Tras una intensa jornada, el Senado de la Nación aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de Modernización Laboral, más conocido Reforma Laboral. La votación en general ocurrió a las 1.22 de este jueves, luego de 14 horas de debate con más de 40 oradores, y a continuación se inició el tratamiento en particular de las modificaciones.

Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista se mantuvo unido y rechazó en su totalidad la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

A los 21 votos positivos del interbloque oficialista se sumaron los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 de Provincias Unidas y 6 de bloques provinciales que responden a sus gobernadores, como los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la chubutense Edith Terenzi; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.

En tanto, los 30 votos en contra fueron 28 del interbloque peronista, que no sufrió fracturas pese a las tensiones internas, y de los 2 santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación en particular

A la hora de la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala pidieron que constara en la versión taquigráfica su rechazo al artículo 44°, que en la realidad terminarían votando a favor, por decisión del bloque. Cabe consignar que el citado artículo tiene que ver con los casos de accidente o enfermedad del trabajador, que tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye el polémico Fondo de Asistencia Laboral, resultó aprobado, con 41 votos a favor y 31 en contra. En este caso, y tal cual había anticipado durante la sesión, la salteña Flavia Royón votó en contra. En el Título III, el resultado favorable al Gobierno se amplió como en ningún otro título: 44 a 28, sumándose en esa oportunidad los santacruceños Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se reiteró en buena parte de los títulos, por su puesto con los mismos protagonistas siempre: en los títulos IV; V; VI; VIII; IX; X; XI; XII; XVI; XVIII; XIX; XX;  XXI; XXII y XXIII.

El título VII resultó con 41 votos a favor, 30 en contra y la abstención de Alejandra Vigo. La propia senadora cordobesa votó en contra en el título XIII, que resultó con 41 votos afirmativos y 31 en contra. En el Título XIV el resultado fue de 40 a 32. En ese título, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling había pedido retrotraer las modifiaciones al texto original, lo cual fue rechazado, pese a lo cual votó a favor. Quienes votaron en contra fueron los santacruceños Carambia y Gadano. En cambio ambos santacruceños votaron a favor en el Título XVII, que resultó 44 a 28.

El resultado 41 a 31 se repitió con los títulos XV y XXIV, con el voto en contra de la salteña Royón. En el Título XV, el resultado fue de 40 a 29, estando ausentes Maximiliano Abad, José María Carambia y Natalia Gadano. Por último, al votarse el Título XVI, que incluía las derogaciones (entre otras, la del Estatuto del Periodista), el resultado fue 38 a favor y 31 en contra, sumándose al rechazo Flavia Royón.

Los principales funcionarios del Gobierno, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza, se hicieron presentes en el recinto de la Cámara alta en el cierre del debate. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo instalado desde temprano, a cargo también de las frenéticas negociaciones.

La jornada estuvo marcada por la concentración en las afueras, donde se movilizó el sindicalismo y la izquierda. Hubo graves incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad, que terminaron con varios detenidos.

Aunque el día anterior la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonista indiscutida del tratamiento de este proyecto, había anunciado un total de 28 modificaciones consensuadas, las conversaciones por los cambios a la letra chica del proyecto continuaron durante todo el día, mientras se desarrollaba la sesión.

El debate dividió las aguas entre el oficialismo y sus aliados, que defendieron la premisa de que la reforma busca "generar trabajo" y "no quita derechos", mientras que el peronismo/kirchnerismo dejó sentada su postura de que es una norma "para despedir" y "va en contra de los trabajadores".

Luego que se haya dictaminado en diciembre, el ambicioso proyecto de la gestión libertaria -que introduce numerosos cambios a la Ley de Contrato de Trabajo- llegó al recinto en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias. El día anterior, en Labor Parlamentaria, se había definido que la votación en particular sería por títulos, un total de 26.

Uno de los últimos cambios que se conoció antes de la votación fue en beneficio de los gremios y el sector empresario: se decidió mantener el cobro compulsivo de los "aportes solidarios" a los trabajadores, aunque con un tope del 2% para los sindicatos, un pedido de la CGT, que este miércoles se movilizó, más había resuelto no llamar a un paro. Por su parte, los aportes que cobran cámaras empresarias continuarán en un 0,5%.

Para el sindicalismo hubo otros guiños, como la eliminación de la reducción del aporte patronal a las obras sociales, que se quería llevar del 6% al 5%; y se mantuvo el rol de los empleadores como agentes de retención de los aportes, sin modificar la posibilidad de que se requiera autorización previa de los trabajadores.

A pedido de los gobernadores, en la previa de la sesión se anunció la quita de la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramo 2 y 3), que implicaba una merma en la coparticipación para las arcas provinciales. La Casa Rosada cedió y se anticipó que el tema formará parte de una discusión más profunda en una eventual futura reforma tributaria.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.

Uno de los puntos que generó incertidumbre durante la jornada fue la intención de incluir el acuerdo por el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.

Otro de los temas que despertó tensiones fue que en la antesala de la sesión se anunció como modificación la eliminación de la posibilidad de que se paguen salarios a través de billeteras virtuales y se mantenga solamente a los bancos.

El Pro salió con un comunicado a favor de las fintech. "Restringir opciones digitales es cerrar alternativas en lugar de ampliarlas y poner límites donde la sociedad ya avanzó", planteó el partido amarillo y resaltó que "millones de argentinos usan billeteras virtuales todos los días para cobrar, pagar y organizar su plata".

Entre otros cambios, se dispuso un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista; y se postergará hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.

Uno de los artículos muy cuestionados durante el debate fue el referido a "nuevas reglas" para la licencia por enfermedad, con la intención de reforzar "el derecho del empleador a control médico y junta médica". De acuerdo a esto, se introdujo que si la dolencia del trabajador no derivara de su actividad laboral, éste podría percibir no el 75% del salario sino el 50%.

En cuanto a indemnizaciones, solo se considerarán conceptos "mensuales, normales y habituales", y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser "la única reparación frente al despido sin causa", un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.

Se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.

Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

También, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Al igual que sucedió en la Cámara de Diputados, el segundo año de la gestión de Javier Milei -marcado por sus decisiones en torno a leyes impulsadas y aprobadas por la oposición en el Congreso y el abandono de la iniciativa legislativa por meses- encontró al Senado como otro escenario propicio para numerosas derrotas y votaciones inéditas, o de las que hacía mucho tiempo no se registraban.

La pérdida de aliados dentro de un recinto en el que los libertarios eran apenas seis, el poderío de Unión por la Patria hasta el pasado 10 de diciembre, más la nula relación entre Victoria Villarruel y el Gobierno, resultó una combinación perfecta para la aprobación de temas no deseados por Casa Rosada y para darle la puntada final a proyectos que venían desde la otra cámara.

Durante 2025, el Senado realizó la misma cantidad de sesiones que el año anterior: 12 en total. De esa cantidad, fue 9 en las que en concreto se trataron temas. Y, al igual que en la Cámara baja, fue en el inicio y el final del año cuando el oficialismo pudo celebrar la sanción de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Las sesiones fueron 6 ordinarias, 2 extraordinarias y 4 especiales, dentro de las cuales hubo una de homenaje, una informativa y una de jura de los nuevos senadores.

A partir del recambio que se dio en diciembre, con una bancada que aumentó significativamente e incorporó figuras como Patricia Bullrich, el oficialismo logró cerrar el año con otra impronta de cara al 2026.

 

Qué pasó en cada sesión del Senado en 2025

La primera sesión del año fue la extraordinaria del 20 de febrero. En esa jornada, LLA logró sancionar la suspensión de las PASO y un paquete impulsado por Bullrich, por ese entonces ministra de Seguridad: Ley Antimafias, Reincidencia y Reiterancia, y Juicio en Ausencia.

Recién un mes después de iniciado el período ordinario, la Cámara alta se reunió en una trascendental sesión, el 3 de abril: fue cuando, con un amplio rechazo, se cayeron definitivamente los pliegos de los jueces propuestos para la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El trámite había comenzado casi un año atrás, pero ante la falta de aprobación por parte del Senado, el Presidente decidió designarlos por decreto en febrero. Lijo no alcanzó a asumir, pero García-Mansilla sí. Finalmente, tras la votación, renunció al cargo.

Para esa sesión, la estrategia de LLA solamente fue la de apostar a que no hubiera quórum. No lo logró. Tampoco escuchó a aliados que fueron a pedir en Casa Rosada que el Ejecutivo retirara los pliegos y evitara las derrotas en el recinto. La frase “los dos o ninguno”, que desde el Gobierno repitieron en más de una ocasión, terminó cumpliéndose. Fue ninguno.

Tres semanas después, al igual que lo hiciera la Cámara de Diputados, la paz irrumpió en el Congreso con sesiones homenaje al Papa Francisco, por su fallecimiento, y el Senado hizo lo propio el 24 de abril.

A comienzos de mayo, el 7 de ese mes, tras varias postergaciones, la oposición dialoguista festejaba -aunque no sin fuerte incertidumbre- que el recinto se abriera para tratar la ley de ficha limpia. Fue el tema central de esa jornada, en la que además salió la media sanción de la emergencia para Bahía Blanca, pliegos de embajadores y una serie de tratados internacionales.

Al momento de votar, ficha limpia se cayó por un voto, con el rechazo no sólo de Unión por la Patria sino de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del oficialismo provincial, quienes mayormente actuaron como aliados del Gobierno. Tras lo sucedido, desde todo el engranaje que supo ser Juntos por el Cambio salieron a reforzar sus denuncias de “pacto” entre LLA y el kirchnerismo. Por esos días, la pelea LLA-Pro era total, debido a la campaña porteña, y la Corte todavía no había confirmado la condena de Cristina Kirchner.

En esa sesión había asumido como secretario Administrativo Emilio Viramonte, quien era hasta ese momento mano derecha de la vice. Sin embargo, renunció pocos días después y no llegó ni al mes en sus funciones. Fue el segundo en irse, después de María Laura Izzo.

Después de la caída de ficha limpia, el recinto estuvo cerrado casi por dos meses. Con motivo de la visita del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, la Cámara alta volvió a convocarse para una sesión informativa el 26 de junio, pero ésta terminó de forma abrupta. Cuando llevaba poco tiempo el tramo de preguntas de los senadores de Unión por la Patria, Francos se levantó enojado de su silla ante el discurso de la fueguina Cándida Cristina López, quien lo llamó "mentiroso" al cuestionar la política del Gobierno sobre Malvinas. La reunión pasó a un cuarto intermedio para la siguiente semana, pero el funcionario decidió no volver.

Considerada “inválida” por el bloque oficialista, la oposición se autoconvocó en el recinto del Senado el 10 de julio y logró “meter todos los goles”, con la aprobación de un temario rechazado de plano por el Gobierno. Los senadores impulsores de esa reunión bajaron al recinto en uno de los días y horarios elegidos por el pleno -en su sesión preparatoria- para la realización de las sesiones ordinarias; en ese marco fue que defendieron la legalidad de la sesión.

Aunque Ezequiel Atauche, el jefe de LLA, protestó, alcanzado el quórum Villarruel bajó a presidir el comienzo. Más tarde, vía la red social X, en respuesta a Bullrich, dijo: “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no”. Meses después ambas pasarían a convivir bajo el mismo techo.

Así, antes de irse al receso invernal, la Cámara alta sancionó la ley que preveía un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y un incremento de 70 a 110 mil pesos del bono extraordinario; la restitución de la moratoria previsional y una serie de cambios en la PUAM; y la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. Además, el Cuerpo rechazó el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Salvo la moratoria, los demás temas salieron con mayorías contundentes.

Como si fuera poco, tuvieron media sanción los proyectos pedidos por los 23 gobernadores y el jefe porteño sobre reparto de fondos a través de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

Finalmente, también se aprobó un proyecto para declarar a la ciudad 28 de Noviembre, en la provincia de Santa Cruz, como Capital Nacional del Cóndor Andino.

Las votaciones adversas para el Gobierno continuaron con fuerza en la previa y durante la campaña electoral en ambas cámaras. El 21 de agosto, el Senado dio por caídos totalmente cinco decretos desregulatorios que el ministro Federico Sturzenegger había impulsado antes de que culminaran las facultades delegadas otorgadas al PEN por la Ley Bases.

Ese día, además, la Cámara alta sancionó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, venidas de Diputados. Otros temas fueron pliegos de ascensos militares y la aceptación de la renuncia del secretario Administrativo.

Dos semanas después, el 4 de septiembre, el tema discapacidad fue el eje central de una nueva sesión ordinaria: la reunión arrancó con varias cuestiones de privilegio contra el Gobierno por la denuncia contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, lo que había derivado en censura previa por parte de un juez ante la difusión de los audios relacionados con presunta corrupción en la ANDIS; continuó con un fracaso para votar una interpelación a Karina Milei y siguió con la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que representó todo un hecho ya que hacía 22 años no se rechazaba un veto presidencial.

Por si fuera poco, en aquella jornada se dio media sanción a una reforma de la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, con el objetivo de limitar su uso por parte del Presidente. El tema había llegado al recinto tras un acuerdo exprés entre el kirchnerismo y otros sectores de la oposición dialoguista; puso en alerta a Casa Rosada, que más adelante lograría dejarlo trunco.

Si de vetos se habla, otro que rechazó la Cámara alta fue el referido a la Ley de ATN, aunque luego la norma no pudo ser ratificada en Diputados. Esto ocurrió el 18 de septiembre, mismo día que se trataron temas largamente pendientes como la Ley Nicolás, de seguridad del paciente; declaración de monumentos, un proyecto para incorporar la atrofia muscular espinal a los controles prenatales y otro sobre agravamiento de penas por delitos viales. Por la tarde, la sesión se cayó y quedaron iniciativas sin tratar, entre esas, dos convenios internacionales y la derogación de la Ley de Manejo del Fuego.

Antes de ir a las urnas, la oposición en el Senado hizo caer dos vetos más de Milei: por más de dos tercios de los votos se insistió con las leyes de Emergencia en Pediatría y Financiamiento Universitario. También, se votó una declaración contra Guillermo Francos para exigirle la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Otros asuntos tratados fueron el pliego de una camarista de Misiones; un cambio en el régimen de retiro de los empleados del Senado; un proyecto para evitar la subasta del Regimiento de Infantería Patricios; y la media sanción de una iniciativa para jerarquizar el Sistema de Alerta Sofía.

Al igual que sucedió en Diputados, las puertas del recinto de la Cámara alta no volvieron a abrirse nunca más hasta después de las elecciones en las que La Libertad Avanza se impuso. Con los resultados obtenidos, el oficialismo triplicó sus miembros en el Senado de cara a la renovación. Una ultra-activa Patricia Bullrich tomó las riendas de la transición y se coronó desde antes de asumir como la nueva jefa de la bancada oficialista. Desde allí, pragmática, aceptó que la rionegrina Lorena Villaverde no asumiera en la jura que se realizó -sin sobresaltos- el 28 de noviembre. No obstante, protagonizó un primer cruce público con Villarruel.

Bullrich ambicionaba un debate más que exprés de la reforma laboral, pero los pedidos de modificaciones de la oposición a un proyecto de casi 200 artículos la hicieron recular, pues los votos no estarían para llevar el texto a los ponchazos al recinto, e incluso junto a otros temas en esa misma sesión que se barajaba. Así, en medio de jornadas de debate intensas en comisiones, “Pato” anunció que el debate pasaría para febrero. Fue el mismo día que en la calle marchaba la CGT.

El temario de extraordinarias para el Senado tenía a la “Modernización Laboral”, la reforma de la Ley de Glaciares -que también se debatió velozmente- y la modificación del Código Penal, pero ese proyecto del PEN no fue enviado hasta ahora. Sin que estos temas se lleven a sesión, más allá de su tratamiento en comisiones, los senadores realizaron su única sesión extraordinaria luego de Navidad.

El 26 de diciembre debutó la nueva composición, con un peronismo disminuido como nunca en ese terreno y quejándose, un año más, del número de miembros que se les daba en las comisiones. Sin Villaverde, juró en su lugar Enzo Fullone y, por otra parte, Alejandro Eduardo Fitzgerald asumió como el nuevo secretario Administrativo.

El año se cerró con la sanción por parte del Senado del Presupuesto 2026 (el primero de la era Milei) y la Ley de Inocencia Fiscal, dos temas clave para el Gobierno. En Diputados se había caído el capítulo que preveía la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades y el oficialismo se encontró en la Cámara alta con la respuesta negativa por parte de la oposición dialoguista de intentar reponerlo. Sin los votos para ello, Bullrich afirmó que se iba a aprobar la “ley de leyes” sin cambios. Sin embargo, hubo suspenso en torno a otro capítulo que acumuló rechazos -sobre desfinanciamiento en educación, ciencia y defensa-, pero LLA salió victoriosa y logró sancionar todo con el apoyo dialoguistas y senadores que responden a gobernadores aliados, incluyendo peronistas. La bancada oficialista abandonó el recinto entre selfies, videos y festejo. Y se cerró así el telón en 2025.

 

Cuántas sesiones realizó el Senado por año en la última década

2025: 12

2024: 12

2023: 5

2022: 13

2021: 15

2020: 31

2019: 10

2018: 15

2017: 18

2016: 23

2015: 13

El debate

Como miembro informante, abrió el debate el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) quien resaltó que “intentamos sancionar un Presupuesto que tenga una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero y precisó el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve" y destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit”.

Desde el lado de la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich eligió hablar por 40 minutos en lo que tocó diferentes cuestiones vinculadas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Consideró que el tratamiento de este texto es una “violación sistemática del reglamento”, y sintetizó:  Nos oponemos porque este Presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional y necesitamos un debate sin restricciones”.

Integrante del bloque Justicialista, consideró que el presidente Javier Milei ha hecho un “abuso” de la emisión de decretos de facultades delegadas avalados por la Ley de Bases, y con respecto al tratamiento de esta “ley de leyes”. En el final de su extensa intervención en el recinto de la Cámara alta, Capitanich pidió votar en contra del artículo 30 del dictamen en revisión que establece recortes en la educación técnica. “Le quitamos recursos específicos a las escuelas técnicas, pero le sacamos impuestos a las aeronaves y a las embarcaciones”, cuestionó.

También sobre el artículo 30 se refirió el radical Maximiliano Abad, quien arrancó: "En nuestro país la discrecionalidad se convirtió en rutina y la rendición de cuentas en una rareza; yo celebro que estemos a punto de sancionar el Presupuesto, porque eso fortalece la institucionalidad de nuestro país y el funcionamiento republicano".

Sin embargo, a continuación dijo que quería "advertir con gran preocupación que, bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo". "El artículo 30 yo lo llamo 'el artículo escoba', porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia". Y puso como ejemplo la inversión en ciencia de países que admira la gestión mileísta: "Estados Unidos invierte el 3,45% del PBI en ciencia e Israel está por encima del 5%".

"No podemos condenar a la Argentina a la mediocridad", afirmó y consideró que "lo que se viene en Argentina es decisión política: si van a seguir metiendo la mano en las universidades, si van a seguir metiendo la mano a las personas con discapacidad, en los hogares de las zonas frías o si definitivamente se van a animar a desarmar muchos de los privilegios que existen".

Maximiliano Abad

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, resaltó que "han pasado dos años, la mitad de esta gestión, sin una hoja de ruta clara, por eso creo que hoy venimos a subsanar esto". "El Presupuesto no es un trámite administrativo, es un acto profundamente político y una definición sobre el Estado que queremos", señaló.

En ese sentido, la legisladora dijo que este Presupuesto "no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad". "Tiene un superávit financiero que es útil como herramienta, pero la macroeconomía tiene que acompañar al desarrollo productivo del país. El equilibrio fiscal no puede convertirse en un dogma, no puede inmovilizar a la producción", advirtió.

También, Ávila reclamó por las obras: "Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura". "Aprobar este Presupuesto obviamente no es un cheque en blanco", manifestó, al afirmar que eso es mejor que no tenerlo por tercer año consecutivo.

A su turno, el senador Eduardo "Wado" de Pedro centralizó una parte de su intervención en el área educación destacando el artículo 30° “da vergüenza ajena”. “La misma que tuvo el secretario de Hacienda cuando vino a decirnos a la Comisión de Educación que estaban interesados en el tema, porque habían aumentado el presupuesto del sector”, señaló, asegurando que “vino a tomarnos el pelo: todos sabemos que desde que asumió, la educación perdió 45 puntos reales”.

Sostuvo en tal sentido que el funcionario “tiene que defender con coraje sus ideas, no mentirle a la gente”. Y detalló lo que elimina el artículo en cuestión, que en sus incisos elimina la meta del 6% del PBI destinado a la educación. “El secretario de Hacienda mintió, porque cuando el senador Capitanich le preguntó por qué eliminaban el artículo 9, dijo que era porque nunca se había llegado a esa meta”. Por el contrario, De Pedro mostró un gráfico que mostraba que en 2015 se había llegado al 6,1%.

Luego citó el inciso que “deroga una ley que pone como norte que Argentina puede llegar al 1% de inversión en Ciencia y Tecnología en 2032”. Por el contrario, sostuvo que “debemos invertir mucho más en conocimiento”, y advirtió que hoy estamos en “el piso más bajo de los últimos 20 años en inversión en Ciencia y Tecnología”. En cuanto al inciso siguiente, consideró que se mete con “una ley totalmente noble que tiene mucho que ver con esa Argentina pujante del interior”, y se preguntó “cómo vamos a desfinanciar a las escuelas técnicas; desfinanciar las herramientas que necesitan más de 1.900.000 argentinos que quieren estudiar”.

“Hay un discurso gorila que permanentemente dice que los jóvenes no quieren estudiar, no les gusta trabajar… Pónganse de acuerdo: muchas veces en los medios escuchamos de los jóvenes que no quieren estudiar, los vagos, y estamos desfinanciando a la escuela técnica. Es una vergüenza”, cerró.

Eduardo "Wado" de Pedro

“Que nos hablen de obras que no se hicieron, y que lo haga la senadora por Santa Cruz, una provincia donde se pagaron rutas que nunca se hicieron y todavía se están buscando…”, señaló en un pasaje de su discurso el libertario Agustín Monteverde. El economista debutó en el recinto diciendo que “este proyecto de presupuesto rompe con esa lógica: no hay ingresos ocultos por subestimaciones, no tiene atajos contables; aquí hay proyecciones responsables y consistentes, alineadas con el objetivo de reordenar las cuentas públicas porque lo que se busca es devolverle credibilidad a la economía y dignidad a la política”.

“No es insensibilidad ajustar el gasto a los recursos disponibles; en cambio sí es flagrante crueldad financiarlo con inflación, castigando a los que menos tienen”, señaló.

La senadora salteña Alejandra Royón advirtió que “acompaño en general este presupuesto”, adelantó, advirtiendo que “acompañar no es callar, no es no mirar y señalar lo que creemos que está mal”. Y en ese sentido aclaró que “acompaño por una cuestión de federalismo, pero también acompañar es proponer y corregir”.

“En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación –dijo-. En vez de derogar, nos pongamos a gestionar, a hacer mejores propuestas”.

En representación del Frente Pro, el misionero Martín Göerling planteó que el debate del Presupuesto se trata de “en qué se va a gastar el esfuerzo de todos los argentinos. Porque el dinero que se recauda y que se va a gastar que está en esta ley sale de los impuestos de los argentinos, el Estado no genera riqueza, sino que administra la riqueza que generan los argentinos que trabajan”.

El senador del Pro celebró el debate del Presupuesto con equilibrio fiscal “es algo muy positivo para que los argentinos sepan en qué se está gastando eficientemente”. Así, remarcó que “desde el Pro tuvimos la responsabilidad de dar gobernabilidad y dándoles las herramientas para que puedan gobernar, pero apoyar este Presupuesto no significa darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, también le exige responsabilidad al Gobierno y cumplir los acuerdos que hay, por sobre todo con las provincias”.

A continuación, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, celebró el tratamiento del Presupuesto, valorando todo lo bueno que veía en el presupuesto, pero también dijo que gobernar sin presupuesto, como ha hecho esta gestión durante dos años, “es una falta de respeto hacia las instituciones; una expresión de autoritarismo que no se puede permitir”.

Reconoció que jamás se logró cumplir el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la educación y se llegó a niveles de calidad educativa de los peores. ¿Cuál es la conclusión?, se preguntó. “No es darle recursos y plata a la gente para que salga adelante, sino darle más educación”, remarcó. En ese sentido, el correntino reclamó “un esfuerzo enorme para contribuir a la eficiencia, y no se trata de recursos”.

Agregó el jefe radical que “es muy difícil un crecimiento sin educación; es muy difícil que haya inversión pública sin argentinos que puedan ser empleables, y la empleabilidad viene de la mano de la educación”. Cerró adelantando que su bloque votaría a favor en general, mientras que “en particular algunas diferencias podemos tener”.

Como presidente del bloque Convicción Federal, el puntano Fernando Salino sostuvo que el tratamiento “es fundamental” porque “más allá de lo que los gobiernos hablen, el tema es dónde ponen la plata”. Salino hizo mención a una nota del diario La Nación y puntualizó en el precio del dólar de $1423 para el 2026 “son proyectos que empiezan superados porque ese precio no está en el cálculo de nadie”.

“Necesitamos el Presupuesto porque este Gobierno a partir de las auditorías no permite el control. Si no hay plan, no hay control. No quieren el control y no lo valoran por eso no presentaron el Presupuesto antes”, apuntó y criticó los ejes del Presupuesto: “El Gobierno quiere destrozar todas las instituciones intermedias que tengan capacidad de representación y contención”. También cuestionó que se “priorice” la defensa nacional por encima de la educación, la salud, etc.: “Es incomprensible y no supieron explicarlo. El Presupuesto es contradictorio en sí mismo”.

El senador puntano se quejó por la falta de recursos a las provincias y las críticas hacia los gobernadores que “administran mal”; por el superávit fiscal que “no explican para qué lo quieren y no se entiende dónde está la gente dentro de esto”. “Este Presupuesto es objetable desde muchos lugares y es para tranquilizar a los mercados. No tiene nada que ver con el crecimiento y con que las cosas funcionen mejor. Hay costos ocultos inter temporales. Es un Presupuesto con marcados desequilibrios regionales”, apuntó.

En un extenso discurso durante el tramo final del debate del Presupuesto 2026, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, reclamó por las partidas destinadas al Poder Legislativo, en línea con la advertencia de Victoria Villarruel días atrás.

Al anunciar que su bloque votaría en contra, aseguró que votar el Presupuesto "es votar la decadencia de la República Argentina y entregarle a seis irresponsables el manejo del endeudamiento público".

"Están haciendo un verdadero desastre de la economía nacional", exclamó e insistió que "el Presupuesto no se trata de esta forma, es un trato ineficiente". Sobre la seguridad social, sostuvo que "la mayoría de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia... No sé a quién sacaron de la pobreza. Le mantienen el bono de 70 mil pesos con inflación en dólares de los productos".

Al cerrar el debate del Presupuesto, que se extendió hasta pasadas las 21, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, arrancó diciendo que “no estamos acá simplemente discutiendo números; no estamos votando una ley más, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma. No es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

Según Bullrich, “las definiciones difíciles en momentos oportunos llevan a una salida como la que nunca tuvo la Argentina”. Aseguró que “se redujo el gasto innecesario; se achicó la estructura estatal, se eliminaron privilegios, se ordenaron las cuentas. Porque gobernar no es prometer, es decidir, incluso cuando duele, y al mismo tiempo se protegió a los que más lo necesitaban, sin gerentes de la pobreza, sin viveza, sin extorsión”.

“El déficit cero no se negocia: es la línea roja que separa el futuro del desastre”, aseguró Patricia Bullrich.

El año 2025 dejó un total de 11 leyes sancionadas en el Congreso durante el período ordinario, que concluyó el 30 de noviembre. Es el año con menor producción legislativa de la última década, en un contexto marcado por la falta de consensos y por el uso intensivo de herramientas de control por parte de la oposición.

Durante el año se realizaron 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, lo que evidencia las dificultades para acordar una agenda común entre las fuerzas políticas, detalla un informe especial elaborado por Directorio Legislativo.

El año también estuvo marcado por un uso inédito de los emplazamientos a comisión. Mientras que en períodos anteriores el máximo había sido de 3, en 2025 se registraron 20, una señal de que la oposición buscó forzar el tratamiento de proyectos frente a un oficialismo que evitaba habilitar debates.

Entre las leyes sancionadas se encuentran tres acuerdos internacionales (pendientes de la presidencia de Alberto Fernández) y ocho iniciativas impulsadas por la oposición: la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley.

De las 11 leyes aprobadas, siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres de esos casos el Congreso insistió y revirtió los vetos.

En esta dinámica, el Congreso operó como un territorio opositor -señala esta organización de la sociedad civil- con un uso intensivo de herramientas legislativas para sostener su agenda y limitar al oficialismo. La tensión entre ambos poderes también se expresó en el control de los decretos de necesidad y urgencia: en 2025 se rechazaron cinco DNU sobre un total de 33.

La estrategia legislativa del oficialismo estuvo condicionada por su debilidad numérica. Sin embargo, la nueva composición del Congreso tras las elecciones de octubre abre un panorama favorable para el Gobierno, que podría pasar de una lógica defensiva a una más propositiva si logra construir las alianzas necesarias.

Durante una breve sesión, que se desarrolló sin polémicas tras la decisión de evitar la jura la rionegrina Lorena Villaverde, prestaron juramento este jueves 23 de los 24 senadores que fueron electos en octubre pasado.

La ceremonia arrancó a las 11.12 y concluyó 12.01. Estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien un día antes recibió a un grupo de los flamantes legisladores del bloque de La Libertad Avanza.

Además, la vice logró acuerdo con el oficialismo y la oposición y en el arranque se incorporó la designación del nuevo secretario Administrativo, quien juró inmediatamente. Se trata de Alejandro Fitzgerald, de reconocida trayectoria dentro del Senado.

Horas antes de la sesión, el oficialismo confirmó que -pese al nuevo número que posee- no tendría los votos para aprobar la incorporación de Villaverde. Ante una discusión reglamentaria que surgió respecto de qué mayoría se requería para resolver el futuro de la rionegrina (si mayoría simple o los dos tercios), los jefes de bloques resolvieron enviar nuevamente el pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La semana pasada la oposición en la comisión se alzó con el dictamen de mayoría en rechazo a Villaverde, aceptando las impugnaciones en su contra por presuntos vínculos con Federico "Fred" Machado (empresario extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado), además del antecedente con el que cuenta de haber intentado ingresar a EE.UU. con cocaína hace dos décadas.

Ese dictamen se sometió a votación este jueves, resultando aprobado en general por unanimidad, con 68 votos, igual número que el artículo 1, referido a la aprobación de los títulos de los senadores. Pero, al momento de poner en votación el artículo 2, donde se rechazaba el pliego de Villaverde, pidió la palabra Ezequiel Atauche.

El actual jefe del bloque oficialista, que pronto dejará su lugar a Patricia Bullrich, propuso que "vuelva a comisión, ya que entendemos que hay algunas cuestiones que dirimir respecto al título y las mayorías necesarias. Sería lo adecuado que se trate nuevamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales". Así, a mano alzada se avaló devolverlo.

Ante un recinto colmado de invitados, juraron los nuevos senadores

Sin la actual diputada de LLA dentro de la partida, las 23 juras se realizaron por orden alfabético de las provincias que renovaron este año: Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Antes de los juramentos, el correntino Carlos "Camau" Espínola despidió a los senadores que culminan sus mandatos, algunos de ellos estaban en los palcos; y abogó que pese a las "diferencias" la "cordialidad sea lo nuevo para esta nueva etapa".

La jornada estuvo marcada, como es habitual, por la compañía de los familiares de los nuevos integrantes y la presencia de gobernadores y funcionarios, entre los que se destacaron en un palco la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

"El jefe" Karina Milei, junto a Adorni y Santilli 

Producto de la alianza con el radicalismo gobernante en Chaco, La Libertad Avanza obtuvo las bancas por la mayoría en las elecciones. Así, juraron Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, actual vicegobernadora radical, que renunciará a ese cargo. Por la minoría lo hizo el exgobernador Jorge Capitanich, que vuelve al Congreso tras 18 años.

Por la Ciudad de Buenos Aires, prestaron juramento Patricia Bullrich y Agustín Monteverde por La Libertad Avanza, y Mariano Recalde por Fuerza Patria.

Bullrich, futura jefa del bloque LLA, que en el final de la sesión tuvo el primer altercado público con Victoria Villarruel

Por Entre Ríos, hicieron lo propio los libertarios Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch, y Adán Bahl por el peronismo.

En representación de Neuquén, juraron por La Libertad Avanza Pablo Cervi yNadia Márquez, mientras que por La Neuquinidad lo hizo Julieta Corroza.

Sin Villaverde, electa por la minoría por LLA, juraron por la mayoría Ana Marks y Martín Soria, representantes de Fuerza Patria.

En representación de Salta, los libertarios Gonzalo Guzmán y María Emilia Orozco, mientras que por Primero Los Salteños, lo hizo Flavia Royón.

Por Santiago del Estero, juró el gobernador saliente de esa provincia, Gerardo Zamora, y Elia Montero, los dos por el Frente Cívico; en tanto que por Fuerza Patria prestó juramento José Neder, alineado también con Zamora.

Por la provincia de Tierra del Fuego juraron los libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca, más la kirchnerista Cristina Cándida López, quien resultó reelecta en octubre pasado.

 

La Ley de Cupo Femenino en Argentina se sancionó el 6 de noviembre de 1991. La norma, que llevó el número 24.012, estableció que las listas de candidatos para cargos legislativos nacionales debían incluir al menos un 30% de mujeres. Esto marcó un antes y un después en la representación política femenina del país, con su impacto dentro del Congreso, que para ese momento solo tenía un 6% de bancas ocupadas por damas.

Llamado por algunos el siglo XXI como el “siglo de las mujeres”, en un contexto muy diferente al de aquellos años 90, en el 2017 una mayoría parlamentaria logró sancionar una nueva ley, la 27.412, que elevó a 50% el lugar para las mujeres en las listas electorales. Mismo porcentaje se otorgó para los postulantes varones y se dispuso que debían estar intercalados en las nóminas.

Sin embargo, tras cuatro elecciones en las que se aplica la Ley de Paridad (2019, 2021, 2023 y 2025), ambos recintos del Parlamento todavía no cuentan con igualdad de miembros respecto al género. Se está cerca, pero no del todo. Eso es algo que se verá reflejado en la nueva composición que asumirá en diciembre. Y uno de los motivos que quizás explique el por qué se deba a que en las elecciones de octubre pasado el 70% de las listas estuvieron encabezadas por hombres.

El talón de Aquiles de la paridad: 7 de cada 10 listas las encabezaron varones en 2025”

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, actualmente hay 110 mujeres sobre un total de 257 miembros, lo que representa un 42,80%. A partir del 10 de diciembre, ese número descenderá a 105 mujeres, lo que significará un 40,86%, frente a 152 hombres, un 59,14%. En total habrá 54 diputadas nuevas, de las cuales la mayoría son debutantes, algunas lograron la renovación y otras asumirán como reemplazantes.

En el caso del Senado, serán 12 senadoras nuevas, de las cuales solo una va por un segundo mandato. Las integrantes de la Cámara alta seguirán en la misma cantidad que la actualidad, 34, un 47,22%, muy cerca de la paridad.

De ambas cámaras se van mujeres de peso. En el caso de la Cámara baja, diputadas como Margarita Stolbizer, Mónica Fein, María Eugenia Vidal, Mónica Macha, Germana Figueroa Casas, Carla Carrizo, Marcela Campagnoli y Carolina Gaillard, entre otras. Silvia Lospennato podría ser otra de las que deje el Congreso, aunque su futuro es incierto, ya que podría terminar quedándose para que el Pro no pierda un miembro más del bloque.

En el Senado se despedirán mujeres como la porteña Guadalupe Tagliaferri, que presidió la Comisión de Acuerdos; la neuquina Silvia Sapag, que fue vicepresidenta del Cuerpo en el último periodo; la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional durante el gobierno anterior; y la fueguina María Eugenia Duré, última presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, entre otras.

Cámara de Diputados: más lejos de la paridad de género

Tal como se mencionó, la Cámara de Diputados actual concluye con 110 mujeres, mientras que la próxima conformación bajará su caudal a 105. Esto es, del 42,80% actual registrará un descenso al 40,86%.

Actualmente, la bancada que más representantes mujeres tiene es la de Unión por la Patria, presidida por Germán Martínez, con un total de 45, pero en la próxima composición bajará a 42. Las mujeres que integrarán el bloque son: Hilda Aguirre, Fernanda Ávila, Alejandrina Belén Borgatta, Celia Campitelli, Julieta Campo, Lucía Cámpora, Florencia Carignano, María Graciela De La Rosa, Fernanda Díaz, Andrea Freites, María Teresa García, Ana María Ianni, Jimena López, Cecilia López Pasquali, Marianela Marclay, Varinia Lis Marín, Fernanda Miño, Roxana Monzón, Cecilia Moreau, Estela Neder, Blanca Osuna, Gabriela Estévez, Kelly Olmos, Claudia Palladino, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Propato, Marina Salzmann, Moira Lanesán Sancho, Nancy Sand, Adriana Cristina Serquis, Sabrina Selva, Vanesa Siley, Julia Strada, Victoria Tolosa Paz, Caren Tepp, María Elena Velázquez, Luana Volnovich y Natalia Zaracho.

Muy cerca sigue el oficialismo con una composición actual de 20 mujeres, cuyo número se incrementará favorablemente a 38:  Sabrina Ajmechet, Bárbara Vanesa Andreussi, Belén Avico, Mónica Becerra, Rocío Bonacci, Giselle Castelnuovo, Romina Diez, Alida Ferreyra, María Gabriela Flores, Maira Frías, Virginia Gallardo, Silvana Giudici, Mercedes del Rosario Goitia, María González Estevarena, Maura Ester Gruber, Patricia Holzman, Gladys Humenuk, Cecilia Ibáñez, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, Johanna Longo, Lorena Macyszyn, María Julieta Metral, María Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Gabriela Muñoz, Miriam Niveyro, Eliana Lorena Bruno, María Celeste Ponce, Valentina Loana Ravera, Karen Reichardt, Laura Rodríguez Machado, Juliana Santillán, Laura Soldano, Vanesa Tomassoni, Patricia Vásquez, Andrea Vera y Nadia Chemor.

Uno de los espacios que perderá más de la mitad de sus representantes mujeres será el Pro, que en el 2025 cuenta con 12 diputadas, pero en 2026 pasará a tener tan solo 5: Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri y Silvia Lospennato.

En lo que respecta a los restantes bloques, y de acuerdo al mapa actual -que tendrá modificaciones a partir de los reacomodamientos futuros-, la UCR pasará de tener 6 diputadas a 3 (Karina Banfi, Pamela Verasay y María Inés Zigarán); Democracia para Siempre de 6 mujeres a tan solo 1 (Mariela Coletta); Innovación Federal de 3 representantes femeninas tendrá 2 (Yamila Ruiz y Yolanda Vega); la Coalición Cívica también es uno de los bloques que perderá peso femenino, ya que de 4 actuales pasará a tener solo 1 (Mónica Frade).

El Frente de Izquierda mantendrá el número de 2 representantes femeninas en su espacio (Myriam Bregman y Romina del Plá). En tanto, en el bloque de Coherencia seguirán sus 2 diputadas (Lourdes Arrieta y Marcela Pagano); mismo camino el espacio tucumano Independencia (Elía Fernández de Mansilla y Gladys Medina). También están el monobloque Futuro y Libertad de Verónica Razzini (quien podría saltar a LLA); Defendamos Córdoba con Natalia De la Sota; y en cuanto a Producción y Trabajo pasará de 2 a 1 diputada (Nancy Picón Martínez).

El espacio Encuentro Federal pasará de tener 3 mujeres a ninguna. También desaparecerá el bloque CREO de la tucumana Paula Omodeo. Por el contrario, La Neuquinidad tendrá como representante mujer a Karina Maureira, y surgirá Provincias Unidas donde posiblemente estén tres mujeres (Carolina del Valle Basualdo, Gisela Scaglia y Alejandra Torres).

Senado: el recambio legislativo no afectará en la cantidad de mujeres

De acuerdo con las últimas elecciones, una docena de senadoras nuevas ingresarán a la Cámara alta a partir del 10 de diciembre, de las cuales solo una va por su segundo mandato. Según estos números, la composición se mantendrá igual que la actual: 38 senadores, que representan el 52,78% del pleno, y 34 senadoras, igual al 47,22%.

La Libertad Avanza tendrá la incorporación de Patricia Bullrich (CABA), Silvana Schneider (Chaco), Romina Almeida (Entre Ríos), Emilia Orozco (Salta), Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego), Nadia Márquez (Neuquén) y Lorena Villaverde (Río Negro).

Sobre el futuro de ésta última podría sí producirse como consecuencia que ingrese un varón más. Si a la libertaria se le llegara a impedir jurar, en su lugar deberá asumir un hombre, que sería Enzo Fullone, quien fue segundo en la lista.

Sucede que la Ley de Paridad de 2017 establece que para el caso de "muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a senador/a nacional" de la lista que hubiere resultado en segundo puesto, el reemplazante es quien le sigue en el orden de la nómina.

Por el lado del peronismo, entrarán Cristina López (Tierra del Fuego) -que fue reelecta-, Elía Moreno (Santiago del Estero), Ana Marks (Río Negro). En tanto, desde fuerzas provinciales asumirán Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

A partir del recambio, de los 24 distritos, 10 tendrán dos mujeres entre sus tres representantes. Son Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Río Negro, bajo la incógnita planteada en torno a Villaverde.

Estas serán las mujeres del Senado, bloque por bloque, con un detalle saliente: todos los bloques unipersonales (4) están integrados por mujeres.

La Libertad Avanza (9): Romina María Almeida, Carmen Alvarez Rivero, Ivana Arrascaeta, Vilma Bedia, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, María Emilia Orozco y Lorena Villaverde.

Fuerza Patria (12): Lucía Corpacci, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Kirchner, María Teresa González, Cristina López, María Florencia López, Ana María Marks, Sandra Mendoza, Carolina Moisés y, Elía Esther del Carmen Moreno.

Unión Cívica Radical (4): Mariana Juri, Carolina Losada, Silvana Lorena Schneider y Mercedes Valenzuela.

Pro (3): Andrea Marcela Cristina y María Victoria Huala.

Unidad Federal (1): Alejandra Vigo.

Frente de la Concordia Misionero (1): Sonia Rojas Decut.

Por Santa Cruz (1): Natalia Gadano.

La Neuquinidad (1): Julieta Corroza.

Despierta Chubut (1): Edith Terenzi.

Partido por la Justicia Social (1): Beatriz Ávila

Primero los Salteños (1): Flavia Royón.

*Los nombres resaltados corresponden a las legisladoras electas el pasado 26 de octubre

El resultado de las elecciones del 26 de octubre tuvo un efecto contundente sobre el Congreso en particular. El ímpetu con el que venía la oposición, que se adueñó de los tiempos y la agenda legislativa a lo largo de todo el período ordinario, se frenó súbitamente y todo el manejo de la agenda pasó a manos del oficialismo, que a partir de entonces se dedicó directamente a organizar lo que viene a partir de la nueva composición del Congreso y a reforzar sus filas en ambas cámaras.

A una semana de que venzan los tiempos para dictaminar, continúan las reuniones de comisiones, aunque con un espíritu “testimonial”. Nadie imagina en la Cámara baja una sesión final, con temas pendientes y consensuados, para lo que resta del mes de noviembre. Consultado por parlamentario.com, un legislador opositor de los que suelen mover la agenda legislativa confesó que no vislumbra chances de que pueda prosperar una sesión para lo que resta de noviembre. “No veo a los gobernadores dando número para que sea posible”, se sinceró el legislador, que admitió -eso sí- que el kirchnerismo sigue hablando de una posible sesión, pero lo atribuyó a “sus líos internos”.

“A nosotros todavía no nos hablaron”, aclaró.

No es el panorama que se vive en el Senado, donde sí se especula con una sesión que podría tener lugar la próxima semana, para tratar la modificación de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, que tuvo dictamen la semana pasada y volvió con modificaciones de Diputados. Pero fundamentalmente la idea allí es aprovechar hasta el final los números que la oposición más dura tiene en esa Cámara, habida cuenta de que a partir de diciembre lo que será Fuerza Patria disminuirá drásticamente en su número y ya todo se le hará muy cuesta arriba.

El oficialismo, en tanto, se ocupa de diagramar la agenda de extraordinarias. Falta aún para que salga el decreto convocándolas para diciembre, pero una fuente de La Libertad Avanza confirmó a parlamentario.com que en diciembre se limitarán a tratar el proyecto de Presupuesto 2026 y el de responsabilidad tributaria.

La convocatoria a extraordinarias será, como ya se ha adelantado, desde el 10 u 11 de diciembre hasta el 30 de diciembre, en tanto que el resto de las reformas previstas para extraordinarias quedarán para el mes de febrero, confió la fuente consultada.

En el caso de la ley de leyes, se conformará rápidamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda que seguirá presidiendo Bertie Benegas Lynch, a fin de darle nuevamente dictamen al proyecto, habida cuenta de que la modificación de la composición de las cámaras hace caer todos los dictámenes. Se hará entonces una nueva reunión, ya sin invitados, solo para dictaminar nuevamente. Recordemos que cuando el pasado 4 de noviembre se dictaminó sobre el Presupuesto 2026, hubo cuatro dictámenes. Habrá que ver ahora cuántos se firman, pero se descuenta que el del oficialismo seguirá siendo el de mayoría.

En cuanto al proyecto de ley de inocencia fiscal, el mismo ingresó el 5 de junio pasado, luego de ser presentado por el titular de ARCA, Juan Pazo, el diputado José Luis Espert. La iniciativa modifica el monto considerado como delito del Régimen Penal Tributario de $1.500.000 a $100.000.000. También, propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas.

Cuando el pasado 15 de octubre, en el marco de las reuniones de comisión para debatir el Presupuesto emplazadas en el recinto, asistió el mencionado Juan Pazo en calidad de invitado para informar sobre la ley de leyes, dedicó casi toda la primera parte a hablar de ese proyecto, lo que motivó la reacción del titular del bloque UP, Germán Martínez, que se quejó porque estuviera hablando de otro tema: “Tiene que venir a responder sobre el Presupuesto, porque el expediente de inocencia fiscal no está en consideración ahora”, lanzó.

El trabajo en el verano

Quedará para una nueva convocatoria a extraordinarias la primera tanda de reformas previstas por el Gobierno. Si bien se especulaba con que le darían a los legisladores quince días de enero para descansar y prepararse para una agenda agitada para este verano, desde La Libertad Avanza anticiparon a parlamentario.com que la nueva convocatoria a extraordinarias sería directamente para el mes de febrero, tiempo en el cual se espera aborden las reformas laboral y tributaria. La previsional, quedará -como ya lo ha dicho el presidente Javier Milei- para una tercera etapa, durante su eventual segundo mandato a partir de 2027. “Antes se necesita la reforma laboral”, enfatizó el mandatario.

Sí entraría en esa segunda tanda de reformas una del Código Penal, que iría más allá de la baja de edad de imputabilidad, el único tema que le pidió Milei al Congreso el 1° de marzo pasado y cuyo dictamen se emitió, y que como el de Presupuesto, se caerá el 30 de noviembre. La reforma penal prevista por el Gobierno es mucho más amplia y muy probablemente vaya más allá de los límites de extraordinarias.

El Senado de la Nación es siempre un espacio complicado para todo gobierno no peronista. Para no decir directamente adverso. Allí La Libertad Avanza arrancó teniendo apenas un 10% de la Cámara, y para peor terminó eyectando a uno de sus miembros, Francisco Paoltroni. Con quien, dicho sea de paso, ha resuelto diferencias, más allá de que el formoseño mantenga su bloque unipersonal.

Como sea, está claro que el oficialismo crecerá fuertemente allí a partir del resultado del 26 de octubre, aunque obviamente le seguirá faltando mucho para ser más o menos fuerte en la Cámara alta. Muchas elecciones ganadas deberán pasar para acercarse a números razonables para un oficialismo con aspiraciones.

Por ser el bloque mayoritario, es Unión por la Patria el interbloque que más expone este año: 15 bancas. No las retendrá todas: según las estimaciones, podría mantener entre 9 y 13. En ese caso, tendrían un interbloque de entre 28 y 32 integrantes, sumando sus tres bloques: Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal.

La Libertad Avanza tiene apenas 6 escaños propios y podría ganar 13 bancas si le va muy bien, o de lo contrario 8, si las urnas le son adversas. Así las cosas, el futuro bloque libertario sería de entre 14 y 18 miembros, dado que uno de los que suma en sus listas es del radicalismo. Con LLA se espera siga interactuando obviamente Paoltroni, pero no lo sumamos al bloque violeta.

La bancada UCR se reducirá a una decena; el bloque Pro a 5; y se mantienen las bancadas Unidad Federal, el Frente de la Concordia de Misiones y Por Santa Cruz, cada uno con 2 miembros, y los monobloques de Edith Terenzi y Beatriz Ávila.

Como sea, a partir de la disminución de miembros del peronismo, se espera que el Senado pueda ser más manejable para el oficialismo a partir de diciembre, al estar Fuerza Patria más disminuido.

Qué distritos eligen senadores

• ● Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• ● Chaco
• ● Entre Ríos
• ● Neuquén
• ● Río Negro
• ● Salta
• ● Santiago del Estero
• ● Tierra del Fuego

Las bancas del Senado

CABA. La Libertad Avanza va finalmente en alianza con el Pro en este distrito, y es favorita para quedarse con los dos escaños por la mayoría. El restante será para Fuerza Patria.

Chaco. Aquí también hay alianza entre el oficialismo nacional y el provincial, que compiten como La Libertad Avanza. Que es además favorita, aunque el peronismo encabezado por Jorge Capitanich puede dar la nota y ganar. El segundo lugar de la lista de LLA es de la vicegobernadora Silvana Schneider, del radicalismo.

Entre Ríos. Otra provincia donde La Libertad Avanza hizo alianza con el gobierno provincial, que le cedió los dos primeros lugares de la lista para el Senado. Se espera que le ganen al peronismo.

Neuquén. En esta provincia patagónica la lista impulsada por el gobernador Figueroa es favorita para quedarse con las bancas por la mayoría. La banca restante se la disputarán LLA y el peronismo.

Río Negro. Otra provincia donde una fuerza provincial gobierna y en la que hay mucha competencia. El peronismo es favorito, según las encuestas, aunque acaba de aparecer otra en la que encabeza La Libertad Avanza y Juntos Somos Río Negro queda tercero.

Salta. Acá es favorita La Libertad Avanza, que se quedaría con los dos escaños de la mayoría, mientras que la lista del peronismo que encabeza el exgobernador Juan Manuel Urtubey. Quedaría relegada y sin chances la lista del gobernador Gustavo Sáenz.

Santiago del Estero. Aquí se descuenta que el Frente Cívico gobernante en la provincia se alce con las bancas por la mayoría y la restante quede en manos de Fuerza Patria.

Tierra del Fuego. Según algunos sondeos, La Libertad Avanza es favorita, aunque la lista del gobernador, que postula a la actual senadora peronista Cristina López puede dar la nota y quedarse con las bancas de la mayoría.

Con la presencia de una masiva marcha universitaria en las afueras del Palacio Legislativo, el Senado aprobó la insistencia definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. El Gobierno nacional queda obligado a promulgar la ley ya que el texto superó ampliamente los dos tercios que establece la Constitución Nacional.

A favor de la insistencia de la ley, estuvieron 33 de los 34 integrantes del interbloque de Unión por la Patria; 12 de los 13 radicales; los dos santacruceños; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; la chubutense Andrea Cristina; la tucumana Beatriz Ávila; el salteño Juan Carlos Romero; y Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del Pro.

Dentro de los 7 votos en contra de la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario estuvieron los 5 de los 6 integrantes de La Libertad Avanza; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero del Pro; y el formoseño Francisco Paoltroni de Libertad, Trabajo y Progreso. Además, se abstuvieron el misionero Martín Goërling Lara, la santafesina Carolina Losada, la pampeana Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.

Los únicos ausentes al momento de la votación fueron el senador chaqueño de Unión por la Patria Antonio Rodas; la jujeña Vilma Bedia de La Libertad Avanza; y la chubutense Edith Terenzi.

A diferencia de lo que ocurrió en 2024, la iniciativa que propone una actualización en las partidas presupuestarias de las Casas de Altos Estudios y recompone salarios docentes y no docentes se transformó en ley. Es el tercer veto que el Congreso le deroga al presidente Javier Milei: el 4 de septiembre fue la Emergencia en Discapacidad y este jueves, también, la Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan.

¿Qué establece la ley?

La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.

Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.

Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándose por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.

Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.

Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.

