El abogado especialista en derecho constitucional Manuel García Mansilla, anunciado este miércoles por el Gobierno nacional como candidato a la Corte Suprema de Justicia, en lugar de Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años en diciembre, participó en 2018 -durante el gobierno de Cambiemos- en el debate por la legalización del aborto en el Senado.

El profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral fue uno de los invitados en las jornadas que se desarrollaron ese año, cuando el proyecto tuvo media sanción de Diputados, pero luego fue rechazado en la Cámara alta. Finalmente, la norma resultó aprobada en diciembre de 2020, ya bajo la gestión del Frente de Todos.

En su intervención, García Mansilla planteó “tres objeciones jurídicas” en contra del aborto legal, algo de lo que está en contra el presidente Javier Milei y el espacio libertario.

El abogado defendió que “el derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito, que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”.

En esa ocasión, criticó que el proyecto con media sanción “pretende garantizarlo hasta la semana 14 del embarazo, inclusive, sin restricciones y con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante, pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone”. Y agregó que “el proyecto de ley choca frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño”.

“Es evidente que el aborto no tiene consenso, gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales, sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir, a través del ejercicio del poder constituyente”, sostuvo García Mansilla en su exposición, que concluyó: “Señores senadores, no aprueben este proyecto de ley, no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional”.

 

El Frente de Izquierda envió una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando que se retire el proyecto presentado por la diputada oficialista Rocío Belén Bonacci que impulsa la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La nota fue suscripta por los diputados Romina Del Plá, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Christian Castillo.

Entre los argumentos, los legisladores plantearon que la iniciativa de la libertaria “incorpora en la presentación, adhiriendo al mismo en calidad de ‘co-autores’, las firmas de los diputados Oscar Zago presidente de su bloque, Lilia Lemoine, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar”, y agregaron las declaraciones de Lemoine rechazando públicamente la autenticidad de su firma.

En esa línea, resaltaron que la propia autora del proyecto “reconoció a través de las redes sociales que tales firmas no se habían formalizado de acuerdo al procedimiento reglamentario, es decir, a través de una comunicación por la cuenta oficial de los diputados firmantes”.

“Como otros tantos intentos ilegítimos de imponer un retroceso a los derechos conquistados, que el oficialismo ha buscado imponer en sus escasos días de gobierno, éste también deberá fracasar. Reclamamos la anulación por parte de la Presidencia del expediente al que se dio curso indebidamente, siendo fraudulentas sus adhesiones -según declaraciones de tres de sus supuestos firmantes-, y alertamos sobre la naturaleza anti derechos intrínseca en el mismo, ya que no solo penalizaría nueva y doblemente a la las personas gestantes y a los profesionales médicos sino que además pretende disminuir la pena a quien lleve a la muerte a una persona gestante por un aborto no consentido”, fundamentaron.

nota a presidencia 5258-D-2023

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró este jueves que el proyecto que propone derogar la Ley del Aborto, presentado por la diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci, “no es parte de la agenda del presidente, no ha sido una decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.

“Hoy desde el Poder Ejecutivo estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son muchísimo más urgentes y relevantes que ocuparnos de este tema”, agregó.

Por otro lado, consultado en conferencia de prensa sobre el futuro de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el funcionario sostuvo: “La sensación que dejó el Congreso, en general, y algunos legisladores en particular, es que no hay demasiada intención de promover, colaborar y empujar el cambio que la gente propuso con su voto en noviembre”. Respecto del balotaje, donde Javier Milei se consagró con el 56% de los votos, dijo que ese “fue y es nuestro mejor plebiscito”.

Adorni expresó que “en esta falta de colaboración se evaluará qué camino tomar con lo que deseamos, que es la ley de Bases, que era urgente para nosotros”. Sin embargo, afirmó que tienen “las herramientas constitucionales para salir adelante”.

“Quedó a la vista de todos que podemos sanear la economía sin la necesidad de que haya leyes que pasen por el Congreso”, lanzó y completó que la ley ómnibus “implicaba una Argentina de largo plazo distinta, pero todo se va a terminar consumando y haciendo realidad. Lo que ha cambiado es parte de los tiempos que teníamos pensado”.

 

 

Luego de que los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) un proyecto de ley por el cual se deroga la Ley 27.610 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los legisladores porteños de Vamos por Más (VxM), Confianza Pública (CP), MST y Unión por la Patria (UP) expresaron su rechazo a la iniciativa.

En ese sentido, la vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad y miembro del bloque CP, Graciela Ocaña, consideró que “la discusión que pretenden dar está totalmente fuera de la realidad. Primero, porque las preocupaciones que los argentinos tenemos son los salarios de miseria, las jubilaciones al borde de la indigencia, la inflación de enero cerca del 22% y la inseguridad descontrolada, y segundo porque es una discusión ya saldada” e insistió en que “el Gobierno Nacional debe dar respuesta a los problemas económicos que hoy tenemos de forma urgente”.

Asimismo, Facundo Del Gaiso (VxM) remarcó que es “católico, estuve y estoy en contra de la despenalización del aborto. Creo siempre en la defensa de las dos vidas. Ahora, el proyecto presentado por los diputados de Javier Milei es nefasto e hipócrita. Se presenta antes de la audiencia con el Papa, para desviar la atención”.

En tanto, la legisladora de UP Victoria Freire planteó que “el proyecto de derogación del aborto legal es para la tribuna, quieren tapar el fracaso legislativo, su intento de vender el país y el ajuste brutal sobre la población. Si lo intentan, no van a poder. Una provocación para distraer, no les da la nafta”.

Finalmente, Cele Fierro (MST) concluyó planteando que “vienen por nuestro derecho. No van a lograr más que reactivar la marea verde”.

Luego de la presentación del proyecto para derogar la Ley de Aborto (27.610), por parte de la diputada libertaria Rocío Bonacci, legisladoras de distintos bloques de la oposición que impulsaron la iniciativa se manifestaron en contra.

A través de la red social X, la kirchnerista Mónica Macha, quien en diciembre de 2020 presidía la Comisión de Mujeres y Diversidad, escribió: “Aborto legal. ¡Si es Ley! Y es nuestra. La defenderemos porque no pueden morir mujeres y personas con capacidad de gestar, en abortos clandestinos. No retrocederemos ni un paso atrás. Somos marea verde, feminista y solidaria”.

Por su parte, también desde Unión por la Patria, Carolina Gaillard, otra protagonista del histórico debate en su rol por entonces de presidenta de la Comisión de Legislación Penal, señaló que “los diputados de La Libertad Avanza han presentado un proyecto de ley para derogar la ley 27.610 y penalizar la interrupción voluntaria del embarazo”.

“No daremos un solo paso atrás en materia de derechos de las mujeres. Más firmes que nunca para defender una ley que se construyó a fuerza de militancia, participación activa del feminismo, organismos de derechos humanos y el cuerpo de miles de mujeres que murieron por la clandestinidad. Una ley que vino a dar una respuesta a un problema de salud pública. Ni un paso atrás con aborto legal!”, enfatizó.

En tanto, la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Cecilia Moreau, aseguró que “los derechos conquistados no van a ser arrebatados. Buscan cambiar de tema, se equivocan otra vez”.

“Gente, no va a pasar. Fin”, fue el posteo de la radical Karina Banfi, junto a un emoji de corazón verde; mientras que la macrista Silvia Lospennato, actual aliada del oficialismo, se limitó a escribir un “No” con un emoji de mano con pulgar para abajo.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman expresó: “Se ve a diputados de La Libertad Avanza desesperados por volver a usar a la reacción patriarcal como elemento aglutinador, ahora, siendo gobierno y en medio de tarifazos, ajustes y una inflación desatada”.

“El oficialismo presenta un proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ofrenda de Milei al oscurantismo. No pasarán. En las calles nos va a encontrar”, publicó Romina Del Plá.

Además, sostuvo que “es muy grave que el oficialismo quiera avanzar sobre una conquista histórica como lo fue la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta ley que fue conquistada después de años de lucha por el movimiento feminista de la Argentina, donde se dio un enorme debate en la Cámara de Diputados, e incluso permitió el debate y reagrupamiento de diferentes sectores, una ley que fue cajoneada durante años, pero que a partir de la organización y de la fuerza de la `marea verde´ en las calles nos permitió dar un salto gigante en materia de derechos para las personas gestantes. Acá hay que ser claros, si el oficialismo intenta derogar la ley de la IVE, nos va a encontrar en las calles”.

“Por otro lado, la presentación de este proyecto, una vez más demuestra que los que se llaman libertarios, de libertarios no tienen nada. Por el contrario, desde que asumieron como gobierno no han hecho otra cosa que cercenar derechos: desde prohibir el derecho a la protesta con el protocolo antipiquete de Bullrich, pasando por el intento ahora fallido, de la ley ómnibus, que derogaba leyes en el ámbito de la cultura, entre otras, hasta la falta de entrega de alimentos a los comedores, algo tan elemental como el derecho a comer”, cerró.

 

La diputada libertaria Lilia Lemoine le salió al cruce a su compañera de bloque Rocío Bonacci (Santa Fe) luego de que incluyera su firma en el proyecto de ley que presentó para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre de 2020.

“Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino”, aseguró Lemoine en diálogo con Corta. Ante la consulta sobre a quién responsabilizaba, contestó: “A la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto”.

El texto, de autoría de Bonacci, lleva la firma del jefe de la bancada libertaria Oscar Zago, y los diputados Lemoine, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar.

Tras las acusaciones de Lemoine, la santafecina se defendió a través de su cuenta de X para aclarar que el proyecto “es una iniciativa propia y no del Poder Ejecutivo” que encabeza Javier Milei. “Ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, agregó.

En otro posteo, intentó explicar: “No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente… podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”, y cerró: “Los diputados pueden y deben presentar PROYECTOS. No sabía que tenía que pedir permiso para proceder”.

A pocos días de asumir como diputado nacional, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA) celebró “el hecho de tener una tercera fuerza” en el Poder Legislativo, algo que le parece “saludable para la democracia”.
Pero opinó que al Congreso hay que llevarlo “a ser el que era en 1900, que era la envidia de la academia y la política europea que venía a revisar la excelencia de las actas de los debates”.

“Hoy uno mira lo que es el Congreso, todos con fueros, es una runfla de delincuentes, por supuesto hay que salvar honrosas excepciones, con un montón de asesores, hay quienes han llegado a tener 60”, cuestionó el libertario.

En diálogo con Radio Continental, el diputado electo que encabezó la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires reveló que “si (Sergio) Massa era presidente, yo tenía una larga lista de derogación de leyes, porque creo que hemos tenido una inflación legislativa en los últimos 40 años, sobre todo sobre el ciudadano, para regularlo y controlarlo. Pero con (Javier) Milei en el Poder Ejecutivo, ahora tenemos que hacer foco en todas las reformas que hay que hacer primero”.

“Igual, no desatiendo algunos aspectos que, si queda lugar para tratar, tengo una larga lista como la Ley de Góndolas, la Ley de Alquileres”, señaló y, al ser consultado por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sostuvo: “Aborto no sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario; que tengamos una ley de aborto me parece la salvajada más espantosa”.

En ese sentido, agregó que le parece que “somos unos salvajes si estamos hablando de las leliqs y la tasa de interés y no creemos en la vida… Sí, por supuesto, yo la derogaría. De los debates que existen, los argumentos de los pañuelos verdes me parecen de los más pobres”.

“Me he puesto en los zapatos de ellos para contraargumentar, que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo… Por supuesto que la madre tiene el derecho a su cuerpo, pero es la vida de otro. La madre no tiene 20 dedos de la mano, hay otros 10 dedos que son de otra persona, con un ADN distinto y con derechos iguales al de la madre”, expresó.

Respecto al plan de gobierno de Milei, “Bertie” Benegas Lynch apuntó que “lo primero es recortar el gasto del Estado, que es donde roba la política, sin tocar partidas sociales, que no solo implican los subsidios sino planes”.

“El plan social es algo indigno para el argentino, algo muy macabro de la política que es el clientelismo para perpetuarse en el poder. Milei siempre dijo que estamos en el quinto subsuelo del infierno, por lo que a las víctimas del sistema no podés sacarles los planes en un contexto de desempleo y pobreza que hay. Hay que preparar al sector privado, que hoy está absolutamente deprimido, para que pueda recibir ese capital humano que está desaprovechado”, observó.

El economista opinó que “lo de los planes sociales ha sido como el clímax del feudo, que no recauda, recibe porque es adicto del Gobierno nacional por la coparticipación. Así tenés provincias que llegan al 85% entre empleados públicos y planes, entonces dicen, ‘me votan’”. “Lo que a mí me dio esperanza es que en esas provincias feudales ha ganado Javier, lo cual te dice que la Argentina está viva en su dignidad. La gente tiene un plan y no quiere tener la cánula endovenosa con las migajas del gobierno cuando puede forjar su propio destino y ser mejor”, añadió.

Consultado por las protestas que se podrían generar a partir de ciertas medidas antipáticas, el libertario enfatizó que “no se puede tolerar que usen a la gente como rehén, incluso a sus propios hijos con los cochecitos. Si no tocás partidas sociales, la gente interesada, la vulnerable, no tendría por qué hacer ningún reclamo. Y los planes sociales no se tocan. Lo que se ve es gente que usa a otra como carne de cañón para proteger sus propios privilegios”.

Por otra parte, aseguró que “para que la salida de los subsidios no le impacten al usuario, como hizo (Juan José) Aranguren en su momento, que creo que fue un error, es recalibrar la ecuación económica y financiera de los contratos de las empresas de servicios”.

“La gente que dice que el empleado público es un vago, un ñoqui, no sirve para nada, yo no estoy de acuerdo en eso, simplemente está inmerso en un sistema de incentivos equivocado”, manifestó.

Tal y cómo lo anunció parlamentario.com, organizaciones sociales y militantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) se reunieron en las inmediaciones de la Legislatura de la Ciudad para exigir la derogación del acuerdo firmado entre el Consejo Social y el Ministerio de Salud de la Ciudad, que crea una línea telefónica (0800 – VIDA) que será atendida por una red de 400 asociaciones ligadas a las iglesias evangélicas.

En ese sentido, la legisladora Mercedes De Mendieta (FIT) explicó que “mujeres y disidencias junto con la Campaña nacional por el derecho al aborto tenemos una parada importante en la Legislatura porteña para exigir que se tire para atrás el convenio de Horacio Rodríguez Larreta y los antiderechos conocido como 0800VIDA” e insistió: “no vamos a permitir que dentro del sistema de salud pública de la ciudad se financien a sectores evangélicos para que generen trabas al derecho al aborto legal, que es una conquista histórica del movimiento feminista en las calles. Por eso mismo, desde nuestra banca impulsamos una proyecto de ley de derogación del convenio”.

“Larreta está preocupado porque sabe que tiene difícil la interna de Juntos por el Cambio con la reaccionaria de Patricia Bullrich. También disputan un voto más a la derecha con el machista y misógino de Javier Milei.  No olvidemos que Larreta se sumó a los dichos de Milei de que eliminaría el Ministerio de mujeres, géneros y diversidad. No vamos a permitir que nuestros derechos sean sometidos a la especulación electora”, continuó.

Al mismo tiempo que precisó que “el acuerdo no cayó bien. El derecho al aborto legal fue una conquista histórica de la movilización de la Marea Verde, no fue concesión de ningún gobierno o parlamento”.

“Tenemos que retomar las calles con la campaña por el aborto legal hasta que se caiga el convenio y se retire la folletería que está en los hospitales circulando y que se vayan las iglesias de nuestro sistema de salud, que históricamente se han opuesto a todos los derechos de las mujeres y disidencias. Por eso, esta pelea se liga a nuestro reclamo de la separación de la iglesia y el estado”, sentenció.

Luego de que el ministro de Salud, Fernán Quirós, presentara la línea 0800- VIDA, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry junto a organizaciones sociales se movilizarán este jueves a partir de las 17 a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para expresar su rechazo al acuerdo firmado entre el Consejo Social y el Ministerio de Salud de la Ciudad, que crea una línea telefónica que será atendida por una red de 400 asociaciones ligadas a las iglesias evangélicas.

En ese sentido, la legisladora recordó que presentó “un proyecto en la Legislatura para declarar la nulidad de este convenio que crea la línea telefónica 0800 VIDA en los hospitales públicos, y también un pedido de informes para conocer el funcionamiento del mismo ya que tanto Fernán Quirós como Cinthia Hotton se niegan a hacerlo público”.

Al mismo tiempo que aseveró: “buscaremos todas las vías para dar la información a la sociedad y especialmente al movimiento de mujeres y la diversidad sexual que logramos la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo con nuestra lucha en las calles”.

Asimismo la dirigente de izquierda afirmó que “luego de realizar un acto con mil pastores evangélicos junto a Hotton, Larreta busca dar un nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+. La misma que Javier Milei contra la implementación de la ESI”.

“Como denuncian las y los residentes y concurrentes de la Asamblea de CABA, el jefe de Gobierno y el ministro son responsables de un sistema de salud precario para trabajadores, trabajadoras y pacientes y ahora le agregan la injerencia de privados y organizaciones religiosas lo cual viola los derechos de mujeres, personas gestantes y niños y niñas”, agregó y concluyó señalando que “seguiremos movilizadas con mis compañeras de Pan y Rosas junto a la Campaña y todas las organizaciones para lograr que se anule este convenio”.

Después de que el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, se mostrara junto a la presidenta del Consejo Social porteño, Cynthia Hotton, se mostraran juntos en el lanzamiento de la Red Nacional de contención al Embarazo Vulnerable 0800-333-1148 (VIDA), los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) presentaron en la Legislatura local un proyecto de resolución mediante el cual buscarán obtener precisiones acerca de la mencionada línea y su finalidad.

En ese sentido, los diputados le solicitarán al Gobierno porteño que “informe y detalle los convenios y/o acuerdo suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Social de la Ciudad respecto a línea telefónica de asistencia 0800 VIDA (0800 333 1148) y/o aplicación de la Ley 27.611”. Así como también que brinde precisiones sobre las facultades del Consejo Social para determinar normativa y/o acuerdos de aplicación de la Ley 27.611.

También pidieron que se “informe y detalle organizaciones integrantes de la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable y su relación con el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires a nivel institucional, inicio del vínculo, objetivos y financiamiento”.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores aseveraron que “se tomó conocimiento mediante distintos medios de comunicación y redes sociales de la existencia de un Convenio entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Ciudad para que todos los hospitales públicos porteños difundan cartelería de una línea telefónica denominada ‘0800 VIDA’, la cual es atendida por la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable con la intención de brindar una especie de consultoría o asesoramiento a personas gestantes” y precisaron que “en el sitio web oficial 0800vida.com.ar se informa que la Red aludida está integrada por 400 instituciones voluntarias comprometidas con la defensa de las dos vidas, organizaciones de clara orientación religiosa y confesional”.

“A pesar de haberlo intentado, no se ha podido encontrar el Convenio aludido. La única información oficial es la que difunde la presidenta del Consejo Social en sus redes sociales”, añadieron.

Al mismo tiempo que detallaron que “la existencia de Convenios del tipo descripto por la Presidenta Hotton junto al Ministro de Salud Fernán Quirós, implicaría la reglamentación de la Ley 27.611 y sus concordantes por parte de un organismo no competente y la tercerización de una actividad prohibida –como es el asesoramiento a pacientes- por parte de organizaciones religiosas y confesionales, lo cual resulta totalmente vulneratorio de los derechos determinados en las normativas de salud pública y reproductiva”.

“La Ley 27.611 es una normativa de salud pública obligatoria en todas las jurisdicciones del país, y como tal no permite la injerencia de organizaciones religiosas en su aplicación y mucho menos reglamentación. Es urgente que den un informe y detalle del Convenio suscripto entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la existencia de la línea telefónica 0800 VIDA”, sentenciaron.

Luego de conocerse que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes la sentencia Roe vs Wade de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, con lo que dejó en manos de cada estado la potestad de autorizarlo o no, refrentes políticos se expresaron a favor y en contra de la decisión del máximo tribunal.

Por el lado de los “pañuelos verdes”, manifestó su descontento la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti: “Repudio total al fallo que revoca el derecho al #aborto en EEUU. Un retroceso en materia de derechos de las personas gestantes que da cuenta del avance atroz de la derecha en el mundo. Somos marea y aunque quieran detenernos persistiremos y volveremos”.

Repudio total al fallo que revoca el derecho al #aborto en EEUU. Un retroceso en materia de derechos de las personas gestantes que da cuenta del avance atroz de la derecha en el mundo. Somos marea y aunque quieran detenernos persistiremos y volveremos✊🏾💚. pic.twitter.com/bSmE0uJXGV

— Gabriela Cerruti (@gabicerru) June 24, 2022

En el mismo sentido se pronunció la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman quien escribió: “No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida” Simone de Beauvoir. La lucha continúa”.

“La sentencia sobre el caso Roe vs Wade deja a 36 millones de mujeres que viven en 13 estados gobernados por los republicanos a la suerte de la interpretación de la ley local. En algunos Estados existen proyectos que volverían a la criminalización”, sostuvo la vicepresidente del bloque UCR en Diputados, Karina Banfi, y agregó: “Cuando la política partidista se mete con la justicia condiciona la toma de decisión y siempre pierden los que necesitan la protección de sus derechos. Siempre perjudican libertades”.

Cuando la política partidista se mete con la justicia condiciona la toma de decisión y siempre pierden los que necesitan la protección de sus derechos. Siempre perjudican libertades.

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) June 24, 2022

De la vereda de enfrente, los “Provida” celebraron la decisión. Una de ellas fue la diputada del Pro Dina Rezinovsky: “Lo dijimos siempre: no existe el derecho al aborto. Existe el derecho a la vida. En un histórico fallo, la Corte Suprema de EE.UU. deroga el fallo que abrió la puerta al aborto en el país y que fue usado en el mundo para avalar la peor de las leyes: la que elimina seres humanos”.

Su par de bloque, el neuquino Francisco Sánchez tuiteó: “¡Adiós Row vs Wade! Se terminó el “derecho al aborto” en Estados Unidos”, y lanzó: “Ahora, hay que derogarlo aquí”.

Mismo mensaje posteó el libertario Javier Milei: “En Argentina lo vamos a lograr también”. Su compañera de espacio Victoria Villarruel acompañó: “Siempre la Vida, siempre sosteniendo el derecho de otros a nacer. Hoy se festeja que el aborto sufre su peor derrota en 50 años”.

Amalia Granata y Javier Milei celebraron la decisión de la Corte de EE.UU. contra el aborto: "En Argentina lo vamos a lograr también" – https://t.co/HSGmiB9QpK

— Javier Milei (@JMilei) June 24, 2022

“Llegó el fin de Row vs Wade. ¡El Aborto dejó de ser un ‘derecho’ en Estados Unidos! ¡Es momento de que toda América y el Mundo vuelva a apostar por la Vida!”, manifestó el diputado provincial santafesino Juan Argañaraz.

La excandidata a diputada nacional Cynthia Hotton celebró: “Casi 50 años después, el máximo tribunal de los Estados Unidos dio marcha atrás con el fallo a favor del aborto”, y preguntó: “¿Ustedes piensan que acá en Argentina nos vamos a cansar de luchar?”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires homenajeará este miércoles a las 17 declarará como personalidad destacada en el ámbito de los Derechos Humanos a la activista feminista Martha I. Rosenberg, cómo un reconocimiento por su destacada labor a favor de los derechos de las mujeres.

La distinción fue promovida por la diputada Lucía Romano (VJ) y contó con un amplio consenso de los distintos bloques legislativos. “El acto homenaje a Martha debe reflejar la diversidad y pluralidad de voces presente en la lucha por materializar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que no es que más que el reclamo por nuestra autonomía”, señaló la oficialista y precisó que “la campaña (por el aborto legal) congregó de manera transversal a grupos, personas y redes, a nivel federal y latinoamericano, que aportan fuerza y legitiman el reclamo. Es por esto que pudimos posicionar fuertemente el tema en la agenda política y mediática pese a las presiones de distintos sectores”.

Rosenberg, médica psicoanalista y activista feminista, milita desde muy joven causas de vital importancia como la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia social, el pacifismo, la igualdad, la libertad, y los derechos de las mujeres y de las personas discriminadas por su identidad sexo-genérica. Fue co-fundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desde donde se realizó un sólido trabajo de difusión y producción de conocimiento, y se conquistó nuevos derechos para el colectivo. Como parte de este grupo, Martha ha destacado el acierto que representó pensar la estrategia de la Campaña desde una perspectiva federal, democrática y plural.

