El evento fue transmitido por YouTube y contó con la presencia de dos representantes del Congreso argentino, y legisladores de Bolivia, México, Colombia, Brasil, y Curazao.
El Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa de América Latina y el Caribe (OPCC) presentó por YouTube al Monitor de Datos Legislativos en presencia de la senadora nacional Gladys González (Pro) y el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI).
La iniciativa se llevó a cabo en forma conjunta por líderes parlamentarios de quince países de la región en el marco del OPCC (Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa de América Latina y el Caribe).
El OPCC y sus parlamentarios emprendieron la iniciativa de desarrollar el Monitor Legislativo con el objetivo de transmitir, replicar y hacer viajar el conocimiento, la experiencia y las buenas prácticas existentes en nuestros países mucho más rápido, promoviendo así una labor parlamentaria veloz en sintonía con la crisis climática y ecológica global.
El Monitor Legislativo del OPCC es una base de datos abierta que incluye un relevamiento de todas las leyes marco de cambio climático, las leyes ambientales nacionales y los proyectos de ley en tratamiento de los 17 países miembros del Observatorio. A su vez, el sitio web del Monitor Legislativo incluye un buscador en línea, gráficos y visualizaciones con estadísticas e información clave en materia ambiental y climática.
Los datos fueron recopilados por los 27 parlamentarios miembros del OPCC y sus equipos, quienes asumieron el compromiso de mantenerlos actualizados. Hasta el momento, se han identificado más de 1100 leyes ambientales y climáticas vigentes y más de 300 proyectos de ley ambientales en tratamiento concreto en los últimos cuatro años.
Al poner a disposición toda esta información por primera vez en un sitio web de manera consolidada, el OPCC tiene la expectativa de catalizar la acción ambiental en muchos temas, como por ejemplo la transición energética, la producción sostenible de alimentos, la conservación de ecosistemas, la mitigación y adaptación al cambio climático o las finanzas sostenibles en cada uno de nuestros países y en el mundo.
Mediante una propuesta visual innovadora, los parlamentarios del OPCC se plantearon no sólo acercar la información entre técnicos legislativos, sino también ofrecer información clara y comprensible para que otros actores puedan usarla, cómo organizaciones de la sociedad civil, la ciencia, los jóvenes o el sector privado.
En la presentación se detallaron las características de la Plataforma y se presentaron los hallazgos a partir del análisis de los datos legislativos sobre ambiente, cambio climático y transición justa en ALC para legisladores y el público en general. Por ejemplo, se identificó que el tiempo de demora promedio en aprobar un proyecto de ley ambiental es de más de 290 días desde su presentación a su aprobación, siendo la ley que mayor tiempo demoró en su aprobación la Ley Marco de Cambio Climático de Chile, con un periodo de más de 880 días.
Asimismo, en temas clave de la agenda climática internacional como el financiamiento sostenible, se hallaron buenas prácticas de relevancia como la creación de fondos de cambio climático, el diseño de esquemas tributarios verdes, la implementación de mecanismos de fijación de precio al carbono o la promoción del pago por servicios ambientales.
En tal sentido, la senadora González expresó: “Vivimos en tiempos desafiantes. Los incendios, las sequías, las inundaciones, las olas de calor y todas las manifestaciones de la crisis climática y ecológica nos recuerdan a diario que no hay tiempo que perder”.
“Cada día que pasa sin acción es un día en el que ponemos en riesgo nuestro planeta y nuestra vida. Este Monitor Legislativo es un sueño que nació de la necesidad de acelerar el proceso legislativo y de garantizar que nuestras leyes estén a la altura de los desafíos que enfrentamos”, agregó.
Sobre las posibilidades de esta plataforma, Ferraro sostuvo que “el Monitor de Datos Legislativos va a agilizar y enriquecer los procesos de creación de normas, al facilitar el acceso a antecedentes regionales”, y destacó el rol del OPCC “en la promoción de la diplomacia parlamentaria con el objetivo de unificar criterios en una temática de implicancias globales y transversales como es el abordaje de la crisis climática y su potencial para el desarrollo sostenible”.
También participaron del evento Carlos Mussi, director de la CEPAL en Brasil, Santiago Lorenzo, jefe de la Unidades de Cambios Climáticos, CEPAL, Iago Hairon, oficial senior del Programa de Justicia Climática de la OSF, y los siguientes miembros titulares del OPCC: la Secretaria Parlamentaria Veronica Dorsett-Hector (Montserrat), la diputada Kattia Cambronero (Costa Rica), el Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México), el Representante Juan Carlos Lozada (Colombia), la senadora Cecilia Requena (Bolivia), y el parlamentario Gwendell Marcelina (Curaçao).
Desde el oficialismo y la oposición salieron a replicar dichos del candidato libertario que minimizó el daño que pueda hacer una empresa contaminando.
El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, sigue dando que hablar. No necesariamente para bien. Disruptivo, ahora defendió la contaminación de los ríos.
Lo hizo al participar del cierre del Congreso Económico Argentino celebrado el viernes en La Rural, donde el diputado nacional se refirió al medio ambiente al decir que “en el caso de una empresa que contamina el río, lo que no está bien definido es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera”.
“¿Adónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? -se preguntó-. Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua y el precio del agua es cero”.
Para Milei, “el problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua, cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo ahí sí se termina la contaminación”.
No es novedad esta postura del candidato libertario, quien ya ha puesto en duda los efectos del cambio climático. Le salió al cruce, entre otros, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, para quien “Milei atrasa 136 años”. A su juicio, su colega “desconoce la situación en la que viven miles de argentinos en la vera de las cuencas contaminadas, constituyendo una amenaza a la salud pública, a la sostenibilidad de la producción y a la necesidad de mejora de los índices de desarrollo humano”.
Recordó el presidente de la Coalición Cívica que “la Corte Suprema en 1887 ya saldó esta discusión al dictar el fallo ‘Saladeristas de Barracas’ al establecer que las restricciones y limitaciones impuestas para no contaminar el Riachuelo, no configuraban agravio del derecho de propiedad y del ejercicio de una industria lícita porque, según nuestra Constitución, esos derechos están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio”.
Dice ese fallo que “los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria”.
“Vaya y estudie. ¿O también quiere anular el Poder Judicial?”, le preguntó Ferraro.
También le salió al cruce la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Gladys González, quien desde su cuenta de X le preguntó: “’Te gusta que la gente se enferme Milei? Cómo se nota que no has pisado jamás los barrios de la gente que vive al margen de un río contaminado”.
Y agregó: “No te importa el plomo en sangre de los niños, ni sus enfermedades respiratorias, ni que caminen entre la basura y la mierda”. La senadora del Pro concluyó: “Y encima, vos que sabés tanto de economía, ¿no entendés que cuesta plata? La plata de los impuestos en los gastos de salud y de la pérdida de competitividad de las empresas de las que hablas?!! ¿Sos burro o sos un mal pibe?”.
Con la presencia de numerosos legisladores de Juntos por el Cambio, el organismo analizó los desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible del país.
En un encuentro organizado por la senadora nacional Gladys González y los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Martín Berhongaray, se presentó este miércoles por la mañana en la Cámara de Diputados de la Nación el “Informe sobre Clima y Desarrollo del país – Argentina” realizado por el Banco Mundial, a cargo de Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay y Mariana Conte Grand, economista senior en Desarrollo Sostenible del Banco Mundial.
Participaron miembros de importantes organismos de financiamiento internacional como el BID, la CAF, el PNUD, y de organizaciones y fundaciones relacionadas con el ambiente: Fundación Humedales, Fundación Temaiken, AIDIS Interamericana, Banco de Bosques, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Sustentabilidad sin Fronteras, Consciente Colectivo, Círculo de Políticas Ambientales, Fundación Barbechando y Fundación Vida Silvestre, entre otras. También estuvieron presentes los diputadis nacionales Graciela Camaño, Margarita Stolbizer, Camila Crescimbeni, Ricardo López Murphy, Pedro Galimberti y Víctor Hugo Romero; los senadores Edith Terenzi y Víctor Zimmermann, la diputada nacional (MC) Fernanda Reyes y el legislador porteño Hernán Reyes.
El informe presentado explora oportunidades e identifica alternativas para alinear las políticas de crecimiento y reducción de la pobreza de Argentina con sus compromisos y su capacidad para resistir el cambio climático. Evalúa cómo el país puede reducir su vulnerabilidad a los shocks climáticos a través de inversiones públicas y privadas específicas y la adecuación de la protección social.
También muestra cómo Argentina puede aprovechar los beneficios de la tendencia de descarbonización global para sostener un crecimiento económico más sólido a través de un mayor desarrollo del potencial del país para las energías renovables, acciones de eficiencia energética, la cadena de valor del litio, así como la agricultura climáticamente inteligente y el uso sostenible de la tierra.
“La Argentina tiene la oportunidad de avanzar en la acción climática y crecer de manera más sostenible”, dijo Marianne Fay, Directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. “Algunas acciones prioritarias incluyen impulsar las energías renovables y aumentar la eficiencia energética, transformar el sector agrícola, reducir la deforestación y descarbonizar las actividades logísticas”, sostuvo Fay, en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación.
En su presentación, la economista Mariana Conte Grand describió a esta nueva publicación del Banco Mundial como “un informe analítico y también práctico ya que señala posibles acciones para que el país pueda aumentar su resiliencia mientras que hace más sostenible su producción”. Destacó que “los impactos socioeconómicos del clima inciden en el crecimiento del país y en la lucha contra la pobreza” y que “no hay un dilema entre el clima y el desarrollo, sino que las acciones que se toman por el clima también se toman por el desarrollo”. A modo de conclusión, señaló que “si bien hay incertidumbre, existen escenarios en los que el país se puede beneficiar”, requiriendo distintas acciones como inversiones en el aprovechamiento del agua, cadenas de valor más sostenibles, despliegue del potencial en energías renovables, mejora en la eficiencia energética y desarrollo del litio.
Para la senadora Gladys González, es importante “contar con los datos y la evidencia científica del Banco Mundial como un insumo para que todos entendamos la incidencia del cambio climático en el desarrollo de nuestro país”. Asimismo, recalcó que “esa incidencia se traduce en graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. Por eso, es necesario reconocerla, generar políticas de adaptación y además aprovechar las oportunidades de liderar la transición que tiene Argentina”.
Mientras que el diputado Maximiliano Ferraro expresó que “el informe demuestra de forma acabada el vínculo directo entre la acción climática y la reducción de la pobreza y propone distintas líneas de acción para nuestro país”. Y agregó que “es contundente en su descripción de los desafíos y del potencial de la acción climática para impulsar el desarrollo de la Argentina y la sostenibilidad de nuestra producción”.
Este Informe sobre el clima y el desarrollo del país (ICDP) es un esfuerzo de colaboración del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), producido por un equipo central dirigido por Julie Rozenberg (economista principal) y Mariana Conte Grand (economista senior).
Cuántas bancas arriesga cada espacio de la Cámara alta. Las figuras de peso que terminan sus mandatos el 10 de diciembre.
Como en cada año electoral, ocho provincias elegirán este 2023 a sus tres representantes en la Cámara alta, de modo que el próximo 10 de diciembre se renovará un tercio del Senado.
Producto del triunfo electoral de 2017, en estas elecciones nacionales el interbloque de Juntos por el Cambio será el que más bancas ponga en juego, con un total de 11.
Golpeado recientemente por la salida de cuatro legisladores, el Frente de Todos, con su nueva denominación (Unión por la Patria), arriesgará en estos comicios 10 escaños.
Los otros tres restantes pertenecen a las monobloquistas Magdalena Solari Quintana, de Misiones, y Clara Vega, de La Rioja; y al jefe de Unidad Federal, el exoficialista jujeño Guillermo Snopek. Las dos primeras aliadas al oficialismo; el jujeño ya no integra el FdT.
En la lista de senadores a los que se les vence el mandato a fin de año aparecen figuras de peso, entre ellos jefes de bloques y algunos exgobernadores.
En el principal distrito se juega este año lo que suele denominarse como “la madre de todas las batallas”. Siempre clave en la elección presidencial, este año además se elegirán senadores nacionales. Las dos bancas por la mayoría pertenecen hoy a los macristas Gladys González y José Torello, quien asumió en el cargo en febrero de 2022 para completar el mandato de Esteban Bullrich, que renunció a raíz de su enfermedad ELA.
El escaño por la minoría lo tiene el Frente de Todos, ocupado por Juliana di Tullio, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, sello bajo el cual en 2017 Cristina Kirchner accedió al mismo. Al resultar electa vicepresidenta en diciembre de 2019, el mandato lo continuó Jorge Taiana, quien en agosto de 2021 se fue como ministro de Defensa y lo reemplazó Di Tullio.
Otra de las provincias que votará a sus representantes en la Cámara alta será Formosa, por la cual tienen dos bancas los oficialistas María Teresa González y José Mayans, el presidente del interbloque Frente de Todos y quien cumplirá en diciembre 22 años como senador nacional.
También con una histórica trayectoria en el Senado, de 18 años, se vencerá el tercer mandato de Luis Naidenoff, actual jefe del bloque de la Unión Cívica Radical.
Jujuy es otro de los distritos en los que Juntos por el Cambio tiene la mayoría, en manos de los radicales Mario Fiad -postulado para diputado provincial en las elecciones locales- y Silvia Giacoppo.
La banca restante está en manos de Guillermo Snopek, quien este año se convirtió en el presidente del nuevo bloque compuesto por cuatro exFdT y la schiarettista Alejandra Vigo. Actualmente, el jujeño está postulado como candidato a gobernador en su provincia.
Cada banca de La Rioja pertenece hoy a diferentes bloques. Si bien en 2017 Juntos por el Cambio obtuvo la mayoría, en diciembre de 2019, con la salida de Inés Brizuela y Doria (intendenta de La Rioja Capital), eso cambió. Hoy uno de los escaños está ocupado por el radical Julio Martínez y el otro por Clara Vega, quien tras una controversia con JxC -que terminó en la Justicia- asumió como senadora para completar el mandato de la radical. Pese a ingresar por una lista de Cambiemos, su enemistad con el espacio la llevó a conformar un monobloque, denominado “Hay Futuro Argentina”, y estos dos últimos años se ha convertido en una aliada clave del oficialismo.
La banca por la minoría la ganó en 2017 el fallecido expresidente Carlos Saúl Menem. Tras su muerte, en febrero de 2021, asumió como su reemplazo Ricardo Guerra.
Misiones es otra de las provincias donde cada una de las bancas está repartida. En 2017, tras el triunfo del oficialismo local (Frente de la Concordia Misionero), accedieron por la mayoría el exgobernador Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana. Con la llegada al poder del Frente de Todos, Closs pasó a esa bancada, mientras que la misionera se mantuvo con su monobloque -llamado a secas “Misiones”-, pero desde el cual ha funcionado como aliada indiscutida del oficialismo. En tanto, la banca por la minoría la ocupa el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni.
Este año también vencen los mandatos de los senadores por San Juan, un distrito cuya mayoría está en manos del Frente de Todos a través de Cristina López Valverde y Rubén Uñac, hermano del gobernador Sergio Uñac. El tercer escaño corresponde a Roberto Basualdo, referente de Producción y Trabajo, partido aliado de Juntos por el Cambio en la provincia cuyana.
Con la actual sangría producida en el oficialismo, San Luis también pasó a tener distribuidas sus tres bancas en tres espacios distintos. En 2017, ingresaron por el Frente Justicialista Adolfo Rodríguez Saá, actualmente en el FdT, y María Eugenia Catalfamo, quien ahora integra el bloque Unidad Federal. La senadora, del riñón de Alberto Rodríguez Saá -enemistado con su hermano-, fue candidata a vicegobernadora en las elecciones provinciales que ese oficialismo perdió.
