Sin guardarse ninguna crítica, la senadora nacional Carolina Moisés abundó en los motivos sobre la decisión de conformar un nuevo bloque -con mirada federal- dentro del interbloque Unión por la Patria y lanzó: "No estamos de acuerdo en aceptar el reduccionismo kirchnerista".

"No tenemos ningún inconveniente con José Mayans y Juliana Di Tullio, que son excelentes compañeros, tenemos la mejor relación y diálogo, pero claramente ellos hoy representan una parte del peronismo, que es el cristinismo", señaló sobre los jefes de los otros dos bloques que componen la bancada.

Para la jujeña, la conducción del Partido Justicialista Nacional, con Cristina Kirchner, "quedó reducida a los espacios más afines al kirchnerismo, y nosotros creemos que el peronismo es mucho más que el kirchnerismo, y especialmente el peronismo del interior".

En esa línea, cuestionó "un pensamiento que tira para el pasado" y "metodologías que ya no funcionan, del imponer, no debatir y porque lo dice Cristina tenes que hacer caso. Nosotros somos senadores autónomos".

"El peronismo tiene que recuperar su visión de vanguardia", agregó la legisladora y sumó que también debe "recuperar su protagonismo en nuevas herramientas políticas; el kirchnerismo niega las redes sociales. Se ha perdido el impulso en las juventudes".

La vicepresidenta del flamante bloque Convicción Federal dijo que "el problema hasta te diría no es Cristina, es La Cámpora, que ha intoxicado al peronismo de una metodología que es muy dañina".

Sobre el nuevo espacio, Moisés indicó que "expresa la diversidad de pensamiento y el debate interno que debe darse no solamente adentro de los bloques de Unión por la Patria, sino en el peronismo en todos sus ámbitos de acción".

"Es momento de dejar de tapar la realidad, de no silenciar las voces críticas y de empezar a construir un futuro programático que les ofrezca a los argentinos una salida; y en esas propuestas tiene que estar el protagonismo del interior, dar lugar a la realidad de las provincias", continuó en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, afirmó que no sólo se necesita que "florezcan nuevas voces protagónicas en el debate público nacional, sino que necesitamos defender los intereses de nuestras provincias, que muchas veces se ven tapados por las decisiones macro de nuestra representación, tanto en el bloque como en el Partido Justicialista".

"No es una ruptura, es una realidad. Nos definimos como opositores al gobierno de Javier Milei, por eso seguimos dentro del interbloque", completó.

Un día ocurrió: las internas dentro de Unión por la Patria en el Senado tuvieron sus consecuencias y cuatro senadores decidieron conformar un nuevo bloque, que igualmente continuará dentro del interbloque, el cual es la primera mayoría en la Cámara alta con 34 miembros.

Bajo la decisión de abordar una agenda federal, reclamo que también tiene un grupo de diputados del otro lado del Congreso, el puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y el riojano Jesús Rejal integraron el nuevo espacio nombrado “Convicción Federal”.

UP estaba conformado hasta ahora por los bloques Frente Nacional y Popular, a cargo de José Mayans, y del cual eran parte Andrada y Rejal; y el de Unidad Ciudadana, comandado por Juliana Di Tullio, en el que estaban hasta este miércoles Moisés y Salino.

Ahora, el principal interbloque opositor, conducido por Mayans, está conformado por el FNyP, UC y Convicción Federal, al que sus creadores calificaron como “una nueva expresión” dentro de UP.

Mediante un comunicado, los senadores aseguraron que con este nuevo bloque “se refuerza la estrategia de apertura y debate interno” y “los miembros formarán parte de las decisiones sobre los temas estratégicos, sumando voces en oposición al Gobierno nacional, y dando mayor visibilidad a la problemática e intereses de sus provincias en lo que corresponde a la participación política, posición sobre proyectos específicos y la agenda legislativa del Senado de la Nación”.

“La visión federal es una necesidad urgente que se viene reclamando fuertemente desde diversos sectores del peronismo y hoy se expresa legislativamente en este nuevo bloque”, remataron, en alusión al pedido de que se aborde una agenda amplia y no sólo comandada desde Buenos Aires, como consideran impulsa la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner.

El bloque estará presidido por Salino, del riñón del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, mientras que Moisés será vicepresidenta. La jujeña se había desmarcado de su bloque en una serie de votaciones. La última fue en la Ley Antimafias, mientras que una de las más recordadas fue el capítulo del RIGI en la Ley de Bases, que también votó a favor Andrada, quien responde al gobernador de su provincia, el catamarqueño Raúl Jalil, quien está cada vez más alineado con Casa Rosada. En cuanto a Rejal pertenece al entorno del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien le disputó a CFK la presidencia del PJ, aunque luego su lista fue rechazada por la justicia.

Uno de los últimos episodios que también dio muestras de la rebeldía contra la presidenta del peronismo fue que Moisés decidió presentar su propio espacio para las elecciones legislativas locales, ante la oposición a la intervención del PJ en esa provincia.

Esta semana, los días 18, 19 y 20 de marzo, se llevará a cabo en el Senado de la Nación, en el marco de la agenda de Servicios Legislativos en el Congreso Argentino, financiada por la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, una serie de encuentros que incluyen un evento público, dos talleres de intercambio de experiencias y reuniones de relacionamiento.

La misma contará con la visita de un representante de la Congressional Budget Office (CBO).

“Un interesante encuentro entre ambas organizaciones -la CBO y la Oficina de Presupuesto del Congreso- de intercambio, de promoción, fortalecimiento de los vínculos y capacitación”, remarcó el senador Ezequiel Atauche (LLA).

Directorio Legislativo es una organización de la sociedad civil, apartidaria e independiente, que lleva más de 15 años promoviendo el fortalecimiento de los poderes legislativos en América Latina y el Caribe. Esta fundación implementa proyectos relacionados con el acceso a la información legislativa, reformas de reglamento, fortalecimiento de las oficinas de servicios parlamentarios, campañas de incidencia, mesas de diálogo con autoridades y legisladores de diferentes partidos, e interviene en el armado y monitoreo de los planes de Parlamento Abierto del Congreso Nacional y legislaturas provinciales.

En el desarrollo de sus actividades, DL estableció un vínculo institucional con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de la República Argentina, en el marco del cual se pudieron realizar distintas actividades en conjunto previas a la actual.

El senador Ezequiel Atauche, jefe del bloque La Libertad Avanza, destaca que “la idea central del encuentro es que ambas organizaciones la CBO y la OPC, puedan acordar futuros intercambios de buenas prácticas y encuentros de capacitación -en las oficinas de la CBO- para analizar y potenciar las metodologías en materia de proyecciones macroeconómicas, una de las prioridades centrales de la OPC”.

