Conforme lo acordado el martes en la reunión de más de dos horas celebrada en la Cámara alta, los referentes legislativos de 44 senadores nacionales solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero, a los efectos de tratar el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo. Si bien todavía no ha sido formalizada la convocatoria, se supo que será a partir de las 11.

La nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, tiene las firmas de Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.

El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo. Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión.

Tampoco figura en principio la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, que podría ser sumada cuando se haga la convocatoria definitiva por parte de las autoridades del Senado. Cosa que, dicho sea de paso, también podría suceder con el proyecto sobre glaciares.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.

Con el arranque formal de las sesiones extraordinarias, y de cara al objetivo de la semana próxima llevar el proyecto de Modernización Laboral al recinto del Senado, el oficialismo intensifica las reuniones con bloques dialoguistas para asegurarse tener los votos en el recinto y poder encestarse lo que sería el primer triunfo legislativo del 2026.

Por ese motivo, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volverá a verse las caras con los jefes y referentes de bloques dialoguistas este martes desde las 15 en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical. “Estamos trabajando con cada bloque y en el equipo. Tenemos una reunión con todos los bloques con los que venimos trabajando como un equipo en común”, afirmó Bullrich a la prensa en las puertas de la Cámara alta.

“Tenemos una agenda muy importante para el Gobierno nacional que es la ley laboral que va a ayudar mucho al crecimiento del país y también tenemos la ley de Glaciares para poder generar certezas a las inversiones en las zonas llamadas peri glaciares, estamos trabajando también en esa ley”, sumó la ex ministra de Seguridad.

La semana pasada, las bancadas dispuestas a aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno transmitieron a Bullrich sugerencias de modificaciones al texto que se dictaminó de manera exprés en diciembre, pero se postergó para el recinto hasta este mes.

Al respecto, la jefa del bloque libertario aseguró: “Queremos mantener los cambios sin mucha publicidad para no generar una opinión anticipada de los temas. Los cambios en la ley laboral los van a ir conociendo. Si van a llegar al recinto”, y bregó para que sea un Congreso “reformista y acompañe los cambios que el Gobierno viene realizando para que la Argentina entre en la normalidad que venimos viendo”.

Una de las principales dudas del primer encuentro -que se extendió por poco más de dos horas- fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Una de las recomendaciones fue, al menos, acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas.

Entre las principales observaciones al proyecto, los distintos bloques dialoguistas y provinciales -con llegada directa a sus gobernadores- pusieron el foco sobre el capítulo impositivo, más precisamente sobre la reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una rebaja en la recaudación de las arcas provinciales dado que es un tributo coparticipable.

Al respecto, tras la reunión de este martes, Bullrich afirmó que volverá a encontrarse con la mesa política del Gobierno este miércoles donde dialogará con el ministro de Economía, Luis Caputo; y con el del Interior, Diego Santilli, para debatir ese tema.

“Es un tema que todavía está en discusión. Nosotros creemos que hay que bajar impuestos, que hay que darle más dinero a los privados y la discusión es cómo se financian los estados provinciales, pero nosotros creemos que tiene que ir adelgazando para que las empresas puedan ser más productivas y por eso queremos bajar impuestos, son dos filosofías distintas. Vamos a ver en qué acuerdo llegamos”, expresó la senadora.

El reducido grupo conformado por el presidente Javier Milei y comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá evaluar las voluntades a favor del proyecto, si se accede o no a modificaciones en el articulado tributario o si va al recinto “a todo o nada”, con el riesgo de que suceda algo similar a la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Pese a la discusión sobre los fondos por Ganancias, atada a las negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, Bullrich confía que en el Senado estarán los votos para dar media sanción a la Reforma Laboral, un ambicioso cambio legislativo resistido por décadas por el sindicalismo y con la CGT en alerta. Incluso, la exministra de Seguridad puso el 11 de febrero como fecha para la sesión. “La reunión de hoy a la tarde es para que estén los 44 votos. Va a salir con consenso la reforma”, remató ante la prensa.

Mientras toda la atención y expectativa en el arranque de las extraordinarias de febrero están puestas en el debate por el proyecto de Modernización Laboral previsto para la semana que viene, otro tema de suma importancia que tendrá tratamiento en la misma sesión de la Cámara alta -que a priori sería el 11 de febrero- será la reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional.

La iniciativa, que fue presentada a instancias de gobernadores aliados a Casa Rosada y que administran provincias con interés en la industria minera, es fuertemente rechazada por sectores ambientalistas que ejercen presión para que la ley no prospere, motivo por el cual vienen protestando desde hace tiempo frente al Congreso de la Nación.

Con el reinicio de la actividad legislativa, ese reclamo volvió a hacerse presente este martes por la mañana, donde activistas se congregaron en las puertas del Senado, que será el escenario en el que la semana próxima tendrá tratamiento la modificación de la Ley de Glaciares. Es un tema que se va a tratar en paralelo a la reforma laboral y al acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica, pero seguramente se llevará buena parte de la atención de lo que se prevé será una extensa jornada.

La iniciativa obtuvo dictamen el 18 de diciembre de 2025 durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado,  y propone una serie de modificaciones orientadas —según argumenta el Gobierno— a despejar “controversias interpretativas” acumuladas desde la sanción de la norma hace quince años, y a fortalecer las facultades de las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales.

El proyecto enviado al Congreso redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.

El texto también cambia el régimen de prohibiciones del artículo 6°, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. Serán las provincias las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse.

En la misma dirección, el artículo 7° reformulado exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

El proyecto también redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el Nivel 1 del inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Se inicia este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias en el que, hasta el próximo día 27, podrá tratarse un temario que incluye el proyecto de ley de Modernización Laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación del Régimen Penal Juvenil, entre otros temas.

Se trata del segundo llamado a extraordinarias hecho por el presidente Javier Milei en este inicio de la segunda mitad de su mandato, luego de que en el mes de diciembre pasado el oficialismo consiguiera la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En ese primer llamado a sesiones extraordinarias el Gobierno también consiguió que la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares tuvieran sendos dictámenes en el Senado, con lo que ambos temas están habilitados para ser tratados en el recinto. La fecha tentativa para esa sesión sería el 11 de febrero.

Este segundo llamado a extraordinarias se hizo a través del decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero pasado, y que incluía la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.

El 27 de enero el presidente Javier Milei firmó otro decreto, el 53/26, por el cual se amplió el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. Esta decisión estuvo motivada en el aberrante asesinato del joven Jeremías Monzón, a manos de tres menores de edad.

Este tema será debatido inicialmente por la Cámara baja, donde el año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo llegó a tener dictamen en el mes de mayo, pese a lo cual no llegó al recinto. El proyecto será tratado en comisión la próxima semana, según confió a parlamentario.com una fuente de La Libertad Avanza, que aclaró que esta semana no habrá trabajo en las comisiones de Diputados, aunque sí deberían conformarse las comisiones que se necesiten para el tratamiento de los temas pedidos por el Ejecutivo.

En el caso de la Ley Penal Juvenil, el debate tendrá como cabecera a la Comisión de Legislación Penal, que ya fue conformada en diciembre pasado y sigue presidiendo la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Y es el único de los temas que le corresponde tratar a la Cámara baja por ahora.

El tema que no fue incluido en extraordinarias fue la emergencia ígnea para atender la situación de desastre en provincias patagónicas como consecuencia de los incendios forestales que se desarrollan desde fines del año pasado. Recordemos que la semana pasada el Gobierno decidió declarar la emergencia por DNU, a los efectos de agilizar la implementación de ese pedido formulado por los gobernadores de las provincias afectadas.

Hablando de temas que quedaron fuera de extraordinarias, es el caso del proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que había sido sumado en el anterior llamado a extraordinarias, e incluso consiguió dictamen, pero no fue tratado en el recinto. Tampoco figura la reforma del Código Penal, que había sido anunciado en diciembre.

En la antesala de que inicien las sesiones extraordinarias en el Congreso, la Mesa Política del Gobierno se reunió este jueves con el pedido explícito de los gobernadores patagónicos como eje de debate central, respecto de incorporar la emergencia ígnea en el temario y, por el momento, acordaron la declaración a través de un DNU.

La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada y duró casi dos horas, donde se acordó avanzar con la declaración de la Emergencia ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia según confirmaron fuentes cercanas a parlamentario.com. En la misma, se realizarán cambios presupuestarios e incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

También estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien su presencia no se da en todas las ocasiones, siempre asiste cuando los temas implican cambios en términos presupuestarios o económicos en general. Sin embargo, no se precisó cuándo podría hacerse efectivo. En el ala de los gobernadores patagónicos se esperaba que fuera mañana, mientras que un sector de la Casa Rosada marcaba que todavía debía definirse qué fondos se estaban dispuestos a ceder.

Además, según trascendió fueron girados un total de $4.000 millones a la provincia de Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. A su vez, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. En tanto, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93.

La resolución fue firmada el martes pasado por la tarde. En esa misma jornada, los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz); y Rolando Figueroa (Neuquén) le solicitaron formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. Estos últimos tres tienen representantes en el Congreso que están dispuestos a dialogar con el oficialismo respecto a la aprobación de la Modernización Laboral.

El oficialismo reactiva este miércoles las negociaciones por el proyecto de ley de modernización laboral, con una reunión que encabezará la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en busca de apoyos y juntar los votos necesarios para aprobar el texto que pretenden hacerlo a mediados del mes de febrero.

El encuentro está agendado para este miércoles a partir de las 15 al que Bullrich convocó a los jefes de bloques opositores -con la excepción de Unión por la Patria-, con la intención de retomar las negociaciones en torno a las modificaciones que se le podrían introducir al proyecto cuando se habilite su debate en el recinto de la Cámara alta en una sesión que, a priori, sería el 11 de febrero. La reunión se llevará a cabo en el histórico salón de reuniones de los senadores de la UCR tienen en el segundo piso del palacio legislativo.

La iniciativa cuenta con dictamen de comisión desde diciembre de 2025, pero la complejidad del tema, que no solo modifica la legislación laboral sino también introduce cambios en el sistema impositivo de recaudación de las provincias, condujeron a que el tratamiento se postergue para este año.

Un rol clave desempeñan los senadores que responden a los gobernadores, factor clave de cara a la suerte que correrá el ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo, ya que manifestaron su postura en contra de la reducción del 35% al 31% de la alícuota del impuesto a las Ganancias que establece la iniciativa Los mandatarios provinciales pretenden que la Casa Rosada dé marcha atrás con la idea o, al menos, les compensé la menor recaudación impositiva que implicará el beneficio y que afectará a las cuentas provinciales.

El reclamo de las provincias es, a priori, el primer y principal escollo que aparece a la vista para el objetivo que se ha planteado Bullrich desde que llegó al Senado. Por ello, se espera que participen de la reunión el misionero Martín Göerling, jefe de la bancada Pro, y las provinciales Flavia Royón (Primero los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Edith Terenzi (Provincias Unidas), que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), respectivamente. También la santacruceña Natalia Gadano, del provincial partido Movere, y el peronista Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas).

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

De la vereda de enfrente, la bancada kirchnerista, reunida desde diciembre bajo la denominación de bloque Justicialista y que preside el formoseño José Mayans, ya anunció su rechazo a la reforma y su solidaridad con la postura de la CGT, que también se opone a la propuesta lanzada por el Gobierno.

Así las cosas, La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.

El Gobierno nacional oficializó este martes la ampliación del temario de extraordinarias con la inclusión del Régimen Penal Juvenil, respecto del cual, la diputada nacional Mónica Frade (CC- ARI) lanzó una advertencia sobre la iniciativa.

A través de las redes, la diputada planteó que “si no se solucionan las causas, van a necesitar bajar la edad de imputabilidad a 6 años”, y manifestó: “¿Tan difícil es entenderlo? Cuando no se quiere o, no se puede solucionar los problemas de raíz, se propone una ley”.

Frade escribió esa reflexión al compartir el fragmento de una entrevista del programa Buenas Tarde China, donde un director de escuela de Santa Fe contó tener “30 tipos de la barra brava de Colón en la puerta del colegio esperando que se armara bardo”.

Cabe recordar que Frade acompañó el dictamen de mayoría en disidencia el pasado 6 de mayo de 2025 cuando el oficialismo logró sacar despacho.

Con la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se conoció el decreto 53/26 por el cual se amplía el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil.

La información había sido adelantada este lunes por el jefe de ministros, al cabo de la reunión que mantuvo con la mesa política en Casa Rosada para avanzar en la estrategia legislativa. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -que no había asistido al último encuentro-, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Con la confirmación de la modificación de este tema que incluye una baja de la edad de imputabilidad, serán cinco los temas a tratar entre el 2 y el 27 de febrero próximos, a saber: la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; la designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de Fernando Iglesias, y el ahora agregado cambio del Régimen Penal Juvenil.

Este bonus track fue sumado a partir de que el jueves pasado la senadora Bullrich reabriera ese debate a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, a manos de tres menores de edad. La senadora posteó ese día que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara” y eso da como resultado que “menores que cometen los peores delitos y salen impunes -dijo-. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Recordemos que en diciembre pasado se había anunciado el debate de una modificación del Código Penal, aunque esto ya no figuró, como se ve, en la convocatoria para febrero.

La reforma del Régimen Penal Juvenil había conseguido dictamen el 6 de mayo del año pasado, aunque el mismo no llegó nunca al recinto. Dicho dictamen, que con el cambio de conformación de las cámaras ha perdido estado parlamentario, proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas. Vale aclarar también que originalmente el Gobierno había impulsado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, e insistiría en el nuevo proyecto con esa edad.

MENSAJE N° 2 -2026 - COMUNICA EL DECRETO N° 53-2026 - AMPLIA TEMARIO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS.

El resto del temario

En cuanto a los otros temas previstos, el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de Modernización Laboral, que será el eje central de estas sesiones extraordinarias.

En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, el presidente Milei adelantó que enviaría “en los próximos días” el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias, pero su implementación se ha ralentizado, ya que el 21 de enero pasado el Parlamento Europeo aprobó remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el pacto cumple el derecho comunitario. A partir de estos sucesos, en Casa Rosada evalúan si tratarlo en febrero. De resolver avanzar con su tratamiento legislativo, ingresaría por la Cámara de Diputados; pero aún no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dada la demora surgida por los sucesos en el Parlamento Europeo.

En el caso de la designación del exdiputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación “en comisión” como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica”, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.

El pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora exsenadora Guadalupe Tagliaferri.

Recordemos que el anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron sendos dictámenes en el Senado. De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran está, como hemos dicho, la reforma del Código Penal; lo mismo que el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que ameritaba serios reparos opositores.

Tampoco fue incluido el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, aunque previsiblemente no se esperaba que el Gobierno sumara este debate. Empero, el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.

Tras el anuncio que hizo el Gobierno nacional respecto de la incorporación al temario de extraordinarias del proyecto de ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, legisladores libertarios pidieron avanzar en el Congreso con el texto para “saldar la deuda” con los argentinos.

La primera que se pronunció al respecto y que, de algún modo, pujó para que el proyecto se debata fue la senadora nacional y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien manifestó: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”.

“LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD NO PUEDE ESPERAR MÁS”, planteó el titular del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, y recordó que “el año pasado no logramos avanzar con la sanción por culpa del kirchnerismo y sus aliados de buenos modales. Es hora de saldar esa deuda. Los argentinos de bien demandan que esta reforma sea aprobada”.

Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario!
Cuantas nuevas victimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría.
El Presidente… https://t.co/fhyZqAgDe1

— Luis Petri (@luispetri) January 26, 2026

"En la Argentina de Milei el que las hace las paga. Un país normal es donde el estado cuida a las victimas, no a los delincuentes. Ya lo dijo Patricia Bullrich sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Nos vemos en el Congreso", expresó el senador jujeño Ezequiel Atauche.

La diputada Silvana Giudici sumó: “La baja de edad de imputabilidad y el nuevo régimen de garantías penal juvenil ya tuvo dictamen en diputados. Debemos avanzar en su sanción definitiva. Casos como el de Jeremías vuelven a interpelarnos, ¿hasta cuándo seguirán oponiéndose los que intentan negar lo evidente?  En los próximos días lo veremos”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno nacional incluirá la “Ley Penal Juvenil” al temario de las sesiones extraordinarias, cuyo proyecto aspira a reducir a 14 años la edad de imputabilidad.

El anuncio llegó luego de la reunión que mantuvo con la mesa política en Casa Rosada para avanzar en la estrategia legislativa. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -que no asistió al último encuentro-, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora y jefa del bloque libertario Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El Gobierno había incluido, ya no la reforma de la Ley Penal Juvenil, sino una más amplia del Código Penal, pero fue raro que, en este segundo llamado para febrero, eso ya no figuraba, siendo que la aprobación de la Ley Penal Juvenil  había sido pedida el año pasado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Si bien el proyecto tuvo dictamen en mayo de 2025 con algunas modificaciones empleadas por la Secretaría de Justicia, no llegó nunca al recinto, en lo que fue un año muy complicado para el oficialismo.

Sin embargo, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich volvió a recoger el tema el jueves pasado cuando en redes sociales dijo, a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, quien fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe, a manos de tres menores de edad, posteó: “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”. Para Bullrich, el resultado es este: “menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad.

La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir.

Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los… https://t.co/VMlyVLEV6X

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 26, 2026

Así las cosas, el lunes próximo 2 de febrero hasta fin de mes, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar centralmente la Reforma Laboral, una de las obsesiones del mandatario. Pese a haber anticipado un temario con la oficialización de la prórroga legislativa, los alfiles negociadores avanzaron en la incorporación del proyecto que reducirá la edad de imputabilidad.

Los otros temas que componen el temario son la modificación a la Ley de Glaciares, la designación del legislador del Pro Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

A ello se suma el debate respecto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue resistido por el Parlamento Europeo, ya que en Casa Rosada evalúan si tratarlo durante el mes de febrero. De resolver avanzar con su tratamiento legislativo tal cual estaba previsto, ingresaría por la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dado que, si se trata y aprueba, pero el Parlamento Europeo logra resistirlo, carecería de sentido el accionar del Congreso Nacional.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a las sesiones extraordinarias y señaló que "con el último decreto del Presidente, hubo un achicamiento del temario”, al tiempo que opinó: “No me parece que vaya a haber un tránsito fácil en el Senado”.

“Hay temas que en diciembre pensaron que los iban a tratar y los postergaron para marzo. No insistieron con el proyecto de estabilidad fiscal ni con el código penal. Las expectativas se focalizaron en el proyecto de reforma laboral”, cuestionó el santafecino y agregó: “Mandaron el acuerdo del Mercosur – UE, pero hay que ver cuándo se trata porque no hay un texto definitivo aún al cual se haya tenido acceso”.

En diálogo con AM 530, el legislador señaló que "el Senado va a tener el predominio de las extraordinarias porque la mayoría de los temas ingresaron por ahí”. En esa línea, expresó: “La expectativa va a estar en la reforma laboral y nuestro espacio tiene que poner toda su energía política en generar las articulaciones con otros espacios políticos para frenarla porque, lejos de ser una reforma que plantee mejoras en las condiciones de derechos de los trabajadores y que genere puestos de trabajo, es claramente regresiva. Hay que trabajar para su rechazo”.

Al ser consultado por las reuniones que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, Martínez ironizó: "No vi nada nuevo en la gira de Santilli. Va siempre a visitar a los mismos. Tengo entendido que, en determinados sectores de la militancia, por ejemplo, en Salta, ya hubo reacciones distintas a lo que planteó el Gobernador sobre la posición de su provincia sobre la reforma laboral”.

"Esta colección de fotos de Santilli en enero no es más que otra cosa que intentar vender que están avanzando en un tema. El Gobierno cree que el tema va a tener un tratamiento sereno y cansino y no va a ser así. Va a haber una reacción del movimiento obrero. Ya hubo una crítica de CAME esta semana y de otros entramados Pyme en todo el país. Hay sectores del empresariado que son críticos", planteó.

El jefe del bloque UP manifestó: “No me parece que vaya a haber un tránsito fácil en el Senado de la Nación. En distintas partes del país está apareciendo una actitud distinta en estos días. Creo que tiene que haber un debate público”.

“En los próximos días va a haber un debate público más fuerte sobre la Reforma. Nosotros vamos a estar trabajando para el rechazo. El Partido Justicialista ya visualizó los temas que tienen que ser parte del debate de la problemática laboral, como el salario, la jornada laboral, los trabajadores de plataformas. Nosotros estamos del lado de los mayores derechos y no del lado de los menores", agregó Martínez.

Con el proyecto de modernización laboral como tema principal en las sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno para el mes de febrero, el senador nacional Juan Cruz Godoy (Chaco) se refirió al respecto y aseguró que “tendrá “modificaciones para lograr los últimos acuerdos y que tenga un gran consenso”.

El senador libertario remarcó que “básicamente es terminar de definir los detalles porque ya tuvo discusión antes de finalizar el año”. Cabe recordar, que el proyecto cuenta con despacho de comisión desde el pasado 18 de diciembre. “La parte esencial ya tiene acuerdo, lo que nos faltaba era definir el tema presupuesto que se estaba discutiendo en paralelo y, como eso ya está terminado, ahora tenemos vía libre para finalizar los detalles”, agregó Cruz Godoy.

Sobre modificaciones en el capítulo impositivo y una posibilidad de desdoblar esa sección que afecta la recaudación de las provincias, el senador expresó: “La primicia del Gobierno es sostener el superávit fiscal, es el primer objetivo. La ley tiene una serie de incentivos fiscales para las PyMES, para las empresas, sobre todo para medianas empresas que está previsto en la ley y es condición necesaria sostener el superávit para aplicarlo. En ese sentido, es que faltaba terminar el tema del Presupuesto y el acuerdo con gobernadores para que pueda salir la ley”.

“La Argentina es un país adicto al déficit, ya hemos tratado de resolver los problemas económicos tapándolo con gasto del Estado, entonces nosotros no podemos permitirnos ni siquiera un punto de déficit y necesitamos sostener esta herramienta que le viene dando estabilidad al país”, manifestó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Al respecto, señaló que “es fundamental terminar de definir ese capítulo y si avanzar con el resto, pero ya muestra una línea que esos incentivos fiscales se van a hacer tarde o temprano, porque con el rumbo económico que va a tomar el país este año se va a poder compensar con el crecimiento las partidas de impuestos que se van a utilizar a modo de incentivos”.

“Lo que se está tratando es incentivar la reinversión, que las PyMES que tengan excedentes en el año, paguen menos impuestos si reinvierten en la misma empresa. Esto hace que se capitalicen, mejoren su productividad y seamos más competitivos”, agregó.

El senador libertario afirmó: “Lo único que necesitamos saber es si para este momento vamos a tener los recursos suficientes o no, pero es cuestión de tiempo. En principio son cosas que se tendrían que aprobar completas, pero obviamente va a haber modificaciones para lograr los últimos acuerdos y que salga con un gran consenso que da mayor credibilidad”.

Respecto de la relación con el ala sindical, contó que “tuvimos la oportunidad de hablar y llegamos a un acuerdo de que esto es un problema de todos porque estamos en un piso histórico de afiliación sindical porque todos los nuevos trabajos son bajo modalidad de monotributo, en negro y no en relación de dependencia”.

El Poder Ejecutivo cumplió este lunes en publicar en el Boletín Oficial el llamado a extraordinarias para el mes de febrero. Es la segunda convocatoria, luego de la hecha en diciembre para tratar seis temas (de los cuales fueron abordados cuatro) y ahora se incluyen cuatro cuestiones: tres proyectos de ley y una designación diplomática.

La convocatoria que apareció este lunes en el BO tiene fecha del viernes pasado y comprende la realización de extraordinarias entre el lunes 2 de febrero y el 27 de ese mismo mes, tal cual había sido adelantado oportunamente por parlamentario.com. Ingresó este mismo lunes a ambas cámaras.

Los temas a tratar son la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias.

Recordemos que el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de Modernización Laboral, que será el tema central de estas sesiones extraordinarias.

En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, este sábado en Asunción el presidente Javier Milei adelantó que enviaría “en los próximos días” el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias. Al respecto, el mandatario abogó por cuidar que los parlamentos no introduzcan mecanismos que distorsionen lo negociado. Tanto el Parlamento Europeo como los de los países miembros del Mercosur deben dar curso al acuerdo establecido entre ambos mercados regionales.

En el caso del exdiputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación “en comisión” como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica”, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.

El pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora exsenadora Guadalupe Tagliaferri.

Recordemos que el anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron dictámenes en el Senado. De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran están la reforma del Código Penal, y el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”.

Tampoco figura en el temario de extraordinarias el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, pero el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.

Convocatoria extraordinarias Febrero

A la espera del segundo llamado a sesiones extraordinarias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este viernes al mediodía a los alfiles libertarios para pulir la estrategia legislativa que deberán llevar a cabo a fin de avanzar en la Ley de Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares. Nadie hablo a la salida de la reunión.

Del encuentro en Balcarce 50, que duró casi tres horas, participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, posteriormente arribó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mientras que los últimos en llegar fueron el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el ministro de Economía, Luis Caputo. También estuvieron presente el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, a la vez que también participó el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Sin la presencia de la secretaria presidencial, Karina Milei, el encuentro fue para evaluar el contexto en el que se van a tener que sentar a dialogar con gobernadores opositores la reforma laboral, puntualmente el capítulo fiscal, que plantea una modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable, tema que preocupa a los mandatarios provinciales.

Son varios los gobernadores, incluso algunos aliados, que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios. “Hay preocupación por la caída de coparticipación, ya que hay una fuerte disminución de recursos a las provincias. Es algo que estamos conversando con el gobernador y, por supuesto, con todo su equipo técnico económico. Vamos a ver qué decisión tomamos en los en los próximos días o por lo menos de aquí hasta que el proyecto sea tratado en el recinto”, fueron las declaraciones de la senadora chubutense Edith Terenzi a parlamentario.com al ser consultada sobre el proyecto.

El Poder Ejecutivo de la Nación deberá enviar el segundo llamado a sesiones extraordinarias que irá desde el 2 hasta el 27 de febrero. En principio el temario solo incluirá al proyecto de Ley de Modernización Laboral y a la modificación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, se ha especulado con que también esté presente la reforma al Código Penal de la Nación. De todos modos, el objetivo central del Gobierno nacional es avanzar sobre la reforma laboral, para la cual pretende hacer una sesión extraordinaria el miércoles 11 de febrero en el Senado.

Así las cosas, en La Libertad Avanza ya hubo movimientos de cara a la sesión extraordinaria que buscará la media sanción del texto: la jefa de bancada libertaria estuvo en Mar del Plata el fin de semana pasado donde se reunió con empresarios, quienes apoyaron el contenido de la iniciativa, la cual tiene dictamen de comisiones.

El Gobierno nacional trabajó activamente este fin de semana en definir la hoja de ruta para las sesiones extraordinarias que se reanudarán en el mes de febrero, aunque tomarán verdaderamente forma en los últimos días de este mes. En el centro de la agenda estará un proyecto clave y el que hoy por hoy más le interesa: la reforma laboral, que promete flexibilizar normas para impulsar el empleo formal, aunque también se trabaja en una reforma tributaria parcial, orientada a aliviar la carga sobre empresas y emprendedores.

La senadora Patricia Bullrich, referente del oficialismo en la Cámara alta, habló del tema este fin de semana durante su paso por Mar del Plata, donde encabezó un encuentro con empresarios del turismo y el comercio. “Estamos acá para destrabar empleo en blanco”, afirmó, dejando claro que el Ejecutivo no piensa retroceder en el espíritu del proyecto, aunque abrió la puerta a ajustes técnicos consensuados con la CGT.

El oficialismo pretende que el Senado dé la primera señal antes de febrero. Para eso, activó comisiones técnicas y contactos con gobernadores, mientras la CGT refuerza su campaña para frenar artículos que afectan convenios colectivos y crean un Fondo de Asistencia Laboral. Bullrich ratificó que habrá diálogo, pero advirtió: “Si no cambia el espíritu del proyecto, podemos conversar”.

Un detalle que no pasó desapercibido desde que el Poder Ejecutivo redactó el temario para el primer llamado a extraordinarias en el mes de diciembre fue que no se incluyó la reforma tributaria de la que siempre habló. Ya había dejado claro en su momento que pensaba incluir este verano el tratamiento de las reformas laboral y tributaria, mientras que la previsional quedaría para un segundo mandato, en 2028. Hubo modificaciones tributarias a través de algunas iniciativas sí incluidas en diciembre, pero lo según trascendió los últimos días, el Gobierno retomó la cuestión de la reforma tributaria, aunque decidió segmentarla: primero avanzará con cambios vinculados a sociedades y Ganancias, dejando para más adelante una reestructuración integral. La medida genera inquietud en las provincias, que advierten por el impacto en la coparticipación.

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de febrero, con la meta de lograr media sanción en el Senado en los primeros días del mes. En la negociación, el Ejecutivo ya mostró gestos hacia gobernadores dialoguistas: más fondos ATN para Tucumán, participación accionaria en YMAD para Catamarca y cargos en la Auditoría para Salta.

Mientras el oficialismo busca acelerar, los sindicatos y las provincias endurecen posiciones. El debate promete ser intenso: la reforma laboral y tributaria son piezas centrales del esquema económico que Milei necesita para sostener la gobernabilidad en 2026.

El Senado buscará sesionar el viernes 26 de diciembre para debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la modificación de la Ley de Glaciares, conforme se resolvió en la reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes por la mañana bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La definición fue informada por fuentes parlamentarias y ratificada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, al término del encuentro.

En paralelo, Bullrich comunicó la redefinición del cronograma de trabajo a raíz del retraso en el envío del proyecto laboral por parte del Poder Ejecutivo: este miércoles quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y Previsión Social (que ella presidirá), Presupuesto y Hacienda, Minería y Ambiente; el objetivo es obtener dictamen el viernes luego de dos jornadas de exposiciones y debate.

La jefa de bancada anticipó que el oficialismo y sus aliados buscarán una mayoría operativa en comisiones para sostener el ritmo de tratamiento, en línea con la estrategia de llevar ambos proyectos al recinto el 26 de diciembre, una fecha inusual por la cercanía de las Fiestas. En ese marco, distintas señales públicas ubican al oficialismo explorando acuerdos con bloques dialoguistas (UCR, Pro y provinciales) para garantizar los dictámenes en tiempo y forma.

El plan del Senado se inscribe en el escenario abierto por las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para este tramo de diciembre, con un temario que incluye —además— Presupuesto 2026 y paquetes tributarios y penales.

La Casa Rosada ya envió la reforma de la Ley 26.639 (Glaciares) al Senado, con argumentos orientados a “clarificar” el alcance de protección y reforzar el rol provincial; la discusión técnica y política sobre ese punto se dará en Recursos Naturales y Minería.

En cuanto a la reforma laboral, el Gobierno la presenta como una “modernización” de amplio espectro que ingresó por la Cámara alta, con cambios en contratos, licencias, tiempo de trabajo, negociación colectiva y régimen indemnizatorio, con el oficialismo procurando la aprobación antes de fin de año.

La CGT, otras centrales sindicales y la izquierda preparan protestas para este jueves 18.

De sostenerse el itinerario trazado por Bullrich —conformación de comisiones el miércoles, debate miércoles-jueves y dictamen el viernes— el Senado quedaría en condiciones de convocar la sesión para el 26 de diciembre, con dos proyectos de alto impacto en la agenda: la reforma laboral y la Ley de Glaciares.

El Poder Ejecutivo envió al Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias, el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (26.639), acompañado por el Mensaje Nº 36/2025. El texto, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, propone una serie de modificaciones orientadas —según argumenta el Gobierno— a despejar “controversias interpretativas” acumuladas desde la sanción de la norma hace quince años, y a fortalecer las facultades de las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales.