La banca por la minoría está en manos de la macrista Gabriela González Riollo, quien asumió en diciembre de 2021 para reemplazar a Claudio Poggi, que ganó una banca como diputado nacional en las elecciones legislativas de ese año; banca que dejará a fin de año porque será gobernador.
En las elecciones de medio término del gobierno de Cambiemos, realizadas en 2017, los radicales Eduardo Costa y María Belén Tapia se impusieron en Santa Cruz, obteniendo así las bancas por la mayoría. La tercera banca corresponde a la kirchnerista Ana María Ianni.
Fue en la reunión de la Comisión de Ambiente del Senado. También tuvieron dictamen favorable los proyectos para declarar Caleta Olivia como capital nacional de los cetáceos; la modificación del nombre Reserva Pizarro y declarar a Puerto Pirámides como capital nacional de la Ballena Franca Austral.
Tras ratificar a sus autoridades, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia para darle tratamiento a un paquete de proyectos de declaración y de comunicación. Además, pasó a la firma una serie de proyectos de ley y fijaron días y horarios de reunión.
La presidenta de la misma, Gladys González (Pro), se dispuso a leer los proyectos de ley que “hace rato están esperando para ser aprobados y tiene consenso”, e informó que “hay unos 70 proyectos de declaración y de comunicación que muchos van quedando desde el año pasado y van a perder vigencia si no los tratamos”.
El primero de ellos busca declarar monumento natural al ave conocido como macá tobiano (proyectos de María Belén Tapia y de Ana María Ianni) y también al albatros-ceja negra, de la fueguina oficialista María Eugenia Duré.
Al respecto, Ianni destacó la unificación de la iniciativa con la senadora Tapia y contó que la propuesta de declarar monumento natural al ave Macá Tobiano “ha sido también solicitada por nuestra Legislatura provincial en Santa Cruz a través de las iniciativas de diferentes ONG’S y Asociación que tiene como objetivo la conservación del hábitat y una especie que es endémica y en los últimos años estuvo en peligro de extinción”.
“Hoy vemos en su monitoreo y reproducción con buenos ojos que el Macá Tobiano nos sigue acompañando en la provincia. Lo hago con mucho orgullo porque fui autora e impulsora junto a los diputados provinciales cuando fui diputada nacional creamos el Parque Nacional Patagonia con el objetivo que era la protección y conservación del ave y todo el trabajo que se viene desarrollando hasta acá”, contó la santacruceña y bregó para poder darle media sanción pronto.
A su turno, la radical Tapia adhirió a la reflexión de la senadora preopinante, celebró la unificación del dictamen para “poder responder a la inquietud de las ONG’S que vienen trabajando hace tiempo en la temática y, sobre todo, porque a raíz de la declaración como monumento natural a esta ave se viene un grupo de medidas de protección. Celebro eso”.
Por otro lado, se refirió al otro proyecto de su autoría que declara a Caleta Olivia como capital nacional de los cetáceos y explicó: “Es la capital alterna de Santa Cruz y hasta el día de la fecha no es capital nacional de nada. Es una localidad que muchas veces, tristemente, es de paso. Hay un grupo de ambientalistas, biólogos y museólogos que hace tiempo vienen investigando esto durante de más de 8 meses se avistan no solo desde la costa sino también desde las embarcaciones grandes cantidades de cetáceos, marsupiales, la Ballena Azul, la Franca Austral”.
“Todo esto va a significar un derrame desde todo punto de vista, turístico, hotelería, producción, educación. Ojalá mis pares me acompañen con el proyecto”, bregó la radical.
Por otro lado, Duré comentó sobre su iniciativa que el ave Albatros representa “lo que vemos y refiere a nuestra bandera y escudo de Tierra del Fuego. También, como se manifestó previamente, tenemos que hacer un cuidado del ambiente y de la conservación y es una especie que está justamente vulnerada en su hábitat porque se encuentra en la lista global de vulneración de extinción que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también se trabajó en conjunto con el Ministerio de Ambiente”.
Sobre el proyecto que propone la modificación del nombre Reserva Pizarro, ubicada en la provincia de Salta, por el de Reserva Pizarro-Cacique Simón López, la salteña Nora del Valle Giménez (FdT) –autora del mismo- celebró la elección de autoridades y el comienzo de la actividad legislativa en temas “tan importantes como son los de ambiente y desarrollo sustentable. El afán de poder reafirmar la importancia y la urgencia de tratar y resolver los temas que son trascendentes para la vida de todos”.
Al hablar de la Reserva Pizarro, contó: “Tomó el nombre del municipio más cercano a donde se ubica la reserva es una zona de una fuerte lucha que desarrolló la comunidad Wichi en defensa del ambiente, de la naturaleza, del hábitat, de su propia comunidad porque es una zona que en más de una ocasión conflicto mediante se lograron para la práctica habitual de desmontes, la ampliación de la frontera agropecuaria que no favorece precisamente la defensa y conservación del ambiente, todo lo contario”.
“Hubo un papel preponderante de este cacique como de otras figuras de la comunidad Wichí que, de alguna manera, lo representa, lo resumen, lo sintetiza y por eso la importancia de que esta comunidad sume a este nombre Pizarro, que es por una cuestión geográfica y de ubicación, el nombre de Simón López que es un símbolo de la lucha de la constitución de la reserva misma y del freno a los desmontes en la región”, argumentó Del Valle Giménez.
Por último, pasaron a la firmados proyectos de los senadores chubutenses Ignacio Torres y Edith Terenzi: uno que declara a Puerto Pirámides como capital nacional de la Ballena Franca Austral, y el otro que instituye el 25 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Ballena Franca Austral.
Así, pidió la palabra la senadora Terenzi quien se refirió a un proyecto sobre un pedido de informes sobre la campaña de adquisición sísmica off-shore en el Mar Argentino porque “o fue presentado en junio del año pasado. Celebro que podamos tratarlo porque en definitiva necesitamos respuesta sobre esta campaña que, en su momento, nos llamó la atención por el tipo de explotación sísmica o exploración tiene que ver con disparo de cañones de aire comprimido submarinos que viajan por la columna de agua hasta el lecho marino donde rebotan y ahí esta comprobado que el sonido de esas explosiones es el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático lo que genera graves efectos en la fauna”.
Al cierre de la reunión, la presidenta de la comisión fijó como día y horario de trabajo los martes a las 15 porque “tenemos muchos temas por tratar y dan margen para la construcción de dictámenes de consenso y hay proyectos de mismos temas de distintos bloques que dan para entrar el recinto y generar un avance en la agenda tan necesaria”.
También informó que recibieron la invitación del Banco Mundial para presentar un informe del clima a cargo de la directora regional Marianne Fay junto a su equipo técnico, por lo que acordaron que ese encuentro se realizará post 11 de junio.
Conducida por Gladys González, se reunirá el miércoles para tratar una serie de proyectos de ley, de declaración y de comunicación. Los temas previstos.
Una de las comisiones que se reunirán el miércoles en la Cámara alta es la de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La reunión será a partir de las 16, y constituirá sus autoridades primero, para avanzar luego sobre una serie de proyectos de ley.
Tiene previsto esa comisión declarar monumento natural al ave conocido como macá tobiano (proyectos de María Belén Tapia y de Ana María Ianni) y también al albatros, de la fueguina oficialista María Eugenia Duré.
Tratarán también la modificación del nombre Reserva Pizarro, ubicada en la provincia de Salta, por el de Reserva Pizarro-Cacique Simón López, un proyecto de la salteña Nora del Valle Giménez.
Tratarán también dos proyectos de los senadores chubutenses Ignacio Torres y Edith Terenzi: uno que declara a Puerto Pirámides como capital nacional de la ballena franca austral, y el otro que instituye el 25 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Ballena Franca Austral.
Por último, se tratará un proyecto de la radical María Belén Tapia que declara a Caleta Olivia como capital nacional de los cetáceos.
También se tratarán proyectos de declaración y de comunicación.
En representación de la Argentina asistieron a la Cumbre la senadora Gladys González y el diputado Maximiliano Ferraro, en el marco del primer encuentro presencial del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC), en Santiago de Chile.
Los parlamentarios argentinos Gladys González, senadora nacional del Pro y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Maximiliano Ferraro, diputado nacional de CC- ARI y miembro de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, participaron de la jornada de la Cumbre Parlamentaria de Cambio Climático y Transición Justa en América Latina y el Caribe que se realizó en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco del primer encuentro presencial del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC), en Santiago de Chile.
La CEPAL fue la anfitriona de esta Cumbre que buscó promover una oportunidad de diálogo entre legisladores con el objetivo de fortalecer la ambición climática en la región.
Participaron 15 parlamentarios del OPCC provenientes de 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, México, Panamá y Uruguay, además de parlamentarios de otros países de la región que no forman parte del OPCC.
La senadora del Pro explicó: “Al OPCC lo fundamos con el objeto de compartir información y buenas prácticas entre Parlamentos de Latinoamérica y del Caribe, para ganar tiempo y lograr acciones más rápidas y concretas frente a las crisis ambientales: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación”.
“Al final de estos encuentros, siempre volvemos a concluir el gran desafío que tenemos de que se entienda que los efectos de esta crisis la estamos sufriendo todos y la estamos sufriendo hoy. Que lo que pasa genera más inflación, más pobreza, y que, en cambio, si lo enfrentamos, lo podemos convertir en una oportunidad para crecer, atraer inversiones y generar empleo sin seguir comprometiendo el presente y el futuro”, planteó González.
Por su parte, Ferraro sostuvo que “este diálogo interparlamentario nos va a permitir encontrar juntos mecanismos comunes para la medición, reducción y compensación de los distintos impactos de nuestras actividades productivas”, y alertó que “si no abordamos esto a tiempo, puede significar barreras para-arancelarias para la colocación de nuestra producción en el mundo. La negación y la post verdad con la que hoy se ataca la agenda de lucha contra el cambio climático solo trae aislamiento, pobreza y falta de futuro, alejándonos de la solución y de las oportunidades de desarrollo e industrialización verde que tenemos por delante. Esta agenda debe interpelarnos y no puede esperar”.
El diputado también propuso impulsar la aprobación del Acuerdo de subvenciones para la pesca de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en los respectivos parlamentos y de forma articulada para lograr su entrada en vigencia y sumar una herramienta importantísima para la lucha contra la pesca ilegal y no reglamentada.
Ese acuerdo fue adoptado tras 20 años de negociaciones en la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) de la OMC el año pasado, y representa un importante avance para la sostenibilidad de los océanos.
Establece prohibiciones a los subsidios perjudiciales a la pesca en altamar, que son los que hacen posible que las distintas flotas puedan permanecer más tiempo explotando los mares, favoreciendo la sobrepesca y el agotamiento de las poblaciones de peces en el mundo. Para que este Acuerdo pueda entrar en vigor, se requiere la aceptación de dos tercios de los miembros de la OMC.
A lo largo de la jornada, de la que participaron sólo los legisladores de Juntos por el Cambio en representación de la Argentina, se discutieron las líneas de acción para repensar la matriz económica de América Latina y el Caribe y se firmó una Declaración Conjunta donde se asumieron 4 compromisos concretos en materia de conservación de ecosistemas, marco de financiamiento y taxonomía verde y sostenible, presupuestos con perspectiva de sostenibilidad e industrialización verde.
Los parlamentarios sostuvieron que “desde la región con la mayor biodiversidad del mundo” tienen el desafío de desarrollar normativas que brinden soluciones globales a la crisis climática y se encaminen hacia un desarrollo sostenible.
El OPCC, creado en 2021, es una iniciativa realizada conjuntamente por líderes parlamentarios de diversos países de América Latina y el Caribe, que busca ser una herramienta de información compartida acerca del estado de la legislación y el tratamiento parlamentario en materia de medio ambiente en la región.
La actividad fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta en donde se explicó el documento elaborado por la fundación “Sustentabilidad sin Fronteras”.
La senadora nacional y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (Pro – Buenos Aires), encabezó un encuentro para la presentación del informe “Leyes Marco de Cambio Climático en América Latina”.
El documento fue desarrollado por la Fundación “Sustentabilidad sin Fronteras”, y contó con el apoyo de Thomson Reuters. El mismo trata sobre un relevamiento y análisis de las leyes marco sobre cambio climático de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú.
La senadora González estuvo acompañada por a Mariano Villares, co-fundador de “Sustentabilidad sin Fronteras” en la presentación del informe. “Este tipo de trabajo nos enriquece y mejora nuestra performance legislativa, también nos permite ver que hace nuestro país y los países latinoamericanos y cuáles son las deudas pendientes al respecto”, afirmó la titular de la Comisión.
Por su parte, Villares informó que, de los treinta y cinco países latinoamericanos, sólo siete tienen leyes marco sobre cambio climático y afirmó: “Celebramos que Argentina esté dentro de esos siete”. Sin embargo, agregó que “esta ley es poco ambiciosa porque, por ejemplo, no tiene financiamiento y así la norma se convierte solo en un texto con buenas intenciones. Es un desafío que cada vez más países tengan leyes marco sobre cambio climático”.
Durante la tercera jornada que se celebró este martes, expusieron dos especialistas. El plenario se reanudará la semana que viene con la visita de la secretaria de Minería.
Tras un cuarto intermedio, se reanudó este martes en el Salón Illia del Senado la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que presiden el sanjuanino Rubén Uñac (Frente Nacional y Popular) y la bonaerense Gladys González (Pro), respectivamente, para continuar el tratamiento sobre el plan de cierres de minas y su impacto ambiental.
Se pusieron a consideración los proyectos presentados por la senadora Gladys González, que reproduce el proyecto de ley sobre cierre de trabajos mineros; la senadora de Catamarca Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular), que establece las obligaciones y procedimientos para el plan de cierre de minas, y el senador chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), sobre presupuestos mínimos de protección ambiental en el cierre de minas, garantía ambiental.
Con el fin de debatir los procedimientos, presupuestos mínimos y protocolos necesarios para un plan de cierre de minas que regule la actividad y su correspondiente protección ambiental, en esta oportunidad expusieron José Alfredo Pizone, presidente de la Federación Argentina de la Piedra y vicepresidente de la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires; y Marcelo Sticco, licenciado en Geología, profesor de Legislación e Impacto Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina (sede CABA).
Pizone manifestó que “desde el inicio de la presentación de estos proyectos nos sentimos preocupados y queremos quedar fuera de la tercera categoría, y que no nos equiparen con una actividad que no tiene nada que ver con nosotros”.
“No podemos estar todos legislados bajo un mismo proyecto, pedimos que la minería no metalífera sea analizada en esta cuestión”, agregó.
Sostuvo que “las mineras están totalmente reguladas por las leyes provinciales. Los empresarios debemos presentar cada dos años el informe de impacto ambiental que contempla el cierre de minas”.
En tanto, el geólogo Sticco consideró que “sería bueno lograr un proyecto unificado porque brinda mayor peso para la sociedad civil”.
Pidió “la inclusión del cálculo de los pasivos ambientales” al justificar “que permite colocar los números en forma objetiva e independiente, hacer los ajustes en forma progresiva y facilita el cálculo de las garantías que le corresponda definir a cada provincia”.
Al cierre del encuentro, el senador Uñac agradeció la participación de los invitados y destacó que “la idea es que la semana que viene nos visite la secretaria de Minería de la Nación, para así ir dándole forma definitiva a un dictamen unificado sobre los tres proyectos de ley que establece los procedimientos para el cierre de minas”.
La iniciativa se está debatiendo en un plenario del Senado y este martes asistieron más invitados para exponer ante los legisladores.
