Muy esperada era la visita de Marcelo D’Alessandro a la Comisión de Juicio Político de Diputados, en el marco del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño y, más particularmente, por la causal del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su controversia con el Gobierno nacional por la coparticipación. 

Interrogado constantemente desde el oficialismo por su relación con Silvio Robles, director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el exministro de Justicia y Seguridad porteño afirmó este martes que los chats que se filtraron de su teléfono contienen conversaciones falsas y “la Justicia ya ha dictaminado que son un delito”. 

Al declarar ante la comisión, el exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta aseveró que “lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia”, en relación a los supuestos diálogos que habrían tenido con Robles sobre causas que tramitaban en la Corte respecto de coparticipación y Consejo de la Magistratura. 

Al igual que lo hizo Robles cuando asistió el pasado 1ro. de agosto, D’Alessandro evitó responder si lo conoce o no, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Aunque en el final le mostraron una foto del funcionario judicial para que diga si lo identificaba y contestó: “Sí, es Silvio Robles”.

Al ser interrogado por la diputada oficialista Vanesa Siley, el exministro porteño recordó que cuando le robaron la línea de su celular personal realizó la denuncia, y actualmente hay una en la Justicia  Federal y otra en la Justicia de la Ciudad. A continuación, cuando le preguntaron si conoce a Robles, arrancó: “Hay causas que están abiertas, que se están investigando. Hay gente que ya ha sido detenida y ha confesado que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les fueron encomendados, por los cuales recibieron dinero”. 

Continuó diciendo que “hay dictámenes de la Justicia” en relación a lo sucedido no sólo con él, sino también con “jueces, fiscales y políticos” que determinaron “que al tomar posesión del teléfono lo que se podía hacer era crear, modificar, alterar o editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho”. 

“Para no afectar mi derecho a defensa, en base a estas causas abiertas, me voy a amparar en el artículo 18”, contestó, a lo que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que “el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad”. “Presidenta, usted está presionando al testigo y eso no es correcto”, se quejó el diputado del Pro Pablo Tonelli, y Gaillard replicó: “Vamos a tratar de evitar, como en la reunión donde compareció el testigo Robles, cuando no contestó ninguna pregunta y en algunos casos excediéndose en el uso del artículo 18”. 

D’Alessandro dijo entonces que en las causas era “denunciante y querellante”, a lo que Siley explicó que “no está imputado por algún hecho bajo el cual se ampara por el artículo 18”. “Lo entiendo, sé cuál es el alcance de mis derechos y garantías, y no estoy mintiendo ni omitiendo verdad. La Justicia ya ha dictaminado que (los chats filtrados) son un delito”, insistió el testigo y expresó que “hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho a defensa”. 

Siley también lo consultó por una nota del diario Página/12 titulada “Un cumpleaños judicial”, en la que se relata que a la fiesta de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad, él habría llegado junto a Robles, el 15 de agosto de 2022, cuando todavía era ministro en funciones. “Más allá de interpretar que son hechos privados y no hacen al trabajo de esta comisión, me amparo en el artículo 18”, reiteró el exfuncionario porteño. 

En otro tramo, negó que en algún momento se le haya asignado un “rol político” en las causas de coparticipación y Consejo de la Magistratura. “Bajo ningún punto de vista, el rol estaba más abocado a la seguridad”, señaló y negó haber tenido relación, sobre todo, con la del Consejo. En cuanto a la de coparticipación, contó: “Me preguntaban en función de generar criterios técnicos para tratar de cuantificar el traspaso” de la Policía Federal.

Al reiterar Siley las consultas sobre las supuestas conversaciones, D’Alessandro le pidió que “no base las preguntas en algo que la Justicia ya determinó que es un delito”. “El contenido de esa información pública puede ser de interés para esta comisión, de hecho lo es.  Acá se está investigando el tráfico de influencias”, enfatizó la diputada oficialista ante las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio. 

Al leer un dictamen judicial, el exministro volvió a decir que la Justicia “ya se expidió, ya peritó y ya encontró a los culpables materiales confesos, por eso invalida absolutamente, no porque yo quisiera o usted quisiera, sino porque la Justicia así ya lo determinó, las supuestas conversaciones que dieron origen a una serie de denuncias”. “Yo jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones”, remarcó y sostuvo que espera que se llegue a “los autores intelectuales”. 

Pese a las críticas de la oposición, la presidenta ordenó que se leyera el contenido de los supuestos chats. Tras la lectura del secretario de la comisión, Tonelli apuntó que “la Justicia determinó que esa conversación es absolutamente falsa, y que no se trata de una filtración, sino de un hackeo, de una edición, de una creación de ese supuesto diálogo. Que la comisión después de que la Justicia determinó que esa conversación es falsa e inexistente, haga gala de eso, lo único que hace es que la comisión concurra en una ilegalidad manifiesta”. 

De la vereda de enfrente, el diputado Leopoldo Moreau reconoció que un hackeo es un hecho de “naturaleza ilegal”, pero replicó que “no es menos cierto que eso no establece por sí mismo la falsedad del diálogo” y “no está definitivamente comprobado que el contenido de ese hackeo no sea verdadero o falso, porque hay otros testimonios de periodistas que dicen que fueron parte de esas conversaciones, periodistas de Página/12 y La Nación”. Además, aclaró que D’Alessandro sí está investigado en una de las causas, por lo cual estaba en el derecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución si así entendía. 

Más tarde, el exministro fue consultado sobre por qué renunció a su cargo y contestó que fue “por motivos personales”. “Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme de acusaciones”, manifestó y respondió “bajo ningún punto de vista” cuando Siley le preguntó si había recibido presiones para hacerlo. 

El interrogatorio concluyó luego de que el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, pidiera autorización para mostrarle unas fotos al testigo. Se las alcanzó a Gaillard, quien mostró que se trataba de Silvio Robles en la oportunidad que se presentó ante la comisión. 

“Es para que diga si lo conoce”, acotó Martínez, y ante la respuesta afirmativa de D’Alessandro, exclamó que “¡Entonces lo conoce!”, desatando la reacción risueña de la bancada opositora. Entre las voces que se alzaron, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, comparó con “el Mago sin dientes”. “¿Lo conoce? ¡Pero nunca lo saludé!”, ironizó.

El exministro porteño aclaró que volvía a mantener la respuesta que había dado, respecto de que mantenía la reserva. Al cierre, Siley pidió votar un pedido a la Justicia Federal para que informara sobre todas las causas en las que estaría involucrado D’Alessandro, como denunciante o imputado. Se votó afirmativamente con la mayoría que cuenta el oficialismo.

En ese mismo sentido, antes de que D’Alessandro ingresara a la sala, el Frente de Todos volvió a requerir información a la Corte Suprema sobre existencia de causas judiciales en las cuales esté involucrado Robles, por haberse ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional constantemente en su declaración, y, en caso de ser así, si le han abierto sumario.

El diputado Rodolfo Tailhade reclamó que “se reitere a la Corte el requerimiento que hicimos en su momento porque no está respondido. Hay una suerte de burla a la comisión en la respuesta, porque responden cosas que no le preguntamos, y las que le preguntamos no son respondidas. Corresponde que insistamos”. 

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de la connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

En el primer encuentro posterior a las elecciones PASO, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su trabajo este martes. En la reunión, que se realiza desde las 13.16, se espera con expectativa el testimonio de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

En el marco de la investigación de la causal por mal desempeño contra los jueces de la Corte por el fallo de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, también fueron citados Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal, quien avisó que no asistirá en esta ocasión.

Esta es la tercera vez que se lo llama a D’Alessandro, luego que el oficialismo aprobara con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que el exfuncionario del Gobierno porteño comparezca ante los diputados, algo que evitó hacer antes de las elecciones.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de D’Alessandro con conversaciones entre él y Robles sobre la cuestión. Cuando concurrió a la comisión, el vocero de Rosatti se negó a responder si conocía a D’Alessandro.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

Tras el parate impuesto por las elecciones primarias, la Comisión de Juicio Político reanuda este martes su agenda, con la presencia de tres testigos clave, en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El exministro de Justicia y Seguridad  porteña, Marcelo D’Alessandro ha sido citado por tercera vez, esta vez citado bajo apercibimiento y luego de haberle dado la intervención a un juez competente para que el exfuncionario comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista, que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

La Comisión de Juicio Político reanudará su agenda el próximo martes 29 de agosto a las 13 a la cual se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.

Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

Se reprogramó la convocatoria a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que estaba citada en un principio para el martes 22, pero será el próximo 29 de agosto. Para ese día se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.

Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

Fracasó la intención del oficialismo de lograr nuevos testimonios en la Comisión de Juicio Político de Diputados a tan solo cinco días de las elecciones PASO, dado que no concurrió ninguno de los testigos que habían sido citados para este martes.

En el encuentro, que duró apenas 40 minutos, tampoco se hicieron presentes los legisladores de Juntos por el Cambio, que enviaron una carta a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que cuestionaron “prácticas irregulares” y calificaron de “maniobra burda” las “citaciones sobre la hora” a los testigos. 

Sin embargo, el Frente de Todos aprobó con su mayoría que un juez intervenga para que el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, comparezca ante los diputados. 

En el comienzo de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, comentó que D’Alessandro “ha informado nuevamente que por motivos personales no puede asistir”. Y, acto seguido, propuso a sus pares oficialistas que “adoptemos la tesitura que hemos adoptado con el resto de los testigos que no han venido, citándolo nuevamente bajo apercibimiento y dándole intervención al juez competente como lo hicimos con el doctor (Aldo) Tonón”.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión. 

Pero este martes tampoco se presentaron Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil y Contravencional de la Ciudad; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció recién este lunes, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición -en su nota dirigida a Moreau- criticó que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

 

3155-D-2023

En tanto, sobre Mahiques, el diputado Rodolfo Tailahde pidió “no dejar sin efecto la citación”, pero llamar a la comisión a otro, al que es fiscal federal de la Ciudad. “La persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D’Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”, dijo.

Por otra parte, en relación a la presentación de Robles la semana pasada, Gaillard sometió a votación el envío de una nota a la Corte pidiéndole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti. 

En el escrito, puntualmente se le pide al máximo tribunal que “evalúe iniciar en uso de sus facultades de superintendencia acciones sumariales al señor Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente en virtud de la arbitraria invocación del artículo 18 de la Constitución Nacional, así como del artículo 8, inciso b, del reglamento para la Justicia”. 

Mientras que “en lo que respecta a las causas judiciales a las que ha invocado para prestar declaración testimonial para abstenerse de contestar las preguntas”, reclamaron que se “informe en el plazo de 10 días improrrogables” a la comisión, si la Corte “conoce la existencia de las mismas y, en tal caso, si sustanció sumario administrativo o adoptó en su caso acciones disciplinarias en relación al funcionario”. Tailhade pidió que la nota no solo sea girada a Rosatti, como presidente de la Corte, sino al resto de los jueces –Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-.

