Luego de haber realizado su descargo en declaraciones radiales al ser involucrado en un caso de espionaje ilegal a jueces, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) presentó un escrito en la Fiscalía que lleva a cabo la investigación de la causa para solicitar información respecto de una carpeta con su nombre según consta en el dictamen.

“Parece que no soy el jefe de la banda como dice la cofradía del sobre sino una de las víctimas de estas maniobras. Robles, Rosatti, se les empieza a caer la opereta”, apuntó el diputado kirchnerista.

En el escrito, señala que “basta con acudir a los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro vinculado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga”.

Además, remarcó que en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita -que pidió la indagatoria del sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta en cuyo teléfono se le encontraron chats con Tailhade los cuales confirmó- en las 169 páginas no se encuentra mencionado en todo el documento.

Sin embargo, indicó que “es determinante relevar si el Anexo 1, en el que según el dictamen mencionado se encontrarían detallados los 1196 informes de inteligencia, se encuentra identificada una carpeta con mi nombre”, por lo que solicitó que se le informe sobre ello y pidió tener acceso a esa información y al contenido.

Recién presenté este escrito en la Fiscalia que investiga la causa del "espionaje" a jueces. Parece que no soy el jefe de la banda como dice la cofradía del sobre sino una de las víctimas de estas maniobras. Robles, Rosatti, se les empieza a caer la opereta. pic.twitter.com/GIr4Hj09HP

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) November 8, 2023

A raíz de la situación de la camarista Ana María Figueroa, los diputados del Pro Pablo Tonelli y Álvaro González presentaron un proyecto de ley sobre el cese de los magistrados a los 75 años, reglamentando así lo establecido por el artículo 99 -inciso 4, tercer párrafo- de la Constitución Nacional.

Dicho artículo dispone que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesan en sus cargos al cumplir 75 años de edad, salvo que sean previa y nuevamente designados. El nuevo nombramiento requiere el acuerdo del Senado y no puede extenderse por más de cinco años.

La iniciativa de los legisladores de Juntos por el Cambio busca establecer que “los jueces cesarán automáticamente en sus cargos el día que cumplan 75 años de edad o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación; salvo que antes de alcanzar esa edad o de llegada esa fecha hayan sido nuevamente designados por el Poder Ejecutivo con previo acuerdo del Senado”. Además, indica que el cese no estará sujeto a decisión o condición.

Al respecto, Tonelli sostuvo que “evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación”.

“Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas, y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad”, remarcó el diputado porteño.

En este sentido, la iniciativa determina en su artículo 3° que el mismo día que el juez cumpla 75 años o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación, si previamente no ha sido nuevamente designado, perderá su condición de magistrado y dejará de percibir la remuneración correspondiente a su cargo. Asimismo, deberá dejar la oficina que utilice y perderá todos los derechos inherentes a su condición de juez en actividad.

Por su parte, González dijo que “este proyecto viene a dejar de forma clara lo que expresa nuestra Constitución en el artículo 99, inciso 4. Queremos con este proyecto evitar interpretaciones especulativas según la conveniencia. Y que, el precepto constitucional, se interprete tal cual fue su espíritu. Es decir, los jueces que cumplen 75 años de edad cesan en sus funciones ese mismo día, salvo que hayan obtenido el acuerdo de Senado para una nueva designación por cinco años más”.

Según los fundamentos del proyecto, los autores consideran imprescindible que la norma prevea que solo el trámite completo de nueva designación, que culmine con el necesario decreto de nombramiento emitido por el presidente de la Nación, permite al juez involucrado continuar desempeñando su cargo.

De manera que quede establecido que la mera petición de acuerdo o aun el otorgamiento de ese acuerdo no bastan si la nueva designación no concluye con el decreto de rigor y el magistrado debe cesar en su cargo de manera automática al cumplir la edad prevista en la Constitución Nacional. También se propicia que, una vez producida la vacante automática, el Consejo de la Magistratura deba convocar de inmediato al concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir esa vacante, a fin de que esta sea cubierta en el menor lapso posible.

La polémica se abrió a raíz de la situación de la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa -con voto clave en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, quien cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, pero hasta ahora el oficialismo en el Senado no ha tenido el número para poder aprobar su pliego enviado por el Poder Ejecutivo, que busca prorrogar su cargo por cinco años más.

El día de su cumpleaños, la magistrada informó a sus pares que dejaba la presidencia de la Cámara y que no firmaría más resoluciones, pero que no se tomaría licencia a la espera del trámite parlamentario -hasta diciembre-, amparada según su criterio en una resolución de 2017 del Consejo de la Magistratura sobre la continuidad de los jueces mayores de 75 años.

Tras la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, diputados y senadores del Frente de Todos realizaron una conferencia de prensa en la que apuntaron contra “la mafia judicial” y anunciaron que solicitaron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, una audiencia “urgente” para sacar de la “parálisis” al Consejo de la Magistratura y poder tratar en ese ámbito el escándalo por el viaje a Lago Escondido entre jueces, funcionarios del Pro y empresarios de Clarín. 

Encargado del anuncio fue el jefe del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, quien repudió el “fallo escandaloso” contra la expresidenta en la causa “Vialidad” y, a continuación, señaló: “Venimos a denunciar la gravedad de todos estos hechos que giran alrededor de este viaje a Lago Escondido, y toda esta red de complicidades y comportamientos mafiosos que intentaron, primero, esconder los hechos, después tergiversarlos, y esconder los distintos delitos incluso a través de facturas truchas”. 

Además, el santafesino resaltó la “gravedad institucional que significa que esté paralizado el Consejo de la Magistratura”, órgano encargado de la selección y remoción de jueces, donde todavía no han asumido los ochos representantes por el Poder Legislativo, dada los reclamos judiciales que hubo y el retraso de la Corte en resolver. 

Martínez contó que en la nota dirigida a Rosatti le pidieron que “arbitre los medios necesarios para completa integración” del Consejo. “Si la Corte Suprema, y particularmente su presidente, el doctor Rosatti, ha tenido un rol fundamental en el proceso de paralización del Consejo de la Magistratura, ahora también le cabe la responsabilidad de arbitrar los medios para que comience a funcionar”, sostuvo, y aclaró que eso no debe ser “de cualquier manera”, sino en función a “lo que dice la Constitución Nacional, el marco normativo vigente y que respete la división de poderes”. 

A su turno, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, calificó al fallo contra CFK como “una decisión política de un tribunal político de lo que nosotros denominamos parte de la mafia judicial” que “afecta al pueblo argentino, a todos y todas, y al futuro de la Argentina”. 

“Argentina no puede tener un país en serio con una mafia judicial”, enfatizó y manifestó su “extrema preocupación”. “Ninguno de los jueces y juezas del Poder Judicial han atravesado lo mismo que atravesamos tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Legislativo”, remarcó en cuanto a la elección popular. 

Muy dura, la jefa del bloque K consideró que “no existe más en nuestro país el Poder Judicial de la Nación” porque “fue reemplazado por una verdadera mafia judicial, que es empleada por los poderes económicos más grandes que tiene nuestro país”. 

“A partir de ayer la agenda de Cristina no parece ser la agenda judicial. Toda la sociedad argentina va a tener que hacerse cargo de este problema que tenemos”, señaló y dijo que el hecho es de “gravedad institucional, que no es inusitada”. 

Además, acusó que el Poder Judicial y Juntos por el Cambio “tienen las mismas ideas y persiguen el mismo diseño de país, que es al que le sobra la mitad de los argentinos y argentinas, y al que intentan disciplinar”, por eso van contra “la única dirigenta de este país capaz de enfrentarse” a esos sectores. 

Recordando el caso de José Luis Cabezas, la senadora opinó que “la gran preocupación” de los jueces y los CEO’s de Clarín “es mantener su anonimato” en imágenes. “La vida de ustedes está en riesgo igual que la nuestra, igual que en el ‘97”, expresó a los periodistas presentes en la conferencia. 

Luego, Di Tullio leyó los nombres de todos los involucrados en los escandalosos chats: los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; los CEO´s de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; y los funcionarios porteños Juan Bautista Mahiques (procurador) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad). Sobre estos últimos afirmó que “deberían dar un paso al costado inmediatamente”. 

“En este país no puede haber privilegios en servidores públicos, y menos en los que tienen que administrar Justicia”, resaltó, al indicar que en este hecho “como mínimo” se dio “el delito de dádivas”. En una exposición similar a la que dio la vicepresidenta luego de la condena, Di Tullio leyó el contenido de los chats, mostró las fotos de los involucrados en el aeropuerto y lanzó: “No son cuatro jueces, son cuatro hampones. Son parte de una mafia contratada por un poder privado para hacerle daño a nuestro país”.

Con todo lo dicho, la senadora cristinista concluyó que el Consejo de la Magistratura “está absolutamente paralizado” porque “es lo que le conviene al Poder Judicial”. “Tiene que empezar a funcionar inmediatamente”, reclamó. 

Finalmente, manifestó que a Cristina “le apedrearon la oficina, luego intentaron matarla con dos tiros que no salieron y ahora la condenan con una inhabilitación de por vida. En este país la historia del peronismo es la que es”. “Le quiero enviar un mensaje a la mafia judicial y al poder económico, en el nombre de Héctor Magnetto, que este espacio político, el peronismo, tampoco nunca, jamás, va a ser mascota del poder y tampoco lo van a vencer”, completó.  

Nota-Dr.-Rosatti

Por su parte, la diputada Vanesa Siley, una de las consejeras designadas por el oficialismo que todavía no asumió dada la decisión de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de suspender los nombramientos enviados en noviembre pasado a raíz del fallo del juez Martín Cormick, apuntó que el Consejo “es un órgano fundamental de la Nación” y por eso “le importa tanto al poder económico”. “Cambiando la composición lo llevaron a la parálisis absoluta”, reprochó sobre todo lo acontecido desde el fallo de la Corte hace un año atrás, cuando declaró inconstitucional la ley que regía su composición. 

La legisladora subrayó que durante este año, desde que Rosatti asumió la conducción, “solamente dos reuniones plenarias tuvimos”, mientras en 2020, año de la pandemia, hubo 20. Además, denunció que “con la excusa de no votar” a los reemplazos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi “se llevaron puestos” a los candidatos a cubrir vacantes en fueros civil y de familia. 

“El silencio es igual a permitir que siga esta mafia”, enfatizó Siley y pidió que “los funcionarios judiciales de bien salgan a pronunciarse sobre este tema. Si no lo hacen es ser cómplices”. “Miedo nunca, miedo jamás a esta gente, y nosotros siempre del lado de la luz y la transparencia, y con la Constitución en la mano”, finalizó. 

Sobre la condena a CFK y su anuncio de que no será candidata 

Otra de las que habló durante la conferencia fue la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular en el Senado, Lucía Corpacci, quien se refirió específicamente a la condena contra Cristina Kirchner y dijo que ese fallo “una vez más nos hace pensar la situación del Poder Judicial que tenemos en nuestro país”. 

En la causa “Vialidad”, la vicepresidenta “estaba sobreseída, había sido girada a la provincia de Santa Cruz, y la volvieron a traer acá para poder juzgar a Cristina”, remarcó la catamarqueña, y continuó: “Todas las pruebas presentadas fueron deliberadamente dejadas de lado, la Fiscalía no pudo sostener las palabras de la defensa y aún así Cristina fue condenada”. “Hace unos cuantos años que a Cristina la vienen persiguiendo”, expresó. 

Corpacci aseveró que “la causa Vialidad fue traída por la ventana” y, en línea con lo dicho por CFK en su descargo, sostuvo: “Cristina era presidenta y el responsable de lo que sucede en todo caso tiene que ser el jefe de Gabinete”. 

“Algo está muy turbio en nuestro país”, denunció y apuntó que “esta persecución la sufren siempre los gobiernos populares”, pero “la historia y el tiempo va a poner las cosas en su lugar. Lástima que mientras tanto se denigra a una persona”. 

Sobre la decisión de la vicepresidenta de no ser candidata “a nada” en 2023, la senadora confesó que “todos estamos en nuestro espacio político muy angustiados con la decisión de Cristina de no ser candidata”. “No hay líder político de la calidad y dimensión de Cristina”, la elogió y dijo que CFK “demostró en todos estos años que, aún sin ocupar ningún cargo público, ocupa una centralidad en la escena política de nuestro país”. Por eso, “va a conducir el espacio político y nosotros vamos a acompañar sus decisiones”, afirmó. 

También añadió que Cristina “tiene la capacidad que pocos políticos tienen, la capacidad de la inteligencia, de anticiparse, de resignar posiciones posiciones para el bien común”. “Yo quisiera que Cristina sea candidata, pero también entiendo que Cristina le dio a nuestra fuerza política y al país, todo”, observó Corpacci y asoció que su decisión a no ser candidata “es porque sabe que van a seguir proscribiendo al peronismo”, pero también “tiene claro que tiene miles y miles de seguidores en todo el país. Cristina conduciendo, como condujo Perón”. 

El diputado nacional Leandro Santoro (FdT-CABA) opinó sobre la filtración de conversaciones entre jueces federales, funcionarios porteños y miembros del Grupo Clarín, para ocultar un viaje a Bariloche, y lo calificó como “la radiografía de cómo opera el poder real”.

En esa línea, el porteño remarcó que este hecho “son las cosas” que fueron denunciadas por el oficialismo durante tantos años. “Un poder real de cuatro patos, conformado por equipos de inteligencia, el poder económico, el Poder Judicial y los grandes medios de comunicación hegemónicos bajaban la línea”, lanzó.

En declaraciones a Radio 10, el legislador observó que “los grandes intelectuales de Clarín influyen con sus líneas editoriales” y así “buscar generar un vacío de poder para ocupar ese lugar de manera fáctica”.

Por otro lado, respecto al juicio de la causa “Vialidad”, Santoro dijo que “es muy probable” que la vicepresidenta Cristina Kirchner “sea condenada” este martes. Y consideró que el avance sobre CFK es porque “esperaban, a esta altura, un Banco Central vacío y una hiperinflación, pero la Argentina ha logrado un horizonte”.  

Además, el diputado habló sobre las sesiones fallidas en el recinto de la semana pasada y aseguró que la oposición “hizo una sobreactuación”. Asimismo, valoró que la labor de Cecilia Moreau -presidenta de la Cámara de Diputados- “ha sido una gran tarea de consenso”, con la cual se ha avanzado con muchas leyes.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) consideró que hay una “mafia judicial”, en relación los chats que se difundieron entre jueces federales, directivos del Grupo Clarín, un funcionario porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el que intentaron difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis.