Cabe señalar que en el acto también estarán presentes lo coautores del proyecto: Manuela Thourte (UCR-Ev), Roy Cortina (PS) y la ex diputada María Rosa Muiños (FdT). También contará con la presencia de legisladores de todos los espacios partidarios, ex legisladores y referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En el marco de la reunión de diputados de la Comisión de Mujer Infancia Adolescencia y Juventud, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martin conmemoró el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro y aprovechó la ocasión para insistir con la necesidad de ampliar la asistencia a las mujeres y cuestionar con dureza la designación de Juan Manzur como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

En ese sentido, la diputada planteó que “el ascenso en el gabinete de un político como Manzur, que no implementó la ESI en su provincia e incluso negó la ILE a una niña de 11 años que sufrió una violación es un golpe al movimiento que conquistó el aborto legal en la argentina”.

Asimismo planteó su posición al respecto a la crítica situación de los Centros Integrales de la Mujer en la Ciudad e indicó que “hemos presentado declaraciones de rechazo y pedidos de informes, referidos a la situación del cierre del Centro de la Comuna 15 y el traslado del Centro de la Comuna 12”.

“Las mujeres en la capital reclaman más centros integrales para brindar asistencia de forma inmediata, hemos colocado la necesidad del Bajo Flores de contar con uno allí. La situación en la Comuna 12 no es diferente porque de trasladarse el centro a Villa Urquiza, las mujeres del barrio Mitre ubicado en Saavedra, quedarían aún más distanciadas del centro de atención”, añadió.

Al mismo tiempo que concluyó aseverando que “si no rechazamos estas políticas del gobierno de Larreta, estaríamos avalando un ajuste liso y llano, contrario a lo que vienen reclamando las mujeres de las barriadas al calor del acrecentamiento de la violencia de género en medio de la pandemia y la crisis económica”.

Frente al Congreso de la Nación se realizará este martes, desde las 16, una radio abierta convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en el marco del por el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.

De la misma participarán la actual diputada nacional y candidata por reelección Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Mercedes Trimarchi, dirigenta de la agrupación de Mujeres Isadora Mujeres en Lucha y candidata a legisladora porteña dentro del FIT-U.

“Este año es la primera vez que el 28S nos encuentra en Argentina con el derecho al aborto conquistado gracias a la movilización. Seguir en las calles es fundamental para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 y que no haya ni una muerta ni una presa más por abortar”, señaló Schlotthauer.

Además, la legisladora remarcó que desde el Frente de Izquierda-Unidad “luchamos consecuentemente por la separación de la iglesia y el Estado; e invitamos a todas las feministas que también se oponen a la designación de (Juan) Manzur (como jefe de Gabinete) a que nos acompañen con su voto en noviembre para obtener bancas de izquierda en el Congreso que den estas peleas”.

En esa misma línea, Trimarchi repudió “la designación de Manzur como jefe de Gabinete por parte de Alberto Fernández. Manzur es un enemigo declarado de nuestros derechos que hasta obligó a niñas violadas a parir en su provincia. Alertamos sobre esta situación y decimos ni un paso atrás en nuestros derechos conquistados. Seguimos exigiendo la separación de la iglesia y el Estado”.

La legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa de declaración a través de la cual buscará expresar su repudio por la detención de una médica del Hospital Materno Infantil de Tartagal, quien aparándose en la Ley 27.610 realizó una interrupción voluntaria del embarazo, siendo la única médica no objetora de conciencia de la ciudad.

La especialista le habría realizado un aborto a una joven de 21 años, quien decidió interrumpir su embarazo en la semana 22 de gestación. Este es el punto clave del conflicto, dado a que el texto sancionado en diciembre del año pasado establece que la práctica puede realizarse hasta la semanas 14 de gestación.

En los fundamentos de la medida, Martín recordó que un comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, se señaló que “la compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.

Al mismo tiempo que precisó que “la ley de ILE señala que se requiere un consentimiento de la paciente que solicita el procedimiento aunque éste consentimiento existe, el fiscal Gonzalo Ariel Vega avanzó de todas formas en la detención alegando que para solicitar la ILE se necesitaba la autorización del Juez de Garantías y que el procedimiento fue realizado fuera de término sin dar ningún tipo de prueba que evidencie tal acusación”.

Además remarcó que “el aparato judicial salteño se ha puesto a disposición de Iglesias que tienen un enorme peso e injerencia en todo el país, pero particularmente en el norte argentino, nuevamente se pone de relieve que las relaciones entre Iglesia y Estado suponen un empoderamiento de instituciones oscurantistas y anti derechos”  y destacó que lo ocurrido “comprueba lo regresivo del artículo 10 sobre la Objeción de Conciencia, impulsado por estos mismos sectores oscurantistas para permitirse, incluso con la ley conquistada, la negación de este derecho. Este artículo es el que le permite a la Iglesia amedrentar y perseguir a los médicos para que se declaren objetores, e incluso ahora van más a fondo con su campaña oscurantista y arman una causa trucha contra la única profesional garantiza el cumplimiento de este derecho. La separación de la Iglesia del Estado es más necesaria que nunca”.

“La Legislatura porteña debe denunciar esta terrible violación de una ley conquistada por la lucha popular y exigir el desprocesamiento de la médica detenida”, sentenció la legisladora.

Observar las políticas públicas que garantizan el derecho al aborto en la Argentina es el objetivo central de “Proyecto mirar”, que el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health presentaron este miércoles, con el fin de monitorear la aplicación de la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto en todo el país.

El primer paso de esta iniciativa fue presentar el libro “El aborto en el Congreso: Argentina 2018-2020”, que indagó sobre el debate de la ley. La publicación contiene el resultado de tres estudios que especialistas de las ciencias sociales realizaron sobre el abordaje del tema en los medios de comunicación, las redes sociales y en las bancadas legislativas.

“Queremos indagar, a partir de datos oficiales y de las organizaciones territoriales, si el acceso al aborto y a la información en torno a él se ajusta a la ley en todo el país. Sabemos que hay desigualdades en diferentes provincias, por lo que esperamos que este monitoreo eche luz sobre ello y sirva de herramienta para políticas públicas efectivas”, enfatizó Silvina Ramos, investigadora del CEDES, durante el lanzamiento de la iniciativa, que se realizó vía Youtube con más de un centenar de personas conectadas.

Por su parte, Mariana Romero, investigadora del CEDES-CONICET, sostuvo: “Nuestro objetivo es monitorear la política pública en Argentina en torno a la IVE, por eso este libro, que es nuestro primer paso, nos parece relevante ya que estudia qué fue dicho y pensado desde tres escenarios cruciales para discutir los temas de agenda”.

Luego de la presentación del libro, el equipo de “Proyecto mirar, mirando al aborto en la Argentina” se enfocará en el diseño del sistema de información para monitorear las políticas sobre acceso al aborto. A partir de los datos relevados, planificarán estudios específicos para observar algunos temas en profundidad, que sirvan de instrumento para sugerir mejoras en las políticas públicas provinciales y nacionales que aborden el acceso al derecho a la IVE.

Para ello, desarrollarán y analizarán indicadores relativos al entorno normativo, a la implementación de cada política, su estructura y los recursos humanos que demanda, así como la calidad de los servicios. Este método permitirá el seguimiento estratégico y la comparación año a año de las acciones, así como con las realidades de otros países. Se basará en información pública y en datos que provienen de relevamientos especiales, para lo que se articulará con organizaciones de cada territorio.

“Esta ley es el resultado de un largo camino de movilización y visibilización social, nos da un poder enorme. Sin embargo, en cómo se aplica está el derecho. Es relevante para este estudio que es el termómetro del respeto a la IVE en el país comprender qué tópicos y valores circulaban entre quienes fueron actores centrales en la discusión pública y la aprobación de la normativa”, analizó Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES.

Integrante del consejo asesor del “Proyecto mirar”, la senadora nacional Norma Durango (FdT), presidenta de la Banca de la Mujer, destacó que “en momentos en que nos encontramos acompañando la implementación de la ley, con sus obstáculos y resistencias, el trabajo de instituciones como el CEDES e Ibis Reproductive Health sin lugar a dudas aporta al monitoreo responsable y comprometido de una política pública tan significativa para la vida de las mujeres y personas gestantes”.

La legisladora pampeana consideró que esta iniciativa “no sólo contribuye a fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de implementación de la IVE, sino también a contar con información estratégica y de calidad para acompañar la toma de decisiones y para medir el impacto y sus efectos en la ciudadanía”.

“En definitiva, para que en nuestro país, la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica segura, para que la maternidad sea voluntaria y deseada, y se deje atrás la clandestinidad y la criminalización de las mujeres y personas gestantes”, resaltó la oficialista.

En tanto, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro), quien también integra el consejo asesor, señaló: “Sabíamos que la legalización del aborto era como una carrera de vallas. La primera, que era aprobar la ley, era la más difícil pero no la última, porque después vendría la judicialización y las dificultades para la implementación”.

“Cuando pasamos la ley, los grandes reflectores se apagaron, los medios dejaron de hablar del tema y la militancia sintió que su derecho estaba conquistado, pero las personas que durante muchos años lucharon por este derecho siguieron trabajando para que la próxima valla no derribara todo el esfuerzo que habíamos hecho”, observó la legisladora, que opinó que “el ‘Proyecto mirar’ es esa linterna que sigue iluminando cuando se apaga el reflector, porque aún necesitamos ver los desafíos que tenemos por delante”.

Algunas conclusiones del libro

En el libro se revela que entre los diputados que apoyaron la ley, las intervenciones giraron principalmente alrededor de los bloques discursivos sanitario (23,39%), feminista (18,07%), partidario (13,86%) y reparador (13,49%), respectivamente.

Por el contrario, entre quienes rechazaron el proyecto, las intervenciones se focalizaron en los bloques discursivos bioético (28,26%), partidario (16,88%), sanitario (15,21%), y constitucional (14,65%).

La edad de los legisladores supuso diferencias significativas entre las estrategias discursivas: entre quienes votaron a favor del proyecto de IVE, por ejemplo, existe una clara distinción en el uso del bloque discursivo reparador, así las legisladoras menores de 40 años mencionaron conceptos asociados a clandestinidad, seguro y muerte entre 2,5 y 3 puntos porcentuales más que sus pares mayores de 40 años. Por el contrario, entre los legisladores de edades más avanzadas, el uso de los bloques discursivos bioético y constitucional fue mucho más frecuente que entre las y los más jóvenes.

Entre quienes se opusieron a la ley de IVE, sobresale la diferencia en el uso del bloque discursivo partidario entre quienes son menores de 40 años, que mencionaron términos asociados a las categorías de Gobierno nacional, oportunismo y vulnerabilidad en un 24,47% de sus intervenciones, mientras que entre quienes son mayores de 60 años tal porcentaje fue del 14,68%.

El género de los legisladores, por su parte, no arrojó diferencias significativas en el modo de enmarcar la problemática del aborto, observa un resumen del estudio plasmado en el libro.

Tras la sanción histórica de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), junto con Ibis Reproductive Health, lanzan el “Proyecto mirar, mirando el aborto en la Argentina”, con el objetivo de monitorear la implementación de la norma.

Como primer paso, este miércoles se realizará la presentación del libro “El aborto en el Congreso: Argentina 2018-2020”, que reúne, mediante tres estudios realizados por especialistas de reconocida trayectoria, un análisis de los discursos en torno al debate y la aprobación de la ley.

El encuentro “Lecciones verdes”, como se denomina el evento vía streaming en el que se presentará el libro, se realizará el 1ro. de septiembre por Youtube, y contará con la participación de investigadoras de CEDES e Ibis, y de autores de los estudios, quienes profundizarán sobre sus hallazgos.

Allí se recorrerán las tres investigaciones que componen el libro: una analizó el discurso de legisladoras y legisladores durante el debate parlamentario; la segunda se preguntó por los principales tópicos en los medios de comunicación; y la última indagó sobre cuáles fueron los ecos en las redes sociales.

En el libro se revela que entre los diputados que apoyaron la ley, las intervenciones giraron principalmente alrededor de los bloques discursivos sanitario (23,39%), feminista (18,07%), partidario (13,86%) y reparador (13,49%), respectivamente.

Por el contrario, entre quienes rechazaron el proyecto, las intervenciones se focalizaron en los bloques discursivos bioético (28,26%), partidario (16,88%), sanitario (15,21%), y constitucional (14,65%).

La edad de los legisladores supuso diferencias significativas entre las estrategias discursivas: entre quienes votaron a favor del proyecto de IVE, por ejemplo, existe una clara distinción en el uso del bloque discursivo reparador, así las legisladoras menores de 40 años mencionaron conceptos asociados a clandestinidad, seguro y muerte entre 2,5 y 3 puntos porcentuales más que sus pares mayores de 40 años. Por el contrario, entre los legisladores de edades más avanzadas, el uso de los bloques discursivos bioético y constitucional fue mucho más frecuente que entre las y los más jóvenes.

Entre quienes se opusieron a la ley de IVE, sobresale la diferencia en el uso del bloque discursivo partidario entre quienes son menores de 40 años, que mencionaron términos asociados a las categorías de Gobierno nacional, oportunismo y vulnerabilidad en un 24,47% de sus intervenciones, mientras que entre quienes son mayores de 60 años tal porcentaje fue del 14,68%.

El género de los legisladores, por su parte, no arrojó diferencias significativas en el modo de enmarcar la problemática del aborto, observa un resumen del estudio plasmado en el libro.

“La importancia del ‘Proyecto mirar’ es el compromiso que asumimos para dar seguimiento a una ley que ya es parte de la historia argentina, y que fue resultado de un largo proceso de movilización social, construcción de acuerdos y una estratégica visibilización, tanto política como mediática”, resaltó Silvina Ramos, investigadora del CEDES. Para lograrlo, las instituciones realizarán un monitoreo de la implementación -a nivel federal- de las políticas que garanticen el acceso a la IVE e ILE.

Por su parte, Mariana Romero, investigadora del CEDES-CONICET y también integrante de la iniciativa, consideró que “para que esta ley adquiera fuerza práctica y se haga real en la vida de las personas, es necesario generar información para tomar decisiones”.

Precisamente, con esta acción las organizaciones que lo lideran esperan generar herramientas para que los gobiernos puedan avanzar en la implementación en sus territorios de medidas que materialicen lo establecido por la legislación, así como que las organizaciones de la sociedad civil puedan orientar sus acciones de incidencia y el periodismo cuente con aportes para sostener el debate social.

Dado que el proyecto tiene alcance nacional, el monitoreo permitirá “identificar situaciones de inequidad, vulneración de derechos y desidia estatal” en diferentes provincias, señaló Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES. De esta manera, “se podrá detectar en qué zonas del país se vuelve más urgente la implementación de políticas para que el texto normativo se convierta en una efectiva conquista de derechos”, se expresó en un comunicado.

Y se agregó que “con la evidencia que aporte el monitoreo se espera, además, contribuir con otros procesos políticos en América Latina que generen cambios similares en la legislación y en las políticas de acceso al aborto, para lo cual será fundamental identificar las lecciones verdes aprendidas en Argentina.

En la calle, en el Congreso y en el celular

Los tres estudios que componen el libro se preguntan sobre qué voces circularon y cómo lo hicieron en tres ámbitos representativos del escenario social: en el Congreso Nacional, en los medios de comunicación y en las redes sociales.

En “Análisis de la cobertura periodística del debate legislativo sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, Sara Pérez, Ana Aymá, Florencia Moragas y Emilse Kejner analizan el discurso mediático en torno al debate por la IVE en notas periodísticas publicadas en medios digitales de alcance nacional, regional y provincial, entre el 30 de noviembre de 2020, fecha de ingreso del proyecto, y el 31 de diciembre de 2020, un día después de aprobada la ley en el Senado de la Nación.

En tanto, Ernesto Calvo, Natalia Aruguete, Paola Ingrassia y Celeste Gómez Wagner midieron la circulación de mensajes sobre la legalización del aborto en las redes sociales mientras ocurría el debate de la ley, y los resultados de esa investigación los volcaron en el informe “#ESLEY. Aprobación de la IVE y activación de narrativas en redes sociales”.

El tercer estudio que conforma la publicación fue elaborado por Paloma Dulbecco, Santiago L. Cunial y Daniel E. Jones bajo el nombre “Mensajes en disputa. El debate legislativo del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto”. En el mismo, analizaron los ejes del discurso de legisladores durante el debate en las dos Cámaras, para interpretar el encuadre simbólico, social, cultural y político del aborto en Argentina, y las disputas de sentido en torno a él.

CEDES es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1975 que se dedica a desarrollar actividades de investigación en ciencias sociales. Su misión es formar recursos humanos en investigación guiados por estándares de calidad y el compromiso de contribuir al debate social, al diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, la formulación de marcos normativos, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la incidencia informada. En tanto, Ibis es una organización no gubernamental que impulsa cambios para mejorar la salud reproductiva y sexual a través de investigaciones rigurosas y colaboraciones basadas en principios que avanzan la autonomía, decisiones y justicia en la salud sexual y reproductiva.

La Justicia Federal con asiento en Mar del Plata recurrió este lunes a un recurso de amparo contra la vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y contra el protocolo de aborto de 2019. En la resolución, el juez federal doctor Alfredo López dio lugar al planteo al otorgar la medida cautelar de no innovar al Poder Ejecutivo Nacional. López decretó la inaplicabilidad de la ley al ordenar al Ejecutivo la suspensión de la aplicación de la mencionada norma, protocolos y resoluciones afines, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo al momento de dictar la sentencia definitiva. El juez apeló a los derechos humanos y de los niños al considerar el inicio de la vida humana desde el momento de la concepción.

El planteo judicial giró en torno a “la inconstitucionalidad del protocolo de aborto, y de la ley 27.610 por contradecir el Art. 75 de la Constitución Nacional, que incorpora los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Convención del Niño, entre otros instrumentos suscriptos por la Argentina, que fueran ratificados y luego incorporados al bloque constitucional en ocasión de la última reforma de 1994, y que establecen el inicio de la vida humana desde el momento de la concepción”.

En los fundamentos del fallo, el juez reconoció la reciente sanción del nuevo Código Civil, posterior al fallo F.A.L. y que fija el inicio de la persona humana desde el instante de la fecundación, además de recurrir a un sinnúmero de fallos y jurisprudencia de la Corte que avalan la decisión volcada en la resolución, sobre la cual fueron notificadas las Secretaría General de la Nación y la Secretaría Legal y Técnica, quienes disponen de un plazo de 10 días para acatar la medida.

Al respecto, el doctor Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Mas Vida –denunciante del presidente Alberto Fernández en una causa por denuncia de genocidio y cohecho- aclaró: “Era sabido que iban a presentarse infinidad de recursos judiciales en torno a la inconstitucionalidad de la ley de aborto, muchos de los cuales fueron desestimados por algunos jueces, pero otros tantos, como el nuestro, sigue en la etapa de debate. El fallo del doctor Alfredo López, no obstante, sienta un precedente importantísimo, estamos hablando del primer Derecho Humano sin el cual no se puede ejercer ningún otro” .

El doctor Ángel Romero, abogado patrocinante de la ONG agregó que “tarde o temprano la ley 27.610 va a ser declarada nula, ya que es muy evidente la trasgresión a la Constitución Nacional. No se puede pretender tapar el sol con la mano. Si querían una ley de aborto, antes deberían haber reformado la Constitución, pero como no pueden lograrlo, montaron este proyecto que es una farsa y cuyo único objetivo es congraciarse con los organismos internacionales de crédito, aún a sabiendas de que iba a fracasar en la aplicación”.

La Red de Legisladores por la Vida ofició de anfitriona del ‘Primer Encuentro Nacional de Concejales Celestes’, donde participación de más de 150 concejales de todos los espacios políticos. La reunión fue coordinada por el senador bonaerense Lucas Fiorini y la legisladora porteña Carolina Estebarena, fundadores de la Red.  

El evento, que fue realizado de manera virtual, se dividió en dos grandes bloques: una conferencia plenaria y dos paneles.  

En la primera parte, la joven escritora e influencer Guadalupe Batallán, habló sobre el “negocio del aborto” y los “diversos lobbies extranjeros que han impuesto con reciente éxito la cultura de la muerte en Argentina”.   

Batallán sosuvo que “el aborto transformado y empaquetado como política pública termina estimulando dicha práctica y promoviendo su comercialización, tal como sucedió en EE. UU., España y Uruguay”. 

La segunda parte del encuentro estuvo marcada por dos paneles: El primero de ellos se centró en el testimonio de concejales que han desarrollado una militancia en contra del aborto: Nadia Márquez (Democracia Cristiana, Neuquén), Eliana Pino (Frente de Todos, José C. Paz), Miguel Saredi (Partido Federal, La Matanza) y Fernando Rambaldi (Encuentro Vecinal Córdoba, La Calera).

Márquez habló del concepto de militancia política y la importancia de tender redes independientemente de los partidos políticos. Asimismo, mencionó las ordenanzas en favor del niño por nacer “que se vienen impulsando con éxito legislativo en su Neuquén natal y en el resto de las provincias del interior”.  

Por su parte, Miguel Saredi se metió de lleno en la coyuntura política cuando sostuvo que “en este año electoral el tema de la defensa de la vida se ha visto fuera de la agenda. Pero ahora es cuando debemos poner en marcha el análisis de quiénes van a representarnos y quiénes son los candidatos que defienden esta causa”. Además, dejó en claro que la función del concejal es la de ser intermediario entre el vecino y el poder estatal, realidad que debe ser aprovechada para acompañar y ayudar a las organizaciones que defienden la vida en todas las circunstancias.  

El panel final estuvo destinado a reflexionar sobre las políticas públicas en favor de las dos vidas que pueden desarrollarse a nivel local. Expusieron la licenciada Cecilia Bordón −subsecretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de la Municipalidad de San Miguel- y Evelyn Rodríguez −fundadora y presidente de la Red de Atención a la Mujer Embarazada en situación de Vulnerabilidad-.

Tanto la bienvenida como el cierre deI encuentro estuvieron a cargo de Lucas Fiorini, para quien la política “nace de la cultura y debe estar anclada en el pueblo”. El senador provincial sostuvo que “el servicio al prójimo no es una alternativa más para quienes decidieron someterse a la voluntad popular, sino su razón de ser. Anclados en esta realidad es que la Red de Legisladores por la Vida se ha convertido desde el año pasado en un ámbito para alimentar y acompañar esa vocación. En este contexto donde la cultura del descarte se ha erigido en norma, los concejales de cada ciudad tienen mucho para decir y hacer, porque son los que están más cerca de la gente y de la sociedad civil, debiendo detectar y colaborar con aquellos que se ocupan de los más vulnerables”. 

A pocos meses de que se el Congreso sancionara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los legisladores del Frente de Todos (FdT) –encabezados por la diputada Ofelia Fernández- presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca que la Ciudad adhiera al protocolo actualizado para la implementación del aborto legal.

De esta manera, se espera que el distrito capitalino adhiera a la Resolución Nº 1535/2021 del Ministerio de Salud de la Nación y adopta para su sistema de salud el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo 2021” actualizado en el 2021 en el marco de la Ley Nacional N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En los fundamentos de la medida, los opositores señalaron que “la necesidad de actualización existe debido a que sucedieron cambios en la legislación nacional respecto a la interrupción voluntaria del embarazo” y recordaron que “en diciembre de 2020, luego de muchos años de lucha, el movimiento feminista conquistó la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que legaliza el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas gestantes hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional, y a partir de la semana 15 del proceso gestacional en los casos en que el embarazo fuere resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante”.

“Particularmente, la Ley establece que las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la ley; requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la ley; requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la ley y prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces”, añadieron.

Al mismo tiempo que concluyeron precisando que “la Resolución Nº 1535/2021 del Ministerio de Salud de la Nación actualiza el Protocolo de acuerdo a este nuevo marco legal con el objetivo de asegurar el acceso a este derecho para todas las personas con capacidad de gestar, ‘bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada’”.

El “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo” quedó oficializado a través de la Resolución 1535/21 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial este viernes, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.

Se trata del protocolo que establece el procedimiento para acceder a este derecho regulado por la Ley 27.610, sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.

A su vez, se dispone que el protocolo se incorpora al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la atención médica.

La resolución señala en sus considerandos que, mediante la ley de aborto legal, se reguló “el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

Recuerda también que esa norma “se enmarca en los derechos consagrados en distintos Tratados Internacionales, con rango constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Asimismo, se encuadra en “el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Por otro lado, se resalta que la interrupción del embarazo es “una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar y, con ella, sus derechos humanos”.

“El aborto ha sido históricamente un problema de salud pública en Argentina, principalmente por las condiciones en que se producían y por las desigualdades geográficas, económicas y sociales. Dichas condiciones de inseguridad provocaron daños en la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes”, se agregó en los argumentos.

