Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad ratificó por unanimidad un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mediante el cual se extendió el plazo de inscripción para que las victimas del temporal del 17 de diciembre del año pasado puedan recibir un subsidio y costear los destrozos originados por la tormenta.

Debido a la intensidad de los vientos que azotaron en aquel momento al distrito capitalino, el alcalde local creó el “Régimen Especial de Subsidios para damnificados por la catástrofe meteorológica extraordinaria” y se les otorgó a las victimas un plazo hasta el 19 de enero para que pudiesen inscribirse en el mismo.

No obstante, durante todo ese periodo desde el GCBA recibieron numerosas consultas respecto del subsidio, pero los vecinos no terminaban de inscribirse, por lo que se decidió extender el plazo hasta el 9 de febrero.

El designado secretario de Transporte de la gestión de Javier Milei es Franco Mogetta, quien desempeña ese cargo en la provincia de Córdoba, en la gestión de Juan Schiaretti.

Es el primero de los schiarettistas sumado a la gestión que viene, y para conocer con qué objetivos puede llegar a la gestión nacional vale recordar su paso por la Cámara de Diputados el 19 de octubre del año pasado. Fue durante una reunión de la Comisión de Transporte, presidida por el jujeño Jorge Rizzotti, convocada en el marco de la grave situación que atravesaba el transporte público automotor en el interior del país. Miembro del Consejo Federal de Transporte (COFETRA), Franco Mogetta reclamó ese día por “la falta de equidad” en la distribución de subsidios en el servicio público de pasajeros en el interior del país.

Mogetta brindó ese día datos acerca de la situación presupuestaria y la falta de equidad: “En AMBA se subsidia el 80% de las tarifas, por lo que el boleto cuesta 25 pesos, mientras que en el interior solo se subsidia el 32%y el boleto llega a valores de 100 pesos”, explicó. A su vez informó que “el 40% de los costos del sistema de transporte es solventado por los estados municipales y provinciales”.

Por otro lado, Mogetta expuso los datos oficiales de la web del Ministerio de Transporte: “Por cada peso que se destinó al interior en subsidios durante el 2021, 3.37 fueron para el AMBA, y por habitante, cada un peso destinado al interior, correspondían 6.26 al Área Metropolitana”, indicó.

En tal sentido, el futuro secretario de Transporte de la Nación detalló que “por cada coche hay 1.425.000 pesos invertidos del Gobierno nacional y en el interior solo 272.000, lo que hace una diferencia de 5.23”. En esa línea, afirmó que “los números no mienten porque la diferencia es abismal”.

Respecto a la conformación del presupuesto, Mogetta sostuvo que en AMBA, el valor estipulado “implica un piso con actualizaciones trimestrales”, mientras que en el interior, “el valor es un techo sin ninguna actualización durante el año”. Tras esta declaración, el funcionario sentenció que “el piso para el interior en transporte debe ser de 113.000 millones de pesos”.

“Pedimos un trato igualitario. El litro de combustible estaba 95 pesos y ahora se paga por encima de los 200 pesos cuando se estipularon los valores para este 2022”, además remarcó la importancia de la creación del Sistema Único para la distribución equitativa de fondos.

A pocos días de asumir como diputado nacional, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA) celebró “el hecho de tener una tercera fuerza” en el Poder Legislativo, algo que le parece “saludable para la democracia”.
Pero opinó que al Congreso hay que llevarlo “a ser el que era en 1900, que era la envidia de la academia y la política europea que venía a revisar la excelencia de las actas de los debates”.

“Hoy uno mira lo que es el Congreso, todos con fueros, es una runfla de delincuentes, por supuesto hay que salvar honrosas excepciones, con un montón de asesores, hay quienes han llegado a tener 60”, cuestionó el libertario.

En diálogo con Radio Continental, el diputado electo que encabezó la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires reveló que “si (Sergio) Massa era presidente, yo tenía una larga lista de derogación de leyes, porque creo que hemos tenido una inflación legislativa en los últimos 40 años, sobre todo sobre el ciudadano, para regularlo y controlarlo. Pero con (Javier) Milei en el Poder Ejecutivo, ahora tenemos que hacer foco en todas las reformas que hay que hacer primero”.

“Igual, no desatiendo algunos aspectos que, si queda lugar para tratar, tengo una larga lista como la Ley de Góndolas, la Ley de Alquileres”, señaló y, al ser consultado por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sostuvo: “Aborto no sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario; que tengamos una ley de aborto me parece la salvajada más espantosa”.

En ese sentido, agregó que le parece que “somos unos salvajes si estamos hablando de las leliqs y la tasa de interés y no creemos en la vida… Sí, por supuesto, yo la derogaría. De los debates que existen, los argumentos de los pañuelos verdes me parecen de los más pobres”.

“Me he puesto en los zapatos de ellos para contraargumentar, que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo… Por supuesto que la madre tiene el derecho a su cuerpo, pero es la vida de otro. La madre no tiene 20 dedos de la mano, hay otros 10 dedos que son de otra persona, con un ADN distinto y con derechos iguales al de la madre”, expresó.

Respecto al plan de gobierno de Milei, “Bertie” Benegas Lynch apuntó que “lo primero es recortar el gasto del Estado, que es donde roba la política, sin tocar partidas sociales, que no solo implican los subsidios sino planes”.

“El plan social es algo indigno para el argentino, algo muy macabro de la política que es el clientelismo para perpetuarse en el poder. Milei siempre dijo que estamos en el quinto subsuelo del infierno, por lo que a las víctimas del sistema no podés sacarles los planes en un contexto de desempleo y pobreza que hay. Hay que preparar al sector privado, que hoy está absolutamente deprimido, para que pueda recibir ese capital humano que está desaprovechado”, observó.

El economista opinó que “lo de los planes sociales ha sido como el clímax del feudo, que no recauda, recibe porque es adicto del Gobierno nacional por la coparticipación. Así tenés provincias que llegan al 85% entre empleados públicos y planes, entonces dicen, ‘me votan’”. “Lo que a mí me dio esperanza es que en esas provincias feudales ha ganado Javier, lo cual te dice que la Argentina está viva en su dignidad. La gente tiene un plan y no quiere tener la cánula endovenosa con las migajas del gobierno cuando puede forjar su propio destino y ser mejor”, añadió.

Consultado por las protestas que se podrían generar a partir de ciertas medidas antipáticas, el libertario enfatizó que “no se puede tolerar que usen a la gente como rehén, incluso a sus propios hijos con los cochecitos. Si no tocás partidas sociales, la gente interesada, la vulnerable, no tendría por qué hacer ningún reclamo. Y los planes sociales no se tocan. Lo que se ve es gente que usa a otra como carne de cañón para proteger sus propios privilegios”.

Por otra parte, aseguró que “para que la salida de los subsidios no le impacten al usuario, como hizo (Juan José) Aranguren en su momento, que creo que fue un error, es recalibrar la ecuación económica y financiera de los contratos de las empresas de servicios”.

“La gente que dice que el empleado público es un vago, un ñoqui, no sirve para nada, yo no estoy de acuerdo en eso, simplemente está inmerso en un sistema de incentivos equivocado”, manifestó.

Se conformó este martes la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, confirmando a sus autoridades, el sanjuanino José Uñac, como presidente, el radical catamarqueño Flavio Fama como vice, y se postergó la designación del o la secretario/a.

Durante el encuentro celebrado en el Salón Illia, se dio a continuación tratamiento a diferentes iniciativas relacionadas a tarifas, subsidios y consumo eléctrico para zonas cálidas.

El inicio de las exposiciones trató sobre el consumo de energía eléctrica residencial, con una tarifa diferenciada para las zonas cálidas de la Región del Norte Grande (Noroeste y Noreste de la Argentina), proyecto de los catamarqueños Lucía Corpacci y Guillermo Andrada.

Este último arrancó haciendo hincapié en la importancia del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner: “Acabamos de vivir un hecho histórico como poner en marcha una obra emblemática que, sin duda, modificará nuestra matriz energética y así llegar a hablar de soberanía energética”, dijo.

También se refirió a las características de algunas provincias del Norte Grande que necesitan electricidad tanto en invierno como verano y, por eso, “creemos que es importante determinar las zonas cálidas de nuestro país y que la accesibilidad a la electricidad sea para todas las familias”, agregó.

Sobre el subsidio de las tarifas, Andrada propuso que la tarifa del Norte Grande sea del “30% sustentable con un fondo y en los sectores más vulnerables llegue al 50%”.

A su turno, el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), autor del proyecto sobre disminución de tarifas, expresó que “el planteo sobre las zonas cálidas surge porque también ya se ha tratado una ley de zonas frías y este reclamo se vio exacerbado por la suba de tarifas”. También abogó por el criterio y sustento técnico para determinar las zonas y la correspondiente determinación de sus jurisdicciones, ” este criterio no primó el año pasado”, aclaró.

En concordancia con Andrada, el chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular) expuso su proyecto sobre un régimen diferencial de tarifas para el Norte Grande argentino. Dijo que “se abre una apertura energética por el gasoducto Néstor Kirchner que, a su vez, traerá aparejada la posibilidad de otros emprendimientos”.

“Lo que creo es que hay que terminar de congeniar con el Poder Ejecutivo y con Economía respecto de los subsidios y, para esto, la voluntad de los senadores existe”, finalizó.

Otro senador que presentó su proyecto sobre tarifas diferenciadas para zonas cálidas fue el salteño Sergio Leavy (Unidad Ciudadana). “En mi provincia están todas las zonas frías y cálidas y esto, claramente, debe establecerse bajo un criterio científico de análisis, también hemos creado un fondo fiduciario para los subsidios de zonas cálidas”, destacó.

Al mismo tiempo, Leavy resaltó la importancia de que las zonas sean establecidas no por provincia, sino por temperatura y con sus normas IRAM. Para finalizar, sostuvo que debían tenerse especialmente en cuenta las regiones en las que el consumo eléctrico era mayor al no contar con acceso al gas.

Por último, expuso el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien celebró que se estuviera debatiendo el tema de la matriz energética en Argentina y destacó que “estos son temas referidos a la equidad y en el NEA no tenemos gas natural”.

También expresó su deseo de que “en el futuro tengamos una política de energía que nos contenga a todos y este tema es política de estado”.

El proyecto del senador Zimmermann y otros senadores establece una tarifa eléctrica diferencial para el NEA y crea un fondo fiduciario para subsidios de consumos eléctricos del nordeste.

Ingresó en la Cámara baja un “taquillero” proyecto de ley que pretende que aquellas personas que cuenten con antecedentes penales no puedan “ser beneficiarias de ninguno de los programas de subsidios” del gobierno provincial.

En ese sentido, el primer artículo del proyecto de ley que reconoce la autoría del diputado de Fuerza Libertaria Nahuel Sotelo considera “la presentación de un Certificado de Antecedentes Penales” como “requisito esencial” para poder cobrar programas o herramientas de subsidios, créditos o asistencia económica del Estado bonaerense.

En el articulado de la iniciativa parlamentaria se consigna que “como requisito esencial de todos los programas o herramientas de subsidios, créditos o asistencia económica del Estado provincial y de aquellos en los cuales la provincia destine presupuesto, la presentación del Certificado de Antecedentes Penales por parte del solicitante”.

Y se agrega que “las personas que cuenten con Antecedentes Penales no podrán ser beneficiarias de ninguno de los programas o herramientas de subsidios, créditos o asistencia económica del Estado provincial ni de aquellos en los cuales el mismo destine presupuesto”.

Pero además la iniciativa pretende actualizar la lista de beneficiarios pues estable que la autoridad de cada uno de los programas o subsidios deberán verificar los antecedentes penales de cada uno de los beneficiarios durante la ejecución del mismo”, y detalla que “deberán dar de baja automáticamente aquellos beneficiarios que cuenten con Antecedentes Penales”.

El legislador que conforma un monobloque en la Cámara baja bonaerense entiende que “teniendo en cuenta que los recursos del Estado son fruto del trabajo y

esfuerzo de toda la sociedad es necesario que los mismos no se destinen como asistencia económica a personas que han violado la ley cometiendo delitos en contra de la sociedad”.

Sotelo considera una “contrariedad y una injusticia que las víctimas terminen trabajando para pagar y hacerse cargo de subsidios, planes o ayudas estatales de los victimarios”.

“En Argentina, de una vez por todas, el delito debe empezar a costar caro”, sostuvo el legislador opositor en los fundamentos de la iniciativa al tiempo que agregó: “debemos lograr cambiar la visión del victimario y comenzar a pensar en las miles de víctimas que sufren todos los días la inseguridad”.

“En la Argentina actual, un delincuente llega a tener más privilegios que un ciudadano honrado. A los que cometen delitos, se les resguarda la identidad, los contribuyentes nos hacemos cargo de su defensa, y ese delincuente termina yendo a la prisión donde ya no se le exige ni trabajar, ni cumplir con ninguna obligación, no trabaja ni siquiera por su comida y luego de que sale en libertad, las mismas víctimas debemos pagarle por subsidios y ayudas estatales para hacer su casa (BA CREA), pagarles deudas contraídas con establecimientos públicos o privados (Desendeudadas) y otros más”, concluyó uno de los tres exponentes libertarios que habitan la Cámara baja provincial.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) volvió a reclamar por el reparto equitativo de subsidios y cuestionó que el país “cómo está estructurada, funciona todo en subsidio hacia el AMBA”. En ese sentido, manifestó que “la producción agropecuaria vive subsidiando a los grandes centros de consumo. Todo se lo lleva el gobierno federal”.

En declaraciones por la AM 990, al ser consultado por las elecciones desdobladas en CABA opinó: “En los papeles uno no tiene que pensar que beneficia a uno u otro. El que quiere votar a Jorge Macri lo votará, el que quiere votar a Martín Lousteau lo hará. Es una cuestión estrictamente de los porteños que tomó trascendencia nacional al estar involucrado Macri y ser la capital federal”.

“A quien no perjudica es a Lousteau, pero beneficiar no beneficia a nadie porque es parejo para todo. El Pro quiere que la capital siga siendo del Pro y de eso no se puede decir nada porque es lo que cada uno aspira que su partido gobierne. Es una cuestión propia de la capital porque en dos provincias ya se vota de esa manera con dos urnas separadas. No creo que sea tanto drama”, analizó.

Por otro lado, se refirió los pasajes de transporte en el interior y sostuvo: “Son los desfasajes que uno no puede entender. Tenes 6 mil millones de dólares de pérdidas de empresas estatales. Mientras acá en la provincia de Formosa vale $85 el transporte de colectivos y el ingreso de un formoseño es menos que el de alguien que vive en el gran Buenos Aires”.

“Un salario promedio de la Ciudad y el AMBA es el doble que el de la provincia de Formosa estará en $60 mil. Cuando uno mira a la Argentina cómo está estructurada funciona todo en subsidio hacia el AMBA, no es solamente la capital federal”, cuestionó.

En ese sentido, precisó: “En el AMBA el colectivo vale más barato, el subte vale $40, la energía eléctrica es más barata que en el interior del país, y el salario promedio son menos que en el AMBA. Se hace muy difícil para un formoseño pagar $85 y las empresas de transporte también tienen problemas porque el subsidio se concentra en el AMBA es en un 85% para esa área”.

En tanto, cuestionó que “se tendría que haber discutido el nuevo esquema de coparticipación a partir de la sanción de la Constitución del 94. Pasó todo este tiempo y no se hizo y cada gobierno que asume por una cuestión electoral siempre se privilegia provincia de buenos aires donde más impacto tiene y las provincias del interior están olvidadas”.

A su vez, apuntó contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque “no es federal como dice, sacar como saca el esquema de policías para darle a la provincia de buenos aires porque a Formosa no le llega un peso, a La Rioja tampoco, a ningún lado. Tiene que ser una mirada federal en todo, en cuestiones impositivas para la producción es una cuestión de tarifas, de legislación, de infraestructura, transporte, todo”.

“El que lo tiene que hacer es el gobierno, sea quien sea que asuma porque no lo hizo ninguna, el presidente tiene que hacerlo. Los gobernadores, así como hay una región centro, que juntan a sus legisladores, no importa de qué partido, los juntas a todos y apoyas la zona. Les decís que peleen tal cosa. Legisladores del interior votando para zonas que no son las propias, el desmedro de sus propias zonas, cualquier legislador y no importa el partido político”, consideró Buryaile.

Por último, afirmó: “Nunca tuvimos una reunión con gobernadores de zona norte y eso lo tiene que convocar el presidente para trabajar una ley”, y planteó: “Debería haber un gabinete pensando en el mediano plazo porque vivimos en lo urgente y se escapa lo importante, es parte de un gabinete que tiene que esta integrando pensando en cómo se hace para que el país cambie su perfil, su estructura productiva”.

“La producción agropecuaria vive subsidiando a los grandes centros de consumo y poco queda en el interior y todo se lo lleva el gobierno federal todos los derechos de exportación no queda un solo peso a las provincias eso no es coparticipable”, cerró.

Tal cual había adelantado los últimos días, el diputado José Luis Espert ratificó en el recinto su rechazo al proyecto de Presupuesto 2023. Al respecto, se refirió puntualmente a dos ítems: energía y situación fiscal.

Habló en primer lugar del artículo 16° del Presupuesto, referido a las deudas que va a asumir el Tesoro con Yacyretá, Enarsa y Salto Grande, que hará que “todos los argentinos paguemos con más impuestos, con más inflación, con más pobreza, las barbaridades que han hecho este y otros gobiernos congelando tarifas, para alimentar la mentira de un populismo inconducente”.

Planteó como contracara los subsidios que “este año van a llegar a casi 15 mil millones de dólares, acumulando desde 2003 la friolera de 165 mil millones de dólares”. Al respecto advirtió que “los grandes beneficiarios de esto no son los argentinos, sino parte del empresariado prebendario, muchos de ellos nombrados en ‘los cuadernos de la corrupción’, beneficiados con quitas que alcanzan a 140 mil millones de pesos, largos planes de pagos por las deudas que contrajeron y no pagaron a tiempo”.

Espert se refirió luego a los artículos 23 y 24, referidos a energías renovables. Al respecto recordó aquel dicho que “los números no mienten, los que mienten son los que los hacen”. Apuntó en ese sentido que “la Secretaría de Energía nos miente desde hace años”.

Luego citó los artículos que incluyen a la empresa Enarsa, a la que definió como “un monstruo creado solamente para robar, que debería ser cerrado en forma urgente”.

A continuación, Espert habló de “otra fiesta que las provincias no van a pagar con detracción de la Coparticipación las deudas millonarias que tienen con CAMMESA. ¿Hasta dónde pensamos llevar el quiebre de CAMMESA? Es el pato de la boda de empresarios prebendarios corruptos, que le cuesta a nuestro pueblo sangre, sudor y lágrimas”.

En otro pasaje, el líder de Avanza Libertad se refirió al crecimiento calculado en 2%, que a su juicio “probablemente no ocurra, sino que habrá recesión”. También habló de la inflación calculada en el 60%, que a su juicio “probablemente sea el doble”. Por esa variación, dijo, “el Gobierno va a contar con 6 billones de pesos, ¡20 mil millones de dólares que va a poder gastar el Gobierno sin control de esta Cámara!”. Por el contrario, dijo que eso podría servir para “engrosar las reservas del Banco Central en lugar de esquilmarlas. Con el exceso de recaudación que este presupuesto va a contar el año que viene se podrían acumular reservas”.