“Se quiso borrar de los medios de comunicación la información de esos chats. Estamos ante un Poder Judicial que vino a sustituir al poder militar para limitar la democracia y transformarla en una ficción. Estamos frente a una mafia judicial”, afirmó Moreau en declaraciones por Radio Provincia.

Además, sostuvo que “lo poco que se ha difundido de la información revela el comportamiento mafioso de un grupo de jueces, fiscales, ministros de Seguridad de CABA y directivos de uno de los medios de comunicación más importantes de Argentina”.

“Ellos están tapando el delito de dádivas y, para taparlo, en ese mismo chat imaginan nuevos delitos”, disparó el legislador y agregó que uno de los chats dice que la información sobre el viaje a San Carlos de Bariloche se filtró por “culpa del jefe de la Policía de Seguridad Aeronáutica, amenazando su vida”, y subrayó que “se trata de una asociación ilícita porque tapan los delitos originales con más delitos”.

No obstante, Moreau precisó que “la principal preocupación de este grupo es no ser sancionados por el Consejo de la Magistratura“, y remarcó que, en el Congreso, quedó demostrado que “un sector de Juntos por el Cambio (JxC) tenía que proteger a los que protegen a (Mauricio) Macri, frenando sus causas o transformándolas en papel picado”, al realizar planteos -incluso judiciales- en cuanto a la conformación del Consejo de la Magistratura.

“Este grupo que ayer se desnudó frente a la sociedad genera un tenor obsceno y es el que protege a Macri en Comodoro Py”, lanzó Moreau, quien remarcó que “la consecuencia de lo que va a suceder mañana en la causa Vialidad tiene que ver con este hecho”. En ese sentido, para Moreau, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “mañana será condenada por estas personas que dividen a la sociedad y la hacen elegir si están con la mafia o la democracia”.

En ese marco, señaló: “El objetivo es proscribir a Cristina y esto lo sintetizó en una nota canallesca Clarín al titular ‘La bala no salió, pero la sentencia sí’. Entonces qué podes esperar de este tribunal”.

Moreau manifestó que este martes “podrá haber una movilización espontánea, pero lo que hay que movilizar es la conciencia de los argentinos, ya que la sociedad se enteró de la causa cuando la nombraron los fiscales”, y cerró: “Hubo ocultamiento, amplificación de la mentira y sentencias escritas”.

Por otro lado, en diálogo por el Destape Radio, el diputado kirchnerista destacó que “la situación requiere una cadena nacional del presidente de la República”, porque “se puso en riesgo el Estado de derecho y la propia vigencia de la Constitución Nacional”. “Me parece absolutamente imprescindible”. En tanto que pidió también la intervención de colegios de abogados, asociaciones de magistrados y de la Corte Suprema: “Deben imponer sanciones”.

“Lo primero que hay que hacer es exigir la renuncia inmediata de todos estos jueces a sus cargos, también la renuncia del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y hay que reclamarle a la Corte Suprema que se reúna inmediatamente para analizar medidas disciplinarias”, reflexionó Moreau.

Muy pocos mensajes de la oposición se vieron en las redes sociales este lunes sobre el escándalo por la filtración de chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios del Grupo Clarín, donde conversan de ocultar un viaje realizado a Lago Escondido en octubre pasado.

Pero uno de los involucrados, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, utilizó su Twitter para apuntar contra la “mafia kirchnerista” y denunciar una “operación tragicómica”, el cual fue replicado por un puñado de legisladores del Pro.

Entre ellos, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri, quien publicó: “Mi solidaridad con @MarceDaless frente a esta operación ilegal y falsa. Estas maniobras no son más que otro manotazo de ahogado de aquellos que se ven acorralados por la Justicia e intentan embarrar la cancha con mentiras y montajes de baja estofa”.

“La desesperación de @CFKArgentina frente a una inminente condena no tiene límites”, consideró el diputado nacional Omar De Marchi, mientras que su par Silvia Lospennato escribió: “Otra vez el kichnerismo detrás de una operación de inteligencia ilegal. Mi solidaridad con @MarceDaless”.

Por su parte, el legislador porteño de la CC-ARI Facundo Del Gaiso sostuvo que “cuando es inminente un fallo que posiblemente condene a Cristina por robarle a todos los argentinos hacen una burda operación de inteligencia contra @MarceDaless. La justicia tiene que investigar para que se aclare todo y se termine este accionar mafioso”.

Mi solidaridad con @MarceDaless frente a esta operación ilegal y falsa. Estas maniobras no son más que otro manotazo de ahogado de aquellos que se ven acorralados por la Justicia e intentan embarrar la cancha con mentiras y montajes de baja estofa. https://t.co/GFKH6IXafj

— Guadalupe Tagliaferri (@LupeTagliaferri) December 5, 2022

La desesperación de @CFKArgentina frente a una inminente condena no tiene límites. https://t.co/bZ6HOiCFrW

— Omar De Marchi (@omardemarchi) December 5, 2022

Otra vez el kichnerismo detrás de una operación de inteligencia ilegal. Mi solidaridad con @MarceDaless

— Silvia Lospennato (@slospennato) December 5, 2022

Cuando es inminente un fallo q posiblemente condene a Cristina x robarle a todos los Argentinos.Hacen una burda operación de inteligencia contra @MarceDaless.La justicia tiene q investigar para que se aclare todo y se termine este accionar mafioso. https://t.co/5eV8sWSz59

— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) December 5, 2022

El diputado nacional Itaí Hagman (FdT-CABA) se refirió este lunes al juicio por la causa “Vialidad”, cuyo veredicto se conocerá este martes, y consideró que a la vicepresidenta Cristina Kirchner “la juzgan los que juegan al fútbol con (Mauricio) Macri, sin ética y con compromisos ideológicos con la oposición”.

Además, el porteño habló sobre la filtración de conversaciones entre jueces y funcionarios macristas: “Imaginemos la cantidad de operaciones y conversaciones que no vemos. A esto nos lo enteramos de casualidad. Es la ‘punta del ovillo’ y se nota que contra CFK están orientados políticamente”.

“¿Cómo podríamos entender que la sentencia de este martes será justa?”, se preguntó el oficialista, entrevistado en FM La Patriada, y alertó que “es preocupante la impunidad que manejan los jueces”.

Para el referente del Frente Patria Grande, “no hacen falta más pruebas para ver que quieren sacar a CFK de la ‘cancha política’. Se encubren así mismos con total impunidad, y ya son varios ejemplos como cuando fueron a la mansión del amigo de Macri en el sur”.

Consultado por la posición de algunos jueces contra los programas sociales, el diputado afirmó: “El juez (Julián) Ercolini -que aparece encubriendo-, es el juez que está en el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo”. “Son duros con los pobres, pero después se encubren entre ellos, con los hechos de corrupción”, añadió.

Por último, Hagman anunció que no habría manifestaciones contra el Poder Judicial si condenan a la vicepresidenta, pero manifestó que buscarán persuadir a “la parte de la sociedad que no ve con claridad esto”. “Algunos tiene que entender que la convivencia entre jueces, empresarios y medios de comunicación atenta con la vida democrática de la Argentina”, concluyó.

Luego de la filtración de chats entre jueces federales, funcionarios del Pro y empresarios del Grupo Clarín, en el que hablan de intentar ocultar un viaje que realizaron a Lago Escondido, con estadía en la estancia de Joe Lewis -amigo de Mauricio Macri– en octubre pasado, las bancadas del oficialismo en la Cámara de Diputados y el Senado emitieron un comunicado titulado: “Con la mafia no hay democracia”.

“Los integrantes del bloque de diputadas y diputados y el interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, repudiamos y exigimos una inmediata investigación y condena por los hechos de público conocimiento que involucran a jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas, un exagente de inteligencia y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, arrancaron en el escrito.

Para los legisladores, “este nuevo escándalo institucional muestra claramente que con prácticas mafiosas están hiriendo de muerte a la democracia argentina”. “Jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra (María Eugenia Capuchetti), aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles”, remarcaron.

Los diputados y senadores denunciaron que los magistrados “reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven causas, encubren delitos, inducen al falso testimonio, presionan a la fiscal de Bariloche que investiga el hecho, falsifican documentos, pagos y facturas, y amenazan con continuar armando causas a quien hable de ellos, y hasta la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales”.

“En ese viaje y en ese nefasto grupo de chats, estaban ni más ni menos que el padre y hermano del fiscal que ‘investigaron’ la causa Vialidad y el juez de esta causa”, subrayaron sobre la causa de la cual se conocerá el veredicto este martes.

Además, señalaron que “el mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas”. “Exigimos la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación”, reclamaron.

Finalmente, dijeron: “Siempre supimos que se manejaban al margen de la ley, las instituciones y las reglas de nuestra República. Pero verlo y escucharlo de su propia voz, excede todo lo imaginado. No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia”.

Luego de la revelación de chats entre jueces federales y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires en relación a un viaje a Lago Escondido, el senador nacional Oscar Parrilli (FdT) sostuvo: “Esta es la demostración de que hay una mafia que quiere ser un Estado paralelo en la Argentina”.

El neuquino mencionó a los implicados: los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques; y aseveró que en los chats queda demostrado que “se reunían para armar una estrategia de proscribir a Cristina Kirchner”.

En diálogo con Radio 10, el legislador expresó que “las reuniones en Bariloche eran obscenas con gastos siderales para planear una sucesión de delitos contra el Gobierno”. Así también, afirmó: “Buscan conducir al Estado con conductas mafiosas”.

En otro tramo, el senador kirchnerista relacionó directamente a Yaradola como el “asesor” de la jueza María Eugenia Capuchetti -quien lleva la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta-, y manifestó que “no solo son partido judicial, sino que son una mafia”.

A su vez, consideró al juez Ercolini como un “inmoral”, quien había procesado a Ricardo Jaime -ex secretario de Transporte- por hacer “vuelos privados”. “Resulta que Ercolini se va Lago Escondido con invitaciones del Grupo Clarín. Eso es un delito”, señaló.

Del mismo modo, el legislador se lanzó contra la Corte Suprema de Justicia y consideró que “paralizaron al Consejo de la Magistratura” con la llegada del juez Horacio Rosatti, a quien atribuyó como el “generador de conflictos políticos e institucionales” para evitar el funcionamiento de todas las instituciones.

Por otro lado, Parrilli afirmó: “Oposición y Justicia están bloqueando la labor de las instituciones. El Senado funciona gracias al oficialismo, la oposición no se presenta ni a las comisiones”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que conduce el senador kirchnerista Oscar Parrilli se reunirá este martes para debatir sobre un único tema: un proyecto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, por el cual se modifican diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

Este proyecto fue presentado en marzo de 2021 y contó entonces con el acompañamiento de buena parte del bloque Frente de Todos. Tiene apenas cuatro artículos que modifican el Código Procesal Penal. El primero de sus artículos introduce un inciso en el artículo 55 de la Ley 23.984, el referido a motivos de inhibición del juez. Allí se indica que “el juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos”, agregándose como causa de inhibición la siguiente: “Si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”.

En su artículo 2°, incorpora un inciso al artículo 60 del Código Procesal Penal Federal, referido a motivos de recusación. De tal manera, el juez deberá apartarse del conocimiento del caso “si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”.

Asimismo se modifica el artículo 16 de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es el referido a derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y adminstrativos. Ese artículo indica que los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, una serie de derechos y garantías. El proyecto de Fernández Sagasti agrega allí el siguiente inciso: “A ser juzgadas con perspectiva de género y sin discriminación, contando con juzgadores y juzgadoras imparciales, siendo motivo de inhibición y recusación de magistrados y magistradas manifestar judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”.

En sus fundamentos, el proyecto que comenzará a debatirse en comisión a partir de este martes, señala que “los y las jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación que hemos desarrollado en las secciones anteriores, corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”.

Agrega el texto que “la falta de reconocimiento de la identidad de género de los y las justiciables constituye trato discriminatorio que se traduce en criminalización y acoso por parte de las autoridades”.

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En el tramo final de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, durante la votación en particular del Presupuesto 2023, se cayeron los artículos 100 y 101 del proyecto, que buscaban establecer que jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, independientemente de la fecha de su nombramiento. 

Sin los apoyos necesarios, el Frente de Todos vio naufragar su intención, la cual mantuvo durante toda la jornada, incluso cuando circularon versiones desde la oposición de que podía existir un “compromiso” para votar una ley aparte. Pero no fue así. 

Así las cosas, cerca de las 7 de la mañana de este miércoles, el artículo 100, que incorporaba a todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a la tributación de Ganancias, resultó rechazado con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el artículo 101, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones. 

Antes de pasar a la votación, la diputada del FIT Romina Del Plá pidió que se diferencien a los jueces de los empleados, pero esa propuesta no fue considerada por el oficialismo. Tampoco la del liberal José Luis Espert, quien planteó que se incorporen “tres líneas” al artículo para que se establezca una “compensación” a los jueces por la detracción en Ganancias y de esa manera “evitar la litigiosidad”. 

Enfática en la defensa del artículo 110 de la Constitución Nacional, el cual reza que la remuneración de los magistrados “no podrá ser disminuida en manera alguna”, la diputada Graciela Camaño dijo que “la Constitución no tiene ninguna contradicción”, sino que garantiza que “los jueces no sean bajo ningún punto de vista condicionados” y “no tengan dependencia ni del Poder Ejecutivo ni Legislativo”. “La solución es la ley que nos rige”, aseguró sobre la norma sancionada en 2016, y cuestionó que “el oficialismo introdujo un tema de conflicto absolutamente innecesario en el Presupuesto”. 

Desde el oficialismo, el diputado Leopoldo Moreau recordó que en 1996 se votó la ley que buscaba incluir a los funcionarios judiciales a Ganancias, pero la Corte Suprema de esa época dictó la Acordada N°20 por la cual “el Poder Judicial se autoimpuso que estaba excluido” y “en aquel momento la Corte violentó la Constitución”. 

Sobre la ley que rige desde 2017, se preguntó: “¿Esa ley está violentando la independencia del Poder Judicial? ¿O sea que hay jueces que tienen violentada su independencia y otros que no? Es un argumento absolutamente contradictorio”. 