Luego de que el Congreso de la Nación aprobara el pasado 30 de diciembre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual solicitaron que se instituya al 2021 como el año del “Aborto legal, seguro y gratuito” en celebración de la “conquista del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Asimismo pidieron que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires auspiciará actividades, seminarios, conferencias y programas educativos que contribuyan a la difusión y garantía del aborto legal.

En los fundamentos de la medida los opositores recordaron que ese mismo 30 de diciembre “se aprobó la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que apunta a bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos” y señalaron que “ambas leyes forman parte de un objetivo común, que es la garantía de los derechos de la infancia y de las personas con capacidad de gestar, en un paradigma de derechos humanos y de autonomía”.

Sobre esa misma línea precisaron que la Ley IVE “establece como disposición de orden público y de carácter obligatorio en todo el territorio nacional el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y a la atención post aborto” y destacaron que “garantiza el derecho a la información, estableciendo la obligatoriedad de la misma a toda la persona que lo solicite para que pueda decidir con libertad y autonomía, pero acompañada por el Estado”.

“La conquista de esta ley otorga un marco jurídico de protección de derechos conforme los pactos internacionales suscriptos por Argentina”, señalaron y concluyeron afirmando que “el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una lucha que con tenacidad, creatividad y persistencia ha llevado adelante el movimiento feminista. Su logro es un avance, pero como bien sabemos desde esta casa, los avances normativos deben ser acompañados y promovidos por políticas públicas para que puedan ser efectivamente garantizados”.

La medida lleva la firma de Ofelia Fernández, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Ferreño y Manuel Socías (FdT).

La diputada Lucila Masin y la senadora María Inés Pilatti Vergara, ambas del Frente de Todos, marcharon este lunes en Chaco, junto a diferentes organizaciones feministas, en contra del fallo de la jueza Marta Aucar de Trotti, quien suspendió la aplicación de la Ley 27.610 de aborto legal en la provincia.

La concentración tuvo como puntos de partida el Hospital Perrando y la intersección de las calles 9 de Julio y Vélez Sarsfield, en Resistencia, la capital chaqueña.

La marcha tenía como objetivo López y Planes 38, donde se encuentra la oficina del Juzgado Civil y Comercial N° 19 que encabeza Aucar de Trotti. Pero el lugar se encontraba vallado, con lo cual culminó en la Plaza 25 de Mayo.

En su Twitter, Masin comentó: “Esta mañana las organizaciones feministas salimos a repudiar la medida cautelar que impide la aplicación de la IVE en la provincia”.

“Esto significa un terrible retroceso en los derechos para las chaqueñas que ven imposibilitado el acceso a una IVE en el sistema de salud”, agregó la oficialista.

La semana pasada, Aucar de Trotti hizo lugar a una medida cautelar presentada por el abogado Fernando Enrique Guirado, en la que se solicita declarar “inconstitucional” la ley aprobada a fin de año y que entró en vigencia el pasado 24 de enero.

La diputada nacional Lucila Masin señaló que “es inconsistente e incompetente que una jueza provincial admita suspender la aplicación de una ley nacional como la 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Chaco”.

El planteo sostiene que la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, del Juzgado Civil y Comercial N°19 no puede dar validez a una medida cautelar contra una norma que no es de su competencia, por lo que lamentó que “se busque atentar contra la representatividad y legitimidad de las instituciones de la democracia, contra el Estado de derecho”.

“Sabemos que las leyes nacionales están por encima de las leyes provinciales, incluso de la Constitución provincial. Y esta ley fue debatida por muchos años hasta que se ha aprobado, sancionado, promulgado y reglamentado”, repasó Masín.

La legisladora reiteró que la cautelar interpuesta por un grupo de ciudadanos no puede impedir el ejercicio de un derecho garantizado en la ley 27610 para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos y políticas públicas que resultaron de una discusión que nos ha costado tanto dar desde diferentes sectores y colectivos feministas. Hablamos de asegurar un derecho humano que no está sujeto a cualquier interpretación personal que dilate la efectiva implementación de una norma”, destacó.

La senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara llamó “descerebrada irresponsable” a la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien dictó una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley de aborto legal en esa provincia.

La oficialista calificó a la resolución como “un mamarracho jurídico y un despropósito institucional”, además de “una aberración desde todo punto de vista” y “una burla a las instituciones democráticas; a las reglas del Estado de Derecho; a la seguridad jurídica; y al disfrute y goce de los derechos más elementales de las mujeres y seres gestantes”.

En diálogo con AM750, la legisladora se manifestó “indignada” con la medida tomada por la magistrada, la cual aseguró “es una mujer muy ligada a la militancia católica”. En ese sentido, dijo que hubo prevaricato “cantado”. “Su marido fue presidente de la Comisión de Justicia del Arzobispado de Resistencia”, comentó.

“La cautelar evidencia cómo se te matan de risa los poderes concentrados y la derecha argentina”, cuestionó Pilatti Vergara, quien sostuvo que existe “complicidad entre esos sectores” para “echar por tierra un derecho que a las mujeres les costó años de lucha”.

En un mensaje al movimiento provida, la senadora -única representante de su provincia que votó a favor de la norma- lanzó: “Perdieron el debate en la calle, en las redes. Perdieron el debate en el Congreso. La ley se sancionó y se promulgó. Tuvieron la posibilidad democrática y republicana de hacerse escuchar y hacerse comprender, pero mayoritariamente no fueron comprendidos”.

“Es una vergüenza que el Chaco tenga que ser noticia otra vez por una descerebrada irresponsable que pone en riesgo la salud, la libertad y la vida de las mujeres”, enfatizó la legisladora del Frente de Todos.

Y siguió: “No pueden seguir judicializando todo. No se pueden judicializar los derechos más elementales de los seres humanos”.

“Nuestro gobernador (Jorge Capitanich) es muy religioso y nunca estuvo a favor de la legalización del aborto, pero es respetuoso de la pluralidad de pensamientos y un demócrata en serio. Jamás se le ocurrió levantar un tubo para decirle a un senador o senadora voten el tal sentido. Y una vez promulgada la ley fue el primero en salir a decir ‘esto hay que salir a bancarlo'”, diferenció.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, firmó en Villa Gesell convenios con el intendente Gustavo Barrera para implementar los programas Acompañar y Generar.  

En declaraciones a “Días Distintos” por Radio Provincia dijo que “uno es un apoyo económico y técnico a las tareas de género municipal y otro es el programa Acompañar, que asiste a las mujeres del país que se encuentran en riesgo por alguna situación de violencia de género”.  

Al ser consultada sobre la aplicación de la ley Interrupción Voluntaria del Embarazo, Gómez Alcorta señaló que “el Ministerio de Salud está trabajando con la provisión de Misoprostol a través del programa Remediar que llega a todo el país”, y añadió que “la provincia de Buenos Aires viene haciendo un trabajo de avanzada para después del 24 comenzar con la implementación”. 

Precisó que “como gobierno nacional iremos respondiendo los planteos, estamos tranquilos sobre la solvencia normativa que tiene la ley y lamentamos la utilización de la vía judicial cuando algo fue resuelto mediante el voto del parlamento”. 

El ministro de Salud, Daniel Gollan, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, presentaron la “Guía de implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia de Buenos Aires” en un acto en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, donde se firmó la resolución conjunta. El objetivo de esta Guía es orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo.

“Cuando íbamos llegando decíamos que se nos sonreían los barbijos porque la verdad que esto; son derechos conquistados en leyes y ahora ya, en el proceso del camino de la política pública. Esto es absolutamente importante porque restituye algo que fue vedado por siglos para las mujeres gestantes, y también es algo muy importante para los equipos de salud, porque da certezas del modo en que se interviene; cambia el posicionamiento subjetivo de aquellas personas que van a pedir este derecho; pero también de quienes van a atenderla”, expresó la ministra Díaz.

En tanto, la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, dijo que “la ley nacional que convierte en legal la interrupción voluntaria embarazo es un anhelo, una lucha y discusión de muchas compañeras. Y de nuestro ministro de Salud bonaerense que tanto hizo cuando fue ministro de Salud en la Nación”. Y detalló: “presentamos una guía en menos de 72 horas después de publicada la ley en el boletín oficial, eso es un trabajo contra reloj con mucho compromiso que se hizo desde el ministerio de Salud de la Provincia, que con generosidad nos permiten estar y compartir la información, miradas y discusión en la lucha”. Y finalizó: “La guía no es solo seguridad jurídica sino también el respaldo por parte del Estado para que los derechos se puedan llevar adelante incluso en los territorios más hostiles”.

En el acto virtual, el ministro de Salud Daniel Gollan destacó que “hoy tenemos un país mejor, una provincia mejor con más derechos y hoy, tenemos que estar felices”. Y recordó: “hace un año en esta provincia no había guía para la interrupción legal y hoy estamos con la guía para la interrupción voluntaria. Esto es posible porque hay una historia. Con muchos actores y actoras, más actoras para llegar a esto. La lucha histórica de las mujeres. Que cobró una dimensión extraordinaria en los últimos años”.

El ministro Gollan remarcó que “si no hubiese existido esa -marea verde- algunos legisladores o legisladoras no hubiesen cambiado su forma de pensar. Esa forma histórica y masiva fue lo que torció la historia. El reconocimiento primero es hacia ellas. El segundo es hacia nuestro presidente. Lo dijo en campaña y lo cumplió. En su primer año de gobierno y en pandemia. Lo hizo posible contar con una presidenta que preside un senado y tuvo un rol decisivo”.

En tanto, el viceministro Nicolás Kreplak destacó la forma de trabajar del equipo encabezado por la directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balagna: “Para nosotros son un orgullo y un faro”. El viceministro explicó también que hay dos sujetos que necesitan de esta guía muy fuertemente: “Las personas, que van a acceder a esta ley, que se conquistó con mucho esfuerzo y trabajo, y además los equipos de Salud, que muchas veces tienen que tomar decisiones que son muy complejas”. Y aseguró: “Ahora empezamos a darle la seguridad y el marco en donde tienen que pararse para tomar decisiones. Que el Estado te acompañe al dar una prestación de salud que la persona necesita. Si está el estado se construye el derecho efectivo para la ciudadanía y se instala en la cultura de nuestros hospitales para mejorar lo que antes parecía inmejorable. El feminismo es la principal herramienta para transformar las instituciones”.

Por último, la directora provincial Balagna agradeció a los equipos de salud que “sostuvieron la implementación, atención y el acceso de una manera militante sin un Estado que los acompañe y hoy si, tienen un Estado que los acompaña, una ley, una guía de implementación de esa ley y un equipo del Ministerio de Salud que los va a estar acompañando para poder brindarle acceso a las mujeres y a las personas gestantes la interrupción voluntaria del embarazo”.

La nueva ley establece un régimen legal mixto de plazos y causales. Hasta la semana 14 de gestación las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando así lo requieran. Luego de ese período gestacional, podrán acceder a la interrupción por las siguientes causales: a) el embarazo sea producto de una violación; b) se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona gestante.

Con este nuevo régimen la decisión de la interrupción del embarazo es de las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar; mientras que el rol de los equipos de salud es acompañar esa decisión. Esto conlleva a una redistribución del poder en la escena de la consulta médica que contribuye al modelo de atención en salud que se está construyendo desde el Ministerio. Un modelo que sea sostenedor del deseo, respetuoso y centrado en políticas de cuidado. Es una política de justicia social porque reduce las inequidades en salud, de género y socioeconómicas.

La Guía de Implementación de la nueva ley, que complementa lo establecido en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, será utilizada en todos los establecimientos de salud del territorio provincial, contempla tanto los aspectos técnico-sanitarios como los principios que rigen para el acceso voluntario a la interrupción del embarazo. Estos principios se enmarcan en el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de toda la población.

Los establecimientos de salud tendrán la obligación de brindar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en un plazo de 10 días corridos desde que la práctica sea requerida por la persona gestante. Para ello, el Ministerio de Salud trabaja en conjunto con otros Ministerios y Municipios, a fin de generar la capacidad técnica para la resolución y la formalización de las redes de derivación para las situaciones que así lo requieran, para poder garantizar la práctica en ese plazo.

Participaron de la presentación la Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género Flavia Delmas, la Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal María Victoria Anadón y Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Santiago Pérez Teruel.

La directora provincial de Equidad de Género del ministerio de Salud bonaerense, Sabrina Balaña, indicó que ayudará a garantizar la aplicación de la ley y que los equipos de salud acompañen a las mujeres en su decisión. 

La funcionaria bonaerense detalló que el documento estará dirigido a los “equipos de salud y a los funcionarios”. Explicó que cuando los ministros “Estela Díaz y Daniel Gollán firmen la resolución que aprueba esta guía para toda la provincia, estarán conectados también los equipos de salud, directivos de los hospitales provinciales y municipales y personal de referencias de las diferentes Regiones Sanitarias de la provincia”. 

En diálogo con La Mecha por Radio Provincia, Balaña relató que tras la puesta en vigencia de esta guía se realizarán “capacitaciones para abordar todas las cuestiones que surgen en su implementación. La idea es orientar a los equipos de salud sobre lo que implica el aborto voluntario, las diferencias con lo que venían haciendo y volver a poner la voz de las mujeres sobre las decisiones sobre sus cuerpos”. 

Por último, destacó que el objetivo es lograr que “la falta de información o el temor no sean un obstáculo para que las personas puedan acceder al derecho al aborto. Cuando el Estado se acerca con información clara, permite que los equipos de salud acompañen a las mujeres en su decisión”. 

El diputado sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), autor de un proyecto para derogar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, sostuvo este lunes que el objetivo es “dejar en claro que no vamos a bajar los brazos ni un segundo”, y agregó que no descarta recurrir a la Justicia con un pedido de inconstitucionalidad.

“No solo vamos a ir por la derogación; vamos a acudir a todo tipo de vías. La vía judicial, por supuesto, es un camino”, aseguró el legislador integrante del interbloque Juntos por el Cambio en diálogo con Diputados TV.

Orrego explicó que “el núcleo” del proyecto es insistir en lo que ya se planteó el 10 y 11 de diciembre durante el debate en la Cámara de Diputados.

Recordó que el 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y en ese sentido lamentó: “Cuando el primer derecho humano que existe es el derecho a la vida, nosotros estábamos legislando a favor del aborto”.

“Tanto nuestra Carta Magna como los tratados internacionales protegen el derecho a la vida”, enfatizó el sanjuanino, y agregó: “Es una lucha que no vamos a abandonar. Vamos a seguir la vía parlamentaria correspondiente, pero no vamos a dejar otras vías sin considerar”.

El diputado indicó: “Más allá de que el día de mañana la composición de la Cámara será distinta, esto no tiene absolutamente nada de antidemocrático, al contrario: soy de los que respetan las decisiones de la mayoría y respeto a quienes piensan distinto que nosotros. Pero nosotros tenemos una mirada de decir ‘no vamos a bajar los brazos’, ‘no vamos a tirar la toalla’”.

En tanto, advirtió que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo “se trató en un momento absolutamente inoportuno” y “lo único que hizo fue dividir a los argentinos”.

Además, señaló Orrego, “lo que hace es determinar que el aborto es un derecho absoluto, y la libertad de conciencia es un derecho condicionado, subordinado”.

“No desconozco el dolor por el que pasan muchas mujeres, pero definitivamente en ese momento de desesperación, el aborto no es el camino. La educación sexual tiene que ver mucho con esto. Hoy en Argentina, en el Programa Médico Obligatorio existen 11 métodos anticonceptivos gratuitos, donde están afectados 1.400 millones de pesos, y no ha tenido resultado”, apuntó.

Asimismo, aseguró que no conoce “a ningún juez que le haya puesto una pena a una mujer que haya abortado”, y consideró que “no se trata de los derechos de la mujer” sino de que “a la semana 14 está comprobado científicamente que hay vida”.

El abogado platense y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas Lucas Bianco presentó ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610).

Respecto de la presentación, el doctor Bianco afirmó que “la Ley de interrupción del embarazo viola la Constitución Nacional. El ordenamiento jurídico argentino protege la vida desde la Concepción por eso iniciamos esta acción de inconstitucionalidad, sabiendo de antemano que tenemos un Poder Judicial nefasto que no hace lo que debe, sino lo que le conviene, pero para llegar a instancias internacionales tenemos que agotar la vía interna, y hoy hemos dado el primer paso de este largo camino”.

“La presentación judicial hace hincapié en dos argumentos principales. Primero se hace referencia al derecho a la vida, reconocido implícitamente en por el art. 33 de la Constitución y diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. La otra gran línea argumental del pedido de Inconstitucionalidad plantea los principios y valores que tiene la Constitución Nacional al invocar en el preámbulo a Dios como fuente de toda razón y justicia”, expresó Bianco.

Para finalizar, el letrado se preguntó “si es válida una ley que intenta atentar contra personas por nacer, o si por el contraria la misma se encuentra en colisión con derechos constitucionales. Y la respuesta es bastante simple: la ley atacada por esta acción que hemos incoado debe ser reputada inconstitucional por estar en franca y manifiesta discrepancia con el derecho a la vida”.

A menos de 24 horas de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte del presidente Alberto Fernández, un diputado presentó un proyecto para derogarla. Se trata del sanjuanino Marcelo Orrego, quien ocupa el monobloque Producción y Trabajo dentro de Juntos por el Cambio.

La iniciativa consta de tan solo un artículo por el cual se deroga la Ley 27.610, que habilita el aborto voluntario hasta las catorce semanas de gestación y garantiza la cobertura de la práctica y sus tratamientos posteriores desde el sistema público de salud, las obras sociales y entidades de medicina prepaga.

Al fundamentar su proyecto, Orrego consideró que “el derecho a la vida debe ser considerado el primer derecho humano, puesto que es esencial y básico para la complacencia del resto de los derechos porque, de no haber vida, todos los demás carecerían de razón de ser”.

“Al permitir el derecho al aborto en cualquier momento de la gestación con el único requisito de la manifestación de la voluntad de la persona gestante, se desconocen normas consagradas y tuteladas en nuestra Constitución Nacional”, sostuvo el sanjuanino.

El legislador insistió en que “se debe amparar y proteger el básico y esencial derecho de todos los niños, que es el ejercicio de su derecho a la vida, cuestión que se verá avasallada no sólo por la simple y lisa voluntad de la persona gestante, sino porque también dicho cometido va a tener acción pública en su concreción, lo que no debe ser permitido”.

“La ley que se pretende derogar con el presente proyecto marcaría un antes y un después en nuestra cultura respecto del derecho a la vida”, enfatizó Orrego, que así replicó los argumentos esgrimidos durante el debate.

Cabe recordar que, de los seis diputados por la provincia de San Juan, solo uno (Francisco Guevara) votó a favor del proyecto, mientras que José Luis Gioja, Walberto Allende, Graciela Caselles y Orrego lo hicieron en contra, y Eduardo Cáceres estuvo ausente tras aprobarse su licencia.

Con la promulgación parcial que había sido prometida en el Senado, se publicó este viernes en el Boletín Oficial la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de la firma estampada por el presidente Alberto Fernández en un acto en el Museo del Bicentenario.

De esta forma, la ley que habilita el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país entró en vigencia y solo resta su reglamentación, a cargo de las áreas técnicas de los ministerios involucrados.

Junto con la promulgación, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 14/21, por el cual se dictó una promulgación parcial, tal como había anunciado en la Cámara alta la senadora Norma Durango (Frente de Todos).

Según esta modificación -propuesta por el rionegrino Alberto Weretilneck- se quitó la palabra “integral” a continuación de “salud” en el inciso b) del artículo 4 y en el artículo 16, en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal que sustituye.

“Esta observación tiene como objeto dar claridad al texto del proyecto en su parte pertinente, es decir, mantener las causales de interrupción legal del embarazo tal cual han estado vigentes desde 1921 para que sigan rigiendo del mismo modo a partir de la promulgación de la presente ley, en el marco de los estándares normativos y jurisprudenciales actuales”, fundamentó el Ejecutivo.

Agregó que según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la normativa internacional y local vigente, “la salud no requiere calificativos para ser comprendida en su concepto”, y a su vez “el agregado de la palabra ‘integral’ no ha aportado claridad en el debate del proyecto de ley en el Congreso”.

Tras insistir en que “la salud como concepto es autosuficiente”, el Ejecutivo aclaró que esta modificación “no altera el espíritu ni la unidad” del texto.

Ahora, el decreto de promulgación parcial deberá ser avalado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado oficialista Marcos Cleri.

La ley promulgada habilita el aborto libre hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo se mantienen las causales actualmente vigentes en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.

Se establece un plazo de diez días desde el requerimiento para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.

El sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal y los tratamientos posteriores.

En el Boletín Oficial también se publicó este viernes la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, complementaria a la de aborto.

A través de esta norma se creó el Programa de los Mil Días, orientado a asistir a la mujer embarazada durante todo el proceso de gestación y al hijo o hija hasta los primeros tres años.

En un acto que contó con la participación de ministros, funcionarios, legisladores y representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el presidente Alberto Fernández promulgó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y destacó que “hoy estamos haciendo una sociedad mejor”.

Con la firma de Fernández, la Ley 27.610 -sancionada en el Congreso el pasado 30 de diciembre – entró en vigor, como así también la Ley 27.611de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que fue promulgada paralelamente este jueves.

En el Museo del Bicentenario, donde volvieron a verse los pañuelos verdes, el presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

🇦🇷💚 Ya estamos en el Museo del Bicentenario para la promulgación del #AbortoLegal. Hacemos historia!

La ley 27.610 reconoce el derecho a la autonomía, a la información, a la confidencialidad y a la atención de calidad de quienes solicitan un aborto o atención post aborto. pic.twitter.com/0YeyqaCsZD

— Mónica Macha (@MoniMacha) January 14, 2021

“Hoy es un día de felicidad para todos, porque estamos haciendo una sociedad un poco más igualitaria y más justa”, arrancó Fernández, y agregó: “Cumplí mi palabra: hice campaña diciendo que iba a proponer esto, y esto hoy es ley. Y en tiempos en que la palabra política parece despreciada, me parece importante el valor de la palabra empeñada”.

El jefe de Estado señaló que “hoy es, para muchas mujeres, la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito que obliga a las mujeres a exponerse a todos los riesgos que la clandestinidad conlleva”.

También mencionó cómo afecta esta problemática a los hombres y recordó una broma hecha por él a un grupo de mujeres durante una videoconferencia. “En el medio de todo esto (por la asunción del gobierno y luego la pandemia), a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado”.

“Esta ley, contrariamente a lo que muchos piensan, es una ley que iguala en la capacidad de decisión”, enfatizó el presidente, y dijo que junto con el Programa de los Mil Días, “se termina un dilema”.

Según indicó, “hoy todas las mujeres saben que, embarazadas, van a tener un Estado detrás de ellas”, y a su vez “las mujeres que no quieran seguir adelante con el embarazo pueden ponerle fina a ese embarazo y el Estado estará allí”. “Por lo tanto, lo que estamos ampliando es la capacidad de decidir”, resumió.

"LO QUE ESTAMOS HACIENDO ES UNA SOCIEDAD UN POCO MÁS IGUALITARIA, UN POCO MÁS JUSTA"

El presidente @alferdez firmó la promulgación de las leyes 27.610 y 27.611, lo que significa un enorme paso para todas las personas con capacidad de gestar en Argentina.

Lo logramos. 💚#EsLey pic.twitter.com/6tlkPY0WJL

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) January 14, 2021

Por otra parte, consideró que “nos queda garantizar una educación sexual suficiente en todos lados para prevenir embarazos que no se quieran”.

Asimismo, llamó a “que dejen de existir los colores que dividen a las mujeres” y “que empecemos a ver la oportunidad de una sociedad mejor, porque la capacidad de decidir se amplía y porque hay un Estado preservando la salud de las mujeres y su decisión, cualquiera sea esta”.

Fernández agradeció a los legisladores de la oposición que acompañaron con su voto y tuvo una mención especial para el exdiputado nacional del Pro Daniel Lipovetzky, presente en el acto, por haber impulsado la ley en 2018.

“Hoy estamos haciendo una sociedad mejor”, insistió el presidente, aunque advirtió que “la batalla por la igualdad no terminó aquí” ya que restan por resolverse, por ejemplo, las desigualdades laborales entre hombres y mujeres.

La palabra de las funcionarias

Tras la proyección de un video, Gómez Alcorta abrió el acto y sostuvo que “desde el movimiento de mujeres y diversidades decimos que estamos haciendo historia, y sabemos que la lucha es el motor de la historia”. “A lo largo de los siglos, los derechos y libertades siempre se conquistaron con lucha”, insistió la ministra.

En este sentido, señaló que esta vez “se conjugaron las luchas” con “la decisión de un gobierno, de un presidente y una vicepresidenta, de seguir ampliando derechos”, y por eso consideró que “esta alquimia es imprescindible para seguir llevando adelante transformaciones”.

