Durante el plenario de comisiones en que se dictaminó la nueva ley de Bases, el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anunció que pedirán “en las próximas horas” una sesión especial para tratar el rechazo al DNU 70/23, que cuenta con la desaprobación del Senado desde el pasado 14 de marzo.

“Admiro el apuro que le ponen para que hoy se pueda tratar este tema, sin discusión principalmente en el tema laboral, llevándose puestos los derechos de los trabajadores”, señaló.

En el final de su discurso, desafió: “Le quiero decir a algunos diputados que se escandalizaban el 20 de diciembre cuando el presidente de la Nación emitió el DNU 70/23, que esperamos, ansiamos, deseamos que el mismo apuro que tienen hoy lo demuestren para cuando convoquemos en las próximas horas a una sesión especial donde podamos rechazar el DNU 70/23”.

“Si dan quórum a esta atrocidad, den quórum al rechazo del DNU 70/23. No se escondan, no falseen la realidad, no miren para el costado. Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley Bases, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y a votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos”, exclamó.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, presidida por la diputada de Unión por la Patria Carolina Yutrovic, realizará una reunión en la que recibirá a damnificados por las medidas dispuestas por el Gobierno nacional a través del DNU 70/23, que cuenta con rechazo del Senado desde hace un mes.

La convocatoria al encuentro, que será este miércoles desde las 11 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, tiene como temas “la medicina prepaga, obras sociales, medicamentos y acceso a la vivienda (alquileres)”. Para exponer, fueron invitadas asociaciones, especialistas y personas que se vieron perjudicadas por los aumentos de precios en este sentido.

En el caso de las prepagas, si bien el Gobierno fue el que liberó los aumentos a partir del decreto, en los últimos días -ante las altas subas- anticipó que demandará a las empresas del sector por presunta “cartelización”. “Le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, había escrito en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo.

La semana pasada, Unión por la Patria, junto a la izquierda y el socialismo, organizó en la Cámara de Diputados un encuentro con abogados constitucionalistas para rechazar el DNU. A la jornada se sumaron un puñado de radicales y dos diputadas de Hacemos Coalición Federal.

Ahora, en el marco de la Comisión de Defensa del Consumidor, será el turno de escuchar a ciudadanos que directamente se vieron afectados por las medidas del DNU que rige desde diciembre pasado.

Con la participación de abogados constitucionalistas, bloques de la oposición más dura en la Cámara de Diputados debatieron este martes durante largas horas sobre el DNU 70/23 de Javier Milei, que ya cuenta con el rechazo del Senado. 

En la búsqueda de acelerar los tiempos e intentar voltear el megadecreto, por el cual se derogó la Ley de Alquileres y se liberaron los precios de las prepagas, entre numerosas modificaciones a distintas leyes, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el socialismo oficiaron de organizadores. 

Pero además, a la jornada se sumaron un puñado de radicales referenciados en Facundo Manes, quien no estuvo por encontrarse de viaje: Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti y Marcela Coli. También estuvieron Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, ambas de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto. 

De la Sota dio el presente de manera virtual desde Córdoba. “Es responsabilidad nuestra evacuar las dudas y debatir los temas. Quienes creemos en el Estado presente, en un Estado que tenga injerencia en la vida de la sociedad argentina, tenemos la obligación de estar discutiendo estos temas para poner blanco sobre negro”, dijo la legisladora en el comienzo del encuentro. 

El DNU 70/23 de desregulación de la economía fue firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado. El 14 de marzo, tras su no tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, fue tratado en el recinto del Senado y allí resultó rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Sin embargo, la Ley 26.122 establece que para ser declarado inválido se requiere que sea rechazado en ambas cámaras.

Entre UP, el FIT y el socialismo, el rechazo al DNU en la Cámara de Diputados suma 106 votos, a los que podrían sumarse una docena más de legisladores, algunos de ellos de la UCR y bloques federales. Sin embargo, hasta la fecha no está asegurada la mayoría para llevarlo al recinto, pero con la jornada se intentó iniciar el camino hacia ese objetivo. 

En un nuevo acto de intolerancia la Cámara de Diputados interrumpió la transmisión por Youtube del encuentro con constitucionalistas por el DNU 70/2023.

Horrible.@DiputadosAR @DiputadosTV @MenemMartin

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 9, 2024

Una polémica que se generó este martes fue que la transmisión oficial que salía por YouTube se vio interrumpida a los 53 minutos de iniciada la reunión. Esto despertó el malestar y la queja de los diputados organizadores, quienes salieron a manifestarse a través de la red social X. Apuntaron contra las autoridades de la Cámara de Diputados, puntualmente contra Martín Menem.

Según supo parlamentario.com, desde la Cámara baja afirmaron que “fue un problema técnico” y se iba a “resolver pronto”. Sin embargo, la transmisión no se reanudó. Así las cosas, desde sus perfiles en X, la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y su par Carolina Gaillard, transmitieron en vivo desde sus teléfonos móviles.

Mientras exponía el abogado constitucionalista Raúl Ferreyra, diciendo que hubo una presentación de inconstitucionalidad del DNU y pedido de nulidad, se corta la transmisión oficial en el YouTube de Diputados. No llegó a explicar las razones.
Inaceptable esta abierta censura. pic.twitter.com/0rLg5Q7Glt

— Julia Strada (@Juli_Strada) April 9, 2024

En el arranque del encuentro, el diputado socialista Esteban Paulón señaló que el encuentro tenía “por objetivo no sólo promover un debate desde distintas miradas desde el derecho constitucional, sino también expresar una voluntad política de que la Cámara de Diputados de la Nación asuma un rol frente al DNU 70/23, que ha sido rechazado en el Senado pero aún está vigente y resta el rechazo en la Cámara de Diputados. Y creemos que es fundamental avanzar en ese sentido, básicamente porque este decreto plantea modificaciones concretas en la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país”. “El ministro (Luis) Caputo que lo firmó se dio cuenta ahora que era muy grave desregular el mercado de las prepagas, y esto disparó una suba de precios que afecta fuertemente a sectores medios”, agregó el santafesino. 

“Esta no es una jornada para dilatar la discusión del DNU, sino porque vemos necesaria la urgencia en el tratamiento en esta cámara”, resaltó la jefa del FIT, Myriam Bregman, y dijo: “El DNU afecta la vida cotidiana. Miles y miles de personas de nuestro país nos lo dicen en la calle. Junto con la ley ómnibus, vemos que implican un ataque a las condiciones de vida muy grande”. 

Desde UP, el diputado Leopoldo Moreau apuntó que “los DNU fueron implantados para evitar el hiperpresidencialismo, y aquí ha ocurrido lo contrario, se ha ampliado hasta límites inimaginables, este DNU transforma al hiperpresidencialismo en autocracia”. “El artículo 1ro. manifiesta claramente su inconstitucionalidad porque es el propio presidente de la Nación el que decreta la emergencia”, observó y expresó que “avanza sobre 87 leyes, avanza sobre reforma al Código Civil y Comercial, incursiona en infinidad de materias y en algunos casos ataca directamente artículos de la Constitución Nacional, en materia laboral por ejemplo con el artículo 14 bis”. 

“Es como si el decreto llegara al límite de intentar una reforma constitucional de hecho, a través de un DNU”, resumió y añadió: “No nos reunimos aquí para atacar particularmente a un Gobierno, nos reunimos aquí para defender la Constitución Nacional”. 

Primer orador, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó las excepciones por las cuales se utiliza un DNU y sostuvo que “no se puede, constitucionalmente hablando, tomar medidas que tengan un sentido definitivo, sino medidas excepcionales para superar situaciones excepcionales”. “ ¿Por qué el DNU 70/23 no cumple con los requisitos? Porque el presidente Javier Milei, a través de la teoría de los actos propios, lo demuestra. Si uno observa los considerandos y la actuación posterior, vamos a observar que no hay una situación imprevisible ni inesperada. Porque el propio presidente dice que con estas medidas que adopta viene a superar una situación que inició en el 2003”. 

Además, negó que la causa haya sido que “el Congreso no esté en funciones” porque “a la semana de haber dictado el DNU, el presidente convocó a sesiones extraordinarias”. “Se interfieren en 87 normas, derogando o modificando de manera definitiva. Desde la perspectiva formal no cumple con los requisitos de habilitación constitucional”, insistió y afirmó que “el artículo 2 es muy problemático, porque de forma encubierta pretende reformar la Constitución”. 

Tras asegurar que el DNU “es nulo de nulidad absoluta e insanable”, Gil Domínguez llamó a reflexionar “por qué llegamos hasta acá” y, en ese sentido, enfatizó que “desde 1994 todos los que gobernaron hicieron uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Este Congreso no rechazó ninguno y algunos ni siquiera fueron tratados”. 

“La Ley 26.122 es inconstitucional”, expresó también y cerró: “Hay que empezar a hacerse cargo del pasado y modificar la normativa a futuro. Es imprescindible que la Cámara de Diputados se reúna, trate este decreto, porque es un mandato constitucional, y es imprescindible que lo rechace, para que junto con la Cámara de Senadores no sólo se lo declare nulo de nulidad absoluta e insanable, sino se ponga un mojón de que no se puede reemplazar al Congreso y para que no se repitan este tipo de conductas y modelos”. 

A su turno, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dijo que “este DNU no satisface el requisito de órgano competente ni de procedimiento adecuado. No había necesidad, porque estaba reunido el Congreso de la Nación, y no había ninguna circunstancia de urgencia para impedir que se pudieran ingresar proyectos”. “Hay una cláusula que conduce a la nulidad absoluta e insanable que es el artículo 36 de la Constitución Nacional, el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional”, agregó. 

La profesora de la Facultad de Derecho de la UBA Beatriz Rajland opinó que “no hay necesidad, ni urgencia, ni impedimento alguno para que funcione el Congreso. Este DNU es un despropósito, una aberración jurídica, un disparate. Se derogan y modifican leyes que conforman un plexo jurídico construido a lo largo de muchos años de conquista y ampliación de derechos”.

Entre los numerosos expositores, Pablo Manili, doctor y posdoctor en derecho constitucional, afirmó que “si la Corte se atiene a sus precedentes esto tiene que ser declarado inconstitucional”. “¿Cómo interpretó la Corte esto de las circunstancias excepcionales? En el fallo ‘Video Club Dreams’, dijo ‘tiene que haber un grave riesgo social’; en el fallo ‘Della Blanca’ dijo que ‘el DNU debe ser necesario para preservar la vida misma de la Nación’; en el fallo ‘Tobar’ dijo que ‘tiene que haber una grave perturbación económica, social o política que represente el máximo riesgo para el país; en el caso ‘Leguizamón Romero’ dijo que ‘solo se pueden dictar cuando hay situaciones de grave trastorno que amenace la existencia, la seguridad, o el orden público o económico, que deben ser conjurados sin dilación’. Ninguno de estos requisitos, de la forma que fueron interpretados por la Corte, están cumplidos” en este caso, aseveró.

Diputados de distintos bloques de la oposición se unen para poner sobre la mesa el debate del DNU 70/23, de desregulación de la economía, que cuenta con el rechazo del Senado y todavía no fue tratado en la Cámara baja.

La jornada con especialistas en derecho constitucional, académicos y organizaciones de abogados está organizada por legisladores de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda, todos dispuestos a votar en contra del DNU y sumar más adhesiones de sus pares en ese objetivo.

La actividad se realizará este martes, desde las 14, en la Sala 2 del Anexo C. Más allá de su diverso y múltiple contenido, objeto de críticas por parte de sus detractores, lo que se hará es un “análisis constitucional” del megadecreto de Javier Milei.

“Es imprescindible rechazar el inconstitucional y nocivo DNU 70/2023”, escribió el jefe de UP, Germán Martínez, en sus redes. Con 99 integrantes, la primera minoría de la Cámara de Diputados se mostraba apresta a apurar el rechazo del DNU, ni bien se votó en contra en el Senado, pero finalmente se decidió no convocar a una sesión sin los números asegurados.

Más allá que el DNU suma otros rechazos -de la izquierda, el socialismo y algunos legisladores de bloques provinciales-, todavía no se consiguió la mayoría para llevarlo al recinto y que caiga, algo que salió a señalar días atrás el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien también admitió que el oficiaismo tampoco cuenta con los votos para avalarlo.

Una de las impulsoras detrás de la jornada, la diputada de UP Vanesa Siley sostuvo que se trata de “un DNU que fue escrito por los estudios de abogados de los grandes grupos económicos concentrados, que trata temas prohibidos por la Constitución Nacional, y cuyos efectos de fondo siguen corriendo, atacando y devaluando el patrimonio de la República Argentina”.

“Tenemos que terminar de rechazar el mega DNU de Javier Milei en defensa de las argentinas y los argentinos”, agregó.

Tras su no tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el DNU fue tratado en el recinto del Senado el 14 de marzo y allí resultó rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Sin embargo, la Ley 26.122 establece que para ser declarado inválido se requiere que sea rechazado en ambas cámaras.

Un día después que el Senado rechace el DNU 70/23 de desregulación de la economía, el presidente Javier Milei dijo que “es falso que es inconstitucional el decreto” porque “se respetaron las características que tiene que tener un DNU”. Además, sostuvo que en el Gobierno están “confiados” con que sea otra la historia en la Cámara de Diputados.

“Era algo que estaba dentro de nuestros planes, era algo esperable. La composición de la Cámara hacía que no hubiera lugar para un resultado distinto”, señaló este viernes el mandatario y agregó: “Quiero valorar y ponderar fuertemente el trabajo de nuestros senadores y también el apoyo que hemos tenido de los senadores del Pro, como de 10 de los 13 senadores radicales. Tenemos 7 senadores y conseguimos 25 votos”.

En declaraciones a Radio La Red, el líder de La Libertad Avanza consideró que “estamos haciendo un buen trabajo, pero estas cosas requieren tiempo” y “así son las reglas del sistema democrático”.

En un tono similar al que tuvo cuando se cayó la ley ómnibus en Diputados, Milei cargó contra quienes se opusieron al DNU: “Quedó claro quiénes son verdaderamente los que están en contra de los argentinos. Hay gente que está más preocupada por mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante”.

Puntualmente contra el senador radical Martín Lousteau, opinó que “le debe resultar muy duro ser presidente de un partido (UCR), ir a una votación y ser el único que votó en esa línea”. “Puede ser que el señor Lousteau esté muy enojado porque entre las cosas que bajamos, bajamos cinco universidades y parece que ese grupo tiene negocios vinculados a las universidades”, lanzó.

El presidente remarcó que “en la historia reciente no se han rechazado DNU, salvo algunos a (Mauricio) Macri, con lo cual eso muestra un patrón de obstrucción”. “Este DNU, a diferencia de otros, que cercenaron libertades y avanzaron contra la propiedad privada, tiene como característica la ampliación de libertades para los ciudadanos, ir hacia mercados más competitivos y termina con muchos de los negocios turbios, oscuros y corruptos de la política”, defendió.

Además, aclaró que “el DNU sigue vigente” y, sobre el trámite parlamentario que continúa, apuntó: “Nosotros ya hemos tenido resultados positivos en la Cámara de Diputados y va a haber que dar esa pelea y nosotros estamos confiados que puede llegar a salir adelante”.

Al ser consultado sobre si este rechazo atenta contra el Pacto de Mayo, Milei dijo que “abre dudas” porque “el Pacto de Mayo tiene etapas y la etapa previa es la ley Bases”. Al recordar que en su discurso ante la Asamblea Legislativa habló de acuerdo o confrontación, expresó que “ayer (los senadores) no han demostrado ir por el camino del acuerdo”. También insistió con que la ley ómnibus y el paquete fiscal son “una pre-condición para el Pacto de Mayo”.

Respecto de los borradores de la nueva ley de Bases y el paquete fiscal que circularon desde Casa Rosada a gobernadores y jefes de bloques de la oposición dialoguista, el mandatario subrayó que se trata de “una primera aproximación” y no es el texto definitivo. “Tiene un formato que se está negociando. Dejemos que las cosas corran. Corresponde otra etapa de la discusión y se está trabajando sobre eso, no está la versión definitiva”, sumó.

Cuando le preguntaron si su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel es buena, respondió que “absolutamente” y dijo que “hubo una interpretación maliciosa” del comunicado de la Oficina de Prensa presidencial, el cual era “un cañonazo a la casta, no a Victoria”. “Fue muy lindo el vídeo que grabó ella”, añadió sobre el mensaje de la presidenta del Senado luego de la sesión.

Dos horas después de culminada la sesión del Senado en la que se rechazó el DNU 70/23, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un vídeo en el que aseguró que su “compromiso” con Javier Milei “es inclaudicable” y expresó: “Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner“.

La presidenta de la Cámara alta, que fue blanco de ataques de trolls libertarios tras haber convocado a la sesión y, además, recibió por parte de Casa Rosada presión mediante un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, salió así a poner paños fríos en medio de los rumores de diferencias que se acrecientan con Milei.

“Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina!”, expresó en su perfil de la red social X, junto a un vídeo grabado desde su despacho, con música instrumental.

Villaruel sostuvo que su “compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada, y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a los que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos”.

“El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina”, aclaró y enfatizó: “Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”.

Finalmente, aseveró que “no hay Gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina”.

Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/gfbMkyAgFy

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

El rechazo del mega DNU 70/23 en el Senado despertó rápidas y numerosas reacciones a través de X, red social predilecta de todo el arco político. El oficialismo cargó duro contra los senadores que se opusieron al decreto de Javier Milei, mientras que desde la oposición llamaron a avanzar en el mismo sentido en Diputados.

Uno de los primeros mensajes fue precisamente el del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien consideró que “atacar el DNU es lisa y llanamente ATACAR lo que votaron el 56% de los argentinos hace 4 meses. Buscan proteger privilegios personales por encima de los intereses de toda la sociedad. Los mismos de siempre no quieren perder los privilegios de siempre”.

Atacar el DNU es lisa y llanamente ATACAR lo que votaron el 56% de los argentinos hace 4 meses.

Buscan proteger privilegios personales por encima de los intereses de toda la sociedad.

Los mismos de siempre no quieren perder los privilegios de siempre.

— Martin Menem (@MenemMartin) March 14, 2024

“ACÁ TENÉS A LOS ROJOS. Los artífices de la catástrofe kirchnerista o los que se resisten a soltar sus privilegios sucios producto del atraco diario al laburante, ambos quieren vivir de vos. No me explico la abstención de los senadores Arce y Abad y las senadoras Rojas Decut y Vigo”, escribió el diputado de La Libertad Avanza, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. En el mismo sentido, su compañera de bloque Lilia Lemoine compartió la foto del tablero con el mensaje: “En rojo están los nombres de la VERGÜENZA ARGENTINA”.

El senador del Pro Alfredo De Angeli, que votó a favor del DNU, lamentó que “ante una situación tan crítica, la máquina de impedir siga jugando con la estabilidad del país. Sus privilegios por encima de los argentinos”.