“Es vergonzoso que se esté discutiendo si la independencia u honestidad de los jueces se puede tasar. No es tasable”, exclamó el legislador y consideró que avanzar en esta medida “es justo, hace a la equidad tributaria y no podemos ser débiles ante los fuertes”. 

Finalmente, antes de pasar a la votación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, ponderó el discurso que había tenido su par Rodolfo Tailhade, en el que expuso las opiniones acerca de este tema por parte de dos jueces de la Corte: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Además, rechazó la postura de la oposición sobre que se necesitaba una mayoría especial para aprobar los artículos. “No hay ninguna creación de ningún impuesto y de ninguna alícuota”, señaló. 

Por otra parte, el oficialismo retiró del proyecto el artículo 95 que establecía una prórroga en las facultades del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de retenciones hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese caso se vislumbraba una votación más pareja, algo que incluso mencionó el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, cuando pidió que algunos legisladores que se habían parado tras la votación general volvieran al recinto porque “podemos ganar”. Sin embargo, finalmente no hubo votación. 

Antes que Heller anunciara el retiro del artículo, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, mencionó el artículo 755 del Código Aduanero y argumentó que “la propia jurisprudencia  de la Corte es la que sugiere que la singularidad de la materia aduanera”, por la cual “autoriza al Poder Ejecutivo a disponer gravámenes o a desgravar según la conveniencia”.

En contra de ese argumento, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Ricardo Buryaile, habló de un “error de concepto” ya que “el artículo 755 el Código Aduanero es muy claro cuando habla de que los derechos de exportación e importación son tributos” y, por ende, por el artículo 75 de la Constitución son atribución del Poder Legislativo. 

Durante la extensa votación en particular, se aprobaron por 126 votos afirmativos, 118 negativos y 2 abstenciones los artículos 71 y 72 que habilitan un blanqueo a las importaciones de insumos y bienes de capital para la industria y compra de inmuebles usados. 

Por otra parte, el artículo 89, referido a la deuda de las provincias con CAMMESA, resultó avalado con 129 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones. La redacción del artículo se modificó en su tercer párrafo y quedó de la siguiente manera: “Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado Nacional y las jurisdicciones deberán publicar en un período no mayor a 90 días cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”. 

“Asimismo se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Para el caso de las distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2022 no tenga deuda con CAMMESA y/o con el mercado eléctrico mayorista, la Secretaría de Energía establecerá mecanismos especiales de reconocimiento de créditos en los términos que establezca la reglamentación”, agrega. 

También quedó aprobado el artículo 97, impulsado por legisladores fueguinos del oficialismo y la oposición, que aumenta los impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados. Fue por 124 votos afirmativos, 111 negativos y 7 abstenciones. 

Por un voto se aprobó el artículo que crea una “tasa de seguridad de aviación”, con el ajustado resultado de 123 votos a favor y  122 en contra. Tras ese hecho, Juan Manuel López escrachó la ausencia de Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, al recordar que “por un voto” se perdió y se creó esa nueva tasa. 

Otro artículo polémico, que se aprobó con 129 votos afirmativos y 120 negativos, fue el que beneficia al gremio de Camioneros en relación al pago del impuesto a las Ganancias. Se trata del artículo 104 que prevé incluir “como sexto párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con vigencia a partir del año fiscal 2022″, un apartado en el que se sostiene que para trabajadores de “actividades de transporte terrestre de larga distancia (…) la deducción allí prevista no podrá exceder el importe que resulte de incrementar en cuatro (4) veces el monto de la citada ganancia no imponible”.

Los jueces y los empleados judiciales están eximidos del impuesto a las ganancias. En el pasado hubo varios intentos fallidos de eliminar dicha exención. Ahora, en el marco de la discusión del Presupuesto 2023, oficialismo y oposición analizan llevarlo a cabo. Los magistrados manifestaron su enérgico rechazo y el sindicato de empleados judiciales amenaza con huelgas y protestas.

El instituto IDESA elaboró un informe en el que expresa que las exenciones de impuestos para determinados grupos de trabajadores, organizaciones, sectores y regiones son moneda corriente en el sistema tributario argentino. En el proyecto de Presupuesto 2023 se enumeran y se estima de manera aproximada su costo. Consisten, por un lado, en unas 40 eximiciones y reducciones de alícuotas en el IVA, impuesto a las ganancias, a los combustibles, a bienes de consumo, a los bienes personales, al cheque y a las cargas sociales. Por el otro, en 17 regímenes de promoción en beneficio de actividades industriales, no industriales, minería, bosques, biocombustibles, bienes de capital, autopartistas, industria del conocimiento, naval, pymes y –el más grande y emblemático– régimen de promoción de Tierra del Fuego.  

¿Cuál es el costo fiscal de estas exenciones? Según el proyecto de presupuesto, se estima que en el año 2022 el costo fiscal de las exenciones es el siguiente:

• La eximición a jueces y empleados judiciales cuesta alrededor del 0,2% del PBI.
• El resto de las eximiciones tiene un costo fiscal de un 2,5% del PBI.
• El déficit fiscal primario del sector público nacional se proyecta en 2,8% del PBI.

Estos datos muestran que el costo fiscal de la eximición del impuesto a las ganancias de jueces y empleados judiciales es relevante. Pero mucho más importante es el costo del resto de las eximiciones contempladas dentro del sistema tributario. La evidencia más ilustrativa es que, si se eliminara este oscuro instrumento de asignación de recursos públicos, se podría prácticamente eliminar el déficit fiscal primario, sostiene IDESA.

En el contexto de un sistema tributario muy oneroso, tanto por la carga burocrática como de presión tributaria, ganan legitimidad los mecanismos que permiten eludir toda o parte de esta carga. Pero, lejos de ser una solución, agravan los problemas, ya que el alivio para los beneficiados es a costa de una mayor carga para el resto de la sociedad. La cuestión de fondo es que los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) aplican similares impuestos a las mismas personas por los mismos hechos imponibles. Una venta es gravada, como mínimo, con IVA por la Nación, con ingresos brutos por las provincias y con tasas de los municipios. Un inmueble o un automóvil están gravados por el impuesto a los bienes personales a nivel nacional y por los impuestos patrimoniales provinciales y municipales. Bajo este desorden naturalmente se exacerban las demandas y las presiones sectoriales por tratamientos especiales para sacarse de encima parte de esta alta presión impositiva. Esto ocurre a nivel nacional, pero también pululan los tratamientos diferenciales en los impuestos provinciales y municipales.

Eliminar las exenciones –es decir que todos los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden– no implica dejar de ejecutar políticas de promoción o apoyo. En la medida que se justifiquen pueden seguir ejecutándose, pero estableciendo subsidios directos con una partida presupuestaria específica. De esta manera, se hace más explícito el costo fiscal de la promoción, el cual debe ser contrastado con los beneficios sociales esperados. Mientras que la eximición tributaria opera como una transferencia de fondos públicos encubierta, el subsidio directo es más explícito y transparente.

De todas formas, el principal desafío es ordenar el sistema tributario tomando como eje la unificación de impuestos. Por ejemplo, tender a un único impuesto a las ventas haciendo que el IVA absorba ingresos brutos y tasas municipales. Lo mismo con los impuestos a la propiedad, unificando bienes personales con los impuestos provinciales y municipales aplicados a inmuebles y automotores. Como parte de esta simplificación, las exenciones deberían ser sustituidas por subsidios explícitos, cuando se justifiquen. 

En vísperas del debate de la Ley de Leyes en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión prevista para este martes, las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron este lunes por la tarde a los representantes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional.

La propuesta hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto el pasado jueves e introducida en el dictamen para que todos los integrantes del Poder Judicial -desde jueces a empleados- paguen el impuesto a las Ganancias, fue el motivo de la reunión que se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.

Además, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también le pidieron audiencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los recibirá este miércoles al mediodía. Seguramente habiéndose concretado ya la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara baja. Habrá que ver si el polémico artículo vigente.

A lo largo de las presentaciones, los magistrados hicieron hincapié en que “no” están en contra de pagar Ganancias, pero quieren que “se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.

El titular de la Comisión, el oficialista Carlos Heller, explicó: “Nos corresponde a nosotros determinar a través de las mayorías necesarias si este punto incluido en el dictamen se saca o se posterga y, en ese escenario, tener en cuenta la referencia que los jueces nos están haciendo de convocar a una mesa de diálogo para encontrar un consenso”.

Sin embargo, dejó en claro: “Nosotros no podemos en ningún caso resignar nuestro rol y las decisiones se toman por mayoría. Vamos a recoger todo lo que se dijo y formará parte, de acá a mañana, de nuestro debate para determinar qué es lo que tenemos voluntad de avanzar en la dirección y que hoy no podríamos avanzar mucho más”.

El debate

Al inicio de la reunión Heller contó que “el pasado viernes a las 19.52” recibió un pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidiendo que “reciba a una delegación con carácter de urgente”, y aclaró: “Más urgente que esto no pude”.

“Todas las reuniones de la Comisión de Presupuesto han sido transmitidas. Hemos estado 32 horas recibiendo funcionarios del Poder Ejecutivo, donde los diputados han hecho preguntas. Hemos tenido tres días de debates intensos y todo esto ha sido público, no ha habido ninguna deliberación que haya sido privada”, explayó Heller.

El primero en hacer uso de la palabra fue Marcelo Galle Tagle, presidente de la Asociación e Magistrados, quien agradeció “enormemente” por la “prontitud” de la reunión. “Lo que queremos transmitir hoy acá es una postura, en la cual estamos abroquelados todos los integrantes del Poder Judicial. Hubo manifestaciones de todas las instituciones y asociaciones que conforman la representación de los distintos estamentos. Lo que nosotros hemos advertido acá es la uniformidad en cuanto a la opinión que se ha gestado. Incluso en aquellas representaciones que hacen al ámbito del Poder Judicial”, explicó.

Y siguió: “Hubo una manifestación unánime y uniforme en el mismo sentido. También fuimos recibidos por la Corte Suprema que daban un fuerte apoyo a la independencia del Poder Judicial aspirando a que las gestiones que estábamos realizando obtuvieran el tratamiento más razonable posible para llegar a una solución adecuada”.

“Nos preocupa la inclusión del artículo que alcanza y afecta a los integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos como así también a los empleados tanto en el ámbito nacional, federal como provincia, en cuanto a la inclusión dentro de la Ley de Presupuesto el impuesto a las Ganancias”, manifestó puntualmente Tagle.

En esa línea, expresó que la primera preocupación que les genera es que “desde lo legal no es tolerable o correcto incorporar una ley donde se afecta con un tributo dentro de la Ley de Presupuesto que así lo establece la Ley de Administración que desde 1992 su artículo 20 señala esta prohibición”.

“Somos conscientes de que en algún Presupuesto una de estas cuestiones ha sido tratada o incluida. Lo que nosotros señalamos es que una inadecuada incorporación en una situación anterior no justifica seguir insistiendo en el mismo error”, sostuvo.

“Hay un avasallar constitucional que se refiere a la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y de los integrantes del Poder Judicial en tanto en el artículo 110, cuya Norma fue ratificada con la Convención Constituyente de 1994 desde que, existiendo esta Norma ya en la Constitución Nacional, al momento de hacerse las modificaciones correspondientes a nuestra Constitución fue ratificada y convalidada esa misma situación”, remarcó el funcionario judicial.

En suma, resaltó que esa “intangibilidad” alcanza a “todos” los integrantes del Poder Judicial porque “ya hay miembros que están tributando impuestos a las Ganancias”. “Entendemos que esta inclusión en el Presupuesto de esta norma afecta, tanto la intangibilidad de aquellos que hoy por hoy no están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, como la intangibilidad de aquellos que hoy, bajo la norma vigente, están si alcanzados por el impuesto a partir de la Regulación establecida desde 2017 hasta el presente”, cuestionó Tagle.

En ese sentido, aclaró que “no hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar el impuesto a las Ganancias”, pero consideró que “hay que trabajarlo y regularlo” de tal manera que no afecte el artículo 110 de la Constitución Nacional. “Esto no es un privilegio. Nosotros no estamos buscando la preservación de algo que no es privilegio, sino que es la intangibilidad establecida en el artículo 110 de la Constitución”, insistió el magistrado.

“Avanzar con esta idea se estaría yendo en contra de lo que el propio Poder Ejecutivo en el año 2017 al establecer el protocolo de cómo fue la modificación para la Tributación de Ganancias de los Magistrados que hoy así lo hacen. Se establecieron las normas y las pautas para seguir avanzando con el impuesto a las Ganancias por lo cual lo que se está proponiendo a través de esta norma también iría en contra de un acuerdo realizado a partir de una acción que inició la Asoc. de Magistrados, que concluyó con esta transacción en la cual el Estado Nacional fue parte y suscribió el acuerdo que hoy se estaría dejando sin efecto”, explayó.

“No estamos diciendo que ‘ningún juez no quiere pagar ganancias’, lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.

Y sintetizó: “Lo que queremos preservar acá es que estamos frente a una cláusula constitucional que impide que se ve afectada la intangibilidad de los sueldos. Se está afectando una sentencia judicial que estableció cómo van pagando impuestos a las Ganancias los jueces designados a partir de esa fecha”, y agregó: “Estamos conscientes de lo que se aspira con esta propuesta, lo que nosotros entendemos es que no sería la vía adecuada. No estamos diciendo que ‘ningún juez no quiere pagar ganancias’, lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.

En ese sentido, consideró que fue “excesivamente apresurado” para “sentarnos a conversar”. “Lo ideal sería tener un espacio de trabajo en conjunto en donde podamos consensuar las formas de evaluar esta situación que, avanzando de esta manera tan precipitada sin opciones de diálogo y saltando un obstáculo como es una cláusula constitucional, nos pone en una situación frágil y de mucha inseguridad porque estamos representados todos los espacios del Poder Judicial”. Por último, Tagle se mostró predispuesto a buscar canales de diálogo para “tratar de evitar que se avance con una disposición que contraría la Ley y la Constitución”.

A su turno, Mariano Llorens, vicepresidente Estamento Jueces, manifestó que, con respecto a la tributación del impuesto a las Ganancias del Poder Judicial, “hay mucha confusión” porque “hay gente que cree que estamos en contra del pago de este tributo, y eso no es cierto”. Asimismo, recordó que “esto se viene debatiendo desde la década del 90 y es este mismo Parlamento que nos dio las soluciones esa vez a partir de un acuerdo de los grandes sectores de ese momento”.

