La Cámara baja aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que propone declarar al 30 de noviembre como el Día Nacional de la Trashumancia, impulsado por la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag.

En los fundamentos de su iniciativa -votada por 232 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones-, Sapag explicó que “la trashumancia es una práctica ancestral relacionada con la actividad ganadera que constituye una forma productiva particular del clima mediterráneo frío. En nuestro país se realiza en diversas zonas cordilleranas, desde el sur de la provincia de Mendoza hasta el centro de la provincia de Chubut y con mayor densidad en las provincias de Neuquén y Río Negro; observándose el fenómeno de la trashumancia, en su máxima expresión, en la provincia del Neuquén, en el noroeste de la Patagonia”.

Esta actividad es llevada adelante por los crianceros y consiste en el traslado de animales -arreos- en verano a los campos altos de la cordillera (veranada) y en invierno a los bajos de los valles (invernada), en busca de las mejoras pasturas para alimentar al ganado. El circuito productivo que genera esta práctica está formado por la invernada, la veranada y la ruta pecuaria o “huella de arreo” como la denominan los propios crianceros. Este sistema produce principalmente carne y fibras (mohair y lana), pero también otros productos como cueros, animales de refugio y cashemere.

“La trashumancia es un movimiento recurrente, pendular y funcional. La periodicidad del movimiento está regulada por el ritmo cíclico de las estaciones y las actividades desarrolladas en las unidades domésticas de producción se ajustan a ellas. Esto origina un cambio temporal de asentamiento seguido por una situación de retorno que da comienzo a un nuevo ciclo. El sistema trashumante queda eslabonado con el relieve, con el clima y con la receptividad de los campos, destacándose otrora tres o cuatro momentos, hoy dos: veranada e invernada con el objeto de complementar diferentes pisos ecológicos; de ahí también que se puede clasificar el movimiento como una trashumancia vertical (movilidad de arreos, de ascenso y de descenso)”, detalló la legisladora.

En el proyecto, Sapag indicó que “lo que nació como una alternativa a la economía agropecuaria de los crianceros se transformó con el correr de los años en un hecho cultural de gran envergadura para la identidad de los habitantes de la zona y de un gran atractivo turístico”.

Reconocimiento al físico Juan Martín Maldacena

En la misma votación, el pleno aprobó un proyecto impulsado por el radical puntano José Luis Riccardo, de reconocimiento público de la Cámara de Diputados “a la Excelencia Científica “Doctor Bernardo Alfredo Houssay”, año 2020, al físico argentino doctor Juan Martín Maldacena”.

Luego de que un sector de la oposición pidiera una sesión especial para este jueves con el fin de tratar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag llamó a “defender a toda la industria” y “no entrar en una suerte de controversia”.

“Lo que está faltando es sentarse en una mesa con todos los sectores que hacen a la matriz energética para defender a toda la industria y de todo el país, y no entrar en una suerte de controversia”, consideró Sapag en diálogo con parlamentario.com, y agregó que “todos los sectores son importantes; el secreto es unirlos en un norte común”.

Así se expresó la legisladora luego de que el Interbloque Federal formalizara un pedido para tratar el proyecto que cuenta con media sanción del Senado y que prorroga la Ley 26.093 de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.

Sapag, que tiene un monobloque en la Cámara baja, explicó que “el análisis sencillo de este tema indica que a mayor uso de bioetanol, menor uso de petróleo crudo; por lo tanto, son menos regalías para mi provincia y menos empleo para los neuquinos”, y a su vez “se plantea lógicamente una pelea entre las provincias de la Pampa Húmeda y del Norte contra la Patagonia”.

“Hoy la oferta de petróleo crudo en nuestro país casi se iguala a la demanda que proviene de las refinerías para el consumo interno, o sea que solo se exporta un excedente de crudo Escalante en Chubut que no puede ser refinado en nuestro país. Por lo tanto, esta competencia que se plantea no parece ser tal”, observó la diputada.

En ese sentido, opinó que “a medida que crezca nuestra producción, a mayor uso de biocombustibles deberíamos poder exportar nuestro crudo con valores internacionales, tal como se estableció en la presidencia de Cristina Kirchner con el decreto 929/13, que dejaba un saldo exportable del 20%. Eso es lo que hay que cumplir”.