“Además, se busca analizar el funcionamiento actual de nuestra Oficina y la experiencia de la CBO en la producción de sus informes, tanto para legisladores como para la ciudadanía y profundizar en la estrategia de relacionamiento que implementa la CBO para abordar a prensa especializada y comunidades de interés”, agregó.

“Una experiencia que se produce en un momento en el cual Argentina y Estados Unidos estrechan sus lazos comerciales y marcan una misma línea política y económica de sus gobiernos”, destacó Atauche.

La visita de la CBO es una actividad central de la agenda de Servicios Legislativos en el Congreso Argentino y tiene, como búsqueda, fomentar los vínculos institucionales entre la CBO y la OPC, así como fortalecer políticas y procedimientos internos de la OPC tomando como referencia las buenas prácticas de la CBO.

El evento público titulado “Oficinas de Servicios Legislativos: desarrollo de áreas de asesoramiento técnico en legislaturas provinciales” se llevará a cabo en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación (Hipólito Yrigoyen 1849, CABA), el martes 18 de marzo a las 10 de la mañana. Contará con las palabras de apertura de Noel Alonso Murray (DL) y representante Embajada EE.UU.; la introducción al proyecto/programa a cargo de Juan M. Toubes (DL) y un panel central con los siguientes oradores: Leigh Angres (director of Legislative and Public Affairs CBO), un representante de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y el senador Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto de la cámara alta. El moderador será Juan F. Krahl (DL).

Unión por la Patria en el Senado dio un paso fuerte al lograr -junto a otros dos senadores- habilitar el pliego de Manuel García-Mansilla y, posteriormente, pedir una sesión para el próximo jueves 20, con la intención de rechazar esa designación y la de Ariel Lijo (quien a diferencia del primero, todavía no juró en la Corte).

La réplica del oficialismo no se demoró en llegar y cinco de los seis integrantes de La Libertad Avanza presentaron otro pedido de sesión, que incluye como temas el proyecto de ficha limpia y la iniciativa de los tres senadores bonaerenses sobre declaración de emergencia para Bahía Blanca.

La solicitud, que lleva las firmas de Ezequiel Atauche -jefe del bloque-, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia e Ivanna Arrascaeta, tiene la particularidad de que le pide a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque "en día y hora que se estime pertinente".

De no haber un acuerdo en Labor Parlamentaria entre Villarruel y los jefes de bloques, la vicepresidenta podría definir por sí sola para cuándo cita a cada una o si se unifican los temarios en una única sesión.

Con un profundo rechazo a la designación "en comisión" por decreto que realizó el presidente Javier Milei de García-Mansilla y Lijo, el kirchnerismo apunta a que la Cámara alta vote en contra los pliegos de ambos.

En el caso del catedrático, quien ya está en funciones en el máximo tribunal, toda la tropa de UP estaría encaminada a rechazarlo, superando así por bastante el número de un tercio -en caso de asistencia perfecta- que bloquearía la aprobación: la bancada tiene 34 integrantes y con 25 sobre 72 ya quedaría sin posibilidad el aval al pliego.

Sobre Lijo, de quien se ha especulado contaría con una docena de votos de UP a favor, pesa una amplia negativa por el lado de la oposición dialoguista, que también provocaría reunir un tercio para impedir la aprobación.

No obstante, UP salió con fuerza a rechazar ambas designaciones, algo que ya le habían anticipado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Y en la reciente reunión de la Comisión de Acuerdos la mendocina Anabel Fernández Sagasti aclaró: "Ya no estamos hablando de cualidades personales de los postulantes, sino de dos personas que aceptaron violar la Constitución".

Por estas horas, hay aliados que quieren escapar de la incomodidad y esperan que el Poder Ejecutivo retire los pliegos, algo que igualmente debería votarse en el recinto.

Sobre el temario solicitado por los libertarios, el proyecto de ficha limpia, que apunta a que personas con condena doble por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, no puedan presentarse para competir por cargos electivos, recibió media sanción de la Cámara de Diputados durante las extraordinarias y tuvo un dictamen exprés en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado una semana después.

Al tratarse de una ley electoral debe ser aprobada con mayoría absoluta, esto es, 37 votos. Además, en caso de igualdad, Villarruel no puede desempatar. El oficialismo más todos los bloques de la oposición no K suman 38 en total.

Si se observa la votación que hubo en Diputados, legisladores de fuerzas provinciales como Misiones y Río Negro, que también tienen representantes en el Senado, acompañaron. Pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, uno de los diputados votó en contra y otro se ausentó. Así, la posición que los dos senadores santacruceños, de relación oscilante con el oficialismo, tengan en la Cámara alta, será clave. El antecedente más cercano de ello es que no dieron quórum y frustraron la sesión preparatoria de elección de autoridades. En el caso que UP sume dos votos más para el rechazo, la iniciativa no vería la luz.

Sobre Bahía Blanca, los senadores emitieron dictamen en comisión a un proyecto que busca crear un fondo de 20 mil millones de pesos para atender los graves daños ocurridos por las trágicas inundaciones en la ciudad y alrededores. Por su parte, Diputados ya dio media sanción por unanimidad a una iniciativa similar, aunque sin monto específico, para que se declare la emergencia y se destinen recursos extraordinarios.

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La oposición logró este jueves en la Comisión de Acuerdos del Senado habilitar, con las nueves firmas necesarias (la mitad más una del total de sus integrantes), el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto "en comisión" por el presidente Javier Milei y ya se encuentra en funciones, luego que el máximo tribunal le haya tomado juramento.

Uno de los despachos contó con las siete rúbricas de todos los miembros de Unión por la Patria en la comisión: Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Alicia Kirchner y Sergio Uñac. Mientras que el otro fue suscripto por el radical Martín Lousteau y la presidenta de la comisión, la larretista Guadalupe Tagliaferri.

En una reunión que dejó expuesta a cielo abierto la interna radical, con las exposiciones de Lousteau y el bonaerense Maximiliano Abad, quien ingresó cuando ya se había logrado el quórum, el oficialismo y sus aliados decidieron no participar.

Con fuertes críticas por la decisión presidencial de nombrar a dos jueces por decreto en la Corte, la oposición buscará el próximo jueves 20 llevar al recinto del Senado ambos pliegos para su rechazo.

El interbloque de UP cuenta con 34 miembros, a 3 del quórum. Además, en caso de asistencia perfecta al momento de la votación, con 25 integrantes de esa bancada que se pronuncien en contra, cualquiera de las postulaciones quedaría sin chances.

El dictamen de Lousteau y Tagliaferri sí manifesta el rechazo a García-Mansilla, mientras que UP metió una jugada con el fin de que en la sesión no haya objeciones: firmaron un dictamen por la positiva, en el cual aclaran que "es meramente una cuestión formal, que de ninguna manera deberá entenderse como un acompañamiento a la postulación del Dr. García Mansilla, sino que responde exclusivamente a la necesidad de dar cumplimiento al procedimiento reglamentario establecido". "En tal sentido, se busca permitir que el pliego en cuestión sea elevado al pleno de la Cámara, a fin de que pueda ser debidamente debatido y se adopte una decisión definitiva respecto de su aprobación o rechazo", agregan.