“EL #DNU de @JMilei NO ES INCONSTITUCIONAL. Machacar en eso implica asumir una posición dogmática y desconocer que nuestra Carta Magna es un organismo vivo y que en Argentina hay prácticas constitucionales que no podemos desconocer de la noche a la mañana”, expresó el diputado de la UCR Francisco Monti.

El diputado macrista Diego Santilli lanzó que “SON DE MANUAL. El Senado jamás rechazó ninguno de los 490 DNU kirchneristas. Solo quieren joder a Milei, pero terminan jodiendo a todos los argentinos. Se nota mucho”.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró: “Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda… pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen: nos arreglamos sin ustedes”.

Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda… pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás.

Vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen: nos arreglamos sin…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 14, 2024

“Nuevo récord histórico: la decadencia y el pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas tres meses de asumir el nuevo gobierno. Fin”, manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En tanto, el legislador porteño de LLA Ramiro Marra opinó que “votar en contra del DNU es votar en contra de lo que el país necesita para recuperarse de la gran crisis que nos dejó el Kirchnerismo. Es muy simple de ver, quienes votan en contra no piensan en la gente, piensan en cuidar sus curros”.

De la vereda de enfrente, la senadora de Unión por la Patria Nora del Valle Giménez, quien rechazó el decreto, posteó: “En una jornada histórica para nuestra democracia, en el @SenadoArgentina rechazamos el DNU que empeora la vida de los argentinos, destruye la industria, entrega nuestra soberanía y nuestro patrimonio. La Patria no se vende, la Patria se defiende. #NoAlDNU”.

A diferencia de Monti, la diputada de la UCR Danya Tavela afirmó que el DNU “es inconstitucional” y destacó el discurso de Martín Lousteau. “Coherencia, convicción y valores republicanos. El DNU es inconstitucional. Un Estado productivo, el desarrollo social y el crecimiento económico es con la Constitución”, dijo.

Coherencia, convicción y valores republicanos. El DNU es inconstitucional. Un Estado productivo, el desarrollo social y el crecimiento económico es con la Constitución. @GugaLusto pic.twitter.com/ubp2EMOz5H

— Danya Tavela (@danyatavela77) March 14, 2024

“GANA EL PUEBLO ARGENTINO. El Senado rechazó el DNU de @JMilei que atenta contra los derechos de los argentinos, la Constitución Nacional y la posibilidad de construir un país industrializado con empleos de calidad”, celebró la diputada de UP Victoria Tolosa Paz.
Y agregó: “Ahora nos toca a los diputados frenar definitivamente este mamotreto, que desde que entró en vigencia no hizo más que empobrecer al pueblo y perjudicar el desarrollo productivo, social y cultural de la Argentina”.

“El Senado rechazó el DNU inconstitucional de Milei. Una mala noticia para los que piensan que pueden pasar por arriba de la Constitución y cagarse en los derechos del pueblo. No hay que confiarse porque falta Diputados, pero vamos a estar afuera y adentro peleando para que sea rechazado”, afirmó la diputada de UP Natalia Zaracho.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman aseveró que “ahora hay que rechazar el DNU en la Cámara de Diputados y declararlo nulo. No pueden quedar rastros de ese decreto nefasto. #chauDNU”.

“El Senado rechazó el DNU. Vamos por su caída definitiva. A movilizarnos masivamente para que se rechace en Diputados. ¡Vamos por la derrota del plan de guerra de Milei!”, coincidió Romina Del Plá.

El Senado rechazó el DNU. Vamos por su caída definitiva. A movilizarnos masivamente para que se rechace en Diputados. ¡Vamos por la derrota del plan de guerra de Milei!

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) March 14, 2024

El mega DNU 70/23 de desregulación de la economía tuvo la primera derrota en el Congreso: fue rechazado por el Senado con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Cabe aclarar que el decreto de Javier Milei continuará vigente, pues para ser anulado requiere el voto de ambas cámaras.

Los votos negativos fueron 33 del bloque de Unión por la Patria, el principal espacio opositor, que había reclamado tres veces convocar a una sesión para tratar el DNU.

Votaron en contra Guillermo Andrada, Pablo Bensusán, Lucía Corpacci, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana di Tullio, Martín Doñate, María Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, María Celeste Giménez Navarro, Nora del Valle Giménez, María Teresa González, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, Florencia López, Juan Manzur, José Mayans, Sandra Mendoza, Carolina Moisés, Gerardo Montenegro, Emilio Neder, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Antonio Rodas, Fernando Salino, Silvia Sapag y Sergio Uñac.

Además, se opusieron a la validez del DNU 70/23 los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau; los senadores de Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider; el bloque Por Santa Cruz, conformado por José Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Lucila Crexell (Comunidad Neuquén); la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro); y la chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal).

Por su parte, a favor lo hicieron los 6 senadores de La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni. También avalaron la medida de Milei los 6 miembros del Pro: Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, Martín Göerling, María Victoria Huala, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.

Desde la UCR, la mayoría del bloque, 10 de 13, votó por la afirmativa: Flavio Fama, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Stella Maris Olalla, Eduardo Galaretto, Rodolfo Suárez, Merces Valenzuela, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann.

La lista se completa con Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Juan Carlos Romero y Andrea Cristina (Cambio Federal).

En tanto, las abstenciones fueron del radical Maximiliano Abad; la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal; y los misioneros del Frente de la Concordia Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

El único ausente fue Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y legislador de La Libertad Avanza, quien sufrió el fallecimiento de su esposa esta semana.

Durante la sesión de este jueves en el Senado, la vicejefa del bloque Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, anticipó el rechazo al mega DNU 70/23 y advirtió que “si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación”.

En su intervención, la mendocina argumentó que el mega DNU es “inconstitucional, no solo por arrogarse el Ejecutivo facultades del Legislativo propio del artículo 75 de la Constitución Nacional, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y formal el artículo 99 inc. 3”.

“La norma fundamental no deja dudas en establecer cuáles son los requisitos sustanciales y formales que necesita un DNU para ser constitucional y ese es el rol de control que tiene el Congreso de la Nación a la hora de evaluar los DNU emitidos por el Ejecutivo Nacional”, planteó la mendocina y procedió a leer los tres requisitos que plantea la Constitución. Así, manifestó: “Si el Ejecutivo estuvo de acuerdo con la norma Constitucional han sido violadas todas las normas sustanciales que deben regir el DNU”, y aclaró: “Básicamente estamos ante un abuso atroz de derecho del Poder Ejecutivo Nacional”.

La senadora kirchnerista reiteró que el artículo 75 le veda al Ejecutivo la posibilidad de legislar. “Hay algo mucho más grave, nunca ningún presidente ha esgrimido o intentado legislar con una magnitud como vivimos el 20 de diciembre de 2023”, denunció y planteó: “Ninguno de los 72 senadores ni de los 257 diputados puede negar que el Ejecutivo se arrogó facultades legislativas”.

Fernández Sagasti remarcó que el DNU 70 interviene 300 leyes y sostuvo que, sumado a la Ley ómnibus, es “un cambio constitucional porque quieren que la Argentina se rija por la Constitución Nacional de 1853 derogando las políticas de conquistas”. También señaló que “no respeta” la excepcionalidad de necesidad y urgencia. “Todos los requisitos sustanciales que pide el 99 inc. 3 para que el DNU sea constitucional han sido vedados por lo que el DNU no solo es inconstitucional, sino que es nula”.

La mendocina también remarcó que “todo el camino que tiene que hacer un decreto de 366 artículos y que interviene en 300 normas, debe tener dictámenes técnicos, jurídicos”, y chicaneó: “Parece que salió de un repollo”. Además, denunció que hay una “falsedad ideológica” porque aparece la firma de la canciller Diana Mondino, pero sostuvo que “ella estaba en París según una nota de Cancillería, por ende, firmó una secretaria arrogándose facultades que no le corresponden. Eso es un delito”.

“No hay ninguna necesidad y urgencia en muchos temas. Este DNU es inconstitucional, el Ejecutivo se está arrogando de facultades, es un tercio de lo que quiere hacer por DNU y si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación. Estamos dispuestos a discutir cada título y desde las provincias podemos aportar a mejorar lo que quiere impulsar”, remató Fernández Sagasti.

Con el enojo del presidente Javier Milei hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel de fondo, el Senado inició este jueves a las 11.11 la sesión especial que incluye en el temario el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, que se encamina al rechazo.

En la previa, Villarruel, quien fue la que realizó la convocatoria, intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición.

Mientras se desarrollaba ese encuentro, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes. Durante el día había sido blanco de críticas por parte de trolls libertarios.

Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.

Desde el entorno de Villarruel consideran que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria, desde el Gobierno se aceleraron conversaciones con gobernadores para intentar evitar que algunos senadores bajen al recinto.

Alarmados, dirigentes del oficialismo salieron a reclamar que el DNU todavía no cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y que hay muchos decretos pendientes, como expresó el miércoles por la noche el presidente de Diputados, Martín Menem, en el canal LN+.

Sin embargo, la Ley 26.122 establece que, pasado el plazo de 10 días para que la comisión dictamine, ambas cámaras podrán tratar de oficio el decreto. A esta altura, no sólo desde Unión por la Patria insisten con que todos los tiempos están vencidos, sino otros sectores también.

A los 33 integrantes de Unión por la Patria, que están por el rechazo, les resta sumar 4 voluntades más que estarían dentro de los bloques federales. Hay quienes aseguran que la negativa al decreto junta “40 votos o más”. En la UCR votarían divididos este jueves.

Por su parte, el puñado de 6 senadores oficialistas -que tendrán la baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa- junto al Pro avalarán la medida presidencial.

El mega DNU

El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia”, al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300.

El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.

El resto del temario

El temario incluye el retiro de diversos mensajes de pedidos de acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo Nacional conducido por Alberto Fernández, como así también luego una serie de ingresos de pedidos de acuerdos de la actual gestión.

Luego se abordarán sendos acuerdos internacionales que obtuvieron dictamen durante el período de extraordinarias con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos, tras lo cual será el turno de la autorización al presidente de la Nación a ausentarse del país a lo largo del presente año.

A continuación dará comienzo el debate del proyecto principal previsto para esta fecha, el proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un tema que tuvo dictamen también durante el verano -el 7 de febrero- y que se esperaba que el Senado pudiera convertir en ley en una sesión que finalmente nunca se realizó.

En una noche muy caliente, con reuniones en Olivos con insistentes llamados a gobernadores con la intención de frenar el tratamiento del DNU en el Senado este jueves, el diputado José Luis Espert hizo su aporte a la tensión generalizada. Fue cuando expresó sus dudas respecto de que la vicepresidenta de la Nación no quiera “desestabilizar políticamente a Javier Milei”.

Fue durante una entrevista en La Nación+ en la que no ahorró críticas hacia Victoria Villarruel, diciendo por ejemplo que “la presidenta del Senado no tenía ninguna obligación, si uno se atiene al reglamento del Senado, a convocar a la sesión de mañana. Por más que se hayan juntado las cinco firmas… Si eso hubiese ocurrido en Diputados, ahí el reglamento es diferente”, señaló.

En ese marco, interpretó que “hay una decisión política de tratarlo”.

Espert recordó la cantidad de DNU que no se trataron, y entonces le preguntaron por qué pensaba que Villarruel había actuado así. “Esa parte preguntásela a ella, yo no lo puedo responder”.

“Sí entiendo, por lo que he leído del reglamento, lo que he conversado con constitucionalistas, es que no había obligación, cosa que sí ocurriría en Diputados”.

Luego la emprendió contra Alberto Fernández, de quien recordó que “tiene cientos de decretos que no se trataron. ¿Y vamos a tratar este DNU? Yo no entiendo, la política está sintonizando un canal que la gente no entiende. No entiende la desesperación por tratar un DNU que es bueno para la gente, y los DNU de un delincuente como Alberto Fernández, asesino prácticamente… no, no lo puedo entender”.

Así las cosas, Luis Novaresio le preguntó en términos políticos: “¿Villarruel quiere desestabilizar al Gobierno?”, a lo que Espert respondió con un lacónico: “No sé”.

Conmovido por la magnitud de lo que acababa de escucharle, el periodista le advirtió sobre la gravedad de sus dichos. “¿Por qué es grave que yo no lo pueda decir?”. Su interlocutor insistió en la gravedad de sus dichos, ante lo cual Espert respondió más cuidadosamente: “A la luz de esto, me genera dudas” la actitud de Victoria Villarruel. Pero aclaró que no tenía “certezas”.

La polémica por el aumento de las dietas de los legisladores lejos está de ceder, más bien lo contrario. Pasan los días y crecen las repercusiones de un tema que nadie esperaba que estallara así, sobre todo teniendo en cuenta que este acuerdo salarial fue suscripto el pasado 24 de febrero, fecha en la que se lo anunció.

Está bien que en esa oportunidad, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no aclaró que el acuerdo salarial que establecía un incremento del 28% dividido entre los meses de enero y febrero se extendería también a los legisladores. De hecho, cuando parlamentario.com difundió esa noticia aclaró que no se había informado si el incremento se haría extensivo a los diputados y senadores.

En rigor, no hacía falta aclararlo, pues a partir de una disposición que ahora todos recuerdan del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner suscripta por los presidentes de las cámaras Amado Boudou y Julián Domínguez –recordar que es otro poder-, esos aumentos están enganchados con los de los trabajadores legislativos. Se hizo precisamente para terminar de una vez con el impacto habitual que en cualquier tiempo genera la difusión del aumento de las dietas, y para evitar los desfasajes entre ambas cámaras. Al estar enganchados, los aumentos son los mismos que perciben los empleados legislativos y se suponía que evitarían en el futuro que todos los ojos se posaran en el Congreso cada vez que trascendiera un aumento.

Eso se alteró en tiempos de pandemia, cuando el común de la gente no sabía si seguiría percibiendo sus haberes, y ni siquiera cómo podría funcionar el Parlamento. En esos tiempos surgieron propuestas de hacer quitas a los sueldos de los legisladores para destinar el dinero al sistema de salud, pero todo quedó en la nada. Algunos se transformaron en proyectos. Nada avanzó en el Congreso nacional, aunque sí en algunas provincias se procedió en ese sentido.

Ahora, al confirmarse esta última semana que los senadores y diputados tendrían un aumento del 28% -que mediáticamente se redondeó en el 30-, estalló un escándalo que desde lo más alto del poder hicieron crecer. Fue cuando surgieron voces desde el oficialismo de la Cámara baja a favor de retrotraer el aumento, luego el presidente de la Cámara avanzó en ese sentido y la remató el presidente de la Nación anunciando que mandaría una ley para retrotraer la disposición que enganchaba los haberes de los legisladores al de los trabajadores.

Alcanzaba con resoluciones de ambas cámaras en ese sentido, no hacía falta que Javier Milei anunciara ningún proyecto de ley relacionado con otro poder del Estado, pero lo cierto es que el tema complicó a una de las autoridades del Congreso: la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Pasa que mientras en la Cámara baja las críticas de la oposición pasaron por hacer hincapié en la necesidad de establecer en todo caso una unidad de medida para todos los poderes del Estado en materia salarial, en el Senado la situación hizo trastabillar el difícil status quo que la presidenta del Cuerpo intenta mantener. Recordemos que el oficialismo cuenta apenas con 7 senadores sobre 72; esto es, tan solo el 10% de la Cámara.

Allí Villarruel no ha tenido que hacer equilibrio aún con la ley de Bases, que si sortea esta vez el escollo de Diputados deberá tratar de aprobar contrarreloj en el Senado -dependerá cuándo salga de la otra Cámara, si sale-, pero sí se las está viendo complicadas con el mega DNU.

Si bien originalmente Villarruel había logrado con mucha muñeca lidiar con un Senado donde la principal oposición tiene 33 miembros (le faltan apenas 4 miembros para ser mayoría), dominar la situación e imponer autoridades para las comisiones que hasta ahora alcanzaron a armarse, las cosas se le complicaron. Logró armar una mayoría especial de 39 miembros, pero tuvo su primer traspié cuando no pudo convertir en ley Boleta Única de Papel. Después, el tema del DNU 70/23 alteró el andar de todo el Senado y ya no pudo volver a convocar a sesionar por el riesgo de que en cualquier momento avance la oposición con el rechazo al decreto de necesidad y urgencia. Así, debió postergar el tratamiento del proyecto de lavado de activos, que perdió así estado parlamentario.

Ahora este tema de los haberes de los senadores nacionales amenaza con complicarle la existencia a Villarruel, quien a diferencia de su par de Diputados no ha opinado públicamente sobre la cuestión, pero ya ha trascendido que no seguirá el mismo camino que Martín Menem. Por el contrario, no piensa retrotraer el aumento, ni avanzar con derogación de ninguna reglamentación sobre el tema.

Pasa que tiene problemas políticos más serios que atender, en los que este tema solo contribuiría a complicarle más la situación y minar de paso su autoridad. Así lo piensa la vicepresidenta de la Nación, que considera que su principal desafío hoy es defender el decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuando la oposición tiene el número suficiente para rechazarlo. Sería la primera vez que sucediera eso con un presidente en vigencia (el kirchnerismo alcanzó a rechazarle un DNU a Mauricio Macri cuando éste ya no era presidente). Si bien eso no alcanzaría para que el mega DNU pierda vigencia, sería un ruido político lo suficientemente importante para afectar al Gobierno nacional en su conjunto.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, no estarían tan asustados con eso, pues consideran que algo así, que en definitiva no alcanzaría para voltear por completo al DNU, expondría malamente a “la casta” en general y el Congreso en particular. Esa pareciera ser la principal obsesión del Poder Ejecutivo.

Amén de ello, la decisión de la titular del Senado es no avanzar contra el aumento otorgado y prepararse mientras tanto para resistir la sesión especial que ya no la oposición principal del Senado (UP), sino una armada con el resto de la oposición, aquella con la que había alcanzado a conseguir atisbos de gobernabilidad en una cámara adversa numéricamente, para el jueves próximo.

Sin la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, que habían sido convocados con motivo del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, se reúne desde las 14.19 la Bicameral de Trámite Legislativo, donde parte de la oposición pide ordenar el tratamiento de los decretos que se encuentran pendientes de la gestión anterior.

Tras la solicitud que hizo el diputado macrista Hernán Lombardi, para que la comisión considere en “orden cronológico” un centenar de DNU que quedaron sin ser analizados -intención del oficialismo que se tuvo desde un comienzo-, el presidente de la bicameral, el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, dio aviso a los funcionarios de la cancelación de invitación.

A través de una nota, el riojano señaló que distintos legisladores “solicitaron modificar el orden del tratamiento de los DNU que se encuentran sin dictaminar por la comisión”, por lo cual “quedan postergadas (las citaciones) hasta tanto se decida el orden del tratamiento de todos los DNU que se encuentran girados a la comisión”.

La semana pasada, LLA junto a la oposición no K habían aprobado la convocatoria a Posse, Caputo y otros funcionarios como el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini.