“Deberíamos ir por el medio, sin tomar posturas extremas. Que sea ganar-ganar para todos los sectores”

Sapag señaló que “todos los proyectos presentados por legisladores representantes de provincias productoras de biocombustibles son peores que el actual régimen, por lo que una prórroga de dos años con las mismas condiciones que sufrimos los últimos 15 no pareciera ser un mal negocio”.

“Deberíamos ir por el medio, sin tomar posturas extremas, apoyando una fórmula de incorporación de los biocombustibles a la nafta que sea razonable, y al mismo tiempo que en materia de precios haya una ecuación razonable y de equilibrio para no cargar todos los esfuerzos financieros y comerciales en las refinerías, y principalmente en los consumidores. Que sea ganar-ganar para todos los sectores”, resumió la neuquina.

De ese modo, sostuvo que “hay una ecuación que le permite al país tener saldos exportables de petróleo y de soja para generar divisas, creando un círculo virtuoso de inversiones y de complementación para favorecer el trabajo y defender también el cuidado del ambiente con metas claras”.

“Lo mejor que nos puede pasar es que el tema no escale, porque no es necesaria la controversia”, insistió, y aseguró finalmente que “lo que está faltando es sentarse en una mesa con todos los sectores que hacen a la matriz energética para defender toda la industria y de todo el país”.

Habitualmente aliada del oficialismo, esta vez la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag no acompañó el aporte solidario y extraordinario. En su discurso, la legisladora señaló la necesidad de crear “valor y empleo”, y para eso dijo que “debemos alinearnos detrás de la iniciativa e inversión privada”.

“No podemos pedirle más a un Estado enorme, deficitario y adicto a las fuentes de financiamiento. Necesitamos apoyarnos en la iniciativa del sector privado, inversión nacional, pero sobre todo extranjera; capital que invierte, que produce y que genera empleo”, sostuvo, y agregó: “El capital no pide mucho para invertir, solo algunas reglas y acuerdos básicos: pide seguridad, certidumbre y reglas claras. Y cuando no las encuentra se retira en búsqueda de lugares más seguros”.

“El capital no va a cualquier lugar, ni pierde el tiempo, busca lugares prósperos donde poder desarrollarse. Así funciona la economía y el desarrollo de los países”, razonó la diputada.

“Y entonces -se preguntó-, ¿Qué prosperidad pueden ver los inversores en un país donde la creatividad tributaria está a la orden del día? ¿Qué atractivo puede tener un país donde los recursos parecen nunca alcanzar y el cambio de reglas es moneda corriente? Si no generamos condiciones mínimas, la huida de inversores se continuará acrecentando”.

Para la neuquina, “debemos atraer inversiones en vez de repelerlas; debemos crear empleo en vez de destruirlo”. Así las cosas, interpretó que “la salida no es sector público contra sector privado; es sector público con sector privado”.

Con relación al proyecto, Sapag hizo fuertes cuestionamientos. Lo consideró un impuesto y criticó además que no fuera coparticipable. Habló de un proyecto “erróneo e inoportuno en su fondo, y a su vez lleno de debilidades en sus formas”.

Anticipó que “este impuesto va a traer más costos políticos y sociales que beneficios económicos, y además se va a judicializar”. Así será, dijo, porque “es inconstitucional cuando se vuelve confiscatorio”.

“La pandemia ha tenido un impacto inconmensurable sobre la economía en su conjunto -añadió-. Y en este marco me llama la atención pedir un aporte solidario a un sector que ha hecho un esfuerzo enorme y muchas veces invisible por mantener los puestos de trabajo y las empresas en marcha”.

En este marco, consideró que “es imprescindible que todos los funcionarios políticos realicemos nuestro aporte solidario. Este proyecto debería incluirlo; debemos pedir y dar, acompañar el esfuerzo. Es ético y moral, es justo”. Y concluyó confirmando el no acompañamiento al proyecto “porque va en el sentido opuesto de la salida que pienso que este país necesita. No voy a traicionar mis convicciones, ni ser demagoga”.

“El Gobierno nacional propone modificaciones legislativas sin respetar las autonomías ni la realidad y particularidades de cada provincia, con una visión unitaria y hasta diría porteña de las políticas públicas”, señaló la diputada nacional Alma Sapag, al referirse al anteproyecto presentado recientemente por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié para reformar la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. 
 
