que al respecto se ha expedido el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA.

“Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

“ARTÍCULO 1º.- Desestímanse las recusaciones planteadas por la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA” y por el señor Álvaro de LAMADRID, contra el señor Ministro de Justicia, doctor Mariano CÚNEO LIBARONA.

“ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación.

“ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

“MILEI - Mariano Cúneo Libarona”

Desde que el Gobierno Nacional dio a conocer la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia ha generado todo tipo de cuestionamientos, desde asociaciones judiciales y organizaciones civiles hasta dirigentes políticos.

Una de las últimas voces en contra fue la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que se sumó a los anteriores cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, IDEA y el Club Político Argentino, entre otros. En todos los casos, las críticas apuntan a la actuación y la idoneidad de Lijo como magistrado.

En el plano político, las críticas principales provinieron de parte de dirigentes de Coalición Cívica, su titular Elisa Carrió y el presidente del bloque en Diputados, Juan Manuel López.

Este lunes por la mañana el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la candidatura de Lijo y de Manuel García Mansilla, despertando otra vez las críticas de algunos lilitos.

CASTA DE LA CASTA #LijoNo pic.twitter.com/e9NWkT70q2

— maxi ferraro (@maxiferraro) April 15, 2024

“Entre viaje y viaje, entre conflictos internos y externos, el presidente Javier Milei hoy envió oficialmente la postulación del Juez Ariel Lijo a la CSJN. Los que luchamos x un Poder Judicial ejemplar, idóneo y transparente seguiremos reclamando para frenar esto”, escribió Marcela Campagnoli utilizando el hashtag “#LijoNo”.

En medio de la polémica que se generó por la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Gobierno oficializó este lunes el pliego del mismo modo que lo hizo con la candidatura del académico Manuel García Mansilla. Ahora el tema deberá resolverse en el Senado donde el oficialismo deberá aunar consensos fuertes para lograr aprobarlo.

La publicación en el Boletín Oficial señala: “En el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla”.

En el caso de Lijo, el aviso oficial resalta su larga trayectoria y detalla que es un abogado recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que desde 2004 es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal en donde se desempeña hasta la actualidad.

“Tiene competencia y especialidad para la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, delitos contra el orden constitucional, requerimientos internacionales de extradición y fraudes marcarios. Por otro lado, se especializó en la gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales y en el acompañamiento a las víctimas y personas damnificadas de grupos vulnerables de delitos. Certificó normas ISO 9001/2008 de gestión de calidad en sus procesos de trabajo, en marzo de 2017”, describe el aviso.

Sobre García-Mansilla, menciona que egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y realizó luego un posgrado en la Georgetown University de Washington. Desde 2019, el jurista es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

En ambos casos, el anuncio oficial argumenta que la preselección de los candidatos “en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.

Además, informa que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección".

La titular de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, junto con el jefe del bloque en Diputados, Juan Manuel López, presentaron notas ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General rechazando la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y solicitaron una auditoría.

En los textos cuestionaron la iniciativa del Gobierno para que Lijo integre el máximo tribunal y argumentaron que “tuvo severos cuestionamientos públicos por su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal”.

"Deben proponerse a personas con aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, con una trayectoria que demuestre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función", señalan en las presentaciones.

Además, dan cuenta de la denuncia que realizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por su demora en la investigación de las causas de corrupción", y también una que presentó la propia exdiputada por una presunta asociación ilícita para garantizar la impunidad en causas de corrupción.

Nota a Procuración General de la Nación - Lijo - 8.4.2024

“Cabe recordar que el Dr. Lijo fue sometido a una investigación penal —causa N° 13.082, tramitada ante el juzgado del Dr. Ercolini, con intervención de la fiscalía a cargo del Dr. Picardi-, la cual tuvo su origen en una denuncia realizada por la suscripta —Elisa Carrió— por la presunta existencia de una asociación ilícita —integrada, entre otras personas, por el Dr. Lijo— que habría pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”, recordaron.

Por último, pidieron al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General que “realice una auditoría sobre la actuación del fiscal Picardi en la tramitación de dicha causa”. c

“Consideramos necesario requerirle su intervención a fin de que el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación y, especialmente, la sociedad en su conjunto pueda tomar debido conocimiento de la persona propuesta por el presidente de la Nación”, indican.

El Gobierno propuso que Lijo y el catedrático Manuel García Mansilla ocupen los lugares Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre.

El senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni ya se ha manifestado de manera crítica contra la postulación del juez federal Ariel Lijo para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia, y lo ratificó este martes, fundamentándose en la actitud que tuvo el magistrado en un fallo que involucró a su provincia.

“Yo soy senador por Formosa, por lo tanto represento a esa provincia y me debo a ella. Y este juez ha tenido un fallo que ha perjudicado a los formoseños, cuando toma la decisión de dividir la causa Ciccone, en donde todos los que quedaron bajo el fuero federal salieron imputados”, contó durante una entrevista por Radio Rivadavia.

Recordemos que en su momento el juez federal favoreció al gobernador Gildo Insfrán, cuando éste quedó involucrado junto a Amado Boudou en un canje de deuda pública por parte de Formosa. La provincia había contratado por 7,6 millones de pesos para hacer una consultoría a la empresa The Old Found -que luego la justicia atribuyó al entonces ministro de Economía, que la manejaba a través de un testaferro-. A cargo de la causa Ciccone, el juez Lijo decidió desdoblarla, y resolvió que la parte que involucraba a funcionarios formoseños fuera investigada por la justicia provincial, que sobreseyó a todos.

“Insfrán, que es dueño de la provincia, es dueño de la Justicia, no iba a correr otra suerte que salir sobreseído, que es lo que ocurrió”, destacó Paoltroni, quien por ello considera “de altísimo riesgo, no solo para Formosa, sino para el país, tener un juez que va a estar durante 20 años (en la Corte), porque recordemos que tiene 55, y (los jueces) se retiran a los 75… Y también tenemos mucha experiencia en lo que es concentración del poder”.

En ese sentido dijo que “en Formosa podemos dar clases de lo que ocurre cuando se logra la concentración del poder. Y 20 años en la Corte no es simpático para nada para todos los que vivimos bajo el régimen formoseño y entendemos bien lo que es la concentración del poder”.

Recordó el senador formoseño que él ya se ha manifestado públicamente sobre el tema, lo habló dentro de su espacio y no puede dejar de dar su opinión y fundamentarla. Dijo creer que hay muchos que coinciden con él, otros lo harán por otras causas, o por conocimiento de otros fallos, pero en definitiva le endilgó al juez Lijo el cargo de “dormir causas eternamente”.

Cosa que consideró un problema de la justicia en general, y citó un caso que involucra a la propia Corte Suprema: “Tenemos desde mayo del año pasado una presentación ante la Corte por la reelección indefinida”, comentó en referencia a su provincia, donde se cambió el artículo 132 de la Constitución de Formosa, “y desde el año 2013 se permite la reelección indefinida”. Pese a ese pedido, “la Corte no se pronuncia aún, y no está bueno esto de los tiempos interminables de la justicia. Los argentinos necesitamos celeridad en los fallos”.

Cuando se le preguntó luego cómo se explica que con esos antecedentes el presidente Javier Milei lo haya postulado a Ariel Lijo, Paoltroni contestó: “Realmente no lo sé, no he tenido la oportunidad de consultarlo tampoco”, pero aclaró ser “un fuerte defensor de las ideas de la libertad, de los principios y valores que profesa el presidente, y por eso me tengo que poner en desacuerdo con el nombramiento de este magistrado. Lo hago abiertamente y está a la vista la libertad de pensamiento que tenemos todos los que componemos este espacio”, recalco´.

Y ante la insistencia sobre porqué creía que el presidente se había metido en ese tema, con todo lo que se dice en torno a Lijo, Paoltroni respondió que “se lo tendría que preguntar a él, no me animo a contestar por el presidente”.

“Por ahí algunos confunden lo que es el apoyo al presidente, que en mi caso no está en duda en absoluto -apuntó el senador de LLA-. Salgo en los medios desde el 10 de diciembre en defensa de todo lo que se está haciendo”. Y para evitar confusiones reflexionó que “acá el presidente pide acuerdo para un nombramiento en el cual uno puede o no estar de acuerdo, y eso es lo que yo estoy manifestando. Pero por ahí a uno le da un poquito de pudor” manifestarse en contra, aunque dijo confiar en que “hay una mayoría de senadores que se opondrán”.

“Los suficientes como para no lograr los dos tercios”, enfatizó.

Cuando se le hizo referencia a que la mayoría de su bloque podría no aprobarlo y sí el kirchnerismo, Paoltroni repuso: “Creo que ahí surge el error; si todo el kirchnerismo lo está aprobando es porque algo no está bien”.

¿Y por qué Milei no escucha estas críticas?, se le insistió, a lo que Paoltroni dijo creer que “el presidente ha demostrado ya que ha corregido muchas veces el rumbo. No veo el problema de que se envíe otro pliego y se evalúe el nombre de otro magistrado. Ese es el juego de la democracia”.

Para terminar, insistió en que su postura era “para cuidarlo” al presidente, y aclaró haber hablado sobre el tema con la titular del Senado, Victoria Villarruel, con su bloque y con presidentes de otras bancadas.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), dio a conocer un comunicado de prensa donde resalta que a Corte Suprema de Justicia “cabeza del Poder Judicial e intérprete último de nuestra Constitución Nacional, reviste un rol esencial en el fortalecimiento de la calidad institucional de nuestro país; lo cual es condición necesaria e indispensable para generar la confianza que posibilite atraer inversiones para el crecimiento y la consecuente generación de más puestos de trabajo”.

Para ello, continúa el texto “el Supremo Tribunal debe estar integrado por personas de incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y, asimismo, que gocen de un amplio e indiscutido reconocimiento y valoración ante la opinión pública.  Adicionalmente, existiendo destacadas juristas que reúnen tales condiciones, deberían tener ellas prioridad para ocupar la vacante generada por el retiro de la doctora Elena Highton de Nolasco”.

Por último, la entidad empresarial invita al Poder Ejecutivo y a los miembros del Congreso de la Nación “a apuntalar la confianza en el Poder Judicial, a través de la incorporación de miembros que revistan las características mencionadas, como requisito indispensable para el pleno desarrollo de la República Argentina”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal federal de nuestro país y, en tanto tal, posee la última palabra en los juicios en los que se discuten cuestiones que involucran los derechos y garantías asegurados en la Constitución Nacional. También dirime con carácter definitivo los conflictos entre las provincias y entre éstas y la Nación.

Su misión constitucional y su posición institucional es de tal gravedad que sus decisiones se encuentran en relación directa con la honestidad e idoneidad de sus integrantes, como recuerda la Corte Suprema en el Prólogo al volumen 1 de su colección de fallos.

Así se expresó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para el cual esos magistrados deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes profesionales y morales. Pues la falta de idoneidad o la ausencia de honorabilidad de alguno de ellos, tarde o temprano pero inexorablemente, deshonrará al Tribunal ante la opinión pública, sostiene el Colegio de Abogados.

Para esa entidad, “actualmente existen -sin dudas- candidatas de destacada trayectoria que estarían llamadas a ocupar prioritariamente el sitial que ocupara la doctora Highton de Nolasco. Obviamente, la nominación del juez Ariel Lijo, recae sobre alguien que no integra aquella clase. Sin perjuicio de ello, los antecedentes del doctor Lijo no satisfacen los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos para ese cargo”.

El Colegio de Abogados de CABA considera que “el o la postulante propuesta para integrar la Corte Suprema debe ser alguien de intachable carrera profesional, de desempeño excepcional, sin cuestionamientos económicos ni involucramientos políticos. Sin embargo, el doctor Lijo, juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py 2002, ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional”.

“En particular, este Colegio lo denunció ante el Consejo por la demora en la tramitación de numerosas causas y por la falta de colaboración en la reunión de datos estadísticos que permitieran controlar el desempeño del tribunal a su cargo –agrega el Colegio-. Idéntico reproche se le ha formulado en la causa en la que se debería investigar el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci. Los medios periodísticos también se han hecho eco de esas y otras imputaciones contra el magistrado que, consideradas en conjunto, ponen en evidencia que el doctor Lijo está muy lejos de poseer las cualidades de excelencia que se espera de un juez de la Corte Suprema”.

Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera “inaceptable” y se opone a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo del juez Lijo, en reemplazo de la vacante producida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la doctora Highton de Nolasco.

 

Carlos Fara

 

El billar a tres bandas consiste en hacer carambolas. Se considera carambola cuando la bola jugadora golpea las otras dos bolas en la misma tirada. Pero para que sean válidas, la bola jugadora tiene que haber tocado como mínimo tres bandas, que pueden ser diferentes o repetirse, antes de golpear la segunda bola. Dicen los expertos que en el billar a tres bandas no hay carambola fácil: para jugar este tipo de carambola de una forma sistemática y consistente, se requiere una técnica depurada para saber dónde apuntar.

En la política argentina el Gobierno nacional quiere hacer una carambola a tres bandas. ¿Cómo? La propuesta que va a elevar para jueces de la Corte Suprema pretende dejar a todos los bandos contentos con una sola jugada. Javier “Sinley” y su ministro de Justicia tratarán de contentar al mismo tiempo a la corporación Comodoro Py, a Cristina, a los gobernadores peronistas y a Macri. ¿Así de fácil? Veamos.

El juez Lijo -uno de los dos propuestos- le habría hecho favores a más de un gobernador, como el caso de Insfrán con la causa judicial por eventuales negocios con el entonces ministro de Economía Boudou. Algunos de esos mandatarios tienen influencia sobre sus senadores, no sobre todos. Por lo tanto, tener un amigo en la Corte nunca está de más.

Un personaje ligado a CFK habría estado activo también en promover a Lijo. Se trataría del ex secretario de justicia Juan Martín Mena, que nunca obra solo si no es por orden de la doctora. Teniendo en cuenta que el cortesano Lorenzetti ha venido cerca de esa banda -en términos del billar, claro- la gestión cobraría sentido. Por último, el Sultán de Cumelén lleva años preocupado por la causa del Correo Argentino que está en el juzgado de… ¡adivinaste! Pues Lijo tiene congelado el expediente hace bastante, por las dudas. ¿El ex presidente dirá algo al respecto? ¿Operará por lo bajo para que se concrete la designación?

Como siempre, en los detalles está el diablo. El juez Maqueda efectivamente cumple 75 años el 29 de diciembre de este año. El cordobés no tenía ganas de seguir en el cargo… hasta ahora. Este manejo poco “polite” por parte del Poder Ejecutivo -es todo un estilo, como “Gancia batido”- obviamente molestó mucho en la Corte menos Lorenzetti. Maqueda, político experimentado y respetado, todavía tiene la opción de solicitar que se le extienda el acuerdo por 5 años más hasta que cumpla 80. Tiene 9 meses por delante, el tiempo de gestación de un bebé.

El otro punto es la ausencia de mujeres en la Corte pese a que existe un decreto al respecto. Para la militancia feminista cristinista en el Senado no es un dato menor, sobre todo con toda la pasión que la jefa le ha puesto al tema. Ni hablar si hay una ola de reivindicación de género en la Cámara alta.

Finalmente, el juez Lijo -con todo lo que se comenta en público y en privado sobre él- podría resultar incómodo para algunos senadores de Separados por el Cambio. No sería tan fácil conseguir los 2/3 para que salga la carambola. Por su parte, el otro postulado tiene prestigio profesional, más allá de su ideología. En principio, no debería tener mayores problemas para que su pliego se apruebe.

Dado que el radicalismo ha dejado de ser hace tiempo el gran actor opositor en la Argentina, y que la coalición cambiemita estalló, el usual canje del 1 x 1 -te doy uno y me quedo con uno- se estaría estableciendo ahora entre los libertarios y el kirchnerismo, con un efecto que podría beneficiar a Macri. Así se armaría la carambola que no es sencilla porque “los otros también juegan” y hay varios actores que no se van a quedar de brazos cruzados.

Una y otra vez volvemos sobre lo conceptual porque es lo más jugoso del asado. El “si no es todo, es nada” y el rechazo al “toma y daca” quedarían bastante relativizados con esta jugada. Sería un clásico arreglo entre corporaciones políticas y judiciales, de los tantos que ha habido desde el regreso a la democracia. Con la reiniciada conversación con los gobernadores y la oposición dialoguista, quizá la administración Milei haya entrado en una segunda fase de realismo político que se titularía “de cómo se puede llevar un plan ambicioso de reformas con un Poder Ejecutivo incompleto, 7 senadores, 41 diputados y ningún gobernador”. De a ratos da la impresión que el Gobierno estaría prestando atención a los que le dicen que para reencauzar la ex ley ómnibus, primero se deben arreglar con los diputados y luego con los gobernadores. Las fotos de la buena relación entre el presidente y la vice agregan condimento a la realpolitik (¿disidencia acordada en reportaje público y notorio?).

Surge entonces la pregunta: ¿esto lo perjudica al Gobierno en la opinión pública, porque podría estar incurriendo en una contradicción filosófica? No necesariamente. Obviamente, siempre se puede armar un escándalo que desactive todo el proceso si cobran volumen algunos detalles de la jugada y eso amilane a ciertos actores que en teoría deberían jugar a favor. Si el Gobierno tiene éxito en su lucha contra la inflación, por ejemplo, es más difícil que estas cuestiones institucionales lo desgasten. Ya lo vimos en las presidencias de Menem, Néstor y Cristina.

Si bien el libertario tiene problemas por doquier -varios por falta de profesionalismo político- el resto del espectro no está mucho mejor. El líder del Pro, un tanto desahuciado por la falta de incidencia en la gestión oficialista, quizá tuvo que conceder más de lo esperado en la conformación final de la nueva directiva partidaria. Por el lado de la banda peronista, la idea de una mesa política está generando cortocircuitos entre los gobernadores, Massa y la jefa (¿“Kichi” estaría algo distanciado de Ella?). Finalmente, el radicalismo podría entonar “lo que pasa que la banda está borracha…” (y seguimos hablando de bandas), dado el conflicto expuesto entre los mandatarios provinciales y el círculo de Lousteau (¿que piensa un armado con Horacio?).

“Sinley” tiene problemas con la carta de navegación, pero el resto aún está tratando de conseguir un mapa actualizado.

La expresidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, salió al cruce del pedido del Pro para que el proceso acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema sea declarado inválido. “Es un atentado contra el Congreso”, enfatizó y además los desafió a debatir los dictámenes en el recinto, donde se requieren dos tercios de los votos para su aprobación. 

“El juicio político a los miembros de la CSJN tuvo dictamen favorable de acusación luego de muchos meses de investigación en la comisión donde participaron, ofrecieron prueba los miembros de JxC, y presentaron dictamen de minoría en rechazo a la acusación”, recordó la entrerriana. 

En la red social X, la legisladora cuestionó que “ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración” de Sabrina Ajmechet que “declara su invalidez en un trámite express que dé por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple”. 

Ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración de @ajmechet que declara su invalidez en un trámite express que de por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) January 9, 2024

“En el marco del proceso y previo al dictamen de acusación se resolvieron las impugnaciones presentadas que fueron tratadas, votadas y rechazadas en el pleno de la comisión. Todo el proceso está cargado en la página web de @DiputadosAR, en Comisión de Juicio Político podes acceder y ver los dictámenes y las impugnaciones”, resaltó. 

Para Gaillard, “intentar declarar la invalidez del juicio por resolución del pleno de la cámara es un atentado contra el Congreso y las facultades que nos ha otorgado la Constitución Nacional. No se puede manosear la democracia. No se puede jugar con la Constitución. Hay normas y reglas que deben respetarse”. 

“Si no están de acuerdo con el juicio a la CSJN debatamos en el recinto las acusaciones y las distintas posturas pero no violemos un procedimiento constitucional y el reglamento de @DiputadosAR”, concluyó. 

“El juicio político a la Corte Suprema debe ser declarado inválido”, expresó la diputada nacional del Pro Sabrina Ajmechet, al presentar la iniciativa que acompaña buena parte de su bancada referido al enjuiciamiento al que fueron sometidos todos los miembros del Tribunal Superior.

La diputada del Pro sostuvo que “fue un circo que comenzó el kirchnerismo el verano pasado y extendió durante todo el año buscando algún rédito electoral”. En ese marco, dijo, “se lesionaron garantías constitucionales y se faltó al reglamento en la Cámara”, y anunció que desde el bloque Pro de la Cámara baja solicitaron “finalizar esta persecución política”.

Fue a través de un proyecto de declaración que afirma que “la totalidad del proceso de juicio político impulsado durante el año 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados y por orden del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, estuvo teñido de reiteradas irregularidades, siendo guiado por intereses meramente partidarios”.

Para los diputados del Pro, ese proceso no buscó “otra cosa más que presionar a los magistrados enjuiciándolos por el contenido de sus sentencias, desprestigiando así al Poder Judicial de la Nación en su totalidad”.

Para esos legisladores, “no se encontraban razones para iniciar dicho procedimiento excepcional y que no existían motivos suficientes para que esta Honorable Cámara acuse ante el Senado a los mencionados ministros”.