Quien no dejó pasar la ausencia de la oposición fue el diputado Leopoldo Moreau, que resaltó que “el avance del juicio político no solamente ha ido demostrando y confirmando la existencia de gravísimas anomalías en el funcionamiento de la Corte, sino que nos ha ido llevando a correr el velo de una situación que es muy grave desde el punto de vista institucional. Estamos frente a la cabeza de un Poder Judicial que se ha manejado con intrigas, arbitrariedades, fallos contra derecho, fallos facciosos, dictados en particular a favor de una fuerza política”. 

Para el oficialista, el faltazo de Juntos por el Cambio fue porque “en la reunión anterior se tocó un nervio sensible” con “la convocatoria a Silvio Robles”. “Esta es la reacción”, lanzó, y se quejó que aunque Robles “ocultó la verdad” ha habido “un claro intento mediático de victimizar al testigo” cuando “en todo caso la que fue maltratada fue la comisión”. 

Pero también denunció que “la nueva mayoría de la Corte” está realizando “un despliegue muy amplio que está pretendiendo blindar a un sector del Poder Judicial”. “Está intimidando a algunos senadores de la Nación para que no presten quórum para pliegos que surgen de concursos”, advirtió sobre los acuerdos que se encuentran trabados en la Cámara alta y señaló que éstos nombramientos “perjudicarían en el Consejo de la Magistratura la correlación de fuerzas en favor de una lista de los magistrados. No es que impugnan la idoneidad”. 

“Hay una tarea de grupos económicos y medios hegemónicos de intimidación, los están intimidando a los senadores de la Nación”, agregó. 

Finalmente, el radical K consideró que “lo que está sucediendo hoy confirma que estamos en el buen camino, en el buen camino de garantizarles a todos los argentinos una Corte imparcial, transparente y que sea capaz de representar lo que debe representar”. 

Por último, se sometió a votación que la comisión remita a la justicia federal el informe preliminar sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, de modo que conste como presentación en las tres causas judiciales que se tramitan sobre este tema. 

En una semana clave de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a disputarse el próximo domingo 13 de agosto, se daba por descontado que no estuviese en agenda ninguna reunión de comisión en las cámaras del Congreso. Sin embargo, en la tarde del viernes salió la convocatoria a reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard.

La convocatoria, que es para este martes a las 11 de la mañana, viene con dos platos fuertes en el marco de la investigación por la causa Coparticipación a CABA. Uno de los citados es Marcelo Silvio D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A él lo habían convocado para la última reunión y el día previo anunció que por razones particulares no podría estar y pidió ser reprogramado. Así las cosas, lo convocaron para este martes.

También se lo citó a Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su citación había sido aprobada en la última reunión, y al pedir por él, el diputado Rodolfo Tailhade lo mencionó como “el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”.

En la tarde de este lunes, se conoció la ampliación de la convocatoria y se citó a Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia CJN. Hasta el momento, no trascendió si alguno de los cuatro citados no asistirá a la reunión.

Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la décimonovena, desde que el 26 de enero se inició el  proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Según informaron a parlamentario.com fuentes de la comisión, las citaciones salieron hace dos semanas, el pasado 12 de julio, y hasta el momento ninguno de los testigos confirmó su asistencia o eventual ausencia.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

También se indagará a Robles en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió al dictamen del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, quien resolvió a favor de la candidatura a jefe de Gobierno porteño de Jorge Macri y dijo: “Siempre hay un Mahiques para lo que un Macri guste mandar”.

“Hay un precedente del Tribunal Superior de la Ciudad, sobre Adrián Pérez de la Coalición Cívica, que quiso ser candidato a jefe de Gobierno, era funcionario nacional por lo cual vivía en CABA durante la semana y los fines de semana en Azul; y el Tribunal no le aceptó su candidatura por no tener residencia habitual, permanente e inmediata durante los últimos cinco años anteriores a la elección”, recordó y cuestionó que “ahora Mahiques hace todo al revés, aunque la Constitución es la misma”.

“Las Constituciones están hechas para ser cumplidas. El partido judicial está inclinando la cancha a favor de los Macri”, lanzó el oficialista y criticó al máximo tribunal porque “Jorge Macri está habilitado para presentarse cuando claramente no corresponde y la Corte no se mete, aunque sí se metió en San Juan y en Tucumán. Juegan siempre para el mismo lado”.

A propósito de la Corte Suprema, el legislador habló sobre el avance del juicio político y, sobre la última reunión de la comisión, señaló que “la declaración de (Silvina) Batakis fue muy importante porque se vincula con el motivo por el que empezamos el juicio político a la Corte, que no fue el fallo de la coparticipación, sino la la información que obtuvimos de medios públicos sobre (Silvio) Robles, quien se vanagloriaba con Marcelo D’Alessandro sobre la salida del fallo, lo cual fue tan escandaloso que le costó el puesto al entonces ministro de Seguridad de (Horacio Rodríguez) Larreta“.

“Batakis era secretaria en el Ministerio del Interior y participó de las audiencias con las provincias. Le preguntamos si había estado Silvio Robles en esas reuniones, aunque no figuraba en las actas, y ella dijo que sí. ¿Por qué no figuró en el acta que labró la Corte de esa reunión?”, agregó durante una entrevista en el programa Desiguales de la TV Pública.

Además, el diputado del Frente de Todos añadió que “Rodríguez Larreta sacó a D’Alessandro no por Lago Escondido, sino por esos diálogos con Robles, donde quedó al descubierto la complicidad”. “Robles debe declarar en la comisión, y si no deberá intervenir la fuerza pública. No tiene ninguna causa en su contra, porque las hizo cerrar rápido”, completó.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, formalizó este miércoles la citación para que a la próxima reunión, que se realizará el martes 1 de agosto a las 13 tras el receso invernal, asistan Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, a fin de que testifiquen sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La fecha de la convocatoria a Robles y D’ Alessandro fue resuelta en el final de la reunión de este 11 de julio, para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional. Originalmente, la presencia de ambos estaba prevista para el 4 de julio, pero por cuestiones de agenda la citación se postergó.

En la nota suscripta por el subdirector a cargo Miguel López, también fueron citados para testificar Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema quien no pudo asistir a la reunión de este martes y pidió la reprogramación; y Alejandro Otero, Contador Público, Magister en Administración Pública.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

CITACION-010823

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció que la próxima reunión se realizará el martes primero de agosto (después del receso) y tendrá como testigos citados nada menos que a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, y al exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, además del doctor Alejandro Rodríguez.

En el final de la reunión de este 11 de julio, la presidenta confirmó la citación para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

El oficialismo impuso una vez más su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para aprobar una ampliación de prueba en el marco de la investigación por mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema, a partir del fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación. 

Entre varios testigos que propuso citar, y prueba documental para incorporar, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade (FdT) solicitó que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

En los chats filtrados no sólo hay mensajes escritos, sino “distintos audios”, afirmó el legislador y resaltó: “Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis de investigación que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso”. Por eso, subrayó la importancia de probar “la verosimilitud de estas filtraciones”. 

“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente”, expresó y dijo que la voz de D’Alessandro se podía extraer de reportajes televisivos y que “la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje” de cotejo. En ese sentido, agregó que “cuando venga D’Alessandro (a la comisión), usted presidenta ordene a la División de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando declara”.

En el pedido de ampliación de prueba que se circuló este jueves a los miembros de la comisión, Tailhade argumentó que “dado que estas ‘huellas de voz’ son una prueba pertinente y útil para acreditar maniobras delictivas compatibles con el tráfico de influencias como práctica habitual y organizada, es importante su pesquisa a los fines probatorios. Máxime, cuando los audios o chats de un teléfono pueden borrarse pero la voz no puede ser adulterada”.

Además, se votó que se cite como testigos a Sivina Batakis, exsecretaria de las Provincias; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; Pedro Oscar Goyochea, asesor general del Gobierno de La Rioja; Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson, letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieran en las audiencias de conciliación de la causa; y al fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques, del cual Tailhade recordó que “festejó su cumpleaños en agosto del año pasado y a la fiestita arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”. 

También se agregó al listado a los ministros de Economía de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán y Catamarca, que se presentaron en el expediente.

Antes de votar, el diputado Álvaro González (Pro) cuestionó “esa tira interminable de ministros de Economía que, ¿qué van a venir a decir a la comisión? Lo único que hacemos es dilatar y mientras tanto el Gobierno nacional no cumple con el fallo judicial”. 

“Parece que la oposición quiere hacer lo mismo que la Corte, no escuchar a las provincias”, le devolvió Tailahde y, acto seguido, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), aclaró que “se apruebe la prueba no significa que tengamos que diligenciar toda esa prueba. Nosotros no estamos interesados en dilatar, sino en conocer la verdad”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), chicaneó con la citación de los ministros de Economía al recordar que iban a venir los gobernadores, pero “han bajado la jerarquía, ahora los preservan”. Sobre la huella de voz, remarcó que “todos sabemos que la prueba de los chats es ilegal”. “Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz”, insistió y mencionó que Tailhade pidió lo mismo en el Consejo de la Magistratura con los jueces que viajaron a Lago Escondido, pero “no va a tener suerte en ningún lado”. 

En tanto, el diputado Francisco Monti (UCR) fustigó a los gobernadores que han apoyado el juicio político como “verdaderos mentirosos e hipócritas” porque “en septiembre de 2020 cuando se crea este Fondo para la provincia de Buenos Aires por los despelotes que tenía (Axel) Kicillof en el conurbano por revueltas de la policía, ningún gobernador dijo absolutamente nada, ni impugnó nada”, y eso fue porque “eran recursos que le pertenecían a la Ciudad”. 

“Que vengan los fiscales de Estado acá a explicar que han hecho una presentación en la Corte para chuparle las medias al presidente y no para defender recursos de las provincias, yo creo que va a ser por lo menos un episodio interesante”, agregó. 

Antes de votar la ampliación, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), consideró que “es clave analizar lo que propone el diputado Tailhade, porque hay cosas que pasan en el mientras tanto y a mí me preocupan”. “Si nosotros estamos buscando la verdad de lo que pasó alrededor de una decisión de la Corte sobre recursos, todas las hipótesis y situaciones tienen que ser investigadas”, aseveró. 

Citarán a Rogelio Frigerio después de las elecciones

En la solicitud planteada por Tailhade, se incorporó como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, que salió durante una entrevista en el programa A dos voces (canal TN). 