“La propuesta presentada ante el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) –expresó “Chani” Sapag- determina que toda zona donde hay bosque, deberá permanecer siendo bosque, prohibiendo cualquier cambio de uso de suelo, lo que significa no entender nuestra realidad, donde poseemos ejidos municipales inmersos completamente en bosques, atentando sustancialmente contra el normal desarrollo de esas localidades”.
 
Al avanzar en el análisis del texto del proyecto, la diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN) expresó que “se pretende la eliminación total de Categoría III de las leyes de ordenamiento territorial provinciales lo que representaría la imposibilidad de apeos destinados a uso residencial dentro de ejidos municipales, donde la Ley 26.331 entendía perfectamente la autonomía municipal para la aprobación de actividades y proyectos permitidos por el Código de Planeamiento Urbano y de Edificación de los ejidos municipales. De esta manera se eliminaría por completo la capacidad de intervención de algunos municipios sobre una superficie de 3.543 has según nuestro ordenamiento provincial”. 

“De prosperar esta propuesta se impediría a la provincia de Neuquén intervenir en las únicas porciones de tierra con las que se cuenta para el crecimiento de municipios como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Moquehue, Villa Traful, entre otras, restringiendo de esta manera toda capacidad de injerencia en pos de los intereses sociales de sus pueblos, como los identificados por la ley provincial de crecimiento urbano, infraestructura, nuevos loteos, actividades agropecuarias, usos tradicionales (ganadería, agricultura familiar, etc.), cultivos industriales, forestaciones con coníferas para producción, turismo, industrias, minería e hidrocarburos, vialidad, entre otras”, agregó la diputada Sapag. 

Por otra parte, señaló que también excluye a las comunidades indígenas o campesinas de la aplicación de la ley en espacios de hasta 10 hectáreas. Al respecto, señaló que “parece una segmentación arbitraria que busca dar solución para la producción a escala menor o de subsistencia, pero que excluye arbitrariamente solo a los nombrados, sin permitir ningún otro tipo de intervención considerando las mismas superficies. Es entendible que  la aplicación de este criterio en provincias como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero o Buenos Aires -en las que existen pequeños productores que conviven con propietarios de decenas de miles de hectáreas donde se encuentran los principales capitales nacionales y las corporaciones internacionales- pueda servir de herramienta para tender a dar cierta facilidad a los pequeños productores, pero debemos recalcar que no es la realidad de nuestra provincia, ni mucho menos la de los pueblos inmersos en bosques, donde cada hectárea cuenta para poder desarrollar actividades como la trashumancia, que dan sustento a las sociedades”. 

Finalmente, la diputada neuquina destacó que “el intento de avanzar sobre la facultad soberana de las provincias en cuanto a regular como se debe dar la expansión de la frontera agropecuario por el de directamente detener su expansión, implica un avasallamiento sobre el dominio provincial sobre sus recursos, generando un conflicto entre la norma nacional y la provincial, como así también por lo establecido en el Art 124 de la Constitución Nacional”.

Cuando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, aclaró que no existía ningún apuro para aprobar la reforma judicial, no hizo más que admitir que hoy por hoy en Diputados los números no son favorables para que el oficialismo pueda aprobar la norma como sí sucederá este jueves -con cierta holgura- en el Senado.

El propio presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, se lo había anticipado al Gobierno, al advertir que se arriesgaban a tener “otra 125”, augurando el escenario que ya en 2008 generó entonces un duro traspié legislativo para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nada peor para un gobierno como el de Alberto Fernández, que lleva más o menos el mismo tiempo que entonces tenía la primera administración de CFK, pero en rigor de verdad “menos espaldas”, pues debe lidiar con una pandemia y una situación económica realmente grave.

La primera luz de alarma la encendieron los tres diputados que responden a Roberto Lavagna, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, de Consenso Federal, cuando anticiparon su rechazo a la norma. “La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, expresó el 18 de agosto “Topo” Rodríguez.

Ese mismo día trascendió que los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti tenían el mismo pensamiento, y ahí sí se encendieron todas las alarmas en el Frente de Todos.

Pasa que, como ya hemos dicho, el bloque que conduce Máximo Kirchner necesita 12 votos más de los que ya tiene. Recordemos que el oficialismo se compone por 119 diputados, mas Sergio Massa da quórum pero no vota. Y José Ignacio de Mendiguren está de licencia eterna, pues está al frente del BICE y no renunció tan solo para evitar que asuma en su lugar Marcelo “Oso” Díaz, un hombre del GEN: preferible tener un voto menos a sumarle un voto a la oposición, piensan en el oficialismo.