Tras mencionar distintos derechos adquiridos, como el voto femenino y la paridad de género en cargos públicos, sostuvo que “atrás de cada uno de estos derechos, de estas conquistas y estas leyes podemos ver perfectamente esta alquimia que se da en el entramado entre lucha y política”.

Gómez Alcorta valoró la militancia de referentes como Dora Barrancos, Marta Alanis, Nina Brugo, Dora Coledesky y Nelly Minyersky, y agregó que “no hubiese sido posible llegar hasta acá sin un trabajo de transversalidad política” que se plasmó en el Congreso.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad también indicó que el debate de 2018 fue “un paso imprescindible para llegar a este momento”.

“Esta ley va a asegurar que una mujer nunca más muera producto de un aborto clandestino”, afirmó, y añadió que también permitirá “una enorme transformación cultural vinculada a la autonomía de los cuerpos”.

Por su parte, Ibarra subrayó que el Programa de los Mil Días refleja “la importancia que le damos a los proyectos de maternidad”, y el aborto legal “viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud que tenemos, que es el aborto clandestino”, donde “han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia”.

Visiblemente emocionada, la secretaria Legal y Técnica aseguró que “hasta hoy el Estado respondió con cárcel, amenaza de cárcel y clandestinidad”, y “a partir de ahora cambiamos este paradigma: el Estado va a recibir a las mujeres en su sistema de salud, tratándolas con dignidad y respeto, y esto nos pone en un nuevo lugar frente a la sociedad”.

La funcionaria valoró el trabajo conjunto con legisladores tanto oficialistas como opositores, y aseguró que “esta es una ley que no violenta las creencias de nadie”, ya que “nadie va a tener que vivir o tomar decisiones contra sus convicciones”.

Presentes y ausentes

La gran ausente en el acto fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero no fue la única: tampoco se vio a ninguna senadora. En contrapartida, se dieron cita el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y varias diputadas nacionales, todas del oficialismo: Mónica Macha, Cristina Álvarez Rodríguez, Carolina Gaillard y Cecilia Moreau, a quienes se sumaron Pablo Yedlin y Leonardo Grosso.

También se vio a dos exdiputadas nacionales que en sus mandatos impulsaron la ley, Juliana Di Tullio y Cecilia Merchán, quien es actualmente secretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Además de numerosos ministros y funcionarios del Gabinete nacional, hubo representación bonaerense con los ministros Daniel Gollán (Salud) y Estela Díaz (Mujeres), sumados a dos intendentas, Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno).

Por la Campaña por el Aborto Legal, asistieron Marta Alanis, Nina Brugo, Celeste Mac Dougall, Julia Martino, Mónica Menini, Nelly Minyersky, Martha Rosemberg y Agustina Vadales Agüero. Y en nombre del coectivo Actrices Argentinas estuvieron Julieta Ortega, Dolores Fonzi, Laura Azcurra y Carolina Papaleo.

Del lado de las organizaciones civiles, participaron Mariela Belski (Amnistía Internacional), Florencia y Leandro Cahn (Fundación Huésped), Vanina Escales (CELS) y la abogada Soledad Deza.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires Estela Díaz celebró la promulgación de la ley de IVE y valoró que “el presidente cumplió con su palabra”. 

Díaz expresó que “hay una enorme expectativa porque una vez promulgada es un derecho que debe garantizar el sistema de salud para las mujeres en todo el país”. En ese sentido, se mostró segura de que el ministerio de Salud va a acompañar el proceso de implementación para garantizar el derecho en todas las provincias. 

Respecto a la ley de los mil días, Díaz aseguró que significa una “ampliación del acceso a la salud sexual y reproductiva. Es un Estado presente en los derechos de las mujeres y personas gestantes”.  Especificó que se extiende la “AUH hasta los 9 meses y plantea el acompañamiento a las mujeres en los controles luego del parto y hasta los tres años”. 

En diálogo con No Corras por FM 97Une, la ministra explicó que en la provincia de Buenos Aires “se mejoró algo que no hacía la gestión Vidal: los protocolos para los abortos legales. Eso ayudó a preparar al sistema de salud para lo que viene ahora”. 

Respecto al acto de promulgación, confirmó que estarán “acompañando al presidente esta tarde. La legalización del aborto era una fuerte deuda de la democracia con las mujeres en Argentina. El presidente cumplió su palabra. Esta política abraza a la sociedad en la idea de un Estado que tiene que estar para acompañar la vida cotidiana de las personas”, concluyó. 

El aborto legal, seguro y gratuito ya tiene fecha para comenzar a regir en todo el país: el Poder Ejecutivo promulgará la ley -que lleva el número 27.610- este jueves con un acto en el Museo del Bicentenario.

La encargada de confirmarlo fue la senadora Norma Durango (Frente de Todos), titular de la Banca de la Mujer, la comisión que encabezó el debate en el Senado.

A través de su cuenta de Facebook, Durango reveló: “Acabo de recibir el llamado de la ministra de Mujeres, Diversidad y Genero, Elizabeth Gómez Alcorta, para invitarme al acto de promulgación de la Ley IVE el jueves en el Museo del Bicentenario”.

La pampeana adelantó que por cuestiones sanitarias no podrá concurrir: “Lamento no poder ir dado que soy persona de riesgo y me estoy cuidando, pero celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades”.

“Respeto a quienes no están de acuerdo, pero considero que es este un gran avance para la Argentina”, concluyó Durango.

La despenalización y legalización del aborto fue sancionada en una jornada histórica el 30 de diciembre en el Senado con 38 votos a favor, 29 en contra y una sola abstención, del jujeño Guillermo Snopek.

La ley habilita el aborto libre hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo se mantienen las causales actualmente vigentes en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.

Se establece un plazo de diez días desde el requerimiento para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.

El sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal y los tratamientos posteriores.

En el acto previsto para este jueves también se promulgará la ley que creó el Programa de los Mil Días, orientado a asistir a la mujer embarazada durante todo el proceso de gestación y al hijo o hija hasta los primeros tres años.

Desde la campaña por el Aborto Legal piden el sobreseimiento de todas las mujeres con causas penales por realizarse un aborto.  

Al respecto, en diálogo con La Mecha, por Radio Provincia, la abogada de la campaña Soledad Deza expresó: “Ahora el status quo nos pertenece, pero dentro del Poder Judicial hay sectores muy conservadores y anti derechos. El derecho a decidir es para nosotras y para las próximas generaciones”. 

La abogada de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, dijo que “en 2018 y 2019 en Tucumán hubo 72 mujeres acusadas de realizarse un aborto. Con la ley tenemos que esperar que una vez publicada corran ocho días y esas mujeres deberían quedar automáticamente sobreseídas”. Deza remarcó la importancia de que se borren los antecedentes penales porque con la ley “ya no hay ningún delito”. 

Por otro lado, la abogada remarcó que “el gran desafío va a estar en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esperemos que los estados provinciales y el nacional  no miren para otro lado y estén supervisando como rector en materia de política pública el acceso a esta prestación sanitaria”. 

Por José Angel Di Mauro

Le cambió el semblante al presidente Alberto Fernández los últimos días de 2020. No es para menos: dos premisas que se había autoimpuesto para concluir su primer año en el poder -que lejos estuvo de haber sido el que había imaginado- pudieron cumplirse. ¿Será ese el punto de inflexión de su gestión para finalmente enderezarla hacia las metas que se había propuesto antes de que una imprevista pandemia le quemara los papeles? Se verá.

Esas premisas obviamente son la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo y el comienzo de la campaña de vacunación.

En el primer caso, el presidente siente que estuvo acertado al revertir la decisión de postergar el envío del proyecto de ley de IVE como consecuencia de la crisis sanitaria, sorprendiendo a propios y extraños al anunciar la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, la decisión presidencial de cumplir ya mismo con su promesa de campaña sobre el aborto legal. Cuando se decidió avanzar con ese proyecto no se habían hecho los cálculos correspondientes en ninguna de las dos cámaras. Esto es, ignoraba el Gobierno si estarían los votos para convertir esta vez sí en ley el proyecto que había fracasado en 2018.

Estaba la certeza de que saldría con cierta holgura en Diputados, conforme anticipaban algunos sondeos elaborados inmediatamente después del recambio legislativo. Pero el Senado era un territorio siempre difícil para una ley de esas características, y así lo demostraban los números que se manejaban hasta el inicio de la sesión.

Desde 2008, cuando la 125, que no había un proyecto que deparara tantas dudas hasta el inicio mismo de la sesión; un proyecto cuyo destino se fuera revelando conforme iban expresándose los propios protagonistas.

Pero está claro que el oficialismo sabía que la aprobación era un hecho desde unos días antes de la sesión. Se jugaba mucho el Gobierno con la suerte de ese proyecto que -a diferencia de la gestión Cambiemos en 2018- auspiciaba esta vez el Ejecutivo. En un año de tantos malos tragos, era impensable que el Gobierno pudiera soportar lo que sin dudas asimilaría como una derrota.

Lo pensaron en Juntos por el Cambio, donde hubo muchas deliberaciones en la previa respecto de qué comportamiento deberían adoptar de cara al debate. No existían las suficientes voluntades dispuestas a hacer naufragar semejante iniciativa. Se especuló entonces con la posibilidad de introducirle modificaciones y hacer volver el proyecto a Diputados, en lo que se interpretaría como un módico “traspié” opositor, pero para ello era clave la actitud que adoptara el senador Alberto Weretilneck, que había sorprendido el jueves previo pidiendo modificaciones y encolumnó tras de sí a muchos que compartían esa visión.

Sin embargo el Gobierno concentró toda su atención en el exgobernador rionegrino para tratar de hacerlo entrar en razones, prometiéndole que los cambios se introducirían a la hora de la reglamentación. La propia Vilma Ibarra habría sido quien le dio garantías a través de un llamado telefónico, pero las dudas se despejaron ya en el inicio de la sesión, cuando la miembro informante, la pampeana Norma Durango, anunció en su discurso que habría “un veto parcial” si salía la ley, introduciendo una modificación pequeña pero clave, que acercaba posiciones con la postura de Weretilneck. Con esa certeza, ya nadie tuvo dudas de que el proyecto saldría; solo faltaba saber cuántos votos tendría.

Porque había habido negociaciones clave que tuvieron al mismísimo presidente Fernández a cargo. Evocando sus tiempos de operador político, el presidente había recibido dos jueves atrás -como hemos dicho- al salteño Sergio “Oso” Leavy para garantizar su apoyo. El propio senador se ocupó de difundir la reunión, aunque sin confirmar que hubieran hablado de su cambio de postura. Con mayor discreción, también se reunió con el presidente una senadora que en 2018 había votado en contra, Silvina García Larraburu. Aunque no necesitaba que Fernández la convenciera: ella reporta a la vicepresidenta.

El salteño arrancó el discurso enfático: “Personalmente me opongo, ¡odio el aborto!”, pero unos cinco minutos más tarde justificaba su drástico giro diciendo que “si mi voto ayuda a salvar a que una mujer, en esta práctica clandestina, no pierda la vida, voto a favor de esta ley. Y que sean Dios y la Patria quienes me lo demanden”. Horas antes, García Larraburu también había descripto el cambio de su voto, de celeste a verde, como “un voto deconstruido”.

Llamó la atención la diferencia de 9 votos para la aprobación. Y en eso tuvo que ver la postura de JxC, que resolvió finalmente, y ante la certeza de que la ley saldría, sumarse a la ola, cuestión de no cederle todo el protagonismo al Frente de Todos. Entonces votos que oscilaban hacia la abstención, como el del catamarqueño Oscar Castillo, fueron positivos como en 2018; lo mismo que el de la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Incluso Lucila Crexell, aliada de Juntos por el Cambio, que se abstuvo en 2018, dejó de lado la idea de no votar a favor y sí lo hizo. Y hasta la radical entrerriana Stella Maris Olalla, indefinida hasta el final, votó a favor. El 30% de los votos positivos fueron de Juntos por el Cambio.

Cuando la media sanción del aborto en Diputados, paralelamente en el Senado se avanzaba con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esta vez se repitió la estrategia: mientras el aborto atraía toda la atención en el Senado, los diputados procedían a convertir en ley esa norma. El Gobierno la necesitaba aprobada antes de fin de año y lo consiguió. En definitiva, no se puede quejar: a pesar de no contar con mayoría en Diputados, todas las leyes que se propuso salieron a lo largo del año, salvo la reforma judicial, frenada por ahora en la Cámara baja.

Como dijimos, el otro aliciente fue para el Gobierno el inicio de la campaña de vacunación. Más allá de los claroscuros que acompañaron la llegada de la vacuna rusa. Y de la cantidad de dosis que trajeron, que contrastan con cifras iniciales dadas por Fernández. El Gobierno se conformaba con la foto de la vacuna comenzando a ser aplicada antes del último día del año, y esa foto la tuvo. Confían ahora en la Rosada en que los cuestionamientos irán apagándose conforme se avance con el plan de vacunación, que con más o menos vacunas en definitiva va lento en todo el mundo.

Esa lentitud es precisamente la que conspira contra las expectativas del Gobierno, que lógicamente quisiera dar vuelta ya la página de la pandemia. Pero también es cierto que la sobreevaluación de la vacuna hizo un aporte enorme a la irresponsabilidad social de quienes ya dan por superada la crisis sanitaria y han vuelto a abrazarse como si nada. Se enojan las autoridades con quienes no advierten que la pandemia sigue entre nosotros y promueven la aceleración de casos que se registran de manera diaria. Ni pensar cuando lleguen los datos correspondientes a las fiestas, pero lo cierto es que la propia dirigencia oficialista hace su aporte a inspirar un desapego a las normas. Alcanza con ver las fotos que el propio Senado difundió, con funcionarios apiñados en los palcos de la Cámara, siguiendo y festejando luego la aprobación de la ley.

Ni qué decir de la multitud que en las calles hacía vigilia, de uno y otro lado, mientras se desarrollaba la sesión en el Senado.

Con todo, en lugar del “rebrote” que asoma, Alberto Fernández espera un “rebote” de la economía, tan castigada en el año que acaba de concluir. Desea que este envión de la última semana se prolongue en el año electoral, y para eso el sector más fuerte del Gobierno considera indispensable mantener controlada la inflación, admitiendo como única receta el congelamiento de tarifas y control de precios. Todo eso ya se vivió en los tres gobiernos kirchneristas, por eso las recetas no sorprenden. Las consecuencias tampoco deberían hacerlo.

En ese marco el Gobierno suspendió esta semana las exportaciones de maíz. Medida curiosa para una economía tan ávida de dólares. Pero lo más notorio fue el giro con el aumento permitido a las prepagas, revertido horas después de ser anunciado, a través de una edición extra del Boletín Oficial. Una prueba más de que en el Gobierno conviven dos sectores bien definidos y que el más poderoso no es el que figura como tal.

Así y todo, el presidente en su mensaje de fin de año dio una visión edulcorada de su primer año de gestión, poniendo énfasis en la visión de mantener la unidad. Hablaba de los argentinos, pero sobre todo hacia adentro. Será clave para el año electoral: si la unidad se mantiene, insisten puertas adentro que no hay posibilidad de derrota.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este sábado que la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica un “balance positivo” después de “una lucha de décadas en un mundo que se dirige a pintarse de verde”, al tiempo que mencionó que “cerca de 70 países legalizaron el aborto”.

En el programa Digamos todo, de CNN Radio, la funcionaria aludió a “un importante trabajo transversal” y a una “clara decisión del Presidente” al enviar el proyecto al Congreso. Y expuso que “el punto de inicio será la implementación de la ley”.

“Ya estamos viendo cómo hacemos para que el derecho al acceso al aborto sea una realidad. Hay regiones argentinas con diferencias de idiosincrasia. El camino es que este derecho resulte efectivo”, dijo la funcionaria.

“La reglamentación de la ley ayuda a hacer operativos algunos de sus artículos. Pero la ley entra en vigencia desde el día siguiente al que se promulga. Los artículos penales no se reglamentan. El aborto deja de ser delito hasta la semana 14” de gestación, remarcó.

“Hay lugares donde no se va a requerir la reglamentación. Algunas provincias y ciudades, desde su sistema de salud, pueden atender perfectamente los requerimientos. Sin embargo, hay lugares más preparados y otros en los que tenemos que trabajar fuertemente”, indicó, para luego puntualizar que el Ministerio de Salud va a proveer “a todas las provincias” de misoprostol.

Gómez Alcorta sostuvo que “estamos trabajando para que las redes de distribución lleguen a todos los lugares. Y en construir redes de derivación” para los casos en que los profesionales manifiesten objeción de conciencia, y aclaró que “no le tememos a la judicialización. Desde 1921 hay abortos legales en la Argentina y en cien años ninguna corte declaró inconstitucional esta práctica. La ley es sólida y robusta en términos de constitucionalidad”.

“¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero criminalizar a mujeres que siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza, cada vez que deciden interrumpir un embarazo”, expresó la senadora nacional Gladys González durante la sesión en la que se convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo. Y sus autorreferencias a su condición cristiana le valieron fuertes críticas de algunos sectores que no perdonaron lo que consideraron una traición.

Muchos de sus pares salieron a respaldarla. Entre ellos el titular de su bancada, Luis Naidenoff, quien escribió este jueves: “Me solidarizo con

@gladys_gonzalez y repudio absolutamente los agravios que está recibiendo por el solo hecho de ejercer su labor y defender su posición”.

La senadora neuquina Lucila Crexell expresó también su “total solidaridad con @gladys_gonzalez. Mientras algunos buscan rédito tuitero a través de la agresión gratuita, ratifico que sólo el principio de tolerancia mutua nos sacará de esta fase improductiva de la política Argentina. Nadie es dueño de la representación”.

En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado escribió: “Mi solidaridad con @gladys_gonzalez. En esta foto tenemos distintas opiniones. Pero también hay respeto. #LibertadDeExpresion”.

Mi solidaridad con @gladys_gonzalez en esta foto tenemos distintas opiniones. Pero tmb hay respeto. #LibertadDeExpresion pic.twitter.com/qQFYGhNe9c

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) December 31, 2020

Está claro que la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no dejará convencidos a muchos sectores “celestes” que tratarán de frenar la implementación de la norma, ahora a través de la justicia. En ese marco, en la provincia de Salta se produjo la primera instancia en ese sentido.

Ante una denuncia presentada contra la constitucionalidad de la ley que legaliza el aborto, el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos hizo lugar al requerimiento y trasladó el pedido al titular del Juzgado Federal N° de Salta, Miguel Medina, quien por su parte habilitó la feria de enero para analizar el tema.

Entre los denunciantes figura la exsenadora María Fiore Viñuales (Partido Renovador – Salta), quien en 2018 militó activamente contra la norma y el suyo fue uno de los 38 votos que entonces sirvieron para frenarla en esa oportunidad. La acción declarativa de  inconstitucionalidad expresa que la  ley aprobada en la madrugada del miércoles “elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la imputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hechos contemplados en el artículo 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación”.

Para los demandantes, el protocolo “posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que  no se fija límite temporal alguno”.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alzó la voz el miércoles, tras la aprobación en nuestro país de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El polémico mandatario cuestionó duramente la decisión de los senadores argentinos y aclaró que en su país eso no ocurrirá, al menos mientras él sea presidente.

Quien aquí le salió al cruce fue una legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández. Con dureza, tuiteó: “Muy buena la opinión que nadie te pidió, aprovecho para recomendarte que no te relajes que a la fuerza feminista latinoamericana en Brasil se le suma la furia por Marielle. Suerte, esto recién empieza”.

Muy buena la opinión que nadie te pidió, aprovecho para recomendarte que no te relajes que a la fuerza feminista latinoamericana en Brasil se le suma la furia por Marielle. Suerte, esto recién empieza. https://t.co/0NL7XbdGwc

— Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 31, 2020

Previamente la diputada porteña había celebrado la aprobación de la ley y expresó: “Abrazo enorme a las compañeras latinoamericanas, ojalá esto les de fuerza para ganar los derechos que se merecen. Hasta que todo sea como lo soñamos, juntas”. Y graficó su deseo escribiendo en mayúsculas: “QUIERO VER VERDE EL MAPITA”.

El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles en la residencia de Olivos a 62 diputados del bloque oficialista para cerrar el año y mostrar una foto de unidad tras la votación del aborto legal durante la madrugada en el Senado.

El encuentro fue organizado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y los legisladores del interior que se encuentran en sus provincias participaron por videoconferencia.

A Olivos asistieron, además de Massa, el presidente del bloque, Máximo Kirchner; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Mario Meoni (Transporte) y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, entre otros.

Durante el encuentro, Fernández le pidió a sus diputados que el año próximo trabajen en el proyecto de reforma judicial, que ya cuenta con media sanción del Senado pero está trabado en la Cámara baja.

Además, el presidente adelantó que enviará al Congreso más proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, en función del trabajo que realizó el Consejo Consultivo del Gobierno.

Así lo informó el diputado Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia, quien ofició de vocero en una rueda de prensa.

Se realizó además un balance del año y, según destacó Tailhade, “la Cámara sesionó el doble de lo que lo hizo en 2018 y 2019”, aprobándose más de 60 leyes.

El Presidente alentó a los diputados “a seguir trabajando de esta manera, a no bajar los brazos”, y en el brindis “hubo un relevamiento logros y conquistas”.

En ese contexto, contó Tailhade, Fernández “habló de las 20 verdades que hoy publicó la prensa, que son 20 logros de gestión”.

QUINTA DE OLIVOS. Reunión con Alberto Fernández Presidente de la Nación en la Residencia de Olivos. Terminamos un año intenso y de pandemia, y confiamos en un mejor 2021. Nos reunimos Diputados Nacionales del Frente de Todos que sancionamos las leyes que necesita la Argentina. pic.twitter.com/anplzS1A5L

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) December 30, 2020

https://twitter.com/RodriguezSaaN/status/1344372040703369217

https://twitter.com/patriciamounier/status/1344381020204912640

Las y los @Diputados_Todos nos reunimos con el Presidente @alferdez para el balance de este 2020.

Como decía Evita "No hay victoria sin lucha. Si queremos triunfar debemos unir nuestros esfuerzos. Porque no queremos los derechos políticos como un regalo sino como una conquista" pic.twitter.com/Rd2KHnqWIK

— Mara Brawer (@MaraBrawer) December 30, 2020

🥂Hoy @Diputados_Todos brindamos con @alferdez por el fin del 2020.
Se va un año doloroso, pero en el cual reafirmamos la importancia de construir un proyecto colectivo que deje todo por cuidar a quienes más lo necesitan y ampliar derechos.

Sé que nos espera un gran 2021 pic.twitter.com/eGGek8T3EH

— Itai Hagman (@ItaiHagman) December 30, 2020

Una de las sorpresas de la votación de esta madrugada en el Senado fue la ausencia de la riojana Clara Vega (Mediar Argentina), quien habló en la sesión cerca de la medianoche pero no se conectó para el momento decisivo. Lo cierto es que en su discurso, la legisladora dejó señales ambiguas y, por otra parte, denunció que recibió “mensajes intimidatorios” de uno y otro lado.

“Desde el Congreso y desde el Ejecutivo debemos convocar a la ciudadanía, porque la aprobación o no de esta ley no va a cambiar grandes cosas para la Argentina, pero sí la decisión de cada uno, ya sean celestes o verdes, debe continuar porque es su convicción, porque es su lucha. Más allá de que se apruebe hoy la ley, la lucha de los celestes no termina, porque su convicción es acompañar a aquella mujer indecisa, a aquella persona que está en un momento difícil y que tiene que tomar esa gran decisión”, arrancó Vega.

Y agregó: “Es más, si se aprueba la ley, lo que debe hacer este gran movimiento (celeste) es que esa ley caiga en desuso y que ninguna mujer opte por abortar”.

Luego, Vega confesó: “Yo abrazo la causa celeste, porque mi provincia lo ha decidido así. Todo el norte argentino, en su mayoría, abraza la causa celeste. Pero eso no me hace estar ciega ni sorda sobre todos los casos de abusos que hay en el interior y en el interior del interior. En muchos casos, hay todo un manto de complicidad que obliga a esas pequeñas niñas, que no están preparadas ni física ni psicológicamente, a que sean madres, a que lleven ese embarazo no buscado, no deseado”.

“Por eso es necesario el trabajo del Estado en este sentido. Si bien es cierto que los casos de abuso no hacen ninguna diferencia de clases, es la responsabilidad del Estado estar a la par de los más vulnerables. Por eso, necesitan sí o sí del acompañamiento de todos los organismos, de todas las instituciones: nacionales, provinciales y municipales”, sostuvo.

Tras señalar que “le costó mucho” definir su posición y su discurso, advirtió que el proyecto del Poder Ejecutivo, “lejos de acercar posiciones, ahondó aún más la grieta, y lo que tenemos que buscar son puntos de consenso”.