Posteriormente, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió entonces que se lo convoque como testigo. Muy molesto, López estalló: “No somos ni amigos ni defensores de Frigerio, pero citar a una persona que tuvo una actitud no muy común, que es renunciar a una banca para poder hacer una campaña electoral con libertad, con tiempo y con disposición, que además está compitiendo para el 13 de agosto en una provincia que es la misma de donde es el diputado. Quieren someter al señor Frigerio a esta comisión, al candidato a gobernador más competitivo de la provincia, para venir acá a acorralarlo, a hostigarlo y hacer campaña electoral. Me opongo desde todo punto de vista, jurídico, político, democrático, del que quieran”.

En defensa del pedido, Germán Martínez defendió que “estamos proponiendo agregarlo como testigo, me parece que es una prueba pertinente”. Pero inmediatamente, Gaillard propuso “que no sea citado antes de la elección”. Entre Ríos es una de las provincias que no desdobló y votará en PASO también el 13 de agosto, mismo día de las elecciones nacionales. 

En sintonía con lo dicho por la presidenta,  el legislador Leopoldo Moreau (FdT) dijo estar “parcialmente de acuerdo con lo que plantean los diputados de la oposición, creo que hay que evitar todo tipo de suspicacias”. “Esa citación hay que materializarla después de la elección”, asintió. 

Hoy La Nazión volvió a poner mi nombre en un título de tapa: “Una empresa apuntó a Tailhade en la causa del hackeo a D’Alessandro”. No me sorprende viniendo del medio controlado por la Mafia que encabeza Mauricio Macri. Sí me sorprende que sea una víctima del espionaje ilegal macrista quien firma la nota. Mi solidaridad con él si escribió la nota coaccionado por algún fruto de aquel espionaje ilegal, aunque no puedo dejar de señalar que curiosamente la nota es similar a otra publicada en Clarín (“Espionaje a D’Alessandro: alertan sobre un ‘desvío’ de la investigación y nombran a Rodolfo Tailhade”) por el operador Daniel Santoro.

La “información” que llevó a esos títulos es la siguiente: presuntamente (no tengo acceso a la causa y la presentación judicial aún no fue replicada por ningún medio que siga haciendo periodismo) la persona acusada de haber hackeado el teléfono celular del renunciado ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro, dijo haber sido contratado por una mujer que trabaja para la empresa Hunter Security SA. En su defensa, los abogados de la empresa supuestamente me mencionaron aunque no sé en qué términos, porque ni La Nación ni Clarín -que dicen haber tenido acceso a la presentación judicial- colocan los textuales en los que la empresa “apuntó” a mi persona (no es broma, lean las notas).

El primero en hablar de mi presunta vinculación con el supuesto hackeo del celular de D’Alessandro fue el propio D’Alessandro en diciembre pasado, quien en su atolondrada defensa frente a la filtración de los chats aseguró tanto que los chats eran falsos, como que habían sido editados (tampoco es broma). Esta “hipótesis” de mi presunta participación fue repetida hasta el hartazgo por los voceros mediáticos de la Mafia, pese a que, como no tengo ni la más remota idea de dónde salieron los chats de D’Alessandro, en enero me presenté espontáneamente en la causa y al día de hoy jamás recibí ningún tipo de notificación de la Justicia.

Lamentablemente, Marcelo D’Alessandro no ha replicado en sede judicial sus acusaciones mediáticas en mi contra, aun cuando dijo que se alejaba de su cargo de ministro para ejercer el rol de querellante en las causas en las que se investiga el supuesto hackeo. Nada de eso pasó hasta ahora. Sigo esperando con ansias que lo haga para, una vez cerrada la absurda causa, iniciar la demanda que me permitirá recuperar para la sociedad (voy a donar el resultante de la demanda) buena parte de su patrimonio malhabido, fruto de la corrupción, el cobro de coimas, el direccionamiento de licitaciones, el espionaje ilegal, el tráfico de influencias y otros 30 delitos que denuncié precisamente cuando me presenté espontáneamente en Comodoro Py.

Tampoco he tenido noticias de que esos delitos hayan comenzado a ser investigados por la Justicia, ni por ningún integrante de la autoproclamada “prensa independiente”. Para subsanar esto, voy a sumar las fechorías de D’Alessandro a los temas que investigo, para que al menos los suscriptores de mi canal de Youtube (donde pueden encontrar varias investigaciones periodísticas de verdad) se enteren de lo corrupto que fue y es el exministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.

La nota del día de hoy se inscribe en una serie de publicaciones que, con la misma lógica extorsiva, busca condicionar el trabajo que los miembros de la Comisión de Juicio Político venimos llevando a cabo en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estos ataques incluyeron hasta una amenaza directa incluida en el editorial de Carlos Pagni, otra víctima del espionaje ilegal macrista que no tiene problemas en operar para sus verdugos mafiosos, desde su programa en el canal La Nazión+.

Pese a esto y como muestra de buena voluntad, quiero colaborar con los diarios Clarín y La Nazión en su campaña. Les dejo algunas sugerencias de notas que pueden llevar a tapa en sus próximas ediciones:
“Sabag Montiel apuntó a Tailhade en la causa por el atentado contra Cristina”: pídanle el teléfono a Patricia Bullrich, llámenlo a la cárcel, y háganle decir que una vez me vio por televisión.

“Bullrich apuntó a Tailhade en la causa por el financiamiento ilegal de su campaña presidencial”. Pato puede decir que la asociación civil SIN FINES DE LUCRO que preside -además de pagar sus viajes de campaña, los sueldos de su equipo de campaña y las facturas truchas que emitía el diputado Gerardo Milman– una vez me mandó un e-mail.

O bien, “Milman apuntó a Tailhade en la causa por el atentado contra Cristina”. Si lo encuentran, porque a trabajar al Congreso hace meses que no viene, pueden hacerle decir que los tostados que comían sus asesoras en Casablanca mientras él les decía “cuando la maten voy a estar camino a la costa” los pagué yo.

La secretaria parlamentaria del bloque FdT en Diputados, Paula Penacca, y el diputado Leandro Santoro apuntaron contra Marcelo D’Alessandro luego de que comunicara a través de las redes su renuncia como ministro de Justicia y Seguridad porteña tras la licencia que se tomó por la filtración sobre los presuntos chats que mantuvo con Silvio Robles, mano derecha del titular de la Corte Suprema.

En su cuenta de Twitter, Penacca lanzó: “Marcelo D’Alessandro renunció porque no pudo seguir en el cargo luego de que salieran a la luz los chats que dejan en evidencia que es un mafioso”, y criticó que “(Horacio Rodríguez) Larreta lo sigue encubriendo, pretende que sea parte de su equipo técnico nacional”.

“¿Y en la Ciudad? Luego de estar más de tres meses sin ministro, asume Eugenio Burzaco”, cuestionó la camporista. En ese sentido, contó: “Quizás lo recuerden por el desalojo en el Indoamericano, su asesoramiento a Sobisch cuando la policía de Neuquén asesinó a Fuentealba o por su rol durante la represión en el Borda”.

Penacca sostuvo que “Larreta se quiso asegurar una continuidad bien a su estilo en la Ciudad para proyectar, con D’Alessandro a la cabeza, el funcionamiento mafioso en todo el país”. “Los porteños nunca vieron mejoras en materia de seguridad. ¿Queda alguna duda de lo que puede pasar a nivel nacional?”, se preguntó.

Por su parte, Santoro escribió: “Renunció D’Alessandro. Tardaron 78 días en convencerlo. Para acomodar el discurso dejaron a la ciudad sin seguridad. Si hubiese sido una ‘operación de inteligencia K’ no se iba. Ahora nombrarán al 5to ministro de seguridad de CABA en 5 años. Pd: Devuelvan las coimas de las grúas”.

El funcionario afirmó que su decisión de dar un paso al costado es “para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra”. La causa es sobre los presuntos chats entre el ministro y Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que hay diálogos sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo del máximo tribunal respecto a la coparticipación de la Ciudad, dos de las causales del juicio político.

Citado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, fue interrogado este martes por una conversación que mantuvo con el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y que él mismo ratificó días atrás en un intercambio que tuvo a través de Twitter con la periodista Cynthia García. 

Ante las preguntas del diputado Rodolfo Tailhade (FdT), el funcionario confirmó su perfil de Twitter y que él había escrito los mensajes de respuesta a García. Relató que ese día había tenido un problema familiar con su madre y cuando pudo ver su celular, vio su Twitter “lleno de notificaciones”. “Me pareció muy injusto lo que se estaba diciendo de mí y por eso lo contesté. Se me trató de que había tenido un comportamiento impropio o desleal con mi jefe y no tuve ningún comportamiento ni impropio ni desleal”, expresó, insistiendo que sólo contestó por ese motivo, ya que no suele “interactuar en Twitter”. 

En medio de las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio por las características de las preguntas, Tailhade defendió que “la filtración del chat de D’Alessandro y (Silvio) Robles es un eje central para la investigación de esta comisión. Todo lo que tenga que ver con demostrar la verosimilitud de las conversaciones, para luego eventualmente aplicarlo a la interpretación de los hechos, es importante”. 

“Para nosotros es muy importante establecer si las filtraciones fueron un invento, si es verdad, si hubo adulteración o edición, porque todo va a ser analizado a la hora de evaluar los chats de D’Alessandro y Robles”, remarcó el kirchnerista y dijo que la presencia de Olima Espel respondía justamente a “preguntarle si efectivamente esas conversaciones son verdaderas”. 

Sobre si estaba “en condiciones de ratificar que es una conversación que existió”, Olima Espel contestó: “Yo particularmente a ese chat no lo recuerdo”. “Por mi función trato con funcionarios nacionales como provinciales de los tres poderes, interactúo permanentemente, dentro del marco de mis funciones. Particularmente ese no lo recuerdo”. 

“Sí por supuesto que al leerlo lo primero que hice fue chequear el dictamen que se mencionaba en ese chat para ver qué dictamen era y qué había pasado”, continuó y luego dijo que no tenía conversaciones con D’Alessandro porque no las guarda: “Suelo limpiar mis conversaciones cada dos meses”. 

Hola @cyngarciaradio No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia no lo habíamos subido al sistema. Si te fijas, en la página oficial de la Corte, ese dictamen había sigo presentado varías horas antes

— Juanma Olima. (@juanmaolima) February 23, 2023

Luego de otra consulta del diputado Leopoldo Moreau (FdT), el funcionario del Ministerio Público Fiscal ahondó: “En la medida que yo lo pueda brindar, trato de brindar el pedido y de facilitarle la tarea a la gente. Para mí es habitual que muchas veces que el procurador firma un dictamen y se presenta en una causa que puede ser de interés político, o como ha pasado que para la película ‘Argentina, 1985’ me pidan dictámenes, yo se los dé; y muchas veces hasta me piden que les indique cuál es la parte más importante para leer y lo hago porque el dictamen es un documento público”. 