Continuó este martes en la Cámara de Senadores el debate sobre el plan de cierres de minas y su impacto ambiental. En ese ámbito se planteó la intención de elaborar un dictamen unificado con los tres proyectos presentados.
Asimismo se anunció que la próxima semana continuarán las reuniones informativas, aguardándose la visita de la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Avila, y otros especialistas.
El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidido por el senador sanjuanino Rubén Uñac y la senadora del Pro Gladys González, respectivamente, tuvo lugar este martes en el Salón Illia del Senado.
De esta manera se retomó el cuarto intermedio pautado el miércoles pasado, con los encuentros para el tratamiento de los tres proyectos presentados para así establecer una legislación que determine un plan sobre el cierre de minas, con su protocolo, presupuesto mínimo, normativa y su correspondiente protección ambiental.
En esta oportunidad, fueron invitados a exponer, el vicepresidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), Miguel Soler; el director Nacional de Producción Minera Sustentable perteneciente a la Secretaría de Minería de la Nación, Leonardo Plüger, y el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo.
A su turno, Soler aclaró que el COFEMIN está trabajando en un documento consensuado que integre los tres proyectos más información de las provincias y organismos nacionales al respecto y, a la vez, resaltó que, “la actividad industrial minera de nuestro país es pionera en legislación ambiental”.
El vicepresidente de COFEMIN destacó que, “este trabajo es tan necesario como multidisciplinario”, y agregó, “si bien sabemos que el tema es complejo, entendemos que es posible consensuar un proyecto de ley marco que garantice la gestión de los recursos mineros, el cuidado del ambiente y el desarrollo humano”.
Consideró necesario llevar “claridad” al Código de Minería y. que el mismo esté en sintonía con las legislaciones provinciales.
Luego de destacar el trabajo conjunto y la coincidencia con lo expuesto por el representante del COFEMIN, Plüger informó que, “la Secretaría de Minería tiene una Dirección de Sustentabilidad Minera que trabaja con colegas de otros países e instituciones internacionales, y esto hace al fortalecimiento institucional que está llevando a cabo Argentina en esa materia”.
Sin embargo, solicitó a los presentes que se contemple un “grado de flexibilidad para que las autoridades provinciales competentes lleven este proceso de la manera más armoniosa posible”, y remarcó que, “ya se están desarrollando planes de cierre, lo cual demuestra la vocación del sector por llevar a cabo la actividad de manera responsable”.
El ministro Astudillo informó sobre las importantes inversiones mineras en su provincia y las posibilidades de generar capital y trabajo, e hizo hincapié en no perder de vista la reinserción de los trabajadores una vez que cierra la mina porque ” el Estado invierte en capacitación y para nosotros es importante cuidar el capital, la vida y el ciclo del desarrollo minero pero también es prioritaria la función del trabajador que debe reintegrarse en la sociedad”.
Para finalizar, la senadora González expresó el deseo de comenzar a trabajar en un dictamen conjunto y que la comisión quedaba a la espera del documento consensuado del COFEDIM y otros organismos.
En el Senado lo encabezan Gladys González y Carolina Losada, mientras que en Diputados lo impulsan Ximena García y Maximiliano Ferraro.
Legisladores de Juntos por el Cambio presentaron en ambas cámaras del Congreso un proyecto de ley de humedales. El texto en el Senado está impulsado por Gladys González y Carolina Losada, mientras que la iniciativa en Diputados la encabezan Ximena García y Maximiliano Ferraro. Este último proyecto, bajo el título de “Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Racional de los Humedales”, cuenta con más de 50 firmas -siendo el que mayor acompañamiento tiene- y forma parte del listado que comenzará a debatirse el próximo jueves.
En los fundamentos se destaca que “los humedales, a través de sus servicios ambientales, nos abastecen de alimentos, agua y materias primas renovables, nos proveen de hábitats para la diversidad biológica, y mitigan los efectos del cambio climático, entre otros importantes beneficios. Es así que permiten minimizar las consecuencias de eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías e incendios y preservar fuentes de trabajo y la calidad de vida en el largo plazo”.
Este nuevo texto es el fruto de varios meses de trabajo colaborativo en un esfuerzo para acercar y armonizar las diferentes miradas y las observaciones que los autores fueron recibiendo de diversos actores, reconociendo la demanda histórica existente de parte de la ciudadanía y de un sector productivo que exige certezas y seguridad jurídica.
Los ejes de la propuesta se centran en cinco herramientas concretas: una definición técnica con amplio consenso científico, la realización de un Inventario Nacional de Humedales, un ordenamiento territorial de los humedales, un período de aplazamiento de intervenciones y fondos de compensación a titulares de predios y Estados provinciales que hacen esfuerzos para conservar sus humedales.
Los autores manifestaron que se buscó realizar “un abordaje responsable de la diversidad de situaciones que existen en torno a los humedales, intentando fijar lineamientos claros para encauzar las tensiones económicas, sociales y ambientales inherentes a la gestión de los territorios y la planificación del desarrollo”.
La diputada García (UCR-Santa Fe) señaló: “Este proyecto significa un gran avance para nosotros porque es una propuesta equilibrada que logra proteger nuestros humedales y posibilita las actividades productivas bajo buenas prácticas y con criterios de uso racional en el marco del desarrollo sostenible”. Además, agregó que “la protección de los humedales se ha transformado en una demanda de la ciudadanía que hoy se encuentra movilizada e informada sobre las problemáticas ambientales, por lo que buscamos soluciones concretas mediante un proyecto que brinde seguridad jurídica a quienes viven y producen en humedales con instrumentos, alcances, plazos y responsables claros”.
En esa línea, el diputado Ferraro (CC-CABA) destacó: “Esta propuesta busca, a través de herramientas concretas, ampliar el conocimiento sobre estas áreas estratégicas, jerarquizar su consideración en la toma de decisiones, promover sinergias entre objetivos de política pública y apoyar los esfuerzos de conservación, siempre entendiendo que en los humedales se vive y se produce”.
En cuanto al consenso alcanzado, el porteño afirmó que “es muy valioso que hayamos logrado un entendimiento común de que sí es posible compatibilizar las necesidades productivas con el mantenimiento de las características ecológicas de estos ambientes esenciales para la vida y el desarrollo sostenible”.
Por su parte, la senadora González (PRO-Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Ambiente, resaltó que “después de mucho trabajo y escucha activa con distintos actores, logramos presentar este proyecto que tiene una mirada equilibrada entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo productivo. Nuestro país necesita crecer y generar empleo sin comprometer a las generaciones futuras, y por ello es necesario producir cuidando el ambiente”.
“El proyecto es una oportunidad para generar certidumbre a todos los sectores e impulsar a las provincias a que ordenen sus territorios. En tal sentido, la ley permitirá planificar qué usos le damos a nuestros humedales y, de esa forma, protegerlos y conservarlos pero permitiendo el desarrollo de diferentes actividades ordenadas en el territorio de forma armónica”, insistió.
En tanto, la senadora Losada (UCR-Santa Fe) señaló que “es fundamental que podamos generar acuerdos, unirnos y pensar políticas responsables de conservación sustentable para los humedales de nuestro país y las actividades productivas que en ellos se desarrollan. Debemos dar un debate serio que conduzca hacia una legislación moderna, que brinde certeza y previsibilidad, tal como lo hace el proyecto que hoy estamos presentando”.
“Siento mucho optimismo al ver el importante consenso que hemos logrado para presentar este proyecto de ‘ley operativa’, que premia los esfuerzos de conservación, fortalece las capacidades estatales y fomenta el federalismo”, sumó.
Por último, los legisladores nacionales reflexionaron y reconocieron que “lograr una ley de humedales requiere vocación de diálogo, de escucha y consenso”. En ese sentido, sobre el texto final presentado y el gran apoyo recibido dentro de la coalición opositora, los autores indicaron que “el objetivo siempre fue lograr una propuesta representativa de todas las voces, que sintetice intereses y problemáticas de los diferentes sectores” y “en la que las posiciones equilibradas sean las protagonistas, alejadas de cualquier fundamentalismo que pueda obstruir el debate”.
Por último, coincidieron en que cuidar los humedales “es cuidar nuestras posibilidades de producir, vivir, alimentarnos y recrearnos, preservando las condiciones para una Argentina productiva, sostenible, pujante y con futuro”.
Asistirán funcionarios de la provincia de Catamarca y especialistas. La reunión será este miércoles a las 17.
Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presididas por Rubén Uñac (FNyP-FdT) y Gladys González (Pro-JxC), debatirá el próximo miércoles respecto de los procedimientos para un plan de cierre de minas y sobre presupuestos mínimos de protección ambiental ante esos casos.
El encuentro será desde las 17, en el Salón Illia, y se pondrán a la vista proyectos presentados por González, la catamarqueña Lucía Corpacci (FNyP-FdT) y el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT).
Al plenario fueron invitados a exponer Marcelo Murua Palacio, ministro de Minería de Catamarca, y Olga Teresita Regalado, secretaria de Desarrollo Minero de esa provincia.
También están convocados Rodolfo Micone, profesor adjunto de tratamiento mecánico de minerales de la Faculta de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca; Mario Juárez, miembro del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas; y representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
Luego de un plenario de las comisiones de Ambiente y de Presupuesto del Senado, los dictámenes pasaron a la firma.
Se realizó este miércoles una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda, que presiden la senadora Gladys González (Pro) y el riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), respectivamente, para tratar tres proyectos relacionados a la creación y ampliación de parques nacionales.
Se trata de la iniciativa en revisión que acepta la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional, para la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante de la mencionada provincia; y el proyecto de ley aprobado en Diputados la semana pasada que propone la creación del Parque Nacional Ansenuza, Reserva Nacional Ansenuza y bañados del Río Dulce, en Córdoba. Para ello, se acepta la cesión de todos los terrenos de propiedad de la provincia de Córdoba que se encuentran dentro del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza.
También se trató el proyecto de la senadora González en el mismo sentido que el anterior.
La presidenta de Ambiente y Desarrollo Sustentable destacó que “estos proyectos cuentan con el acompañamiento de los senadores de la provincia de Entre Ríos y Córdoba”, y agradeció a “las organizaciones sociales que empujaron para lograr este tratamiento”.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, expusieron sobre el tema en debate, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Erratchu; el director ejecutivo de Aves Argentinas, Hernán Casañas y la directora ejecutiva de Natura Internacional Argentina, Lucila Castro.
Erratchu resaltó el “rápido tratamiento que se le ha dado a los expedientes”, y explicó que “cuando nos tocó asumir en Parques Nacionales nos planteamos como eje central de gestión la ampliación del sistema de áreas protegidas, y la creación de nuevos parques nacionales como la mejor estrategia para la conservación de nuestros recursos”. Afirmó, además, que “el objetivo es ampliar un 20% el área de protección de superficies terrestres del país, lo que hace alrededor de 800 mil hectáreas más”.
Al hablar sobre la creación del Parque Ansenuza manifestó que “es el humedal más importante de Argentina, el quinto lago salado más grande del mundo, y en él habita el 66% de las aves migratorias existentes en el país”.
Sostuvo que el proyecto referido al Parque Nacional Pre-Delta, “incorpora 500 hectáreas a un predio, ya en manos de Parque Nacionales, que necesitamos para la infraestructura de inundaciones”.
En tanto, el director ejecutivo de Aves Argentinas consideró que “los Parques Nacionales son grandes motores de desarrollo y todos los argentinos debemos estar orgullosos de los nuestros”.
Resaltó que “que más de 100 países han suscripto en un acuerdo para que en el 2030 al menos el 30% del planeta esté conservado y es importante que la Argentina se sume a esta iniciativa”.
Por último, Lucila Castro explicó que “nosotros promovemos la creación de áreas protegidas en nuestro país como mecanismo de conservación y también de protección y desarrollo de las comunidades”.
En el marco de un plenario de las comisiones de Ambiente y de Presupuesto del Senado, avanzó una iniciativa impulsada por el senador chaqueño Antonio Rodas.
Durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda, las autoridades de la Administración de Parques Nacionales y de la provincia de Chaco brindaron su apoyo a la iniciativa.
La reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda se reunieron con el fin de analizar y debatir la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional “Laguna El Palmar”, iniciativa del senador nacional chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular).
“Hoy hay una importante presencia de autoridades. Esto pone de manifiesto lo que significa para nosotros la creación de este parque nacional; esto marca una impronta del compromiso, el trabajo y a su vez, una decisión política unánime para lograr que estas 5600 hectáreas, donde antes funcionaba un ingenio que dio trabajo y educó, sea uno de los mejores lugares de nuestra provincia, que será icono para el turismo nacional e internacional”, afirmó Rodas al presentar el proyecto.
Presidida por la senadora del Pro Gladys González y por su par riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), se dio inicio a las exposiciones de Natalia Jauri, vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales (APN), Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Chaco y Víctor Armella, intendente del Municipio Las Palmas.
También asistieron autoridades de Parques Nacionales, del gobierno de Chaco, Banco de Bosques, de Fundación WYSS y de Fundación Aves Argentinas.
Luego del debate de este tema, Ambiente y Desarrollo Sustentable continuó reunida para avalar el proyecto en revisión que instituye el día 29 de agosto de cada año como Día Nacional del Árbol. La semana en que esté comprendido este día será denominada Semana Nacional del Árbol.
Al finalizar, la comisión también pasó a la firma 45 proyectos de Declaración y 29 de Comunicación.
Ante el Senado el ministro habló de prácticas arraigadas entre los productores y cuestionó la ineficacia judicial para dar con los autores de esos hechos.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se presentó este miércoles ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, para hablar del desastre provocado por los incendios en la provincia de Corrientes. En ese marco, el funcionario detalló lo sucedido con los aviones hidrantes e hizo hincapié en que la gran mayoría de los focos ígneos son provocados por la mano del hombre.
Antes de darle la palabra al ministro, la titular de la comisión, Gladys González, hizo una introducción en la que enfatizó la frase “crisis es oportunidad”, en referencia al hecho de que esta catástrofe ha generado que una comisión que suele ser postergada sea la primera que se reúne este año. “Es triste que sea por una cuestión de desastre y tragedia, pero también una oportunidad para que la gente ponga prioridad en esta materia”, enfatizó.
Asimismo recordó que los hechos de Corrientes generarán una cadena de consecuencias que afectará a toda la población, como por ejemplo el aumento de los productos producidos en esa provincia, como la yerba mate. Así las cosas, remarcó que el cambio climático merece ser tenido en cuenta. “Siempre se subestima la cuestión del cambio climático”, advirtió, por lo que remarcó que la situación requiere que “dejemos de subestimar los cambios climáticos, porque atraviesan todas las políticas”.
A continuación, Juan Cabandié dijo coincidir con la reflexión de la senadora Gladys González, “porque ciertamente estamos ante una situación crítica, pero al mismo tiempo es una oportunidad única. Primero, para esclarecer cómo abordan los estados la problemática de los incendios forestales; la competencia, y es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de generar cambios en todas las instancias del Estado”.
“Los ejecutivos tenemos la obligación frente a los focos ígneos de prevenir y apagar, pero quien tiene que prever con el peso de la ley es la Justicia”, señaló el ministro, que se ocupó en esa primera parte en apuntarle a ese poder por la supuesta falta de resultados. “Apagamos y a los tres días se vuelve a prender”, señaló Cabandié, para recordar luego que “las áreas ambientales no estamos facultadas para investigar a quienes prenden fuego, ni para agarrarlos in situ, juzgarlos imputarlos o procesarlos”.
Y puso como ejemplo que durante todo el año 2020 hubiera una recurrencia de incendios forestales en Entre Ríos, más específicamente en el Delta del Paraná. “Ibamos a apagar y a los tres días estaba prendido de vuelta. La Justicia no descubrió a una persona”, advirtió el funcionario.