Por lo tanto, remata el proyecto de Sabrina Ajmechet, al ser este “un juicio político en cuyo procedimiento se lesionaron garantías constitucionales, se faltó al reglamento de la Cámara de Diputados y, en reiteradas ocasiones, fueron detectadas serias irregularidades que han sido denunciadas, se declara inválido a la totalidad del procedimiento”.

Acompañan el proyecto de declaración el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y sus pares María Sotolano, Alejandro Finocchiaro, Damián Arabia, Ana Clara Romero, Verónica Razzini, Martín Maquieyra, Germana Figueroa Casas, Alvaro González, Martín Yeza, Hernán Lombardi, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal, María Florencia De Sensi, Sergio Eduardo Capozzi, Sofía Brambilla, Laura Rodríguez Machado, Marilú Quiroz, Silvana Giudici, José Núñez, Martín Ardohain, Daiana Fernández Molero y Aníbal Tortoriello.

El trabajo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza desde las 15.11 la que será la última reunión de este largo proceso iniciado el 1 de enero de este año con el anuncio presidencial de que impulsaría el enjuiciamiento de los cuatro miembros de la Corte Suprema, y formalmente se inició el 26 de enero, con la primera de las 26 reuniones realizadas.

La reunión comenzó con la lectura de lo que fue todo el proceso realizado a lo largo del año, y un agradecimiento de la presidenta de la comisión a todos los que trabajaron arduamente en esa tarea.

Esta reunión estuvo precedida por el escándalo que acompañó la última reunión, realizada el pasado 7 de noviembre, que concluyó a dos minutos de iniciada.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Este lunes el oficialismo modificó la composición de la Comisión de Juicio Político, para fidelizar el voto de los propios, los 16 miembros que le corresponden. Cambiaron por ejemplo al massista Ramiro Gutiérrez, por otro integrante del Frente Renovador Carlos Selva, que en 12 días termina su mandato. También fue reemplazada otra diputada del sector de Sergio Massa, quien durante la campaña y los debates presidenciales evitó responder si daría continuidad al juicio político contra la Corte. Se trata de Micaela Morán que, en su caso, sí fue reemplazada por alguien del kirchnerismo, la santafesina Magalí Mastaler.

Además, salieron Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo, y en su lugar ingresarán Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovic e Itaí Hagman.

El resto de los oficialistas que integran la comisión son Carolina Gaillard (presidenta), Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Hugo Yasky.

Con la votación de los cuatro dictámenes acusatorios, el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

Como obviamente el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3.

En la previa de la última reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados que se llevará a cabo este martes, para la firma de los dictámenes acusatorios contra los jueces de la Corte Suprema, el oficialismo realizó una serie de cambios entre sus integrantes para garantizar el número.

A lo largo de todo el año, desde que en enero comenzó el proceso, el Frente de Todos tuvo su mayoría asegurada, de 16 miembros, con la que pudo aprobar todo tipo de ampliación de prueba, citación de testigos y otros trámites.

Entre los más activos de la comisión figuró Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador, que este martes no estará. Su reemplazo será igualmente otro massista, el bonaerense Carlos Selva, que en 12 días termina su mandato.

Pero también será reemplazada otra diputada del sector de Sergio Massa, quien durante la campaña y los debates presidenciales evitó responder si daría continuidad al juicio político contra la Corte. Se trata de Micaela Morán que, en su caso, sí será reemplazada por alguien del kirchnerismo, la santafesina Magalí Mastaler.

Además, saldrán Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo, y en su lugar ingresarán Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovic e Itaí Hagman.

El resto de los oficialistas que integran la comisión son Carolina Gaillard (presidenta), Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Hugo Yasky.

El mensaje del radical Mario Negri por los cambios

La última bala del oficialismo no es de plata sino de salva. Tuvo que hacer 6 cambios en la comisión de Juicio Político para poder dictaminar hoy el bochornoso proceso contra la Corte Suprema.
El próximo Congreso deberá rechazarlo para que los jueces no sigan bajo presión K.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 28, 2023

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del "Anexo A" este martes 28 de noviembre. Inicialmente el encuentro estaba previsto comenzar a las 13, pero por pedido de JxC la titular de la comisión reprogramó el arranque para las 15, debido a que previamente los gobernadores de la oposición se reunirán con legisladores actuales y electos.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

La combinación del resultado del balotaje y el escándalo por el espionaje ilegal causó tal impacto en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que todo el proceso de enjuiciamiento desarrollado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia podría quedar en la nada. Así sucederá si en una semana no se votan los cargos elaborados contra cada uno de los jueces.

Este juicio contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se inició el 26 de enero pasado y desarrolló sus audiencias a lo largo de todo el año, hasta que la vigésimoquinta reunión terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles de la semana que viene. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Según pudo saber parlamentario.com de fuentes de esa comisión, no está definido aún qué se hará.

Consultado por este medio, un integrante de la Comisión de Juicio Político por la oposición advirtió que “si la comisión no dictamina antes del 29, la investigación cae y se termina. Sería como si nunca hubiera habido una investigación”.

“Veo difícil que haya una nueva reunión, pero no la descarto”, aclaró el legislador consultado.

Hace poco conmemoramos los 40 años del retorno a la democracia en Argentina, tras las elecciones que consagraron al Dr. Raúl Alfonsín como presidente, quien nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de la independencia del Poder Judicial y la composición de una Suprema Corte de Justicia imparcial.

Durante los gobiernos iniciados en 2003 por los presidentes Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, la Corte Suprema de Justicia actuó como un contrapeso frente a arbitrariedades y abusos de poder.

Es por ello que, en repetidas ocasiones, se intentó reformar el sistema judicial, incluso logrando la aprobación de una ley que posteriormente fue declarada inconstitucional.

Ahora, se ha adoptado una nueva estrategia, inventando un juicio político contra los miembros de la Corte con acusaciones tan débiles que incluso el propio candidato a presidente del oficialismo afirmó desconocer.

Si las acusaciones fueran reales y concretas, todos estaríamos al tanto de ellas. Esto evidencia la falta de fundamentos en el procedimiento.

El triste ejemplo de Venezuela nos muestra cómo la decadencia de un país puede comenzar con la manipulación del sistema judicial.

Recordemos la imagen grotesca e inquietante de más de 20 miembros de la Suprema Corte de Justicia aplaudiendo la entrada de Hugo Chávez en la Asamblea.

¿Cómo se debieron sentir los ciudadanos ante esa demostración de poder absoluto? ¿A quién podían recurrir en busca de justicia? El drama venezolano lleva más de 25 años y aún continúa.

Es fundamental recordar que el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, es la última garantía que tiene cada ciudadano en cuanto a su seguridad personal, sus bienes y su futuro. Un sistema judicial fuerte puede resistir actitudes autoritarias por parte de los presidentes o leyes promulgadas por un poder legislativo adicto, ya que cualquier acto o ley contraria a la justicia puede ser anulada por una sentencia cuyo cumplimiento es obligatorio.

La Unión Cívica Radical se compromete a proteger esta democracia, defendiendo la independencia del Poder Judicial como garantía de la República. Estaremos vigilantes ante cualquier intento de colonización por parte del poder ejecutivo, sin importar quién sea el próximo presidente.

La imparcialidad y la integridad del sistema judicial son pilares esenciales para preservar la República y asegurar que ningún poder se sobrepase en perjuicio de los derechos y la libertad de los ciudadanos.

La UCR se mantendrá firme en la defensa de la justicia y la separación de poderes, evitando así que la historia de otros países se repita en nuestra nación.

Apenas dos minutos duró la reunión de la Comisión de Juicio Político convocada para este martes con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte Suprema que no habían respondido por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento que se les sigue a los miembros del tribunal.

Singular expectativa había despertado el encuentro, habida cuenta de que en vísperas de la reunión se conoció en detalle el informe de la justicia que investigó un escándalo de espionaje del que fueron víctimas políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales. Para colmo de males del oficialismo, entre los involucrados está una de las principales espadas del oficialismo en la Comisión de Juicio Político: el diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Por eso se esperaba un fuerte embate en la reunión de la comisión de este martes, y así lo había anticipado el diputado Juan Manuel López en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales celebrada dos horas antes. “En algún momento aclarará porqué llegaban a su celular causas de la diputada Carrió”, apuntó en esa instancia respecto del diputado Tailhade, adelantando que pedirían explicaciones durante la reunión de Juicio Político.

Y si bien el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, había señalado en ese momento en tono desafiante que no tenía problema en tratar el tema que acababa de aludir su par de la Coalición Cívica, el oficialismo rehuyó el debate.

La reunión de Juicio Político se inició a las 13.09, y su presidenta, Carolina Gaillard, se limitó a señalar que habían convocado a una nueva audiencia “con el objeto de recibir la declaración presencial de los jueces de la Corte Suprema que desearen hacer su descargo presencial, tal como lo indica el artículo 13 del reglamento interno de la comisión. De acuerdo a lo que hemos hecho en la anterior reunión, les hemos aprobado los cargos, se ha notificado a los jueces de la Corte y ellos tenían la posibilidad de hacer su descargo”.

“En ese sentido, los jueces (Carlos) Rozenkrantz y (Horacio) Rosatti han presentado su descargo de manera escrita el jueves de la semana pasada”, recordó. Agregó que “en el día de la fecha estaba programada esta reunión al solo efecto de recibir el descargo de los jueces (Juan Carlos) Maqueda y (Ricardo) Lorenzetti si deseaban hacerlo presencial. Que no lo hagan no obsta que esta comisión continúe su labor”.

Visiblemente nerviosa, Gaillard apuntó que el doctor Maqueda ya había sido notificado de los cargos por mal desempeño en el ejercicio de su función pública por la causa de la obra social. “En su momento optó por no realizar descargo ni presencial ni por escrito, y en esta ocasión, no habiendo presentado descargo ni presencial ni por escrito, y el doctor Lorenzetti y Maqueda no estando presentes en la reunión se da por terminada la presente reunión de comisión, ya que se torna abstracta, teniendo en cuenta que no comparece el doctor Maqueda, ni el doctor Rosenkrantz -en realidad debió decir Lorenzetti- para cumplir con el descargo si así lo desearan”.

Y entre gritos airados de los legisladores de la oposición, con Graciela Ocaña pidiendo reiteradamente la palabra y Juan Manuel López de fondo reclamando desencajado por el “escándalo de inteligencia a cielo abierto”, la diputada Gaillard cerró: “Con esto damos por terminada la presente reunión, porque se ha cumplimentado con el objeto para el cual esta fue convocada”.

Presente en la reunión, mientras el oficialismo abandonaba presuroso la sala, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, decía en el micrófono: “En seis meses es la primera vez que disparan. ¿Saben cómo terminó esta comisión? Terminó muerta por default. Por vergüenza terminó… No existe antecedente en el Congreso de la Nación que quienes hayan impulsado una grosería de juicio político de esta naturaleza y resulta que el último día del último acto, se dieron vuelta los argumentos y van en contra de los propios que lo impulsaron. Consecuencia: abandonan, perdieron por abandono, por vergüenza”.

ESCÁNDALO
El Kirchnerismo huyó como rata de la Comisión de Juicio Político y el diputado/espía Rodolfo Tailhade ni se presentó.
Esta comisión es una farsa, el Kirchnerismo usó la inteligencia ilegal para perseguir a la Corte. Perdieron por abandono. Por eso huyen con vergüenza. pic.twitter.com/8L0RxIh4zj

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 7, 2023

Se realizará este martes la reunión prevista para escuchar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que decidan presentarse personalmente ante la Comisión de Juicio Político para hacer su descargo respecto de los traslados cursados oportunamente con los cargos elaborados en su contra.

Los magistrados tenían hasta este jueves plazo para presentar por escrito su respuesta, o de lo contrario podrían hacerlo personalmente este martes 7. Tal cual informamos, este jueves 2 de noviembre presentaron su respuesta los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes rechazaron los cargos impuestos en su contra por el oficialismo y pidieron disponer el archivo de las actuaciones de lo que definieron como un “proceso teñido de irregularidades”.

No se espera realmente que Ricardo Lorenzetti o Juan Carlos Maqueda vayan a presentarse personalmente este martes (de hecho, están vencidos los plazos para Maqueda, pues se le había hecho traslado de los cargos en su contra hace más tiempo), pero se cumplirá con la formalidad de realizar la reunión correspondiente para las 13. Asimismo se resolverá ese día qué hacer con un pedido de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto para proceder a  una ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado en este tiempo contra un integrante de la Corte.

La intención del oficialismo es dictaminar en una próxima reunión, que ahora se sabe será después del balotaje. Sucede que el candidato presidencial Sergio Massa pidió postergar el debate sobre el juicio político para después de las elecciones, a fin de evitar que quedara teñido por la cuestión electoral. Para ello, debían prorrogarse las sesiones ordinarias, pues de lo contrario el último día para dictaminar hubiera sido el 20 de noviembre: el día después de la elección, y además feriado. Este lunes se procedió a prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, con lo cual los diputados cuentan con más tiempo para proceder a emitir los dictámenes correspondientes, que de todas maneras no llevarán al recinto, al menos en lo inmediato.

Mucho ruido hizo los últimos días la declaración del gobernador cordobés y excandidato presidencial Juan Schiaretti, que mientras los candidatos presidenciales se disputan sus votos, lanzó un dardo hacia el oficialismo al remarcar su “categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.

En el mismo sentido se pronunció también este fin de semana alguien también muy ponderado por el candidato de UP, Roberto Lavagna, quien tuiteó: “Siempre nos opusimos al juicio político a la Corte, porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político, nuestro diputado “Topo” Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”.

En ese marco el periodista Luis Majul le preguntó a Massa sobre el juicio político a los miembros de la Corte este domingo por la noche en La Nación+, y la respuesta del ministro/candidato fue que no conoce el tema. “No leí ni siquiera los planteos. Es un tema del Poder Legislativo… Cuando te conviene, independencia de poderes; cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con otro… No es así”.

“Deberías conocerlo porque sos el candidato a presidente”, le advirtió Majul, a lo que Massa aclaró que después del 19 de noviembre se pondrá a leer los fundamentos. Pero no solamente eso, dijo, “sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima que es de la política chiquitita, sino que hace a la vida de la gente”.

A continuación, enumeró: “11 años un juicio de adopción; 5 años un juicio laboral; 4 años una convocatoria; 11 años un amparo de una empresa de transporte para no permitir la competencia económica con otras empresas de transporte; 5 años expedientes de juicio donde el Estado tiene por recaudar 4 mil millones de dólares por impuestos recaudados. ¿Vos no creés que ese es un tema que hay que mirar?”.

“Entonces a mí el tema que más me interesa mirar es el de la justicia al servicio de la gente”, cerró el candidato, ante lo cual su interlocutor insistió por saber si está de acuerdo con el juicio a los miembros de la Corte. Finalmente Massa dijo que no, pero repitió que había pedido que ese tema no formara parte de la agenda de disputa, porque además cambia la composición del Congreso. Le pedí a las autoridades de la Cámara y de la comisión que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral, porque entre otras cosas la Corte, que es la pirámide de uno de los poderes, claramente no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”.

Tal cual lo adelantado por parlamentario.com esta semana, se realizará el martes 7 de noviembre la reunión prevista para escuchar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que decidan presentarse personalmente ante la Comisión de Juicio Político para hacer su descargo respecto de los traslados cursados oportunamente con los cargos elaborados en su contra.

Los magistrados tenían hasta este jueves plazo para presentar por escrito su respuesta, o de lo contrario podrían hacerlo personalmente este martes 7. Tal cual informamos, este jueves 2 de noviembre presentaron su respuesta los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes rechazaron los cargos impuestos en su contra por el oficialismo y pidieron disponer el archivo de las actuaciones de lo que definieron como un “proceso teñido de irregularidades”.

No se espera realmente que Ricardo Lorenzetti o Juan Carlos Maqueda vayan a presentarse personalmente este martes (de hecho, están vencidos los plazos para Maqueda, pues se le había hecho traslado de los cargos en su contra hace más tiempo), pero se cumplirá con la formalidad de realizar la reunión correspondiente para las 13. Asimismo se resolverá ese día qué hacer con un pedido de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto para proceder a  una ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado en este tiempo contra un integrante de la Corte.

Difícilmente eso prospere, pues fuentes de la comisión anticiparon a este medio que la intención del oficialismo es dictaminar en una próxima reunión, que debería realizarse antes de las elecciones del 19 de noviembre. Sucede que el día 20 es el último previsto para el trabajo de las comisiones, según establece el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, respondieron este jueves, a título personal, los traslados cursados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso que lleva adelante contra los cuatro integrantes del Máximo Tribunal.

Lo hicieron justo el día en el que vencía el plazo para hacerlo por escrito. De lo contrario, tenían la oportunidad de presentarse personalmente el martes que viene ante la comisión.

Sorprendió la noticia, habida cuenta de que existía la convicción de que ninguno de los magistrados contestaría las imputaciones de los diputados del oficialismo, habida cuenta de un acuerdo implícito de los integrantes de la Corte de no hacerlo, a fin de restarle trascendencia al proceso. Se verá entonces si la decisión de los dos jueces que se integraron a la Corte en 2016 ahonda la grieta dentro del Tribunal Supremo, cuyos otros miembros decidieron cumplir con la premisa de no contestar los cargos que les imputaron.

Qué dijo Rosatti

En un escrito de 70 fojas, el titular de la Corte refuta todas las imputaciones y recuerda que ese tribunal “cumplió en tiempo oportuno todos y cada uno de los requerimientos formulados por la Comisión de Juicio Político”. En ese sentido detalla que la Corte respondió la totalidad de los pedidos de informes y acompañó más de 75 cuerpos de documentación solicitada, equivalentes a unas 15.000 fojas aproximadamente.

Recuerda a su vez, entre otras cosas, que “todos los empleados y funcionarios del Tribunal que fueron citados a declarar como testigos cumplieron con su deber legal”.

Rosatti le adjudica al trabajo hecho por los diputados “vicios de procedimiento”. “Irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho en defensa de juicio”. A su entender, “la gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado –de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda”. Por eso anticipa que se reserva la posibilidad e interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que le asistan.

Al hacer referencia a las irregularidades, cita que “no existe correlación entre las imputaciones y las pruebas ofrecidas. Hechos y pruebas se presentan disociados, resultando imposible determinar cuáles son las pruebas con las que se pretende acreditar cada uno de los hechos”.

Agrega que “muchos de los cargos formulados por la comisión carecen de las precisiones mínimas como para conocer los hechos que se imputan y sus fundamentos”.

Cuenta Rosatti que se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando “ello resultaba ineludible”. Pone el ejemplo de que se solicitó el acceso a contactos y comunicaciones privadas y videos de eventos privados. “Este tipo de requerimientos, aun cuando no fueran admitidos, pudo generar un temor fundado de violación del derecho a la intimidad de las personas involucradas, que en muchos casos fueron citadas a declarar como testigos”.

Entre otras cosas, alerta Rosatti que “se requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal”.

Asimismo “se incorporó prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal”, en referencia a los chats producto de hackeo, considerados por la justicia como “ilegales”.

“Se formularon cargos basados en esa prueba y fue además utilizada para interrogar a testigos, generando un efecto claramente intimidatorio”, agrega el juez, precisando que se les imputó a testigos la comisión de delitos o de infracciones legales y/o reglamentarias, lo  que interpreta como “violación del principio de presunción de inocencia”, y se los interrogó sobre esos hechos –es decir, sobre hechos que podrían incriminarlos- cuando estaban declarando bajo juramento de decir la verdad. Lo cual es una violación del derecho a no declarar contra sí mismo.

Por otra parte se le hizo saber a testigos que serían denunciados penalmente por supuesta reticencia o falso testimonio, desconociendo la invocación de garantías o reparos legales por parte de los propios testigos.

Para Rosatti, “se sometió a testigos a un trato hostil y se los descalificó tanto personal como profesionalmente”. Además, “se formularon preguntas inadmisibles por ser capciosas, confusas,  imprecisas, comprensivas de más de un hecho, por estar precedidas de comentarios insidiosos o de afirmaciones falsas, o por indagar acerca de opiniones, colocando al testigo en el lugar de experto o perito”.

Tras esos y otros elementos para desechar los cargos, a continuación Rosatti efectúa un descargo sobre cada una de las causas que le fueron imputadas.

Sobre el final, el juez considera haber respondido “todos y cada uno de los cargos formulados, y en razón de los argumentos allí expuestos, corresponde declarar la improcedencia de los pedidos de juicio político y disponer el archivo de las actuaciones”.

Sostiene que el trámite seguido en ese sumario “ha convertido a un mecanismo constitucionalmente idóneo en un proceso teñido de irregularidades”. Y además advierte que “a los vicios sumariamente descriptos” se le suma “el inesperado final de este procedimiento, concretado en la víspera de una renovación legislativa”. Para Rosatti, “tan abrupto fue el cierre de la investigación que quedaron sin ser tratados algunos de los cargos formulados por la propia comisión y estando pendiente la producción de prueba ordenada respecto de cargos que sí fueron abordados”.

Sostiene que “los cargos formulados evidencian por un lado que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la comisión, y por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite”.