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) le preguntó si él había tomado conocimiento de la filtración de ese chat a través de la captura publicada por la periodista o por otra vía, y Olima Espel afirmó que los vio por Twitter en esa ocasión.

Cuando el testigo se retiró, la diputada Mariana Stilman (CC-ARI) cuestionó: “Lo que no entiendo es si vamos a citar acá a todas las personas que vayan apareciendo filtradas en conversaciones personales para preguntarles si dijo o no dijo, o si sabe cómo se filtró una conversación”. “Me parece que nos estamos excediendo, por no decir desbarrancando”, enfatizó. 

La cívica pidió “volver al objeto del juicio” porque se siguen “repitiendo las vulneraciones de derechos que venimos avisando desde el primer día. No vamos a poder comprobar indirectamente si una conversación existió o no existió a través de otras conversaciones, que además son todas de origen ilícito”. 

En advertencia sobre la difusión de la filtración de chats, la diputada Karina Banfi (UCR) alertó que “han creado una página (web) para cometer un ilícito”. “¿Vamos a ir a buscar quién fue que la creó? De eso debería estar ocupándose el diputado Tailhade que además es miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia. De eso se tiene que ocupar, no se tiene que ocupar de andar ventilando cuáles son los chats que los funcionarios públicos tienen con los periodistas, o entre funcionarios públicos, porque eso es violar la Constitución, los tratados internacionales y la ley”, sostuvo. 

También por haber figurado como una de las personas que hablaba con D’Alessandro fue citado este martes a la comisión el abogado Marcelo Mazzeo, que no concurrió. Ante esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que “se lo va a volver a notificar de la citación bajo apercibimiento de aplicar el artículo 247 y 154 del Código Procesal Penal respecto a los testigos y que comparezca por la fuerza pública”. 

Previo a la reunión, Mazzeo publicó en su cuenta de Twitter que no se iba a presentar ante una comisión que “pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido”. 

Quiero dejar bien en claro que en ningún momento dije que las conversaciones obtenidas ilegalmente del telefono de @MarceDaless fueran reales, dije que mantenía conversaciones con el por trabajar hace años juntos.
Del hackeo de su teléfono surge, agregados, edición y manipulación

— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023

También voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina

— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) negó cualquier vinculación con un presunto hackeo del teléfono celular del ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, y reclamó ante la justicia que el funcionario en uso de licencia sea investigado por una veintena de posibles hechos delictivos que se desprenden de los diálogos por Telegram que trascendieron en los últimos días.

“Ojalá se llegue al origen de todo esto. Estoy seguro de que esto tiene que ver con el Pro, esto se da en el marco de la guerra interna que libran Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich”, expresó en declaraciones a Radio Nacional y sumó: “Me tiene sin cuidado la denuncia contra mí porque estoy tranquilo, y no tengo nada que ver con la acusación. Pero es muy difícil confiar en Comodoro Py, donde hay mucho interés que no tiene nada que ver con la justicia”.

En ese marco, explicó: “Lo que hice fue presentarme en la causa en la que estoy denunciado porque D’Alessandro me atribuyó básicamente la responsabilidad del hackeo de su teléfono, de haber construido el sitio web, como que soy el responsable de todo. Lo que hizo fue acusarme del supuesto hackeo una cosa que todavía no está bien demostrada”.

“Negué cualquier tipo de responsabilidad. No tengo la más remota idea de cómo se hizo el hackeo, de cómo se construyó ese sitio web. No tengo ninguna información al respecto. Si por supuesto, dije que soy responsable de la difusión del contenido del chat, de la viralización”, aclaró el oficialista y disparó: “La relevancia de los asuntos públicos que se mencionan ahí son mucho más importantes que cualquier derecho la privacidad de cualquier funcionario público”. Además, contó que solicitó que se abra una causa por cada delito de los 29 que enumeró.

A su vez, consideró que “D’Alessandro me señala porque fui el primero que tocó este tema en los medios de comunicación”.

La denuncia

Tailhade asistió al edificio de los tribunales federales porteños, en la avenida Comodoro Py 2002, donde formalizó una presentación con la que respondió a la denuncia judicial en su contra radicada por D’Alessandro, quien lo acusa de ser el responsable de la filtración de mensajes por medio de un hackeo que se practicó en el celular del ministro.

“No tuve ninguna participación en esos hechos, ni tengo la más remota idea de cómo se obtuvieron esos chats. Lo único que puedo decir al respecto es que el jueves 29 de diciembre, después del mediodía, recibí un mensaje en mi celular de un periodista conocido que me preguntaba si tenía conocimiento del sitio en cuestión”, afirmó Tailhade en la presentación ante el juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas, quien fue subrogado la semana pasada por la magistrada María Eugenia Capuchetti y ahora lo será por su colega Sebastián Ramos.

El fiscal que debe intervenir en esta denuncia es Eduardo Taiano, pero por el receso judicial, quien debía subrogarlo era Carlos Rívolo, quien a su vez se excusó de intervenir porque aparece nombrado en los chats; en ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal que impulsó la investigación fue Carlos Stornelli.

“De inmediato le dije que no sabía nada y por supuesto procedí a ingresar al sitio y a leer con detenimiento las conversaciones. A las 13.30 horas, en mi columna habitual de los martes y jueves en el programa de radio ‘Cuánto Cuento’, que se emite por AM 530, difundí públicamente estas novedades, y me focalicé específicamente en una de las charlas, la de D’Alessandro con Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti”, detalló el diputado del Frente de todos.

Y continuó: “Probablemente el denunciante haya dirigido su ridícula acusación contra mí porque fui la primera persona que habló de esta filtración en los medios de comunicación. Hasta el momento de mi columna, ningún periodista había hablado del tema. No obstante, conozco varios periodistas que ya sabían que el sitio estaba activo al mediodía del miércoles 28”.

El diputado nacional citó luego un artículo del portal El Disenso, en el que se publicó una cronología en la que se detalla cuándo los supuestos chats de D’Alessandro fueron subidos a un sitio web y como luego comenzaron a trascender por redes sociales desde el 28 de diciembre.

“Es dudoso aún que esto se trate de un hackeo, y no de alguien con acceso a su celular que lo filtró voluntariamente. El 5 de noviembre se conoció la noticia de que (Diego) Santilli y D’Alessandro denunciaron en la justicia que sus celulares habían sido hackeados. El último de D’Alessandro con (Silvio) Robles es del 1 de diciembre. Es decir que tenemos que creer que denunció el hackeo de su celular, y no generó ningún mecanismo para protegerse”, planteó Tailhade.

Además, manifestó que “D’Alessandro no hizo lo que cualquiera haría después de denunciar el hackeo de su celular: cambiar el aparato, cambiar las contraseñas, o como mínimo desinstalar Telegram y volver a instalarlo. Y esto lo puede comprobar cualquier persona que tenga a D’Alessandro entre sus contactos: el 5 de diciembre les apareció el mensaje ‘Marcelo D’Alessandro se unió a Telegram’, el mensaje que envía la App cuando un contacto vuelve a instalarla”.

En el escrito solicitó que “se ordene la extracción de testimonios y la remisión para su sorteo y la posterior investigación” de 26 hechos que detalla. Allí figuran “Acciones de inteligencia ilegal” referidas a probables infiltraciones de agentes “en 2018 en movilizaciones de movimientos sociales; y el direccionamiento de una licitación” para la destrucción de chalecos.

Además, el legislador refiere al “arreglo de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en virtud de que “el 9-11-2022 Robles, director general de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y contacto frecuente en el Telegram de D’Alessandro le envía al funcionario un link a una noticia de la agencia Noticias Argentinas, titulada ‘El juez Rosatti seguirá al frente del reclamo de CABA contra Nación por la coparticipación’, y le dice: Espero que hagas sacar el ‘fallo Robles. D’Alessandro responde: ‘Obvio’”.

En este punto, remarca que “hablaban de un expediente que se encuentra en la Corte en el que las partes son el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se discute la coparticipación que debe recibir la CABA”.

Tailhade también pidió investigar “el arreglo de otro fallo de la Corte y de una estrategia judicial” en referencia a que el 15 de noviembre “Robles le pasa a D’Alessandro ´letra para que vos lo muevas´”.

Y en su escrito, el diputado señala que “basta repasar las noticias sobre el tema Consejo de la Magistratura para comprobar que JxC siguió al pie de la letra las indicaciones de Robles / Rosatti” frente a lo cual el diputado del FdT pide “que por estos hechos se le de intervención a la oficina de sorteos de la Cámara Federal”.

En otro tramo de la presentación, el diputado kirchnerista se refiere a las “gestiones para evitar una probation de Marcelo Violante, empresario dueño de varias firmas, entre ellas Dakota”, que estuvo a cargo del servicio de acarreo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Violante le pide a D’Alessandro que el fiscal no le aplique la probation al presidente de su empresa Brewda Construcciones SA, Rubén Hugo Laghezza, por la violación de una clausura”, señala.

En otro punto, el diputado cita la “propuesta de ´negocios´ para Rodríguez Larreta: el 12-9-2019 D’Alessandro le pregunta ´Hoy podes pasar´. Violante pregunta: ´Te da para proponer negocios a Horacio (presuntamente Rodríguez Larreta). D’Alessandro responde afirmativamente”, remarca Tailhade, quien considera que en función de este diálogo podría investigarse el delito de “negociaciones incompatibles, cohecho y algunos más”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Fdt) se refirió al pedido de juicio político a la Corte que comenzará a tratarse en el Congreso en sesiones extraordinarias, en principio en la Comisión homónima, a la que aseguró citarán a los principales implicados y chicaneó: “Espero que Silvio Robles, que ahora está en Miami, no se profugue como Pepín Rodríguez Simón”. Por otro lado, opinó sobre el pedido de licencia del ministro de Justicia y Seguridad porteño y le recomendó que entregue el teléfono.

 “Estamos convencidos que corresponde el juicio político. Ahora tenemos que mostrar que nuestras pruebas son fehacientes. Hay que destacar la conducta del presidente y de los gobernadores que tuvieron la templanza de pelear por lo que corresponde”, señaló.

En diálogo con Radio Colonia, el legislador contó: “La información que tenemos es que sería a partir del 15 de enero que estaríamos en extraordinarias y se abocaría también el tema en la Comisión de Juicio Político”. Consultado sobre si las extraordinarias se extenderían hasta febrero, Valdés comentó: “Son 90 días a partir de que empieza la Comisión a funcionar”.

 “Seguramente se van a citar los testimonios de los principales implicados en esto y entonces el doctor Silvio Robles que sé por qué está en Miami hoy, va a tener que volver para declarar”, aseguró.

En esa línea, chicaneó: “Espero que no nos pase como con Pepín Rodríguez Simón. Está fuera del país. Si yo fuera un hombre inocente y estoy preocupado, estaría declarando por todas las radios clamando mi inocencia. Se fue después de que se conocieron los chats. Por ahí tomo la feria judicial, pero no parece ser un momento para tomarse vacaciones”.