Precisó luego que desde su cartera su presentaron ante la Justicia como querellantes, brindando las herramientas técnicas a su alcance para dar con la información georreferenciada de los focos ígneos, datos de catastro, tanto en Entre Ríos, como ahora en Corrientes, “pero la Justicia nunca encontró a nadie. Por eso creemos que además de hacer un relevamiento del Estado nacional frente a los focos ígneos es una oportunidad para normar”, señaló.
Asimismo Cabandié destacó la necesidad de discutir la ley de humedales y recordó que hace pocas semanas iniciaron un proceso para abrir un debate a nivel federal para “poner en discusión una ley de humedales, que lamentablemente perdió estado parlamentario”.
Luego destacó la creación del nuevo Parque Nacional Ansenuza, que con sus 600 mil hectáreas será el parque más grande de la Argentina, además de ser el mayor humedal del país. También destacó la creación de otro parque en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro, como así también el Agujero Azul en la plataforma marina, con lo que se duplicará la cantidad de hectáreas hoy protegidas. Esas tres iniciativas figuraban en el temario de extraordinarias, pero ninguno de los proyectos agendados por el Poder Ejecutivo fue tratado.
A continuación, el ministro de Ambiente mostró filminas donde se advertía que la temperatura supera con creces el promedio histórico en la provincia de Corrientes. Habló del proceso de sequías que tiene el país, y destacó también la bajante histórica del río Paraná, como un “síntoma muy claro de lo que significa el calentamiento global”.
“Estamos en una situación y unos índices de peligrosidad importante”, comentó, destacando que el promedio histórico en los últimos tres ejercicios “ha disminuido considerablemente”. Es de 1.700 milímetros anuales y hubo una disminución de entre 500 y 700 milímetros. “Las lluvias son escasas”, remarcó.
Y los pronósticos no son mejores: para el primer trimestre de 2022 han pronosticado un 50% menos de precipitaciones, y una temperatura del 40% por encima de la media en la provincia.
A continuación, Cabandié advirtió que el 95% de los incendios son por acción humana. “Esto es importante para poner en contexto lo que sucede en el país. En su mayoría por intencionalidad; en menor medida por imprudencia”, comentó. Admitió que “el fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, no estoy inventando la pólvora”. Sostuvo que esa práctica “está muy arraigada en nuestras provincias, nuestros pueblos, pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico, con disminución de precipitaciones, temperaturas promedio muy altas, realizar estas prácticas se transforma en un problema”.
Al hablar de esas prácticas, Cabandié aclaró que “no lo realizan todos los habitantes de las provincias, pero sí unos pocos lo hacen y esos quizás al hacerlo terminan perjudicando al conjunto de los productores o a viviendas vecinas”. Luego aclaró que “nunca es bueno generalizar, pero tampoco negar, y esto sucede. No tengo intención de entrar en polémicas”.
Más adelante afirmó que en la provincia de Corrientes no vieron “ningún evento” que pudiera haber causado los incendios de manera natural, como un rayo. “Son todos intencionales”, dijo, y contó que había hablado el día anterior con el gobernador correntino, Gustavo Valdés, sobre el tema.
“También existen estas prácticas y al mismo tiempo hay empresas forestales que contratan seguros que hacen que esas empresas contraten sus propios brigadistas y hasta aviones solamente para el perímetro de los campos forestales productivos”, comentó, estimando que en ocasiones el productor tiene el respaldo de un seguro y cuando viene el fuego de otro campo no destina los recursos para apagarlo, “total ya tengo el seguro”.
Para enfatizar su denuncia sobre la provocación de esos incendios, el ministro se respaldó en información periodística y datos de las áreas técnicas y científicas del ministerio. Además, mostró una nota de la BBC que hablaba del calentamiento global y el cambio climático “impulsan incendios forestales más extremos”. En ese sentido aclaró que los incendios no pueden ser combatidos de la misma manera que hace 10 o 15 años.
En otro pasaje, Cabandié señaló que el combate del fuego se hace a través de medios aéreos y brigadistas, y destacó en ese sentido la formación de estos últimos. Valoró la labor de los bomberos voluntarios y comentó la reforma de la Ley de Bomberos Voluntarios que tuvo la oportunidad de votar siendo diputado nacional, que destina un presupuesto para ese sector, pero el mismo no es administrado por el Ministerio de Ambiente. Su cartera, añadió, le ha asignado un 3% a los incendios forestales.
Habló entonces del Plan Nacional del Manejo del Fuego, que hasta agosto de 2020 estaba en el área del Ministerio de Seguridad. Ahora lo administra su cartera, pero aclaró que recién en el año 2021 comenzaron a administrar el presupuesto del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Haciéndose eco de críticas desde la oposición que hablaron de una desarticulación del mismo -particularmente lo hizo la presidenta del Pro, Patricia Bullrich-, rechazó esas acusaciones al mostrar a través de una filmina la “fuerte disminución” del presupuesto para esa área operado entre 2015 y 2019 durante la gestión Cambiemos, y destacó que “incrementamos de forma considerable el presupuesto, llevándolo a 2.500 millones de pesos”. En efecto, el presupuesto pasó de 430 millones de pesos a 6.500.
Con esos datos, dijo, “es muy difícil argumentar que se desmanteló el plan. No creemos que haber pasado el plan a la órbita de Ambiente sea desarticularlo; no opino igual que algunos dirigentes”.
Antes de la presentación del ministro Juan Cabandié se realizó la renovación de autoridades. El oficialista Antonio Rodas será el vicepresidente.
Previo a la presentación del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se realizó este miércoles la renovación de autoridades de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que quedó en manos de Juntos por el Cambio, tal como sucedió en los últimos dos años. Con todo, el oficialismo tiene mayoría de miembros: nueve, en tanto que Juntos por el Cambio cuenta con siete integrantes.
En el encuentro fue reelegida presidenta la macrista Gladys González, mientras que la vicepresidencia quedó para el oficialista Antonio Rodas. En tanto, fue designada como secretaria la flamante aliada del Frente de Todos, la riojana Clara Vega.
Por el oficialismo integrarán la comisión Silvina García Larraburu, Ana María Ianni, María Eugenia Duré, Guillermo Snopek, Cristina López Valverde, Carlos “Camau” Espínola, Nora del Valle Giménez, Antonio Rodas y José Neder.
Mientras que los miembros de Juntos por el Cambio serán Gladys González, Mario Fiad, María Belén Tapia, María Victoria Huala, Luis Naidenoff, Pablo Blanco y Edith Terenzi.
Asimismo, forma parte la riojana Clara Vega, cuyo monobloque se llama Hay Futuro Argentina.
Desde el bloque de JxC, fue el jujeño Faid el encargado de explicar nuevamente la designación de González: “Demostramos sin duda un profundo compromiso con todas las dimensiones de la temática ambiental y confiamos en que continúe con esta tarea y más aún en este contexto respecto a situaciones dramáticas como la que vemos en Corrientes. Durante estos años la actividad de la Comisión fue fecunda en la generación de consensos y debates. Su designación va a seguir sumando aportes haciéndose cargo de estos enromes desafíos que tenemos por delante”.
Por su parte, Espínola en representación del FdT propuso a Rodas como vicepresidente porque “ha demostrado su capacidad para llevar adelante todos los debates que necesitamos encarar en esta etapa”.
Por consiguiente, González agradeció a su espacio político por la elección como presidenta de la Comisión y destacó la “construcción de consenso con una enrome voluntad en el desafío de lo que significa la agenda ambiental y la crisis climática que es intenso”.
En tanto, Rodas manifestó: “Soy un sostenedor de que el contacto humano es más alentador y propone llegar a iniciativas más positivas. Hay que buscar consensos siempre y más en momentos tan difíciles en situaciones tan adversas que nos pone el cambio climático”.
Por último, la riojana Vega expresó: “Es un gusto volver a estar trabajando, aunque no es grato el momento. El tema del cambio climático debe estar en la agenda nacional. Hay que comprometerse con un tema que ha conmovido a todo el pueblo argentino”.
Se analizaron dos proyectos sobre el tema en el marco de un plenario de las comisiones de Ambiente y Educación de la Cámara alta.
En el plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, que preside la senadora bonaerense Gladys González (Juntos por el Cambio), y de Educación y Cultura, que encabeza su par sanjuanina Cristina del Carmen López Valverde (FdT) se trataron dos proyectos de ley referidos a la instauración del 4 de mayo como “Día del Combatiente de Incendios Forestales” y el 17 de abril como “Día nacional de los Turbales”.
Luego la Comisión de Ambiente presentó el proyecto en revisión que modifica el art. 4 de la Ley 25.675 de política ambiental respecto de incorporar los principios “in dubio pro natura” e “in dubio pro aqua” y otra iniciativa que modifica leyes ambientales e incorpora principios generales de “in dubio pro natura” y de “no regresión” y añade el principio particular de “in dubio pro aqua”.
Respecto de este último, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT) destacó que “se ha trabajado mucho y muy bien habiendo logrado un amplio consenso para modificar la Ley de Medioambiente”, luego pidió el correspondiente acompañamiento de los senadores presentes.
Para finalizar, la comisión presentó 16 proyectos de declaración y 7 de comunicación que se pasaron a la firma.
Gladys González y Brenda Austin emplazaron al Gobierno nacional a “pasar de las palabras a la acción ambiental”.
Desde la COP26, la senadora nacional Gladys González y la diputada nacional Brenda Austin formaron parte este martes del lanzamiento del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC), con el objetivo de contribuir a que los compromisos asumidos por el gobierno argentino ante la comunidad internacional se conviertan en “acciones climáticas concretas y ambiciosas”.
Este nuevo espacio integra a parlamentarios de 12 países de América Latina y el Caribe y tiene como objetivo constituir una herramienta de información compartida sobre el estado de situación de la legislación y el tratamiento parlamentario ambiental. Fue creada con el acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el respaldo de EUROCLIMA+, el programa de cooperación regional entre la Unión Europea y América Latina enfocado en políticas públicas para abordar el cambio climático.
Durante la presentación, que se realizó en uno de los pabellones de la Zona Azul de la COP26 en Glasgow, las legisladoras de Juntos por el Cambio (JxC) coincidieron en advertir que los compromisos asumidos por el presidente Alberto Fernández ante esta histórica Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “están lejos de tener reflejo en políticas concretas” y, a la vez, son “poco ambiciosos” en un momento en que el mundo necesita avanzar hacia una transición justa, por lo que pidieron “pasar de las palabras a la acción ambiental”.
“En este punto límite en el que nos encontramos quiero destacar la importancia de la cocreación de esta herramienta para compartir las experiencias exitosas en la región y potenciar legislaciones ambientales basadas en la evidencia científica. Pero, además, esta iniciativa responde a la necesidad de un mayor control cruzado para que se efectivicen en nuestros países los compromisos asumidos y se garantice el acceso de la sociedad civil a información no sólo sobre las leyes que se aprueban, sino también las iniciativas que sufren demoras”, advirtió Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
La referente de la UCR de Córdoba agregó: “Además de hacer grandes anuncios los países deben cumplirlos. En la Argentina es tiempo de asumir que necesitamos políticas integrales en toda la matriz de desarrollo, destinando los recursos necesarios para financiar la transición. Nuestro crecimiento económico y desarrollo social van a estar atados a nuestra capacidad de anticipar y entender las demandas de un mundo que está cambiando y que va a generar nuevas oportunidades”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Gladys González, afirmó: “En estos momentos los gobiernos del mundo firman declaraciones con compromisos, que por supuesto ayudan, pero muchas veces quedan como meros compromisos. Ante esto surge la indignación de la ciudadanía, fundamentalmente los jóvenes, que nos reclaman y exigen que hagamos algo distinto. Hoy con mis compañeros parlamentarios no venimos a anunciar lo que vamos a hacer. Venimos a contar lo que ya estamos haciendo. Esperamos ser cada vez más”.
Más en detalle, González expresó que el Observatorio “implica un Congreso transparente, abierto y participativo que decide dejar de mirar para otro lado y hacerse cargo del problema” y añadió: “Queremos poner al servicio de la ciudadanía una herramienta más de control y darles a los parlamentarios de América Latina y del mundo un mecanismo para acelerar la construcción de normas de vanguardia en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático”.
“No hay acción climática sin acción parlamentaria. No hay más tiempo, ahora es el momento de actuar”, concluyó la senadora del Pro por la provincia de Buenos Aires.
Del lanzamiento del Observatorio participaron una quincena de parlamentarios de doce países, entre ellos Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica, además del presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados de España, Juan Antonio López de Uralde Garmendia, el parlamentario del Reino Unido Alex Sobel y el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, José Luis Samaniego.
Los diputados Leonardo Grosso y Daniela Vilar y la senadora Gladys González fueron los representantes argentinos que estuvieron presentes en uno de los eventos más importantes a nivel parlamentario en relación a la lucha contra el cambio climático.
Los diputados Leonardo Grosso -presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano- y Daniela Vilar (Frente de Todos), junto a la senadora Gladys González (Pro) -titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable- participaron de la Cumbre Parlamentaria del Clima.
La reunión fue organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento italiano en el marco de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se llevará a cabo en Glasgow (Reino Unido) en noviembre de 2021.
La COP26 es la principal conferencia internacional sobre cambio climático; reúne a líderes de todo el mundo para promover la acción climática y la implementación del Acuerdo de París, el principal tratado internacional en la materia.
La UIP ha apoyado durante mucho tiempo la participación de los Parlamentos en las reuniones anuales de la Conferencia de las Partes mediante la organización de reuniones parlamentarias. Con este objetivo, el encuentro en Roma ofreció una oportunidad única para que parlamentarios de todo el mundo reflexionen sobre los avances logrados desde la firma del Acuerdo de París en 2015, así como también para establecer planes concretos de cara al futuro, en un momento en el que la crisis climática tiene una gravedad sin precedentes.
El programa de dos jornadas, que se llevó a cabo en el Palazzo Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados de Italia, incluyó cuatro paneles de debate que abordaron cuestiones de vital importancia como la búsqueda de enfoques ecológicos para la recuperación del Covid-19, el estado de las negociaciones de la COP26, el financiamiento de políticas mundiales para el clima y la contribución de los parlamentarios para alcanzar los objetivos de la COP26.
Al finalizar las jornadas, los y las asistentes a la cumbre adoptaron el proyecto final de declaración que será presentado en noviembre en Glasgow. El mismo contempla aportes del Parlamento argentino vinculados al concepto de “responsabilidades comunes pero diferenciadas según capacidades nacionales” y la necesidad promover mecanismos de financiamiento multilateral para luchar contra el cambio climático.
Asistieron a las sesiones de trabajo parlamentarios/as de más de 70 países, así como también autoridades del ámbito político y multilateral como Sergio Mattarella, presidente de Italia; Roberto Fico, presidente de la Cámara de Diputados de Italia; Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidenta del Senado de Italia; Duarte Pacheco (Portugal), presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP); Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; Roberto Cingolani, ministro de Transición Ecológica de Italia; y Selwin Hart, Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática, entre otros.
En representación del Congreso argentino participaron los diputados Leonardo Grosso y Daniela Vilar y la senadora Gladys González, quienes transmitieron su visión en las distintas sesiones de trabajo contempladas en la agenda. Fueron también parte de la delegación el director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara baja, Ariel Sotelo; y la directora de Asuntos Globales del Senado, Margot Carrillat.
La Unión Interparlamentaria fue creada en 1889, tiene su sede en Ginebra, Suiza. La organización tiene como objetivo ser un espacio para el diálogo parlamentario en todo el mundo y busca trabajar para la paz y la cooperación entre los pueblos y el establecimiento de la democracia representativa.