Sobre el final, consideró “una osadía” que el gasto público crezca al 70%, y sostuvo que “por empatía con una sociedad que no da más de pagar impuestos, el gasto público no debería crecer eso, sino mucho menos. Afuera hay una sociedad que no da más”.

“Nunca un gobierno endeudó a un Estado más que el de Alberto Fernández: 100.000 millones de dólares, sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones, y con estos niveles de tasas de interés, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos”, alertó, para detallar luego a los ciudadanos que tienen sus depósitos en los bancos, que “con la plata de los plazos fijos que reciben de ustedes, los bancos se dan vuelta y le prestan a un quebrado, que es el Estado nacional”.

En la pasarela de expositores en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller, que se presentaron para explicar el Presupuesto 2023, fue el turno este martes de la secretaria de Energía, Flavia Royón, y de su equipo de trabajo quienes estimaron que “con la segmentación que hicimos prevemos que los subsidios van a pasar del 2,2 del PBI al 1,6”. Además, adelantaron que tiene previsto para julio de 2023 “la terminación del gasoducto Néstor Kirchner”.

En su ponencia, la secretaria de Energía explicó que los lineamientos “fundamentales” de la política energética del Presupuesto “reflejan los objetivos que vemos para la cartera porque el sector energético es fundamental y va a ser uno de los vectores de crecimiento para el país”.

Entre los objetivos que buscan desde el área, enumeró: “Seguridad jurídica y previsibilidad, desarrollo local, soberanía y autoabastecimiento, sustentabilidad, transición energética y desarrollo tecnológico nacional”, y señaló que “se ven reflejados partes en el Presupuesto 2023 y en las acciones que vamos tomando día a día con distintas iniciativas como el Plan GAS que buscamos dar previsibilidad al mediano plazo”.

“Energía, Combustibles y Minería representa el 9,8% del gasto de la Administración Nacional”, precisó Royón donde los principales conceptos son los “giros a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y a ENARSA”.

Respecto a la incidencia de subsidios al gas y energía eléctrica sobre el total de gastos, precisó que “en este presupuesto 2023 de acuerdo al trabajo que hicimos con la segmentación, prevemos que los subsidios van a pasar del 2,2 del PBI al 1,6”.

“La política energética que estamos trabajando para el próximo año que esta centrado en el presupuesto es primeramente el desarrollo del sector hidrocarburífero, después el desarrollo del sector eléctrico. Después diversificación de la matriz y el tema de eficiencia energética que también va a ser central en las líneas de acción el año que viene. Por último, redireccionar el tema de los subsidios”, describió la funcionaria.

A su vez, indicó que “para el año que viene esto estamos previendo la terminación del gasoducto Néstor Kirchner para la sustitución de importaciones, ya que tenemos en cuenta el contexto geopolítico de alta incertidumbre que ha llevado a un alza de precios”. En ese sentido, explicitó los precios que están previendo de importaciones tanto de gas de Bolivia como de GNL: “Los precios previstos en el Gas de Bolivia es de 9,7 dólares por millones de BTU y de GNL por 25 dólares es el valor que estimamos”.

“En el marco de transición energética, el gas natural es el primer paso hacia la neutralidad en carbono y es lo que nosotros queremos impulsar y dentro de esta política energética, nosotros aspiramos a exportar nuestro gas. Para eso queremos avanzar primero en consolidar el autoabastecimiento que va a garantizar un gas para los argentinos a precios competitivos y para esto necesitamos obras imprescindibles en infraestructura. Es necesario en este presupuesto el Transportar 1 y 2 y todas las obras complementarias”, explayó la secretaria de Energía.

Respecto al Transportar, señaló que en esta primera etapa “tiene previsto la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en la etapa entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), la construcción del gasoducto entre las ciudades de Mercedes y Cardales (Buenos Aires), la ampliación del gasoducto NEUBA con Ordoqui, la Planta Compresora Mercedes, la de Tratayén y la de Saliqueló”, y precisó que “esto va a posibilitar de que en una primera etapa en el mes de julio del 2023 podamos incorporar al sistema 11 millones de metros cubos día con la sustitución de importaciones con 2.400 millones de dólares”.

“Durante el 2023 se prevé construir un récord de 683 km de gasoductos con la generación de más de 45 mil puestos de trabajo, y un impacto positivo en la balanza comercial de 2.440 millones de dólares por año por sustitución de importaciones”, expresaba una filmina de la presentación de la funcionaria.

En otra línea, manifestó que “estas obras de transporte no son una política aislada, sino que están enmarcadas dentro de otras obras de expansión del sistema del gasoducto”, y remarcó que “en los últimos años se han construido 40 kilómetros de gasoducto y en este presupuesto para el año que viene estamos previendo la construcción de un poco más de 500 kilómetros”.

“Esta obra va a posibilitar la mayor evacuación del gas de Vaca Muerta lo cual va a permitir un desarrollo cualitativo y cuantitativo, aumentando la producción en un 30%. También estamos previendo la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, la ampliación de la capacidad de compresión en el GNEA y la instalación del gasoducto Norte”, explicó Royón.

En ese marco, remarcó que las obras “son fundamentales” porque “van a posibilitar que el norte del país pueda acceder al gas competitivo de Vaca Muerta, posibilitará la integración de mercados energéticos y la exportación hacia Brasil. Vienen acompañadas de un presupuesto para la expansión de gas en aquellas localidades de las provincias del norte que no tienen acceso al gas natural”.

“El Programa Transportar permitirá aumentar el autoabastecimiento y la sustentabilidad energética, abaratar el costo de la energía, ampliar la capacidad actual del sistema del transporte de gas natural, consolidar la interconexión de los sistemas de transporte existentes, garantizar las condiciones necesarias para el incremento de la producción y generar 10 mil puestos de trabajo directos”, detalló la secretaria.

Por último, Royón aseguró que “todas las acciones contempladas en este presupuesto, van dirigidas al logro de la seguridad, eficiencia y sustentabilidad energética para que Argentina nunca más dependa de importaciones de combustibles para la generación de la energía y se convierta en un exportador neto para los mercados regionales e internacionales”.

Una gran polémica se generó en los últimos días por la publicación y mención de nombres y direcciones de personas que eran beneficiarios de subsidios en los servicios de luz, agua y gas. O mejor dicho: que no renunciaron a los mismos cuando durante un tiempo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner abrió transitoriamente un registro para tal fin.

El tema generó un fuerte repudio en la oposición, y una de las legisladoras más activas en la materia fue la diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), quien incluso hizo una presentación pidiendo investigar el tema. Consultada este viernes, calificó el caso como “vergonzoso, persecutorio y no podemos permitirlo”.

En comunicación con CNN Radio, la vicepresidenta del bloque de diputados de la UCR consideró que “se violó la Ley de Protección de Datos Personales”, y recordó que presentó una nota “para que se abra una investigación de oficio y que llegue hasta las últimas consecuencias”.

“El Estado manipuló una base de datos y cierta información privada, pero es raro que las tenga porque en realidad las listas las manejan las empresas de agua, energía y gas”, denunció Banfi quien además expresó: “Se hizo un uso indebido de información personal”.

Por otro lado, la opositora analizó que “hay una decisión fuerte del Gobierno de correr el eje y entretener con estas cuestiones políticas y discriminatorias para que la gente no se de cuenta los precios que va a pagar en un mes o dos”. A su vez, dijo que “el kirchnerismo, otra vez, busca poner argentinos contra argentinos”.

Respecto al pedido de investigación, la legisladora radical dijo que “si al lunes no hay novedades, haré una denuncia pública”, porque consideró que “el Estado debe dar explicaciones públicas sobre porque las empresas les facilitan listas”.

Para finalizar, Banfi concluyó: “La gente no confía en el Estado porque tiene miedo a que se filtre información privada y que después reciban agresiones vía redes sociales”.

Frente al escándalo que desató la filtración de una base de datos de subsidios de 2012, echo que fue repudiado por la bancada opositora, la diputada nacional y vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, presentó ante la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, una nota pidiendo que se investigue el uso indebido del listado.

“La filtración y posterior difusión en medios nacionales de la base de datos incluyó a personalidades como Carlos Tevez y Marcela Tinayre hasta empresarios como Pascual Mastellone y Alberto Roemmers que fueron escrachados en vivo por Jorge Rial”, fundamenta en la solicitud.

En ese sentido, declaró que “se le da un uso persecutorio a una base de datos de hace 10 años en donde se elige a dedo a quién linchar y discriminar públicamente. No solo es inaceptable, sino que es ilícito y debe ser investigado con urgencia”.

La difusión de la base de datos podría incurrir en una violación a la ley 25.326 que en su artículo 3 indica que la publicación de datos no puede tener una finalidad contraria a la ley o a la moral pública, como puede ser su recorte sesgado políticamente, la discriminación o escraches públicos.

“La publicación de esta base de datos no fue publicada dentro de los marcos de la transparencia activa, es imperante que desde la Agencia se despeje toda duda acerca algún tipo de colisión entre el derecho a saber y la protección de datos personales”, explicó Banfi.

En el transcurso de los próximos días la diputada radical esperará una respuesta por parte de Beatriz Anchorena y en el caso de no obtener una contestación llevará el caso a la justicia penal para que interceda.

Nota-a-AAIP

Legisladores opositores salieron a criticar fuertemente la actitud del oficialismo que a través de medios afines infringieron la ley al difundir información personal relacionada con el cobro de subsidios de servicios públicos.

El diputado nacional del Pro Waldo Wolff presentó un proyecto de resolución para expresa “su más enérgico repudio a las exhibiciones que fueron públicas el día 16 de agosto en la conferencia de prensa oficial del Gobierno nacional en donde exhibieron datos privados de propiedades de ciudadanos que cumplen con la ley”.

El proyecto advierte que “este accionar además de ser violatorio de la intimidad y la privacidad cruza líneas que no se condicen con un Estado de derecho pleno”.

Ver ayer a funcionarios de gobierno exhibir en una conferencia de prensa oficial fotos de propiedades con dirección y montos de servicios pagados en tiempo y forma no se condice con el derecho a la privacidad. Inadmisible.
Nuestro repudio. pic.twitter.com/rwQ7mNJHwH

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) August 17, 2022

Por su parte, la diputada Karina Banfi advirtió que la información difundida por medios K “no es una investigación. ES UNA CANALLADA!”. Y agregó: “Tergiversa la información. Usa datos personales y es información desactualizada de una política vieja que refritan para ponernos unos contra otros”.

Reclamó además que “la Agencia de Acceso a la Información Pública debe investigar de forma URGENTE el uso de datos personales”.

Hoy marchan contra el tarifazo…ah, no! Pará…

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) August 17, 2022

La diputada del Pro Silvia Lospennato se preguntó con ironía “a qué hora publica Página 12 el listado de todos los beneficiarios de planes sociales y cualquier otro subsidio del Estado. #ElRelatoSeCaeAPedazos”.

“La sociedad ya no se compra la doble vara kirchnerista. Escrachar ciudadanos y difundir información personal es moralmente reprochable siempre. Disfrazan de investigación periodística operaciones políticas pero cada vez les funciona menos porque nadie les cree”, planeó la diputada, que sostuvo además que “el repudio debe ser unánime y masivo. Hacen una lista carprichosa y arbitraria de algunas pocas sobre las millones de personas q reciben un subsidio que el propio gobierno otorgó. ¿Qué sigue? ¿Qué otra información personal estamos dispuestos a q los medios para-oficiales difundan?”.

En otros tuits advirtió que “el kirchnerista que celebra el escrache a ciudadanos, que no llore cuando los ciudadanos escrachan a sus funcionarios. El mismo gobierno que difunde información personal de ciudadanos argentinos se niega a entregar la información pública sobre los gastos de la primera dama #DobleVaraKirchnerista”.

Funcionarios que escrachan con dirección completa a ciudadanos que pagan puntualmente la tarifa que ellos mismos fijaron. Peronismo explícito. Estado policial. #LaLocuraEsTotal

pic.twitter.com/ijHimJWH1t

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 17, 2022

A su vez, la diputada Sabrina Ajmechet se preguntó: “la Agencia de Acceso a la información pública, que tiene a su cargo la protección de datos personales, ¿en qué anda?

“El Tobierno y sus periodistas falderos decidieron violar la intimidad de ciudadanos argentinos señalándolos y dando información sobre sus gastos. El Gobierno debe proteger a los ciudadanos, no escracharlos. La intromisión del Estado en la vida privada es intolerable en democracia”, agregó.

La Agencia de Acceso a la información pública, que tiene a su cargo la protección de datos personales, ¿en qué anda?

👀 @AAIPargentina https://t.co/t5q2z5xamO

— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) August 17, 2022

Al cierre de la reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, presidida por la formoseña María Teresa González, (FdT), y de Presupuesto y Hacienda, la senadora mendocina Mariana Juri (UCR) solicitó el “inmediato tratamiento” del tema de subsidios al transporte público del interior, tras lo cual González adelantó que en las “próximas semanas” se comenzara a debatir el tema y se invitarán a “un sinfín de grupos a exponer”.

“Es para pedirles que pongamos de inmediato en tratamiento o comencemos a dar inmediato tratamiento el tema de los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior”, pidió la vicepresidenta de la Comisión de Transporte y remarcó: “La verdad es que el interior del país, sobre todo, tienen muchas de las provincias, no en la mía donde el gobernador de Mendoza se ha hecho cargo de una gran parte del subsidio para sostener el boleto de transporte más barato del país, pero hay muchas provincias que tienen el transporte publico paralizado, el desabastecimiento del gasoil ha empeorado la situación y se espera que en los próximos meses la situación sea más compleja”.

Y cerró: “Como hay varios proyectos vinculados al tema de los subsidios al transporte, quería solicitar, atento a que son las dos comisiones que deberían abocarse al tratamiento, que sea la próxima semana o próximos días”.

Recogió el guante la formoseña González quien comentó que “en el día de ayer en mi provincia se realizó una reunión de gobernadores del Norte Grande y, fundamentalmente ratificado lo que acaba de decir la senadora, los temas de agenda, los principales, fueron precisamente tarifa y subsidios al transporte de pasajeros”.

“Por lo tanto vamos a iniciar el tratamiento de tres proyectos de ley ponerlos a consideración sino también de los asesores e invitar a un sin numero de grupos que están muy ansiosos de poder compartir y verter sus opiniones al respecto”, informó la senadora oficialista.

La Comisión de Transporte de la Cámara baja, presidida por el jujeño radical Jorge Rizzotti, se reunió este miércoles para retomar el debate por los subsidios al transporte público de pasajeros por automotor, urbano y suburbano del interior del país del interior y emitió dictamen para declarar la emergencia con plazo hasta el 31 de diciembre del corriente año, un monto destinado de $59.500 millones y la utilización del sistema SUBE.

En el despacho también se incluyó la modificación a la Ley 24.449 sobre la prórroga del vencimiento del plazo para circular para vehículos que presten servicio de autotransporte de pasajeros, un tema que surgió del último encuentro que mantuvieron.

El dictamen no fue unánime, ya que el bonaerense Florencio Randazzo no estuvo de acuerdo respecto al alcance de la emergencia y a la facultad delegada al Ejecutivo. La discusión sigue ahora en la Comisión de Presupuesto.

Las provincias reclaman que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (Ciudad y Conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios, dejando entre un 15% y 13% a repartir entre las distintas jurisdicciones. En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.

✅ TRANSPORTE DEL INTERIOR. Hoy dictaminamos llevar a $ 59.500 millones los fondos. El Gobierno de Mauricio Macri y Rogelio Frigerio eliminó los aportes nacionales al interior en 2018, y pasó el problema a Provincias y Municipios,

📌 La nota de Télam 👇https://t.co/PVTWWARrA7 pic.twitter.com/yc5eEbjdhb

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) June 22, 2022

El debate

En el uso de la palabra el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo “Rodríguez, consultó sobre el compromiso de la comisión a “comenzar ya mismo el tratamiento de los proyectos que abordan la cuestión del Fondo, en el sentido de una nueva distribución de los subsidios, la equidad federal”.

En tanto, el radical Rizzotti le contestó: “No hay en el dictamen una inclusión del tema, pero es algo a tratar al poder establecer una agenda y tratar un proyecto de Fondo respecto del sistema de subsidios al transporte”.

A su turno, el diputado correntino Jorge Romero (FdT) sugirió incorporar en el artículo primero del dictamen “transporte urbano y suburbano hasta 60 kilómetros” porque “eso va a influir en la cantidad de móviles que tiene la CNRT que van a ser muchos más y vamos a entrar en un problema”.

En su alocución, el titular de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, expresó: “Estamos declarando la emergencia y eso puede habilitar la realización de contratos administrativos por emergencia y que eso conlleva a lo que os cuestiones de licitación, prórrogas de concesiones, entonces tendríamos cuidado en cómo redactamos esa parte. El propósito que habíamos establecido era declarar la emergencia para lo que es el objetivo del Fondo Compensador que necesitan las provincias del país y sería cuidadoso en la declaración de la emergencia en lo que conlleva después eso, porque es un tema que no es poca cosa para todo lo que es el sistema de transporte de automotores de la argentina”.

“Obviamente que estamos tratando de encontrar un punto de coincidencia que se había logrado. No tenemos márgenes de tipificación de una emergencia es decir emergencia uno, dos o tres, como para condicionar el funcionamiento, es algo imposible. Nosotros necesitamos tener en claro cuáles son las prioridades que es generar un fondo que atienda a las distorsiones que se han producido en el transporte público del interior y la herramienta que tenemos en la mano es esto. Y si la empezamos a mirar y a tironear no vamos a hacer nada para que esto tenga la ejecutividad que esto tiene que tener por los tiempos en los que estamos y la urgencia demandada”, sostuvo el diputado Carlos Selva (FdT).

De la vereda de enfrente, Ferraro le retrucó de forma pacífica: “En la definición que usted plantea se incorporan los micros de larga distancia en lo que es declaración de la emergencia y no guarda propósito con el objetivo que estamos debatiendo y tenemos que aclarar hacia dónde queremos declarar la emergencia. No digo que ese sector no la tenga, pero tratar de enfocarnos en el propósito”.

Silva le contestó: “En el acuerdo que se llegó, y en un proyecto que teníamos presentado de prórroga de la antigüedad de los micros de larga distancia, se determinó que ese proyecto de que exista la posibilidad de incluirlo dentro de la emergencia. La emergencia tiene un sentido que es el financiamiento para un determinado sector y tiene otro sentido que, le estamos dando al Ejecutivo, de prorrogar plazos de vencimientos por los dos años que no se trata en el proyecto. Son dos cosas complejas”.

Tomó el micrófono el presidente de la comisión y aclaró que para unificar el dictamen tuvieron “el proyecto de ley que es el tema de la emergencia en función al subsidio y al acompañamiento al transporte urbano del interior del país. Esa declaración se extiende al interjurisdiccional a efectos de que, si el Ejecutivo entiende dentro de la emergencia hacer una prórroga en la correspondiente, es su facultad”.