“El salario lo componen dos grandes ítems que son el salario y las compensaciones salariales. Nosotros tranquilamente podríamos pedir que en esas compensaciones nos devuelvan la matrícula para trabajar en estudios de abogados. Eso sería un escándalo”, planteó Llorens y sumó: “Nosotros no pedimos otra cosa que ser iguales ante la ley”.

Llorens recordó que esa discusión se dio en el 90’ y en el 2017, por lo que “no queremos volver a esa discusión porque ya está dada. Nosotros lo que decimos es que la intangibilidad del sueldo no pasa solo por pagar impuestos a las Ganancias, sino que es una garantía que tienen los jueces de tranquilidad. Es un impuesto que los jueces estamos dispuesto a pagar porque estamos designados para hacer cumplir la ley y cumplir la ley”, pero explicó que “cuando hay intentos de modificación legislativa solo pedimos que nos escuchen”.

Antes de ceder la palabra, Heller le aclaró a Llorens que los médicos también tienen retención de matrícula y ganan mucho menos y pagan ganancias. El vicepresidente de Estamentos le retrucó: “La diferencia es que nosotros tenemos una garantía constitucional”.

Juan Manuel Culotta, consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, brindó algunos datos: “188 magistrados de la justicia federal y nacional ya están pagando, que es un 25% del padrón”, pero advirtió que hay una “enorme cantidad de vacantes en el padrón” y detalló: “Hay 27 vacantes en trámite en el Poder Legislativo, 51 en el Ejecutivo y 155 en el Consejo de la Magistratura y -según este cálculo- si se suman todas esas vacantes va a haber un 43% de magistrados que paguen el impuesto”.

“Sería contraproducente una decisión del Poder Legislativo que abarque a todos los jueces por esta gran litigiosidad que se genera al día y que complicaría la aplicación de la Ley”, cerró.

En su alocución, Paula Castro, secretaria de actas de la Asociación, remarcó que es un tema que “se viene tratando hace mucho tiempo y ha quedado zanjado en 2016 con la Ley a partir de la cual todos los magistrados, jueces, han empezado a pagar en todo el país”.

“Muchas están pagando del Ministerio Público y de la fiscalía también pagan y, también, los empleados. Quienes ingresaron a partir del 2017 están pagando Ganancias de acuerdo a lo que corresponde a la tributación. Creemos que, en todos los espacios hemos coincidido, en la intangibilidad que es una garantía constitucional hacia los magistrados”, sostuvo y aseguró que “esto se está cumpliendo en poco tiempo va a haber incremento en esos porcentajes y en poco tiempo va a haber toda una justicia que pague”.

Por su parte, Nora Monella consideró que “como representantes de los jubilados – tanto jueces, fiscales, como defensores y funcionarios -, quisiera agregar que somos respetuosos de la división de poderes; respetuosos y defensores de la independencia judicial, y por eso nos atenemos a la Ley. Es decir, los jubilados tenemos, además de la garantía constitucional, los tratados internacionales que nos respaldan y, por eso, entendemos que el consenso logrado a partir del año 2017 forma parte de esa mentada independencia judicial”.

En tanto, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT)-impulsor de la iniciativa- realizó un repaso sobre el tema. “Hubo una Ley en 2016 que tampoco fue aceptada por el Poder Judicial. En definitiva, hubo cautelares que frenaron la aplicación de esa Ley que se había tratado en el Congreso. Y solamente se trató la resolución de las cautelares, cuando acá, en oportunidad de tratar el presupuesto 2018, se dijo ‘vamos a tratar de vuelta la derogación total’, ante lo cual se paró la discusión en el Congreso y apareció la acordada de la Corte que dejó sin efecto las cautelares. Habían pasado ya dos años, y la ley se aplicaba, producto de que nadie admitía lo que en el Congreso se había votado”. 

“Ahora aparece la discusión sobre la base de que se emitió un dictamen, y ustedes pidieron esta audiencia. Pero nunca se interesaron antes en encontrar un diálogo, o en encontrar una solución. Entonces recién se habló acerca de que esto es una cosa saldada. Pero para la sociedad no lo está”, completó.

El vicepresidente de la Comisión, Luciano Laspina (Pro), manifestó: “Nuestra posición como interbloque la vamos a definir entre hoy y mañana”. Asimismo, propuso evaluar un tratamiento diferencial entre jueces y funcionarios judiciales y agregó que el costo fiscal de la exención actual que se estima en $238.000 millones es “un punto importante”.

Participaron los legisladores -del oficialismo y de la oposición- el titular del bloque oficialista Germán Martínez, Sergio Palazzo (FdT), Itaí Hagman (FdT), Víctor Romero (UCR), Danya Tavela (Evolución Radical) y Paula Oliveto (CC).

Sin lugar a dudas, uno de los temas más disruptivos del debate del Presupuesto 2023 de este martes es la propuesta hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto para que todos los integrantes del Poder Judicial -desde jueces a empleados- paguen el impuesto a las Ganancias.

El tema ha despertado gran inquietud en toda la Justicia nacional y así se ha palpado desde el viernes, con innumerables comentarios y declaraciones expresadas a favor y en contra de la propuesta.

En ese marco es que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), entidad gremial de la justicia federal y nacional, pidió una audiencia a los diputados, que este mismo lunes los escucharán.

La reunión está prevista para las 17 en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja. Allí, las autoridades de la Comisión de Presupuesto y diputados del oficialismo y de la oposición se reunirán con representantes de la mencionada asociación, que llevará sus planteos ante los legisladores, en vísperas del análisis del tema en el recinto.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también le pidieron audiencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los recibirá este miércoles al mediodía. Seguramente habiéndose concretado ya la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara baja. Habrá que ver si el polémico artículo vigente.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, enfatizó este lunes que “el Congreso tiene que ponerle fin a este privilegio que tienen los jueces”, en alusión al impuesto a las Ganancias y el artículo del Presupuesto 2023 que busca eliminar esta exención, de la que gozan todos los designados antes de 2017.

“Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de dos millones de pesos, mucho más que un presidente o una vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido, es un privilegio que estamos en situación de corregir”, sostuvo en diálogo con Radio El Destape.

El funcionario observó que seguramente “habrá resistencias” a la medida, ya que “hay sectores de la Justicia que manipulan la Constitución y las leyes para mantener el privilegio que la Constitución y las leyes nunca les dieron”, lanzó.

“Vamos a ver si la Justicia va a pretender seguir tergiversando la Constitución para seguir manteniendo los privilegios, sobre trabajadores que sí pagan Ganancias cuando ganan más de 330 mil pesos mensuales”, desafió el ministro.

Consultado por algunas voces de la oposición que anunciaron estar en contra del artículo, Soria los criticó por que “se niegan a hacer reformas de fondo en el Congreso”.

Además, cuestionó que “la Justicia se mueve muy rápido para defender sus privilegios pero muy lento para en el caso del atentado a Cristina (Kirchner)”.

El diputado del Pro Pablo Tonelli anticipó este viernes su voto en contra al artículo -impulsado por el Frente de Todos- para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias. Igualmente, aclaró que el tema todavía no se habló dentro del bloque, sino que se trataba de su postura personal.

Entrevistado en DiputadosTV, el macrista recordó que en 2016 fue el impulsor de la ley por la cual se estableció que los jueces y funcionarios que ingresaran al Poder Judicial a partir de enero de 2017 pagaran el impuesto a las Ganancias, y por esa norma hoy “son bastantes” quienes tributan.

El legislador explicó que en esa reforma no se incluyeron a los magistrados nombrados anteriormente porque “el artículo 110 de la Constitución Nacional dice que los jueces deben recibir por sus servicios una remuneración fijada por la ley, y agrega: ‘la que no puede ser disminuida de manera alguna durante el desempeño de esos servicios'”.

“Más allá de la justicia o injusticia de que los jueces paguen Ganancias, yo creo que es muy justo que paguen, siempre se ha considerado que empezar a aplicarle el impuesto a jueces” implicaría ” una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110″, señaló.

Por eso, defendió que en ese momento se optó “por una solución que no era novedosa, era probada, se aplicó en Estados Unidos”, donde en la década del ’30 del siglo pasado se implementó y, “al cabo de unos cuantos años, hoy en día todos los jueces de Estados Unidos pagan impuesto a las Ganancias”. “Aunque sea más lenta, aunque a algunos le pueda parecer injusta, es la solución que se ajusta al artículo 110”, dijo.

“Soy partidario de seguir con esa fórmula, no innovar”, afirmó Tonelli y confirmó su voto en contra al artículo incorporado al proyecto de Presupuesto 2023, de modo de ser “coherente con lo que voté en 2016” y atento a “la interpretación correcta y saludable del artículo 110 de la Constitución”.

Además, el opositor consideró que esta propuesta “es un nuevo embate contra la Justicia”. “El oficialismo está peleado con la Justicia, la quiere dominar, la quiere someter, esto lo hemos visto con muchas iniciativas”, cuestionó e insistió: “Lo que el kirchnerismo quiere y busca es someter la Justicia, doblegar a los jueces para que los jueces resuelvan de la manera que ellos desean, y fundamentalmente en las múltiples causas de corrupción”.

“Si tanto les preocupa el funcionamiento de la Justicia, ¿por qué el presidente lleva un año sin proponer a la reemplazante de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema?”, se preguntó.

El diputado del Pro Pablo Tonelli anticipó este viernes su voto en contra al artículo -impulsado por el Frente de Todos- para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias. Igualmente, aclaró que el tema todavía no se habló dentro del bloque, sino que se trataba de su postura personal.

Entrevistado en DiputadosTV, el macrista recordó que en 2016 fue el impulsor de la ley por la cual se estableció que los jueces y funcionarios que ingresaran al Poder Judicial a partir de enero de 2017 pagaran el impuesto a las Ganancias, y por esa norma hoy “son bastantes” quienes tributan.

El legislador explicó que en esa reforma no se incluyeron a los magistrados nombrados anteriormente porque “el artículo 110 de la Constitución Nacional dice que los jueces deben recibir por sus servicios una remuneración fijada por la ley, y agrega: ‘la que no puede ser disminuida de manera alguna durante el desempeño de esos servicios'”.

“Más allá de la justicia o injusticia de que los jueces paguen Ganancias, yo creo que es muy justo que paguen, siempre se ha considerado que empezar a aplicarle el impuesto a jueces” implicaría ” una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110″, señaló.

Por eso, defendió que en ese momento se optó “por una solución que no era novedosa, era probada, se aplicó en Estados Unidos”, donde en la década del ’30 del siglo pasado se implementó y, “al cabo de unos cuantos años, hoy en día todos los jueces de Estados Unidos pagan impuesto a las Ganancias”. “Aunque sea más lenta, aunque a algunos le pueda parecer injusta, es la solución que se ajusta al artículo 110”, dijo.

“Soy partidario de seguir con esa fórmula, no innovar”, afirmó Tonelli y confirmó su voto en contra al artículo incorporado al proyecto de Presupuesto 2023, de modo de ser “coherente con lo que voté en 2016” y atento a “la interpretación correcta y saludable del artículo 110 de la Constitución”.

Además, el opositor consideró que esta propuesta “es un nuevo embate contra la Justicia”. “El oficialismo está peleado con la Justicia, la quiere dominar, la quiere someter, esto lo hemos visto con muchas iniciativas”, cuestionó e insistió: “Lo que el kirchnerismo quiere y busca es someter la Justicia, doblegar a los jueces para que los jueces resuelvan de la manera que ellos desean, y fundamentalmente en las múltiples causas de corrupción”.

“Si tanto les preocupa el funcionamiento de la Justicia, ¿por qué el presidente lleva un año sin proponer a la reemplazante de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema?”, se preguntó.

Los senadores dieron el aval en la sesión de este jueves al pliego de Daniel Osvaldo Scioli como embajador en Brasil, como así también dieron curso a más de cincuenta pliegos judiciales.

La primera oradora fue la vicejefe del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien resumió: “Hoy vamos a votar 40 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que tiene que ver con el Poder Judicial y el Ministerio Publico Fiscal y también acuerdos en materia de conjueces y por supuesto el correspondiente acuerdo para el propuesto embajador de la República Federativa de Brasil, Daniel Scioli”.

“Se han realizado el procedimiento para audiencias públicas según el reglamento de la Comisión de Acuerdos, se publicó en el Boletín Oficial durante los días 17 y 23 de junio, se han registrado observaciones, se han dado los traslados a los postulantes y se remitieron las respuestas correspondientes”, explicó Fernández Sagasti.

En ese sentido, sumó: “Recibimos los postulantes de las distintas provincias en la Comisión de Acuerdos los días 5,6 y 7 de julio donde se realizaron las audiencias del Poder Judicial y del Ministerio Público para las provincias de Santa Cruz, Rio Negro, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy”.

“Son muy importantes estas audiencias porque es la manera que tienen los ciudadanos de conocer quiénes son los postulantes que van a impartir justicia en sus provincias y en sus jurisdicciones. Es la única instancia donde la ciudadanía puede conocer a jueces y fiscales”, destacó la senadora oficialista.

Por último, sobre la representación argentina en Brasil sostuvo: “Nuevamente se ha hecho presente a quien ha postulado el Ejecutivo, Daniel Scioli, tuvimos una audiencia muy rica donde pudimos expresar nuestras preocupaciones y visiones sobre nuestro principal socio comercial y donde las provincias estamos, en cuanto a las exportaciones principalmente interesadas en que esa embajada siga creciendo. También pudo dar cuenta de lo que fue su función y pudo decirnos cómo veía el panorama en las próximas elecciones de Brasil y los objetivos de su gestión”.

A continuación, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri coincidió con su predecesora porque “se trabajó de forma exhaustiva en la Comisión”, y reiteró que “es el proceso por el cual en estos 40 años de democracia se han elegido jueces y fiscales”.

“Estos pliegos estaban desde diciembre y finalmente pudimos empezar a trabajarlos en junio. Fueron muchos meses”, recordó la senadora y celebró el envío de los pliegos y recalcó el proceso de selección que explicó Fernández Sagasti.

En esa línea, comentó que “en los últimos 40 años, el 70% de esos años ha gobernado el peronismo y de esos años 16 lleva casi el kirchnerismo, casi nunca una fuerza que no sea peronista ha tenido maría en el Senado y ha podido dar acuerdo por sobre lo que opinaba el gobierno, incluso cuadro fuimos gobierno nosotros y necesitábamos mayoría”, y remató: “Con esto quiero decir que no existe la justicia macrista, porque el Senado brinda las audiencias. El pliego de Luciani fue enviado en 2013 cuando era presidenta Cristina y este Senado era presidido por Amado Boudou, es un fiscal que siguió los procesos correspondientes”.