Las intervenciones en el recinto

Miembro informante como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el senador Eduardo "Wado" de Pedro, señaló que este miércoles en el interbloque de Unión por la Patria recibieron a rectores de universidades "casi con vergüenza de que este presidente vuelva a vetar una ley que tiene como fin el financiamiento de algo tan noble y necesario como es la educación universitaria".

"El 80% de esta cámara votó de manera positiva la ley", recordó y destacó que la norma se trabajó "entre todas las fuerzas políticas" junto a "los rectores, los gremios, los estudiantes". "Ayer nos decían los decanos que la pérdida (salarial de docentes y no docentes) es entre el 40% y 48% real respecto al presupuesto de diciembre de 2023", apuntó.

El legislador kirchnerista cuestionó que desde el Gobierno "dicen que no hay plata" pero "cuando uno mira las noticias en los diarios ve que por una desregulación en las billeteras virtuales perdieron en los últimos meses 8 mil millones de dólares". "Dicen que no hay plata -continuó- y en tres días, con una medida, o una estafa a los productores y la Argentina, con la baja de retenciones en pocas horas, el Estado argentino perdió 1.500 millones de dólares" que traducido a pesos argentinos son 2,17 billones.

"¿Cuánto es el costo fiscal que tiene este proyecto de ley? 7,3 billones", precisó y advirtió que el Presupuesto 2026 se destinan solamente 4,9 billones. "Le decimos al presidente que no puede desarmar lo que está bien, tiene que garantizar lo mínimo y lo básico para que los jóvenes no pierdan la esperanza, se queden en Argentina, puedan estudiar y puedan ser los trabajadores y dirigentes del futuro", concluyó.

El radical chaqueño Víctor Zimmermann se abocó a dar cifras sobre las universidades, concluyendo que el 86% del presupuesto destinado a las universidades públicas va para salarios; el 11,5% a gastos de funcionamiento y solo el 2,3% a transferencia e inversiones. “Esto es lo que se ejecutó durante 2024 para el conjunto de universidades públicas”, señaló, aclarando que para la Universidad del Nordeste, por ejemplo, la composición es diferente. “El gasto en salario es más alto y el de funcionamiento es menor”, aclaró.

Zimmermann aclaró que en el debate que está iniciándose en torno al Presupuesto 2026 “tenemos oportunidad de recomponer. Ahora, si miramos los datos que este presupuesto tiene asignado para el total de las universidades públicas para 2026, es un total de 4,8 billones de pesos”. Pero advirtió en ese sentido que los rectores, a los que han recibido en el bloque, les han indicado que estiman necesitar para el financiamiento 7,2 billones de pesos.

En síntesis, dijo que estaban dando “un paso muy importante, pero hay que seguir insistiendo para darles a nuestros jóvenes lo que necesitan para una mejor formación e igualdad de oportunidades”.

“¿Saben ustedes que las universidades públicas pagan en luz y en gas tarifas plenas, lo mismo que si fueran grandes contribuyentes?”, deslizó la senadora Alicia Kirchner, cuyo discurso muy crítico para con el Gobierno concluyó con esta advertencia: “La Libertad Avanza… ¿cómo? ¿Destruyendo el tejido social, empobreciendo a las mayorías, no considerando la salud pediátrica, la educación y nuestras universidades? Es muy duro lo que voy a decir, pero de seguir así, la timba de Caputo puede ser la tumba de los argentinos”.

Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la senadora rionegrina Mónica Silva cargó contra el gobierno de Javier Milei y lo acusó de invertir “cero pesos para obras de infraestructura en universidades”. También sostuvo que hay un “32% menos de recursos para salarios del personal docente y menos fondos de financiamiento”. “Me pregunto si estamos caminando hacia un arancelamiento de las universidades públicas”, deslizó.

En segunda instancia, destacó que “la sociedad argentina valora permanentemente la existencia de universidades públicas, no aranceladas y el acceso a los estudios superiores”. Explicó que en los jóvenes que salen de la educación obligatoria “hay esperanza de ascenso social y concreta de inserción en el mundo del trabajo”. Asimismo, valoró al sistema universitario argentino y recordó que “los estudiantes argentinos no deben pensar en pagar créditos universitarios”, y cerró: “En 2022 el 68% de los ingresantes fueron estudiantes de familias que por primera vez tenían integrantes en la universidad”.

A su turno, el senador radical Maximiliano Abad apuntó contra Javier Milei y recordó que en la Asamblea Legislativa del 2024 “señalamos la ausencia de la educación en el Pacto de Mayo” porque “en ese momento funcionaba con el Presupuesto sancionado en 2022 con financiamiento congelado”, consideró. Asimismo, reiteró efusivamente que “llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades y es la tercera vez que este Senado va a votar la misma ley”.

Crítico de las medidas del gobierno libertario, el bonaerense afirmó que “ninguna política pública tiene sentido si la universidad está desfinanciada”. Para terminar, le envío una sugerencia al Poder Ejecutivo Nacional: “Recuperamos gobernabilidad con educación para que puedan insertarse en un mundo laboral cada vez más competitivo”.

Por último, cuestionó que “los docentes universitarios están cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza y las becas están congeladas”. También, advirtió que “este Senado tiene una deuda porque no nombró a los auditores de la AGN”, y concluyó: “¿Quién fue el iluminado del Gobierno que dijo que hay que sostener el equilibrio fiscal desfinanciando la salud y la educación?”.

Arribando a la tercera hora del tratamiento de ambos vetos, el senador radical Martín Lousteau bosquejó que “es realmente increíble que estemos hoy acá debatiendo estos temas”. En esa línea, cargó que “es patético porque las universidades públicas son políticas reconocidas internacionalmente”. Luego, apuntó contra el Gobierno nacional: “Milei habla de Riesgo País, pero no habla nunca jamás de la salud y la educación”.

Con datos alarmantes, el legislador porteño aseveró que “el Gobierno ataca a las universidades”, y cuestionó la ausencia de políticas en materias educativa al presentar que “en tercer grado, uno de cada diez argentinos no está alfabetizado; y uno de cada tres, presenta dificultades de comprensiones”. Además, cargó que “uno de cada diez se recibe en la secundaria en tiempo y forma con los conocimientos básicos en lengua y matemática”.

Por último, Martín Lousteau afirmó que “Argentina fue grande cuando invirtió en educación”, y criticó que “la inversión en educación universitaria fue del 1,73% del PBI en 2023, pero fue 0,96% en 2024 y 0,73% en 2025”. También, alertó que “el número que viene en el próximo Presupuesto es menos de la mitad de la de este año”. “Tenemos una pésima y baja ejecución de presupuestos”, enfatizó.

En sintonía con lo expuesto por los representantes de su bancada, el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, auguró que “estamos para seguir apoyando estas leyes y seguir rechazando los veto si es que hace falta”. Acusó al gobierno de tener “el récord de la insensibilidad “, y señaló que “evidentemente prioriza las matemáticas y no entiende como equilibrar las cuentas publicas incluyendo a los sectores vulnerables”.

Sobre el rechazo al veto de la ley, el senador correntino Eduardo Vischi manifestó que “en el caso de las universidades, es un dato importante que si no damos el financiamiento su situación será cada vez peor con falta de estructura y de docentes y en detrimento del desarrollo tecnológico del país”.

En representación de Unidad Ciudadana, la senadora nacional Juliana di Tullio también responsabilizó al Poder Ejecutivo por el contexto que atraviesan las Casas de Altos Estudios: “Estamos votando por tercera vez porque el presidente Milei tiene un proyecto político y económico, y asume de espaldas a este Congreso y lo primero que hace es desconocerlo”. Volvió a cuestionar la delegación de facultades delegades y cargó que el presidente gobierna “a puro decreto y veto limpio”.

Al referirse al financiamiento universitario, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, apuntó contra el kirchnerismo por las “universidades truchas que hicieron para financiar campañas políticas. Nosotros no queremos que las universidades sean usinas políticas. Todo el mundo financiando el curro real de universidades truchas”.

El jujeño recordó que en 2022 el entonces ministro Sergio Massa aplicó un ajuste de 70 mil millones de pesos y no hubo “ninguna marcha”, y brindó como dato que “el 60% de los estudiantes no aprueba más de 1 materia por año; el tiempo promedio de egresar es de 12 años”.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad (66 votos a favor) una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. Ahora, deberá tratarse en la Cámara de Diputados.

El proyecto surgió de un consenso entre proyectos de Victoria Huala (Pro) y Beatriz Ávila (PJS), de Anabel Fernández Sagasti (UP) y del exsenador sanjuanino Roberto Basualdo.

El texto propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.

La iniciativa que obtuvo media sanción modifica el artículo 84 bis del Código Penal que regula el homicidio por conducción de un vehículo con motor. Añade a la descripción de la conducta típica la impericia en la conducción del vehículo.

Además, incrementa las penas del tipo agravado: de 4 a 8 años en lugar de 3 a 6, con inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

También añade a las circunstancias agravantes ya existentes (darse a la fuga o no socorrer a la víctima, estar bajo efecto de estupefacientes o alcohol, o que haya más de una víctima fatal) las siguientes conductas de la persona que maneja: haber consumido medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir; tener alcoholemia mayor a cero; exceder en un 30% la velocidad máxima; no estar habilitado para conducir el vehículo involucrado; estar manipulando equipos móviles de comunicación al conducir; y cruzar las vías del tren sin tener el paso habilitado.

En el mismo artículo 84 bis se prevé la pena agravada de 5 a 12 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para el caso en que se presenten en conjunto tres o más agravantes de las mencionadas.

El proyecto también introduce modificaciones similares en el artículo 94 bis, que regula las lesiones culposas por conducción de un vehículo con motor. También introduce un tipo agravado, con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, para el caso en que se diesen en conjunto tres o más circunstancias agravantes.

El debate

Miembro informante como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto aseguró que esta modificación "viene a cumplir el requerimiento de una prolongada y amplia protesta social".

Al anunciar que "en cualquier momento" se enviará una reforma del Código Penal, señaló: "Hasta tanto lo aprobemos, esta ley debe ser aprobada, porque las muertes por accidentes de tránsito siguen siendo, si no son la primera, la segunda causa de muerte en Argentina, lo cual es gravísimo".

Sobre el proyecto que endurece penas por este tipo de delitos, el riojano destacó el consenso entre las autoras de las iniciativas. Además, precisó que "se excluye el famoso dolo eventual que hace que los jueces establezcan qué es dolo o no es dolo" y "se agrava el accidente producido bajo los efectos del alcohol por mínimo que sea".

Para Pagotto, esta reforma "viene a suplir falencias que eran resueltas por vía de la interpretación" y a "frenar que haya tanta impunidad", ya que "le da un amplio margen al juez entre el mínimo y el máximo para que gradúe de acuerdo a las circunstancias del modo, tiempo, persona y lugar".

Finalmente, el libertario dijo que se busca "evitar que los vehículos se conviertan en un arma mortal" y que la ley "sirva para que disminuyan los accidentes".

Una de las impulsoras del proyecto, la pampeana Victoria Huala sostuvo que "esta modificación no solamente busca hacer frente a una de las causas que más sufrimiento y muertes trae a nuestro país, sino que también busca garantizar una justicia real para las víctimas, sus familias y la sociedad".

"Según la OMS en el mundo por día mueren alrededor de 135 personas por siniestros viales. En Argentina la cifra anual es mayor a 4.300 personas, pero no incluye aquellas personas que fallecen en instituciones médicas, así que el número sería mayor", precisó y añadió que "no solamente son muertes" sino que "por cada persona que fallece, tres quedan con algún tipo de discapacidad".

La legisladora del Pro resumió que el proyecto apunta a "agravar las penas, incorporar agravantes y la eliminación de la posibilidad de la suspensión del proceso a prueba". "Buscamos que los responsables cumplan una pena efectiva", expresó.

Finalmente, la vicejefa de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, recordó que "este es un proyecto que nos comprometimos cuando tratamos la Ley de Alcohol Cero", que debía complementarse también con una ley de educación vial.

Sobre el texto, indicó que busca que "las penas reflejen la gravedad de conducir con alcohol en sangre y otros agravantes, como por ejemplo fugarse, no asistir a la víctima". "Quien maneja al volante alcoholizado es temerario, es un accidente evitable y, por lo tanto, debe ser penado con una pena que no sea excarcelable", afirmó.

La mendocina defendió que hay que "legislar a favor de las vidas y no mirar para un costado de una sociedad que cada vez consume más". "El Gobierno quiso eliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que desde que existe los accidentes han bajado un 28%", resaltó.

Una estéril discusión durante la votación en particular

Tras la votación en general, Pagotto tomó la palabra para informar cambios que se iban a introducir en el artículo 1 del texto (eran cinco en total), pero lo hizo con poca precisión. Ante el revuelo que surgió, la radical Carolina Losada propuso que vuelvan a comisión los artículos, total la ley ya había sido aprobada en general.

Tomó luego la posta Fernández Sagasti, quien leyó parte de la nueva redacción y aclaró que las modificaciones se proponían no porque las autoras quisieran que así fuera, sino en pos de tener un mayor grado de consenso. Mientras, la cordobesa Alejandra Vigo reclamaba los argumentos de tales cambios.

Entre palabra que iba y venía, Huala recordó que "son proyectos que venimos trabajando hace muchísimo tiempo" y "el momento de hacer observaciones" fue cuando se trataron en comisiones. "Tildarnos de irresponsables cuando estamos accediendo para que haya un consenso no me parece justo", cuestionó, ante los pedidos de varios senadores para un detalle ordenado de los cambios al texto, ya que se trataba nada más y nada menos que del Código Penal.

Luego que Losada y el jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, reconocieran que habían sido quienes habían solicitado ciertas modificaciones, y en medio de una discusión que se extendía, Fernández Sagasti y Huala acordaron no aceptar cambios y votar tal cual estaba el dictamen original.

"No fue explicado como corresponde. No hay ninguna intención de no acompañar el proyecto. Nadie está buscando que no salga", aclaró la porteña Guadalupe Tagliaferri. "Que se vote como está o se modifique en comisión", pidió el jefe de la UCR, Eduardo Vischi.

Finalmente, Fernández Sagasti dijo: "Retiramos las propuestas de modificación y que se vote como vino de comisión". Huala asintió.

Así, en votación electrónica, el artículo 1 salió con 53 votos afirmativos y 9 abstenciones; mientras que de los artículo 2 al 5 se votaron en conjunto, resultando con 59 votos afirmativos y 2 abstenciones, aunque algunos senadores expresaron su abstención a viva voz sobre determinados artículos.

Tras una jornada negra para La Libertad Avanza en Diputados, acompañada por una enorme movilización en las calles, el Senado sesiona este jueves desde las 11.14 para intentar rechazar otro veto del presidente Javier Milei: el de la Ley de ATN, que establece el reparto automático y diario de esos recursos a las provincias.

La norma surgió de un proyecto impulsado por los gobernadores y tuvo como cámara de origen al Senado, donde todo estima que la oposición reunirá los dos tercios -mayoría que viene exhibiendo en las últimas sesiones- para insistir con la iniciativa y que pase a la Cámara baja.

En la votación original, el pasado 10 de julio, la Ley de ATN fue aprobada por 56 votos afirmativos y solo uno negativo.

La iniciativa busca garantizar una distribución más equitativa y previsible de los fondos nacionales, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias por la falta de asistencia financiera. En Diputados, la norma también obtuvo una amplia mayoría (143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones), aunque quedó lejos de los dos tercios.

El veto de Milei es el primer tema de un extenso temario que incluye proyectos que cuentan con dictamen de comisiones hace largo tiempo, referidos a salud, seguridad y justicia.

Una agenda con fuerte impronta social

Tras el debate sobre los ATN, el Senado abordará otros proyectos de alto impacto social. Entre ellos, la llamada “Ley Nicolás”, inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria, mediante la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del trabajo del personal de salud.

También se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Además, se debatirá una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. El proyecto, presentado por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.

Otros temas serán un proyecto para incorporar la atrofia muscular espinal al Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Determinadas Patologías en el Recién Nacido (Ley 26.279); la derogación de la Ley 27.604 de Manejo del Fuego; dos convenios internacionales y la declaración de monumentos nacionales.

La sesión se da en un clima de creciente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que ya sufrió este miércoles el rechazo en Diputados de los vetos a las leyes de financiamiento del Garrahan y universidades nacionales. De concretarse un nuevo revés en el Senado, el Gobierno de Milei sumaría otro duro revés en medio de un escenario económico cada vez más inestable.

En un contundente triunfo en seis de las ocho secciones electorales el oficialismo provincial consolida y amplía su dominio en la Legislatura provincial.

Según los resultados provisorios, la alianza transitoria que gobierna la provincia de Buenos Aires de forma ininterrumpida desde 2019, recientemente denominada Fuerza Patria, consolida su posición dominante en la Legislatura provincial.

El oficialismo logra quórum propio en el Senado, sumando 24 bancas sobre un total de 46 e incrementa levemente su participación en el Cámara baja con 39 miembros a partir de diciembre, sobre los 37 actuales.

Con los triunfos en la Primera, Cuarta y Séptima Sección Electoral y siendo un firme escolta en la Quinta Sección, Fuerza Patria logró ingresar 13 senadores de los 23 que estaban en juego; a razón de 5 en la Primera, 3 en la Cuarta, 2 en la Quinta, y toda la representación de la Séptima Sección, 3 senadores.

En tanto, la cosecha de diputados de Fuerza patria no fue tan abultada, pero, de todas formas, se quedó con 21 de los 46 diputados en juego; merced a su pronunciado triunfo en la Tercera Sección Electoral que le proporciona 10 de aquella cosecha total. Luego sumó a razón de 4 en la Segunda, 4 en la Sexta y 3 en la Octava.

Su escolta en la elección legislativa, la alianza que constituyeron LLA y sectores del Pro, es la fuerza que quizás mayor crecimiento experimente luego de la renovación parcial, que en términos formales crecería 13 bancas en relación a la situación actual, pues suma 18 diputados con su elección y alcanzaría un bloque en principio de 25 miembros.

Tal vez la elección de senadores fue el golpe más duro para los libertarios, pues no esperaban más de los 3 que finalmente se consiguieron en la Primera Sección Electoral y el resultado de la Séptima es lapidario: fue un 3 a 0 a favor de FP.

No obstante, LLA logra incorporar 8 senadores y todo parece indicar que se constituirá como la segunda minoría en ese cuerpo parlamentario, con 11 bancas.

Tal como se adelantó, alianzas políticas seccionales o provinciales, pero con armado competitivo irregular, como terminó siendo la alianza Somos BA, también sumaron legisladores.

Mientras Somos BA logró ingresar 2 diputados en la Sexta y 2 senadores en la Cuarta; Hechos alcanzó los suficientes votos como para incorporar 3 diputados por la Segunda Sección Electoral.

Por último, tal como viene sucediendo en las últimas elecciones legislativas de la provincia, el Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad logra renovar las dos bancas que puso en juego y seguirá teniendo representación en la Cámara baja hasta 2029.

Integración de Cámara de Diputados

Bloque	Con mandato hasta 2025	Con mandato hasta 2027	Total
FdT/UP	19	18	37
PRO	8	5	13
LLA	5	7	12
UCR+CF	5	4	9
Somos BA	5	1	6
UyL	1	5	6
URyF	-	3	3
ARI-CC	1	2	3
DP	-	1	1
MTS FIT-U	1	-	1
PTS FIT-U	1	-	1
Total	46	46	92

 

Distribución de bancas elección 2025

Sección	2°	3°	4°	8°	Total
FP	4	10	4	3	21
LLA	4	6	5	3	18
FIT	-	2	-	-	2
SomosBA	-	-	2	-	2
Hechos	3	-	-	-	3
Total	11	18	11	6	46

 

Integración de Cámara de Diputados 2025-2027

Bloque	Electos en 2025	Con mandato hasta 2027	Total	Diferencia
FdT/UP	21	18	39	+2
Pro	-	5	5	-8
LLA	18	7	25	+13
UCR+CF	-	4	4	-5
Somos BA	2	1	3	-3
UyL	-	5	5	-1
URyF	-	3	3	=
ARI-CC	-	2	2	-1
DP	-	1	1	=
FIT-U	2	-	2	=
Hechos	3	-	3	+3
Total	46	46	92

 

Integración de Cámara de Senadores 2025/2027

Bloque	Con mandato hasta 2025	Con mandato hasta 2027	Total
UP	10	11	21
Pro	4	5	9
UCR-CF	5	1	6
LLA	1	3	4
UyL	-	3	3
SomosBA	2	-	2
DP	1	-	1
Total	23	23	46

 

Posible distribución de bancas por sección

Secciones	1°	4°	5°	7°	Total
FP	5	3	2	3	13
LLA	3	2	3	-	8
SomosBA	-	2	-	-	2
Total	8	7	5	3	23

 

Integración de Cámara de Senadores 2025-2027

Bloque	Electos en 2025	Con mandato hsata 2027	Total	Dif
FP	13	11	24	+3
LLA	8	3	11	+7
Pro	-	5	5	-4
UyL	-	3	3	=
SomosBA	2	-	2	=
UCR-CF	-	1	1	-5
Total	23	23		46

 

Tras un nuevo aumento acordado por los gremios legislativos, las dietas de los senadores, que están "enganchadas" a las paritarias de los empleados, pasarán en fin de año a más de 10 millones de pesos en bruto.

Para noviembre, el valor del módulo será de 2.554,84 pesos y, de acuerdo al esquema de ingresos definido por los propios senadores en abril del año pasado, la dieta se compone de 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por representación y 500 por desarraigo. De esta manera, el monto ascenderá a $10.219.360.

Precisamente en la sesión de este jueves, el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, negó de que los senadores cobraran 10 millones de pesos, acusó al presidente Javier Milei de "mentiroso" por decir eso y cruzó a la candidata libertaria Virginia Gallardo.

El formoseño dijo que cuando él va a cobrar, no tiene ese monto depositado. Eso surge de que se les descuenta un porcentaje del impuesto a las Ganancias.

De acuerdo a los últimos recibos de sueldo publicados en la web oficial del Senado, un senador que no renunció a los aumentos del segundo trimestre -cuando las dietas se fueron a los $9,5 millones en bruto-, en julio pasado cobró de bolsillo $7.423.080,92 ($5.106.439,31 de dieta y $2.316.641,61 por gastos de representación y desarraigo).

En tanto, un senador que sí renunció a ese incremento, percibió $275.769,82 menos: $7.147.311,10 ($4.918.719,36 de dieta y 2.228.591,74 por gastos de representación y desarraigo).

Sucedió que en junio pasado, a través del decreto 344/25, la vicepresidenta Victoria Villarruel les dio la opción a los senadores de acoplarse o no al nuevo incremento. Y, la mitad del Cuerpo, notificó que renunciaba. Algunos aclararon que era a esa suba en particular y otros expresaron que también lo hacían frente a futuros aumentos.

A excepción del riojano Fernando Rejal, desde Unión por la Patria nadie notificó a la vice en ese momento.

Una durísima derrota parlamentaria sufrió el Poder Ejecutivo este jueves en el Senado, con el rechazo al hilo de cinco decretos desregulatorios, cuatro de ellos delegados y uno de necesidad y urgencia, que, de esta manera, se cayeron.

Se trata de medidas detrás de las que estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que se tomaron en el marco de las facultades delegadas que le fueron otorgadas al presidente Javier Milei a través de la Ley de Bases -y que vencieron en julio pasado-.

Los decretos, que no fueron tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo, pasaron el filtro más complicado para la oposición, cuando lograron que se rechacen en el recinto de Diputados. Pues se sabe que en la Cámara alta el oficialismo cuenta con las de perder, por tener números más complicados. Y, efectivamente, así sucedió este jueves, cuando para el rechazo bastaba con el voto de la mayoría simple.

De esta manera, en lo que va de su gestión, el Congreso ya le volteó seis decretos a Milei. El año pasado, por primera vez en la historia el Parlamento rechazó un DNU, fue el 656/24, por el cual se le habían otorgado cien mil millones de pesos a la SIDE.

El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. La votación resultó con 10 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

En las cinco votaciones, además de los 6 miembros de La Libertad Avanza, estuvieron a favor de mantener los decretos la santafesina Carolina Losada, el misionero Enrique Goërling Lara, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el formoseño Francisco Paoltroni.

Por medio de este decreto, el PEN había dispuesto la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 13 votos positivos, 57 en contra y 1 abstención. Mediante esta medida, se había ordenado la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".

Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".

Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Por 12 votos afirmativos, 58 negativos y 1 abstención, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.

En tanto, por 13 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo.

A través de esta medida se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".

A su vez, desde los gremios del sector habían denunciado que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".

El último decreto delegado en ser rechazado, por 10 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns, suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).

Un extenso debate contra las medidas del Gobierno

La senadora nacional Silvina García Larraburu advirtió que el Decreto 462/2025 degrada organismos estratégicos de ciencia y tecnología, pilares de la soberanía productiva y tecnológica de la Argentina. “No podemos permitir que, por un acto administrativo, se desarticulen instituciones con décadas de historia y prestigio”, subrayó.

Recordó que durante las reuniones de la Comisión de Ciencia y Tecnología, participaron cerca de 40 expositores entre trabajadores, investigadores, productores y autoridades, que expusieron los riesgos que enfrenta el INTA y el INTI, entre otros organismos.

Sobre el INTA manifestó que está en riesgo el funcionamiento de 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales, 299 Agencias de Extensión Rural y 6 Centros de Investigación con 22 Institutos. Además, se ven comprometidos programas fundamentales para el sector agropecuario.

En su intervención, el radical Pablo Blanco sostuvo que “el Estado debe ser lo necesario, lo que necesite la gente y no lo menor posible”. Habló del presidente de la Nación, de quien dijo que respecto de las bases de la Constitución, “solo respeta lo que es el Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto ese Poder Ejecutivo esté ejercido por él”.

Para el fueguino, “la arquitectura institucional del Estado no se destruye solo con la derogación de sus leyes; a veces basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica, retirando la autonomía presupuestaria y resignando las funciones hasta volverlos inexistentes”. A su juicio, “esto es lo que sucede con los decretos 461, 462 y 351". "Al amparo de la Ley Bases, bajo el argumento que utilizan de 'modernizar', están avanzando sobre organismos que la Constitución protege”, advirtió.

Al comenzar, la vicejefa de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, dijo que iba a rendir homenaje en su discurso a Ernesto Carreras, quien tenía 62 años y 37 de servicio en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y tras una reunión con las autoridades sobre su futuro laboral, se descompensó y falleció.

Al cuestionar el decreto 462, la mendocina señaló que con esta medida "lo que se hace no es atacar un instituto técnico de trascendencia internacional, sino a la industria vitivinícola, se la centraliza, se ataca el federalismo, se ataca la producción, se ataca a la economía nacional, a las exportaciones, pero también a la salud pública".

La legisladora explicó que con los cambios dispuestos al INV, "están como opcionales los controles y sólo se va a controlar en la góndola", lo cual pone en riesgo el prestigio del vino argentino. "Hay algunos bodegueros pícaros que van a estar contentos con esto, porque van a poder adulterar los vinos", denunció y subrayó que otros países como Estados Unidos, Francia, Italia, "tienen institutos muchos más rigurosos y los refuerzan y protegen. Nosotros, al contrario, vamos descartando lo que nos ha hecho grandes".

"El INV no es un gasto, se autofinancia y hace trabajos para terceros con su laboratorio, que es el mejor de la República Argentina. Es más, hubo años donde el INV financió al Tesoro Nacional", sumó.

A su turno, la senadora de UP Nora del Valle Giménez se refirió al decreto sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, el cual consideró: "Una vez más se pone de manifiesto esta intención del Gobierno y del presidente de que va a destruir al Estado, 'como un topo y desde adentro'". Al destacar la función de este organismo, recordó que "ha permitido la identificación y recuperación de cientos de nietos" cuyos padres fueron desaparecidos de la última dictadura.

La salteña explicó que con esta medida "se limitó la autarquía y autonomía financiera" del BNDG y "se degradó su jerarquía y se lo transformó en un organismo desconcentrado". "Esta decisión comprometió su independencia y le quitó la efectividad que ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria", agregó.

En tanto, su par Eduardo "Wado" de Pedro, hijo de desaparecidos, remarcó que en el BNDG trabajan 37 personas y asoció la decisión del PEN a "volver a una Argentina de la impunidad". Este banco, que "es ejemplo a nivel internacional", destacó, fue el que "recopiló los datos genéticos de las más de 500 familias que buscamos a un familiar y lo administra", manifestó. En esa línea, opinó que "interrumpir, entorpecer, la búsqueda de 300 niños y niñas que todavía faltan encontrar no es más que la complicidad plena con la dictadura militar".

Durante el debate, la senadora de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva aseguró que "estos decretos afectan fuertemente la vida de todos los argentinos". Precisamente sobre el referido a Vialidad Nacional, sostuvo: " Mi provincia es una provincia sumamente afectada por el desguace y por la política pública de no hacer obras. Esta política afecta 43 mil kilómetros de rutas en todo el país, afecta vidas humanas en rutas que están intransitables por su deterioro".

"Este miércoles se dio a conocer un decreto que deja en disponibilidad a los trabajadores de la Dirección de Seguridad Vial. No vamos a tener seguridad vial, no importa, la gente se muere y de esto no se hace cargo nadie", lamentó.

Avanzado el debate, el radical Martín Lousteau observó que "la motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta. La motosierra tala un árbol, pero después no planta nada". Y criticó "esta concepción ideológica de que el Estado siempre es malo y toda regulación es mala" que tiene el presidente.

Sobre los cambios en el INTI e INTA, señaló: "¿Se los puede mejorar? Claro que se los puede mejorar, pero hay que trabajar con los que están dentro y saben". En cuanto a Vialidad Nacional, admitió que "obvio que tiene problemas, sobrepoblación, falta de especialidades que se necesitan, anomia en la planificación, y tiene corrupción en diferentes niveles", pero "el problema es que el Gobierno no quiere gestionar. Lo que no le gusta cómo está y no sabe cómo gestionar, lo rompe".

En el final del tratamiento, la senadora bonaerense Juliana di Tullio destacó que la sesión ordinaria reunió el consenso de varios bloques a través de la expresión de la “voluntad popular”. En defensa de las instituciones “aniquiladas” en los decretos, consideró que “son muchas instituciones que han hecho que este país crezca, sea cada vez mejor y dé cada vez más seguridad en términos como rutas, alimentarios, vitivinícolas y de tecnología”.

Contra Javier Milei, cargó que el Congreso de la Nación “todos estos años lo que ha hecho es construir y mejorarles la vida a los argentinos”. “El que sí quiere destruir este país, lo han dicho senadores cuando tomaron la palabra, es el ‘topo que estpa dentro del Estado para destruirlo’”.

“El único fin de Milei es suprimir el funcionamiento del Congreso de la Nación”, reiteró Di Tullio, quien también le endilgó al presidente de la Nación que “si el esfuerzo de rascar diputados con anuencia de los gobernadores para resistir un veto, lo pusiera para buscar el aumento a los jubilados creo que este sería un país infinitamente mejor”.

En el último tramo de su discurso, consignó que Milei gobierna con “a puro veto, DNU y decreto delegado”. Destacó la labor del Congreso por ser “el único Poder que resiste al Ejecutivo y le pone límites a Javier Milei”, sumó una serie de acusaciones: “Este Gobierno está más sucio que una papa” y habló de los audios de Diego Spagnuolo: “¿Por qué no pone la motosierra en el bolsillo de Lule Menem, Martín Menem y Karina Milei?”.

El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, remarcó que “es cierto lo que dijo Juliana, el presidente busca el desprestigio del Poder Legislativo”. Luego, se defendió de los dichos del presidente: “Ganamos menos que un juez de primera instancia y el presidente, que es un mentiroso, dice que ganamos diez millones”.

Aseveró, además, que “no hay plata para el jubilado y el pensionado, pero hay plata para los servicios de inteligencia, para los trolls y periodistas”, agregó en tono irónico que “la casta son los jubilados, los pensionados, los docentes, los médicos. Esos son la casta que están pagando los platos rotos”, y concluyó: “Milei es la entrega de la patria”.

Otra semana para el olvido tendrá el oficialismo en el Congreso con, primero, la sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles, donde no pudo sostener el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad -sí, por el contrario, lo hizo con el aumento a las jubilaciones-, tuvo otras votaciones adversas y además se partió el bloque de La Libertad Avanza.

El segundo turno es ahora en el Senado, donde desde las 11.17 de este jueves arrancó una sesión ordinaria en la que la oposición buscará sancionar las leyes de emergencia pediátrica, que prevé financiamiento para el Hospital Garrahan, y la de presupuesto universitario, similar a la que el año pasado el Gobierno vetó.

Ambas cuentan con media sanción de la Cámara baja y son resistidas por el oficialismo, bajo la premisa de que "atentan contra el equilibrio fiscal" por su costo fiscal sin fuente de financiamiento. En caso de sancionarse, correrían el mismo destino que todas las normas que se vienen aprobando en el Congreso: el veto del presidente Javier Milei.

Los dos proyectos tuvieron dictamen en plenario de comisiones este martes, pero la oposición reunió el número suficiente como para no tener que esperar una semana entre el despacho y el debate en el recinto, por eso pujó por una sesión. Es decir, cuentan con la mayoría de los dos tercios para habilitar su tratamiento sobre tablas y posterior sanción con un contundente número.

Así las cosas, este miércoles, mientras en Diputados se vivía una reunión intensa, del otro lado de Pasos Perdidos se realizó Labor Parlamentaria entre los jefes de bloques, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Minutos más tarde se convocó a la sesión de carácter ordinaria.

En el arranque de la sesión, hubo algunas cuestiones de privilegio y se aprobaron pliegos de ascensos militares.

Ante el tiempo que demanda el trámite parlamentario entre que una cámara comunica a la otra las aprobaciones, se descarta que el Senado pueda considerar este mismo jueves el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El rechazo a los decreto

El temario incluye otro dolor de cabeza para LLA: la discusión de cuatro decretos delegados y un DNU del Poder Ejecutivo que ya cuentan con el rechazo de la Cámara baja y quedarán sin efecto con la decisión de una mayoría simple.

Se trata de los decretos 462/25, que dispuso la "transformación" del INTI e INTA; el 345/25, sobre reestructuración de organismos de cultura; el 351/25, que introdujo cambios sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que estableció el cierre de Vialidad Nacional; y el DNU 340/25 sobre un nuevo régimen de la marina mercante.

Finalmente, pasadas las 18, la oposición logró el rechazo de los cinco decretos. 

Una vez que pasó el primer tema, se aprobó con 58 votos afirmativos, 13 negativos y 0 abstenciones la habilitación del tratamiento del proyecto de financiamiento universitario y recomposición salarial docente.

Financiamiento Universitario se convirtió en ley

Después de diez horas de sesión ordinaria, el Senado convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Universitario. La iniciativa salió con más de dos tercios: fueron 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

Al texto sancionado solo se opusieron los seis integrantes del oficialismo junto a Francisco Paoltroni, Carolina Losada, Carmen Álvarez Rivero y Martín Goërling Lara.

De todos modos, el Poder Ejecutivo Nacional ya anunció que esta ley será vetada.

 

 

 

A diferencia de lo sucedido en el primer año de la gestión libertaria, cuando a pesar de la extrema minoría que posee en el Senado, La Libertad Avanza sorteó distintos obstáculos, el primer semestre de 2025 se caracterizó por la concreción de pocas sesiones y un cúmulo de fracasos legislativos para el oficialismo. Sumado a esto, estalló por los aires la relación de la vicepresidenta Victoria Villarruel con Javier Milei y no existió articulación alguna con Casa Rosada sobre la agenda parlamentaria.

Unión por la Patria había quedado relegado en el comienzo del gobierno de Milei pese a su poderosa primera minoría, que hoy consta de 34 miembros, a tres del quórum. Sin embargo, en esta primera parte del año tuvo partida de defunción esa mayoría que la vice supo construir con todo el resto de la oposición no K.

El malestar por el sostenimiento de un fuerte ajuste sobre partidas sociales sensibles, la persistencia de los gobernadores sobre distintos reclamos -a los que se adicionaron otros- y la cerrada postura del Ejecutivo a cualquier tipo de propuesta salida desde el Congreso, fueron, en parte, causas que motivaron que algunos aliados comiencen a moverse de otra manera y LLA, a perder.

En lo que va de 2025, el Senado realizó 6 sesiones, de las cuales sólo en 4 se trataron temas. Y, de esas sesiones, podría decirse que solamente en una se impuso el temario del oficialismo. Hablamos de la primera que hubo en el año, la sesión extraordinaria del 20 de febrero. En esa jornada, LLA logró las sanciones de la suspensión de las PASO y un paquete impulsado por la ministra Patricia Bullrich: Ley Antimafias, Reincidencia y Reiterancia, y Juicio en Ausencia.

Recién un mes después de iniciado el período ordinario, la Cámara alta se reunió en una trascendental sesión el 3 de abril: allí, con un amplio rechazo, se cayeron definitivamente los pliegos de los jueces para la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El trámite había comenzado casi un año atrás, pero ante la falta de aprobación por parte del Senado, el presidente decidió designarlos por decreto en febrero. Lijo no pudo asumir, pero García-Mansilla sí. Finalmente, tras la votación, renunció al cargo.

Para esa sesión, la estrategia de LLA solamente fue la de apostar a que no hubiera quórum. No lo logró. Tampoco escuchó a aliados que fueron a pedir en Casa Rosada que el Ejecutivo retirara los pliegos y evitara las derrotas en el recinto. La frase "los dos o ninguno", que desde el Gobierno repitieron en más de una ocasión, terminó cumpliéndose. Fue ninguno.

El recinto del Senado en la sesión del 3 de abril

Tres semanas después, al igual que lo hiciera la Cámara de Diputados, la paz irrumpió en el Congreso con sesiones homenaje al fallecimiento del papa Francisco y el Senado hizo lo propio el 24 de abril.

A comienzos de mayo, el 7 de ese mes, tras varias postergaciones, la oposición dialoguista festejaba -aunque no sin fuerte incertidumbre- que el recinto se abriera para tratar la ley de ficha limpia. Fue el tema central de esa jornada, en la que además salió la media sanción de la emergencia para Bahía Blanca, pliegos de embajadores y una serie de tratados internacionales.

Al momento de votar, ficha limpia se cayó por un voto, con el rechazo no sólo de Unión por la Patria sino de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del oficialismo provincial, quienes mayormente actuaron como aliados del Gobierno. Tras lo sucedido, desde todo el engranaje que supo ser Juntos por el Cambio salieron a reforzar sus denuncias de "pacto" entre LLA y el kirchnerismo. Por esos días, la pelea LLA-Pro era total, debido a la campaña porteña, y la Corte todavía no había confirmado la condena de Cristina Kirchner.

La bancada de UP festejando la caída de ficha limpia 

Por otro lado, en esa sesión había asumido como secretario Administrativo Emilio Viramonte, quien era hasta ese momento mano derecha de la vice. Sin embargo, renunció pocos días después y no llegó ni al mes en sus funciones. Fue el segundo en irse, después de María Laura Izzo. Hasta ahora no fue reemplazado.

En la segunda parte de mayo, Villarruel fue a fondo con varios cambios y "barrió" de su entorno de colaboradores a un grupo de militantes suyos, más conocidos como los "villarruelines". También, colocó como jefe de asesores a Mario Russo, cambió al jefe de prensa y designó en cargos clave a exmilitares -no exentos de polémicas-, como Claudio Gallardo y Juan Manuel Gestoso Presas.

Después de la caída de ficha limpia, el recinto estuvo cerrado casi por dos meses. Con motivo de la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la Cámara alta volvió a convocarse para una sesión informativa el 26 de junio, pero ésta terminó de formar abrupta. Cuando llevaba poco tiempo el tramo de preguntas de los senadores de Unión por la Patria, Francos se levantó enojado de su silla ante el discurso de la fueguina Cándida Cristina López, quien lo llamó "mentiroso" al cuestionar la política del Gobierno sobre Malvinas. La reunión pasó a un cuarto intermedio para la siguiente semana, pero el jefe de Gabinete decidió no volver.

Guillermo Francos, al abandonar enojado el recinto del Senado

Considerada "inválida" por el bloque oficialista, la oposición se autoconvocó en el recinto del Senado el 10 de julio y logró "meter todos los goles", con la aprobación de un temario rechazado de plano por el Gobierno. Los senadores impulsores de esa reunión bajaron al recinto en uno de los días y horarios elegidos por el pleno -en su sesión preparatoria- para la realización de las sesiones ordinarias; en ese marco fue que defendieron la legalidad de la sesión.

Aunque Ezequiel Atauche, el jefe de LLA, protestó, alcanzado el quórum Villarruel bajó a presidir el comienzo. Más tarde, vía la red social X, en respuesta a Bullrich, dijo: "La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no".

Así, antes de irse al receso invernal, la Cámara alta sancionó la ley que prevé un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y un incremento de 70 a 110 mil pesos del bono extraordinario; la restitución de la moratoria previsional y una serie de cambios en la PUAM; y la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. Milei ya avisó que vetará y tiene tiempo hasta el próximo 4 de agosto.

Además, el Cuerpo rechazó el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Salvo la moratoria, los demás temas salieron con mayorías contundentes.

Como si fuera poco, tuvieron media sanción los proyectos pedidos por los 23 gobernadores y el jefe porteño sobre reparto de fondos a través de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

Finalmente, también se aprobó un proyecto para declarar a la ciudad 28 de Noviembre, en la provincia de Santa Cruz, como Capital Nacional del Cóndor Andino. Esos proyectos "menores" que permanecen fuera del radar y cada vez -en los últimos años- con menos chances de ir al recinto.

Postales de la última sesión, donde por momentos no anduvo el sistema electrónico y se votó a viva voz

A propósito de temas que se acumulan, el Senado tiene en sus manos iniciativas con media sanción pendientes, como una emergencia por inundaciones en distritos de Buenos Aires y Santa Fe; la ley contra la ludopatía, que espera desde el año pasado y sobre la hubo una única reunión informativa en la Comisión de Salud, pero está girada a dos más; y la Ley Nicolás, de seguridad del paciente, que data de mucho antes.

Tampoco fueron al recinto proyectos como la creación de una Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias o la regularización de la tenencia de armas y prórroga del Programa de Entrega Voluntaria (enviado por el PEN). Ambos cuenta con aprobación de Diputados y habían tenido dictamen en comisiones.

En tanto, ni siquiera se trataron en comisiones temas como la declaración de la educación como servicio esencial; la creación del Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial; o la extensión del plazo para la expropiación del predio donde funcionó Cromañón, por mencionar otros que ya salieron de Diputados. Mientras que, sobre propuestas de los propios senadores, hay también despachos como modificación al Código Penal sobre falsas denuncias; creación por ley del Sistema de Alerta Rápida Sofía; y derogación de la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, entre otros.

Camino a la campaña electoral -donde merma la actividad-, con una Villarruel alejada más que nunca de Milei, y con la articulación que nació en la oposición (UP más algunos aliados con "hartazgo"), lo que asoma para el segundo semestre en el Senado no promete ser esperanzador para LLA, compuesto hoy por un bloque de solamente seis integrantes, que el Gobierno aspira a engrosar significativamente en las elecciones. Aún ganando en todas las provincias, no superará una veintena y seguirá sujeto a buscar acuerdos y consensos para la segunda parte del gobierno libertario.

El jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, se mostró dispuesto a apoyar las medidas para incrementar los haberes de los jubilados aprobado en Diputados la última semana, aunque admitió que primero verán cómo puede repercutir y “cuáles pueden ser las cuestiones a futuro”.

“La otra vez habíamos planteado una reforma -incluso estaba acordada con el Gobierno nacional- que daba un aumento mínimo y una fórmula de actualización. Por supuesto, siempre pensando en cuidar el equilibrio fiscal”, señaló el senador correntino, adelantando que “nos vamos a reunir en el bloque a mirar bien cuál es el panorama. Estamos en consonancia con darles un aumento a los jubilados, pero vamos a mirar cómo puede repercutir”.

Entrevistado por La Nación, Vischi quiere que el Gobierno les explique dónde les impacta el incremento impulsado desde la otra Cámara. “Como no tenemos el presupuesto, no sabemos bien cuál es el efecto y por qué ellos dicen que les puede generar un problema en la caja”.

“El presupuesto es fundamental porque no sabemos dónde estamos parados en los gastos”, observó Vischi, remarcando que “complica muchísimo saber hacia dónde está yendo el Gobierno en función de su política de Estado. Por ejemplo, hay reclamos por la falta de obra pública. Es obvio que buscan el equilibrio fiscal, pero no sabemos de dónde sacar o dónde poner ni cuáles son las prioridades”.

Más allá de las coincidencias con el Gobierno, al marcar las diferencias citó en primer lugar a la educación pública. A su juicio, “eso es fundamental si queremos pensar en un futuro mejor para los argentinos, porque tiene que ver con el desarrollo humano”.

Mencionó también la salud pública, “porque hoy casi un 40% o 50% de trabajadores no registrados que no tienen obra social. No podemos dejar a la deriva a todas esas personas. A su vez, también fuimos quienes planteamos algunas reformas laborales”.

Vischi es recodado por el cambio de su voto respecto de la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA. Al respecto, dijo que “en primer lugar, vimos la necesidad de esclarecer cuál era la situación. Pero cuando lo analizamos con los gobernadores, ellos nos dijeron que tuviéramos prudencia porque se podía venir una arremetida del kirchnerismo para tratar de aprovecharse y hacer tambalear al Gobierno, en función de que el presidente estaba buscando recursos en el Fondo Monetario Internacional”.

“Lo hablamos en el bloque, pero no nos pudimos poner de acuerdo. La idea era tratar de mandarlo a comisión. Cuando en la misma sesión vi que el kirchnerismo empezó a avanzar, incluso con improperios, decidí no acompañar. Lo dejamos en manos de la Justicia, que tiene que avanzar”, puntualizó.

Con todo, Vischi advirtió que el presidente debe dar explicaciones sobre lo sucedido. “Y para eso la Justicia tiene que investigar e ir hasta las últimas consecuencias”. Fue más lejos aún al advertir que “si hay motivo para un juicio político, se tendrá que avanzar” con el mismo y en ese caso el presidente “tendrá que asumir la responsabilidad”.

Respecto de su firma al pliego de Ariel Lijo, que muchos de su propio partido le reprocharon, Vischi dijo que lo hizo “convencido de que eso era apoyar al Gobierno nacional o al presidente, que había mandado ese pliego. Yo hice mi propio análisis de las condiciones el juez. Y había razones para que él pudiera integrar la Corte y, por eso, decidí acompañar el dictamen. Además, me lo había pedido el Gobierno”.

Respecto de ficha limpia, se manifestó “bastante sorprendido”, y estimó que “el mismo Gobierno pudo haber influido en esa situación porque a ellos no les gustaba la idea de que haya ficha limpia, a pesar de que era un proyecto que habían promocionado. No consulté con los senadores de Misiones, pero ellos siempre han acompañado en todo al Gobierno nacional”.

Al ser consultado por los ataques presidenciales al Congreso y la posibilidad de que el país se encamine hacia una autocracia, Vischi estimó que Javier Milei “hace uso extremo de todo el poder que pueda tener a partir de la Constitución. Está en nosotros si vamos a dejar que eso pase a partir de la defensa de las instituciones. Y desde el radicalismo debemos volver a insistir en la reforma de los decretos de necesidad de urgencia para que tengan otro tipo de tratamiento”.

Por un solo voto, pues requería una mayoría absoluta de 37, el proyecto de ley de ficha limpia se cayó en el Senado. Apenas pasadas las 22 de este miércoles, el tablero marcó un resultado adverso para los impulsores de la norma: 36 a favor y 35 en contra.

Los votos positivos fueron 6 por el oficialismo: Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto.

También aportaron los 13 integrantes de la UCR: Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Martín Lousteau, Stella Maris Olalla, Rodolfo Suárez, Gabriela Valenzuela, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann.

A favor votaron por el bloque Pro sus 7 miembros: Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo de Angeli, Martín Göerling Lara, María Victoria Huala, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.

Por el interbloque Las Provincias Unidas avalaron la ley Alejandra Vigo, Carlos "Camau" Espínola, Lucila Crexell, Juan Carlos Romero y Edith Terenzi.

Completaron los votos positivos José Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz); Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social); Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro); y Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso).

Por el contrario, los 35 votos negativos para la ley fueron de los tres bloques del interbloque Unión por la Patria: el Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal, de quienes ya se esperaba tal rechazo. Pero la sorpresa de último momento fue la postura en contra de los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Por UP se opusieron Lucía Corpacci, María Teresa González, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Marcelo Lewandowski, Florencia López, Juan Manzur, José Mayans, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neder, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Antonio Rodas, Sergio Uñac, Stefanía Cora, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Martín Doñate, María Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Carlos Linares, Cándida Cristina López, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Fernando Salino, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Jesús Rejal.

Hubo un único ausente por UP, que fue el pampeano Daniel Bensusán.

Tras casi 7 horas de debate, y durante una jornada a la que se había llegado con incertidumbre, pero se estimaba que los votos estaban garantizados, se cayó en el Senado el proyecto de ley de ficha limpia, que buscaba impedir la candidatura a cargos electivos nacionales de personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner.

La votación, realizada minutos después de las 22 de este miércoles, marcó en el tablero 36 votos a favor y 35 en contra, lo que dejó a los impulsores de la norma pasmados, mientras el kirchnerismo estalló en festejos dentro del recinto, ante una visiblemente sorprendida vicepresidenta Victoria Villarruel. Al resultar rechazada, la iniciativa no podrá tratarse por lo que resta del año.

Los votos a favor correspondieron a La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y bloques provinciales; mientras que en contra lo hicieron el interbloque Unión por la Patria y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia -oficialismo provincial- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, señalados como los que "se dieron vuelta" a último momento, pues se los contaba a favor. Habitualmente, la dupla es una aliada del oficialismo.

Todo lo que había antecedido a la sesión fue un escenario de desconfianza entre LLA y los bloques de la oposición dialoguista, respecto del acompañamiento a una iniciativa para la que se requería una mayoría absoluta de 37 votos.

Festejos en Unión por la Patria ante el fracaso de la ley

La convocatoria a debatir el proyecto ya había tenido dos postergaciones en la Cámara alta, mientras que esta semana surgieron desde Casa Rosada distintas versiones en cuanto a si los votos estaban garantizados o no por parte de la oposición no K. Incluso los senadores de LLA sacaron un comunicado en el que ratificaron su "compromiso" a aprobar ficha limpia.

En la ola de especulaciones, también se dudó sobre si el texto tendría modificaciones que obligarían su regreso a Diputados. Antes del revés en la votación, la senadora cordobesa Alejandra Vigo -miembro informante- afirmó que no se aceptarían cambios.

En la previa se sumó el rumor de que el oficialismo no quería entregar un triunfo al Pro, espacio que ha pujado históricamente por esta ley y cuya mayor impulsora fue la diputada Silvia Lospennato, candidata a legisladora porteña en las elecciones en las que el partido amarillo se enfrentará con La Libertad Avanza dentro de diez días. Por TV, fue la primera en salir a protestar por lo ocurrido.

A fines del año pasado no se había podido avanzar con la iniciativa en la Cámara baja porque desde el propio oficialismo frustraron una de las dos sesiones convocadas para ello, y luego admitieron no estar de acuerdo con la versión del texto. Desde ese momento, la oposición dialoguista manifestó sus sospechas a un acuerdo entre libertarios y kirchneristas para que la ley no saliera. En más de una oportunidad, macristas y radicales -entre otros- advirtieron sobre la idea del mileísmo de mantener dentro de la cancha a CFK, con quien polarizan desde el comienzo de la gestión.

Ante la presión, durante el verano se trabajó sobre una iniciativa desde el Poder Ejecutivo, que fue la que finalmente se trató en extraordinarias en Diputados. Por ello, este lunes, antes de la sesión, el presidente Javier Milei se adjudicó el tema: “El proyecto de ficha limpia aprobado es el mío en la Cámara de Diputados, que pasa a Senadores”. Rechazada la ley, desde la Oficina del Presidente se "condenó" la decisión y expresó que "el Senado de la Nación se consolida una vez más como el refugio de la casta política argentina".

Si la ley se aprobaba, quedaba confirmado que Cristina Kirchner no iba a poder competir en las elecciones legislativas de este año. Ante esa posibilidad, ya había circulado la versión de que la presidenta del PJ Nacional podía llegar a presentarse en los comicios de la provincia de Buenos Aires, donde no rige tal prohibición. Ahora, lo que igualmente puede llegar a impedir una postulación suya sería una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente, los senadores del interbloque Unión por la Patria sostuvieron durante la jornada que la ficha limpia "ya existe" y es cuando hay una condena confirmada por el máximo tribunal del país. Durante sus discursos, denunciaron "proscripción" contra CFK y el peronismo y manifestaron que el proyecto era "inconstitucional".

También consideraron que tenía "nombre y apellido" al haber una "única persona" en la situación judicial que planteaba ficha limpia. En diciembre de 2022, en el marco de la causa Vialidad, la expresidenta fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024.