En tanto, el sanjuanino José Luis Gioja (FdT) sugirió que la facultad al jefe de Gabinete tenga un plazo hasta el 31 de diciembre del corriente año suponiendo que “vamos a sacar una ley definitiva que rija hasta el año que viene”.

En suma, Rizotti aceptó la propuesta y resaltó: “La emergencia hasta el 31 de diciembre entiendo que vamos a trabajar en la comisión con todos los proyectos presentados en un proyecto definitivo de redistribución del subsidio del transporte del interior de pasajeros y las condiciones que tiene que tener la misma”.

“Puede ser o no necesaria la declaración de la emergencia, pero si también entendiendo que este aumento que se hizo en función el proyecto de presupuesto, el monto que ponemos lo hacemos  afecto de la emergencia de la situación que tiene hoy el transporte interurbano del país”, sumó y agregó: “Los que venimos del interior queríamos más de 59 mil millones es probable que tengamos que exigirle al Ejecutivo hacerse cargo de algún tipo de tributo y por eso la exigencia de la implementación de la SUBE y evitar mayores inconvenientes que ya tenemos. En la declaración de emergencia estamos dando esa herramienta”.

Por último aclaró: “Hay una definición respecto en el cual planteamos la declaración de la emergencia que tiene que ver con la situación puntual del tema del interior y que tiene que ver hasta tanto haya una redistribución que, entendemos nosotros también, es responsabilidad de la comisión en un plazo no mayor de 60 días a efectos de que tengamos un trabajo definitivo puesta a consideración el trabajo de la redistribución de los subsidios y a efectos de dar, a través de esto, la ayuda para la autorización y obligación al Ejecutivo del incremento del monto. También tiene que ver en la obligatoriedad de la implementación de la tarjeta SUBE para que tenga consideración sobre la demanda”.

En tanto, el radical mendocino Lisandro Nieri retomó el artículo 2 del dictamen y celebró el número al que se arribó, pero advirtió que los criterios de distribución la “dejaríamos para una ley más estructural de Fondo porque se planeta que sea el Ministerio de Transporte el que distribuya y podríamos tener sorpresas con esos criterios de distribución en algunas jurisdicciones”, y sugirió: “Deberíamos mantener las actuales y que Nación se haga cargo de la distribución de las tarjetas y sistemas de SUBE”.

EL DICTAMEN:

ARTÍCULO 1: Declárese la emergencia económica hasta el 31 de diciembre del 2022 del transporte público de pasajeros por automotor urbano, suburbano e interurbano del interior del país, excluidos los servicios definidos por el artículo 2 del decreto 656/1994 y en la resolución 168/1995 de la secretaria de Transporte del exministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Queda incluido dentro de la presente declaración de emergencia el autotransporte de pasajeros de carácter interurbano de jurisdicción nacional e internacional. Todo ello con el objeto de garantizar la prestación de los servicios a los usuarios y la conservación de las fuentes de empleo. Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Transporte de la Nación y demás organismos descentralizados, a dictar las reglamentaciones correspondientes.

ARTÍCULO 2: Modifíquese el artículo 72 de la Ley 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2021 sus normas modificatorias y complementarias reconducido por el decreto 882/2021 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Prorróguese el fondo de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país por la suma de 59.500 millones de pesos. El Ministerio de Transporte será el encargado de establecer los criterios de distribución. Las provincias y/o municipios que adhieran a dicho fondo deberán, conjuntamente con las empresas de transporte, implementar el sistema único de boleto electrónico”.

ARTÍCULO 3: Las jurisdicciones provinciales y municipales beneficiarias del fondo de compensación deberán continuar aportando al  sistema de transporte de pasajeros urbano y suburbano por automotor un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes al año 2021 entre los aportes girados por el Estado Nacional en concepto de Fondo Compensador y los aportes de las jurisdicciones locales procurando la sustentabilidad de los servicios de transporte automotor de pasajeros involucrados en la presente medida.

ARTÍCULO 4: Las jurisdicciones provinciales y/o municipales beneficiarias del Fondo de Compensación de transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país deberán presentar las rendiciones de los fondos percibidos por este concepto hasta el último día hábil del mes liquidado, a efectos de su pago por la autoridad de aplicación dentro de los 10 días hábiles posteriores.

ARTÍCULO 5: Facúltese al jefe de Gabinete de ministros a disponer los ajustes presupuestarios que correspondan en el presupuesto general de la nación utilizando la mayor recaudación impositiva de la prevista en el presupuesto vigente”

ARTÍCULO 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

La Comisión de Transporte de la Cámara baja, presidida por el jujeño radical Jorge Rizzotti, se reunirá este miércoles a las 16 para retomar el debate por los subsidios al transporte público de pasajeros por automotor, urbano y suburbano del interior del país del interior y declarar la emergencia.

Sin invitados a exponer, diputados también se abocarán a debatir en la Sala 3 modificaciones a la Ley 24.449 sobre la prórroga del vencimiento del plazo para circular para vehículos que presten servicio de autotransporte de pasajeros, un tema que surgió del último encuentro que mantuvieron.

Esta será la segunda reunión que se realiza con el objetivo de arribar a una solución a dicho problema. En el encuentro anterior, que se celebró el 14 de junio, se estimaba contar con la presencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, pero por “problemas de agenda” no pudo asistir y, en su lugar, fueron funcionarios de la cartera y las autoridades de COFETRA.

En la misma, desde el Ministerio de Transporte de la Nación señalaron que el problema empezó con el Consenso Fiscal firmado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri entre gobernadores e intendentes. Por el contrario, desde COFETRA hicieron hincapié en la “asimetría entre el AMBA y el interior”, y plantearon la disparidad de precios del combustible.

Las provincias reclaman que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (Ciudad y Conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios, dejando entre un 15% y 13% a repartir entre las distintas jurisdicciones.

En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.

El diputado nacional Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) fue el último en pedir la palabra al cierre de la reunión de Comisión de Transporte de este martes a la que asistieron funcionarios de la cartera homónima, quienes aseguraron que el problema de los subsidios al interior comenzó con el Pacto Fiscal de 2018, lo cual fue calificado de “chicana” por el legislador y expresó: “Las acusaciones alejan la posibilidad de encontrar una solución”.

“Independientemente de las acusaciones, de las cuales estamos acostumbrados, alejan la posibilidad de encontrar una solución porque el Pacto Fiscal, al fin y al cabo, lo firmaron la mayoría de los gobernadores. Eso es una chicana que me parece que no encuentra respuesta”, disparó Randazzo.

En tanto, consideró que “el problema acá es que la manta es corta porque tenemos un proceso inflacionario enorme. Se acaba de conocer la inflación de mayo 5,1%, anual 60,7%, dólar 224, entonces en realidad tenemos un problema de manta corta que finalmente los recursos no terminan alcanzando”.

“Este es uno de los problemas graves que tenemos. Entonces cuando tenemos inflación o lo trasladamos a subsidios o a tarifas. El Gobierno tiene pocos recursos para subsidios y tampoco quiere pagar un costo político para el incremento de tarifas porque la gente realmente está mal”, opinó el exministro de Transporte.

En ese sentido, sumó: “Me parece que hay que buscar otro tipo de solución, la SUBE no puede ser que pasaron 10 años y no todo el país la tiene. Había 12 millones de tarjeas vivas y podías ver la cantidad de pasajeros transportados, pudimos asignar el gasto de combustible a través de GPS en el AMBA”, y subrayó: “Hay herramientas tecnológicas que nos ayudarían a tener actualizados las rendiciones y el resto de los datos que necesita el sistema de transporte”.

“El problema más grave es que no alcanzan los recursos, no se trata de sacarle a una jurisdicción y darle a otra. En CABA utilizan el transporte la mayoría que vive en el Gran Buenos Aires y vienen a trabajar. Tenemos que buscar una solución inmediata a qué cantidad de recursos tiene el Ministerio de Transporte puede aportar para soportar el incremento que tenemos, como así también el envejecimiento de la flota con todas las consecuencias que eso trae aparejado en la calidad del transporte”, precisó el diputado bonaerense.

Por último, pidió que “hagamos un esfuerzo para resolver lo inmediato en cuanto a recursos y luego un mecanismo para que sea más justo”. “La Argentina tiene una inconsistencia macroeconómica que no nos permite planificar absolutamente nada”, cerró.

Al cierre de la reunión informativa de la Comisión de Transporte de la Cámara baja que tuvo lugar este martes, en la cual se analizó junto a funcionarios del área la problemática por los subsidios al transporte urbano de pasajeros en el interior, el diputado nacional José Luis Gioja (FdT – San Juan) apuntó contra l gestión anterior: “Nos cagaron mal con el Consenso Fiscal”.

De forma breve, Gioja agradeció la presencia de los funcionarios y apuntó: “En el Pacto Fiscal, que es uno de las tantas malas cosas que se hizo en el gobierno anterior que se firmó en noviembre del 2017 y empezó a regir en el 2018, hay cosas que se cumplen y cosas que no porque por ejemplo al AMBA se le da el gasoil, y el Pacto Fiscal dice que hay que sacárselo como se lo sacaron a las provincias”.

“He tenido el tremendo orgullo de conducir mi provincia 12 años, desde el 2003 al 2015, jamás a la provincia dio un subsidio al transporte de pasajeros por micros. El problema empezó con el Pacto Fiscal yo no sé porque se firmó y para qué”, cuestionó el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.

Y disparó: “Fue un ajuste a las provincias. Nos cagaron mal ahí”. De inmediato, se disculpó por la mala palabra.

Con la ausencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, funcionarios de la cartera se hicieron presentes este martes en la reunión informativa de la Comisión homónima de la Cámara baja para analizar la problemática de los subsidios al transporte de pasajeros en el interior del país. También estuvieron las autoridades de COFETRA.

Desde la cartera de Transporte de la Nación señalaron que el problema empezó con el Consenso Fiscal firmado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri entre gobernadores e intendentes. Por el contrario, desde COFETRA hicieron hincapié en la “asimetría entre el AMBA y el interior”, y plantearon la disparidad de precios del combustible.

En representación del Ministerio de Transporte asistieron el secretario de Gestión de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; el subsecretario de Políticas Económicas y Financieras de Transporte; Carlos Vittor, subsecretaria de Transporte Automotor, Laura Labat. Por el lado de COFETRA expusieron Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe y presidente de Cofetra; Alcira Brizuela, titular de Transporte y Movilidad de La Rioja y vicepresidenta del Comité Federal; y Franco Mogetta, titular de Transporte de la provincia de Córdoba y secretario de Cofetra.

Al comienzo de la reunión, el presidente de la comisión, el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, explicó: “Hicimos la invitación a funcionarios y miembros del COFETRA por un tema de gran importancia en nuestro país, fundamentalmente en el interior del país, que tiene que ver con la problemática del transporte público de pasajeros. Una situación de gran conflictividad que vivimos en las provincias. Invitamos a funcionarios para escuchar las alternativas de solucionar el problema”.

Exposiciones

Abrió la ronda de oradores el secretario Diego Giuliano, quien se puso a disposición para analizar “las cuestiones de distribución de recursos, la representación de las provincias, los municipios y el Estado Nacional” que son “aspectos tan importantes”.

“En nuestro país tenemos dos grandes bloques en materia de transporte. Por un lado, el transporte que se llama interjurisdiccional es decir el transporte urbano de pasajeros que atraviesa una jurisdicción respecto de otra, es una competencia exclusivamente del Estado. Es un tema que surge de la propia Constitución, de varios fallos de la Corte Suprema donde plantea el aspecto interjurisdiccional, respecto del transporte urbano de las provincias o propio de los municipios”, inició su ponencia.

En tanto, recordó que “desde el punto de vista federal, no es una materia delegada al Estado nacional. El transporte tiene un control, un diseño, una fiscalización e implementación de tarifas en cada jurisdicción, este es el modelo clásico”.

“La situación quedó renovada por la posición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en 1994 deja de ser capital federal, pero tiene rango constitucional y tiene las mismas condiciones de una provincia, con lo cual aparece una nueva jurisdicción”, sumó a su ponencia.

En esa línea, describió: “¿Cómo ha quedado esta cuestión? por un lado está el AMBA, que tiene esta cuestión de combinación entre provincia-CABA. Hay también unidades administrativas que son otras unidades interjurisdiccionales como Paraná-Santa Fe, Resistencia-Corrientes, son unidades administrativas que tienen tratamiento interjurisdiccional y, por lo tanto, competencia del Estado, es decir que regula y controla ese transporte”.

“En el caso de las provincias, tiene otra cuestión porque tiene particularidades propias y fisonomía de cada uno de los transportes y ciudad”, señaló y ejemplificó: “En el AMBA el sistema de transporte, el flujo que tiene, tiene ciertas características, y en Mar del Plata es distinto por la temporalidad y la frecuencia. Tienen territorialidades distintas por la cuestión de la fisonomía de las provincias”, y diferenció: “En el AMBA también tenemos diversidad en materia de transporte y tiene que ver con los índices que analizamos como pasajeros por kilómetros recorridos y en CABA el IPK es de 2.72 por kilómetro. En la misma AMBA hay diferencias que respetar y la recaudación es distinta”.

Sobre la compensación del reparto del Tesoro Nacional, informó que “el transporte tiene un gran componente de subsidios en todo el mundo y está agigantado sobre todo con la pandemia. Tiene subsidio porque tiene un profundo sentido social, ambiental y de ordenamiento urbanístico”.

“Si analizamos el sistema de compensación del transporte hacia el interior del país hay una participación del Estado nacional en lo que significa el subsidio al transporte del interior que desde el 2015 es del 32%, es lo que participa el Estado en el transporte del interior”, destacó Giuliano y apuntó: “Hay una situación que se dio que fue el Consenso Fiscal del 2018 con impacto en los números del 2019 de una manera muy importante”.

Por consiguiente, relató: “Ese Consenso Fiscal tuvo un acuerdo entre gobernadores y el Estado. En números concretos, fue que esa participación que era del 32% (interior) al 68% (AMBA), terminó en 16% (interior) a 84% (AMBA) la relación y sucedió a raíz de un hecho jurídico y político”, e indicó que son “efectivamente los números que tenemos en materia de transporte en Argentina. Se redujo el subsidio al interior en un 50%, esto es 2019”.

Por el contrario, ponderó que “desde la llegada de Alberto Fernández y de los ministros, el planteo fue trabajar en, por lo menos, cuatro aspectos para resolver esta circunstancia”, y disparó: “Dentro del Pacto Fiscal quedaron conectadas las 32 líneas de micros y colectivos de CABA. La disminución del subsistido y conexión directa de las 32 líneas, han provocado un efecto distorsivo, que lo han planteado cada uno de ustedes”.

Asimismo, explayó: “¿Cuáles son las direcciones en las que hemos intervenido? La primera aumentar la participación del Estado en el subsidio al transporte del interior del país. El aumento ha sido triplicarlo en los dos primeros años, luego aumentarlo en un 60% de lo ya triplicado, esto estaba en el despacho de presupuesto que no se aprobó, para ir logrando una mejoría”.

“La segunda tarea fue la devolución o traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las 132 líneas que pertenecen a su exclusivo territorio. Estamos gestionando este traspaso en un diálogo directo”, sumó y agregó: “En tercer lugar, planteamos la extensión de la tarjeta SUBE en el país como una necesidad de trazabilidad de subsidio al transporte, de transparencia y accesibilidad al ciudadano porque de esa manera el subsidio va por demanda y por persona”.

Y cerró sobre este tema: “La cuarta acción fue la tarifa, algo complejo, pero la distorsión tiene que ver con el congelamiento en un tramo acompañando a los trabajadores esenciales durante pandemia”, y adelantó: “Hemos iniciado el proceso del aumento de la tarifa”.

“Estos cuatro sentidos hemos abordado una problemática histórica, que atraviesa a todos y necesita de un esfuerzo cada vez mayor del Estado y se convirtió en el principal componente el sostenimiento del transporte en el país”, manifestó el secretario de Transporte y cerró: “Estamos en el medio del camino y realmente intentando superar la distorsión que ha sido planteado por gobernadores e intendentes de todos los colores políticos que significó el Consenso Fiscal y la conexión a las 32 líneas de Buenos Aires dentro del subsidio federal directo”.

Por el lado de COFETRA, señalaron que vienen de un “proceso muy complicado” y recordaron que hace un mes mantuvieron una reunión en Córdoba en la que participaron 23 jurisdicciones algo que calificó como “histórico en la coincidencia del diagnóstico”.

“No podíamos seguir soportando una situación que nos estaba conduciendo a un deterioro progresivo de un servicio público como es el transporte y, a su vez, observando una situación de absoluta disparidad con el AMBA”, lanzó Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe y presidente de COFETRA. 

En tanto, contó que “el proceso de destrucción del transporte público en el interior se está dando, a pesar de que todas las jurisdicciones provinciales y municipales hemos ido aumentando la cantidad de subsidios que damos y hubo que hacer un proceso de ajuste de tarifas. Hoy estamos en tarifas de la orden urbana de los $70 y del interurbano de un 44% de lo que va del año. Es una tormenta, en el medio de esto la pandemia que redujo la cantidad de pasajeros, que se esta recuperando, pero no alcanzó los niveles prepandemia”.

“Una dificultad desde el punto de vista del pasajero de pagar una tarifa de ese costo se hace complicado. Es cierto que la autoridad de aplicación son las provincias y los municipios, pero hay elementos que no los fijamos nosotros. La verdad es que estar pagando el gasoil, si se consiguen a $200 no depende de nosotros”, apuntó Miatello.

Además, remarcó que “casi todos los ingresos del AMBA son subsidios, de manera que los aumentos salariales son cubiertos con más subsidios y genera que los trabajadores de UTA queremos igual salario por igual trabajo, algo razonable, pero no tenemos el mismo nivel de subsidio”.

“Entre el gasoil, subsidios, una situación general, es una descripción y una necesidad de producir y avanzar hacia una igualación de subsidios, no hablaría tanto de tarifas porque depende de realidades y variantes porque cada provincia que tiene su realidad social, pero si una igualación en cuanto a nivel de subsidios. Estamos tratando de ver cuál es la solución más allá de lo que sucedió, ya conocemos la historia. El hecho de el propio gobierno nacional haya fijado un Fondo compensador con muy buen criterio y que tuvimos una triplicación de los subsidios, que fue una bocanada de aire fresco, eso se fue amesetado”, relató.

En el mismo sentido se pronunció Alcira Brizuela, titular de Transporte y Movilidad de La Rioja y vicepresidenta del Comité Federal, quien sostuvo: “Comenzamos el 2022 con una situación crítica en el transporte del interior porque sufrimos un presupuesto reconducido que está teniendo la nación y eso es importante decirlo porque el Ministerio de Transporte cuenta con 20 mil millones solo para el interior”.