“En cuanto a la situación de cada uno de los senadores, les quiero decir que estoy con cada uno y cada una, porque sé que deben haber pasado la misma situación que pasé yo hasta hace momentos. En efecto, recibí mensajes de uno u otro lado. Pareciera que se viniera el fin del mundo de acuerdo con la decisión que tomemos”, lamentó.

Además, la senadora indicó que “están también los distintos sectores de poder que han puesto una espada de Damocles en la cabeza de cada uno de nosotros, haciéndonos creer que, de acuerdo con la decisión que tomemos, salvamos a la Argentina o no, salvamos al mundo o no. Y, en realidad, cada sector de poder se debe hacer cargo de las decisiones que toma”.

“Sin embargo, hubo ciudadanos de distintos puntos del país que se tomaron la licencia de enviarnos distintos mensajes, en muchos casos intimidatorios. Por ahí, a cualquier hora del día, tenían nuestros teléfonos, nuestros mails, atacándonos en las redes sociales, sin entender que nosotros, además de la representación, también cargamos con toda una mochila que tiene que ver con las creencias, con lo cultural y con lo que defiende la ciudadanía que representamos”, planteó.

La senadora del Interbloque Parlamentario Federal continuó: “Una de las cosas que no he visto durante el desarrollo del debate es interpelarnos qué pasó en estas dos últimas décadas con tantas leyes, con tantos programas que hacían referencia a la salud sexual y reproductiva, al tema de la profilaxis. ¿Qué pasó con todo eso que hoy estamos debatiendo una  ley extrema? Esas son las interpelaciones que tenemos que realizarnos, más allá del resultado de esta noche”.

“Como defensora de los derechos de las mujeres, les digo que soy y seré siempre una defensora de ellos, y que no considero que el aborto legal y gratuito sea la última etapa –quizás, algunos consideren que es un escalón más–, porque la verdadera pelea que debemos dar las mujeres es por lograr la igualdad en los espacios de poder, en los lugares de toma de decisión”, consideró.

Por último, concluyó que “más allá del resultado de esta noche, creo que ningún sector se puede tomar la posibilidad de festejar, porque de uno u otro lado se habla de muerte”.

El Senado de la Nación aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación junto con el proyecto de Ley de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La iniciativa fue sancionada con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. Muy emocionada, desde la Cámara alta, desde donde siguió la sesión minuto a minuto, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta aseguró que “este es un gran triunfo del movimiento de mujeres y de la diversidad que vienen luchando por esta ley desde hace décadas, que se conjugó con la decisión política de un gobierno que llegó para ampliar derechos. Hoy tenemos una Argentina más justa”.

“La conquista de este derecho es un hecho histórico. Hoy tenemos un Estado presente, que deja de ser indiferente a un problema de salud pública y de justicia social. Un Estado que se pone al frente, que asume con responsabilidad las demandas históricas del movimiento de mujeres y LGBTI+ y que no actúa con hipocresía sino que decide acompañar, a todas las personas, sea cual sea la decisión que tomen y los proyectos de vida que tengan. Esto no hubiera sido posible sin el compromiso y el trabajo mancomunado de legisladores y lesgisladoras de distintos espacios políticos. Cuando se trata de ampliar derechos, los consensos trascienden las pertenencias partidarias”, señaló.

A su vez, Gómez Alcorta indicó que ahora comienza una nueva etapa en la que trabajarán, tal como lo hicieron hasta ahora, junto a la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Salud en la reglamentación y en la implementación de la ley en todo el país.

Por otra parte afirmó que “también sabemos que toda nuestra querida región nos está mirando, y no tengo dudas que toda Latinoamérica avanza junto a las mujeres argentinas”.

“Terminamos este año tan difícil, con una pandemia que alteró todos los planes que teníamos no sólo los argentinos y argentinas, sino los que habían en el mundo entero, cumpliendo una promesa de campaña y ampliando derechos. Esto es producto de la lucha colectiva, del trabajo comprometido por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que hoy demuestran que están a la altura de las circunstancias”.

El proyecto de aborto legal se sancionó en el Senado en la madrugada del último miércoles del año. Y fue por una diferencia más holgada de la que todos los pronósticos esperaban.

Si bien la tendencia “verde” comenzó a tomar fuerza en los últimos días, con la participación activa del Poder Ejecutivo para obtener los votos necesarios, la brecha se amplió con la confirmación de los “indefinidos” y la ausencia de algunos.

De los cinco senadores que llegaron a la sesión sin revelar su voto -los oficialistas Silvina García Larraburu, Sergio “Oso” Leavy, Edgardo Kueider; la radical Stella Maris Olalla y la neuquina Lucila Crexell-, todos terminaron votando a favor de la iniciativa.

Además, hubo cuatro legisladores contados como “celestes” que estuvieron ausentes: los oficialistas Carlos Menem -por encontrarse internado en coma inducido-, Adolfo Rodríguez Saá y José Alperovich -de licencia-; y la riojana Clara Vega. También, los opositores a la norma sufrieron una baja más con la abstención de Guillermo Snopek, del Frente de Todos.

Así las cosas, la mayoría de los senadores del Frente de Todos apoyaron el proyecto enviado por el Gobierno: 25 legisladores oficialistas acompañaron la ley, mientras que 12 la rechazaron. Además de las tres ausencias y la abstención anteriormente mencionadas.

En el conteo global del interbloque Juntos por el Cambio, se registraron 14 votos en contra de la norma y 11 a favor. Pero un dato saliente es que el voto “verde” estuvo más presente en la bancada del Pro que en el de la Unión Cívica Radical.

A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde la mayoría de los rechazos provinieron del bloque macrista, en el Senado fueron cinco los senadores del Pro que respaldaron el proyecto y tres que se opusieron.

En total fueron nueve los senadores radicales que no avalaron la iniciativa y sólo cinco sí lo hicieron. En tanto, con su propio monobloque, el radical catamarqueño Oscar Castillo también acompañó la aprobación.

Aliados de Juntos por el Cambio, el puntano Claudio Poggi y el sanjuanino Roberto Basualdo fueron votos “celestes”.

Por su parte, el interbloque Parlamentario Federal tuvo dos votos negativos del salteño Juan Carlos Romero y el santafesino Carlos Reutemann; el voto positivo Crexell; y la ausencia de Vega.

Con el compromiso del oficialismo para modificar ciertos artículos en la reglamentación de la ley, el rionegrino Alberto Weretilneck terminó apoyando el proyecto. Finalmente, al igual que en 2018, la misionera Magdalena Solari Quintana votó en contra.

Los votos por sexo

De la votación se desprende que 19 senadoras votaron a favor de la norma y 8 lo hicieron en contra. En tanto, fueron 19 los senadores que acompañaron la ley y 21 los que la rechazaron.

Tras la sanción de la legalización del aborto, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que aseguró que la norma “ahondará aún más las divisiones en nuestro país”, y expresó que “nuestro pueblo seguirá eligiendo siempre toda la vida y todas las vidas”.

“La Iglesia en la Argentina quiere ratificar junto a hermanos y hermanas de distintos credos y también a muchos no creyentes, que continuará trabajando con firmeza y pasión en el cuidado y el servicio a la vida”, comienza el mensaje.

La comisión permanente de la CEA, encabezada por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, consideró que “esta ley que ha sido votada ahondará aún más las divisiones en nuestro país. Lamentamos profundamente la lejanía de parte de la dirigencia del sentir del pueblo, el cual se ha expresado de diversas maneras a favor de la vida a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria”.

“Tenemos la certeza de que nuestro pueblo seguirá eligiendo siempre toda la vida y todas las vidas. Y junto a él seguiremos trabajando por las auténticas prioridades que requieren urgente atención en nuestro país”, dijeron los obispos.

Y mencionaron entonces a “los niños y niñas que viven en la pobreza en cantidad cada vez más alarmante, el abandono de la escolaridad por parte de muchos de ellos, la apremiante pandemia del hambre y la desocupación que afecta a numerosas familias, así como la dramática situación de los jubilados, que se ven vulnerados en sus derechos una vez más”, en referencia implícita a la sanción de la nueva fórmula de movilidad.

“Abrazamos a cada argentina y a cada argentino; también a los diputados y senadores que valientemente se han manifestado a favor del cuidado de toda la vida. Defenderla siempre, sin claudicaciones, nos hará capaces de construir una Nación justa y solidaria, donde nadie sea descartado y en la que se pueda vivir una verdadera cultura del encuentro”, finaliza el comunicado.

En la recta final de la histórica sesión en el Senado durante la que se aprobó la legalización del aborto, el jefe y la vicejefa del bloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, respectivamente, cerraron el debate representando las dos posturas en torno a la ley.

Primero fue el turno de la mendocina, quien fue una de las que trabajó arduamente para conseguir los votos en la Cámara alta, donde la iniciativa había sido rechazada hace un poco más de dos años atrás.

“Si se aprueba esta ley, mañana la sociedad no va a ser la misma. El Estado no va a ser el mismo, porque ya no nos va a empujar más a la clandestinidad y, además, habremos conquistado el poder de decidir. Creo que es esa la centralidad de este debate: el poder de decidir que estamos conquistando las mujeres”, sostuvo.

La oficialista destacó que con la sanción de la ley “nos queda un horizonte muy bueno porque vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades, poniendo por delante los intereses de las mayorías”.

“Pienso, sinceramente, que no solo es la revolución de las hijas, sino que también es la revolución de las madres, de las abuelas, de las hermanas, de las sobrinas, de todas; y que, transversalmente, el movimiento de mujeres nos interpela, a la dirigencia política, a construir en transversalidad”, continuó.

Para la senadora, “el Poder Ejecutivo nacional ha tomado una decisión difícil, con mucho coraje, diría yo, porque lo más fácil es seguir mirando hacia otro lado; lo más fácil es hacer y seguir haciendo desde el Estado lo que se viene haciendo desde hace siglos: mirar para otro lado”.

“Quiero repetir algo que dijeron varias y varios hasta el cansancio: si hoy saldamos esta deuda de la democracia y es ley la interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres vamos a haber conquistado el derecho y el poder de decidir sobre nuestro proyecto de vida”, remarcó.

Y aclaró que “a quienes no están de acuerdo, nadie los va y las va a obligar a absolutamente nada. Simplemente, el Estado se va a hacer cargo de brindarles salud a mujeres y a personas gestantes que han decidido interrumpir su embarazo, a las que nada ni nadie va a parar en esa decisión”.

“Yo reconozco que hay muchos que, por una cuestión religiosa, no votan este proyecto. Puede traer conflictividad moral, ¿se puede decir? Yo reconozco que perturbe la conciencia de algunos, pero no lo comparto. No comparto ni el cinismo ni la hipocresía que significa que la interrupción voluntaria del embarazo no sea ley en la República Argentina”, enfatizó.

Entonces, la legisladora cargó contra sus pares varones que votan en contra: “No comparto el cinismo de aquellos colegas, sobre todo varones, que opinan desde sus bancas, cuestionando que la comisión cabecera sea la Banca de la Mujer, porque eso en el fondo es cuestionar nuestro poder de decidir”.

“Soy feminista porque soy peronista. Y que el Ejecutivo nacional, peronista, haya mandado este proyecto de ley al Congreso de la Nación, hace la alquimia perfecta entre el peronismo y el feminismo”, concluyó Fernández Sagasti.

Luego fue el turno del formoseño, acérrimo opositor a la ley, quien repasó que la Constitución Nacional contempla “la protección integral desde el embarazo”; y mencionó también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil, que hablan de la vida desde la concepción.

“Hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a estos tratados internacionales, o hay que hacer reservas expresas y someterlas al cuerpo -en ambos casos se necesitan los dos tercios-, para que sean válidas. Nosotros tenemos que respetar la Constitución y los tratados internacionales, porque es la base de nuestro esquema jurídico”, subrayó.

El presidente de la bancada oficialista manifestó que “nosotros estamos totalmente de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres. Estamos de acuerdo también con la autonomía y con las libertades. Estamos totalmente de acuerdo, porque son nuestras esposas, nuestras hijas”.

Pero apuntó: “Estamos absolutamente de acuerdo, siempre y cuando, como dice el artículo 19 de la Constitución, no dañe a terceros. Siempre y cuando no dañe a terceros, porque hay un límite en todo derecho, que es donde empieza el derecho del otro. Como usted dice, la patria es el otro”.

En su discurso, el legislador dijo que el niño por nacer “tiene un ADN distinto del de la madre” y “es ser humano desde principio a fin”. “Lo que se está engendrando ahí no es un animal o una planta que, de repente, cambia y se transforma en ser humano. Es un ser humano siempre. Desde que se lo engendra es un ser humano”, insistió.

En esa línea, Mayans fustigó que “hay distintos estatus acá: está el niño deseado y el niño no deseado. Para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. O sea, para el niño no deseado, es la pena de muerte. ¡El Estado no puede hacer eso! ¡El Estado no puede alegar eso, porque en la Argentina no existe la pena de muerte!”.

“La mayoría de los constitucionalistas que vinieron dijeron que esta es una ley inconstitucional, inaplicable, de muy mala redacción. Es de tan mala redacción esta ley que hay un senador preopinante que objetó prácticamente en toda su dimensión la ley, artículo por artículo”, se quejó y alertó que “es una ley que tiene el derecho al aborto absoluto antes de las 14 semanas y después de las 14 semanas hasta los 9 meses”.

También, el senador agregó que “no” está “de acuerdo con la penalización del aborto, estoy de acuerdo con la despenalización. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque no se puede criminalizar. Pero hubiésemos empezado por ahí”.

Tras la aprobación de la ley del aborto en el Senado, el presidente Alberto Fernández celebró en sus redes sociales la sanción de un proyecto que prometió en campaña, envió al Parlamento y, también, jugó fuerte junto a senadores oficialistas para garantizar los votos.

“El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral”, arrancó el mandatario en un breve mensaje, que acompañó junto a una foto de militantes con pañuelos verdes frente a la cúpula del Congreso.

Para el jefe de Estado, “hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública”. “Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política”, completó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo énfasis en lo mismo. “Quienes luchan hacen la historia. El 1 de marzo @alferdez reafirmó su compromiso, hoy el aborto legal es realidad efectiva. Es ley. Seguimos ampliando derechos”, escribió.

Otro de los mensajes del Gobierno fue del ministro de Salud, Ginés González García, quien sostuvo que “con esta ley gana la salud pública, la justicia social, los derechos de las mujeres y el Pueblo argentino”. “Estoy feliz y me comprometo a hacer cumplir la ley a lo largo y ancho de toda la Argentina”, afirmó.

El aborto seguro, legal y gratuito es ley.
A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral.
Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública.
Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. pic.twitter.com/cZRy179Zrj

— Alberto Fernández (@alferdez) December 30, 2020

Quienes luchan hacen la historia.

El 1 de marzo @alferdez reafirmó su compromiso, hoy el aborto legal es realidad efectiva.

Es ley. Seguimos ampliando derechos.#AbortoLegal2020pic.twitter.com/ThMqyuKZfn

— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) December 30, 2020

Con esta ley gana la salud pública, la justicia social, los derechos de las mujeres y el Pueblo argentino.

Estoy feliz y me comprometo a hacer cumplir la ley a lo largo y ancho de toda la Argentina.#ESLEY pic.twitter.com/LR29mzwwuS

— Gines González García (@ginesggarcia) December 30, 2020

BUENOS AIRES
Esteban Bullrich (Pro) – En contra
Gladys González (Pro) – A favor
Jorge Taiana (Frente de Todos) – A favor

CATAMARCA
Inés Blas (Frente de Todos) – En contra
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) – A favor
Dalmacio Mera (Frente de Todos) – En contra

CHACO
María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) – A favor
Antonio Rodas (Frente de Todos) – En contra
Víctor Zimmermann (UCR) – En contra

CHUBUT
Nancy González (Frente de Todos) – A favor
Alfredo Luenzo (Frente de Todos) – A favor
Mario Pais (Frente de Todos) – A favor

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Martín Lousteau (UCR) – A favor
Mariano Recalde (Frente de Todos) – A favor
Guadalupe Tagliaferri (Pro) – A favor

CÓRDOBA
Carlos Caserio (Frente de Todos) – A favor
Ernesto Martínez (Pro) – A favor
Laura Rodríguez Machado (Pro) – A favor

CORRIENTES
Ana Almirón (Frente de Todos) – A favor
Néstor Braillard Poccard (Pro) – En contra
Carlos “Camau” Espínola (Frente de Todos) – En contra

ENTRE RÍOS
Alfredo de Angeli (Pro) – En contra
Edgardo Kueider (Frente de Todos) – A favor
Stella Maris Olalla (UCR) – A favor

FORMOSA
María Teresa González (Frente de Todos) – En contra
José Mayans (Frente de Todos) – En contra
Luis Naidenoff (UCR) – A favor

JUJUY
Mario Fiad (UCR) – En contra
Silvia Giacoppo (UCR) – En contra
Guillermo Snopek (Frente de Todos) – Abstención

LA PAMPA
Norma Durango (Frente de Todos) – A favor
Daniel Lovera (Frente de Todos) – A favor
Juan Carlos Marino (UCR) – En contra

LA RIOJA
Julio Martínez (UCR) – En contra
Carlos Menem (Frente de Todos) – Ausente
Clara Vega (Mediar Argentina) – Ausente

MENDOZA
Julio Cobos (UCR) – En contra
Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) – A favor
Pamela Verasay (UCR) – A favor

MISIONES
Maurice Closs (Frente de Todos) – En contra
Humberto Schiavoni (Pro) – A favor
Magdalena Solari Quintana (Misiones) – En contra

NEUQUÉN
Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) – A favor
Oscar Parrilli (Frente de Todos) – A favor
Silvia Sapag (Frente de Todos) – A favor

RÍO NEGRO
Martín Doñate (Frente de Todos) – A favor
Silvina García Larraburu (Frente de Todos) – A favor
Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) – A favor

SALTA
Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) – A favor
Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos) – A favor
Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) – En contra

SAN JUAN
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) – En contra
Cristina López Valverde (Frente de Todos) – En contra
Rubén Uñac (Frente de Todos) – En contra

SAN LUIS
María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) – A favor
Claudio Poggi (Avanzar San Luis) – En contra
Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) – Ausente

SANTA CRUZ
Eduardo Costa (UCR) – A favor
María Ana Ianni (Frente de Todos) – A favor
María Belén Tapia (UCR) – En contra

SANTA FE
Roberto Mirabella (Frente de Todos) – A favor
Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) – En contra
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) – A favor

SANTIAGO DEL ESTERO
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de Todos) – En contra
Gerardo Montenegro (Frente de Todos) – En contra
José Neder (Frente de Todos) – En contra

TIERRA DEL FUEGO
Pablo Blanco (UCR) – En contra
María Eugenia Duré (Frente de Todos) – A favor
Matías Rodríguez (Frente de Todos) – A favor

TUCUMÁN
José Alperovich (Frente de Todos) – De licencia
Silvia Elías de Pérez (UCR) – En contra
Beatriz Mirkin (Frente de Todos) – A favor

El acta oficial de la votación

Acta-1-Sesion-2020-12-29

Por Carolina Ramos

Esta vez sí: el aborto en Argentina ya es legal. El Senado le puso el broche de oro a un debate reinstalado por el movimiento feminista y aprobó, por una diferencia de nueve votos, el proyecto que habilita a las mujeres y personas gestantes a interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas de gestación, de forma voluntaria y gratuita y con acompañamiento del Estado.

La victoria “verde”, enmarcada en una imponente movilización en las calles, fue finalmente por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, del jujeño Guillermo Snopek (Frente de Todos), que en 2018 había votado negativamente y fue una de las grandes sorpresas de la jornada.

Pero además, para ampliar la diferencia fueron claves las ausencias de dos “celestes”, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y la riojana Clara Vega (Mediar Argentina). Los otros senadores que no participaron de la votación fueron Carlos Menem -internado- y José Alperovich -de licencia-.

Las incógnitas que había en la previa se terminaron de despejar durante la noche, con discursos a favor por parte de tres indefinidos: el oficialista Sergio “Oso” Leavy, de Salta; la radical Stella Maris Olalla, de Entre Ríos; y la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 había sido la única en abstenerse. Sumó también su voto favorable el entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos, que se había anotado en la lista de oradores pero luego se bajó.

Durante la jornada, varios funcionarios se mostraron en los palcos del recinto y en el Salón Azul, entre ellos las dos principales impulsoras de la ley: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Con la sanción, el Gobierno pudo celebrar el cumplimiento de uno de los ejes de su campaña electoral.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, por su parte, se mostró poco. Asistió para abrir la sesión y luego, como suele hacer, se retiró para regresar al final, dejando la mayor parte de la conducción en manos de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, y el vicepresidente Martín Lousteau (UCR-Evolución). La posibilidad de un desempate, demasiado extrema, se esfumó enseguida.

Antes del inicio de la sesión, una de las referentes antiabortistas, la tucumana Silvia Elías de Pérez, realizó una conferencia de prensa y denunció “presiones nunca antes vistas” por parte del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley. Anunció que la discusión no se cerró este miércoles sino que continuará en la Justicia, donde plantearán la inconstitucionalidad.

Lo cierto es que desde la Casa Rosada participaron de forma activa en las negociaciones y así fue como se concedió un pedido clave a un senador de la oposición: el rionegrino Alberto Weretilneck. El Ejecutivo aplicará un veto parcial y de esa forma el exgobernador patagónico garantizó su voto favorable.

Se trata de una modificación que no altera el espíritu de la ley: según explicó la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, se vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo como hasta hoy las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), es decir, aquellas situaciones donde el aborto no es punible -violación o riesgo para la salud o la vida de la mujer-.

Verdes vs. celestes

El debate fue una nueva muestra de una grieta insalvable. Se repitieron los argumentos a favor y en contra de la legalización: por un lado, la necesidad de que las mujeres puedan tener autonomía sobre sus cuerpos y no mueran en abortos clandestinos; y por otro, la defensa de la vida desde la concepción y la noción del aborto como un “fracaso” del Estado a la hora de prevenir embarazos no deseados.

Al abrir la discusión, que se extendió durante 12 horas, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”, y sostuvo a su vez que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.

La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.

Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango planteó: “Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”. Y, tras la pregunta retórica, insistió en que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.

Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.

Por el rechazo, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo que la ley demuestra “un fracaso estrepitoso del Estado” y aludió al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que “la existencia de las personas humanas comienza con la concepción”. “Nosotros no titubeamos con las palabras, no buscamos eufemismos para referirnos a la vida”, reprochó.

Asimismo, explicó que “este proyecto deja solas a las mujeres, porque solo se les ofrece el aborto y nada más”, y negó que el Programa de los Mil Días brinde un acompañamiento, porque -consideró- “solo es declarativo y a tiempo futuro”.

“Aprobar este proyecto es reconocer el fracaso estrepitoso del Estado: como no pudimos garantizarle la seguridad a las mujeres, como fuimos incapaces de evitar que niñas y adolescentes sean abusadas, como no pudimos asegurarles el acceso a los servicios de salud de calidad, como no nos vamos a ocupar de garantizar las condiciones para que ninguna mujer muera por una hemorragia en una sala de partos… entonces, les ofrecemos el aborto”, sentenció.

Un recinto semivacío y pintado de verde

En el recinto se respetaron las medidas de distanciamiento social: como establece el protocolo de funcionamiento remoto, tuvieron sus lugares asegurados los vicepresidentes Lousteau y Laura Rodríguez Machado (Pro); dos senadores por el Frente de Todos; otros dos por Juntos por el Cambio; y uno por cada bloque minoritario.

Los legisladores se las arreglaron para turnarse en las bancas y de ese modo varios tuvieron su postal en el recinto. Oficialistas como María Inés Pilatti Vergara y Ana Almirón, ambas con discursos de alto voltaje, lucieron atuendos y pañuelos verdes. La puntana Eugenia Catalfamo -que en 2018 fue la única ausente por un embarazo- se tomó revancha y esta vez estuvo presente. Y dos fueguinos, Matías Rodríguez y Eugenia Duré, viajaron desde Tierra del Fuego para participar físicamente de la sesión.

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Por el Congreso pasaron, además, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la titular de AySA, Malena Galmarini; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz; y referentes históricas de la lucha por el aborto legal como Nelly Minyersky y Marta Alanis. También se vio a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, que cruzó desde la Cámara de Diputados, donde presenció el debate sobre la nueva movilidad jubilatoria.

El final de un debate histórico

Al momento de los cierres, Weretilneck ratificó su voto a favor y el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) lo hizo en contra. Luego fue el turno de Elías de Pérez, que insistió en que “toda vida vale, sin discriminación entre deseados o no deseados, sin que importe el color de piel, la clase social, si es una persona del interior o de la capital. Por lo tanto, toda vida tiene que ser cuidada y protegida”.