La iniciativa que no logró ser sancionada en el Senado preveía una modificación al artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, de modo de prohibir la candidatura a cargos públicos de toda persona que tenga doble condena por delitos de corrupción.

El texto indicaba que la prohibición de candidatura se aplicaría “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Asimismo, agregaba que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Además, el proyecto proponía la creación de un registro por parte de la Cámara Nacional Electoral y establecía también que los inhabilitados tampoco podían ser designados funcionarios públicos o autoridades de organismos del Estado.

Como todos los años una vez que se terminan de procesar todos los proyectos presentados a lo largo del año, Parlamentario publica el ránking de los diputados y senadores nacionales que más proyectos presentaron a lo largo del último período legislativo.

Se trata de un análisis cuantitativo, no cualitativo, como siempre aclaramos, porque este trabajo no analiza el tenor o importancia de las iniciativas presentadas, sino simplemente la cantidad presentada. En este informe también encontrará a los que menos proyectos presentaron, o al menos los que quedaron en cero al finalizar el año legislativo.

Es clave destacar que para el Índice de Calidad Legislativa realizamos un conteo de las iniciativas de todo tipo presentadas durante el 142° período ordinario. Esto es, entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025. Remarcamos este dato, porque hay quienes han presentado ya durante el actual período iniciativas, o bien presentaron en los meses de enero y febrero del año pasado proyectos que no entraron en este conteo. La publicación de este informe tiene el delay lógico que corresponde a la espera de que se completen todos los datos que buscamos medir.

Proyectos de ley

Citamos los proyectos de ley por ser los más importantes. Y vayamos a la Cámara baja, donde encontramos que la presidenta del bloque Innovación Federal Pamela Calletti es la que más iniciativas de ese tipo presentó en el último período ordinario: 70. El último que presentó durante el período analizado fue en diciembre del año pasado y propone la actualización de multas para la Ley de Estupefacientes. También impulsó un proyecto para establecer que la remuneración mensual del presidente de la Nación será la más alta del sector público y organismos que se encuentren bajo control directo o indirecto del Estado nacional.

Presentó también un proyecto relacionado con la gratuidad de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados, y otro que incorpora el concepto de violencia vicaria en la Ley de Protección Integral a las Mujeres. ¿Qué es la violencia vicaria? Es la que se provoca a los hijos e hijas de las mujeres, instrumentalizada para maltratar y ocasionar un dolor extremo a sus madres.

En segundo lugar en este rubro se encuentra otro diputado salteño, Emiliano Estrada (UP), con 56 proyectos, siendo el más reciente uno que establece una exención del impuesto a las indemnizaciones por antigüedad y cualquier otra que se reciba en casos de despidos o desvinculación laboral. También impulsó la creación del Programa de Fomento para la articulación entre instituciones educativas técnico profesionales y proyectos mineros locales; y un Régimen de Producción Regional Agropecuaria no tradicional.

Completa el podio el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, autor de 52 proyectos de ley. Entre ellos, uno que aplica la prisión e inhabilitación especial para el funcionario público que dicte, sancione, apruebe o ejecute una ley u ordenanza que implique doble imposición de impuestos.

Proyectos de Ley en Diputados

1°) Pamela Calletti	70
2°) Emiliano Estrada	56
3°) Juan Manuel López	52
4°) Gisela Marziotta	44
5°) Mónica Macha	36
6°) Ana Carla Carrizo	34
Esteban Paulón	34
8°) Karina Banfi	32
9°) Silvana Ginocchio	32
10°) Martín Tetaz	30
	FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

En el Senado, la autora de más proyectos de ley fue la rionegrina Silvana García Larraburu, con 50 iniciativas. La última que presentó durante el período analizado, en febrero pasado, establece un incremento en las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados con incendios. Muy preocupada por ese tema, también presentó un proyecto para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en zonas afectadas por incendios en la región patagónica.

Pero eso no es lo único que desvela a esta prolífica senadora. También presentó una iniciativa para ampliar penas para delitos contra la integridad sexual, y proyectos relacionados con la ciencia, como el que declara capital nacional de la Ciencia, Investigación y Desarrollo de Altas Tecnologías a San Carlos de Bariloche.

El segundo lugar en proyectos de ley lo ocupó la tucumana Beatriz Avila, autora de 44 iniciativas de ese tipo, que incluye uno relacionado con los derechos electorales de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior, para que puedan votar por correo postal. También impulsó la inclusión de la educación financiera en instituciones educativas de nivel secundario, y otro para regular la utilización del uso de celular por parte de estudiantes y docentes durante el horario escolar.

Con un proyecto menos, 43, aparece en tercer lugar otro salteño, Sergio “Oso” Leavy, autor entre otros de un proyecto para crear en el ámbito del Congreso una comisión bicameral permanente para la regulación estratégica de la Inteligencia Artificial; otro para crear el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, y la declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias, por 4 años.

Proyectos de Ley en el Senado

1°) Silvana García Larraburu	50
2°) Beatriz Avila	44
3°) Sergio Leavy	43
4°) Carmen Crexell	33
5°) Anabel Fernández Sagasti	28
Silvia Sapag	28
7°) Ezequiel Atauche	26
8°) Daniel Bensusán	24
Nora Giménez	24
10°) Antonio José Rodas	22
	FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Otros proyectos

Con 133 proyectos de declaración, la misionera Yamila Ruiz es la que más iniciativas de ese tipo presentó durante el último período, seguida por Pamela Calletti, con 45.

Igual que el año pasado, y a pesar de haber estado el año pasado muchos meses de licencia, en el Senado el radical chaqueño Víctor Zimmermann encabeza el rubro proyectos de declaración, con 166, seguido por la camporista María Eugenia Duré, con 117, quien también había ocupado ese lugar en el período anterior. El tercer escalón en este rubro lo ocupó la rionegrina Silvina García Larraburu, con 69 proyectos.

Proyectos de Declaración en el Senado

1°) Víctor Zimmermann	166
2°) María Eugenia Duré	117
3°) Silvina García Larraburu	69
4°) Nora Giménez	67
5°) Bartolomé Abdala	63
6°) María Inés Pilatti Vergara	57
7°) Alicia Kirchner	46
8°) Beatriz Avila	38
9°) Vilma Bedia	26
10°) Sergio Leavy	25

 

Proyectos de Declaración en Diputados

1°) Yamila Ruiz	133
2°) Pamela Calletti	45
Roxana Monzón	25
4°) Sabrina Ajmechet	24
Eduardo Toniolli	24
6°) Karina Banfi	21
Vanina Biasi	21
Silvana Giudici	21
9°) Carlos Alberto Fernández	20
Esteban Paulón	20
	FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Proyectos de resolución es el último de los rubros que hay en Diputados, siendo la diputada bonaerense de UP Micaela Morán la que más presentó (86), seguida por su compañera de bancada Gisela Marziotta (78) y el socialista Esteban Paulón (75).

En el Senado, usan muy poco los proyectos de resolución, como puede verse en la tabla adjunta.

Allí en cambio tienen un rubro más de proyectos, los de comunicación, rubro en el cual se destacó el último año la senadora salteña Nora del Valle Giménez, con 45, seguida por la fueguina María Eugenia Duré, con 39.

Proyectos de Resolución en Diputados

1°) Micaela Morán	86
2°) Gisela Marziotta	78
3°) Esteban Paulón	75
4°) Silvana Ginocchio	62
5°) Ana María Ianni	59
6°) Eugenia Alianiello	50
7°) Agustina Propato	45
8°) Marcela Passo	44
9°) Eduardo Valdés	40
10°) Eduardo Toniolli	39
11°) Nicolás Del Caño	38
12°) Mónica Macha	37
13°) Mónica Fein	35
Roberto Mirabella	35

Proyectos de Resolución en el Senado

Sergio Leavy	3
Martín Lousteau	3
Oscar Parrilli	3
María Inés Pilatti Vergara	3

Proyectos de Comunicación en el Senado

1°) Nora del Valle Giménez        45
2°) María Eugenia Duré             39
3°) María Inés Pilatti Vergara    25
4°) Alicia Kirchner                      24
	FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Los menos productivos

Aclarando en primer lugar que en modo alguno la presentación de más o menos proyectos representa un juicio de valor respecto de la eficiencia de cada legislador, pasamos a continuación a detallar quiénes fueron los legisladores que no presentaron ningún proyecto en el año. Algo que no necesariamente es señal de haraganería, pero por supuesto es para tener muy en cuenta, por cuanto la elaboración de muchas iniciativas representa sin duda una preocupación especial por ser productivos en la materia. Y lo opuesto, si bien no merece la crítica inmediata, amerita un llamado de atención, sobre todo cuando es sistemático.

Está claro que los diputados o senadores que ocupan lugares más encumbrados no trabajan especialmente de elaborar proyectos -aunque eso no es una regla general-, y hay muchos cuyas funciones principales no pasan por la elaboración de proyectos.

Están también aquellos que quedan en cero en todos los rubros. Cada uno tendrá sus razones para justificarlo. A ellos nos referiremos puntualmente.

En materia de proyectos de ley, en el Senado quienes no presentaron en todo el año ningún proyecto de ley son el correntino Carlos “Camau” Espínola, los santiagueños Gerardo Montenegro y José Neder, y el puntano Fernando Salino. De todos ellos el único que no presentó proyectos de ningún tipo (por segundo año consecutivo) es Espínola.

En la Cámara baja, no presentaron ningún proyecto de ley los diputados de UP Walberto Allende, Luis Basterra, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Elia Fernández, Ramiro Fernández Patri, Bernardo Herrera, Máximo Kirchner, Magalí Mastaler, Nilda Moyano, Graciela Parola, Julio Pereyra, Nancy Sand, Rodolfo Tailhade; los de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Emma, José Luis Espert, Carlos García, Gerardo Gustavo González, Nadia Márquez, José Peluc y María Celeste Ponce; los radicales Martín Arjol y Alfredo Vallejos; por Encuentro Federal Ignacio García Aresca, Nicolás Massot, Emilio Monzó y Florencio Randazzo; del Pro, Alvaro González; del MID, Cecilia Ibáñez y Oscar Zago; de Producción y Trabajo María de los Angeles Moreno, y de Innovación Federal el misionero Daniel Vancsik.

De todos estos, Lisandro Ansaloni, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Emma, José Luis Espert, Ramiro Fernández Patri, Carlos García, Gerardo González, Máximo Kirchner, María de los Angeles Moreno, Graciela Parola, José Peluc, Julio Pereyra y Florencio Randazzo no presentaron proyectos de ningún tipo.

De todos estos, el único que repite no haber presentado proyectos de ningún tipo en el período 141° y el 142° es Florencio Randazzo.

Correlato del histórico revés del Gobierno en el Senado con el rechazo a los dos nombres propuestos por el presidente para integrar la Corte Suprema, el oficialismo rápidamente trató de recuperar el manejo de la agenda y convocó a sesionar la próxima semana para tratar nada menos que ficha limpia.

La sesión será el miércoles 9 de abril, a las 11 de la mañana, con un temario que incluye, además del proyecto de ficha limpia que ya tiene media sanción del Senado, el proyecto de ley de Juliana di Tullio declarando zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

La convocatoria a tratar el proyecto que instantáneamente sacaría del juego electoral a Cristina Fernández de Kirchner se dio después de concluida la sesión en la que fueron rechazados Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En esa misma sesión, se trató una moción de preferencia para debatir en el recinto el próximo miércoles 9 de abril el proyecto de ficha limpia. Necesitaba más de la mitad de los presentes para aprobarlo, y fue rechazada por 33 votos contra 27 a favor. Los 33 votos correspondieron a los senadores de Unión por la Patria.

El proyecto de ficha limpia, que impide que condenados por delitos de corrupción en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos electivos, recibió media sanción en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias. El 19 de febrero tuvo dictamen de comisiones en el Senado con aval del oficialismo y la oposición dialoguista. Para su aprobación en el recinto requiere de una mayoría absoluta, de 37 votos, por tratarse de una cuestión electoral y en la cual no puede desempatar la vicepresidenta.

Está claro que ante la severa derrota en el recinto, el Gobierno quiere retomar rápidamente el centro de la escena, pero también desquitarse del revés asestado por Unión por la Patria. De hecho, en su enojado posteo en el que denunció un pacto entre UP y el Pro, Javier Milei sostuvo que se pactó “voltear los dos jueces y ficha limpia en la misma sesión”. Y como anticipo de lo que vendría dijo esperar que “avance el proyecto de ficha limpia”.

La novedad es que ahora el oficialismo aparezca generando la sesión para convertir en ley ficha limpia, siendo que siempre se especuló con la intención oficial de postergar, al menos por este turno electoral, el tratamiento de ficha limpia.

La convocatoria a la sesión fue firmada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El Senado de la Nación sancionó el proyecto de Ley Antimafias, una norma que busca endurecer la lucha en el combate contra las bandas del crimen organizado y fue promovido con fuerza desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

La ley se aprobó en la sesión extraordinaria por unanimidad, con 38 votos positivos. A favor votaron el oficialismo y los bloques dialoguistas (Pro, UCR y provinciales), mientras que los senadores de Unión por la Patria se retiraron del recinto -habían propuesto la vuelta a comisión del texto-, con excepción del santafesino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés, quienes fueron los únicos que acompañaron.

Durante el debate en Diputados, que le había dado media sanción el pasado 1ro. de octubre, el texto original recibió una serie de modificaciones para alcanzar los consensos.

El proyecto había ingresado a la Cámara baja el 16 de abril de 2024, como parte del “paquete Bullrich”, juntos a las iniciativas de ampliación del Registro de Datos Genéticos (ya se convirtió en ley); reiterancia y reincidencia (también tratado en la sesión) y otra sobre resguardo del orden público (tuvo dictamen en Diputados, pero todavía no fue al recinto).

Al abrir el debate como miembro informante, la radical Carolina Losada puso como ejemplo su provincia, Santa Fe, donde “estamos dando una batalla muy dura en contra de las mafias, del narcotráfico, tanto a nivel provincial, como con la ayuda del Gobierno nacional”.

“Me parece que esta es una ley que puede ser una herramienta fundamental contra esa lucha. Para esa lucha que no solamente es necesaria en Santa Fe, sino en todas las provincias”, aseveró,  agregando que “uno de los temas fundamentales del espíritu de esta ley es que se va a todos los eslabones de la banda”.

La presidenta de la Comisión de Seguridad explicó que “esta ley no va solamente contra el que aprieta el gatillo, sino a cada eslabón: desde que comienza la cadena, el que financia a una banda, hasta el último eslabón, que es aquel que a lo mejor con un teléfono, desde un barrio muy lindo, es el que lava el dinero”, convencida de “lo bueno” que todos tengan la misma pena, porque “todos son igualmente responsables”.

La legisladora de la UCR dio detalles de la ley y resaltó la importancia de “atacar donde más duele a estas bandas: en el bolsillo”. “¿Qué permite esta ley?”, se preguntó y respondió: “Celeridad en la Justicia y en la acción de las fuerzas de seguridad”. Además, aclaró que será siempre “bajo supervisión judicial”, que era “la gran preocupación de muchos”.

Por el bloque de Unión por la Patria se expresó el neuquino Oscar Parrilli, quien aseguró que “todos queremos terminar con las mafias, con el contrabando, con las mafias que tienen que ver con la evasión impositiva”, y chicaneó: “Con el manejo de las criptomonedas y las estafas que se hacen con eso”.

Así, criticó que “estas mafias no están incluidas en este proyecto de ley” como “los delitos económicos y todos los delitos que -casualidad- el acusado fue el expresidente Mauricio Macri, como el contrabando por el que estuvo condenado junto con su padre, por contrabando ilegal de autos y la justicia en un fallo inédito lo desligó de la causa”. “Mafia para algunos, no para todos. Otra causa es evasión impositiva, que duerme hace más de 10 años de un blanqueo”, añadió. 

“Ninguno de estos delitos está tipificado en el proyecto, es decir, la ley antimafia no persigue a este tipo de delincuentes”, cuestionó y sumó: “Es un título muy pomposo decir ‘antimafia’ porque en realidad no dice absolutamente nada”. “¿Por qué no vuelve a comisión para que se incluyan otros delitos y se solucione y sea un abordaje integral a todos los delitos y persigamos a todas las mafias?”, planteó y dijo tener “propuestas de mejora del proyecto, porque se debatió en una reunión (de comisión) nada más, se aprobó y se trató tal cual venía de Diputados y no se permitió ninguna observación”.

Último orador, el jefe del bloque Pro, Alfredo De Angeli, hizo un repaso por todos los proyectos aprobados en la sesión y, sobre antimafias, sostuvo: “No puede ser que los mafiosos sigan libres y nosotros tengamos que estar encerrados”. “El narcotráfico ha hecho desastres, un gran daño en Argentina, y las otras políticas que pasaron no se hicieron cargo, hicieron la vista gorda”, recriminó. 

“Hoy tenemos una ministra enfrentando fuertemente a las mafias, al narcotráfico, eso es lo que necesitamos. Y por eso tenemos que darle la herramienta al Gobierno nacional, a la Justicia, para terminar con la delincuencia, y que los argentinos de bien podamos vivir en paz”, finalizó el entrerriano.  

Puntos principales de la ley

La flamante norma tiene objeto "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".

Uno de los artículos que se mantuvo tal cual la versión original fue el que plantea que todo aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita" será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

La ley establece que "la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial", la que "deberá ser declarada por la autoridad judicial competente". Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. "Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal", aclara.

Otro párrafo indica que "para la investigación conjunta de los delitos" abarcados en la ley, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".

"También podrá convocar a los ministerios de Seguridad, o con competencia en Seguridad, de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, en forma coordinada y bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta, brinden asistencia y colaboración en la investigación", agrega.

Por otro lado, respecto del decomiso anticipado, el juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "podrá, aun sin condena, decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas. "El bien decomisado pasará de manera inmediata al dominio del Estado Nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los porcentajes de distribución que establezca la reglamentación de la ley", reza el texto.

A su vez, determina que "en caso de condena, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplirán con la obligación de indemnizar del Título IV del Código Penal de la Nación, hasta el límite del valor económico de los bienes que hubieren recibido por resolución judicial de decomiso anticipado".

En el artículo 4 se aclara que en estos procedimientos judiciales no se aplican los institutos de juicio abreviado.

El artículo 6, en su inciso "a" señala que "declarada la necesidad de una investigación especial" las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de CABA podrán "detener a una persona por hasta 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos" contemplados en la ley "con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente". Esto deberá ser "siempre que exista urgencia fundada".

Además, en línea con el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, "cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial".

NOTICIA EN DESARROLLO

En una extensa sesión, la Cámara de Senadores sancionó en la noche de este jueves la Ley sobre Reincidencia y Reiterancia por unanimidad, con 67 votos afirmativos, en la votación en general. Mientras que, en la votación en particular, los senadores de Unión por la Patria sólo apoyaron dos artículos, referidos al concepto de reincidencia, y se opusieron en el resto, sobre reiterancia. 

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50 y 58 del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia” como “toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” a “situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

La ley fue promovida dentro del denominado “paquete Bullrich”, entre los proyectos impulsados desde el Ministerio de Seguridad, y desde el oficialismo destacaron que tiene por objetivo eliminar la llamada "puerta giratoria" para delincuentes. 

Durante el breve debate, habló en primer lugar el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto, quien señaló que “tenemos una situación de extrema inseguridad que no acompaña al desconocimiento de nadie” y mencionó puntualmente a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde “hay una puerta giratoria a raíz de la demora de la Justicia de resolver causas penales”. “Los sectores vulnerables son los que más sufren la inseguridad”, lamentó. 

Sobre la ley, el riojano defendió que “las restricciones a la libertad que se ponen en esta ley no son nada más y nada menos que los estándares fijados por la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. “La ley viene a poner un marco general sobre cuáles son las condiciones de evaluación para otorgar beneficios” a los delincuentes, agregó. 

Para el libertario, “necesitamos mejorar la justicia, la justicia penal se encuentra sobrepasada; necesitamos la construcción de cárceles nuevas y de institutos que vayan a recibir a los menores con conducta disociada, para evitar que caigan en una escuela de delito; necesitamos que las normas de excarcelación se cumplan” y que estos nuevos conceptos sirvan “para tenerlos (a los delincuentes) alejados de la sociedad mientras dura el proceso penal”. 

“Esta ley va a posibilitar que los jueces tengan que interpretar de una manera más normal y evitar la reiteración de delitos por los mismos actores”, dijo en el cierre y completó: “No podemos desoír el llamado de la ciudadanía de tener normas que la protejan”. 

Desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli manifestó el aval de la bancada a lo referido a reincidencia, que “es volver a una legislación que existía anteriormente”. Aunque propuso una modificación el artículo 2 para que “la suma aritmética sea para los delitos dolosos, pero no para los culposos”, aunque después en la votación en particular no fue aceptada. 

Sobre la propuesta de reiterancia, el neuquino criticó que “esto es producto de la ministra de violencia institucional, la señora (Patricia) Bullrich, que le parece que metiendo más gente presa preventivamente y supuestamente porque ha reiterado un delito, delito que no se ha investigado, que no ha tenido sentencia y proceso, pero por el solo hecho establece la negativa de la excarcelación”. 

El kirchnerista puso como ejemplo que, con esta ley, “(Javier) Milei está sospechado de haber cometido el delito de una estafa que realizó con las criptomonedas. Y hay dos casos anteriores en los que hizo lo mismo, antes de ser diputado y otra siendo diputado. Si un fiscal lo empieza a investigar lo puede meter preso, porque es reiterante”. 

“Lo grave es que esta reiterancia quiere utilizar esto como control social, lo dice expresamente en varios artículos de la ley”, advirtió y apuntó que podría afectar a quienes participen de protestas sociales. Parrilli cuestionó que se trata de “seguir llenando las cárceles de procesados sin condena”. 

En el final, el presidente de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, preguntó: “¿Estamos del lado de los que delinquen o estamos del lado de los ciudadanos argentinos de bien que trabajan y honestamente mantienen este país? ¿Estamos del lado de los que delinquen o estamos del lado de las víctimas? ¿Queremos ser cómplices de la puerta giratoria y de los delincuentes o queremos que el que las hace las paga? Este es un punto no negociable para nuestro Gobierno”. 

El jujeño enfatizó que “los argentinos estamos cansados de ser rehenes de la delincuencia”. “La provincia de Buenos Aires es literal un baño de sangre”, expresó y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en cuyo distrito “hay robos a toda hora, cometidos en su mayoría por personas con antecedentes penales”. “No podemos seguir permitiendo la puerta giratoria”, afirmó. 

En lo que será la última semana del plazo definido por el Poder Ejecutivo para las extraordinarias, el Senado buscará el próximo jueves realizar una sesión para tratar la suspensión de las elecciones PASO y proyectos de seguridad como reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia. Las tres iniciativas, que primero obtuvieron media sanción en Diputados, recibieron dictamen de comisión el miércoles 12.

Pero además, mientras la Cámara baja sesionaba por ficha limpia, en el Senado se formalizó el dictamen de mayoría del pliego de Ariel Lijo para juez de la Corte Suprema. El temario del Gobierno contempla esta cuestión, con lo cual se espera que el oficialismo intente sumarlo a la sesión.

Además, de los siete puntos elegidos por el PEN, se encuentra el llamado proyecto de "ley antimafias" -contra el crimen organizado-, que ya cuenta con dictamen de comisiones desde el año pasado, pero que se verá si finalmente se debate en el recinto, pues desde bloques dialoguistas sugirieron cambios.

La del jueves será la primera sesión de la Cámara alta para tratar un temario de proyectos desde el 26 de septiembre pasado (en noviembre recibió a Guillermo Francos y en diciembre se reunió para expulsar a Edgardo Kueider), y el oficialismo tendrá el desafío de poner en marcha la sesión con 37 senadores sentados en sus bancas para el quórum.

Sobre la suspensión de las PASO, tema en el que algunos dialoguistas no votarán a favor, La Libertad Avanza deberá trabajar en conseguir apoyos dentro del interbloque opositor de Unión por la Patria. Por lo ocurrido en Diputados, se espera que representantes de Santiago del Estero y Catamarca ayuden, entre algún otro, dado que en la Cámara baja también sorprendió la cantidad de miembros de esa bancada que se inclinaron por la positiva.

En el caso del pliego de Lijo, LLA también necesitará de UP, y mucho más todavía, dado el fuerte rechazo que hay en otros bloques de la oposición no K y la mayoría de dos tercios de los votos que se requieren para su aprobación.

En tanto, según supo parlamentario.com, el lunes 24, fecha fijada por el reglamento del Senado, se realizará desde las 14 la sesión preparatoria para ratificación de autoridades. El kirchnerismo contará para ese momento ya con 34 integrantes, pues se sumará la camporista Stefanía Cora, en reemplazo de Kueider, quien había ingresado por el Frente de Todos y abandonó el espacio en febrero de 2023.

Para la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, el desafío será mantener a los 37 senadores restantes de su lado para garantizar la continuidad de las autoridades, dado que la mayoría de 39 que construyó cuando recién arrancó la gestión libertaria -con el fin de relegar al kirchnerismo de todo tipo de cargos- se vio debilitada por la expulsión de Kueider y la licencia del radical Víctor Zimmermann.

En la preparatoria se concretaría el recambio en la Secretaría Administrativa, con la salida de María Laura Izzo por el ingreso de Emilio Viramonte, quien trabaja con la vice hace tiempo.

Por los tiempos que corren, el proyecto de ficha limpia, que recibió media sanción de Diputados el miércoles 12, ya no sería tratado en extraordinarias en la Cámara alta. De hecho, así lo dio a entender también este jueves el senador Carlos “Camau” Espínola, que reconoció que no darían los tiempos para tratarlo ahora y podría quedar para el período ordinario. Recordemos que es uso y costumbre en el Senado dejar transcurrir siete días entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto.

Un nuevo período de sesiones ordinarias comenzará el sábado 1ro. de marzo, cuando el presidente Javier Milei asista a una nueva Asamblea Legislativa. Según confiaron fuentes parlamentarias a este medio, se haría a las 21, horario elegido por el mandatario para sus discursos en el Congreso (apertura de sesiones del año pasado y presentación del Presupuesto 2025).

Con el comienzo del nuevo año venció la resolución votada por los senadores para que sus dietas estuvieran congeladas y, de no emitirse una decisión antes de la liquidación de sueldos a mediados de este mes, en los primeros días de febrero podrían cobrar más de 9,5 millones de pesos.

La resolución que mantenía los salarios de los legisladores sin aumentos, tras haberse "enganchado" a las paritarias de los empleados del Congreso en abril pasado, caducó el 31 de diciembre.

Horas antes de la fecha límite, los bloques de La Libertad Avanza, Pro, Unión Cívica Radical y Libertad, Trabajo y Progreso enviaron sendas notas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para no quedar alcanzados por la nueva suba.

Desde el entorno de la vicepresidenta aseguran estar "trabajando" en una "salida" al tema. Lo cierto es que Villarruel quería tratar la cuestión en la sesión en la que se echó al entrerriano Edgardo Kueider, pero no tuvo el aval de las bancadas.

Al asegurar que ella no podía decidir unilateralmente sobre algo que resolvió el cuerpo, puso como condición que todos los jefes de bloques estuvieran de acuerdo para firmar ella entonces una resolución que dispusiera una prórroga del congelamiento. Pero los días pasaron y esto no ocurrió.

Mediante una nota, los libertarios pidieron "no percibir aumento alguno en las dietas de los senadores hasta que se trate este asunto durante las sesiones ordinarias del año 2025". En el mismo sentido lo hicieron el Pro y la UCR.

La bancada radical sumó: "Es lamentable cómo se manipula y se desinforma respecto a este tema, utilizando como instrumento de desprestigio, ante uno de los poderes públicos de la Nación que son fundamentales para la consolidación de la democracia e indispensables para el control de los abusos que hemos vivido ya en otros momentos de la historia".

Luego que en el arranque de la gestión de Javier Milei se diera marcha atrás con un aumento del 30% en las dietas de los legisladores, los senadores fueron al recinto el 18 de abril del año pasado y votaron a mano alzada un aumento del más del doble en sus dietas. Además, allí se impuso un nuevo mecanismo de actualización.

El proyecto de resolución establecía: "A partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo". "El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos", agregaba.

A mitad de año, cuando los gremios acordaron nuevos aumentos para julio y agosto, se conoció que esto impactaría de lleno en las dietas de los senadores, llevándolas a 8 millones de pesos en neto. A raíz de la polémica, en la sesión de 22 de agosto se votó un proyecto firmado por los jefes de bloques para suspender los aumentos hasta el 31 de diciembre.

Es así que, ahora, las dietas de los senadores volverán a estar "enganchadas" a las paritarias de los empleados del Congreso en 2025, salvo que se prorrogue el congelamiento y cuando inicie el período ordinario se dé un debate sobre cómo se otorgarán los incrementos.

La intención de la vicepresidenta Victoria Villarruel de darle un ritmo dinámico al Senado en el comienzo del 2024 se fue diluyendo con el correr de los meses durante el primer año de la gestión libertaria. Y, ya en la segunda parte del calendario, la presión opositora y falta de acuerdos hicieron que la actividad del recinto estuviera prácticamente frenada. 

De enero a enero, la Cámara alta realizó un total de 12 sesiones: 5 especiales, 4 ordinarias, 2 informativas y 1 preparatoria. Si bien la performance no ha sido tan fructífera, en comparación con el anterior período, que fue el más bajo de la última década con solamente 5 sesiones (una de juras), la cifra reciente mostró un aumento. 

Tan sólo con seis senadores propios, el oficialismo del Senado supo cosechar aliados dialoguistas, pero en algunos temas no logró acompañamiento. Además de ser la cámara más adversa para el Gobierno, teniendo en cuenta también la cantidad de miembros que ostenta Unión por la Patria, la mala relación entre Villarruel y la Casa Rosada fue en aumento y terminó completamente rota al finalizar el año. 

Pese al quebrado vínculo con el presidente Javier Milei, la presidenta del Senado cumplió con la tarea de mantener el recinto cerrado durante buena parte de la primavera: desde fines de septiembre y hasta el cierre del período ordinario se evitó convocar a cualquier sesión, de modo que la oposición no avanzara contra el DNU 846 sobre canje de deuda. 

Justamente los decretos de necesidad y urgencia fueron un dolor de cabeza para La Libertad Avanza en el Senado: fue allí donde se dio el primer rechazo al mega DNU 70/23 de desregulación del Estado (que nunca se votó en la Cámara de Diputados) y donde se dio por caído el DNU 656/24, que otorgaba 100 mil millones de pesos a la SIDE. El primero en la historia en ser volteado. 

Victoria Villarruel en la sesión en que se debatió la Ley de Bases y el Paquete Fiscal 

Las dietas de los senadores fueron protagonistas en el recinto durante dos jornadas del año: en abril, los legisladores votaron a mano alzada un fuerte aumento; mientras que en agosto suspendieron nuevos incrementos hasta el 31 de diciembre. 

El oficialismo esperaba cerrar el año en la Cámara alta con la visita que hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el 27 de noviembre, pero la detención de Edgardo Kueider en Paraguay cambió los planes. Aún sin extraordinarias, el cuerpo se reunió el 12 de diciembre para echar al entrerriano, en un hecho histórico desde el retorno de la democracia. 

Un repaso por todas las sesiones que realizó el Senado en 2024 

El 23 de febrero, el Senado realizó la sesión preparatoria en la que se ratificaron a todas las autoridades que, mediante un acuerdo de Villarruel con toda la oposición no K (logrando una mayoría de 39 senadores), se habían designado en diciembre de 2023, con el recambio de gobierno.

En esta ocasión, los cargos se votaron por unanimidad y Unión por la Patria propuso a Silvia Sapag en la vicepresidencia que había quedado vacante. Legisladores de UP aprovecharon también para cargar contra el Gobierno con cuestiones de privilegio y reclamar que durante el verano no se los haya atendido en el pedido para abrir el recinto y tratar el DNU 70/23.  

Luego de haber postergado al máximo el tratamiento de ese decreto durante el verano, con el comienzo del período ordinario, Villarruel convocó a una sesión el 14 de marzo, que en el temario incluía el DNU 70/23. Esto le valió uno de los primeros fuertes reproches desde Casa Rosada; la Oficina del Presidente emitió un duro comunicado en que hablaba de “tratamiento apresurado” del decreto y cuestionaba: “La decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”.

El DNU que marcó el puntapié inicial del Gobierno de Milei fue rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Además, en esa jornada se convirtió en ley la reforma de la normativa vinculada a prevención y represión del lavado de activos, y un conjunto de acuerdos internacionales. Pese al impulso del momento, la oposición nunca logró los votos en la Cámara de Diputados para rechazar también el DNU y dejarlo así nulo. 

El interbloque Unión por la Patria el día que se rechazó el DNU 70/23

El 18 de abril se realizó una sesión de muy corta duración, pero alto impacto: sin mencionar el tema del expediente incorporado sobre tablas, los senadores aprobaron a mano alzada un aumento de más del doble en sus dietas. El temario de la sesión ordinaria consistía en seis pliegos de embajadores, acuerdos internacionales y una ley para establecer el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas. 

Doce días antes de irse del Gobierno, Nicolás Posse asistió el 15 de mayo al Senado para brindar el primer informe de la gestión libertaria. 

En un arranque en el que tomaron estado parlamentario los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado celebró el 12 de junio la sesión para aprobar la Ley de Bases y el Paquete Fiscal. En el primer caso, la norma tuvo modificaciones y se dejaron afuera tres privatizaciones (las de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA), además del capítulo previsional. La votación resultó con un empate 36 a 36 y definió a favor Villarruel. En el caso del Paquete Fiscal, no hubo igualdad de votos, aunque fue aprobada por una diferencia de 37 a 35, pero en la votación en particular se rechazaron los capítulos sobre impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que luego fueron reincorporados en Diputados. 

La última sesión del primer tramo del año en la Cámara alta, antes de entrar al receso invernal, fue la del 4 de julio. Sin éxito, UP intentó el tratamiento del proyecto sobre movilidad jubilatoria. En la jornada se avalaron un paquete de ascensos militares y diplomáticos; se convirtió en ley la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en conmemoración a las víctimas del atentado a la AMIA; y se aprobó en general un proyecto que endurece penas por el delito de compra y venta de niños, pero luego fue devuelto a comisión por diferencias en el articulado.

El 22 de agosto fue un día de dos sesiones. En la primera se trató un temario de proyectos, mientras que la segunda fue para frenar un nuevo aumento en las dietas de los senadores. 

Un gran revés de esa fecha fue la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que se aprobó por amplísima mayoría, con 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Sería vetada días después por el presidente Milei. 

Senadores de la UCR y el Pro en las sesiones del 22 de agosto

Por otra parte, por unanimidad se culminó con la media sanción del proyecto para tipificar y aumentar penas por compra y venta de niños; se avalaron designaciones de cónsules y vicecónsules; se convirtió en ley la instauración del 4 de agosto de cada año como el "Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental"; y se aprobaron transferencias de inmuebles a distintas provincias y un convenio internacional. 

Posteriormente se dio paso a la sesión para votar una resolución que dispusiera el congelamiento en los sueldos de los legisladores hasta el 31 de diciembre, de modo de no ser alcanzado por las paritarias de los empleados legislativos durante el segundo semestre. Allí se habló de dar pronto tratamiento a un proyecto del jefe de UP, José Mayans, sobre establecer un tope en los haberes de los funcionarios de los tres poderes del Estado, pero finalmente nunca se debatió en comisiones. 

Dos triunfos opositores y un triunfo para el oficialismo. Así fue la sesión del 12 de septiembre en la que La Libertad Avanza logró destrabar después de meses (en el verano lo había intentado sin éxito) el proyecto para implementar la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales. El texto se votó con 39 votos a favor y 30 en contra, y fue devuelto con modificaciones a Diputados, donde finalmente se convirtió en ley el 1ro. de octubre, constituyendo uno de los cambios electorales más importantes de los últimos años.

El exsenador Edgardo Kueider al abrir el debate de BUP como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

La sesión había arrancado con el pedido de UP de incorporar al temario -del cual se había retirado- el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para la SIDE. Pese a haber estado horas antes en una reunión con el presidente Milei, en una mesa donde participaron otros dialoguistas, los senadores de la UCR aceptaron la moción. Se votó al final y resultó rechazado con 49 votos en contra, 11 a favor y 2 abstenciones, siendo el primer DNU en la historia en quedar anulado por el Congreso. 

El otro gran tema de la jornada fue la Ley de Financiamiento Universitario, la segunda que Milei vetó en lo que va de su gestión.

El jefe de UP, José Mayans, dialogando con el presidente del bloque UCR, Eduardo Vischi, en la sesión del 12 de septiembre

El 26 de septiembre sería la última sesión del año para tratar un temario de proyectos. Allí vio la luz la ley para ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos, la única del denominado “paquete Bullrich” que logró la sanción de ambas cámaras en 2024. También se aprobó una emergencia por incendios en Córdoba; los pliegos de dos camaristas; la ley que establece el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los Derechos Soberanos del Mar Argentino; y se avaló un DNU del expresidente Mauricio Macri sobre una compensación económica a los soldados heridos y a los familiares del ataque de Montoneros contra el regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio Warnes”, en Formosa en 1975. 

Con el recinto cerrado, ante la amenaza de UP de rechazar el DNU por el cual el Gobierno habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera y sin que se necesite autorización del Congreso, sumado a la falta de acuerdos del oficialismo con la oposición dialoguista en torno a confeccionar un temario (las comisiones trabajaron muy poco en dictámenes), el Senado no sesionó durante dos meses. 

El 27 de noviembre el recinto volvió a abrirse para recibir al jefe de Gabinete. El segundo informe de gestión en esa cámara, pero la primera visita de Guillermo Francos. Allí el funcionario hizo un repaso de las medidas del Gobierno en el primer año, se refirió al conflicto con las universidades y también a las designaciones de jueces en la Corte Suprema de Justicia. La bancada K le entregó en mano un documento en el que expresaba su rechazo de lleno a que se nombren a los magistrados por decreto. 

Cuando todo parecía terminado en el Senado, el 4 de diciembre detuvieron en la frontera con Paraguay al entrerriano Edgardo Kueider, quien trasladaba 200 mil dólares sin declarar, más una suma importante de pesos argentinos y guaraníes. UP presionó desde el primer momento reclamando su expulsión, por haber sido encontrado in fraganti cometiendo un delito. Con un indignadísimo Luis Juez, la mayoría del Pro avisó que daría quórum. 

La expulsión de Kueider, última vez que se abrió el recinto en 2024

Horas antes, referentes de la oposición friendly se reunieron en el despacho de Villarruel y evaluaron la salida de la suspensión. El legislador exFrente de Todos, aliado de La Libertad Avanza en el último año, estaba en el país vecino con prisión domiciliaria. Previo a la sesión se anticipaba un escenario de papelón: nadie tenía los dos tercios para echarlo ni para suspenderlo. Todo cambió la misma mañana del 12 de diciembre, cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado envió un pedido de desafuero de Kueider, por estar involucrado en Argentina en la causa Securitas, que investiga corrupción. Allí se torció la voluntad de la UCR y finalmente fue echado, aunque en un momento, con un largo e intenso cuarto intermedio, se pensó en dejar sin quórum la reunión. La expulsión cosechó 61 votos afirmativos, 5 negativos y 1 abstención. 

Una molesta Villarruel expuso, al terminar la sesión, que ese mismo día quería tratar el tema del descongelamiento de las dietas y los senadores no quisieron. A eso le siguió después la embestida desde Casa Rosada sobre la validez de la sesión, dada la ausencia de Milei en el país, pero que no llegó a ningún lado porque finalmente se reveló que la vice estaba en condiciones de presidir, pues firmó el traspaso cuando Kueider ya había sido eyectado de la Cámara alta. 

Cantidad de sesiones en el Senado en los últimos 10 años 

2024: 12

2023: 5 

2022: 13

2021: 15

2020: 31

2019: 10

2018: 15

2017: 18

2016: 23

2015: 13

2014: 23

Como todos los años, Parlamentario realiza un conteo de los proyectos de todo tipo presentados por senadores y diputados nacionales a lo largo del año, y transcurrida ya una buena parte de 2024, hacemos nuestro primer corte.

En el caso de la Cámara baja, tomamos todos los proyectos presentados entre el mes de marzo y el 31 de julio pasado. En el Senado, llegamos hasta el 31 de agosto.

Un detalle que no pasa desapercibido en el análisis de esta primera parte del año es que no aparecen diputados de La Libertad Avanza entre los más activos. Por el contrario, entre los diputados y senadores que más propuestas presentaron en lo que va del año no figura ningún representante de la fuerza oficialista en ninguna de las dos cámaras.

Veamos la Cámara baja, más específicamente los proyectos de ley, que como siempre decimos son los más importantes. Al tope aparecen dos jefes de bloques: Juan Manuel López y Pamela Calletti.

El jefe del bloque Coalición Cívica presentó 43, en tanto que la salteña tiene 38 en el período analizado.

Entre los de López figuran iniciativas como la de Derecho de los usuarios de servicios financieros a la portabilidad financiera; o una modificación del sistema de elecciones primarias.

Calletti presentó una propuesta para crear un Programa Nacional de Alfabetización Digital para Adultos Mayores; como así también un proyecto para regular el juego de apuestas en línea.

Completa el podio la radical Carla Carrizo, con 29 iniciativas, entre ellas una para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, y una reforma del Régimen Penal Juvenil.

En cuarto y quinto lugar aparecen otras dos radicales, Karina Banfi, con 26, y Soledad Carrizo, con 25. La misma cantidad que Romina del Plá, que ya dejó la Cámara y Mónica Macha, la primera diputada de UP en aparecer en esta lista.

En materia de proyectos de declaración, la más prolífica es la misionera del Frente Renovador de la Concordia Yamila Ruiz, con 63 proyectos, entre ellos un beneplácito por el 86° aniversario de la creación de Gendarmería Nacional.

La siguen Pamela Calletti, con 24 y Sabrina Ajmechet, con 16.

En proyectos de resolución, la más activa ha sido hasta ahora Micaela Morán, de Unión por la Patria, con 60 proyectos, entre ellos un pedido de informes sobre el suministro de gas natural en el territorio argentino. La siguen Gisela Marziotta, con 47 y Silvana Ginocchio, todas de Unión por la Patria.

 

En el Senado

 

En la Cámara alta, la senadora que más proyectos de ley presentó entre el 4 de marzo y el 31 de agosto pasado, fue la rionegrina Silvina García Larraburu, con 43 iniciativas.

La siguen la tucumana Beatriz Ávila, con 39 y el salteño Sergio Leavy, con 37.

Entre los de García Larraburu podemos mencionar uno para prohibir completamente la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco; y una modificación a la Ley de Paridad de Género.

La tucumana Beatriz Ávila presentó un proyecto para declarar obligatoria la educación inicial para niños de 3 años; en tanto que Leavy propuso crear un régimen legal para influencers en servicios publicitarios digitales en redes sociales.

El chaqueño Víctor Zimmermann es por lejos el que más proyectos de declaración presentó en lo que va de este año, con 132, seguido por la caporista fueguina María Eugenia Duré, con 71 y Silvina García Larraburu, con 46.

Los proyectos de resolución son poco usados en la Cámara alta, donde hemos computado a Sergio Leavy, Martín Lousteau y María Inés Pilatti Vergara, todos con 3 iniciativas.

En cambio, en materia de proyectos de comunicación, tenemos a la camporista María Eugenia Duré primera, con 27, seguida por la formoseña Nora del Valle Giménez, con 23 y Alicia Kirchner, con 13.

Duré presentó un pedido de informe en relación al acuerdo de Naciones Unidas sobre el derecho del mar; y un pedido de informe sobre la propuesta de Cancillería para traspasar la administración de las bases Carlini y Brown, casas de botes y refugios antárticos al Ministerio de Defensa.

 

CAMARA DE DIPUTADOS

Período comprendido: 4 de marzo de 2024 al 31 julio 2024

Proyectos de Ley

Diputado/a	Cantidad de proyectos
1°) Juan Manuel López	43
2°) Pamela Calletti	38
3°) Carla Carrizo	29
4°) Karina Banfi	26
5°) Soledad Carrizo	25
Romina del Plá	25
Mónica Macha	25
8°) Martín Maquieyra	24
9°) Marcela Campagnoli	23
Silvia Lospennato	23
Marcela Passo	23
Martín Tetaz	23
13°) Héctor Baldassi	22
Ana Carolina Gaillard	22
15°) Silvana Ginocchio	21
Gisela Marziotta	21
17°) Mónica Frade	20
18°) Mónica Fein	19
Maximiliano Ferraro	19
20°) Sergio Palazzo	19
21°) Cristian Ritondo	18
María Sotolano	18
Margarita Stolbizer	18
María Eugenia Vidal	18
25°) Gerardo Milman	17

 

Proyectos de Declaración

Diputado/a	Cantidad de proyectos
1°) Yamila Ruiz	63
2° Pamela Calletti	24
3°) Sabrina Ajmechet	16
4°) Silvana Giudici	14

 

Proyectos de Resolución

Diputado/a	Cantidad de proyectos
1°) Micaela Morán	60
2°) Gisela Marziotta	47
3°) Silvana Ginocchio	38
4°) Ana María Ianni	33
5°) Esteban Paulón	29
6°) Marcela Passo	26
7°) Eduardo Valdés	23
8°) Eugenia Alianiello	20
Eduardo Toniolli	20
10°) Agustina Propato	19
11°) Carla Carrizo	17
12°) Karina Bachey	16
Martín Maquieyra	16
14°) Victoria Borrego	15
Jorge Chica	15
Mónica Macha	15
17°) Julio Cobos	14
Marcela Coli	14
Ricardo Herrera	14
Juan Manuel López	14
Roberto Mirabella	14

FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

CÁMARA DE SENADORES

Período comprendido: 4 de marzo 2024 al 31 de agosto de 2024

Proyectos de Ley

Senador/a	Cantidad de proyectos
1°) Silvina García Larraburu	43
2°) Beatriz Avila	39
3°) Sergio Leavy	37
4°) Lucila Crexell	29
5°) Anabel Fernández Sagasti	24
6°) Antonio Rodas	22
7°) Daniel Bensusán	21
8°) Silvia Sapag	20
9°) Juan Carlos Romero	15

 

Proyectos de Declaración

Senador/a	Cantidad de proyectos
1°) Víctor Zimmermann	132
2°) María Eugenia Duré	71
3°) Silvina García Larraburu	46
4°) Nora del Valle Giménez	33
5°) María Inés Pilatti Vergara	32
6°) Beatriz Ávila	28
7°) Alicia Kirchner	24
8°) Sergio Leavy	20

 

Proyectos de Resolución

Senador/a	Cantidad de proyectos
Sergio Leavy	3
Martín Lousteau	3
María Inés Pilatti Vergara	3

 

Proyectos de Comunicación

Senador/a	Cantidad de proyectos
1°) María Eugenia Duré	27
2°) Nora Giménez	23
3°) Alicia Kirchner	13
4°) Pablo Daniel Blanco	12
Silvina García Larraburu	12
6°) María Inés Pilatti Vergara	11
7°) Sergio Leavy	10

FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

 

 

Expresidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de Cambiemos, Emilio Monzó es hoy un diputado raso que no preside comisiones, pero con toda lógica es de los más respetados del Cuerpo. Su bloque había pedido y acordado un lugar para él en la Bicameral de Inteligencia, pero súbitamente el oficialismo cambió de idea y se reservó para sí el puesto que le había asignado al entonces bloque Hacemos Coalición Federal. Fue el motivo del enojo de Miguel Pichetto, que retaceó sus diputados en dos sesiones consecutivas por eso, logrando voltear una. El enojo todavía le dura.

Pero no nos desviemos. Monzó es desde hace tiempo partidario de las eliminar las elecciones intermedias. En 2023 anunció que emprendería una cruzada con ese objetivo. Lo explicó señalando que “en esta sociedad tan vertiginosa, tan fragmentada, ningún gobernante puede generar políticas de Estado y transformar, si tiene una elección a los dos años… Porque al año y medio ya está observando cómo cierra la lista”.

Claro que eso no es tan sencillo de hacer, porque por ejemplo habría que modificar la Constitución. Él hablaba de hacer un gran acuerdo para limitar esa reforma a cambiar un solo artículo de la Carta Magna, pero es un riesgo que nadie quiere tomar.

Más allá de esa propuesta -que no pocos miran con simpatía-, lo cierto es que esa reforma es la que hubiera necesitado un gobierno como el de Javier Milei, cuyo partido fue creado un rato antes de las elecciones que lo consagraron y que por lo tanto más del 90% de sus legisladores asumieron recién el 10 de diciembre pasado. Y si bien el presidente insiste en decir cada vez que puede que es el gobernante más votado de la historia, la realidad es que el Congreso actual -o al menos la mitad de los diputados y un tercio de los senadores- es producto del resultado de la primera vuelta. En la que La Libertad Avanza resultó segunda, con un tercio de los votos.

Como sea, de haberse instrumentado la reforma que propone Emilio Monzó, el Congreso actual sería emergente de esa elección y nadie tendría mayoría, pero tampoco este oficialismo sería una minoría tan reducida.

Los constitucionalistas suelen decir que la Carta Magna “es sabia”, por lo que habría que considerar que deliberadamente se buscó que las mayorías tengan un tiempo de maduración, cuestión de que nadie de la noche a la mañana arme un partido y, con los planetas alineados, en una muy buena elección se quede con todo el poder.

Mal que le pese, si a Milei hay que buscarle algún presidente con el que pueda ser comparado, ese es Hipólito Yrigoyen, que sorpresivamente -o no- se alzó en 1916 con la presidencia con un partido relativamente nuevo, frente al conservadorismo, que a través del Partido Autonomista Nacional controlaba el poder sin alternancia desde hacía 42 años, como virtual partido único. Esas elecciones que ganó Yrigoyen tuvieron la particularidad de haber sido las primeras en las que se aplicó la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto.

Consecuencia: Yrigoyen asumió con el Congreso más adverso de la historia: minoría en las dos cámaras; tan extrema como la de Milei casi un siglo después. Solo 4 senadores y 45 diputados tenía el caudillo radical al llegar el poder. Adversidad que con el correr de las elecciones fue revirtiendo.

Es lo que espera lograr el actual oficialismo, que imagina tendrá mucho más en 2025, aunque vaya a seguir siendo una minoría extrema, por más contundencia que tenga su eventual triunfo en las elecciones intermedias. O tal vez no lo sepa, lo cual sería una ingenuidad grave.

Los partidos que formaron Cambiemos y luego Juntos por el Cambio ganaron las elecciones de 2013 y 2015, con mayores porcentajes que Milei, y así y todo el de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras después del de Yrigoyen. Y lo siguió siendo aun habiendo ganado las intermedias de 2017.

Una gran elección no alcanza

El presidente Javier Milei ha dicho y repetirá en el año electoral que la ciudadanía debe acompañarlo para revertir esta minoría de la que adolece en ambas cámaras. Implícitamente da a entender todo el tiempo que con una buena elección podrá resolver esta adversidad numérica. Ni de cerca eso sucederá.

Ni en 2025, ni tampoco en 2027. Ya lo adelantamos con tiempo.

Para no caer en el mismo error presidencial, pasemos a analizar los números, que de eso se trata.

La comparación más a mano debe ser en principio el caso de que repitiera la elección de 2023. En ese caso, se estaría alzando con 37 diputados y 7 senadores. De suceder esa alternativa, La Libertad Avanza pasaría a tener 67 diputados y 13 senadores. Sin contar aliados, claro está. Estaríamos hablando de casi el 26% de la Cámara baja y el 18% de la Alta. Guarismos cortos, si los hay.

Aclaremos de entrada que a esos números llegamos teniendo en cuenta que los 39 diputados que actualmente componen el bloque oficialista se reducirán a 32, pues hay 7 diputados a los que se les vence el mandato. Estos son los porteños María Fernanda Araujo y Nicolás Emma, quienes completan el mandato nada menos que de la fórmula presidencial de 2023; el bonaerense José Luis Espert; y cuatro legisladores más provenientes de las listas de Juntos por el Cambio: la misionera Florencia Klipauka Lewtak; el puntano Alberto Arancibia Rodríguez (que completa el mandato de Claudio Poggi); el mendocino Alvaro Martínez y el salteño Carlos Zapata. En 2023 LLA sumó 35 diputados, lo que da como resultado que podría haber un bloque oficialista de 67 diputados.

En el Senado no tiene a ningún miembro al que se le termine el mandato, tan novel es esta fuerza. Pero no se puede decir que “duplica” su cantidad, ya que de los 7 originales, el oficialismo echó a uno, Francisco Paoltroni. O sea que repitiendo esa gran performance llegaría a 13.