“La asimetría entre el AMBA y el interior es algo que venimos planteando. El interior ya no alcanza con tarifas, es inconsistente porque los costos ya no dan más. La situación hoy la vivimos con las paritarias de UTA, pero se definen en AMBA y luego se replican y eso es imposible de pagar. El AMBA recibe 18 mil millones mensuales, 3.500 millones todo el interior del país. Tiene un subsidio al combustible de mil millones, al interior cero. En cuanto al precio, AMBA $145 el litro, el interior paga entre $200 y $230. El boleto mínimo es de $20 en AMBA, el interior un promedio de $45 el menor, otros $70 o $90. AMBA tiene boleto estudiantil subsidiado, en el interior lo pagan las provincias. El interior no alcanza con tarifas”, comparó.

A su vez, cuestionó que “no está en las manos del Ministerio de Transporte solucionar este problema, la solución está en este Congreso”, y cerró: “El impuesto al combustible lo pagamos todos, pero solo se beneficia el AMBA y eso es una gran injusticia”.

Por último, se expresó Franco Mogetta, titular de Transporte de la Provincia de Córdoba y secretario de COFETRA, quien agregó a los relatos de sus pares que “este es el ámbito donde las discusiones federales tienen que darse y tomar conciencia de un servicio publico que debe garantizar un punto de partida similar en todas las jurisdicciones del país lideradas por el gobierno nacional que debe garantizar la federalidad de los recursos”.

“Tenemos que ser más equitativos en el acceso al derecho que le damos a los ciudadanos que no debe distinguirse por jurisdicciones, no podemos hacer esa distinción en cuanto a la accesibilidad que deben tener los argentinos. Estamos tratando de luchar para lograr una igualdad. No es una discusión o competencia entre Nación o provincia para ver quién le saca a quién, sino que sea lo más justo posible, no podemos seguir sometiendo al interior a transitar rutas que son nacionales que son escandalosas en algunos casos”, reflexionó.

En medio de una crisis que golpea al transporte de pasajeros en el interior del país por la falta de equilibrio en el reparto de los subsidios, sumado a la falta de combustible, la diputada nacional y vicepresidente segunda de la Comisión de Transporte, María Luján Rey (Pro – Buenos Aires) dialogó con parlamentario.com sobre el tema y opinó que “los subsidios deben dejar de ser a las empresas y tiene que ir directamente a los pasajeros”. Por otro lado, la legisladora de la bancada opositora apuntó contra el Gobierno por la escasez de combustibles: “Es una gestión que improvisa todo el tiempo”.

Al ser consultada por la reunión informativa de este martes, a la que estaba invitado el titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, a la Comisión homónima, pero que por cuestiones de agenda comunicó que no asistirá y en su lugar irán secretarios del área, Luján Rey manifestó sus expectativas: “Mañana esperábamos escuchar por parte del ministro las razones por las cuales están demorados los subsidios a las provincias. Que nos expliquen cuáles son los motivos por los que no ha llegado todavía ese dinero a las provincias”.

“También cómo tienen pensado ampliar el fondo que ha quedado insuficiente, entendemos. Pero que también sabemos que cuenta con todas las herramientas para resolverlo sin necesidad que se genere una ley”, remarcó la diputada. Por consiguiente, contó que “se han presentado proyectos en este sentid” y bregó por “avanzar en algún proyecto consensuado que declare la emergencia y amplié el fondo destinado a los subsidios al transporte del interior”.

En esa línea, apuntó: “También es cierto que el Ejecutivo Nacional podría estar dando una solución sin esperar todos estos plazos”, y lamentó: “Nos iba a venir bien escuchar al ministro mañana para saber los motivos por los cuales llegamos a esta situación y cómo piensa salir de ella y de aquí en más regularizar la situación para los transportistas del interior”.

“En cuanto a la distribución de los subsidios hay varios proyectos presentados, algunos en esta redistribución que plantean afectarían a los subsidios que hoy reciben el AMBA. Como diputada de la provincia de Buenos Aires, pero como diputada nacional también entiendo que es algo que se tiene que debatir y estudiar en profundidad escuchando a todas las partes involucradas”, remarcó Luján Rey.

Además, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Transporte consideró que “no es la urgencia de hoy, la urgencia es solucionar el problema que atraviesan los transportistas del interior, pero la redistribución es un tema pendiente sin duda que hay que discutir y hay que buscar los mejores consensos para que se mejore la situación de todos los transportistas”.

“En lo personal creo que tenemos que pensar que los subsidios deben dejar de ser a las empresas y tiene que ir directamente a los pasajeros, esto permite mayor control y evitar situaciones que ya hemos visto y vivido en el transporte público nacional cuando se entregan subsidios a los empresarios y después no se los controla”, opinó la diputada del Pro e insistió: “Entiendo que más allá de discutir la redistribución de los subsidios, también tendríamos que poner en cuestión a quiénes vamos a subsidiar y en lo personal, insisto en que debe ser el pasajero y no el empresario”.

Por último, al ser consultada por la falta de combustibles que afecta a gran parte del país, advirtió que “la situación es cada vez más preocupante”, y disparó contra el Ejecutivo porque “es una situación que se venía anunciando que hace tiempo el Gobierno debió haber tenido en cuenta y evidentemente no lo hizo, es una gestión que improvisa todo el tiempo y estos son los resultados”.

“Un país que hoy se encuentra con 19 provincias sin gasoil, lo que dificulta, no solo el traslado de las mercaderías, sino también las cosechas, la siembra”, indicó. En tanto, recordó el informe que brindó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Senado y lanzó: “Más allá de lo que manifestó el jefe de Gabinete, la realidad es que es con acciones que se resuelven las situaciones y no con palabras nada más”.

Y cerró: “Sería bueno que el jefe de Gabinete se acercara a la Cámara de Diputados a darnos los informes que corresponden como dice la Constitución Nacional y poder preguntarle por qué llegamos a esta situación, por qué hoy nuestro país esa a punto de estar paralizado por falta de gasoil”.

La Comisión de Transporte de la Cámara baja, presidida por el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, puso en marcha este martes el tratamiento a la problemática de la distribución equitativa del subsidio al transporte público de pasajeros en el interior del país junto con representantes de la Cámara de Transporte de Pasajeros Urbanos y el sindicato de trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

La vicepresidenta primero, la oficialista María Jimena López, solicitó firmar un proyecto de declaración de emergencia del transporte en el interior, pero el presidente de la comisión adelantó que convocarán para el próximo martes una reunión con representantes del Ministerio de Transporte y del Comité de Transporte Federal para debatir dicha iniciativa y confeccionar un proyecto alternativo de redistribución, en un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cabe mencionar que el 87% de los subsidios se concentra en el AMBA, y solo el resto para el interior.

“Esta reunión informativa a efectos de avanzar en el análisis y poder unificar, en la importancia que tiene el tema, y de ser posible avanzar sobre un dictamen al respecto”, señaló Rizzotti al inicio de la reunión.

Sin ser parte de la comisión, Casaretto explicó su proyecto que esta presentado desde el 2021 que “representa al pueblo de la Nación argentina, yo a la provincia de Entre Ríos. Hay 6 ciudades que reciben subsidios al transporte en mi provincia. Lo que venimos a tratar en este Congreso y creo que es el posicionamiento de todos los que representan provincias es asegurar el financiamiento del transporte urbano de pasajeros en todo el interior de la Argentina”.

En ese sentido informó que “en este momento hay paro de transporte porque llegan parte de los fondos, no todos los fondos necesarios”, y, en una comparación, apuntó contra la Capital: “Esto en capital no sucede nunca, apenas una queja, los fondos aparecen y el transporte urbano funciona con financiamiento nacional”.

“Hay una gran diferencia con el transporte del interior en cuanto al reparto de los fondos”, señaló el entrerriano y recordó que en el 2019 en Entre Ríos “hubo un paro de 3 días y los medios no lo registran, importa poco, a nadie le importa, a los grandes mass media no les interesa, solo se enfocan en lo que pasa acá (CABA)”.

Y siguió: “Esta es la preocupación de sostener un subsidio de boleto de $18 en capital cuando en promedio en ascenso en el interior está en torno a los $58. Esa es la realidad de toda la República Argentina. Todo el país subsidiando al transporte público de la Capital Federal y es lo que no podemos permitir. De alguna manera tenemos que generar mayor financiamiento para el transporte de pasajeros”.

“Con el gobierno anterior se achicaron los fondos a una mínima expresión”, disparó Casaretto y volvió a comparar: “Con nuestro Gobierno introdujimos mejoras en el Fondeo aportando lo que el gobierno anterior había dejado de aportar porque había impuesto en el Pacto Fiscal que se hicieran cargo las provincias y municipios de aportar al trasporte en el interior”.

Además, recordó: “Terminamos poniendo 46 mil millones de pesos en subsidios al transporte en el presupuesto 2022”, y lamentó que “por primera vez en la historia un Congreso rechace un presupuesto de un Gobierno. Nunca pasó. En una irresponsabilidad total y, además, dentro de ese presupuesto, no se votó el aumento de fondos que habíamos previsto en el subsidio del transporte”.

“Respecto a su iniciativa, comentó que “busca asegurar un financiamiento para el transporte urbano de pasajeros, tratar de desconcentrar esta Argentina concentrada y tratar de que lleguen más fondos a todas las provincias. A veces algunos en los debates son fondos que van a las empresas, no es así, son fondos que van a los usuarios porque cuando uno aporta al financiamiento lleva a que el boleto no aumente más. Asegurar un país más federal y que los pasajeros tenga similares condiciones a efecto de tener un transporte de calidad y a un costo de boleto accesible y que no sea tres veces al que se paga en capital”.

Al hacer uso de la palabra el titular del interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) le dio la razón a su predecesor porque “tenemos que enfocarnos en lo urgente”, pero señaló que “hay que trabajar en profundidad en los proyectos, pero tenemos en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe un reclamo de adoptar medidas que permitan actualizar los fondos para el sistema”.

“Ese fondo que planteó Casaretto hoy no tendría que tener menos de 76 mil millones para hablar de lo que tenemos que hablar en función de lo que ha sido la falta de previsión con la que han alcanzado los costos y precios”, indicó y cuestionó que “pese a no tener un presupuesto aprobado, no se han tomado las decisiones que el Ejecutivo tenía que tomar. El jefe de Gabinete tiene los instrumentos que la Constitución y las leyes le otorgan para tomar las decisiones que corresponda, aprobar las decisiones administrativas en materia de arreglo presupuestario para tenerlo ya actualizado, salvo que el Ministerio de Economía no quiera”.

“También existe la necesidad de plantear con urgencia la emergencia un proyecto que imponga la necesidad de actualizar ese fondo a no menos de 76 mil millones”, cerró.

A su turno, el diputado radical Víctor Romero (Córdoba) coincidió con sus pares porque “tenemos la necesidad de ir definiendo un mecanismo de distribución de los recursos del Estado en un sistema de transporte que tiene que subsidiarse. Sobe todo porque el transporte es utilizado por los actores trabajadores y más humildes y existe una capacidad de pago como es el precio del boleto, esta es la realidad. Estamos insertos en una situación en la Argentina que tenemos que tener una mirada fiscal y con eso la situación del transporte del interior, luego del acuerdo de paritaria, está en una situación crítica porque el sistema de transporte en AMBA urbano y suburbano, depende del Gobierno nacional y su déficit es financiado por el gobierno y no hay discusión sobre eso”.

“Diferente es en las provincias antes existía un criterio de distribución a través de la autoridad de aplicación que era el Ministerio de Trabajo y se distribuía los subsidios a una sola repartición nacional a todas las provincias y luego, a través del Consenso Fiscal, se llegó a establecer un monto que la Nación pone una parte y las provincias otra”, comparó.

Hay que encontrar un mecanismo para que el sistema de subsidio de transporte sea un sistema de distribución federal con un criterio equitativo, normativo y fuera de discusión política”, sostuvo Romero.

En tanto, cuestionó: “El sistema de subsidios en el interior depende de las jurisdicciones provinciales y se financia con los subsistidos nacionales y el aporte de provincias, pero huno una decisión de la nación de no acompañar esa diferencia salarial al interior del país”, y sugirió: “Hay que encontrar un mecanismo para que el sistema de subsidio de transporte sea un sistema de distribución federal con un criterio equitativo, normativo y fuera de discusión política y eso es ideal con una ley. Los proyectos presentados requieren un trabajo profundo porque esas asimetrías que existen entre el AMBA y el interior del país reducirla con una mirada fiscal, pero contemplar la situación actual”. “Hay una situación de emergencia en el transporte del interior. Hay que incrementar el Fondo de subsidio al transporte del interior y atender esta situación”, advirtió Romero al cierre de su intervención.

En el mismo sentido, el santafesino Enrique Estévez (interbloque Federal) sostuvo que “es importante encontrar una solución de fondo a este problema”, y remarcó que “hay que tomar conciencia porque los gobernadores tienen que hacer aportes. Es una inequidad inexplicable porque todos los argentinos hacen aportes económicos para generar esos aportes. Estos parches que gobierno tras gobierno dan cada vez duran menos. Que sea una solución de fondo y no algo coyuntural”.

“Todos coincidimos en la crisis que está atravesando el transporte del interior y tenemos que encontrar una solución”, expresó el correntino oficialista Jorge Romero y sostuvo que hay que actuar con rapidez y con los “medios eficientes” para dar una solución de coyuntura y a largo plazo. “Hay que distribuir los subsidios para que un 85% no se concentre en el AMBA y un 15% solo para el interior del país, sino que sea algo más equitativo. Hay que volver al sistema anterior de Consenso Fiscal que funcionaba muy bien”. “El ejecutivo tiene que participar y dar su opinión, darnos los fundamentos de cómo viene haciendo la distribución y porque todavía no ese actualizó”, cerró.

Por el oficialismo, el diputado Eduardo Toniolli (Santa Fe) remarcó que “si estamos discutiendo la posibilidad de federalizar los recursos y tener un reparto más equitativo es porque estamos transitando una gestión que decidió revivir los subsidios al interior del país”. “Es imprescindible llevar adelante este proceso de discusión de un nuevo sistema con el Ministerio de Transporte porque hay algo del orden de la emergencia que resolver. Hay que tener un diálogo permanente con el Ejecutivo porque está avanzando en medidas que tiene que ver con la distribución equitativa”, ponderó y lanzó: “Hay un solo distrito de toda la argentina que tiene líneas internas de las cuales se están haciendo cargo todos los argentinos y es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el uso de la palabra y como autor de un proyecto, el rionegrino Agustín Domingo (Juntos Somos Rio Negro) coincidió en que existe una “urgencia” en el transporte del interior que se ve claramente en el precio el boleto por lo que “hay que hacer un ajuste presupuestario”. En tanto, remarcó que el Ejecutivo “puede hacer ese ajuste para llevar el auxilio al transporte”, pero subrayó que “hay que rediscutir el fondo de la cuestión el sistema que es inequitativo, tiene una mirada muy centralista y produce los desequilibrios que todos podemos ver. Los síntomas es que el boleto acá en el AMBA cueste un cuarto de lo que cuesta en el interior, es algo que tenemos que solucionar y la causa es el sistema actual de distribución del subsidio y nuestro proyecto ataca esas causas”.

“La autoridad de aplicación tiene que ser las provincias un Consejo Federal empoderado con facultades para disponer la distribución de subsidios y la utilización de los medios de pagos, ¿por qué todos tenemos que usar SUBE que es un mecanismo que se dispuso acá desde Buenos Aires?”, consideró Domingo y finalizó: “Hay que poner el foco en los usuarios”.

En la previa al tratamiento en comisión de la problemática sobre los subsidios al transporte, el diputado nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos – Santa Fe) presentó un proyecto para crear el “Programa federal y equitativo de compensaciones tarifarias al transporte automotor público urbano y suburbano de pasajeros”, con el fin de garantizar una distribución justa de los subsidios al transporte en todo el país. La iniciativa busca disminuir las grandes diferencias que existen entre los recursos que recibe el AMBA y el resto de Argentina para sostener el precio del boleto.

“El actual sistema de distribución de subsidios de transporte no es compatible con los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades que requiere un proceso de desarrollo federal”, señaló el legislador santafesino. “A todas luces el sistema vigente resulta insuficiente, con fondos escasos y con una metodología de asignación distinta entre el AMBA y el resto del país”, agregó.

El programa alcanza a todas las líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción municipal, provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contempla todos los recursos provenientes del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

“El precio del transporte afecta directamente el bolsillo de los trabajadores y monotributistas, debemos tener un sistema justo que permita un desarrollo equitativo en todo el país”, remarcó Mirabella. “Estas inequidades no solo atentan contra el federalismo, sino que ponen en riesgo políticas nacionales como las paritarias unificadas a nivel país, porque las diferencias en el costo de transporte tienen que ser contempladas en las negociaciones salariales”, enfatizó.

La iniciativa establece que los recursos contemplados en el Programa deberán distribuirse entre jurisdicciones en base a criterios como unidades habilitadas, empleados activos y el promedio de kilómetros mensuales recorridos. El proyecto crea, además, el Consejo Federal de Transporte para que las provincias tengan una participación activa en las políticas nacionales en torno al servicio de transporte público.

La falta de equilibrio en la distribución de subsidios al transporte público de pasajeros entre el interior y el AMBA fue uno de los temas centrales entre las preguntas de los senadores hacia el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, en su primera visita al Senado. En ese marco, el funcionario adelantó que “está en trámite un aumento del 40% para el boleto de Capital Federal” porque “hay una decisión política de cerrar brechas”.

“¿Saben cuál era el presupuesto destinado al interior de toda la Argentina en el año 2019? 6 mil millones. ¿Saben cuánto es el presupuesto hoy reconducido y ampliado para destinar a todo el interior de la Argentina? 46 mil millones. ¿Falta? Sí, no vamos a resolver las asimetrías de un día para el otro. Pero que cada uno se haga cargo de lo que tiene”, comparó.

Y disparó: “¿Por qué todos los argentinos le tenemos que pagar el subsidio a los que viven en la Ciudad de Buenos Aires? 32 líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires las pagamos entre todos. Hay que pasarla de una buena vez (en referencia al traspaso). Esos son los grandes desafíos para hacer el país más armónico y equilibrado, de lo cual todos estamos de acuerdo”.

Así, advirtió que “está en trámite un aumento del 40% para el boleto de la Capital; hablaban de 18 o 23 pesos de acuerdo a las distancias. Eso va a ser un paliativo, que tenemos que mantenerlo en esta dirección”.

“Argentina viene hace décadas con estas asimetrías, con este problema macrocefalia y concentrada. No es normal que el 85% se concentre en estas Áreas Metropolitanas”, cerró el tucumano sobre un tema que despierta los reclamos de gobernadores tanto oficialistas como opositores.

El senador nacional Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular – La Pampa) se refirió al conflicto por los subsidios al transporte y la diferencia en los precios entre CABA y AMBA respecto a las provincias del interior. En ese marco, manifestó que “equilibrar el precio del transporte urbano será un paso importante para terminar con el centralismo porteño”.

“Acá no se trata de quitarle beneficios a nadie, pero creemos que debe existir un marco de equidad en la cuestión tarifaria nacional, y que vivir en cualquier provincia no sea un castigo para nadie”, expresó el pampeano luego de adherir al proyecto de ley presentado por sus pares de San Juan, Rubén Uñac y Cristina López, relacionado al subsidio del transporte público.