Juntos por el Cambio respaldó la iniciativa que presentó el Frente de Todos porque es “una zona amenazada”, por lo que se busca “la protección del lugar”.
En una breve reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que se llevó a cabo este martes a través de una videoconferencia, se trató el proyecto de ley que busca la creación del Parque y Reserva Nacional Islote Lobos en Río Negro, que lleva las firmas de Silvina García Larraburu, Martín Doñate (FdT) y Alberto Weretilneck (JSRN) -representantes de la provincia-, el cual fue respaldado por la presidenta de la Comisión de Ambiente Gladys González (Pro), quien tenía una iniciativa en el mismo sentido.
La primera oradora fue García Larraburu, quien agradeció “la voluntad política” para tratar el proyecto de ley porque “es una demanda del pueblo rionegrino” que permitirá constituir “el segundo Parque Nacional” en la provincia y también el país tendrá “el primer Parque Marino-Costero”.
“El área fue designada en 1977 como Reserva Provincial y en 2018 se fijaron los límites provisorios”, detalló la rionegrina y agregó que el “objeto es brindar una protección adecuada a una colonia de lobos marinos de un pelo, a los sitios de aves ubicadas en los Islotes de Pájaros y así como el humedal de manera integral”.
Además, puntualizó que “el área protegida se despega sobre el Golfo San Matías el que con sus 18.000 kilómetros cuadrados alberga 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y 94 especies de aves terrestres”.
A su vez, la legisladora del FdT precisó que el área comprende “sitios arqueológicos de gran importancia para la conservación del patrimonio cultural y atestiguan la vinculación de los pobladores con el mar”, y subrayó que “la creación de este Parque Nacional significará un impulso para el sector costero y la posibilidad de una oferta variada turística”.
En consecuencia, González expresó su acompañamiento, pese a sus reparos sobre la extensión del protocolo de funcionamiento remoto, y abonó con imágenes para reflejar lo que se está protegiendo, ante lo que explicó: “La biodiversidad, los ensambles de aves marinas y costeras, los apostaderos de los lobos marinos, la colonia de pingüinos, los humedales y los servicios ecosistémicos”.
También, aseguró que es una zona “amenazada por los residuos pesqueros y urbanos” que no es “cuidada ni tiene la inversión necesaria para que las visitas sean de forma ordenada para que no destruya el ecosistema”, y concluyó que “con la creación de este Parque Nacional estamos protegiendo este ecosistema”.
En este sentido, pidió brevemente la palabra el senador José Mayans (FdT), quien opinó que “la idea es tener despacho para llevarlo al recinto para mostrar la importancia de este lugar” y felicitó a los que “presentaron este proyecto”.
El presidente del plenario Carlos Caserío (FdT) sumó: “Me parece importante el proyecto para defender estos espacios y las riquezas naturales, la fauna y el ambiente harán construir una Argentina más fuerte”.
Roberto Mirabella, Pamela Verasay y Gladys González aseguraron que “no existen enfrentamientos” entre las provincias petroleras y las productoras de biocombustibles.
Los senadores nacionales Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe), Pamela Verasay (UCR-Mendoza) y Gladys González (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) visitaron este miércoles la Planta Modelo de Explora S.A., una productora de biodiesel de primera y segunda generación. Aseguraron que “no existen enfrentamientos” entre las provincias petroleras y las productoras de biocombustibles.
Allí los recibieron Hilarión Del Olmo, presidente, Axel Boerr, presidente de CAPBA (Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada) y todo su equipo .
Los representantes de las tres fuerzas, Frente de Todos, UCR y Juntos por el Cambio se mostraron preocupados por la baja del corte que intenta modificar el nuevo régimen y coincidieron en apoyar fuertemente la actividad y discutir estos puntos del proyecto cuando la media sanción llegue al Senado.
Los legisladores comentaron: “esta visita pone de manifiesto que no existen enfrentamientos entre las provincias petroleras y las productoras de biocombustibles, sino que son actividades complementarias”.
“El Estado debe brindar a esta industria seguridad jurídica para que pueda planificar su desarrollo generando políticas públicas que acompañen el crecimiento del mercado interno competitivo, potenciando las exportaciones como fuente de divisas y generando nuevos puestos de trabajo” concluyeron.
En ese marco, el senador Rodas propuso establecer una red de viveros municipales para definir una reforestación del país.
Presidida por la senadora Gladys González (Pro – Juntos por el Cambio), la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta debatió sobre diversos proyectos de comunicación. Entre ellos, una iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados, que establece el Día Nacional del Arbol.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establece el 29 de agosto de cada año como el Día Nacional del Árbol. También se define que durante toda la semana correspondiente a esa fecha, sea considerada la semana nacional del árbol.
González recordó que “el árbol viene siendo reconocido desde el año 1900 a instancias de Estanislao Zeballos que tomó la posta de Domingo Faustino Sarmiento en el cuidado y la difusión de los cuidados del árbol”.
El senador por Chaco Antonio Rodas (FdT) reconoció la importancia de la media sanción proveniente de Diputados para establecer el Día Nacional del Árbol, ya que “permite interrelacionar proyectos entre diferentes estados y regiones”. También sostuvo que “se debería establecer una red de viveros municipales para definir una reforestación en todo el país. De haber una preocupación constante y sostenida a lo largo del tiempo, se podrán alcanzar buenos resultados”.
En ese punto reivindicó el programa “Casa Común” llevado adelante por el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Afirmó también que “los cambios en la naturaleza son vertiginosos. Todos los fenómenos climáticos han ido rotando a pasos acelerados. El cambio climático generó procesos como las corrientes del niño, de la niña, el agujero de la capa de ozono y tantos otros”, dijo para subrayar la importancia que tiene el debido cuidado de la naturaleza y una correcta interrelación del ser humano con ella.
A continuación se pasó a la firma una gran cantidad de proyectos de declaración y de comunicación presentados por varios senadores nacionales.
El proyecto fue presentado por senadores de Chubut y Río Negro y declara la emergencia por 180 días en las zonas afectadas. El salteño Romero cargó contra los mapuches y acusaron a Gladys González de ir a “sacarse una foto” al lugar.
Por Carolina Ramos
El Senado aprobó este jueves la declaración de zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses. La iniciativa fue presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.
Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero a pesar del rápido acuerdo alcanzado, el debate tuvo algunos cruces picantes entre senadores del oficialismo y la oposición.
La emergencia será declarada por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo, y “se complementa con la respuesta que está dando el Gobierno nacional”, según explicó el senador Luenzo. “Es un instrumento que le permite al Ejecutivo tener las herramientas legales necesarias para consolidar el primer tramo de respuestas”, precisó el oficialista.
Al inicio del debate, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) advirtió que “estamos atacando las consecuencias y no las causas” y pidió incorporar al proyecto la cuestión de la seguridad. “Se ha instalado una violencia con ocupación de tierras, ataque a personas, quema de edificios, y hay grandes probabilidades de que los incendios a los cuales nos estemos refiriendo hayan sido causados intencionalmente”, denunció.
El salteño alertó que “tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro no tienen control sobre su territorio, y la Nación está haciendo una tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de la ley, en que la Justicia no funcione”.
Acto seguido, habló de la supuesta violencia “de quienes se dicen mapuches, porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos violentos”.
Tiempo después llegó la respuesta de la chubutense Nancy González, quien recordó que “ni bien llegó el ministro de Ambiente (a la zona), lo primero que hizo fue una denuncia penal por los incendios”.
“No voy a permitir que traten a los pueblos originarios como los causales de estos incendios cuando la Justicia está investigando. Nuestros mapuches no son para nada violentos y el pueblo de Chubut tampoco”, se defendió, y remató: “Podemos fallar, pero seguridad tenemos”.
Del mismo modo, Luenzo se opuso a la propuesta de Romero y pidió trabajar, en cambio, en incorporar los delitos ambientales al Código Penal para llenar el vacío legal hoy existente. “No estigmaticemos a los pueblos. El peor error es que generalicemos. Si hubo incendios intencionales, que se juzgue a los responsables”, dijo, para dar por terminada la discusión.
En otro pasaje del debate, Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comentó que recorrió las zonas afectadas: “Lo que se vivió y se está viviendo es una tragedia”.
“No hablamos solo de bosques nativos ni de plantaciones: hablamos de las viviendas de más de 350 familias que perdieron todo. Se quedaron sin nada, literalmente”, lamentó, y agregó que además “no tienen luz ni agua”, y por eso “necesitan que la ayuda se sostenga en el tiempo”.
La senadora encendió la polémica al expresar que vio “mucho desorden” en la zona, y pidió a los gobiernos en sus distintos niveles que “ordenen la ayuda”. “Hay familias que están construyendo sus viviendas de manera precaria sobre terrenos que no son firmes”, advirtió, al mencionar la posibilidad de derrumbes o aludes con las lluvias.
Nuevamente fue la chubutense González quien recogió el guante. “No se van a construir viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están trabajando con responsabilidad tanto desde el Gobierno nacional como los gobiernos municipales para que esas viviendas tengan seguridad”, retrucó.
Y luego cargó directamente contra la senadora del Pro: “No es ir a la zona, sacarse una foto y volver a Buenos Aires. Es mirar cómo se está trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el Gobierno nacional van a arriesgar vidas”.
Intervino entonces el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien salió en defensa de Gladys González. “Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto. Fue a ver la realidad de lo que estaba sucediendo”, aclaró, y lamentó tener que “soportar opiniones de senadores que creen que el único negocio es la grieta”. “Acá está la necesidad de la gente, nadie quiere sacar un rédito político”, acotó.
Al defender el proyecto, Luenzo hizo un repaso por la asistencia brindada desde el Gobierno nacional, con “una inversión de casi 700 millones de pesos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y brigadistas de toda la Argentina”.
También mencionó el Programa “Casa Propia-Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “la adquisición de 350 viviendas precarias o de rápida ejecución para las familias que se han quedado en la calle y con lo puesto”. Y habló de “170 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de las redes de agua potable y energía”.
Por último, informó que la ANSES dispuso que en Cushamen las jubilaciones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, y se duplicará por un mes el monto de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, lo que hace a una erogación total de 52 millones de pesos.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
La iniciativa es impulsada por la senadora del Pro Gladys González, atenta a los graves siniestros que están registrándose en el sur argentino.
Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, impulsa una iniciativa para incorporar los delitos ambientales al Código Penal. “Argentina está en llamas y en estas semanas más de 300 familias perdieron sus viviendas y el esfuerzo de toda una vida”, explicó González, y agregó: “Más allá de la falta de financiamiento del Gobierno al combate de los incendios, desde el Congreso debemos dar una respuesta y avanzar con urgencia en la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal. Voy a seguir trabajando para construir los consensos necesarios, única manera de poder enfrentar los desafíos que tenemos por delante”.
“Queremos un país serio en el que contaminar un río, incendiar un humedal o deforestar ilegalmente sea un delito”, afirmó la legisladora de Juntos por el Cambio. Las declaraciones fueron hechas en un conversatorio que González organizó junto a Brenda Austin, vicepresidenta de la Comisión de Ambiente en la Cámara de Diputados. Austin, por su lado, agregó que “en nuestro país no existen figuras lo suficientemente claras en el Código Penal que consideren delitos a muchas de las acciones que estamos viendo, por ejemplo, con los gravísimos incendios en la Patagonia. Esto nos impulsa a arrancar el año parlamentario con este tema en el centro de la escena”.
La reunión, que se llevó adelante por Zoom, contó además con la participación de José Esain, exasesor en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Patricia Llerena, jueza de la Cámara Nacional de Casación, y encargada de la redacción del capítulo de delitos sobre el medio ambiente de la Reforma del Código Penal; y Andrés Nápoli, abogado especialista en Derecho Ambiental y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Luego del conversatorio, la senadora Gladys González estuvo el fin de semana recorriendo la zona de incendios recientes en la Comarca Andina de Chubut junto al diputado nacional Ignacio Torres, donde coordinaron la gestión de ayuda a bomberos y familias de la zona afectada.
Los representantes bonaerenses de Juntos por el Cambio en la Cámara alta pidieron una audiencia con Daniel Gollán.
En el marco del exiguo acceso a las vacunas que viene registrando nuestro país en esta crisis sanitaria por el Covid-19, la provincia de Buenos Aires viene siendo, de todos modos, la más beneficiada en el reparto de las dosis que van llegando desde diversos países. De hecho, con la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado nacional Máximo Kirchner; la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, se prevé un acto este lunes en la Universidad Nacional de Lanús, con motivo de alcanzarse un millón de aplicaciones de vacunas en el distrito más grande del país.
Así y todo, los senadores Esteban Bullrich y Gladys González presentaron un pedido de audiencia al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, a fin de escuchar de su boca explicaciones sobre la implementación del plan de vacunación que se lleva a cabo en el territorio.
En la nota los senadores de JxC hablan de “la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires debido al faltante de vacunas”, y anuncian su intención de que el funcionario bonaerense “pueda personalmente brindarnos un informe referente a la implementación del plan de vacunación”.
Los legisladores tienen en cuenta “el bajo porcentaje de bonaerenses inoculados” y esa es la razón por la que requieren ser recibidos “a la mayor brevedad posible”.
Son las de Economía Nacional; Economías Regionales; Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Salud. Los senadores acordaron la agenda de trabajo.
Cuatro comisiones del Senado ratificaron este martes a sus autoridades y acordaron la agenda de trabajo para el año legislativo, que incluye entre otros temas los proyectos para incorporar los delitos ambientales al Código Penal.
En la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa fueron ratificados Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Salta) como presidenta, Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) como vice y Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe) como secretario.
“Ha sido un año particularmente muy complicado, porque con la pandemia y las pymes que se cerraban de a miles, plantear cualquier línea alternativa o reforma de fondo era imposible, porque todo el año hubo que asistir las urgencias, las emergencias”, explicó Giménez al reasumir la conducción.
De todos modos, destacó que se abrió “un canal de diálogo muy importante con la Secretaría de Pymes de la Nación” para realizar aportes sobre las medidas que tomó el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria.
La legisladora informó que para las primeras reuniones de la comisión se citará a las nuevas autoridades del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), donde asumió Alexandre Roig en reemplazo de Mario Cafiero, fallecido el año pasado. También se convocará al secretario de Pymes y Emprendedores, Guillermo Merediz.
Luego fue el turno de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde fue reelecta por un nuevo año Gladys González (Pro-Buenos Aires), quien seguirá secundada por el oficialista chaqueño Antonio Rodas.
Entre los proyectos a ser tratados por la comisión, González mencionó una iniciativa suya y otra del chubutense Alfredo Luenzo para incorporar los delitos ambientales al Código Penal, en el contexto de los incendios que azotan a la Comarca Andina.
“Es muy bueno que tanto el oficialismo como la oposición tengan la voluntad de avanzar en este sentido. Todos sabemos que los incendios son recurrentes por el cambio climático, por las sequías y las temperaturas extremas, pero también sabemos que en algunos casos hay intencionalidad, y no debiera existir ese vacío legal. El Congreso debe completar esto que es una necesidad”, afirmó la legisladora del Pro, y también llamó a “trabajar con las provincias en darle recursos para la prevención”.
En tanto, Luenzo confirmó que insistirán en “tener esta ley de delitos ambientales que nos debemos hace muchos años”, y complementariamente pidió tratar otro proyecto suyo para crear un fuero ambiental donde se tramiten ese tipo de causas.