La tucumana repitió que el aborto “significa que el Estado ha tirado la toalla” y que el proyecto enviado por el Ejecutivo “no trae nuevas libertades, tampoco nuevos derechos: lo que sí nos trae es la negación del acceso a la vida”.

A continuación, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff remarcó que la ley no alienta a las mujeres a abortar. “¡Se aborta en nuestras narices, ocurre, es un dato de la realidad!”, exclamó, y con ese mismo tono enérgico, aseveró: “¡Nadie quiere el aborto! ¡No lo quiere la ley! La ley protege las desigualdades, y el punto de partida son la clandestinidad y la pobreza”.

“Estamos hablando de un Estado cómplice que deja hacer”, advirtió el formoseño, y subrayó que “no es un tema menor garantizar a todas las mujeres argentinas el acceso a la salud pública”.

En el mismo sentido, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “lo que realmente molesta” al sector antiabortista “es la libertad de las mujeres” y el “poder de decidir”. “No tienen empatía con las miles de mujeres que toman la decisión de abortar”, lamentó.

Además, señaló que “no solamente es la revolución de las hijas, sino también de las madres, de las abuelas, de todas. Gracias al debate nos enteramos que nuestras madres abortaban y nuestras abuelas abortaban, y de la peor manera. Y hoy lo pueden decir”.

Fernández Sagasti también destacó que con la sanción de la ley “nos queda un horizonte muy bueno porque vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades, poniendo por delante los intereses de las mayorías”.

De todos modos, la senadora coló la cuestión partidaria: “Soy feminista porque soy peronista, y que el Ejecutivo nacional peronista haya mandado esta ley hace la alquimia perfecta entre el feminismo y el peronismo”.

El último discurso quedó para el titular del bloque, José Mayans, que una vez más no ocultó su malestar por el tratamiento de este proyecto. Interpretó que para habilitar el aborto voluntario “hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a los tratados internacionales”, porque de lo contrario “es un país sin ley donde cada uno hace lo que quiere”.

“El presidente, los legisladores y los miembros del Poder Judicial están obligados a cumplir la Constitución”, aseguró, y continuó: “Estamos de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres, con la autonomía y las libertades, siempre y cuando no dañe a terceros, como dice el artículo 19 de la Constitución, porque en todo derecho hay un límite, que es donde empieza el derecho del otro”.

Mayans denunció que “hay distintos estatus: para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. Para el niño no deseado es la pena de muerte. El Estado no puede hacer eso, porque en Argentina no existe la pena de muerte”.

Los discursos más esperados

Con el correr de la noche, tres senadores indefinidos confirmaron su voto verde. La primera fue la radical Olalla, quien habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.

“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.

Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.

Poco tiempo después fue el turno de Crexell, que reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.

“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció la neuquina, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.

Al sumar razones a su voto positivo, coincidió con Olalla en que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.

Por su parte, el salteño Leavy manifestó: “Personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto. Ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.

Al comparar este debate con el de 2018, cuando votó en contra, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.

“Hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”, sintetizó.

Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.

Sorpresa: la abstención de Snopek

Entre los “tapados” estaba ni más ni menos que el jujeño Snopek, que si bien no acompañó el proyecto, decidió abstenerse y así facilitó la sanción de la ley. Una señal política que fue leída, en parte, como un contraste con el gobernador Gerardo Morales, decididamente “celeste”.

En un breve discurso, Snopek aclaró que sigue creyendo en que “la vida comienza desde la concepción”, pero reconoció que “en los últimos dos años no hicimos absolutamente nada” para resolver la cuestión. El senador advirtió que “Jujuy tiene uno de los niveles más altos de suicidios por embarazos adolescentes, por arriba de la media del país, y el gobierno provincial no trabaja para prevenirlo”.

El oficialista pidió, entonces, una consulta popular, y dejó un mensaje para Fernández: “Él tiene la responsabilidad, se apruebe o no, de que en el próximo proceso electoral sea el pueblo, a través del voto, el que decida si esta ley es legítima”.

Qué dice la flamante ley

La norma sancionada legaliza el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.

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Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo. En caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente a otra institución sin dilaciones y asumiendo los costos de la intervención.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

La senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos) sufrió un fuerte escrache en su domicilio en Bariloche, Río Negro, luego de cambiar de postura y confirmar su voto a favor de la legalización del aborto.

En el frente de la casa de la senadora, manifestantes colocaron cruces rodeadas por baberos, y la postal se difundió en distintos medios patagónicos.

Al intervenir en la sesión, García Larraburu ratificó su acompañamiento al proyecto, a diferencia de 2018, cuando había votado en contra.

“Desde una fuerte base peronista, entiendo que debemos acompañar una ampliación de derechos. Estoy orgullosa de afirmar que hoy en la Argentina la mujer es política de Estado. Mi voto es por una mujer libre, que pueda actuar, que pueda decidir según su propia conciencia, sin que nadie nunca más le diga lo que tiene que hacer con su cuerpo. Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”, anunció.

• El proyecto de ley tiene por objeto “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.
• Las mujeres y personas gestantes podrán interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. El texto original hablaba de “salud integral” pero el Poder Ejecutivo finalmente vetará el concepto de “integral”, manteniendo la redacción del Código Penal. Fue por pedido de un senador de la oposición, el rionegrino Alberto Weretilneck.
• En caso de violación, las personas gestantes a partir de los 13 años de edad deberán presentar una declaración jurada ante el personal de salud.
• El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita es de diez días corridos. Una vez que se realiza el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.
• Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad. Para los casos de menores de 16 años, el proyecto se remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.
• El personal de salud debe garantizar, como mínimo, las siguientes condiciones: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y estándares de calidad.
• El profesional que deba intervenir “de manera directa” en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Si se opone a realizar la práctica, tendrá que derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional, “sin dilaciones”. De todos modos, el profesional no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o las salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posterior al aborto.
• En el debate en comisiones se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia. Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”. Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.
• El sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedarán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
• Se establece que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios “tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.
• El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales deberán implementar capacitaciones para el personal de salud a fin de cumplir con la ley.

Modificaciones al Código Penal

• En el artículo 85 se mantiene la pena de tres a diez años de prisión para quien provoque un aborto sin consentimiento. Esta pena podrá ser de hasta 15 años si causa la muerte de la persona gestante.
• Si el profesional obra con consentimiento y el aborto se produce después de la semana catorce y sin que existan los supuestos previstos (violación o peligro para la mujer), la pena será de tres meses a un año -actualmente es de uno a cuatro años-.
• A su vez, se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.
• En el punto medular del proyecto, se modifica el artículo 86 del Código autorizando el aborto voluntario hasta la semana catorce.
• En el artículo 87 se aumenta el máximo de la pena para quienes “con violencia” causen un aborto -sin haber tenido ese propósito- a una persona con un embarazo “notorio”. La nueva pena será de seis meses a tres años -actualmente son seis meses a dos años-.
• Por último, en el artículo 88 se reprime con prisión de tres meses a un año a la persona gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo provoque, por fuera de las causales habilitadas. Actualmente, esa pena es de uno a cuatro años, es decir que ahora se reduce y será excarcelable. Se indica además que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”, y se mantiene, como hasta hoy, que “la tentativa de la persona gestante no es punible”.

Crece la diferencia a favor del aborto legal y la aprobación del proyecto en el Senado está prácticamente asegurada. Tres de los indefinidos -la entrerriana Stella Maris Olalla, la neuquina Lucila Crexell y el salteño Sergio “Oso” Leavy- , confirmaron por la noche su voto afirmativo y de ese modo hicieron crecer la tendencia “verde”.

Con las dudas despejadas acerca de Olalla, Crexell y Leavy, el conteo realizado por parlamentario.com arroja 37 votos afirmativos, 32 negativos y solo uno sin confirmar: el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos).

Minutos después de las 22.30, Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, confirmó que el senador -que se encuentra internado en grave estado- no podrá participar de la votación, lo que significa un voto “celeste” menos.

Mi padre @CarlosMenem_LR aún está en coma inducido, lamento profundamente que un gran defensor de la vida , el que instituyó el día del niño por nacer ,no pueda acompañar con sus convicciones en este momento tan importante para nuestro país .

— zulema menem (@zulemitamenem) December 30, 2020

Los discursos más esperados

Tras permanecer en silencio en todo momento, Olalla pronunció un discurso donde sostuvo que con el aborto legal “se conquistaría una nueva causa”.

La senadora hizo referencia a la definición del concepto de salud acuñada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “desde 1.948”, donde “puntualmente dice que la salud es un estado completo de bienestar, fundamentalmente físico, mental y social”.

Agregó que “los tratados internacionales firmados y comprometidos por la República Argentina ratifican lo expresado por la OMS más o menos en los mismos términos”.

Olalla habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados, “no solamente de la Capital Federal sino de las provincias”, y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.

“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.

Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.

Poco tiempo después fue el turno de Crexell, quien indicó que “a pesar del rechazo del proyecto que se puso a consideración” en 2018, “el debate siguió presente en la agenda social y política”.

“Reafirmo la necesidad de escuchar y respetar todos los argumentos, porque representan ideas presentes en nuestra sociedad y es correcto que el Congreso sea la caja de resonancia de todas esas miradas”, planteó.

La neuquina reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación, y dijo: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.

Crexell enfatizó que el tema “no admite posiciones absolutas ni respuestas obvias”, y añadió que “no es un debate fácil ni cómodo ni para quedar bien con nadie”.

“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.

Al sumar razones a su voto positivo, consideró al igual que Olalla que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.

Por su parte, Leavy manifestó: “La verdad es que personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto; ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.

“Hay mujeres que hacen un esfuerzo sobrehumano para ser mamás, pasan por tratamientos y muchas dejan parte de su vida, hacen de todo para ser mamás… hay otras mujeres que con la misma fuerza, contra viento y marea, deciden no ser madres e interrumpir su embarazo”, observó.

Al comparar este debate con el de 2018, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.

“Lo que me hizo tener esta mirada es la ley de los Mil Días, una ley completamente antiaborto con acompañamiento económico, de salud e información”, agregó.

Leavy sostuvo que “hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”.

Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.

CRÉDITO DE LAS FOTOGRAFÍAS: COMUNICACIÓN SENADO

Durante la histórica sesión que la Cámara alta llevó adelante para analizar el proyecto que busca establecer la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el senador misionero de Juntos por el Cambio (JxC) expresó su apoyo a la iniciativa y advirtió que en Misiones el 70% de los embarazos de menores de 19 años no son deseados.

Es así que durante su exposición, el opositor afirmó que “esta es la segunda vez en dos años que estamos tratando este tema, este debate tuvo su antecedente en el debate del 2018, luego de estar por décadas clausurado porque era un tema tabú para la política y la sociedad argentina” y consideró que “esto es producto de la lucha de miles de mujeres que en los últimos años vinieron denunciando los atropellos a los que fueron sometidas, esto es un avance para la sociedad y no pertenece a ningún sector político, les pertenece a las mujeres”.

Sobre esa misma línea precisó que “ya tenemos casi un siglo de que está penado el aborto para la mujer que se lo realiza y para quienes las ayudan a realizarlo. ¿Esto impidió que las mujeres se lo hicieran de forma insegura? No,  esto se hace en lugares clandestinos y en lugares sin ningún tipo de medidas de salubridad”.

“Es un tema que tenemos que afrontarlo y abordarlo”, añadió y concluyó informando que “en Misiones más del 70% de menos de 19 declaran en el post parto que se trataba de un embarazo no deseado; en muchos casos estos embarazos son producto de la violencia intrafamiliar. ¿Vamos a condenar a estar niñas a maternar? Este no puede ser un derecho de segundo orden”.

Ministras y funcionarias del Gobierno presencian desde el Salón Azul de la Cámara alta la sesión en la que se debate el proyecto de legalización del aborto, que cuenta con media sanción de Diputados. 

Invitadas expresamente por la presidencia del Senado, las mujeres llegaron antes del inicio del debate, que arrancó oficialmente a las 16:08, y se repartieron entre los sillones del tradicional Salón Azul y los palcos que permiten observar directamente el recinto. 

Las invitadas especiales son las ministras de Seguridad Sabina Frederic, y Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; las secretarias Legal y Técnica Vilma Ibarra, de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, y de Evaluación Presupuestaria Cecilia Todesca; la titular de Aysa, Malena Galmarini; la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

La lista de presencias incluye además a la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la exdiputada Juliana Di Tullio; la abogada feminista y jurista Marisa Herrera (que integra el consejo asesor que propuso reformas para el Poder Judicial); la ministra bonaerense Estela Díaz (Mujeres), y la titular del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Científico y Universitario bonaerense, Florencia Saintout. 

“Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”. Con un discurso donde no pudo ocultar su emoción, la senadora Silvia García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro) confirmó que esta vez, a diferencia de 2018, acompañará el proyecto de legalización del aborto.

Conectada a la sesión desde su provincia, García Larraburu contó una historia en primera persona y señaló que “la maternidad siempre estuvo asociada, lamentablemente, a la condición de mujer”.

“Todas, en mayor o menos medida, fuimos víctimas de un sistema creado por y para hombres. Ahora lo vemos, le podemos nombre: esa normalidad es el patriarcado y ese proceso se llama deconstrucción”, observó.

La legisladora reconoció que “no es fácil deconstruirse” porque “tambalea las estructuras”.

“Estamos atravesando un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma lo lideran las luchas feministas y ambientales “, destacó.

Al referirse a su postura personal, expresó: “Aprendí que nada puede detener el avance de la historia, y la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”.

En ese sentido, recordó que “todas las leyes que ampliaron derechos en su momento fueron resistidas por algunos sectores”, y puso como ejemplos el voto femenino, el divorcio y el matrimonio igualitario.

“Como dirigente política tengo la obligación de cuestionarme, de analizarme, de involucrarme con los cambios de paradigma, con las luchas, con los anhelos de las nuevas generaciones, porque en definitiva, estamos legislando para el futuro”, manifestó García Larraburu.

Y agregó: “En este tiempo aprendí que más allá de mi postura personal o de mi sistema de creencias, estamos ante una problemática que requiere un abordaje de política pública”.

La senadora indicó que el proyecto de aborto legal enviado por el Poder Ejecutivo es una “propuesta integral, superadora, que dialoga con el Plan de los Mil Días, pensado para que ninguna mujer tenga que tomar la decisión de interrumpir su embarazo”.

Finalmente, afirmó: “Soy la misma senadora que en este tiempo decidió seguir escuchando a todas las partes, analizando diferentes situaciones, recibiendo testimonios, pero sobre todo con un profundo respeto al que piensa distinto”.

“Desde una fuerte base peronista, entiendo que debemos acompañar una ampliación de derechos. Estoy orgullosa de afirmar que hoy en la Argentina la mujer es política de Estado. Mi voto es por una mujer libre, que pueda actuar, que pueda decidir según su propia conciencia, sin que nadie nunca más le diga lo que tiene que hacer con su cuerpo. Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”, concluyó.

En el marco de una jornada histórica en la que el Senado debate el proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el senador jujeño Mario Fiad (UCR) advirtió que si se aprueba la iniciativa quedará demostrado “el fracaso estrepitoso del Estado” y agregó que no resolverá problemáticas de fondo, tales como el abuso y la violación.

En ese sentido, el legislador consideró que “con este proyecto de legalización del aborto se busca avanzar con una mirada sesgada sobre lo que ocurre en nuestra Argentina, que es amplia, diversa y late con ritmo propio en cada rincón”, y precisó que “quienes estamos en contra de este proyecto no tenemos problemas con la ciencia, tenemos problemas con la lectura de las cosas”.

“Tenemos la libertad de llamar a las cosas por su nombre, por eso leo el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación que dice que ‘la existencia de las personas humanas comienza con la concepción’. Nosotros no titubeamos con las palabras, no buscamos eufemismos para referirnos a la vida”, aseveró el titular de la Comisión de Salud.

Sobre esa misma línea, el radical afirmó que “el aborto es, sin dudas, un drama social que se presenta como la solución a mano y que no evitará ninguna de las problemáticas de fondo” y le respondió a quienes aseguran que ‘son niñas, no madres’:  “se nos dice que las niñas no deben maternar y de eso no tenemos dudas, las niñas no deben ser abusadas ni sometidas. ¿Este proyecto resuelve algo de eso? No, pasa a la clandestinidad a la violación, el abuso, la pobreza, la violencia y las desigualdades”, remarcó.

Asimismo, explicó que “este proyecto deja sola a las mujeres porque solo se les ofrece el aborto y nada más, no es cierto que el acompañamiento se lo da el proyecto de los Mil Días, porque solo es declarativo y a tiempo futuro”.

“Aprobar este proyecto  es reconocer el fracaso estrepitoso del Estado, como no pudimos garantizarle la seguridad a las mujeres; como fuimos incapaces de evitar que niñas y adolescentes sean abusadas; como no pudimos asegurarles el acceso a los servicios de salud de calidad; como no nos vamos a ocupar de garantizar las condiciones para que ninguna mujer por una hemorragia en una sala de partos… entonces, les ofrecemos el aborto”, sentenció.

La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) denunció “presiones nunca antes vistas” del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley de aborto, y anunció que si se aprueba, irá a la Justicia. Lo dijo al realizar una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, poco antes del comienzo de la sesión.

Alberto Fernández está presionando personalmente a senadores para que voten el #Aborto.
Si el proyecto se convierte en ley iremos a la Justicia para que sea declarada inconstitucional. Argentina se ha obligado a estándares altísimos de protección de la vida desde la concepción. pic.twitter.com/kfxYNHU2L0

— Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) December 29, 2020

“Estamos a minutos de empezar a debatir y tenemos un final absolutamente abierto. La votación depende de que los senadores sigan sus convicciones, que han reiterado muchas veces a lo largo de este tiempo, o de que cedan a las presiones que nunca antes hemos visto en la persona del presidente de la Nación, Alberto Fernández”, advirtió.

La tucumana sostuvo que “lo que está haciendo el presidente Fernández ha superado todos los límites de lo tolerable. Está presionando él, personalmente, a distintos senadores y senadoras”.

Por otra parte, señaló que “hay un empecinamiento del presidente contra los más vulnerables: en Diputados van a aprobar una fórmula de movilidad jubilatoria que perjudicará a los abuelos y en el Senado directamente se va contra los más indefensos”.

Finalmente, Elías de Pérez anunció: “Salga lo que salga la votación esto no termina acá. Si este proyecto se convierte en ley será inconstitucional, absoluta y flagrantemente. Será un juez de la Nación el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad”.

El Poder Ejecutivo vetará parcialmente la ley de aborto, si es sancionada, contemplando una de las modificaciones que pedía el senador rionegrino Alberto Weretilneck, que de esta forma garantizó su voto a favor del proyecto. Así lo anunció Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, al abrir el debate de este martes en la Cámara alta.

La pampeana recordó que en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se había incorporado una pequeña modificación al artículo 86 del Código Penal vigente, que establece en sus incisos 1 y 2 las causales de no punibilidad del aborto. El objetivo fue adecuar la redacción que rige desde 1.921 a los estándares jurisprudenciales.

Sin embargo, anunció Durango, “dadas las inquietudes que ha generado esa actualización propuesta en la redacción, hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto de ley en caso de ser sancionado, a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta”.

De esta forma, el Ejecutivo vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) vigentes desde 1.921, “para que sigan como hasta hoy”.

Tras este anuncio, fuentes cercanas a Weretilneck confirmaron que el senador -que terminó hablando de madrugada, en los cierres- iba a votar a favor del proyecto, y otros legisladores podrían seguir sus pasos.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (Frente de Todos), aseguró al abrir el debate de este martes que “la alternativa es aborto legal o clandestino”, y sostuvo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.

Conectada desde su despacho, Durango destacó que “hoy es un día de esperanza” ya que el debate sobre el aborto coincide con el del Programa de los Mil Días y el comienzo de la vacunación contra el Covid-19. “Los tres son para cuidar la vida y la salud de los argentinos. Esto es lo que llamamos justicia social”, resaltó.

La pampeana sostuvo que “una vez más tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

“Vengo a ocupar esta banca en nombre de las mujeres muertas por el aborto clandestino”, proclamó.

La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.

Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”.

“Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”, se preguntó, y al detallar los puntos principales del proyecto, anunció que el Poder Ejecutivo aplicará un veto parcial a la ley, quitando el concepto de “integral” vinculado a la salud.

La senadora dijo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”, y agregó que a la mujer “nunca se la pone tan en el centro de la escena como en este tema”.

“Dejemos de ser hipócritas: dejemos que las mujeres decidamos sobre nuestras vidas”, subrayó, y añadió que la maternidad debe ser “un derecho y no una obligación”.

Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.

Por último, la pampeana señaló que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.

Comenzó una nueva jornada histórica: desde las 16, el Senado debate el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto y, a diferencia de 2018, el sondeo previo arroja un resultado afirmativo, con 34 votos a favor, 33 en contra y solo cuatro indefinidos. Cincuenta y nueve senadores se anotaron para hablar sobre el proyecto, que se de esa forma se votaría cerca de las 4 de la mañana del jueves.

Luego será el turno del debate del denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a la mujer durante todo el embarazo y la primera infancia del hijo. Para esta segunda iniciativa hay solo cuatro oradores, por lo que la sesión terminaría, según las estimaciones, cerca de las 5 de la mañana.

Con una imponente movilización en las calles a pesar de la pandemia del Covid-19, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara de Diputados tiene posibilidades de ser convertido en ley. A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación.

En el recinto de la Cámara alta se encuentran presentes, además de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro), sumados a dos representantes por cada bloque, según lo estipula el protocolo de funcionamiento remoto.

Lea también: En qué consiste en proyecto de legalización del aborto

Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización y 33 la rechazan, pero los “celestes” bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta en la votación, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.

Si bien había circulado la posibilidad de que el proyecto sufriera cambios para afianzar la ventaja “verde”, eso se evaluará en la reglamentación. El impulsor de las modificaciones fue el rionegrino Alberto Weretilneck, quien se encamina a votar favorablemente si el Gobierno atiende al menos algunos de sus pedidos.

Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto. Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR.

Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.

El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.

La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

El senador nacional Alberto Weretilneck atrajo la atención de todos en la Cámara alta -sobre todo los oficialistas y el Gobierno- cuando el jueves pasado sorprendió reclamando modificaciones al proyecto de ley que será puesto a consideración este martes. A partir de entonces, muchos se preguntaron si el exgobernador rionegrino votará “verde”, como se venía diciendo, o sus objeciones provocarán un cambio.

En este marco merece la atención lo expresado por la sucesora de Weretilneck al frente de la gobernación de su provincia, Arabela Carreras, con relación al tema del aborto. A sabiendas de que la actual gobernadora difícilmente se muestre distante de la opinión de su mentor, vale tener en cuenta lo que dijo ante un grupo de periodistas de Bariloche que la consultaron: “Entendemos que más allá de la condición personal, se trata de una cuestión social y de salud pública”, sostuvo la gobernadora, para quien “sería correcto despenalizarlo”.

Y si bien aclaró que en lo personal “no lo haría jamás”, señaló que “cuando miramos la situación de salud pública observamos que el mecanismo de persecución del aborto, como ha ocurrido hasta el momento, no está dando los resultados en beneficio de la vida de las personas, de las mujeres y tampoco en los distintos momentos de la gestación”.

Con todo, coincidió también con el senador Weretilneck en cuanto a lo conveniente de “revisar” algunos puntos del proyecto, y atento a lo que puede suceder con su antecesor, reconoció que “el proyecto está muy discutido y, tal como se presentó, debería tener ajustes ahora o en el momento de la reglamentación”.

El obispo Marcelo Sánchez Sorondo apeló al fallecido expresidente Néstor Kirchner para formular un pedido a los senadores nacionales de la Argentina en vísperas del tratamiento del proyecto para legalizar el aborto.

A través de su cuenta de Twitter, el prelado parafraseó al santacruceño desde el Vaticano, diciendo: “Senadores de Argentina, el 29 les pido que sigan el ejemplo de un gran presidente nuestro: no dejen sus convicciones profundas en las escalinatas del senado – sepan defender la vida como él la defendió”.

Cabe recordar que durante los tres mandatos del matrimonio Kirchner el aborto no fue abordado por el Congreso de la Nación. Es más, el entonces presidente Néstor Kirchner salió al cruce en 2004 de su ministro de Salud, Ginés González García, que había esbozado la posibilidad de estudiar la legalización del aborto.

Senadores de Argentina, el 29 les pido que sigan el ejemplo de un gran presidente nuestro: “no dejen sus convicciones profundas en las escalinatas del senado” – sepan defender la vida como él la defendió pic.twitter.com/TJP46jngL8

— Casina Pio IV (@CasinaPioIV) December 27, 2020

El diputado nacional por el Pro Francisco Sánchez reiteró su posición en contra de la legalización del aborto, previo al debate que se realizará este martes en la Cámara alta, y se refirió a su proyecto de ley que propone la pena de muerte para violadores y homicidas de menores de edad. 