El proyecto fue avalado por el gobernador Sergio Ziliotto y 16 gobernadores más, durante la última reunión de mandatarios, realizada en el Consejo Federal de Inversiones. Manifestaron, a través de un documento, su “profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio transporte para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores, en general a toda la sociedad”.

En ese sentido, sostuvo que “equilibrar el precio del transporte urbano será un paso importante para terminar con el centralismo porteño, no tiene ninguna razón lógica que vecinas y vecinos de cualquier provincia paguen tres veces más que una persona de Capital Federal para usar el transporte urbano de pasajeros. Debemos equilibrar de una vez por todas el acceso a los derechos esenciales de nuestra ciudadanía, viva donde viva”.

La propuesta contempla la creación del Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), para que se garantice “una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina”.

“Tal como dice el proyecto, se necesita distribuir cualquier beneficio que abarate el precio del transporte con eficiencia económica y equidad social. No se trata de quitar beneficios, sino de que lleguen a todos y todas por igual”, dijo el legislador justicialista.

Y sentenció: “Nos parece una tremenda injusticia que quien se suba a un colectivo urbano de Santa Rosa, La Pampa, pague 54 pesos, en Córdoba, Santa Fe y Rosario casi 70 pesos, mientras que el trayecto más caro en Capital Federal es de 22 pesos. Los privilegios porteños son pagados por toda la población argentina”.

El proyecto también establece la creación del “Fondo Único del Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al transporte público de pasajeros” que deberá contar con una suma de $ 360.000.000.000 para el ejercicio fiscal 2022, que deberá actualizarse cada 4 meses.

Finalmente, estimó que los avances que se logren en el equilibrio de las tarifas del transporte público deben ser el primer paso “para analizar y actuar sobre el resto de las tarifas de los servicios básicos. No hablamos de un caso aislado, hablamos de un conjunto de privilegios se deben terminar”.

El diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) presentará un proyecto propio “para cambiar de raíz la inequidad de los subsidios al transporte público, basado en fondos federales que favorecen al AMBA y perjudican al interior”.

“Queremos federalismo en serio, no unitarismo generoso”, definió Domingo, aludiendo al ya tradicional sistema de subsidios -con fondos federales- que priorizan el servicio en CABA y el Gran Buenos Aires, en desmedro de todo el interior del país.

“Por eso en Bariloche tenemos tarifas de colectivo que están tres veces por encima del AMBA”, afirmó el diputado.

Indicó que la propuesta del partido rionegrino apunta a que el manejo de los subsidios esté a cargo de un Consejo Federal de Transporte controlado por las provincias, a diferencia de la distribución actual en manos del secretario de Transporte del Ejecutivo nacional, siempre ejercido en Buenos Aires.

“La distribución de fondos debe ser automática, en función de la demanda, de los pasajes que se venden en cada provincia. Los criterios que miran la estructura de costos de las empresas (km de recorrido, unidades y/o choferes) no priorizan al usuario y tienden a eternizar estructuras ineficientes”, sostuvo.

Agregó que por estas cosas la Nación “cuenta con muchos más recursos de los que necesita para cumplir con el rol que le asigna la Constitución, los maneja a discreción y se entromete en funciones de las provincias”.

Dijo que los otros proyectos presentados “también buscan equilibrar los subsidios” pero mantienen el manejo unitario en un funcionario, así como el sistema irregular de reparto, que beneficia sólo a las empresas.

“El sistema que proponemos se implementa fácilmente a través del boleto electrónico (SUBE u otros), que mide en forma directa la cantidad de pasajeros a beneficiar con el subsidio”, definió.

El diputado nacional Agustín Fernández (Frente de Todos – Tucumán) expresó que “es preocupante” la situación del transporte público de pasajeros, a raíz de la desigual distribución de subsidios nacionales que beneficia mayoritariamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA -conurbano y Capital Federal-) en perjuicio del resto de las provincias del país.

El parlamentario, en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play, ratificó que existe “una asimetría muy grande en los aportes”, y apuntó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no así al desembolso para el conurbano bonaerense. Dichas declaraciones fueron luego de la reunión entre el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, para evaluar la posibilidad de incrementar los beneficios para Tucumán.

“Buscamos una ley de transporte más federal”, expresó el diputado con relación a la distribución de los recursos estales.

Este jueves, Fernández había indicado que “no puede ser que CABA sea una ciudad en la que prácticamente está todo subsidiado: la energía, el gas y un boleto a $ 18, cuando en el resto de las ciudades el precio del transporte público varía de los $ 51 para arriba”.

En esa línea, remarcó: “No es la construcción de un país federal que queremos y que deseamos. Así que, en el tema del transporte, hoy por hoy, se da una de las grandes asimetrías que tenemos como nación, y que está quedando muy evidencia. Los montos que le dan a las distintas empresas en CABA van en detrimento de todas las empresas del interior”.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) participó este martes de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para tratar los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte de Gas (PIST), aplicables a partir del 1ro. de junio de 2022, y destacó “la falta de ‘oportunidad’ en la toma de decisiones de este Gobierno que al parecer necesita un GPS”.

“Llevan más de dos años con los Entes Reguladores intervenidos ilegítimamente, sin ningún resultado ni avance, y vienen a plantear las actualizaciones de las tarifas que mantienen congeladas desde que llegaron al Gobierno en un escenario de mayor consumo estacional (a partir de junio), alza de los precios internacionales de los combustibles que se importan, y falta de divisas para afrontar esas importaciones”, señaló la radical.

Muy crítica de la política energética, la mendocina cuestionó que “repiten como un mantra que ‘no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios'”, cuando “las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación mientras los costos de la energía se incrementan”.

De acuerdo al informe técnico, base de la audiencia, los subsidios cubren más del 75% del costo del gas, situación que empeora en invierno cuando los usuarios pagan menos del 15% del valor total.

“Estos números dicen mucho acerca de la falta de planificación y visión estratégica de este Gobierno”, enfatizó Latorre, y afirmó que “detrás de esos cantos de sirena de tarifas congeladas para cuidar el sueldo de los trabajadores, el gobierno de Alberto Fernández tiró por la ventana el esfuerzo realizado por los usuarios residenciales durante la recomposición tarifaria de 2017-2019″. “En poco más de dos años han logrado que los subsidios energéticos alcancen el récord histórico de 2014”, continuó.

En cuanto al compromiso del Gobierno con el FMI de reducir subsidios en aproximadamente 3 mil millones de dólares, la legisladora de Juntos por el Cambio destacó que, por el contrario, los subsidios energéticos para este año tendrán un piso de 15 mil millones de dólares. En esa línea, preguntó algo que no dice el informe: “¿Cómo se va a financiar esta diferencia de 8 mil millones de dólares que surgen con claridad de la diferencia entre los costos que hoy presenta la Secretaría de Energía y la actualización tarifaria que se propone?”.

“Lo que sí dice el informe es que se necesitaría una partida presupuestaria adicional de 81.059 millones de pesos si se quiere sostener el actual esquema de subsidios al gas, esto es seguir subsidiando 70,9% del costo total de la demanda prioritaria. Si se da este escenario ganan la pulseada (Darío) Martínez, (Federico) Basualdo y el Instituto Patria”, lanzó Latorre.

Aunque analizó que “otro escenario sería posible” si “el albertismo se pone los pantalones largos y (Martín) Guzmán gana esta pulseada; el Estado Nacional cubriría sólo el 44,4% de los subsidios y no se requerirían partidas adicionales, pero el precio del gas debería subir el 91%”. “Algo poco probable cuando anunciaron los topes de los aumentos antes de conocer los costos y de saber de dónde van a sacar la plata. Así que seguramente será más maquinita y, por ende, más inflación”, lamentó.

Finalmente, la diputada sostuvo que “a los usuarios no se los protege atrasando tarifas y aumentando subsidios que se financian con inflación, estancamiento y pobreza. Pueden jactarse de haber congelado tarifas durante más de dos años, lo que no pueden explicar es para qué sirve si en esos dos años hemos acumulado más de un 215% de inflación. Creo que cualquier ciudadano preferiría pagar una tarifa razonable y poder ir al supermercado la última semana del mes”.

En el marco de las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía de la Nación, los diputados del bloque Encuentro Federal (JxC) elevaron una presentación al secretario de esa cartera, Darío Martínez, en la que proponen reformular los subsidios de las tarifas de gas y electricidad con el fin de favorecer a los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, alertaron sobre la falta de información brindada por el Ejecutivo para que los usuarios opinen sobre los nuevos cuadros tarifarios durante dichas audiencias.

La nota fue presentada por Margarita Stolbizer, presidenta del bloque, y lleva las firmas de Emilio Monzó, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. Los legisladores plantean en ella que “resulta prioritario establecer un esquema de subsidios energéticos que auxilie a quienes menos tienen ya que el esquema actual, que asigna beneficios de manera generalizada a los usuarios, termina favoreciendo a los sectores de mayores ingresos en la medida en que los subsidios que estos reciben son financiados -en parte- por emisión monetaria”.

“El esquema actual profundiza los desequilibrios macroeconómicos que más afectan a los sectores de menores ingresos. Según la información proporcionada por Energía para las audiencias públicas más del 70% de los subsidios en energía eléctrica y en gas natural se destinan a los deciles de población en los cuales menos impacto proporcional tienen los gastos en estos dos servicios”, argumentaron.

En suma, sostuvieron: “Nunca es una buena idea destinar subsidios a quienes no lo necesitan, siempre deberían focalizarse en quienes sí los necesitan. Pero además esta ineficiente asignación de fondos públicos se realiza en el contexto de una fuerte restricción fiscal. Ordenar las cuentas públicas beneficiará a toda la población, pero muy especialmente a los sectores con menor ingreso disponible”.

Por último, llamaron la atención sobre la falta de precisiones respecto a los criterios de segmentación que se utilizarán para establecer el nuevo esquema de subsidios. Si bien en los informes que se brindaron para las audiencias públicas se establece que se aplicarán variables socioeconómicas y espaciales, “los cruces de datos para precisar los alcances en cada región de los criterios de segmentación propuestos por el Estado, aún están sujetos a cruces adicionales de bases de datos y confección de padrones que a esta altura ya deberían estar resueltos”, señalaron los legisladores.

En un tramo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado durante el tratamiento del proyecto de ley de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió al tema subsidios en política energética ante la consulta de la senadora de JxC Gladys González, a lo que explicó: “Hay un objetivo firme de poder ir reduciendo los subsidios, pero también hay que tener en cuenta que hay velocidades que se tornan factibles en función de las contingencias que se vayan presentando en el escenario nacional climático y en el internacional”.

A su turno, la senadora Gladys González (JxC -Buenos Aires) consultó al titular de la cartera de Economía, sobre los compromisos en materia de política energética que se estaría asumiendo con el acuerdo: “Me preocupa mucho cómo va a ser el abastecimiento de energía de este año para la producción”.

En ese sentido, se refirió a las propias declaraciones de Guzmán sobre “las metas de reducción de subsidios en un 0,06 % del PBI para el 2022”, y relató que “hicimos con nuestro equipo los cálculos y son números que no nos cierran considerando el aumento de los precios internacionales, la incorporación de nuevos usuarios a los subsidios luego de la Ley de Zona Fría, los compromisos sobre la importación del gas. El dato que tenemos es que los subsidios a la energía mayorista darían un crecimiento del 0,8 % del PBI, eso no solo nos plantea una situación en el que usted no podrá con los compromisos, pero ¿Cuáles son sus alternativas frente a esto? ¿van a poder afrontar la importación del gas o la reducción de los subsidios va a ser junto a la reducción de la importación?”.

“Se han votado una serie de decisiones políticas en materia de energía que claramente lo dejan sin alternativas para morigerar la situación actual, ¿cómo van a cumplir ese compromiso?”, preguntó González y agregó: “Hemos perdido dos años en materia de política energética, ¿cómo piensan llegar a ese 0,6 %, va a ser a costa de reducción de importaciones?, ¿Habrá problemas de abastecimiento? “.

Por consiguiente, Guzmán explicó que “cuando hablamos de la política energética estamos refiriéndonos a múltiples dimensiones de la política económica. En primer lugar, tenemos la cuestión productiva, la matriz energética es de una importancia singular para la determinación de toda la matriz productiva y en ese sentido apuntamos a una política energética que permita darle más competitividad a toda la estructura”.

“Hay una dimensión macroeconómica que es la balanza de pagos. En la argentina la energía es una cuestión macroeconómica y por último está la cuestión fiscal”, enumeró el funcionario y precisó: “En contexto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que se ha trazado como objetivo, desde el punto de vista general, son objetivos de corto y mediano plazo que tiene que ver con esas dimensiones productivas, macroeconómicas y fiscal”.

Sobre los subsidios, enmarcó la cuestión en el contexto mundial: “Hay un objetivo firme de poder ir reduciendo los subsidios, pero también hay que tener en cuenta que hay velocidades que se tornan factibles en función de las contingencias que se vayan presentando en el escenario nacional climático y en el internacional”, y ratificó: “Hay factores que quedan fuera del control del Gobierno una es la situación hidráulica la situación de las sequías esta por fuera, otra es la situación internacional, en el contexto de la geopolítica con el gas, el precio del gas natural licuado, el mundo vive una crisis energética y es uno de los principales problemas de la matriz productiva energética para los consumidores”.

A su vez, aclaró que “cuando negociamos con el Fondo se dio un contexto que ha ido cambiando y que irá cambiando y presentará distintas contingencias porque no hay forma de tener certezas de lo que va a pasar, de modo que la capacidad de adaptación de la política económica es importante entendiendo que hay un firme compromiso de alcanzar el objetivo de los subsidios”.

“Es un objetivo estructural y lo importante es ir lográndolo y no tiene que ver nada más con la política tarifaria, sino que es solo una parte. En Argentina tenemos una gran oportunidad de desarrollar el sistema energético y más aún en el contexto mundial, pero hace falta distintas condiciones”, reconoció Guzmán y detalló: “Mayor estabilidad macroeconómica que son las que estamos construyendo; la infraestructura, que es fundamental contar con una mayor capacidad para desarrollarla en todos los sectores; las regulaciones de capital que tienen un sentido y han ido evolucionando con un sentido de carácter defensivo”.

Sobre las energías renovables destacó que “ha crecido la producción” y es algo que “vino creciendo desde el 2018 y nuestro objetivo es que siga creciendo y hay que apuntalar las inversiones sobre ello. Argentina junto a otros países firmó la iniciativa ‘Emisiones 0’ y está sumamente comprometida sobre los cambios climáticos”.

Tras reiterar su rechazo al acuerdo por la deuda macrista porque “fue una estafa”, la economista y exdiputada nacional Fernanda Vallejos repudió la presión del Fondo Monetario Internacional para forzar un aumento en las tarifas energéticas mediante políticas focalizadas de eliminación de subsidios y sugirió gravar más a los sectores de ingresos altos con el fin de compensar la proporción de los subsidios que reciben sin afectar a los ciudadanos de ingresos bajos y medios ni al sector productivo.

En ese sentido, la economista jefe de Proyecto Económico y referente peronista presentó una nueva propuesta para mantener los subsidios a la energía y evitar un tarifazo energético que afecte los ingresos de los sectores medios y bajos y al sector productivo. Según un informe de Proyecto Económico alentó un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa más una ganancia razonable y que las inversiones queden a cargo del Estado.

El trasfondo de la iniciativa consiste en compensar el subsidio que reciben los deciles de mayores ingresos gravando sobre “la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas)” a estos mismos sectores”.

A través de la red social Twitter, Vallejos presentó las bases del problema y la respuesta: “Si el problema, como algunos plantean, es que resulta ‘injusto’ que reciban subsidios quiénes no lo necesitan (comparto), la segmentación no es la solución. ¿Quiénes no lo necesitan? Nunca se aclara. ¿Qué porcentaje de la población? ¿El 10% más rico? ¿El 20%? No puede ser más que eso”, indicó la economista y acto seguido en un segundo mensaje acotó: “Si la idea es corregir ese sesgo, que sería injusto, para que quienes no necesitan el subsidio, dejen de recibirlo, no hace falta ningún galimatías: basta y sobra con cobrarles más impuestos a ese 10% o 20%, con escalas y alícuotas progresivas, según el nivel de ingresos y riqueza”.

De esta manera, Vallejos sumó otro aporte para evitar un aumento en el servicio energético que impacte en los sectores de ingresos bajos y medios, incida sobre los costos de las empresas y del sector productivo y agregue más presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Cuando el Estado subsidia, inyecta recursos. Cuando cobra impuestos, los absorbe. De modo que, si se quiere, sobre la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas), subiendo esos impuestos se absorben entre los sectores q no necesitan, los recursos que se inyectaron”, explicó la dirigente del Grupo 25 de Mayo, quien a través de un nuevo mensaje se explayó: “Cobrando impuestos a los más ricos, para recuperar los recursos que se volcaron en subsidios en esos sectores, se termina la distorsión de la política tarifaria. Es falso que haya tocar las tarifas, segmentar, etc. Si no se hace de ese modo, es porque el objetivo es otro”.

De esta manera, la economista salió a responderle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que “presiona a la Argentina para que eliminen o reduzcan sensiblemente los subsidios a la energía con el fin de destinar dichos recursos al pago de la deuda de U$S44.500 millones que el Gobierno de Mauricio Macri contrajo en el 2018 violando la normas legales que establece el país y el propio convenio constitutivo del organismos financiero internacional”.

“El FMI y el BM han tenido históricamente una posición (cosmética o, si se quiere, demagógica, que les permite incorporar a los “sectores vulnerables”) a su relato, en pos de políticas ‘focalizadas’. No es algo nuevo, siempre fue así, como lo proponen ahora para ajustar tarifas”, arremetió vallejos al tiempo que recordó: “Peronismo y progresismo siempre nos opusimos a esa focalización’. Nuestros países no son Suecia. Argentina, por ejemplo, tiene 40% de pobreza estadística (por ingresos) y 50% estructural. Y además, hay otro porcentaje de trabajadores (clase media) en riesgo de caer en la pobreza”:

Con esta misma lógica, Vallejos aclaró que la propuesta apunta en realidad a afectar la política del gasto público de la Argentina e indicó: “Efectivamente, el objetivo del FMI es otro: recortar el gasto. Recortar subsidios afecta a sectores mucho más amplios que sólo los ricos, golpeando a trabajadores de clase media más o menos empobrecida. Y no es progresivo ¿o las tarifas aumentarán más según la escala de ingresos?”.

La economista también desmereció las políticas focalizadas de eliminación de subsidios al señalar que “algunos han hablado de mantener la tarifa social (estamos hablando de una población más cercana a los indigentes, por la cantidad que lo recibe) que al 50% de pobres, aumentando la tarifa para el resto. ¿Qué pasará con los pobres y los que están en riesgo de caer en la pobreza?”.

Los términos del preacuerdo que el Fondo Monetario Internacional pretende imponerle a la Argentina estipulan que el Gobierno debe reducir este año el gasto público del 3,3% del Producto Bruto Interno que el Poder Ejecutivo había pautado en el presupuesto 2022 impugnado por la oposición a un 2,5% del PBI, mediante la eliminación “focalizada” de subsidios a la energía.