Respecto de los incendios de los últimos días, señaló que “la solidaridad de toda la Argentina es enorme, y el dolor también. Cuando uno ve el panorama es desgarrador: la gente, para no perder su lugar, está viviendo en carpas. Doscientas cincuenta y nueve familias han perdido su hogar, sus sueños y su historia, porque lo simbólico no se puede reparar”.
Luenzo ponderó el apoyo del Gobierno nacional “en casi 800 millones de pesos” y la visita del presidente Alberto Fernández el fin de semana a pesar de que “algunas piedras la opacaron”.
“Va a pasar mucho tiempo para la reconstrucción. No hay energía eléctrica y el agua potable faltará por al menos dos meses”, describió Luenzo, e informó que en las últimas horas se produjeron nuevos focos en las zonas de Epuyén y El Correntoso.
La rionegrina Silvina García Larraburu también elogió el compromiso gubernamental para atender las consecuencias de los incendios, en los que -aseguró- se combinan “condiciones de sequías extremas” con “manos negras”.
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La última comisión en ratificar autoridades fue la de Salud, donde el radical jujeño Mario Fiad seguirá como titular, secundado por el oficialista santiagueño José Neder, y el rionegrino Alberto Weretilneck como secretario.
Fiad resaltó el trabajo realizado en la comisión el año pasado en el marco de la pandemia. “El 70% de los proyectos ingresados en los primeros seis meses tuvieron paso por la Comisión de Salud. Más allá de las leyes que se pudieron sancionar, muchas otras pasaron a Diputados y esperamos que pronto sean ley”, dijo.
El legislador sostuvo que “la pandemia ha recuperado la centralidad de la salud” y agregó que ese tema “nunca tendría que haber dejado de ser algo prioritario en la agenda. Es importante que mantengamos ese compromiso desde nuestras bancas”.
Además, Fiad informó que en función de la ley sancionada el año pasado, llegaron a sus manos seis informes sobre los diferentes contratos que firmó la Nación con distintos laboratorios para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, pero debido a las cláusulas de confidencialidad deberán ser abordados de modo presencial.
Por las dudas sobre el proceso de vacunación, la radical Silvia Elías de Pérez pidió convocar a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero el oficialista Luenzo le salió al cruce y aseguró que “la información que proporciona el Ministerio de Salud es cierta”, y su par Nancy González acusó a la oposición de intentar hacer un “circo”.
Tras un cruce entre los senadores, que incluyó el tema del “vacunatorio VIP”, Fiad confirmó que se convocará a Vizzotti para “aportar claridad y transparencia”.
Más temprano se constituyó la Comisión de Economía Nacional e Inversión, donde fueron ratificados Elías de Pérez como presidenta y Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe) como vice.
Los senadores Gladys González y Alfredo Luenzo solicitaron la preferencia de iniciativas, en medio de la dramática situación que se vive en la Patagonia.
En medio de la dramática situación que se vive con los incendios en la provincia de Chubut, los senadores Gladys González (Pro) y Alfredo Luenzo (FdT) reclamaron durante la sesión de este jueves darle pronto tratamiento a proyectos que proponen incorporar delitos contra el ambiente en el Código Penal.
Al momento de pedir mociones de preferencia, González, titular de la Comisión de Ambiente, lamentó que “Argentina está en llamas otra vez” y “esta vez le toca a la Patagonia… es tremendo lo que estamos viendo, viviendo y presenciando, y tenemos enorme responsabilidad sobre ello de actuar”.
“El año pasado lo vimos en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe, en todo el delta del Paraná”, resaltó y precisó que, según la cuenta que lleva el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya “son más de un millón cien mil hectáreas las que se quemaron a noviembre del año pasado”, lo que equivale “a 55 veces la Ciudad de Buenos Aires en superficie. Es sumamente grave”.
La macrista recordó que el año pasado se trató la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, algo que desde Juntos por el Cambio consideraron “inaplicable y que no era una solución para lo que tenemos que enfrentar”. En ese sentido, apuntó a la necesidad presupuestaria para contar con más “brigadistas, aviones, acompañamiento”.
La legisladora bonaerense opinó que “no es suficiente con la presencia del ministro de Ambiente (Juan Cabandié); tenemos que darle recursos para que pueda actuar”. Y agregó que se necesita por parte de la Casa Rosada “la decisión política de poner los fondos”.
“Lo que sí podemos hacer desde el Congreso es avanzar en legislación donde tenemos deuda”, sostuvo González y pidió debatir su proyecto para “incorporar los delitos ambientales al Código Penal”.
En la misma línea, Luenzo enfatizó que es una “tragedia la que estamos atravesando en la comarca andina”, donde el fuego se generó por “distintas causales” y es “un tema que hay que investigar”.
Pero precisamente sobre ello, el chubutense señaló que existe un “vacío legal” a resolver, y reivindicó que en 2018 junto al fallecido Fernando “Pino” Solanas “trabajamos mucho una ley que no tuvimos posibilidad de poder darle tratamiento parlamentario”.
Ahora, el senador dijo que se insiste con el mismo proyecto, que busca establecer “penas severas, ejemplificadoras, para quienes cometan delitos en contra el ambiente”.
Sobre la iniciativa, detalló que se prevé “prisión de dos a seis años por daño o alteración de suelos, atmosfera, agua; prisión de dos a seis años también por destrucción o daño de bosques, glaciares y humedales”. Y, además, si ese incendio “causa la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años”.
“Nosotros tenemos 12 personas desaparecidas, no sabemos que pasó. Sin lugar a dudas estamos convencidos, y lo ha reconocido el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que hay causales y elementos que nos hacen sospechar que cuatro focos de manera coincidente, en un determinado horario del día, con vientos intensos y un calor donde la naturaleza estaba crocante, eso no es casualidad. Y en el mismo momento también en la provincia de Río Negro, en el El Bolsón”, explicó el oficialista.
Luenzo indicó que “se han consumido 40 mil hectáreas solo en esa comarca”, por eso a la Justicia hay que darle herramientas y “tenemos que ahondar en el Código Penal para que realmente sea ejemplificador”.
Asimismo, el legislador apuntó que el proyecto estima sanciones para “los funcionarios que miran para otro lado o que falsean cuando pedimos informes de impacto ambiental”.
Por otra parte, Luenzo propuso “declarar zona de desastre y emergencia por 180 días prorrogables en el departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut, y la zona de El Bolsón, en el departamento de Bariloche, en la provincia de Río Negro”.
Esto consideró será una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda brindar “asistencia financiera especial” y respecto a “los vencimientos de carácter tributario, prorrogarlos, y que no afectemos a las unidades productivas”.
Desde su condición de militante cristiana, la senadora nacional del Pro dio un discurso favorable a la legalización, que generó muchas críticas celestes en las redes sociales.
“¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero criminalizar a mujeres que siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza, cada vez que deciden interrumpir un embarazo”, expresó la senadora nacional Gladys González durante la sesión en la que se convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo. Y sus autorreferencias a su condición cristiana le valieron fuertes críticas de algunos sectores que no perdonaron lo que consideraron una traición.
Muchos de sus pares salieron a respaldarla. Entre ellos el titular de su bancada, Luis Naidenoff, quien escribió este jueves: “Me solidarizo con
@gladys_gonzalez y repudio absolutamente los agravios que está recibiendo por el solo hecho de ejercer su labor y defender su posición”.
La senadora neuquina Lucila Crexell expresó también su “total solidaridad con @gladys_gonzalez. Mientras algunos buscan rédito tuitero a través de la agresión gratuita, ratifico que sólo el principio de tolerancia mutua nos sacará de esta fase improductiva de la política Argentina. Nadie es dueño de la representación”.
En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado escribió: “Mi solidaridad con @gladys_gonzalez. En esta foto tenemos distintas opiniones. Pero también hay respeto. #LibertadDeExpresion”.
Fue durante una reunión informativa en la cual también se celebró el Día de los Parques Nacionales. Organizaciones de la sociedad civil serán invitadas a participar en los próximos encuentros.
Durante una reunión remota de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable presidida por la senadora del Pro Gladys Gozález, se realizó una jornada bajo el lema “Los Parques Nacionales como promotores de desarrollo local” que contó con la participación de 8 especialistas en la materia.
Luego de resaltar la importancia de la protección, conservación y restauración de la biodiversidad, Gladys González destacó “el enorme aporte que los Parques Nacionales realizan como atractivos del turismo nacional e internacional, al crecimiento del empleo y el desarrollo de los pueblos y ciudades que los rodean” y en ese sentido explicó que “alrededor de cada Parque nacen emprendimientos gastronómicos, hoteleros, de excursiones, de productos regionales, que además de fortalecer la identidad de nuestra gente resaltando su cultura y su historia, generan incluso muchas más fuentes de empleo que otras industrias más tradicionales”.
González manifestó que “esto demuestra que la creación de áreas protegidas deben ser prioridad en la agenda, no sólo porque la pérdida de biodiversidad y el cambio climático nos exigen avanzar más rápido que la degradación ambiental, sino también porque los Parques se han convertido, como en muchas partes del mundo, en una fuente de promoción de otras industrias que generan empleo verde y crecimiento de las economías locales”.
El presidente del directorio de Parques Nacionales, Daniel Somma, afirmó que “nos pensamos como una agencia de conservación y entendemos también la dimensión del desarrollo local”. “El esfuerzo de ser mejores implica más ciencia y tecnología en el sistema de Parques Nacionales”, agregó para luego referirse a “la vinculación estratégica” de las distintas instituciones del Estado. “Nuestra propuesta es que los Parques sean lugar de encuentro con la naturaleza, el espacio de trabajo y producción en las áreas de reserva nacional, el manejo sustentable, el desafío de abordar la implementación del sistema nacional de áreas marinas protegidas”, señaló.
El senador provincial de Corrientes Sergio Flinta, presidente de las Comisiones de Ecología y Turismo y Coordinador General de la Unidad Ejecutora Comité Iberá, se refirió al Gran Parque Iberá y detalló que “estamos trabajando en la apertura de 10 portales de acceso”.
“La idea es generar un desarrollo local a partir de la actividad eco turística” y “desarrollar el potencial del Parque Iberá impulsando un nuevo modelo de desarrollo local basado en la producción de naturaleza y en la revalorización de la cultura local”, prosiguió.
El director Ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra Estrada, consideró que “estamos en un contexto de desesperación más acuciante que nunca” y se refirió a la “creación, implementación, articulación federal y donaciones”, poniendo de relieve la importancia del “acompañamiento de la sociedad civil”, “generar apropiación social” y “priorizar las áreas sub representadas”. Instó a “cuidar lo que queda” y “pensar en la restauración”, y resumió que “Argentina está ante un contexto mundial muy prolífico para recibir donaciones”. Finalmente, subrayó “en las provincias hay muchas áreas naturales creadas” y que “en muchas falta implementación: hay que colaborar con las provincias”.
La directora nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales, Mercedes Santos, sostuvo que “para nosotros es clave la inclusión de la Administración de Parques Nacionales en el Consejo Interjurisdiccional de Ciencia y Tecnología, la participación de nuestra Dirección en el Programa Pampa Sur y el desarrollo de líneas de investigación propias orientadas a la gestión de las áreas marinas y la cooperación científica”. “Tenemos que tener una mirada integral sobre estos procesos que son complejos”, concluyó.
El presidente de la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica, y miembro del panel de las ONGS acreditadas ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Octavio Pérez Pardo, realizó una presentación vinculada al Parque Nacional Copo. Habló de “transformarlo en un área de investigación básica y aplicada” y de “planificar modelos de uso y manejo sostenible de la fauna que se comercializa”. También resaltó la importancia de “fomentar emprendimientos productivos” y realizar un “programa de educación ambiental”. “Es imperativo avanzar en un plan de producción ganadera de bajo impacto ambiental dentro del mismo Parque o reserva ambiental e implementar un plan de manejo forestal sostenible con los productores campesinos y las comunidades aborígenes”, añadió.
El intendente del Parque Nacional Chaco, Daniel Crosta, hizo alusión a “los Parques como promotores del desarrollo local” e instó a “que sea el Estado el que lleve el pavimento, el agua, la luz, una buena conectividad”. “Debemos apostar a que esos recursos que ponga el Estado después van a quedar derramados en las comunidades vecinas y cada uno de los habitantes que ahora no tienen nada”, continuó.
El director del Jardín Botánico Isla Victoria y Coordinador del Área Forestal del Parque Nacional Nahuel Huapi, Adolfo Moretti, resumió que “actualmente estamos abocados a la producción de especies nativas para la restauración” y sostuvo que “es un centro biológico, tenemos una campaña de cosecha de semillas y a partir de ahí propagamos biodiversidad”. “Hay un eje muy importante en el desarrollo local: todo lo que sale de Isla Victoria son para la sociedad regional, ONG, barrios, municipios”, concluyó.
El coordinador del Departamento de Pobladores y Comunidades en la Dirección Regional NOA de la Administración de Parques Nacionales e integrante del equipo de Gestión Política Regional de la Dirección Regional NOA, Gabriel López Sosa, afirmó que “los Parques Nacionales son lugares propicios para el desarrollo de la ciencia y la técnica, que también tienen que ver con los desarrollos regionales” y que “el turismo, en sus diversas formas, es uno de los grandes desafíos a desarrollar” que “dinamiza las economías locales y favorece la generación de inversiones y obras que, a su vez, generan nuevos aportes a las regiones en puestos laborales”. Por último, instó a “generar un nuevo modelo basado en ciencia y técnica pero también en un modelo de conservación inclusiva”.
El proyecto fue aprobado este jueves en el Senado. El nombre es en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente de Argentina y América Latina.
El Senado dio media sanción este jueves, por unanimidad, al proyecto de “ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, de manera similar a la “ley Micaela” sobre violencia de género.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados, recibe el nombre de Yolanda Ortiz en homenaje a quien fue la primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo relacionado con la temática.
Ortiz, quien falleció el año pasado, asumió como secretaria de Ambiente en 1973, en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. “Es muy valioso darle un reconocimiento a su lucha”, expresó Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), autora de uno de los proyectos consensuados.
El proyecto prevé la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
Catalfamo mencionó hechos como “la industrialización, la deforestación, la agricultura a gran escala, situaciones que no están alejadas de nuestro país, fenómenos extremos como las sequías, las lluvias persistentes, la contaminación de las aguas o los incendios forestales”.
“Es fundamental promover una verdadera conciencia ambiental, sobre todo en los funcionarios que deben definir las políticas públicas”, subrayó la puntana, y aseguró que esta ley “va a tender un puente entre los tres poderes del Estado y la comunidad científica para fomentar el trabajo en equipo”.
Gladys González (Pro), quien también trabajó en el tema, opinó que “nos debemos un cambio cultural en la agenda ambiental” al igual que en la agenda de género. “Luchamos por los mismos valores: la igualdad, la equidad, la justicia y los derechos humanos, con la misma mirada transversal que debe existir en cualquier lugar del Estado”.
“La ‘ley Yolanda’ no es el punto de llegada, sino el punto de partida, de base, sobre la educación ambiental. Necesitamos conocimiento para garantizar la calidad de nuestras políticas públicas”, manifestó.
De acuerdo al texto, en los 90 días posteriores a la sanción de la ley, la autoridad de aplicación deberá establecer “los lineamientos generales destinados a las capacitaciones”, para cuya confección deberá convocarse a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.
Se deberá contemplar, “como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.
Las máximas autoridades de los organismos serán responsables de garantizar las capacitaciones, mientras que para las máximas autoridades de los tres poderes, la capacitación estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.
“La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina”, indica el proyecto, que invita a las provincias a adherir a la norma.
También dispone que las personas que se nieguen “sin justa causa” a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación”, y el incumplimiento de esa intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.
Como sanción adicional, la autoridad de aplicación podrá hacer pública la negativa a participar en la capacitación en su página web.