A diferencia de Ariel Lijo, el pliego de García-Mansilla nunca había obtenido el dictamen necesario para bajar al recinto sin requerir dos tercios de los votos para ser habilitado. El apoyo cosechado llegaba al de un libertario y tres aliados del oficialismo, que este jueves no se presentaron para plasmar tales avales en un despacho.

El pasado 13 de febrero, incluso con la firma de tres legisladores de UP, el pliego de Lijo sí había quedado formalizado. La intención de La Libertad Avanza era tratarlo en extraordinarias, pero no pudo garantizarse los votos.

Culminado el período de sesiones extraordinarias sin avance en los pliegos, el presidente Milei firmó por decreto las designaciones de Lijo y García-Mansilla “en comisión” hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso de García-Mansilla, la Corte le tomó juramento rápidamente, tan sólo dos días después de la decisión adoptada por Milei, el 27 de febrero; mientras que a Lijo, el máximo tribunal le rechazó el pedido de licencia en su cargo como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. No dispuesto a renunciar, la suerte de Lijo sigue a cargo del Senado.

Ahora, el caso de García-Mansilla abriría un problema más complejo, con bibliotecas divididas sobre qué podría pasar si la Cámara alta finalmente rechaza su pliego, cuando ya asumió como ministro del máximo tribunal. Un tema que, sin dudas, desataría un conflicto que podría terminar incluso en manos de la Corte.

El debate

Luego de ser ratificada como presidenta de la comisión, Tagliaferri recordó que el pliego de García-Mansilla (al igual que el de Lijo) ingresó formalmente al Senado el 28 de mayo de 2024, tomó estado parlamentario en la sesión del 12 de junio y el candidato se presentó a audiencia pública el 28 de agosto. Sin contar los días de receso invernal, "desde el momento en que ingresó se le pudo dar tratamiento al pliego y se tardó menos de tres meses en hacer todo el proceso correspondiente", destacó.

La porteña resaltó que "no es que el Senado no puso en discusión" la cuestión. Y dejó clara su postura: "Soy una convencida de que la Comisión de Acuerdos y el Senado son los que tienen que decidir los jueces de la Corte Suprema, porque así lo indica la ley y la Constitución".

A su turno, el jefe de UP, José Mayans, apuntó que la selección de los jueces de la Corte "es un acto complejo que lo realiza el Poder Ejecutivo con el Senado, que representa a las provincias". "Es muy clara la Constitución en el artículo 99, inciso 4", dijo y consideró que "tenemos que tener en la Corte personas impecables que garanticen la aplicación de la Constitución".

El formoseño advirtió que "una persona que es nombrada por decreto puede ser sacada por decreto", al tiempo que si el Poder Ejecutivo "nombra miembros de la Corte" puede más adelante llegar a "nombrar miembros en tribunales inferiores, o fiscales, o defensores".

"Están violando la Constitución Nacional con una interpretación rebuscada, hablando de los empleados públicos", señaló sobre los fundamentos del PEN en base al artículo 99, inciso 19. "Hay que poner un límite a esto; el límite es cumplir con la Constitución Nacional. Reclamamos el respeto al Parlamento. El Parlamento en los golpes de Estado es lo primero que desaparece", exclamó.

En alusión a García-Mansilla, expresó: "Hoy tenemos una persona que usurpa el Poder Judicial, está haciendo fallos que son nulos de nulidad absoluta, porque no tiene el acuerdo del Senado".

"Las fuerzas políticas tenemos cosas que decir y esperamos que abran una mesa, que sienten a los líderes de los partidos políticos, y hablemos sobre qué es lo mejor para el país; y establezcamos una conducta de respeto hacia las fuerzas políticas y no este desprecio que cometieron, que no es a nosotros, sino a la voluntad popular que representamos", concluyó.

Después fue el turno de Lousteau, quien remarcó que el Ejecutivo se paró en un artículo que habla de la designación en comisión "cuando se produzca una vacante durante el receso, una vacante de un empleo. ¿Los jueces de la Corte Suprema son empleados del Poder Ejecutivo? Primera pregunta". También indicó que expresa que "si la vacante se produjo en receso" y "en ninguno de los dos casos fue así".

"Nombrar jueces en comisión es una burla enorme a la Constitución", afirmó y opinó que "la excusa" del Gobierno al decir que el Senado no trató los pliegos "es mentirosa". "Cuando el Senado no está de acuerdo con los pliegos lo que hace es no tratarlos (en el recinto)", explicó.

El porteño subrayó que "lo que hace el presidente es poner jueces de la Corte a prueba, porque el próximo 30 de noviembre tiene que decir si los renueva por decreto o no". "¿Cómo tiene independencia la Corte si esa es la situación?", preguntó.

Al mencionar declaraciones de García-Mansilla en la audiencia pública, recordó que el actual juez respondió que no aceptaría ser nombrado por decreto. "Entonces yo tengo que pensar, o el juez propuesto cuando vino a la audiencia nos mintió y no tiene ninguna vocación por sostener la verdad; o es un juez que nos dijo la verdad, pero después no la pudo sostener por dos motivos: o tiene una ambición desmedida por ser juez de la Corte o el Gobierno lo presionó para que aceptara", cerró.

También habló la vicejefa de UP y vice de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, quien aseveró que "el presidente Milei es autoritario, es antidemocrático y este decreto poniendo a dos miembros en la Corte es más que prueba suficiente", pero advirtió que "existen los pesos y contrapesos" entre los poderes del Estado "que no están funcionando".

"Este Senado puede parar esta designación en comisión por decreto, llevando al recinto los dos pliegos y rechazándolos", subrayó la mendocina. A continuación, lamentó que "tenemos un DNU (70/23) que cambia la Constitución y la Cámara de Diputados lo ha dejado vivir; no hablemos de las delegaciones, en las que se funda un DNU para habilitar un futuro acuerdo con el Fondo, nunca antes visto".

En esa línea, la kirchnerista afirmó que "Milei es lo que es, pero este Congreso no está cumpliendo con sus funciones". "Si nosotros el jueves que viene no nos sentamos y miramos la Constitución, y miramos para otro lado, vamos a ser cómplices de este atropello", advirtió y añadió que "ya no estamos hablando de cualidades personales de los postulantes, sino de dos personas que aceptaron violar la Constitución".

Luego de ratificar a sus autoridades, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dictaminó un proyecto que crea un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió este miércoles por la tarde donde se ratificaron sus autoridades para el presente año legislativo y continúa en la presidencia, el senador Ezequiel Atauche (LLA), en la vicepresidencia, el senador Fernando Salino (Unidad Ciudadana) y, como secretario, el senador Víctor Zimmermann (UCR).