La buena noticia para el oficialismo es que esta sumatoria la estamos haciendo comparando con un resultado electoral discreto. Porque recordemos que el 56% que consiguió Milei fue en el balotaje, mientras que el Congreso actual se armó con los resultados de la primera vuelta, en la que ganó Sergio Massa. La Libertad Avanza consiguió en esa elección realizada el 22 de octubre de 2023 el 29,99% de los votos, en tanto que Unión por la Patria ganó esa primera vuelta por el 36,78%, razón por la cual hoy es la primera minoría en ambas cámaras. Juntos por el Cambio, hoy disuelto, se ubicó en el tercer escalón con 23,81%.

Ese escenario de tres tercios ya no existiría hoy, de cara a las legislativas del próximo año. Al menos no para el oficialismo, que como tal y según las encuestas que hoy dominan la escena pública lo muestran en un holgado primer lugar. Así que ese escenario de una Libertad Avanza con 67 diputados sin contar aliados, serviría solo como base para comenzar.

Vayamos entonces al otro extremo, un escenario en el que el oficialismo arrasara en la elección: el del 54% de Cristina Kirchner en 2011. Una elección distinta a la que viene, por cuanto fue presidencial, y recordemos que en octubre de 2025 no estará el nombre de Javier Milei en las encuestas. Estaríamos hablando del mejor escenario que recrearemos con la comparación de esa elección que mostró a una fuerza dominante en el comicio y detrás una oposición desperdigada. El escenario con el que se ilusiona el “Triángulo de Hierro”.

Solo para refrescar el recuerdo, recordemos quiénes eran los principales contendores de esa elección y cuáles sus candidatos presidenciales: Frente para la Victoria (CFK-Boudou); Frente Amplio Progresista (Hermes Binner); Unión para el Desarrollo Social (Ricardo Alfonsín), y el Frente Popular (Eduardo Duhalde). Ahora vayamos distrito por distrito, trasladando los resultados de ese gran ganador que fue el FpV a nombre de LLA. Haciendo una salvedad: al ser una elección presidencial, se eligieron entonces 130 diputados, mientras que ahora se elegirán 127. Como sea, deliberadamente le daremos a LLA la ventaja en esta elección.

Distrito	Cantidad de diputados	Hay en disputa
Buenos Aires:	22 diputados	35 bancas
Ciudad de Buenos Aires:	5 diputados	13 bancas
Catamarca:	2 diputados	3 bancas
Córdoba:	6 diputados	9 bancas
Corrientes:	2 diputados	3 bancas
Chaco:	3 diputados	4 bancas
Chubut:	2 diputados	2 bancas
Entre Ríos:	3 diputados	5 bancas
Formosa:	1 diputado	2 bancas
Jujuy:	2 diputados	3 bancas
La Pampa:	1 diputado	3 bancas
La Rioja:	1 diputado	2 bancas
Mendoza:	3 diputados	5 bancas
Misiones:	2 diputados	3 bancas
Neuquén:	2 diputados	3 bancas
Río Negro:	2 diputados	2 bancas
Salta:	2 diputados	3 bancas
San Juan:	2 diputados	3 bancas
San Luis:	2 diputados	3 bancas
Santa Cruz:	2 diputados	3 bancas
Santa Fe:	4 diputados	9 bancas
Santiago del Estero:	1 diputado	3 bancas
Tierra del Fuego:	1 diputado	2 bancas
Tucumán:	2 diputados	4 bancas
TOTALES:	75	127

                                       

En caso de que se diera ese resultado absolutamente favorable a La Libertad Avanza, se alzaría con 75 nuevos diputados, con lo que redondearía una bancada de 107; casi tres veces lo que tiene actualmente, pero a 22 del quórum propio.

A ese número llegaría con una excepcional elección en la provincia de Buenos Aires, de esas que solo el peronismo puede replicar. Porque la realidad para los oficialismos -sobre todo en una legislativa- suele ser más moderada. Veamos sino: Unión por la Patria hizo una gran elección en 2023 (presidenciales), obteniendo el 43,71% de los votos, y sumó 16 diputados. En 2021, cuando el ganador fue Juntos por el Cambio, y con un escenario muy parejo con el Frente de Todos, arañando el 40%, consiguió 15 diputados.

En 2019 la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner sacó en el 52,64% de los votos para diputados y consiguió 19 escaños. Y en 2017, cuando el ganador fue Cambiemos, obtuvo 15 bancas, con el 42,15% de los votos.

Esto es: el escenario de 22 bancas para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires resulta exagerado, aunque no imposible, pero tiene por objeto mostrar los límites que plantea el sistema electoral para cualquier fuerza, por mejores posibilidades que tenga.

Sin considerar además que estaríamos hablando de una elección donde la lista libertaria incluyera a aquellos aliados que yendo por separado le quitarían votos, y que luego esos aliados se sumaran a la lista oficialista…

El mismo razonamiento corresponde a distritos como CABA, Córdoba o Santa Fe. Y en el caso de Santiago del Estero, donde le concedimos un escaño a LLA, habría que tener en cuenta que solo en 2019 y 2015, siempre en turnos presidenciales, el Frente Cívico por Santiago cedió un escaño. Desde las elecciones de 2005, cuando nace el actual oficialismo santiagueño, ganaron todos los escaños legislativos ese año, en 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2021 y 2023.

Panorama del Senado

Como dijimos, en la Cámara alta La Libertad Avanza tiene todo por ganar, pues no arriesga nada. En 2025 se renuevan los senadores de CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Logrando lo que nadie nunca ha hecho, ganar en las ocho provincias que eligen senadores, se alzaría con 16 senadores, llegando a conformar un bloque de 22. A 15 del quórum. Y reiteramos: nadie nunca ganó en todas las provincias que eligieron senadores. Por lo antedicho, sería además milagroso que LLA ganara en ese rubro en Santiago del Estero.

Dato al margen, UP es el que más bancas expone en el Senado, con 14; la UCR 4 y el Pro 2.

Conclusiones

En definitiva, es imposible que La Libertad Avanza tenga mayoría legislativa desde 2025, y aun ganando también en 2027. En Diputados, podría llegar a las 107 bancas en circunstancias excepcionales, tocando un techo demasiado alto. En términos más lógicos, pero aun favorables, tendría una docena de escaños menos: 95.

Por lo pronto, ese número blindaría a La Libertad Avanza frente a los 2/3 de la oposición, sin necesidad de buscar aliados. Lo cual no es un dato menor, pues ningún gobierno desde la recuperación democrática careció de al menos tener más de un tercio a su favor en una de las dos cámaras, para mantenerlo a resguardo de la mayor capacidad de daño de cualquier oposición.

Como sea, esos números que hemos expuesto son puros. Si La Libertad Avanza mantuviera su alianza táctica con el Pro, o la institucionalizara, contaría con ese bloque, que de todas maneras podría tener numerosas bajas en las próximas elecciones, ya que renueva 23 de sus 38 escaños actuales. O sea que solo 15 diputados tienen asegurada su continuidad en el partido amarillo.

También debería LLA contar con los 3 diputados del MID, que nunca dejaron de ser parte del oficialismo, más allá de las diferencias que los separaron.

Vía interbloques sí podría revertir su condición minoritaria a corto plazo, aunque por mucho tiempo estará muy lejos de poder constituirse en la mayoría soñada por quien llegó a alzarse con el 56% de los votos… pero en una elección sin correlato legislativo.

Se inició a las 14.16 de este jueves la sesión ordinaria en el Senado en la que el oficialismo buscará conseguir la aprobación del proyecto de boleta única de papel, que en ese caso volverá con cambios a la Cámara de Diputados; y, por otra parte, la sanción de la ley de financiamiento universitario, que el presidente Javier Milei anticipó correrá la misma suerte que la Movilidad Previsional: el veto.

La reunión de este jueves había sido convocada la semana pasada, luego que el oficialismo y los bloques dialoguistas acordaran postergar todo una semana más. Esto provocó el rechazo de Unión por la Patria, que el jueves pasado se hizo presente igualmente en el recinto y luego los senadores dieron una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.

Ya en el arranque de esta semana estuvo nuevamente en duda la realización de la sesión, pero este miércoles, tras una reunión en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de la oposición aliada, se llevó a cabo una nueva reunión de Labor Parlamentaria y se excluyó uno de los puntos del temario.

Sin embargo, en el inicio de la sesión, el interbloque Unión por la Patria, a través de su jefe de bancada José Mayans, solicitó una moción para incorporar al temario el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la SIDE. Posteriormente, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, propuso que se incorpore el decreto, pero como tercer tema de la jornada. La oposición más férrea acompañó la moción del radicalismo y así se introdujo el DNU.

El 21 de agosto pasado el decreto en cuestión tuvo el rechazo de la Cámara baja y correría la misma suerte en el Senado, donde para ellos requiere de mayoría simple. Si ocurre, sería la primera vez que el Congreso rechace en ambas cámaras un decreto de necesidad y urgencia.

Después de la cumbre en Casa de Gobierno, con Milei abocándose de nuevo a las negociaciones parlamentarias, se envió formalmente al Senado una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que el Poder Ejecutivo pide una "sesión secreta", con el fin de que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen el uso de los fondos asignados al organismo de inteligencia en concepto de gastos reservados. Pero Mayans explicó este jueves que para su realización necesitan de dos tercios, y ellos no se prestarían.

Los otros dos temas que atravesarán la jornada serán el debate del proyecto de boleta única de papel, que está previsto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una cuestión electoral deberá reunir 37 votos afirmativos, una mayoría absoluta. El segundo será el proyecto sobre financiamiento universitario, que se encamina a ser ley. Se trata de otra iniciativa que Milei ya anticipó vetará, por considerar que va en contra del equilibrio fiscal.

En el caso de la BUP, el proyecto se había dictaminado en enero, pero quedó sin chances de tratarse en sesiones extraordinarias por no reunir los votos suficientes. Luego de un nuevo plenario de comisiones realizado días atrás, funcionarios del Poder Ejecutivo acercaron a los bloques dialoguistas un nuevo borrador. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no. La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. Pero en el Gobierno hay apuro para que los cambios se puedan implementar de cara las elecciones del año próximo.

En cuanto al financiamiento universitario -ley por la cual hay este jueves una marcha a favor en las afueras del Congreso- se trata de una iniciativa que fue aprobada por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos.

 

En busca de lograr apoyos en torno a la reforma electoral y tantear qué puede hacerse con la movilidad jubilatoria -tema a abordar en la próxima sesión del Senado-, representantes del Gobierno se reunirán con jefes de bancadas dialoguistas en el Senado.

El dato saliente es que, contrariamente a lo especulado originalmente, no estará Guillermo Francos en esta reunión. El jefe de Gabinete, cuya presencia en esa reunión no había sido confirmada desde esa dependencia oficial, no asistirá a la reunión de este martes en el Senado, pero sí lo harán quienes lo secundan: Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior y quien tiene a su cargo la coordinación y el seguimiento de las políticas públicas vinculadas al interior del país; y el ingeniero José Rolandi, vicejefe de Gabinete ya en tiempos de Nicolás Posse, que mantiene su cargo. Ambos son bastante conocidos por los legisladores desde las febriles negociaciones por la Ley de Bases.

En el encuentro, el tema saliente a abordar es la reforma electoral. Sobre el mismo las autoridades han dialogado con los diputados, con quienes ya intercambiaron pareceres sobre la eliminación de las elecciones PASO, donde ya percibieron resistencias, como así también respecto de modificaciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que el oficialismo quiere impulsar. El tema más a mano termina siendo el tratamiento del proyecto de boleta única de papel, que cuenta con media sanción de la Cámara baja desde mayo de 2022. Ya en verano se intentó avanzar con esa iniciativa, pero tal posibilidad se frustró por la disidencia de la rionegrina Mónica Silva, quien insiste con la BUP por categoría, como rige en Santa Fe.

Así las cosas, el proyecto se trabó porque consiguió el apoyo de Unión por la Patria, lo que estableció un empate virtual en 36 votos. Y por tratarse de una cuestión electoral, se requiere una mayoría absoluta de 37, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel no puede desempatar (como hizo en la Ley Bases, por ejemplo). Si La Libertad Avanza accede a aceptar las modificaciones el proyecto será aprobado, pero deberá volver a Diputados para su aprobación final. Será el acuerdo que buscarán.

Más allá de la cuestión electoral, hay una discusión en ciernes que tiene que ver con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Ese es otro proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, pero en este caso el Gobierno resiste esa aprobación, al punto tal que el presidente Javier Milei ya adelantó que si sale lo vetará. Hubo un acuerdo en la última sesión de La Libertad Avanza con el radicalismo para tratarlo con dictamen en la próxima sesión. Y la próxima sesión a priori sería para este jueves, según adelantaron fuentes legislativas a parlamentario.com. De este tema hablarán durante esta reunión en el Senado para ver si de alguna manera se puede evitar el veto completo y eventualmente pueden maquillar una medida del Gobierno de tal manera que con un veto parcial los efectos de la medida terminan siendo acotados.

La presidenta del Senado convocaría para el próximo jueves 15 de agosto a una sesión especial, en la que accedería a tratar nada menos que la movilidad jubilatoria. Ese fue el eje central de controversias durante la última sesión realizada el pasado 4 de julio, oportunidad en la cual en el inicio hubo un intento motorizado por los senadores de Unión por la Patria para debatir sobre tablas la media sanción proveniente de Diputados.

Como se recordará, ese día los radicales encabezados por el correntino Eduardo Vischi coincidieron en la necesidad de que el tema previsional se tratara lo antes posible, pero le concedieron al oficialismo una suerte de tregua al evitar sumarse a la intentona de UP de avanzar con el tratamiento esa misma tarde, presentando una moción para pedir que el proyecto se tratara en la próxima sesión, con o sin dictamen.

Tras una extensa discusión lo que terminó resolviéndose fue que movilidad jubilatoria se tratara en la próxima sesión, pero cuando tuviera dictamen.

El dictamen ya está, por lo que para cumplir con los acuerdos, si se convoca a sesionar este jueves, movilidad jubilatoria deberá estar sí o sí en el temario.

El dictamen se consiguió el último jueves 7 de agosto, siendo el de mayoría el de Unión por la Patria, que ratifica la media sanción de Diputados. Ese dictamen contó con las firmas de los miembros de UP, más los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco (en disidencia parcial), y el santacruceño José María Carambia.

Recordemos que la media sanción de Diputados fue aprobada por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones, y establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

El dictamen de minoría es el del oficialismo, y propone modificaciones a lo aprobado en Diputados, tales como la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Más allá de la actitud adoptada por los dos radicales en la comisión, no implica que eso vaya a ser lo que resuelvan en el recinto. Según indicaron fuentes consultadas del partido centenario a parlamentario.com, están trabajando “para intentar posiciones” en el tema previsional. “Lo más importante es que colaboremos para que los jubilados puedan cobrar algo mejor”, precisó la fuente consultada, que aclaró que la posición definitiva del bloque se resolverá esta semana.

Cabe recordar que en Diputados se alcanzó un consenso entre los bloques dialoguistas, entre ellos la UCR, y la oposición más dura, alcanzándose con dos tercos de los votos. Esa mayoría especial podría no repetirse en la Cámara alta, pero si así fuera, tampoco implica nada más que el hecho simbólico de contar con un respaldo mayoritario.

Una vez aprobada la ley, el presidente puede decidir el veto, conforme establece el artículo 83 de la Constitución Nacional, y ahí retorna con sus objeciones a la Cámara de Origen y luego a la Cámara Revisora. Ambas vuelven a debatirlo y necesitan los 2/3 para confirmar la sanción originaria, en cuyo caso el Poder Ejecutivo debe promulgarlo como tal.

El presidente Javier Milei ha dicho que piensa vetar la nueva fórmula jubilatoria si el Congreso la transforma en ley. Pero también puede resultar que el veto sea parcial, en cuyo caso podría el presidente promulgar parcialmente la parte no vetada siempre y cuando el veto no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Las modificaciones estarían en el sentido del contenido del dictamen de minoría, sosteniendo la actualización por inflación -que ya está en el DNU- y aceptaría la recomposición del 8,1%. El Gobierno no quiere en cambio que en marzo de cada año se aplique un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE), ni tampoco el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Otros temas

Las autoridades del Senado estarían analizando qué otras iniciativas podrían incorporarse al temario. Es casi seguro que se avanzará con una declaración sobre Venezuela, conforme el dictamen alcanzado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde se expresa “su firme y enérgico repudio al fraude perpetrado en las elecciones del 28 de julio pasado en la República Bolivariana de Venezuela en el que se inhabilitaron y se persiguieron a candidatos opositores e imposibilitaron a ciudadanos de otros países a ingresar en dicho país para acompañar el proceso electoral, deportándolos”.

“Además, se le impidió el voto de manera arbitraria a millones de venezolanos en el extranjero”, agrega el proyecto de declaración, en el que se expresa un reconocimiento de las actas presentadas por parte del candidato Edmundo González Urrutia.

También expresan los senadores “su solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso de permanecer atento a la situación en Venezuela; bregando que se garanticen los derechos humanos de los venezolanos que están siendo violentados por el régimen de Nicolás Maduro y que se proteja la seguridad de las instalaciones diplomáticas y los derechos de los asilados políticos y de las personas que soliciten, de conformidad al derecho público internacional y en particular a tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.

El dictamen se basó en proyectos presentados por las senadoras Andrea Cristina, Beatriz Avila, Ivanna Arrascaeta y los senadores Enrique Martín Göerling y Maximiliano Abad.

Otro tema que está listo para ser incorporado al temario es el proyecto que aumenta las penas de tráfico de menores. En la sesión del 4 de julio se aprobó ese tema en general, por unanimidad (63 votos), pero volvió a comisión por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. El pasado 1 de agosto se firmó dictamen para que el proyecto vuelva a comisión, luego de que se modificaran los artículos 139, 139 bis y 139 ter. La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”. Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales. Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) explicó que “para subsanar el agravante hay un delito base, que tiene una escala, y los agravantes de un funcionario público van con el tercio superior de la pena”. Deseosos de que el dictamen saliera finalmente y pudiera volver cuanto antes al recinto, la autora del proyecto, Carolina Losada, y el oficialista Pagotto accedieron a las modificaciones pedidas por el interbloque opositor y el texto que pasó a la firma establece que “las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad”, y también así “a los denominados intermediarios, y para profesionales y funcionarios públicos”. López explicó que “las sanciones de 4 a 10 años permiten acceder a distintos beneficios”.

Ese tema, en definitiva, podría ser sumado a la sesión que se trabaja para que sea entonces el próximo jueves.

Pasado el receso invernal, y luego de haber logrado el oficialismo en la última sesión -con ayuda de la oposición dialoguista- frenar las intenciones de Unión por la Patria de acelerar el tema, un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomará el debate sobre movilidad jubilatoria. La reunión se realizará este miércoles desde las 14, en el Salón Illia, con la participación de funcionarios del Ejecutivo y especialistas. 

Previo a la firma del Pacto de Mayo, alineados con sus gobernadores, los senadores del radicalismo ayudaron a La Libertad Avanza para que la iniciativa con media sanción de la Cámara de Diputados no se trate sobre tablas. Sin embargo, en la última sesión sí se votó -en medio de una larga discusión- que cuando se abra nuevamente el recinto se debata con dictamen de comisión. 

El proyecto que salió aprobado de la Cámara baja en junio pasado, con acuerdo de UP y los bloques dialoguistas, es rechazado por el Gobierno nacional debido al costo fiscal. Un argumento que con el correr de las horas tambalea para el oficialismo, ya que viene de otorgar por DNU unos 100 mil millones de pesos a la nueva SIDE. Otro tema que promete centralidad en la agenda parlamentaria de los próximos días. 

Por esta iniciativa, que contempla una recomposición del 8% de los haberes previsionales y un adicional del 50% por RIPTE una vez por año, el presidente Javier Milei llamó en más de una ocasión “degenerados fiscales” a los legisladores y amenazó con vetar toda ley que atente contra el equilibrio fiscal. 

Pero los dos tercios alcanzados en Diputados pusieron en alerta al oficialismo del Senado -en extrema minoría-, dado que una mayoría similar en la Cámara alta complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, de repetirse los números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional. 

Por lo pronto, el oficialismo consiguió patear los tiempos. Ahora, la intención sería introducir modificaciones al proyecto y que vuelva a Diputados. En el medio, Martín Lousteau (UCR), Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Edith Terenzi (Cambio Federal) presentaron sus propias iniciativas. Desde el Poder Ejecutivo también van a plantear su propia versión.

Del lado de UP desconfían en que la oposición dialoguista mantenga el acuerdo de la media sanción y estiman que le harán cambios al proyecto, que luego se avalarán si el texto vuelve a Diputados. 

La media sanción aprobada a comienzos de junio establece una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU 274/24 del Ejecutivo-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendría como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total.

La recomposición del 8,1% se definió por consenso, luego de considerar los opositores que el incremento adicional de 12,5% otorgado para abril por el DNU del Gobierno era insuficiente. De esta manera, se alcanzaría a compensar por la inflación más alta del año, que fue la de enero, con 20,6%.

Por otro lado, la iniciativa instruye a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más. 

Tiempo de receso legislativo, esta época del año sirve para echar un vistazo al trabajo legislativo. Análisis cuantitativo, ya no cualitativo, por cierto. Y en ese sentido Parlamentario elaboró un ranking de los diputados y senadores que más proyectos presentaron a lo largo del último período legislativo.

Atentos: en este informe también encontrará a los que menos proyectos presentaron.

Así es que para el Índice de Calidad Legislativa realizamos un conteo de las iniciativas de todo tipo presentadas entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. Razón por la cual, cumplido el recambio legislativo del 10 de diciembre pasado, nos encontramos con que obviamente muchos de los legisladores que aparecen en estas listas ya dejaron sus bancas. Por caso, los diputados y senadores que más proyectos de ley presentaron ya dejaron sus lugares en el Congreso.

Citamos los proyectos de ley por ser los más importantes. Y vayamos a la Cámara baja, donde encontramos que el diputado del bloque Pro Alberto Asseff fue el que más iniciativas de ese tipo presentó en el último período ordinario: 48. Entre los últimos que presentó figura el que declara a la VI Brigada Aérea “Brigada heroica”, en homenaje al personal que participó en la gesta malvinera.

Mencionamos ese proyecto, pues justamente el próximo 7 de agosto llegará al recinto, pues figura en el temario de iniciativas propuestas para debatir ese día, cuando recibirá seguramente media sanción.

Entre las propuestas de Asseff figuran varias modificaciones del Código Penal de la Nación, como una que incrementa las penas por robos cometidos en instituciones educativas y/o de enseñanza de todos los niveles.

En segundo lugar en el rubro “proyectos de ley” aparece otra exdiputada, Graciela Camaño, con 36. Entre ellos, uno que propone el régimen de juicio en ausencia, un tema que el Poder Ejecutivo quiere debatir en esta segunda parte del año.

Comparte ese segundo lugar con una diputada que sigue en su banca, la catamarqueña de UP Silvana Ginocchio, también autora de 36 proyectos, el último de los cuales fue para restablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

En el Senado, la autora de más proyectos de ley fue la riojana Clara Vega, con 68 iniciativas. Muy involucrada con los temas del medio ambiente, entre sus proyectos figuran varias iniciativas sobre el cambio climático y uno en particular que modifica el Código Penal respecto de los delitos contra el ambiente.

Tiempo de Juegos Olímpicos, el 19 de octubre del año pasado la senadora que terminó acercándose al massismo presentó un proyecto para eximir del pago de tributos a los artículos de equipamiento deportivo importados por las asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.

El segundo  lugar en materia de proyectos de ley lo ocupó la rionegrina de Unión por la Patria Silvina García Larraburu, con 46 iniciativas. Por ejemplo el que declara “actividad esencial” el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Con 35 proyectos de ley, completan el podio en el Senado la neuquina Lucila Crexell y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Entre los de Crexell, uno que introduce modificaciones al Código Penal incorporando el delito informático. Fernández Sagasti impulsó por ejemplo la creación del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para personas trabajadoras de plataformas digitales.

Otros proyectos

Con 23 proyectos de declaración, Romina del Plá es la que más iniciativas de ese tipo presentó durante el último período, seguida por Pamela Calletti, Graciela Ocaña y Diego Sartori, los tres con 20 expedientes.

En el Senado, el radical chaqueño Víctor Zimmermann encabeza el rubro proyectos de declaración, con 244, seguido por la camporista María Eugenia Duré, con 132.

Proyectos de resolución es el último de los rubros que hay en Diputados, siendo la puntana del Pro Karina Bachey la que más presentó (65), seguida por una exdiputada, también del Pro, Victoria Morales Gorleri (62). En el Senado, usan poco los proyectos de resolución, siendo también Víctor Zimmermann el que más presentó (10).

En la Cámara alta tienen un rubro más de proyectos, los de comunicación, rubro en el cual se destacó el último año otro exsenador, Roberto Basualdo, con 54, seguido por la salteña Nora del Valle Giménez y su comprovinciano Sergio Leavy, ambos con 29 proyectos.

Los menos productivos

Como no es interés de este informe generar polémica, vale aclarar que en modo alguno la presentación de más o menos proyectos representa un juicio de valor respecto de la eficiencia de cada legislador. Pero es un dato para tener muy en cuenta y la elaboración de muchas iniciativas representa sin duda una preocupación especial por ser productivos en la materia.

Y lo opuesto, si bien no merece la crítica inmediata, amerita un llamado de atención, sobre todo cuando es sistemático. Está claro que los diputados o senadores que ocupan lugares más encumbrados no se ocupan especialmente de elaborar proyectos -aunque eso no es una regla general-, y hay que tener en cuenta también que el año pasado fue electoral, por lo que muchos están abocados a la campaña y pueden haber desatendido la presentación de proyectos.

Están también aquellos que quedan en cero en todos los rubros. Cada uno tendrá sus razones para justificarlo.

En materia de proyectos de ley, en el Senado los que quedaron en cero a lo largo del último período ordinario fueron el radical santacruceño Eduardo Costa, Alfredo De Angeli, Carlos Espínola, Martín Lousteau y José Emilio Neder. De todos ellos, Eduardo Costa quedó en cero en todos los tipos de proyectos. A pesar de no haber sido candidato a gobernador este año, ni tampoco buscar su reelección como senador.

En la Cámara baja, no presentaron ningún proyecto de ley los diputados Felipe Alvarez, Carolina Arricau, Mario Barletta, Miguel Bazze, Fabián Antonio Borda, María Cristina Brítez, Daniel Brue, Nilda Carrizo, Sergio Casas, Laura Castets, Pablo Cervi, Nelly Daldovo, Natalia de la Sota, Carlos Alberto Fernández, Alejandro Finocchiaro, Ignacio García Aresca, Sebastián García De Luca, Alvaro González, Carlos Heller, Susana Laciar, Luciano Laspina, Mario Leito, Aldo Leiva, Dante López Rodríguez, Facundo Manes, Magalí Mastaler, Javier Milei, Francisco Monti, María Luisa Montoto, Emilio Monzó, Cecilia Moreau, Nilda Moyano, Gabriel Mraida, Graciela Navarro, Estela Neder, Lisandro Nieri, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Julio Pereyra, Claudio Poggi, Florencio Randazzo, María Luján Rey, Nancy Sand, Leandro Santoro, Gustavo Santos, Rodolfo Tailhade, Aníbal Tortoriello, Victoria Villarruel y Natalia Zabala Chacur.

De estos diputados, 15 no presentaron tampoco proyectos de declaración ni de resolución Felipe Alvarez, Mario Barletta, Miguel Bazze, Nilda Carrizo, Nelly Daldovo, Sebastián García De Luca, Carlos Heller, Mario Leito, Facundo Manes, Francisco Monti, Emilio Monzó, Lisandro Nieri, Claudio Poggi, Florencio Randazzo y Gustavo Santos.

El actual presidente de la Nación pasó dos años en el Congreso. Solo presentó un proyecto durante toda su gestión, y fue durante el último período ordinario. Javier Milei presentó el 2 de noviembre de 2023 un proyecto de resolución, para solicitar al Poder Ejecutivo los medios necesarios para gestionar la liberación de los compatriotas secuestrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo Hamas en territorio israelí.

Otro dato que surge de este informe es uno que refiere a la diputada formoseña de UP Nelly Daldovo, quien, como hemos dicho, no presentó ningún proyecto durante el último período. En realidad, no presentó ninguno a lo largo de todo su primer mandato (ahora transcurre el segundo, tras haber sido reelecta este año). Y según consta en el Índice de Calidad Legislativa, tampoco habló nunca en el recinto en casi cinco años que lleva en la Cámara.

 

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

1°) Alberto Asseff	48
2°) Graciela Camaño	36
Silvana Ginocchio	36
4°) Graciela Caselles	31
5°) Silvia Lospennato	28
6°) Soledad Carrizo	27
7°) Lucila Masin	25
8°) Marcela Campagnoli	23
Mónica Macha	23
Martín Tetaz	23

 

Proyectos de Declaración

1°) Romina del Plá	23
2°) Pamela Calletti	20
Graciela Ocaña	20
Diego Sartori	20
5°) Sabrina Ajmechet	18
Eugenia Alianiello	18
7°) Mabel Caparros	15
Roberto Mirabella	15
9°) Dante López Rodríguez	14
10°) Alberto Asseff	13

 

Proyectos de Resolución

1°) Karina Bachey	65
2°) Victoria Morales Gorleri	62
3°) Gisela Marziotta	55
4°) Graciela Ocaña	54
5°) Carlos Zapata	52
6°) Carlos Ybrhain Ponce	48
7°) Silvana Ginocchio	45
8°) Micaela Morán	41
9°) Ricardo López Murphy	39
10°) Soledad Carrizo	38
11°) Alberto Asseff	35
12°) Diego Sartori	28
13°) Victoria Borrego	24
14°) Silvia Lospennato	21
Marcela Passo	21
Hernán Pérez Araujo	21

FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

 

CAMARA DE SENADORES

 Proyectos de ley

1°) Clara Vega	68
2°) Silvina García Larraburu	46
3°) Lucila Crexell	35
Anabel Fernández Sagasti	35
5°) Sergio Leavy	33
6°) Antonio Rodas	29
7°) Roberto Basualdo	28
8°) Daniel Bensusan	20
9°) Pablo Daniel Blanco	19
Gladys González	19

 

Proyectos de Declaración

1°) Víctor Zimmermann	244
2°) Eugenia Duré	132
3°) Nora del Valle Giménez	121
4°) Antonio Rodas	119
5°) Sergio Leavy	115
6°) María Inés Pilatti Vergara	81
7°) Silvina García Larraburu	64
8°) Clara Vega	62
9°) Ana María Ianni	49
10°) Juan Carlos Romero	39
11°) Pablo Daniel Blanco	31
12°) Beatriz Avila	30
13°) Adolfo Rodríguez Saá	29
14°) María Victoria Huala	26
15°) Daniel Bensusan	25
Cristina López Valverde	25

 

Proyectos de Resolución

1°) Víctor Zimmermann	10
2°) Carolina Losada	5
3°) Pablo Daniel Blanco	4
Lucila Crexell	4

 

Proyectos de Comunicación

1°) Roberto Basualdo	54
2°) Nora del Valle Giménez	29
Sergio Leavy	29
4°) Pablo Daniel Blanco	21
5°) Juan Carlos Romero	18
6°) Lucila Crexell	18
7°) María Victoria Huala	8
Luis Juez	8
Julio César Martínez	8

FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

La actividad de las comisiones fue bastante importante durante la primera mitad del año en ambas cámaras, con una característica saliente: debido a la decisión oficial de motorizar la ley de Bases durante el verano, las cámaras no entraron en receso en el verano y así se vio la casi inédita situación de ver trabajar a las comisiones en pleno enero.

Las más activas en ambas cámaras fueron las comisiones de Presupuesto y Hacienda: 16 veces se reunió la de Diputados, y 14 la del Senado. El podio en la Cámara baja lo completan Legislación Penal (14) y Previsión y Seguridad Social (10); mientras que en el Senado fueron Asuntos Constitucionales (10) y Legislación General (7), las tres ocupadas de tratar la Ley de Bases.

El 3 de enero se pusieron en marcha cuatro comisiones del Senado: Relaciones Exteriores y Culto, y Presupuesto y Hacienda, atento a los temas de extraordinarias que motivaban que fueran las primeras que necesitaría la Cámara alta. Ya constituidas, ese mismo día las dos primeras dieron dictamen a tres de los cinco acuerdos bilaterales puestos a consideración allí.

Ese mismo día se constituyeron las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Justicia y Asuntos Penales, que desempolvaron el proyecto de Boleta Única de Papel, que llevaba más de un año cajoneado en la Cámara alta. Incluido el tema en extraordinarias, la idea era avanzar con el estudio de esa iniciativa para llevarla al recinto cuanto antes. Hubiera sido la primera ley de la era Milei.

Al día siguiente se pusieron en marcha en Diputados también cuatro comisiones: las que se abocarían al debate de la Ley de Bases, Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y también la de Relaciones Exteriores, que en un principio también se había mencionado para formar parte de ese debate.

Abrió el fuego Presupuesto y Hacienda, que quedó en manos del por entonces aliado José Luis Espert, y en la que se dio inicio a la polémica planteada por Unión por la Patria, que a partir de la votación ganada en la sesión preparatoria de diciembre pasado creía que podría imponer su número en todas las comisiones. El bloque conducido por Germán Martínez ingresó a la sala una vez que los libertarios alcanzaron el número necesario para abrir la reunión y reclamaron el reparto de integrantes en las comisiones remarcando que en la sesión preparatoria se había acordado que sería por el sistema D’Hondt. Fue un reproche que aún mantienen y que hicieron sentir fuerte a lo largo de los primeros tiempos, tardando incluso en designar a sus miembros en las comisiones como señal de protesta.

Los diputados de UP denunciaron que además de no utilizarse el sistema acordado para repartir los puestos, las “empezaron a constituir informalmente con otros bloques sin anoticiarnos”. Por ello, pidieron que las votaciones de autoridades fueran “transparentes” para que no les robaran y no usurparan los cargos que entendían que les correspondían.

El 9 de enero comenzó el debate de la primera versión de lo que por entonces se conocía como “la ley ómnibus”. Fue una reunión informativa, en cuyo inicio Germán Martínez reclamó la presencia del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor Federico Sturzenegger, a quien se consideraba factótum de la Ley Bases, en esas informativas, además de protestar por el giro a solo tres comisiones, pues tocaba tantos temas que ese debate debía ser más abarcativo.

A esa primera reunión asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien según se supo había sido otra de las “plumas” que trabajó en el polémico texto. Por tal motivo ese día habló sobre la reforma del Estado y volvió al día siguiente, para referirse enteramente al capítulo energético. También Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, expusieron ese día.

Decididos a acelerar el debate, al día siguiente, 10 de enero, continuó el desfile de funcionarios, con la presencia de Guillermo Francos abriendo el juego esa jornada. Fue el día en que cobró conciencia de que la reforma política no tenía plafón para avanzar y decidió retirarla del proyecto. “Si no están los votos para la reforma electoral, eso no va a trabar el tratamiento de la ley”, aclaró.

A continuación fue el turno de la ministra Patricia Bullrich, que también procedió a retirar un artículo: fue aquel referido a reuniones con tres o más personas que, “al prestar confusión, lo retiramos”, anunció.

Para evitar mezclar todo, sigamos con Diputados, que tan decidido estaba a avanzar con la Ley Bases. El 11 de enero continuó el debate en el seno del plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, en cuyo inicio el oficialismo accedió a un reclamo reiterado desde la oposición: abrir el juego a la presencia de más actores de la sociedad civil que quisieran opinar en el plenario.

Ese día pasaron por el plenario el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre (meses después eyectado); el de Cultura, Leonardo Cifelli, y -entre otros- el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, tiempo después también eliminado del gabinete, ministerio incluido.

Así cerró esa primera semana de debate de la ley ómnibus, con tres reuniones informativas por las que desfilaron 13 funcionarios que respondieron más de 300 preguntas. Pero el lunes siguiente fue el turno de las organizaciones de la sociedad civil, aunque lo que en principio se presentó como una única reunión, terminaron siendo tres, con encuentros el martes y el miércoles también.

En rigor, el debate se extendió varios días para darle tiempo al Gobierno a acordar con los sectores dialoguistas para la firma del dictamen. Así, recién volvieron a convocar para el martes siguiente, 23 de enero, cuando se firmó finalmente el dictamen de la ley de Bases que ya había perdido en el camino su capítulo fiscal, entre otras cosas. Fue una jornada frenética que recién concluyó cuando pasada la 1.30 del miércoles 24 se anunció la firma del dictamen de mayoría, que tuvo 55 rúbricas, 34 de ellas en disidencia parcial. Hubo además cuatro dictámenes en minoría.

Ya se sabe qué sucedió con esa primera parte del debate de la Ley Bases, que fracasó el 6 de febrero, cuando en el recinto donde ya se había alcanzado la aprobación en general, se decidió volver a comisión. Así, se produjo un receso hasta que el 1° de marzo el presidente Javier Milei anunció la decisión de insistir con esa norma, ahora dividida en dos (con el paquete fiscal con cuerpo propio), con lo que el trabajo se reanudó, pero en despachos oficiales, no ante las cámaras de TV.

Mientras tanto comenzaron a ganar espacio otras inquietudes de la oposición, como la de abordar el debate de los haberes jubilatorios. El 13 de marzo se constituyó para tales fines la Comisión de Previsión y Seguridad Social, siendo la elegida para presidirla la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, quien por cuestiones reglamentarias (la documentación para sumarse a esa comisión en lugar del mendocino Lisandro Nieri había llegado a destiempo) tuvo que asumir provisoriamente Karina Banfi. Pero no fue la única polémica que sobrevoló esa reunión, sino que hubo otra más fuerte, marcada por el fracaso de una sesión pedida por Hacemos Coalición Federal para tratar directamente en el recinto ese tema y forzar allí un emplazamiento. Por ausencia de la mayoría del bloque radical, la sesión no había tenido quórum y Unión por la Patria acusó a La Libertad Avanza de cederle al radicalismo la presidencia de esa comisión como compensación por esa “ayuda”.

Con todo, había otro problema a considerar: si bien Previsión Social mostraba disposición a tratar el tema, la otra comisión por la que tenía que pasar el tema era Presupuesto, cuyo titular José Luis Espert no tenía intención en convocar.

Al día siguiente se reanudó la reunión “constitutiva” de dicha comisión para completar la designación de autoridades, quedando pendientes la asunción de Brouwer de Koning.

A la semana siguiente se constituyeron más comisiones. Con advertencias sobre la situación en las universidades, se puso en marcha la de Educación, con el exministro del área Alejandro Finocchiaro al frente; también volvió a reunirse Relaciones Exteriores; siendo la Comisión de Vivienda la primera en constituirse con alguien de UP presidiéndola (Leandro Santoro). Ese día también se constituyó Cultura (sin designar presidente); Legislación del Trabajo, que nominó a Lisandro Nieri, quien luego le dejó el cargo a Martín Tetaz; y Prevención de Adicciones, que con Mónica Frade al frente tuvo un activo semestre que dedicó a analizar la problemática de la ludopatía y las ciberapuestas.

El 21 de marzo se constituyó otra comisión muy activa, la de Familias (con la radical Roxana Reyes reelecta presidenta), y también Defensa (Ricardo López Murphy).

Con la demanda de llevar al recinto cuanto antes la cuestión de la movilidad jubilatoria, Previsión y Seguridad Social volvió a reunirse el 21 de marzo y su flamante presidenta, Gabriela Brouwer de Koning, propuso un cronograma de trabajo, mientras los cuestionamientos fueron para José Luis Espert por no haber accedido a sumar su comisión al debate.

De acuerdo con ese cronograma de trabajo, Previsión y Seguridad Social volvió a reunirse el 4 de abril, con una treintena de invitados, incluido el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, y la insistencia de Unión por la Patria por apurar el debate y dictaminar en la semana siguiente. Entre los invitados estuvo el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien no anduvo con eufemismos en su exposición: “Nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejémonos de joder. No existe”.

El 10 de abril se registró la reunión de comisión más escandalosa del año. Fue al constituirse la Comisión de Juicio Político, cuya convocatoria fue suspendida sobre la hora por el presidente del Cuerpo, Martín Menem. Estaba decidido que la presidencia de esa estratégica comisión le correspondía a La Libertad Avanza, y allí habían dispuesto a priori que Marcela Pagano fuera la elegida. Finalmente los diputados resolvieron sesionar igual y, tal cual lo acordado originalmente votaron a la periodista para presidir la comisión, pero el titular de la Cámara desconoció esa decisión y llamó a una nueva reunión para la semana siguiente, que no terminó concretándose, a sabiendas de que una mayoría de esa comisión confrontaría con la decisión del titular de la Cámara de considerar “inválida” la conformación de la comisión. Así las cosas, el tema quedó en un limbo.

Al cabo de su sexta reunión, la Comisión de Previsión y Seguridad Social firmó en su reunión del 16 de abril cuatro dictámenes sobre movilidad jubilatoria. Con todo, no estaba garantizado aún llevar el tema al recinto pues faltaba el tratamiento en Presupuesto y Hacienda. Se anticipó entonces que en la próxima sesión se emplazaría a esa comisión. Pero no fue necesario: tres semanas después, el 8 de mayo Espert convocó a su comisión y si bien no dictaminaron, lo hicieron el 15 de mayo, en una reunión conjunta de Presupuesto y Previsión. Ese día se firmaron cinco dictámenes y la oposición pidió llevar el tema al recinto el 4 de junio.

La vuelta de la ley de Bases 

Promediando el mes de abril, se reanudó en Diputados el debate de la ley de Bases. En realidad, arrancaron por una escisión de la ley de Bases original, el paquete fiscal, que el 18 de abril se puso a consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en una reunión informativa de la que tomaron parte el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, entre otros.

Además de una ley fiscal, la nueva ley de Bases incluiría esta vez un capítulo referido a la reforma laboral y por eso el 24 de abril la Comisión de Legislación del Trabajo fue convocada, ya bajo la presidencia de Martín Tetaz, para comenzar a analizar esa reforma laboral. Sin embargo desde UP y el FIT cuestionaron a Tetaz por convocar a la reunión sin una orden del día. Hubo varios expositores, pero la reunión debió pasar a un cuarto intermedio ya que ese día estaba pedida una sesión especial por temas educativos. Finalmente esa comisión no fue integrada al plenario que trataría la ley de Bases, por lo que no se reanudó ese debate.

Horas después de que el presidente Javier Milei dijera: “Hagan lo que quieran con la ley de Bases”, se reinició el trabajo en el plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, luego de intensas negociaciones en otros ámbitos entre representantes del Gobierno y la oposición dialoguista. Fue el 25 de abril y ese mismo día el oficialismo cumplió con su objetivo de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscaría llevar al recinto la semana venidera junto al paquete fiscal. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.

A continuación, el paquete fiscal también obtuvo las firmas para ser tratado en el recinto.

Aprobadas ambas leyes en el recinto, es sabido que en el Senado la iniciativa corrió la misma suerte, pero con modificaciones que obligaron la vuelta a Diputados, donde un nuevo plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales dictaminó el 25 de junio, cosa que también hizo a continuación Presupuesto y Hacienda con el paquete fiscal.

Las informativas de DDHH

El 2 de mayo se reunieron de manera conjunta las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías, para recibir testimonios de familiares de argentinos secuestrados por Hamas. Encabezada por Sabrina Ajmechet, la Comisión de DDHH desarrolló una profusa agenda que ella misma había planteado en la reunión constitutiva, cuando anticipó la intención de realizar audiencias con familiares y víctimas de la cuarentena implementada durante la pandemia.

Esa primera reunión sobre ese tema se celebró el 8 de mayo, con la presencia de los padres de Solange Musse, el actor Marcelo Mazzarello y un cacique de la comunidad wichi de Formosa. Volvieron a convocar con el mismo programa el 22 de mayo, cuando los legisladores escucharon testimonios de las familias de Magalí Morales y Facundo Astudillo. La tercera y última audiencia sobre el tema pandemia se realizó el 12 de junio, oportunidad en la que expusieron la madre de Blas Correa y de Héctor Gabriel Quintana.

Otra informativa realizaron el 5 de junio, cuando los diputados escucharon el relato de dos jóvenes que estuvieron detenidos en un centro de torturas en Venezuela, y el 2 de julio realizaron un homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA, a punto de cumplirse 30 años del mismo. A ese evento asistió la canciller Diana Mondino.

Con el eco de la gran marcha universitaria latente, ese mismo 2 de mayo la Comisión de Educación comenzó a debatir el tema del presupuesto universitario. Elaboraron un cronograma de trabajo que comenzaron a desarrollar cinco días después, cuando autoridades, profesores y estudiantes universitarios expusieron sobre el tema financiamiento.

Tres semanas más tarde, el 23 de mayo se reunió un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con los proyectos sobre actualización en el financiamiento universitario y alumbraron 4 dictámenes, siendo el de Unión por la Patria el de mayoría.

Otro tema que pasó por la Comisión de Educación fue el de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, tratado allí el  28 de mayo conforme lo que se había votado en el recinto, donde se emplazó a la comisión a tratar los proyectos. En esa oportunidad, la oposición no logró ponerse de acuerdo en un dictamen, pero logró frenar un intento de La Libertad Avanza y el Pro para postergar el debate. Al final, se emitieron 5 dictámenes: Unión por la Patria, con 34 firmas, el de mayoría; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

En medio de maniobras irregulares con relación a los dictámenes, el 13 de junio la Comisión de Educación dictaminó el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación, con firmas de LLA, el Pro, la UCR, la CC, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal (en disidencia parcial).

Otro tema que sorpresivamente para muchos comenzó a debatirse fue el de la reducción de la jornada laboral. Así, el 28 de mayo se retomó una discusión que ya había concitado varias reuniones el año pasado, con el objeto de modificar una legislación vigente desde 1929.

Volvieron a realizar una reunión con expertos el 2 de julio, al cabo de la cual su titular, Martín Tetaz, anticipó la intención de dictaminar en la audiencia venidera.

Ludopatía y ciberapuestas 

Decíamos que el tratamiento de los proyectos sobre juego online motivó múltiples reuniones motorizadas  por la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que se constituyó como cabecera de los muchos proyectos presentados sobre el tema. El 14 de mayo, esa comisión presidida por Mónica Frade anticipó la realización de una serie de reuniones informativas, que comenzaron el 28 de mayo con la exposición de los autores de los proyectos existentes sobre el tema. Con 9 proyectos referidos al tema, más uno sobre desconexión digital, recibieron a especialistas el 6 de junio.

Tanto interés despierta el tema en la Cámara baja que el 11 de junio dos comisiones se reunieron por separado para tratar el tema. La de Familias, Niñez y Juventudes recibió a la defensora nacional de los Derechos de los Niños, Marisa Graham, para hablar de ludopatía infantil, en tanto que esa misma tarde las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal se reunieron para ampliar el debate sobre la temática de ciberapuestas y ludopatía, con la exposición de más de una decena de especialistas.

La hasta ahora última reunión de estas cuatro comisiones se realizó el pasado 3 de julio, a la que asistieron representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, movimientos sociales y de loterías y casinos, entre otros.

Las leyes de seguridad 

El Ejecutivo mandó un paquete de leyes de seguridad que comenzaron a ser tratadas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior el 24 de abril. Ese paquete de leyes incluía una ley Antimafias; la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos. La reunión tuvo funcionarios invitados.

Con la presencia de funcionarios y asociaciones, el 8 de mayo Legislación Penal y Seguridad Interior debatieron sobre la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas. Las reuniones sucesivas continuaron con un plenario el 15 de mayo, y un nuevo encuentro el día 22, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro expuso ante los diputados junto a su ministro de Seguridad. Allí, el gobernador santafesino sorprendió al alertar sobre un “exceso de garantismo” en la norma que se estaba elaborando.

El 28 de mayo hubo dictamen sobre el proyecto que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, y ese tema ya tiene fecha de tratamiento en Diputados: el 7 de agosto.

El 5 de junio, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió para debatir sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. Ese día asistió para exponer el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Juan Pablo Allan, y el proyecto tuvo dictamen el 3 de julio.

Citaciones a Pettovello

En el marco del conflicto generado por la demora en la entrega de alimentos a comedores populares, los cuales estaban guardados en depósitos desde hacía más de seis meses, el 5 de junio la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados resolvió convocar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para el martes 11 de junio. Sin obligación formal de ir, la ministra no fue y volvieron a convocarla para el 18 de junio, sin que tampoco asistiera. En ambos casos, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, no hizo llegar la invitación argumentando que un pedido de ese tipo debía contar con los giros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

La última reunión de esta comisión fue el 5 de julio, ya no en el ámbito de la Cámara baja, sino en la Legislatura de la provincia de Tucumán, para debatir la actualidad del sistema privado de salud.

Las comisiones del Senado

Ya dijimos que en la Cámara alta arrancaron antes con la conformación de comisiones. Pero después la mayor atención pasó por Diputados, con el debate (fallido) de la Ley de Bases. En el Senado, en tanto, la atención pasó por los temas que sí le correspondían según la convocatoria a extraordinarias.

El primero, la Boleta Única de Papel (BUP), que tenía media sanción de Diputados y que ese 3 de enero mereció un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. La idea era llevarlo prestamente al recinto, probablemente el 11 de enero, y para eso se proponían dictaminar ese mismo día, habida cuenta de que el tema “ha sido lo suficientemente debatido en la Cámara baja”, en palabras del presidente de Justicia, Juan Carlos Pagotto. No tardaron en darse cuenta de que no sería tan sencillo: ese día no pidieron tener dictamen.

Insistieron una semana después, cuando el oficialismo vivió la primera frustración en el plano legislativo. No logró un consenso unánime en su postura de ir con el dictamen que venía con media sanción de Diputados, sin hacerle modificaciones, por lo que surgieron dos dictámenes. En rigor, esas diferencias habían surgido en la primera reunión, cuando dos senadoras plantearon modificaciones. Una de ellas, la rionegrina Mónica Silva, fue autora del que a la postre sería el dictamen de minoría, y la novedad fue que Unión por la Patria sumó sus firmas al mismo. Así las cosas, el tema quedó empantanado, pues un rápido poroteo permitía anticipar un empate en el recinto en 36 votos, y por tratarse de un tema electoral, aquí no valía el desempate de Victoria Villarruel, con lo que el tema quedó nuevamente cajoneado.

Las puertas del Senado recién volvieron a abrirse el último día de enero, con un plenario de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar otro tema con media sanción de Diputados, que también dormía “el sueño de los justos”: el proyecto sobre lavado de activos. Ese mismo día emitieron dictamen y quedó listo para llevarlo al recinto.

La estratégica Comisión de Acuerdos del Senado se puso en marcha el 13 de marzo, cuando fue ungida la senadora Guadalupe Tagliaferri al frente de la misma, mientras que su histórica presidenta, Anabel Fernández Sagasti, quedó como vice. Ya el 21 de marzo comenzó su andar esa comisión con la presentación de seis candidatos a embajadores propuestos por el Gobierno. Entre ellos Axel Wahnish, el rabino de Milei, propuesto para la embajada argentina en Israel.

El 4 de abril se anunció la conformación de nuevas comisiones, pero solo pudieron avanzar las de Coparticipación Federal de Impuestos, la de Economía Nacional e Inversión, la de Seguridad Interior y la de Turismo. Todas quedaron en manos de radicales. En tanto que Agricultura, Ganadería y Pesca y la de Trabajo y Previsión Social se cayeron por falta de quórum, con la ausencia de Unión por la Patria en disconformidad del reparto de las mismas.

El debate de la Ley Bases

El debate de la Ley de Bases arrancó en el Senado el 7 de mayo, con un plenario de las mismas comisiones que habían discutido el tema en Diputados: Legislación General, Presupuesto y Hacienda. Arrancó con denuncias, pedido de cuarto intermedio y picos de tensión, en un plenario de comisiones a la que asistieron funcionarios del Ejecutivo a explicar los puntos centrales de ambas iniciativas, entre ellos, Guillermo Francos. El debate fue por momentos áspero y dejó la sensación de que la aspiración oficial de avanzar rápido con un dictamen esa misma semana, para poder sesionar la semana siguiente, podría ser un deseo demasiado ambicioso.

Al encuentro, que se extendió por casi seis horas en el Salón Azul, asistieron también el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy. También participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El debate continuó al día siguiente con funcionarios. Estaba previsto que a continuación se iniciara el debate del paquete fiscal en Presupuesto, pero el plenario se extendió más de diez horas, así que la otra reunión quedó para el día siguiente. Ya todo indicaba que el plenario se extendería un tiempo más.

En efecto, el 9 de mayo comenzó el debate en Presupuesto y Hacienda, con la presencia del secretario de Hacienda Carlos Guberman y una polémica en torno al blanqueo y Ganancias. Al cierre de esa reunión, el titular de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, dio por postergado el plenario que debía arrancar a continuación hasta el lunes siguiente, aceptando el oficialismo abrir la lista de invitados.