En este sentido, Vallejos defendió las políticas universales del gasto público y las contrapuso con las focalizadas que impulsan desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “¿Por qué no se corrige el sesgo regresivo (toda política universal lo tiene; es un debate archi resuelto en la disciplina económica, que aplica, por ejemplo: de igual manera al salario básico universal, ¿cobrando impuestos directos a los ricos para compensar esa renta básica) con impuestos? Porque los impuestos directos descargan el esfuerzo en los más ricos. En cambio, el recorte del gasto distribuye el ajuste sobre el conjunto y, proporcionalmente -se sabe- más sobre quienes menos tienen (no es igual pagar 80% más de gas para un rico o un laburante de clase media)”, ahondó la economista.

De acuerdo a un informe de Proyecto Económico “la suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza”, lo que traería aparejado “una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso”. El informe sugiere un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa prestadora más una “ganancia razonable” y que las inversiones queden a cargo del Estado.

Por último, Vallejos recordó que “los servicios básicos son DDHH, por supuesto, nadie lo menciona. Y el FMI, menos. Porque, históricamente, se ha dedicado a pisotear los DDHH de los pueblos de los países endeudados”, y reiteró el carácter fraudulento de la deuda que el FMI le entregó a Macri y la imprescindibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia. “En cualquier caso, lo nuestro fue una estafa, no una deuda regular. Insisto: el camino es la CIJ”, concluyó Vallejos.

El jefe del bloque Córdoba Federal en la Cámara baja, Carlos Gutiérrez, salió al cruce de las declaraciones del riocuartense Marcos Farina, actual secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación.

“Miente quien no dice toda la verdad, pareciera que Farina olvidó que su primera obligación como funcionario nacional, más siendo él un hombre del interior, es ser equitativo con los habitantes de todo el país”, cuestionó el legislador.

Y agregó contundente: “La discusión sobre el transporte se acaba con una ley con criterios objetivos que definan la distribución de los aportes estatales y que evite una pelea entre los gobiernos de las distintas jurisdicciones”.

Días atrás, Farina declaró en distintos medios que la Nación aporta 46.000 millones de pesos a las provincias, cuando en el Pacto Fiscal firmado en 2018 se rubricó que las provincias se hacían cargo del transporte. Y acotó que un boleto federal es “inviable”.

Al respecto, Gutiérrez dijo: “Cuando decimos criterio equitativo no hablamos de un boleto a un valor único. Lo que decimos es que el criterio equitativo tiene que ver con que la masa de subsidios se transparente de una vez por todas y sepamos por criterios objetivos cómo se reparte”.

“Obviamente que el pasaje en un lugar tendrá distintas configuraciones de tarifas, pero lo que no puede ser es que el AMBA pague 18, 20 o 23 pesos y nosotros estemos pagando por las mismas distancias cinco veces más”, enfatizó el cordobés.

El diputado también se refirió a la decisión de la Nación de transferirle el transporte a Ciudad de Buenos Aires pero no a la provincia de Buenos Aires y a las declaraciones del secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, y de Farina, quienes apuntaron que la Ciudad pone el 44 por ciento de los subsidios y la provincia de Buenos Aires, el 91.

En ese sentido, el legislador subrayó que “se miente diciendo verdades parciales. No dicen que la provincia de Buenos Aires sí recibe el subsidio directo del Gobierno nacional. No es cierto que provincia de Buenos Aires aporte el 91 por ciento del costo del transporte porque el Gobierno nacional lo compensa a través de subsidios a las 131 líneas”.

“El tema de fondo es que están dedicados a resolver el problema del AMBA, donde está la mayor concentración poblacional y los cotos de caza electorales más importantes”, fustigó.

Gutiérrez observó además que “dicen que aparecieron 46 mil millones de pesos para las provincias a pesar de que no votamos el Presupuesto. Y eso no tiene nada que ver. Y dicen: ‘se lo damos al interior’. ¿Cómo que se lo damos al interior? Los cordobeses ponemos 3.000 millones de dólares nada más que en concepto de retenciones agropecuarias y no merecemos ese trato”.

“Desde Córdoba Federal decimos que es cierto a medias que las provincias deben hacerse cargo del transporte por haber firmado el Consenso Fiscal. Claro que las provincias se hacen cargo. Córdoba se hace cargo. El problema no es ese. El problema es cuántos recursos nos pone el Gobierno nacional a los cordobeses, a los santafesinos, etcétera, a diferencia de lo que le pone al AMBA. Lo que no es serio es no abordar el tema de la equidad de verdad y que esto derive en una guerra de jurisdicciones”, concluyó.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) participó este jueves de la audiencia pública convocada por el ENRE para tratar los regímenes tarifarios de transición en 2022.

En su exposición, la legisladora planteó una serie de interrogantes y algunas reflexiones “en función de los datos y declaraciones, dispersión, improvisación e incoherencias de los funcionarios de la cartera”.

En su primer planteo, Latorre hizo referencia a los subsidios para la tarifa eléctrica y cuestionó: “¿Son conscientes que si seguimos en este sendero en diciembre vamos a alcanzar los niveles de subsidios de 2015?”.

Sobre ello, puntualizó: “En 2015 los subsidios cubrían el 88% del precio de la energía para un residencial. En 2019 se bajó a un 22%. Hoy, según la programación provisoria de CAMMESA, un residencial solo paga el 19% del costo de generación, es decir el 81% es cubierto por subsidios”.

Luego, se preguntó si “¿en serio van a plantear como ‘circunstancias exógenas’ asimilables a la sequía, la inflación y el atraso cambiario?”. “Los subsidios crecen a un ritmo del 140% interanual por la decisión política de congelar el precio con una inflación anual superior al 50%”, señaló.

“Si no pueden dar precisiones sobre las principales variables macroeconómicas desde las carteras dependientes del Ministerio de Economía de la Nación, que por otra parte son las que están prometiendo y comprometiendo medidas de ajuste para una necesaria negociación con el FMI, ¿a quién se las pedimos? La economía energética está directa e íntimamente vinculada con la política económica. O en este Gobierno hay ‘dos políticas disociadas’: una que responde a las ideologías del subsecretario (Federico) Basualdo y al Instituto Patria y otra que responde al Ministro de Economía y las metas de reducción de gasto y del déficit”, lanzó la legisladora de Juntos por el Cambio.

“Esta Audiencia Pública es para escucharlos” @dariomartinezpj
Dejo mi intervención, la única que cortaron. Niegan que como Diputada Nacional represento al pueblo.
El sector energético está tomado por el Instituto Patria, son autoritarios e ignorantes como su jefa @CFKArgentina pic.twitter.com/knnUfpVNxZ

— Jimena Latorre 💜🧡💚 (@JimehLatorre) February 17, 2022

Enfática, la opositora expresó que “el ministro del que dependen los funcionarios que abrieron esta audiencia, aunque lo desconozcan, envió un proyecto de Presupuesto al Congreso para 2022 y, por más que lo rechazamos, ha afirmado que será la pauta de gasto que seguirá para poder acordar con el FMI. Ese programa tiene un solo objetivo: la reducción de los subsidios energéticos”.

Entonces Latorre sostuvo: “¿Cuál es la pauta presupuestaria que debe cumplir el programa destinado al subsidio de la generación eléctrica? ¿Cuál es el aumento del precio estacional necesario para cumplir esa meta? ¿A cuánto ascenderían las partidas presupuestarias adicionales de no realizar aumentos?”.

“Si tomamos lo aquí expuesto, el aumento será entre el 17 y 20% en las tarifas del AMBA. Pero reconocieron que en 17 provincias del interior el aumento en 2021 fue del 23% promedio y lo corrijo, fue del 30% promedio, mientras que en el AMBA fue del 9%. ¿Ese es el federalismo de este Gobierno? Los ciudadanos del interior pagamos las tarifas nuestras, los impuestos y la inflación para subsidiar las del AMBA”, cuestionó la mendocina.

Y le consultó a la interventora del ENRE, María Soledad Manín, “¿cuándo van a realizar las revisiones tarifarias que ordena realizar la Ley de Emergencia 27.541 de diciembre 2019? ¿Cuándo comenzará la renegociación de contratos que su Gobierno volvió a romper a partir del congelamiento y que expone al Estado Argentino y a los usuarios a un enorme pasivo contingente frente a las empresas por incumplimiento de contratos? ¿No le da vergüenza la indignidad de ocupar un cargo vacío de funciones, ilegítimo y sin absolutamente ningún resultado a dos años de una tarea que le encomendaron por 180 días?”.

En referencia a la segmentación tarifaria, Latorre se quejó de que se quedó “esperando la exposición del subsecretario Basualdo que después de dos años de vagancia e inoperancia terminó encontrando la solución en un GPS, un criterio de georreferencia, obsoleto y no utilizado en ningún otro país del mundo. Que ese 10% de los usuarios del AMBA, unos 487 mil usuarios que representan el 4% de la población total, soporten aumentos tarifarios muy por encima de la inflación representa un ahorro entre 200/500 millones de dólares de las 7.200 millones de dólares que destinaron a subsidios eléctricos en 2021”.

“Esta audiencia es una puesta en escena, una falta de respeto a la ciudadanía. Los funcionarios se limitan a leer saludos vacíos de contenidos, la información publicada carece de datos que permitan un análisis serio, no hay informes del Ente que debería ser técnico y no político, y menos que menos planificación que permita ver un sendero de recuperación de las cuentas públicas y la balanza comercial energética”, finalizó la diputada.

En medio de la polémica por los subsidios al transporte entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, el senador cordobés Luis Juez (Pro) se refirió al tema y lanzó duras críticas hacia el Gobierno porque “es una maniobra dirigida a Horacio Rodríguez Larreta. Si fuera equitativo, estaría planteando el tema de la equiparación de subsidios en toda el área del territorio nacional”, y denunció “eso no lo van a hacer, ellos cuidan muy bien a sus votantes”.

“No nos comamos el amague, Alberto (Fernández) no es un caudillo federal. La distorsión de servicios del área metropolitana con el interior del país es de vieja data y se ha ido acentuando en los últimos tiempos de manera casi vejatoria y discriminatoria”, afirmó el senador que integra el interbloque de Juntos por el Cambio en una entrevista con Radio La Red.

Juez señaló que el presidente “tiene claro” que la quita de los subsidios “es una maniobra inteligente”, y que debería ser implementada sin ningún tipo de privilegio. “También debería ser para el Conurbano bonaerense, donde está casi el 95 por ciento de la masa del subsidio”, sostuvo.

“Planteado en estos términos, claramente es una maniobra dirigida a Horacio Rodríguez Larreta. Si fuera equitativo, estaría planteando el tema de la equiparación de subsidios en toda el área del territorio nacional, pero eso no lo van a hacer, ellos cuidan muy bien a sus votantes”, denunció el legislador del Pro.

En tanto, el senador planteó: “Si se animaran a meterle la mano a todos los subsidios del transporte, para que nosotros no tengamos que pagar cinco o seis veces más”, y manifestó que “Apoyaría que el reparto de subsidios sea absolutamente igual en todo el territorio nacional, aunque lo decida un Gobierno con el que no comparto absolutamente nada”.

“Ahora, si Alberto Fernández y el Gobierno nacional no le van a quitar los subsidios o no van a repartir los subsidios que tiene el área metropolitana, que tiene que ver en gran parte con el conurbano bonaerense, es absolutamente injusto”, afirmó.

Y concluyó: “En eso el peronismo es muy inteligente. Su padrón electoral lo cuida. Y lo cuida muy bien. Claramente es injusto cuando la medida va destinada a tal o cual sector y mantenes privilegios en otros lugares”.

“No resolvemos ningún problema de la inequidad de esta forma si no se distribuyen de manera equitativa. No hay empresas en el interior y es el problema que tienen los intendentes porque no hay grupos de inversores, no hay cooperativas, no quieren venir porque la ecuación no les da”, agregó Juez en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y remarcó: “No quiero que mañana salgan a decir que me convertí en un porteño, yo no defiendo a nadie. Solo quiero que repartan equitativamente los subsidios que salen del presupuesto Nacional”. “Si el presidente se quiere meter con los subsidios, que lo haga con el área metropolitana”, ratificó.

“Lo de Alberto tiene que ver con la idiosincrasia propia del peronismo. No nos hagan comer el amague de que con esto vamos a resolver el problema de los subsidios de tarifas de servicios públicos. Es una picardía como cuando nos hicieron creer que eran mucho más federales cuando le metieron las manos en los bolsillos por el conflicto de la policía de Buenos Aires. Fue un manotazo de ahogado para salvarlo de un problema a un pésimo gobernador como lo es Axel Kicillof”, criticó.

El Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires mantienen una discusión sobre el traspaso de 32 líneas de colectivo a la Capital. El Ejecutivo nacional busca trasladar el servicio a la Ciudad y reasignar a otras provincias los $ 14 mil millones en subsidios para equilibrar las asimetrías con el costo del boleto fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

La masa creciente de subsidios, un eslabón más del círculo vicioso de nuestra economía, atenta contra la estabilidad macroeconómica y el resultado es que lo que algunos no pagan vía tarifas se termina pagando con creces mediante una alta carga impositiva al consumo de bienes esenciales y el oculto impuesto inflacionario.

La caída en el poder adquisitivo y el consecuente aumento en la pobreza son datos de la realidad y están a la vista. Por eso, lo que a priori se presenta como un beneficio para millones de conciudadanos, termina siendo perjudicial para todos, en especial para los sectores de menores recursos, quienes pagan impuestos y sufren el impacto de la inflación de forma mucho más gravosa que aquellos sectores que se benefician con los subsidios energéticos. El sistema de subsidios tal como está planteado resulta sumamente regresivo.

La magnitud de esas distorsiones genera un círculo vicioso que se intensifica y produce efectos de nocivas consecuencias sociales: aumento del déficit fiscal, mayor emisión, inflación y pobreza, atraso cambiario, déficit en la balanza comercial por mayor importación de energía y la consecuente caída de reservas. Para dimensionar un poco la situación, en una economía tan frágil como la nuestra, los subsidios energéticos en el 2021 representaron USD 10.500 millones en 2021, es decir el 2,6% del PBI y el 75% del déficit primario.

La asimetría e inequidad federal.

Si analizamos la composición y distribución de los subsidios energéticos durante el 2021, vemos que el 70% fueron a CAMMESA para cubrir subsidios a la energía eléctrica que se focalizan mayormente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El atraso tarifario del AMBA provocó que los usuarios paguen sólo el 35% del costo de generación total del sistema y se alejen de los valores de referencia internacional. Como resultado, las inversiones en el sector se vieron afectadas y con ellas la calidad de los servicios.

Durante los últimos dos años, las actualizaciones del 20% de tarifas que Nación (ENRE) autorizó para el Área Metropolitana (EDENOR y EDESUR) siguen resultando muy inferiores a las actualizaciones implementadas por el resto de las distribuidoras provinciales. Contrariamente, gran parte de las distribuidoras provinciales vienen aumentando las tarifas a mayor ritmo que el AMBA. Hoy, la tarifa de un hogar tipo en AMBA es apenas del 40% de la tarifa que se paga en Mendoza, Córdoba o Neuquén. Por eso, actualmente el 60% de los subsidios están focalizados en el AMBA, donde residen el 40% de los usuarios, evidenciando una profunda sobre-representación y su consecuente injusticia en términos de equidad. Es decir, la inequidad no es sólo social sino también federal.

La insuficiente respuesta oficial

Estos subsidios generan una deuda de las Distribuidoras con CAMMESA que se refinancia en el tiempo a tasa negativa pagamos todos los argentinos con mayor inflación. Sin embargo, la visión que el Gobierno plantea para 2022 es fijar los precios para que el impacto final en la factura de los usuarios no sea mayor al 20%, cuando la inflación proyectada para este año es mayor al 50% y los costos de generación se proyectan para ser mucho mayores.

Por otro lado, el ENRE presentó una segmentación tarifaria en la cual aproximadamente el 10% de la población de la zona metropolitana pasará a pagar la tarifa plena. Este resultado reduciría apenas el 2% de los subsidios energéticos de 2021, algo así como USD 220 millones, lo que resulta absolutamente insuficiente.

En definitiva, la propuesta oficial está lejos de solucionar los problemas. De aplicarse la misma conllevaría a un sensible aumento de los subsidios energéticos en dólares; aumentaría la vulnerabilidad macro, sería un obstáculo al acuerdo con el FMI y tendría consecuencias directas en la inflación y la pobreza.

Vale destacar nuevamente que esta situación se genera por los subsidios tarifarios otorgados universalmente en AMBA. Tal cual lo están haciendo provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Neuquén; se debe volver a promover el sistema de tarifa social o subsidio focalizado en las familias vulnerables económicamente; los criterios ya se definieron y acordaron en el pasado, e incluso se siguen aplicando en varias jurisdicciones. Adicionalmente, se deben eliminar los subsidios diferenciales para el Área Metropolitana, situación que resulta de extrema inequidad territorial e injusticia para con los usuarios. Evidentemente, la respuesta oficial es insuficiente frente a la magnitud del problema. Hay que hacer cambios de fondo, resta la decisión política para hacerlo.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) lanzó duras críticas hacia el Gobierno nacional por los “disparates” que pronunció el presidente de la Nación en la gira presidencial. En ese sentido, el economista apuntó contra los negocios firmados con China por energía nuclear “Si algo nos sobra acá es gas, pero acuerdan ese reactor Hualong, que cuesta 10 veces más de lo que nos cuesta fabricar energía con gas”. Por otro lado, se refirió al conflicto por los subsidios en el transporte y al FMI.

En declaraciones en Radio Rivadavia, López Murphy criticó al Gobierno e ironizó: “Si esta gente gobernara el Sahara, importaría arena”, y siguió: “Los dichos del presidente Alberto Fernández no solo molestaron en Washington, sino que también hubo disparates que se cometieron en Moscú y en Pekín”. En ese contexto, remarcó que “hubo acuerdos que son altamente inconvenientes para el país, como el del reactor Hualong, que cuesta 10 veces más de lo que nos cuesta fabricar energía con gas”.

“Todo lo que se haga para sustituir al gas hace daño, pero además fíjese que si algo tiene la Argentina que le sobra hasta en las orejas es gas”, precisó López Murphy.

El acuerdo sobre ese reactor nuclear firmado por el jefe de Estado con China implica una inversión de 8.300 millones de dólares que costeará inicialmente el país asiático. Se trata de un reactor HPR-1000, cuyas obras comenzarían a fin de año e implicarían la creación de más de 7 mil empleos directos. Según se detalló entonces, el reactor “tendrá una vida útil de 60 años y utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador”.

El diputado de JxC habló también del acuerdo que se busca con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que desata también marchas y contramarcha en el propio seno oficialista e indicó: “Primero se deberá llegar a un acuerdo con el staff de los organismos multilaterales. Luego será girado al Congreso de la Nación, que en realidad no tiene que autorizar la carta de intención sino el financiamiento, el préstamo”.