Luego, con el aval de todos los bloques políticos, se dictaminó un proyecto que busca "declarar zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de ciento ochenta días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas en el mes de marzo de 2025".

Además, la iniciativa presentada por un grupo de senadores de los bloques UP y UCR, contempla la creación, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación, de un Fondo Especial en pesos para atender los daños ocurridos en ocasión de la emergencia declarada.

La senadora Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), una de las autoras del proyecto, solicitó a sus pares "el compromiso genuino como Senado de la Nación para crear una ley que permita la reconstrucción de Bahía Blanca y Rosales". También solicitó elevar "a 200.000 millones de pesos o lo que demande reconstruir la infraestructura, la vida, la sanidad pública y la educación de una de las ciudades más importantes de la Argentina".

En concordancia con Di Tullio, Maximiliano Abad (UCR), otro de los coautores de la iniciativa, expresó "la urgente necesidad de comenzar a paliar la situación que está viviendo Bahía Blanca porque este proyecto lo motiva la catástrofe". El Senador también puso en valor "el trabajo y la coordinación entre el gobierno nacional, provincial y municipal", a la vez que volvió a interpelar a sus pares con la creación de una ley que " dé respuesta a una población que está sufriendo".

Al finalizar, el senador Atauche celebró el consenso obtenido en la comisión y la "rápida reacción de los senadores de la provincia de Buenos Aires " para la presentación de este proyecto que va en línea, también, con las iniciativas del Gobierno Nacional.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado fue convocada este miércoles, desde las 17.30, para ratificar sus autoridades y con un temario que contiene un único proyecto: el que propone la emergencia en Bahía Blanca, a raíz de las trágicas inundaciones registradas en la ciudad.

Para el mismo día se espera que, en caso de reunir quórum la sesión convocada por la oposición para las 12, la Cámara de Diputados intente avanzar en la media sanción de un proyecto similar, que cuenta con numerosas firmas de diputados de distintos bloques. Los impulsores de la sesión ya lo sumaron al temario.

El proyecto presentado en la Cámara alta por los tres senadores de la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio (UP), Maximiliano Abad (UCR) y Eduardo "Wado" de Pedro (UP), declara "zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de 180 días, a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas durante el mes de marzo de 2025".

En la iniciativa se propone que se cree en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación "un Fondo Especial de $20.000.000.000 o la suma necesaria para atender los daños ocurridos", el cual "deberá constituirse en un plazo no mayor a 30 días", a partir de la sanción de la ley. Dicho fondo "se integrará a través de las reasignaciones de las partidas presupuestarias que ordene disponga el jefe de Gabinete", reza el texto.

Estos recursos estarían destinados a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada, para reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades económicas que se hayan visto afectadas.

"La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación articulará con el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones tendientes a dispensar las erogaciones que debieran abonar los afectados en conceptos de impuesto, tasas y contribuciones", dispone otro de los artículos.

Asimismo, a "aquellos afectados que han perdido totalmente su fuente de ingreso, colocándose en situación de emergencia económica social, se les otorgará un plazo de gracia, de al menos 180 días, en las siguientes situaciones jurídicas obligacionales: contratos civiles y comerciales con prestaciones recíprocas; operaciones bancarias y financieras; y ejecuciones hipotecarias, prendarias, judiciales y extrajudiciales".

El proyecto de los senadores bonaerenses indica que el PEN "deberá instrumentar a través del Banco de la Nación Argentina una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con un plazo de gracia, destinada para la reconstrucción de viviendas familiares afectadas y asistencia a sectores productivos damnificados por el sismo, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero".

En un escenario de fuerte malestar por la decisión del presidente Javier Milei de nombrar "en comisión" por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, la oposición en el Senado buscará habilitar el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla, quien ya se encuentra en funciones en el máximo tribunal.

La reunión de la Comisión de Acuerdos fue convocada para este jueves a las 11 por su presidenta, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, quien junto al radical Martín Lousteau ya presentó un despacho de rechazo a la postulación de García-Mansilla, con la principal crítica por haber aceptado ser designado por decreto, cuando en la audiencia pública a la que asistió el año pasado en la Cámara alta dijo que no lo haría.

Además, desde Unión por la Patria sumarían otro despacho con la firma de todos sus integrantes en esa comisión, un total de 7. De esta manera, con 9 firmas, el dictamen ya estaría en condiciones de ser tratado en el recinto sin la necesidad de reunir dos tercios de los votos para habilitarlo.

A diferencia de Ariel Lijo, el pliego de García-Mansilla nunca había obtenido el dictamen necesario. El apoyo cosechado llegaba al de un libertario y tres aliados del oficialismo, quienes se verá si formalizan la presentación de un dictamen en ese sentido este jueves. Otro rol clave será el de los senadores de la UCR que forman parte de la comisión, en medio de otra de las internas en ese bloque.

El pasado 13 de febrero, incluso con la firma de tres legisladores de UP, el pliego de Lijo quedó formalizado. La intención de La Libertad Avanza era tratarlo una semana después en el recinto, pero esto no se logró: además de que los votos no alcanzaban, pues el juez federal reúne un amplio rechazo en la oposición dialoguista y con tan sólo una docena de votos de UP -como habría reunido- no se garantizaba su aprobación, el clima político por el escándalo cripto echó por tierra la posibilidad.

Culminado el período de sesiones extraordinarias sin avance en los pliegos, el presidente Milei firmó por decreto las designaciones de Lijo y García-Mansilla "en comisión" hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso de García-Mansilla, la Corte le tomó juramento rápidamente, tan sólo dos días después de la decisión adoptada por Milei; mientras que a Lijo, el máximo tribunal le rechazó el pedido de licencia en su cargo como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. No dispuesto a renunciar, la suerte de Lijo se definirá en el Senado por sí o por no, con altas chances de ser rechazado.

Ahora, el caso de García-Mansilla abrirá un problema más complejo, con bibliotecas divididas sobre qué podría pasar si la Cámara alta rechaza su pliego. Un tema que, sin dudas, entraría en un conflicto judicial que podría terminar (paradójicamente) en manos de la Corte.

Luego de un año en el que la Cámara alta ocupó un rol menor en el andamiaje institucional, el Cuerpo parecería querer recuperar protagonismo y el debate sobre los pliegos para la Corte Suprema podría ser el disparador ideal. En rigor, ya lo intentó en la última sesión, aquella única de extraordinarias, donde algunos intentaron crear una comisión investigadora para el caso $Libra. No les fue bien, y al final la audaz maniobra terminó prácticamente en un blooper.