Las reuniones continuaron el lunes 13, con la presencia de representantes de la CGT que cargaron contra la reforma laboral, y también el martes. Sin señales de dictamen, hubo entonces un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de mayo, fecha en la que concluyó la ronda de invitados.

El martes 21 volvió a reunirse Presupuesto y Hacienda con la intención de dictaminar sobre el paquete fiscal, pero no solo no pudo hacerlo, sino que el oficialismo aceptó convocar a nuevos invitados. Al día siguiente se reanudó el trabajo en el plenario que debatía Bases y hubo nuevos invitados. Durante esa jornada, desde LLA dejaron correr la expectativa de dictamen, pero la oposición dialoguista volvió a marcarle la cancha con una catarata de modificaciones planteadas.

Hubo un impasse de otra semana y finalmente la Ley de Bases consiguió su dictamen en el plenario celebrado el 29 de mayo, al cabo de una jornada muy intensa y tras un nuevo cuarto intermedio cera de las 19. Destrabado ese escollo, a continuación Presupuesto y Hacienda emitió también el dictamen del paquete fiscal.

La única bicameral conformada

Previsiblemente, la oposición más dura presionó fuerte para debatir el mega DNU 70/23 que finalmente rechazó en el Senado. Y previsiblemente, el oficialismo y sus aliados resistieron todo lo posible su tratamiento.

Habiendo sido la publicación del decreto de necesidad y urgencia el 20 de diciembre, dos meses estiraron las cosas habilitar a la Bicameral de Trámite Legislativo para el tratamiento del mismo. Tras fuertes reclamos de Unión por la Patria el 22 de febrero de este año la comisión quedó conformada, con el libertario Juan Carlos Pagotto al frente.

El debate propiamente dicho arrancó siete días después, ya con los plazos vencidos y la insistencia de la oposición  para llevarlo al recinto. Un sector, a su vez, pidió que asistieran funcionarios. En ese marco, UP rechazó tener cargos en esa bicameral, al reiterar su denuncia por lo que consideró una “constitución irregular” de la misma. Para ellos, el oficialismo estaba  haciendo una “medida dilatoria” e insistieron en que el decreto tenía reglamentariamente los plazos vencidos, por lo que debía tratarse en el recinto de algunas de las cámaras ya mismo.

El 7 de marzo volvió a reunirse la Bicameral de DNU para definir cómo trataría los decretos pendientes. A pesar del pedido de la oposición, ni el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni el ministro de Economía Santiago Caputo asistieron a la comisión.

El encuentro siguiente fue el 11 de abril, cuando se reanudaron los cruces entre libertarios y Unión por la Patria. En esa reunión, se validaron decretos de las gestiones anteriores: 11 de Macri y 9 de Alberto Fernández.

En esa reunión, el senador Francisco Paoltroni dio la nota al comparar el triunfo presidencial de Javier Milei con un “cuento de la infancia”. El libertario dijo que “el 19 de noviembre vino un príncipe que les hizo el amor a los que estaban dormidos” y rápidamente, la senadora Fernández Sagasti salió a repudiarlo. En la sesión siguiente, el formoseño fue reemplazado.

Dos semanas más tarde, el 25 de abril, la bicameral que durante la gestión anterior había estado dos años prácticamente sin reunirse, trató más de 60 decretos, mientras UP insistía en que pediría la “invalidez” de los DNU de Milei.

Ese día fueron puestos a consideración 67 DNU de la gestión de Alberto Fernández y 2 de Javier Milei. Fue la última reunión de la bicameral. Para entonces, el pleno del Senado había rechazado el DNU.

 

Cuántas reuniones de Diputados hubo

Presupuesto y Hacienda	16
Legislación Penal	14
Previsión y Seguridad Social	10
Legislación General	9
Asuntos Constitucionales	9
Acción Social y Salud Pública	9
Seguridad Interior	8
Discapacidad	7
Relaciones Exteriores y Culto	6
Educación	6
Cultura	6
Legislación del Trabajo	6
Derechos Humanos	6
Prevención de Adicciones	5
Comunicaciones e Informática	5
Familia, Niñez y Juventudes	5
Pequeñas y Medianas Empresas	5
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	4
Defensa Nacional	4
Vivienda y Ordenamiento Urbano	3
Mujeres y Diversidad	3
Población y Desarrollo Humano	3
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios	3
Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia	3
Agricultura y Ganadería	3
Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales	3
Economías y Desarrollo Regional	2
Obras Públicas	2
De las Personas Mayores	2
Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales	2
Justicia	2
Comercio	2
Turismo	2
Transportes	2
Minería	2
Peticiones, Poderes y Reglamento	2
Deportes	2
Libertad de Expresión	2
Mercosur	1
Industria	1
Asuntos Municipales	1
Finanzas	1
Economía	1
Energía y Combustibles	1
Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano	1
Juicio Político	1

 

Cuánto se reunieron las comisiones del Senado

Presupuesto y Hacienda	14
Asuntos Constitucionales	10
Legislación General	7
Justicia y Asuntos Penales	6
Relaciones Exteriores y Culto	5
Acuerdos	3
Trabajo y Previsión Social	2
Economía Nacional e Inversión	2
Coparticipación Federal de Impuestos	1
Seguridad Interior	1
Turismo	1
Defensa Nacional	1
Infraestructura	1
Agricultura, Ganadería y Pesca	1
Ambiente y Desarrollo Sustentable	1
Transporte	1
Asuntos Administrativos y Municipales	1

 

 

 

 

Desde el momento de la consagración de Javier Milei como presidente y la irrupción de su fuerza en el ámbito parlamentario se sabía que todos los ojos iban a estar puestos (y así seguirá) sobre el Congreso de la Nación: un oficialismo con marcada minoría en ambas cámaras frente al desafío de construir mayorías tema a tema. Y vaya si le tocó a La Libertad Avanza tener un agitado debut, del que finalmente salió -en el primer semestre- con el objetivo logrado de sancionar dos leyes para el Gobierno. No fue, claro, sin un camino sinuoso, en el que hubo concesiones a los pedidos de la oposición dialoguista y en el que se activaron las costumbres más tradicionales de la cuestionada “casta” por parte del líder libertario. Afuera declaraciones críticas, puertas adentro, negociaciones. 

Sin respiro, el Parlamento vivió uno de sus veranos más intensos. “No hay vacaciones”, repetían más de una vez desde las cumbres oficialistas al hacer énfasis en la urgencia que tenía la recién asumida gestión. Sin embargo, el trámite llevó mucho más de lo deseado. Y es que si hablamos de la primera mitad del 2024, ésta estuvo marcada sin duda por la famosa Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, inicialmente conocida como “ley ómnibus”. 

El recorrido de la famosa norma, parida luego de seis meses, atravesó el trabajo -sobre todo- de la Cámara de Diputados, donde 6 de las 8 sesiones que hubo en el primer semestre, la tuvieron en el temario. De esas 8 sesiones, 4 fueron extraordinarias y 4 especiales. Por su parte, el Senado llevó a cabo 5 sesiones: 1 ordinaria y 4 especiales, de éstas una fue informativa. En total, hubo así de enero a julio 13 sesiones entre ambas cámaras. 

Diputados: un recorrido por la actividad en el recinto, atravesado por la Ley Bases 

El bautismo de LLA en la Cámara baja fue el 31 de enero, cuando se inició una saga de sesiones para tratar la Ley de Bases. El proyecto original, enviado el 27 de diciembre de 2023, se trataba de un mamotreto de 664 artículos que fue perdiendo numerosos capítulos en el camino. Incluso, a esa sesión se llegó con un dictamen de 386 artículos, y en el arranque se anunció que se retiraban más de 100. Con una larguísima lista de oradores, Martín Menem adoptó la modalidad de pasar a un cuarto intermedio llegada la noche. Darle transparencia al debate y que “la gente lo pueda escuchar”, fue el argumento. Un ideal que no se repitió, claro, cuando llegó el momento final de la ley más adelante y se volvió al formato habitual “de corrido”. Así, se sucedieron las sesiones del 31 de enero, 1ro. de febrero y 2 de febrero, con un intenso calor en las afueras, no sólo por la sensación térmica sino por las protestas en contra de la ley, que tuvieron a manifestantes y fuerzas de seguridad como protagonistas. En la tarde del viernes 2, el oficialismo consiguió aprobar en general la ley con 144 votos a favor, 109 en contra y 0 abstenciones. 

Martín Menem al presidir su primera sesión

El debate en particular se retomó el 6 de febrero. Al cabo de tres horas, y luego de votaciones fallidas en varios incisos del capítulo reforma del Estado, el proyecto volvió a comisión. Desde ese día no hubo sesión hasta el 29 de abril, cuando se discutió nuevamente la reversionada Ley de Bases. 

No obstante, durante ese lapso de tiempo ocurrió la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo y hubo dos intentos de la oposición para abrir el recinto y debatir otros temas, aunque no tuvieron quórum. El primero fue el 13 de marzo, impulsado por Hacemos Coalición Federal para tratar la movilidad jubilatoria. El segundo caso fue el 24 de abril, en una sesión pedida por Unión por la Patria para discutir sobre financiamiento universitario, Fondo Nacional de Incentivo Docente y jubilaciones. 

Legisladores de La Libertad Avanza junto al presidente en la Asamblea Legislativa, que fue de noche

El 29 de abril se realizó la sesión en la que se discutió hasta el día siguiente la nueva Ley de Bases y el proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocido como Paquete Fiscal. Ambos lograron la media sanción y fueron girados al Senado, tras un debate de 29 horas, uno de los más extensos de la historia. 

Con la intención de darle un giro a la agenda, la Unión Cívica Radical pidió una sesión el 21 de mayo por los temas de financiamiento universitario y FONID. Ante el anuncio del Gobierno, sobre el incremento en partidas para gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, la realización de la sesión pasó por momentos de dudas. Sin embargo, los radicales dejaron sus internas y bajaron a la reunión que ellos mismos habían pedido. Con aval de UP, la izquierda y otros bloques, se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para que dictaminen sobre ambos temas. 

Germán Martínez, jefe de UP, conversando con Miguel Pichetto, presidente de HCF, y Nicolás Massot en la sesión del 4 de junio

Tras un consenso entre la oposición más dura y la dialoguista, el 4 de junio se debatió en sesión el proyecto de ley que establece una fórmula de movilidad jubilatoria y recomposición del 8,1% para los haberes de la clase pasiva. La iniciativa tuvo 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, alcanzando así dos tercios de los votos de los presentes. Por esta media sanción fue que Milei llamó más de una vez “degenerados fiscales” a los legisladores, y también los culpó de la suba del dólar y el riesgo país. 

La última sesión en Diputados fue el 27 de junio, cuando en las primeras horas del 28 se sancionaron finalmente la Ley de Bases (147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones) y el Paquete Fiscal, aceptándose los cambios de la cámara revisora en el primer caso; mientras que en el segundo, el oficialismo con apoyo de los dialoguistas logró reincorporar cuestiones clave, como la restitución del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales. 

Karina Milei y Guillermo Francos, en el recinto de Diputados, celebrando las sanciones definitivas de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal

El Senado, con polémica por las dietas y el paso de Posse 

Sin contar la sesión preparatoria del 23 de febrero, la Cámara alta tuvo en la primera parte del año 5 sesiones. Aunque intentó postergar al máximo su tratamiento, la vicepresidenta Victoria Villarruel no pudo frenar en el arranque del período ordinario la discusión sobre el mega DNU 70/23, de desregulación de la economía, lo que le valió la molestia desde Casa Rosada, expresada en duro comunicado. El 14 de marzo, el decreto presidencial -que intervino en más de 300 leyes- fue rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Además, en esa jornada se convirtió en ley la reforma de la normativa vinculada a prevención y represión del lavado de activos, y un conjunto de acuerdos internacionales. Pese al impulso del momento, la oposición nunca logró los votos en la Cámara de Diputados para rechazar también el DNU y dejarlo así anulado. 

El rechazo al DNU 70/23 en el Senado

El 18 de abril se realizó una sesión de muy corta duración, pero alto impacto: sin mencionar el tema del expediente incorporado sobre tablas, los senadores aprobaron a mano alzada un aumento de más del doble en sus dietas. El temario de la sesión ordinaria consistía en seis pliegos de embajadores, acuerdos internacionales y una ley para establecer el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas. 

Doce días antes de irse del Gobierno, Nicolás Posse asistió el 15 de mayo al Senado para brindar el primer informe de gestión. Hasta ahora fue la única vez que un jefe de Gabinete se hizo presente durante el gobierno libertario. Guillermo Francos, hoy en ese cargo, todavía no debutó en sesión informativa. 

En un arranque en el que tomaron estado parlamentario los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el Senado celebró el 12 de junio la sesión para aprobar la Ley de Bases y el Paquete Fiscal. En el primer caso, la norma tuvo modificaciones y se dejaron afuera tres privatizaciones (las de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA), además del capítulo previsional. La votación resultó con un empate 36 a 36 y definió a favor Villarruel. En el caso del Paquete Fiscal, no hubo igualdad de votos, aunque fue aprobada por una diferencia de 37 a 35, pero en la votación en particular se rechazaron los capítulos sobre impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que luego fueron reincorporados en Diputados. 

Victoria Villarruel en la sesión donde desempató a favor de la Ley de Bases

La última sesión del primer tramo del año en la Cámara alta, antes de entrar al receso invernal, fue la del pasado 4 de julio. Sin éxito, UP intentó el tratamiento del proyecto sobre movilidad jubilatoria. En la jornada se avalaron un paquete de ascensos militares y diplomáticos; se convirtió en ley la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en conmemoración a las víctimas del atentado a la AMIA; y se aprobó en general un proyecto que endurece penas por el delito de compra y venta de niños -tema en agenda a raíz del caso Loan Danilo Peña-, pero luego fue devuelto a comisión por diferencias en el articulado.

La cargada agenda que viene

En los pasillos del Congreso, el segundo semestre se avecina igual o más intenso que el primero. Y los temas que tiene en mente el oficialismo -ya figuran varios- demandarán de tiempo, un tiempo que a su vez se verá interrumpido cuando ingrese el Presupuesto 2025, la llamada “ley de leyes”, que será el primero en la gestión de Milei y se trata siempre de un proyecto que insume larga discusión. El Poder Ejecutivo ya mandó un adelanto, aunque con pocos números. Cuestiones todavía sin resolución, como el presupuesto universitario y el FONID (la UCR pateó una sesión que había pedido en julio para agosto), sin dudas tomarán relevancia a la hora de debatir el plan de gastos y recursos, al igual que los subsidios al transporte del interior, entre otros varios aspectos, del que nuevo tomarán relevancia los gobernadores. 

Por lo pronto, la primera fecha que tiene Diputados para volver a abrir el recinto es el próximo 7 de agosto, día en que se solicitó una sesión para tratar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional; la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas; acuerdos internacionales y dos proyectos del llamado “paquete Bullrich”: la regularización de la tenencia de armas y prórroga del Programa de Entrega Voluntaria y la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, para que abarque a todos los delitos. 

De los proyectos impulsados desde la cartera de Seguridad también se encuentra la ley antimafias, contra el crimen organizado; una ley sobre resguardo del orden público (protesta social); y otro proyecto en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de Diputados, que llevan adelante el debate sobre los proyectos del "paquete Bullrich"

Todavía no ingresaron al Parlamento, pero otras iniciativas vinculadas a lo penal fueron anunciadas por el Gobierno: nuevo régimen penal juvenil, con la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, y juicio en ausencia. 

Por su parte, el flamante ministro de Desregulación y Transformación el Estado, Federico Sturzenegger, ya anunció la llamada “ley de hojarascas”, tendiente a derogar un centenar de leyes que “representan riesgos a la libertad económica, trabas, o son simplemente obsoletas (como las que regulan las carreras de palomas, obligan a trámites imposibles, o promueven la contaminación)”, expresó en cuenta de X. El funcionario ya mantuvo contactos con diputados de la oposición dialoguista sobre esta iniciativa. Además, en entrevistas periodísticas, aseguró que buscará avanzar con capítulos de la Ley de Bases original que quedaron afuera, como los referidos a justicia o educación. Sobre este último ítem destacó que en la Cámara baja ya se haya dictaminado sobre declarar a la educación como servicio esencial, algo que contenía la ley ómnibus. 

Es regla que las discusiones electorales se den en años pares, pero éstas nunca resultan sencillas y la consciencia que tenga La Libertad Avanza sobre su condición de minoría será determinante a la hora de ambicionar de más o ceder. Sobre todo porque para proyectos de esta índole se requieren de mayorías absolutas (129 votos en Diputados y 37 en el Senado). 

El Gobierno, en cabeza de Francos, planea una reforma electoral, que contenga entre sus puntos algunos temas que quedaron fuera de la Ley de Bases, como la eliminación de las elecciones Primarias, Obligatorias, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con otros que son parte de las llamadas “leyes anticasta” que el presidente anunció al abrir el año parlamentario, tales como la eliminación del financiamiento de los partidos políticos con fondos públicos o la prohibición para que condenados en segunda instancia por delitos de corrupción sean candidatos en elecciones. Éste último, más conocido como “Ficha limpia” comenzará su tratamiento en comisiones el 6 de agosto, y es el que más anuencia reúne. Tanto en el caso de las PASO como del financiamiento de los partidos, hay posturas en contra y resistencia dentro de los bloques dialoguistas. La tarea no será fácil. Otra idea que circuló desde Casa Rosada fue la de incluir la baja de la edad para votar. 

Mientras tanto, en el Senado duerme el proyecto de boleta única de papel, que LLA tuvo intenciones de tratar en sesiones extraordinarias, más no alcanzó a reunir los 37 votos (en el poroteo hay 36). Las negociaciones para avanzar con la iniciativa que tiene media sanción desde mayo de 2022 podrían reactivarse, a partir de aceptar modificaciones y que vuelva a Diputados. La mayor resistencia está en la rionegrina Mónica Silva, quien presentó su propia propuesta. 

Además, la Cámara alta tiene por delante la resolución sobre el proyecto de movilidad jubilatoria, que el oficialismo logró estirar su discusión en comisiones y estaría dispuesto a introducir cambios para frenar el veto anticipado por Milei. Otra tema de los representantes de las provincias serán los pliegos de los candidatos a la Corte, todavía sin fecha de audiencia pública en la Comisión de Acuerdos. 

Como primer punto del temario de la sesión de este jueves, el Senado aprobó un paquete de pliegos con una extensa nómina de ascensos militares y diplomáticos. La votación resultó por unanimidad, con 59 votos afirmativos. Previamente, se dio ingreso formal al pliego que propone como director del Banco Central de la República Argentina a Federico Matías Furiase.

Antes de la votación de los ascensos, se votó a mano alzada la vuelta a comisión de tres de ellos. Dos habían sido pedidos por el senador José Mayans (UP), quien hizo esa solicitud para un mejor estudio de los expedientes correspondientes a Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate y Mariana Edith Plaza.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) incluyó la vuelta a comisión del pliego del vicecomodoro Rubén Daniel Algieri, un ascenso que viene de años anteriores y que tenía una denuncia vigente que no había sido cerrada.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Acuerdos detalló que se trataron “19 mensajes del Poder Ejecutivo Nacional enviados entre los años 2022, 2023 y 2024” que disponen “309 ascensos en las Fuerzas Armadas” y “120 ascensos a embajadores de carrera y ministros plenipotenciarios”. “Estos dos organismos cuentan con sistemas de carrera, con sistemas de mucha jerarquía y muy claros sobre ascensos, con juntas evaluadoras”, resaltó. 

Tagliaferri apuntó que la aprobación de los pliegos “es algo que tiene que hacerse con cierta celeridad, porque lo que entorpece de alguna manera es el funcionamiento de estas dos instituciones”, más allá de que “celeridad que no significa hacerlo con impericia”. “Celebro que podamos estar poniéndonos al día”, dijo. 

La Cámara alta prestó acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato superior a los actuales jefes de las tres Fuerzas Armadas: el contraalmirante de la Armada Argentina Carlos María Allievi, designado jefe del Estado Mayor general de la Armada; el general de Brigada del Ejército Argentino Carlos Alberto Presti, quien fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército; y el brigadier mayor de la Fuerza Aérea Argentina Fernando Luis Mengo, designado jefe del Estado Mayor general de la Fuerza Aérea.

Asimismo, el Senado avaló promover al grado inmediato superior al contraalmirante Pablo Luis Fal; capitán de Navío Juan Alberto Mercatelli; el vicecomodoro Gustavo Daniel Otero; el general de Brigada Sergio Javier Pucheta; el coronel Roberto Casares; y los tenientes coroneles Guillermo Darío Gomar, María Alejandra Freytes y Andrea Cristina De Marco.

También fueron promovidos al grado inmediato superior los coroneles Sergio Jurczyszyn, Guillermo Hipólito Martínez, Jorge Luis Díaz, Cristian Pablo Pafundi y Sebastián Ignacio Ibáñez; los tenientes coroneles Matías Jorge Mones Ruiz, Alejandro Oscar Ratti, Pedro Andrés Figueira Tibiletti, Gustavo Osvaldo Ferrari, Gabriel Andrés Surraco, Bernardo Ariel Cecchini, Juan Martín Barbosa Larronde, Leonardo Javier Suppa, Pedro Lisandro Saiach, Jorge Gustavo Frías Barrera, Christian Laschera, José Antonio Martínez, Néstor Gabriel Delgado, Martín César Bianchi, Pablo Martín Jáuregui, Diego Mariano Margarián, Martín Urqueta, Gustavo Ariel Garrido, Jorge Angel Di Feo Paolini, Cristian Enrique Gerbaudo, Andrés Horacio Revetría, José Manuel Acevedo, Edgardo Ariel Suigo, Maximiliano Alexis Hilger, Walter Fabio Allende, Juan Carlos Ramón Palacios, Marcelo Carlos Regueira Tejedor, Pablo Alberto Fernández, Pablo Antuña, Marcelo Gustavo Amare, Federico Martín Ludueño, Diego Alejo Fernández, Guillermo Raúl Alfredo Larreyna, Fernando Gabriel García Laiun, Hugo Daniel Kannemann, Osvaldo Gentile, Pablo José Molina, Guillermo Manuel Estol, Rubén Gastón Patera, César Diego Altamirano, Fernando Carlos Feijoo, Erick Enzo Giacosa, José Carlos Taffarel y Mariano Jorge Luccón.

Por su parte, ascienden los tenientes coroneles René Gustavo Esteban Cordero Sancolo, Alfio Roberto Basile, Víctor Hugo Den Dauw, Christian Ariel Matías Quinteros, Juan Manuel Pereira Gomes, Carlos Ramón Alonso, Adrián Eduardo Simioni, Hugo Carlos Gorostizu, Paulo Fabián Locastro, Raúl Alfredo Pérez, Sergio Roberto Pallini, Gustavo Christian Casado, Esteban Pedro Mikulic, Sergio Edario Gelman, Ana María del Rosario Nigro, María Mónica Elizabeth Rodríguez, Ricardo Omar Matonti, Luc Antonie Louis Pozo, Emilio Alejandro Lucero, Fabián Eduardo Villegas Zorita, Rosana Zulema Contreras y Marina del Carmen Sánchez.

Al grado superior ascienden el contraalmirante Diego Eduardo Suárez del Solar; los capitanes de Navío Alberto María Cohen Lernoud, Hernán Jorge Montero, Fabián Eduardo Ramallo, Carlos Gabriel Funes, Leonardo Natán Gómez y Cristian Emilio Suárez; los capitanes de Fragata Oscar Retamoso, Esteban Hugo García Moreno, Sebastián Orlando Larocca, Alejandra María Cantero, Lisandro Núñez, Carlos Alfredo Bustos, Ernesto Rubén Chaile, José Alejandro Godoy, Servando Gabriel Jesús Leal Fuentes, Leandro Andrés Mezquita, Claudio Fabián Brillaud Mc Queen, María Paula Beatriz López Narvaja y Luis Marcelo Flores.

Mientras que al grado superior el brigadier Marcelo Guerrero; los comodoros Marcelo Abel Ramadori, Fabián Enrique Capellino, Aníbal Hernán Leiva, Ricardo Gabriel Cappabianca, Rodolfo Ricardo Etchegaray y Héctor Fernando Gutik; los vicecomodoros Mariano Sebastián Triulzi, Carlos Diego Bravo Reta, Marcelo Alejandro Pulenta, Mariano Rubén Garbini, Néstor Fabián Brunetta, Cristian Andrés Galimberti, Juan Manuel Cimatti, Jerónimo Martín Rodríguez Senes, Jorge Alejandro Mac Gaul, Ezequiel Hernán Rodríguez Cisneros, Eber José Chanquía, Gonzalo Díaz Tagle, Christian Lins, Fernando Javier Ymfeld, Eliodoro Ives Pinto Taborda, Miguel Alejandro Marudes, Nicoloás Nelson Despres, Oscar Alejandro Yablanseck, César Oscar Lencina, Matías Eduardo Valdata, Esteban Adrián Alonso, Mariano Leonel Gnesutta, Carlos Gustavo Godino, Jerónimo Javier Cecchetto, Andrés Mario Oliva, José Luis Altamirano, Eduardo Javier Lesiw, Leonardo Robinson Bompadre, Eduardo Juan Riquelme, Juan Carlos Cristian Vitali, José Américo Alvarez, Fabio Adrián Lamas, Sebastián Juan Manuel Menéndez, Adriana del Valle Sánchez, María Alejandra Agosto, Ernesto Hugo Ardini, Patricia Cristina Tarletta, Ana Lucrecia Domingo, María Elena Rossi, María Fernanda Garaboa, Elizabeth Patricia Roberti, María Fernanda Bernasconi, Edgardo Gustavo Quinteros, Roque Alejandro Benavides, Santiago Llabres, Carlos Oscar Aguirre, María Belén Zovich; y el comodoro Rubén Angel Morado.

También fueron promovidos los contraalmirantes Marcelo Riardo Flamini y Marcelo Alejandro Dalle Nogare; los capitanes de Navío Jorge Alberto Marti Garro, Rodrigo Martín Arriegues, Gustavo Adolfo Principi, Daniel Francisco Finardi, Rodolfo Eduardo Berrazay Martínez, Carlos Manuel Falcone, Marcelo Paternostro, Pablo Germán Basso, Javier Pedro López, Rodrigo Fabián Ataun, Gerardo Fabio Dieguez, Alberto Hugo Croci, Daniel Eduardo Giudici, Claudio Alberto Otero, Luis Matías Arbini, Sebastián Alejandro Musa, Patricio Gastón Vega, Rubén Walter Pérez Rochiro, Gustavo Enrique Sagreras, Roberto Ariel Gestoso, Sergio Ernesto Navarro, Ramón Gustavo Bravo, Sergio Fabián Ciminari, Elvio José Hugo Flores, Carlos Manuel Reynoso, Flavio Ariel Olivieri, Mariano Andrés Rivolta, Juan Manuel Rivera, Anselmo Omar Herrera, Manuel Alejandro Lazarte, Marcos Alberto Rodríguez, Rubén Héctor Silva, Andrés Lucas Seidel, José Marcelo Ruiz, Jorge Eduardo Roscoe, Hernán Osvaldo rubio, Armando Martín Verdaguer, Sebastián Mariano Carrasco, Alfredo Antonio Banegas, Diego César Manzor, Jorge Daniel Ventimiglia, Hernán José Cantelmi, Julio César Martín Franco, Juan Carlos Rodríguez Bertinat, Walter Jesús Villafañe y Rubén Alexis Obed.

Otro de los pliegos proponía el ascenso del general de Brigada Guillermo Alberto Canosa; los coroneles Gabriel Rolando Senmartin, Héctor Darío Ochoa, Alejandro Guillermo Liberatori, Gustavo Walter Re, José María Protti, Luis Paolo Guimpel, Gonzalo Roberto César Herrera, Gustavo Fabián García, César Guillermo Mander, Pablo Guillermo Plaza, Eduardo Maldonado, Roberto Oscar Dello Russo y Horacio Luis Ramón Alonso; los tenientes coroneles Martín Eduardo Stella, Raúl Andrés Otero, Marcelo Daniel Pitrella, Damián Leonardo D’Angelo, Antonio Valentín María, Carlos Alvaro Bazán, Néstor Ignacio García Solórzano, Pablo Antonio Restelli, Gabriel Pablo Abello, Juan Pablo Queiruga, Juan Carlos Guerra, Pablo Andrés Meneclier, Eduardo Federico Amado Perondi, Walter Alexander Parszyk, Gastón Daniel Vallejos, Mauricio Gerardo Silvestre, Hernán Pablo Alfonzo, José María Sponer, Gustavo Insaurralde, Marcelo Eduardo Ramos Castañera, Javier Julián Rojo, Alejandro Félix Bazán Güemes Nazar, Gustavo Daniel Barroso, Marcelo Alberto García, Fernando Angel Bartrons, Diego Hernán Vázquez Gil, Sebastián Jesús Díaz, Humberto Pablo Trinchieri, Claudio Alejandro Silva, Juan Cruz Maderna Vélez, Francisco Javier Comezaña, Maximiliano Leonardo Piccolo, Alejandro Angel Soldaini, Gabriel Alberto Roveda, Osvaldo Martín Spena, Cristian Javier Díaz Fraga, Fabián Alejandro Dascola, Mariano Ignacio Gatti, José Orlando Calderón, Andrés Pablo Aguirre, Víctor Hugo González, María del Carmen Martínez, Nelson Fabián Moyano, Carmen Viviana Gamarra y Adriana Mara Angeletti.

La lisa continúa con los brigadieres Néstor Arnoldo Guajardo, Diego Fabián García y Carlos Héctor Valdés; comodoros Plinio Guillermo Poma, Hugo Marcelo Fiocca, Martín Miguel Gómez, Carlos Adrián Pesante, Alvaro José Daniele, Francisco Edgardo Leguiza, Armando Chialvo y Sergio Gustavo Páez Guillén; los vicecomodoros Franco Gabriel Paglione, Juan Manuel Sosa, Hernán Dayde, Adrián Gustavo Del Río, Maximiliano Ismael Videla, Pablo Javier Gómez, Daniel Alberto Falcinelli, Armando Luna Rambaut, Pablo Gabriel Muñoz de Toro, Edgar Walter Durán, Reinaldo Esteban Parra Rodríguez, Pablo Roberto Díaz, Roberto Eduardo Adaro, José César Gaspar Vildoza, Alejandro Darío Rocha, Pedro Rolando Largel, Jorge Alberto Fernández, Gustavo Sergio Gaspar Medrano Costa, María Paola Cudos, Luis Ramiro Carranza Torres, Sandra Mónica Videla, Pablo David Días Gundin, Daniela Del Valle Ibarra y Federico Boolsen Oliver.  Por último, fue ascendido el vicecomodoro Pedro Antonio Orgambide.

Pliegos diplomáticos

El Senado prestó acuerdo para promover a la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario a los funcionarios de la categoría “B” ministro plenipotenciario de Primera Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a Gustavo Nereo Lunazzi, Leopoldo Francisco Sahores, Claudio Ricardo Gutiérrez, Carlos Luis Roque Carbonari, Marcelo Heriberto Buffetti, Gabriel Arturo Martínez, Nora Elizabeth Capello, Roxana Cecilia Sánchez, María Alejandra Pecoraro, Ricardo Luis Bocalandro y Pablo Martín Piñeiro Aramburu. 

También fueron promovidos Elena Leticia Teresa Mikusinski, Eduardo Alejandro Acevedo Díaz, Federico Alejandro Barttfeld, Mateo Estrémé, Ernesto Pablo de la Guardia, Rubén Javier Ruffi, Roberto Sebastián Bosch Estévez, Leonardo Federico Fernández Suárez, Alejandro Guillermo Verdier, Conrado Solari Yrigoyen y Horacio Honorio Fernández Palacio.

Asimismo, se prestó acuerdo para promover a la categoría “B”, ministro plenipotenciario de Primera Clase a los funcionarios de la categoría “C” ministro plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a Marcia Rosa Levaggi, Ramiro Hernán Velloso, Julio César Mercado, Rosa Delia Gómez Durán, Sebastián David Molteni, María Inés Rodríguez, José Luis Fernández Valoni, Sergio Leonardo Servín, Marta Laura Gabrieloni, Jorge Luis López Menardi, Carlos Benjamín Sánchez Vargas, Claudia Corti, Pedro Ezequiel Marotta, Mariano Enrico, Gustavo Alfredo Arambarri, Marcelo Pablo Di Pace, Ana del Carmen Peñaloza, Silvia Elena Warckmeister, Adrián Daniel Serra y Silvia Andrea Cerrato.

Otros funcionarios que ascendieron son Luis Ariel Castillo, Andrea Rita Rovelli, María de los Angeles Arrieta, Pablo José Rodríguez Brizuela, Marcelo Carlos Cesa, Nicolás Sergioi Rebok, Raúl Santiago Allan, Andrea Silvina Repetti, Pablo Exequiel Virasoro, Eduardo Adrián Almirantearena, Pablo Agustín Obregón, Daniel Jorge Pepa, Juan José Beretervide, Victorio Tomás Carpintieri, María Constanza Crespo, Ana Cristina Saino, Eduardo Miguel Bustamante, Eduardo Luis Fuhr, María Sandra Winkler, Cynthia Liliana Hotton, Luis Hernán Albero y Fabián Enrique Aouad.

Para promover a la categoría “C”, ministro plenipotenciario de Segunda Clase a los funcionarios de la categoría “D” consejero de Embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto figuran Estela Alejandra Bursese, Gustavo Héctor Méndez, Azul Ximena Molina, Karina Vanesa Gelman, Francisco López Achával, Gustavo Javier Fernández Briozzo, Guillermo Valentín Rodolico, Alejandro Gabriel Nervegna, Diego Horacio González Massenio, Mariana Valeria Bramano, Silvia Laura Zerillo, Juan Luciano Battaglia, Noelia Dutrey, Valeria Drocco Rabaglia, Santiago Andrés Muñoz Martínez, Nicolás Rantica, Alejandro Horacio Luppino, Jorge Maximiliano Alaniz Rodríguez, Luis Agustín Costas, Verónica Gabriela López Gilli, Ricardo Alberto Di Lelle, Juan Guzik, Victoria Gobbi, Nicolás Mariá Perazzo Naón, Analía Verónica Carreras, Julieta Natalia Tabares y Tomás Pico.

Por último, el Senado prestó acuerdo a Gonzalo Entenza, Juan Antonio Barreto, Eliana Ester Saissac, Julián Alberto Canessa, Lucía Isabel Viera, Sebastián Lucas Nicolino, Natalia Lorena Acevedo, Cecilia Mónica Risolo, Darío Javier Helbert, María Valeria Iglesias, José Sebastián Laino, Erica Silvina Lucero, Pedro Fabián Negueloaetcheverry, Santiago Sinopoli, Sebastián Ballina, Carolina Eymann, Sebastián D’Alessio, Matías José Piris, María Florencia Riveros Abraham, Marina Ripari, Yanina Alejandra Berra Rocca, Daniela Fernández, Lucía Provenzano Castro, María Emilia Cortés, Ricardo Adrián Lachterman y Sebastián Di Luca.

Desde las 11.26, el Senado realiza su quinta sesión del año, conducida en el arranque por el presidente provisional Bartolomé Abdala, con un temario que incluye pliegos con ascensos militares y diplomáticos, la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado contra la AMIA y un proyecto que busca aumentar penas para el delito de compra y venta de niños, tema instalado en el centro de la agenda mediática a partir del caso de Loan Peña.

Además del tramo habitual de homenajes y cuestiones de privilegio, el interbloque de Unión por la Patria ya adelantó que intentará incorporar sobre tablas el proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria -que prevé una recomposición del 8,1% para los haberes previsionales-, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue votado a favor por toda la oposición, excepto el Pro, aliado del oficialismo. En caso de eventualmente ser ley, el presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará, al considerar que atenta contra el equilibrio fiscal.

La iniciativa comenzó a tratarse en comisiones este miércoles, con la decisión de La Libertad Avanza de estirar la discusión. A ello se sumó que desde la UCR y el peronismo federal presentaron proyectos alternativos. Para sumarlo al temario en la sesión se requiere contar con dos tercios de los presentes. A UP le faltarían 15 senadores más si hay asistencia perfecta. El radicalismo ya adelantó que esperará a que haya dictamen, con lo cual forzar el tratamiento fracasaría.

En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del niño de 5 años Loan Danilo Peña, se trata de un iniciativa impulsada por la senadora radical Carolina Losada.

A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

En vísperas del 30° aniversario del atentado a la AMIA, se convertirá en ley un proyecto venido de Diputados que declara al 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las 85 víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía. El texto agrega que ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, además de actividades conmemorativas que deberán realizarse en las escuelas.

La Cámara alta se propone realizar este jueves una nueva sesión especial, en la que se tratará una serie de ascensos diplomáticos y militares, como así también otros proyectos, entre ellos uno para modificar el Código Penal.

La sesión será oficializada este lunes, y se prevé que dé inicio en horas de la mañana.

Debatirán dictámenes de los senadores Carolina Losada y Antonio Rodas para modificar el Código Penal respecto de la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

También, según pudo saber parlamentario.com, abordarán el dictamen suscripto -como el anterior- el último jueves para declarar duelo nacional en el homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Los tres temas fueron abordados el jueves último, cuando bien temprano la Comisión de Acuerdos del Senado se ocupó de analizar los pliegos de ascenso de funcionarios diplomáticos de carrera y personal militar, correspondientes a los pasados tres años.

Entre los ascensos solicitados, que serán puestos a consideración del pleno este jueves, se encuentran los actuales jefes de las tres Fuerzas Armadas para ser promovidos al grado inmediato superior: general de brigada Carlos Alberto Presti (Ejército), contraalmirante Carlos María Allievi (Armada) y brigadier mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea). En esa oportunidad se evaluaron seis expedientes solicitando ascensos para 120 miembros del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de otros 13 expedientes para ser promovidos al cargo superior a 309 integrantes de las tres Fuerzas Armadas, dependientes del ministerio de Defensa.

Cabe recordar que luego de darse lectura a la nómina propuesta para que personal de Cancillería pueda ascender una categoría (embajadores extraordinarios y plenipotenciarios y consejeros de embajadas y cónsul general), la senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó dejar en suspenso el pliego de uno de los postulantes: Mariano Vergara, a fin de investigar su situación judicial porque fue denunciado presuntamente por violencia de género y ha sido un caso mediático. Sin embargo desde La Libertad Avanza aclararon que fue desestimada esa denuncia, por lo cual, de no haber ningún problema puntual, ese nombre será incluido en el temario.

En cuanto a la lista de ascensos de militares, fue retirado de la nómina al comandante de Brigada Pablo Francisco De Palo por estar incluido en el proceso abierto en la justicia para investigar lo ocurrido en mayo pasado en el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército Córdoba, a raíz de un “bautismo” con cal viva sufrido por 35 paracaidistas.

Otro caso que despertó una consideración especial fue la situación del vicecomodoro Daniel Algieri, quien según indicó Fernández Sagasti “fue impugnado por acoso sexual y laboral”, mientras que la titular de la comisión, Guadalupe Tagliaferri aseguró que “no se procedió a la impugnación y sigue estando el mensaje para su ascenso”.

Ese mismo jueves, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales dio luz verde al proyecto de ley proveniente de Diputados, que declara duelo nacional el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en esa fecha de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Además, la comisión debatió sobre dos proyectos de ley que buscan incorporar el art. 148 ter. al Código Penal, en relación a la protección de las infancias; y modificar el art. 139 del Código Penal tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

La senadora radical Carolina Losada presentó ese proyecto el 13 de marzo pasado, proponiendo entre otras cosas imponer prisión de 3 a 10 años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación.

Asimismo incorpora al capítulo del Código Penal correspondiente a “Supresión y suposición del estado civil y de la identidad”, en el  Título IV “Delitos contra el estado civil”, del Libro Segundo “De los delitos”, un artículo que reprime con prisión de 5 a 15 años a “quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en los artículos 138 y 139, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”.

En el caso del proyecto de Antonio Rodas, el mismo reprime con reclusión o prisión de 3 a 10 años, “el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en los artículos 138 y 139, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad. Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena el funcionario público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en los artículos 138 y 139”.

La ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que sancionó definitivamente en la Cámara de Diputados contiene 238 artículos, distribuidos en nueve títulos: declaración de emergencia; reforma del Estado; contratos y acuerdos transaccionales; promoción del empleo registrado; modernización laboral; energía; Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI); medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad (tabaco); y disposiciones finales.

* Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

* Se delegan facultades al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional.

* El Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

* Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

* El Poder Ejecutivo no podrá disponer la disolución de una treintena de organismos, entre ellos el CONICET, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, la UIF, el INTI, el INTA, el SENASA, el SMN, el Banco Nacional de Datos Genéticos y todos aquellos vinculados a la cultura, entre otros.

* Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. Se excluye de la lista al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565.

* En el capítulo de privatizaciones, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

* Sujetas a total privatización figuran Energía Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

* “El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.

* Se prevé la promoción del empleo registrado. “Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley”.

* “La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adeudadas. Se podrá establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, agrega.

* El articulado también indica que los trabajadores incluidos en la regularización tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

* El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; y un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural.

Reforma laboral

* Eliminación de multas a empleadores por tener trabajadores no registrados.

* Se lleva el período de prueba de tres a seis meses y se determina que podrá ser de hasta ocho meses en empresas de seis hasta 100 trabajadores, y de hasta un año en empresas de hasta cinco trabajadores.

* Fondo de cese laboral: Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización y/o la suma que libremente se pacte entre las partes.

* Se introduce la figura de “colaboradores” en empresas de hasta tres trabajadores “independientes” para “llevar adelante un emprendimiento productivo”. Se habla de una “relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación”.

* En Senado se agregó que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.

RIGI

* Se plantea la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.

* El RIGI resultará aplicable en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

* El plazo para adherirse al RIGI será de dos años y el Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar por única vez la vigencia del plazo por un período de hasta un año.

*Se incorporó que se “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación”.

* En el anteúltimo capítulo se aumenta la tasa del impuesto interno sobre los cigarrillos del 70% al 73%.

Temas que se quitaron en el Senado

* El capítulo previsional, por el cual se eliminaba la moratoria previsional (Ley 27.705) y se creaba una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplieran con los requisitos necesarios.

* Se sacaron de la lista de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, y Radio y Televisión Argentina.

* Se aprobó con dos tercios de los votos eliminar la derogación del Estatuto del Viajante.

Antes de abocarse a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, ambos candidatos a ocupar la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acuerdos del Senado buscará avanzar esta semana con un paquete de ascensos militares y diplomáticos.

La comisión, presidida por la macrista Guadalupe Tagliaferri, fue convocada para este jueves a las 11 en el Salón Illia.

En el temario figuran ascensos de personal dentro de la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército Argentino y, por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

De los 19 expedientes a tratar, seis de ellos fueron enviados por la anterior gestión de Alberto Fernández.

Se espera que la audiencia de fuerte interés sea la que se convoque en los próximos días para que se presenten Lijo y García Mansilla, los elegidos por el Gobierno nacional para formar parte del máximo tribunal del país. En la sesión del pasado 12 de junio, los pliegos tomaron estado parlamentario. 

En el caso del juez federal Lijo, para cubrir la silla que se encuentra vacante desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021; y en el caso del académico García Mansilla para asumir en lugar de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará este año.

A diferencia de los pliegos que se tratarán este jueves, las designaciones para la Corte necesitan de los dos tercios de los votos para su aprobación en el recinto. Lijo ya confirmó en su entorno tener los votos (hay aval desde Unión por la Patria, el bloque más numeroso de la oposición), mientras que García Mansilla todavía no reúne el número.

Llega el momento decisivo para la ley de Bases y el paquete fiscal. Esta semana serán finalmente ley, si se cumple el cronograma preparado por las autoridades oficialistas, que prevén el tratamiento de ambas leyes en comisiones este martes y el debate en el recinto el jueves venidero. Queda el miércoles libre, por si se estira la discusión el martes más de lo previsto. La convocatoria oficial saldrá este lunes.

Recordemos que la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos necesitará dictamen de las comisiones que originalmente debatieron el proyecto: Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. A continuación de esa reunión, los miembros de Presupuesto y Hacienda se quedarán para analizar la media sanción proveniente del Senado para el proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Convengamos que no es necesario que un proyecto vuelto en revisión a la Cámara de origen pase nuevamente por comisión para emitir dictamen. El texto a analizarse en general es el que llega de la otra Cámara, pero en este caso y dada la complejidad del tema, se hace necesario un nuevo tratamiento en comisión, donde ya no se podrán hacer cambios. Pero hace falta emitir un nuevo dictamen dado el interés de combinar en el texto definitivo que se pondrá a consideración partes de la media sanción de Diputados con los cambios en el Senado.

No necesariamente habrá un solo dictamen; puede haber más de uno, aunque a estas alturas nadie ha anticipado que vaya a preparar un dictamen alternativo. El oficialismo irá al debate con la intención de ratificar el texto original, mientras que los bloques dialoguistas se proponen incluir en el que se descuenta será el dictamen de mayoría elementos que se sumaron en la Cámara alta y que “enriquecieron lo aprobado en esta Cámara”, tal cual confiaron a este medio diputados de dos de los bloques dialoguistas que trabajaron hasta abril pasado con el oficialismo para alumbrar las leyes que ahora entran en su etapa definitoria.

El principal bloque dialoguista del Senado trabajó mucho en los cambios realizados allí, razón por la cual los últimos días reclamaron que se contemplen las modificaciones realizadas “que hicieron mejores a los proyectos”. “Hicimos nuestro trabajo como Cámara revisora aportando cambios”, remarcó este fin de semana el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, que le tiró la pelota a sus correligionarios de la Cámara baja al expresar su confianza “en el trabajo que allí desarrollará nuestro bloque”, a quienes pidió el acompañamiento de los cambios introducidos porque “cumplen con el objetivo de sacar las mejores leyes posibles”.

Desde la otra Cámara han mostrado un acompañamiento a medias a ese pedido. Las fuentes opositoras de la Cámara baja coinciden en que las modificaciones realizadas en el RIGI son “positivas” y van a acompañarlas. Pero ya en el capítulo de las privatizaciones habrá discrepancias. En el Senado se acordó sacar de las empresas privatizables a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. Todo indica que para ese título será ratificado el texto original de la Cámara baja -donde no figuran esas excepciones-, que contará con la anuencia previsible de La Libertad Avanza y el Pro, pero también por lo menos el radicalismo y la Coalición Cívica.

El Gobierno pidió especialmente que se reponga en el texto definitivo lo aprobado en Diputados en cuanto a Ganancias y Bienes Personales. Recordemos que ambos temas fueron rechazados en el Senado. Está la decisión de los bloques dialoguistas de darle al Gobierno esa posibilidad, pero el radicalismo ya anticipó que quieren que exista “un pedido claro de que el Ejecutivo lo necesita para sus objetivos económicos”.

En cuanto a la reforma laboral, el proyecto del Senado es un poco más severo que el de Diputados. Autores del texto original luego descafeinado en comisiones, los radicales están de acuerdo con los retoques del Senado, porque incluyeron el bloqueo a empresas como causa de despido. Habrá que ver en ese caso cuál es la postura de los diputados de Hacemos Coalición Federal, particularmente su jefe, Miguel Pichetto, quien es el que a instancias de los gremios había instado a morigerar los alcances de la “modernización laboral”.

Un artículo eliminado por el Senado es el 111, que en su intención de mejorar la recaudación quitando privilegios tributarios parecía estar dirigido a Tierra del Fuego. Un abanico amplio del espacio dialoguista estaría dispuesto a su inclusión en el texto definitivo, pero dado que en el Senado la eliminación consiguió una mayoría de dos tercios eso será prácticamente imposible.

En rigor, estamos hablando de las partes más discutidas de la norma que se debatirá esta semana: si la Cámara baja puede reponer artículos que fueron rechazados por la otra Cámara. O incluso que fueron excluidos del debate, como el título referido a la moratoria previsional.

Hay dos bibliotecas que competirán en el debate que se dará el martes en las comisiones y se revivirá el jueves. Y que seguramente dominará ambas jornadas, pues un sector importante considera que lo que ha sido rechazado -o directamente no debatido- en el Senado, no puede ser reflotado por la Cámara de origen. Será una discusión amplia que sumará por supuesto a los diputados de Unión por la Patria, pero también a algunos radicales. Incluso el diputado Miguel Pichetto estaría alineado con ese concepto. Pero la discusión se dilucidará con una votación que oficialismo y afines descuentan que ganarán.

La votación en particular

Se llegará al jueves con el antecedente de lo sucedido ya el 30 de abril, cuando ambas leyes fueron aprobadas en general por amplias mayorías. La de Bases, por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, que correspondieron a los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal; y la cívica Mónica Frade.

De los 142 votos positivos, 37 correspondieron a La Libertad Avanza, 3 al bloque MID; 36 del Pro; 30 de la UCR; 18 de HCF; los 8 de Innovación Federal y los 3 tucumanos del bloque Independencia. También votaron a favor las 2 diputadas de Buenos Aires Libre, las 2 diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo; la diputada de Creo, Paula Omodeo; Osvaldo Llancafilo del MPN, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

En contra votaron 98 de los 99 miembros del bloque Unión por la Patria; los 5 de la izquierda. De Hacemos Coalición Federal, votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.

Cabe destacar que la votación del dictamen que se ponga a consideración no será una sola, sino que se discutirá título por título. Esto es, será como una nueva discusión en particular. Por eso vale recordar cómo se dio la del 30 de abril para la ley de Bases.

En primer lugar, el oficialismo consiguió con 134 votos afirmativos, 117 negativos y 1 abstención la aprobación del artículo 1ro. que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

Luego fue el turno del capítulo I, compuesto por los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que fue avalado con 135 votos afirmativos, 112 negativos y 2 abstenciones. Es el referido a la reforma del Estado, reorganización administrativa, con las bases de delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos y sobre los fondos fiduciarios.

Más tarde, con 138 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones se aprobó el capítulo II, que dispone las privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Al pasar al capítulo III, sobre procedimiento administrativo, se obtuvieron 148 votos afirmativos, 104 negativos y cero abstenciones.

El capítulo IV, de reforma de la Ley de Empleo Público, resultó avalado con 138 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención.

El capítulo referido a la promoción del empleo registrado cosechó 147 votos afirmativos, 103 negativos y 0 abstenciones.

La primera parte del capítulo de modernización laboral se aprobó por 138 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones.

El artículo 92, del Fondo de Cese Laboral, se aprobó por 136 votos a favor, 113 negativos y 4 abstenciones.

Luego se votó también el artículo 93, avalado por 136 votos a favor, 113 en contra y 2 abstenciones, que introduce la figura de “colaboradores”.

El capítulo de energía, referido a las reformas de la Ley de Hidrocarburos, fue aprobado con 144 votos a favor, 106 en contra y 0 abstenciones, y Ley de Gas Natural, con 146 a favor, 107 en contra y 0 abstenciones.

La creación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares, fue aprobado (el capítulo I de ese título, con 12 capítulos en total) con 134 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones.

La derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilacióntuvo 125 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones.

Sobre el final, se sumó el tema del Tabaco, que tuvo 82 votos a favor, 77 en contra y hubo 69 abstenciones.

El paquete fiscal

Concluida la votación de la ley de Bases, se pasará a la de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que fue aprobada en general a las 14.57 por 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

El oficialismo se alzó con esta victoria legislativa con los votos propios, más los del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y los bloques cercanos.

El oficialismo logró aprobar con 146 afirmativos, 102 negativos y 0 abstenciones el título I de Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.

El llamado “Régimen de Regularización de Activos resultó con 131 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones.

El título III que contempla el Impuesto sobre los Bienes Personales -artículos del 52 al 73- resultó afirmativo con 142 votos a favor, 106 en contra y 2 abstenciones.

Luego se puso a consideración el título IV sobre la eliminación del impuesto a la transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas -artículo 74- que resultó aprobado con 147 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención.

El título V es el que vuelve a instalar el impuesto a las Ganancias y que resultó aprobado con 132 votos afirmativos, 113 negativos y 4 abstenciones.

El título VI de Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) resultó aprobado con 142 votos afirmativos, 104 negativos y 2 abstenciones.

En un trabajo elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros se puntualizan todos los artículos votados originalmente en la Cámara baja y las modificaciones realizadas en el Senado, del proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. A continuación parlamentario.com transcribe todas las modificaciones consignadas

En primer lugar, el miembro informante del oficialismo, Ezequiel Atauche, indicó que aceptaba la sugerencia de eliminar el artículo 19 del dictamen.

En el capítulo referido al blanqueo, en el artículo 25 se eliminó el inciso h), que dice: “Las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares, sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”.

Capítuo V – Supuestos especiales de exclusión de base imponible y pago del impuesto especial de regularización

En el artículo 32, en la parte que refiere al plazo en que los fondos depositados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos, se hace referencia a la reglamentación, acotando que la misma “deberá contemplar instrumentos financieros que emitan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para  integrar la financiación de obras públicas”.