Así las cosas, los 12 votos necesarios el oficialismo debería buscarlos en el interbloque Federal (11 miembros), el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados) y la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag, quien ya se sabe que a instancias de su gobernador estará alineada con el oficialismo.

Obviamente la izquierda no votará esta reforma, aunque tal vez pueda colaborar con el quórum.

Los diputados de Córdoba Federal oficializaron su rechazo a la norma el viernes pasado, a través del siguiente tuit: “Queremos comunicar que, habiéndose conocido el dictamen emitido por la comisión pertinente en el Senado de la Nación, referido al proyecto de reforma judicial, ratificamos nuestra decisión de no votar dicha ley”.

Tanto los tres diputados de Consenso Federal, como los cuatro de Córdoba Federal forman parte del interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca. Allí está también Luis Contigiani, del monobloque Frente Progresista Cívico y Social, quien también el viernes confirmó a través de un extenso comunicado que no acompañará la reforma judicial ni tampoco va a prestarse “a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”. No cuenten con él.

Ni tampoco con el también santafesino Enrique Estévez, del bloque socialista, que señaló que “tratándose de un tema tan trascendente, tiene que haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento la construcción de ese acuerdo no existe”.

Así es que de ese interbloque de 11 diputados que es el Federal, solo no se han expresado los dos del bloque Justicialista: Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos.

La otra alternativa con la que suele contar el bloque Frente de Todos es el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce el mendocino José Luis Ramón y que tiene ocho diputados. Ya dos vienen diferenciándose en los últimos tiempos: la tucumana Beatriz Avila (Partido por la Justicia Social y el santacruceño Antonio Carambia (Unidad y Equidad Federal). La tucumana ya dijo que no vota la reforma judicial, convencida de que antes “hay que resolver los temas que preocupan a la sociedad, como la salud, la economía o la inseguridad”. Para Avila, “es inoportuno intentar un proyecto de ese tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos, que todavía se preguntan cuántos se van a quedar sin trabajo por efecto de la pandemia o cuántas empresas pequeñas o medianas van a cerrar”.

En este contexto es que el presidente de ese bloque, José Luis Ramón, terminó abriendo más dudas para el oficialismo, pues señaló que su posición “es clara, no quiero una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”.

Queda claro entonces porqué el oficialismo decidió congelar el proyecto de reforma judicial, aun antes de su tratamiento en el Senado, donde se espera un resultado contundente -41 a 29, probablemente-. Con esa media sanción llegará a la Cámara baja, donde Sergio Massa aguardará “tiempos mejores” para eventualmente negociar modificaciones que modifiquen voluntades. Porque el tema es que de los 12 votos que necesitaba el Frente de Todos, hasta ahora contaba con el de Alma Sapag, dos del interbloque Federal y en el mejor de los casos otros siete del bloque de Ramón, si el mendocino reconsiderara la postura expresada el viernes. No le alcanza al oficialismo con eso.

Puede entonces que esté replicándose con la reforma judicial lo que en su momento experimentó Mauricio Macri con la reforma política. Podría decirse que ese proyecto era para el expresidente lo que para Alberto Fernández es la reforma judicial. Y en el caso del líder de Cambiemos, el proyecto pasó Diputados, pero fue archivado en el Senado, habida cuenta de que si se ponía a debate perdía. Con Alberto y su reforma, podría estar sucediendo lo mismo, con distinto recorrido.

Los diputados nacionales Luis Di Giácomo y Alma Sapag presentaron un proyecto de ley para declarar el 27 de julio de cada año como “Día Nacional del Pistero Socorrista”, en homenaje a Mario Ruíz, jefe de Patrulla del Cerro Catedral de la ciudad de Bariloche, fallecido tras una avalancha en cumplimiento de su labor.

Los legisladores manifestaron: “Queremos honrar a Mario Ruíz, y en su nombre y su recuerdo, valorar a todos aquellos que, con la misma vocación y compromiso, llevan adelante su labor bajo los mismos ideales”.

En este sentido, mediante la presentación de un proyecto de declaración expresaron su más profundo pesar por el fallecimiento y sus condolencias a familiares, compañeros de trabajo y comunidad.