Con ese antecedente, ahora intentan recuperar fuerzas con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, nombrados por decreto por el presidente Javier Milei. Revitalizado tras haber recuperado un senador que había perdido con la salida de sus huestes del entrerriano Edgardo Kueider -hoy preso en Paraguay; vip, pero preso al fin- Unión por la Patria se propone avanzar con una sesión donde pueda tratar los pliegos que el presidente quiere instalar por decreto y por el término de un año. Tratan de articular la maniobra con sectores del Pro y la UCR que coinciden en pensar que el procedimiento del Ejecutivo vulnera el rol del Senado en el proceso de selección de jueces supremos.

En la previa de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema tomó una decisión rápida, que fue la de tomarle juramento a García-Mansilla, a pesar de no contar con el acuerdo del Senado. Tildando de hecho como “constitucional” la medida implementada por el presidente de la Nación.

La designación de Lijo no pudo avanzar, no por las masivas impugnaciones presentadas en su contra, sino por estar decidido el juez federal a mantener -como reserva- el cargo que ya de por sí le asegura un puesto vitalicio en el seno de la Justicia. No quiere arriesgarse a quedarse sin nada. Por eso y solo por eso la Corte no le tomó juramento. Lo que rechazó el jueves pasado fue concederle la licencia que pidió y que -¿corporativamente?- le había concedido la Cámara Federal. Con el voto de García-Mansilla, que dio una valiosa muestra de autonomía rechazando la licencia de su compañero de decreto, sin que ello fuera suficiente para redimirlo ante los senadores.

“Nos mintió en la cara. Dijo que no aceptaría ser designado por decreto y lo hizo”, señalan desde la oposición dialoguista, teniendo en cuenta la pregunta que durante la audiencia en la Comisión de Acuerdos le hizo la mendocina Anabel Fernández Sagasti al catedrático.

A diferencia de Lijo, García-Mansilla no logró reunir las firmas necesarias para el tratamiento de su pliego en el recinto hasta la semana pasada. En un movimiento inesperado, el kirchnerismo y los sectores opositores críticos del Gobierno presentaron dos dictámenes de rechazo: uno encabezado por los porteños Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR), y otro por los senadores de UP. Quedaron a una firma de estar habilitados para su tratamiento, como el de Lijo.

El oficialismo, por su parte, intentó deslegitimar el procedimiento de Unión por la Patria rechazando la firma de José Mayans, argumentando que el presidente de ese interbloque no estuvo presente en la audiencia de García-Mansilla. No obstante, la oposición sostiene que la firma del formoseño es suficiente para validar el dictamen. Faltaría entonces un radical.

Dentro del radicalismo, la disputa interna respecto de cómo enfrentar las designaciones por decreto de Milei sigue latente. Mientras Lousteau, Pablo Daniel Blanco y Maximiliano Abad lideran el sector más independiente y equidistante (o crítico) del Gobierno, el grupo alineado con los gobernadores busca evitar una confrontación directa. Con el jefe del bloque Eduardo Vischi a la cabeza, esta tensión ya se evidenció en la votación de la comisión investigadora del caso Libra, donde seis radicales boicotearon la iniciativa pese a que fue impulsada por su propio bloque. Hombre del gobernador correntino Gustavo Valdés, Vischi aparece imposibilitado de incomodar a la Casa Rosada, como también sucede con otros legisladores como los mendocinos.

Ahora, los sectores más críticos confían en sumar más votos para rechazar el pliego de Lijo y garantizar el quórum necesario para la sesión. La vicepresidenta Victoria Villarruel será clave en este escenario, ya que su rol como presidenta del Senado le otorga la potestad de habilitar o bloquear el debate. La “descabezada” titular del Senado ha sido decididamente soslayada en sus funciones por el Gobierno y ya dijo oportunamente que no le gusta la designación de Ariel Lijo.

El destino de Lijo

El pliego del juez federal que se aferra a sus dos cargos ya cuenta con dictamen y podría ser tratado sin necesidad de una votación sobre tablas. No obstante, el peronismo enfrenta una disyuntiva: mientras el kirchnerismo impulsa su rechazo, algunos gobernadores peronistas buscan mantener su candidatura. “Lijo no, que es amigo”, argumentan algunos mandatarios provinciales, intentando frenar la ofensiva opositora.

La estrategia del ala dura de Unión por la Patria -porque allí también tallan los gobernadores más cercanos a la Rosada- es sesionar cuanto antes para rechazar ambos pliegos y dejar sin efecto las designaciones en comisión. Según interpretan, si el Senado se pronuncia en contra, los jueces perderían automáticamente su legitimidad y el Gobierno debería proponer nuevos candidatos.

Sobre el tema la consultaron este viernes a Guadalupe Tagliaferri, quien es nada menos que la presidenta de la Comisión de Acuerdos, y esto dijo: “Un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución”.

Pese a los dichos de la senadora del Pro, si la Cámara alta finalmente rechaza las nominaciones, se abrirá un conflicto institucional con el Ejecutivo. Mientras Milei sostiene que, según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, los jueces designados en comisión pueden permanecer en sus cargos hasta noviembre, la oposición argumenta que el proceso de nombramiento solo se completa con el acuerdo del Senado. Esta discrepancia podría derivar en una nueva crisis política y, eventualmente, en presentaciones judiciales. Que recaerían en la propia Corte…

Juliana di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro por Unión por la Patria, y Maximiliano Abad por el radicalismo, los tres senadores nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia y situación de catástrofe en la localidad de Bahía Blanca por 180 días. Además. Proponen la creación de un fondo especial de 20 mil millones de pesos para asistir a los damnificados.

El texto establece que este fondo se genere en la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos. El mismo sería destinado para subsidios familiares no reintegrables destinados a familias que hayan encontrado afectada su vivienda de forma parcial o total. También abarca a las pequeñas y medianas empresas con el fin de su reinserción productiva.

Del mismo modo, mencionan una línea de subsidios destinados a la reconstrucción de infraestructura edilicia, vial, hídrica y de los servicios públicos.

Durante la madrugada de este viernes, la localidad bonaerense de Bahía Blanca amaneció con un diluvio que causó inundaciones, provocó seis víctimas fatales e imposibilitó el acceso a la ciudad por aire y por tierra.

Los ministerios de Seguridad y Defensa de la Nación coordinaron tareas de asistencia junto a la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el pronóstico anunció que la tormenta podría extender hasta este fin de semana.

"Atentos al avance de los acontecimientos, quedamos a disposición y agradecemos el compromiso de los equipos de trabajo. Para los bahienses y rosaleños, toda nuestra solidaridad y acompañamiento en este difícil momento", expresó Juliana di Tullio a través de una publicación en X.

 

PL - Emergencia Bahia Blanca

Dentro del paquete de leyes sobre los que está trabajando el Gobierno, el presidente de la Nación, Javier Milei, prometió este sábado que enviará al Congreso los pliegos del Procurador General de la Nación, del Defensor Oficial, del Defensor del Pueblo y de unos 400 jueces, fiscales y defensores oficiales y le exigió al Senado que “no politice” la aprobación de los mismos.