Asimismo, sobre la quita de subsidios que anunció el Gobierno sobre miles de usuarios de servicios públicos y sobre las líneas de colectivos que operan exclusivamente en la Capital Federal, el economista consideró que “lo que Gobierno nacional quiere es depredar a la Ciudad de Buenos Aires”.

“La Ciudad produce el 20 por ciento de los recursos nacionales y la Nación le devuelve el 1,4 por ciento”, enfatizó López Murphy, “esto quiere decir que la Nación le cobra a la Ciudad un impuesto por el 93 por ciento de sus ingresos y esto se veía atenuado por el pequeño subsidio que se le daba por el al transporte automotor”, detalló.

“Pero ahora además del 93 le quiere sacar el subsidio al transporte automotor”, agregó el legislador opositor y concluyó: “Distinto sería, y en eso esperamos el fallo de la Corte, que ocurra esta reducción de los subsidios, pero devolviéndole la Coparticipación que le corresponde a la Ciudad. No hay experiencia mundial equivalente en la que se le saque a una Ciudad el 93 por ciento de sus recursos”.

Un nuevo conflicto entre Nación y Ciudad volvió darse, esta vez con respecto a los subsidios al transporte de pasajeros y sobre eso opinó el diputado radical Miguel Bazze quien consideró como un “error del Gobierno nacional” porque “el tema de los subsidios hay que analizarlos en profundidad”. Por otro lado, se refirió al acuerdo con el FMI: “Lo peor que nos puede pasar como país y a la economía de los argentinos en general, es que el país caiga en default”.

“Sinceramente me parece que es un error del Gobierno nacional, creo que el tema de los subsidios lo tenemos que analizar en profundidad, está claro que representan una obligación demasiado importante para el gasto público y esto genera déficit fiscal”, expresó Bazze en una entrevista con Grupo La Provincia y agregó: “Tenemos que hacer un tratamiento integral del tema, tenemos que ver cómo resolvemos la situación que existe entre la gran diferencia de precios que pagan los usuarios en el gran Buenos Aires en la Capital Federal, con respecto a otras provincias del interior, como Córdoba, Santa Fe”.

Además, remarcó que el otro problema a resolver es “cómo hacemos para no afectar demasiado el bolsillo de los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, y consideró que es un tema “complejo en el que hay que trabajar mucho”. “Es un grave error tratar de resolverlo con decisiones políticas, que están más vinculadas a producir un costo en otro gobierno en este caso desde el Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de sentarnos a ver efectivamente cómo podemos hacer para mejorar está difícil situación económica que tenemos y que genera mucha inequidad en el país y compromisos importantes para el Estado nacional”, ratificó.

“Por eso digo que hay que abordarlo con más responsabilidad con más seriedad, el Gobierno nacional se equivoca diciendo le traslado la responsabilidad de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque además tampoco van a resolver el problema, porque la verdad es que el 90% de las empresas subsidiadas están radicadas en la provincia de Buenos Aires, o bien, porque conectan la provincia de Buenos Aires con Capital Federal, o bien porque son líneas internas que limitan su recorrido dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, así que me parece que esto es realmente un error y que deberíamos trabajarlo distinto con más seriedad”, explicó el diputado radical.

En ese sentido, señaló que “es una actitud política” porque se busca “trasladar la responsabilidad, instalar en definitiva una discusión política que no tiene ningún sentido, porque la verdad es que la gran mayoría de los subsidios que se destinan al AMBA están destinados a la provincia de Buenos Aires, son nada más que 32 líneas, representa nada más que el 10% de lo destinado en subsidios al AMBA, el resto es para la provincia Buenos Aires”.

Por último, sobre el principio de entendimiento con el Fondo, Bazze manifestó: “El acercamiento me parece bien, lo peor que nos puede pasar como país y a la economía de los argentinos en general, es que el país caiga en default, lo que haría es agravar la compleja situación económica que tenemos porque entre otras cosas, por ejemplo, nos limitaría muchísimo para importar insumos que necesitamos para nuestra industria, incluso para el campo, y hasta condicionaría muchas exportaciones”.

“En Juntos por el Cambio, con toda responsabilidad, nuestro eje para ese análisis va a ser primero y principal que hay que evitar caer en default, la segunda cuestión que vamos a tener en cuenta es que no se puede producir un aumento de impuestos en la Argentina, es decir que si para llegar a las pautas establecidas con el fondo, la propuesta fuera un aumento de impuestos, nosotros vamos a decir que no y que se reestudie el tema, porque la sociedad argentina está agobiada por la presión tributaria no hay espacio para aumentar más impuestos en la Argentina”, concluyó el legislador de la UCR.

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) se refirió a la intención del Gobierno nacional de traspasar el transporte de colectivos -de 32 líneas- a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ahorrarse unos 13 mil millones de pesos en subsidios.

“Si hay que dar una discusión de transporte, hay que darla en un marco racional, y tiene que terminar con un acuerdo y una ley. No puede ser una decisión intempestiva, castigando a los porteños por lo que votan”, sostuvo durante una entrevista en el canal LN+.

La exgobernadora bonaerense, hoy legisladora por la Ciudad, recordó que el distrito porteño “viene subsidiando al transporte, al subte desde 2013, y desde 2019 a 32 líneas de colectivos que tienen origen y destino en la Ciudad. Eso le costó el año pasado a la Ciudad 25 mil millones de pesos”.

“Cuando van contra la Ciudad, van contra los porteños, no contra un espacio político”, apuntó la dirigente macrista y resaltó que “lo hicieron cuando Cristina (Kirchner) era presidenta y Mauricio (Macri) era jefe de Gobierno, y un día decidieron sacar a la Policía de las escuelas y las plazas”.

También cuestionó que “en el peor momento de la pandemia”, Nación le sacó a la Ciudad “75 mil millones”, y que “cuando Axel Kicillof tuvo el problema de la rebelión policial, la mejor forma que encontró el Gobierno fue sacarle coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires”. “No es nuevo este ataque a la Ciudad de Buenos Aires”, completó.

El senador nacional y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, Alfredo Cornejo (UCR -Mendoza) se expresó en redes sociales sobre los subsidios a las provincias y apuntó contra el Gobierno porque “suspendió los Pactos Fiscales solo para sostener al Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

“Con la firma de los Pactos Fiscales, desde Mendoza logramos que se reduzcan los subsidios para el AMBA progresivamente los años 2019, 2020 y 2021. El Gobierno suspendió esos pactos solo para sostener al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y en desmedro de los demás distritos”, cuestionó Cornejo.

En ese marco, sostuvo: “Esta inequidad se acrecentó como nunca en estos dos años. Sólo apuntar a la Ciudad de Buenos Aires es una parte del problema, la solución debe ser integral”, y agregó: “Hasta deshicieron la transferencia de la distribución eléctrica a PBA y CABA sin ningún aporte para equiparar subsidios”.

“Mendoza con recursos propios cubre el 67% del costo del transporte, la Nación aporta solo el 16% y el resto los usuarios. Con la distribución eléctrica es igual”, comparó el senador radical y cerró: “La provincia de Buenos Aires nos sale muy cara a todos los argentinos y tiene el sistema más caro e ineficiente del país”.

Con la firma de los Pactos Fiscales, desde Mendoza logramos que se reduzcan los subsidios para el AMBA progresivamente los años 2019, 2020 y 2021. El gobierno suspendió esos pactos solo para sostener al gobierno de la provincia de Buenos Aires y en desmedro de los demás distritos pic.twitter.com/XCV3Ebtw9u

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 7, 2022

Mendoza con recursos propios cubre el 67% del costo del transporte, la Nación aporta solo el 16% y el resto los usuarios. Con la distribución eléctrica es igual. La pcia. de Buenos Aires nos sale muy cara a todos los argentinos y tiene el sistema más caro e ineficiente del país.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 7, 2022

El diputado nacional Agustín Domingo (Junto Somos Río Negro) planteó la necesidad de discutir las políticas de subsidios y tarifas en todo el país, principalmente para corregir las distorsiones que favorecen al AMBA y perjudican al resto del país.

El exministro de Economía de Río Negro apuntó a los ejemplos de Edenor, Edesur y Aysa, con servicios regulados por el Estado nacional, que congela las tarifas y las financia en CABA y provincia de Buenos Aires con subsidios del Presupuesto nacional que “pagan todos los argentinos, con impuestos y cuando no alcanza, con inflación”.

A través de un hilo de Twitter, Domingo mostró una boleta de energía eléctrica de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y otra de Edesur, y ejemplo en el que la tarifa rionegrina es cuatro veces mayor que la porteña, beneficiada por un subsidio.

El diputado anticipó que trabaja sobre el tema para ponerlo en discusión en el Congreso y apuntar a cambiar una distorsión iniciada en 2001, cuando la Nación pesificó las tarifas y sostenida por los partidos mayoritarios en sus gobiernos con las políticas de subsidios.

Consideró que AySA, Edesur y Edenor tienen que transferirse a CABA y a PBA para que “ellos decidan las tarifas, los subsidios y cómo financiarlos. Al igual que lo hacen el resto de las provincias”.

Sostuvo que “la gestión anterior y la actual no hicieron nada para corregir esta inequidad con el interior del país. Este era uno de los temas para discutir con el presupuesto 2022, por eso propusimos volver el proyecto a comisión, pero los bloques mayoritarios nos dejaron sin discusión”.

“En Río Negro no se puede seguir pagando lo que pagamos y que la empresa proveedora del servicio eléctrico nos corte el servicio cada día, y no hablar del agua y de todos los servicios. No es solo un problema de subsidios (que deben dejar de existir), también hay una falta inversión importante”, agregó.

Además observó que el tema es clave en el déficit permanente del Gobierno Nacional, en el que uno de los gastos más importantes es el de los subsidios a las tarifas, que ocupan el primer lugar con 10.000 millones de dólares.

Advirtió que está de acuerdo con una política de tarifas sociales y subsidiar sólo a los sectores que más lo necesitan, y “dejar de subsidiar las tarifas por igual a ricos y pobres”.

	Bariloche	Edesur
	(Mensual)	(Trimestral)
Cargo fijo	$380	$280
Cargo variable	$1.278	$1.481
Kw	204	878
Costo unitario variable	$6,3	$1,7	3,71
Impuestos prov. y mun.	$582	$112
Impuestos nacionales	$414	$370
Total	$2.654	$2.243

Durante la primera reunión de debate del proyecto de Presupuesto 2022, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, ratificaron que ante la quita de subsidios se hará una segmentación de las tarifas de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios.

Al momento de las preguntas, el flamante secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Hugo Romero, advirtió que “tomando los números al 30 de noviembre, tenemos un presupuesto vigente de 694.007 millones de pesos para CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). El presupuesto del año 2022 es de 609.198 millones de pesos. Hay una reducción del 12,2%”.

En tanto, “para la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) hay 271.011 millones de pesos para este año, contra 132.117 millones de pesos para 2022, una reducción de 51,4%”. “¿Cómo va a caer esa disminución de subsidios en la sociedad argentina? ¿Cómo va a ser la política de subsidios?”, consultó el cordobés.

Guzmán respondió que “hay un factor que explica la caída de los subsidios en el área energética que es que caduca la llamada Resolución 46, que es del viejo Plan Gas”. Sobre la segmentación de los subsidios, sostuvo: “Hemos estado trabajando todo el año sobre esto, que es un tema complejo. Va a estar implementándose durante el 2022. Va a ser un avance estructural, porque va a permitir poder focalizar los subsidios en la población que más lo necesita y que el Estado pueda reasignar los recursos a otras partidas”.

Por su parte, Martínez ratificó que “para avanzar en la reducción de los subsidios se está desarrollando una herramienta de segmentación, con un trabajo importantísimo que se está llevando adelante. Ya hemos relevado el 80% de una gran base de datos de 16 millones de usuarios”.

Se trata, dijo el funcionario, de “un trabajo en conjunto con el ENRE, el ENARGAS, la subsecretaría de Planeamiento y la subsecretaría de Eléctrica e Hidrocarburos”.

Además, el secretario de Energía señaló que “hemos tomado la decisión de eliminar los subsidios a los grandes usuarios”, a excepción del sector salud y educación, y “ha sido una gran decisión y no ha traído mayores inconvenientes”.

Martínez recordó que según lo votado en el Presupuesto 2021 se pudo mejorar “la cobrabilidad de CAMMESA, que se había caído en 2020 producto de la pandemia y la situación difícil de todos los usuarios”.
“Esa caída que había llegado al 30% luego se recupera al 60% y hoy está por encima del 80%”, destacó y agregó que “hemos reducido los tiempos de pago de CAMMESA tanto a las transportistas como a las generadoras”.

En su exposición, indicó que “hay una gran volatilidad internacional en cuanto al costo de la energía” y “va a seguir, con lo cual probablemente el año que viene, sobre todo el valor del GNL, tenga variaciones muy importantes”.

“Hay una explicación de por qué hemos bajado los subsidios y qué herramientas tenemos en CAMMESA e IEASA”, remarcó y apuntó que en noviembre del año pasado se dio el lanzamiento del plan GasAr “dándole previsibilidad a una industria que la había perdido”. “Logramos frenar ese declino e incrementar la producción”, continuó.

En ese sentido, argumentó que eso llevó a tener en 2021 “un ahorro de divisas de más de 1.200 millones de dólares y un ahorro fiscal del orden de los 88 mil millones de pesos”.

Por otro lado, el funcionario precisó que “sacando los 1.566 millones de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner“, el año próximo “va a haber una inversión en materia de hidrocarburos del orden de los 8.700 millones de dólares. A excepción del 2015, es el mejor número de inversiones de los últimos 20 años”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo Nacional, a través de Anses, disponga las acciones correspondientes para el uso de huellas digitales para el cobro de los subsidios y prestaciones sociales por parte de agrupaciones y organizaciones sociales. 

“Los fondos de las agrupaciones sociales se encuentran fuera de control por parte de los ciudadanos. El Estado carece de un organismo contralor y en muchas ocasiones los miembros de estas organizaciones son víctimas de punteros que abusan y desvían los fondos en beneficio personal”, sostuvo al respecto el legislador radical. 

De Lamadrid fundamenta su proyecto señalando la publicación de la resolución (Comunicación “A” 7208 22/ 01 / 2021 del BCRA) del Banco Central de la República Argentina que establece el uso de la huella digital en cajeros automáticos para operar sus movimientos. 

“Los cajeros automáticos deberán contar con lectores de huellas digitales para que las personas usuarias puedan optar por validar su identidad con este dato biométrico para realizar operaciones. Esta normativa dispuesta por el Directorio del Banco Central de la República Argentina será tanto para los cajeros ya habilitados como para los que se pongan en funcionamiento en el futuro”, continuó el legislador. 

“El uso, por su simplificación, también favorece el acceso a los cajeros automáticos por parte de los grupos de la sociedad con mayor grado de vulnerabilidad, facilitando su inclusión financiera en niveles de calidad”, resaltó de Lamadrid, y agregó: “La utilización de la huella dactilar es posible porque Argentina cuenta con una base de datos biométricos centralizada y es administrada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER)”. 

“La posibilidad de utilizar la huella constituye una opción que puede reducir la fricción entre los usuarios y los dispositivos tecnológicos, facilitando asimismo los pagos de beneficios sociales a personas que no poseen tarjeta de débito”, finalizó el diputado de la CABA. 

Acompañan el proyecto de ley los legisladores Diego Mestre, Ayda Ayala, Miguel Nanni, Gonzalo del Cerro, Lidia Inés Ascarate, Gabriela Lena, Gerardo Cipollini, Mónica Frade, Waldo Wolff, Ingrid Jetter, Jorge Enríquez, Pablo Torello, Alberto Asseff, Héctor Stefani, Alfredo Schiavoni, Carla Piccolomini y Julio Sahad. 

El senador de Juntos por el Cambio Andrés De Leo mostró su preocupación por la situación actual del sistema de transporte público de pasajeros en la provincia de Buenos Aires y la inequidad en la distribución de los subsidios del Fondo de Compensación al Transporte Urbano de Pasajeros.

Actualmente lo decide en forma discrecional el Ministerio de Infraestructura bonaerense, “perjudicando al interior sobre la zona metropolitana, discriminación que termina recayendo en permanentes incrementos de las tarifas del boleto”, dijo De Leo.

Por lo que mediante un proyecto de declaración solicita al Gobierno nacional que le asigne mayores recursos al Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros que no se encuentren comprendidos en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

“Hoy la relación en la asignación de recursos es de ocho a uno, con el consecuente incremento descontrolado de la tarifa a los pasajeros”, graficó el legislador.

En ese sentido, De Leo presentó un proyecto para que quede establecido por Ley el criterio de distribución de los subsidios que la provincia le envía a cada municipio y que luego son destinados al transporte público de pasajeros, además del proyecto de declaración para solicitarle al Gobierno Nacional que arbitre las medidas para asignar más recursos a los municipios que no integran el AMBA, para reducir la discriminación y tornar viable al Transporte Público de Pasajeros.

“En la actualidad el sistema público de transporte de pasajeros se financia por dos vías, una asignación nacional y una de la provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es potestad del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, decidir cuántos recursos le envía a cada municipio, para que a su vez éstos se los transfieran a las empresas prestatarias”, señaló el legislador.

“Este sistema discrecional establece claramente una injusticia entre unos municipios y otros. El mapa de los recursos que se distribuyen en la actualidad está muy desequilibrado, en una relación de ocho a uno entre los municipios del conurbano y los municipios del interior, afectando claramente a estos últimos. Situación que se transforma en un problema para los municipios del interior, que terminan sosteniendo el sistema con recursos propios o aumentos del boleto”, expresó De Leo.

“Lo que yo propongo -continuó-, es que la provincia celebre convenios con cada uno de los municipios para la distribución del Fondo de Compensación al Transporte, y estos convenios se establecerán los mecanismos para la distribución de los recursos, según coeficientes y parámetros que la misma Ley establecerá y que tendrán que ver con: densidad poblacional, cantidad de empresas prestatarias del servicio de transporte, flota permanente de cada empresa prestataria, características técnicas de los vehículos autorizados en cada línea, extensión de los recorridos cubiertos, horarios de prestación de servicio, frecuencias del servicio de transporte, interactividad entre múltiple municipios, entre otras”.

“En definitiva, el propósito central del proyecto que presente es poner fin a la inequidad existente en la distribución de los fondos afectados al Fondo de Compensación de Transporte, y que crea una gran inequidad entre los municipios del Conurbano y zona Metropolitana, y los municipios del interior de la Provincia.

Disparidad que se ha acentuado en los últimos años, generando un colapso en el sistema de transporte del interior y una inminente paralización definitiva, con el riesgo de que se pierdan más de 30.000 puestos de trabajo en el país, siendo la provincia de Buenos Aires una de las más afectadas”, finalizó diciendo De Leo.

El diputado nacional José Luis Ramón encabezó la presentación de un proyecto que busca subsidiar el consumo de gas domiciliario en las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, y en 40 municipios bonaerenses, zonas consideradas particularmente frías. 

La iniciativa elaborada por los legisladores opositores José Luis Ramón y Alejandro “Topo” Rodríguez, junto a la diputada del FdT Liliana Shwindt, e integrantes de la bancada oficialista implicaría descuentos de entre 30 y 50% para los beneficiarios. Así, el proyecto pretende “equilibrar las desigualdades que se han generado por la exclusión de los territorios mencionados, en virtud del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la energía”, según se lee en los fundamentos. 