El mensaje del Ejecutivo sostiene que la ley vigente generó incertidumbre en torno al alcance de su objeto y a las prohibiciones que rigen sobre los glaciares y el ambiente periglacial, lo que —afirma— afectó el ejercicio de las competencias provinciales, especialmente en el desarrollo de actividades productivas. En esa línea, recuerda que los gobernadores de la llamada Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre manifestaron recientemente su preocupación y reclamaron una adecuación normativa.

El proyecto enviado al Congreso redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.

El texto también cambia el régimen de prohibiciones del artículo 6°, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. Serán las provincias las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse.

En la misma dirección, el artículo 7° reformulado exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

El proyecto también redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el Nivel 1 del inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

El Ejecutivo enmarca los cambios en los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo de 2024, particularmente el impulso a la explotación de recursos naturales bajo criterios de sustentabilidad y federalismo. La propuesta, afirma el mensaje oficial, no implica una regresión en la protección ambiental, sino un ordenamiento más claro y acorde con las competencias locales.

La iniciativa ya se encuentra en manos de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y será tratada en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

Los diputados nacionales del Frente de Izquierda mantuvieron una reunión con el presidente de la Cámara, Martín Menem, con el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y el diputado Nicolás Mayoraz, a quienes les reclamaron integrar comisiones claves donde se debatirán las leyes que enviará el Ejecutivo y denunciaron que el Gobierno ejecuta un “reparto escandaloso de comisiones para aprobar de forma exprés su paquete de leyes”

“Para aprobar su paquete de leyes, el gobierno de Milei se encuentra negociando contrarreloj la constitución de las comisiones permanentes”, advirtieron y plantearon que el Ejecutivo pretende “solo constituir las necesarias para aprobar el paquete de Leyes anti-obreras de Presupuesto, Reforma Laboral, Ley de Glaciares, Código Penal, Compromiso Fiscal e Inocencia Fiscal”.

Desde el FIT reclaman integrar la Comisión de Presupuesto con Nicolás Del Caño, Penal con Myriam Bregman, Trabajo con Néstor Pitrola y Recursos Naturales con Romina Del Plá.

“El procedimiento de las autoridades de la Cámara es completamente irregular. Pretenden repartirse las comisiones entre los bloques que votan a favor del gobierno, excluyendo las voces disidentes como la del Frente de Izquierda” denunciaron.

En esa línea, manifestaron que “esto violenta los mecanismos de la Cámara, donde se estipula que todos los ‘sectores políticos’ deben estar representados en las comisiones en las mismas proporciones que tienen en el recinto.”

“Bajo esta modalidad, sobre los 186 lugares de las cinco comisiones que se forman -Presupuesto, Penal, Trabajo, Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales- corresponden dos lugares por sistema d’hont y tres por sistema proporcional. En la reunión mantenida se contrapropuso que al menos Myriam Bregman sea incluida en la Comisión de Legislación Penal”, explicaron.

Pitrola agregó: “El escándalo no termina ahí. Las autoridades de la Cámara, por resolución de Presidencia, han asignado proyectos de gran envergadura a una sola comisión, cuando deberían recorrer varias. Por ejemplo, el proyecto que se presenta como de Compromiso Fiscal plantea modificaciones al Código Penal, incorporando artículos que son anticonstitucionales”.

“Denunciamos estas maniobras, al mismo tiempo que reiteramos nuestra plena disposición a la lucha para tirar abajo este paquete de leyes reaccionarias y anti-populares del gobierno de Milei”, completó Pitrola.

La Presidencia de la Cámara de Senadores convocó a los presidentes de bloques de ese Cuerpo a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo martes 16 de diciembre. La cita es a las 11 de la mañana, en el Salón Gris de esa Cámara.

La convocatoria se emitió este jueves por la mañana y tiene por objeto organizar el trabajo legislativo en el Senado para este período extraordinario. La primera tarea a la que deben abocarse es el armado de las comisiones, para lo cual el oficialismo ahora estará mucho mejor posicionado que lo que estuvo en 2024, cuando alcanzó una mayoría junto a aliados circunstanciales con los que suplió su endeblez numérica.

Ahora La Libertad Avanza cuenta con 21 miembros, considerando al cordobés Luis Juez, quien se sumó al oficialismo a modo “interbloque” este miércoles.

Entre esa bancada y Unión por la Patria, cuyo interbloque suma 28 integrantes, serán los más beneficiados en el reparto de las comisiones que corresponderá hacer a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

Las comisiones que deberán ponerse en marcha este verano y para las que ya la vicepresidenta solicitó las nóminas sugeridas a los bloques son las de Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; y Minería, Energía y Combustibles. En principio Ezequiel Atauche suena para seguir al frente de Presupuesto y Hacienda, en tanto que Patricia Bullrich estaría al frente de Trabajo, al menos para este período en el que se debatirá el proyecto de Modernización Laboral. Juan Carlos Pagotto continuaría también al frente de Justicia y Asuntos Penales, mientras que el neuquino Pablo Cervi estaría al frente de Minería, Energía y Combustibles.

Los temas que ingresarán por el Senado son, según ha trascendido, la modernización laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal de la Nación.

Para el debate de la Modernización Laboral el oficialismo había amagado con iniciar el debate este mismo jueves, pero la demora en la presentación del proyecto replanteó los tiempos. El inicio del debate en comisión arrancará entonces la próxima semana y para entonces se verá si pueden avanzar con rapidez al recinto, para alcanzar la media sanción antes de fin de año. Los feriados de las fiestas complican sin duda el cronograma.

Los diputados del reforzado bloque oficialista volverán a reunirse este martes por la tarde para trabajar en torno al temario de las sesiones extraordinarias. La cita será a partir de las 19 y contará con la presencia de los 95 integrantes del bloque libertario, que tras las últimas incorporaciones se consolidó como la primera minoría en la Cámara de Diputados.

Según pudo saber este medio, el encuentro se realizará junto a autoridades de la Cámara y tendrá como invitado principal al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El eje de la charla será el análisis de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para debatir durante el período extraordinario que arrancará este miércoles, tras la publicación del decreto presidencial en el Boletín Oficial.

La intención del oficialismo es que los legisladores de La Libertad Avanza —muchos de los cuales carecen de experiencia política y legislativa— se interioricen sobre los temas que dominarán la agenda parlamentaria en las próximas semanas. Se espera que se les brinde información detallada sobre el contenido de las iniciativas y el procedimiento legislativo que se seguirá.

Fuentes del bloque consultadas señalaron que la reunión tendrá un carácter “técnico-legislativo”, con explicaciones sobre los proyectos que surgen del denominado Consejo de Mayo y que forman parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno.

Tal cual había adelantado el viernes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Lo hizo a través del decreto 865/2025, que establece como período de sesiones extraordinarios el comprendido entre los días 10 al 30 de diciembre del presente año.

El decreto consta de tres artículos y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se remite allí a asuntos comprendidos en un anexo en el que se detallan los temas a tratar en extraordinarias, a saber:

1. Proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.
2. Proyecto de ley de Inocencia Fiscal.
3. Proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
4. Proyecto de ley de Modernización Laboral a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
5. Proyecto de ley de Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
6. Proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley Nº 26.639 a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

De todos estos proyectos, el Presupuesto 2026 ya se encuentra en el Congreso de la Nación, donde alcanzó dictamen, pero ese trámite deberá volver a empezar, ya que la composición de la Cámara ha variado.

También el proyecto de Inocencia Fiscal fue remitido el 5 de junio al Congreso, donde nunca fue tratado ni siquiera en comisiones. La iniciativa propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas.

En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.

En cuanto al Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, se trata de una norma que establece que el Presupuesto Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario. No se autorizarán presupuestos con déficit, incluso en prórrogas presupuestarias. Así las cosas, cualquier nuevo gasto o ley que implique erogaciones, debe contar con financiamiento explícito y sustentable; de lo contrario, será nula de nulidad absoluta.

La norma establece la prohibición de emisión para gasto: se veta la emisión monetaria para financiar el déficit o gasto público, cerrando el acceso a fondos del Banco Central con ese fin.

En cuanto a la modernización laboral y la reforma del Código Penal, son proyectos que deben ser todavía enviados al Congreso, lo mismo que la modificación de la Ley de Glaciares.

El Gobierno del presidente Javier Milei pondrá en funcionamiento este martes el reloj de arena y tiene exactamente poco más de 300 horas para convertir en leyes el presupuesto y tres ambiciosas reformas como son la penal, la tributaria y la laboral, o emular el repertorio de hace dos años cuando prometió lo que ahora se propone sancionar.

Milei y su "jefa", Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, hicieron los deberes entre el triunfante y glorioso 26 de octubre -en que le asestaron un golpe casi mortal al PJ-, e inician los dos últimos años de gestión con un disciplinado gabinete karinista y con la primera minoría en la estratégica Cámara de Diputados.

El marketing de La Libertad Avanza funciona a pleno: hasta con el otrora poderoso asesor estrella, Santiago Caputo, se arreglaron las cuitas con Karina, la custodia de los secretos de la oficina presidencial en la Casa Rosada; y hay un ímpetu reformista como en el albor del Gobierno en 2023.

Enfrente, el peronismo está acorralado y dubitativo: al kirchnerismo sólo le interesa la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (un imposible, porque está condenada judicialmente); al gobernador bonaerense Axel Kicillof, las herramientas para administrar el ahogo económico al que lo somete Milei; La Cámpora, obtener cargos y obstruir al mandatario bonaerense; los gobernadores, conseguir fondos nacionales para poder sobrevivir; y el neoperonista Sergio Massa, aliado impensadamente a La Cámpora, en subsistir como autoridad de la Cámara de Diputados provincial.

El radicalismo, una de las dos fuerzas políticas que dominaron el país desde 1983, con el regreso a la democracia, vive una lenta agonía que parece no tener fin: nadie quiere suceder al presidente saliente, Martín Losteau, porque los gobernadores candidatos -Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo- se sienten más cómodos negociando cara a cara con el Gobierno libertario.

El Pro atraviesa un proceso similar a la UCR: perdió en su bastión, en la Ciudad de Buenos Aires, y sus legisladores se fueron masivamente hacia el bloque de La Libertad Avanza, dejando en ridículo al titular partidario, el expresidente Mauricio Macri, con perfomamce desdibujada, y que luego del 26-O dijo que su fuerza presentará candidato a la Casa Rosada en 2027.

Lo cierto es que con el llamado a sesiones extraordinarias este martes al publicarse en el Boletín Oficial, el Gobierno dará vuelta el reloj de arena y las horas correrán rápido en momentos en que gran parte de la población sufre los embates de una crisis económica soslayada por la tremenda maquinaria propagandística del Gobierno.

La sanción del presupuesto es casi un hecho, salvo que aparezca algún episodio catastrófico, y es una incógnita enorme la discusión sobre la reforma laboral -en la que hubo sectores en pugna dentro del mismo Gobierno y también injerencia de estudios con mucho lobby en LLA- y lo mismo pasa con la modificación impositiva.

Milei salvó la ropa y su gobierno en septiembre ante una nueva corrida cambiaria, cuando la oportuna intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le brindó un apoyo político y económico inédito que le permitió llegar con vida a las elecciones legislativas y triunfar, inesperadamente.

Ahora cuenta con la tropa libertaria karinista unificada como nunca y a un gran número de los gobernadores opositores, incluidos del PJ, dispuestos a una partida de ajedrez con movida inicial de enroque, y con ese núcleo duro se tira de cabeza a intentar hacer en 300 horas -13 días (sin los 4 de las fiestas)- lo que no hizo en dos años (17.000 horas).

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reiteró que los temas que se tratarán en extraordinarias serán “principalmente Presupuesto, modernización laboral y reforma tributaria. En ese orden”. Y apuntó en ese sentido que “vamos a trabajar coordinados con el Senado para ir adelantando lo más rápido posible”. Contó que han iniciado recorridas en las provincias que definió como “el tour de la gratitud”, y no descartó que ello implique ir instalando la idea de la reelección.

Entrevistado en el canal TN, el riojano aclaró que todo lo que se dice en torno a los textos que debatirán los legisladores no es acertado, dado que los que hablan “no conocen la letra de los proyectos que va a mandar el Gobierno, ni nosotros lo conocemos”; al tiempo que resaltó la importancia de la ley de modernización laboral, dado que hay “ocho millones y medio (de personas) en la informalidad”.

Minimizó en ese sentido las críticas hacia el proyecto laboral, enfatizando que el mismo representa “un incentivo en el sistema para que esa gente pase a la formalidad. Los que tanto dicen defender a los laburantes deberían estar interesados en que pasen a la formalidad”.

Al preguntársele cuándo fue la última vez que se trató una reforma laboral, Menem citó a “la fallida del 2001”, y remarcó que “era muy chico yo”.

El presidente de la Cámara señaló que están trabajando en el proyecto de reforma laboral “Toto Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, para llegar a una muy buena modernización para que la gente entre al sistema”.

Con todo, aclaró que “lo prioritario va a ser el presupuesto, pero vamos a ir trabajando en paralelo el resto”. Entre esas cuestiones está la reforma del Código Penal, respecto a lo cual Menem dijo que buscan “que los delincuentes tengan mayores penas para que la gente esté más segura en las calles”.

“Están terminando de definir (los proyectos), todavía no han ingresado, por lo que cualquier opinión es poco seria”, agregó.

Respecto del acuerdo anunciado con los Estados Unidos, Martín Menem dijo que “hay una coincidencia ideológica con (Donald) Trump en el rumbo”. A su juicio, “la gente vive mejor en este tipo de países; a los que abrazan las ideas del socialismo les ha ido mal”.

Por otra parte aseguró que “los viajes del presidente están rindiendo sus frutos; y en materia de inversiones es fenomenal… Tenemos que estar orgullosos del presidente que tenemos”.

Respecto de las negociaciones con los gobernadores, el presidente de la Cámara consideró que “en ningún momento se perdió la confianza” de los mismos, y atribuyó algunos cruces a “la previa electoral”. “Hay expresiones que se tensan un poco, pero todo vuelve después a la normalidad”.

“La confianza está instalada con los gobernadores; queremos seguir trabajando junto a ellos, queremos que la Argentina se encamine hacia un mismo rumbo y los gobernadores nos tienen que acompañar”, agregó en otro pasaje en el que destacó que el mensaje de las urnas “ha sido contundente”, y tomó como un dato en ese sentido que la semana pasada en Córdoba se haya anunciado una baja de impuestos.

Sobre el final, al ser consultado sobre la causa ANDIS en la que se lo ha involucrado junto a su primo Lule Menem, el presidente de la Cámara baja remarcó que “la justicia tiene que investigar sin intervención del poder político”, pero destacó que “el dictamen del fiscal no menciona a nadie, porque hay algunos periodistas pícaros que con toda mala fe tienen como un embarazo psicológico con los Menem, y el dictamen del fiscal no menciona nombres”.

Menem concluyó resaltando el “vínculo de trabajo y de confianza” constituido con Karina Milei, en el marco de la instalación del partido La Libertad Avanza en todo el país, y anunció que la semana pasada empezaron lo que definió como “el tour de la gratitud”.

“Sembramos la semilla de La Libertad Avanza y el 26 de octubre dio su fruto -apuntó-. En las elecciones conseguimos 64 de los 127 diputados que se eligieron, o sea la mitad más uno; y 13 senadores de 24, también la mitad más uno. Ahora empezamos una gira de agradecimiento, porque queremos seguir trabajando en las provincias, queremos que las provincias adopten esta agenda”.

Cuando Franco Mercuriali le preguntó si esa era una gira de campaña para la reelección, Menem la enmarcó en un intento de “agradecerle a la gente de todos los distritos”, y admitió: “Seguramente esa base será la que nos va a llevar a consolidar el proyecto del presidente, y seguramente vamos a trabajar para la reelección del presidente en 2027. No tengan dudas”.

En un clima envuelto por el escándalo cripto que ocupa la centralidad en la discusión política de estos días, la Cámara de Senadores realizará este jueves la primera sesión del período extraordinario. Primera, pues no descarta volver a reunirse al día siguiente para debatir sobre el pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se resolvió este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, los temas que se pondrán a consideración, a partir de las 12, son la suspensión de las PASO, la ley antimafias, el juicio en ausencia y reiterancia y reincidencia.

Según confiaron a parlamentario.com, no prosperó la propuesta del oficialismo para sumar a esta primera reunión del año la sesión preparatoria. Así las cosas, eso quedó para el próximo lunes 24 de febrero a las 14.

Se sabe que la primera parte de esta sesión que se espera extensa, estará invadida por cuestiones de privilegio contra el presidente de la Nación por el escándalo $Libra, el negocio que Javier Milei “difundió” -tal su explicación- el viernes pasado en las redes sociales, sumergiendo desde entonces a su gestión en una polémica que lejos está de concluir, y que en la Cámara baja ha llevado a algunos bloques a especular con pedidos de juicio político. Según pudo saber este medio, serían más de 30 las cuestiones de privilegio que se plantearían en esta sesión.

En primer lugar se tratará una serie de acuerdos de ascensos militares (ocho) y un pliego diplomático. No está en el temario el pliego del juez federal Ariel Lijo, que se verá si es propuesto en una sesión a realizarse el viernes, si es que el Gobierno cuenta con el número necesario para su aprobación.

Luego se avanzará con el temario de la sesión en este orden: 1°) PASO; 2°) juicio en ausencia; 3°) reiterancia; 4°) antimafia.

El tema que más interés despierta sobre todo en el Gobierno es la suspensión de las PASO. Algo que originalmente el Poder Ejecutivo planteaba como la derogación definitiva de las elecciones primarias, pero que ante la imposibilidad de aprobar el proyecto original, terminó llevando al oficialismo a morigerar por ahora su propuesta.

El proyecto de suspensión fue aprobado el pasado 6 de febrero por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Si el Senado lo aprueba, las elecciones primarias quedarán suspendidas al menos por este año.

Luego será el turno de juicio en ausencia, una iniciativa inspirada en el intento de hacer justicia por el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994. El proyecto fue aprobado en Diputados por 147 votos a favor, 68 en contra  y 9 abstenciones. A través del mismo se modifica el Código Procesal Penal estableciendo que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, se establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”. A su vez, el proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Luego será el turno del proyecto que se propone terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes, aprobado hace dos semanas en Diputados con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50° y 58° del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”. Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

A priori, este es el tema que más discusión y final abierto promete. Pasa que ya cuando consiguió dictamen, desde varios sectores se presentaron objeciones a lo aprobado en Diputados. Ante las mismas, el oficialismo había aceptado convocar al secretario de Justicia para dar explicaciones ante la comisión, pero la reunión prevista para este martes a las 17.30 se levantó.

Al final de lo que se presume como una muy extensa sesión, se tratará el proyecto de ley antimafia, que tiene dictamen desde el 13 de noviembre pasado. El proyecto cuenta con media sanción desde el 1 de octubre pasado, cuando la votación en Diputados concluyó con 137 votos a favor y 92 en contra. El proyecto tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

Según la iniciativa, todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

Acta de Labor Parlamentaria 19-02-25

 

El Gobierno se aprestaba esta semana a poner la frutilla del postre a las sesiones extraordinarias. Para eso, tal cual adelantó de manera exclusiva parlamentario.com, había elaborado un cronograma legislativo para los próximos días que llegaba hasta el 1° de marzo, sábado para el cual se proponía revivir una suerte de “late night” al que el presidente parece ser tan afecto, reservándose para sí la cadena nacional en el prime time televisivo.

Ahora, después de lo sucedido el viernes y sobre todo sus consecuencias “imprevisibles”, todo parece estar en veremos.

Lo más importante de ese cronograma estaba centrado en lo que sucedería esta semana, con el Senado de la Nación puesto en el papel central. Es que la Cámara de Diputados ya cumplió (con creces) su papel en este período ordinario, con cuatro leyes de peso aprobadas por importantes márgenes. Solo un proyecto quedó pendiente del temario de extraordinarias, aquel del Ejecutivo referido al quebranto de empresas, que a priori generaba ciertas resistencias y que entonces quedó para las ordinarias, sin pasar esta vez siquiera por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

De haber modificaciones en el Senado en alguna de las leyes que deberá tratar esa cámara, quedarían para ordinarias. Es el caso del proyecto de reincidencia y reiterancia, que algunos senadores quieren modificar y que, en ese caso, se trataría recién a partir de marzo.

Pero “pasaron cosas” y precisamente ese proyecto que acabamos de mencionar amerita la primera incógnita que se plantea, ya este martes.

El proyecto tiene ya dictamen para ser abordado este jueves en la sesión que aún no ha sido convocada en el Senado. Pero ante las prevenciones de varios senadores, el oficialismo mostró disposición para debatir antes el tema, con la presencia de funcionarios encabezados por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Ahora esa reunión prevista para este martes a partir de las 17.30 es puesta en duda por diversos actores afines al oficialismo, que descreen de la conveniencia de que ese funcionario se preste en estas circunstancias a exponer ante senadores que quieren ir más allá de hablar del tema en cuestión.

Estaba prevista también una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, para buscar ordenar el tipo de sesión de este jueves, en la que se tratarían, además de reincidencia y reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafias y, sobre todo, suspensión de las PASO. Y echar luz a si finalmente también se abordarían los pliegos de Ariel Lijo, que ya tiene dictamen, y -probablemente- el de Manuel García-Mansilla, sobre tablas. Con el correr de las horas y el devenir de los acontecimientos se espera confirmación para esa reunión.

También, recordemos, está prevista para el miércoles a las 15 una reunión de Asuntos Constitucionales, para abordar el proyecto de ficha limpia, que es más que probable que quede para el período ordinario… o la futura composición de la Cámara.

En este contexto, hay serias dudas de que el oficialismo se avenga a exponerse en una sesión como la que se preveía realizar este jueves a partir de las 11 en el Senado. Voceros consultados por este medio admitieron que esta fecha es la única chance que queda para el debate en extraordinarias, pues el límite de este período concluye el viernes y no hay posibilidad -ni sentido- de extenderlo. Pero también admitieron que, por ser el Congreso la caja de resonancia de la política, la oposición tendría en ese caso la posibilidad de darle al escándalo cripto una dimensión impensada.

De ahí que se espere a ver cómo va decantando la polémica y, fundamentalmente, instrucciones de la Casa Rosada para definir el destino de lo que resta de este período extraordinario en el Congreso. Será clave escuchar antes la palabra presidencial y, sobre todo, sus efectos posteriores.

Miguel Pichetto le reprochó a lo largo del año pasado al Gobierno haberse conformado con recrear un tercio en el Congreso con el cual poder blindar sus vetos, en lugar de haber buscado formar -aprovechando el privilegio de ser gobierno- una mayoría legislativa que le permita conseguir más leyes. Y no le faltaban razones para afirmar tal cosa, teniendo en cuenta que el Presidente se ha mostrado más a gusto a lo largo de su primer año de gobierno en denostar a los habitantes del Parlamento, que en buscar consensos.

Pero los resultados de las sesiones realizadas este año en extraordinarias parecieran tornar vieja esa observación del diputado que más tiempo acumula en la actualidad en el Congreso. En la primera sesión de este año en la Cámara baja, La Libertad Avanza consiguió aprobar la suspensión de las PASO por 162 votos afirmativos. Es verdad que debió ceder, pues la meta original era la derogación, pero a cambio consiguió un resultado impactante: un voto más y alcanzaba los 2/3 de los presentes.

El miércoles pasado, concluyó la labor en Diputados por extraordinarias con un contundente triunfo con el proyecto de ficha limpia, del que el Presidente terminó apropiándose. Los votos positivos fueron 144. Ahí también debió ceder: cuando el poroteo se había complicado, citaron a los jefes de los bloques que debían proporcionar los votos para la aprobación a una reunión en vísperas del debate en la que el Gobierno aceptó eliminar la denominada “cláusula Petri”, que el hoy ministro de Defensa había escrito al principio del proyecto y que incomodaba a parte de la oposición dialoguista. Ahí se establecía la validez de la inhabilitación para ser candidatos a aquellas personas cuya confirmación de condenas fueran previas al 31 de diciembre del año anterior.

Vale aclarar a propósito de la intervención del titular de Defensa en la coordinación del proyecto del Ejecutivo, que Luis Petri sabe del tema, al punto tal de haber sido en sus tiempos de diputado el encargado de receptar las firmas cosechadas a través de change.org cuando la primera campaña para avanzar con ficha limpia.

El oficialismo accedió a modificar el texto de la ley y llegó al recinto con la certeza de que la obtención del quórum sería un mero trámite y la aprobación inexorable. Íntimamente presagiaba también el resultado contundente: los votos en contra se limitaron a Unión por la Patria, la izquierda, y un par de diputados periféricos.

Ya no quedan dudas de que el Gobierno ha entendido las bondades de postergar o morigerar deseos cuando el resultado no altera en demasía el objetivo. Fue, sin ir más lejos, lo que hizo con la Ley Bases.

De todos modos, nada está definido aún, pues los proyectos del Ejecutivo deben subir la colina del Senado, más empinada y complicada. Pruebas al tanto: en la reunión de comisión que analizó allí el miércoles el proyecto de reincidencia y reiterancia aprobado en Diputados con holgados 138 votos, se percibieron algunas resistencias: las suficientes como para que, de mínima, la media sanción vaya a tener modificaciones.

Como para mostrar receptividad, el oficialismo pasó a la firma el dictamen, pero aceptó que este martes se presenten funcionarios de Justicia y hasta especialistas propuestos por el kirchnerismo para ser escuchados en la previa de la sesión.

Lo que menos necesita el oficialismo en este momento es alterar los ánimos en la Cámara alta, que el jueves sesionará con un temario todavía en veremos. Un día antes de la sesión, el oficialismo buscará emitir despacho del proyecto de ficha limpia recién llegado de Diputados, pero es uso y costumbre en esa Cámara que entre el dictamen y el debate en el recinto transcurran 7 días, por lo que ese tema no podría ser incluido en la sesión del día siguiente. Y como el período extraordinario concluye el próximo viernes, debería quedar para ordinarias. En ese caso hay que tener en cuenta también que por tratarse de un tema electoral, no debería ser tratado en un año de elecciones. Ergo, todos los caminos conducen a que la media sanción quede guardada. El proyecto quedaría para ser debatido en 2026, con una nueva conformación de la Cámara y aun con estado parlamentario.

A muchos les llamó la atención que justo el día del debate del proyecto de ficha limpia se conociese la noticia de que el pliego de Ariel Lijo había conseguido las 9 firmas para llegar al recinto. Eso no garantiza que tenga asegurado los dos tercios para su aprobación. Dadas las circunstancias y lo que viene observándose, el Gobierno no se arriesgará a una derrota, si no cuenta con la certeza de tener los votos asegurados. Más de uno se pregunta si hay en marcha un “toma y daca” entre ese pliego y el proyecto de ficha limpia, que de ser ley sacaría de circulación electoral a Cristina Kirchner.

También está vigente la consigna “los dos o ninguno”, enarbolada por el oficialismo en referencia al pliego de Lijo y al de Manuel García-Mansilla, que la tiene aun más difícil en el Senado. Bien podría ceder también en este caso el Gobierno y sería una muestra más de pragmatismo.

Lo cierto es que en el transcurso de la semana venidera, si el pliego del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral no recibe el aval del Senado, o si el de Lijo tampoco se pone a consideración en el recinto, es más que probable que se publiquen sus nombramientos por decreto. En ese caso, la vigencia de sus mandatos como jueces de la Corte se extenderían hasta fin de año, y ahí verá el Gobierno si con una nueva conformación que le dé mayor volumen a su poder legislativo en el Senado, consigue lo que ahora tanto le cuesta.

Al día siguiente del nuevo triunfo legislativo se conoció la inflación de enero, del 2,2%, la menor desde julio de 2020. Otro dato positivo en el área que más buenas noticias le viene dando al Gobierno de Milei, que pese a la buena estrella que lo acompaña desde el inicio de su gestión, se esmera en meterle ruido al día a día.

Ya había dado por superado el impacto generado por su controvertida presentación en Davos, que generó una multitudinaria marcha en contra, para reabrir luego el capítulo de las expulsiones. Las tarjetas rojas fueron para Mariano de los Heros de la ANSeS, y Sonia Cavallo de la OEA. El primero habló de más, ya no en el programa de Jonatan Viale hace dos viernes, sino el fin de semana en off ante un diario que quiso profundizar lo que en TN había dicho a cuentagotas. Y ya se sabe que en esta administración el off es un pecado mortal.

A la hija de Domingo Cavallo la echaron por las críticas de su padre circunscriptas solo al tema del dólar, pues en el resto de las cosas coincide con Milei. No es suficiente y así el Mingo pasó de ser el mejor ministro de Economía de la historia a “fracasado impresentable”.

Ya han corrido la misma suerte cerca de un centenar de exfuncionarios. Entre ellos el primer titular de la ANSeS de esta gestión, Osvaldo Giordano, echado porque su esposa votó en contra de artículos de la Ley Bases. La diputada Alejandra Torres se refirió al tema en la última sesión de Diputados, en la que dijo que el presidente debe tener la idea de que “las mujeres no podemos pensar, no podemos opinar, no tenemos decisión propia y que estamos de alguna manera u otra sometidas al género masculino”.

Fueron días de furia presidencial, coronados de una manera aún peor: con Javier Milei respaldando el viernes en sus redes sociales a un token de criptomonedas que a partir de ello subió exponencialmente su cotización… para después derrumbarse. Fue tan extrema esa acción que muchos pensaron que la cuenta presidencial había sido hackeada, mas el silencio en la Rosada ofició como confirmación. El tema estalló en la propia interna libertaria, en cuyas redes expresaban su desconcierto. Fernando Cerimedo, titular de La Derecha Diario, tuiteó:” Al que dijo que era una idea copada que vaya buscando rincón del mundo donde esconderse”.

Casi seis horas después del posteo, el presidente reconoció -a su manera- el error, por no haberse “interiorizado”. Borró el tuit y, como la mejor defensa para él es el ataque, cerró su mensaje “aclaratorio” amenazando: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

“Un presidente que comete un error de esta magnitud debe asumirlo con responsabilidad. En cambio, elige una vez más la soberbia, la vulgaridad y la violencia”, replicó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Este sábado desde el bloque de Unión por la Patria adelantaban la intención de iniciar el proceso de juicio político contra el presidente. Y unos y otros habrán encontrado un buen elemento para arrancar la campaña electoral de este año.

La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes.

Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación.

— Diputados UP (@Diputados_UxP) February 15, 2025

Con más de cuatro provincias con focos de incendios hace más de 10 días, siendo las más afectadas Chubut y Rio Negro donde el fuego no da tregua, el Gobierno nacional decidió enviar este miércoles el proyecto anunciado durante la semana que propone aumentar las penas a los que provoquen incendios.

La iniciativa modifica el Código Penal actual y es una propuesta del presidente Javier Milei que había sido anunciada este lunes por parte de los ministros de Justicia y Seguridad Nacional, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich.

Si bien había anticipado que el proyecto sería incluido en el temario de extraordinarias, en realidad se espera su tratamiento para el período ordinario, pues la cuestión no fue incluida aún y ya no hay tiempo para su tratamiento, pues por reglamento ya no se puede emitir despachos, según confió a parlamentario.com una fuente legislativa.

Paralelamente, en la sesión de este miércoles en Diputados, el rionegrino de Unión por la Patria Martín Soria solicitó un apartamiento del reglamento para incorporar un proyecto de resolución, a través del cual se le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que sume al temario de extraordinarias un dictamen alcanzado el año pasado sobre agravamiento de penas para quienes provoquen incendios, como así también “todos los expedientes de declaración de emergencia en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, y creo que también hay de Corrientes y Entre Ríos”, dijo. Sin embargo, el apartamiento, que requería las tres cuartas partes de los votos, no prosperó, al cosechar 116 votos afirmativos, 95 negativos y 7 abstenciones.

¿Qué dice el proyecto del Ejecutivo?