“No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una Justicia independiente, pero efectiva”, manifestó Milei y criticó: “La Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”.

El mandatario aseguró: “Tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, incluidos el Procurador General, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia Federal”.

“Esto tiene que ser obvio para todos. Es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad”, planteó.

“Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a conformar la Corte Suprema”, exigió en su discurso ante la Asamblea Legislativa al referirse a lo que sucedió con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla que no fueron aprobados en el Senado y debió nombrarlos por decreto y en comisión.

Quien le salió a responder a través de las redes fue el presidente de la UCR y senador nacional Martín Lousteau que le enrostró que “demoraron 15 meses en enviar los pliegos del 40% de la justicia, pero acusan al Senado de haber demorado 6 meses en el tratamiento de los pliegos de la Corte Suprema”.

El diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, criticó el decreto de Javier Milei para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: “Se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del Gobierno”, y aclaró que “no es que el Senado no trató los pliegos, es que no cuenta con las mayorías para su aprobación”.

“La decisión del presidente de mantenerse es una herida casi mortal a la institucionalidad y al Sistema Republicano de división e independencia de los poderes”, aseguró el diputado de CC ARI al referirse al decreto que firmó Javier Milei para designar a los reemplazantes de la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Ferraro remarcó que “no podemos dejar pasar por alto que, en nombre de la lucha contra la inflación, el ordenamiento de las cuentas fiscales y el déficit cero, se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del gobierno, que es esta decisión de nominar por decreto a dos jueces a la Corte Suprema".

En cuanto a la oposición de la designación del juez federal Ariel Lijo, el diputado aseguró que este “se ha caracterizado por cajonear causas en Comodoro Py y en la justicia federal, donde demuestra claramente una connivencia con varios sectores políticos y de la justicia federal donde no hay ningún tipo de idoneidad”.

Según indicó el diputado Ferraro, el rechazo de la Coalición Cívica ARI está vinculado a este decreto. “Que los senadores dejen de jugar a las escondidas y que claramente tengan una oposición a la designación de Ariel Lijo y a este procedimiento”, exigió.

Tras indicar que coincide con las palabras del ex juez de la corte Maqueda, Ferraro indicó: “Estamos frente a algo que es horroroso y que es un escándalo desde el punto de vista constitucional, institucional y republicano”, y sumó: “Amenaza a otro poder del Estado como puede ser la justicia, de que, si no le presta juramento la Corte Suprema, el presidente al estilo de un emperador estaría dispuesto a tomarle juramento a estos jueces”, concluyó Ferraro.

Respecto de la asistencia de su bloque a la Asamblea Legislativa, afirmó: “La CC va a tener como siempre una presencia institucional, pero alertamos como gravedad las restricciones que dispusieron las presidencias y la secretaria general a la prensa en algo que no sucedió en 40 años de democracia”.

“El Ejecutivo pretende con la imposición de este DNU que otro poder del Estado se arrodille. No es que el Senado no trató el pliego, en el Senado no cuenta con las mayorías para su aprobación”, planteó.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP – Rio Negro) comenzó el año parlamentario con la presentación de 39 proyectos de ley y afirmó que “es imperativo redoblar esfuerzos para que la falta de empatía deje de ser la prioridad de la gestión de (Javier) Milei”.

Entre los proyectos más destacados se encuentran: la prohibición de los basurales a cielo abierto, la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (RENDAM) y la instauración de la Empresa Nacional de Biotecnología, Ciencia y Tecnología Aplicada a la Salud Argentina (Bio-Salud AR). También se propone declarar a la ciencia y la tecnología como actividades esenciales.

Además, se destacan iniciativas como la regulación de la actividad profesional de guía de montaña, ya sea en forma autónoma o bajo relación de dependencia, en todo el territorio nacional; el establecimiento de las bases para el desarrollo del turismo rural comunitario; y la modificación de los requisitos para la obtención y renovación de la Licencia Nacional de Conducir, en relación con el adelantamiento y la distancia de sobrepaso a ciclistas.

De los 39 proyectos presentados, cinco están vinculados a la salud pública, tres a cuestiones de género, dos a la actividad turística, nueve a la producción, tres al área social, tres al medioambiente y el resto “abordan temáticas de gran relevancia para la sociedad en su conjunto”.

“Las propuestas que volvimos a presentar este año fueron trabajadas en conjunto con diversos colectivos y sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con sus problemáticas y tenemos la enorme responsabilidad de hacer escuchar su voz en el Congreso, con el objetivo de impulsar políticas públicas que promuevan la producción, la ciencia y el bienestar general de la población”, afirmó la senadora.

En ese sentido, García Larraburu concluyó: “En un contexto donde el Gobierno Nacional busca distraer con banalidades, discursos de odio y espectáculos alejados de la realidad, es imperativo redoblar esfuerzos para que el individualismo extremo y la falta de empatía dejen de ser las prioridades de la gestión de Milei”.

Luego de que el presidente Javier Milei nombrara por decreto como jueces de la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla cuyos sendos pliegos quedaron en stand by en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, acusó a dicha Cámara de “dilatar” el tratamiento.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni señaló: “La instancia de nombras jueces en comisión iba a estar siempre sujeta a que entendamos que la justicia pueda tener algún tipo de inconvenientes en su funcionamiento”, y planteó: “Entendemos también que ha pasado más de un año desde su presentación de los pliegos y, habiendo pasado todas las instancias necesarias, no se ha logrado que el Senado apruebe los pliegos”.

“Entendemos que efectivamente era momento de nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto dure el periodo legislativo ordinario”, aclaró y sumó: “El resto del proceso que tenga que seguir en la Cámara de Senadores es un tema que sigue siendo responsabilidad de esa Cámara. No entendiendo bien las razones, habiendo cumplido con los requisitos de idoneidad y técnicos, que haya ocurrido lo que ocurrió porque, en definitiva, no estamos hablando de cuestiones partidarias, estamos hablando de cuestiones técnicas. Es la decisión del presidente y de que la justicia tenga a todos sus miembros de casi un año que esto no avance en el Senado”.

El portavoz agregó: “Se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así después de un año que el Senado teniendo el pliego de dos personas que cumplían con los requisitos no han logrado avanzar, solo se firmó dictamen de uno de ellos. Es una de las atribuciones del presidente”.

“La dilatación en la resolución no tenía sentido y que lo único que hacían era complicar una decisión del presidente en post de que la justicia siga trabajando de forma eficiente”, manifestó.

Sobre el comunicado de UP, Adorni apuntó: “En general el kirchnerismo o la izquierda cuando no están en el poder, todo lo que está en el poder es dictadura es antidemocrático, pero es una práctica habitual donde ellos no eran parte. Poco importa que nos traten de antidemocrático o que atentamos contra la Constitución”.