En ese mismo artículo, el miembro informante indicó que se introdujo una modificación formal de redacción en la remisión de los números de artículos, siendo los correctos 62, 63 y 64, en lugar de 63, 64 y 65.

Capítulo VI – Bienes inmuebles registrados a nombres de terceros

El artículo 39 quedó redactado así: “Imposibilidad de transferencia. Si no fuera posible transferir la propiedad del bien inmueble al declarante en el plazo previsto por el artículo 38, los contribuyentes deberán presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos una nota manifestando las razones y aportando la documentación e información que sea necesaria para el análisis del caso, de acuerdo a lo que indique la reglamentación”.

Se suprimió en ese artículo este párrafo: “Si, luego de analizada la documentación presentada, se considerase que la transferencia puede ser realizada, pero se requiere un plazo más extenso, la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá conceder una extensión de plazo”.

Se agregó este párrafo que limita la extensión por parte de la AFIP para la posibilidad de transferencia de inmuebles registrados a nombre de terceros en un plazo de 12 meses: “La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá conceder una extensión de plazo, el cual no podrá exceder de doce (12) meses contados a partir de la respectiva notificación. Vencido dicho plazo sin que se haya realizado la correspondiente transferencia, el régimen establecido en el artículo 35 de la presente ley no resultará aplicable”.

El párrafo siguiente quedó así redactado: “Por el contrario, si la Administración Federal de Ingresos Públicos determinara que, por las razones invocadas, no es posible realizar la transferencia de los bienes inmuebles en razón de existir una prohibición insalvable, el contribuyente quedará eximido de la obligación de transferir la propiedad del bien regularizado”.

Capítulo VII – Efectos de la regularización

En el artículo 41, se elimina la frase “General de sociedades” del párrafo referido a quienes quedan comprendidos en esta liberación de toda acción civil y por delitos tributarios.

Cambia luego el artículo 47, en la parte que menciona al artículo 35, debiendo decir artículo 35 4). 

Capítulo IX – Sujetos excluidos

En el artículo 47, que refiere a los familiares de funcionarios públicos que quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos, se agrega a los ascendientes y descendientes de segundo grado.

En el artículo 48, inciso b) se agrega entre los sujetos incluidos a los condenados con condena firme en primera instancia, en lugar de segunda instancia, como decía el original. En los incisos c) y d) se hace la misma aclaración.

En el inciso e) se acepta excluir a los familiares hasta cuarto grado de consanguinidad de los procesados determinados en el párrafo anterior.

En el artículo 50 se agrega este texto: Los sujetos que adhieran al Régimen de Regularización de Activos no podrán inscribirse en regímenes de regularización de activos no declarados, cualquiera fuera su denominación, que pudieran eventualmente implementarse hasta el 31 de diciembre de 2038.

En el Título III – Impuesto sobre los Bienes Personales, se cambia la numeración de un artículo dentro del artículo 55 del proyecto.

Capítulo II – Modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales

Se agrega el artículo 70 bis, que dice lo siguiente: Las alícuotas del gravamen a ingresar por aquellos contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17 de la ley 23.966 de Impuesto sobre Bienes Personales (texto ordenado 1997 y

sus modificaciones) que se adhieran al Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley, se incrementarán en un veinte por ciento (20%) de las previstas en el artículo 25 de la ley 23.966 modificado por el artículo 70 de la presente, conforme a la siguiente escala, ver cuadros: a (para el período fiscal 2023), b (para el período fiscal 2024), c (para el período fiscal 2025) y d (para el período fiscal 2026). e. Para el período fiscal 2027: La alícuota será de cero coma treinta por ciento (0,30%) sobre el valor total de los bienes que excedan el mínimo no imponible establecido en el artículo 24 de esta ley. Los montos previstos en las mencionadas escalas deberán ajustarse, a partir del período fiscal 2024, en los términos de lo establecido en el artículo agregado a continuación del artículo 24 de esta ley. Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.

Incluye cuadros cuadros: a) para el período fiscal 2023, b) para el período fiscal 2024, c) para el período fiscal 2025 y d) para el período fiscal 2026). 

Título V – Impuesto a las Ganancias

Este título fue eliminado por completo en el Senado por 41 votos contra 31.

Se agregó como artículo 78 bis este texto: “Agréguese como cuarto párrafo del artículo 31 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, el siguiente: Cuando se trate de empleados en relación de dependencia y jubilados que vivan en las provincias y/o, en su caso, partido, a que hace referencia el artículo 1 de la Ley 23.272 y sus modificaciones, las deducciones mencionadas en el artículo 30 se incrementarán en un 22% (veintidós por ciento)”.

Título VI – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

Fue eliminado el artículo 100, que dice: “Deróganse el último párrafo del artículo 39, los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 47 y el último párrafo del artículo 48, del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias”.

También fue eliminado el artículo 111, por 64 votos contra 6. El mismo instaba al Poder Ejecutivo nacional a “que en el plazo perentorio de sesenta (60) días de sancionada la presente envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un dos por ciento (2%) del Producto Bruto Interno mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del artículo 2º del decreto 1731/2004”.

Se agregó el artículo 112, votado por 69 votos a favor y solo una abstención, que dice: Modifíquese el artículo 22, del Título IV, Capítulo VI “Regalías”, de la Ley 24.196, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 22: Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir regalías no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor boca mina del mineral extraído. Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior y exclusivamente respecto a proyectos mineros que no hubieran iniciado su construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente título, las provincias adheridas al régimen de la presente ley que perciben regalías o decidan percibirlas podrán percibir en conceptos de regalía un porcentaje que no exceda un 5% sobre el valor boca mina del mineral extraído.

En un trabajo elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros se puntualizan todos los artículos votados originalmente en la Cámara baja y las modificaciones realizadas en el Senado, del proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. A continuación parlamentario.com transcribe todas las modificaciones consignadas

Título I. Declaración de emergencia. Título II. Reforma del Estado.

En el Capítulo 1 – Reorganización administrativa, al listado de organismos cuya disolución no podrá disponer el Poder Ejecutivo fueron incluidos en el Senado los siguientes: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y aquellos organismos vinculados a la cultura.

Y agrega: En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

En el artículo 5°, inciso c), donde dice: Queda excluido de las facultades de este artículo: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley 25.565, se agrega: y ampliado y modificado por ley 27.637.

En el artículo 6°, que autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir organismos descentralizados, se agregan los siguientes: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Capítulo II – Privatización

En el Senado se eliminó el artículo 7°, que señala: Decláranse “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley.

Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución.

En el artículo 14, se agrega el plazo de ciento veinte (120) días hábiles como el tiempo que la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas. 

Capítulo III – Procedimiento administrativo

En el inciso b) del artículo 10, se agrega la palabra “administrativa” a la autorización exigida para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto, al que se le agrega la siguiente frase: en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración.

Más adelante, en ese mismo inciso, se incluye este agregado: Las disposiciones previstas en el inciso b) de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente. 

Capítulo IV – Empleo público

En el artículo 12 se agrega este párrafo: Asimismo, aquellos agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad. 

Título III – Contratos y acuerdos transaccionales

En el Capítulo I – Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales, se incluye el siguiente artículo 63 bis: A los fines establecidos en el art 63 se entenderá que resulte económica y financieramente inconveniente para el interés público suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un 80% a la fecha de la sanción de la presente ley o que cuenten con financiamiento internacional para su concesión, en caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, sus ejecución se reanudara previo acuerdo firmado, entre comitente o contratante y contratista, y que deberá ser aprobada por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito en 90 días desde la publicación de la presente ley.

Capítulo II – Concesiones

El artículo 65 sustituye el artículo 1° de la Ley 17.520 por otro donde a las concesiones de obras e infraestructuras públicas se le agrega “y servicios públicos” y a las sociedades privadas se le agrega: “o mixtas o a entes públicos”, y por último, a la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas se le agrega: “Y para la prestación de servicios públicos”.

Más adelante, se agrega a la capacidad de otorgar concesiones de obras, infraestructuras públicas las palabras “y servicios públicos”.

Al final de ese artículo se suma este párrafo: A los fines de la consecución de los objetivos planteados en la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, podrá delegar las facultades y obligaciones que establece la misma en las jurisdicciones y entidades que estime convenientes”.

Luego, en el artículo 66, que sustituye el artículo 4° de la Ley 17.520, se agrega en el artículo 4° tres veces a “los servicios públicos”. Lo mismo se incluye en el artículo 7° bis de la Ley 17.520 que es sustituido a través del artículo 68 de esta norma.

Título IV promoción del empleo registrado

Del artículo 79, se eliminan estos párrafos: La reglamentación podrá disponer planes de regularización plurianuales, previendo un plazo máximo de cinco (5) años y una regulación anual mínima del veinte por ciento (20%) de las diferencias. Elimina párrafo referido a los planes de regularización plurianuales

El porcentaje deberá ser constante o decreciente a lo largo de todo el plan de regularización.

Título V Modernización laboral

En el Capítulo 1 – Modificaciones a la Ley 24.013, donde dice: “contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales, se agrega: legales y de la Seguridad social.

Capítulo II – Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

Se agrega como artículo 87 este texto: Sustitúyese el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, por el siguiente: Incorpora artículo referido al Ámbito de aplicación

Artículo 2° — Ámbito de aplicación. La vigencia de esta Ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables:

a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.

b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente.

c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario.

d) A las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Se incluye como artículo 87 bis: Sustitúyese el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

Incorpora artículo referido a la presunción de la existencia del contrato de trabajo

Artículo 23° Presunción de la existencia del contrato de trabajo.

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente.

Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la Seguridad Social.

A través del artículo 89 se sustituye el artículo 92 bis de la Ley 20.744, agregándole al inciso b) este texto: Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción.

Luego se agregan estos artículos: Artículo 91 bis .- Sustitúyese el artículo 242 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 242.- Justa causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.

La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:

a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;

b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;

c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente.

Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.

Capítulo III – Fondo de cese

En el artículo IV – De los trabajadores independientes con colaboradores, al artículo 94 se le incluye el hecho de que el trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres (3) trabajadores independientes, en lugar de cinco (5).

Y a ese mismo artículo se le agregan estos párrafos: El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica.

Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda.

En el Capítulo VI – Derogaciones, no se contempla el artículo 96, que deroga la Ley 14.546.

Título VI – Energía

En el Capítulo V – Adecuación de las leyes 15.336 y 24.065, al artículo 160 se le suma esta frase: “y la normativa reglamentaria correspondiente conforme a las siguientes bases:”.

Y por último, en el inciso g), a la infraestructura eléctrica citada se le agrega como condicióin “de jurisdicción nacional”.

Título VII – Régimen de Incentivo para Grandes Inversioines (RIGI),

En el artículo 163, referido a la creación y ámbito de aplicación, se suma la frase “por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI.

Al artículo 164 se le suma al inciso h) la palabra “Fomentar”, más el inciso i), que dice: “Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.

Capítulo II – Plazo. Sujetos habilitados

En el artículo 165, en lugar de indicarse que el RIGI será aplicable a “cualquier sector”, se establece que es para sectores “de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas”.

Luego se suman los siguientes párrafos:

Asimismo, los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada, podrán solicitar su inscripción al RIGI exclusivamente a los efectos de contar para ello con los incentivos y derechos previstos en el artículo 188 de la presente Ley respecto de las mercaderías, incluidos los insumos, que importen para la prestación que pretendan brindar a un VPU adherido al RIGI.

Dichos incentivos aplicarán exclusivamente respecto de la mercadería que fuera importada con destino a la provisión de bienes o servicios a un VPU adherido, no pudiendo aplicarlo a mercadería que pretenda ser destinada a otros fines. Si se importare la mercadería con destino a la prestación en favor de un VPU y el proveedor no pudiera destinar dicha mercadería a la provisión en favor de un VPU adherido al RIGI, sea por no haber sido seleccionado para una licitación o por terminación del contrato que le dio origen a la provisión, o causa similar, el proveedor beneficiario deberá informarlo a la autoridad de inmediato y solicitar la desafectación del destino de la mercadería antes de poder utilizarla para otro destino. A partir de su inscripción, los proveedores deberán facturar anualmente, en concepto de bienes vendidos y/o servicios prestados y destinados a los VPU inscriptos en el RIGI, un porcentaje en relación al total de su facturación no inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación.

Al vencimiento de cada año calendario el proveedor deberá informar dicho porcentaje a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por Contador Público matriculado.

Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumpliere, el proveedor quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso de los incentivos del artículo 188, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación. A partir de la segunda suspensión dispuesta, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la baja definitiva del proveedor.

Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia del artículo 188, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios al VPU adherido, debiendo el prestador informar de ello a la Autoridad de Aplicación como sea requerido por la resolución complementaria.

El incumplimiento de estas disposiciones por parte del prestador de servicios calificará como infracción en los términos previstos en el artículo 209 excluido su inciso "f)", conforme la infracción que resulte aplicable a criterio de la Autoridad de Aplicación, y lo hará pasible de las sanciones previstas en el artículo 211.

En el Capítulo III, referido a los requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI, en el artículo 171 referido a los montos mínimos de inversión, se incluye a los activos computables por sector “o subsector”, como así también a “por etapa productiva, iguales” o mayores a 200 millones de dólares.

También agregan como inciso h) este texto: “declaración jurada, sustentada en un estudio técnico, en el que establezca que el VPU no distorsionará el mercado local.

Se agrega el inciso L), como Plan de desarrollo de proveedores locales al que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del Proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al Proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.

Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación”.

En el artículo 175 se borran estas cláusulas: El incumplimiento de los plazos previstos en el párrafo anterior podrá acarrear responsabilidad para la administración.

Cualquiera sea el estado del procedimiento, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre la aprobación o rechazo dentro del referido plazo.

Y se agrega como inciso h) este texto: “La determinación por parte de la Autoridad de Aplicación de que el ingreso al RIGI por parte del VPU solicitante generaría una distorsión en el mercado local”. 

Capítulo IV – Incentivos tributarios y aduaneros

En lo aprobado en Diputados figura el artículo 183, de donde se elimina este texto referido al reparto de dividendos y utilidades: “se distribuyan o remeses luego de transcurridos tres (3) años desde el cierre del ejercicio fiscal en el que se realizaron las utilidades que los originaron, tales dividendos y utilidades”.

En el artículo 188, que refiere a las importaciones para consumo de mercaderías, se agrega esta referencia: “Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo”.

En el inciso i), a la obligación de adquirir insumos de proveedores nacionales en condiciones menos favorables que las condiciones de mercado, se agrega: “sin que ello impida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar e implementar políticas de contratación de proveedores en condiciones de mercado”.

Capítulo V – incentivos cambiarios

El artículo 196 habla de los cobros de prestaciones de productos del proyecto adherido al RIGI. En el inciso a) se establece el 20% luego de transcurrido dos (2) años, en lugar de uno como dijo Diputados; 40% transcurridos tres (3) años en lugar de 2; y 100% luego de transcurridos cuatro (4) años, en lugar de 3.

Al hablar del cobro de exportaciones, en el inciso i) es un 20% luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha del VPU, mientras que en el texto de Diputados refería a la fecha de adhesión al RIGI; y en el artículo ii) se habla de un 40% de transcurridos dos (2) años en lugar de uno, contado desde la fecha de adhesión al RIGI. Además, para el 40% deben pasar dos (2) años en lugar de uno; y para el 100%, tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU y no desde la fecha de adhesión al RIGI.

El Senado agregó este párrafo: Resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación.

Capítulo VIII – Régimen infraccional y recursivo aplicable al VPU

En el artículo 209, al inciso e), referido al desarrollo de actividades que no correspondan al objeto único del VPU en violación a la obligación prevista en el párrafo segundo del artículo 167, se le suma “o, en el caso de proveedores, no cumplir con los requisitos y obligaciones previstos para ellos en los párrafos quinto a octavo del artículo 167”.

 

 

 

Tras aprobarse en general, el Senado llevó a cabo la votación en particular de la ley de Bases. A propuesta del senador Juan Carlos Romero, la misma se realizó por títulos, de modo de agilizar el trámite. 

El primer título, que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, recibió 35 votos a favor y 35 votos en contra. Los dos ausentes fueron los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. Al repetirse el mismo número tras una nueva votación, la vicepresidenta Victoria Villarruel desempató a favor. 

Además, a través del artículo 1ro., el único del título I, se delegan facultades al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. El Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”, reza el texto. 

Al pedir modificaciones que el libertario Bartolomé Abdala, miembro informante del oficialismo no aceptó, el senador de Unión por la Patria Daniel Bensusán dijo que de aprobarse habría que "ponerle candado al Congreso por un año" y que tal como está redactado "es anticonstitucional".

Minutos antes de la medianoche se votó el título II referido a la reforma del Estado, con las bases de las delegaciones legislativas, las privatizaciones, las reformas en procedimiento administrativo y Ley de Empleo Público. Nuevamente, Abdala no aceptó modificaciones pedidas por Edith Terenzi (CF) y Anabel Fernández Sagasti (UP). Otra vez el tablero marcó 35 a 35 y, luego de rectificar, la vicepresidenta desempató a favor del título. 

Sin empate, el título III sobre contratos y acuerdos transaccionales resultó aprobado con 37 votos a favor y 33 en contra. 

En el título IV, sobre promoción del empleo registrado, el radical Martín Lousteau señaló que se contempla una “moratoria para lo no registrado”, entonces propuso incorporar “más incentivo” para quienes tienen empleados registrados y la creación de un programa en la AFIP. Pero Abdala no aceptó modificaciones. El primer resultado fue de 35 a 35, pero en la segunda votación salió aprobado con 37 votos a favor y 33 en contra.  

Al momento de tratar el título V de modernización laboral, más conocido como reforma laboral, los senadores Edith Terenzi (CF), Pablo Blanco (UCR) y Mariano Recalde (UP) pidieron votar por separado el artículo 96 sobre la derogación del Estatuto del Viajante. “No comprendo cuál es el motivo de esta derogación, se trata de un sector muy pequeño, no afecta al sistema, pero sí están en juego más de 50 mil familias”, dijo Terenzi al pedir su eliminación. 

Abdala opuso resistencia, insistiendo con que se había aprobado la moción para votar por títulos. Pero ante el reclamo de Blanco y el asentimiento de Romero, se aceptó abrir la votación a ese artículo en particular, que terminó rechazado por 52 votos en contra y 18 a favor. Al superar los dos tercios, es casi imposible que Diputados pueda reponerlo. En tanto, el título sí se aprobó con 37 votos positivos y 33 negativos. 

Al pasar al título VI, referido a energía, el senador Oscar Parrilli (UP) cuestionó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, al considerar que “no solamente va a perjudicar a las provincias, sino a todos los argentinos” porque “le va a dar la política energética a las empresas petroleras”. “Es lo más catastrófico que se haya visto”, agregó. Sin embargo, el título se aprobó por 37 votos positivos y 33 negativos. 

Cuando se llegó al título VII, sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Abdala hizo una corrección sobre la modificación al artículo 165 que había anunciado más temprano, para aclarar que aplicará a “las grandes inversiones en proyectos de los sectores de foresto-industrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas”.

Lousteau pidió reemplazar todo el título por el de su dictamen, al considerar que el RIGI propuesto desde el oficialismo “es enormemente abierto, aplica a beneficiar inversiones que de todas maneras ya estarían viniendo a la Argentina. Le vamos a estar regalando plata a sectores que no lo necesitan, que solo van a aumentar la rentabilidad”. “El RIGI acumula regímenes de promoción”, agregó. 

“Afuera los carteles de que ‘la Patria no se vende’, con este RIGI la Patria se regala”, lanzó la riojana Florencia López (UP), quien dio una larga argumentación en contra de este punto. Luego le siguió Terenzi, que alertó por la ausencia de contemplar la cuestión ambiental. 

Por su parte, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) dijo extrañar “la amplitud de la redacción original” del artículo 165, para pedir que “no excluyamos ningún sector” del RIGI. 

El rionegrino Martín Doñate (UP) se quejó de que “entre gallos y medianoche” se incorporó al sector del turismo y “esto va a hacer pelota a las economías regionales”, advirtió, al afirmar que “es obscenamente inconstitucional por la inequidad tributaria”. 

Más adelante, el oficialista Juan Carlos Pagotto (LLA) propuso modificaciones en los artículos 219, 220 y 221 para “mayor énfasis en la defensa de los derechos del Estado” sobre jurisdicción y arbitraje. Pero a continuación, Abdala dijo que no aceptaba cambios y se pasó a votar, resultado aprobado por 38 votos positivos y 32 negativos. En este título hubo tres votos a favor desde Unión por la Patria: el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés. El resto de UP votó en contra -como todo lo anterior- y junto a ellos, rechazaron también el RIGI, Lousteau y el entrerriano Edgardo Kueider (UF). 

Eliminado el título VIII, correspondiente a la parte previsional, se avanzó sobre el tema del tabaco, introducido a último momento en Diputados a instancias de la oposición dialoguista. Carolina Moisés (UP) propuso mantener el precio base para que las consecuencias nocivas del tabaco en la población generen un precio base que unifique la propuesta comercial. “Hay una combinación de factores e intereses”, aclaró la jujeña, que remarcó que el tabaco es una de las producciones agropecuarias que más mano de obra genera.

“No podemos pensar el tema del tabaco solamente desde una óptica impositiva, como por la ventana nos lo quiso meter la Cámara de Diputados; tenemos que mirarlo desde una óptica productiva”, sugirió, y agregó: “Lo que a nosotros nos interesa es generar un equilibrio y que todos paguen lo que corresponde”, proponiendo que la tasa impositiva se suba al 75% y que se estipule un precio salud lo suficientemente alto para desalentar el consumo, y producir un precio salud de equilibrio fijo de $912.

El senador Juan Carlos Romero no anduvo con rodeos y consideró que “lo peor que nos puede pasar es meternos en este lío de modificar lo que vino de la Cámara de Diputados”, alertando sobre lo complejo que es el tema, donde hay “dos lobbys: las multinacionales y las compañías chicas”.

Desde el oficialismo, Pagotto consideró que el texto de Diputados "carece de técnica legislativa" y reclamó redactar bien la norma. Si bien compartió los dichos de los otros dos senadores, se quejó porque los diputados “metieron por la ventana” el tema. Aclaró también que no proponía que hubiera evasión del impuesto, pero estimó que el tema debería ser resuelto por la justicia y no el Congreso. “Estoy de acuerdo con que se vuelva al impuesto histórico del 75%”, dijo y, adhiriéndose así a la propuesta de Moisés, llamó a votar “a conciencia”.

A su turno, Lousteau estimó que entre lo que hizo Diputados y la situación actual, la novedad es el fallo de la Corte Suprema. Dijo no estar de ninguna de las dos partes y él se mostró a favor de que exista un precio mínimo para que fumar sea más caro. Pero discrepó con Moisés, porque consideró que el precio era la mitad de lo que debería ser. “El riesgo de la media sanción que viene de Diputados es que haya oferta barata de todo el mundo y tornar en abstracto la cuestión de fondo” establecida por la Corte, a su juicio. “Esa media sanción tiene riesgos”, resumió.

Por último intervino el miembro informante, quien admitió que ese tema no lo habían propuesto ellos y por respeto a la otra Cámara dijo no aceptar las modificaciones propuestas.

Los senadores de UP anunciaron su abstención, tal cual terminó siendo la postura de ese bloque en Diputados -“como no estamos ni con uno ni con otro”, justificó José Mayans-, y el resultado final favoreció lo propuesto en la Cámara baja con 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones.

La moción de la discordia

Antes de concluir el debate en particular de la norma, se trató una moción de Lousteau para incorporar al proyecto dos títulos de su dictamen: el título 10, de emergencia presupuestaria del sistema universitario, y el 11, reponiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y también garantizar el derecho a la información, considerando la esencialidad de la educación.

Si bien Bartolomé Abdala valoró la intención de la propuesta de su par radical, rechazó sumar ambos títulos a la ley, advirtiendo que la norma ya había sido votada en general y no se podían sumar artículos a la legislación. Fue una larga discusión en la que Lousteau insistía en que se debía votar la moción y Abdala no lo consideraba necesario. “Tenemos que continuar con el dictamen de mayoría, porque es lo que se votó. Por eso no puedo darle curso”, planteó la titular del Cuerpo.

Luis Juez (Pro) se sumó a la postura del oficialismo, considerando que “no se pueden incorporar títulos del dictamen de minoría al de mayoría”. Lousteau insistió en que así como se puede modificar el dictamen de mayoría, él quería incorporar “dos cosas que son importantes”. Y chicaneó: “Todos los que no quieren votar, no les interesa que en la ley Bases esté la educación”.

Juan Carlos Romero planteó que lo correcto era votar el dictamen de mayoría; si el mismo cae, se pasa a votar el de minoría. “Es casi pedir un tratamiento sobre tablas del tema”, explicó.

Abdala leyó el artículo 175 del reglamento que le daba la potestad de aceptar o no como miembro informante una propuesta de ese tipo. Pero Lousteau insistió en que no querían votar nominalmente “porque se quieren esconder”. Intervino el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, para ratificar que no podía darse ese tratamiento, y Victoria Villarruel se mostró de acuerdo y el tema se dio por terminado.

En última instancia intervino José Mayans, quien sostuvo que el miembro informante debía decir “rechazamos” y ser votada la moción. “¿Cuál es el temor que tienen, si están teniendo mayoría en todo?”, preguntó, pero Abdala le dijo que no tenía dudas en mantener su postura. “Una ley en general no me la podés cambiar en particular. Esta bancada no está dispuesta a aceptar esto”, dijo.

Así se pasó al último título, de disposiciones finales, pero en plena votación Lousteau puso como ejemplo lo sucedido en Diputados con el tema tabaco, agregado justamente en pleno tratamiento en particular. Las discusiones siguieron largo rato, e incluso Juliana di Tullio se negó a votar el último tema para que se atendiera el reclamo de Lousteau. “No puede frenar la votación”, le dijo la vicepresidenta, que ante la postura de Di Tullio consideró su postura como una abstención. “No puede frenar la sesión”, insistió Villarruel.

Finalmente se consideró abstención el no voto de Di Tullio, y el resultado del título fue de 36 votos positivos contra 32 negativos.

Sin embargo el tema no terminó ahí. Di Tullio tomó la palabra reclamándole a la titular de la Cámara que ella había pedido que detuviera la votación hasta resolver lo que el senador Lousteau había planteado. “No puede usted dejar este antecedente en esta Cámara. Esta es una violación al reglamento y a sus deberes, y ni le cuento el secretario Parlamentario. No puede desoír una moción de un senador. Lousteau hizo una moción de orden y usted puso a votar otra cosa”, se quejó.

Al cabo de un debate de más de 12 horas en el Senado, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Bases, tras un empate en la votación con 36 votos positivos y 36 negativos, que definió a favor la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tras ello, se abrió el proceso de la votación en particular. 

El tablero primero marcó 37 votos positivos y 35 negativos, pero a viva voz la santacruceña Natalia Gadano avisó que su voto había salido mal. Tal como establece el reglamento, al tratarse de un empate, se pasó a votar nuevamente, saliendo 36 a 36. Y luego la vicepresidenta desempató. Previamente argumentó su decisión, lo que provocó los gritos y quejas de la oposición, pues su rol es del conducir.

El texto volvió así a la Cámara de Diputados con numerosas modificaciones. Además de las que se dieron para la firma del dictamen, las últimas fueron informadas durante la jornada en dos oportunidades por el miembro informante, el libertario Bartolomé Abdala. Entre los principales, hubo cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); se quitaron de la lista de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino; y se sacó el capítulo que eliminaba la moratoria previsional y creaba una nueva “prestación proporcional” para quienes no tuvieran los aportes necesarios. 

El escenario de empate se había vislumbrado durante este miércoles, con el rechazo ya anticipado de los 33 senadores de Unión por la Patria, el anuncio del radical Martín Lousteau -que defendió su dictamen de minoría- y la rebelión de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. 

El bloque “Por Santa Cruz” había llamado a no dar quórum el día anterior, y así lo hizo al inicio de la sesión. También se mantuvieron ausentes durante el debate y no estuvieron anotados en la lista de oradores. Además, mientras transcurría la reunión, Gadano denunció haber recibido una amenaza contra sus hijos. 

La Libertad Avanza, con un bloque de 7 miembros, alcanzó el quórum con los 13 senadores de la UCR, los 6 del Pro, los 3 de Cambio Federal, los 3 de Unidad Federal, los 2 del Frente de la Concordia Misionero y las monobloquistas Beatriz Ávila (Tucumán), Lucila Crexell (Neuquén) y Mónica Silva (Río Negro). Pese a votar en contra, Lousteau garantizó el comienzo de la sesión con su presencia. Todos los demás fueron los 36 votos que finalmente recibió a favor la ley. 

Desde los palcos estuvieron desde la primera hora, siguiendo atentamente el debate, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Irrazábal Murphy, funcionarios que llevaron adelante negociaciones sobre la letra chica de las leyes. 

La jornada arrancó a las 10.15 y el punto más caliente se dio por la tarde, cuando los senadores de Unión por la Patria intentaron -sin éxito- pasar a un cuarto intermedio para que una comitiva de legisladores bajara a la calle a observar el operativo de seguridad, a raíz de la represión que se desató en la Plaza de los Dos Congresos, y en la que incluso estuvieron involucrados diputados de UP, quienes recibieron gases lacrimógenos por parte de efectivos. Villarruel y Eduardo “Wado” de Pedro tuvieron un duro cruce por esto. 

Llegada la noche, desde la Oficina de Prensa del Presidente felicitaron el accionar de las fuerzas de seguridad frente a los incidentes que se produjeron con manifestantes de movimientos sociales, organizaciones referenciadas en el kirchnerismo y la izquierda. 

Ante la posibilidad del empate, el presidente Javier Milei retrasó su salida hacia Italia para la medianoche, de modo que Villarruel estuviera presidiendo la sesión al momento de la votación y no a cargo del Poder Ejecutivo, cuestión que hubiera colocado a Abdala en ese lugar. Igualmente, el presidente provisional iba a poder desempatar. Pero LLA supo que lo mejor era la primera opción.

Al comienzo de la sesión tomaron estado parlamentario los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Antes del debate, que tuvo 47 oradores, hubo un breve homenaje al exsenador fallecido recientemente Guillermo Pereyra.

Luego de la votación en particular de la ley de Bases está previsto que comience el tratamiento del otro proyecto impulsado por el Ejecutivo: el paquete fiscal. 

La ley de Bases, o también llamada “ley ómnibus” en sus orígenes, ingresó el 27 de diciembre a Diputados. El 6 de febrero, tras arduas jornadas, se cayó y volvió a comisiones. Finalmente, el pasado 30 de abril tuvo media sanción una versión más acotada de aquel primer texto y también respecto del dictamen del verano. Para ello, el oficialismo contó con el apoyo de la oposición dialoguista. Ahora, recibió más modificaciones en el Senado, con lo cual vuelve a la cámara de origen, que tendrá que aceptar o descartar los cambios.

El largo y espinoso camino parlamentario que tuvo la ley hizo que el Gobierno nacional retrasara el llamado “Pacto de Mayo” entre la Nación y las provincias, que Milei había propuesto en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo para realizarse el 25 de mayo. 

 

Tras el fuerte aumento en las dietas que se aprobó a mano alzada en abril pasado dentro del recinto de la Cámara alta, se conoció este miércoles que los senadores nacionales recibirían un nuevo incremento, con el cual alcanzarían los casi 8 millones de pesos -en bruto- de sueldo.

La suba se debía al acuerdo paritario de los empleados del Congreso, en el cual se estableció un reajuste acumulativo en el valor de cada unidad de módulo de un 2% para abril y un 7% para mayo.

Sin embargo y ante la previsible reacción adversa de todos los sectores, los senadores resolvieron dar marcha atrás con esa medida.

Según pudo saberse, fue a pedido de la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, quien con el correr de la tarde recibió una nota firmada por todos los bloques del Cuerpo en el que le pedían que no se les modificara el salario actual.

La nota enviada por los senadores hace referencia al aumento aprobado el 18 de abril, ante lo cual expresan “claramente que en esta oportunidad no se modifique la dieta establecida mediante el régimen antes mencionado, hasta tanto se determine un nuevo sistema de liquidación en función de los varios proyectos que se encuentran pendientes de tratamiento en relación a este asunto”.

“En base a lo expuesto, solicitamos expresamente que la liquidación sea tal cual la realizada el mes anterior, sin contemplar los incrementos brindados al personal del Senado de la Nación”, concluye la nota.

El proyecto aprobado el 18 de abril estableció que “a partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales” y que “cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo”.

A partir de esa resolución, las dietas habían quedado en más de 4 millones de pesos netos y más de 6 millones en bruto. Ahora, mediante el incremento de los módulos, los sueldos de los legisladores iban a ascender a más de 5 millones de pesos netos y casi 8 millones en bruto.

Con esta nueva suba, las dietas de los diputados nacionales quedarían más retrasadas, dado que cuando en marzo pasado el presidente Javier Milei les exigió a Martín Menem y Victoria Villarruel dar marcha atrás con el aumento del 30% -que había sido por las paritarias del Poder Legislativo-, y luego de la resistencia de la vicepresidenta, ambos firmaron una resolución que terminaba con el “enganche” de los legisladores a las paritarias de los empleados. En el Senado, con el proyecto votado, eso se modificó, mientras que en la Cámara baja todavía no se resolvió cómo será la actualización. Menem había prometido que el acuerdo con las distintas fuerzas se buscaría luego de la aprobación de la ley de Bases, pero todavía no sucedió.

 

Un día después de la reunión de la vicepresidente de la Nación y el nuevo jefe de Gabinete con los bloques dialoguistas del Senado, en busca de encontrar las llaves para abrir las puertas del recinto a partir de la certeza de contar con los votos para aprobar la ley de Bases y el paquete fiscal, las comisiones que debaten ambas iniciativas volverán a reunirse este miércoles.

Con el objetivo de conseguir finalmente dictamen, el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá por séptima vez a partir de las 15 para retomar el tratamiento del proyecto de ley Bases. Desde el oficialismo mantienen firme la idea poder dictaminar en esa reunión, y ya el titular de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, anticipó el fin de semana que retomada la actividad luego del cuarto intermedio pondrían a circular el dictamen para la firma. Se verá; eso depende no solo de la certeza de tener los votos en el recinto, sino también de asegurarse contar con el dictamen de mayoría.

También la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del jujeño Ezequiel Atauche (LLA), tiene horario de reunión a partir de las 17. Habrá que ver si la reunión previa obliga a una postergación, pero también buscarán allí alcanzar a firmar el dictamen correspondiente.

De no ser así, no descartan en el oficialismo volver a convocar para el día siguiente. El problema es que los legisladores de la oposición dialoguista mantienen sus demandas respecto de una serie de artículos. En este caso, confesaba este martes un legislador aliado, el tiempo transcurrido conspira contra el avance de las negociaciones: “Más pasa el tiempo, más son los pedidos de cambios”.

Asimismo, en el último encuentro, los senadores de la oposición dialoguista (Unidad Federal y la Unión Cívica Radical) plantearon una serie de modificaciones que fueron tomadas por el presidente provisional de la Cámara alta, en función de preparar un borrador del despacho que finalmente sea dictaminado.

El dictamen comenzó a circular al día siguiente, pero después se supo que hubo otros borradores, con más correcciones. Hay cuestiones en las que ya el oficialismo no piensa ceder: privatizaciones, por caso. No sacarán de la lista Aerolíneas Argentinas, ni tampoco el Correo Argentino, dos de las empresas requeridas para poner a resguardo en las últimas reuniones.

Los pedidos por Ganancias siguen y en el oficialismo ya estaría tomada la decisión de no aceptar más cambios y ocuparse de evitar que en la votación en particular la oposición pueda alcanzar en algún caso los dos tercios, cosa que dejaría “blindadas” esas modificaciones.

En su primer día como jefe de Gabinete, Guillermo Francos llegó este martes al Senado con la intención de acelerar los acuerdos en torno al proyecto de la ley de Bases y el paquete fiscal, durante un encuentro que mantuvo con presidentes de bloques en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel. 

La reunión estaba pactada con anterioridad a la noticia que se dio este lunes por la noche, con la renuncia de Nicolás Posse y el reemplazo de Francos, que dejó así el Ministerio del Interior -rebajado ahora a Secretaría-. 

De la cumbre, realizada con el objetivo de definir el destino de ambas leyes en la Cámara alta, participaron, además de Francos y Villarruel, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el secretario parlamentario, Agustín Giustiniani.

En tanto, estuvieron los jefes de bloques Ezequiel Atauche (LLA), Luis Juez (Pro), Eduardo Vischi (UCR), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Carlos Arce (Frente de la Concordia de Misiones). 

El flamante jefe de Gabinete, que más temprano había dado una conferencia de prensa en Casa Rosada y luego reunió a los ministros en el restaurante Pertutti, aseguró al salir del Senado que este miércoles tienen la expectativa de que los proyectos tengan dictamen. Las comisiones están citadas a partir de las 15.

“Hay un dictamen de comisión que se va a circular, en el que hay acuerdos aparentemente suficientes como para aprobarlo”, dijo en declaraciones a la prensa sobre la ley de Bases. “Ha habido reuniones en las que se han tomado muchos puntos que han planteado los senadores y también las distintas entidades que vinieron este mes”, agregó en referencia a los expositores invitados. 

El funcionario afirmó que el oficialismo y los bloques dialoguistas llegaron “a una posición con bastantes consensos”. No obstante, admitió que “nunca es posible encontrar coincidencias totales, siempre va a haber diferencias. El Gobierno acepta hasta donde le parece que puede aceptar y después lo otro se debatirá”. 

Consultado por uno de los pedidos de la oposición respecto de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, Francos confirmó que el oficialismo hasta ahora no retiró esas empresas del listado. “Así está previsto en el dictamen, habrá que ver si en las aproximaciones finales lo acuerdan o no”, expresó. 

Luego de retirarse, la reunión continuó en el despacho de Villarruel, quien se encuentra además a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente a Estados Unidos.

 

Pese a los cambios de última hora que se dieron dentro del Gobierno con la salida de Nicolás Posse y la designación de Guillermo Francos para su reemplazo, el oficialismo en el Senado mantiene su agenda este martes con una reunión clave con los referentes de la oposición dialoguista a casi un mes de la media sanción de la ley de Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados.

Con este cimbronazo que sufrió el Ejecutivo y mientras reorganiza su Gabinete, estaba en duda si el encuentro previsto en el Senado se iba a llevar a cabo, ya que desde temprano Francos mantuvo reuniones en Casa Rosada en donde fue presentado como nuevo jefe de Gabinete. Sin embargo, según pudo saber parlamentario.com la reunión de este martes para las 13 sigue en pie.

El encuentro tendrá lugar en el despacho de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien contará con el acompañamiento del exministro del Interior que volverá a tomar protagonismo después de que las acciones del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, no mostraran resultados. En paralelo, Francos es el que encabezaba las negociaciones con los gobernadores.

En declaraciones a la prensa, Francos afirmó: "Es una nueva etapa de una gestión que continúa. Voy a trabajar y seguir conversando con los distintos sectores para encontrar los mejores caminos para la Argentina".

"Transitamos un camino de búsqueda de consensos para aprobar la Ley Bases. Hemos hecho un trabajo conjunto y conversado con distintos bloques, esperamos seguir dialogando", aseguró.

Claro está que no será el primer encuentro a puertas cerradas de negociaciones entre funcionarios y senadores, pero se anticipa como una cumbre definitoria de cara a la firma de los dictámenes, objetivo que se vio postergado para La Libertad Avanza durante tres semanas consecutivas.

Tanto desde los bloques “dialoguistas” como de las bancadas con terminal en sus fuerzas provinciales, los pedidos de modificaciones para acompañar las iniciativas ambicionadas desde Casa Rosada fueron aumentando con el correr de los días. El pasado jueves por la noche, luego de una nueva postergación del dictamen en comisiones, circuló un borrador de la ley de Bases que incluía cambios en el cuestionado Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), pero no tocaba la lista de empresas a privatizar, entre otros puntos.

La búsqueda de acuerdos se dio con una serie de traspiés cometidos por el Gobierno -incluidas desprolijidades internas-, que en un primer momento no incluyeron a la vicepresidenta como intermediaria, pese a su llegada a los distintos bloques.

Durante el último fin de semana hubo más intercambios de textos. En lo que correspondería al paquete fiscal, el oficialismo está dispuesto también a ceder modificaciones al blanqueo de capitales y el impuesto a los Bienes Personales. Sin embargo, sería inflexible en la restitución del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, un capítulo que, con el rechazo rotundo de los patagónicos, corre riesgo.

Con los 33 integrantes de Unión por la Patria plantados en el rechazo en general de ambos proyectos (a 4 de la mayoría), La Libertad Avanza -en extrema minoría en el Senado- deberá hacer todos sus esfuerzos para convencer al resto de los bloques. No obstante, si la oposición reuniera los dos tercios de los votos en contra para determinados capítulos, como podría ser Ganancias, el oficialismo sabe que la versión original no podrá ser sostenida en la vuelta a la Cámara de Diputados.

“Vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad en Argentina”, aseguró Javier Milei durante su discurso por el acto del 25 de Mayo en Córdoba, fecha en que había propuesto tener las leyes sancionadas y firmar el pacto con los gobernadores. A pesar de que los planes no salieron, el presidente fue más allá e hizo un nuevo anuncio: la creación del Consejo de Mayo, una vez que los proyectos salgan del Congreso.

Las comisiones fueron citadas para este miércoles. A las 15 será el plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, por la ley de Bases; y a las 17 está prevista la de Presupuesto para Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, conocida como el paquete fiscal.

En medio de la crisis diplomática con España, país que recientemente retiró a su embajadora de Argentina, la canciller Diana Mondino hará su debut en el Congreso: se presentará en el Senado ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto este martes. La reunión será desde las 16 en el Salón Illia.

Sin dudas, se espera que reciba por parte de los legisladores numerosas consultas sobre la política internacional del Gobierno, que ha tenido diferentes episodios destacados desde el arranque de la gestión de Javier Milei. Incluso con declaraciones de la propia funcionaria, motivo por el cual en la Cámara de Diputados también han pedido citarla.

La canciller asistirá en el marco de la tensión en la relación con España, desatada por los cruces entre Milei y el presidente español, Pedro Sánchez. Si bien los idas y vueltas comenzaron desde el año pasado, durante la campaña electoral, el clímax se alcanzó cuando el mandatario argentino desde la cumbre de Vox -partido de ultraderecha en España- acusó de corrupta a la esposa de Sánchez.

El conflicto escaló al punto que la embajadora María Jesús Alonso Jiménez primero fue llamada a consulta por el canciller español José Manuel Albares, para luego anunciarse su retiro definitivo, paso previo a romper relaciones diplomáticas.

Ante este hecho, Mondino intentó minimizar su impacto, al decir que los cruces entre los presidentes “son un tema interno, político” que no debería afectar la relación entre ambos países. “España es de una importancia monumental para la Argentina. Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, la canciller dijo que le “sorprendió” la repercusión que tuvo que Milei se refiriera a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. “Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere”, subrayó al disertar la semana pasada en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Las relaciones con Brasil, Colombia, China, Israel y Estados Unidos también podrían entrar en el radar de preguntas que la esperan en la Cámara alta.

A casi un mes de la media sanción de la ley de Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, el oficialismo en el Senado encarará este martes una reunión clave con los referentes de la oposición dialoguista. Claro está que no será el primer encuentro a puertas cerradas de negociaciones entre funcionarios y senadores, pero se anticipa como una cumbre definitoria de cara a la firma de los dictámenes, objetivo que se vio postergado para La Libertad Avanza durante tres semanas consecutivas.

La búsqueda de acuerdos se dio con una serie de traspiés cometidos por el Gobierno -incluidas desprolijidades internas-, que en un primer momento no incluyeron a la vicepresidenta Victoria Villarruel como intermediaria, pese a su llegada a los distintos bloques.

Este martes, la reunión se dará en el despacho de la presidenta de la Cámara alta, con ella como anfitriona y la visita del ministro del Interior, Guillermo Francos, que volverá a tomar protagonismo después de que las acciones del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, no mostraran resultados. En paralelo, Francos es el que encabeza las negociaciones con los gobernadores.

Tanto desde los bloques "dialoguistas" como de las bancadas con terminal en sus fuerzas provinciales, los pedidos de modificaciones para acompañar las iniciativas ambicionadas desde Casa Rosada fueron aumentando con el correr de los días. El pasado jueves por la noche, luego de una nueva postergación del dictamen en comisiones, circuló un borrador de la ley de Bases que incluía cambios en el cuestionado Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), pero no tocaba la lista de empresas a privatizar, entre otros puntos.

Durante el último fin de semana hubo más intercambios de textos. En lo que correspondería al paquete fiscal, el oficialismo está dispuesto también a ceder modificaciones al blanqueo de capitales y el impuesto a los Bienes Personales. Sin embargo, sería inflexible en la restitución del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, un capítulo que, con el rechazo rotundo de los patagónicos, corre riesgo.

Con los 33 integrantes de Unión por la Patria plantados en el rechazo en general de ambos proyectos (a 4 de la mayoría), La Libertad Avanza -en extrema minoría en el Senado- deberá hacer todos sus esfuerzos para convencer al resto de los bloques. No obstante, si la oposición reuniera los dos tercios de los votos en contra para determinados capítulos, como podría ser Ganancias, el oficialismo sabe que la versión original no podrá ser sostenida en la vuelta a la Cámara de Diputados.

"Vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad en Argentina", aseguró Javier Milei durante su discurso por el acto del 25 de Mayo en Córdoba, fecha en que había propuesto tener las leyes sancionadas y firmar el pacto con los gobernadores. A pesar de que los planes no salieron, el presidente fue más allá e hizo un nuevo anuncio: la creación del Consejo de Mayo, una vez que los proyectos salgan del Congreso.

Las comisiones fueron citadas para este miércoles. A las 15 será el plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, por la ley de Bases; y a las 17 está prevista la de Presupuesto para Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, conocida como el paquete fiscal.

En medio de la crisis diplomática con España, país que recientemente retiró a su embajadora de Argentina, la canciller Diana Mondino hará su debut en el Congreso: se presentará en el Senado ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en una reunión que se realizará el próximo martes a las 16.

Sin dudas, se espera que reciba por parte de los legisladores numerosas consultas sobre la política internacional del Gobierno, que ha tenido diferentes episodios destacados desde el arranque de la gestión de Javier Milei. Incluso también con declaraciones de la propia funcionaria, motivo por el cual en la Cámara de Diputados han pedido citarla. 

La canciller asistirá en el marco de la tensión en la relación con España, desatada por los cruces entre Milei y el presidente español, Pedro Sánchez. Si bien los idas y vueltas comenzaron desde el año pasado, durante la campaña electoral, el clímax se alcanzó cuando el mandatario argentino desde la cumbre de Vox -partido de ultraderecha en España- acusó de corrupta a la esposa de Sánchez. 

El conflicto escaló al punto que la embajadora María Jesús Alonso Jiménez primero fue llamada a consulta por el canciller español José Manuel Albares, para luego anunciarse su retiro definitivo, paso previo a romper relaciones diplomáticas. 

Ante este hecho, Mondino intentó minimizar su impacto, al decir que los cruces entre los presidentes "son un tema interno, político" que no debería afectar la relación entre ambos países. "España es de una importancia monumental para la Argentina. Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años", sostuvo la funcionaria.

Asimismo, la canciller dijo que le "sorprendió" la repercusión que tuvo que Milei se refiriera a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. "Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere", subrayó al disertar en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Las relaciones con Brasil, Colombia, China, Israel y Estados Unidos también podrían entrar en el radar de preguntas que la esperan en la Cámara alta. 

Tras casi 12 horas de debate, concluyó este jueves a las 22.36 la que supuestamente sería la última sesión informativa del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, pasando a un cuarto intermedio que en principio se informó sería hasta el martes, en una hora a determinar. “Ya se les informará a los presidentes de bloque”, aclaró el senador Bartolomé Abdala, que condujo la mayor parte de la reunión. Pasó así una nueva semana sin alcanzar el dictamen, ni de la ley de Bases, ni del paquete fiscal.

De  hecho, se había especulado con la posibilidad de que pudiera firmarse dictamen este jueves del proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que no llegó a tratarse siquiera en esta jornada. Es que se había calculado originalmente que el plenario podría concluir a las 14.30, aunque todos sabían que era una estimación voluntarista. Y ya para las 14, cuando recién concluyó la participación de los miembros del primer llamado a exponer, quedó claro que tenían para rato.

Luego de la visita este miércoles del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, los senadores se reunieron en un plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales desde las 10.59, en el Salón Azul.

Tras las medias sanciones en la Cámara de Diputados, el Gobierno confiaba en avanzar de manera exprés en el Senado, algo que se fue diluyendo con el correr de los días, mientras se vio que el trámite iba a demandar más de lo deseado por el oficialismo y, a la vez, se convocó a numerosos expositores. El Poder Ejecutivo no se encontró solamente con un reclamo de la oposición dialoguista de trabajar con el tiempo necesario, sino además con muchísimos pedidos de modificaciones. Éstos fueron receptados recién esta semana por los negociadores de Casa Rosada, quienes deben dar sus devoluciones y al tiempo volver a tener respuestas de los legisladores.

Para asegurarse los votos, el Gobierno sabe no tendrá otra salida que aceptar modificar la letra de ambos textos, lo que generará su regreso a la cámara de origen.

Entre los senadores de la oposición dialoguista hay severos reclamos respecto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la eliminación de la moratoria previsional, en la ley de Bases; y al blanqueo de capitales y la restitución de Ganancias, en el paquete fiscal, entre otros puntos.

Las exposiciones

A favor del capítulo de impuestos internos al tabaco, incluido a instancias de la oposición en la Cámara de Diputados, Pedro Pascuttini, de la Cámara de Tabaco de Jujuy, expresó: "Estamos en una lucha que la llevamos hace varios años, de una pelea por un festival de evasión que algunas empresas tabacaleras realizan". Mientras que Lucio Paz Posse, de la Cámara de Tabaco de Salta, reclamó que "hoy es fundamental resolver la situación de fondo, porque hay una pérdida enorme al Estado nacional y sobre todo a los productores".

A su turno, Daniel Rosatto, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), enfatizó que "la industria nacional PyME está atravesando una situación muy grave, que tiene que ver con una profundización de esta recesión que estamos teniendo desde enero. Estamos perdiendo más de una PyME por día".

El expositor explicó que "los costos de la producción hacen que nos seamos competitivos" y resaltó que en el país hay "la misma cantidad de PyMEs manufactureras que hace 20 años". Yendo a la ley de Bases, cuestionó: "El RIGI habla de favorecer y dar incentivos a las grandes inversiones. ¿Cuánto invertimos las PyMEs en Argentina? ¿Qué representamos las PyMEs? ¿Cuántos puestos de trabajo podemos generar si nos dan las condiciones para poder producir?".

"Estamos armando un proyecto de ley donde las PyMEs no figuran, no puede ser. No estamos en desacuerdo con que las grandes vengan a invertir, pero si vienen a invertir para que dejemos de producir las PyMEs, no es un buen negocio para Argentina", advirtió Rosatto y comparó que "las grandes empresas generan 400 mil puestos de trabajo, las PyMEs 6 millones, y podemos generar más si nos dan las condiciones".

Foto: Comunicación Senado

En la ronda de preguntas, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio subrayó que en pandemia "se pagaron salarios" de las empresas con "un Estado presente para la industria nacional", mientras que la ley refleja "un Estado presente para los capitales extranjeros". "Porque a ustedes nadie los benefició como van a beneficiar a los capitales extranjeros. Nunca nadie se ha sido tan generoso, y encima por 30 años", reprochó.

"¿Escucharon alguna vez al presidente desde el 10 de diciembre hasta hoy de hablar de un plan de desarrollo para las PyMEs?", consultó, a lo que Rosatto respondió: "No. Desde que asumió, y antes de que asumiera, nunca se reunió con las PyMEs. Nunca hemos logrado poder tener una reunión y tampoco con el ministro de Economía".

Al contestar a la intervención del senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, quien dijo que hay PyMEs "que no piensan lo mismo" que los expositores convocados por UP, Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PyMEs, precisó: "Según datos concretos del INDEC, la actividad industrial cayó entre un 20% y 45% entre marzo de 2023 a marzo de 2024. Esto inevitablemente significa desempleo. La utilización de la capacidad instalada en la industria bajó entre un 10% y 20% en el mismo período. Esto repercute en los 120 mi despidos nuevos, que se han dado en este último tiempo, según datos de la Secretaría de Trabajo".

"El impuesto PAIS para importar insumos nos aumentó el 17,5% y los impuestos al combustible, que repercuten en la producción, tuvieron también aumento", agregó y aseveró que "la actividad hoy en el sector PyME es crítica y caótica, eso no quita a que se avance en este Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y la agrave aún más".