Cabe consignar que en el inicio de la reunión se dio ingreso al pliego de Lisandro Pablo Cleri como director del Banco Central de la República Argentina.

Los pliegos judiciales aprobados fueron los siguientes:

Juan Pablo Quiñones, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 de la Capital Federal; María Romina Becchi, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del trabajo N° 1 de Capital Federal; José Manuel Díaz Vélez, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Tucumán; María Verónica Jorgelina Moreno, como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 67 de la Capital Federal; Sergio Raúl Micheloud, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 10 de la Capital Federal; Leandro Gabriel Bloise, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24 de la Capital Federal; Mónica Alicia Copani, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 62 de la Capital Federal; y Juan Carlos Cerutti, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 67 de la Capital Federal.

También aprobaron los pliegos de Jorge Gamal Abdel Chamia, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Marcela Moltini, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Guillermo Mario Pesaresi, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24 de la Capital Federal; María Soledad Valente, defensora Pública de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del trabajo N° 5 de la Capital Federal; Martín Galliano, defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tucumán; Horacio Santiago Nager, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; Marina Salmain, defensora Pública Oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal; y Horacio Juan Azzolín, como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Asimismo se aprobaron los pliegos de Valeria Alejandra Rico, como jueza de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal; Fabián Gustavo Cardozo, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones; Juan Manuel Grangeat, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal; Analía Silvia Monferrer, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal; Mario Osvaldo Boldú, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas; Jorge Horacio Campitelli, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas; Julio Eduardo López Casariego, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Capital Federal; Cinthia Raquel Oberlander, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Capital Federal; José Carlos Pérez Arias, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de la Capital Federal; Marcelo Gastón Bartumeu Romero, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal; Santiago Carlos Bignone, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal; y María Elisa Gaeta, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15, de la Capital Federal.

También se prestó acuerdo para Patricia Nélida Santoni como conjueza de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza; y Ramiro Javier Salinas y Fernando Gastón Peñaloza, conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. En este caso esos pliegos recibieron el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Guadalupe Tagliaferri.

Asimismo se nombra conjueza de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata Karina Mabel Yabor; y Maximiliano Alberto Leandro Callizo y Marcos Alberto Frezzini, como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Diego Martín Matteucci y Amelia Pilar Parra, tuvieron el visto bueno como conjueces de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta, aunque recibieron el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo, Mario Fiad y Guadalupe Tagliaferri.

Nominaron a José Nicolás Celestino Chumbita conjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Ana Carina Farías como conjueza de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; y Guillermo Omar Caballero y Martín Miguel Innocente como conjueces de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Resistencia.

También se aprobaron los pliegos de Tomás Eugenio Malaponte, como conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario; Eleonora Pelozzi, conjueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; y Virginia Daniela Cassinese, Natalia Analía Martínez, Gastón Alberto Salmain y Luciano Cruz Savignano, conjueces de los juzgados federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Jorge García Davini, nominado como conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de General Roca, tuvo el rechazo de los senadores de JxC Edith Terenzi, Ignacio Torres y Guadalupe Tagliaferri.

En cambio el propio oficialismo resolvió devolver a comisión los pliegos de Carlos Fabián Cuesta, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata; Jésica Yael Sircovich, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata y Marcelo Alejandro Peluzzi, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal.

El Poder Ejecutivo pidió al Senado de la Nación prestar acuerdo para 47 nuevos jueces y conjueces. Así las cosas, la Cámara alta convocó a audiencias públicas para los días 5, 6 y 7 de julio a partir de las 10.

Las mismas se realizarán en el Salón Arturo Illia y se dará cumplimiento así a la compulsa pública que por ley corresponde a los candidatos seleccionados por el Consejo de la Magistratura y elegidos por el Poder Ejecutivo.

Entre los cargos a cubrir figuran 6 correspondientes a juzgados de primera instancia del fuero laboral de la Capital Federal.

La titular de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), Analía Monferrer, fue propuesta como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número dos de la Capital Federal; como así también 3 nuevos jueces para la Cámara Federal de Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz, y 3 jueces para tribunales orales federales de La Plata.

También fueron propuestos jueces para fueros federales de los distritos de Tucumán, La Rioja, Jujuy, Rosario y Misiones. Asimismo figuran en el listado una decena de candidatos a jueces de distintos tribunales orales de la Capital Federal. También, el Ejecutivo propuso una lista de conjueces para distintos tribunales de todo el país.

Con una charla debate, el Comité Provincia analizará las implicancias de las reformas en la designación de jueces solicitadas por la Suprema Corte provincial, debido a la gran cantidad de concursos todavía no finalizados tras la virtual parálisis del proceso producto de la pandemia. La disertación estará a cargo de la doctora Marina Sánchez Herrero, reconocida abogada y exmiembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el cual representó al estamento de la Abogacía del interior del país.

Sánchez Herrero destacó que “la pandemia puso a prueba a todo el sistema judicial a lo largo y ancho del territorio nacional, y por eso quedó expuesto lo que funciona bien y lo que requiere atención urgente. Este tema de la selección de magistrados tiene impacto en todo el funcionamiento del sistema, por lo tanto, es imprescindible que se piense a fondo, y que lo haga un partido político y su dirigencia me parece muy positivo”.

Además, agregó: “Toda reforma judicial debe ser pensada para generar una mejor Justicia para los argentinos. Si bien es cierto que hay miles de magistrados con su nombramiento pendiente, y la Corte solicitó la simplificación del proceso en los próximos dos años, es necesario una profunda reflexión sobre la integralidad del sistema, y revisar la agenda de la política en relación a este tema para que las decisiones que se tomen en el futuro inmediato tengan como única prioridad la calidad de la institución judicial en la Provincia”.

El encuentro está abierto al público, y se realizará el próximo 30 de septiembre a las 18, a través de la plataforma Zoom, y está coorganizado entre el Comité Provincia, la Fundación Alem y el Instituto de Formación y Capacitación Política de la UCR.

En el marco de un encuentro con estudiantes de Derecho, el presidente Alberto Fernández realizó una serie de críticas a la Justicia y deslizó un párrafo destinado a generar polémica. Fue cuando rechazó la posibilidad de elegir por el voto popular a los jueces, pero en cambio dijo que le gustaría poner en discusión el tiempo de permanencia de los mismos en el cargo.

“Podríamos ver algunos conceptos, por ejemplo el que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración”, deslizó.

Señaló que “lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día de su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mísmo que han dicho del procurador”. Y agregó que “si al procurador se le puede poner un térmno, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”.

“El presidente ya no sabe que hacer para que no haya justicia. Ya no importa si el profesor de derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso, lo dice y lo quiere hacer”, replicó el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Juan Manuel López, en tanto que su par Fernando A. Iglesias fue aun más duro: “El presidente no explica el escándalo gateril de Olivos, ni tampoco renuncia; pero quiere ponerle límites a la duración de los jueces”.

En su exposición, Fernández admitió que estaba abriendo un debate “difícil, complejo”, aclarando que “no estoy proponiendo hacerlo ahora, estoy reaccionando frente a una pregunta que nos dice por qué no elegimos a los jueces. Pero creo que son todos temas para que pensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de Justicia”.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó los dichos del mandatario diciendo que “ha mentido o ignora la Constitución al manifestar que por ley se puede acortar el período de los jueces a 10 años. Éstos se mantienen en sus funciones mientras dure su buena conducta, a los 75 años requieren de un nuevo acuerdo del Senado. Chicaneo y barbaridad”.

El diputado nacional del Pro y precandidato a senador por Santa Fe Federico Angelini tuiteó: “#Otra vez, el presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández”.

A su vez, el radical Luis Petri planteó: “¿Ustedes se imaginan jueces con duración en los cargos con un Senado que invariablemente ha tenido mayoría del partido del gobierno desde el ‘83? De mínima la marcha peronista de memoria y maestría en teoría de lawfare para ser aprobados”. Y agregó: “¡Eso nos jugamos en las próximas elecciones!”.

“Poner un término a la duración de los jueces en sus funciones es limitar su independencia”, observó desde el Pro Jorge Enríquez, que recordó que “ya se discutió en la Convención Constituyente de 1994 y se fijó un límite a los 75 años de edad. ¿Qué propone el presidente? Si hay un plazo de duración, se afecta la independencia. El intento de controlar a la Justicia es permanente.
¿Es una idea surgida en las reuniones nocturnas de Olivos? Porque tiene el mismo aire de frivolidad. En lugar de pensar en soluciones para los graves problemas sanitarios, económicos y sociales de la Argentina, el presidente «que no fue», solo se imagina formas de subordinar a los jueces, como sucede en Cuba, Venezuela, Nicaragua y los demás países con los que la Argentina está tristemente alineada”.
A su vez, el diputado Alvaro de Lamadrid escribió en su cuenta de Twitter: “O hay Cristina o hay Justicia. Pasé lo que pasé en las elecciones quiero que sepan que CFK va a redoblar la apuesta para ser la Justicia. Que ésta sea servil al poder como en Santa Cruz. Se evita con bloqueo parlamentario y una oposición dura y consistente”.

El oficialismo en la Cámara alta aprobó un proyecto de resolución que rechaza enfáticamente un fallo judicial que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU 235/21 y 241/21 -ratificados minutos antes en la sesión- sobre medidas sanitarias por la pandemia.

La resolución firmada el 30 de abril por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Magdalena Laiño, de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, había sido criticada en Twitter por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, en su fallo, los magistrados conminaron al Congreso a dictar una ley específica fijando parámetros sanitarios para aplicar las medidas de cuidado.

La votación resultó con 39 votos positivos, dos negativos -del catamarqueño Oscar Castillo y el salteño Juan Carlos Romero-, y 24 abstenciones, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal. En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana votaron a favor.

Autora del proyecto, la oficialista María de los Ángeles Sacnun sostuvo que la resolución es “un flagrante intento de vulneración de las atribuciones constitucionales” del Congreso. “Nuestro sistema republicano de gobierno hace referencia a tres poderes del Estado”, resaltó y exclamó: “De ninguna manera podemos tolerar, soportar, que tres jueces del Poder Judicial pretendan ordenarnos e incluso imponernos un plazo de 15 días para la sanción de una norma”.

Además cuestionó que sea en el marco de una presentación de hábeas corpus, “con lo que significa históricamente para Argentina la situación que han atravesado quienes se han visto privados de su libertad, por su desaparición forzosa”.

La santafesina rechazó la “inmiscusión de ciertos sectores del Poder Judicial en órbitas del Poder Ejecutivo, en las órbitas del Poder Legislativo”, y disparó contra la Corte Suprema que, en su fallo a favor de la Ciudad, “dicen que no conocen parámetros epidemiológicos, sanitarios, pero sin embargo dictan sus sentencias o sus resoluciones de manera remota, para no contagiarse de Covid”.

Por su parte, el chubutense Mario Pais señaló que el proyecto trata un tema muy importante que es el de la “independencia de los poderes”. En esa línea, el oficialista consideró al fallo “írrito” y “una muestra cabal de un agravio a la Constitución”, al tiempo que “atenta contra las instituciones, la división de poderes y la independencia del Poder Legislativo”. También dijo que es “un grave acto de mal desempeño de sus funciones” de los jueces.

Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez recordó que en la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales propuso “no darle un valor que no tiene en absoluto” y que archivar el tema. Aunque calificó al fallo como “una burrada”, el legislador observó que “esta resolución inédita también tiene que ver con la pandemia”.

Al considerar que hay otras más “burradas” que se mencionan en la sesión, el macrista criticó que la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien dijo que el Gobierno “se manejó siempre con DNU y que la génesis derivativa de esos DNU era la declaración de la emergencia sanitaria” dictada en diciembre de 2019, cuando “ni siquiera existía la pandemia”.

Martínez cuestionó la cantidad de DNU del presidente, cuando el Congreso está en funcionamiento, e ironizó: “El profesor se olvidó de enviar la ley por la pandemia y eso le empezó a traer variados problemas”. Al hablar de un “cambalache generalizado”, el senador opinó que Alberto Fernández “está desconcertado en tiempo y espacio con lo que hace”. Y pese a criticar esta resolución, apuntó que “el Ejecutivo le dio letra” a estos jueces.

Muy duro contra un sector del Poder Judicial, el rionegrino Martín Doñate afirmó que existe una intención de “imponer un nuevo régimen, el régimen judicialista, claramente antidemocrático, donde dos o tres magistrados, a los que nadie votó, se sienten con el poder de tomar decisiones”.

En su discurso, el senador del Frente de Todos criticó el último fallo de la Corte Suprema, al calificarlo de “rechazable” e “inconsistente desde el punto de vista jurídico”. “Ha sido un fallo verdaderamente político que ha desafiado a las instituciones”, añadió.

Para Doñate, “va a ser muy difícil que con este diseño institucional y estos actores que tienen alto protagonismo en esferas judiciales, contado por el poder real, puedan cumplirse las plataformas electorales que democráticamente proponen los partidos populares y son votados por la mayoría del pueblo”.

El proyecto de resolución rechaza “enfáticamente” el fallo por “resultar una flagrante violación del sistema republicano de gobierno y de las atribuciones constitucionales de este Cuerpo, en cuanto hace lugar a la acción al solo efecto de exhortar al Poder Ejecutivo a que envíe un proyecto de ley sobre parámetros consensuados con los legisladores que sirvan de base a la imposición de restricciones a derechos como la libre circulación y al Honorable Congreso de la Nación a que se discuta y sancione una ley que permita de forma clara y precisa regular los derechos constitucionales”.

Para ello, “fija un plazo de 15 días para que, con la acción coordinada de ambos poderes, se ajuste el orden legal de respuesta a la pandemia de acuerdo al criterio que surge del pronunciamiento”.

Además, en la iniciativa se reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Honorable Senado de la Nación en cuyo ejercicio irrestricto corresponde la regulación sobre el cuidado de la población en torno al derecho humano a la salud y las posibles restricciones que pudieran razonablemente imponerse en su salvaguarda”.

Asimismo, se ratifica “la vigencia de la Ley N° 26.122, reglamentaria del procedimiento de los decretos de necesidad y urgencia”, y se indica que se hará saber de la resolución al Consejo de la Magistratura de la Nación y al tribunal oficiante.