“Un año estuvo el Senado en posición de resolver el tema y no lo hizo, no hay nada más Republicano que el Senado. Los jueces los propone el presidente, no el Senado ni sus miembros, no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión técnica o de idoneidad ambas cuestiones que cumplen con creces ambos jueces”, criticó y enrostró: “Es difícil comprender que tomamos una medida o atribución anticonstitucional cuando este mecanismo ha sido utilizado por todo el espectro político incluso peronistas y el mecanismo fue convalidado por la propia Corte”.

“Son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar aún más un tema que no hay nada más republicano que la Corte Suprema de la Nación tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén todos en función. Todo fue dentro de la ley, de la Constitución y son mecanismos utilizados, son más cuestiones políticas que de los pliegos de los jueces”, ratificó.

Al ser consultado por Alec Oxenford que ha sido nombrado como el nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos, el vocero aclaró: “Entiendo que ya había tenido reuniones con senadores y que el presidente, en búsqueda de celeridad y que en extraordinarias no se trató, cumple con todos los requisitos de capacidad y trabajo y es una excelente persona, se optó por no dilatar más los tiempos y acelerar el proceso”.

Sobre la posibilidad de restringir la cantidad de fotógrafos y prensa en la apertura del periodo ordinario que se llevará a cabo el 1ero de marzo en la Asamblea Legislativa, Adorni afirmó: “No es así, pero lo cierto es que estamos haciendo las avanzadas que es el procedimiento habitual que se hace en todas las presencias del presidente. El año pasado nos acusaron de antidemocráticos y de estar en contra de la prensa y simplemente los movimos de lugar por una cuestión de seguridad. Solo sabemos que será a las 21 horas y saldrán desde Casa Rosada a Congreso. No va a haber ningún cambio más allá de posiciones o esquema de organización”.

Por último, ante el asesinato de una niña de siete años a mano de delincuentes menores de edad el vocero aseguró que “la baja de imputabilidad es un tema en agenda que la propia ministra Bullrich y vamos a trabajar. Lo que pasó en La Plata es una aberración de asesinos independientemente de su edad y no puede seguir conviviendo en sociedad matando gente”.

Luego de ausentarse en la sesión preparatoria que se cayó este lunes por falta de quórum en la Cámara alta, el bloque de senadores de Unión por la Patria, conducido por José Mayans, le reclamó al oficialismo que “debe entender que el Reglamento del Senado está para respetarse”.

A través de un comunicado, desde el interbloque exigieron que “se cumpla el Reglamento del Senado y se respeten las proporcionalidades en cuanto a la conformación de las comisiones asesoras de la Cámara alta”.

“El año pasado, el oficialismo y aliados resolvieron de forma antojadiza ignorar la representación de este interbloque y repartirse las comisiones, incluso las bicamerales, en forma antirreglamentaria. Hasta se dio el caso de algún senador que terminó integrando el exorbitante número de diecinueve comisiones y otro que ostenta la presidencia de dos comisiones, algo prohibido expresamente por el Reglamento”, recordaron de forma crítica.

Al respecto, plantearon que “toda esta situación hace casi imposible el funcionamiento de este Cuerpo Legislativo”, y sugirieron: “Se deben retomar las buenas prácticas políticas, respetar las normas reglamentarias y establecer los acuerdos básicos que posibiliten una marcha institucional adecuada”.

El oficialismo en general y la titular de la Cámara alta en particular sufrieron un revés legislativo este lunes al no reunir el apoyo necesario para llevar a cabo la sesión preparatoria del Senado de la Nación donde se iban a ratificar las autoridades del Cuerpo tal como lo indica el artículo 1° del reglamento de la Cámara, por la ausencia de los senadores por Santa Cruz. Tal como había anticipado parlamentario.com, los senadores de la provincia patagónica estaban dispuestos a hacer nota su disconformidad en esta sesión.

El artículo en cuestión plantea que “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

El encuentro estaba pautado para las 16, pero pasada la media hora la vicepresidenta de la Nación confirmó: “No habiendo quórum damos por levantada la sesión siguiendo el artículo 15 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores”.

Inmediatamente, el senador salteño Juan Carlos Romero hizo uso de la palabra para dejar asentado que las ausencias de los dos senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, “han impedido tener el quórum para esta sesión”. Así, propuso que “ya en el periodo ordinario veamos cómo resolvemos el cargo vacante porque por reglamento las autoridades quedan prorrogadas”.

Al no avanzar con la sesión, por reglamento, se prorrogarán los períodos de las actuales autoridades. De esta manera, el puntano Bartolomé Abdala continuará como presidente provisional del Senado, como así también las tres mujeres que ocupan la escala sucesoria de la Cámara: la kirchnerista neuquina Silvia Sapag como vicepresidenta; la radical santafesina Carolina Losada como vice primera y la cordobesa Alejandra Vigo, de Las Provincias Unidas, vice segunda.

Además, se iba a poner a consideración el reemplazo de María Laura Izzo al frente de la Secretaría Administrativa, por Emilio Viramonte, quien trabaja con la vice hace tiempo. Villarruel quiere que Agustín Giustinian siga como secretario Parlamentario, en tanto que como prosecretario Administrativo seguirían Lucas Clark, y como prosecretaria Parlamentaria la exdiputada radical Dolores Martínez.

La sesión precisaba 37 para el quórum y no se llegó por uno aunque, días atrás, los 38 se habían comprometido a ratificar a las autoridades, salvo la secretaría administrativa.

A la ausencia del bloque de Unión por la Patria que se daba por descontada, a través de sus 34 senadores, se sumaron los dos senadores que responden al gobernador Claudio Vidal. No es casualidad que no hayan bajado al recinto, ya que dicha decisión se da en medio del malestar del gobierno provincial por el Decreto 115/25 que firmó el Gobierno nacional oficializando la creación de Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, que deja atrás la figura de YCRT, siendo que el 51% de las acciones serán del Estado nacional. A su vez, ambos legisladores solicitaban, dentro de la bandeja de opciones, la secretaría administrativa o la presidencia provisional del Senado, ya que no estarían conformes con la designación de Viramonte.

Al Gobierno nacional puede que no le caiga para nada mal lo que sucedió este lunes, enfrentado como está con Victoria Villarruel, cuyo revés más de uno debe haber celebrado en la Rosada. Si bien se presumía que los santacruceños pudiesen jugar con el quórum, no se le ocurrió en Gobierno a nadie levantar el teléfono para consultar al gobernador para ver si había alguna chance de hacer ceder la postura de sus senadores.

La bancada que conduce José Mayans desde el 2023 quería cobrarse lo que le hicieron con el reparto de las comisiones y la falta de conformación de varias de ellas, como la de Banca de la Mujer. “Es la primera vez que en este Senado de la Nación no se conforma una banca históricamente reconocida por otros parlamentos. Creada en el año 2008; jamás la presidencia de este Senado no había conformado esta comisión tan importante para trabajar sobre todo en estos temas”, expresó en la sesión del jueves pasado la senadora camporista Eugenia Duré.