Daniel Rosatto y Mauro González, por el sector PyME (Foto: Comunicación Senado)

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto al nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit y al genetista argentino Víctor Penchaszadeth expresaron preocupación por los artículos 3 y 6 de la denominada ley Bases y les pidieron a los senadores que “intervengan en defensa” del Banco de Datos Genéticos y del CONADI.

A continuación, Martín Reydó de la fundación FUNDAR habló sobre el RIGI y afirmó que el país necesita "un régimen especial para traer inversiones" porque "no hay patron de desarrallo sin inversiones", pero alertó por el control de las inversiones porque "puede bajar la legitimidad social y política y haber reversión judicial".
"El RIGI que se presenta en esta ley Bases es un problema grande por cómo está establecida porque genera demasiados incentivos fiscales aduaneros y cambiarios que no son necesarios; es un régimen horizontal y no favorece a ningún sector; no hay ningún requisito de integración socioproductiva y plantea desigualdad en la competencia entre las empresas", detalló y alertó: "Esto va a terminar mal con reacción judicial y social".

La titular de Monotributistas Asociados República Argentina, la contadora Noelia Villafañe, exigió modificar el titulo 6 del paquete fiscal y anunció que “van a hacer un daño gravísimo”. “El monotributo social es de inclusión y los artesanos del interior del país, a través de esto, tienen obras sociales para sus hijos”.
En contraposición, advirtió: “Con esto empujan a la clandestinidad y dejan a hijos sin sistema de salud”. “Termina siendo grave porque es como decirles ‘por ser los más pobres en el sistema quedan’”. “Les pido que no se elimine el monotributo social”, cerró.

En representación de trabajadores rurales habló José Voytenco, secretario general de la UATRE cuestionó la quita de multas al sector empresario por el empleo no registrado porque "no hace otra cosa que precarizar la actividad laboral rural y potencia el trabajo en negro, retrocede en el tiempo y es una merma de los derechos laborales", y adviritó: "De avanzar con esta ley nos van a condenar a los trabajadores rurales".

El presidente de la Unión de Emprendedores, Rodolfo Llanos, explicó que la demora de la ley Bases tiene un "impacto económico y operativo en las empresas de inversión y financiamiento; en el empleo y desarrollo; relaciones laborales; el impacto legal y regulatorio".

Ya sobre el final de la reunión, la periodista Nancy Pazos, última oradora de la  jornada, leyó en nombre del colectivo Periodistas Argentinas un texto muy crítico que ella misma  había escrito sobre la situación del periodismo en el país hoy. “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que venimos a compartir con ustedes es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro”.

Aseguró que “estamos en peligro cuando el presidente, a quien conozco y respeto en lo personal, aclaro, dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre lo que las autoridades consideran impertinente. Cuatro de cada diez agresiones a la prensa en los últimos tiempos tuvieron como autores al presidente o sus ministros”, aseguró, citando como fuente el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA.

Sobre el final del largo debate en el plenario, cerca de las 22 habló el presidente del interbloque UP, José Mayans, quien en un pasaje de su extensa alocución lanzó que “lo que votó Diputados es una vergüenza. Yo creo que hay dos grupos ahí… Algunos arreglaron por temas personales, y  el grupo Macri arregló por el blanqueo de capitales. Porque acá el capital que viene es sin trazabilidad, sin saber de dónde viene… Es un llamado al delito organizado y el narcotráfico”.

Y deslizó en ese pasaje la uniformidad de su bancada: “Somos 33 acá, con todas las operaciones que nos hacen todos los días”. Y cerró: “Facilitar esto es traición a la Patria”.

Luego que el plan del oficialismo se viera frustrado la semana pasada en el Senado, donde tenía la intención de avanzar en tres días con los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal, se realizó este lunes un nuevo plenario de comisiones -que trata el primer tema- por el que pasaron decenas de invitados, pero no todos: el resto será escuchado este martes, a partir de las 14.

Mientras tanto, la discusión sobre la letra chica se desarrolla fuera del Salón Azul.

La Libertad Avanza deberá trabajar a contrarreloj si pretende dictaminar esta semana, cuando todavía no tiene resueltos todos los pedidos de modificaciones que plantearon desde la oposición no K. La eventual firma del dictamen no será este martes, como aventuraban algunos, pues continuará durante esta jornada el desfile de invitados.

Así se resolvió cerca de las 21, cuando pidió la palabra el jefe de los senadores de UP, José Mayans, que tras ponderar la exposición de los invitados, sugirió que “debería haber más gente del oficialismo acá para sostener el tema… Están tan apurados para sacar todo, y es un tema tan extenso…”.

A continuación, dando por descontado que continuarían con las exposiciones al día siguiente, advirtió sobre un problema que había habido con las invitaciones, “para que nosotros podamos coordinar mañana sobre el listado, porque hay algunos que dicen que no fueron invitados”.

El presidente de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, aclaró que “en el caso que usted está pensando, nos dieron un teléfono que nunca respondió. Pusieron una persona con un teléfono equivocado”, dijo, a lo que Mayans aclaró que no le estaba haciendo ninguna objeción a su trabajo. “Al contrario, nada más le digo que podemos coordinarlo mejor para mañana”, repuso, sugiriendo dar por cerrada la jornada por este lunes.

Abdala sugirió pasar a un cuarto intermedio hasta este martes a las 14, pero pidió antes escuchar a una tanda más de expositores, a lo que Mayans aclaró que no tenía ningún inconveniente. “Si quiere hasta las 24, no tenemos ningún problema, señor presidente”, dijo, y entre risas replicó: “Me cambia la jugada, yo quedo como el malo de la película y queda bien usted”.

Intervino entonces Juliana di Tullio para aclarar que Abdala era el responsable de las invitaciones. “Yo lo que no quiero es que quede como la OIT no quiso venir, que quede constancia que no fueron llamados por el Senado de la Nación. Usted es el encargado”, le dijo.

“Ya fueron invitados para mañana. Si teníamos bien el número de entrada…”, contestó el presidente provisional del Senado. “No diga eso, háganse cargo”, replicó Di Tullio.

Cómo sigue el debate

La vuelta a la Cámara de Diputados ya se marca como un hecho, pero los avales tampoco están aún: hay senadores que avisaron que no trabajarán a “libro cerrado” y que debe darse el tiempo necesario para hacer los cambios de manera prolija. Más allá de la tarea de los funcionarios por algunos despachos, otros cuestionan la escasa defensa oficialista de las leyes.

Este lunes, el radical Martín Lousteau, uno de los más críticos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (ley Bases) y el blanqueo de capitales (paquete fiscal), aseguró que vio muy “apurados” a Guillermo Francos y Eduardo “Lule” Menem, pero “hay temas para debatir en profundidad”.

Por su parte, horas antes del plenario, otro radical, el bonaerense Maximiliano Abad señaló que “el oficialismo escucha pero no se implementan los cambios”. “Si continúan con este formato, no va a haber dictamen esta semana. No busquen más culpables”, advirtió.

Unión por la Patria, con 33 miembros, está cerrado en el rechazo total y con cuatro senadores más que sume puede voltear las propuestas. Sin embargo, desde el resto de las bancadas hay una voluntad distinta, pero no sin puntos controvertidos y varias exigencias, entre ellas la negativa a la rapidez del trámite. El Gobierno sabe que, de hacer eso, correría riesgos.

Los expositores

El primer expositor en la reanudación del plenario de comisiones que debate el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue el secretario general de la CGT Héctor Daer, quien criticó a la Cámara baja por dictaminar la reforma laboral sin debate con las centrales sindicales. También, apuntó contra el artículo 93 y señaló que “aparece una figura inédita que convierte trabajadores en colaboradores”, Agregó, además, que “esto no tiene antecedentes en el mundo, ni en este país”.

Por su parte, el secretario general de la CTA y diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky, afirmó que la implementación del RIGI “le extiende la alfombre roja a los narcotraficantes”. “Tenemos la oportunidad en el Senado de no entregar al país y a nuestros derechos”, añadió.

Luego de las preguntas respondidas por los referentes de las centrales sindicales, Héctor Daer y Hugo Yasky, el jefe de bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, cargó contra la CGT y acusó de “tener indignación selectiva”, con relación a que durante la gestión presidencial de Alberto Fernández no hubo paros generales. 

Siendo el momento más tenso del plenario, la respuesta de Daer no tardó en llegar: “No voy a aceptar que me falte el respeto. No se lo voy a permitir, sino me levanto y me voy”. “Decir que estábamos escondidos es una falta de respeto”, aseveró el referente de la CGT.

A su turno, el abogado Carlos Nielsen Enemark planteó que es un proyecto de ley “claramente elaborado por un sector interesado” y que “no observa lineamientos de interés común”. También indicó que se basa sobre “técnicas viejas”. “No es una modificación de las herramientas de la gestión de interés público, sino una modificación a favor del sector dominante para hacerse de recursos públicos a través de diferentes institutos jurídicos”, apuntó.

En esa línea, alertó que la ley va a generar “una adaptación y contramedidas en el Poder Judicial, va a generar más problemas que soluciones porque hay errores groseros de derecho, semánticos, inconsistencias y contradicciones”. Enemark precisó que contiene “49 errores que deben ser analizados”, y señaló que “no resuelve los problemas y tiene consecuencias patrimoniales para el Estado como importación a mayores plazos, judicializaciones, mayor incertidumbre, más burocracia”.

El abogado precisó que “no se sabe qué pasa con el silencio positivo, se incorpora el recurso sobre el reclamo, se genera una desprotección severa sobre los intereses públicos, las grandes empresas podrían actuar contra el Estado y serán beneficiadas. Tiene una matriz pensada para entregar los recursos del estado a sectores privados”, y cerró: “La incorporación de principios es una autoafirmación antidemocrática porque no se sabe qué contenido pueden tener. Es una modificación apresurada y sin trabajo en conjunto”.

Desde el sector metalúrgico de Córdoba expuso Gustavo del Boca presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, quien hizo hincapié en el RIGI y destacó: “Este esquema de incentivos es lo que necesitamos porque nos traerá inversiones que traerá trabajo”, pero señaló que debe ser “virtuoso y tener la industria nacional defendiéndola, no creando asimetrías que distorsionan nuestra capacidad de competencia”.

Del Boca indicó el esquema tributario, aduanero y cambiario que propone el RIGI “es lo que tendríamos para la industria argentina: más competitividad y con ello generar más divisas y recursos”. Sin embargo, resaltó que lo que plantea el proyecto “no alcanza a nuestras empresas”, y planteó: “Es mejor iniciar un camino de reducción de impuesto, que seguir permaneciendo en este esquema tributario inviable e injusto”.

“Lo importante es que el RIGI no genere distorsiones competitivas y eso va a ocurrir si fuera aplicado al mercado interno o las importaciones de manufactura de origen nacional”, manifestó y propuso que el RIGI sea restringido en sus beneficios solamente a proyectos de exportación y no incluya manufactura de origen industrial. “Aceptamos que se promuevan inversiones, pero se debe apoyar a toda la industria nacional y evitar la destrucción de muchas de ellas. Queremos competir de igual a igual”, cerró.

Su par Gastón Utrera propuso añadir un artículo que limite los incentivos del RIGI a proyectos de exportación y en casos de importación que esos beneficios sean en proporción a la participación de exportaciones en la actividad total. También propuso sumar un artículo que extienda los beneficios relacionados con la importación de grandes proyectos a los potenciales proveedores locales de las grandes inversiones. Por último, propuso un artículo de una cláusula transitoria que establezca que en un plazo de 120 días el Ejecutivo y las Cámaras que representan a las distintas ramas industriales propongan al Congreso un régimen de incentivos a la producción nacional para el abastecimiento de las empresas beneficiadas por el RIGI.

El docente universitario de la UBA y exsecretario de energía de la Nación Juan José Carbajales indicó que la ley “en materia de hidrocarburos rompe con una regla de cinco décadas que es prioridad de abastecimiento del mercado interno”. También destacó que es necesario el RIGI para que “en la economía y los costos de capital las empresas puedan cerrar las economías de sus proyectos”, pero indicó que “le falta flexibilidad para que los derechos de exportación sean móviles”, y “un capítulo de integración nacional, de desarrollo productivo local; uno de promoción de ciencia y técnica, la innovación tecnológica en materia ambiental y hacer este salto en la agenda de cambio climático, pero el proyecto de ley nada dice al respecto”., y cerró proponiendo mejorar las empresas públicas y no privatizarlas.

Con el debate legislativo respecto al financiamiento de las universidades nacionales, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, cuestionó entre varios temas, que en el contenido del proyecto de ley Bases “no hay una sola mención a la educación”.

A su vez, manifestó su preocupación “por lo que este proyecto de ley no dice”, y remarcó que “nos preocupa lo que sí dice también”. “Se debe legislar teniendo perspectiva de todos los sectores y nos preocupa que nos digan que no hay plata para las universidades y se beneficie a los que más tienen”, agregó.

Respecto a la reforma laboral, sostuvo que “nos preocupa que se haga sin políticas de inserción laboral de las juventudes, es por eso que vengo a traer la voz del más de millón de estudiantes que se manifestaron en las calles el pasado 23 de abril”. Por último, afirmó que su mayor preocupación “son las ausencias y los silencios de esta ley Bases” y cuestionó que “las universidades no contamos con presupuesto actualizado porque los anuncios (del Ministerio de Capital Humano sobre dos aumentos del 70% cada uno) no cumplen ni la mitad de lo que las universidades necesitan”. “Discutir educación es discutir futuro”, concluyó.

Entusiasmado con la trabajosa aprobación de la ley de Bases y el paquete fiscal en Diputados, tras largos meses de negociaciones, frustración y esfuerzos, el oficialismo se ilusionaba conque esta semana representara la recta final para sus proyectos en la Cámara alta. Un Cuerpo que, hay que decirlo, desatendió este oficialismo bisoño en materia legislativa durante todo el trámite que duró el debate en la Cámara baja. Y convengamos que eso fue mucho tiempo.

De ahí que pensar que el trámite en la otra Cámara del Congreso podría “liquidarse” en dos semanas, rozaba con la fantasía y, sobre todo, el triunfalismo.

Esta ley fundacional para el Gobierno de Javier Milei tiene mucha similitud con lo que debiera haber sido el Presupuesto 2024. Una ley de leyes que, vale recordarlo, la administración actual prefirió omitir, por una razón de conveniencia que se enlazaba con el deseo de alcanzar déficit cero y superávit fiscal. Con inflación en tres dígitos, manejarse con el Presupuesto del año anterior le dio a esta gestión solvencia fiscal y una dosis de discrecionalidad enorme que por cierto está usando con suficiencia. Pero la comparación viene a cuento de que los presupuestos suelen ser analizados en espejo por ambas cámaras: en la Baja, a la luz del día; en el Senado, a puertas cerradas. Cuestión en definitiva que cuando el Presupuesto recibe media sanción, hay un 99% de chances de que no vuelva de la Cámara alta. No es una referencia menor, sino la experiencia cotidiana.

Este Gobierno se queja con razón de no tener aprobada ni una ley propia tras cinco meses de gestión. Es verdad, pero le falta aclarar que eso ha sido por decisión e impericia propia. Estas leyes debieron haber sido aprobadas en el mes de diciembre, cuando la tradición indica que todas las oposiciones habidas y por haber son más permeables a dar luz verde al oficialismo de turno. Podrán decir las autoridades que no sabían que finalmente llegarían al poder y ese texto llevó su tiempo elaborar, por eso lo mandaron recién el 28 de diciembre al Congreso. Y eso también es verdad.

Lo cierto es que se perdió el mes de diciembre y en enero y febrero ya se sabe lo que pasó con ese texto kilométrico, finalmente aprobado -en una versión reducida- el último día de abril.

Tras la primera semana de debate en comisión, al oficialismo le quedó claro que la lupa de los senadores ha encontrado artículos pasibles de ser modificados, dejando incluso al descubierto “detalles” como artículos que habrían pasado por fuera de la atención de los funcionarios.

Pero el dato principal es que el oficialismo ha visto que contra lo imaginado originalmente, no cuentan con los votos para aprobar la ley así como llegó de Diputados, pero incluso no tienen certezas sobre lo que pueda pasar en la votación en general. Esa es la razón por la que accedieron a dilatar el trámite en las comisiones.

Lo que debía concluirse la semana pasada con sendos dictámenes, supuestamente quedó para esta semana, que incluso tiene prevista la visita del jefe de Gabinete el miércoles. No puede descartarse que no vaya a alterarse la fecha del primer informe de Nicolás Posse. Pero lo cierto es que este domingo se conoció el listado de invitados para exponer ante las comisiones. Cuarenta y seis expositores que, a razón de 7 minutos cada uno, demandarían más de 5 horas. La reunión está prevista para las 15 de este lunes. De exponer todos los invitados, y atento a que pocos respetan el plazo antepuesto, podría extenderse hasta medianoche. Mínimo.

Lo más probable es que la reunión con invitados se extienda lunes y martes, dejando el jueves para los dictámenes. Tampoco es tan sencillo; el senador radical Maximiliano Abad expuso este domingo sus dudas: “No hay gestión de la ley Bases por parte del oficialismo, no creo que esta semana tengan dictamen”, advirtió por Radio Rivadavia.

El ministro Guillermo Francos se ha mostrado abierto a escuchar, y no descarta modificaciones. El interpreta que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI) necesita alguna “clarificación”. En sus palabras, “algunos senadores entienden que dice una cosa, nosotros entendemos que dice otra”, señaló, dispuesto como ha dicho, a “clarificar” ese texto. Y reconoce que hay diferencias con los gobernadores patagónicos sobre Ganancias.

En ese último punto, no habría que descartar que se revierta la eliminación de una exención para los trabajadores patagónicos, reduciendo eventualmente al 22% el pago de ese gravamen. Piden modificaciones también en el RIGI y “clarificación” en el blanqueo.

El Gobierno podría estar dispuesto a hacer concesiones que le garanticen la aprobación de la norma. Ahora bien: como no es posible que la oposición alcance una mayoría especial al modificar cualquier artículo, bien podría el oficialismo dejar pasar la ley con esos cambios, e insistir con el texto original en Diputados. A esta altura no se espera que esa vaya a ser la postura final del Gobierno, que si prometiera acceder a cambios y luego rechazara todo en Diputados quedaría muy expuesto para negociaciones futuras en ambas cámaras.

Pero si llegara a aprobarse una modificación tan consensuada que se plegara UP, permitiendo llegar a una mayoría de 2/3, ¿no generaría un efecto dominó, que alcanzara a otro eventual cambio ya no aceptado por el oficialismo, por minoría simple? ¿No blindaría eso a toda la ley, y en ese caso obligar al oficialismo a tener que tener una inalcanzable mayoría calificada en Diputados?

Exdiputada nacional por el radicalismo y actual prosecretaria Parlamentaria de la Cámara alta, Dolores Martínez, echó luz sobre el tema ante la consulta de parlamentario.com. Advirtió que “Diputados no puede rechazar. Lo único que puede hacer es insistir con su versión original, solo eso, o aceptar las modificaciones que introduzca el Senado. No puede ni rechazar, ni volver a hacer modificaciones”.

El reglamento de la Cámara de Diputados no lo establece estrictamente, sí el del Senado. Pero hay antecedentes de que el proyecto pueda ir a comisión para que salga un dictamen diciendo exactamente eso: se acepta lo que viene del Senado, en cuyo caso sale todo copiado como viene; o se insiste en algunos artículos con su versión original. Eso después va al pleno, que no puede rechazar en general. “Hay ley -observa Dolores Martínez-; lo que tenemos que saber es cuál versión: si la original de Diputados, o la que revisó el Senado y modificó; o solo algunos artículos cambiados se aceptan y en otros se insiste”.

Supongamos entonces que haya modificaciones en el RIGI y reforma laboral. Pero con el Régimen de Incentivos se alcanzan los 2/3 y en el otro caso la oposición logra filtrar una modificación por mayoría simple.

En ese caso se acepta un dictamen, con las modificaciones que vino, por mayoría simple; si no acepta lo que es reforma laboral y quiere insistir con su redacción original, no rechazarlo o modificarlo, solo insistir con su versión original, en principio lo puede hacer con mayoría simple”.

Ahora bien, si se llega al recinto con la necesidad de hacer distintas votaciones, con insistencia en algunos artículos y aceptación en otros, inevitablemente en el recinto lo que se va a tener que poner a consideración es eso. Siempre y cuando los acuerdos políticos no “impongan” algún tipo de “paquete cerrado”. “La práctica parlamentaria va hacia ahí: que se ponga a consideración título por título, capítulo por capítulo, o un artículo indeterminado, porque se sabe que en eso no hay coincidencia entre la versión de insistir o la versión de aceptar. Pero ya se vio lo que pasó en la votación en particular en Diputados donde no se permitió votar nominalmente hacia adentro de un capítulo, lo cual debería haber ocurrido sin ningún tipo de inconveniente en no más de 15, 20 artículos, y no se hizo”, explicó la prosecretaria Parlamentaria del Senado.

En definitiva, no se puede estar cerrados a lo que pueda suceder tras una negociación en Labor Parlamentaria, que será en cualquier caso completamente válida.

Datos para tener en cuenta, cuando todo anticipa en definitiva que el debate en las comisiones se prolongará probablemente hasta la próxima semana, con lo que la ley estaría lista -de ser aprobada- recién en junio.

Vale recordar que en los últimos tiempos el Gobierno ha mostrado disposición a dejar de lado la postura original de Javier Milei respecto de condicionar el Pacto de Mayo a la aprobación de la ley de Bases, y todo indicaría que el mismo se firmaría incluso antes de que pueda salir la ley que tanto reclama el Gobierno nacional.

Con un debate centrado en el blanqueo de capitales y la vuelta del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, se llevó a cabo este jueves durante tres horas una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en la que se trató el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. A la misma asistió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien respondió preguntas de los senadores.

Del encuentro participaron, además del oficialismo, legisladores de la oposición no K, pues el interbloque de Unión por la Patria se adhirió al paro general convocado este jueves por la CGT, que entre las 10 razones de la huelga incluyó la restitución de Ganancias.

Al finalizar, el presidente de la comisión, el libertario Ezequiel Atauche, informó que se pasaba a un cuarto intermedio, pero sin precisar día y hora. Posteriormente, el presidente de Legislación General, Bartolomé Abdala, anunció que en el caso de la ley Bases se aceptará convocar a invitados, con lo cual se confirmó así la caída del trámite exprés que el oficialismo quería darle a ambos proyectos del Ejecutivo, intentando dictaminar esta misma semana.

De acuerdo a lo ocurrido en las distintas jornadas, las iniciativas se encaminan a tener modificaciones en la cámara revisora, lo que obligaría su vuelta a Diputados para la sanción final. Al correrse los tiempos, el Gobierno no llegaría antes del Pacto de Mayo con la sanción de las leyes, el cual era su objetivo.

El proyecto fiscal, que contiene la restitución de Ganancias, un blanqueo de capitales, una moratoria y cambios en Bienes Personales y el régimen de monotributo, tuvo media sanción en la Cámara baja el pasado 30 de abril por 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

Las miradas están puestas sobre los votos complicados para La Libertad Avanza en la cuestión Ganancias: todos los senadores patagónicos están en contra y, sin esas voluntades, más otras posibles de senadores federales, corre riesgo de ser rechazado.

El texto establece la vuelta de este tributo para trabajadores solteros a partir de los 1,8 millones de pesos y para casados con hijos desde los 2,2 millones de pesos.

Foto: Comunicación Senado

En el arranque, Guberman detalló los aspectos centrales del proyecto y aclaró: "No son las medidas ni el programa estructural con el que queremos re-encauzar el funcionamiento de la Argentina para el futuro. Son medidas que apuntan más a solucionar cuestiones de corto plazo. Ajustar algunas medidas tributarias que se modificaron en los últimos años para tener una especie de puente al momento que tengamos el proyecto de reforma tributaria, para poder avanzar en una reforma más de fondo".

Respecto a la moratoria, para regular deudas, señaló que "es convencional, sin demasiada diferencia respecto a moratorias que se han hecho en otras oportunidades" con "un tratamiento diferencial entre contribuyentes, apuntando a la capacidad financiera que pueden tener".

Sobre la regularización de activos, más conocido como blanqueo, el funcionario subrayó que "un blanqueo no es lavado; esto no tiene nada que ver con un lavado de activos. Estamos hablando de un blanqueo cumpliendo con las normas que fija la UIF".

Habrá tres etapas para acceder, en las cuales varían las alícuotas y "hay un tratamiento diferencial para el blanqueo en efectivo respecto de los demás activos" que se podrá "depositar en una cuenta especial, no se paga ningún tipo de alícuota y se fija un mínimo de 100 mil dólares".

Guberman aseguró que los no residentes no podrán ingresar dinero en efectivo; y que al blanqueo tampoco podrán acceder funcionarios públicos y familiares de funcionarios de los últimos 5 años.

Luego habló de los cambios en Bienes Personales se unifican las alícuotas para los bienes en el exterior y los bienes en el país; y se establece una reducción progresiva de las escalas, "con la idea de llegar al 2027 con una alícuota de 0,25% para todos los contribuyentes" y que "en el año 2027 se termine el impuesto y no exista más". También se plantea un beneficio para los contribuyentes cumplidores, con un descuento con una alícuota de 0,5%.

Además, en su exposición inicial mencionó la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles y el capítulo sobre transparencia fiscal al consumidor, que trata sobre la información que reciben los consumidores al obtener la factura o ticket de compra (con detalles sobre el IVA, por ejemplo).

El secretario de Hacienda destacó que tanto en el monotributo como en Ganancias "se han modificado las escalas, se le ha dado mucho más progresividad" para que "uno vaya mejorando sus ingresos y no sea empujado automáticamente a las escalas más altas". Además, en el caso del régimen de pequeños contribuyentes, habrá una actualización semestral de las escalas y "durante 2024 el Poder Ejecutivo podrá hacer una modificación adicional, obviamente hacia arriba". Mientras que en Ganancias, habrá "ajuste en el mes de septiembre con la inflación del trimestre previo".

En las preguntas, los senadores Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) apuntaron fuerte contra ciertos aspectos que plantea el capítulo de blanqueo de capitales, haciendo énfasis en la figura de los testaferros y la falta de prohibición de que puedan acogerse al beneficio hermanos de funcionarios. Mientras que, por su parte, las senadoras patagónicas Andrea Cristina (CF-Chubut) y Mónica Silva (JSRN-Río Negro) se refirieron a la cuestión Ganancias, entre otros.

Foto: Comunicación Senado

En tanto, la senadora mendocina Mariana Juri (UCR) consultó sobre el costo del paquete fiscal, a lo que Guberman aclaró que todo dependía de muchos factores, pero señaló que la expectativa estaba puesta en que el total del paquete fiscal pudiera generar 1 punto del PBI, si el blanqueo es exitoso y el acogimiento es alto en lo que refiere a Bienes Personales. De eso aproximadamente 60% es de provincias, 40% es de Nación.

Respecto de Ganancias, depende de cuándo entre en vigencia, aclaró el funcionario, que precisó que “el nuevo régimen empieza a pagarse cuando entra en vigencia. No se generan obligaciones para atrás”. El cálculo estimativo es de 1,3 billones adicionales para lo que resta del año en concepto de este tributo.

Por la modificación en monotributo, se esperan 152 mil millones de pesos, mientras que para Bienes Personales, “dependerá de cómo se distribuya la situación entre el adelanto del impuesto y las modificaciones de las alícuotas. Podría generar este año 500 mil millones de pesos, habiendo un acogimiento alto". “Esos son los números globales”, dijo.

Sobre el final de la reunión, la senadora cordobesa Alejandra Vigo (UF) preguntó si estaban contemplando excluir específicamente a quienes ya participaron de otros blanqueos, y ejemplificó: “Queremos evitar la industria del juicio y ahora estamos haciendo la industria del blanqueo”.

Guberman aceptó esa observación, afirmó que estaban analizando qué hacer en ese tema, pero aclaró que dejar afuera a todos los que han blanqueado en algún momento podía generar una asimetría que los hiciera pasibles de “abrir frentes judiciales en contra de excluir a esos individuos”. Vigo concluyó advirtiendo entonces: “Esa es una de las cosas que voy a plantear modificar”.

 

 

 

Este martes se iniciará, con un plenario de comisiones, un nuevo desafío parlamentario para el oficialismo: será con el crucial trámite que tendrán los proyectos de la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado, donde La Libertad Avanza cuanta solamente con siete legisladores propios.

Tras el arduo trabajo que ambas iniciativas del Ejecutivo conllevaron en Diputados -con el antecedente de la derrota del verano-, será ahora el turno de la cámara revisora, donde otros son los protagonistas y el reparto de fuerzas.

El debate se dará además en una semana cargada por asambleas de trabajadores y el paro general del 9 de mayo. Las protestas en contra del contenido, y sobre todo de las privatizaciones, que plantea la ley de Bases se acrecientan.

Lo que Unión por la Patria no pudo evitar en la Cámara baja, buscarán sus pares del otro lado de Pasos Perdidos. Es que, en el Senado, la bancada peronista/kirchnerista reúne 33 senadores propios y, sí no presenta figuras, estaría a solamente 4 senadores de juntar una mayoría para rechazar en general la ley Bases. Sería el peor escenario para LLA, pues el proyecto no se podría volver a tratar durante todo el año.

En la oposición más dura hay quienes insisten en que ésta sea la estrategia, dado que lograr que se modifiquen algunos artículos no sería garantía: en la cámara de origen podrían insistir con la versión que de allí salió. Sí se complicaría para el oficialismo en caso que esos cambios lograran una mayoría de dos tercios (muy difícil), porque luego en el cuerpo que preside Martín Menem alcanzar ese mismo número sería imposible sin UP.

Tanto del lado de la primera minoría como del oficialismo, hay senadores de otros bloques sobre los que las miradas están puestas con particular atención. Entre ellos aparecen los peronistas disidentes -exUP- Edgardo Kueider y Carlos "Camau" Espínola, asociados en bloque con la cordobesa Alejandra Vigo, quienes no responden a sus gobernadores. Kueider, además, será protagonista en la conducción de los debates porque preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. No estaría de acuerdo con un debate mega exprés.

Si los tiempos se retrasaran, en LLA saben que lo más probable es que no se llegue al Pacto de Mayo, el 25 de este mes, con las dos leyes aprobadas, lo que era objetivo del presidente Javier Milei. Pacto al que iban a ser invitadas todas las provincias, en un principio, pero ahora habrá gobernadores a los que la Casa Rosada avisó que no convocará.

Los nombres que también aparecen en el radar son los de algunos radicales, como Martín Lousteau -presidente del partido a nivel nacional-, el fueguino Pablo Blanco y el bonaerense Maximiliano Abad. Son quienes en la votación del rechazo del DNU 70/23 se diferenciaron dentro de su bloque: los dos primeros votaron en contra y el tercero se abstuvo. En Diputados, ningún radical votó en contra de la ley de Bases ni del paquete fiscal; sólo hubo un puñado de abstenciones del grupo Manes.

El tándem de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano es también observado con atención. De los bloques provinciales, son de los que se han mostrado más críticos con el Gobierno nacional y también rechazaron el DNU. Más allá de las negociaciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, con el gobernador Claudio Vidal, en Diputados los dos legisladores referenciados en el oficialismo provincial tuvieron votaciones llamativas: en la ley de Bases uno votó en contra y uno a favor; y en el paquete fiscal uno se abstuvo y el otro se ausentó.

En el proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, la restitución del impuesto a las Ganancias abre un panorama más complicado todavía. Pero en este capítulo hay quienes apuestan contar incluso con senadores de UP a favor. En la Cámara baja, un catamarqueño apoyó y los demás se abstuvieron. El gobernador Raúl Jalil salió a apoyar fuerte la aprobación de ambas leyes. En el Senado, por lo menos en lo que respecta al proyecto de Bases, sobre la que tiene interés en el RIGI (mineras), Lucía Corpacci ya avisó que "seguramente" vote en contra.

A diferencia de la Cámara baja, donde los tres legisladores de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo ya actúan como aliados directos de LLA, los senadores Sandra Mendoza y Juan Manzur no estarían tan proclives a hacerle caso a su gobernador. Mucho más Manzur, quien siempre ha rivalizado con él.

En la ley de Bases uno de los capítulos que abrió polémica fue el que logró ser incorporado en el final, a instancias de la oposición dialoguista, sobre impuestos internos al tabaco. El tema generó una grieta dentro de UP, que habrá que ver qué define hacer como bloque en el Senado.

El cronograma de comisiones

Tal cual adelantó parlamentario.com, este martes a las 14 se reunirán las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, para iniciar el debate de la ley de Bases. Será en el Salón Azul, con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy; el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman; y el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.

El trabajo legislativo en el Senado continuará al día siguiente, el miércoles 8 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. En el Salón Azul se reanudará el plenario informativo con la presencia nuevamente de Chirillo y, para hablar de la reforma laboral, del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

A las 14.30 se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, para comenzar a analizar el paquete fiscal. Será con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El cronograma concluye el jueves 9 de mayo, a las 10, cuando en el Salón Azul volverán a reunirse los integrantes del plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, para tratar de firmar el dictamen correspondiente de la ley de Bases.

A continuación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda haría lo propio con el proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Si el dictamen de esta norma también es firmado, quedará todo listo para llegar al recinto el jueves venidero.

De momento, para el miércoles 15 de mayo sigue firme la sesión informativa prevista para las 11 de la mañana, con la visita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Aunque fuentes legislativas consultadas por este medio no descartaron que esa sesión sea reprogramada, atento a la sesión en la que el oficialismo buscará debatir ambas iniciativas.

 

Con el envión que le ha dado al oficialismo la media sanción de las dos leyes enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso como condición indispensable para firmar el Pacto de Mayo, La Libertad Avanza intentará no perder tiempo y avanzar de manera rápida con el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado.

Por lo pronto, Diputados remitió a la Cámara alta este jueves por la noche los textos de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, con todas las modificaciones aplicadas el martes pasado durante el tratamiento en particular de ambas leyes.

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Ahora las autoridades de la Cámara alta buscarán hacer la próxima semana reuniones informativas y tratar de dictaminar, de modo tal de quedar en condiciones de ir al recinto a la semana siguiente.

Según fuentes consultadas por este medio, el cronograma elaborado obligaría a postergar la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, prevista para el miércoles 15 de mayo. De ser así, el debut de Posse en el Congreso se pasaría probablemente a la semana siguiente.

El plan de trabajo de los senadores al que accedió parlamentario.com comprendería toda la semana hábil que va del 6 al 10 de mayo. Comenzando por el lunes al mediodía, cuando se prevé una reunión de los presidentes de bloques del oficialismo y las bancadas más cercanas, aquellas que en diciembre del año pasado formaron una mayoría de 39 con la que consiguieron designar autoridades del Cuerpo y las comisiones. Allí se buscará organizar el trabajo de los días posteriores.

Para el martes 7 de mayo a las 14 se realizaría una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que serán en definitiva las elegidas para analizar la ley de Bases, tal cual sucedió en Diputados. Será informativa, y asistirían, según pudo saber parlamentario.com, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Ese mismo martes, a las 18, habrá una reunión de presidentes de bloques de toda la Cámara, a fin de establecer la organización del debate de ambas leyes.

Un día después, el miércoles 8 de mayo, a las 10 de la mañana, se realizaráía un nuevo plenario de comisiones para seguir tratando la ley de Bases. Será en el Salón Azul, y al encuentro asistirán los secretarios de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, y de Trabajo, Julio Cordero.

A continuación de esa reunión informativa, a las 14.30 sería convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Ezequiel Atauche (LLA – Jujuy), para realizar una sesión informativa sobre el paquete fiscal. Será en el Salón Azul, y tal cual sucediera cuando la presentación en Diputados, participarán Carlos Guberman y su equipo del Ministerio de Economía.

Un día más tarde, el jueves 9 de mayo, a las 10 de la mañana, será el momento de realizar una plenaria de comisiones para debatir la ley de Bases. A continuación, se reuniría la Comisión de Presupuesto para analizar entre sus miembros el proyecto de ley de Medidas Fiscales. El ideal para el oficialismo sería dictaminar ese mismo día ambos proyectos y dejar todo listo para que siete días después, el jueves 16 de mayo se realice la sesión del Senado para tratar ambos temas.

En caso de confirmarse este organigrama, y sobre todo de poder cumplimentarse, el oficialismo podría cumplir con los tiempos de modo tal de llegar holgado a la firma del Pacto de Mayo. Incluyendo la posibilidad de que haya alguna modificación en los textos que obligue a una sesión más de la Cámara baja para tratar esas eventuales modificaciones.

Por lo pronto, según pudo averiguar este medio, la confianza impera en las filas libertarias, donde aseguran contar al menos con 37 votos para la aprobación en general de ambas iniciativas. La confianza no es exactamente la misma para el debate en particular, aunque insisten en que en los días que vienen se terminará de dar garantías para los artículos más controvertidos, que a priori estarían en el articulado correspondiente a los impuestos al tabaco (ley de Bases) y las modificaciones en Ganancias (paquete fiscal).

La llave para la aprobación de los artículos más peleados estaría en los gobernadores, con los que se aceleran las negociaciones, de modo tal de no dejar nada librado al azar y tratar de llegar al recinto con certezas.

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Inmediatamente después de que se aprobara en la Cámara baja los dos proyectos del Poder Ejecutivo que tanto esperaba Javier Milei, se inició una cuenta regresiva en el Senado, urgido por lograr la aprobación de ambas leyes antes del 25 de Mayo, fecha impuesta por el presidente de la Nación para contar con la aprobación de ambas leyes para suscribir ese día lo que denominó como Pacto de Mayo.

Los tiempos urgen entonces en el Senado, aunque tranquilamente podrían cumplirse, en caso de contar el oficialismo con el número necesario para la aprobación de ambas leyes.

Estamos hablando del proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobado el martes por la mañana con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones; y el de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que salió con 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

Por lo pronto, no se espera una aprobación en general tan holgada en el Senado. Ni siquiera está la certeza de que los proyectos logren su aprobación sin modificaciones en la votación en particular. En ese caso, aquella iniciativa que experimentara alguna modificación -sino el rechazo- debería pasar de nuevo por Diputados, sin chances entonces de que el sábado 25 de Mayo se firme pacto alguno entre el presidente y los gobernadores.

La idea de las autoridades de la Cámara alta es darle celeridad al debate en ese Cuerpo. Por lo pronto, la semana que viene debería reunirse un plenario para una o dos reuniones informativas, tal cual sucedió en el verano en la Cámara baja, donde hubo dos jornadas dedicadas a los funcionarios y después otras para representantes de la sociedad civil. Esta vez no se espera tanto. Serán audiencias informativas con funcionarios nacionales. También podría limitarse a una reunión, dado que este proyecto es mucho más acotado que el que obligó en enero a la presencia por ejemplo de la ministra de Seguridad y los secretarios de Salud y Cultura.

Para el caso del paquete fiscal, sería igual que en Diputados, adonde concurrió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien concurrió acompañado por un grupo de funcionarios, pero solo él expuso. Ese tema será discutido, como en Diputados, solo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce el senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche (LLA – Jujuy).

La ley de Bases tendría como marco un plenario. Se verá con qué comisiones, pues si bien en la Cámara baja participaron los miembros de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, no tendría sentido que esta última comisión participara esta vez. Asuntos Constitucionales fue convocada en enero porque en el texto puesto a consideración figuraba la reforma política, que fue eliminada del texto definitivo. Habría que ver en caso de ser cambiada esa comisión cuál es la elegida.

Recordemos que Legislación General es presidida por Bartolomé Abdala (LLA – San Luis). Y Asuntos Constitucionales está a cargo del entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal).

El jueves 9 podría llegar a firmarse el dictamen, si se lograra darle un tratamiento acelerado a los proyectos. Caso contrario, podría quedar para la semana siguiente: martes 14 o jueves 16, teniendo en cuenta que el miércoles asistirá el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para brindar su primer informe de gestión.

Siete días después, en la Semana de Mayo, sería el momento de debatir ambos proyectos en el recinto. En una sesión extensa, pero no tanto como en Diputados.

Todo dependerá de que para entonces esté la certeza de contar con los votos para el debate en general y en particular. Por ahora los números están muy ajustados, con una leve ventaja para la aprobación, que sería con lo justo: por 37 votos a favor.

Se oficializó este miércoles la convocatoria a la sesión informativa del próximo 15 de mayo en el Senado, que encabezará el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a quien públicamente no se le conoce la voz. Será su debut ante el Poder Legislativo. 

La fecha había sido acordada en la última reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloques. Se estima que, según los planes del oficialismo, para esa fecha tanto la ley de Bases como el paquete fiscal ya se encuentren en tratamiento en la Cámara alta. 

Posse, de bajísimo perfil desde el comienzo del Gobierno, hará su debut ante el cuerpo que preside Victoria Villarruel. Asistirá para cumplir con lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 101.

El mismo indica que “el jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71”. 

En tanto, el artículo 71 reza: “Cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Si bien se había anticipado que Posse estaría en el Senado los últimos días de abril, finalmente se estableció que sea a mediados de mayo. 

Aunque no hay declaraciones públicas del jefe de Gabinete, varios legisladores de bloques dialoguistas -además de los del oficialismo- ya han tenido contacto con él en las reuniones de negociaciones por la ley ómnibus, no realizadas en el Congreso sino en Casa Rosada. 

 

Luego de la polémica en el Senado por el aumento de dietas, el interbloque de Unión por la Patria presentó un pedido de sesión para el próximo 2 de mayo, con la intención de debatir sobre un proyecto de ley que pone un tope máximo a los sueldos de funcionarios públicos de los tres poderes, órganos extrapoderes, organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado. 

La iniciativa fue presentada en marzo pasado por el formoseño José Mayans pero, al igual que el resto del temario, no posee dictamen de comisión, con lo cual requeriría de dos tercios de los votos para su tratamiento sobre tablas. 

Además, la solicitud incluye proyectos referidos a la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Uno de ellos busca declarar la emergencia durante 2024 y elevar la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones de pesos para este año. 

La otra iniciativa propone un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032. 

Finalmente, el tercer tema tiene que ver con anular los aumentos de las tarifas de electricidad dispuestos por el Gobierno nacional en febrero, a través de la resolución 7/2024, y reglamentar el precio de la adquisición de la energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A. 

“El tratamiento urgente de estos proyectos se motiva por la acuciante situación económica por la que están atravesando gran parte de los habitantes de la Argentina, siendo necesaria la intervención de este Cuerpo para paliar cuanto menos en parte la misma”, sostuvieron en el pedido. 

 

En una decisión que no pasará para nada desapercibida, sino todo lo contrario, los senadores nacionales aprobaron este jueves a mano alzada y sin debate una resolución que establece un fuerte incremento en sus dietas, llevándolas a más del doble.

La resolución se incorporó sobre tablas, al ser avalada por los dos tercios, y luego se procedió a votar, pero esto no se hizo de manera nominal, es decir, los nombres no quedaron registrados en el tablero ni en las actas posteriores.

Actualmente, los sueldos de los senadores estaban por debajo de los 2 millones de pesos, en 1,7 millones y, de esta manera, podrían pasar a cobrar más de 4 millones de pesos netos. Sumado a algunos diferenciales, el bruto podría ascender a más de 6 millones de pesos.

Los senadores ya habían manifestado su malestar luego que el presidente Javier Milei le ordenara a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dieran marcha atrás con el aumento del 30% para los legisladores nacionales que habían dispuesto en febrero, al estar "enganchados" con las paritarias de los empleados del Congreso.

Según se pudo ver en el recinto, los cuatro libertarios presentes, Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto no levantaron sus manos. Tampoco lo hicieron los senadores del Pro Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Alfredo De Angeli, Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling Lara y Victoria Huala; los radicales Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Maximiliano Abad y Flavio Fama; y la tucumana Beatriz Ávila.

La resolución, presentada con las firmas de la neuquina Lucila Crexell, el salteño Juan Carlos Romero y los radicales Pablo Blanco y Daniel Kroneberger, entre otros, sí fue avalada por Unión por la Patria, Unidad Federal, una parte del radicalismo y bloques provinciales.

La vicepresidenta había sido anoticiada con anterioridad del pedido sobre tablas que se iba a hacer. Justamente Villarruel fue la que se mostró más resistente a retrotraer el aumento a los legisladores, a pedido de Milei, y lo confesó luego en una entrevista con el canal TN.

“Un legislador es la persona que no sólo va a modificar leyes, la que de alguna manera representa a las provincias (en el Senado) y al pueblo argentino en Diputados. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna”, había dicho hace un mes atrás.

Y fue más allá al considerar que “no reciben un sueldo acorde a la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, así solo van a poder ser legisladores los ricos, los corruptos, los narcos, los que tengan un sponsor atrás… Para mí tienen que ganar bien”. Y ante la repregunta, remarcó: “No ganan bien”.

Otra de las cuestiones que aquejaba a los senadores era que, con ese incremento de febrero suspendido, sus dietas iban a estar por debajo de sueldos de empleados de la máxima categoría de la Cámara alta. Y allí la discusión sobre si eso debía pasar o no.

Concluido el temario de la sesión ordinaria, hubo una cuestión de privilegio de la senadora María Eugenia Duré (UP) por Malvinas y luego se le dio la palabra al senador Romero, quien sin muchas explicaciones solicitó: "Presidenta, obra en Secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores, que está también en las bancas de cada uno, para que sea puesto en consideración". Y allí se pasó a aceptar su incorporación y luego aprobarlo a mano alzada.

El proyecto (con el número de expediente 615/24) establece que "a partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo".

"El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos", aclara, el cual equivale a 1.802 pesos.

La Cámara alta sancionó este jueves por unanimidad -67 votos afirmativos- el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Fue el único que se convirtió en ley, ya que contaba con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

El convenio tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, mensajería y datos móviles en los Estados parte del Mercosur.

En virtud del acuerdo, los proveedores de telecomunicaciones deberán aplicar a sus usuarios, que utilicen servicios de roaming internacional en el territorio de otro Estado que integre el Mercosur, los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo con la modalidad y plan contratado por cada usuario. De igual manera, deberá existir razonabilidad en la relación entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones, de forma tal que los acuerdos resulten convenientes tanto para los usuarios, como para todos los proveedores participantes.

Además, se trató un paquete de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y fueron aprobados otros tratados relacionados con el Mercosur: el Acuerdo de Comercio Electrónico del Mercosur, celebrado en Montevideo, Uruguay, en abril de 2021; el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los territorios de los Estados parte del Mercosur, suscripto en Brasil en 2019; el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio del Mercosur, suscripto en Brasil en 2019; y el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, suscripto en Brasil en 2017.

Por otra parte, se avaló un Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el gobierno de la República Checa, celebrado en marzo de 2011; y otro en el mismo sentido con la República del Paraguay, celebrado en la ciudad de Asunción el 8 de abril de 2022.

También, un Convenio sobre Seguridad Social con Canadá, celebrado el 13 de agosto de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires; y el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech.

Asimismo, el conjunto incluyó un acuerdo con China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados de forma ilícita, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2019; y con ese mismo país, un convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en Beijing en septiembre de 2010.

La lista se completó con un acuerdo relativo a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrado en París en 2021; un acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, celebrado en Ciudad del Cabo en 2012; acuerdos sobre asistencia jurídica mutua con la República de Serbia y con Cuba; sobre traslado de personas condenadas o sentenciadas con Italia; y tratados de extradición con Polonia y Costa Rica.

Como miembro informante en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el libertario Francisco Paoltroni destacó la labor realizada de la misma que fue “muy productiva en la cantidad de días que nos reunimos y 21 dictámenes favorables que sacamos. Fue una gran colaboración de todos los senadores que la componen”. También ponderó la presencia de funcionarios de Cancillería que asistieron de forma permanente para explicar cada proyecto.

Paoltroni pidió una moción de orden para postergar la orden del día 14/24 por “pedido de los presidentes de bloque en el trabajo de Labor Parlamentaria”. Se trata del proyecto de acuerdo sobre traslado de personas condenadas o sentenciadas con Ucrania.

Al hacer un repaso de todos los dictámenes, sobre el Convenio sobre Seguridad Social con Canadá el formoseño aclaró que “procura tener obtener el reconocimiento de los aportes realizados por un trabajador de un país a otro país. El Convenio busca evitar el doble aporte en el caso de trabajadores de traslado temporario. Aproximadamente 19.500 argentinos viven en Canadá por lo que es esperable que la entrada en vigor del Convenio favorezca a una importante cantidad de ciudadanos argentinos que residen en el país y aguardan hace mucho el Convenio”.

Con relación a la Argentina, Paoltroni explicó que el Convenio se aplicará a la Legislación sobre Beneficios Contributivos del Sistema de Seguridad Social en lo que se refieren a los regímenes de vejez, invalidez y muerte administrado por la institución competente. Con relación a Canadá se aplicará a la Ley de Seguro de Vejez y las normativas adoptadas en virtud de ello. “La suscripción del Convenio se enmarcó en la Celebración de los 80 años de la relación bilateral con Canadá y representó una buena sintonía entre ambos gobiernos”, destacó el libertario.

Al referirse al proyecto de creación de un protocolo de contrataciones públicas del Mercosur, suscripto en la Ciudad de Brasilia, Paoltroni precisó que tiene por objeto “la creación de nuevas oportunidades de negocios para el sector privado, contribuye a la generación de empleo y renta, así como la reducción del costo del sector público que contribuye para el desarrollo económico social”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, el miembro informante explicó que “tiene por objeto establecer pauta de servicios de itinerancia internacional roaming entre los proveedores de telecomunicaciones que presenten servicios de telefonía móvil, mensajería, datos en el estado parte del Mercosur”.

Al hacer mención a la aprobación del acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, Paoltroni explicó: “La aprobación de este instrumento vigorizaría aún más el vínculo con la República Popular China y permitiría profundizar la relación en una esfera que ambos países otorgan relevancia como la riqueza histórica de los pueblos a través de la preservación del patrimonio cultural”.

Respecto de la Convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, detalló que es “continuadora de la Asociación Internacional de ayuda a la navegación marítima y autoridades de faro de la que participa activamente el Servicio de Hidrografía Naval desde hace más de 60 años. La aprobación de este proyecto permitirá que nuestro país continúe el trabajo que viene realizando en el marco de esta asociación colaborando con la organización y otras autoridades de navegación con el fin de armonizar las normas de sistema de ayuda de navegación, facilitar la seguridad, el tránsito eficiente de los barcos”.

Por último, se explayó con el proyecto de ley que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros que “tiene por objetivo establecer reglas internacionales para la seguridad de los buques pesqueros, con el propósito de contribuir a la mejora en las condiciones laborales y personales de los pesqueros y apoyar la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Establece reglas para la construcción del equipo de buques pesqueros y que incluyan disposiciones de reconocimiento de dispositivos de salvamiento, máquinas, equipo de mantenimiento, entre otros”.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores convirtió en ley por unanimidad -67 votos afirmativos- el proyecto que instaura el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

La flamante norma establece además que "el Poder Ejecutivo de la Nación propiciará la realización de actividades específicas relacionadas con el día nacional instituido".

El proyecto, que fue impulsado por diferentes bloques en la Cámara de Diputados, contaba con media sanción desde el 20 de septiembre pasado.

Según una encuesta del CONICET de 2019, la Argentina tiene 15,3% de población que se considera de fe evangélica, lo que equivale a unos 7 millones de argentinos.

La jujeña Vilma Bedia (LLA) expresó: “Acompañar esto ahora sería un reflejo de dar respuesta a una comunidad evangélica que está esperando hace mucho tiempo este paso”. También recordó que la libertad de culto está reflejada en la Constitución Nacional en el artículo 14 y 72 inc. 22.

“El año 1517 el 31 de octubre marca un hito fundamental en la historia porque Martín Lutero presentó su 95 tesis en el cual dio lugar a la reforma protestante. Esta comunidad evangélica, que forma parte de la sociedad argentina, se aboca a abrazar en tiempos de crisis que la fe en su cuarta dimensión puede hacer aportes a la sociedad que nosotros no vemos y ellos lo hacen de forma voluntariamente y silencioso a lo largo del país”, explicó.

“Es un día histórico para las iglesias evangélicas. En varias provincias ya está esta ley. Es un tema que venimos trabajando al lado de varias iglesias. Es un proyecto que salió por unanimidad. Quiero agradecer a la comisión el tratamiento del proyecto”, sumó la tucumana Sandra Mendoza (UP).

Con cuestionamientos de la oposición hacia la política exterior del Gobierno, sobre todo respecto de la postura de Javier Milei en torno a Israel, el Senado avaló este jueves los pliegos de seis embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, incluido el del rabino personal del presidente, que había tenido un trámite espinoso en la Comisión de Acuerdos.

El dictamen que contenía a todos los candidatos fue aprobado por unanimidad, con 67 votos positivos. Se trata de Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India), Ian Selecki (Francia), Sonia Cavallo (OEA) y Axel Wahnish (Israel).