Sin embargo, eso no ocurrirá este jueves y la nueva jugada del oficialismo y sus aliados apunta a extender el tratamiento -por lo menos en la bicameral- del DNU emitido por Javier Milei el pasado 21 de diciembre, a través del cual se modificaron 300 leyes.

Desde Unión por la Patria, espacio molesto por su representatividad en la composición de la bicameral, insisten desde febrero en tratar directamente el DNU en el recinto, vencidos los plazos que establece la Ley 26.122. Pidieron en tres oportunidades una sesión, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel no se las aceptó.

A la presión de UP se sumó días atrás una solicitud de sesión de bloques provinciales y el radical Pablo Blanco, aunque sin fecha ni horario. Dentro de ese grupo de nueve firmantes, hay “una gran mayoría” por el rechazo, afirmó el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, quien ya se manifestó en contra.

Con los 33 votos de UP, a los que le faltarían 4 más para una mayoría -sobre el total del Cuerpo-, que estarían dentro de otros sectores opositores, el mega DNU corre las de perder en el recinto del Senado. Pero mientras tanto, LLA sigue ganando tiempo.

A través de un proyecto de ley, el bloque del Frente de Izquierda-Unidad propone “declarar de nulidad absoluta e insanable” el DNU 70/2023, de desregulación de la economía que dictó el Gobierno nacional en diciembre pasado. 

La iniciativa lleva las firmas de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Plá.

“Con este mega DNU, el gobierno de Milei se arroga facultades legislativas que según la Constitución Nacional no tiene”, resaltó Bregman, quien además señaló que “con el Congreso funcionando y no habiendo podido demostrar ni el carácter excepcional, ni la necesidad y urgencia de las medidas que plantea, no hay justificativo para que este mega decreto esté vigente ni para que se imponga esta modificación estructural, de casi un centenar de leyes, que incluye temas que poco tiene que ver con la necesidad y la urgencia que sufre el pueblo trabajador, como es legalización de la reventa de entradas en espectáculos deportivos. Una burla”. 

Por su parte, Del Caño advirtió que “hoy el decreto 70/2023 está vigente y ya tiene graves consecuencias sobre el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, los territorios y la economía, entre otras diversas cuestiones que afectan la vida de millones de personas. Es un verdadero plan de guerra contra los sectores populares”. 

En ese sentido, mencionó que “hechos completamente repudiables, como el intento de vaciar la agencia de noticias Télam y dejar a cientos de familias en la calle, también se amparan en este mega DNU”.

“No se puede seguir dilatando el tiempo para reunir a las dos Cámaras y rechazarlo en la Comisión Bicameral y en el recinto; pero además, es tan grande el efecto dañino que tiene este DNU, que el remedio que corresponde es su declaración de nulidad. No alcanza con que se rechace en ambas Cámaras. Es necesario que además se declare, y de inmediato, la nulidad del decreto y de todas sus medidas. Eso es lo que seguimos exigiendo en Diputados, ahora con la presentación de este proyecto de ley”, agregaron los diputados Castillo y Vilca.

Arrancó este jueves la reunión de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que fue convocada a fin de resolver las designaciones de autoridades que quedaron pendientes, fijar una agenda de trabajo y considerar un pedido de la oposición no K para que asistan funcionarios en virtud del DNU 70/23, por el cual se modificaron 300 leyes.

El foco central pasa por el mega decreto del presidente Javier Milei, que desde Unión por la Patria insisten con tratar cuento antes en el recinto, dado que están legalmente vencidos los plazos para su análisis en la comisión. A esos reclamos se sumó un pedido la semana pasada de bloques provinciales a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que convoque a una sesión.

Con la intención de estirar los tiempos, el oficialismo buscará elaborar una “agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes”, en referencia a su intención -avalada por otros espacios federales- de analizar más de un centenar de decretos que quedaron sin tratarse. La comisión no dictamina desde noviembre de 2021.

Además, la bicameral presidida por el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto evaluará una nota enviada por el senador radical Víctor Zimmermann, el diputado radical Francisco Monti y el jefe de Unidad Federal en el Senado, Carlos “Camau” Espínola, para que se convoquen a funcionarios para que informen sobre el alcance e impacto del DNU 70/23.

Los legisladores solicitaron que asistan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini -recientemente puesto en funciones-.

Otra cuestión que se buscará completar es la designación de autoridades, que quedó pendiente. La semana pasada, el oficialismo buscaba colocar en la vicepresidencia al diputado del Pro Hernán Lombardi, situación que fue advertida por el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot, quien recordó que ese lugar -por tradición- se otorga a la primera oposición, mucho más al tener el oficialismo la presidencia con un número en minoría.

En otro momento del encuentro, Zimmermann, que había sido propuesto como secretario, ofreció cederle el lugar a UP, pero la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que no se trataba de cargos. El kirchnerismo había protestado largo y tendido sobre su representación en la composición de la bicameral.

La jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, se refirió a la eliminación por parte del Gobierno nacional -a través del decreto 192/24- del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires.

Al recordar cómo y por qué se constituyó, la kirchnerista repasó: “Esto que pasa hoy surge de un decreto del 2003, donde se fijó para la Ciudad de Buenos Aires el 1,4 de la coparticipación. En el 2016 Mauricio Macri le quitó a la provincia de Buenos Aires un punto y medio de la coparticipación y elevó a 3,75 el de la Ciudad. Eso estuvo en litigio en la Corte Suprema y en el 2020 se corrigió y se armó este Fondo de Fortalecimiento Fiscal para poder compensar y equilibrar un poco esa asimetría”.

La bonaerense resaltó que “si nos ponemos a pensar, CABA tiene 203 kilómetros cuadrados y en 2019 recibía $106.000 por habitante por coparticipación, mientras que PBA tiene 307.571 kilómetros cuadrados y recibía $53.000 por habitante de coparticipación. Además, la PBA aporta el 40% de la totalidad de la coparticipación que Nación administra, y solo recibimos el 20%”.

“El presidente (Javier Milei) puede eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal porque el DNU 70/23 está vigente. El DNU 70/23 le da tantas atribuciones al presidente y tantas facultades que puede eliminar un Fondo que estaba en el Presupuesto Nacional y con el que la provincia contaba para sus cuentas generales”, subrayó.

La legisladora apuntó: “Los bonaerenses nos quedamos con menos educación, menos salud, menos seguridad, menos rutas, menos calidad de vida. La respuesta política tiene que ser contundente, y eso tiene que ser derogar el DNU 70/23 que le da las facultades al presidente de la República de cerrar el Congreso y gobernar por decreto”.

Sobre la posibilidad de tratar en sesión el rechazo del mega DNU, Di Tullio dijo que dependen de que “bajen el resto de los senadores que públicamente dicen que van a votar en contra. Nosotros podemos bajar todas las semanas hasta que consigamos quórum”.

Respecto de la medida del Gobierno nacional de recortar recursos a las provincias, la senadora consideró que “un gobierno tiene que ver dónde están los desequilibrios fiscales para que, en vez de seguir ajustando al pueblo argentino, tome la decisión de meterse con los más fuertes, no con los más débiles”. “En el Presupuesto Nacional hay empresas, incluso muchas que son oligopólicas, monopólicas, como por ejemplo Techint (acero), Aluar (aluminio) o MercadoLibre, que en subsidios del Estado se llevan 4 puntos del PBI. Mercado Libre, que es una empresa de servicios, del Estado cobra 110 millones de dólares en subsidios y eso es el 31% de este Fondo que acaba de eliminar para la PBA”, enfatizó. 

Sobre el final, agregó: “Hoy hay dos visiones del país: la que tiene el presidente en la cabeza, donde hay que destruir al Estado y reemplazarlo por el mercado, y otra que cree que tiene que haber normas y que tiene que ser el Estado quien dirima los conflictos que tiene una sociedad. Pero el mercado no piensa en los derechos de los individuos, no piensa en los intereses nacionales. La defensa de los intereses comunes la hace la política y el Estado. Lo que está en disputa es si la Argentina existe o deja de existir”.

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo fue convocada para este jueves, a las 14 en el Salón Illia del Senado, a fin de resolver las designaciones de autoridades que quedaron pendientes, fijar una agenda de trabajo y considerar un pedido de la oposición no K para que asistan funcionarios en virtud del mega DNU 70/23, por el cual se modificaron 300 leyes. 

La semana pasada, el senador riojano de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto fue elegido como presidente, en una reunión marcada por críticas de los legisladores de Unión por la Patria, que reclamaron por la composición de la comisión. 

Pero además, el oficialismo buscaba colocar en la vicepresidencia al diputado del Pro Hernán Lombardi, situación que fue advertida por el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot, quien recordó que ese lugar -por tradición- se otorga a la primera oposición, mucho más al tener el oficialismo un número minoría.   

En otro momento del encuentro, el senador radical Víctor Zimmermann, que había sido propuesto como secretario, ofreció cederle el lugar a UP, pero la mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que no se trataba de cargos. 

Finalmente, sólo se designó a Pagotto -cuestionado por organismos de derechos humanos- y quedaron por resolver las demás autoridades. 

En la cita para este jueves se incluye la consideración de una nota enviada por Zimmermann, el diputado radical Francisco Monti y el jefe de Unidad Federal en el Senado, Carlos “Camau” Espínola, para que se convoquen a funcionarios a la bicameral a fin de que informen sobre el alcance e impacto del DNU 70/23.

Los legisladores solicitaron que asistan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini -recientemente puesto en funciones-.

El tercer punto de la convocatoria tiene que ver con elaborar una “agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes”, en referencia a la intención de LLA y otros bloques federales de analizar más de un centenar de decretos que quedaron sin tratarse. La comisión no dictamina desde noviembre de 2021.

Sin embargo, de acuerdo a la Ley 26.122, desde UP insisten en que se encuentran los plazos vencidos para el tratamiento del DNU 70/23 en la bicameral y buscan llevarlo al recinto cuanto antes. Sobre el planteo de debatir los anteriores, también desafían a que sean directamente tratados en sesión, al tiempo que resaltan que algunos ya caducaron. 

En febrero, UP pidió en tres oportunidades una sesión para intentar rechazar el DNU de desregulación de la economía, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel se negó. Ante la conformación de la bicameral y el inminente arranque de las sesiones ordinarias, bloques provinciales de la oposición no K del Senado pidieron una sesión. La nota fue firmada por nueve legisladores, dentro de los cuales “hay una amplia mayoría” para votarlo en contra, afirmó el senador Edgardo Kueider. Para el rechazo, a los 33 de UP se deben sumar solo cuatro votos más. No obstante, para quedar anulado, debe votarse de forma negativa en ambas cámaras. 

A través de un comunicado titulado “Defender a los pueblos de las provincias de la agresión de Javier Milei“, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria realizó este martes un llamado al resto de los bloques de la oposición para ponerle “límites” al presidente desde el Congreso.

En el texto, los legisladores de la bancada que conduce Germán Martínez piden “lo antes posible” rechazar el DNU 70/23 en la Cámara baja, al tiempo de buscar consensos para avanzar con leyes vinculadas a los recursos de las provincias.

Para los integrantes de UP, “es hora de poner en pausa cualquier diferencia política y tomar acciones valientes en defensa del pacto federal que dio origen a nuestra Nación”. “El presidente no va a cesar su agresión, a menos que encuentre límites. La sabia división de poderes en la cual se funda toda república sirve para esto: para poner límites cuando uno de los poderes se extralimita”, resaltaron.

Los diputados señalaron que “la eliminación por decreto del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires es tan solo un nuevo frente abierto por Javier Milei en su enfrentamiento con las provincias argentinas y sus pueblos”.

Mientras que “el recorte de las transferencias a las provincias es dramático. Los recursos para el transporte público van en caída libre. Los fondos nacionales que cofinancian la inversión educativa se recortan sistemáticamente. Todas las provincias argentinas están sufriendo lo mismo, sin importar el color político de sus gobernantes“, advirtieron.

Asimismo, sostuvieron que “la retención de la coparticipación federal a la provincia de Chubut el día viernes parecía haber cruzado un límite. Pero este lunes la Casa Rosada avanzó un paso más. El objetivo es explícito: quebrar a las provincias, disolver la Nación”.

“Aunque en la Casa Rosada no la quieran ver, la Constitución Nacional existe, las leyes existen y el Presupuesto 2023 (prorrogado para el 2024) existe. Ese es el rol que debemos asumir desde el Congreso ante un atropello autoritario: defender el orden legal, antes de que sea tarde”, enfatizaron.

En esa línea, convocaron “al conjunto de los representantes del pueblo en esta Cámara a debatir un acuerdo federal parlamentario en defensa de las provincias y la Nación”. “Invitamos a todos los bloques a consensuar una justa distribución de recursos entre los distintos niveles del Estado. Con humildad, aportando desde nuestra verdad relativa, buscando los consensos necesarios, sin buscar protagonismo alguno”, continuaron.

Para UP, “en primer lugar, debemos corregir el vicio de origen que permite estos atropellos. El decreto 192/2024 publicado en el Boletín Oficial se funda en la emergencia pública dictada por el DNU 70/2023. El presidente Milei se auto-otorgó hace dos meses facultades extraordinarias para llevarse puesta la Constitución y las leyes por decreto; y se vuelve urgente que ambas Cámaras del Congreso pongan fin a esta situación inadmisible. Debemos rechazar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados lo antes posible“.

“En segundo lugar, a partir del 1° de marzo debemos abocarnos a la sanción de leyes construidas con amplias mayorías que tiendan a una distribución equitativa y federal de los recursos nacionales“, apuntaron.

Y recordaron que desde el bloque presentaron “propuestas en defensa del Fondo Nacional de Incentivo Docente; la creación del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional que redistribuye entre las provincias las retenciones que actualmente cobra el Gobierno nacional; la coparticipación del impuesto PAIS; y la restitución del Fondo Compensador del Transporte del interior del país”.

“Reconocemos la existencia de importantes proyectos presentados por otros bloques que apuntan en la misma dirección: defender a los pueblos de las provincias de la agresión unitaria de Javier Milei. Convocamos a todos los espacios políticos con representación parlamentaria a dar este debate, con apertura, con predisposición al diálogo y la búsqueda de consensos”, concluyeron.

Tras el pedido de sesión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, el senador de Unidad Federal Edgardo Kueider afirmó este martes: “Yendo al poroteo nosotros creemos que hay número más que suficiente para rechazar el DNU. Creo que al convocarse la sesión, el rechazo al DNU es un hecho, no veo margen para otra cosa y muchos menos dado el contexto actual“.

“(Javier) Milei salió a enfrentarse abiertamente con todos los gobernadores del país y hoy el contexto es mucho más favorable para que el DNU tenga un rechazo contundente en ambas cámaras”, resaltó el entrerriano.

Sobre el pedido de sesión, consideró que “el momento oportuno es ahora” porque “ya no hay excusas respecto de la conformación de la Comisión Bicameral (de Trámite Legislativo)” y además “porque comienza el período de sesiones ordinarias, por lo tanto tampoco hay motivos para excusarse”.

Al ser consultado por los senadores de bloques federales -más el radical Pablo Blanco– que firmaron el pedido de sesión, Kueider señaló que “hay una amplia mayoría dentro de esos nueve para rechazar el DNU”. Cabe resaltar que con cuatro votos de ese grupo, la oposición tendría número para votar el contra del DNU, ya que Unión por la Patria cuenta con 33 miembros.

No obstante, el senador subrayó que “es importante la intervención rápida de la Justicia” y que “se expida finalmente la Corte” porque ” hay efectos distintos si la Corte Suprema se expresa por la inconstitucionalidad del DNU”.

Respecto de esto, explicó que si lo declara inconstitucional la Corte “todo lo actuado pasa a ser nulo; en cambio, al rechazarlo el Congreso, es nulo a partir de que se lo rechaza, pero para atrás se convalida”.

“Acá no estamos hablando de un DNU, hay un DNU con 300 DNU adentro; hay una profunda reforma del Estado en distintos aspectos, que de ninguna manera la mayoría son de necesidad y urgencia, con herramientas que deberían pasar por el Congreso a través de una ley”, agregó en declaraciones a radio El Destape.

En medio de un clima de tensión en la relación del Gobierno nacional con los gobernadores, a raíz del conflicto particularmente con Chubut, y tras un fin de semana de escalada de confrontación por parte del presidente Javier Milei contra Ignacio “Nacho” Torres, la oposición no K del Senado le pidió a Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para el tratamiento del DNU 70/23 de desregulación de la economía.

El pedido fue encabezado por el correntino Carlos “Camau” Espínola, jefe del bloque Unidad Federal, junto a sus compañeros Edgardo Kueider, de Corrientes, y Alejandra Vigo, de Córdoba. Entre los firmantes se sumó además un radical, el fueguino Pablo Blanco.

Suscribieron también la solicitud senadores que responden directamente a sus gobernadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Misionero; José María Carambia y Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz; y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro.

“Nos dirigimos a usted a fines de solicitarle tenga a bien, según lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento del Honorable Senado, en virtud de su facultad, convocar a una sesión especial para dar tratamiento al Mensaje 1/24 Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23”, pidieron este lunes a la vicepresidenta, sin especificar un día y horario particular.

A cuatro días del comienzo del período ordinario, la solicitud es una clara demostración de que Villarruel no podrá estirar más el debate del mega DNU, algo que rechazó concederle a Unión por la Patria en tres oportunidades. La bancada que conduce José Mayans reclamó por una sesión para el 1, el 15 y el 23 de febrero, pero la vicepresidenta no se las concedió. Esto le valió fuertes críticas en la sesión preparatoria y hasta una denuncia penal.

Con 33 miembros, UP está a tan solo cuatro votos para rechazar el DNU en el recinto, y confía en encontrar en los bloques federales las adhesiones que le faltan. Dentro de los firmantes del pedido de este lunes, hay algunos senadores que estarían dispuestos a votar en contra del decreto.

La semana pasada, entre cruces y acusaciones, quedó conformada la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo y donde el oficialismo quiere discutir más de un centenar que quedaron pendientes de gestiones anteriores.

Sin embargo, desde la oposición insisten que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.122, desde el 19 de enero pasado están vencidos los plazos de tratamiento del DNU en la comisión, y ya se puede directamente discutir “de oficio” en el recinto, es decir, sin que haya dictamen de la comisión.

El mega DNU 70/23 de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente el juez federal Alberto Recondo la dejó sin efecto.

A diferencia de la ambiciosa ley ómnibus, que se cayó en la Cámara de Diputados, gran parte del DNU 70/23 se encuentra vigente. Por ejemplo, este mismo lunes el ENACOM habilitó a las empresas tecnológicas Starlink -de Elon Musk-, Amazon y OneWeb a operar en el país y ofrecer el servicio de internet vía satélite.

Senadores de Unión por la Patria cuestionaron este viernes a la vicepresidenta Victoria Villarruel por no haber respondido a sus pedidos de sesión para tratar en el recinto el mega DNU 70/23, al tiempo que advirtieron por las consecuencias de las medidas tomadas por el Ejecutivo mediante ese decreto.