“Nacido en pleno corazón de Bariloche -señalan los diputados Sapag y Di Giacomo- en las calles Brown y Beschtedt, Mario Ruiz desarrolló desde muy joven una enorme vocación de servicio a la comunidad y a los turistas que la visitan año tras año, que volcó apasionadamente en su trabajo. Será siempre recordado por su pasión por la montaña y por ser el protector de la vida de miles de turistas y barilochenses que han pasado por el Cerro Catedral. La montaña y toda la región, recordará siempre su compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana”.

En igual sentido, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que adopte “las medidas necesarias a fin de implementar actividades específicas referidas a la conmemoración del Día Nacional del Pistero Socorrista y realizar la más alta difusión de las mismas, a través de los mecanismos de comunicación oficial”.

La diputada nacional Alma “Chani” Sapag (Movimiento Popular Neuquino) señaló que “más allá de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, en consonancia con la del planeta casi en su totalidad” por la pandemia del coronavirus, las provincias hidrocarburíferas “sufrirán además la debacle del precio internacional del petróleo”. “En Neuquén están en riesgo unas 30 mil familias y 700 pymes”, alertó.

En ese sentido, propuso que, hasta tanto se regularice el mercado internacional de petróleo, el Gobierno establezca “un precio sostén del barril de petróleo nacional en 54 dólares” –propuesta similar a la impulsada por Alberto Weretilneck– y defina “un esquema variable de los derechos de exportación en función del precio internacional, en donde la alícuota tienda a 0 para las provincias exportadoras de petróleo”.

Asimismo pidió “la liberación de las exportaciones para el excedente por sobre las necesidades del mercado interno; el mantenimiento de los precios de los combustibles en surtidor vigentes al 1° de marzo de 2020; y la elaboración de manera conjunta Nación-Provincias de un marco normativo que brinde previsibilidad a las inversiones en el sector, dotando a la actividad hidrocarburífera nacional de competitividad y sustentabilidad”.

La legisladora transmitió sus propuestas en notas enviadas al secretario de Energía, Sergio Lanziani; al ministro de Producción, Matías Kulfas; al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y miembros del directorio; a los presidentes de bloques de Diputados y el Senado; a los presidentes de las comisiones de Energía de ambas Cámaras y a legisladores representantes de provincias hidrocarburíferas.

Asimismo, presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que adopte las medidas señaladas con carácter urgente. “Creo necesario que quienes ejercemos la representación del pueblo de nuestras provincias coordinemos nuestro accionar con las autoridades nacionales, a fin de evitar perjuicios muy significativos para nuestra ciudadanía y para la Nación en su conjunto en lo relativo a su seguridad energética”, expresó.

Recordó que el sector actualmente atraviesa “las consecuencias de decisiones políticas (DNU 566/19, retenciones y congelamiento de precios) que han llevado a la actividad de producción a su cuasi paralización con parte de su personal suspendido y las inversiones ralentizadas”.

“A ello se suma la pandemia del coronavirus y la disputa entre Arabia Saudita y Rusia que han llevado el barril del crudo a 26 dólares para el Brent, que es nuestra referencia”, continuó y explicó que “a estos valores la pérdida de recursos de las provincias productoras alcanza los 3.800.000.000 pesos mensuales, monto que si se anualizara significaría dos meses de sueldos de los agentes provinciales, cifra esta que se incrementaría aún más por una baja en la recaudación a raíz de la menor actividad económica causada por la pandemia”.

Sapag resaltó que a esta situación se le suma que “nuestras provincias ven penalizados sus índices de coparticipación por motivo de la percepción de regalías hidrocarburíferas y, teniendo en cuenta que seguramente la recaudación de impuestos coparticipables se verá reducida, la merma en los recursos provendrá por las dos vías y las consecuencias económicas, y sobre todo sociales, que ello acarreará serán muy graves en nuestras jurisdicciones y nefastas para el resto del país si el abastecimiento energético es puesto en peligro”. “Nuestros yacimientos y formaciones no soportarían esos bajos precios y, por otra parte, el país carece de las divisas para importar gas y petróleo”, señaló.

Para la diputada, “no prestar la debida atención a este problema ocasionará la pérdida de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en el sector hidriocarburíferos; tan solo en Neuquén están en riesgo unas 30 mil familias y 700 PyMEs”.