En medio del debate sobre modificaciones al impuesto a las Ganancias, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentó un proyecto de ley para que todos los jueces estén alcanzados por el tributo, y no solamente aquellos que fueron designados a partir de 2017.

El oficialista explicó que actualmente la ley “establece que sólo pagan los designados desde 2017, y sobre una parte de sus haberes”. “Es hora de eliminar este privilegio para el Poder Judicial”, consideró.

Por eso, el entrerriano reclamó que “se debe establecer el pago del impuesto a las Ganancias para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, sin ningún tipo de privilegios frente al común de los ciudadanos”.

“Que los jueces paguen a un impuesto general es meramente reconocer que ellos son también ciudadanos y que su particular función en el gobierno no genera inmunidad para compartir con el resto de los ciudadanos la carga tributaria. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y los legisladores ya pagan Ganancias”, resaltó en su cuenta de Twitter.

El proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados propone sustituir los incisos “a” y “c” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado Decreto 824/2019.

De esta manera, la nueva redacción del inciso “a” establecería que constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes “del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones“.

Además, el inciso “c” aclararía: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, aunque no hayan estado sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas”.

Considero que se debe establecer el pago del Impuesto a las Ganancias para el PODER EJECUTIVO, el PODER LEGISLATIVO y el PODER JUDICIAL, tanto a nivel NACIONAL, PROVINCIAL y MUNICIPAL, sin ningún tipo de privilegios frente al común de los ciudadanos. Que los jueces paguen a un

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) March 16, 2021

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador recordó que luego de la sanción de la Ley 27.346 en 2016, “la Asociación de Magistrados presentó una medida cautelar contra la norma, criterio que fue aceptado en dos instancias. Pero en noviembre de 2018 la Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar esa cautelar que establecía la no retención de Ganancias a los designados a partir de 2017. Por lo expuesto, se estableció que podía retenerse Ganancias a esos jueces, pero sin expedirse sobre la cuestión de fondo, que todavía se encuentra pendiente por parte de la Corte”.

Casaretto agregó que en febrero de 2019 “se aprobó un protocolo acordado por el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación”, el cual establece que “se considerarán deducibles de Ganancias los rubros nominados como ‘compensación jerárquica’, ‘compensación funcional’, ‘bonificación título’, ‘bonificación por antigüedad’, ‘permanencia en la categoría’, por lo que en ningún caso se realizan retenciones por esos conceptos”.

“Desde la década de 1930 y hasta 1996, ante cualquier intento de que jueces paguen Ganancias, rápidamente se emitía una Acordada de ese Tribunal declarando la inaplicabilidad de esas leyes. Eso no ocurrió en 2016 cuando se sanciona la Ley 27.346. Y en noviembre de 2018 la Corte revocó la cautelar que impedía el descuento de Ganancias. Y desde enero de 2019 se aplica el protocolo del Consejo de la Magistratura, practicando los descuentos, lo que no mereció objeciones de la Corte. A esta altura de los acontecimientos está claro que paguen el impuesto a las Ganancias no lesiona la Constitución Nacional, y no limita la independencia del Poder Judicial, la inmovilidad en el cargo de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones”, resumió el diputado.

Y añadió que “en la actualidad resulta insostenible continuar defendiendo la postura de la exención impositiva para los integrantes del Poder Judicial. Los principios de igualdad frente a los impuestos y fundamentalmente de generalidad tributaria crean una limitación a la justificación pretendida”.

La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti, se reunirá este jueves y viernes a partir de las 10.30 para tratar 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores oficiales propuestos por el Poder Ejecutivo.

A continuación, la nómina de pliegos a tratar el jueves:

• Jorge Eduardo Di Lorenzo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II
• Juan Rafael Stinco como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 de Capital Federal
• Mercedes Maquieira como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 de Capital Federal
• Roberto José Boico como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal
• María Soledad Casazza como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5 de Capital Federal
• Pablo Daniel Frick como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 de Capital Federal
• Gustavo Adolfo Vargas como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Chaco
• Natalia Eloísa Castro como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
• Guillermo Dante González Zurro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala M
• Lorena Fernanda Maggio como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala B
• Martín Miguel García Ongaro como defensor público de víctima con asiento en la provincia de La Pampa

A continuación, la nómina de pliegos a tratar el viernes:

• Andrea Fabiana Centonze como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 70 de Capital Federal
• Moira Alicia Fullana como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 3 de Capital Federal
• Matías Sebastián Moreno Espeja como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71 de Capital Federal
• Juan Pablo Lorenzini como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47 de Capital Federal
• Eugenio Ricardo Labeau como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 54 de Capital Federal
• Damián Esteban Ventura como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 53 de Capital Federal
• Diego Hernán Tachella como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 20 de Capital Federal
• Vanesa Susana Moreno como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nro. 6
• Gabriel Gerardo Rolleri como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala D
• Maximiliano Luis Caia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala J
• Macarena Marra Giménez como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 de Capital Federal

Sobre el cierre del año se realizarán este lunes y martes sendas audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado, en las que entre otros magistrados y camaristas se presentará el juez Alejo Ramos Padilla.

La cita es a partir de las 10.30 y el temario prevé el tratamiento de los siguientes pliegos: el de Sebastián Luis Foglia como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; el de Ernesto Pedro Francisco Sebastián como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; y el de Verónica Esther Vieito como defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

También se tratará la mencionada designación como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, de Alejo Ramos Padilla.

Asimismo está prevista la designación como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de Mario Rodolfo Leal; el nombramiento como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, de Jorge Gustavo Montoya; y por último se solicitará acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia del Neuquén, a Pedro Pugliese.

Repuestos en sus cargos al frente de la Cámara Federal por la Corte Suprema que rechazó la anulación de sus traslados dispuestas por el Senado de la Nación, pero sin un horizonte de estabilidad, por cuanto han sido repuestos hasta que a través de un concurso el Consejo de la Magistratura elija a los que ocuparán esos cargos de manera definitiva, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi evalúan por estas horas si siguen o renuncian.

“No sé bien qué harán”, confió este miércoles Alejandro Carrió, el abogado que los representa, quien confirmó que en principio han pedido a la Cámara Federal licencia por cinco días, que “son los que les corresponden por vacaciones no gozadas”. Y agregó que “decidieron tomárselas para decidir el futuro de ellos, una vez que puedan leer el fallo con tiempo”.

En declaraciones a radio Mitre, Carrió no ocultó su fastidio sobre ese punto, ya que señaló que los jueces fueron notificados del fallo “a las 7 de la tarde”, cuando en los medios ya habían trascendido los detalles del mismo. La decisión, dijo, “se filtraba como salomónica intermedia, y de salomónica e intermedia tiene bastante poco”, razonó.

“Los jueces fueron notificados del fallo a las 7 de la tarde; los países serios no hacen esas cosas… En los países serios todos se enteran cuando sale un fallo, no se enteran los medios 7 horas antes”.

Carrió señaló que en el extenso fallo “la Corte se toma páginas y páginas y páginas para tratar de explicarnos que cuando dijo hace dos años que Bruglia no necesitaba ratificación, ahora no es así. Cuando necesitan tantas páginas para explicar algo es porque la decisión no se sostiene”.

El letrado admitió que hubiera preferido que los cortesanos dijeran directamente “hicimos una mala interpretación” en el pasado, para ahora modificar la decisión. Y citó el caso del juez de la Corte Carlos Fayt que “lo hizo una vez en un caso de drogas. Eso es honestidad intelectual”.

Así las cosas, Alejandro Carrió advirtió que hay “gran cantidad de jueces que ahora quedan en una situación de tembladeral. Hay 30 o 40 jueces, y un ejemplo paradigmático: la jueza Servini, fue trasladada de un juzgado de instrucción por Carlos Menem a uno federal. Encima, es jueza electoral. Se consideró en ese momento que no era necesario un nuevo acuerdo del Senado. Y como ella hay 30 o 40 jueces”.

Para el abogado de Bruglia y Bertuzzi, el fallo de la Corte Suprema pone en “situación de precariedad” a decenas de jueces que a la hora de dictar sentencia pueden pensar que “si no le gusta (lo que decidan) al poder público, le inician un nuevo concurso” en sus juzgados. “Mi estabilidad vale un soplido”, resumió como pensamiento de esos jueces.

“Como fallo es bastante decepcionante”, concluyó Carrió con su crítica a la decisión de la Corte Suprema.

Consultado en el programa “Lanata sin filtro” sobre si Bruglia y Bertuzzi descartan concursar por los propios cargos que ahora ocupan, teniendo en cuenta que eso llevará mucho tiempo, incluso tal vez hasta que cambie este gobierno, señaló que han pedido licencia para analizar qué hacer. Y al respecto advirtió que “no puede ser que un concurso dure tanto tiempo… 4 años, hasta diez años…”. Y lo atribuyó a que “el Consejo de la Magistratura está totalmente politizado. No me sorprendería que ahora el concurso sea exprés”.

Con todo, consideró que los camaristas a los que defiende han quedado en “una situación de transitoriedad que ni siquiera depende de plazos. ¿Qué clase de estabilidad es esa?”.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña señaló que “ésta ha sido la semana de la venganza del Gobierno; me sorprende el ataque al Poder Judicial con el apartamiento de los tres jueces y que el presidente haya decidido una fuerte quita a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de acuerdo”.

En declaraciones radiales, la legisladora nacional sostuvo además que “es sumamente injusto para la administración porteña, este no es el camino: no es bajando el nivel de calidad de vida de la gente cómo se contribuye al país” y agregó que “Alberto Fernández se empeña en profundizar las diferencias y en imponer una agenda que no refleja las preocupaciones de la sociedad”.

Asimismo, Ocaña recordó que “para cambiar la coparticipación debe haber un acuerdo de todas las provincias y esto no ha sucedido” y ejemplificó que la quita del Gobierno nacional “equivale a diez meses de todo el costo del personal de Salud de la Ciudad o a ocho meses de salario de los docentes porteños”.

En tanto, subrayó que “la Corte Suprema debe actuar con celeridad respecto del apartamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli “ya que fueron corridos por hacer bien su trabajo incluso desconociendo resoluciones de la propia Corte” y aseveró también que “el ataque al procurador Eduardo Casal es otra de las muestras del avasallamiento contra los poderes del Estado”.

En una sesión que promete cargarse de polémica, el oficialismo buscará anular en el Senado los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante la gestión anterior de forma “irregular”, según sostiene el Frente de Todos.

Los pedidos de acuerdo de los tres jueces serán tratados desde las 14 en una sesión especial, donde primero deberá ratificarse la prórroga del funcionamiento virtual, a través del decreto 14/20, firmado este lunes por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El pasado 4 de septiembre, el oficialismo firmó en la Comisión de Acuerdos dictámenes de rechazo a los traslados de Bruglia y Bertuzzi, ambos intervinientes en la causa de los “cuadernos de la corrupción” y ausentes en la reunión.

Los jueces fueron trasladados desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en un procedimiento que el kirchnerismo objeta.

Del mismo modo, el bloque presidido por José Mayans buscará rechazar el traslado de Castelli del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal.

En la sesión de este miércoles también se tratará el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal, que ahora se medirán en unidades de valor denominadas “Unidades Pesca” (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil.

El último proyecto del temario obtuvo dictamen unánime este lunes y apunta a crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) que servirá para reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional.

El proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal presentado este miércoles por el presidente Alberto Fernández crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país, según se desprende de sus anexos.

En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.

En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.

Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.

El listado de los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en las provincias

El proyecto crea un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal por cada una de las siguientes ciudades o localidades: Junín, Pehuajó, Mercedes, Moreno, San Martín, Azul, Dolores, Mar del Plata, Necochea (Buenos Aires); Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista (Santa Fe); Santa Rosa, General Pico (La Pampa); Libertador General San Martín (Jujuy); Orán, Tartagal (Salta); Roque Sáenz Peña (Chaco); Goya, Paso de los Libres (Corrientes); El Dorado, Puerto Iguazú, Oberá (Misiones); Bell Ville, Río Cuarto (Córdoba); La Rioja capital; Concordia, Gualeguaychú, Victoria (Entre Ríos); San Juan capital; San Luis capital, Villa Mercedes (San Luis); San Rafael (Mendoza); Bariloche, General Roca, Viedma (Río Negro); Zapala (Neuquén); Caleta Olivia, Río Gallegos (Santa Cruz); Comodoro Rivadavia, Esquel (Chubut); Río Grande y Ushuaia (Tierra del Fuego).

Asimismo, se crean cuatro Juzgados en Salta capital;  tres en Rosario, Santa Fe Capital, La Plata, San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, Corrientes capital y Córdoba capital; y dos en Quilmes, Lomas de Zamora, Campana, Morón, Bahía Blanca, San Fernando del Valle de Catamarca, Santiago del Estero capital, Clorinda, Formosa capital, Resistencia, Posadas, Paraná y Mendoza capital.

El diputado nacional Jorge Enriquez (Pro) presentó un proyecto para que los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público jubilados conserven su estado judicial y puedan ser llamados a ocupar transitoriamente el cargo en casos de vacancia.

El legislador pretende volver a la redacción original de la Ley 24.018, que fue modificada cuando se aprobó el nuevo régimen jubilatorio de jueces, vedando la posibilidad de que los magistrados jubilados puedan ser convocados para cubrir vacantes.

“El kirchnerismo eliminó esa posibilidad con la finalidad de cubrir las vacancias con personas afines, que no acreditaron por los mecanismos previstos por la Constitución las condiciones de idoneidad e independencia necesarias”, sostuvo Enriquez.

Para el diputado, “es necesario restablecer el estado judicial a los magistrados jubilados, aunque sin la posibilidad de cobrar una remuneración adicional en caso de convocatoria, como establecía el texto original de la Ley 24.018”. 

“La supresión de ese estado judicial de los jueces retirados no tuvo en su oportunidad, debido al fárrago de normas que la envolvía, la repercusión pública que merecía, pero fue una de las tantas maniobras oficialistas para copar el Poder Judicial y gobernar sin controles efectivos”, denunció Enriquez.

El oficialismo buscará sancionar este jueves en el Senado el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de los jueces y del Servicio Exterior, en una sesión especial convocada para las 12 en la que también se le dará ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General.

El Frente de Todos intentará imponer su mayoría para convertir en ley la iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en medio de un escándalo por la presencia de Daniel Scioli al momento del quórum, días después de que el Senado avalara su designación como embajador en Brasil.