Además, se refirió al pedido de licencia del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro luego de la filtración los chats con Robles: “No me parece bien el pedido de licencia de D’Alessandro porque creo que cuando uno es inocente la inocencia se prueba”.

“Es muy fácil demostrar la inocencia. Si entrega el teléfono a la Justicia, se termina todo rápido. Si todo es mentira queda probado”, sostuvo el oficialista y le sugirió: “Quiero creer que es inocente, entonces le doy el mejor de los consejos que entregue el teléfono, no pidas 90 días, quiero creer que sos inocente, soy abogado y presumo primero la inocencia de las personas”, y lanzó: “Es una licencia que huele a despido”.

A su vez, criticó que “(Horacio Rodríguez) Larreta demoró una semana para salir a hablar, las cosas se plantean el mismo día que suceden los hechos y no para decir una cosa a las dos de la tarde y otra cosa a las seis. Se nota mucho cuando mienten. Si son honestos presenten el celular y en 48 horas se termina el asunto, suprimimos el juicio político”.

En tanto, el diputado afirmó que “el diálogo entre el prófugo Robles y D’Alessandro, que espero que no se vaya también del país, es en verdad entre Rosatti y Rodríguez Larreta. Es la primera vez en la historia que un periodista es el director general de la vocalía, que es el despacho jurídico donde se llevan adelante los dictámenes judiciales que hace un supremo juez de la Corte, que jugaba más de operador que de abogado, porque abogado no es”, y finalizó: “Cría cuervos y te picarán los ojos. Ellos crearon una de Policía de la Ciudad para espiar, y ahora lo están sufriendo en carne propia”.

Denunciado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, luego de revelar contenido de conversaciones del funcionario del Pro con diferentes personas, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade aseguró que “el bullrichismo se cobró venganza con la filtración de chats”, en referencia a la interna dentro del partido amarillo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Si tuviera la capacidad de armar eso me dedicaría a otra cosa”, expresó el legislador al ser consultado por los dichos de D’Alessandro sobre que Tailahde inventó esas conversaciones.

En diálogo con AM750, el bonaerense enfatizó: “Lo que hay que hacer acá es bombardear con denuncias a todo este esquema de corrupción que ha quedado claramente revelado por los chats. Después se verá si sirven como prueba o no”.

“No hay que perder de vista que cada conversación es un delito”, remarcó y afirmó que “lo peor de todo es que está absolutamente cotejado con la realidad de las cosas que pasaron. Me estoy dedicando a comparar o analizar cada cosa que se decía en el chat con lo que pasaba en la realidad en ese momento. Todos tienen un correlato en la realidad”.

Al recordar lo sucedido con los primeros mensajes filtrados, en relación al viaje a Lago Escondido entre jueces, empresarios de Clarín, exagentes de la AFI y funcionarios porteños, Tailhade indicó: “Decían que era todo mentira y hoy están todos hasta las manos, y simplemente sin recurrir a los chats”. En ese sentido, apuntó que la fiscal que lleva adelante la investigación se basa en “los vídeos del aeropuerto, los pasajes del avión”.

“En la denuncia que me hace este ridículo me voy a presentar”, dijo sobre la presentación judicial que le impuso D’Alessandro y desafió que al juez Daniel Rafecas, a cargo de la misma, le va a decir que “no” tiene “nada que ver”. “Si la discusión es que yo lo difundí, lo viralicé, bueno, soy culpable. Pero de ninguna manera participé del armado, del hackeo o de ninguna de esas pavadas”, sostuvo.

Para el legislador, “hay que mirar al rival interno de Horacio Rodríguez Larreta en toda esta guerra”. En esa línea, observó que “el caso de Lago Escondido surge cuando estalla el caso (Gerardo) Milman“. Sobre el diputado del Pro, del cual el bloque oficialista pidió su expulsión, el camporista señaló que además de estar “apuntado en el intento de asesinato a Cristina (Kirchner), empezaron a saltar todos sus curros y corrupción”.

Al relatar un incidente que Milman tuvo con su auto, que fue detenido cuando lo manejaba una asesora suya, Tailhade relató que Milman hizo una denuncia por el hecho: “Esa denuncia que hace Milman contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad termina en la fiscalía de (Augusto) Troncoso, que desestima la denuncia, pero, con una vueltita más de tuerca, comunica a Diputados que Milman había tenido una inconducta bastante seria”.

“Nos enteramos seis meses después porque alguien cajoneó el oficio de Troncoso en la Cámara de Diputados, nunca nos enteramos”, denunció el oficialista, quien agregó que “este hecho es el que genera la catarata de reacciones internas” porque “Troncoso es íntimo amigo de D’Alessandro”.

Y completó: “Uno ahora asocia que aquella notificación a la Cámara de Diputados en realidad fue una picardía/operación de D’Alessandro y Troncoso contra el bullrichismo, que se cobró venganza con la filtración de los chats”.

Envuelto en polémica por presuntos chats que revelan conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, director general de la vocalía de la Corte Suprema; la exdirectora de la AFI Silvia Majdalani; y el titular de una empresa de acarreo, el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, se defendió de las acusaciones y apuntó contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT), a quien denunció penalmente.

En declaraciones al canal TN, el funcionario de la Ciudad, a quien el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, decidió mantener en el cargo, aseguró que los chats filtrados “son inventados, son falsos”. “Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”, sostuvo.

Apuntando contra el kirchnerismo, D’Alessandro expresó que “ellos generan una posverdad” y “no tienen límites”. “Revisaron las redes sociales de mi familia. Incluso la de menores”, denunció.

El ministro de Justicia, que ya se encontraba cuestionado por una anterior filtración de charlas con jueces federales, empresarios de Clarín, exespías y el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, sobre un viaje realizado a Lago Escondido, aseguró que el diputado Tailhade “deberá presentarse en la Justicia y explicar cómo obtuvo algo que es ilegal y no lo denunció”.

Tailhade y su grupo de delincuentes van a tener que dar explicaciones ante la Justicia por esta operación sucia, armada para embarrar la condena de la Jefa. Estuve seis años en Infracciones, fui dos años diputado y hace siete que estoy en seguridad: nunca tuve una sola denuncia. pic.twitter.com/NVBHLEEhov

— Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) December 30, 2022

“¿Cómo un diputado puede hacerse de los chats que vienen del espionaje? Va a tener que dar explicaciones ante la justicia”, insistió y agregó que “es algo gravísimo; estamos frente a personas que son capaces de utilizar los servicios de inteligencia, el Estado para cuidar y tapar a la jefa (por la vicepresidenta), a la que la Justicia condenó”.

Además, ratificó que continuará en su cargo “como hace siete años”, porque esto “son operaciones de inteligencia”. “Ellos se comportan como mafiosos, quieren a los delincuentes en la calle”, dijo.

D’Alessandro denunció penalmente a Tailhade en los tribunales de Comodoro Py, al considerar que el kirchnerista podría estar involucrado en el hackeo de su celular. Para el funcionario porteño, existe un “plan criminal sistemático” dirigido a “dañar ante la opinión pública” su imagen y reputación.

Y plantea dos hipótesis sobre Tailhade: “Su autoría en la vulneración de mi dispositivo telefónico y su posterior manipulación y/o adulteración de la información allí contenida; o su participación dentro de la organización criminal con el mismo plan delictivo”.

A través de Twitter, Tailhade salió a responderle: “Hola @marcedaless, te escuché en el canal de la mafia decir que me vas a denunciar para que explique de dónde saqué los chats. Te lo digo ahora, corrupto: de una web pública”.

Hola @marcedaless, te escuché en el canal de la mafia decir que me vas a denunciar para que explique de dónde saqué los chats. Te lo digo ahora, corrupto: de una web pública https://t.co/f1De7OzjF6 pic.twitter.com/8EcF25uijn

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) December 30, 2022

El Frente de Todos salió con fuerza a repudiar y alertar sobre una nueva filtración de chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en este caso con -entre otras personas- Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

“No recuerdo un escándalo judicial e institucional tan grave desde la recuperación de la democracia. Estoy preocupada pero también ocupada”, expresó este viernes la jefa de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio.

Además, en línea con lo manifestado en el comunicado que sacó el interbloque oficialista, señaló: “Vamos a estudiar si cabe una denuncia penal contra (Luis) Juez y (Humberto) Schiavoni”. En ese sentido, la kirchnerista apuntó que los senadores del Pro “siguieron paso a paso el instructivo” respecto a cómo reclamar el lugar en el Consejo de la Magistratura que Robles le compartió a D’Alessandro. “Vamos a estudiar si hay conductas delictivas”, agregó.

“Esa silla nos toca a nosotros, le toca a Unidad Ciudadana, a quien yo propuse como representante ante el Consejo, al senador (Martín) Doñate. Ya lo dijeron no uno o dos jueces, toda una Cámara, y Rosatti sigue insistiendo”, resaltó.

En diálogo con Radio 10, la senadora insistió que estudiarán “qué tipos de acciones vamos a iniciar contra dos senadores, porque no se puede dejar pasar. Porque siguieron paso a paso las instrucciones que Robles le dio a D’Alessandro para asegurarse un asiento en el Consejo de la Magistratura para Juntos por el Cambio”. “La democracia está con una pistola en la cabeza y esa pistola la tiene el juez de la Corte Suprema”, lanzó.

También, la bonaerense alertó que en esas conversaciones Robles “le adelanta (a D’Alessandro) resultados de fallos; le llama ‘fallo Robles’ al fallo que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de toda la Argentina. Es extremadamente grave lo que está pasando”.

Durante la entrevista radial, la legisladora cuestionó a la Corte por estar “protegiendo a cuatro jueces que fueron, cobrando dádivas, junto a empresarios del Grupo Clarín y con espías a la casa de (Joe) Lewis en Lago Escondido”.

“Vamos a impulsar denuncias penales por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño, tráfico de influencias. Hay un sinfín de delitos en estos chats entre el director de la vocalía de Rosatti, que es Robles, y el ministro de Justicia (porteño)”, sostuvo.

Y agregó: “La familiaridad que se ve entre Robles y D’Alessandro es promiscua. D’Alessandro aparece como el reemplazo de (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, que está prófugo”.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) opinó este viernes sobre la aparición de nuevas conversaciones del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, en este caso con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Esto es causal de juicio político y movilización en las calles”, señaló.

La integrante del Consejo de la Magistratura apuntó que Robles es “la mano derecha” Rosatti y advirtió: “Nos enteramos que hay charlas previas, entre Robles y el ministro porteño, a la sentencia que dejó consecuencias millonarias entre CABA y en perjuicio con las demás provincias”.