La diputada Alma Sapag decidió destinar el subsidio de 100.000 pesos otorgado por disposición de la presidencia de la Cámara baja nacional, al sistema público de salud de la provincia del Neuquén, a los efectos de su utilización en el territorio para satisfacer las necesidades derivadas de la pandemia del coronavirus a nivel regional

Si bien los bloques mayoritarios de diputados nacionales tomaron la determinación de destinar el beneficio al Instituto Malbrán -que se encuentra atendiendo demanda de todo el país, con probabilidades de exceder su capacitad de respuesta-, la legisladora del MPN, “en cumplimiento del federalismo como una de sus banderas”, sostuvo, prefirió derivarlo al sistema se salud de la provincia, que ya ha adquirido los reactivos y se encuentra realizando las capacitaciones y pruebas necesarias, tanto en laboratorios públicos como privados, para la detección de este virus.

Consultada al respecto, Chani Sapag señaló: “La decisión nace a partir de detectar la importancia de descentralizar el sistema de detección de casos positivos para agilizar la capacidad de respuesta a nivel nacional. Neuquén ya adquirió los reactivos para efectuar los diagnósticos correspondientes y en ese sentido, me pareció atinado destinar los fondos a ese desarrollo fruto de la iniciativa de la provincia”.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados de la Nación, por resolución 611/2020, resolvió otorgar de manera excepcional  y por única vez un subsidio por legislador que asciende a la suma de pesos cien mil y que solo deberá ser utilizado para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19), brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional o asistir a grupos de riesgo y entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia.

La diputada nacional Alma Sapag y el ministro de Producción e Industria de la provincia de Neuquén, Facundo López Raggi, se reunieron con Alejandro Sehtman, jefe de gabinete del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación de Matías Kulfas y con el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales.

En la oportunidad se trató la temática solicitada por el H. Concejo Deliberante de Cutral Co referida a la situación de las PyMEs que prestan servicios petroleros y sobre la producción de la provincia del Neuquén en general.

Los funcionarios nacionales informaron sobre los beneficios para las PyMEs previstos en la ley de emergencia, como períodos de gracia, condonación de intereses, mayores plazos. Por su parte, los funcionarios neuquinos destacaron el acompañamiento a las PyMEs que está realizando el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), y el gobierno provincial en  general a través del centro PYME ADENEU, del ministerio de la Producción y del propio gobernador Gutiérrez.

Asimismo, el subsecretario de Hidrocarburos se comprometió a gestionar ante la empresa YPF que considere en forma especial en sus licitaciones y cumpliendo con la legislación de la provincia -como el “compre neuquino”- a las PyMEs locales.

Por su parte, la diputada Alma Sapag resaltó la “importancia fundamental” que tienen las más de 700 PyMEs neuquinas en la generación de empleo genuino y en su contribución al desarrollo sustentable, “por lo que resulta imperioso que se las contemple en forma prioritaria en las licitaciones de las grandes empresas petroleras”, consideró.

Asimismo, la legisladora del MPN enfatizó que “la provincia no es ni isla ni colonia”, refiriéndose a que “nos consideramos parte de la argentina pero tenemos como país la obligación de que el federalismo se aplique en forma real y verdadera. Y en este sentido, hoy el panorama sobre la política hidrocarburífera es incierta lo que debemos sumar el desconocimiento de la letra del proyecto de la ley en la materia que está elaborando el gobierno nacional. La provincia necesita que se garantice el valor en boca de pozo y que pueda competir en el mundo”

En este contexto, señaló que: “Nuestra provincia puede seguir creciendo, siguiendo el camino trazado que nos indica que desde diciembre de 2017 a diciembre de 2019, crecimos de 110.000 a 165.000 barriles por día. Tenemos los oleoductos preparados para transportar 300.000 barriles por día, por lo que podríamos duplicar nuestra producción en forma rápida”.

Facundo López Raggi pidió incluir un capítulo sobre PyMEs en la nueva ley de Hidrocarburos y que la provincia sea consultada en su armado, manifestando la importancia de incluir una mirada desde la experiencia y el recorrido exitoso del centro PYME ADENEU en este punto.

Finalmente, agradeció la atención del ministro Kulfas y de su equipo, les pidió su presencia en el territorio provincial y destacó “la buena relación” del nuevo Poder Ejecutivo nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández y del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, con la administración del gobernador Omar Gutiérrez.