La decisión de Juntos por el Cambio de abandonar el recinto en aquella sesión puso en una posición incómoda a los senadores de ese interbloque, que este miércoles se reunieron y decidieron presentar y defender en el recinto su propio dictamen sobre el tema, con Martín Lousteau (UCR) a la cabeza.

La bancada presidida por Luis Naidenoff votará en contra del proyecto del oficialismo, según pudo saber parlamentario.com, pero más allá de esa decisión, el Frente de Todos cuenta con número suficiente para avanzar sobre su objetivo, y podría sumar aliados por fuera de Juntos por el Cambio.

El proyecto del Poder Ejecutivo -que Diputados aprobó con 128 votos a favor y dos abstenciones- eleva de manera gradual la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años, y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.

En la sesión también tomará estado parlamentario el pliego de Rafecas, que fue enviado al Senado este martes; se iniciará así el período para presentar adhesiones e impugnaciones, y luego el candidato a jefe de los fiscales deberá presentarse ante la Comisión de Acuerdos en una audiencia pública.

Uno de los aspectos salientes de la jornada será la ausencia de dos senadores que decidieron auto-acuartelarse preventivamente por el coronavirus: el sanjuanino Roberto Basualdo -por haber estado días pasados en Estados Unidos- y el puntano Adolfo Rodríguez Saá -por ser población de riesgo a raíz de una operación del corazón-.

Por Carolina Ramos

El proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos quedó a un paso de ser convertido en ley, luego de que el Frente de Todos se alzara con el dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado. El oficialismo buscará tratar la iniciativa el próximo jueves en el recinto, cerrando así una discusión teñida de polémica en la Cámara de Diputados.

Juntos por el Cambio no solo se mostró de acuerdo con el rumbo del proyecto, sino que adelantó que acompañará la votación en general. Sin embargo, el interbloque de Luis Naidenoff presentó su propio dictamen con modificaciones, y sembró sospechas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno sobre el Poder Judicial.

Los mismos funcionarios que habían defendido el proyecto en la Cámara baja, lo hicieron este miércoles en el Senado: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli.

El proyecto del Poder Ejecutivo -que Diputados aprobó con 128 votos a favor y dos abstenciones- eleva de manera gradual la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años, y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aclaró que no se elimina el régimen especial porque “la Constitución establece un principio de diferencia” para garantizar la independencia de los jueces. Por esa razón, puntualizó que no se busca una “reforma agresiva” sino que “el haber tenga relación con el esfuerzo contributivo”.

En el mismo sentido, Bulit Goñi describió el proyecto oficial como “modesto y prudente”, y precisó, al igual que Moroni, que “las reformas que se introducen dejan vigentes las garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.

Los primeros cuestionamientos llegaron de la mano de Martín Lousteau (UCR), quien opinó que el proyecto deja “sabor a poco” porque “no termina de resolver algunas cuestiones solidarias, ni de peinar más lo redistributivo, ni de reducir el déficit hoy y la tendencia del déficit a futuro”.

Lousteau cuestionó la “prudencia” y llamó a discutir todos los regímenes especiales, al sostener que el haber promedio en estos casos es “tres veces mayor que el que recibe cualquier hijo de vecino”. El porteño agregó que los dos regímenes que se buscan modificar “son solo el 7% del déficit generado por los regímenes especiales” y puso como ejemplo el de los trabajadores de Luz y Fuerza.

“No encuentro justificativo de por qué esta modificación llega hasta ahí y no va más hacia adelante”, insistió Lousteau, pero Moroni retrucó: “Fuimos prudentes porque es un régimen que tiene una tradición histórica muy fuerte. Hay regímenes diferenciales que tienen justificaciones históricas. Podemos discutir si son acertadas o no, pero son históricas”.

Los radicales Víctor Zimmermann (Chaco) y Julio Martínez (La Rioja) advirtieron sobre las consecuencias que podría traer la ley. El primero le preguntó al ministro si “se verá afectado el servicio de Justicia” con el proyecto, y vinculó el tema al anuncio de la reforma judicial formulado por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.

Pero Moroni consideró que hay que “separar absolutamente el tema previsional del tema administración de Justicia”. “Esta ley no tiene como objeto desguarnecer la administración de Justicia o expulsar a los jueces. No hay nada de eso”, aclaró el ministro, y agregó que “esta ley no impide que los jueces jubilados puedan seguir trabajando”.

Asimismo, sostuvo: “La realidad es que los jueces son funcionarios públicos y su renuncia solo tiene efectos el día que es aceptada, de modo tal que si hay problemas de administración de Justicia, tendrán que regularse las aceptaciones” de esas renuncias. Y señaló que hay personas que “durante años han concursado para ser jueces” y que, llegado el caso, “pueden cubrir esos cargos”.

Martínez no quedó conforme con la respuesta del ministro. “Nos cuesta separar. No es casual ni una cuestión menor las vacancias que se van a producir”, dijo, al referirse al impedimento de convocar a jueces jubilados para cubrir vacantes. El riojano también vinculó este tema a la ofensiva para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, y al decreto que eliminó la Agencia de Protección de Testigos.

Sin embargo, Moroni insistió en su argumento. “Descarto que este régimen tenga la vocación de expulsar jueces. Si esto expulsa un montón de jueces, es un exceso de sensibilidad. ¿Qué hubiera pasado si derogábamos el régimen, como proponían algunos de sus compañeros? ¿Nos quedábamos sin justicia?”, se preguntó, y remató: “Si esto provoca un éxodo, la verdad que me preocupa”.

La defensa oficial

Al inicio de su presentación ante los senadores, Moroni sostuvo que el objetivo que persigue el Gobierno es el de “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, ya que “el 5% de los beneficiarios de los haberes más altos consumen casi el 24% de los recursos”. En ese marco, observó que existen “dos regímenes especiales que sobresalen en cuanto a su nivel de prestaciones”, que son los de los jueces y del Servicio Exterior.

Lo que busca el Poder Ejecutivo, explicó, es que estos regímenes “se vayan acercando un poco más hacia el régimen general”, ya que sus beneficiarios “no solo no redistribuyen sus aportes, sino que requieren del resto de los beneficiarios mayores recursos”. En el caso de los jueces, precisó que el haber promedio es de aproximadamente 280.000 pesos, lo que genera un déficit anual de 9.200 millones de pesos, esto es, 102.000 pesos mensuales por beneficiario.

Por su parte, Bulit Goñi informó que con la ley se reducirá el déficit del sistema en un 40% en el primer año, y de aquí al año 2040 bajará un 72% en el caso de los jueces y un 35% en el caso de los diplomáticos.

“Este es el primer paso para empezar a descomprimir una situación en la que el sistema de reparto, basado en los principios de solidaridad y redistribución, está en una absoluta falta de solidaridad cuando vemos que el 5% de los jubilados se lleva el 24% de los fondos disponibles”, reforzó Bulit Goñi.

En tanto, Vanoli coincidió: “Cuesta justificar estos enormes diferenciales que se han producido a lo largo de muchos años entre prestaciones del régimen general y las de los regímenes especiales. Es saludable que luego de varias décadas sin discutir estos temas hoy estén en la agenda”.

Tal como había hecho en Diputados, el titular de la ANSES detalló que ese organismo registraba un superávit de 11.800 millones de pesos en 2016, cuando asumió Cambiemos, para luego terminar con un déficit de 137.900 millones en 2019.

En el plenario también expuso el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, que entre otras cosas criticó la falta de una cláusula que asegure que los jueces que reúnen los requisitos para jubilarse, puedan hacerlo con el régimen actual.

Tras un debate marcado por el escándalo, el Frente de Todos logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos. La iniciativa obtuvo 128 votos a favor y ninguno en contra, luego de que Juntos por el Cambio denunciara una maniobra “irregular” del oficialismo para reunir el quórum con la presencia de Daniel Scioli.

El Frente de Todos logró reunir los 129 legisladores presentes para iniciar la sesión -45 minutos después del horario de convocatoria- gracias al aporte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón; los dos miembros del Frente de Izquierda; los cuatro integrantes de Córdoba Federal; y la neuquina Alma Sapag.

Sin embargo, cuando el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, había abierto el debate, Juntos por el Cambio bajó al recinto y el jefe del interbloque, Mario Negri, denunció que el oficialismo había conseguido el quórum gracias al aporte de Scioli, quien fue avalado por el Senado como embajador en Brasil la semana pasada.

Negri alertó que la presencia de Scioli “es de absoluta anormalidad y torna inválido el quórum con el que se dio inicio a la sesión”. Señaló además que el exgobernador ya asumió, en la práctica, el rol de embajador. “¡Le dieron el acuerdo! ¡Se hizo felicitar! ¡Viajó! ¡Se sacó fotos con el presidente de Brasil!”, bramó el cordobés.

En busca de calmar las aguas, Massa informó que la renuncia del bonaerense a su banca aun no fue aprobada por el pleno. Inmutable, el propio Scioli pidió la palabra para aclarar que su renuncia comenzará a regir “el 3 de marzo”, y añadió que su nombramiento no fue publicado todavía en el Boletín Oficial.

Se desató entonces un fuerte alboroto en el recinto, con gritos y acusaciones cruzadas, mientras Massa intentaba iniciar el debate del proyecto. En medio del escándalo, Negri anunció que si la sesión continuaba, irían a la Justicia para pedir su nulidad, y los diputados de la principal bancada opositora abandonaron definitivamente el recinto.

El mendocino Ramón, uno de los principales responsables del quórum, cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio. “Espero que el ciudadano común se dé cuenta del doble discurso de determinados diputados que vienen rasgándose las vestiduras por una reforma del sistema judicial y por terminar con los privilegios”, subrayó, y sentenció: “Este papelón que acaba de vivir el recinto me da vergüenza”.

A su vez, Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la presencia de Scioli en el recinto y acusó a Juntos por el Cambio de impulsar “una maniobra burda” al judicializar la sesión. “Llama un poco la atención que, tratándose del sistema previsional vinculado al sistema judicial, el camino que se intente buscar sea llevarlo justamente al plano judicial. La intención está demostrada”, sugirió.

En un recinto semivacío, unos pocos diputados del Frente de Todos defendieron el proyecto, y tras un breve debate se aprobó el proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, ya en el marco del período ordinario. En la votación hubo dos abstenciones, de los diputados Romina Del Plá y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda).

El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, aportó cifras para fundamentar el proyecto. Precisó que actualmente hay 17.622 trabajadores activos del Poder Judicial que aportan, en promedio, 32.000 pesos, mientras que los pasivos son casi 7.000, cuyo haber promedio es de 272.000 pesos.

El entrerriano advirtió que hay beneficios que llegan hasta los 770.000 pesos por mes; puntualmente, hay cuatro jubilaciones otorgadas por 750.000 pesos, y ocho por 700.000 pesos, mientras que otros 2.265 están por encima de los 300.000 pesos, según detalló.

“En el régimen general hubo una movilidad del 51%, ¿y cuánto aumentaron los beneficios de quienes están en el Poder Judicial? El 67,8%. O sea que en una situación de emergencia de la Argentina, el sistema judicial tuvo 18 puntos de aumento por encima de los beneficiarios del sistema general”, puntualizó Casaretto.

A cargo del cierre, Leopoldo Moreau, aseveró que “es indignante que algunos representantes del Poder Judicial diciendo que venían a defender la Constitución y apoyan todos estos privilegios”. “Venimos a tratar de poner en orden el sistema de seguridad social. Queremos recomponer el sistema público de reparto para que no se lo lleven puesto”, dijo.

Por Carolina Ramos

El Frente de Todos se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría sobre el proyecto de modificación de los regímenes especiales de jueces y diplomáticos, que será votado este mismo jueves en un trámite veloz. Si bien el oficialismo concedió modificaciones a la redacción original, rechazó incorporar una cláusula aclaratoria que pedía Juntos por el Cambio, y el interbloque de Mario Negri resolvió no aportar al quórum en la sesión especial.

Tras una extensa reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos firmó el dictamen con acompañamiento parcial de dos diputados de la oposición: el misionero Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo) y el cordobés Paulo Cassinerio (Interbloque Federal).

Mientras avanzaba el plenario, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibió a Negri, quien acompañado por sus pares Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió incorporar al proyecto una cláusula para evitar un “éxodo” de jueces que podrían retirarse con la ley actual generando un alto porcentaje de vacancias.

Sin embargo, las negociaciones resultaron infructuosas: tras una serie de llamadas telefónicas cruzadas, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, comunicó a Negri que no aceptarían la propuesta. En consecuencia, Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría, y tras una reunión posterior decidió no aportar al quórum en la sesión convocada para este jueves.

El Frente de Todos cuenta con 118 diputados propios, sumados a Alma Sapag y los dos integrantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, quienes adelantaron que participarán de la sesión. Ante la ausencia de Juntos por el Cambio, será clave el aporte de los interbloques de Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón para abrir el debate.

Por parte del Poder Ejecutivo, los encargados de defender el proyecto ante las comisiones fueron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli. Los cuestionamientos llegaron de parte del presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle; y el titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

Ante los funcionarios, los diputados Pablo Tonelli (Pro) y Luis Pastori (UCR) reclamaron explicitar en la letra de la ley que los jueces que hoy están en condiciones de jubilarse podrán hacerlo con el régimen actual en el futuro, si es que siguen ejerciendo funciones en el Poder Judicial. Se trata de 260 magistrados y funcionarios judiciales que iniciaron el trámite; más 237 que tienen el beneficio otorgado, pero suspendido, y ejercen el cargo.

Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social, rechazó durante el debate la propuesta de los diputados, y si bien a lo largo de la tarde el oficialismo evaluó conceder esa cláusula, la respuesta final fue negativa. El Frente de Todos tampoco aceptó el pedido del sindicalista Julio Piumato -plasmado en un proyecto de José Luis Ramón- para incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial.

Por el contrario, el oficialismo sí aceptó otras modificaciones al texto. En primer lugar, se estableció que la edad jubilatoria de las mujeres del Poder Judicial se mantendrá en 60 años, es decir, no se llevará a 65 años. En el caso de los hombres, como indicaba la redacción original, la edad subirá de manera gradual, siendo de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.

En tanto, se eliminó del proyecto el requisito que establecía que para acceder a la jubilación especial, los jueces debían haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.

Por otra parte, se aclaró que los beneficios otorgados a partir de la entrada en vigencia de la ley serán del 82% sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”. El mismo criterio se aplicará para determinar la movilidad de los haberes.