En diálogo por Radio El Destape, la bonaerense manifestó que esta situación “viene siendo denunciada hace muchos años” desde el kirchnerismo, y lamentó que “de estos comportamientos mafiosos te enteras por uno o dos medios, ya que los grandes no lo ponen en la tapa del diario”.

“Hace años vemos los vínculos antidemocráticos que están en las sombras, con los servicios de inteligencia que aprietan a la Justicia, y los jueces que inclinan procesos judiciales violando todo tipo de procedimientos”, expresó la legisladora, quien además sostuvo: “Se defienden atacando porque es verdad lo que expresan ahí (en los chats filtrados), y todo eso lleva a una persecución política solo a nuestro sector y solamente contra Cristina Kirchner”.

En tal sentido, la secretaria general del SITRAJU cuestionó que no se avance en la causa del viaje a Lago Escondido entre magistrados, funcionarios del Pro y empresarios, ni con la investigación del intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta de la Nación. “Le niegan la prisión preventiva de tres personas de Revolución Federal que, sabemos, son los autores intelectuales”, denunció.

Asimismo, afirmó que “para perseguir, condenar y proscribir son rapidísimos”, y remarcó: “Cuando la conducción de un Poder Judicial rompe las reglas de la democracia y arregla los fallos con el poder de turno -en este caso con un funcionario del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta– es causal de juicio político y movilización en las calles”.

En el cierre, Siley apuntó contra D’Alessandro: “En los chats dijo ‘vamos a hacer cagar a alguien’ y eso lo leímos todos. Me dio miedo porque es un dicho de la época de la dictadura. Está utilizando los recursos del Estado en beneficio suyo”.

“No nos olvidemos que fue quien organizó el operativo de ‘inseguridad’ en la puerta de la casa de CFK”, recordó la oficialista, y concluyó: “Debe haber juicio político contra él, y su renuncia ya tendría que haber sido comunicada”.

Luego de que se filtraran nuevos chats comprometedores, los legisladores del Frente de Todos (FdT) cuestionaron con dureza el accionar del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y exigieron que sea removido de forma “urgente” de su cargo.

En ese sentido, la peronista Claudia Neira (FdT) explicó que desde el FdT se “le exige a Larreta, mediante una nota formal, la remoción urgente del ministro D’Alessandro” e indicó que “los porteños no podemos tener, ni un minuto más, a cargo de la justicia y de la seguridad, a un ministro que ha perdido toda autoridad en la ciudadanía. ¡Dólares y sobres! De eso hablaba el ministro D’Alessandro con el dueño de la empresa que manejaba el sistema de grúas, hasta que lo logramos traspasar a manos del Estado”.

“D’Alessandro no puede estar ni un minuto más a cargo de la justicia y de la seguridad. El jefe de Gobierno no puede fingir que no vio a su ministro hablando de corrupción, espionaje y acuerdos con la Corte Suprema. De forma urgente debe remover a D’Alessandro y dar explicaciones por hechos que comprometen al interés público”, completó.

Mientras que Juan Manuel Valdés (FdT) explicó que “hay nuevas conversaciones de Marcelo D’Alessandro en Telegram. Una es con Marcelo Violante, dueño de Apart Car, concesionaria de playas de estacionamiento en microcentro y también de Dakota, una de las empresas de grúas que operaban en la ilegalidad. La mafia del maxiquiosco” y se preguntó: “¿en qué concepto el -por entonces- Secretario de Seguridad de la Ciudad recibía pagos en dólares del concesionario de las grúas Marcelo Violante?”.

Por su parte la legisladora María Magdalena Tiesso (FdT) indicó que “un millón de pesos por hora paga Horacio Rodríguez Larreta para bancar el blindaje mediático. ¡Basta de mafia en la Ciudad! ¡Marcelo D’Alessandro y Juan Bautista Mahiques tienen que renunciar ya!” y lanzó con suma dureza: “¿qué espera Larreta para sacar a D’Alessandro del Ministerio de Seguridad de la Ciudad? ¿Por qué sigue encubriendo a esta banda de mafiosos? ¿Será que el jefe de Gobierno está igual o más sucio que ellos?”.

A la vez que Victoria Montenegro (FdT) afirmó que “si el Gobierno de Larreta no tuviera el blindaje del monopolio, D’Alessandro no termina el año como ministro. El Gobierno de Larreta al igual que el de Mauricio Macri es estructuralmente corrupto y mafioso”.

Finalmente, el diputado Matías Barroetaveña (FdT) concluyó preguntándose “¿cuántos chats más hacen falta para que D’Alessandro renuncie? ¿Cuántas pruebas más hacen falta para entender cómo funciona la mafia?”.

Tras la difusión de los chats que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido en el que participaron miembros de la Justicia y funcionarios macristas, los legisladores del Frente de Todos (FdT) convocaron a una movilización para este jueves en la cual exigirán que se avance con el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general Juan Bautista Mahiques.

La bancada conducida por Claudio Ferreño (FdT) lanzó la convocatoria para este jueves a las 17 a través de las redes sociales e indicó que marcharán desde el Ministerio Público Fiscal hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Cabe recordar que días atrás ese mismo bloque presentó dos proyectos en los que pidieron “formar causa por comisión del delito y mal desempeño de sus funciones contra el fiscal general Juan Bautista Mahiques y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, según el procedimiento del juicio político previsto por los Arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad”.

“A los efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo precedente, convócase a la Sala Acusadora para el día 07/12/2022 a las 12:00 horas, para la designación de su presidencia y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el artículo 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora, sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura debiendo la vicepresidencia primera proveer de todos los elementos necesarios para su funcionamiento”, sostuvieron.

Al mismo tiempo que plantearon en los fundamentos de la iniciativa que “los chats de ‘Operación Pagina12’, confirman un entramado de jueces, fiscales, ministros y dueños de medios de comunicación dando verdadera dimensión de lo que significa el ‘lawfare’ en la República Argentina, con una mesa judicial operando en la ciudad de Buenos Aires. Cruces de mensajes criticando dirigentes, incentivando fraguar pruebas, armado de causas, detenciones arbitrarias, promesa de ‘hacer cagar’ a funcionarios nacionales, etc., son solo parte de algunas de las líneas que dejaron transcender los chats del autodenominado ‘Grupo Huemul’”.

Tras la filtración de los chats que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido en el que participaron funcionarios relacionados al macrismo y miembros de la justicia, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano para que el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general, Juan Bautista Mahiques, sean interpelados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador explicó que “la ve intentando urdir una maniobra para ocultar, incluso mediante la tentativa de utilizar métodos mafiosos, el propósito de un cónclave que los congregó hace poco en la propiedad del magnate británico Joe Lewis, ubicada cerca de Lago Escondido, puso de manifiesto el altísimo grado de podredumbre del régimen político argentino” y recordó que ”en octubre se reunieron el juez Julián Ercolini; el juez de Casación y exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques; Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de CABA; los jueces Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Larreta; Tomas Reinke, empresario especialista en campañas digitales; el exjefe de Legales de la Side, Leo Bergroth; y elementos de peso del medio Clarín. Se trata de personalidades vinculadas al macrismo”.

Asimismo precisó que “luego de que esto trascendiera, Carlos Mahiques se contactó con la fiscal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para simular una investigación del hecho que dé lugar a un futuro posible sobreseimiento. Etchepare forma parte del elenco que protagoniza la persecución contra la lucha de la comunidad mapuche. Ercolini, por su parte, es el juez que decidió levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo” e insistió en que “el Gobierno del Frente de Todos está utilizando el escándalo para reforzar la idea de que Cristina Fernández de Kirchner es solamente una perseguida política, y no la responsable de la edificación de un entramado de corrupción de grandes magnitudes. Todo esto ocurrió en el preludio del juicio contra la vice”.

Sobre esa misma línea, Solano rememoró que “Alberto Fernández pidió en cadena nacional que el ministro de Justicia se presente ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue penalmente los hechos, en especial el financiamiento del viaje; avanzar en la realización de una pesquisa sobre ‘la conducta’ de los magistrados federales; que los legisladores porteños del Frente de Todos promuevan, ‘sí amerita’, un juicio político a los funcionarios de la Ciudad involucrados; y que el Congreso nacional trate los proyectos de reforma judicial pendientes” y destacó que “los motivos de la reunión no están claros, pero la fecha de su realización coincidió con el momento en el que el gobierno nacional desenvolvía una represión de características brutales contra los mapuches, en beneficio de elementos como Lewis”.

Además informó que “Lewis ha obtenido la estancia en la cual se desarrolló la reunión sobre la base de la expulsión de los pueblos originarios y de negociados espurios con el Estado. La ley nacional vigente no permite que un extranjero posea tierras cerca de la frontera. Sin embargo, todos los gobiernos han permitido que el magnate tenga su mansión en la región” y destacó que “el empresario es dueño del Tottenham Hotspur, el club de la liga inglesa de fútbol; es el único proveedor de energía de El Bolsón, algo que realiza mediante la empresa Patagonia Energía; y tiene acciones en importantes grupos capitalistas como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Es un reconocido evasor fiscal, estuvo en la lista de los Paradise Papers. Lewis viene de apelar contra un fallo de la justicia rionegrina que ordenó al británico abrir el paso público a Lago Escondido”.

“El hecho de que los estrados judiciales se hayan convertido en la principal arena de lucha política entre las principales facciones de la burguesía argentina es una expresión de la descomposición del régimen social vigente y de sus instituciones, cuyo telón de fondo es la crisis política, en la que la Justicia pretende arbitrar. La conspiración y la corrupción son prácticas defendidas por ambos lados de la grieta. Y los aparatos de inteligencia han sido colocados por peronistas y macristas al servicio de la pelea que los envuelve y la persecución contra los trabajadores y los activistas”, agregó y concluyó señalando que “este es el régimen que defienden los políticos capitalistas. Planteamos la elección de jueces y fiscales, una orientación totalmente resistida por todas las fuerzas políticas que usan para sí los favores palaciegos”.

Tras la filtración de chats que involucran a funcionarios del macrismo, judiciales y ex agentes de inteligencia en un viaje a Lago Escondido, el bloque del Frente de Todos (FdT) -conducido por Claudio Ferreño (FdT)- encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la que insistieron con la necesidad de avanzar con el juicio político al ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques.

La petición de los legisladores fue motivada por un pedido expreso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el cual fue transmitido en cadena nacional unas pocas horas antes de que se conociera el fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad.

En la conferencia estuvieron presentes el senador nacional Mariano Recalde; y las diputadas nacionales Paula Penacca y Mara Brawer, más todos los legisladores que conforman la bancada peronista en la Legislatura porteña: Claudio Ferreño, Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Berenice Iañez, Juan Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Magali Tiesso, Juan Manuel Valdes y Franco Vitali.