Concluye afirmando que “el juicio político ha pretendido infructuosamente afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular. Y digo ‘infructuosamente’ porque la tramitación de este proceso acusatorio no afectó el normal funcionamiento de la Corte que presido, que celebró puntualmente sus acuerdos semanales, tramitó centenares de expedientes, emitió un número de sentencias superior al promedio anual de los últimos 10 años y, fundamentalmente, resolvió con autonomía de criterio cuestiones de alto impacto institucional y social”.

El descargo de Rozenkrantz

“He refutado con toda precisión y el detalle que esta etapa preliminar del procedimiento permite los cargos provisorios que fueran formulados por la mayoría de la Comisión de Juicio Político”, señala por su parte el juez Carlos Rozenkrantz al cabo de otro extenso documento, donde sostiene que “el desarrollo de las respuestas evidencia, con toda claridad, la ausencia absoluta de fundamentos de los cargos provisorios formulados y la consiguiente improcedencia del procedimiento que se pretende llevar adelante. Muestra, además, el intento de utilización de una facultad constitucional ideada para defender la República para la persecución de una finalidad completamente ajena al objetivo buscado por los constituyentes de 1853 y 1994: preservar el equilibrio propio de la separación de poderes”.

Por el contrario, continúa el juez, “esta es una instancia más de una historia desafortunadamente rica en intentos de la rama con atribuciones de control de condicionar, neutralizar o directamente cooptar al Poder Judicial de la Nación y, en especial, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicten sentencias que, con independencia de su ajuste al derecho vigente, satisfagan las preferencias ideológicas y las necesidades políticas de las mayorías circunstanciales de una comisión de una de las cámara del Congreso de la Nación”.

Sostiene Rozentrantz que “las consecuencias institucionales, morales y políticas de estas desviaciones están a la vista. Los esfuerzos que, desde hace cuarenta años, el pueblo argentino viene llevando adelante para reconstruir instituciones democráticas y republicanas sólidas y perdurables se ven seriamente perjudicados por intentos como el representado por este procedimiento”.

Para Rozenkrantz, “algunos de los cargos que formula la comisión se basan, es cierto, en hechos y datos concretos y objetivos. Pero es ostensible que no constituyen irregularidad alguna, ni ética ni legal ni de ninguna clase. Otros cargos se basan en interpretaciones o valoraciones de algunos hechos o datos. Pero son interpretaciones o valoraciones que no han sido justificadas en modo alguno o son directamente erróneas y carentes del más mínimo rigor jurídico. Por último, hay cargos que vinculan esos hechos, datos o interpretaciones para construir una suerte de relato o novela de asociación libre para atribuirme inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”.

“Lo que está en juego no es menor. Y no tiene que ver exclusivamente con mi permanencia en la Corte como uno de sus magistrados. Tiene que ver con el funcionamiento del sistema republicano. Pues este procedimiento apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Esto pone en cuestión la independencia de todos los jueces de la República y constituye un ataque frontal a la separación de poderes. Es, además, una afrenta a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”, considera el vicepresidente de la Corte.

Fuentes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados negaron versiones que daban cuenta de una postergación de las actividades de la misma en relación al proceso que se sigue contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Los últimos días circuló fuerte una especie según la cual la continuidad del juicio se postergaría hasta después del balotaje del 19 de noviembre.

“No sé de dónde salió eso”, relativizó una fuente consultada por parlamentario.com, que de momento dejó firme la reunión prevista para el 7 de noviembre próximo. Cabe recordar al respecto el cronograma de actividades relacionadas con la parte final del juicio político que se sustancia contra los integrantes de la Corte desde el 26 de enero de este año. El pasado 19 de octubre se remitieron a los cuatro integrantes del Tribunal Superior las notificaciones con los cargos provisorios elaborados tras las 24 audiencias realizadas a lo largo del año. Los magistrados tienen hasta este jueves 2 de noviembre tiempo para realizar su descargo, cosa que no ha sucedido hasta el presente. En ese caso, podrán hacerlo personalmente el próximo martes 7 de noviembre.

Esa es la fecha prevista para la próxima reunión de la comisión, que se mantiene firme a la espera de que ese día pueda hacerse presente alguno de los magistrados, cosa que en realidad nadie imagina que sucederá.

Cabe destacar además que esta semana los miembros de la Coalición Cívica más activos en esta comisión, Juan Manuel López y Paula Oliveto, pidieron ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Ricardo Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado contra un integrante de la Corte. En la última reunión, realizada el 11 de octubre, faltaron los testigos que habían pedido desde espacio para esa causa: el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; Gustavo Francisco Tita; Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, y Adrián Walter Miretti.

Más allá de eso, la intención del oficialismo es dictaminar, lo cual debería suceder en una reunión posterior a la del martes 7, que tendría que realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese día es el último previsto para actividades de las comisiones. El artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones “solo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos”.

Las versiones a las que tuvo acceso parlamentario.com daban cuenta de un posible interés del propio candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para que el juicio político fuera postergado para después de la elección. Esto fue inmediatamente relacionado por muchos con declaraciones del titular de la Corte, Horacio Rosatti, a favor de un “gobierno de unidad”, propuesta impulsada en campaña por el candidato de UP. En cualquier caso y para que eso sucediera, debería haber una ampliación de ordinarias, de modo tal de que las comisiones pudieran seguir funcionando al menos hasta fin de mes. Como sea, la intención de los miembros del Frente de Todos es emitir los dictámenes correspondientes para cada uno de los miembros de la Corte, sin llevar los mismos al recinto, donde el oficialismo actual no tiene los 2/3 necesarios para aprobarlos. Sí tiene los votos para dejarlos listos y vigentes para los próximos tres años, y eso es lo que se propone hacer.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), se reunió este miércoles con el propósito de continuar con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para el encuentro estaba previsto el testimonio de cuatro testigos, pero ninguno de ellos compareció y justificaron sus inasistencias. Por otro lado, el oficialismo votó favorablemente el traslado de los cargos a los jueces por lo que se los citará para que puedan realizar su descargo.

“No estamos teniendo testigos para la audiencia testimonial programada para el día de la fecha”, explicó Gaillard y continuó: “Luego vamos a pasar a considerar los cargos formulados por la presidencia respecto de cada uno de los jueces de la Corte en las distintas causales que se han investigado”.

La titular de la comisión informó que “a tal efecto la presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”.

Las resoluciones que disponen “las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” corresponde a tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Vale reiterar que todavía no se trata de los dictámenes de acusación y tendrán 10 días hábiles para hacer el descargo que pueden hacer por escrito o presencial. En este último caso, la titular de la comisión informó que le darán fecha el 7 de noviembre y 17 de noviembre “estaríamos dictaminando”.

Además, Gaillard informó: “Vamos a dar traslado esta tarde al informe de Obra Social que habíamos ya votado enviárselo al juzgado del Dr. Lijo, es el resumen de la investigación de irregularidades de Obra Social”.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

La ausencia de testigos y la palabra de los diputados

En la tarde de este miércoles, estaba previsto continuar con la causal “abuso de poder”, cuyo último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz. Los testigos habían sido solicitados por la Coalición Cívica que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Eran cuatro los citados a prestar declaración: Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti. Sin embargo, ninguno de ellos asistió y justificaron sus inasistencias.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, responsabilizó al juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por la ausencia de los testigos en la reunión de esta tarde: “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones y llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”.

En el marco de la denuncia que la Coalición Cívica – ARI realizó contra Lorenzetti por “abuso de poder”, el jefe de bancada del espacio liderado por Elisa Carrió cuestionó que se haya dejado para el final, pero advirtió: “Nos motiva construir un sistema judicial independiente, no hay nada personal y queremos trabajar sobre temas pendientes de nuestro país”.

“Hablando de presiones, citamos al testigo Adrián Walter Miretti, apoderado de la Mutual Pyme Rural porque llamó la atención que en 2016 y 2017 cambiaban cheques con distintos clubes de futbol y en la causa Futbol Para Todos, apareció esta mutual”, relató López.

Del mismo modo, siguió: “Saben quién era el socio? El doctor Ricardo Lorenzetti y varios miembros de su familia”, y amplió: “se asociaron todos juntos el mismo día a la mutual”.

A su vez, el diputado López acusó que “desde la mutual se hicieron presentaciones para que no avance la causa alegando enemistad entre la jueza María Servini de Cubría y el juez de la Corte Lorenzetti”. “Para nosotros fue sospechoso porque a Servini le sacaron el expediente y no se supo más nada”, aseveró.

Tras ello, enumeró un sinfín de críticas contra el Poder Judicial: “Sucede mucho en Comodoro Py eso de que hay causas que desaparecen por influencias y abusos de poder que ocurren y nuestra justicia abusa de la impunidad porque nunca más supimos de Pyme Rural”.

Por último, el jefe de bancada de la CC – AR citó a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Cuando salió su sentencia dijo que era la única tonta condenada que, si bien estoy de acuerdo con su condena, no es la única que debe ser condenada o se merece un proceso penal”.

Luego, la diputada nacional Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – ARI) habló de Gustavo Francisco Tita, quien se ausentó a la reunión de Comisión de Juicio Político de este martes, pero mandó un escrito justificando su ausencia: “Fue socio comercial de Lorenzetti y fue quien afirmó que el juez de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo Pablo Lorenzetti, que también es miembro del Poder Judicial”.

Del mismo modo, Oliveto añadió que “además Tita dijo que Lorenzetti fue asesor legal de una de las prestadoras con conexión con Víctor Alderete del PAMI menemista, con quien armaba sociedades donde se quedaban con el dinero de obras sociales y ahí se puede entender el incremento patrimonial de un juez tiene una vida ostentosa que no condice con sus honorarios”.

“(Héctor) Marchi y el socio comercial de Lorenzetti no quieren venir a dar la cara y durante años los hemos denunciado”, señaló la legisladora. Además, disparó contra el oficialismo: “Me da tristeza que gente de Unión por la Patria, habla con Lorenzetti para zafarlo de una situación”.

En tal sentido, agregó: “Venimos denunciando esta situación para que a través de sus personas de confianza hablen de como administró y gestionó con la mega secretaría que tenía Héctor Marchi y con la que condicionaba al poder judicial de Santa Fe para hacer zafar a sus socios económicos y comerciales”.

Por último, señaló que “estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer”, y relató que “hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice ‘acá estoy’ y te dice ‘fíjate lo que soy y fíjate de qué lado estas vos’”.

Un repaso del trabajo de la comisión

Gaillard le respondió que “este proceso se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” y le aclaró que están incluidos en el trámite “todos los pedidos de juicio político y se ha determinado audiencias por cada una de las temáticas y, en ese sentido, voy a hacer un racconto antes de pasar a las resoluciones”.

Así la oficialista relató que la comisión comenzó a tratar los proyectos de pedido de juicio político contra los jueces de la Corte en fecha de 26 de enero del 2023 y el jueves 2 de febrero de 2023 “los presentantes asistieron con el propósito de resumir el contenido de sus correspondientes denuncias y tuvieron la oportunidad de explicar en el seno de la comisión ratificando las mismas mediante la suscripción de las actas respectivas. Allí vinieron los diputados y organizaciones de la sociedad civil que habían presentado pedidos y también los particulares”

“En al reunión de 9 de febrero se puso a consideración del pleno de la comisión la admisibilidad de las denuncias que es lo que establece el artículo 9 para determinar si hay o no sustento en las denuncias para comenzar la investigación y por mayoría simple se aprobó la resolución respectiva  disponiéndose en consecuencia la etapa informativa y la comunicación a los ministro de la Corte por el mal ejercicio de sus funciones”, relató y aclaró que fueron notificados de la etapa sumarial y que “tenían a su disposición todas las actuaciones”.

Así siguió relatando que el 13 de febrero la comisión notificó a los magistrados denunciados sobre el inicio de las actuaciones sumariales sin perjuicio de la citación prevista en el artículo 13 del Reglamento de la comisión. Declarada la admisibilidad de las denuncias se abrió la etapa sumarial organizando la investigación por causales, unificando los que tenían mismo objeto”.

“En tal sentido se acordó investigar la causal uno beneficios a genocidas bajo la hipótesis de que habrían tenido una vinculación y comenzó el 21 de marzo sobre la base de pedido de juicio político presentados por Vanesa Siley, Eduardo Valdés y por iniciativa particular de la Asociación Americana de Juristas, entre otros”, precisó Gaillard y resumió que en dicha causal 2x1 se realizaron dos audiencias testimoniales. Agotadas las instancias sumariales, la oficialista narró que procedieron a realizar “el informe correspondiente con el resumen de la investigación donde se sugieren los cargos que vamos a presentar a cada uno de los jueces”.

Sobre la causal dos de “Irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación” la investigación se inició el 18 de abril cuyas iniciativas de pedido de juicio político fueron pedidas por Eduardo Valdés, María Rosa Martínez e iniciativas particulares. En las testimoniales expusieron 23 testigos.

Respecto de la causa tres sobre el fallo Coparticipación a CABA, Gaillard contó que la investigación comenzó el 15 de junio bajo los expedientes de Eduardo Valdés y la senadora Juliana Di Tullio. Se realizaron cinco audiencias testimoniales para “recibir declaraciones que se realizaron entre el 6 de julio y 29 de agosto”.

“Luego nos abocamos a la causa Consejo de la Magistratura motivada en el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación comenzó el 23 de febrero se inició la investigación por cooptación del Consejo. Se desarrollaron 10 audiencias testimoniales donde declararon 16 testigos”, detalló la entrerriana y agregó: “Pasamos a abrir la etapa sumarial de abuso de poder donde se investiga la falta de excusación de Rosenkrantz en causas donde fueron parte sus exclientes y acciones del doctor Lorenzetti que serían abuso de poder. Se inició la investigación comenzó el 3 de octubre con base en los pedidos de juicio político de Oliveto Lago y asistieron cuatro testigos”.

Así, Gaillard señaló que “se han llevado adelante en total 23 reuniones de juicio político a la que han comparecido hasta la fecha 65 testigos. Nosotros avanzamos en la investigación de todos los pedidos de juicio político, no hicimos ningún tipo de discriminación respecto a tal o cual juez de la Corte. Se hizo toda la presentación de prueba para evitar suspicacia, no se dejó de elaborar pruebas”, y agradeció la presencia de la oposición en cada reunión para que se “Trabaje de manera transparente, con objetividad”.

A partir de las exposiciones de los diputados de la CC- ARI, la diputada nacional Vanesa Siley (FdT) aclaró cuatro cuestiones: “En primer lugar, el tema obra social, se votó el 15 de junio sobre las responsabilidades de los demás miembros de la Corte y JxC no quiso integrar la subcomisión que se ideó”. “No desprestigien todo lo que se hizo seriamente”, lanzó.

Luego, la integrante del Consejo de la Magistratura, en contraposición a Oliveto, recordó que “Marchi vino en abril y mayo, pero Oliveto no pudo venir en mayo no le pasó las preguntas a un compañero”. También, sostuvo que “se vota el artículo 13 (otorga el derecho a voz de los acusados durante el proceso de investigación y es el Senado quien juzga) del reglamento sobre el traslado de los cargos”, y concluyó que “la presidencia de la comisión circuló los informes de la investigación para que cada uno lo tenga con tiempo”.

Tomó la palabra otra vez López quien le aclaró a la diputada preopinante que Marchi vino por otra causa y “nosotros lo estamos convocando por otras causales porque fue 18 años administrador general de la Corte y cuando vino nos contó cualquier cosa, no nos contestó nuestras preguntas”.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, sugirió que después de la lectura de los cargos, se informe lo que se va a remitir a cada uno de los jueces, y consideró: “Así como Oliveto puede hacer mención de las cosas que no generaron satisfacción en determinado testimonio, recordemos que Silvio Robles vino acá y nos tomó el pelo a todos”.

Después, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) recordó que “cuando iniciamos este juicio político el 26 de enero dijimos que estábamos ante una Corte Suprema donde sus cuatro miembros jugaban al truco con la Constitución”.

En su intervención, Álvaro González (Pro) señaló que el oficialismo llevó adelante lo que se propuso a principio de año porque “tenía la llave” y a lo largo de estos meses “para ustedes han avanzado en el entendimiento que van a poder proar el mal desempeño de los jueces de la Corte, para nosotros eso ahora está muy lejos de poder ser probado”.

Así, reflexionó: “Todo este año hemos discutido y puesto sobre la mesa con una reunión semanal, creo que es de las comisiones que más ha trabajado este año en el Congreso, pero el número es el número. A lo largo del año cada vez que hubo que discutir y votar el oficialismo nunca consiguió un solo voto más que el propio. Vamos a llegar a noviembre para sacar dos despachos y para que quede, después de un año esto no ayudó a la estabilidad política del país, en un despacho ¿en qué momento irá al recinto? será el trabajo de una comisión que quedará en despachos durmiendo el sueño. Todos sabemos que esto no va a llegar al recinto y se juntara la mayoría que se necesita”.

En tanto, el jurista Pablo Tonelli (Pro) expresó que “las pruebas que surgieron estos meses no me demostraron que haya motivos para enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte. Todo lo que vi, escuché y leí me ha afirmado de la tarea de la comisión en el sentido de que no había motivos y esto era un embate contra la Corte”.

“Había dudas sobre avanzar porque estamos hablando de un tema no menor, pero sí las había, me parece que se han sumado muchísimos argumentos para avanzar”, indicó Moreau y afirmó que “hago propias las palabras de Oliveto respecto a lo que significaba meterse con el poder real”.

A su turno, Eduardo Valdés (FdT) expresó: “Me tocó ser quien acusó y le digo a Toniolli que lo que disparó el juicio fueron las conversaciones entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles porque había pasado tiempo de lo de coparticipación y en ese clima decidimos empezar, no fue por una sentencia”.

Del mismo modo, sumó que “ha tenido para nosotros un costo por meternos con el poder real porque tienen los instrumentos para hacer sentir su poder y me lo hicieron sentir a mi cuando se metieron con mi familia en un importante diario de la Argentina”. “Ojalá podamos lograrlo para lograr un mejor funcionamiento de la República y tenemos la tranquilidad de que fue una decisión acertada iniciar este juicio político”, cerró.

El decreto 502/2023 oficializó este miércoles lo suscripto por el presidente Alberto Fernández sobre la jueza Ana María Figueroa. El texto refiere al acuerdo prestado por el Senado de la Nación, “y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional” es que el mandatario nombra “por el término de cinco años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013”.

Ese es el texto del decreto que fundamentalmente abre a partir de ahora un conflicto de poderes entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, que hace algunas semanas había dispuesto el cese de funciones de la jueza, que el pasado 8 de agosto cumplió 75 años de edad y no había recibido para entonces la habilitación de una prórroga a través del Senado de la Nación.

Eso llegó el jueves pasado a través de una votación que terminó empatada en 35 votos y que fue desempatada por el voto de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

La Comisión de Juicio Político de Diputados que preside la entrerriana Carolina Gaillard retomó este martes las audiencias en el proceso que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema. En esta ocasión, comenzaron el debate de la causal “abuso de poder” con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Se analizaron puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes. El segundo cargo evaluado fue el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.

De los cinco testigos convocados, participaron cuatro: el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape; el periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna; Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema; y Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único convocado que no asistió según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.

Antes de comenzar con la ronda de testigos, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, explicó la causal de “abuso de poder” que se le atribuye a Carlos Rosenkrantz, por “la falta de excusación en causas de sus exclientes”. “Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus exclientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló.

“Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía, no referimos a PyMEs, asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la oficialista.

También informó que la segunda hipótesis de esta causal tiene que ver con “honorarios millonarios” reclamados por Rosenkrantz, “por la suma de 18 mil millones de pesos” en la causa que patrocinó a Santa Fe por la quita de recursos coparticipables; mientras que la tercera tiene que ver con la recusación que le formularon en la causa Tabacalera Sarandí.

Por otro lado, el oficialismo avanzó hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas.

Además, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 10 en la que tratarán la causa de la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti, se citarán a los testigos.

Los testimonios

Primer testigo de la jornada, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N°7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, asistió por segunda vez, ya que había declarado en la comisión el 7 de marzo pasado. Consultado por el diputado Leopoldo Moreau sobre si en su función anterior como fiscal general adjunto de la Procuración “alguna vez le tocó recusar a algún ministro de la Corte porque una causa involucraba a un excliente de un ministro”, respondió: “Cuando trabajé en la Procuración General de la Nación no tenía firma, no recusaba a nadie y no recuerdo haber trabajado en ningún expediente de ese tipo”. “Creo que, a cada ministro, a cada juez, le corresponde -como le parezca- excusarse”, dijo. 

El oficialista lo interrogó sobre si “conocía el listado de los exclientes del doctor Rosenkrantz”, a lo que el funcionario judicial afirmó que él sabía “que había presentado ante el Senado una lista, pero esa lista yo no la tengo presente”. “Tengo entendido que además del Senado, como corresponde, el doctor Rosenkrantz circuló una lista de sus exclientes entre las demás vocalías, porque si no quedaría al arbitrio de él decidir en cada caso si se excusaba o no”, reveló.

“¿Alguna vez recibió de algún ministro una nota comentando que dejaba de excusarse por haber transcurrido más de cinco años desde que asumió?”, preguntó Moreau, a lo que Naveira de Casanova contestó que desde que él trabaja en Corte, año 2018, no recibió “otra nota así”.