Otra novedad es que, por un artículo incorporado, el trámite jubilatorio de jueces deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial. Por último, se eliminaron cuatro incisos del artículo 16 de la Ley 24.018, que permiten que los magistrados jubilados sean llamados a ocupar nuevamente sus puestos en casos de suspensión, licencia o vacancia.

Avanza en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley para modificar los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos. Representantes del Poder Ejecutivo concedieron cambios al texto, pero rechazaron una cláusula transitoria propuesta por Juntos por el Cambio para evitar un “éxodo” de jueces que están en condiciones de jubilarse.

La discusión se desarrolla en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli.

El oficialismo busca dar el primer paso para tratar el proyecto este mismo jueves en el recinto, donde espera contar con apoyo de una porción de la oposición. El interbloque Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, no consiguió la modificación que pretendía y podría no dar quórum en la sesión especial.

El diputado Pablo Tonelli (Pro) fue quien planteó la necesidad de incorporar una cláusula transitoria “que asegure de manera real, concreta y efectiva, que quienes hoy están en condiciones de jubilarse van a poder hacerlo con este régimen en el futuro si es que permanecen en el Poder Judicial”.

El legislador y consejero de la Magistratura consideró que este cambio “es decisivo para evitar una suerte de éxodo o fuga del Poder Judicial” que genere numerosas vacantes que luego deberán ser cubiertas por esta gestión.

Bulit Goñi respondió que esta aclaración está contemplada en el mensaje que acompaña al proyecto, tras lo cual rechazó la propuesta. “¿Qué pasaría si estuviéramos discutiendo el Código Penal y se propusiera un artículo que diga que el que no roba no va preso?”, comparó el funcionario.

En ese sentido, enfatizó que “cuando un ciudadano en vigencia de una ley cumple todos los requisitos para adquirir esa prestación, esa prestación queda incorporada a su patrimonio”. “Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente”, sentenció Bulit Goñi.

Juntos por el Cambio no quedó conforme con la respuesta y el radical Luis Pastori volvió a la carga minutos después. “No queda claro que esto esté expresado en el mensaje”, opinó, y advirtió que “llama la atención la negativa a incluir un texto que diga esto expresamente”.

“Esto para nosotros es determinante. Si es tan clara la cuestión, ¿cuál es el motivo por el cual no incluir un artículo que lo deje expresamente aclarado?”, sugirió, y agregó: “Tenemos todo el derecho a sospechar que el Poder Ejecutivo tiene otro objetivo, que es que los jueces que cumplen con los requisitos (para jubilarse) se vayan y queden vacantes a ser cubiertas”.

Sin embargo, los representantes del Ejecutivo se mostraron inflexibles. “No es la intención del Ejecutivo generar un éxodo masivo de jueces”, sintetizó Bulit Goñi para dar por cerrada la discusión.

Los cambios

El diputado Darío Martínez enumeró una serie de cambios concedidos por el oficialismo. En primer lugar, a pedido de diputadas del Frente de Todos y del radical Albor Cantard, se estableció que la edad jubilatoria de las mujeres del Poder Judicial se mantendrá en 60 años, es decir, no se llevará a 65 años como en los hombres.

En el caso de los hombres, como indicaba la redacción original, la edad subirá de manera gradual, siendo de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.

En tanto, se eliminó del proyecto el requisito que establecía que para acceder a la jubilación especial, los jueces debían haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.

Por otra parte, se aclaró que los beneficios otorgados a partir de la entrada en vigencia de la ley serán del 82% sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”. El mismo criterio se aplicará para determinar la movilidad de los haberes.

Otra novedad es que, por un artículo incorporado, el trámite jubilatorio de jueces deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial, explicó el diputado Martínez.

El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, advirtió este miércoles que tanto el régimen jubilatorio del Poder Judicial como el del Servicio Exterior “son deficitarios”, ya que “entre ambos regímenes el déficit superó los 11.000 millones de pesos” en 2019.

Fue una de las cifras que aportó el funcionario al exponer en el plenario de comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto para modificar los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos.

Vanoli especificó que en el Poder Judicial de la Nación hay actualmente 5.484 beneficiarios cuyo haber promedio es de 293.107 pesos; la gran mayoría, informó, cobra “más de 200.000 pesos”. En el caso del Servicio Exterior, los beneficiarios son 706 y el haber medio es de 335.934 pesos.

El responsable de la ANSES también señaló que al estar exentos los jueces del pago del impuesto a las Ganancias, el Estado deja de recaudar “421.000.000 de pesos mensuales”.

También precisó que “solo el 7% de los beneficiarios del régimen general gana más de tres jubilaciones mínimas”, mientras que “el 62% del total de los beneficiarios de regímenes especiales está en tres mínimas”.

Vanoli recordó ante los diputados que el sistema de seguridad social hoy representa “más del 50% del gasto total” y detalló que en 2016 se dio un punto de inflexión por “el déficit del sistema previsional, paralelo a una caída de los aportes y contribuciones”.

En tanto, indicó que entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 “la caída del valor en dólares” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad “fue del 34,3%”.

En este contexto, recordó que durante el debate sobre la Ley de Emergencia Pública, en diciembre pasado, hubo cuestionamientos de la oposición respecto a la decisión de “dejar a salvo los regímenes particulares” de las reformas implementadas.

Por eso, consideró que “este proyecto es un modesto avance” en ese sentido, aunque admitió que “sigue habiendo desigualdades”, algunas de las cuales están “justificadas” por la propia actividad de los beneficiarios.

Por Carolina Ramos

El Frente de Todos busca apurar en Diputados el debate sobre la ley que modifica el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos. Si bien Juntos por el Cambio insiste en rechazar un trámite exprés, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, trabaja para convocar a una sesión el próximo jueves 27, tres días antes del inicio del período ordinario.

En una jornada de llamados y conversaciones cruzadas, Massa le comunicó al jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, su intención de debatir el proyecto en un plenario el miércoles, tras los feriados de Carnaval. El giro a comisiones todavía no fue formalizado, pero fuentes parlamentarias aseguran que serán las de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda.

Ante la posibilidad de que el oficialismo promueva la firma del dictamen y convoque a sesión especial para el día siguiente, la “mesa chica” de Juntos por el Cambio mantuvo una reunión este miércoles y ratificó que no habilitará un tratamiento exprés, por lo que el Frente de Todos dependerá de otros bloques para alcanzar el quórum.

Pero la primera prueba de fuego será el miércoles durante el plenario. En las próximas horas, Negri presentará un pedido formal para citar al plenario a los ministros Marcela Losardo (Justicia), Claudio Moroni (Trabajo); el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y representantes de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales y de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), el gremio que conduce Julio Piumato.

Además, el interbloque pedirá que en las comisiones se informe cuál es el diagnóstico actual, es decir, un detalle de la cantidad de jueces, fiscales y defensores oficiales que están en condiciones de jubilarse y de quedar alcanzados por la propuesta de ley, que entre otras cosas lleva a 65 años la edad jubilatoria; establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años; y aumenta en un 7% los aportes adicionales.

En una postura similar se plantó el jefe de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, autor de un proyecto en tándem con Piumato para incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de ampliar la base de aportantes, llevando ese aporte al 15% para todas las categorías.

Consultado por parlamentario.com, Ramón no descartó que su interbloque aporte al quórum si se convoca a sesionar el jueves. “Tenemos que hacer un análisis de la viabilidad del sistema. Nuestro bloque quiere saber cómo se ve afectado el derecho de los trabajadores del Poder Judicial, que son el 80% del sistema”, dijo.

Si bien consideró que “esto inhabilita un tratamiento rápido sin escuchar a los involucrados”, deslizó: “En la medida que se escuche nuestra propuesta, lo vamos a evaluar”. La bancada tiene ocho integrantes y desde que asumió la nueva gestión, siempre garantizó presencia en las sesiones.

Hay otro proyecto sobre la mesa, presentado días atrás por el radical Alejandro Cacace, acompañado por una decena de diputados de la UCR y el Pro. Esta iniciativa -que también tiene giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales- es más agresiva que la del Poder Ejecutivo, pues propone terminar con los regímenes de privilegio y que todos sus beneficiarios -incluyendo al presidente, el vice y jueces de la Corte Suprema de Justicia- pasen a integrar el régimen general.

Lo cierto es que al oficialismo no le será fácil avanzar con el proyecto del Ejecutivo sin conceder cambios, y tampoco podrá sesionar el jueves sin la ayuda de la oposición. Si Juntos por el Cambio resuelve no dar quórum, el Frente de Todos -con 118 propios- debería recurrir a los interbloques de Ramón o Eduardo “Bali” Bucca para asegurar el número. Y, por supuesto, tener asistencia perfecta.

En medio del debate sobre las jubilaciones de privilegio, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, presentará en las próximas horas su propio proyecto de ley, en el que propone incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de “ampliar la base de aportantes en cuatro veces la actual”.

En los fundamentos de la iniciativa, el mendocino Ramón sostiene que “la columna vertebral del Poder Judicial se centra en el personal que lo integra”, ya que “los empleados judiciales conforman más del 80% del personal que reviste funciones en ese poder del Estado”.

“La inclusión de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público al régimen de la Ley 24.018 permitirá el ingreso de una importante cantidad de aportes adicionales al sistema, de modo tal de contribuir al financiamiento de las jubilaciones que se pagan en la actualidad, en virtud del mayor aporte que deberán efectuar los empleados”, interpreta el legislador.

Según Ramón, de acuerdo a cifras oficiales, “en la actualidad, en todo el país, prestan servicio un total aproximado de 30.150 agentes dentro de la Justicia Nacional y Federal”, lo que configura el 80% del sistema, mientras que el 20% restante corresponde a magistrados, secretarios y prosecretarios.

“Nuestra propuesta es incorporar el 80% restante, que representa al universo de empleados, a fin de ampliar la base de aportantes en cuatro veces la actual y así poder sanear el déficit actual y darle sostenibilidad en el tiempo al régimen especial”, explica Ramón.

El proyecto además propone llevar de 60 a 65 años la edad jubilatoria; y elevar el porcentual del aporte del 11% al 15% para todas las categorías, “para darle mayor sustentabilidad al sistema en el tiempo”.

Por Carolina Ramos

El diputado del Pro Pablo Tonelli, quien además integra el Consejo de la Magistratura y presidió durante la gestión de Cambiemos la Comisión de Asuntos Constitucionales, consideró que el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen previsional de jueces es “contradictorio”.

“Hay una contradicción que hay que resolver: o se les mantiene el modo de calcular el haber jubilatorio y la movilidad; o se bajan los aportes y se les pone un tope”, explicó Tonelli en diálogo con parlamentario.com, y sostuvo que de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia “claramente el proyecto sería inconstitucional”, tal como advirtió la Asociación de Magistrados.

-¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del Poder Ejecutivo?

-El proyecto que mandó el Ejecutivo es contradictorio, porque por un lado eleva el aporte a una cifra muy alta, como es el 18%, y mantiene la falta de tope para aplicar ese aporte; pero al mismo tiempo reduce el haber jubilatorio a una retribución que es el promedio de los últimos diez años, es decir, igual que en el régimen general; y además le quitan la movilidad en relación con los sueldos del Poder Judicial y aplican la movilidad general de todo el sistema jubilatorio. Lo cual es contradictorio, porque ese aporte tan alto y la falta de tope se corresponden con un régimen jubilatorio especial, pero lo otro es propio del régimen general. Ahí hay una contradicción que hay que resolver: o se les mantiene el modo de calcular el haber jubilatorio y la movilidad; o se bajan los aportes y se les pone un tope. El proyecto en sus fundamentos reconoce que se trata de un régimen jubilatorio especial por las características especiales que tiene la actividad de los judiciales. Sin embargo, a la hora de resolver de manera concreta los detalles del régimen, en estos aspectos lo equipara al régimen general.

-¿Usted también sostiene, como la Asociación de Magistrados, que el proyecto es inconstitucional?

-Si uno se atiene a lo que la Corte ha dicho en algunos casos respecto de la jubilación de los jueces, la Corte ha dicho que el haber jubilatorio integra también esa garantía de intangibilidad en la remuneración que tienen los jueces, y que tiene que ser adecuadamente proporcional con el sueldo que se percibe en actividad. De acuerdo con esa doctrina de la Corte, sí, claramente el proyecto sería inconstitucional.

-¿Estaría dispuesto a votar a favor?

-Yo no lo votaría así como viene, promovería cambios. Sí estoy de acuerdo con aumentar la edad jubilatoria a 65 años, algo que me parece razonable. Pero los demás puntos no los acompañaría.

Los diputados de Juntos por el Cambio no permitirán un debate exprés sobre el proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio de jueces y del servicio exterior. Así lo resolvió la “mesa chica” del interbloque luego de mantener contactos con representantes del sector judicial, que cuestionan la iniciativa oficial.

Los jefes del bloque UCR, Mario Negri; del Pro, Cristian Ritondo; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, encabezaron un encuentro del que participaron también Álvaro González, Silvia Lospennato (Pro), Miguel Bazze (UCR) y Juan Manuel López (CC).

Tras conversar con el camarista Ricardo Recondo -vocero del ala judicial en este tema-, y miembros de la Asociación de Magistrados, el interbloque encendió luces de alerta ante la posibilidad de que el Frente de Todos impulse un tratamiento veloz en la Cámara baja, con votación en el recinto la semana próxima.

La Asociación de Magistrados, que preside Marcelo Gallo Tagle, sostiene que la iniciativa es inconstitucional porque avanza sobre la intangibilidad de la remuneración de los jueces. En un comunicado, la entidad se mostró dispuesta a dar el debate pero pidió participación de los actores involucrados.

En ese marco es que Juntos por el Cambio activó la convocatoria a especialistas en temas previsionales, para elaborar propuestas de modificaciones al proyecto, que ingresó el viernes a última hora. Fuentes del interbloque aseguran que “es difícil que voten en contra” de la iniciativa, pero intentarán forzar cambios.

Lo cierto es que el proyecto todavía no recibió formalmente giro de comisiones, la mayoría de las cuales deberán primero constituirse. Por si fuera poco, la semana que viene será corta por los feriados de Carnaval, con lo cual el tiempo que queda antes de la apertura del período ordinario es escaso.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo eleva gradualmente la edad jubilatoria de jueces hasta llegar a los 65 años en 2025; establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber-; y aumenta en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%.