Se trata de una iniciativa presentada hace dos meses, que va en línea con lo que reclaman los gobernadores para coparticipar el impuesto al Cheque.
La alarma que encendieron varios gobernadores los últimos días respecto de las dificultades para afrontar el pago del aguinaldo, fue mitigada el miércoles cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, les garantizó a todos que contarán con la plata necesaria para hacer frente a salarios y aguinaldos de diciembre. Será a partir de la transferencia de fondos por parte de Nación a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024.
Será una solución para esta emergencia, pero el problema subsiste a partir de la afectación que provoca a las provincias la eliminación del impuesto a las Ganancias y por el cual el Estado dejará de recaudar un billón de pesos. Lo cierto es que el 55% de lo recaudado de ese impuesto es distribuido entre las provincias.
La cuarta categoría, que es la alcanzada por la norma aprobada por la ley sancionada en el Congreso, representó en septiembre pasado unos $200.000 millones.
El tema es que a partir del 10 de diciembre las transferencias de la Nación a las provincias quedarán “a criterio” del nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, que acaba de afirmar que los gobernadores debían recortar gastos para pagar sueldos porque “no hay plata”. Más allá de que, paralelamente, ratificó que tanto la baja del impuesto a las Ganancias, como la devolución del IVA fueron ratificadas por Milei.
La gobernadora rionegrina Arabela Carreras afirmó este jueves que “hay una voluntad política transversal” por parte de los mandatarios provinciales para impulsar en el Congreso una ley que convierta al impuesto de la ley del cheque en coparticipable.
La compensación para las provincias debería llegar a través de una modificación del impuesto al cheque, que coparticiparía a las provincias el 50% de lo recaudado por esa vía.
Precisamente en esa dirección, en septiembre pasado un grupo de diputados presentaron un proyecto que buscaba coparticipar a las provincias el 30% de lo recaudado por impuesto al cheque. La iniciativa fue suscripta por dos diputados que a partir del 10 de diciembre serán gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y sus pares Alejandro “Topo” Rodríguez, los cordobeses Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota, los misioneros Ignacio García Aresca y Carlos Fernández, y los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo.
“La propuesta fue reflotada por los gobernadores; lo único que cambia es que ellos plantean el 50% y nosotros el 30; solo haría falta cambiar los porcentajes”, recordó ante parlamentario.com Topo Rodríguez.
El proyecto cuenta con solo un artículo (otro de forma) que modifica el artículo 1° de la Ley 27.432, que sustituyó el artículo 3° de la Ley 25.413, por el siguiente: “El 70% de este impuesto se destinará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y el 30 por ciento restante a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En los fundamentos, el proyecto advierte que “las imperfecciones y asimetrías del federalismo argentino generan un impacto fiscal que perjudica a las provincias”. En ese sentido, agrega, “un caso particularmente significativo es la distribución de los fondos que se recaudan por el denominado ‘impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente’, conocido como ‘impuesto al cheque’, establecido mediante la Ley 25.413 en marzo de 2001”.
El proyecto recuerda que todo lo producido por el impuesto al cheque se asigna a la ANSeS. “Dada estas circunstancias, es necesario coparticipar los recursos provenientes del mencionado gravamen, otorgando una distribución de esos fondos en un 70% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y el 30% restante distribuirlos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Fue después de que el diario lo retratara en la portada de la edición de este viernes, en referencia al inicio del juicio político a la Corte Suprema.
En silencio durante la primera jornada del juicio político impulsado por el oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Tailhade habló del tema este viernes a través de su sitio en YouTube, donde con ironía le agradeció a Héctor Magnetto, al que llamó “mafioso”, por “mi segunda tapa en 20 días”.
En el video, puso un ejemplo de “cómo actúa la mafia”, comentando que prepararon el título con el que retrataron la noticia de lo sucedido en Diputados así: “Agresiones en el arranque del juicio a la Corte”.
“2) La mafia monta el circo para hacer coincidir la realidad con el título; si no lo logra, la inventa”, apuntó, para volver a emprenderla contra el diputado de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. “Como yo no hablé en toda la reunión, el dueño del circo mandó a un monito a que me nombre”.
En tercer lugar, dijo Tailhade, “la mafia coloca una foto sacada de contexto para hacer creer que las agresiones fueron mías. Que, reitero, no abrí la boca en toda la reunión de la comisión”.
Y resumió: “Clarín miente y genera violencia, para hacer creer que los violentos somos nosotros”.
Lo cierto es que la volvió a ligar en ese marco el diputado “Topo” Rodríguez a quien ya había mencionado Tailhade en una nota en C5N. Precisamente por eso durante la reunión de la Comisión de Juicio Político el jueves, Rodríguez le enrostró al diputado del kirchnerismo haber dicho “que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No. Es humildemente una opinión”.
“No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos Tailhade”, le advirtió “Topo” Rodríguez al que esta vez el diputado K no nombró, pero sí aludió como “un monito” al que mandaron a nombrarlo.