Wahnish había sido cuestionado por los senadores Anabel Fernández Sagasti (UP) y Martín Lousteau (UCR) por la decisión de Milei de mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Una discusión que se dio previamente al ataque de Irán a Israel, y que sobre todo tenía que ver con algún tipo de perjuicio que eso podría ocasionar en el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, dado que Jerusalén es un territorio en disputa.

El cuestionamiento, sobre todo del radical, provocó que la propia canciller Diana Mondino y funcionarios de su cartera se reunieran con Lousteau por el tema. Tras ese encuentro, el presidente del partido radical y su par Maximiliano Abad adhirieron al pliego. Wahnish también mantuvo una charla privada con Lousteau.

Miembro informante como presidenta de la Comisión de Acuerdos, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri destacó que los candidatos hayan asistido a audiencia pública, porque así "están respetando el rol que cumple el Congreso, el Senado". "Se les preguntó, como es costumbre, cuál es la agenda encomendada por el Poder Ejecutivo en cada uno de los países, cuál es su perspectiva de la situación y plan de trabajo. Y esto fue contestado. También se generó un debate y se permitió un intercambio de cada uno de los senadores", señaló.

Desde Unión por la Patria, la salteña Nora del Valle Giménez manifestó sus "preocupaciones, temores e inquietudes" respecto del "rumbo que el Ejecutivo está dando a nuestra política exterior". Si bien reconoció que la elección de embajadores "es una competencia del presidente" y "es necesario respetar la voluntad popular", reflexionó sobre la postura de Argentina ante conflictos internacionales.

"Enfrentamos un mundo inestable y desigual, donde conviven tensiones, enfrentamientos y conflictos", apuntó y resaltó que "nuestra región se destaca como una región de paz, sin conflictos armados entre Estados, lo que constituye un bien estratégico a preservar".

En ese sentido, rechazó la posición de Milei sobre Israel, algo que produce "alto riesgo" y "expone la seguridad de los argentinos". "El alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, ambos países que enfrentan conflictos bélicos serios en el actual contexto geopolítico, significa una verdadera ruptura en la tradición de la política exterior de neutralidad y a favor de la paz, que ha caracterizado a nuestro país por décadas", sostuvo.

En su discurso, que no se refirió a los pliegos, el senador radical Maximiliano Abad se solidarizó con el pueblo de Israel por el ataque de Irán y pidió "hacer un llamado enérgico a la paz y estabilidad de la región". Al recordar que el presidente invitó al comité de crisis al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el bonaerense criticó que con ese hecho "se produjo el último agravio contra la prensa" cuando "el presidente acusó a Jorge Lanata de mentiroso y de cobrar sobres". Así, mencionó a todos los periodistas señalados por Milei e hizo una defensa sobre la libertad de expresión y de prensa, y recomendó al mandatario "bajar los decibeles". "Le quiero decir a este Gobierno que no despilfarre la legitimidad que han tenido", agregó.

Luego fue el turno de Martín Lousteau -que había interpelado fuertemente a Wahnish en la audiencia pública-, quien adelantó que iban a apoyar todas las postulaciones, pero se refirió a la postura del presidente sobre la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén: "Esto entraña un riesgo de múltiples dimensiones, y es algo que está reconocido por expertos de todos los sectores".

En primer lugar, subrayó que está la cuestión Malvinas y que hay "derecho internacional que la Argentina necesita acatar para reclamar por la soberanía de Malvinas". Además, sería "un problema de índole político, porque la Organización de la Conferencia Islámica tiene 51 miembros, parte de esos miembros pertenecen al Comité de Descolonización y la cuestión Malvinas está en ese comité gracias al logro del presidente Arturo Illia y de su canciller (Miguel) Zabala Ortiz", expresó.

También, tal decisión pondría en riesgo la seguridad nacional, advirtió. "Mudar la embajada contra todo este derecho internacional es una provocación innecesaria, para un país, sobre todo como la Argentina, que tuvo el atentado terrorista contra la embajada de Israel, la AMIA y el asesinato del fiscal (Alberto) Nisman", explicó. Y asimismo, enfatizó que "Argentina tiene que velar por los nueve compatriotas que siguen secuestrados por Hamas".

Tras recordar la audiencia que tuvieron con Mondino en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Lousteau reveló que este mismo jueves, la canciller envió una nota al bloque en la que afirma que "la Cancillería argentina no realizara ninguna acción en el ámbito de la política exterior que perjudique el interés nacional para lograr el objetivo de recuperar el ejercicio pleno sobre las Islas Malvinas". "Con estas seguridades que nos ha dado Cancillería, nosotros vamos a votar todos los pliegos", cerró el presidente del partido radical.

En el tramo final, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, confirmó: "Nuestro bloque va a acompañar las postulaciones de todos los embajadores, porque entendemos que es una prerrogativa constitucional del presidente".

Sobre el conflicto en Medio Oriente, y al recordar pasajes de la Biblia, resaltó que "los Estados fueron tratando de avanzar en un problema que prácticamente es milenario".

"No hay en este momento otro esquema superior que la neutralidad y el llamado a la paz. En la guerra, como dice el papa (Francisco), no va a ganar nadie", manifestó y reveló que se reunió con Wahnish, quien le pareció "una persona atinada, que también lleva la propuesta de paz por parte de la Argentina". "Nosotros acompañamos, pero no coincidimos con el presidente con la posición que tiene en política exterior", agregó el formoseño.

En el cierre, el libertario Juan Carlos Pagotto destacó que "estamos de acuerdo que la defensa de la paz está por encima de cualquier otro interés. Creo que más allá de la prerrogativa del presidente, es la misión de todo el Senado, o de todos los que conformamos los tres poderes de la República, bregar por la paz".

 

Tras un mes de la última reunión, el Senado realiza este jueves una nueva sesión desde las 11.22. La misma tiene carácter ordinario -no se lleva a cabo una de esas características desde hace un año-, con lo cual además del temario, los senadores podrán proponer iniciativas para su tratamiento sobre tablas.

Una de las principales cuestiones será la votación de los seis pliegos de embajadores propuestos por el Gobierno nacional. Todos ellos serían avalados, incluso el del rabino personal del presidente Javier Milei, que tuvo el trámite más espinoso.

Se trata de Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India), Ian Selecki (Francia), Sonia Cavallo (OEA) y Axel Wahnish (Israel).

Por otra parte, se someterán a votación una veintena de acuerdos internacionales relacionados con el Mercosur, servicios aéreos, asistencia jurídica y tratados de extradición, entre otros.

En caso de aprobarse, el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur será ley, pues ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

Otra iniciativa con media sanción, incluida en el temario, es la que establece el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

 

El oficialismo en el Senado tiene la intención de sesionar este jueves para llevar al recinto los pliegos de embajadores propuestos por el Gobierno nacional y un paquete de tratados internacionales, pero todavía no está definido. La complicación pasaría por los votos para la postulación del rabino de Javier Milei, Axel Wahnish, como representante ante Israel.

Primeramente, La Libertad Avanza, con 7 senadores propios, requiere el acompañamiento de 30 más para poder abrir el recinto y conseguir quórum. Tarea nada sencilla, sobre todo en tiempos que los bloques provinciales dependen de las negociaciones que sus gobernadores tienen -por diferentes temas- con Casa Rosada.

En tal sentido, por ejemplo, la dupla de legisladores de Santa Cruz no se mostraba apresta días atrás a votar a favor de la designación de embajadores. Sin embargo, este martes el ministro del Interior, Guillermo Francos, estuvo reunido con el gobernador de esa provincia, Claudio Vidal, y reveló públicamente que conversaron sobre la ley de Bases. Los asuntos del Senado no habrán quedado afuera tampoco.

La mayoría de 39 senadores que logró la vicepresidenta Victoria Villaruel para la elección de autoridades y conformación de comisiones ya quedó demostrada es circunstancial. Durante la única sesión en la que se trataron temas, en lo que va del año, el oficialismo recibió nada más y nada menos que un duro golpe con el rechazo del DNU 70/23 por 42 votos en contra.

Además del conjunto de tratados internacionales, en la sesión se quiere buscar aprobar los pliegos de embajadores, todos juntos en un mismo dictamen. En primer lugar, aparecen cinco candidatos: Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India), Ian Selecki (Francia) y Sonia Cavallo (OEA).

En tanto, al haber obtenido las firmas necesarias días después, la postulación de Wahnish quedó en una siguiente página, pero se encuentra dentro de la misma orden del día.

En la audiencia pública, el rabino personal del presidente había sido cuestionado por Anabel Fernández Sagasti (UP) y Martín Lousteau (UCR) por la decisión de Milei de mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

El cuestionamiento, sobre todo del radical, provocó que la propia canciller Diana Mondino y funcionarios de su cartera se reunieran con Lousteau por el tema. Tras ese encuentro, el presidente del partido radical y su par Maximiliano Abad adhirieron al pliego. Wahnish también mantuvo una charla con Lousteau.

Desde Unión por la Patria, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Alicia Kirchner, integrantes de la Comisión de Acuerdos, no avalaron ninguna postulación; mientras que Lucía Corpacci acompañó la postulación de Werthein y Caucino; Claudia Ledesma Abdala de Zamora la de Werthein; y Sergio Uñac la de Werthein y Sielecki, todos en disidencia parcial.

 

El oficialismo en el Senado intentará continuar con la conformación de comisiones, luego que la semana pasada se viera frustrado el quórum en dos reuniones y se suspendiera otra.

Tras un decreto, firmado el 21 de marzo, la vicepresidenta Victoria Villarruel avanzó con el reparto e integración de las comisiones permanentes de la Cámara alta, de acuerdo a la mayoría circunstancial que construyera para tal fin al comienzo de la gestión.

Ese número de 39 senadores, conformado por La Libertad Avanza -tan sólo con 7 miembros- más toda la oposición no K es considerada ilegítima por parte de Unión por la Patria, interbloque con 33 integrantes que no envió representantes a las comisiones, al asegurar que les corresponden más lugares que aquellos que les quieren otorgar.

Pero el fracaso de la semana pasada no tuvo que ver con la postura de UP, sino que el quórum no se logró en dos comisiones por las ausencias de senadores provinciales. En el caso de Trabajo y Previsión Social, por el faltazo del santacruceño José Carambia y la rionegrina Mónica Silva; y en el caso de Agricultura, Ganadería y Pesca, también por la ausencia de Carambia. Ambos responden a sus gobernadores, Claudio Vidal y Alberto Weretilneck, respectivamente, en tensión con el Gobierno nacional.

Ahora las comisiones fueron reprogramadas para este miércoles, en el Salón Illia. A las 14.30 se convocó a Trabajo y Previsión Social, donde sería elegida presidenta la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero; a las 15 Agricultura, Ganadería y Pesca, que quedaría en manos del macrista Alfredo De Angeli; y a las 15.30 Defensa Nacional, donde se propondrá a Luis Juez, jefe del bloque Pro, como titular.

Una comisión que la semana pasada no había estado en agenda y se sumará este miércoles, a las 16, es la de Infraestructura, Vivienda y Transporte, donde podría asumir un radical, más precisamente el exgobernador mendocino Rodolfo Suárez. Además, el jueves a las 14.30 será el turno de conformar la de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Un senador Pro iría a la Bicameral de Inteligencia

El último viernes, Victoria Villarruel designó los miembros en tres bicamerales, una de ellas la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, una comisión que mantiene reuniones reservadas y es la encargada de controlar a la Agencia Federal de Inteligencia, actualmente bajo el mando del interventor Silvestre Sívori.

Los cuatro senadores asignados por la Cámara alta son Martín Goerling Lara (Pro), Mariana Juri (UCR), Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Edith Terenzi (Cambio Federal). Es decir, no hay ningún miembro de La Libertad Avanza. Goerling Lara, de Misiones, sería propuesto como presidente. Este año la conducción corresponde al Senado.

Sin embargo, la comisión no se conformará hasta tanto Martín Menem no designe los integrantes por parte de la Cámara de Diputados, algo que se vio con la demora que tuvo la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Poder Ejecutivo.

Además de la Bicameral de Inteligencia, Villarruel ya nombró a los miembros por la Cámara alta para la Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, encargada de la designación del defensor del Pueblo, un cargo vacante hace 15 años que requiere los dos tercios de los votos de ambas cámaras; y la Administradora Bicameral de la Biblioteca del Congreso.

Luego del fin de semana extralargo, el Senado de la Nación retomará este jueves 4 de abril la actividad legislativa poniendo en marcha la constitución de seis comisiones. De esta manera, de las 27 comisiones permanentes que hay en la Cámara alta pasarán a ser 13 las constituidas, ya que desde el 10 de diciembre a la fecha se conformaron la de Acuerdos, Asuntos Administrativos y Municipales, Asuntos Constitucionales, Justicia, Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto.

La mayoría de las presidencias correspondieron a La Libertad Avanza (cuatro), a pesar de tener el oficialismo apenas siete bancas en la Cámara alta. Las otras tres fueron para el Pro (Acuerdos), la UCR (Asuntos Administrativos y Municipales) y Unidad Federal (Asuntos Constitucionales). Que se haya beneficiado especialmente a La Libertad Avanza tiene justificación en que se le asignaron las comisiones “de gobernabilidad”.

Tal como había anticipado parlamentario.com, de las seis que se conformarán al menos dos serían para el Pro y dos para el radicalismo. En realidad iban a ser siete, pero la de Defensa, donde iría Luis Juez -jefe del bloque Pro- como presidente se suspendió.

Al reparto de las presidencias de las comisiones y la integración de las mismas, la vicepresidenta Victoria Villarruel lo concretó en base a la mayoría de 39 senadores que logró iniciada la gestión, cuando a los siete del oficialismo se sumaron todos los bloques de la oposición menos el kirchnerismo. Por este motivo, desde Unión por la Patria, primera minoría dentro del Senado con 33 integrantes, están disconformes con la conformación que tienen estas comisiones. De hecho, no enviaron los nombres de sus representantes, excepto para la Comisión Banca de la Mujer, de acuerdo figura en el decreto 19/24 de Presidencia.

Este jueves, la primera comisión en constituirse será la de Trabajo y Previsión Social, a las 10, y quedaría en manos de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del Pro. Una hora más tarde será el turno de Agricultura, Ganadería y Pesca, que quedaría para el entrerriano Alfredo De Angeli, también de la bancada macrista aliada a LLA.

A las 11.30 se reunirá la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, mientras que 12.30 será el turno de Economía Nacional e Inversión.

Por la tarde, a las 14 se constituirá la de Seguridad Interior y Narcotráfico, que encabezaría la santafesina radical Carolina Losada; y a las 14.30 cerrará la jornada la Comisión de Turismo. Todas elegirán autoridades, determinarán días y horarios de trabajo y elaboraron una agenda legislativa de cara al año.

La única comisión que aún no tiene nombres de ningún bloque designados es la de Minería, Energía y Combustibles.

La Comisión de Acuerdos del Senado realizó este jueves una audiencia pública en la que expusieron seis candidatos a embajadores propuesto por el Gobierno. En el final, la presidenta de la comisión, la macrista Guadalupe Tagliaferri, informó que los dictámenes de los pliegos se pasarán a la firma.

El primero en presentarse fue Guillermo Nielsen, expresidente de YPF y exembajador en Arabia Saudita, Yemen y Baréin durante el gobierno anterior. Ahora, es propuesto con destino a Paraguay.

Sobre el país vecino, resaltó que “un país con una economía muy sana y sólida” y destacó que tiene “políticas económicas que han hecho de ese país uno mucho más importante y generador de riquezas de lo que fue”. Valoró en ese sentido su tecnología agropecuaria y apuntó que “es un jugador cada vez más importante en el mercado de carne y también en el mercado de soja”.

“Las cosechas paraguayas son de mayor calidad que la Argentina”, admitió, comentando que se importan toneladas de soja de aquel país y se mezclan con el producto nuestro para dar un nivel de proteína mayor a la soja argentina.

Al referirse a la Hidrovía, enfatizó que “el sector privado es una fuente de infraestructura y de unión con Argentina, Brasil y Uruguay y es importante que en ese tema nos manejemos con la mayor diplomacia”.

Además, Nielsen remarcó las coincidencias entre los presidentes de ambos países y comentó que “Paraguay, por su baja tributación, ha sido y es un destino de muchos emprendedores argentinos”. Como ejemplo de la importancia de ese país contó que él ya fue embajador ante Alemania y Arabia Saudita, pero nunca le pasó como ahora que tenga el listado de pedidos de reuniones que tiene hoy.

Sobre el conflicto “permanente y constante” que existe con la isla Apipé, quiso saber el senador correntino Carlos “Camau” Espínola qué soluciones podrán encontrar, y Nielsen informó que Cancillería está trabajando una propuesta para hacerle llegar a las autoridades paraguayas. “Necesitamos tener la mayor diplomacia” en ese tema, aclaró.

Luego fue el turno de Gerardo Werthein, candidato a embajador ante Estados Unidos, quien habló de “trabajar en todo lo que tiene que ver en la alianza con la primera potencia del mundo y al que el presidente Javier Milei ha definido como un aliado estratégico”.

Recordó haber fundado el ENARD y resaltó que esa ley la trabajó precisamente en el Senado, una norma que consideró que cambió el paradigma olímpico para la Argentina. “Me tocó trabajar también en el Comité Olímpico Internacional”, dijo y contó que se focalizó desde allí en las relaciones internacionales, cosa que lo ayudó a hacer una gran experiencia y a construir vínculos muy sólidos con muchos países.

También resaltó que le tocó liderar importantes empresas en nuestro país y, a partir de eso, aprender y comprender cuáles son las dinámicas para motorizar inversiones, tanto en el sector público, como privado.

Puntualmente respecto de los Estados Unidos, destacó los 200 años de historia común que tenemos. “Y vamos a continuarlas”, aseguró. “Fortaleceremos el contacto directo con las provincias, el Consejo Federal de Inversiones; las cámaras empresarias; los representantes de los trabajadores, conscientes de la importancia que tiene el comercio con Estados Unidos”, agregó, al ponderar la gestión del último embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

“Nuestros esfuerzos tendrán como eje el incremento de las exportaciones e inversiones extranjeras”, afirmó, al subrayar que Estados Unidos es “un socio clave para incrementar el ingreso de divisas, no solo por su importancia como inversor”.

En su exposición, Werthein prometió una articulación “eficiente” con los representantes argentinos con organismos económicos financieros, con organismos también como la OEA, y “trabajar en equipo y que podamos tener un mensaje coordinado en cada área”.

“Estados Unidos es un continente que contiene 53 países; es muy importante recorrer cada estado, abrir nuevos mercados. Es muy importante el intercambio académico en Argentina y Estados Unidos. Más de 12 mil jóvenes estudiantes y maestros ha hecho intercambio con Argentina, continuaremos con eso”, sostuvo.

En otro pasaje expresó que “ingresamos en una etapa de Argentina que los flujos de inversiones de las empresas de ese país van a ser claves en el desarrollo y sobre todo en sectores estratégicos como la minería”, y aseguró que hay “un enorme interés de venir a la Argentina y poder invertir”.

El candidato habló de fortalecer el diálogo con el Gobierno estadounidense y de la necesidad de lograr reducir sanciones antidumping como las que hoy caen sobre el biodiésel, el acero y la miel.

Comentó en otro momento de su disertación que Argentina exporta 5.600 millones de dólares en bienes e importamos 8.600. El déficit comercial es de 3.000 millones. En exportaciones de servicios, las cifras no son completas, pero contó que exportamos 4.600 millones e importamos 5.900. “Estamos en condiciones de revertir este déficit estructural, hay que hacer una gran tarea que genere un incremento en las exportaciones de bienes y servicios”, completó.

Ian Sielecki, propuesto por su cercanía con el entorno íntimo del presidente francés Emmanuel Macron, por haber trabajado en sus campañas y estudiado junto a sus principales ministros, relató precisamente su formación en ese país.

Mencionó que estudió en la escuela franco-argentina, "lo que me permitió luego hacer mi carrera universitaria y varios años de mi vida profesional en Francia. Allí me he especializado en la administración pública francesa y he tenido distintas experiencias vinculadas a la política y la diplomacia. Y en ese contexto tuve mucha suerte, porque me tocó ser testigo privilegiado de la creación del movimiento político que renovó generacionalmente a Francia en 2017, por haber sido compañero y colega de sus fundadores".

"Tengo claro que esos vínculos políticos, y otros que he podido construir son un instrumento eficaz para apuntalar de manera concreta los intereses de nuestro país", manifestó y explicó que buscará "delinear esos intereses en dos ejes". "En primer lugar, la convergencia política con Francia en torno a valores comunes y la cooperación que de ella deriva en distintos ámbitos". En ese sentido, resaltó que Francia "es el primer socio científico de nuestro país, con 100 proyectos bilaterales en ejecución. Eso debe ser mantenido como así también la cooperación nuclear o académica". También hizo referencia a la cooperación respecto de las fuerzas militares y fuerzas de seguridad.

Dentro de ese primer eje, Sielecki ponderó que sobre la guerra en Ucrania "las posiciones del presidente Milei y el presidente Macron son convergentes". Sumó luego que "la cooperación histórica en derechos humanos es un activo" entre ambos países.

Respecto al segundo eje, el candidato habló del "fortalecimiento de las relaciones económicas". "Francia supo ser el quinto inversor extranjero en nuestro país. Hoy es el octavo. Vamos a recuperar terreno", auguró y mencionó la posibilidad de ampliar inversiones en energía y minería.

"Existen productos argentinos con exportaciones pujantes a Francia, que pretendemos potenciar", agregó y apuntó que "en el FMI, Francia tiene un peso específico en el directorio y trabajaremos para que acompañe las condiciones más favorables para nuestro país".

Avanzada la reunión fue el turno del rabino personal de Javier Milei, Axel Wahnish, quien le agradeció al presidente "por haber confiado en mí y encomendado esta enorme misión de poder representar a nuestro país en un destino tan sensible y desafiante como es Israel". Tras presentarse y repasar su trayectoria educativo, hasta que llegó a ser rabino, reveló: "Desde los 20 años decidí abocar mi vida a todo lo que tiene que ver con educación, trabajo social y comunitario". Posteriormente, al momento de las preguntas, fue fuertemente interpelado por la decisión del Gobierno de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

En la reunión, que se realizó en el Salón Illia y se extendió por cuatro horas, también defendieron sus pliegos Mariano Caucino, exembajador en Israel y Costa Rica, propuesto para la India; y Sonia Cavallo, economista e hija del exministro Domingo Cavallo, candidata a representar a Argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien fue observada por el kirchnerista Oscar Parrilli por poseer ciudadanía estadounidense.

 

Este jueves sucedió en el Senado algo tan inédito como esperable: el Cuerpo rechazó (con amplitud) el decreto de necesidad y urgencia que con mucha pomposidad anunció el presidente de la Nación el 20 de diciembre del año pasado. Rodeado de sus ministros y aquellos que colaboraron en la escritura de esa norma, en esa oportunidad Javier Milei anunció ese DNU que, según sostuvo entonces, incluía más de 300 modificaciones de leyes y decretos, entre las que figuraban las leyes de Alquileres, Góndolas, Tierras y de Promoción Industrial; modificaba el régimen laboral y habilitaba la privatización de empresas públicas, entre muchas otras cosas.

“Hoy damos el primer paso para terminar el modelo de decadencia”, anunció Milei esa noche, en horario prime time, al detallar el texto titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

Rechazado este jueves por el Senado, el decreto debería correr el mismo destino en la Cámara baja para su rechazo definitivo, según establece la Ley 26.122, aprobada en el año 2006.

Por lo pronto, ya no necesita seguir siendo tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que recién hace pocas semanas había comenzado a analizarlo. De hecho, para el jueves que pasó estaba prevista una reunión de la misma, que fue suspendida por la sesión en el Senado.

La realidad es que todos los tiempos que establece la ley para su tratamiento estaban ya vencidos. La Ley 26.122 dice que el Poder Ejecutivo tiene que someter el DNU correspondiente a consideración de la bicameral dentro de los 10 días de dictado. Y esa comisión debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

Como los plazos ahí también estaban excedidos, fue que la Cámara alta hizo uso de la prerrogativa que le otorga la ley para abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.

Según establece el artículo 24 de la Ley 26.122, el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

El tratamiento en Diputados

A diferencia de la Cámara alta, donde la presidenta del Cuerpo tuvo que acceder a convocar a sesionar e incluir su tratamiento en el temario -cosa que despertó la ira presidencial y del mileísmo puro y duro-, la convocatoria en la Cámara de Diputados no depende de los designios de Martín Menem, en este caso.

Allí, el artículo 35 del Reglamento de la Cámara baja señala que “las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión”. Esto es, en Diputados están en condiciones de convocar más temprano que tarde a sesionar. Nada pueden hacer las autoridades contra ese pedido. El artículo 36 señala que “en cualquiera de los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubiesen determinado, o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de los diputados que soliciten la sesión”.

La realidad en la que “descansa” el Gobierno en la actualidad es la certeza de que no están los votos para voltear definitivamente al DNU. En Diputados, la oposición más dura estaría necesitando 25 votos que debería conseguir dentro de la “oposición dialoguista”, y eso no sucederá de momento. Habrá que ver qué cantidad de aquellos que militan contra el DNU e integran esas huestes estarían dispuestos a unirse a UP y la izquierda, que para ellos representan una suerte de “mancha venenosa”.

Hagamos poroteo: UP tiene 99 integrantes, más la izquierda 5= 104. Esa es la base sobre la que parte la oposición dura para este y otros temas. Esas 25 voluntades deberían surgir de entre los 34 radicales, los 23 de Hacemos Coalición Federal, y los 9 de Innovación Federal.

Sí deberían ser contados los 2 santacruceños, pues en la Cámara alta los dos senadores votaron en contra a viva voz.

De entre los más duros de Hacemos Coalición Federal, los dos socialistas y Margarita Stolbizer serían afines al rechazo del decreto. Podría sumarse a Natalia de la Sota, rebelde entre los cordobeses. La Coalición Cívica podría aportar 6 votos más… pero no se los imagina alineándose para tal fin con UP. De hecho, ante una consulta de parlamentario.com, un miembro de ese espacio descartó que vayan a trabajar para una sesión para voltear el DNU. Pero advirtió: “Lo que pasa es que el desgaste del Gobierno con el Parlamento se está acelerando. Que no bajaran el Pro y la UCR para emplazar por jubilaciones no ayuda. Pero dada la fragilidad del Gobierno no vamos a hacer nada para complicarlo”. Pero cerró advirtiendo que, si desde el Gobierno se sigue atacando al Parlamento, “en algún momento tendremos que defender la institucionalidad”.

Del bloque Innovación Federal, habría que contabilizar al rionegrino Agustín Domingo y al neuquino Osvaldo Llancafilo, en función de su alineamiento ciob gobernadores cuyos senadores votaron el jueves contra el decreto.

En el radicalismo hay diferencias, que quedaron exteriorizadas esta semana con la movilidad jubilatoria. Pero habría más diputados, alineados con Martín Lousteau que podrían engrosar la lista. Como Danya Tavela, que salió a apoyar al presidente del radicalismo con este mensaje en X: “Coherencia, convicción y valores republicanos. El DNU es inconstitucional. Un Estado productivo, el desarrollo social y el crecimiento económico es con la Constitución”. Como sea, se calcula que del bloque radical podrían llegar a sumarse 6 alineados con Lousteau y 5 con Facundo Manes.

Esa sumatoria daría 123 diputados, a 6 del quórum.

Como sea, ya se sabe que además de con el dedo, se vota a veces con la cola. Y eso se verá en cuanto la oposición dura comience a convocar a sesiones para tratar de derogar el DNU. Por ahora, sin chances para alcanzar el quórum; se verá si con el correr del tiempo, el desgaste oficial la proverbial ira presidencial, el número va creciendo camino a 129.

Quedan más de tres años y medio por delante.

A poco de concluir el debate sobre el mega decreto de necesidad y urgencia anunciado por Javier Milei el 20 de diciembre de 2023, todo anticipa un rechazo fuerte contra el mismo. La votación se estima que tendrá un mínimo de 40 votos en contra.

De concretarse, será la primera vez en que un Gobierno en ejercicio experimenta ese traspié con un DNU en una de las cámaras. Cabe aclarar que, tal cual establece la Ley 26.122, el decreto no caerá sino hasta que sea rechazado -si eso sucede- por la Cámara de Diputados.

Un punteo realizado por parlamentario.com permite verificar que la votación del proyecto tendrá a los 33 miembros de Unión por la Patria votando en contra. También lo harán Edgardo Kueider y Camau Espínola, de Unidad Federal. Lo mismo harán los dos santacruceños alineados con el gobernador Claudio Vidal, la neuquina Lucila Crexell y la rionegrina Monica Silva. Y también anticipó su voto en contra Martín Lousteau.

Un esbozo de este resultado ya lo dio al inicio del debate el resultado del pedido formulado por el titular del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, para postergar dos semanas el tratamiento de este tema. El rechazo fue de 41 votos en contra, y solo 30 positivos.

Entre los 41 votos negativos figuró también el de la chubutense Edith Terenzi, quien podría representar otro voto en contra del DNU.

Con el enojo del presidente Javier Milei hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel de fondo, el Senado inició este jueves a las 11.11 la sesión especial que incluye en el temario el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, que se encamina al rechazo.

En la previa, Villarruel, quien fue la que realizó la convocatoria, intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición.

Mientras se desarrollaba ese encuentro, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes. Durante el día había sido blanco de críticas por parte de trolls libertarios.

Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.

Desde el entorno de Villarruel consideran que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria, desde el Gobierno se aceleraron conversaciones con gobernadores para intentar evitar que algunos senadores bajen al recinto.

Alarmados, dirigentes del oficialismo salieron a reclamar que el DNU todavía no cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y que hay muchos decretos pendientes, como expresó el miércoles por la noche el presidente de Diputados, Martín Menem, en el canal LN+.

Sin embargo, la Ley 26.122 establece que, pasado el plazo de 10 días para que la comisión dictamine, ambas cámaras podrán tratar de oficio el decreto. A esta altura, no sólo desde Unión por la Patria insisten con que todos los tiempos están vencidos, sino otros sectores también.

A los 33 integrantes de Unión por la Patria, que están por el rechazo, les resta sumar 4 voluntades más que estarían dentro de los bloques federales. Hay quienes aseguran que la negativa al decreto junta "40 votos o más". En la UCR votarían divididos este jueves.

Por su parte, el puñado de 6 senadores oficialistas -que tendrán la baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa- junto al Pro avalarán la medida presidencial.

El mega DNU

El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de "necesidad y urgencia", al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300.

El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.

El resto del temario

El temario incluye el retiro de diversos mensajes de pedidos de acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo Nacional conducido por Alberto Fernández, como así también luego una serie de ingresos de pedidos de acuerdos de la actual gestión.

Luego se abordarán sendos acuerdos internacionales que obtuvieron dictamen durante el período de extraordinarias con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos, tras lo cual será el turno de la autorización al presidente de la Nación a ausentarse del país a lo largo del presente año.

A continuación dará comienzo el debate del proyecto principal previsto para esta fecha, el proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un tema que tuvo dictamen también durante el verano -el 7 de febrero- y que se esperaba que el Senado pudiera convertir en ley en una sesión que finalmente nunca se realizó.

 

Conforme se desinflaba la posibilidad de concretar este miércoles la sesión pedida por un sector de la oposición en la Cámara baja para tratar una nueva fórmula previsional, en la Cámara alta crecían las especulaciones respecto de que no se realizara este jueves la sesión convocada, con un temario que incluye en último lugar nada menos que el mega DNU 70/23.

Incluso llegó a manejarse como argumento de suspensión el fallecimiento de la esposa del presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala.

Lo cierto es que todo quedaba librado a lo que fuera a decidirse en la reunión de Labor Parlamentaria celebrada al caer la tarde de un día en el que arreciaron las críticas de los trolles libertarios contra la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, por haber incluido el martes el tratamiento del DNU en el temario para esta sesión.

La realidad es que la titular del Senado se había quedado sin elementos para seguir resistiéndose a convocar a una sesión, y dejó todo librado ya a su poder de convencimiento para este miércoles. Para mayor preocupación del oficialismo en general y de la vicepresidenta en particular, se conoció justamente cuando se desarrollaba la reunión de Labor el texto a través del cual la Oficina del Presidente cuestionaba con singular dureza el “apresurado” tratamiento del DNU y alertaba contra quienes desde el Poder Legislativo “pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”.

Quienes participaban de la reunión con Victoria Villarruel leyeron el comunicado en sus celulares. Una fuente que participó del encuentro reveló el malestar que causó en la vicepresidenta el texto, al punto tal de haber admitido que “no está bueno que esto pase”.

Como sea, la vicepresidenta propuso en principio postergar el tratamiento del DNU, pero no tuvo apoyo para tal posibilidad. Según pudo saber este medio, distintos bloques, no solo de Unión por la Patria, le transmitieron que no había margen, que el oficialismo debía afrontar la situación.

Villarruel propuso postergar el tratamiento del decreto con el argumento de las conversaciones que hay en el marco del tratamiento del Pacto de Mayo. No hubo caso.

Los senadores de Unidad Federal darán quórum. Lo mismo hará la senadora rionegrina Mónica Silva. Con relación a la votación en sí, tanto la senadora que reemplazó en diciembre pasado al hoy gobernador Alberto Weretilneck, como los senadores de Unidad Federal Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola votarían en contra, según se especula. El bloque de los dos misioneros todavía no tendría definida la postura.

Sí estarían más proclives por el rechazo los dos senadores santacruceños.

Por su parte, los radicales votarían divididos. De todos ellos, el fueguino Pablo Daniel Blanco es el que se sumó al pedido de sesión para tratar el DNU.

Más allá de que no hay números concretos, sino más bien especulaciones, los más confiados en el rechazo del decreto hablan de la posibilidad de superar los 40 votos en contra.

El temario

La sesión está prevista para este jueves a las 11 e incluye en el temario una serie de proyectos y también el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado 20 de diciembre.

El menú de temas incluido en la sesión pedida por la titular del Senado que en primer lugar incluye el retiro de diversos mensajes de pedidos de acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo Nacional conducido por Alberto Fernández, como así también luego una serie de pedidos de acuerdos de la actual gestión.

Luego se abordarán sendos acuerdos que obtuvieron dictamen durante el período de extraordinarias con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos, tras lo cual será el turno de la autorización al presidente de la Nación a ausentarse del país a lo largo del presente año.

A continuación dará comienzo el debate del proyecto principal previsto para esta fecha, el proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un tema que tuvo dictamen también durante el verano -el 7 de febrero- y que se esperaba que el Senado pudiera convertir en ley en una sesión que finalmente nunca se realizó.

En último lugar figura el tratamiento del DNU 70/23, sobre Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, tal su denominación, que fue precisamente el factor que generara tal estado de tirantez que inmovilizó la actividad en el Senado.

En efecto, durante el período de sesiones extraordinarias que culminó el pasado 15 de febrero, Villarruel desestimó diferentes pedidos de sesión especial: tres de Unión por la Patria y otros de bloques federales, y así, mantuvo la vigencia del decreto, a pesar de que algunos puntos, como la reforma laboral fueron anulados por la Justicia.

El Senado comenzó a las 10.08 su sesión preparatoria con el fin de ratificar a sus autoridades. Sin embargo, no se prevé que la reunión vaya a ser expeditiva, pues desde Unión por la Patria plantearán cuestiones de privilegio contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, por no haber convocado en las tres ocasiones solicitadas -una para esta misma tarde- para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía.

El oficialismo confía en sostener la mayoría que construyó en diciembre pasado para la elección de los cargos: con un bloque de solo siete miembros, La Libertad Avanza tuvo el apoyo de toda la oposición no K, alcanzado 39 voluntades con el Pro, la UCR, Cambio Federal, Unidad Federal y bloques provinciales.

En aquella sesión del 13 de diciembre, que desde Unión por la Patria consideraron inválida -por no encontrarse en extraordinarias y porque la preparatoria por reglamento está fijada en febrero-, el cargo que quedó vacante fue la vicepresidencia, correspondiente precisamente a la bancada que conduce José Mayans.

Actualmente, el presidente provisional es el puntano Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza; mientras que la radical Carolina Losada es la vicepresidenta primera y la cordobesa de Unidad Federal Alejandra Vigo, la vicepresidenta segunda.

Además, en aquella oportunidad asumió como secretario Parlamentario Agustín Giustinian y como secretaria Administrativa lo hizo María Laura Izzo. En el cargo de prosecretario Administrativo fue designado Lucas Martín Clark, como prosecretaria Parlamentaria fue nombrada la exdiputada nacional Dolores Martínez, y Manuel Chavarría fue elegido prosecretario de Coordinación Operativa.

No la tiene fácil La Libertad Avanza en el Senado. Si bien había alcanzado en su momento un acuerdo con parte de la oposición “extra UP” que redujo el peso específico de la primera minoría en esa Cámara, a poco de andar verificó que las matemáticas en el Poder Legislativo no son una ciencia exacta. Lo que hoy puede sumar de una manera, mañana puede que sea de otra.

Más si se produce un cataclismo como el que sucedió el martes pasado en Diputados con la ley de Bases, y el presidente la emprende luego contra la oposición más cercana y los gobernadores más afines con las peores imprecaciones.

Antes de continuar, repasemos los números del Senado. El oficialismo con menos poder de fuego de la historia política argentina tiene apenas 7 senadores; UP canta 33; lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio suma 24. Y por último, los senadores que representan el peso que puede desnivelar el fiel de la balanza: 3 de Unidad Federal, 2 misioneros, 1 rionegrina y los 2 santacruceños.

Los 5 últimos responden a sus gobernadores, y en tiempos en que el presidente echa fuego por la boca contra los mandatarios provinciales, cualquier cosa puede pasar con esos 5. En tanto que los 3 de Unidad Federal, se dividen en 2 peronistas y la esposa del exgobernador Schiaretti.

El oficialismo tiene como aliciente que la vicepresidenta de la Nación es la que debe convocar a sesionar; no alcanza conque lo pida un bloque, cosa que sucedió con UP para tratar el DNU de la polémica. Victoria Villarruel ha desoído el pedido del interbloque de José Mayans para reunirse la semana pasada, y piensa hacer lo mismo con el llamado para el jueves 15. El tema es que ese día necesitaría sesionar, pues es el último día de extraordinarias. Tiene qué tratar: el proyecto de ley de lavado de activos que obtuvo dictamen el miércoles pasado.

Es una semana corta, que en tiempos libertarios poco importa, pues ya se ha visto a los diputados trabajando intensamente en el generalmente inmaculado mes de enero. Pero las tradiciones tienen su peso, sobre todo en la Cámara alta, y será difícil sesionar allí este miércoles o jueves, fundamentalmente porque La Libertad Avanza no quiere correr riesgos en tiempos en que se le ha complicado el panorama en términos legislativos.

Fuentes libertarias consultadas por parlamentario.com dan por hecho que van a sesionar… pero sin poder precisar cuándo. Aunque le pusieron más interrogantes a esta semana, razón por la cual habría que esperar una ampliación de extraordinarias hasta fin de mes. No es seguro, pero sí muy probable. Y para tratar lavado de activos, no así Boleta Única de Papel, que tiene el boleto picado y perderá estado parlamentario a fin de mes. Hay con ese tema 36 votos de cada lado, sin que pueda desempatar Victoria Villarruel, pues los temas electorales necesitan mayoría absoluta.

Sea como fuere, lo que tiene que garantizarse el oficialismo es esquivar el tratamiento del DNU, a menos que se garantice que las huestes de Mayans no tienen el número. Pero alguien tan experimentado como el formoseño no jugará esas cartas sin saber que cuenta con un ancho de espadas. ¿Lo tiene?

Saben en Unión por la Patria que no cuentan con el resto para forzar el quórum, pero sí podrían forzar en cualquier sesión el tratamiento correspondiente.

En la semana que pasó, circuló entre tantas versiones la supuesta certeza de que la oposición dura ya tenía número para rechazar el DNU. Incluso la versión decía que ya se le había informado a la vicepresidenta de la Nación que estaba el número para liquidar (en esa cámara) el DNU. Sin dar precisiones sobre dónde encontraría los cuatro votos que le faltan a UP.

Posibilidades hay de sobra en los tiempos líquidos que corren: el entrerriano Edgardo Kueider se ha manifestado crítico con el decreto de necesidad y urgencia 70/23. Su compañera de bloque Alejandra Vigo tiene motivos para estar enojada con el Gobierno, cordobesa como es. La rionegrina Mónica Silva ya se sabe de dónde puede estar más cerca. Y ni qué decir de los misioneros, cuyo gobernador es uno de los señalados por Milei y está muy enojado con el presidente, con quien niega haber hablado alguna vez; dice que los diputados de su provincia iban a votar exactamente lo mismo que lo que habían acordado en la comisión, que ninguno de ellos cambió nada y que sabían desde la emisión del dictamen que los misioneros no iban a acompañar.

Paralelamente, la presidenta del Senado mantiene una buena relación con los senadores considerados “dialoguistas”, y mantiene en suspenso la realización de la sesión amparada en el artículo 20 del reglamento interno que señala: “El presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”.

“Los tiempos del Senado ya no los maneja el kirchnerismo”, se escuchó decir en cercanías de la presidenta del Cuerpo. El problema es que, mientras tanto, esa Cámara no puede sentarse a sesionar.

La Libertad Avanza (6)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Abdala, Bartolomé	San Luis	2029
Arrascaeta, Ivanna	San Luis	2029
Atauche, Ezequiel	Jujuy	2029
Bedia, Vilma	Jujuy	2029
Olivera Lucero, Bruno	San Juan	2029
Pagotto, Juan Carlos	La Rioja	2029

Frente Nacional y Popular (15)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Bensusán, Daniel	La Pampa	2027
Corpacci, Lucía	Catamarca	2027
González, María Teresa	Formosa	2029
Ledesma Abdala de Zamora, Claudia	Santiago del Estero	2025
Lewandowski, Marcelo	Santa Fe	2027
López, María Florencia	La Rioja	2029
Manzur, Juan	Tucumán	2027
Mayans, José	Formosa	2029
Mendoza, Sandra	Tucumán	2027
Montenegro, Gerardo	Santiago del Estero	2025
Neder, José	Santiago del Estero	2025
Pilatti Vergara, María Inés	Chaco	2025
Recalde, Mariano	CABA	2025
Rodas, Antonio	Chaco	2025
Uñac, Sergio	San Juan	2029

Unidad Ciudadana (15)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Cora, Stefanía	Entre Ríos	2025
De Pedro, Eduardo	Buenos Aires	2029
Di Tullio, Juliana	Buenos Aires	2029
Doñate, Martín	Río Negro	2025
Duré, María Eugenia	Tierra del Fuego	2025
Fernández Sagasti, Anabel	Mendoza	2027
García Larraburu, Silvina	Río Negro	2025
Giménez, Nora del Valle	Salta	2025
Giménez Navarro, María Celeste	San Juan	2029
Kirchner, Alicia	Santa Cruz	2029
Leavy, Sergio	Salta	2025
Linares, Carlos	Chubut	2027
López, Cándida Cristina	Tierra del Fuego	2025
Parrilli, Oscar	Neuquén	2025
Sapag, Silvia	Neuquén	2025

Convicción Federal (4)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Andrada, Guillermo	Catamarca	2027
Moisés, Carolina	Jujuy	2029
Rejal, Jesús	La Rioja	2029
Salino, Fernando	San Luis	2029

UCR (13)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Abad, Maximiliano	Buenos Aires	2029
Blanco, Pablo Daniel	Tierra del Fuego	2025
Fama, Flavio	Catamarca	2027
Galaretto, Eduardo Horacio	Santa Fe	2027
Juri, Mariana	Mendoza	2027
Kroneberger, Daniel	La Pampa	2027
Losada, Carolina	Santa Fe	2027
Lousteau, Martín	CABA	2025
Olalla, Stella Maris	Entre Ríos	2025
Suárez, Rodolfo	Mendoza	2027
Valenzuela, Mercedes	Corrientes	2027
Vischi, Eduardo	Corrientes	2027
Zimmermann, Víctor	Chaco	2025

Pro (7)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Álvarez Rivero Carmen	Córdoba	2027
Cristina, Andrea Marcela	Chubut	2027
De Angeli, Alfredo	Entre Ríos	2025
Göerling, Martín	Misiones	2029
Huala, María Victoria	La Pampa	2027
Juez, Luis	Córdoba	2027
Tagliaferri, Guadalupe	CABA	2025

Cambio Federal (1)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Romero, Juan Carlos	Salta	2025

Despierta Chubut (1)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Terenzi, Edith	Chubut	2027

Partido por la Justicia Social (1)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Ávila, Beatriz	Tucumán	2027

Movimiento Neuquino (1)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Crexell, Lucila	Neuquén	2025

Unidad Federal (2)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Espínola, Carlos	Corrientes	2027
Vigo, Alejandra	Córdoba	2027

Frente de la Concordia Misionero (2)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Arce, Carlos	Misiones	2029
Rojas Decut, Sonia	Misiones	2029

Por Santa Cruz (2)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Carambia, José María	Santa Cruz	2029
Gadano, Natalia	Santa Cruz	2029

Juntos Somos Río Negro (1)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Silva, Mónica	Río Negro	2025

Libertad, Trabajo y Progreso (1)

Nombre	Distrito	Con mandato hasta
Paoltroni, Francisco	Formosa	2029

 

Con más eficacia de momento que la que puede mostrar la Cámara baja -a partir del acuerdo logrado con la mayoría de los bloques, que le permitió “neutralizar” a Unión por la Patria- el Senado se mete de lleno este miércoles en las sesiones extraordinarias, al realizar las reuniones constitutivas de las cuatro comisiones que se proponen trabajar este verano.

Serán las de Relaciones Exteriores y Culto, que presidirá el formoseño Francisco Paoltroni y se reunirá a partir de las 14; la de Presupuesto y Hacienda, convocada para 15 minutos más tarde y que encabezará Ezequiel Atauche; la de Asuntos Constitucionales, que presidirá Edgardo Kueider y se reunirá desde las 17; y la de Justicia y Asuntos Penales, al frente de la cual estará el riojano Juan Carlos Pagoto, que tiene horario de reunión a las 17.15.

Serán todas las reuniones constitutivas, para elegir a sus autoridades y teniendo en cuenta que este martes se anunció oficialmente a través del primer decreto suscripto por la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, los nombres de los miembros de Unión por la Patria que se incorporarán a las comisiones.

Pero amén de ello, para las 14.30 está previsto que las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y la de Presupuesto y Hacienda realicen un plenario con el fin de comenzar a analizar algunos de los temas incorporados por el Poder Ejecutivo al cronograma de sesiones extraordinarias. Puntualmente analizarán acuerdos para evitar la doble imposición en materia de tributos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal con Turquía y China, como así también sendos entendimientos similares alcanzados con el Gran Ducado de Luxemburgo y Japón.

También, en este caso solo la Comisión de Relaciones Exteriores, analizará el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos.

A partir de las 17.15 se reunirán en plenario Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, con el fin de abordar el proyecto de ley venido en revisión que modifica el Código Electoral para establecer el uso de la boleta única de papel. El proyecto fue aprobado en la Cámara baja el 8 de junio de 2022, con 132 votos afirmativos, 104 en contra y 4 abstenciones. Si no se aprueba antes del 29 de febrero próximo, perderá estado parlamentario.

Todos los presidentes de comisiones que serán ungidos este miércoles pertenecen al oficialismo, salvo el entrerriano Ernesto Kueider, miembro de Unidad Federal, bancada que comparte con el correntino “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, clave dentro de la nueva estructura de acuerdos alcanzada por las autoridades de la Cámara baja que consiguieron de esa manera acotar de momento al interbloque de Unión por la Patria.

Un espacio que lidera el formoseño José Mayans y que se espera exprese su fuerte descontento este miércoles por no haber sido atendido su reclamo de tener más miembros en todas las comisiones, en función del número de legisladores que tienen -33-, que los pone como la primera minoría.

Con un nuevo decreto de la Cámara de Senadores firmado por la titular, Victoria Villarruel, fueron anunciados este martes los nombres de los integrantes de Unión por la Patria para completar las siete comisiones que trabajarán este verano en el temario de extraordinarias, como así también y los miembros que por ese cuerpo integrarán la Bicameral de Trámite Legislativo.

A través del decreto 1/24, el Senado confirmó que Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucia Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y el jefe de bloque José Mayans formarán parte de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Dicha comisión, que será presidida por Guadalupe Tagliaferri, estará integrada por la tucumana Beatriz Ávila; cuatro radicales, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada; Carlos Espínola (UF); el misionero Carlos Arce; Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza); y el salteño Juan Carlos Romero.

Además, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida Edgardo Kueider, de Unidad Federal, que ya estaba conformada por Lucila Crexell, Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Mariana Juri, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Pablo Daniel Blanco, Juan Carlos Pagotto y Mónica Silva, tendrá también a Sergio Leavy, José Neder, Sandra Mendoza, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara, María Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, de UP.

A cargo de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales estará Juan Carlos Pagotto, y la integrarán Beatriz Avila, Edith Terenzi, Luis Juez, Edgardo Kueider, Carlos Arce, Pablo Blanco, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad y Natalia Gadano. Este martes se sumaron los senadores de UP: Oscar Parrilli, Carolina Moisés, Antonio Rodas, Carlos Linares, María Eugenia Duré, Martín Donate y María López.

A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, encabezada por el formoseño Francisco Paoltroni, y compuesta por Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Carolina Losada, Maximiliano Abad, Lucila Crexell, Juan Carlos Romero; Luis Juez, Edgardo Kueider, Sonia Rojas Decut y Beatriz Avila, ahora se le sumarán: Nora del Valle Giménez, Guillermo Andrada, Duré, Gerardo Montenegro, Sapag, Pilatti Vergara, Marcelo Lewandowski y Silvina García Larraburu.

A Presupuesto y Hacienda se suman Eduardo “Wado” de Pedro, Jesús Rejal, Carlos Linares, Juan Manzur, Fernando Salino, María Teresa González y Rodas. Esta comisión estará a cargo del presidente del bloque LLA, Ezequiel Atauche, secundado por Víctor Zimmermann, Juan Carlos Romero, Pablo Blanco, Martín Loustau, Carmen Alvarez Rivero (Pro), Flavio Fama, la chubutense Andrea Cristina (Cambio Federal); la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) y la rionegrina Mónica Silva.

La Comisión de Legislación General, que conducirá el presidente provisional Bartolomé Abdala; quedó conformada por Lucila Crexell, Alejandra Vigo, Pablo Daniel Blanco, Martín Lousteau, Beatriz Avila, Carmen Álvarez Rivero, Mariana Juri, José María Carambia, Sonia Rojas Decut, Daniel Bensusán, Mariano Recalde, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Cándida López y Sandra Mendoza.

Por último, la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales estará compuesta por el radical pampeano Daniel Kroneberger, que la presidiría, y se compone de Stella Olalla, Víctor Zimmermann, Maximiliano Abad, Alfredo De Angeli, José María Carambia, Victoria Huala, Alejandra Vigo, Sonia Rojas Decut, Bruno Olivera Lucero, Antonio Rodas, José Neder, Silvina García Larraburu, Sergio Leavy, Sandra Mendoza, Martín Doñate y Eduardo “Wado” de Pedro.

El Senado prevé realizar una sesión el 11 de enero, que tendrá entre otros fines el análisis del mega decreto de necesidad y urgencia anunciado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de diciembre. También, sería tratado el proyecto sobre Boleta Única de Papel que busca el dictamen este miércoles y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En esa bicameral, Unión por la Patria no consiguió su objetivo de tener cuatro miembros; solo podrá contar con tres. Estos son Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y la formoseña María Teresa González.

El oficialismo tendrá uno, el riojano Juan Carlos Pagotto; el radicalismo tendrá al chaqueño Víctor Zimmermann, el bloque Pro al cordobés Luis Juez; Cambio Federal al salteño Juan Carlos Romero y Unidad Federal al correntino Carlos “Camau” Espínola.

 

 

 

Con el año 2024 recién comenzado, el Senado de la Nación se reactivará este miércoles con una jornada repleta de designaciones de autoridades, reuniones y plenarios.

En primer término, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto designará a Francisco Paoltroni (LLA – Formosa) como nuevo presidente a las 14.00 en el primer piso del Salón Illia, y a continuación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda hará lo mismo con el jujeño Ezequiel Atauche (LLA).

Acto seguido y con las autoridades definidas, ambas comisiones se reunirán en un plenario para tratar 4 proyectos sobre iniciativas que aprueban acuerdos con Turquía, China, Japón y Gran Ducado de Luxemburgo para eliminar la doble imposición en materia de tributos sobre la renta, prevenir la evasión y la elusión fiscal y su protocolo.

Una vez que finalice la reunión plenaria, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá (solo con sus integrantes) para dar tratamiento al texto que aprueba el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos.

Cabe recordar que los 5 temas que serán debatidos el próximo miércoles son tratados bilaterales suscriptos por la República Argentina entre abril del 2018 y junio del 2019.