En paralelo a Diputados, un plenario de comisiones de la Cámara alta escuchó este miércoles a once especialistas en el tema.
En paralelo a Diputados, un plenario de comisiones de la Cámara alta escuchó este miércoles a once especialistas en medioambiente en el marco del debate por la ley que establece presupuestos mínimos para la protección de humedales.
La reunión informativa se realizó en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Gladys González (Pro), y de Agricultura, Ganadería y Pesca, conducida por Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos).
La primera oradora fue la coordinadora del Área Humedales del Taller Ecologista de Rosario, Laura Prol, quien instó que la normativa “contenga una visión ecocéntrica y consagre los principios de prevención precautorio y de no regresión, los principios in dubio pro natura, in dubio pro aqua, y de interculturalidad”.
“Una ley con enfoque de derechos, operativa, que incluya la diversidad de humedales del país con una moratoria que pueda ser efectivamente implementada y que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales y con partidas presupuestarias a la altura del desafío”, pidió.
También solicitó que la futura ley “permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales y que establezca que a partir de su sanción y promulgación las provincias incorporen los humedales a su ordenamiento territorial”.
Acto seguido, el diputado por Corrientes y exministro de Producción de esa provincia Jorge Vara (UCR) destacó la importancia de la definición de humedales, además de resaltar la importancia de la realización tanto de un inventario como de un ordenamiento territorial.
Por su parte, el exdirector nacional de Gestión del Agua y Ecosistemas Acuáticos Javier García Espil recordó que “estamos hablando de ambientes que sostienen producciones como arroceras, otras agropecuarias, pesca continental y también en algunos casos son importantes sostenes de economías regionales” y que “están sometidos a una enorme presión”.
García Espil consideró “clave” la definición “porque es lo que determina el alcance de la ley” y, en relación a los instrumentos de ordenamiento y evaluación de actividades, dijo que “es importante contar con criterios específicos para los humedales y que habiliten proceso de participación ciudadana”.
En cuanto al financiamiento, sostuvo que “es importante que haya recursos para estas actividades y que los fondos lleguen al destinatario final”.
A continuación, Marco Vermaasen, de la Fundación Humedales, consideró que “tiene que ser una ley que promueva la conservación, en un sentido amplio, de humedales” y que “hay que promover y planificar el desarrollo sostenible asumiendo que la naturaleza tiene ciertos límites”.
“Proponemos que se utilice en los textos de ley la definición adoptada a nivel nacional por las instituciones a través del Ministerio de Ambiente de la Nación que permite diferenciar a los humedales de otros ambientes que no lo son”, añadió, y también pidió “un esquema de gobernanza amplio y equilibrado entre la Nación, las provincias y las comunidades”.
Vermaasen opinó que “es indispensable que exista un consejo participativo como un ámbito consultivo”, así como la realización de estudios de impacto ambiental y el avance del inventario nacional de humedales.
En tanto, el coordinador de Recursos Naturales del INTA, José Volante, apuntó que “los 12 proyectos de ley están enfocados en aproximaciones de ecosistema” y que “ese abordaje es distinto al que INTA viene desarrollando”, que tiene que ver con el “socio-ecosistema” ya que “introduce a los actores sociales en el espacio geográfico y en el territorio”.
“Deberíamos ir a una normativa de ordenamiento integral del territorio donde el enfoque sistémico del socio-ecosistema se aborde para el desarrollo sustentable teniendo en cuenta aspectos de la calidad ambiental, de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, pero también de la salud, de la producción, de la equidad social”, consideró Volante.
A su turno, el miembro de la Comisión Asesora de Innovación Institucional dependiente de la Dirección Nacional de INTA Gerardo Mujica señaló que la ley “va a abordar más de 30 millones de hectáreas del territorio nacional, dependiendo mucho de la definición que se adopte”.
Mujica advirtió que “van a quedar involucradas por la ley siete cadenas agroalimentarias e industriales nacionales y más de una docena de economías regionales, decenas de sistemas productivos agropecuarios basados en la productividad primaria de los humedales y el manejo de agua de riego y de drenaje, de almacenaje y de protección contra inundaciones”.
También recordó que “muchas de estas actividades agropecuarias son sujeto de programas y leyes provinciales y nacionales de fomento agropecuario”, y finalmente afirmó que “el proyecto debería contemplar actividades productivas tradicionales e innovadoras y promover el uso de buenas prácticas”.
“Proponemos incluir planes de asistencia técnica y financiera para los pequeños productores y también que el Fondo de Humedales incluya como destinatario el desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias para el uso sustentable de humedales”, prosiguió Mujica.
Por último, recomendó “incluir compensaciones y pagos por servicios ambientales para los propietarios de los predios alcanzados por las áreas de preservación”.
El presidente de la Cooperativa Agrícola de Villa Paranacito, José Jacobsen, alertó que “el proyecto, de llevar al rumbo que lleva, nos dejaría marginados, ya que no se tienen en cuenta nuestras actividades productivas, o de hacerlo, sería con tantas limitaciones y burocracia que nos desalentaría a todos, principalmente a los pequeños productores, que seríamos los más afectados”.
En la reunión también expusieron Luis Traba (docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral), Betina Laurenzano (coordinadora de las comisiones de Legislación y de Aguas Subterráneas del COHIFE), Soledad Ferrería y María Paila Ruiz (representantes de la ONG Taller Flotante).
A raíz de los incendios en las islas del Delta del Paraná, expertos fueron convocados a un encuentro informativo en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Con motivo de los graves incendios que se registraron en las islas del Delta del Paraná durante los últimos meses, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por Gladys González (Pro), recibió este lunes a especialistas, quienes durante dos horas expusieron sobre la necesidad de una ley de humedales.
En primer lugar, Roberto Bo, miembro de la Fundación Humedales y coordinador del grupo de investigación de ecología de los humedales de la UBA, sostuvo que la ley “es un instrumento básico” que “debe ir acompañada de políticas públicas, de un adecuado sustento científico y técnico, de acciones concretas en el territorio por los organismos específicos, y el compromiso de todos y todas”.
El especialista señaló que en los proyectos que hay presentados en ambas cámaras “hay muy buenas intenciones, consenso e ideas claras”. “Tenemos que ser muy precisos en los conceptos y términos que utilizamos”, remarcó.
Sobre la necesidad de un inventario, Bo explicó que “hacer un inventario no implica solo hacer un mapa, requiere saber dónde están, de qué tipos son, cuántos hay, cuál es su estado o condición, el término de su origen, su función y valores”.
Asimismo, el ordenamiento territorial, “no solo debe concentrarse en los humedales sino que debe extenderse a su contexto socio-ambiental”. “No podemos trasladar modelos de usos propio de otras regiones o ambientes”, advirtió.
Finalmente, agregó que en la norma “debe considerarse la opinión de las comunidades locales” y “las eventuales sanciones para los que no cumplen con la ley merecen un análisis profundo y superador”.
A su turno, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resaltó que “los humedales son ecosistemas con enorme valor biológico, social, cultural y económico” pero “se pierden y degradan a un ritmo alarmante, a manos, principalmente, de la agricultura y ganadería industrial, la minería y otras industrias extractivas, la urbanización, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y el desecho irresponsable de residuos domésticos e industriales”.
En ese sentido, expresó que los humedales “son percibidos por algunos sectores de la sociedad como tierra de descarte, sin función alguna, que deben modificarse o rellenarse para ser puestos al servicio de la producción. Esto trae aparejado enormes impacto socioambientales”. A continuación, precisó que en Argentina constituyen un 21% de nuestra superficie.
“La crisis de incendios en el Delta del Paraná deja en evidencia la falta de institucionalidad y de cumplimiento de la ley”, indicó y añadió que “estas quemas tienen severas consecuencias sobre la salud de los ecosistemas y la salud humana”.
Di Pangracio consideró que “necesitamos hoy más que nunca” una ley, porque “la importancia de los humedales y la necesidad de protegerlos debe estar en la agenda de los tres poderes del Estado”.
La norma “tiene que tener una visión ecocéntrica” y “tiene que ser una ley progresista, un reflejo del derecho ambiental moderno”, además de contener “un engranaje institucional, que permita asegurar que es implementable desde el momento de su promulgación”, dijo la especialista. Además, tiene que prever un fondo nacional de humedales, porque es fundamental la cuestión de los recursos.
Por la Asociación Ecologistas de Santa Fe, César Massi alertó que “estamos ante un desastre ecológico”. “Nos estamos quemando desde enero”, enfatizó, en referencia a los incendios en el Delta del Paraná, y señaló que “el único respiro que tuvo el humedal fueron los momentos donde el ser humano estuvo, por la cuarentena, guardado adentro”, período que abarcó desde el 15 de marzo al 15 de abril.
“Junio y julio fue el período desastroso”, manifestó, y detalló que hasta el 15 de julio se había “calculado una quema de 50 mil hectáreas, 500 kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de Rosario”. En tanto, en el cálculo de todo el mes de julio se habla del doble, un total de 100 mil hectáreas.
Massi aseguró que “hablamos de un ecocidio: eliminamos de golpe en 850 kilómetros de costa la mayor parte de los reptiles que estaban en letargo durante el invierno, los pasamos por arriba con fuego a reptiles, víboras, lagartos, tortugas”, además de a “pequeños mamíferos” como “ratones, nutrias, carpinchos…una devastación”. “Le causamos daño a las aves que vienen migrando del invierno patagónico”, agregó.
Por su parte, Fernando Miñarro, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, opinó que en el proyecto de ley se necesita “una definición precisa y operativa”. “Lo que más nos preocupa es el tiempo que esto puede llevar”, sostuvo, sobre la aplicación de la ley, aunque aclaró que ese tiempo se puede acordar “con decisión política y recursos”.
“Se toman muchas veces decisiones desde el Estado que son perjudiciales para los humedales”, cuestionó y remarcó que “el error” está “en querer adaptar la actividad humana al humedal”, cuando debería ser “al revés”.
Por otra parte, Miñarro pidió “conversar entre ambas cámaras para que el debate esté saldado cuando llegue a la cámara revisora”, para que la ley finalmente prospere y no suceda lo que pasó con la última media sanción del Senado, en 2016, que se trabó en Diputados.
En tanto, Lucila Taboada, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, expresó que “los incendios son solo una parte del problema, son lo más visible, pero vienen a ser como la punta del iceberg, el tema es mucho más profundo” y “pone en evidencia la falta de una política nacional”.
La funcionaria subrayó la importancia de que la norma no sea “una ley antiproducción”. “Todos somos conscientes de la necesidad de impulsar los procesos productivos, y más en este contexto tan difícil que estamos atravesando, pero no podemos perder de vista que los humedales ocupan casi la cuarta parte de nuestro territorio”, destacó.
Por eso, Taboada hizo hincapié en la necesidad de que “las actividades productivas se ajusten a formas respetuosas del medioambiente” y se busque un “equilibrio”, al tiempo de “establecer reglas claras” para que “la ley se apruebe y tenga una aplicación efectiva”.
En alusión a las iniciativas que hay presentadas, Juan José Böckel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, observó que “en los proyectos se habla de ‘uso racional’ y en la doctrina ambientalista se utiliza para el beneficio de la humanidad, pero la ley no lo dice y se pueden elaborar varios conjeturas sobre eso, habría que aclararlo”.
“Todo el tema teórico tiene una consecuencia práctica”, advirtió, y también analizó que en ninguna de las iniciativas se habla del tema de la delimitación. “La delimitación es un proceso complejo que lleva varios años, si no lo dice la ley no se va a hacer, porque hasta ahora nunca se hizo”, completó.
En contra de la iniciativa que busca regular esta modalidad, la senadora macrista reclamó al oficialismo que no se hayan aceptado modificaciones.
La senadora macrista Gladys González criticó este jueves el proyecto de ley que busca regular el teletrabajo, y advirtió que provocará la pérdida de empleo y de “la oportunidad de retener talento”.
Aunque aseguró estar a favor de esta modalidad, la legisladora se manifestó en contra del proyecto y reclamó al oficialismo que no se hayan aceptado modificaciones en la redacción.
“Hoy los jóvenes que los siguen, que le escriben en las redes sociales que aman a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le hacen consultas sobre sus historias de amor, hoy esos jóvenes están perdiendo una oportunidad”, comenzó la bonaerense.
Para González, “hoy los jóvenes, las mujeres y los hombres que buscan empleo y tienen esperanza en ustedes están perdiendo una oportunidad”. “Y hoy la Argentina toda está perdiendo una oportunidad de retener talento, de generar empleo, de fortalecer el federalismo, de proteger derechos y de construir hogares más sanos y equilibrados a partir de la conciliación familiar y laboral”, añadió.
También dijo que se pierde la oportunidad “de generar riqueza, a través de uno de los sectores exportadores más importante de nuestra economía”, como es la industria del conocimiento.
“Muchos de ustedes coinciden de que es obstáculo y no promoción del empleo, que atrasa, que no aprovecha una de las oportunidades que nos está dando esta maldita pandemia”, enfatizó. “¿Por qué votan así? La verdad no lo sé, no lo entiendo, para mí es incomprensible y más con la crisis que estamos pasando”, cuestionó al oficialismo.
La senadora consideró que el proyecto estaba pensado “en la coyuntura” y no “en los tiempos normales” cuando “no estamos las 24 horas encerrados en nuestras casas”. “Ustedes han interpretado que esta modalidad es una imposición y no una oportunidad para tener una vida mejor”, sostuvo y resaltó que el teletrabajo “surgió como una demanda de los trabajadores”.
“Con esta norma que van a legislar vamos a perder empleo en manos de países vecinos”, alertó.
González se quejó de que no se hayan aceptado cambios referentes a la definición del teletrabajo; a la prohibición de la comunicación del empleador fuera del horario laboral; y a la reversibilidad, para que no sea unilateral sino un acuerdo entre ambas partes con un plazo de pre-aviso “para que la empresa tenga la posibilidad de readecuarse”.
Finalmente, la senadora de Juntos por el Cambio cuestionó que se haya argumentado la urgencia porque la iniciativa indica que se pondrá en marcha 90 días después de que finalice el aislamiento. “No había apuro, había tiempo de modificarla, por lo tanto lo que no hubo es voluntad”, completó.
Con el apoyo de todos los miembros de la Comisión se presentaron tres iniciativas, sobre promoción de ferias locales y otro de compras públicas y uno sobre agricultura familiar sostenible.
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca que preside el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) se reunió este martes de manera remota para debatir en primer lugar tres proyectos de ley vinculados a la agricultura familiar. Dos de autoría de la senadora por Formosa María Teresa González (FdT), el de promoción de ferias locales de la agricultura familiar y la economía social y otro de compras públicas para la agricultura familiar, y un tercer proyecto de ley de agricultura familiar sostenible de la senadora Gladys González (Pro).
Al inicio de la reunión, el presidente de la comisión destacó que “estamos en condiciones de hacer una buena labor en la comisión y buscar los consensos necesarios con pluralidad”. Aseguró que se comenzará con “el tratamiento de los proyectos de ley de varios senadores y luego con los proyectos de declaración los cuales no tiene ninguna objeción para ser tratados hoy”.
La senadora María Teresa González sostuvo que “la provincia de Formosa tiene una historia muy fuerte con la agricultura familiar” y en ese sentido que “el instituto PAIPPA es un programa que lleva mucho tiempo y está destinado al pequeño agricultor”.
Explicó que “en los últimos años en los sectores más poblados de nuestro territorio la agricultura familiar se perdió y fueron los pequeños productores asociados en cooperativas quienes han llevado sus productos al resto de la provincia a través de ferias”. Agregó que “estos mismos productores son los que proporcionan los bolsones saludables a las grandes ciudades”.