Tal como se esperaba, los opositores presentaron varias cuestiones de privilegio durante la sesión preparatoria. El jefe del interbloque de la primera minoría, José Mayans, dijo que “ojalá podamos ponernos de acuerdo en las comisiones y tratar mil leyes. ¿Podremos tratar mil leyes este año?”. pero señaló que “si al terminar las ordinarias se levanta enojado (Javier) Milei, como a veces se enoja, y deroga con un solo decreto las mil leyes, ¿para qué está el Parlamento? ¿Para qué vamos a hacer tanto esfuerzo? ¿Para qué vamos a poner las comisiones en marcha?”. 

Al citar a abogados constitucionalistas, mencionó una declaración de Daniel Sabsay, “a quien no le podemos decir que es kirchnerista, como dicen ustedes para sentenciar que es lo peor”, y leyó: “El Gobierno no puede derogar normas de fondo por un DNU, rige el principio de legalidad que existe, que solo por medio de una ley puede dejarse sin efecto esa norma” en referencia al Código Civil Código y al Código Aduanero.

Otro de los textuales que resaltó fue que “derogar 300 leyes por DNU es un intento de la suma del poder público, vedado por la Constitución y la extinción del Congreso como corazón de la democracia”. 

El formoseño subrayó que la Constitución en el artículo 99 dice que el Poder Ejecutivo no puede legislar. “Uno no puede por un DNU derogar 79 leyes, modificar 300 y modificar los Códigos de fondo del país. Porque si eso pasa, hay que cerrar el Congreso. Si la intención es cerrar el Congreso, es como un golpe de Estado esto”, sostuvo. 

Y lanzó: “A mí la verdad que los insultos de Milei no me van ni me vienen, porque creo que es una persona que tiene problemas mentales, sinceramente lo digo. No le puede decir a una persona ‘montonera, hija de mil, que pusiste bomba en los jardines’ y después nombrarla jefa de seguridad” en alusión a Patricia Bullrich. 

En su discurso, Mayans reclamó que el Ejecutivo no envió una Ley de Presupuesto, que es “lo que hace previsible el accionar del Gobierno”. 

“Ojalá tratemos esto (por el DNU), porque este programa de gobierno lleva al desastre a la República Argentina. No seamos responsables de eso. Este programa ya estuvo y terminó en default”, completó. 

A su turno, el senador Oscar Parrilli apuntó directamente contra Federico Sturzenegger: “Este señor hace gala y ha salido en los diarios de ser el titular de una supuesta unidad transitoria para la desregulación de la economía”. “Dice ser el autor junto a otros siete juristas del sector privado del DNU y de la ley ómnibus. Hasta el día de hoy no tiene absolutamente ningún cargo en el Poder Ejecutivo. Se burla de todos nosotros y está asumiendo funciones que nadie sabe que tiene. Y no sé si incluso no está cometiendo delitos con la complicidad de funcionarios”, continuó. 

Para el neuquino, “el Gobierno no está llamando a la casta, está llamando a la escoria de la política, a sectores nefastos de la política argentina, empezando por (Mauricio) Macri, Bullrich, (Luis) Caputo, Sturzenegger, (Gerardo) Milman, (Fernando) Iglesias y otros”. 

Tras hacer un repaso por la trayectoria de Sturzenegger, insistió con que “está en el gobierno de Milei no sabemos en carácter de qué”. “Estamos convalidando el asalto al poder de un mentiroso, de un soberbio, de un perverso, que pareciera que disfruta con el sufrimiento de la gente. El Fondo Monetario Internacional está preocupado por la situación social. ¡El Fondo! Y Sturzenegger se jacta y le habla al oído al presidente para que siga adelante con todas estas políticas. Es un sanguinario. No quiero usar malas palabras, pero la verdad que como dicen en el barrio, ‘es un flor de hijo de buena madre’. Pero además es un cobarde, no da la cara, los utiliza a ustedes, a los funcionarios del Ejecutivo, a los diputados y senadores del oficialismo y de los que apoyan al Gobierno para que pongan la cara por las medidas perversas que él está ideando, que son en beneficio de muy poquitos”, enfatizó. 

Otra de las cuestiones de privilegio fue de la riojana Florencia López, que le reclamó a Villarruel “la actitud impeditiva que tuvo usted, señora presidenta, para el tratamiento del DNU. Ha incumplido la Constitución en su artículo 99, inciso tercero”. “Se ha transformado usted en una máquina de impedir el debate, la discusión, que los argentinos puedan tener certeza sobre el DNU”, se quejó y calificó al decreto como un “instrumento del ajuste”. 

“Hay un doble discurso en este Gobierno, porque por un lado el presidente convoca a sesiones extraordinarias y pide que el Senado trabaje, y por el otro nos impide la sesión”, siguió. Además, argumentó contra la postura del oficialismo de que “hay otros DNU que no han sido tratados. Eso es una falacia, porque ninguno está operativo. Los DNU que se dictaron en gobiernos anteriores se agotaron en sí mismos y nada tienen que ver con este DNU 70/23, que afecta profundamente la vida de los argentinos”. 

La opositora insistió que tratar el DNU en sesión “no es un pedido caprichoso o sin razón de ser”, sino que “los plazos están vencidos, la Constitución y la ley nos obliga y la gente está sufriendo”. 

También expresó que había planeado hacer una cuestión de privilegio contra Javier Milei, “por sus expresiones mal educadas que ha tenido hacia el Congreso y los gobernadores”, pero luego pensó: “No voy a ser tan dura con el presidente, porque siento que a él le han relegado solamente la misión y función de darle ‘like’ a los tuits. Desgraciadamente el presidente ha entregado su gobierno a Macri, a Sturzenegger, a Caputo, y él se ha dedicado a ser el propio troll de su gobierno”. “Que deje un poquito las redes sociales, que el meme del león no nos va a llevar a ninguna solución, que se ponga los pantalones y gobierne”, le exigió. 

Por su parte, la senadora Silvia Sapag enumeró que “el DNU interviene 81 leyes y transforma el cuerpo normativo de la relación entre las personas y de la relación de las personas con las instituciones. Es un programa intensivo, de recortes masivos, que demuele los servicios públicos, privatiza servicios públicos, centraliza el poder político, despide a funcionarios públicos, elimina las restricciones a las corporaciones para que puedan enriquecerse más rápidamente, destruye las regulaciones para proteger a los trabajadores, apoya a los propietarios sobre los inquilinos, criminaliza la protesta pública, restringe el derecho de huelga, acaba con nuestro avance científico, intenta anular el trabajo de las universidades, quiere destruir todo nuestro sistema científico y tecnológico, quiere terminar con la enseñanza pública, enfermera a nuestro pueblo, condena a muerte a nuestros jubilados y al hambre a nuestra población”. 

“El DNU está vigente y usted no hace nada para que esto pare, cuando la Constitución se lo manda”, le reprochó la neuquina a Villarruel, que agregó que “el DNU está haciendo una modificación de la Constitución” y “de su parte solo hemos visto dilaciones y ponernos palos en la rueda”. 

En la previa de la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, consideró que “hay una intencionalidad en algunos sectores, yo creo que del bloque del kirchnerismo, de entorpecer claramente la gestión del Gobierno nacional” desde el Congreso.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario recordó que la comisión que analiza los decretos del Poder Ejecutivo “no se reúne desde hace dos años y medio” y “la última vez que se reunió, no trató ningún DNU”.

“Hasta el día de hoy hay DNU del gobierno de (Mauricio) Macri que no fueron tratados por la comisión, con lo cual llama bastante la atención que se pongan a tratar ahora este DNU (en alusión al 70/23 de desregulación de la economía) y no a tratar todos los anteriores”, apuntó.

Al ser consultado por estas declaraciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, coincidió: “Que hay intencionalidad de complicarle la vida al Gobierno, por parte del kirchnerismo, en términos legislativos, me parece que no amerita ninguna aclaración de mi parte, está a la vista que eso efectivamente es así”.

Actualmente, Unión por la Patria es primera minoría en ambas cámaras, con 99 miembros en Diputados, frente a 38 de La Libertad Avanza, en un cuerpo de 257; y 33 senadores ante solamente 7 integrantes del oficialismo en la Cámara alta, compuesta por 72.

Para Adorni, “es difícil saber qué es lo que va a pasar” con el DNU 70/23, que la oposición más férrea puja por tratar directamente en los recintos. “Vamos a seguir atentamente lo que ocurra, siempre respetando el trámite legislativo”, dijo.

Y agregó: “Nos resultaría extraño que el DNU se rechace, no porque no haya posibilidades, sino porque nos da la sensación de que no hay demasiados elementos de que el DNU sea rechazado, por su propio contenido”.

En medio del receso, y un día antes de la sesión preparatoria en el Senado, se pondrá en marcha este jueves a las 12 la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo, cuya conformación el oficialismo retrasó al máximo durante el período de sesiones extraordinarias, ante la polémica por el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía. 

Según pudo saberse, la Libertad Avanza cuenta con los votos para designar como presidente de la comisión al senador riojano Juan Carlos Pagotto, miembro del bloque libertario. 

Por la Cámara alta integrarán la bicameral, además del mencionado Pagotto, Luis Juez (Pro), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Víctor Zimmermann (UCR), Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP) y Teresa González (UP).

Los miembros por el Senado ya habían sido designados hace tiempo, pero la traba se encontraba en la Cámara de Diputados, donde el presidente de ese cuerpo, Martín Menem, y el bloque Unión por la Patria, dirigido por Germán Martínez, no coincidían en la cantidad de legisladores que le correspondía a la primera minoría. 

Finalmente, este lunes Menem envió los nombres, con tres lugares para UP. Cabe resaltar que en el Senado, la bancada de José Mayans también había pedido cuatro lugares. Es decir, el peronismo/kirchnerismo reclamaba por ocho miembros y tendrá finalmente seis. Este será uno de los planteos que se escucharán en el encuentro que se realice este jueves en el Salón de las Provincias. 

Por la Cámara baja estarán Oscar Zago (LLA), Lisandro Almirón (LLA), Hernán Lombardi (Pro), Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF), Carolina Gaillard (UP), Ramiro Gutiérrez (UP) y Vanesa Siley (UP).

La reunión fue convocada para la elección de autoridades y fijar un cronograma de trabajo. Con el argumento de que la bicameral no emite dictámenes desde noviembre de 2021, el oficialismo, con la intención de estirar los tiempos, apoyado por el Pro, propondría considerar el análisis de más de un centenar de decretos de Alberto Fernández que quedaron pendientes de tratamiento. Incluso, fuentes legislativas dijeron a parlamentario.com que los bloques de la oposición no K evalúan emitir un rechazo a alguna de esas medidas del gobierno del Frente de Todos junto a LLA. 

Esta comisión no sólo se aboca a estudiar los decretos de necesidad y urgencia, sino también los de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes. 

Sin embargo, desde Unión por la Patria insisten con que, vencido el plazo para que la comisión se expida, el DNU 70/23 de Javier Milei está en condiciones de ser tratado en el recinto. Para ello, en el Senado pidieron una sesión especial en tres ocasiones, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel no accedió. 

“En este momento tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo. Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto”, afirmó Mayans en la previa de la reunión. 

La Ley 26.122, que regula los DNU, fija que el Ejecutivo tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el decreto para que sea analizado por la Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen. Años anteriores, esos plazos no se han respetado a rajatabla. 

Si dentro de ese plazo la comisión no analiza el decreto, el mismo puede ser tratado directamente en el recinto de cualquiera de las dos cámaras, sin tener dictamen. Para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.

Por otro lado, un sector de la UCR tiene pensado plantear -habrá que ver si eso sucede este jueves- la posibilidad de analizar el DNU 70/23 “por partes”, algo que no tiene antecedentes, ya que hay reformas en las que coinciden. Vale aclarar que el análisis sobre el decreto corresponde a si se cumplió con la “necesidad y urgencia” para dictar el mismo, y lo que se estudia es su constitucionalidad. Es decir, no se discute sobre las medidas allí contenidas. 

Desde UP también rechazan esta posibilidad. “La ley aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo”, resaltó la diputada Carolina Gaillard en declaraciones radiales. Fue en alusión al artículo 23 de la 26.122, que establece que “las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”. 

El mega DNU 70/23 de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos. 

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente el juez federal Alberto Recondo la dejó sin efecto. 

A diferencia de la ambiciosa ley ómnibus, que se cayó en la Cámara de Diputados, gran parte del DNU 70/23 se encuentra vigente y, más allá de la puesta en marcha de la bicameral, la oposición más férrea continuará su presión para que el decreto sea rechazado en los recintos. 

En la previa de la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Poder Ejecutivo, la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard aclaró que “la comisión declara la validez o invalidez del todo, no se puede desmenuzar el DNU”, en alusión al 70/23 de desregulación de la economía. 

En ese sentido, la entrerriana explicó que “la ley (26.122) aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo”. 

Al ser consultada en Radio Futurock por la postura de los otros bloques de la oposición, la legisladora consideró que “desde la UCR en su mayoría se manifestaron en contra del DNU. Están buscando algún resquicio para decir ‘bueno, en realidad en partes estamos de acuerdo, en otras no’. Bueno, eso no se puede, porque el DNU es válido o inválido”. 

“Lo que debería hacer la UCR es rechazar el DNU y pedirle al Ejecutivo que mande proyectos de las cosas que ellos sí están de acuerdo”, agregó. 

Gaillard remarcó que “el presidente no puede legislar, legisla excepcionalmente” y en la comisión se revisan los “requisitos formales” y, fundamentalmente, se evalúa “si se dictó habiendo necesidad y urgencia”. No obstante, ya habiendo pasado 10 días en los que la bicameral debería haberse expedido, “las cámaras pueden reunirse pidiendo una sesión especial y tratarlo de oficio, que significa sin dictamen”, apuntó. 

La opositora cuestionó que “este DNU está perjudicando la vida de todos los argentinos” y, respecto de las intenciones del oficialismo de tratar más de un centenar de DNU de la gestión de Alberto Fernández que no fueron revisados, dijo: “Constituir ahora la bicameral y pretender tratar todos los decretos de necesidad y urgencia anteriores es dilatar el tratamiento. En su momento nadie llamó a una sesión especial para tratarlos”.

A través del DNU 70/23 “prácticamente se está modificando todo el andamiaje jurídico del país en un solo decreto”, señaló y cerró: “Nunca pasó esto en la historia y si lo hubiese hecho nuestro gobierno u otro, esto hubiese sido un golpe de Estado”. 

El senador nacional Daniel Bensusán (Unión por la Patria) manifestó su preocupación por la demora de la Presidencia del Senado en convocar a una sesión especial para tratar el DNU 70/23, solicitada por el interbloque que integra en tres oportunidades.

“Mientras ignoran, a sabiendas, lo que dice la Constitución, la gente sufre los efectos de un DNU que está vigente y habilita para que el ajuste esté cayendo directamente en las espaldas de la clase media y de los sectores más vulnerables de la sociedad”, enfatizó.

En esa línea, el pampeano apuntó que “millones de argentinos ven complicada su vida hoy, gracias al DNU, a través de los aumentos sin control de los combustibles, tarifazos a los servicios básicos de transporte, luz, gas, entre otros, los alquileres con precios y contratos imposibles, y los alimentos cada vez más inaccesibles por aumentos sin control de los productos de la canasta básica”.

“Acá no hablamos de situaciones imaginarias, hay consecuencias concretas y esta medida debe ser tratada en el Congreso de la Nación, tal como lo marca la Constitución Nacional”, añadió.

A su vez, insistió que “las PyMEs y los comercios están sufriendo en carne propia las medidas económicas que se niegan a discutir en el Congreso, al igual que el DNU”.

“En La Pampa contamos con servicios públicos de excelencia, como la salud y la educación, que se verán peligrosamente recargados cuando sea imposible pagar una prepaga o mandar chicos a colegios privados. Es el Estado, que tanto desprecia este Gobierno nacional, quien dará las respuestas cuando todo esto ocurra. Sin embargo, la primera medida, antes de empezar las clases, es la de suspender el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Seguramente estamos a las puertas de que pretendan cobrar el calendario de vacunación”, sostuvo.

Por eso, cuestionó que “mientras esto sucede, el presidente inventa juegos de distracción, peleándose con referentes de nuestra cultura, para desviar la atención de las tremendas consecuencias que tiene en la vida cotidiana de la gente el DNU”.

El interbloque de senadores de Unión por la Patria elevó, el jueves pasado, por tercera vez, una nota a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, exigiendo una sesión especial para el próximo viernes 23, a fin de tratar el DNU. Cabe destacar que para esa fecha ya fue convocada la sesión preparatoria de la Cámara alta.

Bensusán resaltó que junto a sus pares le pidieron a Villarruel que “deje de ser cómplice, cumpla con la Constitución y llame a sesión especial al Senado para su tratamiento. Es democrático y republicano que sea el Senado y la Cámara de Diputados quienes decidan el futuro del DNU y no el capricho de un político”.

Además, el legislador destacó que varios abogados constitucionalistas se manifestaron en contra del DNU. “Es una reforma del Estado, de un plumazo, en forma autoritaria y sin respetar lo dispuesto por la Constitución. Es inconstitucional por donde se lo mire. Pone en peligro nuestra calidad democrática, al sistema republicano, representativo y federal. Definitivamente altera la división de poderes. Estamos a tiempo de corregir el rumbo y resguardar la institucionalidad de la República Argentina”, cerró.

El interbloque de senadores de Unión por la Patria -con la firma de todos sus miembros- solicitó por tercera vez a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para el tratamiento del mega DNU 70/23 sobre desregulación de la economía. 

Vencido el plazo para que sea tratado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que todavía no se conformó, la principal oposición insiste con someter el decreto a votación en el recinto, donde se encuentra a cuatro votos para poder rechazarlo. 

Desde UP habían pedido una sesión para el 1ro. de febrero y otra para este jueves 15. Sin embargo, ninguna fue convocada por Villarruel. 

A pesar de que el Poder Ejecutivo decidió no prorrogar las sesiones extraordinarias, desde la bancada que conduce José Mayans consideran que el pleno puede reunirse para tratar el DNU. La nueva fecha que solicitan es para el próximo viernes 23 de febrero, día en que está estimado se realice en la Cámara alta la sesión preparatoria prevista por el reglamento. 

En la nota enviada a la titular del cuerpo, los senadores de UP señalaron: “Considerando que usted incumplió su obligación de citar a la sesión especial solicitada, vulnerando el artículo 20 del Reglamento de esta H. Cámara, venimos nuevamente, en los términos del artículo 19 del citado Reglamento, a exigirle que cite a una sesión especial a celebrarse el 23 de febrero del corriente año, a las 14 horas, con el objeto de considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023”.

“Considerando que todos los plazos establecidos por la Ley 26.122 se encuentran sobradamente vencidos, resulta imperioso que este H. Senado se aboque al inmediato tratamiento de oficio del Decreto”, agregaron y expresaron que se encuentran “a la espera de una pronta respuesta” por parte de la vicepresidenta. 

En una larga entrevista que concedió al canal LN+, el presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a arremeter contra los legisladores y dijo que “el Congreso de 2025 va a generar la depuración y va a sacar a estos delincuentes, porque en el medio de la campaña (de las elecciones de ese año) nosotros mismos le vamos a recordar a la gente quiénes son sus enemigos”. 

“Cada vez que hubo un consenso, a quienes más jodieron es a los que menos tienen. Por eso yo no hago consensos con los delincuentes. Si ‘consenso razonable’ es robar tongos, cargos, cajas negras de la política, eso no”, enfatizó el mandatario en medio de la relación tensa con el Poder Legislativo luego de la caída de la ley ómnibus. 

El jefe de Estado, que en su perfil de la red social X compartió con nombre y apellido a los diputados que no acompañaron incisos de la ley, señaló que “hay un dicho que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando y los voy a correr”. Y al ser consultado sobre si colocaba a Carolina Píparo -del bloque aliado Buenos Aires Libre- en esa lista respondió: “Para los traidores no hay tabula rasa”.

Durante la entrevista con los periodistas Luis Majul, Pablo, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, el presidente defendió que el DNU 70/23 y la ley de Bases “son un conjunto de reformas estructurales” para “devolverle libertades individuales a los individuos, hacer estructuras de mercado más competitivas, no pro-empresas, pro-competitivas; y terminar con los tongos de la política”. 

Para Milei, lo que ha pasado con la ley ómnibus, mientras él estaba de gira por Israel, “ha sido tremendo, demoledor”. “La ley no pasó porque no les interesa”, sostuvo y continuó: “El problema es que esta gente, los políticos, no quieren ceder sus privilegios”. 

Además, defendió que su proyecto “tenía dos objetivos: terminar de ordenar el espectro político y otro plantear las reformas”. Y la votación mostró, en su opinión, que “muchos delincuentes que se disfrazan de ovejas eran lobos” y “hay diputados delincuentes que le mienten abiertamente a la gente hablando de cambio”, disparó. 

“Lo más maravilloso que pasó con la ley es cuando la empezaron a desguazar, dejando en evidencia y todos los dedos de quienes estaban sucios”, lanzó, en un tono lejano a aplacar las tensiones entre Casa Rosada y el Congreso. En ese sentido, trazó una diferencia entre “quienes son los que están verdaderamente a favor de un cambio con las ideas de la libertad y quienes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegios, de donde los políticos se enriquecen”, insistió. 

El presidente calificó de “fabuloso” el fracaso de su ley y argumentó: “¿Por qué te crees que levanto la ley? Porque cumplí el objetivo. Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley. Eso puede esperar, porque con esto hay un montón que dejaron todos los dedos sucios frente a la gente”, apuntó y negó hacer “escraches” porque “las votaciones son públicas”. 

“La gente los desprecia a los políticos, siente asco por los políticos. Y esta votación demostró que tienen razón”, manifestó y siguió: “La gente ya entiende que hay que hacer un ajuste, el tema central es quién lo paga. Nosotros lo que estamos proponiendo es que lo pague la política.  Y bien que en el Congreso se notó”.

Luego también dijo que “a todos le aprobaron los DNU, conmigo es el único con el que tienen problema”, en referencia al DNU 70/23 que, entre numerosos puntos, derogó la Ley de Alquileres, liberó el precio de las prepagas y dispuso una reforma laboral -frenada por la Justicia-. “Y pensar que yo estoy devolviendo libertades, pensar que estoy haciendo el mercado más competitivo”, resaltó. 

En otro tramo, el presidente recordó: “En mi paso como diputado a mí se me criticaba fuertemente, decían que estaba ausente. El problema era que yo no votaba en las discusiones en particular. ¿Y por qué no votaba? Porque ahí estaban los curros de la política”. 

“Vamos a avanzar fuertemente contra todas las cajas negras de la política”, aseguró y anunció que eliminará los fondos fiduciarios que pueda por decreto: “Si los tengo a tiro de decreto, anótalos, porque los hago boleta”. 

Consultado por un posible acuerdo con el Pro, Milei se refirió al ámbito parlamentario, con un elogio particular al jefe de la bancada macrista, Cristian Ritondo, con quien dijo estar “muy agradecido con el trabajo que hizo; logró abroquelar todo su bloque apoyando las ideas del cambio. Eso ocurrió solo, espontáneamente”. “Evidentemente va a haber una convergencia”, afirmó, en tanto que ratificó a Martín Menem como presidente de la Cámara baja, al igual que Guillermo Francos como ministro del Interior. “Están firmes como rulo de estatua”, confirmó. 

Por otro lado, Milei se refirió al dato de la inflación de enero del 20,6% y sostuvo que “si uno toma el número solo y aislado, parece un número verdaderamente horroroso, que efectivamente lo es. Lo que pasa es que hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. Íbamos camino a un 15 mil por ciento de inflación. Nosotros teníamos plantada una hiperinflación”. 

“Los problemas del país no se arreglan emitiendo dinero. Si te parece que los salarios son bajos, entonces ahora los subimos y los pagamos con emisión monetaria, ¿vos vas a ser más rico? No, vas a ser menos rico”, expresó. 

Y cruzó el documento publicado por la expresidenta este miércoles: “Si dejas de emitir, la inflación en algún momento la vas a terminar. Porque, por más que no le guste a la señora Cristina de Kirchner, la inflación en todo el mundo es un problema monetario”. “Para Cristina y el kirchnerismo, lo que genera la inflación es la falta de dólares, eso es verdaderamente de una precariedad conceptual grosera”, agregó. Y al ser consultado sobre la calificación de CFK como “showman en la Casa Rosada”, contestó que “quizás los nuevos tiempos requieren un poco de show”. 

También, el jefe de Estado ratificó que “la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos equilibrio fiscal, el déficit cero y saneado el Banco Central vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Y cuando hagamos eso vamos a tener un rebote de actividad económica”. Habló de que se está “a un tiro de dolarizar” y que el FMI “estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año”. 

A través de un posteo en sus redes sociales, el diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau le pidió este sábado a la UCR que rechace el mega DNU 70/23 en el Senado y aseguró que Raúl Alfonsín “no hubiera dudado un minuto en hacerlo”.

“La UCR con 13 senadores tiene la llave para rechazar el DNU violentamente inconstitucional de 366 artículos que deroga decenas de leyes y modifica centenares. El DNU tiene efectos vigentes y concretos”, señaló el radical K.

En ese sentido, recordó que la medida del Ejecutivo “permite el aumento incesante de las cuotas de prepagas o transformar empresas estatales en sociedades anónimas para privatizarlas como es el caso del Banco Nación que (Federico) Sturzenegger está apurando para beneficiar al sector financiero internacional”.

“También el DNU elimina la ley de tierras y de manejo del fuego. Promueve desregulaciones a diestra y siniestra que están provocando la brutal y salvaje licuación de salarios, haberes jubilatorios y ahorros de los argentinos”, agregó.

Para Moreau, “el radicalismo tiene que darle a la sociedad la oportunidad de salir de este desquicio económico, social e institucional que además se enmarca en el riesgo de una escalada de violencia por ahora simbólica cargada de venganza contra los sectores populares que hizo del odio una bandera política”.

“Ya no sirve la excusa de lo que alguna vez califique como de práctica lo que alguna vez califique como ‘antikirchnerismo bobo’ o la frase ‘no podemos ir detrás del peronismo’, un cuco que alimenta el círculo rojo y sus medios masivos de comunicación para dividir al campo popular y atemorizar a los dirigentes que no quieren salir de la zona de confort”, reflexionó.

Y completó: “Es ahora. Vayan ustedes si quieren adelante o marchen a la par. Pónganse donde quieran pero digan con nosotros que la Patria no se vende, el federalismo no se entrega y la democracia no se rinde. En el Senado rechacen ya el DNU. Alfonsín no hubiera dudado un minuto en hacerlo”.

Un grupo de representantes de distintas organizaciones presentó este jueves una denuncia penal contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego que no convocara el pasado 1ro. de febrero a la sesión solicitada por el interbloque de Unión por la Patria para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía.

Así lo comunicó a través de sus redes el exdiputado nacional Claudio Lozano, quien encabeza Unidad Popular Nacional. “Violando la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado, Victoria Villarruel está incumpliendo con su deber de convocar a sesión especial para el tratamiento del DNU Tiránico de Milei”, escribió el economista.

En ese sentido, recordó que “cinco senadores pidieron sesión especial para tratar el DNU 70/2023” y “Villarruel tiene el deber de poner fecha y día para la sesión especial”. “A dos semanas del pedido no lo ha hecho. Obstaculiza el mandato constitucional y de la Ley N° 26.122 de tratamiento ‘inmediato’ del DNU”, agregó.

Además de Lozano, los denunciantes son el abogado Jonatan Baldiviezo, por el Observatorio del Derecho a la Ciudad; la ingeniera María Eva Koutsovitis, por el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y el abogado Fernando Cabaleiro, por Naturaleza de Derechos.

La semana pasada, la presidenta de la Cámara alta se negó a convocar a la sesión solicitada por el interbloque de la primera minoría que, atento al vencimiento del plazo para que el DNU sea debatido en la Bicameral de Trámite Legislativo -la cual no se constituyó todavía- reclamó llevar la discusión directamente al recinto.

En conferencia de prensa, los senadores de Unión por la Patria le pidieron a Villaruel que “no cierre el Senado”. A través de un vídeo, la vicepresidenta respondió que “el kirchnerismo no maneja más la agenda política”.

DENUNCIAMOS PENALMENTE A VICTORIA VILLARRUEL.

Violando la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado, Victoria Villarruel está incumpliendo con su deber de convocar a sesión especial para el tratamiento del DNU Tiránico de Milei.

Cinco senadores pidieron sesión especial… pic.twitter.com/gbjKKpMHJf

— Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) February 8, 2024

Diputados de Unión por la Patria se reunieron con científicos de laboratorios públicos frente a las modificaciones planteadas por el DNU 70/23 respecto a la producción pública de medicamentos. Estuvieron presentes autoridades y referentes de laboratorios de todo el país, laboratorios dependientes de universidades y especialistas en la temática.

El DNU 70/23 derogó la Ley 27.113 en la que se declaraba de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública, y establecía la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.

La ANLAP tenía como misión coordinar la producción pública de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos. Los laboratorios públicos desarrollan y producen medicamentos prioritarios para la atención primaria de la salud y enfermedades crónicas, a precios razonables, y también aquellos que no suelen ser rentables para el sector privado.

La Organización Mundial de la Salud establece que los medicamentos esenciales son los que “cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población” y sostiene que “los medicamentos esenciales estén disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio asequible para las personas y para la comunidad”.

Al respecto, el diputado Pablo Yedlin afirmó que “los laboratorios públicos son una herramienta fundamental para el sistema sanitario argentino dado que permiten la producción de medicamentos esenciales que la industria farmacéutica no produce porque no le resulta redituable”. “El cierre de ANLAP pone en riesgo la salud de las argentinas y argentinos”, advirtió.

Por su parte, el diputado Daniel Gollán expresó: “Es importante escucharlos. Sabemos que las medidas del Gobierno nacional, que encabeza (Javier) Milei, están golpeando a todos los sectores y vamos a trabajar para frenar el DNU y la ley ómnibus. No los vamos a dejar solos”.

La producción pública de medicamentos en Argentina y el rol de ANLAP

ANLAP no es una empresa pública, ni tiene por objeto la producción de medicamentos, es una agencia que desarrolla estrategias que impulsan la producción de aquellos bienes (medicamentos, diagnósticos o vacunas), que no son provistos por el sector privado, a través de los laboratorios públicos asociados, en general de propiedad de las jurisdicciones provinciales, universidades, etc. Es decir, todas las acciones de la ANLAP están destinadas a encontrar soluciones a necesidades sanitarias que no han sido resueltas por los mercados privados de medicamentos.

En este marco, la ANLAP impulsa y acompaña iniciativas como la producción de la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (no producida en ningún otro lugar del mundo), la vacuna antirrábica de uso humano, antígenos recombinantes para producción de antivenenos y antivirales, desarrollo de molécula sintética como agente antiviral contra el Chikungunya; investigación y desarrollo de vacunas terapéuticas para el tratamiento del Chagas; desarrollo de formulaciones pediátricas en enfermedades poco frecuentes y desatendidas, oncológicas o antirretrovirales; alternativas terapéuticas frente al envenenamiento por orugas; innovación en medicamentos inhalables para fibrosis quística; realización de estudios orientados al tratamiento de la tuberculosis; modernización tecnológica y asistencia técnica para el logro de buenas prácticas de manufactura (BPM); modernización tecnológica y adecuación normativa para la producción de una solución conservadora de órganos; producción de vacunas para enfermedades de control estratégico, investigación, desarrollo y producción de sueros antivenenos, antitoxinas y antivirales, y medicamentos para enfermedades poco frecuentes y desatendidas, adecuación a normativa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos.

Todo esto significa que la producción pública estratégica de medicamentos resulta una herramienta fundamental para promover el efectivo ejercicio del derecho a la salud por parte de la población. La eliminación de ANLAP impacta significativamente en el acceso y disponibilidad de los medicamentos y productos huérfanos que el mercado privado no atiende por no ser económicamente rentables.

La ANMAT define a los “medicamentos huérfanos” como aquellos que siendo de elevado interés terapéutico y científicamente viables no están disponibles por diferentes causas para atender problemas de salud en un paciente.

Los costos para investigar y poner el medicamento específico a disposición de la población no son recuperables en términos económicos, por lo cual la investigación, el desarrollo y la producción de los medicamentos y vacunas para tratar estas enfermedades huérfanas o desentendidas cuenta con un bajo interés económico, por lo que es necesario que se establezcan mecanismos de promoción y fomento para su desarrollo a partir de la implementación de políticas públicas que salven vidas.

“Están los números”, reveló el presidente de la Nación este jueves en una entrevista, cuando le preguntaron sobre las chances de ser aprobado que tiene el ambicioso proyecto de ley ómnibus que por estos días absorbe toda la atención. Llamó la atención de propios y extraños semejante certeza, aunque en el propio Parlamento tienen claro que esa es una expresión que debe sumarse a la lógica de pedir que la ley salga antes de fin de mes, o acotar el período extraordinario al mes de enero. Ninguna de las dos cosas sucederá.

Ni el proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos será ley antes de fin de mes, porque en el mejor de los casos que se apruebe el 25 de enero como se pide en Diputados, no tiene tiempo material para salir del Senado en menos de una semana. Ni las extraordinarias concluirán el 31, por la misma razón.

Se entiende igual la lógica del Gobierno. Cuando dice que no va a negociar, busca mantenerse impoluto ante su electorado fiel. La oposición lo sabe y lo deja pasar, al menos aquellos que justamente están listos para negociar, pero se preguntan si del otro lado hay disposición real a atender sus planteos.

Porque la oposición colaborativa -por así llamarla- se sigue preguntando con quién entablar finalmente las negociaciones para llegar al recinto con decisiones tomadas. El diálogo existe, pero se limita al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a quien ven muy dispuesto a conversar, atento a los planteos que le hacen, pero hasta el momento sin dar la certeza de tener el poder decisorio respecto de lo que vendrá. Es el único nexo con el Gobierno y alguien de aquella oposición que se autopercibe en la función de ser “dadora de gobernabilidad” sugirió que el riojano debería ser “empoderado” desde la Rosada, para permitir tanto su fortalecimiento político, como sus posibilidades de éxito en la gestión.

Resaltan desde la oposición la buena relación que permite tener el hijo de Eduardo Menem. Reconocen que han hecho concesiones, como con el número de comisiones para tratar la mega ley: deberían haber sido 25, dicen, y le aceptaron al oficialismo que fueran solo 3. También con trabajar normalmente en enero, pero no a habilitar la presencia de funcionarios por zoom. “Si quieren que salga rápido, que vengan los autores del texto”, dicen que les dijeron. Después, se pidió por la participación de todos los sectores, algo que finalmente el oficialismo concedió y tendrá lugar por lo menos este lunes.

Mientras tanto, en esa oposición dispuesta a apoyar la ley ómnibus -mas no todo el texto- aguardan expectantes la conformación de una “mesa política” para que allí se pueda avanzar a partir de los próximos días con la redacción de lo que debería terminar siendo el dictamen que lleven al recinto… ¿el 25 de enero? “Mmm, no creo que lleguemos a esa fecha”, se sinceró el jefe de una importante bancada ante este medio.

No podrá quejarse el oficialismo de haber encontrado una oposición cerrada. Pese a tener en el Congreso la minoría más marcada para un oficialismo desde que se tenga memoria, La Libertad Avanza cuenta con bloques numerosos dispuestos por diversas razones a garantizarles las herramientas necesarias para poder gobernar. Saben que un traspié en el Congreso sería algo de lo que tal vez no pudieran después recuperarse y no están dispuestos a cargar con semejante culpa. “Pero tienen que dejar que los ayudemos”, señaló a parlamentario.com el presidente de una de las bancadas que junto a otras afines y el oficialismo, claro está, deberán sumar las voluntades necesarias para abrir la sesión el 25 de enero o el día que sea, con la certeza de que estará la mayoría necesaria para aprobar en general el megaproyecto.

“Estamos en el mismo lugar desde el minuto cero” de esta gestión, resalta el jefe del bloque radical cuando se le pregunta sobre su postura tanto con la ley de Bases, como con el mega DNU. La postura de ese sector guarda puntos de coincidencias con otros de esos bloques en los que LLA debería sostenerse para hacer pie en el Parlamento. La mayoría tienen un pasado reciente afín, dentro de Juntos por el Cambio, aunque también hay sectores ajenos, como los cordobeses schiarettistas, o los socialistas santafesinos, hoy habitantes de Hacemos Coalición Federal, un bloque que desde su nombre buscó dejar claro la procedencia de todos sus integrantes. Pero es tan largo que muchos prefieren llamarlos “los pichettistas”, en referencia a su titular, sin que necesariamente esa caracterización hable de una afinidad completa hacia el excandidato a vicepresidente.

Todos esos sectores tienen diálogo individual entre sí; esto es, hasta ahora no se han reunido de manera orgánica, tal vez para evitar remedar los encuentros para la foto que solían hacer cuando existía JxC, que a la distancia se perciben estériles. En esos contactos particulares encuentran coincidencias: quieren darle la ley al Gobierno, pero no completa. “Hay cosas inaceptables”, deja claro un jefe opositor en el diálogo con parlamentario.com. El primer ejemplo que surge es lo que denomina “exceso delegativo”.

Las cuestiones previsionales son también otro límite; no quieren dejar de lado una fórmula para calcular los haberes de los jubilados, por más que considere “mala” a la existente. No pueden evitar tampoco mezclar en el diálogo al DNU. “Hay un porcentaje altísimo de coincidencias allí, algunas cosa que no, y sí hay muchos reparos al procedimiento”, dicen.

Desde el bloque radical coinciden con aquella apreciación y van más allá al recordar que también han dado alternativas al Gobierno para manejarse en este tema, como una ley “espejo”, o fragmentar el DNU en varias leyes. No se descarta tampoco avanzar en la bicameral con una “aceptación parcial”. Eso es algo inédito: nunca sucedió, pero hay muchos constitucionalistas que lo consideran posible. Que la propia Comisión de Trámite Legislativo apruebe un dictamen con aprobaciones parciales, y se lleve eso al recinto. No hay instancia judicial que ponga en duda la capacidad del Parlamento. “El que puede lo más, puede lo menos”, señaló un legislador amparándose en su condición de profesor de Derecho Constitucional.

No descartan tampoco que ese tratamiento se le dé al DNU en el debate de la ley de Bases. El artículo 654 trae a colación el megadecreto: “Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23”, dice tan solo. Desde la oposición “colaborativa” observan que esa referencia bien puede ser aprovechada para abrir el DNU, transformar ese artículo en un anexo donde se habilite lo que consideren viable y excluir lo que no.

“Les damos múltiples opciones con el DNU”, resumió una fuente legislativa ante este medio.

Pero volvamos a los reparos. La delegación legislativa no la aceptan, pero sí alguna emergencia. No las once que propone el proyecto oficial, ni tampoco por dos años, con opción a otros dos. Un año sí, con aval del Congreso. En su diálogo con parlamentario.com, un diputado recordó que “a ningún gobierno se le niega una emergencia, un blanqueo y una moratoria”.

¿Eso implica luz verde para el blanqueo que también propone la ley ómnibus? Con reparos que ya se expresaron este jueves por la noche durante la exposición del secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Algunos diputados del mismísimo Pro hicieron referencias puntuales a cosas que había que evitar de lo que ellos mismos hicieron con su propio blanqueo al ser gobierno.

La reforma política debería quedar para el período ordinario. Se confían en ese sentido porque el ministro del Interior dio a entender que tienen asumido que así sucederá. Hay cosas que para la oposición “cambian el juego democrático”, por eso no aceptan su tratamiento ahora. Ni siquiera la eliminación de las PASO; todo el capítulo referido a esa materia debería quedar afuera del tratamiento de las Bases y Puntos de Partida…

¿La privatización de empresas públicas? No en un anexo, a sola firma del presidente. Hay un masivo consenso en buena parte de la oposición “colaborativa” respecto de dejar fuera de esa posibilidad a YPF y el Banco Nación, pero el resto es discutible, admiten.

Con retenciones hay muchos reparos, pero un radical consultado confió a este medio que “no tenemos resuelta una contrapropuesta. Está en discusión”.

Durante este debate se generalizó el concepto de la “semaforización” de la ley ómnibus. Aquellas cosas que generan un rechazo absoluto están en rojo, otras conversables en amarillo, y muchas, muchas, que tienen el color verde para su aprobación sin dudar. Por ejemplo, toda la política regulatoria. La idea para los próximos días es ir “armonizando el semáforo” entre todos esos sectores, para llevarle al oficialismo una propuesta común.

Con humor, desde la oposición ven que el oficialismo va cediendo en el camino en algunas cosas, pero siempre cuidándose de evitar que aparezcan como concesiones a la oposición. “Las filtran primero a los medios y después dicen que las eliminan por su cuenta para evitar confusiones”, observa un legislador que recuerda que el primer pedido que hicieron fue “saquen las pavadas”, y pone como ejemplo el artículo referido a reuniones de 3 o más personas, que la propia Patricia Bullrich anunció que eliminaban al presentarse el miércoles ante el plenario.

En la oposición no descartan ir al recinto con un dictamen propio. Como sea, deberán hacerlo con la mayoría de las cosas resueltas. Si así sucede, son optimistas respecto de que la norma pueda avanzar en Diputados. Pero una integrante de Hacemos Coalición Federal fue muy cruda al expresar sus temores: “No sé si hay disposición oficial a negociar, o una intención deliberada a que sea todo o nada, para ponernos después a la gente en contra”. Un importante miembro del radicalismo tampoco descartó ese temor.

Senadores del oficialismo y la oposición recibieron este miércoles a representantes de productores, cooperativas y trabajadores de la yerba mate de las provincias de Misiones y Corrientes. Los tareferos plantearon la preocupación del sector por el impacto que tendrá tanto la aplicación del DNU 70/23 como el proyecto de ley ómnibus. 

“Los representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate mostraron ante los senadores de diferentes bloques que, a partir de la entrada en vigencia del Instituto, se vieron beneficiados pequeños productores y cooperativistas pudieron fijar precio mínimo del kilo de yerba, además de los beneficios sociales que lograron”, expresó el senador salteño Sergio Leavy (UP), quien encabezó la reunión.

Y agregó: “La provincia de Misiones, pequeños productores, cooperativistas y los trabajadores quieren que el INYM siga como está porque apuesta por la igualdad de todos los eslabones de la cadena de la yerba”. En el mega DNU de desregulación de la economía se quitan varias funciones del Instituto, entre ellas la de fijar precio. 

“De esta actividad dependen alrededor de 60 mil familias que se ven perjudicadas por la apertura de las exportaciones y, fundamentalmente, por la eliminación del Instituto, que garantizaba la sustentabilidad de toda la cadena de la yerba mate. Además, contaba con programas de apoyo financiero a pequeños productores y a las cooperativas”, enfatizó. 

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara alta, los productores pidieron que el INYM continúe con sus funciones, como la regulación de los precios de la materia prima y llevando a cabo los controles de calidad, entre otras cuestiones.

También dejaron en claro aspectos relacionados con el financiamiento del organismo, destacando que se trata de un ente autárquico y se sostiene económicamente con una tasa de financiación y fiscalización que equivale al 1% del valor del paquete de un kilo de yerba mate en góndola. Es decir, que el INYM no es financiado con dinero estatal.

En la reunión estuvieron presentes por Unión por la Patria José Mayans, Juliana di Tullio, Carlos Linares, Martín Doñate, Lucía Corpacci, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Mendoza y Teresa González; por La Libertad Avanza Francisco Paoltroni y Vilma Bedia; Carlos “Camau” Espínola por Unidad Federal; y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. 

En tanto, en representación de los tareferos estuvieron Jonas Petterson, Nelson Dalcolmo y Claudio Marcelo Hacklander, que representan al eslabón productores; Danis Koch, Denis Bochert y Gerardo Vallejos, por las cooperativas; y Ana Cubillas por los trabajadores.

El senador nacional Marcelo Lewandowski (UP) mantuvo reuniones con representantes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables y de distintas cámaras empresariales de biodiésel a nivel nacional, junto a otros legisladores nacionales por Santa Fe. En el encuentro analizaron los efectos que tienen sobre estos sectores el DNU 70/23 y la llamada “ley ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo. 

“Rechazamos estas iniciativas por el contenido y las formas. El DNU del Gobierno nacional va en contra de la producción y el trabajo santafesino, y de todo el entramado productivo de la Argentina”, remarcó el legislador.

Anteriormente, el senador también tuvo reuniones, tanto presenciales como virtuales, con otros sectores que se manifiestan damnificados con las medidas. Entre ellos, la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe; el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe Segunda Circunscripción; la Federación Sindical de Profesionales de la Salud y distintos Colegios de Abogados de la provincia.

“No dejamos de recibir sectores que se ven afectados por el DNU y la ley ómnibus; con algunos ya nos hemos reunido y con otros lo haremos próximamente. Todos los sectores parecen verse perjudicados de una u otra manera por estos dos grandes compendios de articulados que llegaron al Congreso. Salvo los grandes monopolios, que son los ganadores de este modelo”, enfatizó.

Lewandowski agregó: “A todos les dejamos en claro que nuestro espacio los va defender y que vamos a acompañar a todo aquel que quiera trabajar, que quiera producir, que quiera agregar valor a lo que produce, porque eso es lo que va a generar las distintas riquezas que necesita nuestra gente”.

Respecto a la situación del biodiésel, el senador de UP resaltó la necesidad de que “no prosperen estas iniciativas del Gobierno nacional porque dañan profundamente el entramado productivo de nuestra provincia”, pero además marcó la importancia de potenciar a este sector. “La posibilidad del biodiésel es una alternativa real, que debería ser una política de Estado en la que se produzca una sinergia entre los distintos sectores”, señaló.

“No solamente tenemos que exportar el grano sino que tenemos que reconvertir el producto, generando valor agregado a lo que se produce en el campo. Esto va a potenciar a nuestras comunidades, generando mano de obra en poblaciones que están en el interior de nuestras provincias y acompañando un proceso de protección del medioambiente, en un mundo que va hacia dejar de utilizar los combustibles fósiles”, finalizó. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, relacionó la suba de los dólares financieros con los “rumores de desacuerdos” de la oposición con el proyecto de ley ómnibus y las presentaciones judiciales presentadas contra el mega DNU de desregulación de la economía. 

“Hemos visto alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio. Lo cierto es que este ruido queríamos marcarlo porque no es un tema menor lo que pasa cuando las cosas se hacen bien y tampoco es un tema menor cuando las cosas se hacen mal”, dijo en conferencia de prensa. 

El funcionario defendió que las primeras medidas tomadas en diciembre pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo, habían “logrado estabilizar determinadas variables de la economía”, pero ahora “rumores de desacuerdos con algunos puntos de la ley y los amparos contra el DNU generaron que los dólares financieros en poquitos días salten de los 900 pesos a los 1.200 pesos”. “Esto hizo que el mercado pase factura de determinadas desprolijidades, no nuestras, sino de diferentes actores y de la política”, agregó. 

“Nosotros hacemos nuestra parte y necesitamos que la política haga su parte. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba y hacia dónde vamos si no se aprueba”, reclamó y entonces lanzó que esto dependerá “exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que está allí representada”. 

Adorni defendió que las reformas que se proponen “son necesarias para evitar el desastre”. “Lo que vimos solo en el mercado financiero, en términos del tipo de cambio, puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente, lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña”, advirtió. 

El vocero presidencial afirmó que “tanto el DNU como la ley son piezas necesarias para salir de esta decadencia”. “Argentina hay que cambiarla de cuajo y lo que propone la ley es un paso más en ese camino. Apelamos a que la política entienda que de este lado las cosas están hechas y que la sociedad pretende que del otro lado también se hagan las cosas”, insistió. 

Aunque reconoció que “la ley es muy extensa y cambia de raíz muchas cuestiones”, aseveró: “Que quede claro que el contenido de la ley no se negocia, lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo, que no aceptemos sugerencias y que no nos sentemos a conversar con distintos sectores bien intencionados”.

“Nosotros no vemos chance de que el destino final sea la no aprobación”, expresó y pronosticó que si no se aprobara la ley “no vas a salir de esta pobreza, no vas a tener inversiones, no vas a estabilizar las variables, no vas a poder salir de la encerrona del cepo, no vas a poder salir de la encerrona inflacionaria y de este aislamiento que tenemos con el mundo”. “Creemos que va a primar el sentido común, la lógica y empezar a salir de una Argentina decadente”, completó. 

El Gobierno nacional apeló este lunes al fallo adverso del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, que habilitó días atrás la feria judicial de verano para analizar los amparos presentados que reclaman la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente de la Nación, Javier Milei.

“El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso”, afirmó la apelación presentada por la Procuración del Tesoro.

Según entienden los abogados del Gobierno liderados por Rodolfo Barra, el juez de feria “no puede contradecir la postura que hubiera adoptado al respecto el propio juez natural”, que en este caso sería Esteban Furnari, del mismo fuero Contencioso.

En aquel fallo, el juez habilitó la feria para analizar el amparo contra el DNU presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el primero de todos los que luego le siguieron, y a su vez desarmó lo que tramitaba como “amparo colectivo”. Es que antes del inicio de la feria, el juez titular de ese juzgado, Furnari, decidió que lo que se resolviera en ese planteo tuviera impacto para todos no sólo a aquellos que se presentaron. Eso lo había inscripto como “amparo colectivo”, pero luego quedó trunco.

Lavié Pico, en cambio, dijo que cada planteo atacaba una cuestión diferente del DNU y por eso desarmó el amparo colectivo, algo contrario a lo que pretendía el Gobierno, que prefería concentrar todos los amparos en un único juzgado.

Además, el Gobierno cuestionó la decisión del juez de rechazar la solicitud al fuero laboral de dos expedientes donde han tenido resolución en contra del DNU, a raíz del amparo de la CGT y otro de la CTA.

La Procuración del Tesoro quiere quitarle al fuero del trabajo esos dos expedientes y que se acumulen en el juzgado en lo contencioso administrativo Federal. “Las partes y los jueces deben sujetarse al procedimiento procesal y ello marca un orden y brinda certidumbre a las posiciones adoptadas”, expresó la apelación.

Y agregó: “Al trastocar todas las actuaciones que se desenvolvieron en razón del proceso colectivo inscripto, la resolución aquí atacada por exceso jurisdiccional ha devenido a foja 0, convirtiéndose la resolución atacada en un improcedente virtual rechazo de inhibitoria, cuando su colega, Juez a cargo de Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 2 ya había sentenciado admitir la inhibitoria”.

Además, el recurso sostiene que el fallo del juez de primera instancia “produce efectos gravísimos para la defensa del Estado Nacional, en tanto produce la multiplicación de litigios con el riesgo de tener sentencias contradictorias; precisamente lo que la CSJN procuró evitar”. Efectivamente, el Gobierno venía planteando la necesidad de acumular todo en un amparo colectivo.

Con la apelación, el Gobierno busca que el fallo de Lavié Pico sea revisado por Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Sergio Fernández -el más influyente dentro de ese fuero- y Carlos Grecco.

El recurso, de 57 carillas, reitera un pedido de inhibitoria y la incompetencia del fuero laboral. “No puede convalidarse la manipulación de las normas procesales para elegir el fuero más favorable, en menosprecio de la garantía del Juez natural, pues ello, constituye un abuso del derecho a peticionar y de la buena fe, que no puede ser aceptado a la luz de las normas que rigen el debido proceso”, sostuvieron los abogados del Estado.

Representantes de productores y cooperativas de yerba mate se presentarán esta semana en el Congreso de la Nación para explicar a aquellos legisladores que los reciban sobre el impacto del mega DNU 70/23, que eliminó funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), desregulando al sector.

El INYM fue creado en el año 2002 por la Ley 25.564 tras una profunda crisis socio económica. Es un ente de derecho púbico no estatal, con un directorio integrado por los sectores públicos y privados y financiado por el mismo sector yerbatero. En sus más de 20 años de existencia, definió y aplicó programas de apoyo para el fortalecimiento de todos los eslabones de la actividad, posicionó el alimento en los mercados y fijó, a lo largo de sus dos décadas de existencia, el precio mínimo para la materia prima, llegando en el año 2023 a pagarse por encima del valor oficial.

“El DNU emitido en diciembre por el gobierno de Javier Milei, eliminando funciones del INYM, afecta de manera directa a 15 mil tareferos, 12 mil productores, 49 cooperativas, 200 secaderos y 100 industrias, frenando la virtuosidad de haber transitado las últimas dos décadas sin ciclos de sobreproducción ni precios por debajo del costo de producción, garantizando la sustentabilidad de toda la cadena y posicionando a la Argentina como el mayor productor de yerba mate en el mundo”, señalaron desde el sector.

Para defender la plena vigencia de la Ley 25.564, tal como fue sancionada en el año 2002, este miércoles y jueves se presentarán en el Congreso los directores del INYM: Nelson Dalcolmo, Jonas Petterson y Claudio Marcelo Hacklander, que representan al eslabón productores; y Danis Koch, Denis Bochert y Gerardo Vallejos, por las cooperativas.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó este miércoles una cautelar suspendiendo el capítulo 4 de la reforma laboral incluido en el mega DNU tras el reclamo de la Confederación General del Trabajo quien, a través de un comunicado, celebró dicha medida porque “pone un freno a la reforma laboral regresiva”, y ratificaron el paro de medio día para el miércoles 24 de enero.

En el texto que difundieron, indicaron que “la Cámara destaca que las modificaciones introducidas regresivamente afectan la interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc”.

“Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores y no tendrá vigencia hasta tanto la justicia resuelva el planteo de inconstitucionalidad del Capítulo IV del DNU 70/23, como ha solicitado la CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO”, resaltaron.

Una vez que se conoció el fallo, Héctor Daer, uno de los tres líderes de la CGT, celebró la noticia en las redes sociales: “Con organización, unidad y compromiso, desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto en el DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidos”, y añadió: “Envío un fuerte y cálido abrazo a todos los compañeros que respaldan y se suman a nuestro plan de lucha. Nos encontramos el 24 en la Plaza del Congreso”.

Por el contrario, el Gobierno ya anunció que apelará el fallo. Rodolfo Barra, como jefe de los abogados del estado, insistirá en que el tema es competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y no del fuero laboral.

El fallo fue firmado en mayoría por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, quienes resolvieron frenar los tramos que aluden a las modificaciones laborales. En disidencia, la tercera jueza, Dora González, consideró que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.

La diputada nacional Agustina Propato (UP) se refirió este viernes al mega DNU y al proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei y remarcó que “nuestra postura va a ser de rechazo”.

“Es una refundación del sistema jurídico estatal argentino y ejecuta modificaciones muy profundas”, señaló y agregó que “nuestra postura va a ser de rechazo porque el proyecto avasalla cuestiones que tienen que ver con una ilegalidad manifiesta, que también lo han dicho varios representantes de colegios de abogados”.

Asimismo, indicó que el contenido “es contrario a lo que pensamos, pero lo racional es darle tratamiento a esta ley ómnibus, y hay que conformar todas las comisiones para analizar las cuestiones. Yo soy representante del pueblo en un poder legislativo, y quiero tener un presidente, no quiero un emperador”.

Además, sostuvo que “la Argentina tiene dificultades económicas y hay necesidad de mejorar en ese aspecto, pero lo que demostramos durante nuestro gobierno no fue una política de ajuste, como la que está planteando Javier Milei”.

“Este método que los argentinos eligieron es una recesión de cementerio de la economía interna para generar el efecto antiinflacionario, pero se va a llevar puesto el 70% de la Argentina” enfatizó Propato, y acotó “soy respetuosa de lo que los argentinos eligieron y ejerzo mi responsabilidad exigiendo al presidente que no vulnere a los tres poderes y que deje al legislativo hacer nuestra tarea, que es representar”.

También, manifestó que “este es el camino que ya conocemos, recetas viejas, entendemos que este es un segundo gobierno de Macri, un tercero de Menem y un primero de Milei, es la restauración del régimen neoliberal de nuevo en argentina, ya sabemos los efectos que han surtido”.

Para concluir, aseveró que el decreto que entró en vigencia este viernes y cerró que “surte efectos íntegros, significa que puede venir Elon Musk si quiere, y comprarse ARSAT o ENACOM, traer lo que quiera y llevarse lo que quiera. El DNU no es un plan de ajuste, es un plan de negocios”.

El diputado nacional Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal) manifestó este viernes tener “mucha preocupación” ante el mega DNU y el proyecto de ley ómnibus del gobierno de Javier Milei, y consideró que “hace falta una acción más enérgica de parte del Congreso de la Nación”.

“La gente lo votó a Javier Milei para encarar un cambio. Había muchos temas que no funcionaban, la economía, la inflación, al pobreza y un gobierno que finalizó con muchas dificultades. Pero no votó un monarca, votó un presidente. Y votó un Congreso en sentido diferente, con enorme sabiduría para que lo controle, para que él no crea que tiene la suma del poder público, que es lo que intenta con el DNU y esta ley”, aseveró.

El socialista observó que “estamos asistiendo a la trilogía monárquica de Javier Milei, que comenzó el 10 de diciembre cuando en su discurso inaugural eligió ir hablarle a un puñado de seguidores y no a la Asamblea Legislativa”.

“El segundo capítulo es el DNU que entra en vigencia inexplicablemente sin ninguna medida cautelar o decisión de la Justicia, y con una lentitud del Parlamento para constituir la comisión bicameral; y el tercer capítulo es la ley ómnibus, donde en los primeros cinco artículos pretende que el Congreso le delegue más de 60 facultades legislativas por dos años y le demos la posibilidad de que la prorrogue por dos años, lo que implicaría un virtual cierre del Congreso”, añadió.

Para el santafesino, el DNU “ha sido un capricho de (Federico) Sturzenegger y su equipo, que le puso letra a los intereses de los sectores concentrados y que claramente Javier Milei es un vehículo administrativo”. “Hay que transparentar cuáles son los intereses que están detrás de cada uno de esos artículos”, dijo.

Por otro lado, sobre la conformación del bloque entre exmiembros de Juntos por el Cambio y Córdoba Federal, el legislador admitió que se trata de un bloque “bien diverso”, pero en el que tienen “dos puntos de acuerdo: la defensa del federalismo y de la institucionalidad”.

“Desde esa institucionalidad hay que pararse en contra del DNU por las formas, porque no hay necesidad y urgencia y porque puede abrir la puerta a que un Ejecutivo legisle”, remarcó.

En tanto, desde la postura del Partido Socialista, recordó que “hemos votado siempre en contra de la entrega del patrimonio nacional y hemos votado siempre en contra de la restricción de cualquier derecho para un trabajador o trabajadora, y este caso no va a ser la excepción”.

El jefe del flamante bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, afirmó este viernes que ante el mega DNU de Javier Milei y el proyecto de ley ómnibus, “el Congreso tiene que ser un punto de equilibrio” y “el presidente tiene que encontrar un camino de diálogo razonable con el Congreso, dejar de agraviarlo”.

“¿Por qué no se empezó a analizar el DNU? No es demora ni de los diputados, ni de los senadores. No se ha constituido la comisión” por resolución que depende de las autoridades, apuntó.

Para el legislador, “el Gobierno tiene que gobernar con el Congreso y no contra el Congreso”. En esa línea, observó que “no tiene antecedentes la magnitud de los temas que se abarcan en esta emergencia”, en referencia a la iniciativa enviada esta semana.

“Es una delegación que prácticamente cruza todo el período de gobierno, una emergencia muy amplia”, señaló, aunque admitió que “es cierto que Argentina viene viviendo en emergencia hace mucho tiempo” y todos los gobiernos la han pedido.

En declaraciones a Urbana Play, añadió que “la vamos a discutir integralmente en el Congreso, y eso ya es un paso adelante. Esto es una diferencia con el DNU”.

“Los dos instrumentos, tanto el DNU como la ley, abarcan una cantidad de temas impresionante”, resaltó y opinó que no sabe si por “improvisación o rapidez” muchos de los temas que están en el DNU también aparecen en el proyecto de ley.

Pichetto aseguró que hay que “tratar de colaborar y aportar al gobierno que ha sido electo por la voluntad de los argentinos” y “lleva muy poco tiempo, hay que darle un margen”. “Pero también hay que mantener la cabeza fría, tratar de analizar con detenimiento todos los temas”, aclaró.

El secretario del flamante bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López, se refirió al proyecto de “ley ómnibus” y sostuvo: “Tenemos que ser veloces, por supuesto, en las respuestas que le damos tanto al Poder Ejecutivo como a la sociedad. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que ser rigurosos y pedirles a los ministros que nos digan cuáles son las prioridades”.

“Que la Argentina necesita cambios, yo no tengo dudas. La mayoría de los cambios que vi en el DNU me parecen muchísimos temas en el sentido correcto. Es una mala técnica el DNU, yo creo que hay que convertirlo en ley, discutirlo y mirar punto por punto”, observó sobre el decreto.

Nuevamente sobre la iniciativa, consideró que “para una reforma política tenemos todo el año 2024 para debatirla con seriedad”, lo mismo que para establecer un régimen de juicio por jurados. “No creo que tenga la urgencia”, agregó.

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente de la Coalición Cívica remarcó que la iniciativa del Gobierno “tiene temas tan distintos que es complejo mandarlo a dos o tres comisiones nada más. Al mismo tiempo, mandarlo a 15 comisiones también es un problema”. “Tendría que haber una mínima coordinación entre el Gobierno y la Cámara de Diputados”, sugirió.

El porteño expresó que “es un proyecto muy ambicioso, pero bastante desordenado, porque trata temas muy distintos en una sola ley. Establece retenciones, genera un blanqueo laboral y un blanqueo para todos los argentinos que tengan ahorros y no los hayan declarado. Al mismo tiempo una parte de una reforma política, con cuestiones que nunca han sido debatidas” como “poner que los diputados sean elegidos por circuitos nominales, algo que en Argentina no se hizo casi nunca, o bueno hace más de 100 años, pero tampoco funcionó muy bien”.

El diputado nacional Máximo Kirchner opinó este jueves sobre el mega DNU y el proyecto de “ley ómnibus” del presidente Javier Milei y consideró que “gobierna Mauricio Macri” porque “cuando uno mira todo esto, ve que el trabajo del DNU lo preparó (Federico) Sturzenegger para (Patricia) Bullrich; cuando uno recuerda los dichos de Macri en el 2019 (‘haría lo mismo dos o tres veces más rápido’), lo que uno ve es que las personas centrales de este gobierno son Bullrich, Sturzenegger (sin cargo, pero con un lugar preponderante en el anuncio del DNU), y el malogrado ministro de Economía, (Luis) Caputo, que ha conseguido, a pesar de haber demostrado una gran impericia en el gobierno de Macri, volver”.

“La pregunta que hay que hacerse es por qué el presidente confía en alguien a quien acusó de despilfarrar 15 mil millones de dólares, que no es un número menor”, lanzó el líder de La Cámpora en declaraciones a radio El Destape. En ese sentido, insistió que “habría que explicar por qué se confía en alguien al que se lo acusó el propio actual presidente de un tremendo despilfarro en el manejo de la economía durante la presidencia de Macri”.

Muy crítico de la gestión que comenzó el 10 de diciembre y del macrismo, el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner sostuvo que “la meritocracia parece que se le quiere aplicar a trabajadores y trabajadoras, pero Caputo pasa derecho, puede hacer un desastre en la economía -tal cual lo dijo Milei-“.

“Hay que hacerse un replanteo grande. Esto que está sucediendo y las facultades que quiere arrogarse el Poder Ejecutivo Nacional, primero con un discurso falso sostenido por mucho tiempo de las instituciones, de la república, y las formas. Y en el contenido lo que no termina de aparecer es la casta. O si aparece, aparece la verdadera casta argentina, que es la que no vota nadie, la del poder económico, donde Sturzenegger casi fue un sastre en la confección del DNU”, observó.

Durante la entrevista, el titular del PJ bonaerense recordó: “Nosotros en octubre del 2022 hicimos un acto en Plaza de Mayo con gran parte del movimiento obrero organizado, donde estaba Pablo Moyano, (Mario) ‘Paco’ Manrique de SMATA, y tantos compañeros y compañeras de diferentes expresiones sindicales. Y ese día hicimos un planteo de que había tres flexibilizaciones en marcha de parte de quienes, del entramado que gobierna, porque yo digo que este es el gobierno de Macri, de lo que él planificó. La flexibilización laboral, la flexibilización ambiental y la flexibilización impositiva. Estos elementos se pueden encontrar tanto del DNU como también dentro de la ‘ley ómnibus’”.

“En lo laboral, las limitaciones al derecho huelga, y donde pone al trabajador y trabajadora en una situación de debilidad ante la patronal enorme. En lo ambiental podríamos hallar la modificación de la Ley de Bosques, donde se permite ahora el desmonte en la zona verde y amarilla que estaba prohibido. Y en lo impositivo la modificación de Bienes Personales”, señaló.

Para Kirchner, “lo que debemos tener en cuenta más allá de esta coyuntura es que este tipo de cosas que se llevan adelante, la fantasía de ese poder total para que funcionen las ideas, las ideas son malas en lo económico. La dictadura, por ejemplo, arrasó con toda resistencia, la desapareció, la torturó, le desapareció, se apropió de los hijos, implementó un plan económico muy parecido a este, y ese plan económico aún sin Parlamento, aún sin sindicatos o comisiones enteras de sindicatos arrasadas o desaparecidas, con un Poder Judicial de carácter totalmente complementario del antojo de (Rafael) Videla o de (Alfredo) Martínez de Hoz, fracasó”.

“En el 2001 existían las AFJP y la ANSeS, Aerolíneas Argentinas estaba en manos privadas, YPF estaba en manos privadas, AySA, estaba en manos privadas, todos estos elementos estaban en manos del sector privado. Te vuelvo a insistir con el Correo, vean el ejemplo del Correo, todavía la causa de Macri…20 años lleva la causa de Macri y van a volver a vender el Correo”, apuntó sobre las propuestas de privatizaciones de 41 empresas públicas.

Y amplió: “Lo que marca es que estamos yendo a un lugar que sabemos que no va a funcionar. Y que ahora tiene condimentos de época, que son diferentes los tiempos, que hacen que la situación se vuelva desde la forma y los contenidos muy agresivos para con la gente. Uno lo puede ver incluso con este famoso protocolo que pasa todo por cómo marchan, como si el problema que hubiera que resolver es si van por la calle o por la vereda. Y la verdad que lo que hay que resolver es la enorme inequidad que hay en los ingresos”.

“Hubo una gran manipulación mediática y discursiva que también aprovechó este sector político que tenía que ver con que aquellos trabajadores que no están dentro del mundo formal ven como privilegiados los derechos que tienen los trabajadores que están en relación de dependencia”, aseveró el diputado y resaltó que “al mismo tiempo hubo una operación muy grande sobre estos sectores formales, aquel que no está formalizado y tiene un recibo del salario no quiere trabajar. Y obviamente en el mundo formal hay una franja muy grande, la de más abajo que se vio totalmente perjudicada y vio caer su poder adquisitivo. Por eso tenemos un fenómeno de baja desocupación con alta pobreza. Estas son las cuestiones que la expresidenta y vicepresidenta marcó durante estos 4 años. Decir ‘che, nos está pasando esto’. Bueno, los resultados están a la vista”.

Respecto a ello, lamentó que su madre no haya sido “escuchada” durante el gobierno del Frente de Todos. “Creo que fue una pena que la presidenta no haya sido más escuchada durante el proceso, y si queres como autocrítica también delegar tanto la cuestión de la administración de la económica. Todo esto conformó una situación donde hay sectores que entendieron que no podían estar peor. Incluso el propio presidente en un momento les dice ‘conmigo, peor no van a estar’, y lo que está descubriendo un sector de la sociedad que se vio atraído por la figura y por lo disruptivo, por cómo era presentado en un momento, hoy ve que su voto en el sentido que esperaba”.

Para finalizar, Máximo Kirchner expresó que hay que “tratar de que esto no potencie las miserias que tenemos como sociedad, sino que saquemos a flote nuestras virtudes, que tengamos el mejor año nuevo posible, y entender que este tipo de situaciones se afrontan con más participación, más debate, más discusión, y con mucha entereza, mucha voluntad y mucho autoestima”.

En línea con el argumento que sostiene el Gobierno nacional, de apoyarse en el triunfo que tuvo en el balotaje hace poco más de un mes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazó que el Congreso y la Justicia “pongan obstáculos a algo que votó la gente”. 

Consultado este miércoles sobre las protestas en contra del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, el riojano observó que “la política es difícil y complicada. Hay una inercia que va a tirar en contra de todas estas reformas. Pero recordemos, el presidente Javier Milei ganó con más del 55% por ciento de los votos diciendo exactamente todo lo que iba a hacer. Sería muy difícil que los demás poderes del Estado pongan obstáculos a algo que votó directamente la gente”. 

“Las fuerzas (políticas) que están en contra son las que perdieron, las del 44%. Tendrían que recapacitar y entender que la gente votó esta transformación, que quiere algo distinto. Que no quiere más la economía que venimos soportando todo este tiempo, atrapada en una maraña de regulaciones que nos ha traído a este desastre”, sostuvo. 

Para el titular de la Cámara baja, la oposición tendría que “tomar conciencia que hubo una fuerza que ganó y está simplemente queriendo instrumentar lo que dijo que iba a hacer si ganaba, y que lo ha ratificado la ciudadanía. Esto no hay que perderlo de vista”. 

“Hay que seguir adelante con esta gran transformación de la Argentina, que es muy ambiciosa y viene a terminar con una decadencia de 100 años”, defendió en declaraciones a Radio La Red.

Además, Menem insistió que “se empieza a cuestionar la manera de gobernar cuando existe una necesidad y urgencia total en el ataque que tenemos que darle a la inflación, y hacer que la economía sea ágil”. “No solamente no hay plata, sino que no hay tiempo para que se termine de desmadrar este desastre que dejó el gobierno anterior”, agregó. 

Por otra parte, en relación a la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, ratificó que se rige por la Ley 26.122, que dice que hay que constituirla “respetando la proporcionalidad de los espacios políticos” y, en ese sentido, señaló: “Unión por la Patria tiene el 3,15% y son ochos miembros, con lo cual le tocarían tres miembros”. 

Comenzado el período de sesiones extraordinarias este martes y a la espera del envío de la “ley ómnibus”, sumado a la polémica por el mega DNU de Javier Milei, un asunto que deberá resolverse en el corto plazo es la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que debate sobre la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia.

El oficialismo en la Cámara de Diputados tiene la intención de repartir tres lugares para Unión por la Patria en dicha bicameral, mientras que el principal bloque reclama cuatro sillas.

Este martes, el jefe de La Libertad Avanza, Oscar Zago, aseguró que para la conformación de esta bicameral no aplica “el sistema D’Hondt”, que es el que UP logró imponer para las comisiones permanentes de la Cámara baja; además de que este caso “se rige por otra ley”, en alusión a la 26.122, aunque el sistema de reparto “es muy parecido”, señaló.

“Nosotros estamos convencidos que a Unión por la Patria le corresponden tener tres integrantes en la bicameral, ellos dicen que le corresponden cuatro. Es un tema que vamos a discutir”, sostuvo en declaraciones a radio Futurock.

Sobre el lugar restante, el porteño indicó que sería para “otro bloque de la oposición”, en alusión al agrupamiento de Cambio Federal, Innovación Federal y Hacemos por Nuestro País, que proponen a Nicolás Massot.

De esta manera, de los ocho diputados que deben integrar la bicameral, en el oficialismo interpretan que tres serían para UP, dos para LLA, uno para el Pro, uno para la UCR y otro para ese espacio que nuclea ahora a exmiembros de Juntos por el Cambio y las bancadas federales.

Sobre el tratamiento del DNU, Zago expresó que “todos tienen derecho de analizar el DNU artículo por artículo”, más allá de que se aprueba o rechaza en su totalidad. Y defendió que “el presidente tiene toda la facultad de mandar este DNU porque estamos viviendo una situación económica de emergencia”.

“Todos los diputados y senadores tenemos que ponernos a trabajar para sacar las leyes de emergencias que tenemos”, manifestó y sobre las iniciativas del Poder Ejecutivo -que ingresarían esta semana- afirmó que tratarán de “tener mucho diálogo con las distintas bancadas opositoras. Buscaremos el consenso suficiente para tratar de sacar las leyes que nos manda el presidente”.

El diputado nacional José Luis Espert, elegido por el presidente Javier Milei para que sea propuesto como titular de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, advirtió que si el Congreso llegara a rechazar el decreto de necesidad y urgencia sobre desregulación de la economía y tampoco aprobara las leyes que enviará el Poder Ejecutivo, “nos vamos a una hiperinflación”.

“Aún aprobándose todo vamos a tener un primer semestre del año duro. La bomba de tiempo se llama hiperinflación”, sostuvo y observó que sólo serán “seis meses duros” dependiendo de “cuán desestabilizante sea el kirchnerismo no gobernando”.

Además, el legislador mencionó a “la CGT, que no le hizo un paro a Alberto (Fernández), pero ya está anunciando uno por si acaso. Como hay un nuevo gobierno, está serruchándole el piso desde ahora. Y depende también de cómo evolucionan las cosas en el Congreso”.

Respecto del tratamiento del DNU 70/23 en el Parlamento, aclaró que “independientemente del resultado que surja de la bicameral (de Trámite Legislativo), las cámaras si quieren lo pueden tratar con el dictamen de la bicameral o sin el dictamen. Es probable que sea tratado por las cámaras, porque es un decreto que provoca cambios en muchas cosas”.

En diálogo con Radio La Red, el diputado opinó que todavía “falta que se discuta una profunda reforma laboral” que “descentralice la negociación colectiva, que vayamos a la democratización sindical, terminar con la ultraactividad y bajar los costos laborales”.

También, una “reforma previsional” ya que “tenemos cerca de 30 regímenes especiales diferentes, hay una balcanización del sistema previsional por eso en parte los jubilados cobran miseria”.

Espert anunció que “fruto del desastre que dejó el kirchnerismo, la inflación de diciembre va a estar entre 25% y 30%”. “El golpe inflacionario por la herencia recibida es fenomenal. Todavía estamos lejos de una hiperinflación, pero estamos ‘camino a’ si esto no para”, aseveró y defendió que hay que “ir a déficit cero de manera urgente, para de esa manera empezar a bajar la tasa de inflación”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió este martes el mega DNU de desregulación de la economía y envió un mensaje a los legisladores, ante la posibilidad de que el decreto que deroga y modifica numerosas leyes pueda ser rechazado: “Deberán acompañar o seguir obstruyendo este cambio”.

En su habitual conferencia de prensa, el funcionario recordó que ya está iniciado el período de sesiones extraordinarias, al tiempo que sostuvo que el objetivo del DNU y la “ley ómnibus” es “terminar con 100 años de decadencia”.

La reforma del Estado “tiene como objeto liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño nos ha hecho a todos”, expresó.

Sobre el DNU 70/23, Adorni afirmó: “El trámite legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadores, que básicamente deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio y la Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda”.

El decreto generó un amplio rechazo en Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que sectores de la oposición como la UCR y los bloques federales se han mostrado en contra de la forma y reclaman que las reformas -con algunas dicen coincidir- sean enviadas a través de proyectos de ley. Por su parte, desde el Pro, socio del Gobierno, se han manifestado a favor.

El vocero presidencial agregó que desde el Gobierno apelan a “la buena voluntad” de los legisladores y que “estén a la altura de las circunstancias, en el marco de urgencia que estamos inmersos todos los argentinos”.

Sobre la “ley ómnibus”, que incluirá aquellos temas vedados por la Constitución Nacional para el Poder Ejecutivo -como tributarios y electorales-, Adorni señaló que el envío de “es inminente y se va a dar en las próximas horas”. Mientras que los detalles “los dará la cartera que corresponda” cuando finalmente se conozcan los textos, completó.

Hace apenas poco más de dos meses, el presidente Javier Milei cuestionaba a su -entonces-contrincante Patricia Bullrich por la idea de “derogar leyes por DNU”. El vídeo, ya hecho archivo, comenzó a circular a partir del mega decreto de necesidad y urgencia sobre desregulación de la economía que el Poder Ejecutivo emitió antes de Navidad.

Al publicarlo este martes en su perfil de la red social X, el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, recordó: “Hace apenas unos meses Milei criticaba a Patricia Bullrich por querer eliminar leyes por DNU”.

“Hoy, es el propio Milei el que se quiere llevar puesto al Congreso con el mega DNU”, cuestionó y aseguró que “hay otro camino: con respeto a la Constitución Nacional y la división de poderes”.

Durante el debate presidencial del 8 de octubre, el segundo de los dos que se realizaron entre los cinco candidatos que habían superado las PASO, Milei le lanzó a Bullrich: “Usted habló de eliminar leyes por DNU, o de llevarse puestas garantías constitucionales. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere, que esto sea una dictadura?”.

Hace apenas unos meses Milei criticaba a Patricia Bullrich por querer eliminar leyes por DNU.

Hoy, es el propio Milei el que se quiere llevar puesto al Congreso con el mega DNU.

Hay otro camino: con respeto a la Constitución Nacional y la división de poderes. pic.twitter.com/5pIHaWVTXW

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 26, 2023

El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR) afirmó este viernes que todavía no tiene una postura tomada sobre el mega DNU de desregulación de la economía. “Estamos tratando de leer y analizar qué significan esas 300 reformas, que tienen implicancia en la cuestión económica, productiva, en la salud, en el empleo, en clubes deportivos”, señaló.

El chaqueño aseguró que está estudiándolo para “saber exactamente cómo va a impactar en nuestras provincias”, ya que “la problemática es muy dispar” entre las distintas zonas del país.

Por otra parte, consideró que el asunto “es complejo” porque este decreto “no se puede mirar en forma aislada”. Además de estas medidas, el Gobierno tiene que “reformular el acuerdo con el FMI, resolver la política monetaria, conseguir financiamiento externo, parar la inflación, mandar el Presupuesto 2024”, reclamó.

En declaraciones a radio Futurock, el radical aclaró que la Bicameral de Trámite Legislativo “va a analizar si el decreto está apegado a las normas, porque el Poder Ejecutivo no puede legislar”, y el debate será sobre la interpretación de la necesidad y urgencia, no el contenido.

“La posición la tomaremos en el bloque”, expresó y aclaró: “Habrá que tener la paciencia necesaria, analizar punto por punto y en ese camino estamos. No me parece que tengamos que adelantar cuestiones si no las tenemos resueltas”.

Tras una reunión de “contención” con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el senador nacional Francisco Paoltroni (LLA) salió a destacar el mega DNU emitido por el presidente Javier Milei.

En lo que voceros del oficialismo denominaron como un “mimo” al formoseño, el legislador fue escuchado en las oficinas de la presidencia de la Cámara alta luego de haber resultado desplazado de la posibilidad de ser presidente provisional.

En la sesión preparatoria del pasado 13 de diciembre, cuando se ungió a Bartolomé Abdala para ese puesto, Paoltroni tuvo una dura intervención, en la que advirtió a su bloque: “Como decía el presidente, no somos manada, y también como decía el presidente, el que las hace las paga”.

Este jueves, tras la reunión con Francos y Villarruel, Paoltroni celebró el DNU de Milei sobre desregulación de la economía y consideró que “de las múltiples y necesarias reformas planteadas” en materia de trabajo destacó “el artículo 96 del capítulo VIII que trata de los trabajadores independientes con colaboradores, que ayuda y facilita tanto a emprendedores chicos como a monotributistas la contratación de hasta cinco personas -con aportes y ART-, favoreciendo y agilizando la generación de empleo”.

“El artículo 96 indica que el trabajador independiente podrá contar con hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional”, agregó.

El formoseño, productor agropecuario, señaló que “el mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación”.

Con la intención de apurar la conformación de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en medio de la polémica por el mega DNU de desregulación de la economía, el interbloque de Unión por la Patria en el Congreso ya presentó a sus integrantes para formar parte de la comisión.

Desde el peronismo/kirchnerismo presentaron cuatro nombres, pero en el oficialismo la intención es que este espacio tenga tres lugares. De acuerdo a la mayoría que se constituyó en la sesión preparatoria -entre La Libertad Avanza y todos los bloques opositores menos UP-, cuando se le dio la facultad a la vicepresidenta de conformar las comisiones, el reparto sería: tres para UP, uno para LLA, uno para la UCR, uno para el Pro, uno para Cambio Federal y el restante para un partido provincial.

El interbloque que comanda José Mayans envió igualmente cuatro nombres, los de la formoseña María Teresa González y el porteño Mariano Recalde, por el bloque Frente Nacional y Popular; y los de la mendocina Anabel Fernández Sagasti y la neuquina Silvia Sapag, por el bloque Unidad Ciudadana.

En la Cámara de Diputados, donde se adoptó otro criterio de reparto (D´hondt por bloques), Unión por la Patria también reclama tener cuatro lugares. La bicameral está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, teniendo el presidente voto doble en caso de empate, por eso también será clave para el oficialismo quién la comande.

“Les aviso que viene más, hay más; pronto se van a enterar”, afirmó intrigante el presidente Javier Milei, al responder a las críticas por el super decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por cadena nacional, que desregula filosamente la economía nacional, y que recibió críticas del arco opositor. 

Es así. Milei, por ejemplo, dejó afuera -debido a la prohibición constitucional sobre temas electorales por decreto- la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), creadas por el kirchnerismo hace 14 años, y la reforma al Código Electoral para implementar la boleta de única de papel como forma de votación, temas que desde La Libertad Avanza se planteaban entre los primeros a anunciar.

Esos dos proyectos de ley serían incluidos en una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que se convocarían la próxima semana, y la fecha tope que puso Milei es la del 5 de enero para volver a sesionar. Como lo ha señalado parlamentario.com, enero es el mes más difícil para reunir en extraordinarias, pero el jefe de Estado se fijó ese objetivo y sus espadas en el Congreso empezaron este jueves a trabajar para concretar ese cometido.

No obstante, este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “se está terminando de definir el detalle fino, uno de ellos es la fecha” sobre la convocatoria a extraordinarias. Y agregó que “cuando se termine de delinear lo vamos a estar comunicando” pero “va a ser en las próximas horas”.

Esa convocatoria a extraordinarias comprendería también, según lo previsto por La Libertad Avanza, la vuelta atrás con Ganancias, la rebaja impulsada por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de UP, Sergio Massa, medida que fue cuestionada por algunos gobernadores porque perdieron ingresos por ser coparticipable.

Otro objetivo de Milei es cambiar el sistema de haberes mensuales de los jubilados y pensionados, denominado movilidad jubilatoria, que también cambiaron -en detrimento de los jubilados- al inicio de su gestión los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández.

De ese cuarteto de temas, en principio los dos primeros serían más viables para su aprobación en el Congreso, donde LLA puede hacer acuerdos con otros bloques opositores para arribar a un consenso que le permita sortear un eventual rechazo del peronismo, rechazo que hoy no se vislumbra pero que -con el clima convulsionado por el super DNU de desregulación- tampoco se puede estimar aún.

En cambio, es un interrogante qué pasará ahora con Ganancias -cuyos recursos coparticipables quieren volver a tener los gobernadores, modificación que es reprobada por la CGT- y con la movilidad jubilatoria, ya que, según los opositores, la idea tiende a hacerle perder ingresos a los adultos mayores.

Acerca del decreto de necesidad de urgencia, publicado este jueves en el Boletín Oficial con un error -no se aclaró que empezaba a regir ese día mismo y ahora corren ocho días para su entrada en vigencia-, lo curioso es que los legisladores de LLA en el Congreso recién recibieron un detalle sintetizado del contenido del mega DNU luego de su oficialización. 

A ello, el Gobierno le sumó una movida del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien rápido de reflejos se trasladó de la Casa Rosada al Senado para hacerle un “mimo”  al enojado senador por Formosa Francisco Paoltroni, quien había sido elegido por Milei para ser el presidente provisional y segundo en la línea de sucesión, pero una maniobra de la vicepresidenta Victoria Villarruel desactivó la decisión y puso al puntano Bartolomé Abdala en su lugar.

Francos estuvo unos minutos con los tres, analizando la conformación de la Comisión Bicameral de DNU y luego se corrió a la Cámara de Diputados, donde se reunió con su titular, Martín Menem, con quien analizó también ese tema central para la Casa Rosada.

Por otra parte, quien jugó también en la relación Gobierno-Congreso fue el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien anunció que el mendocino Omar de Marchi, que inició su actividad en el Partido Demócrata y últimamente militó en Juntos por el Cambio, ocupará el cargo de Relaciones Parlamentarias para hacer el enlace de la Rosada con los parlamentarios. De Marchi, exvicepresidente de la Cámara de Diputados, en las elecciones de este año rompió con JxC y se enfrentó y perdió con el gobernador radical Alfredo Cornejo, pase en el que inició su cercanía con Milei.

El senador nacional Edgardo Kueider (Unidad Federal) cuestionó el mega DNU emitido por el gobierno de Javier Milei y le recordó que, pese a haber colaborado en la construcción de una mayoría para la sesión preparatoria, su “compromiso” con la gobernabilidad se mantiene, pero remarcó que “siempre dentro del marco de la Constitución Nacional”.

“Todo indica que el DNU es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldadas ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama este instrumento”, expresó en un comunicado.

El entrerriano señaló que “sin entrar en el fondo de la cuestión de cada una de las reformas contenidas en él, está claro que con su decisión el Gobierno nacional vulnera la división de poderes, desconoce abiertamente al Congreso de la Nación. Esto no sorprende ya que el presidente dio una señal en este sentido el día de su asunción al hablar dándole la espalda a los representantes elegidos por el pueblo”.

“Pese a ello, nosotros tuvimos una actitud responsable e institucional al facilitar con nuestros votos, la semana pasada, al oficialismo, que no tiene mayoría en el Senado, la realización de la sesión preparatoria para designar las autoridades de la Cámara”, recordó Kueider, quien comparte bloque con el correntino Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo.

En esa línea, resaltó que gracias a eso “el Senado está en condiciones de funcionar y, en consecuencia, el Gobierno nacional debería haber convocado a sesiones extraordinarias y remitir los proyectos de ley que considere necesarios para que los debatan las cámaras legislativas”.

Por otro lado, el legislador consideró que “el decreto también interpela a la Justicia ya que éste provoca consecuencias inmediatas en la ciudadanía que pueden ser muy difíciles de retrotraer una vez que los tribunales, eventualmente, establezcan la inconstitucionalidad de algunas de las reformas ordenadas, o el Congreso las rechace; pudiendo causar de esta manera serios perjuicios al Estado, las empresas y los ciudadanos”.

“El compromiso de gobernabilidad de mi parte está firme pero siempre dentro del marco de la Constitución Nacional”, aseveró y finalmente utilizó la frase que repite el presidente Milei: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

El jefe del interbloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, aseguró que ante la publicación del mega decreto de necesidad y urgencia que desregula la economía y avanza con la derogación de numerosas de leyes, “hay una emergencia legislativa” porque “con la aplicación de esto, el daño que van a hacer es terrible”.

El formoseño reveló que conversó con la exvicepresidenta Cristina Kirchner sobre el tema y “ella está muy preocupada, sobre todo por la soberanía del país”, ya que las medidas tomadas son “a la inversa de todo lo que nosotros hicimos”.

El senador reclamó al oficialismo constituir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: “Nosotros lo estamos solicitando de urgencia” para que se “emita un despacho por sí o por no” a la validez del decreto.

“En forma urgente tiene que reunirse (la comisión) y emitir un despacho para que el Parlamento lo pueda tratar”, dijo y explicó que ahora el jefe de Gabinete tiene un plazo de diez días para remitir el decreto al Congreso, pero además deberá llamarse a sesiones extraordinarias.

Consultado en radio Futurock sobre si cree que algún legislador de UP podría levantar la mano para avalar el DNU, contestó: “Me imagino que no, a menos que tengan arreglos particulares”.

“Estamos ante un gran fraude electoral, ante una tomada de pelo gigantesca. Están queriendo hacer pagar el desastre de endeudamiento que dejaron (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger. Le van a joder la vida a todos los argentinos”, enfatizó.

Para el dirigente peronista, “todo lo que hizo el presidente es inconstitucional, pasó por arriba del Congreso, de la división de poderes. Esto es una política de entrega del país, de desconsideración hacia el pueblo argentino, que beneficia a 10 vivos”.

Por otra parte, destacó la “reacción masiva en todo el país” que se dio con los cacerolazos, al afirmar que no fue solo en la Ciudad de Buenos Aires. “La gente salió sola”, señaló.

A través de un comunicado, el PJ bonaerense que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner (UP) aseguró que el mega DNU de desregulación de la economía “es inconstitucional” y “agrava todos y cada uno de los problemas que dice busca resolver”.

“El gobierno de (Javier) Milei tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”, se resaltó.

En ese sentido, se consideró que “no por casualidad los personajes de la foto” en referencia a la cadena nacional de Milei junto a su Gabinete y al ideólogo del decreto, Federico Sturzenegger, “son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri“.

“El decreto inconstitucional del presidente Milei agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”, se aseveró.

También, desde el PJ bonaerense se indicó que “así podríamos continuar con cada una de las medidas: la eliminación de la ley de góndolas, de la ley del fuego, de la ley de tierras, de la industria satelital, de la ley de alquileres y de los clubes de fútbol parecen tener por detrás, cada una de ellas, un nombre propio al que se busca beneficiar”. “El resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de recetas fracasadas: la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado sobre nuestra gente”, agregó.

Desde el partido presidido por Kirchner, remarcaron que “la sociedad argentina eligió como presidente a Javier Milei y su decisión debe ser respetada en el marco de las reglas democráticas. Pero su mandato es tan legítimo como el del Congreso de la Nación y la plena vigencia de la Constitución Nacional”.

“El presidente Milei se arroga con este decreto facultades que son propias del Congreso y que, de acuerdo al artículo 29 de nuestra Constitución Nacional, ‘sujetan a quienes lo formulen, consientan o firmen la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria’”, se apuntó.

Finalmente, el comunicado expresa: “Desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazamos tanto el decreto como el contenido de estas medidas que vienen a desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo. Desde este espacio, estamos profundamente comprometidos a actuar con responsabilidad para darle voz, acompañar a la multitud que se movilizó el 20 de diciembre en defensa del sistema republicano y de cada sector social y político de la Argentina”.

Y convoca a “todos los actores y sectores de nuestra vida política y social, a los partidos políticos, los sindicatos, a los empresarios y representantes de las PyMEs, a los movimientos sociales y los bloques en el Congreso de la Nación a rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y trabajar en conjunto, de cara a la sociedad, con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.

El jefe de Cambio Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, se refirió al mega DNU de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei, y advirtió su disconformidad con que no se haya convocado a sesiones extraordinarias para que las reformas allí contenidas sean tratadas como proyectos.

“Esto es una República. El presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación”, expresó el legislador en su cuenta de la red social X.

Tal como se mostraron algunos diputados de lo que fue Juntos por el Cambio -pues el interbloque ya no existe- hay algunas medidas del decreto que estarían a favor de aprobarlas.

Además, el diputado adelantó que “las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia”. “No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, enfatizó.

Actualmente, Pichetto comanda un bloque de nueve diputados que se encuentra en articulación con otras bancadas provinciales. Un sector de la oposición que será clave en caso que el decreto se someta a votación en el recinto.

Tras la polémica despertada por el mega DNU del presidente Javier Milei que avanza sobre la derogación -total y parcial- de numerosas leyes, el senador nacional Martín Lousteau consideró que “el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo”.

El presidente de la UCR Nacional señaló que el decreto es “de una amplitud y longitud inédita”. “Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía”, admitió.

Sin embargo, remarcó que el DNU “tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos. En el contenido del mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso”.

“Pero los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros”, aclaró y opinó que “además, con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos”. Por eso, “ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma”, aseguró el legislador.

Para Lousteau, “el respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad” y “es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena”.

En ese sentido, el radical sostuvo que “el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse”. “Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”, concluyó.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) se cruzó en la red social X con su par Fernando Iglesias (Pro), quien los tildó de “descarrilados” por el mensaje que el presidente del partido de la Coalición Cívica publicó tras el anuncio del mega DNU de Javier Milei.

Ferraro había señalado que la CC “a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente”.

“Descubrí nuestra nueva miniserie: DESCARRILADOS. Menos sentido de la realidad que Chouzas. De no creer”, chicaneó el macrista en un reposteo del mensaje de Ferraro. Ambos ya no comparten hoy día en la Cámara baja el interbloque Juntos por el Cambio, que dejó de existir.

Este jueves, junto a un emoji de payaso, Ferraro salió a responderle: “De no creer es lo tuyo. Sí, descarrilados, locos, gordos, flacos, marginales, periféricos y obsesivos en mantener una línea de conducta y principios que sostenemos desde el año 1994, gobierne quien gobierne. Te invito a leer los diarios de sesiones de la Convención Constituyente y la Cámara de Diputados, a partir de fines del ‘95 en adelante”.

“Sí, descarrilados, locos, gordos, flacos, marginales, periféricos por una obsesión: la República y las instituciones. El momento histórico, de cambios y de emergencia no da licencia para el vale todo y un pragmatismo desmedido. Algunos de esos cambios podríamos votarlos en el Congreso”, señaló.

Además, el cívico desafió al macrista: “Vale preguntarte: ¿Qué hubieras dicho y hecho si un DNU de estas características lo firmaba CFK (Cristina Fernández de Kirchner) o algún otro presidente? Vamos Fernando!!! ¿Tanto te enerva mirarte al espejo de los principios y coherencia? No es problema mío”.

“Yo sigo donde siempre estuve, quizás solo, no lo sé. Pero sabes qué, como le dijo Alfredo Bravo a Lilita: ‘No importa, cuando uno se queda solo cuidando la verdad y cuidando los principios, después vuelven todos’”, completó.