En su intervención, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que “respecto de las posibilidades que un juez se aparte en un expediente y no opine, no vote, son dos: una, que sea por impulso de alguna de las partes que actúe en la causa y lo recuse, con motivos; y la otra es que el juez decida excusarse porque él entiende que hay motivos para hacerlo”.

Y defendió que haya sido de cinco años “el plazo a partir del cual el doctor Rosenkrantz entendió que ya no correspondía excusarse en causas en que intervinieran exclientes, no de él personales, sino del estudio en el que había trabajado”. “No puede ser que pasen 30 años y el juez tenga que seguir excusándose”, enfatizó y señaló que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública “establece que esa obligación de excusarse cesa transcurridos tres años”.

“Es absolutamente lógico, natural, razonable y sensato que un impedimento de esa naturaleza cese en algún momento. La Ley de Ética habla de tres años, el juez Rosenkrantz eligió esperar cinco. Está muy claro que no puede mantenerse para siempre semejante prohibición”, insistió.

Para Moreau, la aclaración de Tonelli “confirma la arbitrariedad de la decisión del doctor Rosenkrantz”, quien tomó “una decisión individual y arbitraria” e “inventó una norma”, cuestionó. “Le imputamos un mal comportamiento desde el punto de vista ético y la pérdida de imparcialidad. Se autoimpuso un plazo que de ninguna manera existe en normas vinculadas al funcionamiento de la Corte Suprema. Él no apeló a la Ley de Ética Pública, el plazo lo impuso él a su propio arbitrio”, subrayó el oficialista.

Por su parte, el presidente de la CC-ARI, Juan Manuel López, consideró que “no hubo nada irregular en la decisión y en la nota, porque aparte lo hace público a todos sus colegas, de que iba a empezar a intervenir pasados cinco años en las causas en las que el estudio que perteneció patrocinó a alguna de las partes”.

“A mí modo de ver tuvo un exceso de restricción en la decisión de no intervenir”, opinó y recordó que para ser juez de la Corte “tenes que haber sido abogado y ejercido ocho años” y para eso “se necesita haber tenido clientes”. Además, sobre la lista de sus exclientes, mencionó que la presentó por un decreto del año 2003, presidencia de Néstor Kirchner, que obligaba a los candidatos a jueces a exponer ese listado.

“La excusación es absolutamente potestativa del juez y no hay ninguna obligación de hacerlo. El plazo que dice el diputado Tonelli es el único que hay en la legislación argentina. No se auto legisló. Por eso nunca vamos a entender esta causal”, añadió.

En su testimonio, Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti declaró sobre la causal “Consejo de la Magistratura” por la que había sido citado el 21 de septiembre pasado, quien ingresó en 2021 a la vocalía, consideró que en la causa Colegio de Abogados “hubo legitimación” y que no tuvo a la vista “ningún proyecto anterior, el primer trabajo fue el análisis de este tema y la consideración de la firma de Rosatti”.

Los periodistas

El periodista Ari Lijalad, quien fue citado por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape, luego de presentarse, la diputada oficialista Siley le preguntó por “diversas notas” publicadas sobre “las distintas intervenciones en causas que tuvo el ministro Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema en las cuales no se excusó de intervenir, pese a que en los casos algunas de las partes eran clientes suyos”, por lo que le pidió detallar el nombre de esos clientes que aparecieron en las notas periodísticas.

Lijalad explicó: “Lo que hice fue tomar el listado de exclientes y de ex sociedades donde Carlos Rosenkrantz declaró, sociedades donde había participado, y exclientes que tuvo en el estudio. En el listado constan esos clientes. También estaban en la página web del estudio Bouzat, pero cuando Rosenkrantz fue, primero nombrado por decreto, y después fue al Senado a tener sus audiencias, borraron ese listado, pero yo conservé una copia”.

“El trabajo que hice es bastante sencillo en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, puse el nombre de cada cliente que tuvo Rosenkrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de él, todo de fuentes públicas y abiertas. Anoté todos los casos donde aparecía un voto de Rosenkrantz vinculado a un excliente. Parecieron muchísimos”, explayó el periodista

Así, procedió a detallar algunos de ellos: “La última lista que hice eran 56 casos, había 3 fallos que involucraban a Telecom exclientes, 1 fallo que involucra a ARTEAR ambos del Grupo Clarín, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 que involucran a AMX que es la empresa Claro de telefonía, 3 que involucran a la provincia de Corrientes, 4 a la de Santa Fe, 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos de YPF, 5 al Supermercado Día, 1 del Grupo América, 1 de Piero y 1 de Polisur”.

“Todas las semanas miro los fallos de la Corte, porque es mi trabajo, y han aparecido más. Son todos fallos donde figura la firma de Rosenkrantz donde intervino con casos de exclientes”, denunció.

Siley le consultó en qué casos el titular de la Corte se exudó y en cuáles no. Al respecto, Lijalad recordó que la primera nota que publicó hace dos años fue porque Rosenkrantz giró una nota al resto de los miembros de la Corte en un caso de AMX Argentina contra la Dirección General de Aduana  donde les comunica que “iba a empezar a intervenir en causas de sus exclientes porque ya habían pasado cinco años de su asunción en la Corte”, en un breve comentario opinó que el Código Civil y Procesal  “no establece un plazo de caducidad del impedimento de un juez de intervenir en causas de sus exclientes y dice que eso es motivo de causal de mal desempeño”.

“Al tener esta nota, lo que vi primero es que Rosenkrantz avisó de algo que ya había hecho en 21 casos anteriores. No solo inventó esos plazos de cinco años, sino que tampoco lo cumplió porque hay 21 fallos anteriores en donde si intervino y corresponden a exclientes”, acusó el testigo y añadió que “sucede que con los mismos exclientes en algunas causas se excusa y en otras decide participar, lo vi mucho en las causas de Santa Fe que es una de sus grandes clientes. Hace excusaciones selectivas”.

Sobre la nota a los miembros de la Corte, Siley le pidió la opinión a Lijalad quien expresó: “Creo que estaban preparando el terreno para algo que vino después que fue la judicialización de otro caso de un gran excliente que es el Grupo Clarín vinculado a la regulación de las tarifas de las telecomunicaciones que fue frenado por medidas cautelares en peinera y segunda instancia. El Gobierno logró acceder a la Corte por el recurso de queja porque no le dieron el recurso extraordinario”.

“Esa causa se discute un decreto en el cual el Gobierno estableció que las telecomunicaciones son un servicio público en competencia y sus tarifas pueden ser reguladas por el Estado que Clarín judicializó para no cumplirlo y no lo cumple hasta el día de hoy por una complicidad de la Corte Suprema que no trata todo esto hace más de un año”, criticó y contó que el Estado recursó a Rosenkrantz para que no intervenga y resumió: “Estaban preparando un antecedente y una justificación para beneficiar al Grupo Clarín uno de los grandes exclientes de Rosenkrantz”.

A su turno, Tonelli le planteó que la mera condición de excliente no basta para la recusación o excusación y le consultó si en todos los casos que mencionó verificó si en la condición de excliente existen algunas de las otras condiciones que el Código Procesal exige para que procesa la recusación o excusación o si se basó en la mera condición de excliente del juez.

Lijalad le remarcó que entre los criterios está haber sido abogado y haber omitido opinión/ dictamen a la hora de las recomendaciones. “Está comprobado que son sus exclientes, que intervino, esos son datos. No hay garantía de imparcialidad porque es su excliente”, aseguró.

“De acuerdo con el Código Procesal la mera condición de excliente no basta para provocar recusación ni excusación, hace falta otros requisitos que el testigo no verificó”, cerró su postura Tonelli.

Rosenkrantz y su cliente Santa Fe

El diputado Leopoldo Moreau le pidió al testigo que explicara el monto que pidió el titular de la Corte sobre la regulación de sus honorarios del estudio respecto del caso de Santa Fe, a lo que el periodista aseguró no tener el monto exacto porque “lo tiene que definir la Corte, pero si no recuerdo mal es un porcentaje de la condena que era de 4 mil millones de pesos”.

De la vereda de enfrente, el radical Fernando Carbajal (Formosa) le solicitó que aclare por qué previamente consideró dicho pedido de Rosenkrantz como “irregular” que un abogado se presente en un expediente y pida la regulación de los honorarios. ¿Considera que debe renunciar a todos los honorarios percibidos en su profesión?, apuntó el formoseño. Lijalad precisó: “Rosenkrantz asumió en la Corte en 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedida honorarios en una causa de su excliente, resolvía una causa de su excliente, eso es lo que me parece irregular, no la regulación de honorarios”.

Carbajal le volvió a salir al cruce: “Vale la aclaración entonces porque no es lo que dijo anteriormente… si es incorrecto como usted dice que siga interviniendo en esa causa”, a lo que Lijalad agregó: “Continúa interviniendo en causas de ese excliente”, pero el radical recogió el guante y le enrostró que “no es más que un cliente particular, sino que es un estado provincial defendiendo la coparticipación federal. ¿Es cierto o no? Es un ente público defendiendo la coparticipación federal”.

De forma inmediata intervino el oficialista Rodolfo Tailhade quien aclaró que la sentencia es de más de 150 mil millones de pesos a favor de la provincia de Santa Fe y “el pedido de regulación de Rosenkrantz es de 18 mil millones de pesos que hasta ahora no ha sido discutido”.

El pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT) le pidió que ratificara al testigo si tenía información de que Rosenkrantz había intervenido en las causas de Santa Fe que llegaron a la Corte, ante la respuesta afirmativa del periodista, le consultó la cantidad de las mismas a lo que Lijalad le dijo que fueron cuatro y que “puede haber más”. Así, el oficialista apuntó contra JxC que “llevan adelante el rol de defensores del doctor Rosenkrantz”.

En su declaración, el periodista Juan Alonso, testificó por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe.

Según Alonso, “buscó revelar lo que, durante 14 y 15 años se litigó, entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional”. “Nunca se había dado a conocer el contrato original de la gestión del ex gobernador Binner con los estudios en cuestión de Rosenkrantz y Gil Lavedra, se publicó por primera vez en ese artículo”, contó y agregó: “Ratifico todo lo que dije en la nota en donde hago una cronología de esos sucesos, el contexto en el que se dio, por qué recurrieron al estudio privado”.

“En la nota están absolutamente todos los documentos esta el decreto de Binner con el cual designa a estos abogados privados para que litiguen en representación de Santa Fe en contra del Estado. Está la posición del entonces fiscal de Estado que avala lo realizado por el gobernador”, añadió a su relato.

“Hay un fallo de la Corte que le da la razón a la provincia, pero tiene que regular los honorarios de Rosenkrantz, que es, a la vez, juez de la Corte. Se da una situación, por lo menos, llamativa”, planteó Alonso y consideró que “hay un dilema ético allí”.

La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. “Se paga con un dinero que viene del Estado nacional”, señaló.

El periodista indicó que “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

Mientras la Comisión de Juicio Político de Diputados interrogaba al periodista Ali Lijalad respecto de sus notas de investigación sobre los “abusos de poder” por parte de Carlos Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema, en las causas de sus exclientes, los diputados Rodolfo Tailhade (FdT) y Fernando Carbajal (UCR) protagonizaron un picante cruce.

Luego de que el testigo afirmara que “no sabía que Rosenkrantz había intervenido a favor del represor Daniel Amelong para darle prisión domiciliaria vía acto administrativo” y brindara su posterior opinión al respecto, el radical Fernando Carbajal (Formosa) le pidió al testigo que se abstenga a los hechos en los cuales tenga conocimiento.

“Respeto que como periodista en términos de lo que puede ser una columna de opinión tiene el derecho a hacer las especulaciones y vacilaciones que son propias de la labor periodística, pero acá no esta haciendo una nota periodística, sino que está haciendo una declaración formal de carácter testimonial bajo juramento, por lo cual no es un espacio para la especulación ni para deducciones”, le planteó y agregó: “Lo tomo como un vicio profesional, pero le pido señora presidenta que le pida al testigo que diga lo que sabe y, si no sabe, no pueda responder y hacer especulaciones”.

Le salió al cruce el oficialista Rodolfo Tailhade: “Señora presidenta yo también le voy a pedir a usted que le diga al diputado Carbajal que no intimide a nadie, que no deje trascender que está mintiendo el testigo”, y le sugirió que “si considera que lo que dice el testigo no tiene valor en términos probatorios que lo ponga en un dictamen cuando terminemos las investigaciones”.

“Que no se haga el matoncito con el testigo”, lanzó a los gritos el oficialista, mientras que de la vereda de enfrente el formoseño lo chicaneó: “Tranquilizate Tailhade, tranquilízate”, y se dirigió a Lijalad: “Si se sintió intimidado con mis palabras y fue así le pido disculpas, no fue mi intención intimidar”, mientras que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, quería poner paños fríos a la situación, el radical le cuestionó por la actitud de Tailhade: “Pero si hace alusión y me acusa de matoncito y usted no le dice nada”.

Gaillard le aclaró que “las opiniones se tomarán como lo que son…”, pero Carbajal la interrumpió y le retrucó: “No, no perdón, pero nosotros no estamos para escuchar opiniones para eso vamos al Destape y lo leemos. La comisión lo cita para que declare por los hechos que sabe respecto de la información que percibió”.

Tal cual se anticipó en la última reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, realizada el 21 de septiembre pasado, en la reanudación del proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia comenzará el debate sobre la causal “abuso de poder”.

Así será luego de que con las exposiciones de Graciana Peñafort y Jorge Rizzo de esa jornada se diera por agotado el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”. Así las cosas, comenzarán con el tema que incluye un pedido de juicio antiguo impulsado por la Coalición Cívica contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. Sin embargo desde ese espacio no han pedido testigos, así que se avanzará este martes a partir de las 13 con una causa similar que el oficialismo piensa instrumentar contra el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por su participación en causas que involucraron a exclientes suyos.

La citación correspondiente fue emitida el viernes pasado, convocando para este martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:

• El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
• El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
• Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
• Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
• Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este último caso, Saggese había sido citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Por eso vuelve a ser citado y se verá qué decisión toman los diputados si esta vez vuelve a ausentarse.

El testimonio de los periodistas

En la nota de referencia del periodista Ari Lijalad, se alude a que el actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus exclientes “tal como marca la ley”. Allí sostiene que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos.

“Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país”, advierte el periodista, que alerta sobre “una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte”.

En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

3 fallos que involucran a Supercanal

2 fallos que involucran a AMX (Claro)

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

10 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

2 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

En la nota sobre la cual será indagado, se transcribe una declaración del 21 de octubre de 2021 en la que Rosenkrantz justifica su deicisón de intervenir en una causa que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz, que agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.

El otro periodista citado es Juan Alonso, quien será consultado por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados.

Según Alonso, “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

Tal cual había anticipado la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja el pasado 21 de septiembre -fecha de la última reunión de la misma-, en la reanudación del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia arrancarán ahora con otra de las causales del citado proceso. Esto es, la causa “Abuso de poder”, que incluye un pedido de juicio antiguo de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, y al que el Frente de Todos sumó una causa similar que para ellos amerita la relación de Carlos Rosenkrantz con sus exclientes.

Según pudo averiguar parlamentario.com, la citación correspondiente fue emitida este viernes, convocando para el martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:

• El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
• El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
• Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
• Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
• Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este último caso, Saggese fue citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Seguramente si esta vez no se presenta se discutirá si se apela a un juez para intimarlo.

Para la causa contra Lorenzetti, desde la Coalición Cívica no hubo ninguna convocatoria, según pudo saberse.

En la sesión de la Cámara alta de este jueves los senadores Guillermo Snopek (Unidad Federal – Jujuy) y Nora del Valle Giménez (FdT – Salta) presentaron una moción de preferencia para que se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto de comunicación de su autoría en el que solicitan a la Corte Suprema que resuelva la demanda presentada por el Estado Nacional sobre la "inconstitucionalidad” de la reforma constitucional de Jujuy.

Al hacer uso de la palabra, Snopek explicó que la iniciativa “pide una declaración de inconstitucionalidad a la acción establecida por el Estado Nacional contra la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, en lo cual el planteo que se realiza va en la inconstitucionalidad de las normas que ha sancionado la Convención Constituyente de la provincia contra los derechos internacionales, la organización internacional del trabajo, ya que restringe los derechos de los trabajadores con la nueva Constitución y traería inconvenientes al Estado Nacional”.

“También hace mención al criterio de justicia de la Nación al pedir la inconstitucionalidad de esta sanción, de esta nueva Constitución que se pretende instaurar y llevar adelante en la provincia con respecto al atropello a los pueblos originarios consagrados en la Constitución Nacional, ya que se quiere ir contra personas y pueblos que viven preexistentes a la Constitución del Estado y se quiere atropellar y pasar por arriba los derechos de los habitantes de la provincia”, denunció el jujeño.

Así, el titular del bloque Unidad Federal sostuvo que “este atropello que se quiere hacer con esta nueva Constitución también toca un derecho consagrado que es el derecho al agua porque tenemos tristemente que decir que desde Jujuy vino el Tercer Malón de La Paz y esta apostado frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva este planteo formulado por el Estado Nacional”.

“Pedimos que la Comisión de Asuntos Constitucioanles trate este proyecto de comunicación como muchos otros referidos a la provincia de Jujuy por los atropellos que viene haciendo el gobierno provincial y el Poder Judicial”, planteó.

En el mismo sentido, Del Valle Giménez solicitó una pronta resolución a la demanda de inconstitucionalidad presentada en forma personal por parte de la comunidad jujeña a la Corte de Justicia de la Nación.

“Frente a este reclamo por parte de los jujeños en condiciones de vulnerabilidad que han atravesado por situaciones de violenta represión en su tierra y viene en búsqueda de una respuesta de la justicia que es el único organismo que tiene competencia frente a esta problemática, por eso solicito el tratamiento de preferencia con dictamen de comisión”, cerró.

En su exposición ante los diputados, el abogado Jorge Rizzo contó que en 2017 trabajó en la elaboración de un proyecto para el Consejo de la Magistratura, a instancias de un “pedido” de la Corte Suprema de Justicia.

Ante los miembros de la Comisión de Juicio Político, Rizzo aclaró que no lo había llamado un ministro de la Corte, sino un asesor que le había expresado su preocupación ante la necesidad que tenían de emitir un fallo que no deseaban, por cuanto debía ser algo que hiciera la política. Eso fue lo que le pidieron: “si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”.

“Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.

En esa reunión participaron también, según recordó, el ministro Germán Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.

Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.

“Llegamos a un consenso entre todos, pero había un tema que era puntual”, dijo, en referencia a que él piensa que los legisladores no deben ser parte del Consejo de la Magistratura, sino poner representantes. “Por el tema del full time”, explicó, y puso como ejemplo que así es en el Consejo de la Magistratura porteño. Por eso confesó que hizo “una trampita” en el texto del proyecto que elaboraban, al poner “los legisladores o sus representanes”.

“Me llaman de la Corte y me dicen: ‘El proyecto está bien, pero no queremos estar’”, poniendo como justificativo lo que había sucedido con el ex miembro de la Corte Augusto Petracchi en 2004. Tampoco el doctor Carlos Fayt quería que estuviera la Corte representada en el Consejo de la Magistratura, contó Rizzo, con el argumento de que “convertía una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”.

Por eso en el texto que armaron no había miembros de la Corte. Allí también Tonelli insistió con el tema del impuesto a las Ganancias, recordó también Rizzo, para quien “trabajamos muy bien”, e incluso con los representantes kirchneristas había buena sintonía.

En ese marco Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a “un operador” que le dijo que “el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”. Rizzo contó entonces que apagó el teléfono y se mandó a mudar. “¿Para qué me hacen trabajar?”, se quejó. Luego reiteró que hablaba de “un operador”, cuyo nombre no recordaba. “¿Qué quieren que les diga? ¿Que fue (Daniel) Angelici?... Se los digo”.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes un planteo de inconstitucionalidad contra la denominada Ley del Arrepentido, con lo cual avaló la validez de la misma en un momento clave del desarrollo de la causa Cuadernos.

La decisión del Tribunal Superior fue por unanimidad, y a través de la misma se rechazó un planteo formulado por el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

El fallo suscripto por los cuatro miembros de la Corte rechaza el planteo de los abogados del exministro, Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, argumentando que no había sido dirigido "contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".

En los hechos, el fallo implica que la Causa Cuadernos llegará a juicio con los relatos de los arrepentidos -cuestionados por la mayoría de las defensas, incluso las de los propios arrepentidos- con valor probatorio.

Desde el Congreso, uno de los que celebró la decisión judicial fue el titular del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, quien tuiteó: “En 2016 Cambiemos sancionó la Ley del Arrepentido que sirvió para que empresarios aportaran pruebas en la megacausa de los ‘Cuadernos de la Corrupción’ de la obra pública. Hoy la Corte Suprema declaró que la ley es constitucional”.

“La impunidad del kirchnerismo cae en picada”, concluyó.

Con tres testigos citados, la Comisión de Juicio Político que preside la diputada entrerriana Carolina Gaillard reanudará este jueves el juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según pudo saberse, este 21 de septiembre la comisión comenzará a tratar los pedidos de juicio político relacionados con la causa “Consejo de la Magistratura”.

Por eso han sido citados Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; Jorge Gabriel Rizzo, expresidente del Colegio Público de abogados de la Capital Federal; y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema.

De tal manera, se dio por concluido entonces el análisis de la causa “Coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires”.

La última reunión de la Comisión de Juicio Político y que estuvo dedicada al tema coparticipación se llevó adelante el 29 de agosto pasado, con la presencia del exministro de Justicia porteño Marcelo D’Alessandro.

El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar el cese de las funciones de la exjueza Ana María Figueroa y lo consideraron como “un freno a la impunidad para un país ordenado”.

Se trata de la funcionaria judicial debía votar en causas en las que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, está involucrada: Los Sauces y Hotesur. Había cumplido los 75 años de edad el pasado 8 de agosto y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo, por eso el oficialismo en el Senado intentó en varias ocasiones prorrogar su pliego a través de un pedido del Poder Ejecutivo, pero nunca logró el quórum.

“Conforme venimos sosteniendo desde el 9 de agosto, el pliego de la ahora exjueza Figueroa no podía ser tratado ni aprobado por haber cumplido el límite máximo de edad previsto por la Constitución Nacional”, resaltaron en el comunicado desde JxC.

Además, consideraron que la Corte Suprema “no hizo más que ratificar la vigencia de la Constitución, sin privilegios para ningún magistrado ni beneficios para ningún político”, y remarcaron que desde el interbloque “siempre estuvimos firmes en la postura de no validar un espacio de impunidad para la vicepresidenta de la Nación”.

“Durante estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado. Eso perjudicó el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas”, apuntaron y pidieron al oficialismo que “dejen de lado las pretensiones particulares y se anime a debatir medidas que aporten soluciones”.

Finalmente concluyó la novela que se había armado en torno a la continuidad o no de la jueza Ana María Figueroa, cuya permanencia en la Cámara de Casación había sido solicitada por el presidente de la Nación, pero sin que el Senado alcanzara a aprobarlo.

Figueroa cumplió el pasado 8 de agosto 75 años y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo. Solo podría haber continuado si prosperaba un pedido de prórroga expresado desde el Poder Ejecutivo Nacional, pero ante la falta de su aprobación en el Senado finalmente intervino la Corte Suprema de Justicia, que dio por concluido el tema: por unanimidad de sus cuatro miembros, se determinó que Figueroa debe dejar el cargo.

La situación de Figueroa había generado un verdadero parate en la Cámara alta, ya que el  oficialismo no podía conseguir quórum para sesionar y allí votar la aprobación de su pliego.

Cabe recordar que la jueza, considerada como cercana al kirchnerismo, debía votar en causas en las que la presidenta del Senado está involucrada: Los Sauces y Hotesur.

En el fallo suscripto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se estableció que Figueroa ha cesado en sus funciones desde “el 9 de agosto del corriente año”, precisamente el día después de haber cumplido 75 años. Así lo hace saber la Corte al Consejo de la Magistratura “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias”.

La Corte expresó que “al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.

Agrega el fallo que “la doctora Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió 75 años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.

En su resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece finalmente estos tres puntos:

1°) Declarar que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional.

2°) Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto en la presente a fin de que adopte las medidas que estime necesarias.

3°) Notificar lo aquí decidido a la Cámara Federal de Casación Penal.

5084.2023

Se reanudó este martes el debate del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, tras el receso obligado por las elecciones primarias. Ahora habrá otro impasse, pues no se reunirá la comisión la próxima semana.

Así lo anunció su titular, Carolina Gaillard, quien precisó que el próximo encuentro será la semana siguiente, para luego dejar establecida la fecha: el martes 12 de septiembre, a las 13. En vísperas de la que podría ser una sesión especial convocada por el oficialismo para tratar una serie de proyectos que acaban de ser dictaminados o están a punto de estarlo.

En esa oportunidad se espera concluir con la causa “coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, para arrancar –tal vez esa misma jornada- con la causal “Consejo de la Magistratura”. Luego de ese tema, según se anticipó, avanzarán con el tema de la suspensión de elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, dispuestas por el Tribunal Supremo.

Hasta ahora se realizaron cinco reuniones relacionadas con el tema coparticipación. Originalmente se había previsto que fueran por lo menos cuatro.

Tras el parate impuesto por las elecciones primarias, la Comisión de Juicio Político reanuda este martes su agenda, con la presencia de tres testigos clave, en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El exministro de Justicia y Seguridad  porteña, Marcelo D’Alessandro ha sido citado por tercera vez, esta vez citado bajo apercibimiento y luego de haberle dado la intervención a un juez competente para que el exfuncionario comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista, que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

La Corte Suprema de Justicia le ordenó al Congreso de la Nación que brinde toda la información publicada vinculada con el concurso para cubrir el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La ordenanza surge a partir de un reclamo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que apeló al derecho al acceso a la información pública vigente en la legislación nacional.

Ambas cámaras presentaron apelaciones contra un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ya había ordenado la entrega de la información, pero desde el máximo tribunal de justicia reafirmaron la orden.

La información en cuestión es administrada por la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esencialmente “los exámenes de los participantes que habían rendido prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes que se estaba llevando a cabo para cubrir el cargo”.

La Bicameral había rechazado el planteo por entender que “comprometía los derechos e intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial y, además, se hallaba amparada por el secreto profesional”.

Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó que permitiera “el acceso a copia íntegra de todos los exámenes de los candidatos que rindieron la prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes, del 28 de setiembre de 2018, corregidos y con sus respectivas notas, identificando en cada caso a los postulantes autores de cada uno de ellos”.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispondrá de diez días para entregar la información solicitada.

La Comisión de Juicio Político reanudará su agenda el próximo martes 29 de agosto a las 13 a la cual se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.

Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

Se reprogramó la convocatoria a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que estaba citada en un principio para el martes 22, pero será el próximo 29 de agosto. Para ese día se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.

Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

La defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, reiteró ante la Corte Suprema de Justicia su reclamo para que se declare la nulidad de la causa Cuadernos y pidió que sume al análisis de ese planteo copias de las pericias que determinaron alteraciones en los escritos del remisero Oscar Centeno.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito en el que solicitaron al máximo tribunal que le pida al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi una copia de esas pericias.

Se trata de pericias que el magistrado ordenó en el marco de la causa que investiga la denuncia de un empresario imputado en el caso, Armando Loson, sobre alteraciones, tachaduras y sobreescrituras a los cuadernos atribuidos a Centeno.

En el marco de la investigación se deprendieron dos trabajos, uno realizado por la división Scopometría de la Policía Federal y otro por expertos en lingüística de la UBA, la Universidad de Mar del Plata y el CONICET que constataron tachaduras, sobre escrituras y borrados en al menos tres de los ocho cuadernos.

Por este motivo, la defensa de la vicepresidenta aludió a la presencia de un “nuevo hecho”, en relación a estas pericias que detectaron alteraciones en base a copias de los cuadernos manuscritos atribuidos a Centeno “en el marco de la incidencia en la cual justamente se debate la validez de los actos que dieron origen a este proceso”.

“A todo evento, cabe recordar que, según inveterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recursos deben ser resueltos a partir de las circunstancias corroboradas al momento de fallar, lo cual ratifica la procedencia y la pertinencia de la presente solicitud”, sostiene el escrito de los abogados.

La defensa justificó la presentación diciendo que “en los últimos días distintos medios periodísticos dieron a conocer que se llevaron a cabo dos estudios periciales (uno realizado por expertos de la Policía Federal Argentina y el otro por especialistas de la Universidad de Buenos Aires) referidos a los presuntos ‘cuadernos’ (fotocopias) que fueron utilizados para dar inicio a estas actuaciones”.

Al respecto, señalaron que la experticia privada realizada fue requerida tras la denuncia del empresario Armando Loson, que también fue incorporada al mismo proceso judicial, la cual con carácter previo había determinado la existencia de aproximadamente 1600 alteraciones de texto en las inscripciones de los cuadernos.

Esos peritajes determinaron -según la presentación de la vicepresidenta-, que un amigo del chofer Oscar Centeno, el expolicía Jorge Bacigalupo “efectuó correcciones y sobre inscripciones en los referidos cuadernos, modificando nombres y fechas allí consignados”.

“Por su parte, el estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires estableció que en la confección de los `cuadernos´ peritados intervinieron distintas personas y que el lenguaje utilizado en muchos de sus pasajes no se corresponde con el propio de Centeno, lo cual evidencia que tales tramos fueron dictados por terceros”, concluyeron.

“Más allá de las medidas que corresponda adoptar respecto a los responsables de estos gravísimos episodios y no obstante las diligencias convergentes que ya han sido requeridas por nuestra parte, corresponden que como medida para mejor proveer este Alto Tribunal oficie al Juzgado a efectos de que remita copia de los estudios periciales antes referenciados”, peticionaron los abogados Beraldi y Llernovoy.

El caso conocido como los cuadernos de las coimas, fue elevado a juicio oral en 2019. El expediente principal sostiene que Cristina Kirchner fue jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos, a través de una estructura montada desde el Ministerio de Planificación Federal. Quienes debía pagar diversas sumas de dinero eran contratistas del Estado del sector de la construcción, de energía, transporte esencialmente.

En una semana clave de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a disputarse el próximo domingo 13 de agosto, se daba por descontado que no estuviese en agenda ninguna reunión de comisión en las cámaras del Congreso. Sin embargo, en la tarde del viernes salió la convocatoria a reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard.

La convocatoria, que es para este martes a las 11 de la mañana, viene con dos platos fuertes en el marco de la investigación por la causa Coparticipación a CABA. Uno de los citados es Marcelo Silvio D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A él lo habían convocado para la última reunión y el día previo anunció que por razones particulares no podría estar y pidió ser reprogramado. Así las cosas, lo convocaron para este martes.

También se lo citó a Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su citación había sido aprobada en la última reunión, y al pedir por él, el diputado Rodolfo Tailhade lo mencionó como “el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”.

En la tarde de este lunes, se conoció la ampliación de la convocatoria y se citó a Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia CJN. Hasta el momento, no trascendió si alguno de los cuatro citados no asistirá a la reunión.

Tras la esperada declaración de Silvio Robles ante la Comisión de Juicio Político, donde hubo muchas preguntas que se abstuvo de responder, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade enfatizó: "La declaración de Robles vino a confirmar lo bien que estamos haciendo en hacer el juicio político a la Corte, porque el máximo funcionario después de los jueces es este cachivache que se presentó a despreciar a los representantes del pueblo, a la investigación y a tomarnos el pelo. Y seguramente lo hizo en connivencia con (Horacio) Rosatti".

"Es un testigo reticente claramente, una persona que no quiere declarar, que no quiere decir la verdad y no tiene ninguna justificación, es reticente y por lo tanto incurre en falso testimonio", apuntó el legislador K sobre el testimonio del director de la vocalía del presidente de la Corte.

Pese a que desde el oficialismo consideran necesario "un careo con Héctor Marchi", exadministrador de la Corte y hombre ligado a Ricardo Lorenzetti, el kirchnerista aclaró que a Robles no quieren "volver a llamarlo y que nos vuelva a decir las mismas cosas". Por eso, pedirán al máximo tribunal que "le ordene declarar sin la reserva".

Esto último es en alusión a uno de los dos instrumentos en los que se amparó el funcionario para no responder preguntas. Además de escudarse en el artículo 18 de la Constitución Nacional, para no declarar en contra de sí mismo, Robles también recurrió a un artículo del reglamento del Poder Judicial para mantener reserva.

"A Robles no lo podemos investigar, pero sí lo podemos obligar a declarar", afirmó y sostuvo que en la reunión "ninguna pregunta estuvo mal formulada, eran todas muy sencillas, pero evidentemente eran preguntas que lo comprometían, por qué sino no se entiende que se negara a responder sistemáticamente".

El oficialista dijo que buscarán conocer "si en la Corte hay conocimiento que un funcionario de máxima jerarquía está imputado en distintas investigaciones penales, si tienen conocimiento que hay causas contra él, y si se le iniciaron sumarios administrativos".

"Robles no es el objetivo, el objetivo es saber si Rosatti, (Carlos) Rosenkrantz, (Juan Carlos) Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño", subrayó en declaraciones a Radio 10.

También, Tailhade cuestionó que Robles "se amparó falsamente" en el artículo 18 de la Constitución "porque hoy no está imputado en ningún lado". Y, sobre el artículo del reglamento del Poder Judicial, señaló que anteriormente "vinieron 23 funcionarios de la Corte a la comisión, la mayoría secretarios letrados, y todos declararon sin ningún tipo de problemas, nadie invocó a ese artículo".

Gran expectativa había en torno a la presencia de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para que testificara ante la Comisión de Juicio Político de Diputados -presidida por la oficialista Carolina Gaillard- al retomar las reuniones por la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si el máximo tribunal deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

La de Robles, quien fue nombrado en numerosas ocasiones desde que se inició el proceso de Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, era la palabra esperada por el oficialismo que lo citó entre otras cosas para que testificara respecto a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que lo había visto presente , pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro.

Obviamente ese no fue único tema de interés por parte del kirchnerismo para indagarlo, ya que también lo interrogaron respecto de los famosos chats que mantuvo con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro -quien no compadeció este martes, pero pidió reprogramar su presencia-, los cuales la justicia desestimó. En algunas preguntas se colaron los temas sobre el fallo 2x1 e irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Previo a la ronda de preguntas, Robles afirmó que tiene una “relación funcional” con los magistrados y contó que a Rosatti lo conoce desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando “fue ministro de esa cartera bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo”.

“Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, expresó.

“Me han acusado falsamente”

En el inicio, el funcionario pidió autorización para leer un documento con el fin de hacer algunas aclaraciones. “Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, arrancó denunciando Robles.

“Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, apuntó.

Además, Robles señaló que “han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal figura en los fundamentos de este juicio político”.

“Sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que ya fue denunciada en una causa penal”, agregó y siguió: “Han dicho que en una SRL que participé antes de entrar a la Corte, que en la actualidad tiene el cuit inactivo y que no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte”.

En ese marco, Robles ratificó: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”, cerró.

El pedido de reticencia del oficialismo y el rechazo opositor

El oficialista Ramiro Gutiérrez planteó que ante la reticencia del testigo “se tomen las medidas correspondientes y se informe al superior jerárquico”, porque “nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar. En base a un comportamiento renuente que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo renuente”.

A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien manifestó que “el testigo no es un acusado, no es un investigado,bajo ningún punto de vista por parte de los integrantes de la comisión”.

Martínez le explicó a Robles que se lo había citadoen función del artículo 12 del reglamento interno de la comisión que establece “que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”, y le aclaró: “Por eso lo hemos convocado acá. Nosotros queremos su aporte para el esclarecimiento de la verdad para poner el foco en la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte”.

“Cada testigo tendrá sus subjetividades respecto de los miembros de la Corte, pero acá no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, ni estamos para tener ningún tipo de referencia de los testigos. Queremos saber la verdad y para eso lo citamos. Cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo lo pone en este lugar. Nadie de los que está acá tiene como objetivo al testigo que ha sido citado a declara que tiene que decir la verdad”, explayó Martínez.

De la vereda de enfrente, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) le planteó a Gaillard: “A tenor de lo que ha leído, el testigo ha jurado ser veraz. Si bien usted no es magistrada y pertenece a un espacio político usted tiene el deber de salvaguardar los derechos del testigo de no declarar contra sí mismo y a su honor. Y que por favor le ruego que no permita las preguntas de cargo a que tan aficionados son en su espacio político”.

En el mismo sentido se expresó el diputado Álvaro González (Pro) quien le dijo a Robles que “se sienta con la plena libertad de decir y hacer lo que crea conveniente sin que genere por parte del preconcepto que va a ser reticente. Diga lo que tenga que decir y se terminó”. También se sumó Pablo Tonelli, quien denunció que al testigo “se le ha hecho conocer una suerte de amenaza en orden a pedirle a la Corte que ejerza sus facultades de superintendencia si no responde a determinadas preguntas, algo que no tiene nada que ver”.

La ronda de preguntas

Fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau quien abrió este tramo de la reunión, pero previo a realizar las preguntas hizo una aclaración: “Acá no hay ninguna acusación al doctor Rosatti, solo se trata saber si ocurrieron distintas circunstancias que pueden llevar a una acusación, no se trata venir a victimizar al doctor Rosatti”.

“Es la primera vez que un testigo pretende elaborar las preguntas de quienes lo venimos a indagar. Eso es propio de cada diputado. Esto es un procedimiento que esta en la Constitución Nacional en el marco de las facultades que tiene con el reglamento que lo ordena la comisión”, sumó y cerró: “El testigo está como testigo no como imputado, por eso no se le aplica el artículo 18 de la Constitución Nacional, salvo que haya una circunstancia que el testigo pueda fundar en el hecho de auto incriminarse en una causa”.

Hechas esas aclaraciones, Moreau le preguntó desde cuándo conoce a Rosatti, a lo que Robles volvió a reiterar que es desde que trabajó como ministro en el Ministerio de Justicia en el 2004 en donde “era responsable de comunicaciones, inicialmente, después estuve acompañando en las distintas actividades que Rosatti indicaba”.

“Trabajé 15 años en el sector privado en distintos rubros en cargos gerenciales. Antes de estar con Rosatti, estuve casi un semestre en la Secretaría de Transporte de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, el titular era el ingeniero Ricardo Jaime. Luego de estar en el Ministerio de Justicia, fui convocado para estar en el de Economía a cargo de Felisa Miceli. Desde agosto de 2016 soy empleado judicial en la Corte Suprema”, relató Robles y afirmó que tiene título de periodista, no de abogado.

“¿Qué cargos y qué funciones tiene actualmente en la Corte?”, preguntó tajante Moreau, a lo que el funcionario contó: “Soy secretario no letrado en la vocalía del doctor Rosatti y el cargo que tengo es de director general”.

En una breve interrupción la diputada Mara Brawer le preguntó los motivos por cambio “de escalafón importante” de ser subsecretario de administración a director. “El cargo es subsecretario administrativo y el pase a director de la vocalía se realizó a través de una resolución firmada por los ministros de la Corte”, respondió y aclaró: “Yo no puedo evaluar la decisión de mis superiores”, y dijo desconocer “el contenido del expediente” respecto de los motivos de su traspaso.

A continuación, Moreau le pidió una descripción de sus actividades a diario a lo que Robles explicó que es secretario de Rosatti y que se encarga de las tareas de la superintendencia que Rosatti indica. “¿Usted se comunica con letrados de las otras vocalías para transmitir directivas del presidente de la Corte?”, consultó el oficialista, pero el funcionario solo respondió: “No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”.

Moreau insistió: “¿Usted se encarga de poner a la firma del doctor Rosatti los despachos?”, pero Robles reiteró: “Yo no manejo temas jurisdiccionales. El doctor es quien indica a todos sus colaboradores las decisiones que va a tomar, yo no le pongo nada a Rosatti”.

“¿Usted es el encargado de transmitir las directivas del doctor en relación a los expedientes que se tratan en las Secretarías judiciales de la Corte?”, interrumpió otra vez Brawer con una pregunta, pero el testigo insistió en que “no” maneja temas jurisdiccionales. Al respecto, la diputada le marcó que el doctor Gustavo Naveira secretario a cargo de la Secretaría N°7 de la Corte dijo que recibía directivas de expedientes del doctor Rosatti “directamente a través de Silvio Robles”. Pese a esa declaración, el testigo volvió a defenderse: “Yo no doy directivas, no manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”.

En un tono alterado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade interrumpió con la reformulación de las preguntas previas y cuestionó: “La pregunta no es si maneja o no temas jurisdiccionales, es si lleva instrucciones de Rosatti a algunas de las secretarías conozca o no temas jurídicos. ¿Lleva o no lleva temas? La pregunta es otra, no lo que él responde”.

Bajando la espuma, Gaillard procedió a explicarle a Robles: “Hay testigos que manifestaron que, para dirigirse al doctor Rosatti era a través suyo. La pregunta por eso es si usted da instrucciones en nombre de Rosatti a las distintas vocalías”. Inmediatamente le salió al cruce la diputada Mariana Stilman (CC-ARI): “No se le puede contrastar al testigo con declaraciones de otras personas. Se le puede repreguntar para que amplié, pero no se le puede decir que otra persona dijo tal cosa que se contrapone con lo que dice”.

Pese a eso, Robles retrucó: “Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”. “Es reticente, es reticente, se ampara para no responder”, comenzó a gritar Tailhade y lanzó: “Aparte está recontra mintiendo porque hace un ratito contestó y ahora no puede contestar”.

Tomando como base una nota periodística del diario Clarín, Moreau le preguntó si por el fallo 2x1 se reunió con el actual senador José Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, en una negativa a contestar Robles volvió a decir: “No manejo temas jurisdiccionales”. Moreau, disconforme con la respuesta volvió a repreguntar, ante lo que Robles dijo: “Desconozco absolutamente eso”.

“¿Conoce a Marcelo D’Alessandro?”, tiró de una Moreau, pero el testigo se negó a responder por si o por no y expresó: “Me remito a lo que dije al principio”. Ante ello, Gaillard le aclaró que “conocer o no a una persona no lo auto incrimina en algo”, pero Robles volvió a respaldarse: “Hay cuestiones que si están judicializadas y en atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”.

Le salió al cruce Germán Martínez quien le pidió que mencione las causas que están judicializadas que “lo llevan a invocar el artículo 18”. Pero la mano derecha de Rosatti planteó que no es abogado, sino que estaba en carácter de testigo y que “no está mi abogado que tramita las causas, no conozco los expedientes”. Ante la insistencia de Martínez, respondió: “Son las causas donde hubo denuncias la mayoría son públicas y que están en trámite, no recuerdo la carátula ni el número”.

Tailhade le planteó: “No existe hoy ninguna causa en trámite donde esté imputado el señor Robles. La única causa está cerrada”. En el mismo sentido y reiterando lo dicho al comienzo, Gutiérrez pidió que “se de curso a la pregunta que estaba en trámite para evaluar o no la reticencia del testigo y así informar a los superiores”.

“Es manifiestamente reticente el testigo porque invoca falsamente el artículo 18”, expresó Moreau tras reiterar su pregunta y pidió que se notifique a las autoridades superiores de la actitud del testigo.

Sobre la causa de coparticipación, el oficialista remitió a una nota del diario Perfil en el que informaba de una reunión entre jueces federales y funcionarios del Poder Judicial, de los cuales dos llegaron juntos al lugar D’Alessandro y Robles, ante lo que el diputado le preguntó si eso fue así. Sin embargo, el testigo expresó: “En esa comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta”.

Por otro lado, Moreau indagó por las declaraciones que hizo el contador Héctor Marchi en el tema de las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial respecto de la reticencia que tuvo para firmar el informe 4 y la no circulación del mismo a la totalidad de los ministros.

“Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder”, apuntó Robles y sumó: “El contador Marchi relató distintas historias, con distintas acusaciones y luego fue a sede judicial”.

Al respecto, Moreau pidió que “ante las reiteras contradicciones” se vote un careo entre ambos para “clarificar la situación” respecto del informe 4 de las irregularidades de la OSPJN. También le consultó por la eliminación de la casilla de emails del presidente de la Corte que le pidió a Andrés Sacchi.  Brawer también le preguntó qué hizo con el informe 4, si lo circuló o se publicó dentro de algún sitio en la Corte como “se hizo con los demás informes”.

En ese contexto de negación por parte del testigo a responder, Martínez cuestionó que “hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte de Robles que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica”. “Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público”, disparó y sumó: “El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión”.

“Me siento hostigado, más cuando hay causas judicializadas. Tampoco entiendo por qué me preguntan sobre cosas que hice antes de trabajar en la Corte Suprema. Me siento hostigado por el diputado al decir que tengo que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia”, lanzó Robles.

Retomando el tema central sobre coparticipación, Moreau le preguntó si participó de la audiencia de conciliación que se realizó en el Salón Bermejo y que convocó la Corte en marzo de 2022, a lo que Robles afirmó: “Estuve un rato, no toda la audiencia. Estuve por indicación de Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Creo que es la que se refirió la licenciada Batakis que me marcó en un lugar que no recuerdo dónde estaba, tampoco recuerdo dónde estaba sentada ella. Había gente para asistir a los ministros de maestranza, había gente de otras vocalías y había colegas de otra vocalía que saludé”.

“Me sorprendió que Batakis me marcara en un pizarrón cuando yo ni recuerdo si estaba sentado o parado o en el lado que ella indica. Ni sé dónde estaba ella”, agregó y negó haber participado de otras audiencias de conciliación.

El diputado oficialista le preguntó por la inundación que hubo en el despacho, a lo que el funcionario contó: “Fue a fin de enero, un lunes nos enteramos porque nos avisaron antes de llegar que se había roto un caño en el piso séptimo y filtró hasta la planta baja de un costado del ala de Uruguay donde tenemos los escritorios. Hubo un mail que, después el área pertinente informó, sobre el nivel de desperfectos que tenían más que ver con mampostería, muebles, aire acondicionado, las computadoras y discos rígidos no se dañaron. Ahora, después de que dejaron secar las paredes y el piso, estamos de vuelta en el despacho”.

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados para este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja desarrolló su décimonovena reunión, en torno al proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para esta nueva reunión las mayores expectativas estuvieron centradas en la presencia de Silvio Robles, director general de la Vocalía del doctor Horacio Rosatti); como así también estuvieron Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) y el contador público Alejandro Otero.

Estuvo ausente en cambio Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que según informó en el inicio de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a las 20 del lunes que “por cuestiones personales” no iba a poder asistir y pedía reprogramar la audiencia.

En esas circunstancias aclaró que habían pedido también reprogramar la toma de una “huella de voz” por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, cuestión que había sido prevista en la anterior reunión para chequear si es de D’Alessandro la voz que circuló en los audios difundidos por algunos medios, lo cual generó la reacción del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que advirtió que “esa prueba es fruto de espionaje ilegal; no van a subsanar una prueba ilegal con una pericia. No estamos de acuerdo con la pericia”.

“Ya fue votada y aprobada”, le aclaró Carolina Gaillard, que previamente había señalado que se le informaría al propio testigo por si quería designar un perito.

Al cierre de la extensa jornada que se extendió por más de siete horas, el oficialismo aprobó solicitar a la Corte la prueba del acto de designación de Robles, pedir el relevo de obligación de reserva del artículo 8 del reglamento interno del Poder Judicial "resumiendo lo que ha ocurrido en la reunión" para volver a citar al director de la vocalía de Rosatti. También votaron realizar un careo entre las declaraciones de Héctor Marchi y Robles por las "reiteras contradicciones" entre ambos a fin de clarificar la situación sobre el informe 4 de irregularidades en la OSPJN.

Gaillard detalló que aún está pendiente la citación a Carlos Mahiques "por la fiesta de cumpleaños la que motiva la excusación y recusación que presenta el Gobierno en la Corte". Además, propuso citar una audiencia de testigos expertos en el tema y "con eso estaríamos finalizando la investigación y armando el informe final sobre coparticipación".

Transferencia presupuestaria y no coeficiente fijo

El primer testigo de la jornada fue el contador Alejandro Otero, director de Relaciones Institucionales AFIP, quien había expuesto en el Senado cuando se debatió en las comisiones lo que finalmente sería la Ley 27.606 que redujo los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y llevó a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

Consultado por el diputado Marcelo Casaretto sobre el proceso por el cual se arribó originalmente al 1,40% de coparticipación que recibía CABA a partir de 2003 y qué servicios cubría con ese porcentaje, Otero pidió atender el contexto en el cual fue fijado ese porcentaje: el de la salida de la crisis de 2001. “La Ciudad hasta ese momento recibía una suma fija de 157 millones de pesos y a posterior de la crisis, y en la medida que la economía se fue ordenando la recaudación nacional y de las provincias, la masa coparticipable comenzó a crecer. Cuando eso sucede se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la Ciudad”, explicó el funcionario de la AFIP, que agregó: “Las otras tienen coeficiente fijo, apropiaban una porción creciente de recursos, mientras que la Ciudad seguía con los 157 millones. En ese contexto, la ciudad avanzó en negociaciones para equiparar su situación con las provincias y obtener un coeficiente”.

El 1,40% finalmente se fijó tomando en cuenta lo que representaban los 157 millones en 1988, cuando se aprobó la Ley de Coparticipación y entró en vigencia la 26.588. Aclaró Otero que “se aspiraba a que la situación de la Ciudad fuera revisada en el contexto de la situación de la coparticipación en su conjunto”.

Consultado respecto del trámite que llevó, durante la gestión de Cambiemos, en enero de 2016, el porcentaje de 1,40 a 3,75%, como dispuso el decreto 194, y a qué servicios estaba destinado, Alejandro Otero señaló que “del decreto no surge cuál es el fundamento del incremento”. Ese comentario fue el que mantuvo a lo largo de toda su exposición. “Hay un decreto posterior, el 399, que establece dos cosas: primero, que el nuevo coeficiente no afectaba al Fondo Solidario; decía por otro lado que el incremento correspondía al servicio de seguridad. Ninguno de los dos decretos, ni ese, ni el 257 que corrige a la baja el coeficiente, menciona cifra alguna”.

En otro pasaje, Otero recordó que en ocasión de presentarse en el Senado había dicho que hay dos regímenes que rigen las relaciones financieras entre las provincias y la Ciudad y los que permiten que los fondos lleguen a sus destinatarios. “En mi opinión, la transferencia de servicios debiera solventarse vía transferencia presupuestaria”, sostuvo, argumentando que si bien se insiste en que el coeficiente que recibió la Ciudad, tal como fue previsto, no afecta la distribución de la ciudad, no afecta la distribución secundaria, lo cual consideró “absolutamente cierto. Pero la Nación es una jurisdicción que no tiene un territorio propio. Los gastos que realiza repercuten sobre el territorio nacional”.

Así las cosas, consideró que “si bien no hay una afectación directa, sí en términos de federalismo argentino más amplio. (Porque) quedan menos recursos para que la Nación gaste en erogaciones con impacto en el resto de las provincias”.

“Cuando uno transfiere un servicio, eso tiene un valor; si uno transfiere esos recursos, esos recursos van a atender ese servicio; si uno lo hace vía coeficiente, si crece la coparticipación, o si baja, transfiere más o menos, generando un enriquecimiento sin causa”, explicó, justificando su opinión respecto de que la transferencia de recursos vaya acompañada vía transferencia presupuestaria”.

Otero consideró que a su juicio la sanción de la ley tuvo “varias virtudes. Vino a ordenar algo que había quedado mal ordenado. Por un lado, completó un proceso de transferencia de servicios a la Ciudad que se había acordado en un proceso a la Ciudad que se había acordado en un convenio aprobado por la Legislatura, pero nunca aprobado por el Congreso, y la Constitución demanda que así sea”.

“También ese proceso transparentó ese acuerdo. Hasta entonces no se conocía cuál era el costo de la prestación, por lo tanto enderezó la cuestión. Separó el coeficiente del financiamiento de los servicios que se transfieren; y estableció un régimen de transición.  Había un régimen que regía hasta que se aprobara la ley; a partir de que se aprobaba la ley, luego se preveía que se conviniera entre Ciudad y Nación cuál era el costo y cuales las formas de financiación”, planteó.

Agregó Otero que “la cautelar que aprobó la Corte pone en entredicho esas virtudes que le encuentro a la  norma y fija un coeficiente de 2,95%; ordena a la Nación que gire los fondos en función de ese coeficiente”.

El diputado Casaretto le preguntó s le parecía que esa cautelar distorsionaba el espíritu de la Ley de Coparticipación, a lo que Otero precisó que “hasta donde vi, no hay un cálculo de por qué ese es el coeficiente, como sí lo hay en el proyecto de ley y la ley. Si distorsiona, la propia cautelar lo dice; si altera la coparticipación secundaria, no, los recursos siguen saliendo de la porción de la Nación. Pero por lo que dije antes, sí: los recursos de Nación financian erogaciones que se gastan en conjunto de las provincias”.

¿Este porcentaje injustificado es una designación arbitraria?, le preguntó finalmente Casaretto, a lo que Otero respondió que “claramente no se conoce cuál es el cálculo y en tanto a ello, el fallo corresponde a la voluntad de quienes lo emitieron”.

A continuación, el diputado Juan Manuel López le preguntó cómo había tomado conocimiento del fallo de la Corte. “Por los medios”, respondió Otero, por lo que el diputado de la CC consideró que “no es un testigo, es un experto que nos está dando opinión. Tomó conocimiento por los medios como cualquiera. Si vamos a hacer una etapa de expertos, avísenos y hacemos una etapa de expertos”.

A continuación, López le preguntó si había sido funcionario del Gobierno de la Ciudad, a lo que Otero respondió que sí, que había sido director general de Rentas entre 2000 y 2006. “Cuando destituyen a Aníbal Ibarra”, observó López.

Audiencias conciliatorias y una nueva citación

El segundo testigo en declarar fue Alejandro Daniel Rodríguez, titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia desde febrero del 2019 hasta la actualidad, quien respondió más de 30 preguntas que le realizaron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, por el oficialismo, y Álvaro González, por la oposición.

En un primer momento, Rodríguez fue consultado sobre la intervención de su Secretaría respecto a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia contra el Estado nacional, a lo que respondió que “había dos cautelares previas del año 2020 puestas en conocimiento por los ministros (de la Corte), pero la Secretaría de Juicios Originarios no tuvo intervención en la cautelar”.

Además, reveló que “hubo dos audiencias de conciliación entre mayo del 2021 y marzo del 2022, y una tercera que no se llegó a hacer porque las dos partes (Nación y Ciudad) no tenían intención de conciliar”. “Nuestro deber fue identificar y explicar que la Corte Suprema buscaba la mediación en el conflicto”, agregó.

Consultado por las personas presentes en las audiencias, Rodríguez mencionó: “Estaba el ministro de Economía de la Nación (Martín Guzmán en ese entonces), el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires (Gabriel Astarloa), algunos funcionarios porteños, colaboradores míos y yo”.

Tras ello, el titular de la Secretaría de Juicios Originarios remarcó que el máximo tribunal de justicia reiteró el pedido de una tercera instancia conciliadora que nunca llegó a realizarse. Del mismo modo, explicó que la Secretaría de Jurisprudencia, a cargo de Federico De Lorenzo, “es quien carga todo lo referido al expediente en el sistema de la Corte”.

También, desconoció si existió alguna secretaría que -fuera de la suya- que haya participado del dictamen de la Corte. “No conozco la circulación y no sé cómo se gestó el proyecto de resolución, pero el orden de las firmas está preestablecido. Primero el presidente de la Corte Rosatti, luego el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, tercero Juan Carlos Maqueda, por antigüedad, y cuarto Ricardo Lorenzetti”, amplió.

Por otro lado, aseguró que el expediente de la Corte sobre fallo de la coparticipación federal “se encuentra en una computadora dentro de su Secretaría”, y afirmó que “se han efectuado algunas presentaciones desde las dos partes, pero no tiene movimientos ni decisiones desde el 21 de diciembre del 2022”.

El diputado Tailhade insistió en preguntar sobre alguna intervención de la Unidad de Análisis Económico respecto de los impactos económicos de la medida, pero Rodríguez aclaró que “nunca hubo ninguna intervención”. Asimismo, fue consultado sobre el tema (impactos económicos) y respondió que “es una apreciación que no me corresponde hacer”.

De este modo, el legislador pidió citar para la próxima reunión de Comisión de Juicio Político a Federico De Lorenzo, secretario de Jurisprudencia, y pedir el expediente a la Corte del fallo de la coparticipación federal, que al final de la declaración de Alejandro Rodríguez fue votado con resultado positivo.

De forma breve y directa, Leopoldo Moreau le consultó al secretario de Juicios Originarios respecto de la presencia de Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en alguna de las dos audiencias conciliadoras: “No lo recuerdo”, contestó Rodríguez.

Por ello, Rodríguez aclaró que “había muchas más personas de las que figuraban en el acta porque, en ese entonces, había restricciones sanitarias y tomamos medidas de distanciamiento”.

Del mismo modo, fue consultado por la presencia de Robles, Astarloa y Natalia Monayer (secretaria de la vocalía de Rosatti) en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, a lo que Rodríguez respondió que “sí estaban presentes”, pero aclaró que “no conversé con ninguno de ellos y asistí a la cena de fin de año por camaradería, pero de saber que había tanta gente (más de 700 personas) no hubiese ido”.

En contraposición, el diputado Álvaro González consultó sobre los tiempos de tramitación de la demanda de CABA hasta las dos audiencias de conciliación y Rodríguez explicó: “la causa fue presentada en 2020, al año hubo una audiencia conciliadora en 2021, y al otro año, la segunda reunión. La tercera no llegó a realizarse”.

De esta manera, González enfatizó en que “los tiempos de la Corte fueron prudentes y no hubo ningún apuro”. “Desde que empezó este proceso en febrero, hay cierta creencia de que la Corte tuvo incidencia en los tiempos y vemos que no ha sido así”, aseveró.

Finalmente, la presidenta de la comisión despidió al secretario de Juicios Originarios, Alejandro Daniel Rodríguez, y dejó establecida la citación de Federico De Lorenzo, titular de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para la próxima reunión.

Por último, llegó el turno de la declaración tan esperada de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema. Tras casi seis horas de interrogatorio, el funcionario se negó a responder las preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el reglamento interno del Poder Judicial.

Por el contrario, leyó un documento en el que denunció que lo acusaron falsamente de distintos hechos y que "intentaron construir una historia en base a calumnias". También que su familia recibió amenazas y cuestionó que lo "hostigaron" al realizarle algunas preguntas.

Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la décimonovena, desde que el 26 de enero se inició el  proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Según informaron a parlamentario.com fuentes de la comisión, las citaciones salieron hace dos semanas, el pasado 12 de julio, y hasta el momento ninguno de los testigos confirmó su asistencia o eventual ausencia.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

También se indagará a Robles en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, formalizó este miércoles la citación para que a la próxima reunión, que se realizará el martes 1 de agosto a las 13 tras el receso invernal, asistan Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, a fin de que testifiquen sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La fecha de la convocatoria a Robles y D’ Alessandro fue resuelta en el final de la reunión de este 11 de julio, para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional. Originalmente, la presencia de ambos estaba prevista para el 4 de julio, pero por cuestiones de agenda la citación se postergó.

En la nota suscripta por el subdirector a cargo Miguel López, también fueron citados para testificar Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema quien no pudo asistir a la reunión de este martes y pidió la reprogramación; y Alejandro Otero, Contador Público, Magister en Administración Pública.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

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La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció que la próxima reunión se realizará el martes primero de agosto (después del receso) y tendrá como testigos citados nada menos que a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, y al exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, además del doctor Alejandro Rodríguez.

En el final de la reunión de este 11 de julio, la presidenta confirmó la citación para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

En el segundo encuentro para analizar la causal “coparticipación” se escucharon nuevos testimonios y nuevamente todos los focos apuntaron hacia la figura de Silvio Robles.

Por la proliferación de otras reuniones en ambas cámaras, la 18° reunión de la Comisión de Juicio Político tuvo la particularidad de no ser protagonista excluyente de la actividad del Congreso. Y eso se notó también en ausencias importantes que se dieron en el transcurso del encuentro, por tener que cumplir algunos legisladores con su presencia en otras comisiones.

Tal cual lo previsto, se avanzó con la causa “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue la última audiencia antes del receso invernal, pues la actividad de esta comisión se retomará el 1 de agosto.

Como es habitual, la reunión arrancó con un pedido de ampliación de pruebas formulado por el diputado Rodolfo Tailhade, quien solicitó el testimonio de Alejandro Otero, actualmente funcionario de la AFIP y que fue el funcionario del Gobierno que expuso en el Senado, en oportunidad del tratamiento de lo que luego sería la Ley 27.606, que estableció el monto que se le asignaría a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación. Para Tailhade, “es muy interesante el análisis o el estudio que llevó adelante Otero, porque va a dar cuenta de los porcentajes de los que habla la ley”.

También pidió el legislador camporista que como prueba documental se librara oficial al Poder Ejecutivo para que remitiera a la comisión copia certificada del expediente de Jefatura de Gabinete 1831/2016, que es el antecedente del decreto 1914/16; asimismo el expediente que antecede el decreto 399/16, y los expedientes correspondientes a los decretos 257/18 y 735/2020.

Por último, Tailhade solicitó pedirle a la Corte Suprema librar oficio sobre la circulación entre dependencias, secretarías y vocalías de las causas en cuestión. Pidió también conocer la información pertinente de la vocalía que intervino en la redacción de la medida cautelar y, entre otras, cosas, el orden de los votos de los magistrados, como así también indicar si desde la presidencia de la Corte se había realizado algún peritaje o informe técnico que avalara el guarismo del fallo cautelar.

Previsiblemente, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que “esta es una causa en trámite, incluso el Poder Ejecutivo se sigue defendiendo con recursos, que si bien no son correctos, todavía están pendientes de resolución”. Así las cosas, advirtió que “no podemos confundir el expediente con esta comisión, y no podemos hostigar a la Corte en una causa que todavía tiene que resolver”. Por eso estimó que ninguna de esas medidas era “procedente” y, obviamente, no acompañarían esos pedidos, que de todas formas fueron aprobados por la mayoría de los miembros de la comisión que forman los legisladores del FdT.

Antes de votar, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que los expedientes solicitados tienen que ver con la búsqueda de determinar los actos resueltos por las partes. Respecto de Alejandro Rodríguez, al principio del juicio contó que el proyecto de la cautelar no  había pasado por la Secretaría de Juicios Originarios, razón por la cual había sido citado.

Los testimonios

De los testigos convocados, estuvieron la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias, quien por ese cargo tuvo dentro del Ministerio del Interior fue parte de las audiencias con la Corte en la previa del fallo. También expusieron los fiscales de Estado de las provincias, quienes apoyaron el pedido de enjuiciamiento de los miembros de la Corte: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

El testigo que no asistió y pidió ser reprogramado fue Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires.

La primera testigo de la jornada fue la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien concurrió en función del rol que tuvo como secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. Recordó que entre las áreas que manejaba se encontraba la que hace a las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias.

Al responder preguntas del diputado Marcelo Casaretto (FdT), la funcionaria mencionó que “la Ley de Coparticipación es del año 88, y la Ciudad reconoce su autonomía en el año 94, cuando también la Constitución le da carácter constitucional al régimen de coparticipación”.

Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de esos tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, señaló y subrayó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

Un pasaje polémico se dio cuando el diputado Leopoldo Moreau, quien consultó a la testigo sobre la presencia de Silvio Robles en la audiencia convocada por la Corte de la que participaron representantes del Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad. Batakis ubicó dónde se encontraba sentado Robles, quien no figuraba en el acta redactada sobre la reunión. “El hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice, que puede haber motivado algún chiste, tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”, sostuvo Leopoldo Moreau. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Moreau planteó que “estamos cuestionando este fallo cautelar porque tenemos la sospecha más que fundada de que ha sido negociado y traficado por este fantasma que no aparece en el acta y parece actuar como quinto cortesano”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta.

Los representantes de las provincias

El primero en exponer de parte de las provincias fue Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero, quien dio expresó que su provincia se manifestó contra el aumento de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto “se trataba de una causa donde estaba directa o indirectamente comprometida la coparticipación federal y todas las provincias que tienen interés en el mismo, solicitábamos ser escuchados”.

Respecto del fallo, estimó que “no es fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo”.

“El fallo en sí es un adelanto de opinión respecto de la causa principal, puesto que se establece una verosimilitud de derechos que es señalada por la Corte, pero no es argumentada, y un fallo cautelar de este tipo contra una ley, indudablemente está marcando un rumbo que seguramente para los que entienden del derecho la Corte no se va a poder apartar de este rumbo”, sintetizó.

En línea con lo que después expondrían sus colegas, el funcionario provincial cuestionó que no les hubiera dado participación a las provincias para ser escuchadas como amicus curiae.

¿En ningún caso obtuvo respuesta?, le preguntó Germán Martínez respecto de su pedido de ser reconocidos como amicus curiae. “No es que no hemos tenido respuesta, no ha tenido entrada: quedó en canastilla el pedido, por lo menos el de la provincia de Santiago del Estero”, respondió.

Esa situación llevó a la oposición a exponer sus reparos por cuanto “el mismo testigo reconoció que él no es parte, por lo cual por sus propios sentidos no sabe nada, sino que viene acá a hablar porque conoce de la materia, y porque intentó ser amigo del tribunal”, según señaló Juan Manuel López.

Para terminar su intervención, Abate respondió que “el silencio de la Corte es un desprecio a las provincias”, y le mandó un mensaje directo a todos los diputados de la oposición con cierta ironía: “Gracias a todos por su silencio”.

El Doctor Pedro Oscar Goyochea es el Asesor General de Gobierno de la provincia de La Rioja, y luego de ser presentado formalmente por la presidenta de la comisión Gaillard, expuso que “por pedido del gobernador riojando (Ricardo) Quintela se presentó ante la Corte Suprema en julio y en diciembre del 2022 para rever la Acordada”.

“La presentación en estas dos instancias fue argumentada por naturaleza histórica y de carácter jurisprudencial. Hemos advertido que la Corte Suprema a partir del 2017 adoptó un nuevo estándar referido a las presentaciones de CABA para tener participación en causas originarias”, expresó.

Además, Goyochea añadió que “CABA logró esta situación de privilegio para participar en estas instancias judiciales”. “Se termina beneficiando con las partidas de coparticipación y a partir de esto, La Rioja solicita el amicus curiae”, señaló.

Ante la pregunta del diputado Rodolfo Tailhade respecto a la composición del 2,95 por ciento de coparticipación a CABA, el riojano contestó que “no aparece en la cautelar ningún calculo que justifique ese número”. “La Rioja tiene en la Constitución provincial dos órganos que tienen las facultades de suscribir este tipo de demandas, pero en ninguna de las dos ha proveído dicha solicitud por parte de la Corte Suprema”.

Consultado por el Pacto Fiscal 2020, Goyochea aclaró que “debe ser homologado en la Legislatura porque la estructura que presenta permite visualizar los acuerdos vinculados con la coparticipación y esto permite visibilidad sobre los fondos de coparticipación”.

Por último, el oficialista Tailhade le preguntó sobre la filtración de conversaciones entre Silvio Robles, asesor de la Corte Suprema, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, a lo que respondió: “Se erradicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Federal y hay elementos de pruebas y suficientes para realizar una investigación”.

No obstante, Goyochea afirmó que la denuncia realizada “fue enviada hacia los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y cayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti”. En esta instancia, Tailhade aprovechó para ironizar en contra de la magistrada, quien está a cargo de la investigación por el intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El anteúltimo expositor fue el doctor Marcos Denett (fiscal de Estado de la provincia de Catamarca), quien fue presentado por el diputado riojano Ricardo Herrera (FdT). “La provincia de Catamarca se presentó para ejercer las facultades instaurados a través de la Acordada de la Corte como amigo del tribunal”, explicó el fiscal.

“El objetivo fundamental fue enriquecer el debate constitucional porque es el el debate realmente nos interesaba. Referenciamos que la coparticipación federal de impuestos y explicamos que la Corte del 2016 al 2020, tuvo desfasajes en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, afirmó.

En esa línea, el catamarqueño agregó que “todo el arco federal planteó su disconformidad”. “Pedirle a la Corte que aplicará la ley como corresponde nos parecía una situación de vergüenza ajena porque excedía el marco conceptual, pero debíamos manifestarlo”.

Además, expresó: “CABA tiene beneficios injustificados porque tienen tarifas diferenciadas y jamás la Corte determinó nuestra presentación”, y aseveró que “la Corte vulneró el régimen constitucional de las garantías del debido proceso, se violentaron normas y se violentó el federalismo”.

“El silencio fue la respuesta de las dos presentaciones que realizamos y nosotros le dijimos a la Corte que CABA intenta tergiversar maliciosamente en su favor”, indicó Denett. Del mismo modo, se mostró consternado y agregó que “venimos trabajando fuertemente por muchos años de postergación”

Denett relató que “vemos los edificios iluminados y vacíos de gente en CABA y a nosotros nos duele tener un foco prendido en el interior”. “Hay una diferencia estructural de desigualdad que ningún gobierno pudo modificar. Esto es lo que lo queremos explicarle a la Corte Suprema”, enfatizó.

“La Corte desbarró con esta sentencia porque sus fundamentos no tienen respaldo en la legislación vigente y este fallo me ha generado desazón como abogado”, finalizó el fiscal estatal de la provincia de Catamarca.

Finalmente, el fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Tanarro, respondió las preguntas que le la diputada entrerriana Blanca Osuna y expresó que “el mecanismo de coparticipación que impuso la Corte incidía directamente en las finanzas y economía de las provincias”.

“Nosotros queríamos con estas presentaciones, argumentar la importancia de que se mantuviera la ley vigente. Fuimos los primeros en hacerla, pero la Corte no la aceptó por mesa de entrada aun, y nuestros pedidos siguen sin ser respondidos por parte de la Corte”, manifestó.

A su vez, expresó que “la Corte se extralimita en sus funciones, y establece un porcentaje infundado para nosotros del 2,95 por ciento”, y contestó sobre los decretos 194/16 y 257/18 que definieron índices de coparticipación: “Nosotros entendemos que el 194 carece de fundamentos y no fue acordado con la transferencia de seguridad a CABA, y el 257 fue producto del consenso fiscal del 2017, reduce la cifra. Entendíamos nosotros que el 735 venia a solucionar fallas de estos decretos”.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Juicio Político dio por finalizada la reunión y anunció que la próxima será el martes primero de agosto con las citaciones a Silvio Robles (asesor del presidente de la Corte Rosatti), Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño) y al doctor Alejandro Rodríguez.

El titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Joaquín Alperovich, testificó ante la Comisión de Juicio Político de Diputados por el fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación.

En carácter de segundo y último testigo de la reunión de este jueves, contó que ingresó a trabajar a la Corte en mayo del 2016 y que las funciones son “a pedido por indicación de la presidencia de la Corte Suprema realizar estudios sobre el impacto o efectos que puede tener trámites o decisiones que involucren al máximo tribunal en variables económicas”.

“Proveer de esos informes y solicitar la información a los organismos pertinentes para poder realizar esos estudios y asistir a la Secretaría General de la Administración de acuerdo a lo que solicite”, completó. Al respecto, comentó que se le ha solicitado que efectúe ciertos cálculos y que revisara cálculos realizados por peritos por posibles errores y ejemplificó: “También en otras circunstancias ver el impacto de la aplicación retroactiva donde se me solicitó ver el efecto que podría tener aplicar retroactivos una modificación a la ley de riesgo de trabajo”.

Y sumó otros casos como “calcular el efecto de aplicar el RIPTER o aplicar tasa activa del Banco Nación o en relación a los precios y presentar las distintas situaciones que pueden suceder ante esos ejercicios financieros”.

Al ser consultado por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre qué autoridad de la Corte le solicita dichos cálculos, Alperovich afirmó: “Los miembros de la Corte no, yo no he tenido interacción con ningún miembro de la Corte en estos años. El pedido es a través de la Secretaría General y algún secretario letrado me ha informado la problemática”.

Al ser consultado sobre si en el fallo de la cautelar de la Corte cuestionado había intervenido la Unidad de Análisis Económico de la Corte, para elaborar un informe técnico, el licenciado afirmó que “no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco”, desconociendo los motivos por los cuales no se le dio intervención a su área.

Siley le preguntó si conoce la causa de Coparticipación, a lo que el testigo acotó: “Si, en términos generales la conozco”, y explicó: “Desconozco la razón por la cual un secretario le solicite a la presidencia dar intervención o consultar o pedir un cálculo particular a la Unidad de Análisis lo cual ha sido la lógica que siguió el máximo tribunal en esta oportunidad”.

A su vez, optó por no expresar una suposición en caso de que le haya tocado elaborar un informe sobre el tema justificando que “la causa está abierta” y agregó: “El alcance de lo que eventualmente podría solicitar la autoridad del Tribunal depende de cuáles serían sus inquietudes y no lo podemos saber hasta el momento que se realice. Entiendo que si se trata de cálculos económicos debería poder hacer el impacto”.

A su turno, el oficialista Leopoldo Moreau le consultó si su oficina, además de hacer apoyo económico, realiza apoyo estadístico sobre determinadas resoluciones o decisiones de la Corte, Alperovich dijo desconocer si “hay alguna otra área de la Corte que lleve algún reglamento estadístico específico”, y explicó que la estadísticas que se relevan tienen más que ver con “indicadores económicos o macroeconómicos que se actualizan a los efectos de poder estar en condiciones de atender necesidades tanto de la administración como de la secretaría o del tribunal”.

El chaqueño Juan Manuel Pedrini, le consultó por un email que envió con el asunto “Policía Federal Argentina- Gasto en personal”, a lo que Alperovich aclaró que eso fue en su carácter de director de la Oficina Nacional de Presupuesto cuando “se estaba analizando el convenio de la transferencia. Tuve que transferir información por evidente indicación de la autoridad de la subsecretaría. Fue el 12 de enero de 2016”.

En esa línea, Pedrini volvió sobre el tema del traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y le preguntó si tuvo alguna intervención, ante lo que el testigo respondió: “No, a ver evidentemente la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad. Yo en calidad de director nacional de la oficina de presupuesto brindé, por indicación, información de carácter presupuestaria porque hay diferencia entre gastos y costos”.

El primer testigo de este jueves fue Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien fundamentó la postura oficial sumamente crítica respecto de la decisión de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.

Al ser interrogado por Leopoldo Moreau sobre los tres decretos de la gestión Cambiemos que beneficiaron a la Ciudad, el funcionario sostuvo que la postura del Gobierno nacional respecto de los mismos queda condensada en los considerandos del decreto del año 2020 que los dejó sin efecto, en función de “la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo Nacional tienen aquellas medidas”.

Respecto de los “vicios” de esos decretos, Diez sostuvo que la Ciudad tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen. “A principios de 2016, fue suscripto entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo de la Ciudad el convenio de traspaso de funciones de seguridad en materia no federales. En el convenio de traspaso de la policía no fue estimado el costo que podía representar la ejecución o cumplimiento de esos servicios no federales, y tampoco se estableció allí ningún mecanismo o procedimiento destinado a establecerlo”, dijo el funcionario.

El subprocurador del Tesoro de la Nación sostuvo que “suscripto el convenio de transferencia de competencias que nada decía al respecto, un par de semanas más tarde fue dictado el decreto 194, que contempla el incremento de la coparticipación para la Ciudad”. Allí, agregó, “no van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad. Incluso hay un lenguaje bastante amplio que va más allá de la cuestión de seguridad”, abundó, señalando que por ejemplo se usaban frases que referían la intención de “consolidar la autonomía de la Ciudad”. Pero aclaró que “no van a encontrar allí referencia específica al costo de los servicios de seguridad transferidos”.

Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial. “En esos expedientes no van a encontrar ningún análisis específico que refiera el porqué de ese incremento -continuó-. Evidentemente alguien advirtió eso y propuso el decreto posterior, para vincular ese porcentaje con la transferencia de la seguridad, pero tampoco van a encontrar ningún análisis técnico económico-financiero que permita encontrar una correspondencia entre el costo de los servicios transferidos y ese diferencial de coparticipación”.

“Me suena bastante extraño que fuera un número redondo, que el 3,75 fuera a representar el porcentaje justo. Curiosamente dio eso”, deslizó, apuntando que el incremento de la coparticipación había sido el 1 de enero y recién en febrero se le trató de dar explicación vinculándolo con las cuestiones de seguridad.

Agregó que un par de años más tarde el porcentaje fue disminuido a 3,50, y esa baja de 0,25% estuvo vinculada a su juicio con una modificación que tuvo que ver con la coparticipación de ganancias. “Y ahí debe haber existido un reclamo de las provincias, al advertir que quedaba sobreasignada la Ciudad, y en el Pacto Fiscal 2017 se dijo que iban a rebajarlo, pero no se dijo a cuánto. Le sigue a ese Consenso Fiscal el decreto 257, que reduce el 0,25%, supuestamente al mayor costo que tuvo que asumir la ciudad con motivo de la transferencia de la seguridad en cuestiones no federales”.

El funcionario sostuvo luego que “nuestra postura en representación del Estado nacional es que los decretos 194, 392 y 257 carecen de fundación económico y financiera, y el cuestionamiento que desde la representación del Estado nacional hemos formulado estriba en que la forma de compensar el mayor costo fruto de la transferencia de servicios a una administración local no debe ser la fijación de un porcentaje determinado dentro de la coparticipación, sino la medición del costo, fijando luego una cláusula de ajuste. Pero no necesariamente atado a un porcentaje de la coparticipación”.

El otro planteamiento para fundamentar la “ilegitimidad” de los decretos, continuó, “es que hasta que se sancionó la ley que aprobó el convenio de transferencia, el Congreso no había sido expresamente oído en este punto, y nuestra postura es que si existe una transferencia de servicios, podemos analizar un escenario en el que en el marco de la Ley Cafiero pudieran celebrarse convenios de transferencia; pero estando expresamente involucrados recursos de la Nación, debía ser tratada la cuestión en el ámbito del Congreso”.

Al ser consultado sobre si el fallo de la cautelar de la Corte cuestionado había intervenido la Unidad de Análisis Económico de la Corte, para elaborar un informe técnico, Diez admitió que lo desconocía. “Sí puedo decirle que no hemos podido advertir en el expediente tal intervención. No se nos dio traslado a las partes del  informe pericial, y en el fallo del 21 de diciembre del año anterior, donde se fija el 2,95% mientras dure el juicio, no advierto ninguna fundamentación del porcentaje”.

“Por eso planteamos que esa decisión estaba encuadrada como una sentencia arbitraria, porque no da fundamentación el por qué”, agregó.

Más tarde, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que la Corte sí había fundamentado dicho porcentaje. "Me parece que su testimonio ha sido interesado y por lo tanto carece de objetividad", concluiría más tarde Tonelli.

La recusación

Para el funcionario, la Corte con su fallo “adelantó lo que será su sentencia futura”.

Al referirse a los chats y la participación de Silvio Robles en una fiesta con el exministro Marcelo D’Alessandro, Diez señaló que “de ser ciertos esos intercambios, muestran una relación promiscua impropia entre un funcionario del Poder Judicial y el ministro de Seguridad de la Ciudad”. Agregó que “la sola existencia de estas noticias periodísticas generaba un factor más que nos llevaba a sostener una recusación por estar en crisis la confianza sobre la equidistancia e imparcialidad de quien debía decidir sobre este proceso”.

“Luego de la aparición de estos chats, el Poder Ejecutivo Nacional decidió, acompañado por los gobernadores de las provincias, pedir la apertura del juicio político”, puntualizó.

La Comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Gaillard convocó formalmente este jueves a sus miembros para reunirse el próximo 6 de julio, a las 11 de la mañana, tal cual se venía anticipando.

Para esa jornada se espera recibir el informe del ministro de la Corte Supremam Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del reglamento interno de esa comisión, que establece lo siguiente: “Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. Lo establecido en este artículo no obsta al oportuno ejercicio de defensa por ante el Honorable Senado de la Nación”.

De tal manera, el juez Maqueda podrá presentarse ante la comisión, o bien hacer su descargo por escrito en torno a la cuestión referente a las supuestas irregularidades detectadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, durante el período que él estuvo a cargo de la misma.

La convocatoria a la reunión refiere también la presencia de testigos que serán citados por la causa “Coparticipación”, pero sin precisar quiénes son. Según se había anticipado, se espera la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y gobernadores del oficialismo. Se espera que los nombres se conozcan recién la próxima semana.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, notificó este miércoles formalmente al juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, para que comparezca ante ese cuerpo el próximo 6 de julio para que responda sobre irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

En la última reunión, que se llevó a cabo el 15 de junio, el oficialismo impuso su mayoría y votó a favor de citar a Maqueda, otorgándole diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. Al respecto, el magistrado podrá presentarse en forma presencial o bien enviar un escrito sobre las acusaciones de supuestas irregularidades en OSPJN.

La resolución aprobada por los diputados, de 53 carillas, se le atribuyeron al juez “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. Además, dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”, que la oposición adelantó no integrará.

Los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando desde que se inició el proceso a la Corte Suprema en febrero pasado.

Según esos testimonios, Maqueda está acusado por “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial”.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli había anticipado el rechazo de ese bloque a la citación a Maqueda y dijo que las supuestas irregularidades en el funcionamiento en el ente de salud judicial “no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país”. “Están lejísimo de constituir mal desempeño”, dijo, y advirtió sobre la “falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas”.

En tanto, la comisión de Juicio Político acordó además citar para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y a Marcelo D'Alessandro para que expongan en relación al fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

También, y para la próxima reunión de ese cuerpo, el próximo martes 27 de junio, resolvió invitar al ministro del Interior, Eduardo 'Wado’ De Pedro, y a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso.

Tras dos semanas sin encuentros, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), se reunió este martes para retomar y dar por finalizadas las audiencias con testigos sobre la causal de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

En torno a este tema se realizaron un total de seis reuniones en las que testificaron 17 testigos. De esta manera, a partir del próximo encuentro que será el jueves 16 de junio, la comisión iniciará la investigación sobre el fallo por Coparticipación.

Los testigos convocados fueron la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.

También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla. Burgos, quien no es contadora, estuvo a cargo de la firma de cheques millonarios de la obra social, y era identificada como “sobrina política” de Maqueda. Sin embargo, ella negó cualquier parentesco con el magistrado.

Durante el encuentro, a pedido de la diputada Mara Brawer se votó la solicitud de libro de actas donde el directorio remitía a la Corte las irregularidades y las dificultades para realizar la gestión para el funcionamiento de la obra social. “Hace tiempo que desde la comisión estamos buscando acceder a esa información”, planteó Gaillard.

También votaron a favor el pedido de las respuestas de la obra social sobre el caso de la jueza Martina Forns y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

Al cierre de la jornada, se calentó el ambiente en la comisión luego de que el oficialismo propusiera constituir una bicameral para profundizar la investigación sobre las irregularidades en el manejo de la obra social, algo que fue cuestionado por la oposición. Además, de forma nominal votaron a favor de formular cargos y citar al Dr Maqueda a efectuar el descargo del art 13 del reglamento de la comisión.

Dos testigos y un posible careo

Primera testigo de la jornada, Isabel López Alduncin, secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, relató que trabaja en el máximo tribunal hace 30 años y estuvo 20 en la Secretaría de Seguridad Social. Cuando fue designado presidente, Rosatti se comunicó con ella para tener dentro de su equipo a alguien que se desempeñara en seguridad social. Pero además se encarga de una parte laboral y de los amparos de salud de la obra social.

Al ser consultada sobre si Juan Carlos Maqueda estuvo a cargo del manejo de la obra social, la funcionaria respondió: “A partir de lo que se ha dicho acá, pareciera que sí”. Pero aclaró que no tuvo contacto con él, ya que se dedica específicamente “a expedientes jurisdiccionales, los que llegan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o prepagas”.

López Alduncin contó “el criterio en discapacidad que aplica en los fallos Rosatti”, quien la mayoría de veces tiene disidencia respecto al voto de los otros jueces. “No tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, sino con su interpretación de la Ley de Discapacidad”, señaló y dijo que el juez “lee la ley en la clave de la real oportunidad de trato que necesita todo colectivo vulnerable”, según establece la Constitución Nacional. En ese sentido, “si la ley dice que la cobertura es total, es total”, resaltó.

Sobre los recursos recibidos, la secretaria letrada detalló que “hay muchos que son desistidos por la obra social”, la cual “está bastante mal representada, así que muchos se rechazan en Corte, porque son bastante pobres. Y hay una minoría que sí, que se hace lugar, con disidencia del doctor Rosatti”.

Luego fue consultada por el diputado Leopoldo Moreau (FdT) por varios reclamos que se hicieron ante la Corte y, puntualmente, el oficialista apuntó el caso de “una niña paciente oncológica que murió estando su expediente en la Corte. Necesitaba un medicamento, el único posible según el tratamiento, indicado por el Hospital Gutiérrez”.

“El expediente no lo vi yo, le estoy diciendo que sí (que falleció) referencialmente, yo no lo estudié”, afirmó la testigo y después el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) pidió que el expediente sea puesto a conocimiento, por lo cual se solicitó como prueba informativa.

En otro tramo de su declaración, la funcionaria judicial opinó: “La obra social un tema a estudiar, de cómo está compuesta, su origen, cuáles son sus atribuciones, cómo se fue desenvolviendo en el tiempo y por qué hay ciertas actividades reglamentarias que las realiza la Corte y no la propia obra social, pero no quiero hablar de un tema que no tengo estudiado”.

Por otra parte, reveló que hasta enero de este año mantuvo un “chat de trabajo” con Silvio Robles -mano derecha de Rosatti- y Natalia Monayer, también de la vocalía del presidente y quien ya se presentó en la comisión. “No tengo el correo de Rosatti”, expresó y resaltó que recurría a ambos cuando necesitaba “urgente ver al ministro, porque es gente que se muere la que está en los expedientes”.  “Cuando no los encontraba por teléfono, los encontraba por ahí, como un canal de comunicación para ver doctor”, agregó y ratificó que, en febrero de este año, cuando regresó tras la feria, ese chat ya no estaba activo.

Al exponer este martes ante la Comisión de Juicio Político, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, contó que lleva más de 30 años en la Justicia. Y que está en la Corte desde el año 2010, siempre en el área del doctor Maqueda.

El eje del debate durante la intervención de esta segunda testigo se planteó en torno al correo electrónico enviado por Maqueda a sus colegas, el 30 de agosto de 2021, al dejar de actuar en la supervisión de la obra social. Villarruel dijo saber de ese mail, porque lo había recibido.

Al preguntarle Rodolfo Tailhade en qué momento había empezado a analizar expedientes de la superintendencia, la doctora Villarruel dijo que fue justo al ascender a secretaria letrada cuando comenzó a ver lo relacionado con la superintendencia de la obra social. “A todos los expedientes les doy el mismo trato: los estudio, los veo, y le comento al doctor Maqueda en qué consiste el caso y cuáles son las alternativas, y el doctor me dice cuál es su opinión, o qué hacer”.

Negó haber tenido diálogo habitual con el exdirector de la obra social Aldo Tonón, a quien dijo haber visto “poquísimas veces”. ¿En qué oportunidades? “En el cuarto piso, en un pasillo cercano a mi despacho”, dijo la abogada al referirse a los casos excepcionales en que podía haberlo visto.

Más adelante le preguntaron puntualmente sobre los mails de la jueza federal Martina Forns dirigidos al doctor Maqueda. Recordemos que se trata de la jueza federal de San Martín que ya declaró como testigo/damnificada de la obra social, por cuando durante la pandemia falleció su esposo afectado por Covid, y ante la comisión contó no haber tenido la atención pertinente de parte de la OSPJN. Villarruel respondió que recordaba el caso por haberlo escuchado en testimonios anteriores. Y al preguntársele si había interactuado con ella, la secretaria letrada de Maqueda contó que en la Corte Suprema también había trabajado su madre. “Ella me refirió que conocía a mi mamá, me habló con gran cariño de esa” y en ese contexto le habló del caso de su esposo. Le contó que necesitaba terapia intensiva, que había llegado al Sanatorio Güemes y que estaba preocupada porque el mismo no tenía convenio con la Obra Socia, y quería que le informaran si iban a cubrir o no esa internación.

“Ante esa situación tan angustiante, quizá podía aliviar un poco su preocupación sobre el tema económico, que era muy válido”, comentó Villarruel, que recordó haberle pedido los datos de su esposo y tras ello consultó con la obra social a ver si habían recibido ese número de reintegro. Desde la OSPJN le informaron que no lo encontraban, lo cual no le pareció ilógico, por cuanto “en ese momento todo el sistema estaba desbordado. No era ilógico que se les hubiera traspapelado. Me indicaron cuáles eran las direcciones de correo a las que debía enviar el pedido y le informé a la doctora Forns, y yo también reenvié ese mail a las direcciones que me indicaron”, dijo, precisando que su única intención no era que le otorgaran una atención especial, sino que pudieran atender esa situación.

A continuación, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó sobre las consultas formales o informales que le llegaban a ella para atender situaciones planteadas en la obra social, a lo que Villarruel aclaró que “las personas que llegaron a mí por alguna gestión de la obra social puedo contarlas con los dedos de una mano, incluyendo a la doctora Forns. Han sido escasísimos los casos, y siempre mi intervención ha estado limitada a ver si la Obra Social les había dado el curso debido”.

Moreau insistió en que le llamaba la atención que fueran “escasos los casos” que le llegaban a ella, cosa que a su juicio se daba de bruces con un párrafo de la renuncia de Maqueda a la supervisión de la OSPJN, en donde el cortesano resaltaba y agradecía la atención que el personal de su vocalía le había dedicado a atender situaciones de la obra social.

“No me considero alcanzada por ese párrafo porque no era mi tarea. Fueros escasísimos los casos en los que intervine”, remarcó la abogada.

“Si no se considera alcanzada por esta confesión de Maqueda, ¿le consta que el resto del personal de la vocalía llevaba adelante esta tarea, o ignoraba eso?”, insistió el diputado kirchnerista, a lo que Villarruel respondió que sabía que alguna vez habían ido afiliados a transmitir alguna inquietud a la privada del ministro. “Claramente no es todo el personal de la vocalía”, destacó ella.

Más adelante leyeron los mails enviados por la jueza Martina Forns al doctor Tonón, tras lo cual el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si tenían las respuestas de la Obra Social. Carolina Gaillard dijo primero que no tenían las respuestas y debían requerirlos, pero en ese momento le informaron que “nunca fueron contestados. Sí se sabía, dijo, que la obra social terminó haciéndose cargo de la prestación, pues así lo había contado la propia jueza, y ella misma había dicho que no le habían contestado. Lo cual mereció un reproche de López porque se hiciera cargo de que supuestamente no había respuestas, en función de los dichos de la jueza, por lo que reclamó que se le pidiera a la Corte enviar una aclaración sobre el tema.

Finalmente terminaron votando a favor de ese pedido y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

“Usted dijo que con los dedos de una mano contaría las veces que tuvo que atender este tipo de consultas o planteos de la obra social. ¿Cuáles son esos casos, se acuerda?”, preguntó Tailhade, a lo que Villarruel insistió en que habían sido personas que la habían consultado en función de su labor en el Poder Judicial, no porque estuviera específicamente en ese lugar de la Corte. Y en respuesta al diputado aclaró que, dado que se trataba de cuestiones de salud, no le parecía lógico brindar nombres. “Solo puedo decirle que mi participación fue igual de pequeña que con la doctora Forns”, concluyó.

Tras insistir una y otra vez con la lectura de la renuncia de Maqueda a su responsabilidad de supervisar la obra social, específicamente a ese párrafo de agradecimiento a su personal, Leopoldo Moreau dio por concluido que la “lectura integral” de esa nota “confirma que el doctor Maqueda agradece a todos el respaldo a su gestión… Estamos demostrando que tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte”.

Concluido el testimonio de María Villarruel, concluyeron que no era necesario un careo con Isabel López Alduncin, quien la había antecedido. “Hay algunas contradicciones, pero no al extremo de promover un careo –admitió Moreau-. En todo caso, después que repasemos las versiones taquigráficas veremos si eso se hace necesario”.

La palabra de una exdirectora de la OSPJN

A continuación, fue el turno de la doctora y ex directora de la OSPJN Claudia Viviana Madies también de la vocalía de Maqueda quien recordó que fue designada en la Obra Social por los integrantes de la Corte en su conjunto por “una resolución” e ingresó el 7 de abril de 2008 de manera formal y el cese en 2009 en agosto.

Además, detalló que es abogada especializada en el sistema de salud y cuenta con dos maestrías en Salud y Seguridad Social y en Bioética en Derecho. También fue jurista. “Por mi experiencia en el área de salud conocí a los miembros de la Corte, en especial a Lorenzetti y a Maqueda. A Lorenzetti lo conocí porque compartí la judicialización de la salud antes de que fuera juez de la Corte”, reveló la testigo.

“Hubo una situación irregular en la obra social con las prestaciones odontológicas en su momento y me convocaron”, informó y sumó que se entrevistó con Maqueda y Lorenzetti. “Se prefirió en ese momento que el Directorio Colegiado hubiera un integrante contador, otro abogado y otro médico que era Aldo Tonón”.

Así, la diputada Mara Brawer (FdT) le consultó si durante su función el juez Maqueda actuaba como a cargo de la obra social, ante lo que Madies afirmó: “En el mismo estatuto de la obra social hay la función de fiscalización de la obra social que recae en toda la Corte”, y agregó que han mantenido reuniones con Maqueda, con Lorenzetti, con diferentes miembros por distintos temas.

“Yo no interactuaba mucho con la Corte, sino con el equipo del directorio. Fueron pocas las veces que interactúe con la Corte. Podían pedirnos reuniones extraordinarias. Fue poco el tiempo que estuve, fue un año y tres meses y en ese periodo que fue fundacional, porque era la primera vez que intervenía un directorio colegiado, nuestra relación con la Corte era más acotada y nos preocupábamos más por llegar a un grupo de trabajo ejecutivo que implementara todos los objetivos que nos habíamos planteado en el estatuto”, explayó.

Madies informó que el trabajo consistía en dotar a la obra social de herramientas “más modernas” de las que tenía hasta ese momento que “habían generado la necesidad de la reforma del estatuto”. Además, sostuvo que como integrante del directorio “tenía menos tareas y responsabilidades asignadas” respecto del presidente o del vicepresidente.

“El trabajo consistía, en todo momento, de modernizar las instancias prestacionales que tenía la obra social, las de comunicación, las de afiliación, las de transparencia, publicidad de lo que tenía que hacer la obra social. Era un trabajo intenso”, reveló la exdirectora y añadió que hacían actas mensuales de la actividad y “ahí quedaban documentadas todas nuestras deliberaciones que eran desde comprar los insumos más básicos, recabar las necesidades, mejorar las prestaciones, dar atención a los reclamos presentados por los afiliados. “Era muy intenso el trabajo siendo que era un equipo en formación”, ratificó.

Sobre las actas, dijo no saber dónde quedaron, pero aseguró que eran en papel y se firmaban ológrafas. Madies, aseguró que en una primera etapa se “sintieron los avances más rápidos y productivos”. En una segunda etapa, sostuvo que “resultaba difícil avanzar porque teníamos un presidente de directorio que abría poco el juego, no nos dejaba hacer las actas. Teníamos problemas, el vice y yo como directora, de llevar medidas de gestión que fue motivo por el cual renuncie”, afirmó.

“¿El doctor Tonón impedía los avances que ustedes pedían?”, preguntó Brawer, a lo que Madies aclaró: “Más que impedía, creo que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, con un cuerpo colegiado porque teníamos una responsabilidad y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las gestiones y eso no nos permitía avanzar en el trabajo”.

En ese sentido, ejemplificó: “Tonón si tenía que hacer alguna contratación no nos daba mucho detalle, no nos aportaba la información. Era muy personalista y nosotros necesitábamos conocer esas gestiones por la responsabilidad que teníamos. No podríamos incidir en eso si él tenía un mandato como presidente que estaba por encima de nuestras atribuciones”, y apuntó: “No era posible dialogar mucho con él”.

Al votar la solicitud de las actas a pedido de Brawer, la testigo aclaró que en las mismas “documentábamos nuestro trabajo. Había momentos donde documentamos esta imposibilidad de llegar a acuerdos. Es sobre la gestión. También documentamos avances y logros”.

“La interacción con los miembros de la Corte era variada. Si había reuniones que mantenía Tonón como presidente del directorio que, muchas veces, no nos reportaba con quién se había reunido ni los resultados de la misma. Ahí teníamos la dificultad de interlocución”, aportó.

Respecto del trato de Tonón con los miembros, Madies relató que “era difícil abordar ese trabajo colegiado, pero tampoco puedo decir que era algo personal porque pasaba con otros miembros. Era una necesidad de gestionar con más independencia por parte de Tonón”. También revelo que elevaban informes mensuales, pero Tonón “hacía resúmenes y no los compartía con nosotros”.

Por otro lado, Brawer preguntó por las votaciones de los estados contables. Al respecto, la testigo precisó que la obra social “debía informes contables de periodos previos que nosotros, como miembros del directorio, impulsábamos que se realizaran porque estaban pendientes y no permitían hacer el informe del ejercicio que tenía, por eso era un tema que más insistíamos. Al momento que me fui, no logramos que esos informes contables estuviesen cerrados”.

Asimismo, sostuvo que “no” intervenía nadie de la Corte porque “era un problema interno del directorio”. También, afirmó que tenían atribuciones para las licitaciones y compras de insumos. “Siempre procuramos que mejorara el sistema sobre los legajos de los trabajadores, la transparencia de los pagos, considerando que la estructura de la obra social con el nuevo estatuto había aprobado un procedimiento distinto”, planteó.

Al ser consultada por las vacantes, aseguró que “había funciones que no estaban cubiertas. Impulsábamos la búsqueda de personas que pudieran cubrir esas vacantes de temas muy puntuales. Las funciones en general había informes de personas de rango inferior, del equipo médico, y donde no estaba la posibilidad de tener un informe de un técnico especializado estaba Tonón, él cubría esas funciones”.

Por otro lado, explicó que para los reclamos se abrió un buzón en la página web para recibir los reclamos de los afiliados y tratar de dar respuestas. “En estas gestiones si teníamos alguna dificultad, Tonón se encargaba de transmitir eso. Buscábamos apoyo de la Corte para solucionar problemas en el interior”, y aclaró que “Tonón refería que ‘había dio a la Corte’, no nos contaba mucho con quién hablaba. Esa era una dificultad. No nos rendía cuenta”.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le pidió si podía profundizar sobre las dificultades en las prestaciones de servicios de odontología, pero Madies aclaró que “cuando ingresé ya había tomado estado público. Había problemas con los implantes. Tuvimos el recaudo de tener una auditoría de odontología. Se tomaron muchas medidas por parte de la Corte para encausar el tema y uno fue dictar el estatuto y nombrar el directorio tripartito”.

“Decidí renunciar porque no logré hacer los avances que me propuse en el área”, contó. La diputada oficialista Paola Vessvessian le consultó si contaban con manuales de procedimiento de compras, pero la testigo aseguró que “no” y que “era algo que estaba pedido para que se haga”.

“Había una necesidad por parte del presidente de gestionar sin los codirectores”, disparó Madies ante la pregunta del oficialista Juan Manuel Pedrini y agregó: “Me planteé estar en un organismo colegiado donde asumía una responsabilidad y donde no tenía la oportunidad de incidir en el cambio, por lo tanto, di un paso al costado porque me aprecia contraproducente forzar una situación distinta siendo que mi rol era directora simple y había un presidente que se había definido quién tenía que liderar”. La relación era tirante porque costaba establecer estrategias que no eran las que proponía él y era difícil gestionar”.

Otros testimonios

Otro de los testimonios que se escuchó fue el del doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, que empezó a trabajar en el 2009 y, actualmente, es prosecretario administrativo desde el 2015. Fasciollo aseguró que tomó conocimiento del mail de Maqueda a través de los medios, pero “nunca” le llegó.

En tanto, explicó que la obra social es una dependencia del Poder Judicial y que forma parte del mismo y se cita a los fines de aclarar cuál es la normativa que rige en las licitaciones que “es a partir de una resolución de la Corte”.

“La obra social cuenta con una asesoría jurídica que no es un órgano de control, no es auditor del directorio. Llega un expediente solicitando un dictamen jurídico para evaluar una contratación o licitación. En el dictamen tengo que especificar quién está facultado para el llamado, el expediente no volvía. La asesoría aconseja, pero no controlamos al directorio”, aclaró ante las preguntas de Blanca Osuna (FdT).

A su vez, aclaró que no intervenía en los expedientes licitatorio sobre compra de medicamento porque los dictámenes en la asesoría llevaban su firma. “El expediente licitatorio se inicia en el área de compras y es girado a distintas áreas, una es la asesoría y se responde de manera formal. Había cuestiones de compras que no eran girados a la asesoría, no requerían la intervención nuestra. Pero licitaciones o contrataciones sí”, explicó.

“Hubo un incremento de afiliados y eso, eventualmente, hace que se generen aumentos de litigios sumado al avance de los medicamentos, la medicina fue avanzando y desde lo normativo no se fue acompañando desde la cobertura”, opinó el funcionario.

El contador público Iván Nicolás Ritvo reveló que las contrataciones son por períodos de estados contables, son de “3 a 4 meses es el plazo que se da para la realización de la tarea”. “Me contrató el directorio conformado por el doctor Tonón”, afirmó.

“Nunca mi trabajó fue analizar la gestión del ente ni cómo estaba dividida. mi función era juntar la información y llevarla a un ámbito profesional que es evaluación y exposición para confeccionar los estados contables”, explicó el contador y sumó: “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y no contenía toda la información que podía llegar a contener”,

Al respecto, remarcó que confeccionaba los estados contables en función de la información que le brindaban. “Sabia que el estado tenía falencias y fue por ese motivo que se trabajó con una base de datos cerrada para que no tenga manipulación y siempre trabajé de forma independiente”, precisó.

“No encontré el sistema acorde a la envergadura de la obra social y eso llevó a que la recopilación de datos sea un poco más lenta, que haya que revisar más papeles para conformar la información”, agregó y denunció que el sistema tenía vulnerabilidades que “podía sufrir modificaciones en cualquier momento y pedí trabajar con un sistema de base de datos cerrada”.

A su turno, la funcionaria de la obra social María Guadalupe Burgos aclaró que la función de “tesorería es de registrar y controlar los ingresos y egresos. No se toma decisión alguna, no es una oficina autónoma”.

“Todos los ingresos vienen ya con una orden previa. Lo mismo pasa con los egresos. Todo pasa por otros sectores como el de facturación, jurídica, contaduría donde se controla. Tesorería ejecuta la orden previa”, reveló.

La palabra de una damnificada

También testificó la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social quien precisó que es afiliada hace 38 años y que “en un principio cuando estaba el doctor Carranza Casares como director era muy personalizado todo, parecía una obra social de excelencia y hacía que muchas personas se quedaran trabajando en el Poder Judicial, era una de las razones”.

“He tenido una experiencia complicada en 2019”, contó y relató: “En febrero tuve un accidente que me provocó una fractura de clavícula en el hombro derecho, me internaron de urgencia y los médicos establecieron en el Sanatorio San Lucas en San Isidro que tenían que intervenirme y requerían una prótesis”.

Y continuó que “empezaron a demorarse, no me intervenían, los días empezaron a pasar. Hice una queja a la Clínica pensando que era un problema de ellos y ahí me dijeron que la obra social no otorga la prótesis y que había complicaciones. Tenía que ir hasta la obra social para el reclamo, pero no estaba en condición de hacerlo y empezaron los chats. Muchos jueces y juezas empezaron a presionar para que me den la prótesis”.

“Me operaron de urgencia con la prótesis que se consiguió, no con la que pedían los médicos. A raíz de esas demoras tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria según los informes de la clínica”, relató.

La testigo, recordó que durante el tiempo que estuvo internada que fueron cuatro meses “no tenía forma de que la obra social se hiciera cargo de los temas. Entonces una de las juezas que fue Martina Forns se vino hasta el sanatorio y empezó a ocuparse de los papeles porque al llamar por teléfono me decían que yo tenía que ir personalmente”, y sumó que “la internación domiciliaria también me costó conseguirla”.

“La obra social no tomba el tema y era muy difícil el tema de las licencias, de los reemplazos”, denunció y aclaró: “En la clínica me decían que no tenían forma que la obra social les respondieran. Incluso había dudas sobre mi afiliación. Era una situación de incertidumbre”.

Viano Carlomagno manifestó que nunca tuvo relación con autoridades ni de la obra social ni de la Corte Suprema, siempre dialogó con personal y precisó que las denuncias o reclamos se hacían personalmente, “no había un sistema de mail”.

“Con la internación domiciliaria me tuve que costear todo yo sola. El resto si lo pagaron todo respecto de la clínica, la prótesis, la internación”, denunció.