El toque “sutil” lo dio Tailhade en su video sumando al presidente del interbloque Federal con una imagen del entrañable Topo Gigio.
Por si fuera necesario, jefes de bloques numerosos de la Cámara baja ya adelantaron su rechazo a aceptar la medida drástica que se propone ejecutar el presidente con gobernadores.
El presidente Alberto Fernández arrancó el último año de su mandato anunciando una medida drástica: el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Una medida que luego su canciller, Santiago Cafiero, extendió al resto de los integrantes del Tribunal Superior.
Para prosperar, el juicio político necesita los dos tercios de la Cámara de Diputados, para pasar luego al Senado, donde el proceso se tramita, según establece la Constitución nacional. Y el Gobierno del Frente de Todos es apenas primera minoría con 118 miembros. Una primera minoría que no ha podido volver a sesionar desde que rompió puentes con la oposición, en diciembre pasado, pues por sí mismo y aliados no alcanza a reunir siquiera el quórum.
Por si hiciera falta, el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, adelantó su rechazo al anuncio presidencial. “Alberto Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la CSJN con un juicio político que NO va a prosperar porque NO tiene los votos”, explicó el cordobés.
Y agregó que se trata de “un apriete infame para congraciarse con CFK y buscar impunidad”.
En el mismo sentido se expresó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, quien a través de una columna de opinión publicada en parlamentario.com ya adelantó su rechazo. “El argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en las decisiones del Congreso de la Nación, sólo tiene el respetable valor de ser una opinión personal del presidente, pero no es la posición institucional adoptada por el Congreso de la Nación”, señaló quien es el titular del interbloque Federal, que reúne a ocho diputados. Y cerró: “Poco ayuda a la verdadera división de poderes que el Ejecutivo pretenda tutelar al Legislativo y decidir por éste”.
Cabe recordar que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 31 miembros. De ellos, 16 son del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y 1 del interbloque Federal. La preside la entrerriana oficialista Carolina Gaillard.
Por el FdT están: Ana Carolina Gaillard, Marcos Cleri, Ricardo Daniel Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Micaela Morán, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.
Por JxC figuran Juan Manuel López, Mario Negri, Omar De Marchi, Alvaro González, Manuel Aguirre, Sabrina Ajmechet, Carla Carrizo, Alejandro Finocchiaro, Ximena García, Francisco Monti, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, María Luján Rey y Pablo Tonelli.
Por interbloque Federal está Alejandro “Topo” Rodríguez.
En definitiva, queda claro que el pedido de juicio político impulsado por el presidente de la Nación es un mero anuncio muerto antes de nacer.
Los diputados Carlos Gutiérrez y Alejandro “Topo” Rodríguez recibieron al mandatario en Buenos Aires, y ratificaron la necesidad de “alejara la grieta” del trabajo en el Congreso.
El Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y Roberto Lavagna mantuvieron este jueves por la mañana una reunión en Buenos Aires, durante la que acordaron la necesidad de ratificar la “mesura y racionalidad” en el alejamiento de la grieta del Congreso.
En el encuentro participaron los diputados Carlos Gutiérrez (pte. del bloque Córdoba Federal) y Alejandro “Topo” Rodríguez (pte. Interbloque Federal), sus principales espadas en la Cámara baja.
Hablaron de temas generales de la situación del país y, especialmente los relacionados con las responsabilidades y acciones que lleva adelante el Interbloque Federal, con énfasis en ratificar la mesura, la racionalidad y el alejamiento de la grieta desde el trabajo en el Congreso.
La iniciativa, consensuada con bloques de la oposición, propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que se sumarían a la Patagonia. Son lo que se denominan “zonas frías”.
Con la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, se presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de tarifas diferenciales de gas para más de tres millones de personas, que amplía el beneficio que actualmente rige para la región patagónica.
La iniciativa propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que por sus bajas temperaturas se consideran “zonas frías”.
El proyecto fue fruto de un trabajo en conjunto con la oposición, por el cual se unificaron propuestas de los diputados Liliana Schwindt (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).
La presentación formal, realizada en el Salón de Honor, fue encabezada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y participaron la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y las diputadas Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Roríguez y Jimena López, además de los autores de los proyectos.
Massa destacó que la iniciativa “implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo”.
Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto significa “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.
“Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.
El oficialista explicó que “lo que (los usuarios) no destinen al gas, lo van a usar para mejorar sus calefactores, que en las zonas más frías además tienen más uso porque la temporada de bajas temperaturas dura más tiempo”.
Para Kirchner, “este proyecto está en línea con el compromiso que asumimos en 2019 junto con el presidente: buscar alternativas para, de a poco y a pesar de la pandemia, en un contexto complejo donde muchos han perdido a seres queridos, ir avanzando y salir del infierno en el que nos dejaron”.
“Es muy saludable que lo hagamos de manera conjunta con otros bloques y vamos a darle tratamiento lo más pronto posible porque es en beneficio de nuestra gente”, concluyó el titular de la bancada oficialista.
El proyecto da respuesta a una demanda histórica por parte de asociaciones de defensa de usuarios y consumidores de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y 54 municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.
Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad -se tomaron quienes están comprendidos en el decreto presidencial 311/20-.
En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.
El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.
Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.
En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.
Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.
Además de la Patagonia, quedarán comprendidos:
En medio del debate sobre la postergación de las PASO, el bloque Consenso Federal insiste con un proyecto para modificar el formato del voto a partir del próximo turno electoral.
Mientras se espera una definición sobre la postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como de las elecciones generales, el bloque de diputados de Consenso Federal le pidió al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que para el turno electoral de 2023 se implemente la boleta única de papel.
El mensaje fue transmitido al funcionario a través de una nota que lleva las firmas de los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini.
La semana pasada, en una reunión que tuvo lugar en el Congreso, De Pedro aclaró que la puesta en marcha de la boleta única de papel -que es reclamada también desde Juntos por el Cambio- no está en análisis para este año dada la proximidad del calendario electoral.
“Hemos tomado conocimiento del debate respecto de la postergación de las elecciones primarias y generales, y de su afirmación de que no existe el tiempo necesario para la implementación de la boleta única de papel este año”, manifestaron los diputados “lavagnistas”.
Sin embargo, afirmaron que “lo que no puede demorar es una firme decisión del Poder Ejecutivo Nacional de apoyar, sin rodeos ni dilaciones, la aprobación y aplicación de la boleta única de papel para todas las elecciones de cargos nacionales, primarias y generales, desde el año 2023”.
Los legisladores adjuntaron un proyecto de ley presentado en las últimas horas con ese objetivo y solicitaron que sea “debatido y aprobado de inmediato”, junto con una eventual postergación de las elecciones de este año debido al aumento de contagios y muertes por Covid-19.
Tras la reunión de De Pedro con los líderes de Juntos por el Cambio, los restantes bloques de la oposición esperan ser convocados para esta semana o la próxima, con el fin de terminar de allanar el debate en la Cámara baja.
Según el calendario que ya fue aprobado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 10 de mayo para convocar a las PASO, por lo que el Congreso debería sancionar antes el corrimiento de fechas.
El diputado “Topo” Rodríguez calificó como una “provocación” que en la tercera ampliación del temario se excluyera el proyecto que el oficialismo se comprometió a tratar.
Luego de que se publicara en el Boletín Oficial una nueva ampliación del temario de sesiones extraordinarias para tratar las reformas en el impuesto a las Ganancias, el diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez criticó que se excluyera la prórroga de la Ley de Promoción de los Biocombustibles, un proyecto que cuenta con aprobación del Senado y que el oficialismo se había comprometido a tratar durante el verano.
Rodríguez advirtió que “el gobierno del Frente de Todos sigue negándose a cumplir el compromiso parlamentario de tratar la prórroga a la Ley de Biocombustibles en el período de sesiones extraordinarias”.
“No puede interpretarse de otra manera que no sea una provocación el hecho de que el Poder Ejecutivo apruebe cuatro decretos para poner 35 proyectos en la agenda de extraordinarias y se niegue de manera sistemática a incorporar lo que es un compromiso parlamentario y también un compromiso público”, amplió el legislador lavagnista.
A fines de diciembre, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, informó que en enero se trataría la prórroga del Régimen de Biocombustibles, pero el Ejecutivo no incorporó el proyecto en ninguna de las tres ampliaciones de temario, por lo que podrá ser tratado recién a partir de marzo.
Hace un mes, el bloque Consenso Federal -integrado por Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini- le envió una nota a Massa reclamando el tratamiento “urgente” de la iniciativa, ya que los beneficios impositivos dispuestos en la ley caducan en mayo y comprenden a productores de 54 plantas asentadas en diez provincias.
El legislador era uno de los que habían estado con Julio Sahad en la sesión del jueves pasado en la Cámara de Diputados.
“Acabo de recibir el resultado del hisopado que me realicé el día de ayer, el mismo fue negativo para COVID-19. Muchas gracias a todos los que se preocuparon”, señaló este martes por la tarde el diputado nacional del Pro Pablo Torello, otro de los diputados nacionales que tuvieron que hacerse testeos luego de que diera positivo el riojano Julio Sahad.
Pablo Torello difundió el mencionado mensaje a través de su cuenta de Twitter, horas después de que le jefe de su bloque, Cristian Ritondo, tuviera los mismos resultados y los difundiera por la misma vía.
Poco después también difundió a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el mismo sentido el diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez. “El pasado jueves participé de la reunión de jefes de bloques y de la sesión de @DiputadosAR, que se extendió hasta el viernes 2AM. Por recomendación profesional dejé pasar 5 días hasta realizar, hoy por la mañana, un hisopado de COVID-19 cuyo resultado fue NEGATIVO”, señaló el legislador lavagnista.
Según pudo saber parlamentario.com, la diputada Silvia Lospennato espera los resultados de su hisopado para este jueves, aunque tampoco tuvo ningún síntoma.
El que sí dio positivo fue, como ya hemos señalado, el radical Miguel Bazze.