En diálogo con Edición Calificada, el legislador neuquino vinculo el proyecto de su autoría con el debate del aborto legal: “Si vamos a renunciar de facto al Pacto de San José de Costa Rica para eliminar vidas humanas de niños por nacer y si vamos a contradecir nuestra propia legislación y los pactos internacionales a los cuales hemos adherido, entonces también podemos analizar la posibilidad de quitar la vida de personas que han producido gravísimos daños a niños pequeñitos que lamentablemente escuchamos muchos casos de violaciones seguida de muerte”. 

Aseveró que quienes aprueben este proyecto del aborto legal más que ser cómplices de un asesinato “son los que cometen el asesinato, que es peor”. 

Y agregó que el delito de violación y asesinato de niños es el delito más aberrante de todos: “Para mí esas personas pierden su condición de persona humana para convertirse en monstruos y la verdad que no creo que ninguno de nosotros quiera convivir con monstruos y darle a esos monstruos todos los beneficios que se le otorgan a personas a las cuales se considera, en principio, que tienen la posibilidad de reinsertarse”. 

Al ser consultado con respecto a la IVE sobre quién decide sobre la vida de los demás, Sánchez dijo: “En el proyecto del aborto que tiene media sanción es simplemente la voluntad de la madre, es decir hay una pena de muerte impulsada por el deseo de la madre de ser madre o no, ni siquiera interviene el padre, ni siquiera tiene derecho el médico a negarse, porque no hay objeción de conciencia, ni institucional ni comunitaria, es decir no participa nadie mas que la madre en su deseo de ser madre o no”. 

Sánchez explicó: “En cambio lo que propongo en mi proyecto es que se cumplan todas las garantías constitucionales del debido proceso. Yo no estoy diciendo de ejecutarlo en el momento a un monstruo que viola y mata a una criatura, estoy diciendo que se cumplan con todos los procesos y si es encontrado culpable esa persona pague con su vida por el daño que le provoco a esa criatura que es irreparable, como a su familia y a la comunidad”. 

Se confirmó finalmente que la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos) votará este martes a favor de la legalización del aborto, luego de haber rechazado el proyecto en 2018, cuando fue la única “celeste” del bloque Unidad Ciudadana.

La sospecha del cambio de postura de García Larraburu se encendió cuando la legisladora estampó su firma en el dictamen, el pasado 17 de diciembre.

Si bien la barilochense no hizo declaraciones, quien terminó por confirmar su voto afirmativo fue la jefa del bloque de legisladores provinciales del Frente de Todos, María Eugenia Martini, quien destacó  el “coraje” y la “convicción” de García Larraburu.

“Celebro y felicito la firme actitud de los senadores del Frente de Todos y su apoyo decidido a esta ley”, expresó Martini, y en particular destacó “la convicción de nuestros senadores provinciales, Martín Doñate y Silvina García Larraburu (quienes ya adelantaron sus votos positivos), coherentes con la legislación de avanzada que tiene Río Negro”.

“Es un tema urgente de salud pública, es justicia social, y es una reivindicación que ya lleva más de cien años de marchas y contramarchas en la Argentina”, expresó la legisladora provincial.

A su vez, Martini señaló que “el proyecto de despenalización del aborto es una decisión que requiere debate y también coraje, como lo exigieron las leyes de divorcio y de matrimonio igualitario”, y reconoció que “no son pocas las presiones”.

Con el voto favorable de García Larraburu, hay una leve ventaja “verde” de 34 votos sobre 33, aunque la diferencia podría ser aun mayor si se considera la probable ausencia de Carlos Menem, quien se encuentra internado, más la definición de los indecisos.

En un escenario completamente distinto al de 2018, con unos pocos indefinidos y un fuerte lobby del Gobierno, el Senado votará este martes el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que en principio cuenta con una leve ventaja “verde”.

La histórica sesión, que duraría unas 12 horas, comenzará a las 16 y también se tratará el denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a mujeres embarazadas durante toda la gestación y en la primera infancia del hijo.

Tanto ese proyecto como el de aborto legal son dos apuestas fuertes del gobierno de Alberto Fernández, que en los últimos días reforzó las gestiones con senadores para garantizar la sanción de ambas leyes, sobre todo la segunda, un reclamo urgente del movimiento feminista.

Los preparativos para la jornada comenzaron este lunes con el montaje de un escenario de cara a la Plaza de los Dos Congresos, donde se congregarán militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Puertas adentro también se puso en marcha un operativo para garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento, en un día donde también sesionará la Cámara de Diputados, desde las 11, con el proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El protocolo de funcionamiento remoto del Senado solo autoriza la presencia de las autoridades en el recinto -la presidenta, Cristina Kirchner, los tres vices y los dos secretarios-, junto a dos representantes por cada bloque de la oposición.

Lea también: En qué consiste en proyecto de legalización del aborto

A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación, con al menos dos senadores que podrían cambiar su postura.

Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización, incluyendo a la rionegrina Silvina García Larraburu, que había votado en contra en 2018 -fue la única “celeste” del bloque Unidad Ciudadana, que entonces integraba Cristina Kirchner- pero esta vez acompañará.

Otro rionegrino, Alberto Weretilneck, sorprendió al pedir una serie de cambios al texto en revisión pero, según supo este medio, también se encamina a votar favorablemente si el Gobierno garantiza que incluirá algunas de las propuestas en la reglamentación.

En ese sentido, no solo senadores “verdes” del Frente de Todos se pusieron en contacto con el exgobernador, sino también representantes de la propia Secretaría Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra, para comenzar a delinear la letra chica.

Los “celestes” son 33, pero bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.

Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto.

Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo y hasta ahora evitó hacer declaraciones; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR, que también permanece en silencio.

Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.

El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.

La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

BUENOS AIRES
Esteban Bullrich (Pro) – En contra
Gladys González (Pro) – A favor
Jorge Taiana (FdT) – A favor

CATAMARCA
Inés Blas (FdT) – En contra
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) – A favor
Dalmacio Mera (FdT) – En contra

CHACO
María Inés Pilatti Vergara (FdT) – A favor
Antonio Rodas (FdT) – En contra
Víctor Zimmermann (UCR) – En contra

CHUBUT
Nancy González (FdT) – A favor
Alfredo Luenzo (FdT) – A favor
Mario Pais (FdT) – A favor

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Martín Lousteau (UCR) – A favor
Mariano Recalde (FdT) – A favor
Guadalupe Tagliaferri (Pro) – A favor

CÓRDOBA
Carlos Caserio (FdT) – A favor
Ernesto Martínez (Pro) – A favor
Laura Rodríguez Machado (Pro) – A favor

CORRIENTES
Ana Almirón (FdT) – A favor
Néstor Braillard Poccard (Pro) – En contra
Carlos “Camau” Espínola (FdT) – En contra

ENTRE RÍOS
Alfredo de Angeli (Pro) – En contra
Edgardo Kueider (FdT) – Indefinido
Stella Maris Olalla (UCR) – Indefinida

FORMOSA
María Teresa González (FdT) – En contra
José Mayans (FdT) – En contra
Luis Naidenoff (UCR) – A favor

JUJUY
Mario Fiad (UCR) – En contra
Silvia Giacoppo (UCR) – En contra
Guillermo Snopek (FdT) – En contra

LA PAMPA
Norma Durango (FdT) – A favor
Daniel Lovera (FdT) – A favor
Juan Carlos Marino (UCR) – En contra

LA RIOJA
Julio Martínez (UCR) – En contra
Carlos Menem (FdT) – En contra
Clara Vega (Mediar Argentina) – En contra

MENDOZA
Julio Cobos (UCR) – En contra
Anabel Fernández Sagasti (FdT) – A favor
Pamela Verasay (UCR) – A favor

MISIONES
Maurice Closs (FdT) – En contra
Humberto Schiavoni (Pro) – A favor
Magdalena Solari Quintana (Misiones) – En contra

NEUQUÉN
Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) – Indefinida
Oscar Parrilli (FdT) – A favor
Silvia Sapag (FdT) – A favor

RÍO NEGRO
Martín Doñate (FdT) – A favor
Silvina García Larraburu (FdT) – A favor
Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) – A favor

SALTA
Nora del Valle Giménez (FdT) – A favor
Sergio “Oso”Leavy (FdT) – Indefinido
Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) – En contra

SAN JUAN
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) – En contra
Cristina López Valverde (FdT) – En contra
Rubén Uñac (FdT) – En contra

SAN LUIS
María Eugenia Catalfamo (FdT) – A favor
Claudio Poggi (Avanzar San Luis) – En contra
Adolfo Rodríguez Saá (FdT) – En contra

SANTA CRUZ
Eduardo Costa (UCR) – A favor
María Ana Ianni (FdT) – A favor
María Belén Tapia (UCR) – En contra

SANTA FE
Roberto Mirabella (FdT) – A favor
Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) – En contra
María de los Ángeles Sacnun (FdT) – A favor

SANTIAGO DEL ESTERO
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) – En contra
Gerardo Montenegro (FdT) – En contra
José Neder (FdT) – En contra

TIERRA DEL FUEGO
Pablo Blanco (UCR) – En contra
María Eugenia Duré (FdT) – A favor
Matías Rodríguez (FdT) – A favor

TUCUMÁN
José Alperovich (FdT) – De licencia
Silvia Elías de Pérez (UCR) – En contra
Beatriz Mirkin (FdT) – A favor

Por José Angel Di Mauro

Audaz, Alberto Fernández se animó a ser candidato presidencial del Frente de Todos a pesar de sus múltiples declaraciones a lo largo de una década en la que expresó las peores cosas del kirchnerismo en general y de su compañera de fórmula en particular. Así y todo se las arregló para surfear semejantes contrastes y ganar las elecciones presidenciales. Aun hoy sigue zafando -con más o menos suerte- cada vez que aparece un video o un texto que contradice alguna opinión actual. Pero que zafe, no implica que nadie repare en el cambio.

El problema se potencia cuando el presidente abusa de la ligereza a la hora de los anuncios. Esto viene desde el inicio de su gestión, pero ahora se ha hecho crónico y más grave. Dejando de lado las promesas previas a su asunción, se le hizo costumbre anunciar cosas a las que ponía plazos que inexorablemente se incumplían. Leyes que mandaría al Congreso, por ejemplo, que anunciaba como inminentes y muchas siguen en veremos: el Consejo Económico Social, por citar un caso de los proyectos que nunca presentó, o incluso la reforma judicial, que se cansó de prometer para “la semana próxima” y cuyo envío recién hizo en julio.

Es grave que la palabra presidencial se devalúe, máxime en circunstancias como esta, cuando la sensación cada vez más extendida es la de que el poder real no reside en la Casa Rosada.

Así y todo el presidente persiste en esta tendencia que tanto lo perjudica. La vacuna contra el coronavirus es un ejemplo. Anunció una y otra vez acuerdos a través de los cuales los argentinos tendrían prioridad con la vacuna, pero a la hora de la verdad la única que asoma como disponible es, a priori, la que más interrogantes genera. El 6 de noviembre el Gobierno de Alberto Fernández promulgó la Ley de Vacunas que hizo aprobar con letra de los laboratorios que nos garantizaban contar con el antídoto para el coronavirus, Pfizer en particular. Ese mismo día Fernández anticipó que unas diez millones de personas ya estarían vacunadas para fines de diciembre.

Ya eso parecía mucho, pero ni qué decir cuando en diciembre garantizó que “vamos a vacunar a 300.000 personas”. Quedaban 16 días hábiles, el acuerdo con los rusos todavía no estaba, la vacuna no había sido autorizada y el “vuelo épico” en el que fueron traídas las dosis ni siquiera estaba programado. Pasando por alto que en ese lapso hasta el presidente Putin aclaró que la vacuna no estaba aún aprobada para mayores de 60, en este mismo espacio ya advertimos esas lagunas entonces; hay que ver quién es la persona que malinforma de semejante manera al mandatario, o por qué el presidente incurre en exageraciones que solito debería advertir que son incumplibles y menguan su credibilidad.

Se entiende que el Gobierno se aferra a la vacuna como una tabla de salvación, al cabo de un año que transcurrió en su mayor parte con un encierro obligatorio que destempló el espíritu de los argentinos y que destruyó una economía que ya venía en picada. A pesar de que el presidente dijo una y otra vez que ese daño era el mal menor, hoy ya no piensa lo mismo y si bien no lo dice actúa en consecuencia: la vuelta del ASPO está descartada desde el vamos, porque la economía no aguanta, las arcas del Estado no lo soportarían y la gente menos. Y sería el peor daño para el Gobierno una eventual rebelión anticuarentena.

La vuelta del ASPO está descartada desde el vamos, porque la economía no aguanta, las arcas del Estado no lo soportarían y la gente menos.

Así y todo, el comportamiento oficial tiene sus consecuencias adversas. Comenzando por el velorio multitudinario y fallido de Maradona que el mismo Gobierno promovió y que entre otras consecuencias dejó la sensación de que el distanciamiento social ya es una entelequia. Hubo en el ínterin una marcha multitudinaria de los hinchas de River por la Copa ganada en Madrid, las concentraciones masivas de “verdes” y “celestes” por el debate del aborto en el Congreso y las Fiestas de Fin de Año. Los epidemiólogos que siguen aconsejando al presidente, aunque no se note -o Alberto no los escuche-, se agarran la cabeza pensando en el rebrote, un fenómeno que se extiende también en otros países de la región, muchos de ellos vecinos.

El Gobierno quería terminar el año vacunando y el número de inyectados pasaba a ser un elemento secundario. Los especialistas críticos no ahorran cuestionamientos por semejante manejo. Lejos de las urgencias que le caben a la política, advierten que el manejo debió haber sido más ordenado, y que eso se hubiera logrado tomándose tres semanas para arrancar con la aplicación de la vacuna. En ese lapso se hubiera contado con la aprobación de la ANMAT, la habilitación para extenderla a los mayores de 60, y se hubiesen apagado muchas de las críticas y dudas que, por el contrario, hoy están tan difundidas.

Pero las urgencias políticas son otras y el Gobierno quería terminar el año dando esa sensación de alivio, que hasta puede resultar contraproducente. Porque en ese relajamiento social del que hablábamos contribuye la sobrevaloración de la campaña de vacunación. En Gran Bretaña, el primer país donde arrancó la vacunación, hoy viven una segunda ola “fuera de control”. La vacuna es la solución, pero la inmunidad de rebaño que la  misma debe conseguir va a demorar meses, y tal vez no alcance a evitar aquí una segunda ola que el exministro Adolfo Rubinstein anticipa para mediados de 2021.

Año electoral, la persistencia de la pandemia unos meses más sería la peor noticia para el oficialismo. Con un impacto en la economía impensado, a partir del hecho de que el Presupuesto 2021 no contempla la continuidad del Covid. Los cálculos saltarían por los aires si el Estado debiera volver a distribuir ATP e IFE, y la recaudación volviera a resentirse.

El debate sobre el aborto

Así como el Gobierno hizo lo imposible para terminar el año aplicando alguna vacuna, el presidente decidió que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo debía salir este 2020. Alberto Fernández necesitaba algún  “éxito” y esa ley asoma como “un logro” al cabo de un año en el que por imperio de la pandemia no pudo alcanzar otros “éxitos” de gestión.

Por eso fue que intempestivamente y sin consultar a nadie, Fernández dispuso que su secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, saliera a anunciar el envío del proyecto de ley que durante meses el propio presidente había dicho que se postergaba por la crisis sanitaria. El anuncio generó inquietud en el Congreso, más precisamente en el Senado, donde justamente hace dos años el proyecto naufragó, y hoy la renovación del cuerpo no fue suficiente como para dar vuelta la diferencia de 7 votos que el rechazo tuvo en 2018.

Ahora llegan a esta instancia virtualmente empatados, y eso que algunas voluntades dentro del oficialismo han sido revertidas a favor de la aprobación. Pero el tratamiento “exprés” que el proyecto tuvo en ambas cámaras poco contribuyó a la elaboración de consensos, y habilita sorpresas como las que podrían darse desde Juntos por el Cambio, pero también de parte de algunos opositores que suelen oficiar de aliados, como Alberto Weretilneck.

Históricamente a favor del aborto, el exgobernador rionegrino puso reparos al proyecto el mismo día en el que se firmó el dictamen. Dice que así como está, la iniciativa es “inviable” y pide modificaciones. El riesgo para el oficialismo está en que varios senadores -incluso alguno propio- se sumen a la postura de Weretilneck de que si no atienden sus objeciones podrían abstenerse. En JxC hay un par con esa idea, aunque una encumbrada fuente del bloque aclaró a este medio que el expresidente Mauricio Macri no les ha pedido rechazar la ley para propiciar un traspié del Gobierno. Pero lo cierto es que la postura de Weretilneck ha generado preocupación en el Gobierno al punto tal de que el senador ha recibido llamados desde la Casa Rosada pidiéndole que vote a favor, como realmente desea, y prometiéndole que los cambios que pide se harán “en la reglamentación”.

Es que el Gobierno no quiere saber nada con que la ley se modifique y vuelva a Diputados, aunque así estuviera garantizada su aprobación. “La ley debe ser aprobada así como vino”, remarcaron desde la Rosada. El rionegrino no está muy convencido de confiar en las promesas oficiales.

En este marco es que se conoció una encuesta de Giacobbe & Asociados que dice que un 60% no quiere que la ley sea aprobada, mientras que apenas un 26,7% expresa lo contrario. ¿Acaso eso quiere decir que los argentinos son antiabortistas? No necesariamente, más bien que el tema “se partidizó” a partir de que el Gobierno lo tomó como algo propio.

Lo mismo que la vacuna, con el riesgo de que el empeño oficial en hacer del remedio contra el virus una epopeya histórica conspire contra el éxito de la campaña de vacunación. Sería una pena que eso también termine precipitándose en la grieta.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, consideró que “hay un contexto propicio para que el aborto sea ley”.

En declaraciones a Radio Provincia, señaló que “seguimos con la expectativa de lo que pasa en el Senado” en las horas previas a que la Cámara alta se expida sobre el proyecto.

En ese marco, insistió en que “el aborto existe y existirá, legal o clandestino”, al tiempo que consideró que algunas cuestiones que pretenden ser revisadas, pueden ser contempladas en la reglamentación, sin necesidad de que se demore la sanción de la ley.

Estela Díaz indicó que la violencia contra los legisladores que están a favor de la iniciativa “no ha escalado más” y “en Diputados noté un clima de debate muy tranquilo, fue más baja la virulencia argumentativa” de los opositores.

Además, Díaz subrayó que “este proyecto se presenta junto al de 1000 Días, son dos iniciativas que garantizan las decisiones reproductivas, tanto cuando querés continuar la gestación, como para cuando no querés hacerlo”.

“Es inaceptable que las mujeres seamos llevadas a la clandestinidad del aborto o a la violencia obstétrica que recibimos al llegar al hospital con alguna interrupción, sea provocada o no”, afirmó.

En ese marco, destacó que la legalización del aborto “descomprimirá al sistema de salud que hoy tiene que atender las complicaciones que en muchos casos son cirugías y terapias intensivas”.

Por último, la ministra elogió el presupuesto 2021 de la Provincia: “Pone el énfasis en la salud, la educación, la igualdad, e incluye infraestructura de cuidado que apoya el trabajo de las mujeres, de la infancia y de las personas que necesitan cuidados”.

El senador nacional Sergio Leavy fue siempre considerado como un voto contrario al aborto, a partir de que el Gobierno anunció la intención de enviar al Congreso un proyecto de ley propio para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Considerando su postura expuesta durante el debate en 2018, cuando era diputado nacional opositor entonces y fue uno de los 122 votos en contra que tuvo el proyecto esa vez.

Surgieron dudas respecto de su voto a partir de comenzar a circular su nombre entre los senadores que, ante las dificultades del oficialismo para aprobar la ley en el Senado, podrían ser contactados por el oficialismo para modificar su postura. Y las sospechas crecieron aún más cuando el jueves de la semana pasada Sergio “Oso” Leavy fue recibido por el presidente de la Nación en la Casa de Gobierno. No dijeron haber hablado del tema del aborto, pero es obvio que el tema no pudo estar ausente en ese encuentro. De hecho, difícilmente haya sido otro el interés de Alberto Fernández al  recibirlo.

Lo cierto es que con motivo de la reelección del senador nacional al frente del Partido de la Victoria en Salta, fue entrevistado por Multivisión Noticias, de esa provincia, donde obviamente lo interrogaron sobre su voto del próximo martes. Leavy dio vueltas y vueltas con las respuestas, pero dejó claro que no tiene resuelto su voto.

“Hay muchos militantes que nos piden votar de una forma o de otra”, remarcó, sosteniendo que a él le hubiera gustado que se hubiera hecho un plebiscito para definir qué es lo que el pueblo quiere. Luego reconoció que “el pueblo gobierna a través de sus representantes”, y en ese marco reveló haberse reunido “con diferentes sectores, pañuelos verdes, pañuelos celestes” y reconoció que este tema “hoy nos tiene debatiendo, hablando… hay una realidad en la Argentina y una situación que no haya muertos, menos de bebés, pero también está la otra, que se mueren mujeres… y bueno, estamos debatiendo eso”.

Tras recordársele que en 2018 había votado en contra, le preguntaron directamente si hoy podría votar a favor, ante lo cual Leavy respondió, sin dejar evidencias del destino de su voto: “claramente no han cambiado mucho las cosas, no he visto que hayan hecho muchas campañas, ni que el Estado haya hecho mucha prevención. Uno sabe que hemos logrado frenar la ley y no hay mucho cambio ahora… vamos a estar evaluando. Tengo convicciones personales y también está lo que uno representa”.

¿Pero hoy está a favor del aborto?, le preguntaron entonces, y Leavy insistió: “Estamos debatiendo, no es una decisión tomada, hay muchos intereses de muchos argentinos y argentinas que están pidiendo de diferentes formas. Veo que mucha gente apoya que sigamos con la misma postura, y mucha otra que trata de que una vez por toda sea ley, como es ley ya en España, Italia, muchas partes del mundo”.

Entonces Leavy se preguntó si la ley es buena, si contempla todo lo que uno quiere, a lo que señaló: “Bueno, hay mucho para debatir y si fuese por convicciones, uno ya tiene  una decisión, pero bueno, uno representa a mucha gente y uno tiene ese tema de seguir debatiendo, de seguir escuchando, abrir la cabeza y tratar de sacar lo mejor para la Argentina y para Salta”.

Ante la insistencia de que revelara qué hará este martes, el senador Leavy se negó: “No, no nos hemos terminado de definir. Yo ya voté una vez y por eso mucha gente nos apoya y sigue apoyándonos. Hablé con muchísimos legisladores y muchos dicen: ‘Me gustaría votar en contra, pero que se apruebe la ley’. Así que hay mucha hipocresía en lo que se viene trabajando”.

Le preguntaron entonces si debía atender a las presiones políticas o sus convicciones personales, a lo que señaló que va a tomarse estos días “y voy a seguir escuchando las dos voces. Yo creo que hay que sacar lo mejor para  los argentinos y eso lo voy a reflejar en mi voto”.

Al insistírsele sobre las presiones políticas, el senador kirchnerista las negó, y solito se remitió a la reunión que mantuvo con Alberto Fernández la semana pasada. “El presidente sabe lo que yo pienso y yo sé lo que él piensa”.

Finalmente, ante la pregunta sobre la gente que pudiera sentirse desilusionada por un cambio suyo en el sentido de su voto, Leavy le dijo a su interlocutor que “es una difícil tarea que la estamos estudiando. Lo voy a seguir estudiando y el día que lo tenga decidido te lo voy a decir a vos para que lo hagas público”.

Tal cual lo previsto originalmente, la suerte del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se definirá este martes 29 de diciembre. En la que será la última sesión de este año intenso en el Senado, debatirán el proyecto del Poder Ejecutivo en una reunión que se iniciará a partir del horario infrecuente de las 16 horas, según convocó la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

Decimos “infrecuente”, porque a lo largo de todo el año el horario de inicio de las sesiones en la Cámara alta ha sido el de las 14, iniciándose las sesiones no mucho más allá de esa hora. Resulta curioso entonces que en una sesión donde la cantidad de oradores se anticipa elevada, para un tema tan ríspido, se prevea arrancar dos horas después de la habitual. Así las cosas, se descuenta que el debate se extenderá por lo menos hasta horas de la madrugada.

Además, no será el único tema previsto para este martes, pues con posterioridad a ese debate está previsto abordar el proyecto venido de Diputados por el que se crea la “ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, también conocida como de los “Mil Días”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff participó, vía plataforma zoom, de una charla junto a la Institución A.V.E, Acompañamiento Voluntario del Embarazo donde disertó sobre el aborto desde el punto de vista político. 