La redacción argumenta que “los ciudadanos están siendo víctimas de delitos producto de los cuales se destruyen bienes, tanto públicos como privados. En distintos puntos de nuestro país se están produciendo una gran cantidad de incendios que generan enormes daños y afectan la propiedad de los argentinos, su integridad física y, en ciertos casos, su vida”.

“Las consecuencias de estos delitos no sólo se proyectan sobre el estado de ciertos bienes, sino también afectan de modo directo a la producción y el trabajo de los argentinos. Esto se debe, en gran parte, a que las penas previstas en el ordenamiento jurídico no han logrado su rol precautorio”, plantea.

Así, critica que la normativa penal actual permite que, ante la comisión de uno de estos actos, el delincuente no necesariamente cumpla la correspondiente sanción de prisión, sino que, dados los montos de las penas, pueda ser excarcelado.

“Resulta evidente que es necesario modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación Argentina, a fin de garantizar que quienes se apronten a ejecutar una conducta que encuadre en la normativa citada, se vean desmotivados por la consecuencia jurídica que conllevaría”, afirma.

Según el Ejecutivo, con la presente iniciativa que consta de cuatro artículos: “Se garantizaría que aquellos que hayan ejecutado una de las acciones típicas sean efectivamente castigados y no se genere un clima de irresponsabilidad penal”.

En tanto, explica que se propone modificar el artículo 186 del Código Penal de la Nación Argentina, y añadir nuevos supuestos de conductas que pudieran producir diversos estragos. De este modo, se preverían ya no sólo la posibilidad de causar incendio, explosión o inundación, sino también un derrumbe, liberación de tóxicos, emisión de radiaciones y cualquier otro proceso destructor capaz de generar estragos.

Así, propone elevar el piso mínimo de prisión o reclusión aplicable al delito de tres (3) años a cuatro (4) años de prisión. Además, En caso de que, como consecuencia del hecho, resultaren afectados bienes específicos, tales como los que formen parte del patrimonio cultural de la Nación, bosques, parques nacionales o yacimientos arqueológicos, entre otros, el máximo aplicable sería de quince (15) años. Esto garantizaría una verdadera proporcionalidad entre la conducta y la pena.

Para el supuesto en el que se produzca la muerte de UNA (1) o más personas fruto del incendio, la inundación o cualquier otro supuesto que encuadre en el artículo 186, también se propone un incremento de la pena. Así, se sustituiría el actual máximo de veinte (20) años por el de veinticinco (25) años.

Por otro lado, se incorporarían nuevas figuras de agravantes a los ya previstos. De esta manera, si bien se simplifican los supuestos actualmente estipulados por la norma, éstos se mantendrían y se incluirían nuevos a fin de penar correctamente todas las acciones que pongan en riesgo y afecten bienes esenciales para nuestra sociedad.

Por último, se propone el aumento de los montos de las penas dispuestas para el caso en el que el delito sea realizado de modo culposo. Así, la actual escala dispuesta en el artículo 189 del Código Penal de la Nación Argentina, que consta de un mínimo de un (1) mes y un máximo de un (1) año, se elevaría a un mínimo de cuatro (4) años y un máximo de seis (6) años.

Por su parte, si se pusiera en peligro la vida de una persona, o si se le produjera la muerte o lesiones gravísimas, los máximos de las penas serían de ocho (8) y diez (10) años de prisión, respectivamente.

“En los últimos tiempos, la imprudencia ha tenido una importante influencia en la generación de incendios y otros desastres, y la normativa penal no ha cumplido un rol preventivo en modo alguno. En consecuencia, corresponde elevar las penas del delito en su faz culposa para que las personas no se puedan escudar en ella a la hora de hacer frente a las consecuencias de sus actos”, fundamenta.

0025-PE-2024 incendios

De acuerdo con lo establecido oportunamente en la hoja de ruta delineada por el oficialismo para el tratamiento del temario de extraordinarias diseñado por el Gobierno, y habiendo pasado una primera sesión con éxito -aprobó los proyectos de suspensión de las PASO, juicio en ausencia, y reincidencia y reiterancia-, este miércoles 12 de febrero, desde las 10, Diputados sesionará para debatir el proyecto de ficha limpia.

La iniciativa, que apunta a prohibir que personas condenadas por corrupción, como el caso de Cristina Kirchner, puedan ser candidatas a cargos nacionales, ya recibió dictamen de comisiones, pero en total hubo seis despechos. De cara a la discusión en el recinto, La Libertad Avanza deberá atender pedidos de modificaciones de bloques dialoguistas. Al tratarse de una cuestión electoral, el texto requerirá de una mayoría absoluta de 129 votos para ser aprobado.

El proyecto de ficha limpia se trata de un tema motorizado con fuerza hace largo tiempo por el Pro, y que se había frustrado en el cierre del período ordinario en noviembre pasado, cuando hubo dos convocatorias a sesión que no reunieron quórum, y con el dato de que en la última faltó un número importante de legisladores de LLA.

Tras un trabajo de especialistas y en el que estuvo involucrado también el ministro de Defensa, Luis Petri -exdiputado-, además de la legisladora del Pro Silvia Lospennato, el Gobierno envió al Congreso en enero su propio proyecto.

En la nueva redacción se propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, quien el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En la iniciativa se indica que la prohibición de candidatearse correrá "únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta".

Mientras que "en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".

A su vez, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar "un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias".

Además de no poder ser candidatas en elecciones nacionales, las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; "ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos", reza el texto.

El proyecto del PEN recibió dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con 30 firmas, de LLA, el Pro y el monobloque CREO; mientras que la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal firmaron en disidencia.

Entre las diferencias planteadas por algunos bloques de la oposición aliada se encuentran reclamos respecto de la cláusula que establece que regirá para casos en que los fallos se hayan dado en años no electorales, la ampliación de delitos (no sólo corrupción) y de cargos que no podrían ocupar personas en esta condición.

El primer dictamen de minoría, con 26 firmas, fue el de Unión por la Patria, que incorpora delitos económicos y estima que la prohibición debe darse únicamente en casos de condena firme de la Corte Suprema. También firmaron sus propios dictámenes Encuentro Federal, Democracia para Siempre -por dos- y el Frente de Izquierda, de rechazo.

El pedido de sesión fue firmado por Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar, José Luis Espert, Romina Diez (LLA); Silvia Lospennato, Silvana Giudici (Pro); Oscar Zago, Cecilia Ibáñez, Eduardo Falcone (MID); Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Roxana Reyes (UCR); Oscar Agost Carreño (EF); Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto (CC).

El Gobierno sigue en racha. Y en el Congreso, créase o no, se acostumbró a ganar. Esta última semana se anotó tres victorias que revitalizan su aura y le dan bríos para lo que resta hasta el 21 de febrero, fecha de cierre del período extraordinario. No es que la tenga fácil -el Senado es la Cámara más complicada para todo gobierno no peronista, y le falta cruzar esa frontera-, pero todas las señales son auspiciosas para la gestión libertaria.

No hay peor muestra de debilidad para una gestión que trastabillar en el Congreso. Si tomamos por cierta esa definición, la preocupación original para el gobierno más débil legislativamente hablando de la historia de la democracia argentina debería haber sido a priori frustrante. Pero al cabo del primer año de gestión, e iniciando ya el segundo período, las expectativas libertarias deben estar más que satisfechas. Más allá de que, como ya hemos dicho, los logros en materia de leyes tampoco han sido demasiados para la gestión mileísta en el Parlamento, donde lo máximo que pudo conseguir -y no es poco, más bien lo contrario- fue la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Luego, apenas el Banco de Datos Genéticos, teniendo en cuenta que la Boleta Única de Papel era un proyecto de la oposición, que nunca fue una propuesta propia.

En efecto, como siempre le reprocha Miguel Pichetto al Presidente, el Gobierno se negó a buscar consensos para ampliar su base de sustentación, conformándose con haber alcanzado un tercio con el cual blindó su capacidad de veto. Pero a Javier Milei le alcanza y sobra con sentirse invencible en el Parlamento y eso no es poca cosa.

Ningún gobierno debe ir al recinto sin la certeza de que ganará la votación correspondiente. Esa fue -por ejemplo- una máxima que el Gobierno de Alberto Fernández nunca atendió. Una prueba clarísima era que se empeñara en mandar para extraordinarias extensos temarios de proyectos librados a su suerte que en general quedaban en el camino. Nunca nadie podrá explicar ese comportamiento en un gobierno que, dicho sea de paso, tuvo como enlace Parlamentario a Fernando “Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita que nunca cumplió ese rol clave.

Siendo un oficialismo con mucha más cantidad de legisladores y hasta mayoría en el Senado, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner envió en sus cuatro años de gestión 82 proyectos para tratar en extraordinarias, logrando apenas que le aprobaran 11 (el 13,4%).

Veamos el detalle: la mejor performance la tuvo el primer año, cuando mandó 11 proyectos a extraordinarias y le aprobaron 5; en 2021, de los ¡25! proyectos remitidos, solo se aprobaron 4. Peor le fue en 2022, cuando la suma de proyectos ascendió a 18 y no le aprobaron ni uno (ni siquiera los trataron en comisión). Y en su último año, batió récords con los 28 proyectos enviados, de los cuales solo convirtió en ley 2 (el último día de extraordinarias).

Este gobierno mandó 7 proyectos de ley para su tratamiento en estas extraordinarias. Nada le garantiza un éxito del 100% que nadie espera que vaya a tener, pero en su primera semana de trabajo concreto en comisiones y el recinto, le fue más que bien: ya tiene tres de esos proyectos con media sanción.

Y eso que el arranque no fue nada auspicioso, si se tiene en cuenta que el martes sudó la gota gorda para conseguir las firmas suficientes para garantizar el dictamen necesario para que la suspensión de las PASO se tratara dos días después. Oficialistas y aliados debieron alargar los discursos en el plenario de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda para asegurarse que mientras tanto aparecieran las firmas necesarias. Eso se logró cuando los gobernadores de Santiago del Estero y Catamarca mandaron a sus legisladores a firmar un dictamen propio y aseguraron así las 58 firmas necesarias (la mitad más uno de los presentes) para validar el tratamiento normal en el recinto.

Fue tan notorio que el oficialismo estaba en problemas esa tarde que el titular del bloque UP, Germán Martínez, denunció al Gobierno por estar “haciendo un apriete infernal para lograr las firmas”. Y cuando todo se perfilaba para pasar a un cuarto intermedio hasta el martes venidero, poniendo en riesgo el cronograma del oficialismo, se hizo la luz cuando los citados diputados de Unión por la Patria habilitaron el tratamiento del proyecto en el recinto dos días después. Concretado ese paso clave, quedaba garantizado que si el jueves había quórum, no habría dificultades para aprobar el proyecto.

Distinto fue el miércoles, con un proyecto como el de ficha limpia que a priori aparecía más complicado y sin embargo le bastaron 45 minutos a La Libertad Avanza para anunciar que ya estaban las firmas. Y dadas las circunstancias, a pesar de que no hay ninguna chance de que el miércoles próximo haya un quiebre en el bloque UP, como sí sucedió la última semana, el proyecto tendrá media sanción.

Lo que nadie esperaba el jueves era una holgura tal como tuvo la aprobación de la suspensión de las PASO. Por tratarse de un tema electoral, se necesitaba una mayoría especial de 129 miembros a la hora de votar, que se superó con creces: fueron 162 los votos positivos; le faltó uno solo para tener los dos tercios de los presentes. Semejante amplitud hubiera sido imposible sin votos de la principal oposición, donde un cuarto de sus miembros terminaron apoyando la suspensión de las PASO. Apenas 43 de sus 98 integrantes votaron en contra: menos de la mitad.

Ese fue el dato saliente de esa votación clave, porque exhibió las primeras fisuras notorias desde que el peronismo unido volvió al llano. El Frente Renovador mantuvo su postura histórica contra las PASO y votó la suspensión; lo mismo hicieron los catamarqueños y santiagueños que responden a sus gobernadores (11 votos en total), más un chubutense, un tucumano, un fueguino y tres mendocinos. Otro dato notorio fueron las abstenciones, donde se anotaron Leandro Santoro, Gisela Marziotta, Victoria Tolosa Paz y los diputados que responden a los gobernadores de Formosa, La Pampa y La Rioja, contrarios a las PASO.

Este último, un dato para tener en cuenta para palpitar lo que sucederá en el Senado, donde algunos del bloque de Unión por la Patria ya anticiparon su voto a favor, como el sanjuanino Sergio Uñac, que tras la aprobación en Diputados recordó que cuando era gobernador “fuimos pioneros en la eliminación de las PASO”. Y preanunciando su voto, aclaró que “seguimos firmemente creyendo en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, no en su mera suspensión temporal y oportuna”. A lo que Gastón Marra, histórico promotor de la ley de ficha limpia, sumó: “También yo recuerdo que siendo gobernador abrió sesiones legislativas y pidió a los legisladores que aprueben la ficha limpia que era una iniciativa que Ud. apoyaba y promovía. ¿Va a apoyar el proyecto promovido por el presidente Milei?”.

De cara al debate sobre las PASO en el Senado, es más sencillo allí anticipar el sentido de los votos, teniendo en cuenta que en su momento armaron dos bloques para quedarse (sin éxito) con un lugar más en el Consejo de la Magistratura. El bloque Unidad Ciudadana, que desde la próxima sesión tendrá 17 miembros, responde enteramente a Cristina Kirchner, y votará en contra del proyecto del Gobierno. El otro bloque es el Frente Nacional y Popular, donde habría que esperar defecciones, en línea con lo ocurrido en Diputados. Por ejemplo, en el voto de los tres santiagueños que responden a Gerardo Zamora, entre ellos su esposa Claudia Ledesma Abdala. Y al menos el del catamarqueño Guillermo Andrada. En espejo con lo sucedido en Diputados, ¿debería esperarse la abstención del pampeano Daniel Bensusán y los riojanos Florencia López y Jesús Rejal? ¿Y también los formoseños María Teresa González y José Mayans? No debería llamar la atención en ese caso que este último, en su calidad de presidente del bloque, imitara lo que hizo Germán Martínez en Diputados, que en tono componedor se abstuvo allí.

La realidad es que la aprobación de la suspensión de las PASO en el Senado es casi segura, lo mismo que las otras dos reformas judiciales en materia de seguridad aprobadas el jueves en Diputados. No así ficha limpia, donde UP no mostrará fisuras en el Senado, como tampoco las tuvo en la Cámara baja y los partidarios de esa ley necesitan 37 votos que serían inalcanzables.

Lo cual no incomodaría demasiado al Gobierno, que cuenta con Cristina Kirchner compitiendo en octubre. Un fracaso en ese sentido se lo adjudicaría al kirchnerismo.

Eso sí, de momento no hay señales sobre lo que pueda suceder con los jueces propuestos para la Corte. Necesitarían en el Senado una sesión especial para ese tema; los tiempos se agotan y de momento hay silencio de radio. Las versiones de que el Gobierno mandaría a debatir el tema a suerte y verdad ya no serían tan seguras. Tal vez el Gobierno se haya entusiasmado con mantener el invicto y evitar riesgos. Se verá más temprano que tarde.

Los diputados darán este martes el puntapié inicial al trabajo en el período de sesiones extraordinarias, con la reunión que llevarán adelante dos comisiones a partir de las 14 para tratar el proyecto del Poder Ejecutivo que contempla la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Esa es la hipótesis de máxima del oficialismo, que ya percibió en las reuniones previas con las bancadas dispuestas al diálogo que no tiene los votos para que prospere esa decisión, por lo que se avendrá a morigerar sus expectativas e ir por la suspensión.

La idea es dictaminar este mismo martes con la intención de llevar el tema al recinto el martes. A la postre, este es el tema que más le interesa y más urge al Gobierno nacional para esta instancia extraordinaria.

El debate se desarrollará en las comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera), que preside el santafesino Nicolás Mayoraz; de Justicia, a cargo del jujeño Manuel Quintar; y de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert.

En la previa al inicio del trabajo en extraordinarias se desarrollaron intensas negociaciones en el seno de varios de los bloques para decidir qué decisión adoptar a la hora de decidir el destino de las PASO.

En el Pro, ya se sabe que la decisión es ir en busca de la suspensión, tal cual se lo hizo saber el propio Cristian Ritondo a las autoridades del oficialismo en la Casa Rosada. Más allá de que los diputados del partido amarillo más cercanos a los libertarios preferirían votar tal cual desea el presidente de la Nación, ya ha quedado claro ante el oficialismo que este jueves votarán la suspensión de las PASO de este año.

En el radicalismo no hay todavía una postura definida. Hubo una reunión este lunes del bloque presidido por Rodrigo de Loredo en la que la única coincidencia fue en continuar debatiendo en las próximas horas. Previsiblemente, los radicales más cercanos al Gobierno, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier insisten en votar la derogación, tal cual pide el Gobierno. Otros, como Julio Cobos, que explicó su postura en las redes sociales, desean mantener la vigencia de las elecciones primarias.

En Encuentro Federal, su presidente, Miguel Pichetto, dio libertad de acción a los miembros de su muy diverso bloque. Según pudo saberse, Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Ricardo López Murphy y los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, optarían por mantenerlas. El diputado cordobés Oscar Agost Carreño todavía no definió su posición.

Otro bloque que mantuvo una intensa reunión este lunes, sin llegar a ponerse de acuerdo, fue el de Unión por la Patria, que al caer la noche difundieron un mensaje en redes sociales donde consideraron “inconcebible” que el presidente Javier Milei “quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto”. Y remataron con una obviedad, tratándose de esa bancada: “Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus ‘amigos’) las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar”.

Lo cierto es que en ese bloque hay muchas diferencias respecto de qué hacer con las PASO este jueves, al punto tal que se hablaba de que terminarían votando divididos. Una fuente del bloque consultada al respecto por parlamentario.com aclaró que la de este lunes fue “una muy buena reunión”, puntualizando que solo los diputados chaqueños hablaron de suspender las PASO. Con todo, esa misma fuente reveló que el autor del proyecto para suspenderlas, Juan Manuel Pedrini, le dijo que los diputados chaqueños acatarán la decisión del bloque.

Los bonaerenses alineados con el gobernador Axel Kicillof votarán a favor de la permanencia de las PASO, en tanto que los pampeanos también piensan en la suspensión. Pero no se diferenciarían del resto del bloque, a la hora de la votación. En definitiva, quedaron en volver a reunirse el miércoles para seguir debatiendo qué hacer con las PASO.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) brindó detalles de la reunión que mantuvieron los bloques dialoguistas con el oficialismo este martes en el Congreso y afirmó que desde su espacio le insistieron al Gobierno para que trate el Presupuesto 2025, pero que “no nos dieron respuesta”.

“Celebramos que hayan mudado este tipo de reuniones al Congreso. Al principio nos habían invitado a Casa Rosada y le pedimos que estas discusiones sean con una reunión seria, profunda, que tenga una hoja de ruta y ordenada y no sea solamente una foto y que tiene que ser en el lugar donde se hacen las leyes”, expresó en declaraciones radiales.

Carreño contó: “Volvimos a insistir con la importancia de aprobar el Presupuesto y no abandonar esa discusión porque si no siempre la dejan pendiente. El Gobierno tiene que seguir tratando el tema y las extraordinarias eran la oportunidad para que se aprueben y si no tenemos que hacerlo apenas empiecen las ordinarias”.

“La reunión la llevó adelante el presidente de la Cámara y los vicejefes que eran la voz del Ejecutivo y nos dijeron que los gobernadores le pedían muchas cosas que podían romper con el equilibrio fiscal y es muy difícil y por eso se había caído el Presupuesto”, relató y afirmó: “Nosotros insistimos en que ellos abruptamente dieron de baja la reunión. Nosotros insistimos en que hay que seguir tocando el tema, pero el Gobierno no nos dio una respuesta de por qué lo dieron de baja”.

El diputado cordobés sostuvo: “Tiene sentido que el Presupuesto se apruebe en marzo o abril, la mayoría de los diputados creen que sí que es importante y hay antecedentes”, y señaló: “Es excepcional porque estamos hablando de una segunda prórroga, es absolutamente necesario y sería contraproducente tener dos presupuestos prorrogados y da discrecionalidad al presidente, no permite los controles del Congreso ni de los distintos órganos que tienen que intervenir y es un mal mensaje de quienes pretendemos que vengan a invertir al país o al FMI”.

“El presupuesto es una buena señal y hay que aggionarlo a que ya empezado el año fiscal y se resuelve con una cláusula transitoria. Pero estamos con un Gobierno que no nombró a los auditores generales de la nación, que no permitió el funcionamiento de comisiones bicamerales de control por lo tanto lo que me parece que buscan manejar la agenda y que sea el Gobierno el que tome todas las decisiones de forma discrecional”, criticó.

En su opinión consideró que “hay que acompañar aquellas cosas que son buenas y que van a de la mano con lo que siempre representó el Pro y no acompañar tontamente otras cosas y no como el kirchnerismo que en todo dice ‘no’. Hay que ser un árbitro en el mejor sentido para que las instituciones funcionen, para que el Gobierno le vaya bien, pero para obligarlo a que empiece a discriminar mejor la microeconomía”.

“Hay otros que prefieren estar totalmente alejados de lo que haga el Gobierno, y otros prefieren acompañar todo ciegamente porque si no capaz no van a tener lugar en las próximas listas electorales. Tenemos que defender un estado presente y eficiente”, cuestionó.

Suspensión de PASO

Consultado por el tema de las PASO, Carreño informó: “Se dio una discusión sobre los temas que el Gobierno plantea y dijeron que su prioridad del paquete de leyes es la reforma electoral”.

“Los diferentes bloques fueron planteando que si hablaban de eliminación de las PASO no estarían los votos y que si íbamos a discutir toda la reforma electoral que es mucho más allá de las PASO no iba a salir en extraordinarias por el tiempo que lleva esa discusión. La conclusión sería que el Gobierno entendió que la mayor factibilidad de hacerlo rápido y posible es la suspensión y no la eliminación sobre todo porque el Gobierno se durmió con el tema porque tendría que haberlo tratado en año no electoral”, resumió.

Este martes representantes del oficialismo junto a funcionarios recibirán a jefes de bloques de la Cámara baja para avanzar en el cronograma de trabajo de las sesiones extraordinarias. La idea es ultimar detalles y, sobre todo, terminar de tantear cómo están los ánimos para conseguir la aprobación de las leyes que le interesan al Gobierno este verano. El trabajo en las comisiones se iniciará la próxima semana.

Así lo confiaron fuentes de La Libertad Avanza consultadas por parlamentario.com, que preparan lo que denominaron será una suerte de reunión de “pre labor parlamentaria”, a realizarse este martes a partir de las 17, de la que tomarán parte los jefes de bloques con los que el oficialismo espera conseguir los votos necesarios para aprobar los proyectos de ley que forman parte del temario de extraordinarias.

La cita será esta vez en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en lugar de la Casa Rosada. Razón por la cual esta vez sí se espera la asistencia del titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, renuente a concurrir a la Casa de Gobierno, como dejó claro para la reunión del martes pasado a la que también estaba invitado y desistió de asistir argumentando que los temas legislativos se tratan en el Congreso. Lo mismo sucederá con un bloque más refractario a La Libertad Avanza como es el de Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano, y que resolvió este lunes en una reunión por Zoom concurrir a esta reunión por los mismos argumentos que Pichetto: “Nosotros siempre hemos dicho que los debates deben darse en el ámbito institucional del Congreso, por eso creemos que debemos estar”, señalaron fuentes de ese espacio consultadas, que aclararon que irán a escuchar el plan que tiene el oficialismo para sesionar en estas extraordinarias y darán su opinión. “Nada más que eso”, aclararon voceros de ese espacio que ya de por sí no apoyarán la derogación, ni siquiera la suspensión de las PASO. Sí tienen posiciones más cercanas con ficha limpia, aunque guardan muchos reparos al proyecto del Ejecutivo.

De tal manera, al encuentro convocado por Martín Menem y el presidente del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, asistirán los mismos que ya concurrieron a la reunión de la semana pasada, más el resto de los bloques. No así Unión por la Patria y la izquierda, que son los sectores más opuestos a las propuestas oficiales.

De los funcionarios, no concurrirá esta vez el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero sí su vicejefe, José Rolandi. Probablemente también esté Lisandro Catalán, más la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy. Además se contará con la presencia del secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello.

Se delineará el cronograma de trabajo para extraordinarias, comenzando las reuniones de comisión el martes venidero, 4 de febrero. No se descarta que pueda haber una primera sesión esa misma semana, y otra la siguiente. Sucede que todos los proyectos que pasan por Diputados deben ir después al Senado y los tiempos están ajustadísimos, teniendo en cuenta que las extraordinarias concluyen el 21 de febrero.

Los temas centrales para la Cámara baja son la derogación de las PASO y el proyecto del Poder Ejecutivo de ficha limpia. Para el primero, madura la suspensión de las elecciones primarias para este año, y eso es algo que el oficialismo estaría aceptando, ya que no alanzarían los números para la derogación definitiva que se proponía originalmente y que quedaría así para más adelante, pensando en 2027. En cuanto a ficha limpia, voceros del oficialismo advirtieron que si bien a priori no debería ser un tema que generara mayores discrepancias, no aparece tan claro su destino y el mismo estaría en manos del bloque Encuentro Federal. De ellos dependería la aprobación o no de esta propuesta que sacaría de las elecciones a los condenados en segunda instancia.

Precisamente en la reunión de este martes quieren verificar en el oficialismo cuál es el estado de ánimo respecto de ese tema en un bloque tan diverso, donde persisten las diferencias no solo en ese proyecto, sino también con relación a las PASO. En efecto, allí conviven posturas como las de los socialistas, favorables a la continuidad de las primarias, y los cordobeses, partidarios de derogarlas.

Más allá de esos temas, los otros proyectos que deben pasar por la Cámara baja son la modificación del régimen de reiterancia; el juicio en ausencia, y el proyecto del Ejecutivo de compensación e índice de actualización de quebrantos, que también tendría objeciones, pero que no desvela al Ejecutivo.

Recordemos que las comisiones que deberán ser convocadas en la Cámara baja a partir de la próxima semana son las de Asuntos Constitucionales, la de Justicia, y la de Presupuesto y Hacienda.

El bloque de senadores del Pro se reunirá la próxima semana para dialogar y definir quién reemplazará al cordobés Luis Juez como presidente del bloque quien anunció días atrás su deseo de no seguir al frente del espacio en el Senado a fin de convertirse en candidato de Javier Milei a gobernador de Córdoba.

Así lo confirmó a parlamentario.com el senador misionero Martín Göerling: “El martes a las 16 vamos a tener una reunión donde va a estar Luis (Juez) y ahí todo el bloque vamos a ver qué decisión tomamos. Hoy el vicepresidente del espacio es Alfredo De Ángeli y lo más probable es que sea quien reemplace a Luis, pero lo vamos a discutir el martes”.

Cabe recordar que las nuevas autoridades tienen que estar resueltas para la última semana de febrero, que es cuando se hace la reunión preparatoria del Senado (donde se votan autoridades).

Por otro lado, fue consultado por el encuentro en el que participó este miércoles junto a bloques aliados con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“La reunión la vimos muy positiva que se haya acercado el ministro con sus funcionarios hasta el Senado a dialogar. Hicimos un repaso de la actividad legislativa del año pasado que fue complicada en el primer año de gobierno de Milei y también el año legislativo con Ley Bases, Paquete Fiscal y todos los inconvenientes que hubo en el Senado. Desde ese punto de vista charlamos bastante para que no vuelvan a suceder varias cosas que pasaron el año pasado”, explayó.

También comentó que “sobre extraordinarias tocamos los puntos que están en el temario entendiendo la reunión previa que habían tenido con diputados. El ministro nos contó los proyectos que puedan tener mayor consenso y ahí coincidimos y vamos a tratar de armar una agenda lo más prolija posible para poder sancionar algo en extraordinarias que no van a ser fácil entendiendo que el Senado es distinto de Diputados y los números los tenemos muy finos y hay que hacer un esfuerzo muy grande de juntar el quórum y los votos”.

Al ser consultado por la falta del Presupuesto 2025 en el temario, cuestión por el cual el Pro emitió un duro comunicado contra el Gobierno, Göerling expresó: “No creo que el tema del Presupuesto sea un problema para lograr quórum, por lo menos en el Senado, no creo que haya objeciones”.

Por otro lado, sobre las PASO informó que “se habló sobre una posible suspensión y así se manifestó el ministro porque es el camino que va a estar más allanado porque la suspensión va a tener mayor consenso y debatir a fondo después el proyecto de eliminarlas”.

“Dentro del Pro vamos a darnos el debate interno partidario para ver qué decisión final tomamos con respecto al tema. Lo que más consenso puede llegar a tener según lo que manifestaron los otros bloques la suspensión va a tener mayor efecto en esta ocasión”, afirmó.

Respecto de los pliegos a candidatos a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla aseguró: “Yo estoy en contra de la nominación de Ariel Lijo y la mayoría de nuestro bloque también. Hay algunos que no se han manifestado. El presidente de nuestro partido también ha sido claro”.

“En la reunión no se habló mucho, prácticamente nada entendiendo que no estaba presente Unión por la Patria que la llave de ese nombramiento la tienen ellos al tener 34 miembros y sin la voluntad de ellos es imposible conseguir los dos tercios. Esa discusión ni siquiera la abrimos”, manifestó.

Y concluyó: “Estamos muy finos con las mayorías, se han perdido soldados en el camino así que valoro mucho el trabajo que hizo tanto la vice como su equipo de trabajo durante el año. Es distinto el funcionamiento del Senado. Fue muy cordial la reunión, la vice casi no intervino”.

Con la intención de acelerar los tiempos para el avance del tratamiento de temas en extraordinarias, el Gobierno repetirá esta tarde la reunión celebrada con diputados propios, aliados y dialoguistas, ahora con senadores. Será este mismo miércoles, pero la cita es en el Senado de la Nación, no en Casa Rosada como el martes.

Del encuentro, previsto para las 15, participarán por parte del Gobierno los mismos funcionarios que asistieron a la reunión celebrada este martes con los diputados Gabriel Bornoroni, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Oscar Zago, encabezados por el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El cambio de sede obedece al hecho de que en esta oportunidad participará del encuentro la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Con la relación tirante entre la Rosada y la vice está claro que el Gobierno nacional no quiere una foto de Villarruel en Balcarce 50.

En este caso el eje del debate no estará dado fundamentalmente en la cuestión de las PASO, como sucedió con los diputados, sino sobre todo en los pliegos judiciales que quiere el Gobierno que se traten antes de marzo: los de los hombres propuestos para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

En la reunión del martes con los diputados, más allá de los reproches por el Presupuesto 2025 que el Ejecutivo no quiso ni quiere tratar en el Congreso, el eje principal pasó por el debate sobre las PASO, que el Gobierno quiere derogar y que la oposición dialoguista prefiere suspender. Sobre eso quedó claro que La Libertad Avanza no tiene los votos todavía para avanzar y quedaron en una nueva reunión para la semana que viene.

Ese tema se tratará también en la reunión de este miércoles con los senadores, de la que tomarán parte los bloques dialoguistas, como el Pro, la UCR, Unidad Federal y otros, como así también el titular del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, el presidente provisional Bartolomé Abdala, y, dato saliente, la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, según confirmaron a parlamentario.com fuentes oficiales. Hasta ahora, se hablaba de dejar fuera de las negociaciones a la titular del Cuerpo.

Mientras en Diputados ya se habla de dos sesiones, a realizarse en febrero, en la Cámara alta se espera que se establezca un cronograma similar, con dos reuniones: una para los proyectos y el otro para los jueces para la Corte Suprema.

Recordemos que el Senado tiene para tratar la ley antimafias, que ya cuenta con dictamen de comisiones y media sanción del Senado. Además de los pliegos, está el resto del temario, pero esos otros cinco temas previstos para extraordinarias (derogación de las PASO, juicio en ausencia, ficha limpia, reiterancia y reincidencia, quebrantos) todavía tienen que salir de la Cámara baja.

Mientras tanto, en la Cámara alta se deberá explorar cómo está el poroteo para avanzar con los temas que le interesan al Poder Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunirá esta tarde en Casa Rosada con los jefes de bloques dialoguistas de Diputados para avanzar en las negociaciones respecto de los temas a tratar en extraordinarias y se mostró optimista por la eliminación de las PASO: “Creemos que podría haber acuerdo, pero vamos a conversarlo”.

El encuentro en Balcarce 50 será a partir de las 15 a donde arribarán los jefes de bloque Cristian Ritondo (Pro), Rodrigo De Loredo (UCR), Oscar Zago (MID), el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y Lisandro Catalán vicejefe de Francos.

Respecto de la ausencia de Miguel Ángel Pichetto, titular de Encuentro Federal, Francos opinó: “Me llamó por teléfono para decirme que prefería no concurrir a la Casa de Gobierno. Yo creo que por el tema de no quedar como mezclado, como que es un bloque próximo".

En esa línea, el funcionario nacional precisó: "Ellos tienen un bloque con distintas posiciones internas. Pero bueno es una cuestión de ellos. Si quieren participar, bien. Si no quieren participar de estas conversaciones preliminares allá ellos”.

"Todos los temas que integran el temario de extraordinarias son importantes. Ahora, si me pregunta qué temas elegiría yo para poder tratar, los más importantes con reformas penales entre ellos reiterancia, juicio en ausencia y después el tema de ficha limpia", argumentó en diálogo con radio Rivadavia.

Sobre el proyecto de ficha limpia contó: “Se viene discutiendo y ha tenido varios proyectos durante varios años en el Parlamento y no han sido aprobados. En noviembre trato de aprobarse y uno hubo quórum, nos achacaron a nuestro espacio no haber dado quórum y la verdad es que no éramos nosotros los que debíamos dar quórum, eran varios bloques porque con nuestros diputados no se alcanzaba el quórum. Pero en la política pasa eso de intentar culpar al otro por no haber conseguido cosas que tampoco obtuvo quien las cuestiona”.

“La intención es que el presidente tenía toda la decisión política para llevar a cabo este proyecto. En su momento habló con la diputada Silvia Lospennato. Les encargó a juristas trabajar en el proyecto. También participó Luis Petri porque cuando era diputado había presentado un proyecto de ficha limpia. Así que finalmente se envió el proyecto al Congreso de manera comprensiva”, informó.

Francos afirmó que “hay un tema que a nosotros nos interesa mucho y por eso estamos iniciando todos los trámites correspondientes al proceso electoral de este año y es el tema de las PASO. Creemos que las PASO no han servido para solucionar los problemas que plantean los políticos. Es decir, se pone a la ciudadanía a querer solucionar los problemas que los políticos que no han sido capaz de poder proponer sus candidatos conforme a sus estatutos”.

“Esto nos parece una carga para el ciudadano y tiene un costo muy alto para el Estado y la burocracia pública y judicial que no se justifica. Por eso proponemos su eliminación y sobre esto sabemos que hay un debate y cada partido mira sus conveniencias políticas circunstancial y buscamos tener apoyo para su eliminación”, argumentó.

Respecto del encuentro que encabezará esta tarde con jefes de bloques aliados, Francos aseguró que servirá para "analizar cómo está cada uno de los bloques para el tratamiento en extraordinarias de estos temas".

"Saber si hay acuerdos para tratarlos, en cuáles tenemos acuerdo y posibilidades de mayoría y en cuáles no. Nosotros somos una minoría parlamentaria muy marcada, por lo cual necesitamos acuerdos con otros espacios políticos como lo hemos hecho para sacar leyes importantes como la Ley Bases", puntualizó y sintetizó: “Es entender en qué situación estamos con estos temas para poder avanzar en estos días”.

“Creemos que hay acuerdo en los temas penales, pero hay algunos como PASO donde creemos que podría haber acuerdo, pero vamos a conversarlo con la oposición más fuerte y bloques amigos. Poder analizar si ellos creen que hay posibilidad de trabajar en este sentido. Yo creo que sí, porque con los resultados que hay desde su vigencia, no hubo mucho resultado para tanto gasto de 150 millones de dólares habiendo tantas necesidades en el país”, expresó.

En ese contexto, el ministro coordinador adelantó que "ya hay conversaciones" con los senadores de bloques aliados, pero supone que habrá un encuentro la semana próxima.

"Supongo que nos vamos a juntar la semana que viene porque las sesiones extraordinarias duran hasta el 20 de febrero, con lo cual todavía tenemos 3 semanas para poder trabajar en eso. Tal vez la semana próxima podamos juntarnos con senadores para ir analizando. Ya he conversado con algunos de ellos para ver cómo estamos", anticipó.

El encuentro se dará a días de que el Ejecutivo nacional formalizó el llamado a sesiones extraordinarias para debatir siete proyectos de ley, entre los que se destacan la eliminación de las PASO y Ficha Limpia, una iniciativa que generó un diferendo con el PRO y ahora el oficialismo aspira a debatir con algunas "mejoras" que eviten eventuales discrecionalidades.

A través de la publicación del decreto 23/2025, Gobierno convocó al Parlamento a retomar sus actividades entre el 20 de enero y el 21 de febrero.

El llamado, que lleva la firma del jefe de Gabinete, incluye los siguientes proyectos a tratar: la "Ley Antimafia", modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el "Juicio en ausencia", régimen de Reiterancia y unificación de condenas, Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, Ficha Limpia, Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado de la Nación.

El puntapié inicial para las extraordinarias se dará hoy en la Casa de Gobierno, con la reunión que convocará a representantes del Poder Ejecutivo encabezados por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y diputados propios y dialoguistas. En ese marco, durante el encuentro previsto para las 15 en Casa Rosada, Francos, su vicejefe José Rolandi y los diputados Cristian Ritondo por el Pro, Rodrigo de Loredo por la UCR, Oscar Zago por el MID, y otros, comenzarán a analizar la manera como se desarrollará durante las próximas cinco semanas el debate de los temas propuestos para extraordinarias.

Consultado sobre el encuentro, el jefe de Gabinete señaló este lunes que la temática del mismo va a ser “conversar sobre los proyectos que están presentados y ver cuál es la factibilidad que ven los diputados para su tratamiento”.

Al salir de un homenaje al fiscal Alberto Nisman, Francos dijo saber que los diputados convocados van a concurrir, y respecto de los que ya adelantaron que no lo harán, como es el caso puntual de Miguel Pichetto, aclaró que “conversaremos sobre eso” y tratarán de convencerlos.

El titular del bloque Encuentro Federal es el único de los convocados que adelantó que no asistirá a la reunión, por considerar que es el Congreso el ámbito donde debería tener lugar. Reacio a la foto que se difundirá al cabo de la reunión de este martes, Pichetto trata de canalizar así las voces diversas que imperan en su bloque y es uno de los que objeta fuertemente que no se haya incluido el debate del Presupuesto 2025 en estas sesiones extraordinarias.

Para la próxima semana habría un encuentro similar con senadores nacionales, al que se descuenta no será invitada la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, con quien el Ejecutivo mantiene una pelea intensa. Se entiende así que la vicepresidenta de la Nación quedará excluida de toda negociación con los senadores y su rol será limitado a presidir las sesiones.

Qué se debate

Son siete los proyectos que se debatirán entre este 20 de enero y el 21 de febrero. Los mismos son la ley antimafias, que ya cuenta con media sanción de Diputados y dictamen en el Senado; juicio en ausencia, con dictamen de Diputados; modificación del régimen de reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas, también con dictamen en la Cámara baja; la eliminación de las PASO, mandada por el Ejecutivo y que deberá ser tratada en primer lugar por las comisiones de Diputados; ficha limpia, proyecto del Ejecutivo que acaba de ser presentado en la Cámara de Diputados; el proyecto de compensación e índice de actualización de quebrantos, presentado por el PEN este lunes; y los pliegos que requieran acuerdos del Senado, en principio los de los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ingresar a la Corte Suprema.

Ese es precisamente el orden en que fueron presentados por el Poder Ejecutivo para su tratamiento. Se trata entonces de dos temas sobre los que resta que decidan los senadores; y tres proyectos del Ejecutivo que tienen que hacer todo el recorrido legislativo: comisiones de ambas cámaras y los dos recintos.

No ameritan mayores discusiones, se supone, el proyecto antimafias; juicio en ausencia; reiterancia y reincidencia; y compensación y actualización de quebrantos.

Sí en cambio se espera un áspero debate con final incierto para los proyectos sobre las PASO, ficha limpia y los jueces de la Corte. Dos de estos proyectos son los que más le interesa al Gobierno que salgan.

El primero es la reforma para el fortalecimiento electoral, que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el 21 de noviembre pasado y que en síntesis prevé la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. No la tiene fácil el oficialismo con eso, pues sus aliados del Pro y los bloques dialoguistas tienen reparos respecto de la eliminación, aceptando eventualmente en cambio la suspensión de las PASO. El oficialismo cuenta con la anuencia de algunos diputados de ambos espacios mencionados, también de algunos de Unión por la Patria y el apoyo en todo caso de los bloques más cercanos a los gobernadores, como Innovación Federal.

La hipótesis de máxima de parte de La Libertad Avanza es lograr la eliminación, pero no se descarta que terminen aceptando la suspensión por única vez.

El otro tema que al Ejecutivo le urge aprobar es la designación de los jueces para la Corte. Ahí necesita sí o sí de la anuencia de buena parte de los senadores de UP, de ahí que muchos piensen que el tema está ya muy conversado con ese espacio y que estarían dadas las condiciones como para que avance al menos la designación de Lijo. No es precisamente lo que dijo este lunes el presidente de ese interbloque, José Mayans, que consultado por La Nación aclaró que ese pliego podría tener los números para el dictamen, pero “sigue sin acuerdo porque nosotros le dijimos claro al Gobierno que, como número mayoritario, pretendemos que se nomine a la Corte a una persona que tenga nuestra visión del Estado”. Ellos insisten en que haya una mujer propuesta para el lugar que el presidente Milei pretende para García-Mansilla, o eventualmente pactar una ampliación de la Corte, como así también negociar sobre la designación del procurador general de la Nación y los más de 140 juzgados federales vacantes.

Mayans negó que haya habido avances en las negociaciones, y lanzó: “El que maneja las operaciones por los jueces de la Corte es Santiago Caputo, que es el que llamaba para comprar votos, pero no están fácil comprar 48 votos”. Esa es la cantidad que, con todos los senadores presentes, representarían los dos tercios necesarios para llegar a la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto a ficha limpia, finalmente el Ejecutivo elaboró un proyecto propio tal cual le había adelantado el propio presidente a Silvia Lospennato luego del fracaso del tratamiento del proyecto debatido a lo largo del año en comisiones. En líneas generales es similar a lo que se había establecido para debatir el año pasado en el recinto de Diputados, con la salvedad de que la segunda confirmación de condena debe haberse registrado el año anterior a las elecciones; lo cual igual dejaría a Cristina Fernández de Kirchner al borde de la no presentación de una eventual candidatura, en caso de aprobarse el proyecto en ambas cámaras.

Con esos datos, el Pro y buena parte de los radicales darían su apoyo, pero hay otros espacios reacios, sin contar la oposición ya anticipada de Unión por la Patria. Muchos diputados amagan con cobrarle de esa manera el no tratamiento del Presupuesto, y otros reprochan que se haya mandado un texto nuevo, cuando bien podrían haberse introducido las modificaciones directamente en el recinto. Como sea, el oficialismo descuenta que conseguirá la aprobación en Diputados, mas tiene dudas respecto de lo que vaya a suceder en el Senado.

De todos estos temas se hablará este martes en la Casa Rosada, donde se irá delineando el cronograma oficial de tratamiento que arrancaría formalmente la semana próxima en ambas cámaras. Con la visita de invitados, incluso, como podría llegar a suceder con el ministro de Defensa, Luis Petri, que asistiría al plenario que analizará ficha limpia, en su carácter de coordinador del texto que este lunes terminó mandando el Poder Ejecutivo a Diputados.

Si bien el término “sesiones extraordinarias” es el que menciona la propia Constitución Nacional en sus artículos 99 y 100, el trabajo convocado por el Poder Ejecutivo de turno en los meses de diciembre, enero y febrero no se circunscribe solo a las sesiones, sino que refiere a toda la tarea legislativa, ya sea en el recinto, o -sobre todo- las comisiones.

Así las cosas, lo que se espera suceda en el verano no está circunscripto estrictamente a la actividad en los recintos, sino también a la tarea que deben desarrollar diputados y senadores en las comisiones respectivas, si es que los proyectos propuestos para su tratamiento no tienen los dictámenes correspondientes.

Puntualmente el Gobierno de Javier Milei ha mandado al Congreso un temario de 7 cuestiones, de las cuales cuatro están listas para llegar al recinto, mientras que otras tres deben hacer todo el recorrido correspondiente a cualquier ley. En ambas cámaras, lo que puede hacer más engorroso y hasta escueto el tiempo de cinco semanas dispuesto para debatirlos.

Dos de los proyectos están listos para ser tratados en el recinto de Diputados esta misma semana, pues de hecho habían sido incluidos en la última sesión que fracasó por falta de quórum. Hablamos de juicio en ausencia y el proyecto sobre reincidencia y reiterancia. Ambos temas formarán parte de la primera reunión de la Cámara baja, mientras que el proyecto de ley antimafias está en el Senado, con media sanción de Diputados y el dictamen correspondiente en esa Cámara.

En el Senado, juicio en ausencia deberá pasar por la Comisión de Justicia y la de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esta última es presidida por la radical Carolina Losada.

El proyecto de reincidencia y reiterancia pasará solo por Justicia en el Senado.

El cuarto tema merece una consideración especial, pues refiere a los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones del Senado. Cuando hablamos de eso, está claro que se piensa en el tratamiento de los pliegos propuestos por el Ejecutivo para completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Pero también pueden ser incluidos ascensos militares y pliegos judiciales, en cuyo caso debería ser convocada la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, aunque no pareciera ser este el caso.  Todo indica que el Senado abrirá el recinto para debatir si aprueba o no a Lijo, y a continuación trataría sobre tablas el caso del jurista García-Mansilla.

Ahora vamos a los temas que arrancan de cero y deberían hacer el recorrido completo en ambas cámaras. Comenzando por la eliminación de las PASO, presentada como la reforma para el fortalecimiento electoral. Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso el 21 de noviembre del año pasado, que arrancará su camino en Diputados y deberá ser tratado antes de llegar al recinto por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz; la de Justicia, encabezada por Manuel Quintar, y Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert. Una vez aprobado, si eso sucede, debería pasar por las mismas comisiones del Senado.

En el caso de Asuntos Constitucionales, la presidencia de esa comisión en el Senado se encuentra vacante, pues era ostentada por el ya expulsado Edgardo Kueider. La vicepresidenta de esa comisión es la tucumana Sandra Mariela Mendoza, pero no se espera que asuma ella el cargo vacante. Tal vez podría ocupar ese sitial el senador Luis Juez, tan cercano ahora al presidente Javier Milei, más allá de que encabece la Comisión de Defensa, que podría dejar en ese caso.

También la reforma electoral debería pasar por Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el riojano Juan Carlos Pagotto, y Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche.

Asuntos Constitucionales y Justicia serán las comisiones que deberán encargarse de tratar el proyecto del Poder Ejecutivo de ficha limpia, que ingresará a la Cámara baja este lunes; en tanto que el tercero de los proyectos que deberán hacer todo el recorrido legislativo por ambas cámaras es el de compensación e índice de actualización de quebrantos, también del Ejecutivo, que necesita dictamen de Presupuesto y Hacienda.

Así las cosas, siete comisiones de ambas cámaras son las que deberán ser convocadas a partir de este lunes para trabajar durante las próximas cinco semanas en las que el Poder Ejecutivo espera dar tratamiento a los siete temas propuestos para este verano.

Antes de partir, y en vísperas del inicio de las sesiones extraordinarias que el Gobierno dispuso a partir de este lunes 20 de enero, el presidente de la Nación firmó el proyecto de ley de ficha limpia, que será uno de los principales temas que el Congreso debatirá durante estas cinco semanas de verano.

Lo anunció al filo de la medianoche de este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un posteo en el que expresó: “Dijeron de todo pero nada fue cierto: el Presidente de la Nación ha firmado hace instantes el proyecto de ley denominado ‘ficha limpia’”. Y agregó que “el verdadero ‘pacto’ es con todos los que quieren un país libre y próspero. Dios bendiga a la República Argentina”.

En ese mismo posteo en la red social X, el vocero difundió el texto de cuatro páginas y 7 artículos que fue elaborado para reemplazar el dictamen que no se alcanzó a debatir en noviembre del año pasado en Diputados. El dato saliente es que esta iniciativa no pondrá a resguardo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en el caso de que sea aprobado no podrá presentarse como candidata, pues contempla que la disposición solo se aplicará en los casos en los que la condena haya sido ratificad en segunda instancia (tal cual lo decía el texto que avanzaba en Diputados), siempre y cuando haya sido dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral. Además, debe haberse comprobado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en el fallo de primera instancia, incluso si la pena impuesta fue modificada.

Así las cosas, el texto aplica a la exmandataria.

Dijeron de todo pero nada fue cierto: el Presidente de la Nación ha firmado hace instantes el proyecto de ley denominado “ficha limpia”.

El verdadero “pacto” es con todos los que quieren un país libre y próspero.

Dios bendiga a la República Argentina.

Fin. pic.twitter.com/XqS2X8j4Xn

— Manuel Adorni (@madorni) January 18, 2025

El proyecto de ley lleva las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Pero contó con la colaboración inestimable de un exlegislador que durante su gestión como tal trabajó mucho sobre el tema ficha limpia. Fue cuando durante la gestión de Cambiemos el hoy ministro de Defensa, Luis Petri, era diputado nacional por el radicalismo y formaba entonces parte del oficialismo. A él ahora el presidente le pidió colaborar en la elaboración de un nuevo texto que cubriera, según palabras del mandatario, los huecos que a juicio del Ejecutivo tenía el dictamen que iban a tratar en la Cámara baja en noviembre pasado. Por eso Petri posteó lo siguiente, pasada la medianoche del viernes: “Ficha Limpia es más que una ley: es un compromiso con la transparencia, la justicia y el juego limpio en la política. Es un paso esencial para erradicar la corrupción y fortalecer la democracia en nuestro país. Ahora, más que nunca, es el momento de demostrar que la ética y la responsabilidad son los pilares sobre los que construiremos el futuro de nuestro país”. Agregó que “el mensaje del presidente Javier Milei es claro: En la Argentina no hay tolerancia a la corrupción, se la condena”.

De madrugada, Petri cosechó la adhesión de Gastón Marra, viejo luchador por la aprobación de ficha limpia, que ponderó entonces la decisión presidencial diciéndole a Milei que “tomó la mejor decisión al designar al ministro Luis Petri para coordinar el proceso de confección de la propuesta Ficha Limpia. La luchamos mucho desde el comienzo de esta campaña ciudadana y siempre nos escuchó. ¡Felicitaciones y gracias!”.

Y ante un mensaje en la red social X donde le recordaron el nombre de la diputada del Pro Silvia Lospennato, que siempre estuvo detrás del tema y fue sobre todo la cara visible en el fallido intento de tratamiento en noviembre pasado, Marra enfatizó que ella “estuvo, está y estará en esta lucha por la ficha limpia. Solo que Luis Petri fue quien coordinó todo el proceso haciendo partícipes a varios. Y por eso mi agradecimiento”.

El proyecto

Yendo al texto enviado por el Poder Ejecutivo, el mismo modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos estableciendo la incorporación de un inciso en el artículo 33. El mismo inhibe de poder ser candidatas a las personas condenadas por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, abarcando los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento, y todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

“El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”, expresa el proyecto.

En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral, agrega el texto, que establece además que “la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

No solo no podrán ser candidatas a cargos elegidos en elecciones, sino que aquellas personas alcanzadas por esta ley tampoco podrán estar habilitadas para ser jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco serán autoridades de entes, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social.

Cuando muchos esperaban que el amague de diciembre de convocar a extraordinarias quedara en la nada durante todo el verano, la posibilidad de que el Gobierno finalmente llamara a sesionar en tiempo de vacaciones volvió a cobrar fuerza los últimos días y se confirmó finalmente al cierre de la semana. El temario incluye cuestiones urgentes para el Gobierno y otras que son puro decorado, más allá de su importancia.

Entre las primeras, la fundamental es la eliminación de las PASO. Entre las imprescindibles habrá que considerar los pliegos de los jueces propuestos para la Corte Suprema. Para ambas cuestiones los libertarios se tienen fe, pero lejos están de tener los votos asegurados.

Más allá de que la movida disgustó al mileísmo, los planetas parecieron alinearse cuando el jefe de Gobierno porteño anunció el desdoblamiento electoral en CABA, decisión que incluía un pedido de suspensión de las elecciones primarias en el distrito. Jorge Macri pronunció entonces un discurso afín a lo que Guillermo Francos expresaba por esos días respecto de la derogación de las PASO, lo que dio pie al bloque Pro de Diputados a replantear su postura original contraria a los deseos del Gobierno nacional en la materia. Sin embargo, con el correr de los días y la acentuación de las diferencias entre La Libertad Avanza y el Pro, la idea que está prevaleciendo en el partido amarillo es la de la suspensión en lugar de la eliminación definitiva con la que insiste el Poder Ejecutivo.

Esa postura es la que hoy por hoy tendría más chances de salir, pues Unión por la Patria sería proclive a avanzar en ese sentido. Desde esa bancada se presentó el proyecto más reciente relacionado con las PASO: es del diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini y tiene fecha de ingreso en la Cámara el 29 de noviembre de 2024. Busca suspender las PASO “por única vez”, aclarando que la eventual supresión definitiva debe hacerse luego de “un debate serio, profesional y comprometido con la ciudadanía”.

En el seno del Pro hay posturas divergentes. María Eugenia Vidal tiene presentado un proyecto para eliminar la obligatoriedad de votar en las PASO, que de aprobarse pasarían a ser PAS, mientras que otras voces como la de Hernán Lombardi están a favor de la eliminación para las elecciones legislativas. Como sea, el partido liderado por Mauricio Macri hace sus propias cuentas electorales y apostará a priori a la suspensión por única vez, pues las quiere disponibles para 2027. Vaya si les ha sacado rédito, más allá de que en las más recientes terminó sufriendo. Pero sí o sí prefiere que no se hagan este año, pues teme que le jueguen en contra. Las PASO terminan siendo una condena para las terceras fuerzas, que es en lo que se ha convertido el Pro, junto al resto de lo que fue hasta hace poco Juntos por el Cambio. Es algo que le vino muy bien a esa fuerza en los años que lideraba la confrontación con el kirchnerismo, cuando conocidos los resultados de las PASO aparecía el voto útil en octubre, alineando entonces a la mayoría del voto anti K. Ahora el Pro teme ser víctima del eventual “voto útil” en las elecciones definitivas, que podría arrasarlos, según confiesan en privado. Mejor que no se conozcan las cartas por anticipado, al menos por esta vez.

Es la misma razón por la que en el radicalismo ya admitieron estar repensando su postura original contraria a tocar las PASO.

Le costará al oficialismo derogar las elecciones primarias si no cuenta con la anuencia del Pro y Unión por la Patria. Pero más difícil estará la pulseada para los jueces de la Corte. En el oficialismo confían en tener los dos tercios que necesita Ariel Lijo para llegar a la Corte. Hacen cuentas y suman a buena parte de Unión por la Patria, que desde la primera sesión que haya pasarán a ser 34; más un puñado de radicales y una decena votos del resto del Cuerpo, mas ninguno del Pro. Se verá si la suma le da bien al Gobierno, que mirará de reojo a la titular del Cuerpo, a la que no le agradecerá nada si le va bien.

Más difícil la tendrá Manuel García-Mansilla, quien además llegará al recinto -en la misma sesión en la que tratarán el pliego de Lijo-, sin dictamen. Eso implica un tratamiento sobre tablas que necesitará otros dos tercios. Menuda dificultad contar con esa mayoría especial dos veces seguidas en la misma sesión. Aunque puede llegar a suceder que una cantidad suficiente acepte el debate sobre tablas con la única intención de votarle en contra luego y sacarlo del juego.

Complicadísima la tiene el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, teniendo en cuenta que ni siquiera consiguió las 9 firmas que necesitaba para el dictamen.

Y entre los proyectos que mandará el Ejecutivo y que tendrán que recorrer comisiones y ambas cámaras, está el de ficha limpia, un texto nuevo que el presidente Milei encargó redactar al abogado Alejandro Fargosi luego de percibir la mala repercusión que tuvo en el electorado propio -ausencia de varios diputados oficialistas mediante- el fracaso del debate del proyecto original en Diputados.

El mandatario dijo que le había encargado a Fargosi trabajar en un proyecto que elimine los “agujeros legales” que a juicio del Gobierno tenía el proyecto que llegaba al recinto y cuyo dictamen sin embargo firmó. Si bien no existe todavía un texto al cual analizar, por lo que ha dicho Fargosi en distintas entrevistas, el nuevo proyecto sumaría a las condiciones para invalidar a un candidato condenado una tercera instancia, afincada en la Justicia Electoral. Lejos de convencer esa tercera instancia a aquellos que apoyaron el dictamen que no pudo llegar al recinto en diciembre.

El proyecto oficialista también incluiría un requerimiento especial a la Corte para apurar sus resoluciones para esos casos.

Fuentes de la oposición dialoguista consultadas por este medio aclararon que esperarán a ver el texto antes de adelantar su postura.

Así las cosas, el Gobierno podrá exhibir una vez más el dominio de la agenda política, pero eso no implica la certeza de aprobar los proyectos que ha mandado. Dicen en lo más alto del poder que van a todo o nada y que si fracasan en sus principales aspiraciones -porque bien podrían aprobar 4 de los 7 proyectos y así y todo sería un fracaso-, les servirá para su relato: el de una casta que se resiste a colaborar y solo pone piedras en el camino, razón de más para mantener inactivo lo más posible el Congreso en el resto del año, hasta que la gente con el voto cambie el mapa legislativo. Esa es una melodía que suelen disfrutar los libertarios.

O bien armar las mayorías necesarias para sacar las leyes que desea, recogiendo el consejo que les dio Miguel Pichetto en su momento: buscar armar mayorías en el Congreso para gobernar, en lugar de conformarse con reunir un tercio con el cual poder blindar sus vetos. Lo cierto es que el Gobierno no se ha dedicado a armar mayorías salvo cuando las necesitó para la Ley de Bases. Para un Gobierno que solo ha podido aprobar tres de los proyectos que mandó al Congreso (Ley Bases, Paquete Fiscal y Banco de Datos Genéticos) debería ser un llamado de atención.

Finalmente el Gobierno cumplió este viernes en convocar a sesiones extraordinarias, cosa que había anticipado en diciembre pasado el vocero presidencial para ese mes, aunque luego tal posibilidad se enfrió. Los últimos días volvió con fuerza la idea de que llamarían a sesionar este verano, y finalmente este viernes se conocieron los temas que le interesa al Gobierno tener aprobados en lo inmediato, y los proyectos difieren de lo que se había esbozado a fines del año pasado.

Seis eran los temas que se habían anunciado en diciembre pasado; ahora son siete. En esa oportunidad se mencionó el siguiente temario: Reforma electoral; reforma política; juicio en ausencia; ley antimafias; viajes del presidente y reforma de los fueros de la política.

De ese temario quedaron en pie la reforma electoral; juicio en ausencia y la ley anti mafias. El decreto conocido este viernes sumó otros cuatro: reiterancia y reincidencia; pliegos de designaciones y promociones; ficha limpia y compensación e índice de actualización de quebrantos.

Quedaron afuera la reforma política, que requiere un minucioso debate que excedería las cinco semanas previstas para extraordinarias; los viajes presidenciales, que el presidente ya resolvió por la vía del decreto, así de sencillo; y la reforma de los fueros, un tema ríspido que surgió en diciembre pasado en plena discusión del caso Kueider y los cruces por el no tratamiento de ficha limpia.

Por lo que se ve de lo que mandó ahora el Ejecutivo, solo dos proyectos tienen un camino acotado pues deben pasar solo por una cámara: la ley antimafias, que ya fue aprobada en Diputados, y los pliegos, que solo son cuestiones que pasan por la Cámara alta.

Tenemos entonces 3 proyectos que deben iniciar su recorrido por Diputados; 2 por el Senado y 2 que todavía el Poder Ejecutivo tiene que mandar al Congreso.

Vayamos por los que tienen que llegar primero al recinto de Diputados. Dos cuentan con dictamen y estaban listos para ser debatidos en la última sesión del año, que se cayó por falta de quórum. Es el caso de juicio en ausencia, que el 19 de noviembre tuvo dictamen en un plenario de Legislación Penal y de Justicia. De hecho, hay varios dictámenes (UP presentó dos). Esta iniciativa propone una modificación al Código en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

El otro proyecto con dictamen es el de reincidencia y reiterancia, que consiguió dictamen el 25 de septiembre y busca terminar con “la puerta giratoria” en las comisarías para los presos.

El tercer proyecto es del Poder Ejecutivo, que lo presentó el 21 de noviembre pasado. Lleva el título de “Reforma para el fortalecimiento electoral” y es aquel que deroga las PASO. Deberá pasar primero por las comisiones que le han sido asignadas: Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

Solo por el Senado

Como dijimos, solo debe atravesar el recinto del Senado el proyecto de ley antimafias, que el 13 de noviembre consiguió dictamen en el seno de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esta iniciativa remarca a la figura de la asociación ilícita con carácter especial, para determinados delitos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo, secuestros, homicidios o trata de personas, y propone penas de prisión que van de los 8 a los 20 años por la mera pertenencia a una organización delictiva.

El otro tema que pasará solo por el senado es el de pliegos para designaciones y promociones. Fundamentalmente se buscará la aprobación por dos tercios del pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Como solo el juez federal consiguió los 9 avales en la Comisión de Acuerdos, García Mansilla necesitaría un tratamiento sobre tablas, que se afirma el oficialismo intentará darle, en la misma sesión en la que discutirán la habilitación de Lijo.

Pendientes de ingreso al Congreso hay dos proyectos. Uno es el de de ficha limpia, que debe ser remitido por el Poder Ejecutivo, pues el que tiene dictamen y cuyo tratamiento fracasó dos veces en noviembre pasado no conforma al Gobierno nacional. La misma noche del último fracaso de la ley de ficha limpia en Diputados, el presidente Milei llamó a Silvia Lospennato para decirle que él era partidario de contar con esa ley, pero con algunos cambios. Por eso le encargó al abogado Alejandro Fargosi redactar una nueva ley, que será la que vayan a tratar en este verano.

El otro es un proyecto de ley de compensación e índice de actualización de quebrantos, que es la mayor novedad de este temario, pues nunca se había hablado de su tratamiento hasta ahora.

Causó sorpresa la información que comenzó a tomar fuerza este miércoles al cerrar la tarde, al trascender de fuentes oficiales la intención de convocar a sesiones extraordinarias para este mes de enero. La novedad es precisamente esa: que la convocatoria rija a partir del 15 de enero y se extienda hasta el 15 de febrero, pues se especulaba con la posibilidad de que el Ejecutivo llamara a sesiones extraordinarias, pero durante febrero.

En rigor, recordemos que en el mes de diciembre el vocero presidencial había anunciado extraordinarias que se extenderían entre el 5 y el 27 de ese mes, pero pasaron los días y esa posibilidad se desinfló. En esa oportunidad, Manuel Adorni había planteado un temario que incluía la reforma electoral; reforma política; juicio en ausencia; ley antimafia; viajes del presidente y reforma de los fueros de la política.

Este miércoles fuentes de la Casa Rosada admitieron que se está trabajando en el temario que se presentaría y adelantaron que el llamado se haría este viernes. Y citaron el mes de extensión que tendría el llamado, a partir del 15 de enero.

La posibilidad más fuerte es que se ponga a consideración el proyecto sobre elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Un tema en el que hay resistencias en la oposición dialoguista, aunque las mismas habrían cedido en las últimas semanas, sobre todo a partir de que el Gobierno porteño llamara a suspenderlas en la Ciudad de Buenos Aires para este año. Incluso cerca de la conducción del bloque radical trascendió que estarían dispuestos ahora a conversar sobre el tema, cosa que hasta hace poco parecía vedada.

Las dudas que se plantean giran en torno a la suspensión o derogación de las PASO. Pues en el Pro y en Unión por la Patria germina la intención de avanzar con la suspensión, tal cual impulsaron recientemente desde UP a través de un proyecto del diputado Juan Manuel Pedrini y sus pares chaqueños, que promueven la suspensión “por única vez” de las elecciones primarias.

Desde el Gobierno insisten en que esas elecciones deben derogarse por una cuestión presupuestaria.

Otro tema que se incluiría en el temario es el de ficha limpia. Pero no el proyecto que se intentó dos veces llevar al recinto a fines de noviembre, con un dictamen alcanzado luego de varios plenarios, sino un proyecto del Ejecutivo, ese que el presidente Javier Milei mandó a confeccionar al abogado Alejandro Fargosi luego de la polémica generada tras la segunda vez que se cayó la sesión en la que pretendían tratar el tema.

La ley antimafia cuenta con media sanción de Diputados y tiene dictamen en el Senado desde el 13 de noviembre, pero no alcanzó a llegar al recinto por el freno que se le puso a los debates en la Cámara alta en la última parte del año. Ahora formaría parte del temario.

También se incluirían proyectos que formaban parte de esa última sesión del año que fracasó en Diputados, como el proyecto sobre reincidencias y juicio en ausencia.

Por último, el Gobierno se jugaría un pleno con las designaciones para la Corte Suprema. Según las fuentes oficiales, harían un intento por aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Las designaciones quedaron frenadas luego de la presentación de ambos ante la Comisión de Acuerdos, donde solo el juez federal habría alcanzado las 9 firmas necesarias para llegar al recinto. Así trascendió, luego de que se conociera que la catamarqueña Lucía Corpacci había estampado la propia. Pero en rigor de verdad, nadie oficializó nunca que el camino de Lijo hacia el recinto hubiera quedado libre. Más difícil es la situación de García Mansilla, quien es seguro que no alcanzó las firmas y, para ser tratado su caso en el recinto, debería debatirse sobre tablas, lo cual hace necesario dos tercios.

Como sea, desde el Gobierno se asegura que harán el intento.

A todo esto, un dato no menor es que el recinto de la Cámara de Diputados está prácticamente desarmado, pues se realizan obras de mantenimiento que se extenderían a lo largo de todo el mes de enero.  De hecho, el presidente de la Cámara, Martín Menem, le pidió a todo el personal de la casa que se tomara vacaciones este mes. Lo cual no haría imposible el trabajo en comisiones, pero sí sesionar en el recinto, al menos durante el mes de enero. Si es que alcanzan a terminar a lo largo de este mes.

“Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias”. Así lo expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles por la noche, a través de su cuenta de X.

Allí, el funcionario precisó que ese período se extenderá entre el 5 y el 27 de diciembre, por lo que se espera la publicación del decreto correspondiente para este mismo jueves.

El temario de las mismas será el siguiente:

- Reforma electoral

- Reforma política

- Juicio en ausencia

- Ley anti mafia

- Viajes del presidente

- Reforma de los fueros de la política

Esto es: el Gobierno plantea tratar las reformas promovidas hace pocos días por el Ejecutivo, que plantean la eliminación de las PASO, y un cambio sustancial en el financiamiento de los partidos políticos.

También se incluyen sendas iniciativas que formaban parte del paquete judicial y el paquete de seguridad, como el juicio en ausencia y la ley anti mafia. En el primer caso, el proyecto cuenta con dictamen y quedó en las puertas del recinto al caer la sesión del jueves pasado en el que querían tratar ficha limpia.

En cuanto a la ley anti mafia, ya tiene media sanción de Diputados y espera su tratamiento en el Senado.

Dato saliente: no está incluido el tratamiento del Presupuesto 2025. Tampoco, previsiblemente, ficha limpia.

Mientras se acelera la cuenta regresiva hacia el cierre del período ordinario y se suman pedidos de sesiones para la próxima semana, desde Democracia para Todos piden al Gobierno ampliar ordinarias, en tanto que otros apelan directamente a que se llame a extraordinarias.

Es el caso del titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien planteó este viernes que “no hay nada más ‘casta’ que un gobierno que juega a las escondidas y especula con el receso del Congreso”.

“Si el oficialismo realmente está comprometido con aprobar un presupuesto para 2025, enfrentar la ludopatía que crece con el juego en línea y garantizar, a través de la ley de Ficha Limpia, que los corruptos no encuentren refugio en la política, entonces debe demostrarlo convocando de inmediato a sesiones extraordinarias del Congreso con esta agenda”, planteó el legislador opositor.

Para Ferraro, “no hay excusas. Cualquier demora solo evidencia que estas prioridades no les importan”.

Fuentes oficiales confirmaron este miércoles que el Gobierno piensa convocar a sesiones extraordinarias, aunque no necesariamente para tratar el Presupuesto 2025 -como sugirió el diputado José Luis Espert este martes al anunciar la suspensión de ese debate en la comisión que él preside-, sino para debatir la reforma electoral.

La revelación proveniente de Casa de Gobierno viene a complementar el anuncio que formuló el viernes pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando en su habitual conferencia de prensa anunció el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO. Ese mismo día llamó la atención de propios y extraños, por cuanto un anuncio de esas características a quince días del cierre del tiempo para dictaminar, solo podía representar “humo”, o bien un tema para tratar en extraordinarias. Teniendo en cuenta además que es uso y costumbre no tratar temas electorales en años de elecciones. Esto es, si quieren implementarlo ya en las próximas elecciones, debía ser incluido en extraordinarias.

Es en definitiva lo que ocurrirá, según confirmaron fuentes oficiales, que aclararon que lo anticipado el 15 de noviembre por Manuel Adorni será incluido no en uno, sino en dos proyectos de ley, para ser tratados en diciembre próximo.

En uno de ellos figurará la eliminación de las elecciones PASO y la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos. El otro será una reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

El viernes Adorni presentó la propuesta como de “fortalecimiento electoral”. La eliminación de las elecciones primarias fue argumentada por el funcionario en la convicción de que se trata de “una encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”.

Solo en 2023, esas elecciones tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, según confió el portavoz, quien en detrimento de las mismas enfatizó que “desde su introducción en el año 2011 solo hubo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas por las PASO, de las cuales el 40% no logró, siquiera, alcanzar el umbral del 1,5% para participar de las elecciones generales”.

En esa oportunidad Adorni también se refirió a la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, sobre la cual dijo que buscarán “mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma”. El fin electoral de algunos partidos políticos es, para Adorni, decididamente “recaudatorio”.

La iniciativa que mandará el Poder Ejecutivo propone que las agrupaciones deberán cumplir ciertos requisitos: Contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral (actualmente es el 0,4) y tener un piso mínimo de 3% en dos elecciones consecutivas. A juicio de Adorni, eso “va a significar un mayor esfuerzo en aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones y sacan, siempre, en orden, el 2% de los votos”.

Con respecto a los partidos nacionales, deberán tener presencia en al menos 10 distritos (actualmente se requiere en 5); se creará una plataforma digital que funcionará para gestionar afiliaciones y revalidaciones, y las agrupaciones tendrán un plazo para adecuarse a la normativa hasta 2026.

Esto es, la reforma dedicada a los partidos políticos deberá ser implementada en las elecciones de 2027, en tanto que la eliminación de las PASO correría ya para las elecciones del próximo año.

La iniciativa contempla modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos con el objetivo de reducir el gasto público y transparentar los recursos. Algunas de estas medidas van a ser el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral cedidos por ley a los medios, la eliminación del financiamiento público para campañas, dejando un único aporte anual proporcional a resultados electorales, la prohibición de encuestas se va a reducir de 8 a 3 días previos a las elecciones y se va a crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

Al informar sobre el envío de esta iniciativa para ser tratada en extraordinarias, no hubo ninguna referencia al Presupuesto 2025. Así las cosas, de momento la idea es incluir para su tratamiento en el verano solo la cuestión electoral. Respecto de la ley de leyes, habrá que circunscribirse a los dichos de José Luis Espert: si se alcanza un acuerdo que respete la condición de mantener el déficit cero, se convocará entonces a los legisladores a debatir el Presupuesto en el período extraordinario. Algo que, por lo que se palpa a nivel oficial, lejos está de ser motivo de interés.

A pocos días del vencimiento del período extraordinario, el oficialismo no ha podido aún aprobar ni un solo tema. Si bien tiene chances de ampliar el plazo de tratamiento hasta fin de mes, por ahora el vencimiento será el próximo jueves.

Con apenas doce días en el poder, el presidente Javier Milei convocó el 22 de diciembre del año pasado a sesiones extraordinarias. Llamó la atención el plazo que se impuso. Desechó el mes de diciembre y limitó el tratamiento de temas al primer mes del año venidero.

Esto es, las primeras fechas de convocatoria fueron entre el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2024.

El temario de ese llamado incluía 11 cuestiones, comenzando por el proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado, que terminó siendo el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Veamos los temas citados en ese llamado presidencial:

1) Proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado.

2) Proyecto de ley modificatorio de su similar N° 19.945 respecto de establecer la Boleta Única de Papel (Exp. Senado 4-CD-22).

3) Proyecto de “Ley de Impuestos a Ingresos Personales”

4) Proyecto de ley por el cual se solicita autorización para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024, cuando razones de gobierno lo requieran.

5) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y Japón para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019 (Msje. 230/19).

6) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 13 de abril de 2019 (Msje. 120/19).

7) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2018 (Msje. 99/19).

8) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, suscripto en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 16 de abril de 2018 (Msje. 133/19).

9) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición en Materia de Tributos sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° de diciembre de 2018 (Msje. 98/19).

10) Consideración de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales.

11) Consideración de Acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.

El segundo llamado

El 22 de enero, a través del decreto 57/2024 se extendió el período ordinario hasta el 15 de febrero. Además, el Poder Ejecutivo dispuso sumar tres proyectos para debatir.

En su artículo 2°, se corrigió el decreto de convocatoria original, publicado en diciembre, donde refería al proyecto de ley Bases estrictamente como una reforma del Estado. Un verdadero blooper que, de no haberse resuelto de esa manera, podría haber invalidado todo lo actuado hasta entonces. Algún insidioso diría que hubiera terminado sucediendo antes lo que pasó el martes de la última semana.

“Entiéndese que el punto 1) del Anexo al decreto citado en el artículo anterior refiere al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, remitido por Mensaje N° 7 del 27 de diciembre de 2023 (Exp. 25-PE-2023)”, expresaba el artículo en cuestión.

El decreto incluyó además 3 proyectos para debatir en dicho plazo.

En primer lugar, una autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América durante el mes de abril de 2024.

El segundo proyecto de ley sustituía el Capítulo II -Defensa Nacional- del Título IV -Seguridad y Defensa- del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comunicado el 27 de diciembre de 2023.

Y, por último, un proyecto de ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Mucho ruido y pocas nueces

Cuatro comisiones se formaron en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos asignados a ese Cuerpo. Tres para la ley de Bases -Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales- y Relaciones Exteriores para tratar los acuerdos internacionales. Solo se reunió para constituirse sus autoridades.

El único proyecto del temario que abordaron las comisiones de Diputados fue el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Fueron seis reuniones informativas del plenario de comisiones, y una para dictaminar. Luego hubo una sesión que se desarrolló a lo largo de cuatro días, con el resultado por todos conocido.

En la Cámara alta avanzaron con el tratamiento del proyecto de ley de Boleta Única de Papel, que consiguieron dictaminar el 10 de enero. Pero contrariamente a lo que se esperaba no lo llevaron al recinto y perderá estado parlamentario a fin de mes. Pasa que el oficialismo no tiene el número para lograr aprobarlo con la mayoría absoluta necesaria para un proyecto de ley electoral.

El otro proyecto tratado en la Cámara alta tiene también media sanción de Diputados y si no se aprueba antes del 29 de febrero, se cae su estado parlamentario. Ya tiene dictamen desde el miércoles, y habrá que ver si se trata en el Senado esta semana o bien la siguiente. O nada.

En definitiva, muchas reuniones de comisión, sobre pocos temas; un enero intensísimo… pero solo el Senado podría quebrar la inercia de una falta de aprobación en los recintos. Se verá.

Al cierre de una semana intensa, centrada en el proyecto de ley ómnibus que finalmente se espera llegue al recinto entre el martes que viene y el jueves, el Gobierno nacional emitió este viernes el decreto 54/2024, en el que extiende hasta el 15 de febrero del presente año el período de sesiones extraordinarias.

El decreto incluye tres proyectos para debatir en dicho plazo. En primer lugar, una autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América durante el mes de abril de 2024.

El segundo proyecto de ley sustituye el Capítulo II -Defensa Nacional- del Título IV -Seguridad y Defensa- del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comunicado el 27 de diciembre de 2023.

Y por último, figura un proyecto de ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En este último caso se trata de una modificación de la ley vigente impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández el 31 el proyecto incluye de mayo de 2022, que tuvo media sanción el 19 de abril de 2023, y espera desde entonces ser tratado en el Senado de la Nación.

En cuanto al proyecto que sustituye un capítulo del proyecto de ley de Bases que por estos días el oficialismo busca dictaminar, lo curioso es precisamente que se trata de una iniciativa que modifica otra aún no aprobada. Lo que modifica abarca tres artículos: desde el 345 al 347, y refiere los ejercicios militares combinados a realizarse desde el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2025. Debe interpretarse entonces que este cambio tiene que ver con la inclusión de este nuevo ejercicio militar.

Cabe recordar que justamente el día anterior un sector del bloque radical de diputados, encabezados por el formoseño Fernando Carbajal pidieron a través de sendas cartas enviadas el presidente Javier Milei y al titular de Diputados, Martín Menem, disponer la prórroga de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2024.

El resto del temario 

Cabe recordar que el temario original presentado el 22 de diciembre del año pasado por el Gobierno nacional incluía once temas, comenzando por el proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado, que terminó siendo el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

También se incluía el proyecto para establecer la Boleta Única de Papel; el de Impuestos a Ingresos Personales” (incluiría la modificación de Ganancias); y el proyecto para autorizar al presidente a ausentarse del país durante el año 2024.

El resto consistía en convenios (con Japón, el Gran Ducado de Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía), más tratados, convenios y acuerdos internacionales, como así también acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.

No fue un buen día para La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación. Si bien finalmente pudo poner en marcha la maquinaria legislativa al comenzar a funcionar las comisiones, los resultados no fueron todo lo halagüeños que los libertarios esperaban. Esto mirando solo al Congreso. Habría que sumársele también el fallo en contra de la parte laboral incluida en el mega DNU impulsado por el Gobierno.

Fue en el Senado, donde el oficialismo pareciera tener más encaminadas las cosas legislativamente hablando, donde las extraordinarias comenzaron su andar, con la constitución e inicio del trabajo de cuatro de sus comisiones. Primero se conformaron Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, y luego se realizaron dos plenarios para comenzar por fin a tratar el temario de extraordinarias. Tres de esas cuatro comisiones están presididas por miembros del propio oficialismo. Una muestra de poder enorme, para una bancada que tiene apenas siete integrantes (en el Senado hay 27 comisiones permanentes). También una muestra de generosidad de parte de los aliados que deberían reconocer quienes mandan en La Libertad Avanza.

Para recordar un enero con reuniones de comisión en el Senado hay que remontarse a más de 20 años atrás. En rigor, es un mes de receso prácticamente total en las dos cámaras. Salvo el año pasado, por ejemplo, cuando el Gobierno de Alberto Fernández activó el Parlamento ya no para enfrentar la fenomenal crisis en marcha, sino para poner activar el juicio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, razón de ser de ese llamado a extraordinarias.

No había temas incómodos para tratar este miércoles en la Cámara alta. Un puñado de acuerdos internacionales pendientes, incluidos como relleno en el temario de once puntos de extraordinarias, y el proyecto de boleta única de papel, un tema muy caro para la oposición que está pendiente desde el 8 de junio de 2022, cuando se aprobó en la Cámara baja. Ahora, con todas las perspectivas para avanzar con la anuencia sobre todo de Juntos por el Cambio, que soñaba con este momento para desempolvar esa media sanción y convertirla en ley, el proyecto se postergó.

Fue un revés para el oficialismo, que ya había delineado un cronograma según el cual daba por hecho el dictamen para este 3 de enero y preveía su tratamiento en el recinto el jueves 11. El mismo día trataría los acuerdos internacionales, para dar una bienvenida muestra de eficacia legislativa. Habrá que esperar al menos una semana.

Tampoco tuvo suerte con los convenios bilaterales. Eran cinco, salieron tres: los convenios con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos; se postergaron los acuerdos con Japón y el Gran Ducado de Luxemburgo, que quedaron pendientes para seguir analizándolos. Nada grave, pero fue un imprevisto.

Peor fue con la boleta única de papel, cuya postergación generó el inesperado título de “revés para el oficialismo”, que debería haber dejado un sabor amargo en La Libertad Avanza y en lo que supo ser Juntos por el Cambio.

Mientras eso sucedía en el Senado, este jueves arrancan las comisiones de la Cámara baja, donde el miércoles por la noche se resolvió finalmente que sean solo tres las comisiones encargadas de debatir la mega ley ómnibus. Un proyecto que, según propios y extraños ameritaba el debate en al menos una docena de comisiones. Por razones operativas, se habló de limitar el giro a 4 comisiones; finalmente, habrá una menos. Como para generar más rispideces donde ya hay bastante de eso.

Tenía lógica que fueran solo 4 comisiones; a lo sumo podrían haber sido 5, pero hubiera resultado impracticable trabajar con más, de lo contrario deberían haber hecho las reuniones en el recinto. Pero 3 es un número demasiado acotado para un debate serio.

Tampoco resulta lógico el tiempo que se le quiere brindar al tratamiento de semejante proyecto (tiene 664 artículos, de los más diversos temas). La idea del oficialismo es llevarlo al recinto el 25 de enero. Así les pidió expresamente el presidente Javier Milei a sus diputados este miércoles en el Salón Sur de la Casa Rosada. Faltan apenas tres semanas.

Como poder, en un cuerpo político como es el Congreso, todo se puede… si se cuenta con mayorías. No las tiene La Libertad Avanza, que tiene tres veces menos diputados que la primera minoría, hoy la verdadera oposición legislativa en ambas cámaras. Al menos la más dura, con la que no podrá negociar nada.

Sí dio un paso importante el oficialismo en la designación de los integrantes de las comisiones que se formarán este jueves en Diputados. En las cuatro anunciadas el miércoles por la noche sobresale el número de diputados de Unión por la Patria, pero en ningún caso alcanzan para obstaculizar nada. Atento a lo acordado en la sesión preparatoria de diciembre del año pasado, el bloque que conduce Germán Martínez tiene prioridad en cada comisión, pero no llega en ningún caso a un número que a priori vaya a obstaculizar el destino de los dictámenes. Veamos, UP tendrá 15 diputados sobre 35 de la Comisión de Asuntos Constitucionales; 12 sobre 31 de Legislación General; 18 sobre 43 de Relaciones Exteriores y 20 de 49 que tendrá la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ni siquiera Mauricio Macri tuvo semejante beneficio en sus cuatro años de gobierno.

Es un alivio para Martín Menem y Oscar Zago haber podido encaminar el tema de la conformación de comisiones, aunque deberían recomendarle al Ejecutivo no extender la cuerda al máximo. Es una buena relación de fuerzas, si los aliados y bancadas afines no se fastidian con las medidas y los modos del presidente Milei. No es recomendable tildar de “coimeros” a los legisladores, de manera imprecisa y obviamente ofensiva. En tiempos de ajuste y malhumor social, esas imprecaciones pueden llegar a un punto en el que se les vuelvan en contra.

También deberá cuidarse el oficialismo de mantener la armonía en su seno. No son buenas señales las versiones sobre discrepancias internas que llevan al punto de sugerir una división de la bancada oficialista -que hasta ahora han logrado hacer crecer, al punto tal de convertirse en la segunda minoría-. Para saber más de ese barullo interno habrá que repasar nomás los nombres de quienes estuvieron en la reunión con el presidente el miércoles, y quiénes no.

Si bien había anticipado en campaña que en caso de ser necesario subsanaría su debilidad legislativa con la convocatoria a plebiscitos, el Gobierno de Javier Milei apeló no a esa vía al llegar al poder, sino a la del decreto. Lo hizo luego de haber anticipado que el día 11 de diciembre, un día después de asumir, convocaría al Parlamento a extraordinarias, para avanzar con un sinnúmero de modificaciones legislativas que irían en el sentido anunciado por el líder de La Libertad Avanza en la campaña.

Una decisión curiosa para el Gobierno con la minoría más extrema de la historia de la democracia argentina. Porque si algo se espera ante semejante escenario es que el Presidente sea muy cauteloso allí en el Poder Legislativo, el único ámbito donde no califica el triunfo que encumbró a Milei en la presidencia el 19 de noviembre, sino con las elecciones generales del 22 de octubre, cuando La Libertad Avanza resultó segunda, con solo el 30% de los votos.

La mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado se construyeron en base a ese resultado, razón por la cual el oficialismo cuenta apenas con 37 diputados y 7 senadores propios.

La realidad es que el Poder Ejecutivo no convocó finalmente al Congreso el 11 de diciembre a sesionar, sino que apeló a la vía del decreto para dar una muestra de poder y autoridad. Los decretos de necesidad y urgencia representan un hándicap para el gobierno de turno basado en la legislación orquestada allá por 2006 por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. “Primera ciudadana” en ese tiempo, y con la mira puesta en ser candidata presidencial el año siguiente -aunque con su esposo presidente mantuvieron la incógnita hasta el final- elaboró una ley para regir los decretos de necesidad y urgencia (la 26.122) hecha como quien piensa que va a gobernar por décadas, pues le asignaba al gobierno de turno la certeza de que muy difícilmente sus decretos podrían ser rechazados por el Congreso. Una década más tarde esa herramienta caería en manos de una administración ubicada en la vereda de enfrente, ideológicamente hablando, y así fue que Mauricio Macri apeló a los DNU, sobre todo en tiempos de receso legislativo. Pero no le fue tan favorable el tránsito de cada uno de ellos, pues varias veces ese oficialismo quedó al filo de una derrota sin precedentes.

En definitiva: a ningún gobierno el Congreso le volteó un decreto de necesidad y urgencia. Pero estamos hablando de gestiones que tuvieron mayorías al menos en una de las dos cámaras; en el caso de Cambiemos, varias veces estuvo cerca de romper ese invicto. Nada indica que a Milei le vaya a ir mejor en esa materia.

Así y todo apostó un pleno con el mega DNU anunciado el 20 de diciembre pasado, el más ambicioso que se recuerde de parte de un Gobierno. Una medida que tiene un antecedente en otro gobierno en minoría, el de Mauricio Macri, que en 2018 apeló al mismo camino para avanzar con un decreto muy ambicioso, pero no tanto como el actual. Ese mega DNU tenía 140 modificaciones de leyes y decretos, con 170 medidas agrupadas en 22 capítulos que involucraban las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. Previsiblemente ese decreto de necesidad y urgencia encontró múltiples resistencias de parte de la oposición de entonces. Y si bien consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Trámite Legislativo, el mismo día que eso sucedió, el Gobierno anunció que cambiaría el decreto por tres leyes, que aprobó con holgura.

Ese podría ser un camino viable para esta gestión, que ha recibido de parte de la oposición perteneciente a buena parte de lo que fue Juntos por el Cambio, señales respecto de que estarían dispuestos a aprobar la mayoría de las medidas incluidas en el decreto… si vinieran en forma de proyectos. No se pide uno por cada medida, aunque tampoco una ley ómnibus. Dos o tres proyectos de ley que resuman el total del DNU presentado el 20 de diciembre, de los cuales algunos podrían quedar en el camino como concesión, pero sin opacar la victoria de este Gobierno en extrema minoría.

Por el momento, no parece ser esa la idea de este oficialismo, que ya encuentra dificultades en la conformación de la Comisión de Trámite Legislativo. La misma todavía no ha sido formada y ahí el oficialismo tiene el primer escollo. La comisión debe tener 16 miembros, 8 diputados y 8 senadores. Unión por la Patria quiere la mitad de los correspondientes a cada cámara. No se los darán. Todo indica que les otorgarán tres lugares a los miembros de UP, basándose en la ley de Cristina Kirchner que establece que la conformación de esa comisión será “a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas”. Y hay consenso en el resto de los bloques para no darle al peronismo más que seis lugares.

Lo cual no es presagio de que La Libertad Avanza vaya a dominar esa comisión cuya presidencia este año le corresponde al Senado, y que reclama el radicalismo. Allí habrá al menos un representante del Pro por cada Cámara. La UCR quiere dos por el Senado y al menos uno por la Cámara baja. Como sea, el oficialismo no tiene garantizado siquiera un empate que resuelva un presidente de la bicameral afín.

El radicalismo es clave, y el flamante presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, ha manifestado su desacuerdo con el decreto. Reclama, como el resto de su partido, “una ley espejo”. Lousteau es además senador nacional. No están alineados con él todos los senadores de su bancada, pero ya adelantaron que lo que decidan será en bloque. Y la postura adelantada mayoritariamente es opuesta a aceptar que el presidente se arrogue la posibilidad de legislar.

Sin el radicalismo, ni la Coalición Cívica, ni los diputados de Cambio Federal, ni tampoco los de Innovación Federal, el decreto no tiene chances de salir en Diputados. Tampoco en el Senado, donde los senadores Camau Espínola y Edgardo Kueider, ya expresaron su rechazo al DNU. Y eso sin contar al radicalismo, que también se pronunciaría en contra.

Lo más probable es entonces que el oficialismo busque dilatar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia in eternum. Ya quedó claro que su disposición no es tratar el tema en extraordinarias, al no incluir el presidente su tratamiento para las extraordinarias convocadas el viernes pasado.

Buscarán hacer hincapié en que el peronismo gobernante archivó un centenar de DNU de Alberto Fernández que nunca tuvieron tratamiento. Hace dos años que la comisión de DNU no se reúne para tratar decretos. La última vez fue el 6 de julio de 2021. Solo hubo una reunión después el 30 de junio de 2022: duró 10 minutos y solo fue para nombrar nuevas autoridades.

Es una estrategia arriesgada. Sin contar que tarde o temprano el tema llegará a la Corte Suprema, que muy probablemente termine fallando en contra, siempre tendría en ese caso el oficialismo el riesgo de que la oposición logre reunir una mayoría que le aseste una derrota legislativa histórica. Así y todo, la orden que bajan desde lo más alto del poder vigente es no dar el brazo a torcer en la materia. Confiados en que ni el radicalismo, ni otros partidos de JxC se atreverán a formar parte de una maniobra tal perpetrada juntamente con Unión por la Patria, para asestarle semejante golpe al Gobierno de Milei.

Tal cual se había anticipado, el Poder Ejecutivo convocó este viernes por la noche a sesiones extraordinarias. Lo hizo a través de un mensaje del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que comunicó el decreto N° 76, por el cual se convoca a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para tratar once temas, entre los que figuran Ganancias (que aparece como Impuestos a Ingresos Personales, y Boleta Única de Papel.

Las mismas han sido convocadas a partir del martes 26 de diciembre próximo, hasta el 31 de enero de 2024.

A continuación, el detalle de los proyectos a analizar en extraordinarias:

1) Proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado.

2) Proyecto de ley modificatorio de su similar N° 19.945 respecto de establecer la Boleta Única de Papel (Exp. Senado 4-CD-22).

3) Proyecto de “Ley de Impuestos a Ingresos Personales”

4) Proyecto de Ley por el cual se solicita autorización para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024, cuando razones de gobierno lo requieran.

5) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y Japón para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019 (Msje. 230/19).

6) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 13 de abril de 2019 (Msje. 120/19).

7) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2018 (Msje. 99/19).

8) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, suscripto en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 16 de abril de 2018 (Msje. 133/19).

9) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición en Materia de Tributos sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° de diciembre de 2018 (Msje. 98/19).

10) Consideración de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales.

11) Consideración de Acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.

Tras ganar el balotaje casi tres semanas atrás, el presidente Javier Milei, había anunciado que convocaría a sesiones extraordinarias inmediatamente después de asumir, pero a cuatro días de su jura como jefe de Estado, ese deseo se diluye y el envío de proyectos de ley sería ahora para enero, con el arranque del año.

Incluso, a 96 horas de su llegada a la Casa Rosada, no quedan claro aún las leyes por las que Milei le pedirá al Parlamento una pronta sanción. Y cada día se disipa más la idea original de una ley "ómnibus", es decir un mega paquete de leyes contenido en un solo texto.

Los proyectos esbozados en ese lapso serían la nueva modificación en Ganancias la eliminación del pago para la cuarta categoría, que significó un 1% del PBI, según datos proporcionados en ese entonces por el Ministerio de Economía.

Ese beneficio para un sector de los trabajadores afectó la coparticipación de recursos hacia las provincias, que vieron disminuidos sus ingresos en el Tesoro, y ahora reclaman ese ingreso a sus arcas.

No haría falta modificar nada del tema exención del IVA, pues ese proyecto quedó solo con media sanción de Diputados.

Otro proyecto que iría en primera fila al Congreso sería el de modificar la movilidad jubilatoria, es decir el esquema de pagos a los jubilados y pensionados, modificado por el expresidente Alberto Fernández al inicio de su gestión, y lo propio había hecho el expresidente Mauricio Macri.

El propósito del ministro de Economía, Luis Caputo, es fijar los aumentos por decreto.

Este miércoles, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sumó otro tema posible para debatir en el Congreso: la derogación de las elecciones PASO, bajo el fundamento de bajar el "gasto de la política", y modificar el sistema de elección, dejar el tradicional, de boleta de papel, e ir hacia la boleta única de papel o  electrónica.

El electo presidente liberal, Javier Milei, ya anunció que llamará a sesiones extraordinarias luego de asumir el 10 de diciembre a fin de avanzar con las leyes y algunos diputados comenzaron a plantear qué proyectos deberían tratarse en ese período.

La diputada del Pro Sabrina Ajmechet propuso a través de su red social “X” que “hay un tema de reforma política que no debería faltar en el paquete de extraordinarias: BOLETA ÚNICA”.

Así, recordó que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2022 votación que resultó con 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, pero la iniciativa quedó encajonada por el oficialismo en el Senado. Por ello, Ajmechet sostuvo que “es obligar al Senado que lo trate y sea ley. No hay nada más importante que podamos hacer para que el voto de cada ciudadano cuente”.

“Después, por supuesto que todo cambiaría con FICHA LIMPIA. Y, en términos personales, me parece bien estudiar la eliminación de la obligatoriedad de las PASO, lleva al país a estar sometido a perder el año por el proceso electoral”, manifestó la diputada del Pro, respecto de la confirmación desde La Libertad Avanza de eliminar las elecciones PASO.

El ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y diputado nacional Daniel Arroyo (FdT) se refirió al anuncio que el electo presidente, Javier Milei (LLA), hizo respecto del funcionamiento del Congreso de la Nación y afirmó: “Me parece bien que convoque extraordinarias”. Por otro lado, hizo un mea culpa de la gestión oficialista estos últimos cuatro años: “Este gobierno llegó para llenar la heladera y recuperar ingresos, y eso no sucedió”.

En declaraciones por Radio Continental, Arroyo expresó: “Me parece muy bien que el presidente convoque a extraordinarias. Entiendo que hay un cambio estructural que quiere hacer y eso se debe hacer por ley y no por decreto y eso me parece positivo que convoque a partir del 11 de diciembre a extraordinarias”.

“Veremos los proyectos o ideas, por ahora son solo palabras. Yo conceptualmente estoy lejos de las ideas y políticas que está pregonando este nuevo gobierno, pero tenemos que esperar. El día 10 asume y supongo que ahí convocará a extraordinarias y veremos qué proyectos presenta”, adelantó.

Para Arroyo: “Estamos en una emergencia alimentaria muy clara de gente que no llega a fin de mes y se eso se vio reflejado electoralmente y eso en la administración pública es un problema práctico que tienen que gestionar y reordenar la asistencia social. La emergencia en términos de administración pública le da la posibilidad de ordenar las partidas presupuestarias”.

“Yo entiendo que Milei va a enviar un Presupuesto y que dentro de ese Presupuesto va a enviar proyectos de ley para reformar esas áreas del Estado de esquemas económicos y dentro de eso la emergencia alimentaria. Es algo que creo va a hacer el nuevo gobierno y cualquier gobierno debería hacer”, analizó.

En tanto, el diputado oficialista manifestó que “la idea de ‘todo al Estado a lo bestia y cada uno se arregle’ estoy muy lejos de eso, si los proyectos de ley van en esa línea claramente estoy muy lejos de eso. Creo que tenemos que ver qué proyectos e ideas presenta el gobierno, pero en términos generales todo lo que viene planteando es muy lejos de las reformas y cambios estructurales que creo que se deban hacer”.

Por otro lado, reflexionó respecto de la gestión de Alberto Fernández y cuestionó: “Este gobierno llegó para llenar la heladera, para mejorar la situación social, para recuperar ingresos, y eso no sucedió. En términos generales la elección fue entre continuidad y cambio, una parte quería continuar y una parte muy mayoritaria de la Argentina dijo ‘esto no va más’. No me refiero solo a los más pobres, sino a la gran parte de la población que siente un agobio muy grande y buscó otra expresión electoral. Todo ese conjunto de gente que está complicada, las PyMes que están tapadas en impuestos, el laburante que la rema todos los días, buscó otra opción y eso es legítimo”.

En materia económica, Arroyo planteó: “Tiene que haber más mercado, más competencia, más desarrollo y actividad económico y un Estado mejor que preste los servicios necesarios y correctamente. Eso es inversiones y desarrollo de trabajo”, y remarcó. "Tiene que haber más transparencia en el Estado, organismos de control eso es positivo y hacen al ordenamiento de la democracia”.

Al ser consultado por la denuncia hacia el ministro de Economía y excandidato presidente, Sergio Massa, respecto del dinero que dispuso para su campaña, Arroyo desconoció la presentación: “No conozco de los gastos de campaña. No lo sé sinceramente. La rendición de gastos de campaña no lo hizo ningún partido político”.

“Lo más razonable es que el Gobierno envíe un nuevo Presupuesto”, aseguró.

Sobre el préstamo en yuanes que hizo China a la Argentina, el diputado oficialista aseguró que “fue para reforzar reservas en un momento complejo y para pagarle parte al FMI. No leí la letra chica del intercambio con China, es un acuerdo que hizo Economía yo no tengo conocimiento de detalle”.

Por último, confirmó que este miércoles 29 de noviembre se llevará a cabo la Asamblea Legislativa para ratificar el resultado del balotaje: “Nos reunimos senadores y diputados para formalizar el resultado del balotaje. El día 7 se eligen diputados y las nuevas autoridades y corresponde al nuevo gobierno la elección del presidente de la Cámara”.

Por José Angel Di Mauro

El período de sesiones extraordinarios es el que utiliza el gobierno de turno para avanzar con proyectos elegidos por el Poder Ejecutivo, entre el 1 de diciembre y el último día de febrero del año siguiente. Son habitualmente utilizados para tratar temas que el presidente considera urgentes. El mandatario de turno tampoco está obligado a convocarlos.

El de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras en casi cien años. Por eso, en su primer año el Ejecutivo no convocó a sesionar en el mes de diciembre. Fue a instancias del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que le recomendó al Gobierno no llamar a sesiones extraordinarias hasta tanto no tuviera certeza con los números.

Recordemos que cuando esa gestión arrancó, el oficialismo tenía 87 diputados nacionales y el Frente para la Victoria tenía diez más y era primera minoría. Pero durante el verano hubo desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría en Diputados. Pero le faltaban 42 diputados para el quórum… Y ni qué decir del Senado, donde la relación de fuerzas era extrema: apenas 15 senadores de Cambiemos, contra 39 del PJ-FpV.

Es la razón por la cual ese primer año de gestión Macri terminó convocando tan solo al Senado, para tratar una serie de pliegos de militares, embajadores y dar ingreso a los de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, nombrados originalmente por decreto, en una medida polémica que prontamente se corrigió.

El de Alberto Fernández es un gobierno que tampoco tiene mayoría en Diputados -sí la tenía en el Senado-, pero así y todo no tomó recaudos con relación a los períodos extraordinarios, que convocó siempre, con un amplio temario so riesgo de fracasar con el mismo. Y es lo que sucedió rotundamente los dos últimos años, pero en la primera mitad no le fue mejor.

Pruebas al canto, en el primer año de gestión, Fernández envió 11 iniciativas y solo le aprobaron 5. Fue su mejor año.

En 2021, armó un amplísimo temario de 25 temas, de los cuales solo 4 terminaron aprobados por ambas cámaras.

2022 fue un papelón: el presidente mandó 18 temas y ninguno se trató en alguno de los recintos, ni siquiera en una comisión.

El período extraordinario que acaba de concluir salió del cero el último día de febrero, cuando faltando tres minutos para que venciera el plazo del quórum, pudo reunir 129 diputados y arrancar así una sesión en la que se convirtieron en ley dos proyectos.

En resumen, de los 82 temas enviados por Alberto F en los cuatro años de períodos extraordinarios, solo fueron ley 11. Solo el 13,4% de los proyectos que envió el presidente terminaron aprobados en ese tiempo.

No quiere decir que ese casi centenar de iniciativas no hayan tenido tratamiento más tarde; solo nos circunscribimos a los períodos extraordinarios, a lo que habrá que agregar otro dato no menor: en muchos casos los proyectos pedidos nunca llegaron al Congreso.

Pareciera una costumbre del presidente Fernández la de llenar los veranos con anuncios que luego no se trasladan a los recintos. Una constante que excedió los períodos de extraordinarias. Un estilo poco favorable de mandar muchos proyectos al Congreso desentendiéndose de si son temas que pueden o no avanzar luego.

En general, los ejecutivos optan por mandar al período extraordinario temas que necesitan, pero que sobre todo consideran aprobables.

Pareciera ser que el presidente busca mostrar una gran actividad en el Parlamento, con las baterías de proyectos que suele elaborar. Pero en general, como se ve, todo queda para las ordinarias.

Está también el hecho de que muchos de los temas terminaron formando parte de extraordinarias varias veces, como el proyecto de ley Agrobioindustrial que figuró en dos y perdió estado parlamentario.

A continuación, haremos un recorrido por los cuatro años de la gestión Fernández.

La experiencia del primer año

Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.

En esa convocatoria inicial incluyó solo 3 temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.

Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.

Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.

Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.

Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.

Sin mayores precisiones se especulaba con incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.

En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.

El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.

Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.

El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.

El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.

El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.

El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Macri. Por ejemplo la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, y pliegos de jueces y fiscales.

Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.

El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.

Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y solo se aprobó en el Senado.

En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.

Las siguientes extraordinarias

El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.

Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.

A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros 7 temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos. Diez de esos temas fueron tratados en la extensión de ordinarias.

El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.

Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.

Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.

Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.

Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorizara los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.

Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.

Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.

No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.

También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.

Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.

Cien por ciento de negatividad

El tercer año de la gestión del Frente de Todos vino absolutamente mal barajado. Fue ese año electoral el que el Gobierno retrasó de manera extrema la presentación del Presupuesto 2022, que el ministro de Economía Martín Guzmán recién fue a defender a la Cámara baja el 13 de diciembre. Con la intención ambiciosa de conseguir la aprobación de esa ley de leyes en una semana.

El período ordinario había sido extendido hasta fines de diciembre y se sabe cómo terminó eso: el debate del Presupuesto arrancó el 16 de diciembre y terminó de manera intempestiva y con rechazo en la mañana del día siguiente.

Previamente el oficialismo había sufrido una primera derrota, al imponer la oposición una moción para tratar Bienes Personales el martes venidero. Sin embargo el oficialismo terminó revirtiendo al menos esa derrota y aprobó un texto deseado por el oficialismo.

Fiel a su estilo, el Gobierno se pasó el mes de enero de 2022 anunciando que convocarían a extraordinarias para el primer mes del año. Hablaban del tratamiento de un Plan Plurianual que nunca se plasmó en realidad y ponían el 24 de enero como fecha probable, pero finalmente lo postergaron hasta el 1 de febrero. Y la convocatoria se hizo el 25 de enero, con un temario de 18 proyectos que incluían el Consenso Fiscal, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.

Pero pasaron cosas. El último día de enero renunció nada menos que el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, y todo el mes de febrero estuvo signado por el tratamiento o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que de hecho había generado la renuncia del hijo de los Kirchner.

Lo cierto es que por primera vez desde 2009, el verano culminó sin que se hubiera realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. El fracaso de esas extraordinarias debió atribuirse a: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.

El cuarto y último año

En diciembre de 2022 hubo prórroga de ordinarias, pero no le fue bien al oficialismo. Intentó hacer dos sesiones y una se frenó por un escándalo generado por una oposición que reclamaba que el quórum se había logrado fuera de hora, y después hubo otra donde directamente no se alcanzó a tener las 129 voluntades para poder arrancar la sesión.

Así llegamos al mes de enero, en cuyo primer día el presidente anunció la intención de enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema. Para eso necesitaba convocar a extraordinarias y eso hizo el 12 de enero, con un temario de 27 temas, al que más tarde le agregó la ley Lucio, con media sanción de Diputados.

El 16 de enero oficializó la convocatoria, que por supuesto incluía el enjuiciamiento de los miembros de la Corte, e iniciativas congeladas como la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte Suprema y la designación del Procurador general de la Nación.

Pero esta vez no quedó en cero porque Diputados sesionó el último día de febrero para tratar el Plan de Pagos de Deudas Previsionales y la creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina.

Solo dos proyectos sobre 28 temas. O 35, si consideramos que la creación de universidades se desdobla en 8 proyectos individuales. Un balance por cierto deficitario de un Gobierno incapaz de entender que exhibir sus dificultades para conseguir leyes no hace más que exponer sus carencias.

EXTRAORDINARIAS 2020	APROBADAS	NO TRATADAS
Ley ómnibus de emergencias	x
Consenso Fiscal	x
Jubilaciones de jueces y diplomáticos	x
Reforma Judicial		x
Consejo Económico y Social		x
Ley de Hidrocarburos		x
Sostenibilidad de la deuda	x
Ley de Góndolas	x
Designación de la defensora del Niño		x
Economía del Conocimiento		x
Capitales alternas		x

EXTRAORDINARIAS 2021	APROBADAS	NO TRATADAS
Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes		x
Presupuestos mínimos para la educación ambiental		x
Biocombustibles		x
Sostenibilidad de la deuda pública	x
Incentivo a la construcción privada	x
Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología	x
Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan	x
Reforma judicial		x
Ministerio Público		x
Consenso Fiscal 2020		x
Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia		x
Suba del mínimo no imponible de Ganancias		x
Etiquetado frontal de alimentos		x
Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos		x
Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario		x
Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos		x
Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte		x
Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos		x
Suspensión de la inscripción de las SAS		x
Reactivación de la obra pública para vivienda		x
Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas		x
Código Procesal Penal Federal		x
Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea		x
Suspensión de las PASO		x

EXTRAORDINARIAS 2022	APROBADAS	NO TRATADAS
Consenso Fiscal		x
Consejo de la Magistratura		x
Parque y Reserva Nacional Ansenuza		x
Parque y Reserva Nacional Islote Lobos		x
Respuesta integral al VIH		x
Marco regulatorio del cannabis		x
Promoción de la Electromovilidad		x
Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz		x
Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal		x
Compre Argentino		x
Régimen de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda		x
Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería		x
Tratamiento de acuerdos		x
Transferencias de inmuebles		x
Creación de la Universidad Nacional del Delta		x
Creación de la Universidad Nacional de Pilar		x
Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana		x
Creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”		x

 

EXTRAORDINARIAS 2023	APROBADAS	NO TRATADAS
Alcohol Cero		x
Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud		x
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030		x
Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica		x
Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad		x
Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios		x
Designación del Procurador General de la Nación		x
Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado		x
Modificaciones en la prevención y represión del Lavado de Activos		x
Ampliación de la Corte Suprema de Justicia		x
Consejo de la Magistratura		x
Creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar		x
Creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”		x
Régimen Previsional Diferencial para combatientes de incendios forestales		x
Plan de Pago de Deuda Previsional	x
Creación de 8 universidades nacionales		x
Desarrollo Agroindustrial Federal		x
Modificación de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana		x
Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down		x
Informatización y Digitalización de Historias Clínicas	x
Modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos		x
Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.		x
Promoción de nuevas energías		x
Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia		x
Permiso para el presidente para ausentarse del país		x
Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional		x
Monotributo Tech		x
Ley Lucio		x

              

Habemus sesión. A las 10.57 el oficialismo consiguió sentar al número suficiente de diputados en sus bancas, de modo tal de poder volver a sesionar con normalidad, a poco más de tres meses de la última vez que eso sucedió.

A las 10.57 el oficialismo en su conjunto estalló en aplausos y la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, se anotó una victoria al conseguir el quórum por el que trabajó intensamente en las últimas semanas. De hecho, la cosa venía complicada por atrasos en los vuelos. Desde Juntos por el Cambio no aceptaron además una postergación del horario previsto originalmente.

Previo al debate; Moreau presentó oficialmente al nuevo Secretario General de la Cámara baja Francis Mollo, que fue recibido con aplausos y reconocimiento de todos los bloques.

En efecto, el 24 de noviembre de 2022 fue la última vez que la Cámara baja pudo desarrollar una sesión sin mayores problemas. Después vinieron la fallida sesión preparatoria del 1 de diciembre, que se cayó por falta de quórum y minutos más tardes la bochornosa reunión que terminó en escándalo y cuyo quórum fue puesto en duda por Juntos por el Cambio. Hubo tres semanas más tarde, el 21 de diciembre un último intento fallido, luego la convocatoria a extraordinarias.

Y antes de que se venciera el plazo para ese período en el que se tratan solo los temas que propone el Poder Ejecutivo, Diputados pudo romper el cero -cosa que no sucedió en el Senado-. En esta sesión se debaten solo dos temas de los 28 que mandó el presidente al Congreso: el plan de pago para deudas previsionales y el proyecto sobre historias clínicas digitales.

Recordando que JxC mantiene su decisión de no colaborar para el quórum mientras persista la ofensiva judicial del oficialismo contra los miembros de la Corte, para poder sesionar el oficialismo contó con la colaboración de sus aliados habituales, la izquierda y un sector del interbloque Federal.

En la reunión de Labor Parlamentaria acordaron establecer 12 cuestiones de privilegio; 3 homenajes, y 2 pedidos de apartamientos. Respecto de los temas a tratar propiamente dicho, habrá 50 oradores sobre el plan de pago de deuda previsional y una decían para historias clínicas.

El primero de los temas a tratar es el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación.

La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.

Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.

La iniciativa establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

El segundo punto del temario es un proyecto de creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, que salió del Senado en noviembre de 2020 y en caso de no ser tratado caería con el inicio de un nuevo período legislativo.

Tal cual habíamos destacado, el Senado no entró aún en “modo extraordinarias”. No lo hizo en enero, como sí arrancó Diputados, ni tampoco hasta ahora se pusieron en marcha las comisiones siquiera. Salvo una, la de Salud, que este jueves trató el tema de las residencias médicas, aunque todo indica que a pesar de tratarse de un proyecto incluido en extraordinarias, quedará para las ordinarias.

Pero la Cámara alta no pasará febrero sin sesionar. Tendrá, como indica el reglamento, su sesión preparatoria la próxima semana, y el mismo día, a continuación, habrá una sesión, según pudo saber parlamentario.com.

Todo será el jueves 23 de febrero. Arrancarán con la sesión preparatoria, en la que serán reelegidas todas las autoridades actuales, a saber: Claudia Ledesma Abdala seguirá como presidenta provisional; Carolina Losada vicepresidenta; Maurice Closs vicepresidente primero y Guadalupe Tagliaferri vice segunda.

A continuación, habría una sesión, con lo que la Cámara alta cumplirá con su cuota “extraordinaria”. El potencial tiene que ver con el hecho de que todavía no ha sido oficializada, pero las fuentes consultadas la dieron por hecho. Como así también que, como la sesión prevista en Diputados para el último día de febrero, será “corta”.

Esto es, habrá solo dos temas a tratar -igual que en Diputados-: Alcohol Cero y la Ley Lucio. Ambos proyectos tienen dictamen. En el caso del primero, lo consiguió el 1 de diciembre, con vistas a darle tratamiento antes de fin de año, pero recordemos que al final la Cámara alta no alcanzó a tener una última sesión. Para esa iniciativa que modifica el artículo 48 de la Ley 24.449 reduciendo de 0,5 gramos a 0 el grado de alcohol en sangre permitido a los conductores, los familiares de víctimas les habían pedido a los senadores apurar el tratamiento antes de las fiestas de fin de año, pero no pudo ser.

Dos días antes, el 29 de noviembre, un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano había dado dictamen al proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy.  

Ahora, con la condena fresca a las autoras del asesinato de ese niño pampeano, la aprobación de esa ley le pondrá al tema el broche del Congreso.

Según dijeron a parlamentario.com desde la bancada que conduce Alfredo Cornejo, los senadores de Juntos por el Cambio bajarán al recinto para la sesión preparatoria, pero no darán quórum en la siguiente reunión ya que el temario no fue acordado con ellos y, además, mantendrán la postura que determinó la Mesa Nacional. Así las cosas, el oficialismo deberá asegurarse para ese día tener sentados a todos los miembros de su interbloque y al menos dos de sus tres aliados. Con asistencia perfecta, los números los tiene.

Dispuesto a evitar que le suceda lo del año pasado, en el que el período de sesiones extraordinarias convocada por Alberto Fernández pasó sin pena ni gloria -esto es, sin sesiones ni tampoco tratamiento alguno de alguno de los proyectos en las comisiones-, el oficialismo convocó a sesionar el último día de febrero.

Lo hizo, tal cual se anticipaba, con una sesión “corta”, más que lo que se estimaba: apenas dos temas puestos a consideración. La propuesta es tratar el Plan de Pago de Deuda Previsional, como así también el proyecto de digitalización de las historias clínicas en todo el país.

La moratoria previsional fue una cuestión en la que el oficialismo machacó durante todo el verano, a sabiendas de que su no aprobación impide a miles de personas sin la cantidad suficiente de años aportados poder acceder a una jubilación. En tanto que el Programa Federal Unico de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas es un proyecto que en caso de no ser tratado ese día, perderá estado parlamentario, según confió a parlamentario.com una fuente consultada. Ese proyecto fue aprobado en el Senado el 30 de noviembre de 2020.

El pedido de sesión fue suscripto este jueves por los diputados Germán Martínez, Paula Penacca, Daniel Arroyo, Rossana Chahla, Daniel Gollán, Ricardo Herrera, Gisela Marziotta, María Luisa Montoto, Marisa Uceda y Paola Vessvessian.

La pregunta del millón es de dónde el oficialismo pretende conseguir el quórum para sesionar, habida cuenta de que Juntos por el Cambio ya anticipó que no se sentará en sus bancas para dar quórum nunca, en tanto y en cuanto se mantenga la embestida oficial contra la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político.

Según pudo saber este medio, el Frente de Todos deberá asegurarse la presencia de sus 118 diputados -a la última sesión fallida le faltó el oficialista santafesino Roberto Mirabella-, los cuatro diputados de la izquierda y otros tantos de Provincias Unidas. Probablemente estén también el neuquino Rolando Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal, pero los 129 necesarios solo se superarán con la presencia de algunos diputados del interbloque Federal. Según pudo saberse, probablemente la mitad de sus 8 integrantes podrían llegar a aportar su presencia en esa sesión.

Cabe recordar que la diputada nacional Graciela Camaño ha mostrado su disposición a “no paralizar el Congreso”. Los socialistas también podrían sumarse habida cuenta de que la titular de esa bancada es Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud y promotora de la aprobación de la digitalización de las historias clínicas.

Ya sucedió en 2022, así que no sería novedad que este período extraordinario transcurriera sin lograr abrir los recintos. No es lo que se espera en el Senado, donde se supone que habrá al menos una sesión para tratar algunos de los temas enviados por el Ejecutivo, que podrían tratarse allí sin mayores inconvenientes a pesar de la renuencia anunciada por Juntos por el Cambio a no dar quórum en ninguna de las dos cámaras mientras el Gobierno persista en avanzar con el juicio a los miembros de la Corte Suprema.

Pero la verdad es que transcurridas ya varias semanas de este período extraordinario, en la Cámara alta sigue sin haber señales sobre cuándo podrían llegar a reunirse. Y no ha habido allí hasta ahora siquiera una convocatoria a reunir alguna comisión.

Pero toda la atención está puesta en la Cámara baja, donde al oficialismo no le alcanza para el quórum y encuentra renuencia en la oposición ajena a Juntos por el Cambio para sumar la cantidad de diputados necesarios para llegar a 129.

La noticia que se conoció sobre el cierre de la semana pasada es que el oficialismo tiene confianza en poder sesionar antes de que termine febrero y en eso está trabajando. Exento de triunfalismo, no piensa en que eso suceda esta semana, pero está abocado a reunir las condiciones para conseguirlo la semana siguiente. Esto es, bien sobre el filo del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Con ese objetivo se trabaja bajo la premisa de tratar un puñado reducido de temas, usando como punta de lanza el plan de pago para deuda previsional, ese sobre el cual viene machacando el Gobierno endilgándole culpas a la oposición por no permitir que miles de personas puedan jubilarse.

De las 28 propuestas incluidas en el temario elaborado por el Poder Ejecutivo, quedarían excluidas todas las cuestiones más ríspidas: ni pensar en el proyecto para modificar la ley del Consejo de la Magistratura, ni la ampliación de la Corte Suprema que cuentan con sendas medias sanciones del Senado. Ni siquiera estarían los proyectos que más le interesan al ministro de Economía, Sergio Massa, como el Agrobioindustrial, el blanqueo de capitales o el referido a la prevención y represión del lavado de activos, pues ninguno tiene dictamen siquiera.

La idea sería incluir temas como la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, que tuvo dictamen a fines de enero; el Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas.

Y también los proyectos relacionados con la salud, tales como el proyecto que modifica la Ley de Sangre Humana; el tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down; y el que crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina.

Habida cuenta de que la presidenta de la Comisión de Salud y quien ha trabajado mucho por lo tanto en esos temas es la socialista Mónica Fein, el oficialismo confía en lograr con esos tres últimos proyectos doblegar las resistencias del interbloque Federal, clave para conseguir las presencias que le faltan al FdT para abrir cualquier sesión.

Debe saber el Gobierno que en el interbloque que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez también están de acuerdo con la moratoria previsional, pero la realidad es que si bien en ese espacio hay voces que se han pronunciado en contra de paralizar el Congreso, persisten allí resistencias respecto del temario general incluido en extraordinarias. Más allá de que le siguen reprochando al oficialismo no haber consensuado un temario para tratar en este período, dadas las circunstancias complejas de la relación entre oficialismo y oposición en Diputados, debería el Frente de Todos dar muchísimas garantías de que una eventual sesión se mantendrá dentro de los carriles pactados. Y la realidad es que hasta el momento esa negociación no ha comenzado.

Si bien en las últimas horas comenzaron a circular nuevamente versiones sobre una eventual sesión en la Cámara baja para la próxima semana, no hay señales concretas de que la situación imperante se haya destrabado.

La realidad es que el Frente de Todos ha conseguido poner en marcha las comisiones para atender el temario de extraordinarias enviado por el Poder Ejecutivo, más no hay visos de que eso pueda traducirse en una apertura del recinto, en tanto y en cuanto se mantiene la decisión de Juntos por el Cambio de no prestar quórum a ningún tema mientras el oficialismo mantenga su decisión de avanzar con el enjuiciamiento de los integrantes de la Corte Suprema.

La realidad es que con los aliados habituales no le alcanza al Frente de Todos para abrir las sesiones. A los 118 diputados con que cuenta el oficialismo puede sumar a los 4 de Provincias Unidas; suele contar con Claudio Vidal (SER); también con el diputado del MPN, y eventualmente con los 4 diputados de la izquierda, que se sentarían si se les propone hacerlo para votar la moratoria previsional y la creación de universidades, por ejemplo.

Si todos esos estuvieran sentados, le faltaría al oficialismo un diputado para conseguir el quórum.

Sí o sí necesitan contar al menos con parte del interbloque Federal (8 diputados), donde han dicho que no bajarán a dar quórum hasta tanto no se pongan de acuerdo en sesionar el Frente de Todos y la principal oposición.

Ahora bien, ¿es homogénea esa postura? Surgieron dudas cuando la diputada Graciela Camaño aclaró que no iban a “paralizar el Congreso”.

La moratoria previsional

El amplio temario enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incluye algunos tendientes a poner incómoda a la oposición por su rechazo a sentarse a tratarlos. En primer lugar figura el plan de pago de deuda previsional, y en ese sentido es que desde el oficialismo se insiste en endilgarle a la oposición que por su culpa, miles de personas no pueden acceder a la jubilación.

¿Puede ese tema convertirse en el llamador que active una modificación en la conducta de los integrantes del interbloque Federal? La realidad es que en su momento, Alejandro “Topo” Rodríguez firmó el dictamen, acompañando con una disidencia que ya fue aclara entre las partes. Tampoco Graciela Camaño ha mostrado objeciones al tema y los cordobeses están de acuerdo, como ya lo demostró el voto en el Senado de Alejandra Vigo. Similar actitud se espera de parte de los socialistas. Todo lo cual debería abonar el optimismo oficialista en que ese sector pueda acompañar al menos esa ley.

De hecho, esos diputados estuvieron sentados inicialmente en sus bancas en diciembre pasado en aquella sesión que terminó de manera escandalosa y en la que oficialismo y oposición cerca estuvieron de irse a las manos. Para la sesión siguiente ya no buscó el oficialismo el apoyo de ese interbloque, sino que trabajaron el quórum con una parte de Evolución Radical, a partir del tratamiento de la creación de universidades. Sin embargo esos diputados de JxC terminaron no dando quórum, y la sesión se cayó.

Pero no fue solo la oposición la que estuvo ausente esa vez. También faltó ese 21 de diciembre el diputado oficialista Roberto Mirabella, quien se mostró molesto entonces con su bancada por la agenda parlamentaria. “Estamos cansados de que la agenda sean solo los problemas de Buenos Aires, cuando nuestras prioridades acá son otras”, dijo tras esa sesión fallida.

El temario posterior anunciado por el Poder Ejecutivo generó inquietud en la oposición en su conjunto, pues incluyó proyectos de carácter institucional que despiertan recelo ya no solo en JxC, sino en otras bancadas opositoras. “Al poner en el temario proyectos de carácter institucional, se han complicado la vida”, dijo a parlamentario.com un legislador en referencia al oficialismo.

Esas prevenciones tienen que ver con la posibilidad de que en una sesión que incluya la moratoria previsional pueda sumarse eventualmente, por ejemplo, la ampliación de la Corte Suprema, para cuya aprobación no necesitaría ni siquiera 129 votos.

El tratamiento de cualquier tema “imprevisto” puede ser habilitado por los dos tercios de los presentes. Si el oficialismo lo tuviera, en cualquier momento de una sesión, podría ponerse la cámara en comisión y tratar uno de los temas controvertidos incluidos en estas extraordinarias. “No hay ninguna posibilidad de que actuemos de esa manera”, aclaró enfáticamente ante este medio una fuente oficialista consultada. Sin embargo esas prevenciones son expresadas por miembros de la oposición y no necesariamente de JxC.

De tal manera, una eventual sesión necesitaría un temario absolutamente acordado y un compromiso de que “no haya sorpresas”.

Escrache a diputados

En contra de apaciguar los ánimos opera una campaña de escrache que se está registrando en las delegaciones y locales de la ANSeS de todo el país. En los mismos aparecen carteles con la cara de todos los legisladores de la oposición y esta leyenda: “Buscalos. Pueden ser tus vecinos. Legislan para un pueblo que odian”.

“El escrache es una práctica repudiable que con el tono amenazante ‘Buscalos’ solo alimenta a la violencia”, se quejó el diputado socialista Enrique Estévez.

Ante el escrache impulsado por el @secasfpi me parece importante aclarar algunos puntos fundamentales.

Todos los Gobiernos impulsaron diferentes moratorias sin solucionar el problema, un mercado de trabajo que no garantiza los derechos de la mayoria de los trabajadores. pic.twitter.com/lVCyEhyCSJ

— Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) February 6, 2023

En esos carteles han sumado incluso al neuquino Rolando Figueroa, que como hemos dicho muchas veces es aliado del oficialismo. Excluyen en cambio a los diputados de Provincias Unidas y “tampoco está el diputado Mirabella, que no estuvo en esa última sesión”, alertó un legislador opositor que estaría dispuesto a votar el plan de pago de deuda previsional.

Aprovechemos este afiche fascista y mentiroso para hablar de jubilaciones.
Argentina necesita reformar su sistema de pensiones con una perspectiva sustentable y equilibrada basada en calculo actuarial.
Breve hilo https://t.co/GdEofqE6PR

— Martin Tetaz (@martintetaz) February 3, 2023

La citada campaña es realizada por uno de los sindicatos de la ANSeS, pero ese organismo es considerado por los diputados corresponsable, por haber autorizado las pegatinas.

Tampoco ayudó a aplacar ánimos el ataque en el inicio del debate del juicio político a la Corte del diputado oficialista Rodolfo Tailhade al presidente del interbloque Federal, “Topo” Rodríguez, lo que pone duda que con esos antecedentes pueda generarse un diálogo que habilite a los legisladores propensos a acompañar a hacerlo.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, incluyó el proyecto sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes, también conocido como “ley Lucio” en el temario de sesiones extraordinarias. La novedad fue incluida en el Boletín Oficial a publicarse este jueves 25 de enero, pero la encargada de oficializar su inclusión fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que lo anunció a través de las redes sociales.

El Presidente @alferdez me acaba de comunicar que, cumpliendo con el compromiso asumido con los familiares de Lucio Dupuy, tomó la decisión de ampliar el temario de extraordinarias e incorporará el proyecto. #LeyLucioYa https://t.co/rdp90ZjAdi

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) January 26, 2023

Allí señaló que el presidente Fernández le acababa de comunicar que “cumpliendo con el compromiso asumido con los familiares de Lucio Dupuy, tomó la decisión de ampliar el temario de extraordinarias e incorporará el proyecto”.

En efecto, el propio abuelo de Lucio había comunicado días pasado que lo había llamado el presidente de la Nación para disculparse e informarle que trataría de “ampliar el temario”, pues ese proyecto había sido omitido en el decreto original del Poder Ejecutivo.

Así se lo había solicitado la propia Moreau a través de una nota enviada al presidente para que tuviera a bien “incorporar en el temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de la ley que tiene por objeto la creación del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Además, Moreau remarcaba que dicha iniciativa fue aprobada en la Cámara que preside por unanimidad y, a través de ella, “se genera una política de Estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.

“Entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”, concluía el pedido la legisladora massista.

El proyecto obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.

De cara al inicio del debate sobre del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el bloque de Diputados del Frente de Todos mantuvo una reunión este miércoles en el que le pidieron a la principal bancada opositora que tenga “responsabilidad política, institución y cooperación” para tratar el temario de extraordinarias.

A través de un comunicado, los oficialistas expresaron que los integrantes del oficialismo que “tenemos la responsabilidad de ser autoridades (presidentes y vicepresidentes) de las comisiones intervinientes en el tratamiento del temario de Sesiones Extraordinarias trabajaremos en cada una de nuestras comisiones para el tratamiento de los temas propuestos por el presidente de la Nación para las Sesiones Extraordinarias”.

En ese sentido, consideraron “imprescindible el tratamiento– en comisiones y en el recinto – de temas que hacen al desarrollo económico y productivo; la generación de empleo; el impulso a las economías regionales; el desarrollo de inversiones energéticas; la planificación de la ciencia y tecnología; la inclusión jubilatoria; la creación de nuevas universidades; la mejora en el acceso al derecho a la salud; la prevención del lavado de activos; la creación de áreas protegidas; y el fortalecimiento del funcionamiento del poder judicial, en sus distintos estamentos”.

“En línea con lo hecho esta semana en la Comisión de Recursos Naturales y de Juicio Político, convocaremos a las comisiones que el Frente de Todos preside para avanzar en el correspondiente dictamen de cada tema que aún no cuenta con Orden del Día”, informaron tal como lo había adelantado días atrás el jefe de la bancada, Germán Martínez.

Además, solicitaron “de acuerdo al Reglamento de nuestra cámara, que las y los presidentes de comisiones de Juntos por el Cambio - involucrados en el tratamiento de los temas de Extraordinarias - convoquen a sus respectivas comisiones para debatir todos los puntos que sean necesarios, a fin de arribar a los dictámenes de cada tema”.

“Insistiremos en el necesario tratamiento de aquellos temas incluidos en las Sesiones Extraordinarias que ya tienen dictamen de las comisiones y Órdenes del Día, buscando ampliar el debate público sobre la trascendencia de su aprobación”, aclararon.

En suma, rechazaron “las expresiones efectuadas por legisladores nacionales de Juntos por el Cambio”, y los acusaron de que “buscan bloquear e impedir el tratamiento de temas incorporados en el llamado a Sesiones Extraordinarias”.

“Hacemos un firme llamado a la responsabilidad política e institucional de las y los diputados Nacionales de Juntos por el Cambio para que revean el posicionamiento expresado y cooperen para el tratamiento del temario, tanto en las comisiones como en el recinto”, exigieron.

A su vez, convocaron a “todos los bloques de esta Honorable Cámara a tener, como otras tantas veces, una actitud positiva para avanzar en el temario propuesto, dando los debates que haya que dar en cada comisión y en el recinto”.

Y finalizaron: “Dar los debates. Trabajar en las comisiones. Trabajar en el recinto. Para eso somos diputados y diputadas nacionales”.

A una semana de que se conozca el veredicto en el marco del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se sumó al reclamo de distintos diputados y le envió una nota al Gobierno para que incluya el expediente en el temario de extraordinarias.

En la nota, la oficialista le solicita al presidente que “tenga a bien incorporar en el temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de la ley que tiene por objeto la creación del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Cabe recordar que el temario de extraordinarias cuenta con 27 proyectos, entre ellos el paquete judicial. Además de la ley inspirada en el caso Lucio, tampoco se encuentran Humedales ni Ley de Alquileres.

Además, Moreau remarca que dicha iniciativa fue aprobada en la Cámara que preside por unanimidad y, a través de ella, “se genera una política de estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.

“Entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”, concluye el pedido la massista.

El proyecto obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.

En el inicio del periodo del período de sesiones extraordinarias a las que convocó el presidente de la Nación, la secretaria parlamentaria del Frente de Todos en Diputados, la camporista Paula Penacca, le dejó un mensaje a la oposición y los criticó porque “impidieron que se pudiera tratar el proyecto de Plan de Pago de la Deuda Previsional”.

A través de su cuenta de Twitter, Penacca remarcó que “hoy arranca el período de sesiones extraordinarias y es necesario que la oposición esté a la altura y deje de obturar el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de la democracia para que podamos tratar proyectos que son de vital importancia para la ciudadanía”.

En ese sentido, lamentó que “en las últimas dos sesiones de 2022 vimos cómo, sin querer dar quórum, impidieron que se pudiera tratar el proyecto de Plan de Pago de la Deuda Previsional”.

Asimismo, recordó las palabras de la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, cuando se aprobó el Presupuesto 2023 que “ya estaba previsto que más de 800 mil personas iban a jubilarse este año”.

“Entonces no se trata de una discusión presupuestaria; se trata de si todos nuestros adultos y adultas mayores van a poder acceder o no a su derecho. Un derecho que bien se pudo volver a reconocer a partir de las políticas llevadas adelante por Néstor y Cristina”, planteó la camporista.

En suma, cuestionó: “Pero sabemos que son los mismos que en 2017 llevaron adelante una reforma previsional que implicaba un enorme ajuste y Larreta en vez de pensar que había un pueblo movilizado defendiendo el derecho a jubilarse, terminó diciendo que habíamos venido a romper la Plaza”.

“Y así como estuvimos en esa jornada como pueblo, estamos ahora empujando para que este proyecto pueda convertirse en ley”, remató la oficialista.

Por José Angel Di Mauro

En sus dos primeros años, esta administración dejó clara su costumbre de llenar los veranos con anuncios que no se corroboran con la realidad. Pruebas al tanto: el primer año consiguió aprobar apenas poco más de la mitad de los proyectos anunciados; pero en el segundo, más del 80% de los anuncios no se concretaron.

Peor fue en el tercer año, cuando el ciento por ciento de los proyectos anunciados para el período extraordinario quedaron sin tratar. No es que no llegaron al recinto: no se trataron siquiera en comisiones.

Es una costumbre de la administración de Alberto Fernández anunciar muchas cosas que luego no se concretan. Pero en este caso nos vamos a limitar al período extraordinario, donde las muestras son claras y marcan un estilo: mandar mucho al Congreso, desatendiendo el hecho de si son temas que puedan avanzar hacia el recinto.

No es lo habitual. Todos los ejecutivos optan por mandar al período extraordinario temas que necesitan, pero que sobre todo consideran aprobables.

Es verdad que este gobierno padece la realidad de no contar con mayorías en ninguna de las dos cámaras, aunque en el Senado esa carencia se soluciona con la participación de aliados confiables. Pero en Diputados, las elecciones intermedias no hicieron más que profundizar un problema con el que ya había arrancado en 2019.

Un ejemplo digno de atender es el de Cambiemos. Cuando las elecciones consagraron a Mauricio Macri como nuevo presidente, en octubre ya habían determinado la composición que tendría en ambas cámaras. Y el resultado era poco promisorio: minoría en las dos cámaras. En el Senado, como siempre dominaba el peronismo; pero en la Cámara baja no solo no era la primera minoría, sino que esa condición le asistía al bloque Frente para la Victoria, que sumaba 97 diputados, diez más que Cambiemos.

Fue una de las razones por las que ese Poder Ejecutivo no convocó a sesionar en el mes de diciembre. A instancias del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que le recomendó al Gobierno no llamar a sesiones extraordinarias hasta tanto no tener certeza con los números. En el verano se produjeron desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría. Así y todo, no convocó a sesiones extraordinarias, salvo en el Senado, solo para dar ingreso a algunos pliegos.

El estilo de Alberto Fernández es bien distinto, tal vez con el fin de mostrar una gran actividad en el Parlamento, para lo cual no hace más que elaborar grandes baterías de proyectos, aunque la mayoría quedan para las ordinarias.

Se anuncian ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordando un puñado. Y vamos a los números: de los once proyectos enviados por Fernández al período extraordinario 2019/20, solo fueron aprobados 6. Al año siguiente más que duplicó la apuesta, y le fue aún peor: mandó 25 proyectos y solo se aprobaron en extraordinarias 4. Y el tercer año, en 2022, mandó en el mes de enero 18 proyectos para tratar en febrero y no se tocó ni uno.

Este año mandó 27, y más allá de las dificultades que puedan generar la falta de mayoría, el problema subyacente es la decisión anunciada por la principal oposición de no tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista en mantener vigente el enjuiciamiento de la Corte Suprema. Así que difícilmente el porcentaje vaya a satisfacer al oficialismo.

La experiencia del primer año

Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.

En esa convocatoria inicial incluyó solo 3 temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.

Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.

Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.

Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.

Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.

Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.

En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.

El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.

Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.

El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.

El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.

El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.

El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.

Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.

El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.

Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.

En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.

Las siguientes extraordinarias

El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.

Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.

A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos. Diez de esos temas fueron tratados en la extensión de ordinarias.

El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.

Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.

Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.

Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.

Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorizara los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.

Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.

Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.

No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.

También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.

Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.

Cien por ciento de negatividad

El tercer año de la gestión del Frente de Todos vino absolutamente mal barajado. Fue ese año electoral el que el Gobierno retrasó de manera extrema la presentación del Presupuesto 2022, que el ministro de Economía Martín Guzmán recién fue a defender a la Cámara baja el 13 de diciembre. Con la intención ambiciosa de conseguir la aprobación de esa ley de leyes en una semana.

El período ordinario había sido extendido hasta fines de diciembre y se sabe cómo terminó eso: el debate del Presupuesto arrancó el 16 de diciembre y terminó de manera intempestiva y con rechazo en la mañana del día siguiente.

Previamente el oficialismo había sufrido una primera derrota, al imponer la oposición una moción para tratar Bienes Personales el martes venidero. Sin embargo el oficialismo terminó revirtiendo al menos esa derrota y aprobó un texto deseado por el oficialismo.

Fiel a su estilo, el Gobierno se pasó el mes de enero de 2022 anunciando que convocarían a extraordinarias para el primer mes del año. Hablaban del tratamiento de un Plan Plurianual que nunca se plasmó en realidad y ponían el 24 de enero como fecha probable, pero finalmente lo postergaron hasta el 1 de febrero. Y la convocatoria se hizo el 25 de enero, con un temario de 18 proyectos que incluían el Consenso Fiscal, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.

Pero pasaron cosas. El último día de enero renunció nada menos que el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, y todo el mes de febrero estuvo signado por el tratamiento o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que de hecho había generado la renuncia del hijo de los Kirchner.

Lo cierto es que por primera vez desde 2009, el verano culminó sin que se hubiera realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. El fracaso de esas extraordinarias debió atribuirse a: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.

Los interrogantes del cuarto año

Para este verano 2023 se anunciaron hasta ahora 27 proyectos. Que en realidad son 34, pues uno de ellos corresponde a la creación de universidades, y cada una de ellas (8) tiene su propio proyecto. A fines de febrero se hará el balance correspondiente.

EXTRAORDINARIAS 2020	APROBADAS	NO TRATADAS
Ley ómnibus de emergencias	x
Consenso Fiscal	x
Jubilaciones de jueces y diplomáticos	x
Reforma Judicial		x
Consejo Económico y Social		x
Ley de Hidrocarburos		x
Sostenibilidad de la deuda	x
Ley de Góndolas	x
Designación de la defensora del Niño	x
Economía del Conocimiento		x
Capitales alternas		x

 

EXTRAORDINARIAS 2021	APROBADAS	NO TRATADAS
Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes		x
Presupuestos mínimos para la educación ambiental		x
Biocombustibles		x
Sostenibilidad de la deuda pública	x
Incentivo a la construcción privada	x
Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología	x
Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan	x
Reforma judicial		x
Ministerio Público		x
Consenso Fiscal 2020		x
Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia		x
Suba del mínimo no imponible de Ganancias		x
Etiquetado frontal de alimentos		x
Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos		x
Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario		x
Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos		x
Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte		x
Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos		x
Suspensión de la inscripción de las SAS		x
Reactivación de la obra pública para vivienda		x
Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas		x
Código Procesal Penal Federal		x
Cupo laboral travesti/trans		x
Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea		x
Suspensión de las PASO		x

     

EXTRAORDINARIAS 2022	APROBADAS	NO TRATADAS
Consenso Fiscal		x
Consejo de la Magistratura		x
Parque y Reserva Nacional Ansenuza		x
Parque y Reserva Nacional Islote Lobos		x
Respuesta integral al VIH		x
Marco regulatorio del cannabis		x
Promoción de la Electromovilidad		x
Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz		x
Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal		x
Compre Argentino		x
Régimen de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda		x
Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería		x
Tratamiento de acuerdos		x
Transferencias de inmuebles		x
Creación de la Universidad Nacional del Delta		x
Creación de la Universidad Nacional de Pilar.		x
Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana		x
Creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”		x

EXTRAORDINARIAS 2023	APROBADAS	NO TRATADAS
Alcohol Cero
Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030
Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica
Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad
Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios
Designación del Procurador General de la Nación
Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado de la Nación
Modificaciones en la prevención y represión del Lavado de Activos
Ampliación de la Corte Suprema de Justicia
Consejo de la Magistratura
Creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar
Creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”
Régimen Previsional Diferencial para combatientes de incendios forestales
Plan de Pago de Deuda Previsional
Creación de 8 universidades nacionales
Desarrollo Agroindustrial Federal
Modificación de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana
Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down
Informatización y Digitalización de Historias Clínicas
Modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos
Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.
Promoción de nuevas energías
Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia
Permiso para el Presidente para ausentarse del país
Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional
Monotributo Tech

De cara a que se conozca el veredicto en el marco del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma, diputados nacionales reclamaron al Gobierno Nacional que incorpore al temario de extraordinarias el proyecto de ley inspirado en dicho caso.

El proyecto por la cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.

El autor de la iniciativa, el pampeano Martín Maquieyra expresó: “Es lamentable que el presidente no incluya el tratamiento de la Ley Lucio en el Senado. Necesitamos con urgencia que se trate cuando antes en la sesión para que finalmente sea ley. Lo único que falta es que los senadores aprueben el proyecto, no entiendo por qué el presidente decide no tratarlo”.

“Vamos a seguir reclamando para que lo traten. Junto a la familia Dupuy hemos hecho un esfuerzo enorme para tratarlo en un año y necesitamos que el Senado la apruebe con urgencia. Esperamos que el presidente reconsidere este hecho y lo incluya en el temario”, completó el legislador opositor.

Todos una mierda. https://t.co/IaT7Ggxlcd

— José Luis Espert (@jlespert) January 18, 2023

“Fui co-firmante del proyecto Ley Lucio de Martín Maquieyra recibimos y escuchamos a sus abuelos, trabajamos con organizaciones de protección de la infancia. Se aprobó el 9/11/22 en Diputados, pero falta el Senado. Alberto Fernández convocó a Extraordinarias con 27 proyectos. No lo incluyó”, reclamó la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC en la Cámara baja, Silvia Lospennato.

La vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, se sumó al pedido en redes y escribió: “Esperamos una condena ejemplar de perpetua para estas dos personas. Destitución a la jueza Pérez Ballester por mal desempeño. Justicia para Lucio exigimos y por eso impulsamos la Ley Lucio. Pedimos al gobierno nacional que se trate en extraordinarias y sea ley”.

El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó el temario que envió el Gobierno para tratar en extraordinarias: “Es una ambiciosa agenda”, y la decisión del oficialismo de ir contra la Corte Suprema y se preguntó: "¿Lo próximo a discutir es cerrar el Congreso o no hacer elecciones?".

“El Gobierno presenta una ambiciosa agenda de extraordinarias que no tiene nada que ver con lo que la Constitución dice de cómo tienen que ser las extraordinarias que dice que tiene que ser para circunstancias excepcionales. Aumentar los miembros de la Corte no es una circunstancia excepcional es una cosa que solo corresponde con una intención de manipular la justicia como tiene el Gobierno”, cuestionó Tetaz en diálogo por Radio Rivadavia.

Y siguió: “Por otro lado, cuando el propio Gobierno esta intentando hacer un juicio político a la Corte por que no le gusta un fallo esta poniendo en discusión si vamos o no a respetar los fallos de la justicia. Por lo cual todo lo demás no tiene sentido. El kirchnerismo quiere cambiar las reglas de juego y nosotros no lo vamos a permitir”.

“La convocatoria formal no está, nosotros todavía no fuimos notificados de la sesión del lunes ni de ninguna de la semana que viene. El kirchnerismo el año pasado hizo lo mismo, convocó a extraordinarias, pero no sesionó hasta marzo y tampoco hizo ordinarias porque casi todas las sesiones fueron especiales pedidas con un temario especial porque el Gobierno no hacia funcionar el Congreso como debía”, criticó el diputado de Evolución.

En ese sentido, planteó: “No es una discusión de poderes, están socavando la propia institución republicana de la división de poderes. Está generando el antecedente de que, si discutimos todo, la semana que viene si podemos cerrar el Congreso o podemos no hacer las elecciones presidenciales y continuar -alguien- por golpe de Estado".

En la misma línea, Tetaz fue crítico del Gobierno por la convocatoria a sesiones extraordinarias y el juicio político contra la Corte: "No creo que haya 129 diputados dispuestos a sentarse a convalidar esta maniobra en contra de la Justicia".

La polémica por la inclusión del proyecto de Juicio Político a la Corte Suprema en el temario para sesionar fuera del período ordinario por parte del oficialismo generó fuertes cuestionamientos por parte la coalición opositora de JxC.

Tal es así que la semana pasada se reunió la Mesa Nacional de JxC para diagramar la estrategia que utilizará para frenar la embestida de la Casa Rosada contra los magistrados de la Corte. La guerra se desató cuando el tribunal ordenara el retorno del 2,95% de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires.

En principio, el presidente Alberto Fernández se negó a acatar el fallo de la Corte, luego dio marcha atrás y anunció que efectuaría el pago, pero con bonos. La decisión fue rechazada por la administración del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el arco opositor.

De cara al inicio de las extraordinarias, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, señaló que “es necesario que todos los diputados y diputadas sesionemos para tratar temas que están en la agenda de la gente como es el caso del Plan de Pago de Deuda Previsional” porque es un problema que “afecta a más de 800 mil personas que no están cobrando la jubilación que les corresponde”.

En declaraciones a Infoban Radio, Moreau aseveró que “la enorme mayoría de argentinos y argentinas no reúnen los 30 años de aportes, por eso es urgente que trabajemos con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Asimismo, la titular de la Cámara baja enfatizó que “otro de los temas importantes que tenemos que tratar es la creación de Universidades. Hay miles de jóvenes que quieren estudiar una carrera cerca de su casa y tenemos que darles esa posibilidad para que los hijos de los trabajadores puedan tener herramientas para formar un futuro mejor”.

“Universidades como la del Delta, la de Río Tercero en Córdoba o Cañuelas, entre otras que estamos impulsando, son necesarias para que nuestros jóvenes puedan tener un mejor acceso a una educación de calidad, abierta y federal, porque a este Gobierno sí le importa que nuestros hijos puedan progresar”, sostuvo.

Con respecto al proyecto que impulsa la declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, Moreau coincidió con el ministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar que “forma parte de un acto de estricta justicia tributaria”, y agregó que “si queremos ordenar en serio el sistema fiscal de nuestro país, tenemos que reducir la carga impositiva para todos aquellos que cumplen con sus obligaciones y para ello es necesario que quienes evaden sus obligaciones se pongan en regla”.

En ese sentido, apuntó: “Queremos un Estado eficiente y para eso debemos priorizar el bienestar de todos los argentinos y argentinas a través de cuentas claras y medidas justas que beneficien a la sociedad y por eso también esta es una oportunidad para regularizar el mercado y terminar con algunos vivos que no cumplen con el pago de los que les corresponde”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) criticó la postura de Juntos por el Cambio de “no asistir a ningún otro debate de leyes” en la medida en que se sostenga el tratamiento del pedido de juicio político contra la Corte Suprema y lo calificó de “chantaje".

"Nosotros no hemos hecho nada que no corresponda, nadie nos ha dicho que jurídicamente hayamos hecho algo que no corresponda. Eso es un chantaje, decir ´si hacen eso, nosotros no vamos a la sesión”, consideró en diálogo por Radio Rivadavia.

De todos modos, el legislador peronista afirmó que "no va a ser la primera vez que hacen eso", y señaló que el oficialismo seguirá adelante con los temas que considera importantes para tratar en el período de sesiones extraordinarias y mencionó como ejemplo la creación de nuevas universidades nacionales.

"Creo más en el diálogo que en la pelea. Tengo expectativa de que se lleve adelante el juicio político y de que sesionemos a la vez", confió optimista.

Valdés encabeza las firmas del proyecto con el pedido de juicio político contra el máximo tribunal de Justicia por mal desempeño en sus funciones. La iniciativa se basa en cuatro elementos: la actuación de la Corte en la cuestión de la coparticipación federal, en la composición del Consejo de la Magistratura, el manejo de la obra social y el fallo del 2x1 a favor de los genocidas de la última dictadura militar.

"La Constitución dice que los gobernadores son agentes naturales del Estado federal. Primer elemento: los gobernadores le pidieron al tribunal ser amicus curiae, ni siquiera les contento en un tema que afecta a los recursos de todas las provincias", indicó.

En tanto, recordó el diálogo telefónico entre el vocero de la presidencia de la Corte, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno porteño, Marcelo D´Alessandro. "Claramente es un diálogo entre (Horacio) Rosatti y (Horacio Rodríguez) Larreta", expresó.

Sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura, Valdés señaló que "lo que han hecho -los cuatro altos magistrado-) es decretar inconstitucional a una ley que regía desde el 2007 para reactivar una ley derogada por el Congreso, facultades que no tiene la Corte con el único objetivo de que Rosatti se nombre a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura".

"No encontré jurisprudencia en el mundo de que haya un tribunal superior de justicia que resucite una ley derogada por el Parlamento. Es algo único", acotó al respecto.

El diputado nacional Emiliano Estrada (FdT – Salta) confirmó que buscará ser candidato a la gobernación y aseguró que está conversando con “todos los dirigentes políticos” porque “siempre tuve la vocación de trabajar por Salta y de aportarle todo lo que me ha dado”. En ese sentido, aseguró tener “distancia con la agenda que plantea el Gobierno Nacional”. Por otro lado, opinó que “hay muy baja probabilidad de que haya sesiones extraordinarias”.

En diálogo por Radio Nacional, Estrado reconoció: “Estamos terminando de conversar con dirigentes provinciales para tener puntos de encuentro y para poder tener una idea de trabajo en común. En los próximos días vamos a tomar definiciones y en función de eso tendremos las definiciones de candidaturas. Siempre tuve la vocación de trabajar por Salta y de aportarle todo lo que me ha dado”.

El legislador aseguró estar conversando con “todos los dirigentes políticos de la provincia que no sean del oficialismo. Quienes particularmente estamos en proceso de acuerdo”.

Al ser consultado si dialoga con los radicales, aclaró: “Yo hablo mucho con Miguel Nanni, ayer salió una fake news que había una alianza entre él y yo, lo cual no es cierto, pero si dialogo con todos para poder establecer puntos de acuerdo que tienen que ver con Salta y que puedan llegar a buen puerto”, y sumó: “También hablo Carlos Zapata o el titular de Salta Independiente, Felipe Biella. Todos que quieran cambiar la situación actual”.

“Me siento bien conversando y llegando a puntos de acuerdo con gente idónea que eso es lo que va primando”, resaltó.

Consultado sobre sus distancias ideológicas con esos dirigentes, Estrada argumentó que “todas las diferencias son de índole nacional”, pero que en el plano provincial están de acuerdo con el camino a seguir porque “hay cuestiones de fondo que se resuelven cuando se llevan las políticas públicas a la práctica”.

“Después también tenes el discurso ideologizado de políticos que muchas veces no coincide con la realidad a mi me pasa eso de tener una distancia con la agenda que plantea hoy el Gobierno nacional espacio del cual soy parte”, expresó Estrada.

Y explicó: “Hay una agenda de derechos de tercera o cuarta generación que son derechos que no están saldados en Salta como el agua. La agenda de Buenos Aires va en una agenda de cuarta generación de debates como el documento no binario, y en Salta no hay agua. ¿Hasta qué punto llega esa ideologización en el marco de debatir ideas que no tiene sentido para la discusión que tienen los salteños?”.

La convocatoria a extraordinarias

Por su parte, el diputado oficialista se refirió a la convocatoria a sesiones extraordinarias para el Congreso Nacional, y puso en duda las chances que tiene el oficialismo en llevarlas a cabo por falta de quórum propio.

“La convocatoria no implica que efectivamente las sesiones se vayan a realizar de hecho el año pasado también hubo convocatoria y no se pudo convocar a ninguna sesión. Creo que es algo muy complejo porque el Congreso tiene los bloques mayoritarios que son JxC y FdT y para tener quórum se necesitan 129, con lo cual la oposición muy difícilmente de quórum en estos temas. Muy baja probabilidad de que haya sesiones extraordinarias”, manifestó.

“Las comisiones empiezan a funcionar en el marco de la convocatoria a extraordinarias lo que les da dinamismo y celeridad a muchos proyectos de ley. Imagino que también hay una voluntad de poder lograr los acuerdos para tener el quórum”, comentó.

Respecto del pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa el presidente Alberto Fernández, entendió que “es un mecanismo institucional que debe seguir su curso en su momento Carrió pidió un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti y no pasó nada”.

“No hay que poner tanto énfasis en una cuestión trascendental. Creo que abre un debate entre los vínculos de la justicia con la política que lo hemos visto con las filtraciones de los chats”, remató.

Se confirmó este lunes el ingreso al Parlamento de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, para el período comprendido entre el 23 de enero y el 28 de febrero próximo.

La nota formal incluye, tal cual se adelantaba el jueves pasado, el tratamiento de “una serie de proyectos relevantes para el desarrollo del país”, que incorporan iniciativas que “tienen como objetivo mejorar el sistema de salud, otras que se vinculan con el cuidado del ambiente, y también proyectos para la prevención y represión del lavado de activos, así como regímenes de promoción de energías renovables y fomento al desarrollo agroindustrial, entre otros”.

Asimismo se destaca que se propicia el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura “en virtud de lo establecido en los puntos II y III) de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”. En dicho fallo “la Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo disponiendo que, si ello no sucedía en el plazo de 120 días, el mismo debía integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes, conforme una ley fenecida. Dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible”.

Los temas a tratar

1) Proyecto de ley modificatorio del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos (Exp. Diputados 4718-D-2022 – Exp. Senado 36-CD2022).

2) Proyecto de ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (Msje. 99/22 Exp. Senado 158-PE-2022).

3) Proyecto de ley por el que se aprueba el PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2030 (Msje 87/22 – Exp. Senado 121-PE-2022 – Exp. Diputados 57-S-2022).

4) Proyecto de ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877 y su modificatoria (Msje. 72/22 Exp. Diputados 11-PE-2022 - Exp. Senado 20-CD-2022).

5) Proyecto de ley tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y sus modificatorias (Msje. 44/21 Exp. Senado 26-PE-2021).

6) Proyecto de ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios (Exp. Diputados 1010-D-2022).

7) Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.

8) Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Honorable Senado de la Nación.

9) Proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) – Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (Msje. 28/22 Exp. Diputados 9-PE-2022).

10) Proyecto de ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Exp. Senado 1353-S-2022).

11) Proyecto de ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento”. (Msje. 128/21- Exp Senado 151-PE-2021 - Exp. Diputados 9-S-2022).

12) Proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar (Exp Senado 2553-S-2021 - Exp. Diputados 23-S-2022).

13) Proyecto de ley de creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”. (Exp. Diputados 1039-D2022 – Exp. Senado 14-CD-2022).

14) Proyecto de ley por el que se establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas (Exp Senado 75-S-2021 - Exp. Diputados 29-S-2022).

15) Proyecto de Ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional (Exp. Senado 957-S-2022 – Exp. Diputados 21-S-2022)

16) Proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales.

17) Proyecto de ley tendiente a crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” (Msje. 93/21- Exp. Diputados 12-PE-2021).

18) Proyecto de Ley por el cual se sustituyen los artículos 23 y 45 de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana (Exp. Senado 2309-S-2021 – Exp. Diputados 80-S-2021).

19) Proyecto de ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down, para su hijo o hija en gestación o recién nacido/a. (Exp. Senado 1466-S-2021 – Exp. Diputados 85-S-2021).

20) Proyecto de ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina (Exp. Senado 1787-S-2019 – Exp. Diputados 144-S-2020).

21) Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672.

22) Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.

23) Proyectos de ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético.

24) Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

25) Proyecto de ley solicitando el correspondiente permiso  constitucional para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023 (Msje 95/22 – Exp. Senado 143-PE-2022).

26) Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional.

27) Proyecto de ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos (Mono- Tech).

Por José Angel Di Mauro

Créase o no, en cercanías del entorno presidencial hablan de “un Alberto empoderado”. Lo ven activo en este tiempo de receso, con actos casi diarios en los que cree estar haciendo “los deberes”: fustiga a la oposición en general y a Mauricio Macri en particular; a la Corte Suprema también y mucho; y por primera vez en su gestión pareciera tener un norte.

El objetivo es mantenerse vigente de modo tal de no ser descartado como candidato presidencial hasta último momento y, de ser posible, ser el candidato oficialista. En ese marco, para casi todo el mundo el video de casi tres minutos difundido esta semana fue una suerte de lanzamiento de campaña suyo. Arranca con Macri hablando y una descalificación de parte de Alberto Fernández, que se muestra a continuación con la primera damay su hijo Francisco, en una imagen bucólica de los jardines de Olivos. Todo bien guionado, nada de improvisación.La excusa es poder reflexionar sobre qué país le dejará el presidente a su hijo menor.

Es una pieza de manual. Se busca allí capitalizar todo tipo de celebración ajena: multitudes vivando el éxito de la Selección; los ganadores argentinos del Globo de Oro, a escasas horas de haberse consagrado. También tiene reivindicaciones, como la del Juicio a las Juntas (que el peronismo no apoyó), y al citar la recuperación de la democracia muestra a Néstor Kirchner y la bajada del cuadro de Videla. En el spot no aparece su admirado Alfonsín. Sí Cristina, atentado incluido; pero mucho de Alberto abrazado, vivado; con Lula, y de paso vuelve Macri con una foto con Jair Bolsonaro, con el que Fernández se resistió a reunirse nunca, salvo encuentros circunstanciales.

Una campaña en ciernes en la que está encaramada la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que negó esta semana que el Gobierno esté atravesando “una crisis económica”. Planteó todo lo contrario: habló de crecimiento y dijo esperar que “más temprano que tarde el pueblo argentino va a reconocer esta verdadera epopeya de este gobierno durante estos años”.

La misma vocera celebraba al día siguiente como un logro del Ministerio de Economía que la inflación anual no hubiera alcanzado los tres dígitos. Dato importante: si la inflación no traspasó la barrera psicológica de los tres dígitos este año, se lo tendrá que “agradecer” el Gobierno a la sequía, que mantuvo el precio de la carne bajo. Pero como todo lo que no sube en una economía inflacionaria alguna vez revierte, habrá que estar preparado para cuando la carne busque recuperar lo perdido.

Más allá de spots y discursos, el presidente cimenta su candidatura en la fuerte embestida que ha lanzado este año contra la Corte Suprema de Justicia. Hoy ese es su plan: embestir contra el Tribunal Supremo y por eso arrancó el primer día del año anunciándolo. Y lo corporizó en proyecto de resolución el viernes pasado, con el texto de 410 fojas que ingresó por Mesa de Entrada de la Cámara baja la noche anterior. Fernández ha tomado esta cruzada como algo personal y la lleva adelante con los bríos que en su momento mostró con la campaña por el aborto.

Cosas bien distintas. La interrupción voluntaria del embarazo era un tema transversal que sumaba -o restaba- en todos los sectores. Para asumir mayor protagonismo en ese “logro”, Alberto comentó hace pocos días que él llamó a gobernadores para forzar los votos necesarios para la aprobación. Dijo diferenciarse con esa actitud de su antecesor.

El juicio contra la Corte Suprema no es para nada lo mismo. Muchos mandatarios no tienen el menor interés en enemistarse con los jueces supremos, razón por la cual la cosecha albertista para ese proyecto detrás del cual quiso embanderar a todos los gobernadores “propios” lució escueta. Todavía le facturan en privado a Gustavo Bordet haberse “bajado” del mismo. Revancha chiquita, pero revancha al fin, eligieron a dos entrerrianos para suscribir el proyecto de juicio político: Marcelo Casaretto y Blanca Osuna están entre los 15 diputados elegidos para firmarlo. Además, la presidenta de la Comisión de Juicio Político es la entrerriana Carolina Gaillard.

Todos coinciden en que el juicio político no tiene ninguna posibilidad de prosperar en la Cámara baja. Como ya hemos dicho y repetido, nadie tiene los dos tercios en ninguna de las dos cámaras para nada. Pero ya hemos dicho también que el oficialismo tiene el número suficiente para su objetivo único. Erosionar a los integrantes de la Corte Suprema lo suficiente, enlodar a sus miembros con la puesta en escena que tendrá lugar probablemente a partir del 26 de enero. Desde entonces y con dos capítulos por semana, habrá una sesión televisada que el Gobierno espera concite una atención que no será la del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, pero atención al fin.

El oficialismo tiene herramientas para hacer más farragoso el trance. Lo anticipan en las medidas previstas en el proyecto de resolución presentado. Por ejemplo donde piden “se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”.

La Dajudeco depende de la propia Corte. Desde la oposición advierten que la comisión no tiene facultades para tomar esas medidas sin la intervención de un juez. En el oficialismo sostienen lo contrario y afirman que ya lo han hecho en el marco de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, y la Dajudeco accedió. Dos mastines del kirchnerismo duro que integran esa bicameral están también en Juicio Político: Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade. También forma parte de la Bicameral Eduardo Valdés, quien figura como primer firmante del proyecto de enjuiciamiento.

Medidas como esa son las que sostienen la decisión mayoritaria de JxC de participar de las reuniones de la Comisión de Juicio Político, donde algunos sectores siguen objetando asistir. Quisieran “vaciar” la comisión y no “convalidar el show” participando. Prevaleció la decisión mayoritaria de asistir: porque no es algo ilegal que esa comisión se reúna para llevar adelante un juicio político, y para no dejarle toda la centralidad al oficialismo. Así lo decidieron los 14 integrantes que se reunieron por Zoom el domingo pasado.

Dos días después la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio suscribió esa decisión y planteó que “mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno nacional o el Frente de Todos”.

Como un desafío a esa postura sonó la decisión del Poder Ejecutivo de convocar a extraordinarias con un temario extensísimo. Porque no es habitual que a extraordinarias se manden demasiadas iniciativas. Solo se abre el Congreso en esa época para los temas urgentes y cuando el Ejecutivo sabe que podrá aprobarlos. Pero es norma en esta administración hacer lo contrario. Tiene un problema de origen que es el de anunciar demasiado y concretar muy poco. De hecho, este es el Ejecutivo al que menos proyectos propios se le han aprobado. Algunos quedaron en mero anuncio, sin siquiera llegar a ser debatidos en comisión.

En su primer año de gestión, Alberto Fernández envió 11 proyectos en extraordinarias y le aprobaron 6; en el segundo anunció 25 y le aprobaron apenas 4. El año pasado armó un temario de 18 proyectos, de los cuales no llegó a tratarse siquiera en comisión, en extraordinarias, ninguno.

Este año manda 27, una exageración. Hay de todo, pero solo podrán avanzar los proyectos que necesitan su aprobación en el Senado. Son temas pendientes de aprobación que quedaron “colgados” por la ausencia en la Cámara alta de una sesión final, motivada por los problemas de ausencias en el Cuerpo.

El Gobierno envía a extraordinarias temas que nunca llegaron a tratarse siquiera en comisión, como la reforma del Consejo de la Magistratura o la ampliación de la Corte. También reflotó el interés por el nombramiento del procurador general de la Nación, siendo que fue el kirchnerismo el que se resistió a tratar el pliego de Daniel Rafecas. Ahora, si bien en su momento Elisa Carrió había recomendado aprobar su nombramiento, es muy improbable que el tema pueda avanzar en el Senado. Primero, habría que ver si hay disposición ahora sí en el kirchnerismo; y después, la oposición no convalidará su nombramiento a meses de un probable cambio de gobierno.

Difícilmente pueda el oficialismo mover los temas en la Cámara baja, donde sí avanzará hasta donde pueda la Comisión de Juicio Político. Con presencias muy curiosas anticipadas en el detalle de testigos sugeridos, tales como el español Baltazar Garzón -echado de la Justicia en España- y organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo; HIJOS, el CELS, la APDH de La Matanza y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Un menú de testigos tan ecléctico como el temario de proyectos sugeridos para debatir este verano.

La vicepresidenta del bloque UCR en Diputados, Karina Banfi, criticó el spot del presidente de la Nación y adelantó que presentará un proyecto para establecer un régimen de transparencia de los gastos de los cónyuges presidenciales. Por otro lado, cuestionó el temario de las extraordinarias porque “la mitad de los proyectos no tienen dictamen” que son “de puro y exclusivo interés del oficialismo”.

En diálogo por Radio Rivadavia, Banfi fue consultada por el costo del sport que lanzó Alberto Fernández esta semana y lanzó: “¿Cuánto no sale la familia presidencial no? Porque parece que en un país con todas las necesidades que tenemos, con una inflación como la de ayer que de carambola no llega a los tres dígitos, la verdad que tener que bancar toda una familia sin ningún tipo de rendición de cuentas es obsceno esto lo estamos siguiendo”.

En esa línea, adelantó que “el primero de febrero voy a presentar un proyecto para establecer un régimen de transparencia a los cónyuges presidenciales porque como no son funcionarios y cuando vos les pedís algún tipo de información te dicen que ellos no están ni son sujetos obligados a la Ley de Ética Pública, ni sujetos obligados a la Ley de Acceso a la Información Pública, porque no tienen ninguna responsabilidad institucional, cosa que es cierto, el problema es que mientras tanto hacen y deshacen con la plata de todos los argentinos”.

“Usan los aviones oficiales, porque hay un decreto de la PSA que dice que por cuestiones de seguridad deben viajar en aviones oficiales, en otros países no sucede así porque si son países pobres, la verdad lo que nosotros tenemos que usar justamente son los aviones comerciales, y asegurarle sin duda, a través de todo el cuerpo de seguridad que tienen, el personal asignado a la seguridad tanto del presidente como de los hijos, quizás eso nos saldría más barato, no lo sabemos”, agregó Banfi.

Respecto al temario de extraordinarias, la radical propuso: “Me gustaría, ya que vemos el proliferado temario que el presidente envió al Congreso para que tratemos en un mes y medio de todos proyectos que son de puro y exclusivo interés del Poder Ejecutivo o del oficialismo, donde hoy ni siquiera tiene los números para poder sentarse porque no llegan, yo voy a proponer que se ponga en tratamiento el proyecto de régimen de transparencia y rendición de cuentas de cónyuges para que este año ya podamos saber efectivamente en qué gasta la palta de todos los argentinos la señora Yánez”.

“Es increíble el temario, es una falta de respeto a los temas que necesita hoy la argentina tratarse”, lanzó y contó: “Nosotros estamos estudiando, llegó ayer a última hora y estamos estudiando cada uno de los proyectos que la mitad no tienen tratamiento en el recinto, no tienen dictamen por lo tanto los vamos a tener que discutir en las comisiones, pero para eso tienen que estar todos los diputados. La pregunta es si sus diputados, porque la oposición está lista entendemos cuál es la responsabilidad, lo que sí es que no vamos a dar quórum para tratar nimiedades”.

Además, reclamó que “tenemos que hablar es como bajamos la inflación. Ayer el ministro Sergio Massa estaba casi asustado hablando de que el tema de la inflación era un tema de todos. No hay ni un proyecto para bajar la inflación, no hay ningún marco normativo que se necesita para bajar la inflación”.

“Si necesitan recaudar porque estamos en una de las sequías más difíciles que vamos a tener que enfrentar mucha más complicada que la del 2018, pero lo más importante del eje va a ser puesto en el circo que van a armar en la comisión de juicio político”, cuestionó la radical.

En tanto, expresó: “La verdad que es tristísimo, están llevando a un deterioro extremo de las instituciones sabiendo que van a perder este año las elecciones y entregándonos las migajas de lo que quede de la República”.

“Vamos a tener que hacer grandes esfuerzos para no perder la mesura y para no perder la racionalidad en estos debates a los que nos van a llevar que van a ser una locura, porque discutir cuál es la posición o la facultad exclusiva del Congreso y la Cámara de Diputados de iniciar el Juicio Político a algún funcionario y encontrarnos en donde van a tratar proyectos que solo a ellos les interesa”, adelantó Banfi y cerró: “Hay 9 proyectos de juicio político al presidente de la República que no están puestos ahí, y nosotros también tenemos facultades para pedirlos son exclusivas metiéndolo en un temario de extraordinaria es un poco raro y desnaturaliza cual es el rol del Congreso”.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica-ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, reconoció que "el Congreso va a estar trabado por un tiempo", y afirmó que "cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción".

"Va a estar trabado por un tiempo el Congreso. Espero que se destrabe. Ojalá el Congreso pueda funcionar en el último año del Gobierno del Frente de Todos con cierta normalidad", sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

En declaraciones radiales, el dirigente de Juntos por el Cambio señaló que "cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción, que en este caso es trabar algunas leyes, que no van a solucionar la vida de los argentinos". De todos modos, el abogado aclaró que "no se puede poner de rehén a la población en una pelea de poder".

"Hay que acostumbrarse a que va a haber gobiernos con parlamentos repartidos. Estábamos acostumbrados a que había oficialismos con mayoría en dos cámaras", añadió.

Al referirse al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, López indicó que "se da en un contexto de una cantidad de proyectos para dominar al Poder Judicial", y consideró que "los números en el Congreso no están para destituir, pero sí para desgastar, para desprestigiar".

"Nos parece una iniciativa peligrosa, que desgasta mucho a las instituciones y a la política, que va a estar discutiendo un problema del poder y no los problemas de la sociedad", manifestó el dirigente opositor.

En otro tramo de la nota sostuvo que los chats entre funcionarios judiciales y dirigentes del Pro "fueron la excusa" para impulsar el pedido de juicio político. "Si hay que dar ese debate, habría que haberlo dado en otro clima, no en medio de un fallo que no le gusta al oficialismo", planteó López en alusión a la decisión del máximo tribunal sobre los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultado sobre la actual conformación del máximo tribunal, López consideró que "es una Corte independiente", aunque definió al juez Ricardo Lorenzetti como "un equilibrista del poder". En tanto, manifestó que los magistrados Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz "se han sabido separar de la política partidaria".

Se sabía que la máxima atención oficial está puesta este verano en la cuestión judicial. Estaba previsto que el juicio contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia figuraría a la cabeza de las prioridades del oficialismo cuando se convocara a extraordinarias.

Y así fue. En la lista a publicarse en el Boletín Oficial figuró en el puesto 24°, de esta manera: “Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Fuera de ese tema, el resto llamó poderosamente la atención. Porque el Ejecutivo incluyó el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación. Esto es, la designación del juez Daniel Rafecas, anunciada por el presidente Alberto Fernández en los albores de esta gestión, mas sin que nunca se iniciara el tratamiento de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado.

El otro tema fue el proyecto de ley para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura. Ese proyecto obtuvo media sanción del Senado el 7 de abril del año pasado, por 37 votos a favor y 33 en contra. De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

En Diputados el proyecto fue defendido por el ministro de Justicia, Martín Soria, pero nunca obtuvo dictamen.

Otro tema que fue aprobado en el Senado, mas su tratamiento no avanzó en Diputados es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

Se aprobó el 22 de septiembre del año pasado por 36 votos a favor contra 33 negativos. El proyecto eleva de 5 a 15 el número de integrantes del Máximo Tribunal, con paridad de género.

No son las únicas leyes de corte judicial incluidas dentro del amplio temario de extraordinarias, pero sin duda son los proyectos más controvertidos en esa materia.

Luego del anuncio del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, los diputados nacionales de la UCR Ximena García (Santa Fe) y Francisco Monti (Catamarca), quienes integran la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, rechazaron el intento del Frente de Todos de arremeter contra la Corte Suprema de Justicia. Además, aseguraron que el proyecto no tiene ninguna posibilidad de prosperar.

“Este intento de juicio político no va a tener ningún destino, porque necesitan 2/3 de la Cámara baja para ser aprobado. Por lo que ellos no buscan tener éxito, sino que solo quieren generar un quiebre institucional, un escenario propicio para que la condena contra Cristina Kirchner sea deslegitimada”, aseguró García.

Por su parte, Monti consideró: “El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es completamente absurdo desde el punto de vista técnico. Está basado en dos planteos que no tienen ningún asidero. Por un lado, el espionaje ilegal, lo cual nulifica cualquier tipo de pretensión por parte del Frente de Todos. No se puede, en base a una supuesta prueba nula generar prueba válida”.

“Por otro lado, se plantea una disconformidad respecto del fallo relativo a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es atendible desde el punto de vista de la conformidad o disconformidad, pero no constituye un mal desempeño”, agregó.

Además, los legisladores acusaron al kirchnerismo de atacar al sistema republicano. “Están desesperados para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, llevando a las instituciones, en este caso a la Corte Suprema, a un lugar de crisis institucional gravísima, en un país con casi 100% de inflación, 50% de pobres, con un crisis económica y social sin precedentes”, sostuvo García.

“El 2022 terminó con una condena contra Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita, en marzo se van a conocer los fundamentos del fallo, y ellos quieren meter a todos en un mismo lodo para bajar la vara y generar la idea de que todo es lo mismo. El Poder Judicial debe trabajar de manera independiente, sin condicionamientos”, añadió la diputada nacional por Santa Fe.

Y aclaró: “Nosotros vamos a seguir trabajando para poner límites a los abusos K, como cuando intentaron reformar la Justicia Federal, cuando quisieron ampliar los miembros de la Corte o con el proyecto del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, todos proyectos que fueron frenados por Juntos por el Cambio en Diputados”.

Monti, destacó: “Lo que está haciendo el kirchnerismo, desde el punto de vista político, es ponerse en una zona de marginalidad atacando a las instituciones, primero deslegitimando la democracia con esta auto proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y deslegitimando al sistema republicano y a la cabeza de uno de estos tres poderes, que es el Poder Judicial”.

“Desde Juntos por el Cambio tenemos una postura muy clara de defender el modo de convivencia que la democracia, y también el equilibrio de poderes”, concluyó el diputado.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó este jueves en su tradicional conferencia de prensa contra JxC y les pidió que “dejen de intentar extorsionar al Gobierno con solo tratar los temas que a ellos les interesa”, luego de detallar los 27 proyectos que enviará el Ejecutivo al Congreso para que sean tratados en extraordinarias, cuya convocatoria será publicada esta noche en el Boletín Oficial.

Según aseguró Cerruti el temario incluye un total de 27 proyectos en el que está incluido pedido de juicio político a la Corte, reforma del máximo tribunal y Consejo de la Magistratura. “El periodo de extraordinarias según la convocatoria se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero”, precisó.

Sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, que Juntos por el Cambio ya avisó que sus legisladores participarán del debate para bloquear el proyecto, Cerruti sostuvo que espera que "la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo este último tiempo".

"Siempre hay tiempo para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso", planteó y agregó: “Tenemos un extenso temario de 27 proyectos. Temas importantísimos para los argentinos que tienen que ver con el desarrollo productivo, con temas judiciales como la designación del Procurador, la reforma del Consejo de la Magistratura, temas que la misma Corte ha pedido que se lleven adelante”.

"El temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir en el Congreso que es el lugar de los debates, de los consensos", lanzó.

Y acusó a la oposición de intentar "extorsionar al Gobierno o a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesa".

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que la justicia socaba el Estado de Derecho”, disparó la funcionaria y sumó: “Eso lo comprobamos con la reunión de Lago Escondido que demuestra que la justicia en la Argentina actúa en contra del Estado de Derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico, con funcionarios y para organizar fallos judiciales y luego arman un intento de encubrimiento”.

Y siguió embistiendo contra la justicia: “Además por el fallo del Consejo de la Magistratura en la cual se autoproclamó presidente del Consejo el actual presidente de la Corte o por el fallo que hay con respecto a la Ciudad de Buenos Aires donde avanzaron sobre el resto de las provincias”.

“En Argentina hace falta una reforma judicial y por eso estamos enviando, y esperamos que la oposición lo tenga en cuenta, muchos proyectos como la designación del Procurador, como la ley del Consejo, como la designación de jueces, que tiene que ser tratado lo antes posible para”, remarcó.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó este jueves en su tradicional conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, con un temario de 27 proyectos que incluye juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ampliación del Tribunal Superior y Consejo de la Magistratura.

Según aseguró Cerruti el temario incluye un total de 27 proyectos. “El periodo de extraordinarias según la convocatoria se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero”, precisó.

A continuación, procedió a leer uno por uno los proyectos:

• Proyecto de Ley modificatorio del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos (Exp. Diputados 4718-D-2022-Exp. Senado 36-CD2022).
• Proyecto de Ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (Msje. 99/22 Exp. Senado 158-PE-2022).
• Proyecto de Ley por el que se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (Msje 87/22-Exp. Senado 121-PE-2022-Exp. Diputados 57-S-2022).
• Proyecto de Ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877 y su modificatoria (Msje. 72/22 Exp. Diputados 11-PE-2022 - Exp. Senado 20-CD-2022).
• Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y sus modificatorias (Msje. 44/21 Exp. Senado 26-PE-2021).
• Proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios (Exp. Diputados 1010-D-2022).
• Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
• Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Honorable Senado de la Nación.
• Proyecto de Ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)-Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (Msje. 28/22 Exp. Diputados 9-PE-2022).
• Proyecto de Ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (Exp. Senado 1353-S-2022).
• Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos "Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento". (Msje. 128/21- Exp Senado 151-PE-2021 - Exp. Diputados 9-S-2022).
• Proyecto de Ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar (Exp Senado 2553-S-2021 - Exp. Diputados 23-S-2022).
• Proyecto de Ley de creación del Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul". (Exp. Diputados 1039-D2022-Exp. Senado 14-CD-2022).
• Proyecto de Ley por el que se establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas (Exp Senado 75-S-2021 - Exp. Diputados 29-S-2022).
• Proyecto de Ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional (Exp. Senado 957-S-2022-Exp. Diputados 21-S-2022)
• Proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales.
• Proyecto de Ley tendiente a crear el "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador" (Msje. 93/21- Exp. Diputados 12-PE-2021).
• Proyecto de Ley por el cual se sustituyen los artículos 23 y 45 de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana (Exp. Senado 2309-S-2021-Exp. Diputados 80-S-2021)
• Proyecto de Ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down, para su hijo o hija en estación o recién nacido/a. (Exp. Senado 1466-S-2021-Exp. Diputados 85-S-2021).
• Proyecto de Ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina (Exp. Senado 1787-S-2019-Exp. Diputados 144-S-2020).
• Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N°11.672.
• Proyecto de Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.
• Proyectos de Ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético.
• Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la La Nación.
• Proyecto de Ley solicitando el correspondiente permiso constitucional para que el señor presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023 (Msje 95/22-Exp. Senado 143-PE-2022).
• Proyecto de Ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional
• Proyecto de Ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

DECRE-2023-0017-APN-PTE

Mientras se aguarda que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias a través de un DNU y envié el temario para darle comienzo al pedido de juicio político contra la Corte Suprema, desde la vereda de enfrente ya adelantaron que no darán quórum. En ese sentido, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, le pidió a la oposición que se presente a las reuniones de la Comisión de Juicio Político porque "es una enorme oportunidad para la democracia argentina poder dar este debate en voz alta".

El dirigente santafesino cuestionó la "decisión política" de la alianza opositora "no solamente de no dar quorum en las sesiones, sino tampoco prestar colaboración en las comisiones".

"Hay que seguir haciendo un esfuerzo para tener la capacidad de separar los temas: si Juntos por el Cambio considera que algunos temas no le gustan, que vaya a las comisiones, manifieste su posición”, planteó el oficialista y exigió que “no se esconda tratando de impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados".

En declaraciones radiales, el dirigente peronista remarcó que "el quórum, bajar o no bajar, abrir o no una comisión, es una decisión política, no una cuestión de tomo y me das, es la decisión política de querer funcionar".

"Tenemos que ser capaces de funcionar más allá de las diferencias", destacó Martínez, quien expresó su "deseo" de que Juntos por el Cambio participe de la Comisión de Juicio Político de Diputados para tratar el expediente contra la Corte Suprema. En ese sentido, manifestó: "Es una enorme oportunidad para la democracia argentina poder dar este debate en voz alta, no escondernos detrás de ninguna excusa menor".

Para el jefe de la bancada oficialista en Diputados, es la chance de "abrir un nuevo ciclo político-institucional" en el que el Congreso y todas las fuerzas políticas pueden ponerse "como defensores de la democracia".

Finalmente, al ser consultado sobre el temario de las sesiones extraordinarias que convocará el presidente Alberto Fernández en los próximos días, el santafesino indicó: "Definir la agenda de extraordinarias es una facultad privativa del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que definir los temas y los tiempos de la convocatoria".

Dieciocho temas fueron incluidos en el menú elaborado por el Gobierno nacional para ser tratados en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero de este año. Como se recordará, el dato saliente fue que ninguno alcanzó a ser tratado.

Contrariamente a lo que se esperaba, no se incluyó en ese temario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho fue el factor que provocó un estallido en el seno del oficialismo, con la renuncia presentada por Máximo Kirchner el último día del mes de enero, precisamente por estar en desacuerdo con el texto que terminó aprobándose en el mes de marzo.

Y fue precisamente el debate interno que desató esa renuncia lo que complicó la discusión del temario de extraordinarias, al punto tal que por primera vez desde 1983, ninguno de los proyectos propuestos alcanzó siquiera a ser tratado.

De ese temario, solo dos tenían inicio en el Senado de la Nación: el Consenso Fiscal y la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. También figuraba el Marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, que ya había pasado por la Cámara alta y tenía media sanción.

Comencemos entonces con esos dos temas. En el caso del Consenso Fiscal, el acuerdo busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen, y fue rubricado el pasado 27 de diciembre de 2021 por la mayoría de las jurisdicciones, salvo el caso de CABA.

No fue tratado en extraordinarias, pero tampoco se inició nunca su debate en la Cámara alta.

En el caso del Consejo de la Magistratura, corría en febrero la cuenta regresiva dispuesta por la Corte Suprema de Justicia para que el Parlamento elaborara una ley antes de que concluyeran los 180 días de tiempo que había dado el Tribunal Supremo para ese fin, y sin embargo el debate en comisión en el Senado arrancó recién promediando el mes de marzo, aprobándose en el recinto el 7 de abril, por 37 votos a favor y 33 en contra. En Diputados el proyecto está trabado, pues el oficialismo no cuenta con el número necesario para su aprobación, tal cual llegó del Senado y la oposición teme que eventuales reformas que se hicieran en Diputados no prosperen en la Cámara alta.

Por la Cámara baja ya pasaron funcionarios y especialistas para explicar la norma, pero no hay perspectivas de tratamiento en el recinto.

Uno de los temas que está en veremos todavía es el proyecto de Promoción de la Electromovilidad, un proyecto del Ejecutivo que propone fijar las bases para difundir la producción y venta de autos eléctricos en la Argentina, y pone como fecha el 1 de enero de 2041 para la prohibición de la fabricación de motores de combustión interna en el país. El proyecto ingresó formalmente el 24 de enero pasado a la Cámara baja y fue girado a las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, donde todavía no arrancó su discusión.

El proyecto que sí fue debatido es el de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. La iniciativa del Poder Ejecutivo busca promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

El 5 de julio tuvo media sanción en Diputados por 227 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.

El Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal fue enviado por el Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de este año y ya comenzó su tratamiento en las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Industria y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde el 6 de julio se realizó una reunión informativa.

Compre Argentino fue otro de los proyectos del PEN y su tratamiento arrancó antes, pero se complicó en las comisiones, donde se le introdujeron modificaciones para garantizar su aprobación. Sin embargo, el 24 de mayo se emitieron dos dictámenes y si bien desde el oficialismo se aseguraba que los números estaban para su aprobación, la demora en su envío al recinto expresa lo contrario.

La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas.

También fue incluido en el temario de extraordinarias el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que establece una prórroga sobre los plazos de la Ley 27.613 que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios mediante incentivos a la construcción. Este proyecto sí fue aprobado en la Cámara de Diputados y está en el Senado, donde obtuvo dictamen el pasado 6 de julio.

El proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería tiene por objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en su formación continua. El proyecto cuenta con dos dictámenes y por lo tanto está listo para llegar al recinto de la Cámara baja.

Una de las leyes más ponderadas de las aprobadas este año es la de Respuesta integral al VIH. Una norma que busca dar una respuesta integral a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual y que fue aprobada en Diputados el 5 de mayo.

El Senado lo transformó en ley el 30 de junio por 60 votos a favor y 1 en contra.

Otra norma que se convirtió en ley es el Marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Tuvo sanción definitiva en Diputados por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, en la sesión del 5 de mayo. La norma había recibido media sanción del Senado en julio de 2021.

Crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

El capítulo medio ambiente incluía la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en Río Negro. La Cámara baja aprobó ambos el 16 de junio y fueron convertidos en ley el 30 de junio en el Senado.

No arrancó en cambio el debate de la creación de dos universidades nacionales: la del Delta y la de Pilar. La primera fue impulsada a través de un proyecto presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y su compañera de bancada Alicia Aparicio, en tanto que la de Pilar fue impulsada por otro diputado oficialista, Ramiro Gutiérrez. Se aguarda el tratamiento de ambos proyectos en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

En cuanto a la creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, la iniciativa establece también que “ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”. Fue aprobada en la madrugada del 6 de julio por 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención, al cabo de una áspera polémica en la que desde Juntos por el Cambio cuestionaban el giro que el tema había tenido a las comisiones y terminaron levantándose de sus bancas. Solo se logró la votación por la permanencia de los diputados del bloque Encuentro Federal, de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.

En caso de que se hubiera caído la sesión por esa polémica con el Agujero Azul, no hubiera podido aprobarse la norma puesta a consideración a continuación, la de Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana. El proyecto propicia el uso responsable de los antibióticos y regula cuestiones referidas al expendio de los medicamentos y tuvo media sanción por 199 votos a favor y uno en contra en esa misma madrugada, a continuación de la media sanción de Agujero Azul.

Completaban el temario de extraordinaria una serie de acuerdos y transferencias de inmuebles, que ya fueron tratados.

Sacando entonces esos temas, de los 16 restantes solo 4 completaron el ciclo legislativo y son ley; 5 tienen media sanción y 7 esperan todavía llegar a uno de los recintos.

Muchos se sorprendieron cuando el mes de enero transcurrió en el Congreso sin pena ni gloria. Tras reiterados anuncios de convocatoria a extraordinarias, el Poder Ejecutivo terminó enviando el decreto correspondiente recién a fin de mes y llamando al Congreso a reunirse a lo largo del mes de febrero. Nadie debiera sorprenderse: tal cual informara oportunamente parlamentario.com, es absolutamente inhabitual que el Congreso sesione durante el primer mes del año; por el contrario, en los últimos 20 años solo se reunió en enero cuando la crisis de 2001, aunque también hay que reconocer que con Alberto Fernández en el poder también lo hizo en enero de 2020, el primer verano de la gestión actual.

Fue tal vez la búsqueda del Gobierno de Fernándezde mostrarse entonces activo en el Parlamento luego de haber anunciado una gran batería de proyectos, buena parte de los cuales quedaron para ordinarias.

Pues esa parece ser una constante de esta administración: el anuncio de ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordándose un puñado. Pruebas al tanto: de la decena de proyectos anunciados en el primer año de la gestión albertista, solo fue aprobado poco más de la mitad; y el segundo año, de los proyectos incluidos en extraordinarias, se aprobó menos del 20%.

Ahora el Poder Ejecutivo envió 18 iniciativas, la mayoría de las cuales no reviste mayor urgencia; hasta puede incluir más, pero a esta altura nadie se sorprendería si los recintos de ambas cámaras terminaran cerrados a lo largo de todo el verano.

La experiencia del primer año

Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.

En esa convocatoria inicial incluyó solo tres temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.

Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.

Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.

Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.

Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.

Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.

En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.

El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.

Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.

El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.

El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.

El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.

El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.

Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.

El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.

Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.

En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.

Las siguientes extraordinarias

El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.

Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.

A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos.

El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.

Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.

Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.

Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.

Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorice los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.

Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.

Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.

No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.

También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.

Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.

Muchos de esos temas serían tratados en el futuro, otros no. Pero en definitiva lo que demuestra la experiencia de esos dos primeros años y la del actual es que este Gobierno anuncia mucho y concreta poco. Por razones inexplicables, es su modus operandi.

Extraordinarias 2019	Aprobadas	No tratadas
Ley ómnibus de emergencias	X
Consenso Fiscal	X
Jubilaciones de jueces y diplomáticos	X
Reforma Judicial		X
Consejo Económico y Social		X
Ley de Hidrocarburos		X
Sostenibilidad de la deuda	X
Ley de Góndolas	X
Designación de la defensora del Niño	X
Economía del Conocimiento		X
Capitales alternas		X

Extraordinarias 2020	Aprobadas	No tratadas
Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes		X
Presupuestos mínimos para la educación ambiental		X
Biocombustibles		X
Sostenibilidad de la deuda pública	X
Incentivo a la construcción privada	X
Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología	X
Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan	X
Reforma judicial		X
Ministerio Público		X
Consenso Fiscal 2020		X
Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia		X
Suba del mínimo no imponible de Ganancias		X
Etiquetado frontal de alimentos		X
Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos		X
Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario		X
Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos		X
Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte		X
Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos		X
Suspensión de la inscripción de las SAS		X
Reactivación de la obra pública para vivienda		X
Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas		X
Código Procesal Penal Federal		X
Cupo laboral travesti/trans		X
Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea		X
Suspensión de las PASO		X

Tras participar de la reunión de la Mesa Nacional de JxC, el jefe del bloque en Diputados de la UCR Mario Negri (Córdoba) opinó sobre el acuerdo al que llegó el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y destacó que “evita un default” al tiempo que sugirió que “si el Ejecutivo tiene una carta de intención avanzada con el Fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias”.

El legislador radical ponderó en su cuenta de Twitter: “Este primer entendimiento con el FMI evita el default, que hubiera sido tremendo para el país”, y agregó: “Esta negociación continuará, debe haber detalles definitivos y todo se deberá traducir en una suerte de memorando de entendimiento que discutirá el Congreso”.

Sin embargo, advirtió: “Hay que ser cuidadoso. Está claro que se está arribando al entendimiento definitivo que superará a esta administración y comprometerá a las futuras administraciones. Por eso hay que ser prudente y no equivocarse. El Congreso analizará todo con mucho cuidado”.

“Nosotros, desde JxC, no damos golpes bajos porque está por delante el país, se compromete el futuro de muchas generaciones de argentinos”, afirmó Negri.

Por último, hizo referencia al temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Gobierno para el mes de febrero y sugirió: “Si el PEN tiene una carta de intención avanzada con el Fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias o bien esperar a marzo. Nosotros estamos esperando en el Congreso”.

Hay que ser cuidadoso. Está claro que se está arribando al entendimiento definitivo que superará a esta administración y comprometerá a las futuras administraciones. Por eso hay que ser prudente y no equivocarse. El Congreso analizará todo con mucho cuidado. 2/4

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 28, 2022

Si el PEN tiene una carta de intención avanzada con el Fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias o bien esperar a marzo. Nosotros estamos esperando en el Congreso. 4/4

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 28, 2022