En ese contexto, los legisladores aseveraron que “resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020” y exigieron que “el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, permita que se inicie el juicio político y que los funcionarios sean juzgados y sometidos a Larreta”.

Respecto de esta situación, Ferreño adelantó que le pedirán a la Legislatura que convoque a una sesión en la que puedan ponerse en debate los dos proyectos en los que se fomenta el inicio del juicio político”, y agregó: “Quiero pedir al jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que separe de los cargos a D’Alessandro y Mahiques porque si no es así está avalando a esta mafia política y empresarial”.

Mientras que Recalde respaldó la petición: “Venimos a acompañar este pedido de juicio político para que los porteños y porteñas no tengan más estos funcionarios que forman parte de una mafia”, señaló, agregando que “este viaje y estos chats son la demostración visible de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Dádivas, falsificación de pruebas, apriete y extorsión a periodistas y fiscales, amenazas”, señaló.

En ese sentido, Recalde dijo que “el ministro D’Alessandro no se preocupa por cuidar a la gente. Se va de joda con integrantes del Grupo Clarín, con jueces y fiscales, mientras persigue a los que piensan distinto. Si Larreta tiene valentía, tiene que correrlo” y agregó: “Desde el primer día nos opusimos a que Mahiques fuera fiscal general de esta ciudad. Lo decíamos y está comprobado que formaba parte de la mesa judicial macrista, que persigue, amenaza y extorsiona. Ahora volvió a demostrar lo que es y a qué se dedica”.

“Venimos a denunciar acá a dos delincuentes, a dos personas que cometieron delitos y que forman parte de una mafia que tienen secuestrada a la República. Vamos a estar en la calle hasta que se termine esta mafia en la Argentina”, afirmó.

Sobre esa misma línea, la peronista Claudia Neira (FdT) le pidió “a esta Legislatura que se comprometa a tratar estos proyectos. Es más: esperamos que los implicados, Marcelo D’Alessandro y Juan Bautista Mahiques, se pongan a disposición” y Javier Andrade (FdT) recordó que “el 15 de diciembre es la última sesión en esta Legislatura. Pedimos a todas las fuerzas políticas de la Ciudad, sean de la oposición o no, que se presenten a favor de este juicio político. D’Alessandro y Mahiques tienen que dar la cara”.

Por su lado, Penacca concluyó aseverando que “esta mafia ha corrompido al Poder Judicial, tiene representantes en el Gobierno de Larreta y el jefe es Héctor Magnetto”.

El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le salió al cruce al oficialismo y denunció que “estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información”, respecto a los chats que se filtraron que involucra jueces, funcionarios del Pro y directivos de Clarín en un viaje hacia el sur.

El funcionario utilizó su cuenta de Twitter para contestarte al Frente de Todos, puntualmente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se valió de la cadena nacional para instruir a los suyos a llevar a cabo ciertas acciones, una de ellas el pedido de Juicio Político de los funcionarios porteños involucrados.

“Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”, denunció Rodríguez Larreta.

Además, contó que charló con el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’ Alessandro, y aseguró: “Confío en sus palabras”. En esa línea, afirmó que “como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga”.

En el mismo sentido, D’Alessandro acusó en diálogo por Radio Mitre: “Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare, pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinar a la vicepresidente”.

Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie.

— Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) December 5, 2022

“Son chats que se crearon”, remarcó, y agregó: “De forma falsa, ilegal, se realiza un posteo de un supuesto grupo, con supuestas charlas, cosas editadas, cosas armadas, algo muy peligroso que daña las instituciones”.

El funcionario añadió que “se va a comprobar que están editados, se va a comprobar que hay cosas que no existieron. Los que me conocen saben que yo no hablo de manera que está ahí”. A su vez, afirmó que “es un método que tienen, de usar servicios, mecanismos ilegales que sólo se vieron en dictadura”.

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos acató de forma inmediata el pedido que realizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la tarde de este lunes a través de cadena nacional: “Que evalúen la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y de corresponder presenten el juicio político”, respecto a la filtración de chats que involucran jueces, funcionarios del Pro y directivos del Grupo Clarín en un viaje al sur.

A través de un comunicado, el bloque oficialista expresó: “Exigimos el juicio político al ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D´Alessandro, por su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín, del que también participaron fiscales, jueces, y ex agentes de inteligencia”.

También, solicitaron el Juicio Político al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, “por el intento de ocultar las pruebas de dicho financiamiento”, y manifestaron que “los hechos mencionados evidencian la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública y confirman la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín”.

“La cantidad de posibles delitos confesados, planeados y sugeridos en las conversaciones que dieron a conocer estos hechos y la activa participación en ellas de D’Alessandro y Mahiques desbordan las previsiones de los más escépticos”, explayaron y sumaron: “Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo, que nada casualmente integran el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa -inocultablemente ‘trucha’- de Vialidad contra la vicepresidenta de la Nación, así como el Ministro Porteño responsable de vallar su casa”.

A su vez, sostuvieron que “el rol ocupado por Juan Bautista Mahiques en la Ciudad de Buenos Aires como fiscal general fue brindar protección y una base de operaciones perfecta a este entramado judicial, algo largamente sospechado y que ahora ha quedado finalmente expuesto, a la vista de toda la sociedad argentina”.

“La connivencia de la Policía de la Ciudad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, con la persecución y el hostigamiento a la vicepresidenta, ya había quedado expuesta en varias oportunidades: desde su participación como auxiliar de justicia en causas federales en la Provincia de Santa Cruz, hasta la inacción frente al acoso y las agresiones a la Vicepresidenta en su despacho del Congreso, sin detenciones por hechos tan graves como arrojar piedras y bombas molotov, como así tampoco por llevar bolsas mortuorias a la Casa Rosada”, recordaron en el texto.

Además, denunciaron que “la impunidad con la que se manejó este entramado que compromete a funcionarios políticos y judiciales vinculados a Macri y Larreta devela que no se trata solo de negocios, sino de persecución, complicidad mediática con pautas millonarias  y espionaje ilegal, todo esto al servicio de un sistema de injusticia e inequidad que necesita presa a Cristina para perpetuarse”, y repudiaron “este manejo antidemocrático que busca desestabilizar, completamente inaceptable para una sociedad que recuperó el Estado de Derecho con un costo social enorme”.

Muy pocos mensajes de la oposición se vieron en las redes sociales este lunes sobre el escándalo por la filtración de chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios del Grupo Clarín, donde conversan de ocultar un viaje realizado a Lago Escondido en octubre pasado.

Pero uno de los involucrados, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, utilizó su Twitter para apuntar contra la “mafia kirchnerista” y denunciar una “operación tragicómica”, el cual fue replicado por un puñado de legisladores del Pro.

Entre ellos, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri, quien publicó: “Mi solidaridad con @MarceDaless frente a esta operación ilegal y falsa. Estas maniobras no son más que otro manotazo de ahogado de aquellos que se ven acorralados por la Justicia e intentan embarrar la cancha con mentiras y montajes de baja estofa”.

“La desesperación de @CFKArgentina frente a una inminente condena no tiene límites”, consideró el diputado nacional Omar De Marchi, mientras que su par Silvia Lospennato escribió: “Otra vez el kichnerismo detrás de una operación de inteligencia ilegal. Mi solidaridad con @MarceDaless”.

Por su parte, el legislador porteño de la CC-ARI Facundo Del Gaiso sostuvo que “cuando es inminente un fallo que posiblemente condene a Cristina por robarle a todos los argentinos hacen una burda operación de inteligencia contra @MarceDaless. La justicia tiene que investigar para que se aclare todo y se termine este accionar mafioso”.

Mi solidaridad con @MarceDaless frente a esta operación ilegal y falsa. Estas maniobras no son más que otro manotazo de ahogado de aquellos que se ven acorralados por la Justicia e intentan embarrar la cancha con mentiras y montajes de baja estofa. https://t.co/GFKH6IXafj

— Guadalupe Tagliaferri (@LupeTagliaferri) December 5, 2022

La desesperación de @CFKArgentina frente a una inminente condena no tiene límites. https://t.co/bZ6HOiCFrW

— Omar De Marchi (@omardemarchi) December 5, 2022

Otra vez el kichnerismo detrás de una operación de inteligencia ilegal. Mi solidaridad con @MarceDaless

— Silvia Lospennato (@slospennato) December 5, 2022

Cuando es inminente un fallo q posiblemente condene a Cristina x robarle a todos los Argentinos.Hacen una burda operación de inteligencia contra @MarceDaless.La justicia tiene q investigar para que se aclare todo y se termine este accionar mafioso. https://t.co/5eV8sWSz59

— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) December 5, 2022

Luego de la filtración de chats entre jueces federales, funcionarios del Pro y empresarios del Grupo Clarín, en el que hablan de intentar ocultar un viaje que realizaron a Lago Escondido, con estadía en la estancia de Joe Lewis -amigo de Mauricio Macri– en octubre pasado, las bancadas del oficialismo en la Cámara de Diputados y el Senado emitieron un comunicado titulado: “Con la mafia no hay democracia”.

“Los integrantes del bloque de diputadas y diputados y el interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, repudiamos y exigimos una inmediata investigación y condena por los hechos de público conocimiento que involucran a jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas, un exagente de inteligencia y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, arrancaron en el escrito.

Para los legisladores, “este nuevo escándalo institucional muestra claramente que con prácticas mafiosas están hiriendo de muerte a la democracia argentina”. “Jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra (María Eugenia Capuchetti), aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles”, remarcaron.

Los diputados y senadores denunciaron que los magistrados “reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven causas, encubren delitos, inducen al falso testimonio, presionan a la fiscal de Bariloche que investiga el hecho, falsifican documentos, pagos y facturas, y amenazan con continuar armando causas a quien hable de ellos, y hasta la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales”.

“En ese viaje y en ese nefasto grupo de chats, estaban ni más ni menos que el padre y hermano del fiscal que ‘investigaron’ la causa Vialidad y el juez de esta causa”, subrayaron sobre la causa de la cual se conocerá el veredicto este martes.

Además, señalaron que “el mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas”. “Exigimos la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación”, reclamaron.

Finalmente, dijeron: “Siempre supimos que se manejaban al margen de la ley, las instituciones y las reglas de nuestra República. Pero verlo y escucharlo de su propia voz, excede todo lo imaginado. No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia”.

Luego de que un hombre intentara asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la puerta de su departamento en Recoleta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, salió a repudiar lo ocurrido y pidió el rápido accionar de la Justicia. 

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde porteño expresó su “total solidaridad con Cristina y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido esta noche”, al mismo tiempo que afirmó que “la Justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos”. 

“Esto es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país. Hoy, más que nunca, todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por la paz”, sentenció. 