Asseff explicó que es “muy importante” la reafirmación del concepto del valor de la vida y argumentó que “hay que ratificar que la Constitución Nacional y el Código Civil, además de los tratados internacionales, establecen que el origen de la vida es desde la concepción”. Agregó, además, que “la convención de los Derechos del Niño está incorporados por el Articulo 75 inciso 22 de la Constitución, por lo que el proyecto del aborto, además de ser inoportuno y estar absolutamente politizado es inconstitucional”. 

Al hacer una evaluación sobre el proyecto en Senado, Asseff dijo que “si este tema esta politizado por el Ejecutivo Nacional, entonces, sería bueno que la oposición respondiera -más allá de las convicciones pro aborto que pueda tener algún senador- del mismo modo: políticamente, absteniéndose; de manera que significaría un golpe letal para el proyecto en la Cámara de Senadores”. 

Por último, Asseff repudió la interrupción voluntaria del embarazo diciendo que “es propio de la cultura del descarte y contrario a la declamación que hace el Gobierno sobre el respeto a los derechos humanos”. 

La senadora nacional del Frente de Todos Ana María Ianni se refirió al debate sobre el aborto legal que tendrá lugar en la Cámara alta, tras la media sanción de Diputados y la discusión en el plenario de comisiones, y consideró que el día 29 de diciembre estarán “dando lugar al tratamiento de manera comprometida, responsable y creo que con un mayor signo de madurez de lo que ha sido en 2018”. 

En diálogo con el programa radial “Edición Calificada” señaló que “hoy sentimos la tranquilidad de que estamos transitando un proceso que estaba comprometido, por el compromiso que hemos asumido con la Campaña Nacional por el Aborto Legal y la construcción colectiva de nuestra mirada sobre este tema que hemos hecho aquí en Santa Cruz”, contó la senadora que representa a esa provincia. 

En este sentido agregó: “El día 29 de diciembre vamos a estar dando lugar al tratamiento de manera comprometida, responsable y creo que con un mayor signo de madurez de lo que ha sido en 2018”. 

Respecto al debate del martes, Ianni indicó que “son dos proyectos, el de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el proyecto para la protección para el embarazo y a la infancia, conocido con el de los Mil Días, donde se ve a la salud de manera integral, no solo en el cuidado físico si no también en la contención y sostén emocional y en la parte social y en la posibilidad de elegir por una opción o por otra, pero donde el Estado brinde las herramientas y pueda estar presente sea cual fuera la decisión de la persona gestante con derecho a decidir”. 

Además, consideró que no se trata de “un debate más”, sino uno que “está en las calles y en el pueblo. Por eso no comparto quienes dicen que se ha dado un debate express que en 4 días sacamos un dictamen, sino que este debate se está dando hace años y es un proyecto se ha ido mejorado y madurando. Y no tienen que ver con un proyecto político ni con un color político”. 

Al ser consultada sobre si se violan los derechos del Pacto de San José de Costa Rica y si hay vida desde el inicio de la concepción, la senadora nacional Ana María Ianni dijo: “Nadie discute que haya vida o no esto digamos está muy claro. Lo que sí hay muchos que no quieren entender, que tratan de este proyecto como inconstitucional o que viola toda la normativa a la cual nuestro país ha adherido que ha sido explicado por aquellos que saben, y no lo voy a hacer yo, que hablan del derecho constitucional y que nos mostrado a lo largo del debate de estos días que no radica en eso la decisión, tampoco la definición de los derechos civiles a partir de cuándo, sino que aquí se está hablando del derecho a la decisión y a tomar la decisión sobre las personas gestantes y la propia vida y poder tener una definición acompañado por un Estado presente. Así lo veo yo desde mi postura”, concluyó Ianni.

Un nuevo escenario se abrió en las últimas horas en el Senado: ante la escasa diferencia de votos, legisladores oficialistas a favor de la legalización del aborto evalúan aceptar algunas de las modificaciones que pidió la semana pasada el rionegrino Alberto Weretilneck, lo que provocaría el regreso del proyecto a la Cámara de Diputados.

Desde el bloque oficialista podrían apelar a ese último recurso para ampliar y asegurar la ventaja a favor, sumando el voto de senadores que hasta ahora evitaron hacer declaraciones, tanto en Juntos por el Cambio como dentro del propio Frente de Todos.

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, y sus pares María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli se comunicaron recientemente con Weretilneck y podría avanzar el pedido del exgobernador rionegrino, que a lo largo del año acompañó al Frente de Todos en la mayoría de las votaciones.

Así, ese sector del oficialismo aspira a garantizar definitivamente algunos votos “verdes” de senadores de Juntos por el Cambio y también del bloque propio, como el entrerriano Edgardo Kueider, que -según supo este medio- se mostró particularmente interesado en las sugerencias de Weretilneck.

Además de Kueider, siguen en duda Stella Maris Olalla (UCR), también de Entre Ríos; la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo; y la rionegrina Silvina García Larraburu, que hace dos años votó en contra y esta vez firmó el dictamen favorable y está más cerca de acompañar el proyecto, en un gesto de disciplina partidaria.

También se especula con el cambio de postura de otro senador “celeste”, el salteño Sergio “Oso” Leavy, que la semana pasada fue recibido por el propio Fernández en Casa Rosada.

“Hoy tenemos a un presidente trabajando codo a codo con los legisladores para que esto efectivamente sea ley”, deslizó este lunes una oficialista, Ana Almirón, dejando entrever un involucramiento activo de Fernández para que la ley salga este año.

Con ese horizonte, otra posibilidad que baraja el grupo pro-legalización es la promesa de que algunas modificaciones se introduzcan en la reglamentación para evitar que el proyecto vuelva a Diputados.

¿Cuáles son los cambios sugeridos por Weretilneck? El senador está de acuerdo con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana catorce de gestación, pero propone cambios en las causales para realizar el aborto superado ese plazo.

Por ejemplo, en caso de violación, pretende que para las mujeres mayores de 13 años se imponga un límite “hasta el momento de viabilidad fetal (22 semanas)”, y además pide incorporar el requisito de una declaración jurada y una denuncia penal previa.

Otra observación tiene que ver con el concepto de “salud integral”: el senador quiere reemplazarlo por el de “salud física”, y sostiene que “cuando exista peligro, pero no coloque en riesgo la vida (de la mujer), no resulta lógica la imposición de la exigencia de actuar” para los médicos que sean objetores de conciencia.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) criticó este lunes la “febril obsesión por instaurar el aborto en la Argentina”, mientras hay “miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver”, en un mensaje en vísperas de la Navidad y a días que se trate en el Senado el proyecto impulsado por el Gobierno.

La comisión permanente de la CEA, encabezada por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, señaló que “en estas últimas semanas” la “opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos“.

“Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles de tal manera que no se los neguemos aunque no hayan nacido”, se enfatizó en el comunicado que se difundió en su cuenta de Twitter.

En el texto, los obispos expresaron que esta Navidad “nos encuentra en un momento histórico donde necesitamos una ardua reconstrucción: de las fuentes de trabajo, de la educación, de las instituciones, de los lazos fraternos”.

En ese marco, consideraron que “muchas cosas se han roto y necesitan ser sanadas”, y agregan: “Es momento de agradecer al pueblo argentino su paciencia, su cooperación, su resistencia”.

En referencia al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se debatirá el próximo 29 de diciembre en la Cámara alta, la CEA advirtió que “para quienes esperan empezar un año mejor, esta agenda legislativa no les trae esperanzas”.

“Hay miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver, que requieren toda nuestra atención: desde los problemas de la vacunación hasta la cantidad de personas muy enfermas que este año no han recibido adecuada atención médica, pasando por las mujeres que sufren violencia o no tienen un trabajo digno. Pero lo que se les ofrece en este momento duro e incierto es el aborto, y eso es un golpe a la esperanza“, aseveraron los obispos.

Y añadieron: “No obstante, confiamos en el bien que habita en el pueblo, en esa tierra fértil que son los corazones de los argentinos, capaces de elegir la vida y la fraternidad más allá de todo”.

En otro tramo del mensaje navideño, manifestaron que la fiesta de la Navidad “nos hace pensar en la dignidad de cada vida, nos recuerda cuánto vale un ser humano”, y recordaron que el papa Francisco en su última encíclica insiste en que “la pandemia no nos deje iguales sino que nos vuelva más apasionados para defender toda vida: la vida de un anciano, de un discapacitado, de un enfermo, de un niño por nacer”.

“Así, este tiempo se convierte en un fuerte llamado a la solidaridad, al cuidado mutuo, a ser capaces de ponernos al hombro las penas de los demás”, dijeron y concluyeron: “Que la pandemia no nos impida imaginar y soñar un país más humano y fraterno”.

Con motivo del inminente debate de la legalización del aborto, el próximo sábado 26, la comisión ejecutiva de la CEA celebrará una misa en el santuario de la Virgen de Luján, que será transmitida a través de las redes sociales.

En tanto, para el domingo 27 -fiesta litúrgica de la Sagrada Familia- invitaron a que las catedrales y parroquias de todo el país celebren las misas con una “especial intención por la vida naciente”.

Para el lunes 28, fiesta de los mártires Santos Inocentes, los obispos “convocan al pueblo de Dios a una jornada de ayuno, oración y celebración de la misa”, según se informó en un comunicado.

La senadora nacional Ana Almirón aseguró que desde el debate sobre aborto legal en 2018 a la actualidad “las circunstancias cambiaron” y “hoy tenemos a un presidente trabajando codo a codo con los legisladores para que esto efectivamente sea ley”.

“Soy muy optimista y siento que el optimismo nos va a llevar a una buena victoria el 29 y a obtener la ley”, sostuvo este lunes la correntina, que afirmó que el sector “verde” trabaja “día a día” para que “lograr los consensos necesarios”.

La oficialista reveló que buscan la manera de “salvar” las “disidencias” de algunos senadores respecto al proyecto, de modo de ver “si se pueden abordar en reglamentación”.

“Trabajamos en conjunto con varios senadores de la oposición”, resaltó la senadora del Frente de Todos, para agregar que “muchos que quizás no acompañaron en 2018 terminen acompañando el 29”.

Entrevistada en radio Futurock, Almirón consideró que “hoy la sociedad entiende, a diferencia de 2018, de qué hablamos cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo”. “Los legisladores no somos lo mismo, en el sentido de que le dimos un salto de calidad a la discusión”, continuó.

Y destacó: “Tenemos un Poder Ejecutivo que entiende la problemática y que decide hacerse cargo, ponerse al hombro y acompañar en la salud sexual y reproductiva, y en la decisión a una familia deseada o no de la mujer”.

Por otra parte, admitió que “la presión sobre cada uno de los legisladores es muy fuerte y es muy violenta”, por eso “está bien que quizás se resguarden hasta el 29”, en referencia a quienes todavía no han revelado su voto.

¿Saben  por qué se considera al aborto una cuestión de salud pública? se considera problema de salud pública a toda causa de muerte o morbilidad evitable,  además se produce en población joven y sana y no puedo evitar resaltar que se incluye dentro de los problemas de equidad de género, ya que el aborto sólo afecta a las mujeres y sus complicaciones se producen fundamentalmente en mujeres pobres.

En mi trabajo hospitalario he acompañado a muchas pacientes en el transcurso de complicaciones severas en casos de aborto clandestino, no así en mi actividad privada, donde habitualmente no se presentan complicaciones.   

Mi vida profesional  me llevó a ocupar cargos de ejecución y conducción  dentro de un hospital público en donde tuve que  compartir mi día a día con personas que tenían culturas diversas, historias particulares, motivos tan especiales por los que decidían y resolvían sus conflictos, que la única manera en la que yo podía ayudar era -primera premisa- no juzgar, ser profesional, ofrecer  varias soluciones dentro de las posibilidades para mejorar el conflicto,  y así quizás esa persona podía acceder a alguna forma de cuidado por parte del Estado. Aprendí que yo no podía imponer mis creencias sobre alguien que tenía una vida con experiencias tan diferentes a las mías, que nunca mi juicio podía acceder a igual análisis que el suyo ante un mismo problema, y que, a pesar de las diferencias, todos necesitamos en salud un Estado presente.

Quiero correrme del lugar de sanitarista porque, aunque no lo fuera, estaría aquí diciendo que quiero que sea ley.     

Por fin llega al recinto este tema que hace muchos años es tratado como tema tabú. Ni la pandemia pudo con la persistencia, el trabajo, la seguridad de un grupo de mujeres que no claudicó en tantos años haciendo realidad que la política inteligentemente abriera paso a esta discusión. Tenemos claro que es un tema que nos cuestiona como individuos, que nos lleva a tomar posición, que nos diferencia y al mismo tiempo (empáticamente) nos hace sentir que algunas personas son más cercanas que otras.

El aborto existió, existe y existirá. Sería ingenuo creer que la falta de legislación puede evitar una práctica que se desarrolló históricamente, en donde las mujeres tuvieron que, como en muchas otras circunstancias, desarrollar alguna destreza para poder seguir adelante. El debate, en todo caso, tendría que ser solo sobre las condiciones en que se practica el mismo.

 Un estudio del Observatorio de la Juventud (Dirección General de Políticas de la Juventud, 2017) informa estos datos sobre interrupciones de embarazo: el 11% de las mujeres jóvenes que estuvieron embarazadas alguna vez, informó haber interrumpido su embarazo, y esa proporción aumenta con la edad. Las jóvenes de entre 20 y 29 años declararon haber interrumpido un embarazo en mayor medida (alrededor del 10%) que las adolescentes de 15 a 19 (8%). Por otro lado, si se considera la zona, la proporción de jóvenes que interrumpieron su embarazo era más alta en zona norte (16,7%), menor en zona centro (13,3%) y casi 10 puntos más baja en zona sur (7,7%)

Nuestro país, dentro del código penal tiene una ley de aborto no punible, desde hace 100 años.  Esta ley ya entiende de la importancia de la intervención a mujeres con embarazos no intencionales o enfermedades que pusieran en riesgo la vida de ellas dándole al Estado la función de cuidado.

Durante estos 100 años esta ley muchas veces se ignoró, mujeres violadas o con enfermedades gravísimas no llegaban en muchos casos a poder acceder a una práctica médica segura para solucionar su estado de salud mediante un aborto. Como sabemos, existen trámites burocráticos que en forma innecesaria y enmascarando cuestiones religiosas o morales prolongaban la decisión hasta hacer imposible llegar a realizar la práctica.

 Llegó el momento. Como en tantos otros asuntos, el Sistema de Salud debe ser transparente sobre este tema. Sus avances facilitan los tratamientos, haciendo de ellos procedimientos seguros. Sabemos que tenemos equipos interdisciplinarios que tienen la formación específica para acompañar a las mujeres en cualquiera de sus decisiones, que este sistema tiene un compromiso fuerte con la salud sexual y reproductiva, asesorando e indicando educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto seguro para no morir.

Sabemos que el aborto es ejemplo de desigualdad en nuestro país.  Golpea fuertemente a las mujeres más vulnerables. Sólo fijarnos en quiénes son las mujeres que mueren o sufren prácticas clandestinas inseguras confirmamos este dato. Este tema no puede ser abordado con mirada moral o religiosa; nosotros legislamos.

Las leyes buscan equiparar a las personas ante sus necesidades. La política está para solucionar los problemas de desigualdad, no para reafirmar nuestras creencias morales. La democracia está para vivir con las diferencias.

El aborto hoy es una cuestión política. Si una mujer hoy no puede acceder a un tratamiento gratuito y seguro para realizar una interrupción legal del embarazo y otra lo realiza pagando honorarios y no hacemos algo para igualar condiciones, estamos avalando vidas de primera y segunda clase.

 En este siglo que ha tomado el tema de los derechos de la mujer como eje transversal en el mundo, no podemos perder la oportunidad de fortalecer y reafirmar el trabajo de nuestros equipos de salud con un protocolo que formalice la práctica.  Este es otro de esos momentos en que nuestros representantes tiene la oportunidad de  otorgar los mismos derechos a todas las ciudadanas de nuestro país.

Acepté participar en la política para mejorar la vida de todas y todos. Por eso, como persona humana, como mujer, madre y abuela y como médica, les pido a mis colegas que acompañen esta igualación de derechos entre quienes pueden acceder a prácticas seguras y quienes no tienen por diversas razones esa posibilidad.

Que sea ley.

Ante la inminencia del tratamiento legislativo por parte del Senado de la Nación del proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobado por la Cámara de Diputados, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires consideró “objetable” dicha iniciativa “por no superar el test constitucional”. Mantuvo así la postura expresada el 7 de junio de 2018, cuando se debatiese una iniciativa similar.

A través de una declaración, la entidad recordó que “el derecho argentino, en disposiciones con jerarquía constitucional, determina claramente la existencia de la persona humana desde el momento mismo de la concepción”.

Recuerdan que así lo establece el artículo 1º de la Convención sobre Derechos del Niño, con la declaración interpretativa formulada por nuestro país al ratificar el tratado conforme la exigencia establecida en el artículo 2 de la ley 23.849, el cual dispone que: “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”.

De allí que a la persona humana, desde la concepción misma, le resulten aplicables la totalidad de las normas que, tanto en nuestro derecho interno como en los tratados internacionales sobre derechos humanos, protegen la vida, señalan los abogados de CABA. Y agregan: “Debemos en particular recordar que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos poseen jerarquía constitucional conforme lo dispone el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución”.

En línea con lo expuesto, el artículo 75, inc. 23 de la Constitución Nacional, impone al Congreso la obligación de legislar “en protección del niño… desde el embarazo”.

“Podrá distinguirse, entonces, entre personas ya nacidas y personas por nacer, pero ese dato biológico es irrelevante desde el punto de vista jurídico, pues conforme nuestro ordenamiento jurídico supremo, y también conforme lo dispone el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 19, ambas son personas humanas y, como tales, tienen derecho a la vida”, puntualiza el Colegio de Abogados.

Agregan que “esta breve reseña de las normas constitucionales y legales vigentes, no puede omitir un dato cronológico esencial para este análisis. Tanto los tratados internacionales arriba mencionados, como la propia Constitución Nacional y, más aún, el Código Civil y Comercial, son normas de última generación. No estamos haciendo referencia, por cierto, a antiguos y arcaicos textos legales originados en épocas pretéritas que, sin perjuicio de su vigencia formal, podrían contradecir las nuevas concepciones políticas y sociales”.

Por el contrario, continúan, “los textos constitucionales y legales citados, son recientes y han sido incorporados en plena vigencia de nuestras instituciones democráticas”.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que “la legislación vigente, tal como el Código Civil y Comercial de la Nación, así como la Ley Nº 23.849, interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño, no dejan dudas al respecto”.

Así las cosas, el directorio del Colegio de Abogados reitera que “más allá de la opinión personal de cada uno sobre el tema en debate, que tiene dividida a la opinión pública, y aprendiendo de los errores pasados de nuestra historia, debemos advertir la importancia de respetar los procedimientos legales necesarios para modificar las disposiciones de raíz constitucional, de modo de evitar precedentes que puedan ser utilizados en el futuro para debilitar el sistema democrático y republicano fijado en nuestra Constitución”.

Y desde esta perspectiva, insisten en que el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados “no se ajusta a nuestro ordenamiento constitucional”.

Introducción y primer motivo

Desde que asumí el cargo de diputado de la Nación, a fines del año 2017, ahora por segunda vez; tuve la oportunidad de visualizar muy pronto, la profunda división que existe en la discusión de los temas que afectan a los mendocinos que me toca representar.

Cada grupo se adueña de lo que cree es la verdad; y el otro es el enemigo a silenciar y vencer. Si hay un tema que demuestra esta fractura en nuestra sociedad, la falta de diálogo entre las distintas posturas, y la mera presión para condicionar a los legisladores, en lugar de una discusión sincera libre y respetuosa, es el tema que tratamos hoy.

Provengo de una familia, en la que aprendí los valores de la tolerancia, la solidaridad y de reconocer al otro enfrente de mí; y creo en el debate respetuoso y tolerante. Estoy convencido de que es positivo y enriquecedor para ambas partes discutir con quienes piensan distinto, aun cuando legítimamente no lleguemos a un acuerdo.

Creo que ese ámbito. Tanto en el año 2018, como en este trámite exprés 2020; no se ha generado en el Congreso.

Cada lado se ha limitado -lamentablemente- a exponer su “verdad”, con un grado de exasperación cada vez mayor, esperando que de tanto insistir, los demás cambien de “verdad”.

La consulta popular – la nueva Constitución

Porqué marco y remarco, que no se ha dado el debate que el tema requiere, y porqué, creo también, que no podemos seguir imponiendo nuestras verdades sobre los demás. Me parece que sí había un tema que requería una consulta popular, era este (hace muy poco, en Irlanda se aprobó un referéndum de este tipo justamente).

Este Congreso no está utilizando las herramientas que la Constitución nos dio en el 94.

No podemos decidir acá por el lobby, por la cantidad de gente que esté en una marcha, o por quién hace más ruido: necesitamos llegar a un mayor consenso. Este es uno de los motivos que me lleva a rechazar el proyecto que vamos a votar hoy.

El aspecto personal

Como a mucho de mis colegas, la discusión me ha generado gran angustia.

He escuchado muchísimas exposiciones, y discutido durante muchas horas con amigas, amigos, familiares y profesionales. Algunas cosas me han quedado claras.

Nadie, absolutamente nadie, quiere practicarse un aborto. Cada vez que una persona tiene que enfrentar un embarazo no deseado, estamos ante un problema social y personal.

En la mayoría de los casos, el Estado ya llegó tarde, sea porque faltó contención, educación sexual o respuestas preventivas. Nos quedamos con una persona en una situación imposible de resolver, y angustiada. Esto solo ya es una tragedia.

La prevención para que no suceda

También sé que se ponen trabas a muchas de las medidas necesarias para prevenir que esto suceda, y que hay una enorme diferencia entre la situación de los grupos más pobres de la sociedad y los que tienen recursos. Ambos están en esta situación terrible, y recurren al aborto como respuesta, pero los pobres ponen en riesgo su vida, mientras que los ricos consiguen una atención mucho menos riesgosa. Conozco también, que la criminalización en nuestro país no ha cumplido con su objetivo (los  abortos se hacen), y que es injusta porque apunta a los sectores más vulnerables que recurren a la salud pública, y no a quienes deciden abortar.

Mi obligación como diputado – La promesa de Campaña

Pero estas que son mis verdades, no pueden llevarme sin más, a pasar por encima de otras. Mucho menos cuando estamos ante temas tan sagrados para muchos y que nos tocan en nuestras fibras más íntimas. Esta ansiedad que todos sentimos hoy, y que mueve tan fuerte y tanto a millones de argentinos, no es casual. Estamos tocando las convicciones más básicas de los argentinos y no podemos pisar las opiniones de los demás. Temo que es esto lo que está pasando, y yo como diputado de la Nación, no lo voy a aceptar.

Ya hace poco, en pos de encontrar los puntos de acuerdo para el consenso, había comenzado a pensar en cómo lograr una solución para la discusión del proyecto; pero claro, no encontramos eco ni en los que defienden las dos vidas, ni en los que pretenden la legalización: Parece que la consulta popular asusta. Analizado el proyecto y llegado a la convicción personal de que era lo mejor que podíamos hacer en esta instancia; estaba y estoy dispuesto a aceptar que haya debate. Pero un debate del que participemos todos y cada uno de los ciudadanos argentinos; porque la manera correcta de debatir y discutir este tema es sabiendo que piensan todos los argentinos, y no solo lo que personalmente y por su conciencia emitiremos el voto. Y en este sentido, es posible anteponer por encima de las verdades de los demás, la mía en este tema.

Pero ¿saben qué?, no solo no podemos cerrarnos así en algo tan importante, sino que es necesario cumplir las promesas que se proponen en la campaña.

Esto, que lamentablemente parece menor, nos pasa todos los días en la política.

Para mí no es menor.

Uno de los primeros proyectos que presenté en este Congreso es el de la penalización del incumplimiento de las promesas de campaña, y no puede pasar por alto. Y no por ventajear.

Esto es algo que debe ocurrir, les prometí a las personas algo, y lo voy a cumplir. Este es el otro motivo que me lleva a rechazar este proyecto.

Es una decisión que me pesa mucho, me ha generado un enorme conflicto interno. Tal vez me ha llevado a cometer desaciertos hasta poder encontrar la respuesta que considero más justa para los Mendocinos.

Conclusión

Sea lo que se resuelva hoy en este recinto, espero que los argentinos encontremos en el otro un par, y no un enemigo, porque si no buscamos comprendernos y dialogar, nunca podremos avanzar como país.

Por estos motivos, mi voto será por la negativa del proyecto.

José Luis Ramón

Diputado de la Nación