La intención de la iniciativa es modificar el artículo 67 del presupuesto del 2021, y prorroga por 10 años el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas del artículo 75. Y en ese punto incorporar más de 45 municipios de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza completa, parte del sur de San Juan, y del departamento de General Pedernera, en San Luis. 

La actual ley –que busca ser ampliada y prorrogada- propone una disminución del 30% sobre las facturas de gas correspondiente para usuarios residenciales y la amplía al 50% en el caso de usuarios beneficiarios de la AUH, la Asignación por Embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el salario mínimo vital y móvil. 

Con la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, se presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de tarifas diferenciales de gas para más de tres millones de personas, que amplía el beneficio que actualmente rige para la región patagónica.

La iniciativa propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que por sus bajas temperaturas se consideran “zonas frías”.

El proyecto fue fruto de un trabajo en conjunto con la oposición, por el cual se unificaron propuestas de los diputados Liliana Schwindt (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).

La presentación formal, realizada en el Salón de Honor, fue encabezada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y participaron la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y las diputadas Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Roríguez y Jimena López, además de los autores de los proyectos.

Massa destacó que la iniciativa “implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo”.

Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto significa “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.

“Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.

El oficialista explicó que “lo que (los usuarios) no destinen al gas, lo van a usar para mejorar sus calefactores, que en las zonas más frías además tienen más uso porque la temporada de bajas temperaturas dura más tiempo”.

Para Kirchner, “este proyecto está en línea con el compromiso que asumimos en 2019 junto con el presidente: buscar alternativas para, de a poco y a pesar de la pandemia, en un contexto complejo donde muchos han perdido a seres queridos, ir avanzando y salir del infierno en el que nos dejaron”.

“Es muy saludable que lo hagamos de manera conjunta con otros bloques y vamos a darle tratamiento lo más pronto posible porque es en beneficio de nuestra gente”, concluyó el titular de la bancada oficialista.

De qué trata el proyecto

El proyecto da respuesta a una demanda histórica por parte de asociaciones de defensa de usuarios y consumidores de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y 54 municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.

Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad -se tomaron quienes están comprendidos en el decreto presidencial 311/20-.

En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.

El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.

Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.

En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.

Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.

Además de la Patagonia, quedarán comprendidos:

• Toda la provincia de Mendoza;

• En San Juan, los departamentos de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete;

• En Salta, los departamentos de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma y San Carlos;

• En San Luis, el departamento de General Pedernera;

• En provincia de Buenos Aires, los municipios del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido,  Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.

Específicamente por medio del Sistema Único de Reintegros (SUR), la Superintendencia de Servicios de Salud tomó la decisión de enviar fondos a las obras sociales, debido a que muchas de ellas se encuentran en una situación crítica por cuestiones relacionadas directamente a la pandemia del coronavirus y sus correspondientes efectos en Argentina. Las obras sociales habían realizado solicitudes y de ese modo, se les envió a ellas (de acuerdo a la necesidad de cada una) dinero, por un monto total de $1.500 millones. Dicho acto que fue publicado en el Boletín Oficial, se formalizó por medio de la Resolución N° 950/20.

Sistema Único de Reintegros: función elemental en tiempos actuales

Dicho sistema lo que realiza, entre otras cosas, es cubrir a las obras sociales con dinero cuando ellas tienen que costear tratamientos que sean prolongados y que por la complejidad que tienen, deben erogar grandes sumas de dinero. Las obras sociales cubren esas prestaciones, en primer lugar con los aportes de los afiliados, pero como no es suficiente, deben recibir ayuda específicamente del Fondo Solidario de Redistribución. Y respecto a los aportes mensuales, en muchos casos dejaron de percibir las obras sociales grandes flujos de dinero en virtud de que no se pudieron realizar los aportes patronales y de afiliados, ante la inmensa crisis que trajo la inactividad económica.

Por ejemplo, si nos remontamos directamente a los datos oficiales, el SUR sólo entre el primer mes del año 2020 y junio, ya erogó aproximadamente una suma a las obras sociales que alcanza los 16.280 millones de pesos. Posteriormente, en el mes de julio se les otorgó dinero nuevamente a dichas instituciones pero fue exclusivamente un pago a cuenta por futuros desembolsos, pero significó un monto total de $1.829 millones. Y con este nuevo anuncio de unos nuevos $1.500 millones, que según los analistas se va a acreditar en el mes de septiembre, el total de dinero aportado por el Gobierno Nacional a este sector va a ser de $19.609 millones.

Otorgamiento proporcional de fondos: los puntos claves

Una de las cuestiones más discutidas cuando el Gobierno anuncia fondos para las obras sociales es acerca de cómo va a ser el reparto de dichos fondos. Lo que se busca es que realmente puedan recibir más dinero quienes estén en una situación financiera más compleja. Por lo tanto, de acuerdo a Resolución N° 950/20, del total que van a ser unos $1.500 millones, se va a tomar un 70% y se los va a enviar a aquellas que hayan tenido una facturación que haya sí o sí por debajo del promedio y de la media que generalmente tiene el Sistema en “tiempos normales”. Luego, hecho eso, va a quedar un saldo del monto antes mencionado que es el 30% de los mismos y se va a repartir y aquí ingresa un punto fundamental: cubrirá solicitudes que ya estén hechas, pero a su vez, también será a cuenta de las que puedan iniciar en el futuro.

Garantizar funcionamiento de las obras sociales: el objetivo central

Uno de los grandes frentes que tiene el Gobierno Nacional en la actualidad es el de salud, a los fines de que el sistema en primer lugar no colapse ante la gran cantidad de personas que necesitan y que pueden llegar a necesitar asistencia por ser positivos de Covid-19. Se suma a eso que muchas obras sociales están en crisis financiera producto de que dejaron de manera abrupta de recibir fondos de quienes efectivamente tienen que hacer los aportes. Dudas no hay que de la crisis está afectando a sus finanzas, pero ellos tienen que de igual modo seguir afrontando los numerosos tratamientos médicos de sus afiliados.

Hay en Argentina aproximadamente en la actualidad unas 185 obras sociales, que son las encargadas de brindar los correspondientes tratamientos de salud a toda persona que sea beneficiaria directa del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Como es deber del Estado garantizar el servicio de salud y que los servicios que a ella rodean estén funcionando de manera adecuada, es que toma decisiones como estas de tener que adelantar fondos a estas instituciones por medio de la Superintendencia, para que a su vez ellas puedan pagarle en tiempo y forma a todos los prestadores.

Tiempos de hoy: la importancia de los planes de salud

Son momentos los que transcurren hoy en día en donde es sumamente importante poder contar con cobertura médica, no sólo para poder ser atendido ante un posible contagio de coronavirus (aunque por lo menos el 52% de clientes de empresas prepagas de salud piensa que ante un contagio no va a tener buenas respuestas) sino que también para tener asistencia ante cualquier eventualidad médica que precisemos. Encontrar una obra social prepaga que cubra el tratamiento que podemos necesitar es fundamental y sin dudas que la oferta es muy amplia no sólo en obras sociales sino que también por parte de las empresas de medicina prepaga, que muchas se encuentran en constante expansión por todo el país. Al momento de elegir una obra social o una empresa prepaga cualquier usuario debe analizar precio, coberturas, centros médicos disponibles, profesionales a los que podrá acudir, entre muchas otras cosas.

Desafíos de las empresas de salud: lo que piensan los usuarios En tiempos actuales, según quienes se dedican a estudiar las cifras de este mercado, aseguran que al menos el 52% aproximadamente de quienes tienen planes de salud no están conformes y otro 41% piensa que tarde o temprano va a tener que reducir costos de lo que por mes paga en su servicio médico. Con respecto a esto último, un gran desafío tendrán que afrontar obras sociales y prepagas, debido a la gran cantidad de usuarios que desean hacer cambios de planes, por ejemplo. Aproximadamente un 54%, según estimaciones de analistas, piensa cambiar ya sea de plan o de empresa apenas pase esta situación de cuarentena. Además de eso, estos dos tipo de entidades tendrán que rever sus finanzas debido a que se espera que en muchos casos el Estado solicite el reintegro por pacientes con planes vigentes que fueron tratados gratuitamente por el Covid-19.

Tras cinco meses de aislamiento obligatorio a causa de la pandemia del Covid 19, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual buscarán crear el “Subsidio ante la Emergencia (SAE)”,  como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de las familias.

La iniciativa -de autoría de la vicepresidenta segunda de esa Casa, María Rosa Muiños (FdT)- establece que dicho subsidio podrá ser percibido por personas que se encuentren desocupadas, se desempeñen en la economía informal, monotributistas A y B, monotributistas sociales y trabajadores.

Para poder acceder al subsidio, los beneficiarios deben acreditar ser argentinos nativos, naturalizados o residentes legales con más de dos años de antigüedad; tener entre 18 y 65 años. Además el solicitante ni alguno de los miembros de su familia no pueden percibir ingresos: por trabajo en relación de dependencia en el sector público o privados; ser monotribustista C o superiores; prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad; o planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo, PROGRESAR y Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho. 

De acuerdo al texto –que también lleva la firma de Claudia Neira y Santiago Roberto (FdT)-, el subsidio sería de diez mil pesos, solo lo cobraría una persona por grupo familiar y se entregaría por única vez.

En los fundamentos de la medida, los diputados del FdT explicaron que “en todos los países el virus afecta diferencialmente a los distintos sectores sociales, pero en sociedades tan desiguales como la nuestra esto se nota más. En este marco, las políticas sociales son fundamentales para atender en la emergencia a los sectores con mayor vulnerabilidad social” y concluyeron destacando que “si consideramos que el aislamiento social es la base de la lucha contra el Coronavirus, las familias con menos recursos deben ser provistas de herramientas que aumenten sus defensas sociales y en este sentido garantizar recursos básicos mediante la provisión de subsidios que coadyuvan a atenuar la crisis que atraviesan”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó este jueves un proyecto de ley para que los centros de jubilados reciban un subsidio excepcional en el marco de la pandemia por el Covid 19, materializado en la reducción del 50 por ciento del valor de las tarifas de servicios públicos esenciales, tales como electricidad, agua, gas natural, telefonía y provisión de garrafa.

“En nuestro país existen aproximadamente 5 mil centros y el Estado debe apoyarlos para permitir que la crisis económica actual no afecte su desenvolvimiento”, señaló la Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y agregó que la ayuda económica brindada por PAMI “es insuficiente para que los establecimientos puedan superar todas las dificultades que enfrentan para continuar subsistiendo, no solo a causa de la pandemia, sino de la situación económica crítica que ya existía con anterioridad”.

En ese sentido, advirtió que “la misma administración del PAMI reconoció que muchos de los Centros de Jubilados están con riesgos de poder cerrar porque no pueden afrontar los gastos de los servicios públicos y muchas veces del alquiler”.

El proyecto de ley, acompañado por la diputada Soher El Sukaria, pide también que los centros de jubilados registrados reciban un subsidio o asignación de carácter mensual, excepcional, transitorio y retroactivo por el importe equivalente a dos Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM).

Ocaña manifestó que “este aporte será vital para que los Centros puedan continuar con sus puertas abiertas en el futuro, y puedan seguir cumpliendo su importante rol social que cumplen dentro de la sociedad”.

Por Carolina Ramos

Habían pasado pocos días desde la declaración de la pandemia cuando, rápido de reflejos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ordenó el otorgamiento de subsidios de 100.000 pesos a cada legislador para ser trasferidos a centros de salud. Una medida que, más allá de sus intenciones, levantó críticas y pecó de falta de transparencia.

A casi tres meses de esa decisión, que se hizo efectiva a través de la Resolución Presidencial 611/20, parlamentario.com accedió a los registros oficiales que dan cuenta de los giros realizados por la Cámara baja. Fueron en total 27.600.000 pesos transferidos durante el mes de abril a 51 instituciones, entre hospitales públicos y privados, asociaciones civiles y ministerios locales.

El más beneficiado, por concentrar los test de detección del virus, fue el Instituto Malbrán, que recibió 13.700.000 pesos. Tanto el interbloque de Juntos por el Cambio, presidido por Mario Negri, como el Interbloque Federal de Eduardo “Bali” Bucca eligieron esa institución, destinando 11.600.000 y 1.100.000 pesos, respectivamente.

A diferencia del resto de los diputados, que recibieron 100.000 cada uno, la Presidencia de la Cámara -que abarca también a secretarios y prosecretarios- dispuso de 2.000.000 de pesos para entregar. Transfirió 1.000.000 de pesos también al Malbrán; 900.000 pesos al Hospital Garrahan; y 100.000 a la sede de Cáritas en San Martín.

En el caso del Frente de Todos no hubo una decisión unánime, sino diversidad de destinatarios. El Garrahan recibió, de parte del oficialismo, 2.100.000 pesos, aunque que la más beneficiada fue, con 3.000.000 de pesos, la Fundación “Locos bajitos para la Niñez y la Juventud Desprotegida”, que trabaja en barrios vulnerables de La Matanza, Buenos Aires.

El bloque liderado por Máximo Kirchner también giró 200.000 pesos a la Cruz Roja y otros montos a hospitales de Salta, Río Negro, Chaco, Chubut, Jujuy, Corrientes, Santa Fe, La Pampa y Misiones, entre otros.

Unidad Federal para el Desarrollo, la bancada presidida por José Luis Ramón, giró dinero al Hospital Central de Mendoza, el Hospital Distrital de Las Heras (Santa Cruz), el Hospital “Francisco López Lima” de General Roca (Río Negro), la Municipalidad de Colón (Buenos Aires) y el Parque de la Salud de Misiones.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño (PTS) donó sus 100.000 pesos al Hospital de Clínicas, que depende de la UBA, mientras que Romina Del Plá (Partido Obrero) eligió el Hospital Posadas. Por último, Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) donó al Ministerio de Salud de su provincia.

La medida había levantado polémica por varios motivos. Uno de ellos es que los diputados ya reciben subsidios para entregar a instituciones y, si bien la resolución estableció en su artículo 11 que el beneficio se otorgaba con carácter “excepcional” y “por única vez”, Massa tuvo que aclarar luego que se trataba de un direccionamiento de los recursos ya disponibles.

“Lo que se decidió este año, a diferencia de otros años, es que los subsidios solo se podían usar para instituciones de salud determinadas y que no se podían utilizar para otra cosa”, puntualizó el titular de la Cámara en declaraciones televisivas.

Más allá de esta confusión, la resolución no obligó a los legisladores a informar a la sociedad y a la Cámara sobre el destino de esos fondos públicos. Esa omisión despertó críticas por parte de organizaciones que abogan por la transparencia, como la Fundación Directorio Legislativo.

Tras la controversia, Massa informó que a futuro eliminará el actual sistema de subsidios. “Lo que hicimos fue sacarle a los diputados algo que antes usaban para la política, y además estamos impulsando hacia adelante una medida que prohíbe los subsidios a los diputados”, adelantó.

En la web de la Cámara baja, los últimos registros de subsidios entregados datan del año 2018, cuando diputados, secretarios y prosecretarios podían entregar hasta un máximo de 60.000 pesos anuales. Paralelamente, los legisladores tienen a su disposición becas estudiantiles, que hasta 2018 eran de 40.000 pesos anuales.

El listado completo

El senador nacional cordobés del Frente de Todos Carlos Caserio se refirió al problema del transporte público en su provincia, y criticó duramente al intendente de la ciudad capital, del mismo espacio político, Martín Llaryora, pidiéndole que “asuma sus responsabilidades y no pida a la Nación los recursos que no tiene”.

“Todos conocemos la inequidad en los subsidios en el transporte en la relación entre el AMBA y el interior del país. Yo como senador de Córdoba vengo reclamándolo y lo voy a seguir haciendo porque creo que debe existir justicia entre el reparto del AMBA y del interior del país. Ahora, cuando el intendente Llaryora habla de que el año pasado de cada diez pesos fue nueve a uno, rompiendo el equilibrio histórico que generalmente era siete y tres, tiene razón, pero tiene que decir que eso es el gobierno de Macri. No me parece razonable atribuirle esto al actual Gobierno nacional”, manifestó el legislador.

En este sentido, detalló que “el presidente Fernández ha triplicado el monto de los subsidios para el interior. Es un monto muy significativo, pese a que el país vive en la pandemia. Y, además, pese a la situación de extremo endeudamiento que nos dejó el anterior gobierno”.

En diálogo con Carlos Mariscal, expresó que cree que esto “hay que manejarlo con responsabilidad, y también hay que tener memoria. Responsabilidad en asumir los temas de la propia juridicción, el intendente de Córdoba tiene que saber que esto, más allá de las ayudas que reciba, es un tema municipal, y tiene que tratarlo como tal. Y memoria para darse cuenta que, en tan pocos meses de gestión, el presidente ha instruido e implementado medidas para reducir esa inequidad”.

Finalmente, consideró que es “desmesurado” solicitarle a la Nación “recursos que la Nación no tienen”. Además, indicó que, en el caso de Córdoba, el presidente ha destinado en el mes que pasó “3.000 millones de pesos extras, aparte de todo lo que mandan, la coparticipación, la plata de la caja, los planes, 3.000 extras para la lucha del coronavirus”, y que el municipio recibió por la coparticipación que el gobernador le transfirió, el 20% que les corresponden a los intendentes: le tocaron 200 millones de pesos. “Por eso yo no entiendo como el intendente recibe 200 millones de pesos, y haciendo toda esta cruzada nacional, acusando y presionando al presidente, cuando él recibió una plata extra que”, concluyó.

La diputada Alma Sapag decidió destinar el subsidio de 100.000 pesos otorgado por disposición de la presidencia de la Cámara baja nacional, al sistema público de salud de la provincia del Neuquén, a los efectos de su utilización en el territorio para satisfacer las necesidades derivadas de la pandemia del coronavirus a nivel regional

Si bien los bloques mayoritarios de diputados nacionales tomaron la determinación de destinar el beneficio al Instituto Malbrán -que se encuentra atendiendo demanda de todo el país, con probabilidades de exceder su capacitad de respuesta-, la legisladora del MPN, “en cumplimiento del federalismo como una de sus banderas”, sostuvo, prefirió derivarlo al sistema se salud de la provincia, que ya ha adquirido los reactivos y se encuentra realizando las capacitaciones y pruebas necesarias, tanto en laboratorios públicos como privados, para la detección de este virus.

Consultada al respecto, Chani Sapag señaló: “La decisión nace a partir de detectar la importancia de descentralizar el sistema de detección de casos positivos para agilizar la capacidad de respuesta a nivel nacional. Neuquén ya adquirió los reactivos para efectuar los diagnósticos correspondientes y en ese sentido, me pareció atinado destinar los fondos a ese desarrollo fruto de la iniciativa de la provincia”.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados de la Nación, por resolución 611/2020, resolvió otorgar de manera excepcional  y por única vez un subsidio por legislador que asciende a la suma de pesos cien mil y que solo deberá ser utilizado para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19), brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional o asistir a grupos de riesgo y entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia.