El diputado nacional Carlos Gutiérrez (Hacemos Coalición Federal – Córdoba) presentó un proyecto de biocombustibles y criticó que el tema “no se incluyó en la nueva Ley Ómnibus” al tiempo que alertó por la “urgencia” de instalar una agenda agroindustrial.

Como miembro de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el cordobés enfatizó la necesidad de armar una agenda agroindustrial y criticó que, a pesar de los acuerdos en materia de biocombustibles, el tema no se incluyó en el proyecto de la nueva ley ómnibus.

“Es necesario constituir definitivamente una agenda agroindustrial. Hay temas urgentes, puntualmente, en la nueva ley ómnibus, en el capítulo que habla sobre energía, increíblemente no se ha incluido el tema de biocombustible. Por eso, presenté un proyecto, que no hace otra cosa que reflejar el acuerdo que ya existía de casi la totalidad de los miembros de los distintos bloques ligados a esta temática”, anunció.

Además, señaló la necesidad de trabajar para lograr la conformación de una agenda agroindustrial: “Agenda que no tiene el actual gobierno, ni tuvo el anterior ni los anteriores”.

“Argentina vive permanentemente diciendo que el campo, la agroindustria, lo agroalimentario son y deben ser la columna vertebral del desarrollo, pero no se actúa en consecuencia. Y es así, que no tenemos ley de biocombustible, no tenemos ley de semillas, no tenemos una ley de bosque actualizada como para proteger a los productores, a la vez que se cuida el ambiente, etcétera”, cuestionó.

Por último, indicó que en el marco de un encuentro con la organización Barbechando -que trabaja junto a diputados y senadores nacionales- se dialogó sobre el modelo brasileño de “agro diputados” para avanzar en una agenda legislativa del sector.

El diputado nacional Roberto Sánchez (UCR) presentó un proyecto de ley para modificar el marco regulatorio para la producción de biocombustibles y explicó que “es indispensable generar un marco de confianza y reglas claras para desarrollar una actividad que puede generar ingresos genuinos y empleos para toda la región”.

Entre los fundamentos, el tucumano explicó que “una nueva regulación de la producción de biocombustibles debe adaptarse a las nuevas necesidades globales de libre competencia, de industrialización de producción y de aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región. Este es el camino correcto para el crecimiento sostenido de la economía”.

El proyecto de Sánchez prevé un sendero de crecimiento para el corte de biodiesel hasta un 15% en cuatro años, y para el bioetanol hasta un 15% en dos años. “Lo que buscamos es que el uso de ambas mezclas sea fijado legalmente y no delegado a la acción discrecional de la autoridad de aplicación. Esto le dará previsibilidad a los inversores y al mercado”, insistió.

El radical propone, además, una protección para la actual producción de biocombustibles al mantener la proporción en los cortes de bioetanol de caña de azúcar y de maíz hasta el 6%. “La incorporación de los biocombustibles a la cadena vinculada a la agroindustria representa otra oportunidad de consolidar un proceso virtuoso y de dar respuestas a los desafíos que hoy se presentan en un contexto mundial de recurrentes crisis energéticas y de una preocupación cada vez mayor por el cuidado del medio ambiente”, concluyó.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez (HCF – Córdoba) apuntó contra el oficialismo y acusó que “se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado”.

Cercano a la Gobernación de Córdoba, Gutiérrez manifestó su malestar este jueves en X, donde expresó: “Cuando creíamos que en el capítulo Biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado”.

“Es muy grave y deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo”, aseveró el diputado que integra el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, el cual acompañó el dictamen en disidencia.

Cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado.

— Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) January 25, 2024

Gutiérrez siguió: “Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley”. “¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?”, cuestionó.

En el cierre del hilo en X, enfatizó que “es una aberración que se haya cambiado la definición de biocombustible cuando se incorpora y se habla de reciclado de plástico. Eso no es biocombustible”.

Biocombustibles 

En su participación en el plenario de comisiones que debate la ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, Víctor Castro de la Cámara Argentina de Biocombustibles se mostró a favor de las modificaciones a la legislación que regula el sector. “Argentina es un gran jugador mundial en biodiésel, pero viene perdiendo participación todos los años porque los países hacen crecer sus mercados internos con materia prima local. En 10 años se duplicó la producción global de biodiésel, mientras que en Argentina se redujo un 35% debido al marco regulatorio retrógrado que tenemos”, sostuvo. 

En esa línea, señaló que “el mundo tiene políticas de Estado con corte creciente, pero con libre competencia entre plantas de producción de biodiésel y petroleras, mientras Argentina está en el camino contrario desde hace más de 10 años”. A continuación, Castro cuestionó la ley sancionada en 2021 que redujo de 10% a 5% el corte obligatorio de biodiésel, “limitando inversiones y dejando fuera del mercado interno a todas las plantas exportadoras”. 

Actualmente, “más de la mitad de la producción de biodiésel tiene prohibido abastecer y competir, encareciendo el valor y reduciendo la cantidad de empresas que participan en el mercado interno”. “Tenemos un complejo agroindustrial altamente competitivo y no lo estamos aprovechando”, agregó. 

Por eso, sostuvo que apoya “los mecanismos de competencia introducidos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo” que “abre un camino de crecimiento el biodiésel, al adoptar un corte como en Brasil, de 15% para 2026”. “Establecemos por fin un horizonte de crecimiento para nuestra industria con un marco regulatorio más moderno, eficiente, sustentable; eliminando focos de conflictividad y discrecionalidad”, destacó. 

No obstante, observó que el proyecto también “alenta el desarrollo y crecimiento de energías renovables, pero por otro lado sube retenciones al aceite de soja que es la materia prima central, por lo que va a generar una caída de producción de aceite y eso podría impactar en el suministros”. 

Por el contrario, desde la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, Tomás Lorda consideró que “la ley ómnibus, tal cual está, para nuestro sector PyME directamente es nuestro certificado de defunción. Las PyMEs de biodiésel no fuimos preparadas para competir; el Estado argentino nos creó de esa manera, para que nos localicemos en el interior y pongamos plantas pequeñas”. 

“El sector aceitero, que es quien nos vende la materia prima, es también nuestro competidor y quien a partir del nuevo proyecto de ley podría entrar a abastecer al mercado interno”, explicó, con lo cual aseguró que “competir con nuestro propio proveedor será inviable”. “Establecería dos segmentos dentro del biodiésel para que las grandes compitan por un lado y las PyMEs por otro. Pero esto que suena como que sería la solución, nosotros seguimos quedando afuera, porque las PyMEs no podemos competir entre nosotros”, insistió y sumó que “las plantas que terminarían cerrando serían las más chicas y más alejadas del puerto, contrariamente a la ley original”. Pidió entonces que “se siga creciendo pero sin destruir lo anterior”.

En el mismo sentido, por la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe, Marcelo Kusznierz reveló: “Hemos logrado en una semana revertir ocho artículos que estaban presentados en este proyecto, que pretendían una sentencia de muerte para las PyMEs del sector. Pero esto no es suficiente”. “Visitamos a todos los bloques políticos, hemos tenido una recepción muy importante”, valoró, pero reclamó que “abran el debate para mejorar lo que falta mejorar”. 

Pesca

Otro de los puntos por los que hubo representantes invitados fue por la reforma sobre la Ley de Pesca, un tema que los gobernadores patagónicos han salido a rechazar y desde el Gobierno se mostraron dispuestos a retirar. 

Agustín de la Fuente, de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), confesó: “Nos sentimos muy sorprendidos sobre la modificación y derogación de algunos artículos que afectan esencialmente el entramado de una estructura que funciona muy bien”. Habló de que en este sector “continuamente se viene aggiornando la legislación y se vienen tomando medidas de sustentabilidad, de cuidado de recursos, de trazabilidad. Somos destacados en el mundo por uno de los caladeros más cuidados”. Sobre lo propuesto en la ley, señaló que “afecta a nuestra economía, al sentido exportador” y cerró: “Creemos que si esto avanza puede ser un gran error”.  

Desde Intercámaras de la Industria Pesquera de Argentina, Eduardo Boiero enfatizó que “las economías regionales no resistimos un 15% de derechos de exportación, algo que afectará fundamentalmente la producción de productos con valor agregado y nos lleva a tener que volver a exportar materias primas”. “El sector pesquero tiene sus costos muy dolarizados; no tenemos una renta que nos permita afrontar eso”, añadió. 

Además, pidió que “se elimine todo el capítulo” de reforma del Régimen Federal Pesquero, el cual tuvo “un consenso que hasta el día de la fecha se mantiene; no existe una conflictividad en el sector respecto a la Ley de Pesca”. “El Consejo Federal Pesquero tiene amplias facultades para resolver cualquier cuestión que se plantee”, siguió. 

Boiero opinó que los cambios planteados en el proyecto “parten de un grave error o un desconocimiento del sector: permitir una licitación internacional, permitir buques de bandera extranjera, permitir descargas en puertos extranjeros, permitir el uso de tripulantes extranjeros, no sólo acabaría con la industria pesquera, sino que representa una pérdida de soberanía para el país”. 

Retenciones

En nombre de CONINAGRO, Silvina Campos Carles sostuvo que “derechos de exportación en economías regionales son menos ingresos en forma directa, menores ingresos dentro de una cadena de valor que se distribuye de manera distinta” lo cual “restringe la competitividad de las cadenas”. 

“Cuando cambian los derechos de exportación en conjunto con una devaluación se modifica la estructura de ingresos y costos con dinámicas totalmente distintas. En general los efectos de la devaluación se modifican en el corto plazo, en cambio los derechos de exportación quedan. Un nivel de 15% deja muchas actividades afuera”, apuntó. 

A su turno, Gastón Utrera, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, aseveró que “las exportaciones de manufacturas de origen industrial no resisten la combinación del 15% de derechos de exportación y 17,5% de impuesto PAIS”, por lo cual “el Estado nacional no podrá recaudar lo que pretende recaudar a través de esos tributos”. 

“Es necesario recalibrar esos tributos para que efectivamente pueda recaudar y para que el sector pueda exportar, mantener empleos y contribuir a la actividad económica en el momento en que el plan económico más lo va a necesitar”, subrayó y solicitó “reducir la alícuota que establecen los artículos 200 y 201, con una excepción para las manufacturas de origen industrial”. 

El senador nacional Marcelo Lewandowski (UP) mantuvo reuniones con representantes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables y de distintas cámaras empresariales de biodiésel a nivel nacional, junto a otros legisladores nacionales por Santa Fe. En el encuentro analizaron los efectos que tienen sobre estos sectores el DNU 70/23 y la llamada “ley ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo. 

“Rechazamos estas iniciativas por el contenido y las formas. El DNU del Gobierno nacional va en contra de la producción y el trabajo santafesino, y de todo el entramado productivo de la Argentina”, remarcó el legislador.

Anteriormente, el senador también tuvo reuniones, tanto presenciales como virtuales, con otros sectores que se manifiestan damnificados con las medidas. Entre ellos, la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe; el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe Segunda Circunscripción; la Federación Sindical de Profesionales de la Salud y distintos Colegios de Abogados de la provincia.

“No dejamos de recibir sectores que se ven afectados por el DNU y la ley ómnibus; con algunos ya nos hemos reunido y con otros lo haremos próximamente. Todos los sectores parecen verse perjudicados de una u otra manera por estos dos grandes compendios de articulados que llegaron al Congreso. Salvo los grandes monopolios, que son los ganadores de este modelo”, enfatizó.

Lewandowski agregó: “A todos les dejamos en claro que nuestro espacio los va defender y que vamos a acompañar a todo aquel que quiera trabajar, que quiera producir, que quiera agregar valor a lo que produce, porque eso es lo que va a generar las distintas riquezas que necesita nuestra gente”.

Respecto a la situación del biodiésel, el senador de UP resaltó la necesidad de que “no prosperen estas iniciativas del Gobierno nacional porque dañan profundamente el entramado productivo de nuestra provincia”, pero además marcó la importancia de potenciar a este sector. “La posibilidad del biodiésel es una alternativa real, que debería ser una política de Estado en la que se produzca una sinergia entre los distintos sectores”, señaló.

“No solamente tenemos que exportar el grano sino que tenemos que reconvertir el producto, generando valor agregado a lo que se produce en el campo. Esto va a potenciar a nuestras comunidades, generando mano de obra en poblaciones que están en el interior de nuestras provincias y acompañando un proceso de protección del medioambiente, en un mundo que va hacia dejar de utilizar los combustibles fósiles”, finalizó. 

Con el objetivo de tener consensos a la ley ómnibus, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió este lunes a funcionarios de cinco provincias para aclarar detalles del proyecto de ley “ómnibus” vinculados a las economías regionales, principalmente lo referido a los biocombustibles, tanto biodiesel como bioetanol y estarían dispuestos a hacer cambios en ese sentido.

El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada a la cual arribaron la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y los ministros Sergio Busso (Bioagroindustria de Córdoba) y Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico, de Entre Ríos), Daniel Abad (Economía y Producción, de Tucumán); y el secretario de Desarrollo Industrial de Jujuy, Diego Suárez.

Junto a Francos estuvieron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, Fernando Vilella, al secretario de Interior, Lisandro Catalán, y al subsecretario de Combustibles e Hidrocarburos, Luis de Ridder. También participó Mariela Beljansky, subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

El ministro del Interior indicó que durante el encuentro se pudieron “clarificar algunos temas que se habían comprendido mal del proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ con relación al corte de bioetanol y de biodiesel, que tienen un fuerte impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito”.

“Clarificamos que el porcentaje de corte de biocombustibles establecido en el proyecto de ley es un piso del 12% que no va a reducirse y acordamos seguir conversando y analizando estos temas, que tienen impacto en las economías regionales de cada provincia”, aseguró el titular de la cartera de Interior.

Entre los principales cambios que propone el Gobierno en el capítulo de Biocombustibles en la denominada Ley Ómnibus, que contempla modificaciones a la Ley 27.640 que regula al sector, están la eliminación del sistema de cupos por empresa para abastecimiento interno y la puesta en marcha de un esquema de libre acuerdo de precios entre las partes, sin la intervención del Estado. El proyecto del Ejecutivo también permite la importación del biocombustible y que las petroleras puedan participar del negocio.

Tras la reunión, la vicegobernadora de Santa Fe en declaraciones realizadas señaló que “básicamente lo que vinimos a plantear son algunas modificaciones a la Ley Ómnibus, siempre con una mirada propositiva que nos permita sostener la industria nacional y sostener los derechos que hoy tienen adquiridos nuestras industrias de biocombustibles, que eso le permita seguir siendo jugadores en este momento que estamos viviendo”.

“Nos escucharon y respondieron que se va a analizar lo que nosotros trajimos como una propuesta concreta, nosotros entendemos que esta es la primera herramienta, después está el Congreso obviamente, y vamos a seguir trabajando con nuestros legisladores”, señaló Scaglia.

“Obviamente queremos ir hacia adelante y en el futuro aumentar ese corte, que nos permita tener una industria más sustentable, pero también defendiendo las producciones provinciales”, agregó y cerró: “Somos muy optimistas y sentimos que hemos sido escuchados que es lo que más nos importa, hay una propuesta que dejamos y vamos a tener un trabajo con los legisladores para una iniciativa conjunta entre todas las provincias”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, rescató “el espacio de diálogo que estamos teniendo con el gobierno” y la elaboración de “una propuesta conjunta, con una premisa que queremos defender, que nosotros estamos para acompañar al gobierno y que le vaya bien, porque el país sale adelante con más producción”.

Puccini sostuvo que “cada impuesto que se le pone la producción creemos que es un retroceso, por eso estamos mirando algunas de Economía regionales como tienen que ser. Nosotros ya sufrimos con el gobierno anterior y con el kirchnerismo fuimos perjudicados, por lo menos en lo que atañe a la provincia de Santa Fe en lo que fue el balance fiscal federal, y quedamos en el ranking número 20 de 24 provincias, eso también lo queremos cambiar”.

A su turno, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, manifestó que “hay una interpretación del gobierno sobre lo que eran nuestras demandas en la parte de biocombustibles, que está atendida y que en temas de redacción habría que modificar”, y estimó que “es el mismo caso que pasó con pesca”.

Por su parte, el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, indicó que además del tema principal de la reunión, de los biocombustibles, se conversó sobre “algunos aspectos vinculados a las retenciones”.

Busso dijo que “las retenciones son un mal impuesto, la verdad que es el único país de la región y del mundo que tiene retenciones, por eso se naturaliza y se dice que el tipo de cambio resuelve los problemas, pero a nosotros es plata que se nos va de nuestras provincias”.

“Si bien queremos ser solidarios y los productores quieren ser solidarios, me parece que hay que plantear un tema y un escenario distinto, transitorio y obviamente las economías regionales no estamos absolutamente de acuerdo, creo que hay que ir un planteo de cero, por eso es algo que vamos a discutir”, expresó Busso.

En el caso de Santa Fe, acompañaron a la vicegobernadora el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la secretaria Energía, Verónica Geese; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Juan Rodil.

Por parte de Córdoba, estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; el secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur.

En representación de Tucumán, estuvieron presentes el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mientras que por parte de Entre Ríos, participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata; mientras que, de Jujuy, participó el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez.

La Ley 27.640 de Biocombustibles en Argentina fue sancionada un 16 de julio de 2021 estableciendo un “Marco Regulatorio” con una vigencia hasta diciembre de 2030. Sin embargo, desde la reglamentación de la norma legisladores de distintos sectores políticos han reclamado por modificaciones al texto e incluso por una nueva ley. Uno de ellos es el diputado nacional y titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) quien presentó su propio proyecto para impulsar un Régimen de producción, comercialización y usos sustentable de Biodiesel.

Días atrás, el candidato a renovar su banca había planteado en una reunión con productores agropecuarios que se debían tomar las “decisiones políticas correctas para cambiar la Ley de Biocombustibles” porque se necesita “una revolución del Biodiesel”. Con críticas a la norma vigente impulsada por el kirchnerismo porque “va en contra de una virtuosa política ambiental”, había adelantado que presentaría su propio proyecto de ley, y así fue.

La iniciativa que presentó en Diputados propone un Régimen de Impulso a la Producción, Comercialización y Uso Sustentable de Biodiésel para el Cuidado del Ambiente y el Desarrollo Productivo en el territorio de la Nación Argentina.

Entre los objetivos plantea potenciar el efecto benéfico para el ambiente derivado de la producción y uso de los biocombustibles; reducir la huella de carbono de la Argentina; diversificar la matriz energética nacional y la oferta y la demanda de combustibles; impulsar la sustitución de importaciones de combustibles, entre otros.

Además, propone que solo podrán producir biocombustibles las plantas habilitadas por la Autoridad de Aplicación que cumplan con los requerimientos que establezca en cuanto a higiene y seguridad industrial, así como también la calidad y producción sustentable.

En lo que respecta al marco regulatorio, “Topo” Rodríguez establece que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oíl que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la Autoridad de Aplicación para el fin específico de realizar esta mezcla, con la especie de biocombustible denominada “biodiésel”, medido sobre la cantidad total del producto final, en un porcentaje mínimo de 12,5%, en adelante “B12,5”.

Así, agrega que “a partir de la puesta en vigencia de la presente ley; en un mínimo de 15% en adelante ‘B15’, a partir del primer año completo de vigencia de la presente ley; y en un mínimo de 20%, en adelante ‘B20’, a partir de los treinta (30) meses completos de vigencia de la presente ley”.

También aclara que quedan exceptuadas de las condiciones establecidas el gasoil o combustible fósil para uso marítimo, o de aviación, o para usos en zonas específicas como la antártica “que requieran calidades o disposiciones distintas”.

A su vez, plantea una actualización desde la publicación de la presente ley “el uso de B100 o mezclas alternativas superiores al corte obligatorio B20 en flotas vehiculares de los estados provinciales y municipales, flotas vehiculares pesadas (camiones), trenes y tractores y flotas cautivas (autobuses urbanos de pasajeros o colectivos) en aquellas provincias o municipios que así lo establezcan”. Asimismo, autoriza el autoconsumo de biodiésel definido como el consumo propio por parte de personas humanas o jurídicas derivado de la propia producción de biocombustibles.

En tanto, estima que la Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar los porcentajes de mezcla obligatoria establecidos en el artículo 5 de la presente ley cuando lo considere conveniente para un mejor desarrollo de los objetivos de este régimen, como por ejemplo para sustituir importaciones de combustibles fósiles o cumplir con las metas de descarbonización de la economía.

“Establécese que todo volumen de biodiésel comercializado tendrá un precio fijado por el libre juego de la oferta y la demanda, sin restricciones”, señala.

3026-D-2023

El diputado nacional y presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), sostuvo que “la provincia de Buenos Aires debe comprometerse con una verdadera revolución en la producción de biodiésel”, y planteó que se deben tomar “las decisiones políticas correctas” para “cambiar la Ley de Biocombustibles vigente” porque “necesitamos una revolución del biodiésel”.

La propuesta fue lanzada en el marco de una intensa actividad desplegada en municipios del norte de la provincia de Buenos Aires, que incluye Ramallo, San Nicolás y Pergamino, luego de un encuentro que legislador tuvo con pequeños y medianos productores agropecuarios nucleados en Bases Federadas, que se llevó a cabo en Pergamino, en la sede local de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Así, dos años después de la aprobación de la Ley 27.640 impulsada por el oficialismo para el sector de biocombustibles, Rodríguez apuntó que “esa ley del kirchnerismo va en contra de una virtuosa política ambiental y sólo sirve para asegurarle sobre ganancias a algún amigo del poder que produce Biodiésel en la provincia de Buenos Aires, ineficiente, sin competencia. Eso hay que pulverizarlo con buenas políticas y una nueva ley”.

“Por ese motivo, ahora estamos trabajando en una propuesta que suba a 10% el corte en Biodiésel pero que, a la vez, incluya más oferentes y eventuales condiciones de atomización para alentar la competencia en algunos tramos. Para eso hay que cambiar la ley 27.640 o ir a un nuevo ordenamiento”, adelantó el diputado de Identidad Bonaerense.

“Topo” Rodríguez es actualmente candidato a renovar su banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en la lista que lleva al actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, como candidato a presidente de la Nación y a Florencio Randazzo como vicepresidente, bajo el lema “Hacemos por nuestro País”.

De hecho, Rodríguez destacó la política de biocombustibles implementada por Schiaretti en la provincia de Córdoba, al definirla como “un ejemplo para todo el país, que no sólo lidera la producción de bioetanol de maíz, sino que se ha propuesto popularizar el uso de biocombustibles dando impulso al denominado quinto surtidor”.

La producción de biocombustibles (biodiésel y bioetanol) es una “alternativa virtuosa” para el campo y muy positiva para el país, ya que permite agregar valor generando nuevos empleos de calidad, con arraigo; también produce ingreso de divisas a la economía nacional y ayuda a cuidar el ambiente, por la disminución de gases de efecto invernadero.

No obstante, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina está registrando en los últimos tres años una producción media anual de biodiésel menor al promedio anual de la década pasada (2010-2019), que se ubicaba en torno a los 2,3 millones de toneladas anuales.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) presentó dos proyectos en el Congreso Nacional, uno para subir el corte mínimo obligatorio de biocombustibles en gasoil y naftas y, por otro lado, otro en el que solicita al Poder Ejecutivo que fije precios de biocombustibles a los efectos de dar previsibilidad a los sectores productivos.

La iniciativa que busca ser ley prevé elevar el corte mínimo obligatorio de biodiesel en gasoil al 12% debiendo ser incrementado un punto porcentual por año hasta alcanzar el 18%, y en el caso del corte del bioetanol el porcentaje mínimo parte del 15% para alcanzar el 22% en el 2030.

Al respecto el legislador remarcó que “este proyecto recoge la propuesta que presenté oportunamente durante mi mandato como senador nacional y busca emparejar la política de biocombustibles argentina a la del país vecino Brasil, referente de este mercado a nivel mundial”, y destacó: “La capacidad productiva de nuestro país en materia de biodiesel refleja un enorme potencial para sustituir importaciones de gasoil que se traduce en más empleo argentino y menor utilización de dólares. La provincia de Santa Fe es protagonista en el sector, concentrando el 80% de la producción de biodiesel”.

Por su parte, el segundo proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional la determinación de la fórmula de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles, tal como lo manda el art. 14 de la ley de biocombustibles pendiente de reglamentación tras 2 años de su sanción por parte del Congreso Nacional.

La metodología de cálculo a determinar deberá contemplar toda la estructura de costos del sector garantizando una rentabilidad razonable y considerar los demás costos de su elaboración, transporte y el precio para producto puesto en su planta de producción, incluyendo, pero no limitado al precio de insumos tanto importados como nacionales y los costos financieros.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para aumentar el corte mínimo de bicombustibles al 20% con el objetivo de estimular las economías regionales, cuidar el medio ambiente y va en acuerdo a lo solicitado por los gobernadores de la Región Centro, de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

La iniciativa busca modificar el artículo 8 y 9 de la Ley 27.640 de Marco Regulatorio de Biocombustibles. Así, el octavo artículo establecería que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del país deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiesel de 20% en volumen medido sobre la cantidad total del producto final.

🏭🌾 Ley de Biocombustibles. Presenté proyecto de Ley aumentando el corte mínimo al 20%, para estimular las economías regionales, cuidar el medio ambiente y de acuerdo a lo solicitado por los Gobernadores de la Región Centro, de Entre Ríos, Santa Fé y Córdoba. pic.twitter.com/Izba5OXCm6

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) June 9, 2023

De esta manera, plantea que la autoridad de aplicación podrá elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales o por razones ambientales o técnicas, o reducirlo hasta un porcentaje nominal de 3% en volumen cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel último o ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras autorizadas por la uatopridad de aplicación para el abastecimiento del mercado.

En tanto el artículo 9 establecería que el combustible líquido nafta deberá contener un porcentaje obligatorio de bioetanol de 20%.

Entre los fundamentos, el entrerriano recuerda que en 2006 se sancionó la Ley 26093 sobre Biocombustibles que planteó la incorporación de biocombustibles en una proporción o 2corte obligatorio” no inferior al 5%. En 2016 Argentina ratificó el Acuerdo de París para cumplir con los compromisos asumidos en la lucha contra el cambio climático para acelerar e intensificar las acciones se inversiones destinadas a construir un futuro sostenible con basa emisiones de carbono.

Se trata de un proyecto de Ley del senador de Juntos Andrés De Leo que pide declarar de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles. También crea un Consejo Consultivo Asesor.

En una nueva reunión de la comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense, se aprobó por unanimidad una iniciativa del legislador que busca promover e impulsar la producción sustentable de biocombustibles, elaborar un plan de acción para reemplazar los combustibles fósiles, y fomentar la investigación científica en el tema.

Para ello, el proyecto prevé que el Estado bonaerense incentive la inversión desarrollando acciones que propicien el marco para la inversión en producción y consumo de biocombustibles; con líneas de crédito especialmente diseñadas para la producción y consumo de biocombustible en el territorio provincial; con beneficios impositivos; y diseñando e implementando un plan de migración en el consumo de combustible de los vehículos oficiales, al igual que las empresas del Estado y las empresas de transporte.

Finalmente busca crear un Consejo Consultivo Asesor para la producción y el consumo de biocombustibles, que funcionará como como instrumento de asesoramiento para el desarrollo de políticas de estado que impulsen y promuevan la producción y consumo de biocombustibles.

“El objetivo central del presente proyecto de Ley es generar políticas dirigidas a fortalecer el crecimiento, en cuanto a producción y consumo, de biocombustibles en la provincia, que contribuya al crecimiento económico. Propiciando la innovación tecnológica, la competitividad del sector en nuestra provincia, la generación de empleo, y la diversificación de la matriz energética”, dijo De Leo respecto a su proyecto.

En nuestro país producen biocombustible treinta y cinco (35) empresas. El sesenta y nueve por ciento (69%) de ellas son PyMEs, que concentran el veintidós por ciento (22%) del total de la capacidad de producción. De esas PyMEs que producen biocombustibles, diez (10) están radicadas en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo, Junín y Bahía Blanca.

“El desarrollo de la industria de biocombustibles necesita de un marco propicio que impulse su desarrollo”, dijo De Leo, y agregó para finalizar: “en la apertura de sesiones legislativas ordinarias del corriente año el gobernador de la provincia señaló su intención de convertir a la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera. En ese sentido, consideramos oportuno el debate y estudio de medidas que desde esta Legislatura pueden generarse para cumplir con ese objetivo, siendo la industria del biocombustible, parte de la industria petrolera”.

El presidente del bloque de Diputados Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, y los demás legisladores que conforman la Comisión de Relaciones Internacionales y Culto de Diputados.

“El embajador se mostró especialmente interesado en biocombustibles que -junto con la minería y energías no convencionales- es uno de los pilares para que Argentina salga de esta situación tan complicada”, detalló Gutiérrez tras el encuentro.

“Los biocombustibles, no sólo son importantes por su impacto económico sino, también en materia de acción por el clima. En la reunión, además se expresó que la producción y el agregado de valor son temas de interés común con Córdoba, una de las ocho provincias que el embajador ha visitado desde que desempeña su función en nuestro país”, agregó.

Asimismo, en el encuentro los legisladores abordaron la situación de la lucha contra el narcotráfico en Argentina.

Tras la visita del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, los diputados del bloque Córdoba Federal emitieron un comunicado en el que dejaron expresada su insatisfacción por falta de respuestas sobre distintos temas por parte del funcionario.

En primer lugar, los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti consideraron que “el plan agroindustrial es un decálogo de muy buenas intenciones que no pueden no compartirse, pero está vaciado de un elemento fundamental que es la falta de confianza de parte de los actores principales que son los productores, quienes, ¡oh sorpresa!, no están presentes ni representados en la elaboración de ese plan”.

En ese sentido, aseguraron que “no han estado presentes en la elaboración (de la iniciativa) porque están en desacuerdo con que no se incorporen instrumentos fundamentales que le darían vida, compromiso y confianza: como, por ejemplo, la consideración de las retenciones”.

“Más allá de lo que vino a presentar el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a la comisión, nuestra opinión, además, es que no es posible tener confianza cuando no hay respuesta convincente del propio ministro sobre el faltante de gasoil, la situación de los biocombustibles, y la incorporación de un aumento del corte de apenas el 5% por solo 60 días”, señalaron.

En relación al reclamo sobre los biocombustibles, los cordobeses observaron: “Es como si la planificación de la capacidad ociosa y la puesta en marcha para mayores producciones fueran cuestiones que se manejan con una llave que se prende y se apaga”.

“No hay certeza respecto de los tantos temas del campo, un sector que todos los días recibe amenazas como la de la suba de retenciones. Además aparece, otra vez, la idea de que un jugador (Vicentin) que es asumido por el Estado como empresa testigo, siendo que es representante de un escaso 15 por ciento del mercado”, agregaron.

Y finalizaron reclamando que “el ministro tampoco dio respuesta al planteo que le hicimos para que el sector lácteo se constituya como economía regional”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), presentaron un proyecto para que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, explique e informe sobre el desabastecimiento de combustibles, “teniendo en cuenta los incesantes reclamos del sector de los biocombustibles, quienes, en el contexto actual solicitan elevar el piso de corte dispuesto por ley”, resaltaron.

“Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional en lo referido al desabastecimiento de combustibles y el pedido del sector industrial del biocombustible para incrementar el porcentaje de corte, es imperioso que las autoridades den respuestas en ambos sentidos”, subrayó Buryaile.

El legislador radical recordó que “la Ley de Biocombustibles establece que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiésel de 5%. La misma menciona que la Secretaría de Energía podrá elevar el porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

En ese sentido, el formoseño apuntó que el desabastecimiento de combustibles “trae un gran perjuicio a la economía argentina. A raíz de la crisis global potenciada por la invasión de Rusia a Ucrania, se estima que Argentina deberá destinar unos U$S 13.500 millones este año para importar GNL (gas natural líquido), gas de Bolivia, gasoil y fuel oil, además de naftas para vehículos”.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja explicó que las cámaras de la industria del biodiésel aseguraron que “la agroindustria argentina está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles, utilizando los biocombustibles”.

“La propuesta de las entidades es concreta, proponen reemplazar el faltante de gasoil con biodiesel”, señaló Buryaile. Y, agregó: “La propuesta del sector es que la Secretaría de Energía suba el corte obligatorio vigente del 5% al 15%”.

Finalmente, remarcó que “el faltante de gasoil se agravó en las últimas semanas al punto tal que se retrasaron los trabajos de cosecha de soja y maíz en las principales regiones productivas. En el norte del país el escenario es aún más grave, con al menos 8 provincias donde el faltante complica la vida cotidiana”.

La iniciativa fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Ximena García, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Pedro Galimberti, Hugo Romero, Juan Martín, Soledad Carrizo, Lidia Ascárate, Manuel Aguirre, Gabriela Brouwer de Koning, Ingrid Jetter, Marcela Antola, Paula Omodeo, Carolina Castets, Gustavo Hein, Alberto Asseff, Carlos Zapata, Gabriela Lena, Gerardo Cipolini, Gerardo Millman, Alejando Cacace, Claudio Poggi, Martín Arjol, Jorge Vara, Marcela Coli, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.

El bloque de diputados de Córdoba Federal presentó un proyecto para elevar al 20% el corte del gasoil con biodiesel, como alternativa ante la crisis por falta de combustible que atraviesa nuestro país. 

La iniciativa modificaría la reducción del contenido de biodiesel en la mezcla con gasoil o diésel oil establecida por artículo 8° de la Ley 27.640 desde un mínimo del 10% a un 20%. 

En los fundamentos del proyecto, señalan la necesidad de intensificar del uso de biocombustibles en nuestro país, ya que “de manera estructural” se viene produciendo un notorio déficit en el abastecimiento de gasoil durante el período abril – septiembre “por lo que resulta oportuno aumentar en dicho período el contenido de biodiesel en la mezcla, hasta un mínimo del 20%”. 

Por otro lado, también advierten conveniente abrir un tramo del mandato de mezcla entre gasoil y biodiesel “a la libre competencia”, por encima de contenido mínimo del 7,5%, que proponen “mantener regulado para dicho combustible biológico, en beneficio de las empresas pymes y grandes no integradas productoras de biodiesel”. 

El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Gutiérrez, y acompañan Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez. 

biodiesel

Entre 2006 y 2021, Argentina tuvo una muy buena Ley de Biocombustibles. Iniciada con Néstor Kirchner, se mantuvo vigente durante 15 años como política de estado, con excelentes resultados.

El año pasado, cuando el Frente de Todos intentaba imponer una nueva ley de Biocombustibles, bajando los porcentajes de mezcla de Biodiesel y de Bioetanol, advertimos públicamente que se trataba de un enorme error.

Planteamos que esa nueva ley iría en contra del federalismo productivo, del trabajo, del agregado de valor y del cuidado del ambiente.

También agravaría la situación macroeconómica, ya que al bajar la proporción de biocombustibles a mezclar con el gasoil y las naftas, aumentarían las necesidades de importación de combustibles, lo que exigiría mayor uso de dólares para sostener esas compras en el mercado externo.

Advertíamos que Argentina ya importaba 2,5 millones de metros cúbicos de gasoil y 500.000 metros cúbicos de nafta, por lo tanto, era imprudente forzar una mayor importación de combustibles.

Un año después, se demuestra que Argentina erró el camino. Es hora de corregir; sin demoras. Urgente.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT-Santa Fe) presentó un proyecto para se dispongan con carácter “urgente” las medidas necesarias para sustituir la importación de combustibles fósiles por biocombustibles, “ante la actual coyuntura de dificultad de provisión mundial de combustibles, evitando la salida de divisas y promoviendo la industrialización y el empleo nacional”.

En la iniciativa, el oficialista le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, “a través del organismo competente, disponga con carácter urgente las medidas necesarias para sustituir la importación de combustibles fósiles por biocombustibles en los términos de la Ley N° 27.640”.

Al respecto, Mirabella explicó que la propia ley, en su artículo 16°, establece que “de manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

En ese sentido, el rafaelino agregó que “la coyuntura internacional derivada del conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania, requiere que el Estado Nacional utilice las herramientas que emanan del marco regulatorio vigente para impulsar la sustitución de importaciones de hidrocarburos que permita evitar faltantes de combustibles en el mercado interno”.

También, el legislador remarcó que “el 31 de marzo del 2022 el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe envió una nota al secretario de Energía de la Nación (Darío Martínez) elevando un pedido de aumento del porcentaje de corte del 5% al 10%, en la mezcla del gasoil con biodiesel. Ésto equivale a incorporar 1.000.000 de toneladas de biodiesel que podrían ser destinadas a la generación de energía para las usinas, así como también para el transporte (de carga, maquinaria agrícola y transporte público) sin traer otras implicancias en el precio del gasoil”.

“Esta medida permitiría, además, un ahorro de divisas por 1.450 millones de dólares en importaciones, a la vez de generar 2.250 millones de dólares extras por la exportación adicional de harina de soja y una recaudación fiscal de 675 millones de dólares en retenciones sobre exportaciones adicionales de este producto, equivalente a 10 barcos de GNL”, indicó el diputado.

Por último, Mirabella señaló: “Según consultoras especializadas, durante 2022 nuestro país deberá importar más de 10.000 millones de dólares entre gas natural licuado (GNL), gas de Bolivia, gasoil y fuel oil para usinas, transporte y naftas para vehículos. En este sentido, la producción de biocombustibles puede sustituir rápidamente parte de la importación de gasoil, ya que el sector cuenta con el 60% de su capacidad productiva ociosa, concentrada principalmente en la provincia de Santa Fe”.

Los diputados nacionales Ximena García y Mario Barletta (UCR-Santa Fe) proponen aumentar el corte de biodiesel al gasoil para reducir los costos de importación de combustibles y así paliar la crisis de precios internacionales y faltante de gasoil.

Mediante dos iniciativas, los legisladores piden aumentar el corte de biodiesel al gasoil del 5% al 13%, la producción máxima disponible con la que hoy cuenta el país. Equivaldría a unas 600.000 toneladas de gasoil aproximadamente, el 45% de las importaciones estimadas que se necesitarán para lo que resta del año, según datos de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.

“Argentina y la provincia de Santa Fe poseen una enorme capacidad de generación de biodiesel, cuya industria hoy tiene más del 50% de su capacidad ociosa, debido a la reducción drástica de los cortes de biodiesel y bioetanol al gasoil y la nafta, respectivamente, que se aprobaron el año pasado por una discutida ley del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, cuestionada por gran parte de la industria e integrantes de Juntos por el Cambio y Consenso Federal”, recordó García sobre la discutida Ley de Biocombustibles.

Por su parte, Barletta consideró que “es necesario que el Gobierno aumente los cortes de biodiesel para transformar esta crisis en una oportunidad económica, social y ambiental. “Con la implementación de esta propuesta, sustituiríamos la importación de combustible con un producto nacional que reduce emisiones, y sería una transición hacia energías más limpias”, añadió.

Junto a empresarios de la Provincia y representantes de las cámaras que nuclean al sector de los biocombustibles de todo el país, los senadores nacionales por Santa Fe Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun comenzaron este jueves con las gestiones ante el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en el marco del trabajo en conjunto que se está llevando adelante para la reglamentación del nuevo marco regulatorio para el sector, sancionado por la cámara alta el pasado mes de julio y que fue promulgado por el Poder Ejecutivo este miércoles.

En ese sentido, al salir del encuentro Mirabella y Sacnun coincidieron en que fue “una importante reunión con el secretario de Energía de la Nación y empresarios del sector del Biodiesel”.

En ese sentido, Sacnun subrayó que “asistimos a esta reunión conjuntamente con mi compañero de banca Roberto Mirabella para poder aportar nuestra mirada, tal como nos comprometimos, en el ámbito de la reglamentación de la nueva ley que acabamos de sancionar y que acaba de ser promulgada”.

Además, compartió que fue “una gran reunión donde pudimos dialogar en torno a la constitución y a la construcción de previsibilidad para el sector pero, además de eso, en los aportes que se pueden realizar con el consejo asesor, que se tiene que conformar de parte de la ley y donde queremos que todos los sectores estén involucrados para poder justamente ratificar este rumbo de una Argentina que industrialice la ruralidad, que genere empleo y que fundamentalmente el agregado de valor en origen sea parte de un destino de sustitución de importaciones que nos haga un país industrial”.

“Campo e industria de la mano”, resaltó.

En tanto, el senador nacional Roberto Mirabella destacó la importancia de que “podamos estar dialogando con el sector empresario, con el secretario Martínez, que podamos hacer una mesa de trabajo para la nueva reglamentación de la ley”.

Mirabella sostuvo también que “todo el sector de los biocombustibles en Argentina es hijo de aquella ley del año 2006-2007 impulsada por Néstor Kirchner” y remarcó que “la provincia de Santa Fe es líder en Argentina la producción de biodiesel”.

“Es un sector que genera mucha mano de obra y muchas divisas para el país por el nivel de exportaciones que ha tenido y también por el desarrollo que ha tenido en el consumo interno en los cortes de las naftas a partir de los combustibles fósiles”, completó.

Participaron del encuentro Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA); Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); Hilarión Del Olmo, presidente de Explora S.A; y Tomás Lorda, vicepresidente de Energías Renovables SA. Además, estuvieron Diego Roger, director de Biocombustibles y Daniel Rigou, director nacional de Refinación y Comercialización.

La Cámara de Diputados reanudó este jueves a partir de las 14:27 su actividad con un temario que incluye el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles y la reforma del Monotributo.

La reunión es presidida por Sergio Massa, quien al mediodía recibió el visto bueno de la Dirección Médica de la Cámara baja para participar, por haber dado por cerrado el aislamiento preventivo por contacto estrecho con el diputado Juan Manuel López. La misma luz verde alcanzó a los otros legisladores incluidos en esa misma medida: Máximo Kirchner, Mario Negri, Cecilia Moreau y Maximiliano Ferraro.

El temario previsto para este jueves incluye la Ley 26.130 del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, modificación de los artículos 2° y 3°. Se trata de un dictamen que reúne proyectos del oficialismo y la oposición y establece que las prácticas médicas de contracepción quirúrgica están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. Pero no se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial. Asimismo todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas.

Además del Marco Regulatorio de Biocombustibles, y el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, una iniciativa que atiende la situación de los monotributistas, se prevé el tratamiento de una modificación del Código Procesal Penal de la Nación, un proyecto de ley que determina plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación. La iniciativa incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el recurso de casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

Por último se tratará un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca ampliar las exenciones en Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para activos de inversiones financieras en moneda nacional.

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal – Buenos Aires) expresó su “decidido” rechazo al nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles que se debate este jueves en la Cámara baja, argumentando que la provincia que él representa es “la principal perjudicada” por esta iniciativa.

Consultado por Diputados TV sobre la postura que adoptará a la hora de votar esta iniciativa, Rodríguez no anduvo con vueltas: “Soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se baja de manera brutal la obligación de combinar biodiesel con el diésel. Por lo tanto voy a votar totalmente en contra de ese proyecto”.

Pero fue más lejos al expresar que le extraña y le duele que el Gobierno que encabeza Axel Kicillof no haya dicho nada respecto de este tema. ¿Por qué? “Porque el Gobierno bonaerense quiere hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera… Por lo tanto no le interesan los biocombustibles”, resumió.

“Esto no es algo que a mí se me ocurra, lo ha dicho públicamente”, aclaró, insistiendo en que “por lo tanto voy a votar decididamente en contra de ese proyecto que seguramente tendrá los votos suficientes para ser aprobado”.

Y ante la pregunta de si podría modificar su postura ante modificaciones que pudieran hacerse durante el debate, “Topo” Rodríguez advirtió que “a mí con sortijas de calesita en los 5 segundos finales de la vuelta nadie me hace votar un proyecto que hace varios meses debió haber sido otra cosa: la ratificación de lo que el Senado aprobó el año pasado y trabajar en un proyecto superador que tenga como consigna que no retroceda”.

Por el contario, Rodríguez insistió en que “este proyecto significa un retroceso en materia ambiental, productiva y de agregado en valor y de creación de trabajo a nivel federal, así que no hay ninguna sortija que me haga cambiar”.

Por último, el diputado de Consenso Federal reiteró que “la provincia de Buenos Aires es la principal perjudicada con este proyecto, porque baja del 10 al 5% la obligación de mezclar biocombustibles con combustibles fósiles”.

La Cámara de Diputados de la Nación abre este jueves sus puertas nuevamente para la que se prevé sea una extensa sesión en la que entre otros temas se destacan el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles y la reforma del Monotributo.

La importancia de esos proyectos hace prever una sesión prolongada que había llevado en principio a hablar de suspender la reunión por la noche para continuar al día siguiente. Finalmente será una sola sesión, cuyas características se resolverán en la reunión de Labor Parlamentaria, convocada para las 12.30.

Más allá de lo que allí se acuerde, para el temario de la sesión prevista para las 14 se ha establecido que en primer lugar se ponga en consideración la Ley 26.130 del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, modificación de los artículos 2° y 3°. Se trata de un dictamen que reúne proyectos del oficialismo y la oposición y establece que las prácticas médicas de contracepción quirúrgica están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. Pero no se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial. Asimismo todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas.

Luego avanzarán con un tema, como ya dijimos, con el Marco Regulatorio de Biocombustibles, donde el oficialismo y otras bancadas aseguran la aprobación, pero el proyecto tiene el rechazo de Juntos por el Cambio.

A continuación se tratará una modificación del Código Procesal Penal de la Nación, un proyecto de ley que determina plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación. La iniciativa incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el recurso de casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

Tras ello se avanzará con el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, una iniciativa que atiende la situación de los monotributistas.

Por último se tratará un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca ampliar las exenciones en Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para activos de inversiones financieras en moneda nacional.

Finalmente las autoridades de la Cámara de Diputados convocaron a sesionar este jueves. Y será una sola sesión, que se extenderá el tiempo que deba extenderse, pero no se suspenderá por la noche el debate para seguir al día siguiente, como se había especulado originalmente.

Entre los temas previstos para esta sesión se destacan el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles y la reforma del Monotributo.

Muchas vueltas se dieron en torno a esta reunión luego que se acordara la agenda para sesionar. En principio se hablaba de hacerlo miércoles y jueves; luego se pasó al jueves y viernes, argumentando la necesidad de contar con el tiempo suficiente para hacer las pruebas de PCR. Aunque claramente el tema tenía que ver con el resultado positivo que tuvo el hisopado realizado al diputado Juan Manuel López, que motivó el aislamiento de las autoridades del oficialismo y las de la oposición.

Ahora, a instancias del resto de los diputados se estableció que sea una sola sesión, el jueves. Para ello convocaron a reunión de Labor Parlamentaria a partir de las 12.30, mientras que el horario de sesión fue fijado a las 14, como es habitual.

En primer lugar se pondrá en consideración la Ley 26.130 del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, modificación de los artículos 2° y 3°. Se trata de un dictamen que reúne proyectos del oficialismo y la oposición y establece que las prácticas médicas de contracepción quirúrgica están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. Pero no se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial. Asimismo todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas.

Luego avanzarán con un tema que se las trae: el Marco Regulatorio de Biocombustibles, donde el oficialismo y otras bancadas aseguran la aprobación, pero el proyecto tiene el rechazo de Juntos por el Cambio.

A continuación se tratará una modificación del Código Procesal Penal de la Nación, un proyecto de ley que determina plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación. La iniciativa incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el recurso de casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

Tras ello se avanzará con el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, una iniciativa que atiende la situación de los monotributistas.

Por último se tratará un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca ampliar las exenciones en Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para activos de inversiones financieras en moneda nacional.

Según lo acordado la semana pasada entre las autoridades del oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles y jueves, para tratar una serie de proyectos consensuados.

Será luego de dos semanas en las que el recinto permaneció cerrado: una por la ausencia del presidente de la Cámara baja, de gira por Estados Unidos, y la siguiente por falta de acuerdo. Ahora, ya suscripto por todos los bloques la extensión del protocolo para sesionar y consensuados los temas, volverán a reunirse esta semana. Amén de las prevenciones adoptadas por los aislamientos dispuestos a partir de la confirmación del hisopado positivo del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, la Cámara baja tiene previsto que esta semana se realice una sesión con un temario muy extenso. Tanto que obligará a un desdoblamiento. Esto es, el Cuerpo se reunirá este miércoles y pasará por la noche a un cuarto intermedio para seguir al día siguiente.

Según pudo saber parlamentario.com, de momento el programa establecido se mantiene, y se tratará entonces la reforma del Monotributo, tema en la que existe consenso entre el oficialismo y la oposición en torno a esa reforma de la ley. También se debatirán los proyectos de Biocombustibles y Ley Ovina.

En el transcurso de los próximos días seguirán las negociaciones para incluir en ese temario más temas que puedan ser consensuados. “Van a tratar de que entre en el temario todos los temas que reúnan consenso”, precisó a parlamentario.com una fuente consultada.

En el marco de esas negociaciones se estableció que este martes se realice una nueva audiencia de los diputados con representantes de los laboratorios, para tratar el tema de las vacunas, como así también que la sesión informativa del jefe de Gabinete se realice el jueves venidero, 8 de julio.

Específicamente se estableció que en el marco de estas “sesiones de consenso” no se avanzará con proyectos ríspidos como son el que propone parámetros sanitarios y epidemiológicos para mitigar los contagios y las muertes por la segunda ola de la pandemia, ni mucho menos la reforma del Ministerio Público Fiscal.

En el caso de que el kirchnerismo quiera avanzar con temas polémicos, debería llamar a sesiones especiales y reunir el quórum correspondiente.

Los senadores nacionales Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe), Pamela Verasay (UCR-Mendoza) y Gladys González (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) visitaron este miércoles la Planta Modelo de Explora S.A., una productora de biodiesel de primera y segunda generación. Aseguraron que “no existen enfrentamientos” entre las provincias petroleras  y las productoras de biocombustibles.

Allí los recibieron Hilarión Del Olmo, presidente, Axel Boerr, presidente de CAPBA  (Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada) y todo su equipo . 

Los representantes de las tres fuerzas, Frente de Todos, UCR y Juntos por el Cambio se mostraron preocupados por la baja del corte que intenta modificar el nuevo régimen y coincidieron en apoyar fuertemente la actividad y discutir estos puntos del proyecto cuando la media sanción llegue al Senado. 

Los legisladores comentaron: “esta visita pone de manifiesto que no existen enfrentamientos entre las provincias petroleras  y las productoras de biocombustibles, sino que son actividades complementarias”.

“El Estado debe brindar a esta industria seguridad jurídica para que pueda planificar su desarrollo generando políticas públicas que acompañen el crecimiento del mercado interno competitivo, potenciando las exportaciones como fuente de divisas y generando nuevos puestos de trabajo” concluyeron.

En el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto que establece un marco regulatorio de la ley de Biocombustibles, que propone un corte del 5 por ciento para el gasoil y el biodiesel y del 12 por ciento entre las naftas y bioetanol.

Si bien parecía que todo iba a estar dividido entre oficialismo y oposición, la firma del despacho favorable dejó una perlita política: “2 diputados radicales y otros 2 macristas”.

Los nombres son: José Cano (Tucumán), Jorge Rizzotti (Jujuy), Domingo Maya (Tucumán) y Osmar Monaldi (Jujuy).

Las comisiones firmaron un despacho para regular los biocombustibles, que contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por el resto de Juntos por el Cambio, que quiere mantener el actual régimen.

El despacho de mayoría consiguió 49 firmas -28 en presupuesto y 21 en energía entre las dos comisiones- y fue respaldado por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, el bloque Justicialista, Frente para la Concordia Misionera.

En tanto, Juntos por el Cambio propuso extender el actual régimen hasta el próximo 31 de diciembre de 2024, en sintonía con el proyecto de ley sancionado el año pasado por el Senado y que el oficialismo en Diputados decidió no impulsar para proponer un nuevo régimen.

El Frente de Todos (FdT) logró emitir este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados un dictamen favorable a un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5 por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

Tras 3 horas de tratamiento en forma presencial y virtual, el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo logró 28 firmas en la Comisión de Presupuesto y 21 firmas en la Comisión de Energía, que conducen los oficialistas Omar Félix y Carlos Heller.

El dictamen que obtuvo la mayoría, aunque no tuvo el acompañamiento de Juntos por el Cambio, se basa en el proyecto presentado por Félix y Marcos Cleri (FdT) y busca reemplazar la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación fue prorrogada hasta el 12 de julio.

Al cerrar el debate, el diputado Cleri anunció que el Frente de Todos “va a hacerle una serie de modificaciones al proyecto que establece el marco regulatorio para los biocombustibles”.

En ese punto, señaló: “Vamos a incorporar en el artículo 14, por pedido de los diputados de San Luis y de La Pampa, para tener una redacción de mayor claridad y una visión mas general”.

“Para tener mayor claridad y no tener ningún conveniente con la justicia, se va a sacar la palabra ‘mínimo’ de todos los artículos donde estaba presente”, precisó.

Biocombustibles en la grieta

Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Felix, manifestó que “es necesario la presentación de un marco regulatorio que considere las nuevas realidades que tiene el sector, más las coyunturas que se presentan y dar previsibilidad y certeza a una actividad económica que queremos siga creciendo”.

En apoyo de la iniciativa oficialista, el santafesino Germán Martínez sostuvo que “hoy estamos aquí analizando un proyecto que trata de adecuar los tiempos, de darnos cuenta cual es la actual composición del sector del biocombustibles, los distintos subsectores que existen, y lo hacemos en pos de pensar el futuro de este sector”.

En tanto, la legisladora del Movimiento Popular Nequino Alma Sapag adelantó que votará a favor el proyecto en general, pero advirtió que “es importante considerar otros regímenes de promoción que se vienen impulsando desde el Gobierno nacional, que no deberían colisionar con este proyecto de ley”.

Desde la oposición, la diputada radical Jimena Latorre señaló que “este proyecto que deroga la Ley 26.093, no tiene sustentabilidad, ni promoción de energías limpias”.

Y fustigó: “Acá lo que hay es un régimen intervencionista, donde el Estado, poco eficiente viene a regular esta actividad después de 11 años”.

A su turno, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, manifestó que “hay muchas cosas que no se entienden, yo no pretendo acusar a nadie, pero me gustaría que hubiéramos tenido otro nivel de discusión, de profundidad”.

“Creo que hubo mucha más improvisación y trabajo en otras áreas, pero no en energía”, agregó.

Uno de los aliados del Frente de Todos, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Consenso Federal), se mostró contrario al proyecto al manifestar: “Estamos en momento de definiciones, quiero insistir que se reflexione de la importancia de no bajar los porcentajes y los niveles de mezcla, ni en el caso del biodiesel, ni de bioetanol”.

Por su parte, el diputado macrista Omar De Marchi remarcó que “no conocemos el plan de desarrollo energético que el Gobierno intenta llevar adelante en la Argentina. Tampoco conocemos el plan económico. No sabemos que quiere hacer el Gobierno con la energía en la Argentina”, destacó.

“En este contexto se genera un nuevo marco para el desarrollo del Biocombustible en la Argentina. Eso no es razonable”, dijo De Marchi.

En el único cruce político que se mantuvo en la reunión por unos minutos, el diputado salteño Andres Zottos le recordó a De Marchi que en la votación de la ley actual en 2006, el legislador mendocino se abstuvo.

En el cierre del tratamiento, Cleri sostuvo que “el proyecto tiene una mirada integral que busca dotar de herramientas para que el sector privado junto con el público puedan planificar durante este año la inversión y la transición sin afectar el bolsillo de los argentinos”.

Dictamen del FdT

El dictamen de mayoría tiene como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.

En ese sentido, el proyecto establece que se reducirá del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.

Otro punto del proyecto que genera debate es el artículo que establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.

Otro punto del proyecto está vinculado con la sustitución de importación, al establecer que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo con el “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

En ese punto fija que “las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión” y que sino lo hacen pueden ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

El Frente de Todos (FdT) buscará emitir este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados un dictamen favorable a un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5 por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.
El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y la de Presupuesto y Hacienda -que conducen los oficialistas Omar Félix y Carlos Heller– fue citado en forma presencial para este martes a las 15, debido a que Junto por el Cambio no prestó su acuerdo para que ese encuentro se efectúe en forma remota.
El dictamen que se tratará mañana se basa en el proyecto presentado por Félix y Marco Cleri y busca reemplazar la Ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación fue prorrogada hasta el 12 de julio.
El dictamen de mayoría tendrá como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.
En ese sentido, el proyecto establece que se reducirá del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.
En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.
Otro punto del proyecto que genera debate es el artículo que establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.
Otro punto del proyecto está vinculado con la sustitución de importación, al establecer que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo con el “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.
En ese punto fija que “las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión” y que sino lo hacen pueden ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

El secretario de Energía, Darío Martínez, defendió este jueves ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción de los biocombustibles, pero la oposición mantuvo sus críticas y el debate continuará en los próximos días.

Martínez expuso en una reunión virtual de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Omar “Chafi” Félix y Carlos Heller, respectivamente.

El funcionario habló de “un muy buen proyecto” que “le da previsibilidad a una actividad que la necesita”, y consideró que “en un esquema de transición energética, los biocombustibles son una actividad importante”.

“Se articula convenientemente la necesidad de desenvolvimiento del sector; su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos; la protección de las pymes y empresas no integradas; y el resguardo del bolsillo de los consumidores, en un proceso de fomento positivo de la actividad, también impulsando la sustitución de importaciones de combustibles líquidos”, explicó.

Al repasar el proyecto artículo por artículo, Martínez confirmó que el corte de biodiesel, a pesar de las críticas de las cámaras empresarias, se bajará al 5% -actualmente es del 10%-, aunque “puede ser aumentado si las condiciones de mercado o la demanda lo aconsejan”.

También detalló que se prevé “un mecanismo para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”, para lo cual se otorga la facultad de disminuir “hasta el 3%, para amortiguar el impacto”.

Ese mecanismo, indicó, se aplicará en forma similar para el bioetanol de maíz, cuyo corte se mantendrá en el 12% -igual que en la actualidad-, con un nivel del 6% para la caña de azúcar y del 6% para el maíz.

Por otra parte, Martínez destacó la protección a las pymes y empresas no integradas, que “serán las abastecedoras con un cupo máximo de 50.000 toneladas”, y agregó que “se preserva una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos”.

En tanto, “el precio se calculará teniendo en cuenta los costos distintivos de los biocombustibles así como la rentabilidad adecuada para las empresas”.

Otros aspectos del proyecto son la creación de un comité de seguimiento con carácter federal y la sustitución de importaciones de combustibles líquidos, que “puede significar un sendero virtuoso para la actividad”, destacó el secretario de Energía.

“El Gobierno nacional tiene entre sus objetivos el desarrollo del sector de biocombustibles, asociándolo de manera virtuosa al desarrollo nacional”, afirmó Martínez, al señalar que el contexto actual es diferente al de 2006, cuando se sancionó la ley original que ahora se intenta modificar.

Al aportar cifras, precisó que participan activamente en el sector de los biocombustibles más de 40 empresas productoras localizadas en 10 provincias argentinas, que ocupan a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta.

Las provincias dedicadas al biodiesel son Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires y La Pampa, mientras que el bioetanol involucra a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y San Luis, puntualizó el funcionario.

“El impacto en las economías regionales es muy importante”, aseguró, y por otra parte destacó que “de las 28 empresas que producen biodiesel dentro del régimen de promoción, 25 son pymes”.

Asimismo, detalló que anualmente las empresas dentro del régimen de promoción produjeron un total de 1,2 millones de toneladas en 2017; 1,1 millones en 2018; la misma cantidad en 2019; y 0,5 millones en 2020, producto de la parálisis de la actividad por la pandemia.

La oposición, con dudas

Los radicales Fabio Quetglas, Jimena Latorre y José Cano abrieron la ronda de preguntas con fuertes críticas al proyecto. “¿Cuál es la lectura de la Secretaría sobre la transición energética en marcha? Si no sabemos hacia dónde queremos ir en materia energética, los instrumentos van a ser ineficaces”, advirtió Quetglas.

Latorre coincidió en preguntar “cuál es el plan energético en el que se enmarca este proyecto”. “Si seguimos en esta política de parche sobre parche, no vamos a poder tener una política de mediano y largo plazo”, dijo, y tildó a la propuesta del oficialismo de “retrógrada”.

A su vez, Cano recordó que la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una “mirada estratégica de hacia dónde quería ir la Argentina, daba una hoja de ruta”, pero también mostró dudas sobre la visión hacia adelante. “¿Cómo imagina a la Argentina en 2030 en materia energética?”, insistió, al señalar que si ese año la participación del etanol de caña de azúcar sigue siendo del 6%, “no da una proyección de futuro”.

Martínez respondió que “hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono”, y añadió que “los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética”, porque “nuestra matriz es en base a gas”.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) consideró que “necesitamos más información para definir un nuevo régimen para poder evaluar esta política pública y tener un diagnóstico completo”. “Para evaluar los escenarios futuros tenemos que contar con datos”, insistió.

Desde el oficialismo, el pampeano Ariel Rauschenberger y el puntano Carlos Ponce pidieron atender más explícitamente en la ley el tema de la distancia al puerto. “En la fijación del precio es necesario el reconocimiento de los costos de transporte” porque eso “afecta la igualdad de oportunidades”, dijo Rauschenberger.

Por el Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos reconoció que para su provincia “y para el norte azucarero, todo lo que pidió el sector se ha cumplido”. “No podemos debatir quién gana o quién pierde porque estamos en un año electoral. Tenemos que buscar los equilibrios necesarios para garantizar inversiones”, enfatizó, y confesó su temor de que el tema se termine judicializando.

Hacia el final, el santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) subrayó que “la baja del corte de biodiesel es un error. Es cierto que en los últimos ocho, nueve, diez años todo el sector no ha producido más allá del 5%, el 7%, pero no se olviden que esos sectores venían de tener los precios congelados, y no se necesitó modificar ley: colocaron a las pymes del biodiesel al borde de la desaparición durante el gobierno anterior”.

La vigencia de la ley

Al inicio del plenario de comisiones, el diputado mendocino Omar De Marchi (Pro) consideró “improcedente” el decreto de prórroga de la ley vigente (el 322/21), publicado el último lunes en el Boletín Oficial.

Según recordó De Marchi, la Ley 26.093 “fue sancionada el 12 de mayo de 2006 y le dada una vigencia de 15 años, por lo tanto vencía el 11 de mayo de 2021, pero le daba una posibilidad al Ejecutivo de tomar una fecha alternativa para la vigencia de 15 años, a partir del primer día del cuarto año de entrada en vigencia, o sea el 1ro de enero de 2010”.

“De tomar esta segunda fecha, la ley debía estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. La ley no da opciones intermedias para sancionar prórrogas”, dijo el legislador.

Luego de que el Poder Ejecutivo prorrogara por dos meses el Régimen de Promoción de los Biocombustibles -que vencía este miércoles-, la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el proyecto presentado por el oficialismo, con Omar “Chafi” Félix y Marcos Cleri a la cabeza.

La discusión continuará este jueves a las 15 en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que contará con la participación del secretario de Energía, Darío Martínez.

El oficialismo busca consensos para avanzar con el nuevo régimen, que fue duramente criticado por representantes de las cámaras empresarias que asistieron semanas atrás a la Comisión de Energía.

Es que la iniciativa del Frente de Todos rebaja el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 10% al 5%, lo que consideran un retroceso respecto de la ley vigente. En el caso del bioetanol, se mantiene el corte actual del 12%.

El nuevo régimen tendría una vigencia hasta 2030 con posibilidad de prórroga. Prohíbe que las empresas petroleras sean a la vez productoras de hidrocarburos, y busca fomentar la producción nacional para la sustitución de importaciones.

Ante la incertidumbre que prevalecía en más de medio centenar de plantas productoras de hidrocarburos en todo el país por el vencimiento de la Ley 26.093, el Ejecutivo la prorrogó por 60 días a través del decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que el Poder Ejecutivo prorrogará, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Régimen de Promoción de los Biocombustibles, para que el Frente de Todos pueda buscar consensos en la Cámara de Diputados en torno a una nueva ley.

La norma actual vence el próximo 12 de mayo y tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo reclamaban una prórroga para evitar un vacío legal en el sector, representado por más de medio centenar de plantas productoras en todo el país.

“Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen en el Poder Legislativo”, informó Martínez, según reprodujo Perfil.

El funcionario sostuvo que “la transición energética es lo que se viene y Argentina va en ese camino. Mientras se discute el nuevo régimen en Diputados y Senadores, vamos a prorrogar el régimen”.

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Sobre este aspecto, el diputado tucumano Pablo Yedlin confirmó que el DNU tendrá un alcance de 60 días, manteniendo los actuales niveles de corte en la nafta (12% de bioetanol) y el gasoil (10% de biodiesel).

En su visita a Tucumán, Martínez destacó que “es importante para la región y para el país hablar sobre la prórroga del Régimen de Biocombustibles y sobre la nueva ley, donde el corte con bioetanol con caña de azúcar queda todo incluido para llevar tranquilidad a esos puestos de trabajo”.

“La verdad es que ahí también trabajamos la transición energética, también intentamos ser más amigables con el medio ambiente”, expresó el secretario del área.

En octubre del año pasado, el Senado había aprobado la prórroga de la ley vigente hasta 2024, pero en Diputados el oficialismo presentó otro proyecto con nuevos parámetros y ahora buscan acuerdos con la oposición y las cámaras empresarias, que formularon críticas.

La diputada radical Jimena Latorre, junto a otros representantes de Juntos por el Cambio en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, le solicitaron a su presidente, Omar “Chafi” Félix, que el proyecto del oficialismo para regular la producción y comercialización de biocombustibles también tenga giro a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Si bien la responsabilidad de los giros a comisiones recae en la Presidencia de la Cámara -a través del secretario parlamentario-,  Latorre formuló el reclamo ante Félix y también lo extendió al titular de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso. Es que el proyecto encabezado por Félix y el santafesino Marcos Cleri tiene giro a Energía y Combustibles y a Presupuesto y Hacienda.

“La regulación y el desarrollo de biocombustibles requiere del análisis de la cuestión ambiental involucrada, entendiendo fundamental su vinculación con el cambio climático y los objetivos comprometidos por Argentina en el acuerdo de París, resultando esencial también su vinculación con el desarrollo de tecnologías de avanzada que permitan incrementar la producción y mejorar su calidad, promoviendo el desarrollo de biocombustibles de segunda generación con la finalidad de hacerlos competitivos en un mercado sustentable”, argumentó Latorre.

La legisladora agregó que “resulta primordial la definición y prevención de los impactos ambientales generados en los campos de cultivo y su vinculación a las políticas alimentarias de la Nación, que ameritan una planificación territorial y sustentable estratégica en la materia”.

El pedido fue acompañado por los diputados Ximena García, Juan Manuel López, Facundo Suárez Lastra y Martín Berhongaray.

Latorre además reiteró su rechazo a la iniciativa del Frente de Todos, al sostener que “tira por la borda 15 años de fomento al sector y desconoce los avances técnicos y científicos que permitirían intensificar el uso de combustibles biológicos e incorporar otros que aún no se utilizan, además de ignorar por completo la problemática del cambio climático y todos los acuerdos y tratados internacionales relevantes en materia ambiental suscriptos por nuestro país”.

Un reclamo de legisladores puntanos sacó a la luz las diferencias existentes dentro del Frente de Todos por la ley de biocombustibles. El senador Adolfo Rodríguez Saá le pidió al jefe de su bloque, José Mayans, que impulse una prórroga del régimen actual por seis meses ante el inminente vencimiento de la norma actual, el próximo 12 de mayo.

Rodríguez Saá -que esta semana mantuvo un encuentro virtual con autoridades de la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada- le envió una nota a Mayans y los diputados Victoria Rosso y Karim Alume Sbodio, de San Luis, se alinearon a esa postura, tras una videoconferencia realizada este jueves.

El pasado 30 de octubre, el Senado aprobó la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles hasta 2024, pero en Diputados el oficialismo presentó otro proyecto, encabezado por Omar “Chafi” Félix -presidente de la Comisión de Energía- y el santafesino Marcos Cleri.

Sin embargo, la iniciativa recibió críticas de las cámaras empresarias porque -entre otros aspectos- reduce a la mitad el corte obligatorio de biodiesel, y ante la falta de acuerdos políticos con la oposición y la demora en la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto para poder dictaminar, el debate quedó paralizado.

“Esta demora conlleva una gran angustia e incertidumbre a los sectores involucrados al mencionado régimen, y en particular a los productores de biocombustibles que han confiado y apostado al crecimiento de nuestro país”, planteó Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, en la misiva dirigida a Mayans.

Por eso, le solicitó “que tramite ante quien corresponda una prórroga de al menos seis meses, para encontrar los consensos necesarios para el dictado de una nueva ley que beneficie al pueblo argentino”.

En el Zoom que mantuvo con sus pares puntanos, Rodríguez Saá insistió en tener un plazo que permita discutir una nueva ley que “no beneficie a ninguna corporación”, sino a los productores argentinos.

Consideró además que “se debería aumentar el corte” de biodiesel, pero “no disminuirlo”, para así “lograr el autoabastecimiento de combustibles en el país”.

El senador también señaló que “hay que cumplir con el Acuerdo de París, por lo que lo más lógico sería que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ambiente y no la Secretaría de Energía, que está más cerca de los intereses petroleros”.

El senador del Frente de Todos Adolfo Rodríguez Saá, que preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, se comprometió a “buscar consensos dentro del Senado de la Nación” para que la nueva ley de biocombustibles “sea lo más beneficiosa posible para el sector”.

En ese sentido, afirmó que trabajará para “defender la producción de biodiesel y bioetanol”, a tan solo ocho días del vencimiento del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.

El legislador por San Luis se expresó de este modo durante una reunión virtual que mantuvo con la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada (CAPBA), donde destacó que el sector de los biocombustibles es “la tendencia en el mundo”.

El encuentro se produjo en momentos decisivos para la nueva ley, ya que en la Cámara de Diputados el bloque oficialista presentó un proyecto que se encuentra trabado por falta de acuerdos políticos y el rechazo cerrado de las cámaras empresarias.

Rodríguez Saá remarcó que el fomento de los biocombustibles tiene que ver con “cuidar el ambiente” y en ese sentido pidió cambiar la autoridad de aplicación de la ley, al sostener que  “no puede ser” que esa responsabilidad recaiga en la Secretaría de Energía en lugar del Ministerio de Ambiente.

Asimismo, pidió contemplar que “la sustitución de importaciones sea clara y que también se respeten los pactos internacionales como el Acuerdo de París”.

Rodríguez Saá se expresó en estos términos durante la videoconferencia con Axel Boerr y Eric Bazarian, presidente y vicepresidente de CAPBA, entidad que solicitó la reunión para dialogar sobre la “urgente situación” que atraviesa el sector por el inminente vencimiento de la ley y la falta de acuerdos para un nuevo régimen.

Los representantes de CAPBA le manifestaron al titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería que la prioridad del sector es “que no se reduzca el corte del 10% actual” del biodiesel al 5%, como propone el oficialismo.

En ese sentido, advirtieron que esa reforma “es objetivamente inaplicable” y que “está demostrado que con un corte inferior al 9,3% habrá plantas que necesariamente cerrarán”.

Respecto a la autoridad de aplicación, indicaron que Secretaría de Energía -que depende del Ministerio de Economía- también es la responsable de la producción petrolera en el país, lo cual hace que “los intereses” de las petroleras “prosperen sobre los de los productores de biocombustibles”.

El presidente del bloque Consenso Federal en Diputados, Alejandro “Topo” Rodríguez, anunció este sábado que solicitaron la presencia en el Congreso de tres ministros del Poder Ejecutivo Nacional: el canciller Felipe Solá, el titular de Ambiente, Juan Cabandié y el de Agricultura, Luis Basterra.

Rodríguez puntualizó qué es lo que pretenden requerirle a cada uno de los convocados. En el caso del canciller, anticipó que se le pedirá su opinión sobre el proyecto oficial de biocombustibles y cómo se vincula eso con la posición argentina en la XXVII Cumbre Iberoamericana respecto de “los planes de pago eficientes y efectivos por servicios ambientales”.

“Será importante la opinión de Juan Cabandié sobre la falta de progresividad en la política de biocombustibles, dando lugar a que baje drásticamente la producción y el uso de biodiesel, que disminuye 70% la emisión de gases de efecto invernadero comparado con combustibles fósiles”, puntualizó el legislador lavagnista.

Por último, con respecto a la presencia del ministro de Agricultura, sostuvo que “servirá para saber el impacto del proyecto oficial de biocombustibles en la industrialización de la ruralidad, la inversión productiva y el sostenimiento de puestos de trabajo agroindustriales para 10 provincias argentinas”.

El Protocolo de Funcionamiento Remoto, que le permite a la Cámara de Diputados sesionar de manera virtual, caducará este viernes y el Frente de Todos necesita volver a prorrogarlo para dictaminar proyectos como la nueva regulación de los biocombustibles, aunque por ahora no hubo tratativas con el interbloque Juntos por el Cambio.

La última prórroga fue firmada por los jefes de bloque a mediados de marzo y le dio al protocolo una vigencia hasta el 30 de abril, pero a pesar del inminente vencimiento, tanto en el oficialismo como en la oposición aclararon que el tema aún no se conversó.

Para el bloque conducido por Máximo Kirchner, la urgencia está puesta en el proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, ya que el régimen actual vence el próximo 12 de mayo y el sector corre el riesgo de quedar desamparado si no existe una prórroga de la ley actual.

El proyecto comenzó a ser debatido este miércoles en una reunión informativa de la Comisión de Energía, que preside Omar “Chafi” Félix, y el oficialismo esperaba firmar dictamen antes del fin de semana, pero la indefinición en torno al protocolo virtual impidió avanzar.

Pero además, la iniciativa fue duramente criticada por las cámaras empresarias de biocombustibles, que exigieron una prórroga de la ley vigente hasta tanto se acuerde un nuevo régimen, y rechazaron de plano que el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil se baje del 10% al 5%, como propone el proyecto elaborado por el oficialista santafesino Marcos Cleri.

Semejante nivel de desaprobación obligó al Frente de Todos a revisar la iniciativa y fuentes consultadas no descartan que haya cambios de aquí a la semana próxima, cuando se podría convocar a una reunión presencial de la comisión, en caso de que no haya acuerdo en torno al funcionamiento virtual.

El otro tema que tiene en vilo a la Cámara baja es la postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, debido al nivel de contagios de coronavirus. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no envió ningún proyecto y en el Ministerio del Interior sostienen que la discusión debe girar en torno a las propuestas ya presentadas por diputados.

Por otra parte, también está pendiente el dictamen sobre etiquetado frontal de alimentos, el proyecto que se debate en cuatro comisiones -Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria-. En este caso tampoco hay un acuerdo unánime sobre la letra chica y podría haber modificaciones que hagan que el texto vuelva al Senado.

Legisladores del Frente de Todos destacaron la presentación de un proyecto de ley consensuado en el bloque del Frente de Todos, que dispone un nuevo marco regulatorio de biocombustibles hasta diciembre de 2030 -prorrogable por otros cinco años más-, y que otorga estabilidad a la industria azucarera y le permite planificar la producción, además de propiciar el desarrollo de las economías regionales.

La diputada nacional Carolina Moisés (Jujuy) señaló que “a 15 años de la sanción del régimen actual durante el gobierno de Néstor Kirchner, es mucho lo que se ha avanzado: gracias a ese marco normativo que vence el próximo 12 de mayo y a las políticas públicas instrumentadas, la Argentina profundizó el desarrollo de esta nueva fuente de energía en un 400%, tanto que hoy existen unas 54 plantas de biocombustibles distribuidas en 10 provincias, que sostienen 65 mil hogares con puestos laborales”.

La legisladora jujeña sostuvo que “dado que el contexto económico y político no es el de 2005, y que el país tiene dificultades económicas por el sobre endeudamiento externo heredado del gobierno macrista y los efectos de la pandemia, es más necesario aún corregir ese rumbo estratégico dándole previsibilidad y certeza a los sectores de la agro economía para que puedan generar trabajo, desarrollo productivo, arraigo, cuidado del ambiente, bienestar social y las divisas necesarias”.

Moisés, quien es coautora de la iniciativa junto a los diputados Marcos Cleri (Frente de Todos-Santa Fe) y Omar Félix (Frente de Todos-Mendoza) subrayó que “este proyecto fue elaborado atendiendo las demandas y propuestas de los principales actores de la cadena de valor de las bioenergías y contemplando las necesidades de la economía nacional para maximizar el potencial de la Argentina en términos de productividad y generación de riqueza genuina”.

“Es una muy buena ley que busca beneficiar a todas las empresas productoras”, consideró la diputada cordobesa Gabriela Estévez. En el caso de su provincia, dijo, “es necesario mantener el corte del 12% en los combustibles y que sea un factor de apertura para lograr una ley que otorgue seguridad jurídica. Estamos convencidos de que tendrá un gran consenso”, porque “busca dar respuesta al sector y acompañar un modeo de desarrollo nacional”.

Estevez agregó que “esta ley se propone como factor de desarrollo de la actividad productiva que busca reducir el impacto de los biocombustibles en los precios de los alimentos y generar una forma de producción que de impulso para la investigación y desarrollo en la industria”.

El bloque Córdoba Federal

Insistentes durante todo este tiempo en reclamar una solución para este problema, el bloque Córdoba Federal se expresó este jueves a través de Twitter: “Desde este bloque reafirmamos que lo más sensato hoy es prorrogar la actual #LeyDeBiocombustible hasta tanto se discuta un nuevo marco legal. En caso de ser tratado un nuevo proyecto de ley, nuestra posición será la de acompañar la decisión de los sectores productivos cordobeses”, señalaron.

Más de 30 legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas que representan a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se reunieron este lunes, de manera virtual, con integrantes de las casi 70 entidades que conforman el Foro Empresario de la Región Centro Argentina, y coincidieron en la necesidad de prorrogar el Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que vencerá exactamente en un mes, el próximo 12 de mayo.

Los diputados y senadores se mostraron dispuestos a discutir un nuevo marco normativo que regule los biocombustibles a futuro, pero consideraron necesaria la extensión del régimen actual para que “se pueda desarrollar un debate con tiempo, en profundidad y con la participación del sector privado”, según se indicó en un comunicado.

En Argentina hay más de 50 plantas productoras de biocombustibles, radicadas en 10 provincias, y “corren riesgo de desaparecer si no se prorroga la ley actual”, insistieron tanto empresarios como legisladores.

Participaron de la reunión virtual, por la provincia de Córdoba, los diputados de Juntos por el Cambio Brenda Austin, Soledad Carrizo, Luis Juez, Diego Mestre, Víctor Hugo Romero, Soher El Sukaria y Adriana Ruarte; y por el bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.

Por Entre Ríos, en tanto, estuvieron Atilio Benedetti (UCR), Jorge Lacoste (UCR) y Alicia Fregonese (Pro).

En representación de Santa Fe, desde Juntos por el Cambio asistieron Federico Angelini, Ximena García, Carolina Castets, Gonzalo Del Cerro, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Juan Martín; también Enrique Estévez (Socialista); Luis Contigiani (Frente Progresista); y hasta un oficialista, Esteban Bogdanich.

Además, fueron parte del encuentro los senadores Edgardo Kueider (Frente de Todos), Alfredo De Angeli (Pro), Stella Maris Olalla (UCR), Laura Rodríguez Machado (Pro) y Roberto Mirabella (Frente de Todos).

En nombre de las entidades empresarias de las tres provincias de la Región Centro, Daniel Nassini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR); Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCba); y Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), plantearon que la producción de biodiesel derivado de la soja y de bioetanol de maíz y de caña de azúcar “fueron casos de éxito que permitieron posicionar a nuestro país como líder en la materia en el plano internacional y constituyen un modelo en políticas de agregación de valor”.

En ese sentido, alertaron que la discontinuidad de la referida ley “no sólo generará un enorme daño a las economías de las provincias productoras, con pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que echará por tierra inversiones por miles de millones de dólares realizadas en los últimos 15 años”.

En la misma línea, durante el diálogo que se extendió por 90 minutos, ratificaron que el corte obligatorio establecido en la Ley 26.093 de naftas y gasoil con biocombustibles implica “una innegable contribución a la sostenibilidad ambiental, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global”, que es uno de los objetivos asumidos por los gobiernos.

MÁS DE 30 LEGISLADORES NACIONALES Y CASI 70 ENTIDADES EMPRESARIAS DE LA REGIÓN CENTRO COINCIDIERON EN APOYAR LA PRÓRROGA DE LA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES pic.twitter.com/aBqruuq3Gv

— CARSFE – (@CARSFEprensa) April 12, 2021

También hicieron hincapié en que “la reactivación de la economía nacional incrementará la demanda de combustibles fósiles, lo que muy posiblemente obligará a incrementar las importaciones con la consecuente salida de divisas. Los biocombustibles, por el contrario, permitirán que el país se independice, aunque sea parcialmente, de los combustibles fósiles; y esa menor dependencia se traducirá en un ahorro de divisas”.

Por todo ello, faltando exactamente un mes para la caducidad del régimen, las entidades nucleadas en el Foro Empresario de la Región Centro solicitaron a los diputados presentes que “motoricen las acciones necesarias para que se prorrogue la vigencia de la norma y se mantengan los niveles de cortes actuales, lo que dará tiempo suficiente para debatir con seriedad si se debe hacer alguna modificación a futuro”.

El proyecto para extender la vigencia de la norma actual fue aprobado por unanimidad en el Senado el año pasado, pero el oficialismo frenó su tratamiento en Diputados. El jueves 25 de marzo la oposición convocó a una sesión especial para tratar el tema, pero no consiguió el quórum, y si bien el secretario de Energía, Darío Martínez, habló de la necesidad de avanzar en un nuevo régimen, no hubo novedades desde ese entonces.

La diputada nacional del Pro por Entre Ríos Alicia Fregonese planteó la necesidad de que la Cámara de Diputados trate de manera urgente la prórroga por cuatro años de los beneficios impositivos que reciben productores de 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas. La iniciativa ya fue aprobada en octubre de 2020 por el Senado, pero si Diputados no la aprueba, el régimen caducará en mayo de este año.

“El proyecto para prorrogar el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible ya tiene media sanción unánime del Senado, pero en Diputados no existe la misma voluntad por parte del oficialismo. No quieren tratar el proyecto, lo cual deja un vacío legal y una enorme incertidumbre para más de 50 pymes del sector”, informó Fregonese durante una entrevista radial con Radio Colonia AM 550.

“No podemos abandonar a tantos empresarios y trabajadores argentinos. Son pequeños y medianos productores que invirtieron en nuestro país, generaron valor agregado y empleo. Sin embargo, ahora se están quedando sin respaldo jurídico y la presión fiscal los asfixia cada vez más. Un país que no da seguridad a quienes producen nunca va a crecer”.

“Cualquier empresario de cualquier rubro requiere de previsión y organización; y las empresas de biocombustibles más aún, ya que necesitan planificar las compras de maíz y de soja de un año completo para poder producir etanol y aceite. El Gobierno nacional descuida a los que se arriesgan para producir energías limpias”, explicó la diputada nacional entrerriana.

Por último, Fregonese marcó la falta de coherencia del Gobierno: “Tomaron compromisos ambientales muy ambiciosos y ahora no quieren prorrogar esta ley. El nivel de improvisación es preocupante. No saben para dónde van. Así, jamás seremos confiables y seguiremos alejando inversores que apuesten a nuestro país. Se debe definir una matriz energética para lograr el desarrollo adecuado y cumplir con los compromisos que asumimos como país y que el presidente recientemente ratificó”.

El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible prevé exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063.

También dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado ‘Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil’ así como tampoco por los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, se manifestó a favor de una reforma tributaria, pero aclaró que “hoy en día, con la inestabilidad económica, y producto de que la pandemia sigue asolando al mundo, todavía es muy difícil hacerla”.

“El tema tributario hay que mirarlo a fondo, tenemos que buscar un equilibro razonable”, sostuvo y dijo que debe apuntar a “bajar de a poco la presión, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, y sobre las familias argentinas”.

Para el cordobés, una reforma tiene que ser “progresiva, estructural y justa”. “El nuestro es un proyecto popular que siempre va a respaldar a los que más necesitan, a los que más les cuesta, a los que menos financiamiento tienen, a los que les es más difícil evolucionar. Pero eso no quiere decir que vamos a golpear, a perseguir a los más poderosos”, expresó.

En declaraciones a FM La Patriada, el oficialista aseguró que la semana que viene el Senado estima convertir en ley el proyecto sobre reforma del impuesto a las Ganancias, que se debatirá rápidamente en comisión.

“Todos estamos de acuerdo con la ley. Es un adelanto extraordinario. Es una ley que estábamos esperando y hay un compromiso con el pueblo argentino. Va a pasar muy bien por el Senado, sin inconvenientes”, señaló.

Respecto de las críticas de Juntos por el Cambio, el legislador opinó que “no tienen cara para plantear las cosas. Ya sabemos cómo es la oposición, actúa como si el país de Macri no hubiese existido”.

“Tenemos que mirar para adelante, tenemos un compromiso con los argentinos y lo estamos llevando adelante, a pesar del terrible país que nos dejaron y la pandemia que ha cambiado la economía del mundo”, añadió.

Biocombustibles

Por otra parte, consultado por el tema biocombustibles, el senador del Frente de Todos dijo: “Es una cuestión que tienen que responder los diputados y la verdad no lo tengo claro…nosotros votamos una prórroga hace seis meses y consideramos que era lo mejor”.

Caserio recordó que en octubre pasado, cuando la iniciativa salió por unanimidad de la Cámara alta, se coincidió en tomar “el tiempo necesario para que haya una negociación que permita hacer una nueva ley”.

“Para nosotros, (esta industria) es una fuente de producción muy importante, que da trabajo a miles de trabajadores, tiene empresas significativas y ha traído mucho valor agregado a la zona”, resaltó.

Finalmente, afirmó que existe “preocupación en el sector y en los trabajadores” por la demora en la aprobación de la prórroga de la Ley 26.093 y advirtió: “En función de lo que se decida (en la Cámara baja), nosotros tomaremos la decisión en el Senado que nos parezca más conveniente”.

El Frente de Todos bloqueó en la Cámara de Diputados los pedidos de Juntos por el Cambio para tratar sobre tablas una serie de proyectos vinculados al proceso de vacunación contra el Covid, la situación en Formosa y la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, entre otros temas.

Se trata de iniciativas que no estaban incorporadas al temario de la sesión especial, por lo que se necesitaban tres cuartos de los votos para abordarlas, una mayoría imposible de alcanzar para la oposición por sí sola. De hecho, la mayoría de los pedidos fueron votados a mano alzada, a sabiendas del resultado.

Así, el interbloque Juntos por el Cambio no logró que avanzara un pedido de interpelación al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, sobre las “violaciones de los derechos humanos” en la provincia de Formosa. Tampoco se pudo tratar un pedido de informes verbales al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, por el mismo tema.

El Frente de Todos obstruyó además la votación de la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, tras el fracaso de la sesión convocada esta semana por la oposición.

La misma suerte corrió un proyecto contra la postulación de Gustavo Fuertes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública -organizaciones civiles advierten que el candidato del Gobierno no es idóneo para el cargo-; y un repudio a la salida de la Argentina del Grupo de Lima.

Juntos por el Cambio también pidió tratar, sin éxito, un repudio al caso de la niña santiagueña detenida por no usar barbijo;  un beneplácito por el 30° aniversario de la creación del Mercosur; y un proyecto encabezado por Mario Negri sobre “transparencia en la gestión, provisión y acceso” a las vacunas contra el coronavirus.

El bloque presidido por Máximo Kirchner tampoco dejó que se tratara la creación de una comisión investigadora sobre la campaña de vacunación; dos pedidos de informes verbales al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la inclusión de personas con capacidad al Plan de Vacunación.

Sin demasiadas posibilidades de reunir el número suficiente para alcanzar el quórum, los interbloques Federal y de Juntos por el Cambio se reunirán este jueves a partir de las 11.30 para tratar de aprobar la prórroga de la Ley 26.093 que vence en el mes de mayo.

Ambos bloques habían pedido originalmente sendas sesiones, pero el lunes acordaron unificar en una sola sesión, aunque no hay demasiadas posibilidades para que la sesión pueda prosperar.

Menos probabilidades aún tiene Juntos por el Cambio para realizar a las 14 su segunda sesión pedida para este jueves, en este caso para debatir las modificaciones en el impuesto a las Ganancias. Esa sesión fue pedida por el interbloque JxC el martes y originalmente el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, la soslayó, por cuanto el oficialismo ya había pedido debatir el proyecto el sábado. Sin embargo el interbloque conducido por Mario Negri insistió a través de una nota en reclamar la autorización para que se convocara a esa sesión, por cuanto habían cumplido todos los requisitos reglamentarios, y las autoridades del cuerpo dieron luz verde entonces.

Como sea, en esa sesión le será más difícil a Juntos por el Cambio alcanzar el número, ya que el resto de la oposición no ha anunciado su disposición a participar de esa convocatoria.

Habrá que ver entonces que sucede con la reunión prevista para las 11.30. El lunes, en la previa de la visita del secretario de Energía, Darío Martínez, la bancada de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal en la Cámara de Diputados unificaron sus pedidos de sesión especial. El reclamo para aprobar la iniciativa, que viene con media sanción del Senado -donde se votó por unanimidad-, fue creciendo con el correr de los días, y sobre todo ante la postergación del oficialismo para llevarla al recinto, incluyendo la decisión del Gobierno de no contemplarla en el temario de sesiones extraordinarias.

El tema atraviesa a todos los bloques, puesto que divide las aguas entre representantes, por ejemplo, de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Jujuy respecto a aquellas provincias petroleras.

Por eso, dentro del propio Frente de Todos hay voces que insisten también con sancionar rápidamente la extensión de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024. Precisamente, desde el bloque oficialista, la jujeña Carolina Moisés propuso que se prorrogue no por cuatro, sino por diez años la norma que protege a las más de 50 plantas de bioetanol y biodiesel que hay en el país.

La bancada que conduce Mario Negri y agrupa a los diputados del Pro, la UCR y la Coalición Cívica, tiene 115 miembros; mientras que el interbloque liderado por Eduardo “Bali” Bucca reúne 11 integrantes. Con una asistencia perfecta, los legisladores de la oposición estarían a tres del número necesario para el quórum (129). Aun logrando alcanzar esa cifra, con ayuda de otros bloques, no llegan a reunir los dos tercios para aprobar el proyecto que no tiene dictamen.

Habrá que ver en ese caso también cómo actuarían algunos diputados del propio Frente de Todos, donde hay, como se señaló, varios que apoyan la rápida sanción del proyecto venido de la Cámara alta por el interés que significa para sus provincias.

El lunes Mario Negri reveló ante medios de su provincia que había estado trabajando en silencio con el diputado Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, y con Alejandro Rodríguez, del lavagnismo, para unificar los pedidos de sesiones. Y si no alcanzan el número buscado, “veremos quiénes son los que dicen defender las provincias y luego no están presentes”, apuntó.

En este marco se especula con que el oficialismo pondrá en la mesa un proyecto impulsado por el propio jefe de bloque, Máximo Kirchner, para que los beneficios del régimen favorezcan prioritariamente a las PyMEs.

La iniciativa establecería que el corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles sea abastecido por las empresas pequeñas y medianas productoras de bioetanol y biodiesel por un plazo de seis años, con la posibilidad que sea prorrogable por otros tres.

Por su parte, la mendocina radical Jimena Latorre presentó el lunes un proyecto para prorrogar la ley -en ese caso hasta 2025-, pero además crear un “Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles” para discutir entre todos los sectores involucrados una política integral.

Jorge “Colo” Rizzotti, diputado nacional por la UCR de Jujuy, argumentó el pedido por prórroga de la ley de biocombustibles en la sesión de este jueves y la necesidad de proseguir con el debate por un régimen que amplíe las posibilidades de desarrollo. Subir el mínimo de corte de biodiesel para el gasoil y de bioetanol para naftas al 15% y alcanzar progresivamente el 27,5% de bioetanol, entiende y propuso en su proyecto de ley, podría lograrse en el país en esta década.

“Este jueves se dará la sesión solicitada por el interbloque al que pertenezco, y allí el país entero y las provincias nos jugamos una gran oportunidad: la de configurar un desarrollo equilibrado de las regiones del territorio nacional”, expresó Rizzotti anticipando su postura en la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación este 25 de marzo.

La postura de Rizzotti quedó expresa asimismo en un proyecto de ley de su autoría, ingresado en julio de 2020 a la Cámara y que el diputado nacional por la UCR sintetizó al expresar que “propusimos, en ese momento, prorrogar la Ley 26.093 por 15 años, con modificaciones: subir el mínimo de mezcla a 15% de biodiesel para gasoil o diésel oil, y también a 15% el bioetanol para la nafta; subir progresivamente el porcentaje de bioetanol hasta alcanzar el 27,5% en 2027; que tras cubrir el 75% de cuotas establecidas, el 25% quede para mercado de libre competencia; que los cambios en los precios sean con proceso público con participación de productoras y petroleras; y promover el desarrollo de vehículos de combustible flexible, entre otros puntos”.

“Ahora, a poco más de un mes para que se venza el régimen actual, y habiendo generado incertidumbre, lobby y hasta desesperanza, desde el oficialismo surgen proyectos apresurados, cuando todo este último año, así como el mío, ingresaron más de 15 proyectos de legisladores y legisladoras nacionales entre las dos Cámaras; ahora, es momento de darle tranquilidad al sector y a las provincias que lo abrazamos mediante prorrogar el Régimen actual y luego, de una vez, discutir con todos los aportes y lograr un nuevo régimen que signifique la política de desarrollo y ambiental que propician los biocombustibles”, expresó Rizzotti.

Acerca de las expresiones desde provincias del sur y del Gobierno de la Nación sobre impactos productivos y fiscales que no serían positivos, Rizzotti consideró que “el país debe comprenderse con su principio de federalismo, y así como desde Jujuy una vez disputamos que se propicie un mercado para la energía solar que podemos producir frente a otras provincias que pedían por la eólica, hoy pedimos por más biocombustibles para superar asimetrías con provincias petroleras”.

“Los biocombustibles, la agro-energía, son la posibilidad de cerca de la mitad de las provincias del país de un camino cierto de productividad y trabajo, al tiempo que para el país sustituyen importaciones, y para el planeta significan un aporte a la mitigación del cambio climático”, destacó finalmente el diputado nacional.

El diputado Nicolás Del Caño aclaró este martes que el interbloque del Frente de Izquierda -que integra junto a Juan Carlos Giordano- no definió si dará quórum este jueves en la sesión convocada por la oposición para tratar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, aunque sugirió que podrían aportar presencia “si hay un número ajustado”.

“No hemos definido el tema particular del quórum”, señaló Del Caño, y agregó: “Si no depende de nosotros… Si hay un número ajustado, daremos nuestra postura cuando tengamos una resolución conjunta del Frente de Izquierda”.

Del Caño formuló estas declaraciones en diálogo con Diputados TV tras realizarse el hisopado en el Anexo de la Cámara baja, con lo cual dejó abierta la posibilidad de participar el jueves de la sesión en forma presencial.

De todos modos, expresó sus diferencias. “No estamos de acuerdo en que la agenda hoy sea la discusión de los beneficios para los sectores de las grandes empresas”, dijo, y entre otras cosas llamó a discutir el salario mínimo, “que está por debajo de los niveles de indigencia”.

“Este régimen de promoción (de los biocombustibles) fue un beneficio a las empresas vinculadas al agronegocio, y una de sus principales características es la fumigación con agrotóxicos y el avance de la frontera sojera. Lo que están buscando es que se mantenga un régimen que les da un montón de exenciones impositivas”, advirtió el legislador.

Del Caño añadió que “detrás de esto está el argumento de poder hacer una combinación de energías que vaya en contra de las energías tradicionales, y del otro lado están las petroleras”, por lo cual “es una disputa entre sectores capitalistas”.

El diputado del PTS insistió en que “no se puede seguir con esta lógica de que lo que prima es la ganancia o la rentabilidad empresaria”. “Vamos a rechazarlo, pero eso no significa que no rechacemos el lobby del otro lado”, repitió, al señalar que “en Vaca Muerta están llevando adelante el método del fracking, que tiene terribles consecuencias”.

Por eso, defendió la iniciativa de la izquierda: “Lo que planteamos en nuestro proyecto es una renacionalización de toda la industria de la energía, el gas, el petróleo, bajo gestión de los trabajadores, y que todo eso esté puesto en función de los intereses de las grandes mayorías populares terminando con los tarifazos, brindando servicios de calidad, y al mismo tiempo que sea amigable con el medioambiente”.

En pleno debate sobre el Régimen de Promoción de los Biocombustibles en la Cámara de Diputados, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió que “si no se encuentra una mejor ley, iremos a la prórroga”, tal como pide la oposición, que convocó a una sesión especial para este jueves.

“No hay nada definido. En lo personal, entiendo que la transformación de maíz en alcohol es una muy buena tecnología que genera, por un lado, combustible, y por el otro, la burlanda. Si no se encuentra una mejor ley, iremos a la prórroga”, dijo Basterra en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, según reprodujo el diario La Voz del Interior.

Estuvimos en Marcos Juárez, Córdoba, participando de la presentación de la nueva cosechadora @MetalforSA 2635.

Producción nacional de maquinaria agrícola que profundiza la presencia de nuestra industria en Argentina y en el mundo.#ArgentinaUnida #ReconstrucciónArgentina ⬆️ pic.twitter.com/FSKsMDtigI

— Luis Basterra (@LEBasterra) March 23, 2021

Tras participar de la presentación de la nueva cosechadora que fabricará la empresa Metalfor, el funcionario no descartó prorrogar la Ley 26.093 si no se llega a un acuerdo en torno a un nuevo régimen, dado que el actual vence el 12 de mayo.

“Es un tema que está siendo debatido en el ámbito legislativo, porque requiere una prórroga o una nueva ley. He estado con el presidente de la Cámara, con los responsables de mi bloque partidario, y están haciendo todos los análisis para encontrar la mejor salida a un tema que tiene fecha límite”, explicó Basterra, y agregó: “Creo que finalmente vamos a tener una buena ley”.

La Comisión de Energía de la Cámara baja recibió este lunes al ministro del área, Darío Martínez, quien remarcó la necesidad de actualizar la ley vigente, pero no ofreció detalles de la propuesta oficial.

El oficialismo en la Cámara de Diputados convocó a sesionar el próximo sábado, a partir de las 11, para tratar las modificaciones en el impuesto a las Ganancias, los cambios en el régimen de monotributo, la nueva ley de dopaje y otro proyecto sobre educación ambiental.

Lo que comenzó a principio de semana como incertidumbre, terminó de develarse este martes cuando el Frente de Todos oficializó el pedido para debatir en el recinto en un día verdaderamente inhabitual. Es que se había especulado con la posibilidad de una sesión este miércoles -feriado por el 24 de marzo-, pero la idea fue desapareciendo con el correr de las horas.

Sucedió que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal unificaron sus pedidos de sesión especial para el jueves, con el fin de tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles. Tal decisión se interpretó desde el oficialismo como una forma de “obstaculizar” la discusión sobre el proyecto de Ganancias, que busca que los trabajadores que ganen menos del 150 mil pesos no paguen más el tributo.

La bancada opositora que conduce Mario Negri salió con un comunicado a negar esa intención, aclarando además que la sesión por biocombustibles había sido pedida -al igual que desde el Interbloque Federal- con “diez días de antelación”.

Desde Juntos por el Cambio aseguraron que el acuerdo con el otro espacio opositor se dio para finalmente “abordar un tema urgente que afecta directamente la economía de muchas provincias, en especial del norte y centro del país”.

Y recordaron: “La decisión de pedir una sesión para el jueves venidero se fundó en el entendimiento de que el oficialismo realizaría una sesión especial para modificar el impuesto a las Ganancias y las escalas del monotributo este martes 23 de marzo, algo que no sucedió por exclusiva decisión del oficialismo”.

“Juntos por el Cambio reafirma la vocación de sancionar tanto la prórroga de la Ley de Biocombustibles, que cuenta con media sanción del Senado, como los proyectos atinentes a Ganancias y monotributos”, sostuvieron en el comunicado.

Por eso, propusieron también sesionar este jueves a las 14 para “tratar durante esta semana los proyectos que mejorarán el bolsillo de los trabajadores”.

En lo que respecta a biocombustibles, tema que arrancó a tratarse este lunes en comisión, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal con asistencia perfecta estarían a tres diputados del quórum. En tanto, desde Unidad Federal para el Desarrollo, el mendocino José Luis Ramón puso en duda el acompañamiento de su bancada a esa sesión especial.

Ahora, en cuanto a Ganancias y el pedido del Frente de Todos -encabezado por su jefe, Máximo Kirchner- para sesionar el sábado, la nota fue firmada por legisladores de Unidad Federal para el Desarrollo, pero también del Interbloque Federal. Es decir, la bancada que conduce Eduardo “Bali” Bucca acompaña al oficialismo en la convocatoria para el sábado. También firmaron la solicitud el riojano Felipe Álvarez y la neuquina Alma Sapag.

Una cuestión no menor será qué pasará con los resultados de los test por Covid-19 que los diputados se realizaron entre este lunes y este martes para poder participar de la sesión del jueves, tal como establece el protocolo, dado que los resultados tendrían una duración de 72 horas.

Diputados de la oposición reclamaron este lunes una prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles, que caduca el 12 de mayo, hasta tanto se acuerde una nueva ley entre todos los sectores, tal como impulsa el Gobierno.

Fue durante la reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que contó con la presencia del secretario del área, Darío Martínez, quien propuso trabajar en una nueva ley pero no dio detalles de la propuesta oficial.

El encuentro tuvo lugar a tres días de la sesión especial pedida por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal para tratar el proyecto aprobado en el Senado que extiende el régimen actual por cuatro años.

El radical Fabio Quetglas fue el primero en preguntarse “si no es conveniente prorrogar la ley vigente y constituir una comisión que trabaje durante un año” para generar un nuevo régimen. “La señal que damos si legislamos a las corridas no es positiva”, consideró, y como “alternativa” propuso que el Poder Ejecutivo prorrogue la ley por decreto hasta el 31 de diciembre.

La representante del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag habló de lo que significan los hidrocarburos para su provincia: “Más de la mitad del abastecimiento interno de gas y un cuarto de la producción de petróleo son aportados por la riqueza del suelo neuquino. Treinta mil empleados en forma directa y pymes de 17 provincias trabajan en relación con Vaca Muerta”.

Sapag informó que “estos recursos contribuyen al fisco neuquino en un 35%”, por lo que afectarlos “dañaría severamente la capacidad de la provincia de sostener servicios básicos”. “Como neuquina no tengo otra opción que defender el trabajo de la gente de mi provincia”, admitió, y por eso llamó a buscar consensos: “Esto no es una cuestión de compulsa ambiental, si los biocombustibles o los hidrocarburos son buenos o malos. Todo es bueno para el país”.

El santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) recogió el guante y dijo que “el consenso no tiene por qué ser unanimidad”. “Necesitamos avanzar hacia una norma con el mayor nivel de consenso sabiendo que no vamos a lograr la unanimidad”, afirmó, y señaló que “hoy el régimen pareciera tener un consenso unánime cuando en aquel momento, en 2006, no fue así”.

Por su parte, la radical Jimena Latorre -extitular del Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza- ponderó que se haya llegado a “un punto de coincidencia: necesitamos una nueva discusión, la Argentina no es la misma de 2006”. Sin embargo, expresó sus dudas sobre el borrador de proyecto que circuló en las últimas horas y la futura composición de la supuesta mesa multisectorial para abordar el tema.

“Se debe seguir trabajando, pero tomémonos el tiempo para trabajar en una planificación para no seguir con el mismo régimen de promoción vigente hace 15 años si queremos ser progresistas y trabajar en un crecimiento, ampliación y diversificación real de la matriz energética. Deben estar todos los actores sentados en el momento de rediseñar el régimen e incluso expandirlo para que haya una real diversificación”, especificó Latorre.

El tucumano José Cano, también de la UCR, sostuvo que “para nuestras economías regionales, es fundamental tener certeza” y mencionó que “la industria azucarera genera más de 60.000puestos de trabajo con la producción de bioetanol”. “Lo más sano sería hacer una prórroga y poner una fecha tope para tratar de tener la mejor ley”, coincidió.

Desde Chubut, Gustavo Menna aportó: “Pertenezco a una provincia petrolera, pero entiendo perfectamente la necesidad de prorrogar este régimen”. “Toda una actividad productiva depende de la suerte de esta ley”, afirmó, y consideró que “debe primar un principio de solidaridad regional” entre las provincias, al poner como ejemplo que la Ley Ovina (25.422), que beneficia a la Patagonia, “vence en pocos días”.

El oficialista Marcos Cleri subrayó que la 26.093 “fue una excelente ley que ha podido construir una gran cantidad de inversión y trabajo en el interior del país”. Detalló que de las 55 plantas que producen biocombustibles, 16 son de bioetanol de azúcar, seis de bioetanol a base de maíz, una no funciona (Vicentin Avellaneda) y las restantes plantas son a base a soja (biodiesel).

El santafesino resaltó que con el proyecto que comenzó a circular, “de las 55 plantas, 47 estarán incorporadas al nuevo régimen”. Además, observó que “si se prorroga la ley actual va a quedar el corte del 5% mínimo para el bioetanol y el biodiesel” cuando “en resoluciones anteriores se les fue dando mayor participación en el mercado”.

Hacia el final, uno de los diputados más duros fue el mendocino Omar De Marchi (Pro), que dijo desconocer el borrador de proyecto y lanzó: “No hay proyecto de ley que discutir porque no hay un proyecto energético integral en Argentina, no hay un plan económico integral en Argentina que nos oriente para saber hacia dónde estamos yendo”.

Félix, titular de la comisión, adelantó que habrá otros encuentros futuros, pero no opinó sobre la prórroga de la ley. “Mi gran duda es ni no nos animamos a generar el debate que construya una ley… todos sabemos que es un año político, hay que animarse a intentarlo”, se limitó a decir.

El secretario de Energía, Darío Martínez, llamó a discutir un nuevo régimen para los biocombustibles diferente al actual, que vence el 12 de mayo, en el marco de una mesa multisectorial. Lo dijo al participar de una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que el oficialismo convocó debido a la presión opositora para prorrogar la ley vigente.

“El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”, expresó Martínez al exponer en la comisión presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que también contó con la presencia de representantes de cámaras empresarias que apoyaron la discusión de un nuevo esquema (Ver abajo).

El funcionario admitió que “la evolución mundial en materia de cuidado del medioambiente es un eje en esta discusión” pero también pidió “proteger a las pymes” y “los puestos de trabajo”, y “entender cuál es el impacto (de las medidas a tomar) en los consumidores, en la industria y en el transporte”.

Martínez -que asumió el cargo en agosto pasado- recordó que en noviembre pasado el Gobierno estuvo a punto de lograr un acuerdo con el sector, pero “se demoró y terminamos en enero en un sendero de precios para recomponer la industria y la actividad”, y el tema se judicializó.

Ahora, participando de la reunión informativa de la Comisión de Energía de @DiputadosAR sobre el Régimen Regulatorio de Biocombustibles

🔴Transmisión en vivo https://t.co/Wpr3WAKDCU pic.twitter.com/4SqkW9MRH7

— Darío Martínez (@dariomartinezpj) March 22, 2021

Si bien no brindó detalles del nuevo régimen propuesto, resaltó que “tiene la obligación de tener en cuenta la protección de aquellos que en 15 años de régimen no les alcanzó para desarrollarse”. “Me refiero a las pymes, a los sectores que no tienen la capacidad financiera de poder desarrollarse”, explicó el secretario del área.

También llamó a “entender los diferentes mercados con la caña de azúcar, el maíz y la soja”, ya que “no son las mismas realidades: hay que hacer un esfuerzo compartido pero mayor, porque no tienen la posibilidad de un mercado internacional creciente”.

Finalmente, propuso la creación de una comisión multisectorial con la participación de todos los actores involucrados “en función del nuevo escenario a nivel nacional e internacional, y de la fecha en la que estamos”, dado el vencimiento inminente de la Ley 26.093.

El origen y la transición energética

Al inicio de su exposición, Martínez recordó que a comienzos del año 2000 “los biocombustibles nos plantearon un horizonte muy positivo, muy alentador” ya que “parte de la transición energética en el mundo” se orientaba a ellos, y así surgió en 2006 la Ley 26.093, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.

El secretario de Energía insistió en que “fue una gran herramienta en el marco en el que se la tomó”, pero “hoy estamos de vuelta analizando el tema porque tenemos el vencimiento de los 15 años de ese régimen”. Por eso, pidió “ver cuáles fueron las cuestiones que no funcionaron bien si queremos tener un régimen que funcione mejor y que optimice el esquema que teníamos”.

“En el contexto internacional, de 2006 hasta ahora también se modificaron situaciones: la transición energética ahora también tiene otras variables a ser consideradas”, como “la electromovilidad, el hidrógeno y tomar al gas como combustible de transición”, describió el funcionario, y graficó: “En 20, 25 años, poner en marcha un motor a combustión también va a ser mirado de reojo, y esto no lo podemos negar”.

La voz de las cámaras empresarias

Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), reconoció que vienen “de dos años nefastos para el sector” y que estaban “al borde de perderse todas las inversiones que se habían hecho en 15 años” hasta que Martínez asumió en la Secretaría de Energía y se buscó “una solución parcial hasta llegar a este punto del vencimiento de la 26.093”. “Siempre las cámaras hemos buscado una nueva ley”, dijo.

Por su parte, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), coincidió en que “esta ley ha tenido enormes beneficios”. “Venimos trabajando en una ley superadora que contemple los cambios que ha habido, una ley moderna que incluya a toda la industria y que potencie los beneficios obtenidos”, aseguró.

De todos modos, consideró que “sería necesaria una prórroga que nos dé tiempo para debatir una ley superadora”, y agregó que el nuevo régimen “debe tener en cuenta todo lo bueno de lo que sucedió hasta ahora pero también corregir algunos temas”.

Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradas de Biocombustibles (CEPREB), afirmó a su vez que “esta ley dará previsibilidad jurídica a la actividad y permitirá la realización de inversiones que incrementarán las fuentes de trabajo”.

A su turno, el director ejecutivo de Biomaíz, Patrick Adam, también reclamó “más tiempo para que todos podamos participar de la elaboración de una ley que tranquilamente puede salir por consenso. Para eso hay que escuchar a todos los productores, sean de la materia prima que sean, sean pequeños, medianos o grandes”, dijo, y añadió que “el mundo avanza decididamente hacia una matriz energética sustentable reduciendo la utilización de combustibles fósiles”.

Por la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO), José Porta, criticó que se haya tardado tanto en iniciar la discusión parlamentaria y también llamó a buscar consensos: “Las leyes son perfectibles, vía resoluciones o acuerdos. No hay forma de que una ley sea perfecta”.

Además, Porta explicó que “hay una diferencia clara entre la materia prima con la cual se genera el biocombustibles, como la caña o el maíz. Así y todo, hay que cuidar a todas las industrias, chicas o grandes, cada una con sus particularidades”.

El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijoó, destacó que “ninguna otra cadena agroindustrual en estos 15 años puede acreditar las inversiones que los biocombustibles han hecho como consecuencia de esta ley, distribuidas en diez provincias”. Agregó que en el sector azucarero esto se traduce en “20 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 60.953 trabajadores en forma directa”.

“No voy a alimentar dilemas falsos sobre ‘Vaca Muerta o vaca viva’. Argentina no se pude permitir eso en esta coyuntura. Lo inteligente sería aprovechar todos los recursos disponibles que tenemos como país”, señaló Feijoó, y subrayó: “La 26.093 fue un éxito político. Argentina se anticipó rente a otros países del mundo, eso tenemos que capitalizarlo”.

En la comisión también expusieron Juan Facciano (Cámara Santafesina de Energías Renovables), Hilarion Del Olmo (Cámara Panamericana del Biocombustible) y Tomás Lorda (Cámara de Empresas y Pymes Regionales).

El jefe del interbloque de diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, puso en duda el acompañamiento de su bancada a la sesión especial convocada por la oposición para este jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.

Se trata del pedido que unificaron Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, presididos por Mario Negri y Eduardo “Bali” Bucca, para tratar el proyecto proveniente del Senado, que extiende beneficios impositivos para más de medio centenar de plantas productoras de biodiesel y bioetanol en todo el país.

“Mario Negri, Cristian Ritondo y ‘Bali’ Bucca tendrán que acercarse, conversar, plantearnos cuáles son sus intereses, y nosotros en consecuencia vamos a obrar. Hasta el momento ninguno se ha acercado a hablar con nosotros”, se limitó a decir Ramón en diálogo con Diputados TV.

Las dos principales bancadas de la oposición reúnen, con asistencia perfecta, 126 diputados, quedando a tan solo tres del quórum, por lo que la postura de Unidad Federal para el Desarrollo, que tiene seis integrantes, será clave.

De todos modos, el proyecto de ley requiere del voto de los dos tercios de los presentes para ser aprobado ya que no cuenta con dictamen de comisión.

Ramón sostuvo que hay “intereses económicos muy fuertes” en torno al tema: “Uno tiene que ver con la industria del petróleo, y el otro, con aquellos que siembran soja, caña de azúcar, y están intentando incorporarse a los combustibles de manera más amigable con el medioambiente”.

“El segundo tema es la caja de recaudación de los gobernadores de las provincias que gestan el petróleo o los biocombustibles, y en ese sentido hay fundamentalmente dos gobernadores que lo están empujando -el de Córdoba y el de Tucumán-, y gobernadores que pertenecen a la zona de producción petrolera, que en mi provincia genera, si no es el primero, el segundo origen de ingresos”, describió.

Y agregó: “Más allá de las consideraciones ambientales, de que necesitamos tener cada vez más energías limpias -sobre todo las que se consumen en gran cantidad, como los vehículos-, también hay un tema de hegemonía de provincias centrales como Córdoba, las llamadas “ricas”, que van a tener aún más hegemonía porque los ingresos que reporta este combustible son muy grandes”.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó este lunes un proyecto de ley que apoya la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, pero lo condiciona a la creación de una “Mesa Redonda Nacional para el Desarrollo de Biocombustibles”, más allá de la normativa actual.

La iniciativa postula la extensión de la Ley 26.093 hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que deberá conformarse una “Mesa Redonda Nacional” encargada de elaborar un “Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles”, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica su producción, incorporando aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales.

Según el texto presentado por la legisladora mendocina, esa mesa tendrá un plazo de tres años para presentar un plan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, “para su adecuación y consolidación como proyecto de ley, a fin de alcanzar su implementación antes del vencimiento de la prórroga”.

“La promoción del desarrollo de biocombustibles nos presenta el desafío de dar un debate real sobre el tema, que comprenda no sólo a decisores políticos sino a todos los actores involucrados en el sistema. Se hace necesario avanzar desde la ciencia y el trabajo gubernamental interdisciplinarios -económicos, ambientales, territoriales, sociales- con el objeto de profundizar la investigación del territorio y de opciones de tecnología que permitan lograr una ecuación económica favorable”, expresó Latorre.

La radical resaltó que “el mundo avanza en el camino de la diversificación de la matriz energética a través de distintos medios y tecnologías, logrando día a día innovaciones y mejoras continuas en la materia. En la actualidad es sumamente necesario diversificar la matriz energética, pero para ello debe conocerse con exactitud cómo es la disponibilidad de recursos explotables”.

“Mientras no sea claro el panorama de producción futura de hidrocarburos convencionales y no convencionales con volúmenes predecibles de oferta en el tiempo, no es viable tampoco establecer una estrategia de abastecimiento externo y de sustitución posible de unas fuentes de energía por otras”, continuó.

De acuerdo al proyecto, el “Plan Estratégico” tendrá por objetivo impulsar la expansión de las fuentes para el desarrollo de biocombustibles, considerando el potencial de cada una de las provincias; reducir los niveles de dependencia energética; contribuir al desarrollo de la industria nacional y a la creación de empleo. En cuanto impacto ambiental, deberá contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

También buscará impulsar políticas integrales fiscales y financieras que otorguen beneficios económicos a cada uno de los actores del sistema; promover el desarrollo de biomasa en zonas no pobladas del país, a partir del uso de tecnologías actuales, integrando los aspectos ambientales del territorio; promover la transparencia, eficiencia y rapidez en la tramitación y aprobación de los procedimientos necesarios para la habilitación de las plantas en las respectivas jurisdicciones.

Por otra parte, mejorar el posicionamiento de los biocombustibles de Argentina en Latinoamérica y en el mundo; promover políticas de recolección de desechos orgánicos que puedan ser tomadas como ejemplo por los distintos municipios del país, a fin de integrar esos procesos y a los distintos actores involucrados en la cadena productiva de biogás; crear redes de universidades, organismos científico-técnicos, organizaciones cuyo fin sea la promoción y el desarrollo de esta energía, decisores políticos y demás actores, en el campo de biocombustibles a fin de promover mejoras y desarrollo continuo.

En la mesa deberán participar los integrantes de la Comisión Nacional Asesora y los representantes de áreas técnicas de todas las provincias, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), de relaciones exteriores, de organismos científicos de las distintas áreas de estudio, de asociaciones de consumidores o usuarios, técnicos en materia tributaria, consultores expertos en desarrollo de políticas de biocombustibles.

Su primera misión será elaborar un informe de situación en materia de biocombustibles, tras más de diez años del régimen vigente, el que quedará disponible vía web a toda la ciudadanía.

“Entendemos que es necesario que el país se prepare para impulsar políticas integradas, acordes a los tiempos que corren, que incluyan a todos los actores de la cadena productiva, en procesos transparentes, con el objeto de impulsar la economía para lograr el crecimiento de la Argentina, demostrando que los combustibles obtenidos de biomasa pueden convertirse en una genuina alternativa energética y utilizando las tecnologías a disposición”, finalizó la diputada.

El proyecto fue acompañado por sus pares Claudia Najul y Carla Carrizo.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados resolvió activar la Comisión de Energía y Combustibles, que no se reúne desde hace casi un año, como respuesta a la presión ejercida por la oposición al convocar a dos sesiones especiales para el próximo jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.

El oficialista Omar “Chafi” Felix, titular de la comisión, convocó a una reunión informativa para este lunes a las 17 con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien deberá justificar por qué el Gobierno decidió, hasta el momento, frenar la prórroga de la ley que otorga beneficios fiscales a plantas productoras de biocombustibles.

En octubre pasado, el Senado aprobó por unanimidad la extensión de la ley por cuatro años, es decir hasta 2024, pero el Poder Ejecutivo no incluyó el proyecto en el temario de extraordinarias para que pudiera ser tratado en la Cámara de Diputados a pesar de que los tiempos apremian, ya que el régimen vigente caduca en mayo.

Con el período ordinario ya en marcha, la oposición profundizó el reclamo para sancionar la ley y convocó a dos sesiones para el próximo jueves: la primera fue citada para las 11 a pedido de Juntos por el Cambio, y la segunda, a las 12, fue impulsada por el Interbloque Federal.

Si ambas bancadas aúnan esfuerzos y consiguen sumar a diputados de otros espacios, como Unidad Federal para el Desarrollo o el Frente de Izquierda, lograrían llegar a los 129 necesarios para el quórum, pero luego deberán reunir dos tercios de los votos para aprobar el proyecto ya que no cuenta con dictamen de comisión.

Es por eso que el Frente de Todos, con 117 integrantes sumados a aliados como el riojano Felipe Álvarez y la neuquina Alma Sapag, no tendría inconvenientes en bloquear la sanción de la ley, a menos que varios oficialistas se rebelen y acompañen la votación.

Es que en el bloque presidido por Máximo Kirchner hay posiciones encontradas, dado que se trata de un tema transversal que enfrenta a las provincias que tienen plantas productoras de biocombustibles con aquellas que producen petróleo.

Sin ir más lejos, en los últimos días la diputada oficialista Carolina Moisés, de Jujuy, presentó un proyecto propio para prorrogar la ley no por cuatro, sino por diez años, con el objetivo de “dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”.

“Es pertinente dar un marco de previsión en donde ellos puedan prever los volúmenes que se demandarán, para así poder planificar las nuevas instalaciones necesarias y los niveles de empleo”, sostuvo la jujeña en su iniciativa.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) intimó al presidente Alberto Fernández a que prorrogue la Ley de Biocombustibles a través de un decreto, ya que la media sanción que le dio el Senado a fines de 2020 quedó trabada en la Cámara de Diputados y la norma en vigencia expira en 50 días.

“Señor presidente, no ceda ante las presiones de las petroleras. Va a perjudicar a las economías regionales del Norte. No destruya a la industria azucarera como lo hizo Onganía”, advirtió la legisladora.

Para Elías de Pérez, la decisión del Gobierno de poner un freno a la prórroga de la Ley de Biocombustibles que tuvo unanimidad en el Senado “está mostrando un lobby petrolero monstruoso y deja de lado el desarrollo de los biocombustibles que son de vital importancia para Tucumán y otras provincias del Norte”.

“La carta documento lo que hace es intimar al presidente a que decrete la prórroga de cuatro años de la Ley de Biocombustibles, ya que la misma norma prevé que cumplidos los 15 años de vigencia de este marco legal para la producción de biocombustibles el Poder Ejecutivo puede prorrogarlo por cuatro años más. Estos cuatro años estaban previstos al inicio de la ley para que las empresas pudieran hacer inversiones y recién al quinto año se empezaba con la producción de biocombustibles”, explicó Elías de Pérez.

La senadora tucumana fue reelecta este martes por sus pares del Senado como presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversiones. “Para Tucumán es tan importante la prórroga de esta ley que nos recuerda cuando en el gobierno de Onganía cerraron los ingenios azucareros y se dio el éxodo más grande de tucumanos a otras provincias. Si la ley de Biocombustibles no es prorrogada vamos a correr la misma suerte, se puede desplomar el precio del azúcar y toda nuestra industria madre”, lanzó.

Y agregó: “Además se está dando de espalda al Protocolo de Kioto que ha firmado el país para dejar de lado las energías que producen el efecto invernadero y priorizar los biocombustibles. Si la ley de Biocombustibles no tiene la prórroga, Tucumán en 50 días entrará en un colapso”. 

En la Cámara baja, la oposición pidió dos sesiones para este jueves con el fin de aprobar el proyecto en cuestión: primero, el Interbloque Federal conducido por Eduardo “Bali” Bucca convocó para las 12, y este martes Juntos por el Cambio convocó a su propia sesión para una hora antes, a las 11, con esa y otras iniciativas.

La carta documento

Digitalizar-16-mar.-2021

Luego de que un sector de la oposición pidiera una sesión especial para este jueves con el fin de tratar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag llamó a “defender a toda la industria” y “no entrar en una suerte de controversia”.

“Lo que está faltando es sentarse en una mesa con todos los sectores que hacen a la matriz energética para defender a toda la industria y de todo el país, y no entrar en una suerte de controversia”, consideró Sapag en diálogo con parlamentario.com, y agregó que “todos los sectores son importantes; el secreto es unirlos en un norte común”.

Así se expresó la legisladora luego de que el Interbloque Federal formalizara un pedido para tratar el proyecto que cuenta con media sanción del Senado y que prorroga la Ley 26.093 de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.

Sapag, que tiene un monobloque en la Cámara baja, explicó que “el análisis sencillo de este tema indica que a mayor uso de bioetanol, menor uso de petróleo crudo; por lo tanto, son menos regalías para mi provincia y menos empleo para los neuquinos”, y a su vez “se plantea lógicamente una pelea entre las provincias de la Pampa Húmeda y del Norte contra la Patagonia”.

“Hoy la oferta de petróleo crudo en nuestro país casi se iguala a la demanda que proviene de las refinerías para el consumo interno, o sea que solo se exporta un excedente de crudo Escalante en Chubut que no puede ser refinado en nuestro país. Por lo tanto, esta competencia que se plantea no parece ser tal”, observó la diputada.

En ese sentido, opinó que “a medida que crezca nuestra producción, a mayor uso de biocombustibles deberíamos poder exportar nuestro crudo con valores internacionales, tal como se estableció en la presidencia de Cristina Kirchner con el decreto 929/13, que dejaba un saldo exportable del 20%. Eso es lo que hay que cumplir”.

“Deberíamos ir por el medio, sin tomar posturas extremas. Que sea ganar-ganar para todos los sectores”

Sapag señaló que “todos los proyectos presentados por legisladores representantes de provincias productoras de biocombustibles son peores que el actual régimen, por lo que una prórroga de dos años con las mismas condiciones que sufrimos los últimos 15 no pareciera ser un mal negocio”.

“Deberíamos ir por el medio, sin tomar posturas extremas, apoyando una fórmula de incorporación de los biocombustibles a la nafta que sea razonable, y al mismo tiempo que en materia de precios haya una ecuación razonable y de equilibrio para no cargar todos los esfuerzos financieros y comerciales en las refinerías, y principalmente en los consumidores. Que sea ganar-ganar para todos los sectores”, resumió la neuquina.

De ese modo, sostuvo que “hay una ecuación que le permite al país tener saldos exportables de petróleo y de soja para generar divisas, creando un círculo virtuoso de inversiones y de complementación para favorecer el trabajo y defender también el cuidado del ambiente con metas claras”.

“Lo mejor que nos puede pasar es que el tema no escale, porque no es necesaria la controversia”, insistió, y aseguró finalmente que “lo que está faltando es sentarse en una mesa con todos los sectores que hacen a la matriz energética para defender toda la industria y de todo el país”.

Luego de que se publicara en el Boletín Oficial una nueva ampliación del temario de sesiones extraordinarias para tratar las reformas en el impuesto a las Ganancias, el diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez criticó que se excluyera la prórroga de la Ley de Promoción de los Biocombustibles, un proyecto que cuenta con aprobación del Senado y que el oficialismo se había comprometido a tratar durante el verano.

Rodríguez advirtió que “el gobierno del Frente de Todos sigue negándose a cumplir el compromiso parlamentario de tratar la prórroga a la Ley de Biocombustibles en el período de sesiones extraordinarias”.

“No puede interpretarse de otra manera que no sea una provocación el hecho de que el Poder Ejecutivo apruebe cuatro decretos para poner 35 proyectos en la agenda de extraordinarias y se niegue de manera sistemática a incorporar lo que es un compromiso parlamentario y también un compromiso público”, amplió el legislador lavagnista.

NEGATIVO. El gobierno del Frente de Todos sigue negándose a cumplir el compromiso parlamentario de tratar la prórroga a la Ley de #Biocombustibles en el período de sesiones extraordinarias. pic.twitter.com/FVb8FxBPPc

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 18, 2021

A fines de diciembre, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, informó que en enero se trataría la prórroga del Régimen de Biocombustibles, pero el Ejecutivo no incorporó el proyecto en ninguna de las tres ampliaciones de temario, por lo que podrá ser tratado recién a partir de marzo.

Hace un mes, el bloque Consenso Federal -integrado por Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini- le envió una nota a Massa reclamando el tratamiento “urgente” de la iniciativa, ya que los beneficios impositivos dispuestos en la ley caducan en mayo y comprenden a productores de 54 plantas asentadas en diez provincias.

Dos legisladores de sendas provincias particularmente interesadas en el tema de los biocombustibles reclamaron enfáticamente este jueves el tratamiento de la prórroga del régimen vigente. Fue en el marco de las cuestiones de privilegio y al tema se refirieron el diputado Carlos Mario Gutiérrez, de Córdoba Federal, y el santafesino Luis Contiggiani, en cuyas intervenciones se informó del acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, para solicitarle al Poder Ejecutivo la incorporación del proyecto al temario de sesiones extraordinarias.

En su alocución, el cordobés Carlos Gutiérrez confirmó que Massa haría esa solicitud. “Estamos hablando de un sector que como tantos otros cuenta con inversiones verdaderamente notables en los últimos años y que lo que necesita para seguir adelante con las mismas es certezas”, precisó Gutiérrez, quien por otra parte se manifestó a favor de discutir una nueva ley.

Al cabo de su exposición, el secretario administrativo de la Cámara leyó el texto de la carta enviada por el presidente Sergio Massa a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, solicitándole incorporar al temario de las sesiones extraordinarias el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustible en la República Argentina.

A continuación, el diputado del Frente Cívico y Social Luis Contiggiani ponderó las gestiones realizadas por el presidente del cuerpo a pedido de todos los bloques, e hizo votos por un pronto tratamiento del tema, en el marco de una cuestión de privilegio al Poder Ejecutivo. Lamentó “sus contradicciones, sus dudas, permitir que se cuelen intereses que atrasan en un debate estratégico para el país, que es del presente y del futuro”.

“No entendemos las dudas de la presidencia de la Nación, porque claramente yo separo la prórroga, del debate de una nueva ley”, señaló, admitiendo esa discusión porque “tengo cosas para aportar”, pero aclaró que antes “tendríamos que prorrogar, darles certidumbre a estas personas en un área estratégica del país y luego ponernos a discutir una nueva ley”.

De paso, deslizó una crítica haca el Gobierno al recordar que en la Cámara alta el tema ya fue aprobado por unanimidad: “El Senado de la Nación está por delante del Poder Ejecutivo Nacional, entendió mucho mejor; inclusive legisladores oficialistas del Frente de Todos de mi provincia están entendiendo mejor esta problemática que el Gobierno nacional”.

El senador nacional Mario Fiad expresó su preocupación por el dilatado tratamiento de la prórroga de la Ley 26.093 de régimen y promoción para la producción y el uso sustentable de biocombustibles que vence en el mes de mayo de este año.

Al respecto, Fiad manifestó: “En dos oportunidades he presentado iniciativas para modificar la ley de biocombustibles y para prorrogar la misma. Su promoción y uso es de vital importancia para todo el país, ya que desarrolla las economías regionales, genera empleo genuino para la población y tiene un alto compromiso con el ambiente”.

El año anterior, Fiad presentó un proyecto donde se prorrogaba por 15 años la ley e introducía modificaciones a los mínimos de corte de biocombustible al 10% para biodiesel y 15% para bioetanol. Además, determinaba que el bioetanol fuera 50% a base de caña y 50% a base de maíz.

En este sentido, el legislador jujeño resaltó: “ El año pasado acordamos junto a otros senadores avanzar sólo con la prórroga, y acepté esperar para tratar detenidamente el resto de las modificaciones que presentaba mi proyecto, sin embargo, después de cuatro meses de haberla aprobado en el Senado, la Cámara de Diputados sigue dilatando su tratamiento”.

Por otra parte, Fiad destacó el trabajo realizado en su provincia: “En Jujuy, desde el año 2015 iniciamos un camino en el que uno de los ejes es el cuidado ambiental, bajo el lema “Jujuy Energía Viva”. A su vez, con el programa “Jujuy Verde”, se tomó la decisión de diversificar la matriz productiva y mitigar el cambio climático a través de las energías renovables, la gestión de residuos urbanos y el concepto de ciudadanía ambiental”.

“La prórroga de la ley de biocombustibles es urgente y no puede esperar más. El país necesita sembrar energía. Pedimos al gobierno que respete los acuerdos arribados y que habilite el tratamiento de esta iniciativa para dar previsibilidad a este sector productivo y llevar tranquilidad a miles de trabajadores y a sus familias”, finalizó Fiad.

El desarrollo de una política de fomento de los biocombustibles es clave para sostener  las economías regionales del país. Por eso desde el Senado de la nación impulsé junto a la senadora María de los Ángeles Sacnun la prórroga de la  Ley 26.093 hasta el 2024. Es un compromiso con mi provincia y su esfuerzo por crecer. El bioetanol es una fuente de recursos de energía, que también impacta en la salud, y desde ya en la economía, en el camino a un desarrollo socio-territorial más equilibrado en la Argentina.

Según los datos disponibles la producción de alcohol de la molienda 2020 ronda los 540.000 m3, un volumen muy importante, a pesar de  la caída de la demanda de combustibles por la pandemia y el congelamiento de su precio. Sin embargo, la industria logró superar las primeras estimaciones de producción para atender  las demandas tanto del deshidratado para la mezcla con naftas, como del hidratado.

El aporte más significativo del bioetanol de caña de azúcar es el sostenimiento de aproximadamente 60.500 empleos directos y 156.000 indirectos en el NOA, lo que constituye a ese sector en el principal empleador privado de la región. La segunda contribución es la diversificación productiva de la caña de azúcar.

Uno de los aspectos centrales de la posibilidad de desarrollo del bioetanol como alternativa y complemento con otros combustibles es la fijación de un precio que permita a la industria azucarera participar de manera sostenible.

La aprobación de la  prórroga de la ley de biocombustibles por unanimidad en el Senado de la Nación, un hecho destacable, demuestra el consenso político de las provincias argentinas respecto de esa norma. En una de las últimas sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el proyecto logró la mayoría especial de 2/3 para ser tratada sobre tablas, otro hecho demostrativo de la amplia mayoría de adhesión a la prórroga; sin embargo, no llegó a tratarse. Y es urgente que eso ocurra.

Desde la sanción de esta ley que crea el mercado de biocombustibles, se han concretado inversiones estimadas en U$S 3000 millones, traducidas en 54 plantas industriales,  en 10 provincias, que agregaron valor a la materia prima donde se produce, en zonas de baja o media industrialización.

Los argentinos y argentinas aprovechamos una oportunidad, inclusive antes que muchos otros países del mundo. Es esperable que las políticas virtuosas sean sostenidas y profundizadas. Y el compromiso de los/as legisladores/as a nivel nacional es impulsar que ello ocurra.

La promoción de los biocombustibles es beneficiosa para el país: aporta a las economías regionales, complementa otras formas de energía y contribuye con el ambiente.  No hay razones para no prorrogar la ley. 

Los biocombustibles sustituyen la importación de naftas, cuidando las reservas de divisas del Estado nacional. Solo en el año 2019 el bioetanol ha sustituido importaciones de naftas por U$S 521 millones y el biodiesel ha realizado exportaciones por U$S 900 millones, es decir, un total de U$S 1421 millones.

A pesar de ello, en 2019 fue necesario importar 520.000 m3 de naftas para satisfacer la demanda, lo que podría evitarse con la capacidad industrial instalada para producir el bioetanol que la sustituya.

Incluso si se analiza que la tendencia mundial es la imposición de restricciones a los combustibles fósiles. Según expertos, el Reino Unido anunció la prohibición de uso de gasolina en el 2030 y California, en 2035; recientemente Dinamarca puso fin a las exploraciones de petróleo y gas. También es tiempo de uso creciente de los biocombustibles en países como Brasil, que desde hace tiempo promueve un corte de 27 % de bioetanol en nafta, Estados Unidos e India (que anunció alcanzar el corte del 10% de etanol en nafta en 2022 y del 20% en 2030); y nuestro vecino Paraguay, que ya lo ubicó en un 25%.

Además de lo dicho hasta ahora Argentina se comprometió a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y los biocombustibles ayudan a ello. En 2005 en  Kioto  y luego el Acuerdo de París, ratificado por la ONU (2016),  se dictaron leyes nacionales, Ley N° 27.270 (2016, por Acuerdo de París) y Ley N° 27.520 (2019, Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático), en este empeño, los biocombustibles son la vía más eficaz, ya que reducen entre el 70% y 80% los GEI de los fósiles.

El cuidado ambiental es una cuestión central, directamente relacionada con el cuidado de la salud de la población, y es precisamente la razón que está detrás de las medidas que en materia de combustibles vehiculares vienen adoptando muchos países del mundo.

Por ello sostengo que no hay razones para demorar la prórroga de la ley. Economía, cuidado del ambiente, salud y respuesta energética son argumentos de peso.

No fue el 20 de enero, como se había especulado, ni tampoco este miércoles 27, como se daba por descontado. Al final, no habrá sesiones en el mes de enero en la Cámara baja, según pudo confirmar parlamentario.com de fuentes confiables.

Ya el año pasado se había anticipado que Diputados trabajaría en enero; no así el Senado, que decretó asueto para todo el mes. Pero al final se impuso la tradición que establece que salvo crisis nacionales, enero no tiene actividad en el Congreso. Aunque en realidad no se trata de tradiciones -va más allá de eso-, sino de discrepancias que parten del rechazo de Juntos por el Cambio a firmar el Protocolo de Funcionamiento Remoto hasta tanto no se acuerde el temario a tratar. El temor de esa bancada opositora es a que el oficialismo trate de incluir temas conflictivos como las reformas en la Justicia.

El Frente de Todos se había ilusionado con poder sesionar igual esta semana luego de haber acordado con el resto de la oposición, y celebraron especialmente haber logrado la firma de Alejandro “Topo” Rodríguez por Consenso Federal, completando así el espectro opositor que prestó su aval para seguir sesionando de manera mixta -con mayoría presencial y una minoría en modo virtual- hasta el 12 de febrero inclusive.

La discordia surgió con uno de los temas previstos para tratar en esta sesión, la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que vence en mayo. Como el proyecto no fue incluido en la ampliación del temario de extraordinarias, el bloque Consenso Federal en particular consideró incumplidos los compromisos.

El proyecto fue aprobado por unanimidad el 30 de octubre en el Senado, pero ahora surgen reparos en el Gobierno y es por eso que el tema no fue incluido en extraordinarias. Por eso es que el interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca emitió este lunes un comunicado en el que advirtieron que “la ausencia de explicaciones y el incumplimiento de los compromisos generan incertidumbre, socavan la confianza, al extremo de poner en riesgo las fuentes de trabajo que se han creado en estos años y las inversiones realizadas”.

En ese sentido, ese bloque exigió “el inmediato cumplimiento del compromiso para tratar la Ley de Biocombustibles” y “que se haga, como corresponde, atendiendo a las opiniones de todos, pero sin ceder a la presión de nadie“, concluyeron.

En este marco todo indica que el tema segirá negociándose, habida cuenta de que hay tiempo hasta mayo para establecer la prórroga del régimen.

Habrá que ver si en este contexto se ponen de acuerdo para sesionar la próxima semana, teniendo en cuenta que hay otros temas en carpeta, como el proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, modificaciones en el régimen de monotributo, la promoción del crédito hipotecario, e incentivos a la construcción, entre otros.

En la última sesión del año 2020, parecieron aventarse las dudas respecto del tratamiento de la prórroga de la Ley de Biocombustibles. Fue en el inicio de la sesión, cuando el diputado nacional salteño Andrés Zottos sacó el tema para recordar la necesidad de abordar esa cuestión. “Señor presidente: no pude participar de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Pero se había acordado -y se lo quería manifestar en este recinto- el tratamiento de la prórroga de la ley de biocombustibles”, expresó el salteño.

El titular de la Cámara le aclaró entonces que en Labor Parlamentaria se había acordado con todos los presidentes de bloques que “los días 19 y 20 de enero -dictamen de comisión mediante y sesión- se tratará este asunto entre otros temas”. Y agregó: “Hay varios temas que están puestos con preferencia para el orden del día. Por ello, la prórroga de biocombustibles se debatirá el día 19 en comisión y el 20 de enero en este recinto.  Vale la aclaración y es importante, tal como se pidió en la Comisión de Labor Parlamentaria, que se lo comuniquemos a todos los diputados presentes”.

Sin embargo el último día de la última semana -a última hora- se conoció la ampliación del temario para extraordinarias… y ese tema no figura. Se quejó vivamente el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, del bloque Consenso Federal, que ni bien conocido el temario enviado por el Ejecutivo tuiteó que “es grave que en Argentina las empresas petroleras incidan en el proceso de toma de decisiones alterando o modificando acuerdos institucionales. El freno al tratamiento de la Ley de Biocombustibles atenta contra el ambiente, la producción y el federalismo”.

HUELE A PETRÓLEO. Es grave que en #Argentina las empresas petroleras incidan en el proceso de toma de decisiones alterando o modificando acuerdos institucionales. El freno al tratamiento de Ley de Biocombustibles atenta contra el #Ambiente, la #Producción y el #Federalismo.

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 23, 2021

Y en otro tuit, el legislador lavagnista salió al cruce de un artículo periodístico que atribuía a las provincias la postergación del tema. “Las provincias petroleras NO se opusieron a la Ley de Biocombustibles”, aclaró Rodríguez. Al contrario, agregó, “la votaron sin ausencias ni abstenciones en el Senado hace menos de 3 meses. El oficialismo se deja arrastrar por ‘las petroleras’ que no son -precisamente- ‘provincias’”.

Recordemos que precisamente la semana pasada el bloque de diputados lavagnistas, que integran Graciela Camaño, Jorge Sarghini y el citado “Topo” Rodríguez, reclamó el tratamiento “urgente” de la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles. Los legisladores le enviaron una nota al presidente de la Cámara solicitando el tratamiento del proyecto cuyo régimen caduca en mayo.

La iniciativa prevé beneficios impositivos hasta diciembre de 2024 para los productores de las 54 plantas asentadas en diez  provincias argentinas.

Para los diputados de Consenso Federal, “la continuidad del régimen es vertebral para la producción federal, el agregado de valor y el sostenimiento del trabajo en gran parte del territorio nacional”.

Sobre el final de la semana pasada el titular de la Cámara acordó con los bloques de la oposición, menos Juntos por el Cambio, el protocolo para seguir sesionando de manera remota. “Topo” Rodríguez estampó la última firma que hacía falta. Se entiende que ese acuerdo incluyó garantías para el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, pero esta novedad pone en duda que se pueda avanzar ahora con ese entendimiento.

El bloque de diputados de Consenso Federal, integrado por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Aejandro “Topo” Rodríguez, pidió que se trate de modo “urgente” la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, ya que esta semana no pudo concretarse la sesión pautada por falta de acuerdo entre el oficialismo Juntos por el Cambio.

Los legisladores de Consenso Federal, que responden al exministro Roberto Lavagna, le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, solicitando que vote lo antes posible el proyecto aprobado en el Senado, ya que el régimen caduca en mayo.

La iniciativa prevé beneficios impositivos hasta diciembre de 2024 para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas.

“La continuidad del régimen es vertebral para la producción federal, el agregado de valor y el sosteniendo del trabajo en gran parte del territorio nacional”, sostuvieron los diputados de Consenso Federal en un comunicado.

Además, señalaron que “las necesidades y compromisos ambientales del país aconsejan no distraer esfuerzos en materia de biocombustibles. Su uso es una manera eficaz e ineludible de contribuir al cumplimiento efectivo del Acuerdo Climático de París, suscripto por la República Argentina y ratificado por el Congreso de la Nación en 2016”.

“La utilización de biocombustibles reduce entre un 70% y un 80% los gases de efecto invernadero, comparados con los combustibles fósiles. Avanzar en la ratificación del régimen también contribuirá a cimentar confianza y construir las certezas imprescindibles para atraer inversiones productivas. Cuanto menos se dependa de los devaneos de la política, más virtuosa resultará la planificación y concreción de ese tipo de inversiones”, consideraron en la nota.

Por eso, exigieron que el Poder Ejecutivo dicte un nuevo decreto ampliando el temario de extraordinarias, ya que el proyecto en cuestión no fue incorporado originalmente.

“Está claro que la agenda parlamentaria en sesiones extraordinarias debe ser fijada por el Poder Ejecutivo Nacional. El caso al que nos estamos refiriendo registra el compromiso de que se aprobará un decreto presidencial para incorporar la prórroga de la Ley de Biocombustibles en el temario de extraordinarias. Por eso es que solicitamos su cumplimiento”, aseguraron.

Por último, aclararon: “No está en nuestro ánimo ni forma parte de nuestras acciones imponer asuntos a ser tratados ni limitar el tratamiento de los que están previstos. Solo pedimos que se cumplan los acuerdos”.

Ya dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que su intención es terminar con los extensos períodos de inactividad de ese cuerpo. Esto es, no apelar a los recesos veraniegos. Y con la intención de cumplirlo, anticipó que habrá una sesión el próximo 20 de enero.

Ese día se trataría la prórroga de la Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con media sanción del Senado. La norma vence en mayo del próximo año, y el tema lo trajo a colación en el inicio de la sesión de este miércoles la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada, quien pidió un apartamiento de reglamento para tratar el tema, atento a que la media sanción del Senado perdería estado parlamentario a la brevedad. Massa le contestó que sabía que el proyecto perdería estado parlamentario en febrero, y por eso lo tratarían el 20 de enero.

Así se acordó con los presidentes de bloque, precisó, aclarando que ese sería uno de los temas a abordar en esa oportunidad.

Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente.

La senadora María de los Angeles Sacnun fue recibida en la Secretaría de Energía de la Nación, por su titular, Darío Martínez, a quien le presentó una propuesta para impulsar el desarrollo del sector de los biocombustibles.

Sacnun señaló que en el encuentro planteó que “es fundamental volver a poner eje en el fomento y la potenciación de los biocombustibles en términos de sus contribuciones y ventajas y agregó que “estamos en contacto permanente con los trabajadores y trabajadoras y las cámaras del sector trabajando para el desarrollo de las economías regionales de todo el país y para mi provincia de Santa Fe donde tenemos que cuidar los puestos de trabajo y a las pequeñas y medianas empresas”.

La senadora santafesina, autora de la prórroga de la Ley 26093 que tiene media sanción del Senado, dijo que “esta ley,  que nació durante el gobierno de Néstor Kirchner, es una pieza clave en el desarrollo energético y federal de la Argentina”.

“Los biocombustibles suman al autoabastecimiento energético, sin por ello dejar de lado ninguna fuente energética, y al mismo tiempo, crean nuevos productos y nuevas industrias  y en el marco de la situación pandémica, la industria  también brinda un aporte sanitario, dijo Sacnun.

Y finalmente agregó: “Estamos trabajando intensamente para poner en marcha una necesaria industrialización de la ruralidad en cabeza PyME, generando empleo de calidad, arraigo y fomentando el desenvolvimiento de las economías regionales. Para eso es necesario tomar urgente medidas por la situación en que se encuentra el sector”.

La Cámara alta dio media sanción y giró a Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles” en todo el territorio nacional, creado por la Ley 26.093 de 2006.

La iniciativa, votada por unanimidad (votos positivos), invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la norma con “la sanción de leyes, dentro de su jurisdicción, que tengan un objeto principal similar”.

Los oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Sergio “Oso” Leavy, y los radicales Silvia Elías de Pérez y Mario Fiad habían presentado proyectos al respecto. Finalmente, se alcanzó un único dictamen en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

Miembro informante del oficialismo, la santafesina María de los Ángeles Sacnun indicó que esta industria “desde hace varios años viene sufriendo precios y políticas que la perjudican y que ponen en vilo los miles y miles de puestos de trabajo”.

“Seguramente que esta prórroga no va a alcanzar, va a ser necesario un gran acuerdo de los sectores económicos, sociales, las provincias, las economías regionales, para que de verdad abordemos las políticas de los biocombustibles; pero sinceramente creo que hemos iniciado el camino, estoy convencida que esta ley fue mucho más lejos de lo que se creía y de lo que se pensaba”, sostuvo.

La radical Silvia Elías de Pérez adhirió a las palabras de Sacnun, y a continuación valoró que tantos senadores de todos los bloques hayan apoyado esa ley a través de los años. Recordó entonces que desde la sanción de la ley en 2006 “la industria creció, se invirtieron más de mil millones de dólares para poner a funcionar la industria, que generó más de 250 mil puestos de trabajo”.

La tucumana manifestó que le hubiera gustado extender el régimen por “15 años”, al tiempo que llamó a “definir una nueva ley con todos los actores en la mesa”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Caserio, expresó que “entre el biodiésel y el bioetanol movilizan mil millones de dólares por año, y el biodiésel tiene una intensa exportación que brinda millones y millones de dólares a la economía argentina”.

Asimismo, el cordobés añadió que “la sustitución de importaciones es muy significativa, aunque a veces no se considere como un sistema de importación, porque si nosotros estamos mejorando el sistema de los biocombustibles, vamos a usar menos petróleo”.

Entre otras cosas, el legislador destacó también los “beneficios ambientales” de los biocombustibles. “No son cancerígenos y tienen una mínima emisión de óxido de nitrógeno; no producen enfermedades respiratorias; la reducción de la huella de carbono provoca un impacto positivo muy importante en el cambio climático; la mayor rotación del uso del suelo preserva la calidad de la tierra; la sustitución del gas mineral por gas vegetal hace el biogás; la agricultura se hace más sustentable, por menores costos logísticos; y la reducción de gases de efecto invernadero es muy importante”.

A su turno, el puntano Claudio Poggi aseguró que se trata de “la prórroga de una ley buena” como fue la 26.093, pero alertó que “las PyMEs productoras de biocombustibles nacidas al amparo de esta ley están atravesando una crisis que pone en riesgo su existencia y las fuentes laborales que generan”.

“El precio de venta de sus productos, el bioetanol, el biodiésel, que es fijado por el Estado Nacional, no alcanza a cubrir sus costos de producción”, señaló y apuntó que “ese desequilibrio tiene como consecuencia aumento de precios de materia prima y congelamiento del precio de venta”. “Las plantas de biocombustribles de nuestra región están parando, están suspendiendo personal”, advirtió y enfatizó que “a estas PyMEs no las podemos dejar caer”.

Por su parte, el entrerriano Alfredo De Angeli consideró que la Ley 26.093 “fue buena y sigue siendo buena pero no alcanza”. “El compromiso es que tenemos que bajar la carga impositiva”, remarcó, al aseverar que “no estamos a la altura de otros países para competir” porque no se puede producir más a causa de las retenciones.

“Estos cuatro años no van a alcanzar para el que quiera invertir más”, siguió el macrista y calificó a la prórroga como “un parche”. “Hay que discutir una nueva ley de biocombustibles para producir energías limpias, generar más mano de obra, y para que nuestro país tenga futuro”, agregó.

En la misma línea, el radical Mario Fiad reveló que existe “el compromiso de seguir trabajando sobre este tema para una reforma integral de la ley”, que deberá tener “un amplio debate con la participación de todos los sectores involucrados”.

En su discurso, el jujeño resaltó que “Jujuy es una de las provincias azucareras del país y la prórroga de este régimen va a permitir mantener en funcionamiento el sistema con los beneficios que trae aparejado”. “(La prórroga) mantiene viva a una industria que genera mucha mano de obra”, dijo.

Para el salteño Sergio “Oso” Leavy “es una cuestión de Estado lo que estamos tratando” porque se trata de “una ley que ha tenido muchísimo efecto” y ha traído “beneficios del ambiente, lo energético y la salud pública”, además de “cumplir la lucha del cambio climático”.

El legislador del Frente de Todos precisó que gracias a norma, desde 2009 “se evitó un consumo de 35 mil millones de litros de gasoil y nafta”. “Comparto que es un parche, pero tenemos que trabajar estos próximos años para que esta ley tenga continuidad en el tiempo y esta matriz vaya progresando”, completó.

Con la mirada puesta en lo ambiental, la macrista Gladys González pidió “empezar ya a trabajar” en una “ley superadora”, porque “no es solo el desarrollo productivo regional, no es solo la generación de empleo, no es solo la generación de divisas, nosotros definimos esta industria como una industria verde. Bueno, si es así, tenemos que hacer el análisis de que en efecto sea sustentable, que en efecto no genere situaciones negativas”.

En el final del debate, el salteño Juan Carlos Romero alertó que este “es un sector que está en crisis, hay empresas importantísimas que están paradas”. El senador aliado de Juntos por el Cambio disparó contra “el lobby petrolero” que “decide e impide que se actualicen los precios correctamente, que haya corte mayor”. “Están acostumbrados a vivir de la exportación y precios subsidiados, los acostumbró el gobierno kirchnerista”, lanzó.

En cambio, “el biocombustible no recibe subsidios directos del Estado”, indicó y opinó que “lo que necesita esta industria es que tengan menos subsidios las petroleras, que tengan previsibilidad en el pago y aumentar la cantidad de cortes para que haya mayor producción”.

Cerró la lista de oradores el titular de la Comisión de Mínería, Energía y Combustibles, Rubén Uñac, quien sostuvo que si no se trata la prórroga antes de que termine el año, “tiramos por la borda casi 14 años de esfuerzo, trabajo y crecimiento de la industria”. “Lo hacemos por cuatro años porque necesariamente necesitamos una modificación a la ley”, aclaró.

En ese sentido, el sanjuanino confirmó que desde el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Minería, “están abocados” a la elaboración de una nueva norma. Por eso, insistió que aunque sea hasta 2024 “no significa que nos vamos a olvidar del sector”.

Finalmente destacó que es “una actividad que genera muchos puestos de trabajo” en el país y convocó a “renovar el compromiso para que sigamos trabajando por una industria que está en plena expansión”.

En el marco del debate de la prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles, la senadora nacional María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos – Santa Fe) habló de la necesidad de abordar la problemática del sector y “ensayar una solución” que si bien aclaró que “no será la integralidad”, destacó que “un aumento del 10% de los precios es una señal de que el Parlamento y el Estado nacional se abocan a solucionar la problemática de un sector que ha sido muy dinámico para nuestra economía”.

La senadora recordó que desde que se sancionó la ley en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, “hubo avances muy importantes”, y destacó que esa actividad ayuda a la industrialización de la ruralidad.

Sacnun sostuvo que “el federalismo tiene que ver con las economías regionales, está directamente relacionado a cómo generamos riqueza, valor agregado y empleo en cada provincia argentina”. La actividad, agregó, “no está subsidiada, está regulada y que desde hace varios años viene sufriendo precios y políticas que la perjudican y que ponen en vilo los miles y miles de puestos de trabajo que esta industria genera”.

La senadora kirchnerista destacó que “acá no se trata de reemplazar” a otra industria, como la del combustible, sino de “generar una sinergia positiva para poder motorizar la economía argentina”. En ese sentido admitió que hay “dos proyectos de país en pugna, pero un solo proyecto de nación, que es el que industrializa, el que genera valor agregado, genera empleo”.

“Seguramente que esta prórroga no va a alcanzar, va a ser necesario un gran acuerdo de los sectores económicos, sociales, las provincias, las economías regionales, para que de verdad abordemos las políticas de los biocombustibles; pero sinceramente creo que hemos iniciado el camino, estoy convencida que esta ley fue mucho más lejos de lo que se creía y de lo que se pensaba. Nos permitió arraigar un montón de pueblos y ciudades del interior de nuestras provincias que no tenían una sola industria y que hoy la única industria que tienen es la industria ligada a los biocombustibles”.

La Cámara alta se reunirá este viernes a partir de las 14, para analizar como temas principales la extensión hasta el próximo 31 de diciembre de 2024 del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles creado por Ley 26.093;  y el proyecto que busca proteger los activos del FGS, estableciendo que el programa de Reparación Histórica podrá financiarse con recursos propios de la ANSeS y del Tesoro.

Paralelamente, con la sanción de esta ley, las provincias podrán rediscutir las deudas que mantienen con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

Los temas fueron acordados el martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, de la que participaron José Mayans, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Asimismo está previsto el tratamiento de 19 proyectos de declaración que van desde el beneplácito por la designación de la doctora Beatriz Leonor Caputto como presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, al repudio de las manifestaciones de un fiscal neuquino que propusi que las mujeres porten armas para evitar femicidios; y un beneplácito por la decisión de River Plate de aplicar el cupo femenino en las listas de candidatos para las próximas elecciones.

Si bien la mayoría de los temas elegidos para votar tienen que ver con la mujer y cuestiones de género e inclusión, hay también declaraciones de interés como la de la campaña Semana del Arbol, o la adhesión al Día Internacional de la Diversidad Biológica.

El Senado sesionará esta semana por partida doble, jueves y viernes, para aprobar los proyectos de protección de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), adquisición de vacunas contra el Covid-19, etiquetado frontal de alimentos y prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles.

Los temarios fueron acordados este martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, de la que participaron José Mayans, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

La sesión del jueves, convocada para las 14, iniciará con un homenaje a diez años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y a continuación se aprobarán numerosos pliegos de diplomáticos que tienen acuerdo.

También se votarán las nominaciones de Roberto Carlés y José Carlos Ramos como embajadores en Roma y Paraguay, respectivamente.

Luego el Senado se abocará al debate del proyecto que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el Covid-19.

La iniciativa establece condiciones en los futuros contratos a firmar con la industria farmacéutica, habilitando cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción o confidencialidad.

Por otra parte, se votará el proyecto que establece la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos con exceso de sodio, azúcares o grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.

Por último, se aprobará la transferencia de distintos inmuebles ubicados en las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Misiones.

Para la sesión del viernes -también citada para las 14- se acordó que el Senado trate la prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que vence en mayo del 2021.

Asimismo, se discutirá el proyecto que busca proteger los activos del FGS, estableciendo que el programa de Reparación Histórica podrá financiarse con recursos propios de la ANSES y del Tesoro.

Paralelamente, con la sanción de la ley, las provincias podrán rediscutir las deudas que mantienen con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

La Comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por el senador por San Juan, Rubén Uñac (FdT), acordó prorrogar la Ley 26.093 que regula la producción, promoción y uso de biocombustibles.

La comisión acordó la prórroga de la Ley 26.093 que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que vence en mayo del 2021.

A criterio de los legisladores autores de los diferentes proyectos en tratamiento, “la iniciativa sancionada en 2006, así como la posterior extensión al bioetanol de caña de azúcar contemplado en la Ley 26.334, generaron importantes logros y beneficios”.

Los proyectos en consideración fueron presentados por María de los Ángeles Sacnun (FdT), Silvia Elías de Pérez (JxC), Mario Fiad (JxC) y Sergio Leavy (FdT).

El tiempo por el que se establecía la prórroga de los beneficios y promociones, fue la principal diferencia entre las iniciativas en debate.

Se acordó que la prórroga fuera por 4 años, tal como establece el proyecto de la santafesina Sacnun ya que tal como informó el presidente de la comisión, “hubo una comunicación del Poder Ejecutivo para que la prórroga fuera por el menor tiempo posible ya se está trabajando en una reforma integral de la ley. Algo que posteriormente se discutirá con todos los sectores comprometidos con la actividad”.

La senadora Sacnun destacó que “hay 10 provincias que son productoras de biocombustibles y que gracias a este régimen de promoción pudieron impulsar la diversificación de la matriz productiva”. En ese punto sostuvo que “no podemos seguir insistiendo con un modelo agroexportador, tenemos que agregar valor en origen y trabajar en la preservación del medio ambiente”.

La senadora Elías de Pérez señaló que “esta industria genera una enorme reconversión” y que “para Tucumán implica 65 mil puestos de trabajo directo y en todo el país, unos 300 mil puestos”. También puso de manifiesto que “esta energía no deja huella de carbono y viene a cumplir con algunas metas que la Argentina ha firmado ante organismos internacionales”.

“Sabemos que la industria hoy no está en su mejor momento y creemos que con esta prórroga le aportamos certidumbre para fortalecer la inversión y continuar trabajando para fortalecer la economía en el norte y en el resto del país”, señaló Leavy.

El sector de biocombustibles viene reclamando al Gobierno nacional la prórroga de la norma que durante 15 años permitió el desarrollo de esa industria a partir de un conjunto de beneficios impositivos, la regulación de precios del Estado y el corte obligatorio de naftas y gasoil. En efecto, la ley permitió posicionar a nuestro país como uno de los principales productores de biocombustibles en el mundo y a su vez, posibilitó diversificar la matriz energética mediante el uso de combustibles limpios.
Cabe señalar que según datos de 2018, el bioetanol sirvió para sustituir el 64% de importaciones de nafta y que sostiene 300 mil puestos de trabajo en todo el país.

Sobre el final Uñac explicó que “desde el Ejecutivo Nacional tienen un pedido de que se sancionara el proyecto con el menor plazo posible atento a que se está trabajando en modificaciones más profundas a la ley” y agregó que “con esto se pretende dar seguridad jurídica y abocarnos a trabajar en un plazo inmediato en la reforma de la ley”.

Todos los intervinientes en el debate consideraron que con la prórroga se “está llevando alivio y otorgando previsibilidad a los sectores involucrados con la actividad, así como defender políticas virtuosas”.

Al finalizar la reunión de comisión, el titular de la bancada mayoritaria, el senador José Mayans, consideró “que de esta manera se está iniciando un debate. A poco de finalizar el año parlamentario estamos en condiciones de considerar este tema y que Diputados le de ingreso antes de finalizar las sesiones ordinarias”.

Luego de un encuentro con empresas de biocombustibles de diversas partes del país, el diputado nacional del bloque Socialista Enrique Estévez presentó en el Congreso un proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024 el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, instituido por la Ley 26.093 y próximo a su fecha de expiración.

“Como país nos debemos un plan estratégico en materia de políticas bioenergéticas a largo plazo, independiente de los gobiernos de turno, con consensos sociales y compromisos claros respecto a metas de emisión de gases de efecto invernadero para mitigar y reducir los efectos del calentamiento global”, explicó el legislador nacional, y dijo que por ello surge el desafío de “descarbonizarse”.

Los biocombustibles son productos energéticos que reducen significativamente la huella de carbono. “La utilización de biocombustibles genera un ahorro superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades”, explicó el secretario general del Partido Socialista de Santa Fe.

Asimismo, desde el Socialismo presentaron un pedido de informe al Gobierno Nacional para preguntarle por qué no se publican los precios, si se están realizando las inspecciones correspondientes para ver si se respetan los porcentajes de corte y si se piensa en otorgarle alguna ayuda al sector. “Es paradójico que estas empresas que son consideradas actividad esencial, ya que produjeron alcohol, no hayan recibido subsidio alguno del Gobierno nacional”, señaló Estévez y dijo que la industria de los biocombustibles, que tiene 54 plantas situadas en 10 provincias y emplea de forma directa e indirecta a 300.000 personas, “necesita reglas claras, como un valor de referencia para la producción, para desarrollar su actividad de forma eficiente y competitiva”.

“La emergencia sanitaria también dejó en evidencia la importancia de la industria de los biocombustibles, y lo esencial y estratégico que resulta para el país contar con recursos propios para la producción de, por ejemplo, alcohol sanitizante y alcohol en gel sin depender de importación alguna”, señaló el diputado nacional Enrique Estévez.

Mientras Argentina hoy cuenta con una capacidad instalada de biodiesel superior a 4.5 millones de toneladas anuales, y más del 50% se encuentra ociosa, en Europa se anunció el “Pacto Verde Europeo”, un programa para llegar a la descarbonización de la economía europea en 2050.

“El avance hacia la sustentabilidad y el ahorro de emisiones es una decisión política”, enfatizó el dirigente socialista, y ejemplificó: “En Santa Fe se ha logrado un ahorro importante de emisiones con la implementación del “BioBus”, que es la iniciativa de alimentar el transporte público 100% con biodiesel”.

Al respecto, Verónica Geese, quien se desempeñó como secretaria de Estado de Energía de la provincia de Santa Fe hasta el año pasado, manifestó: “Argentina ganó mucho en desarrollo, en federalismo y en soberanía y diversificación de la matriz energética con las industrias de biocombustibles. Tirar eso por la borda hoy sólo favorecería a los fósiles”. “En la campaña se habló mucho de las economías regionales, veremos en las próximas decisiones de los gobiernos si eso era verdad”, acotó.

“Nuestro país nos da la oportunidad de poder tener una matriz energética mucho más limpia a través de los biocombustibles y sustituir importaciones de naftas y gasoil”, agregó el diputado Estévez. Entre los años 2010 y 2019 la industria del biocombustible sustituyó importaciones por más de 10.800 millones de dólares.

Proponen mayor corte con biocombustibles

El proyecto de ley presentado por el socialismo además de la prórroga del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, también propone que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil deberá ser mezclado -por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación- con la especie de biocombustible denominada “biodiesel” en un porcentaje del 15% como mínimo.

Asimismo, todo combustible líquido caracterizado como nafta deberá ser mezclado con “bioetanol”, también en un porcentaje del 15 % como mínimo. El mismo se realizará en forma equitativa, el cincuenta por ciento por el sector que lo elabora en base a caña de azúcar y la otra mitad por el sector que lo hace en base a maíz.

El proyecto también contempla que el gas natural de red que se comercialice dentro del territorio nacional deberá ser biometano en un porcentaje que deberá alcanzar como mínimo el 5% de mezcla para finales de 2026.

Del encuentro por videoconferencia para analizar la situación del sector participaron empresas de biocombustibles de diferentes partes del país: Juan Facciano, de la Cámara de Santa Fe; Jorge Feijóo, del Centro Azucarero; Guillermo Godfrid, Leandro Luqui, Federico Pucciarelo, Damián Correa, Tomas Jorba, Marcelo Born y Juan Facciano de CASFER; Agustín Calamari, Axel Boerr y Erik Bazarian, de CARBIO; Tomás Lorda y Alejandro Braun de CEPREB; y José Porta, de CIGBO.

La senadora María de los Angeles Sacnun solicitó prorrogar el “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina” hasta el 31 de diciembre de 2024.

“Los beneficios y contribuciones que este Régimen han aportado para el conjunto del país en materia de diversificación de la matriz energética, desarrollo de economías regionales, industrialización de la producción primaria, sustitución de importaciones y preservación del medio ambiente, justifican y hacen necesario garantizar su continuidad y previsibilidad”, explicó Sacnun.

En el mismo sentido, la legisladora nacional destacó que “la utilización de biocombustibles genera un ahorro (en comparación con los combustibles fósiles) superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades”.

“Desde la promulgación de la Ley Nro. 26.093 se han generado cuantiosas inversiones y beneficios de diversa índole en todo el país en materia social, ambiental y económica y otorgó previsibilidad a los productores de biocombustibles, como así  también a todo el entramado productivo del sector agrícola y de la agroindustria promoviendo el arraigo, como una visión de federalismo del siglo XXI”, subrayó Sacnun.

“Hay hoy 54 plantas en 10 provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta), agregando valor en origen, generando y sosteniendo economías regionales con más de 300.000 mil empleos directos e indirectos”, dijo Sacnun y agregó que: “los biocombustibles constituyen el último eslabón en la cadena de agregado de valor de la soja, maíz y azúcar, la industria de los biocombustibles reemplazó importaciones de nafta y gasoil por más de u$s 10.800 millones de dólares en el periodo 2010 – 2019, y durante el mismo periodo el estado nacional giró divisas por más de u$s 23.000 millones por importaciones de gas oil.

Senadores del interbloque Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Silvia Elías de Pérez, le enviaron una nota a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que solicitan se constituya la Comisión de Minería y Energía, para comenzar a debatir sobre la prórroga de la Ley de Biocombustibles.

Elías de Pérez consideró que esta iniciativa “es urgente” porque “estamos a pocos meses de que se venza el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles y el sector se encuentra en una incertidumbre sobre cuáles serán las reglas de juego en las que podrán desenvolverse”.

“La Ley de Biocombustibles fue sancionada en 2006 y estableció un régimen de promoción por 15 años que alentó́ inversiones, producción y consumo”, recordó la tucumana y agregó que “hay otros beneficios indirectos, como el de ciudades que ya tienen un avanzado proceso de aplicación del biodiesel a sus flotas del transporte público urbano. En Rosario, por ejemplo, hay 800 colectivos que operan con biodiesel al 100%”.

La legisladora de la oposición señaló que “la prórroga del régimen ha sido solicitado por los diversos sectores de la actividad”, y que “incluso a fines de abril hubo un compromiso público del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para acompañar dicha medida”.

“El régimen que se estableció en 2006 fue una acertada decisión que abrió́ un horizonte de oportunidades en el campo de la bioenergía, que se ha traducido en varios e importantes logros. Pero este proceso está en serio riesgo de colapso, la situación nacional y la complicada situación específica del sector genera un congelamiento de inversiones para este grupo que impulsa diversas economías regionales. El inminente vencimiento de la ley torna necesario que este Congreso sancione una prórroga que asegure al sector que las reglas de juego no van a cambiar en el corto plazo”, argumentó.

La nota dirigida a la presidenta del cuerpo fue firmada por Silvia Elías de Pérez, Humberto Schiavoni, Alfredo de Angeli, Mario Fiad, Pamela Verasay, Claudio Poggi, Gladys González, Julio Martínez, Silvia Giacoppo, María Belén Tapia, Pablo Blanco, Laura Rodríguez Machado, Pedro Braillard Poccard, Julio Cobos, Martín Lousteau, Juan Carlos Marino, Stella Olalla y Víctor Zimmerman.