“El ejemplo de Formosa lo he trasladado en mi proyecto de ley por los enormes resultados que da. Es un sistema que funciona extraordinariamente bien”, manifestó la senadora.
Luego la senadora Gladys González explicó que su iniciativa apunta a “crear un Programa Nacional de Agricultura Familiar Sostenible” y sostuvo que “podemos trabajar en un dictamen de consenso”. “Oficialismo y oposición estamos en la misma sintonía y debemos avanzar en el tratamiento”.
Consideró que “estamos frente a una enorme oportunidad de fortalecer y aprovechar algo que ya existe en nuestro país que es la agricultura familiar agroecológica en espacios urbanos y periurbanos”.
Asimismo destacó que “el proyecto que presenté va en sintonía con los programas en los que están trabajando los ministros Cabandié y Basterra para crear centros municipales de comercialización para que los productores vendan sus productos, sanos, frescos y sin intermediarios”.
Tras la presentación de las iniciativas y con el pronunciamiento de acompañamiento de los senadores presentes, Rodríguez Saá manifestó que “enviaremos formalmente desde la comisión los tres proyectos de las dos senadoras al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra para que nos brinde el punto de vista del Ministerio sobre los tres proyectos y si conviene avanzar en un dictamen conjunto o por separado”.
Luego se trataron dos proyectos de la senadora por Catamarca Inés Blas (FdT), uno que reproduce el proyecto de ley que establece un sistema de reintegros para productores a fin de reducir el costo de flete por transporte de materias primas y productos agropecuarios con origen en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, y un segundo que reproduce el proyecto de ley que crea el registro nacional de regantes olivícolas electro intensivos. En ausencia de la autora de los proyectos, el presidente de la Comisión presentó las iniciativas y se decidió que ambos proyectos vuelvan a asesores para lograr acuerdos y seguir trabajando para que sean más abarcativos y al mismo tiempo también “serán enviados al ministro de Agricultura para que dé su opinión al respecto.
Por último, se aprobaron por unanimidad varios proyectos de declaración y resolución de diferentes senadores. Uno que expresa beneplácito por el aceite argentino Oliovita elegido como el mejor aceite en la IV edición del Concurso Internacional Evo iocc 2019, realizado en Italia e Israel; otro que declara de interés las actividades que desarrolla la mesa interinstitucional del riego de la zona del valle medio de la provincia de Rio Negro y uno que declara de interés el lanzamiento oficial del nuevo producto: “leche” de maní, bajo el nombre de Pitey, creada por la Universidad Nacional de Córdoba y empresas privadas, el 5 de marzo del 2020.
También se aprobaron una iniciativa que expresa beneplácito por la iniciativa solidaria entre empresas, sindicatos y trabajadores de Chubut, de la pesca de 50 toneladas de merluza Hubbsi que será procesada en tierra y donada a entidades benéficas y a familias que requieren asistencia alimentaria y otro que declara de interés el protocolo desarrollado por el ministerio de agricultura, ganadería y pesca, destinado a establecer lineamientos de buenas prácticas en distintas producciones agropecuarias procurando minimizar los contagios de covid-19. Asimismo se avalaron los proyectos de declaración que declara de interés la red respaldar, creada con el fin de acercar alimentos del productor al consumidor en la provincia de Mendoza, el que expresa preocupación y repudio por la pesca ilegal de buques de bandera extranjera dentro de la zona económica exclusiva de la República Argentina y solicita medidas a fin de combatir la situación nacional e internacional y el proyecto que expresa beneplácito por el programa de asistencia crítica y directa para la agricultura familiar, campesina e indígena.
Por último, se avalaron tres proyectos de comunicación, el que solicita informes de los recursos enviados a cubrir las necesidades del sector agropecuario en la provincia del Chaco y otras cuestiones conexas; el que solicita otorgar prioridad de compra de adquisición de bienes y servicios esenciales para afrontar la pandemia covid-19 a aquellos trabajadores de la agricultura familiar, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas y uno que solicita viabilizar la producción industrial de una biolarvicida, desarrollado por los investigadores del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar, destinado al control del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.
Fue en la reunión de comisión en la que se debatió el tema teletrabajo, luego de que el gremialista pidiera que la representación de los trabajadores se la dejaran a los sindicatos.
Al intervenir en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para hablar sobre el proyecto de teletrabajo, el líder sindical Héctor Daer sostuvo en un pasaje que “acá lo que vamos a regular son trabajadores que quizá migraron a su hogar en estos días, quizá venían de antes, pero no estamos generando una avalancha de pedidos que todo el mundo quiere ir a trabajar a su casa… Más allá de las encuestas que hacen, que la representación de los trabajadores se la dejen a las organizaciones sindicales… Respetando las encuestas, pero son los sindicatos los que representan a los trabajadores”.
Al concluir, pidió la palabra la senadora Gladys González -que precisamente había mostrado datos de una encuesta sobre la adhesión al teletrabajo- para expresar “cierto malestar”, porque “Daer no debe olvidar que es un invitado de esta comisión, que está en el Senado, no puede decirnos usted que se arroga la representación de los trabajadores”.
La senadora del Pro le reprochó “un nivel de soberbia que ofende… Nosotros sancionamos leyes que ustedes deben cumplir, estamos todos amablemente escuchando todas las voces y eso es lo que debe prevalecer”.
En ese marco, Gladys González señaló que “hoy hubo dos patas de la conversación, porque nosotros representamos a todos, y están los representantes de algunos sectores de los trabajadores sindicalizados”. Por eso reclamó que “tengamos al oportunidad de escuchar a los empleadores”.
En buen tono, Daer ofreció sus disculpas y apuntó que “nos eligen para representar un colectivo con intereses claros, que tiene que ver con la representación de los trabajadores, y a nosotros nos eligen democráticamente también los trabajadores. No entramos por la ventana a ninguna institución y organización sindical”.
Pero el que no quiso dar por concluido el tema fue el presidente de la comisión, Daniel Lovera, quien apuntó luego que el beneficio del teletrabajo “tiene que ser para ambas partes. Yo no sé si va a ser una fuente infinita de generación de empleo, no va a haber más empleados”.
Y respecto de los pedidos para que puedan ser escuchados los empresarios, el pampeano señaló que “vamos a escuchar a todos, lo hemos hecho, pero también, por escuchar mucho a esas partes, perdimos más de 300 mil puestos de trabajo registrados en la Argentina”. Por eso pidió “valorizar lo que hacen las organizaciones sindicales para proteger y generar empleo”, y defendió la presencia de los representantes de los trabajadores. “Si no están presentes, los únicos afectados van a ser los trabajadores”.
Una serie de proyectos fue debatida de manera remota en la comisión del Senado que preside Gladys González, y se acordó la agenda para las próximas reuniones.
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, que preside la senadora bonaerense Gladys González (Juntos por el Cambio) se reunió este jueves de forma remota para analizar varios proyectos de declaración y de comunicación y dos de resolución, los cuales fueron puestos a la firma de los senadores para los dictámenes correspondientes.
Al inicio de la reunión, a las 10.30, la senadora González explicó que serán tratadas “varias declaraciones de interés, beneplácitos y adhesiones de los senadores acerca de eventos, días conmemorativos, convenios, pedidos de informes y campañas”. Entre ellos nombró la Celebración del Día Nacional del Agua el 22 de marzo; adhesión a la Celebración de la Madre Tierra el 22 de abril, adhesiones a la declaración de las abejas como la especie más valiosa del mundo, sobre administración de parques nacionales, contaminaciones atmosféricas, cambio climático, residuos urbanos, reciclaje, desarrollo sustentable, campaña sobre uso de plásticos, control de actividades de quema, solicitud de limpieza de Parque Nacional Lanín.
Luego, los miembros de la comisión acordaron la agenda parlamentaria y el temario para las próximas reuniones. La senadora González consideró que “nuestros temas muchas veces están lejos del interés por falta de conciencia”, y destacó que no están sobre todo hoy en agenda por la coyuntura que requiere del tratamiento de otras prioridades: “Sabemos que son temas que no van a entrar en la sesión”, pero “podemos ir ganando tiempo e ir generando consensos”.
Aseguró que “nosotros creemos que estos temas tienen mucho interés y hay que trabajar generando consensos en asuntos como educación ambiental, ley de envases, ley de bosques, biodiversidad, manejo de residuos y plásticos, parques nacionales y las enfermedades respiratorias y la contaminación”.
De este modo, y con total acuerdo de los senadores presentes, la presidenta de la Comisión, propuso como prioridad “avanzar en especial con los proyectos con media sanción, los cuales son 5, como el de Contaminación Acústica”, y empezar desde “la próxima reunión con la invitación de especialistas, médicos e investigadores del Conicet que “disertarán sobre la relación que hay entre la salud y la naturaleza, más específicamente sobre enfermedades zoonóticas como dengue, malaria y chagas”.
El senador por Chubut Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) consideró necesario “avanzar en esos temas” y resaltó que “lo ambiental es sumamente importante después de esta pandemia. El Consejo Económico y Social por ejemplo va a necesitar de la pata ambiental”. “Por eso es un asunto que debemos poner en valor”, añadió el senador.
En tanto, el senador por Catamarca Dalmacio Mera (Frente de Todos) sostuvo que “acompaña la propuesta de dar prioridad a los proyectos que tienen media sanción y las reuniones con charlas con especialistas y funcionarios”.
El ministro de Ambiente utilizó esa frase al presentarse este viernes ante los senadores, por videoconferencia, aclarando que la usaba sin intenciones políticas. Hablaba de lo que vendrá en materia de medio ambiente post pandemia y pidió que “no volvamos a cometer errores”.
La senadora nacional Gladys González (Pro – Buenos Aires) fue designada este viernes al frente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que se puso en marcha para escuchar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié.
Durante la reunión, que se extendió durante dos horas, el ministro consideró que “no sería justo que un productor utilice PET y obtiene una ganancia con ello, no sea consciente de que también está generando un residuo que en muchas ocasiones termina contaminando los mares”, en referencia a los envases de ese material plástico.
En ese sentido señaló que la definición de “responsabilidad extendida del productor” está haciendo referencia a un término muy utilizado décadas atrás y que no es otro que la denominada “Responsabilidad Social Empresaria”.
Durante su presentación ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la que el chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos) fue designado vicepresidente, el funcionario señaló que su ministerio ha puesto el acento en la inspección y relevamiento de todos los aspectos vinculados al sector. “En la Argentina tenemos unos 2.500 municipios y alrededor de 5.000 basurales a cielo abierto”, señaló, en una referencia que ya hizo en su momento durante su paso por la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Al respecto señaló que “tenemos una tradición un tanto medieval en el tratamiento de los residuos”.
Cabandié comentó que el 65% del financiamiento con el que cuenta el ministerio proviene de préstamos del Banco Mundial y del BID, básicamente para el tratamiento de los residuos.
Destacó que en el tratamiento de los residuos “no se trata simplemente de entregar maquinarias sino de resolver el tema definitivamente”. En ese punto puso de manifiesto que “se trata de generar conciencia en la ciudadanía y en la dirigencia política. No dudo que la ciudadanía tiene más conciencia que la dirigencia política y me incluyó en ella”. Sobre el tratamiento de los residuos resaltó que “estamos en proceso para contar con los recursos necesarios para el tratamiento de los basurales a cielo abierto”.
También se refirió al tema de los residuos patógenos, señalando que “el sistema de residuos patógenos está contemplado en los protocolos contra el Covid-19. Actualmente su capacidad está ocupado en un 50%”.
El ministro también subrayó la “existencia de un crédito del Banco Mundial por unos 50 millones de dólares para realizar 7 pozos de agua para la comunidad Wichi”. De ese total, hasta el momento “utilizamos unos 1.600 millones”, dijo.
En su informe, Cabandié destacó las inspecciones que desde su ministerio vienen realizando a empresas de hornos de residuos peligrosos, así como su preocupación por la deforestación, que se monitorea a través del Sistema SAT “que lo realizan tres satélites, uno de ellos extranjero”. Resaltó que se redujo el tiempo de los informes que surgen de ese monitoreo, “de 70 a 20 días. Así fue que hemos comprobado que la deforestación es mayor a la denunciada por algunas ONGs vinculadas al cuidado del ambiente”.
En un pasaje, el ministro ponderó de la gestión anterior el apoyo a la energía eólica. “Vemos bien esa política, hay que continuarla”, señaló, apuntando que “si es necesario (se debe) modernizar nuestra matriz energética, descarbonizar”.
“La contaminación se produce sobre todo en los grandes aglomerados urbanos, también en algunas zonas agropecuarias”, señaló más adelante, advirtiendo que el glifosato se extendió desde la Pampa Húmeda hasta las provincias del NOA y el NEA. “Ese glifosato, o veneno, contamina las napas freáticas, se fumiga en los centros urbanos, en la cara de los niños de escuelas rurales… Si hiciésemos un estudio en nuestro plato de comida nos asombraríamos –advirtió-. Eso no tiene geografía, llega a todos lados. La contaminación tiene esas características, la degradación del ambiente no tiene lugar físico”.
“Lo que se contamina en otras partes del mundo afecta a todos desde todos lados”, apuntó.
En referencia al diferendo entre las provincias de Mendoza y La Pampa por Portezuelo del Viento, señaló que se trata de “un problema interjurisdiccional. Vamos a ser facilitadores del diálogo en la búsqueda de soluciones. Este problema interjurisdiccional es la anticipación de problemas de ese tipo entre distintos estados que produce el cambio climático”, y citó en ese sentido una “tremenda sequía” que se está viviendo en el oeste de La Pampa y “el Paraná seco”.
“Estos problemas van a ser recurrentes”, señaló, aclarando que no pretendía ser apocalíptico. Con todo, dijo creer que “lo que podamos resolver en el marco del diálogo entre La Pampa y Mendoza tenemos que hacerlo en fraternidad y solidaridad”, generando el aplauso de la senadora pampeana Norma Durango.
Ante la consulta de la senadora Silvia Sapag sobre Vaca Muerta, Cabandié fue muy áspero, advirtiendo que allí “los residuos son alarmantes”, y le apuntó a las empresas instaladas allí, que “se manejan con impunidad”, preguntándose “cómo con el grado de utilidades que tienen son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos, pasivos ambientales, maquinarias en desuso, contaminando napas freáticas, el ambiente… Es inconcebible lo que está pasando”.
“Así que esperamos que puedan tomar cartas en el asunto”, aclaró, anticipando que “vamos a seguir marcando lo que está mal”.
Pidió la palabra entonces la neuquina Lucila Crexell, quien recordó que había presentado un pedido de informes sobre la falta del ejercicio del poder de policía, apuntando a “la falta de responsabilidad de los gobiernos que no cumplen los controles que tienen que hacer”. Muchas veces, insistió, “el problema es la falta de ejercicio del poder de policía. Muchas veces es el Gobierno y los estados locales los que fallan en el control”.
Sobre el final, el ministro Cabandié habló de las urgencias climáticas que vive nuestro país en este contexto de pandemia. “No podemos hacernos los distraídos con lo sostenible”, dijo, apuntando que “lo que estamos haciendo hasta ahora va en contra de todo eso”. Abogó por “un nuevo paradigma, un nuevo orden, donde la calidad de vida esté en el centro, pero en armonía con los bienes naturales”.
“Después de esta pandemia tenemos la oportunidad de volver mejores, todos”, dijo, aclarando de inmediato que “esta es una frase que no tiene posición política. Lo que hoy vemos, cielos más limpios, ríos que se ven mejor, fauna silvestre en las ciudades, eso es una foto, no es la recuperación del ambiente. Es una foto para que el día después no volvamos a cometer errores”.