Aunque Larreta no fue el único funcionario porteño en salir a repudiar lo ocurrido, dado a que el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, también se mostró sumamente crítico con el brutal episodio. “La criminal agresión contra Cristina Kirchner es un gravísimo atentado contra la democracia que requiere una investigación urgente y profunda”, indicó. 

Además, señaló que “no podemos permitir una sola escena más como la vivida hoy en el domicilio de la vicepresidenta”, y precisó que “apenas tuvimos conocimiento del hecho nos pusimos a disposición del ministerio de Seguridad de la Nación y estamos en permanente contacto para aportar lo que haga falta. La violencia, cualquier forma de violencia, es nuestro límite”. 

Mientras que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, concluyó aseverando que “lo que ocurrió es inadmisible. Un hecho gravísimo. Toda nuestra solidaridad con la vicepresidente y su familia. Estamos a entera disposición”. 

El Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires exigió la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y la interpelación del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en la Legislatura porteña, por la represión policial ejercida el último sábado contra las personas que se manifestaron en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las inmediaciones de su domicilio en el barrio de Recoleta.

En una conferencia de prensa convocada en horas del mediodía en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña; el senador nacional Mariano Recalde, diputados nacionales del Frente de todos de la Ciudad y el bloque de legisladores porteños, destacaron la presentación de tres proyectos -un pedido de informes, la interpelación a Larreta y el pedido de renuncia de D’Alesandro como responsable del operativo judicial- presentados por los legisladores para ser tratados por el cuerpo legislativo.

La apertura estuvo a cargo del jefe de bloque de Frente de todos, Claudio Ferreño, quien calificó el operativo policial montado en el domicilio particular de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “un atropello a los militantes y vecinos. Solo hay vallas y policías cuando nos manifestamos los peronistas. Fue una represión con carros hidrantes injustificada. Una provocación orquestada. Nos habíamos convocado pacíficamente en distintas plazas de la ciudad”, señaló.

“Por represión ejercida por el Gobierno de la Ciudad en Recoleta, decidimos presentar tres proyectos para reclamar la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alesandro, pedir la interpelación al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y que se nos informe lo acontecido”, indicó Ferreño, al ceder la palabra al senador Mariano Recalde.

En ese sentido, Recalde planteó: “Le decimos a Larreta y Macri que paren, que queremos paz y democracia”, y adelantó que seguirán “las acciones parlamentarias, políticas y judiciales para que esto no suceda más”.

“Cada vez que el macrismo tiene a su cargo una fuerza de seguridad la usa para reprimir y castigar a los que piensan distinto. No es novedoso. Fue una provocación la de poner vallas”, afirmó.

Más adelante, el diputado nacional Eduardo Valdés dijo que “queremos saber quiénes son los oficiales de la policía que daban órdenes incentivando a sus subalternos a que ejerzan violencia sobre funcionarios públicos que estaban acudiendo a solidarizarse con la vicepresidenta”.

A su turno, la legisladora Claudia Neira expresó: “Pedimos la renuncia del ministro Marcelo D’Alessandro, porque lo que está sucediendo es que estamos en medio de una disputa política miserable entre Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta que están jugando con la seguridad y la paz social de los argentinos y los porteños.

El cierre estuvo a cargo del legislador Javier Andrade: “Exigimos que renuncie Marcelo D’Alessandro, responsable principal de los acontecimientos que sucedieron el fin de semana, en el domicilio, en el sitio que le hicieron a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, concluyó.

La Policía de la Ciudad detuvo este miércoles en el partido de Quilmes al hombre identificado como el que armó y arrojó la bomba Molotov a los efectivos durante los incidentes en la Plaza del Congreso mientras en el Parlamento se discutía por el acuerdo con el FMI.

Además, en este último procedimiento, al imputado se le secuestraron teléfonos celulares que fueron secuestrados por orden judicial para ser peritados.

De esta manera, son siete los detenidos luego de los siete allanamientos realizados en inmuebles de San Isidro, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Castelar, Libertad y Quilmes.

Los procedimientos fueron solicitados por la Unidad de Flagrancia Este, auxiliar fiscal Mariano Camblong y autorizados por el titular del Juzgado 23, Norberto Circo.

En los operativos entre martes y miércoles también fueron incautados palos, armas blancas, fotos de bombas Molotov, un rifle de aire comprimido y listados con personas que asistieron a la marcha, además de notebooks, celulares y computadoras.

Los allanamientos, referentes a la causa por “Atentado contra la autoridad”, fueron llevados a cabo por las Divisiones Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigadores Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Asimismo también formaron parte de los procedimientos efectivos de las distintas jurisdicciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los imputados por el ataque con Molotov, que era buscado por los investigadores, fue hallado en un operativo realizado en Güemes al 500, en el partido de San Isidro. Allí además de dar con el hombre buscado descubrieron gran cantidad de marihuana procesada y una plantación en el fondo de la finca, elementos para producción de la sustancia, precursores químicos, anotaciones sobre la venta y proceso de producción.

Los policías encontraron también propaganda del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) en contra del FMI, un rifle de aire comprimido, armas blancas, fotografías de bombas Molotov de similares características a las secuestradas por la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad y la vestimenta que portaba el imputado al momento de la agresión al personal policial.

Por disposición del juzgado se secuestraron 4 computadoras, 1 CPU, 9 teléfonos celulares, 7 pendrives, dos memorias Micro SD, una cámara de fotos, un panfleto del MTR, una foto de bomba molotov, un rifle aire comprimido, un cuchillo, y un cuaderno y una pizarra blanca con anotaciones varias.

Junto al buscado, al momento del procedimiento había cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos detenidos por orden de la UFI correspondiente por comercialización de estupefacientes, todas trasladadas a la DDI de San Isidro, con la excepción del imputado por el ataque frente al Congreso, que quedó a disposición del Juzgado a cargo del Dr. Circo, quien dispuso su traslado a la sede de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad.

Otro de los allanamientos se efectuó en una sede del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), ubicada en la calle 519 al 2500, de la localidad de Gobernador Costa, partido de Florencio Varela. Si bien no había personas en su interior, los oficiales incautaron computadoras, anotadores, listados de concurrentes a la marcha del 10 de marzo, notebooks, palos con funda, todo lo cual fue entregado al personal del CIJ, por orden del Juzgado.

Otro allanamiento se realizó en la casa del primer detenido en la causa, sobre la calle San Luis, en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría. En el lugar fueron halladas, debajo de un colchón, pancartas pertenecientes al MTR, un cuaderno infantil con anotaciones sobre distintas marchas, las personas que concurrieron y sus supuestas firmas. También fueron incautados cinco celulares pertenecientes a los residentes.

Además, los efectivos se dirigieron a domicilios en Castelar y Libertad, donde frecuentaba otro de los hombres imputados en los incidentes en Congreso.

En los inmuebles, los oficiales no encontraron a la persona buscada, pero secuestraron un barbijo con la inscripción del MTR y cuatro teléfonos celulares. Todos los objetos fueron incautados por solicitud judicial para su correspondiente peritaje.

Este miércoles, los oficiales allanaron una vivienda en Quilmes y pudieron dar con el imputado identificado como el que armó la bomba Molotov y arrojó hacia donde estaba el cordón policial, generándole quemaduras al efectivo. Además, se le incautaron celulares.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas en la causa. e

Funcionarios del Gobierno porteño anunciaron que pondrán vallas y montarán previamente un operativo de seguridad este jueves, en el marco de la sesión que se dará en el Senado para debatir el proyecto de acuerdo con el FMI.

“Vamos a vallar el Congreso y desplegar la fuerza para que actúen de la manera que siempre lo vienen haciendo garantizando el desarrollo del Congreso, uno de los pilares de la democracia”, expresó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro.

La semana pasada, cuando se debatió la iniciativa en la Cámara de Diputados, un grupo de manifestantes atacó con piedras y bombas de pintura el edificio, registrándose destrozos en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. También se enfrentaron con efectivos de Policía de la Ciudad, arrojándoles bombas molotov.

En sus redes sociales, CFK mostró cómo se vivió el ataque desde adentro de su despacho. En un segundo vídeo, denunció que el episodio se “planificó” y cuestionó la demora de la Policía en actuar.

Este martes, D’Alessandro apuntó que desde hace dos años desde Nación le “exigen” a la Ciudad que no ponga vallas en el Congreso ni en la Casa Rosada. “La propia Cristina ha llamado por teléfono solicitando que saquen las vallas, incluso desde Secretaría General de la Presidencia”, señaló.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, recordó que “el trabajo de la Policía de de la Ciudad estuvo seriamente afectado por una decisión de un diputado del Frente de Todos, que presentó un amparo después de la pedrada del año 2017 al Congreso impidiéndole a la policía utilizar ningún elemento que permita el accionar y la represión en el lugar”.

“Parecería que para el kirchnerismo cuando la violencia les es funcional la protegen y cuando la violencia la sufren, son víctimas, editan vídeos e intentan transferirnos la responsabilidad del tema. Para nosotros es claro, hay un solo lugar que es frente a los violentos y los delincuentes y en ese sentido se actuó el otro día”, sostuvo Macri.

Debido a la conmoción que generó el asesinato de Lucas González –el chico de 17 años que entrenaba en las inferiores de Barracas Central- a manos de tres efectivos de la Policía de la Ciudad que estaban vestidos de civiles, los legisladores del Frente de Todos y del Frente de Izquierda pidieron en la Legislatura porteña que se cite al ministro de Seguridad local, Marcelo D’Alessandro, para que brinde precisiones al respecto de lo ocurrido con este joven y el accionar de la mencionada fuerza de seguridad.

Los diputados de ambas fuerzas se encuentran recolectando las firmas necesarias para convocar a una sesión ordinaria para tal fin, la cual podría llegar a realizarse el próximo 25 de noviembre a las 12. Se prevé que , en caso de que la interpelación llegue a hacerse, se indague al funcionario sobre el crimen en cuestión y el desempeño y actuaciones  de la Policía de la Ciudad en su deber de seguridad pública en el período comprendido entre 10 diciembre del 2019 hasta la actualidad.

Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre cuatro jóvenes de 17 años fueron interceptados por policías de civil en Barracas, y uno de ellos -Lucas González- fue baleado en la cabeza. En horas de la tarde del jueves, su tío confirmó el fallecimiento. La versión policial es que hubo un “enfrentamiento”, aunque las pericias posteriores establecieron que los chicos estaban desarmados, aunque la Policía dice haber encontrado un arma de juguete en el auto en el que estaban.

En el marco del ataque, los padres de los chicos sostienen que fue un caso de gatillo fácil. “La Policía dice que los vieron en calidad de sospechosos y que habían atropellado a alguien. Cuando le hicieron la pericia de los chicos y sacaron un arma que terminó siendo de juguete. ¿A ustedes les parece que tengan un arma los chicos? Ellos recién salían de probarse en un club”, dijo el padre de uno de los jóvenes.