Alberto Fernández se autopercibía “un hombre común” y usaba esa definición como carta de presentación. En un spot de campaña, se definía así: “Soy profesor de la UBA, fana del Bicho y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común”. Ya siendo presidente, en la todavía denominada Twitter, usaba también una presentación similar; recién al final ponía su condición presidencial.

Javier Milei también dice ser un hombre común, que asume la presidencia como “un trabajo” que debe hacer, al cabo del cual se volverá a su casa para dedicarse a leer. En estos días -a modo de defensa ante el escándalo en el que él solito se metió- ha confesado que le cuesta disociar entre el hombre común y el mandatario que es. Está claro que, como cualquiera, se sabe presidente, pero sigue actuando como si fuera el economista excéntrico que era hasta ser elegido para ocupar cargos públicos. Eso, que hasta ahora contribuía a la imagen que quería dar de sí mismo como “ajeno a la casta”, comenzó súbitamente a hacer ruido.

Un ruido que en cambio no hubo cuando en su primer viaje a España como presidente realizó la presentación de su último libro, lo cual podía ser objetado por tratarse de la promoción de un negocio personal que hacía desde su condición tan especial. Pero nadie elevó la voz entonces.

Recién ahora estallaron las alarmas, porque el tema impacta en el mundo virtual donde Milei habita la mayor parte del día, como queda claro por su actividad permanente en las redes sociales. Cosa que exhibe como un activo importante: dice tener como nadie antes una percepción muy especial de lo que piensa la gente por la atención constante que le dedica a las redes.

Milei siempre alardeó de que los poderosos pagaban por escucharlo, lo cual le daba la posibilidad de no vivir de su dieta de diputado (que sorteaba mensualmente, una modalidad de promoción personal que hacía con dinero público sin que nadie se rasgara jamás las vestiduras por ello). No hay pruebas de que haya sido parte de $Libra; tampoco de que le hayan pagado por promocionarla (él dice que solo la “difundió”). Pero está claro que al defenderse se cuidó de no atacar a quienes promovieron ese negocio. Raro en él.

Los personajes al que Milei se cuidó esta vez de no destratar deslizaron en cambio referencias que le apuntan directamente a la hermana presidencial, el corazón del poder en la Argentina. Imposible que Milei vaya a soltarle la mano, pase lo que pase.

Lo que él mismo definió como “el tridente de hierro”, que componen Milei, su hermana y el super asesor presidencial Santiago Caputo, es insustituible aunque por primera vez los tres quedaron severamente expuestos. En el caso del joven Caputo, por una vez parecía haber quedado fuera del radar de los críticos por no tener aparentemente relación con el tema cripto. Sin embargo entró en escena cuando justamente fue exhibido impúdicamente en el “crudo” de la entrevista de TN que insólitamente se publicó en Youtube. Esa intervención fue uno de los temas que acaparó la discusión popular durante esta semana tan complicada para el Gobierno, y el principal damnificado (aunque nada salva su responsabilidad), Jonatan Viale, feamente expuesto en la ocasión, contó que el propio Caputo lo llamó pidiéndole que lo culpara a él. En efecto, él fue quien intervino la entrevista, pero el periodista se lo permitió y el presidente no se quejó, más bien obedeció la recomendación que su asesor le hizo al oído.

“Claro… claro, sí, obvio”, fue la respuesta presidencial ante la indicación que Caputo le hizo al oído; lejos del “Santiago, eso fue innecesario”, que al día siguiente se le adjudicó haber expresado como reprimenda. Fue parte del operativo de control de daños que se inició a partir de la difusión de la entrevista “completa”, consistente en cargar las tintas sobre Caputo, para limpiar de cualquier responsabilidad de Milei en el episodio.

Así, los funcionarios salieron en línea a “atender” a esa figura central del Gobierno que es Santiago Caputo, con la intención de que éste “se llevara la marca”. Con la venia presidencial, varios le apuntaron, notándose que alguno lo hizo con más ganas que otros, como Guillermo Francos, que de paso advirtió que el joven “aprendió la lección: nadie es superpoderoso”.

Mucho se especuló detrás de este episodio y en lo que la mayoría coincide es en que un error de esas características -el de subir el video completo, no el editado- es difícil que se cometa. En tren de buscar interesados, hasta podría sindicarse al propio gobierno detrás de semejante gaffe, cuestión de llevar la atención a otras direcciones.

Entre las cosas que se dijeron a posteriori, se enfatizó que el joven asesor se había “equivocado”, pues los dichos de Milei que motivaron su intervención no afectaban en nada al presidente. En rigor, no eran inocuos, como está claro que el propio Milei reconoció en ese momento. En la entrevista estaban hablando de la estrategia judicial y Milei involucró a su ministro Mariano Cúneo Libarona -que de hecho se había ofrecido a intervenir- en su eventual defensa. El tema es que el Gobierno ya había decidido que fuera la Oficina Anticorrupción la que se ocupara de la investigación, y ese organismo depende de la cartera de Justicia.

Como sea, el presidente fue imputado por el fiscal Eduardo Taiano en la investigación que se ha abierto por “negociaciones incompatibles con la función pública”. Interviene la jueza María Servini.

Pese a las repercusiones que el escándalo ha tenido en la Argentina y el mundo, la sensación al cabo de la primer semana es la de que el Gobierno la sacó barata. Sobre todo en los mercados, donde no se produjo el impacto que algunos temían; tampoco en la consideración general, pues las primeras encuestas hablan de una baja mínima de la imagen presidencial, aunque la negativa haya crecido y el tema haya prendido en la gente, pues el conocimiento público del caso tiene niveles elevadísimos.

Ni tampoco afectó como se temía en el Congreso, en una semana decisiva donde el Senado debía completar la tarea iniciada en Diputados con las leyes mandadas por el Ejecutivo a extraordinarias. Tan solo se suspendió una reunión en la que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio (hombre de Santiago Caputo, dicho sea de paso) debía presentarse ante los senadores. No era un buen momento para eso. Y más allá de los embates sobre el tema que la oposición (no toda) hizo, el impacto fue moderado.

Lo más importante no se concretó: fue rechazada la conformación de una bicameral investigadora, instancia más viable que el juicio político que no tiene ninguna chance de prosperar ni siquiera en su parte preliminar. La comisión investigadora que quiso poner en marcha el Senado necesitaba doble 2/3: uno para habilitar el tratamiento y el segundo para darle aprobarla. Lo primero lo consiguieron con 53 votos; pero en la segunda votación le faltó a los impulsores de la movida un solo voto. El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, quedó en la picota porque primero votó a favor del debate y después rechazó la comisión. En el bloque argumentó que -obviamente- se lo había pedido su gobernador, el correntino Eduardo Valdés.

El papel de los gobernadores (sobre todo los radicales) fue clave en esa extensa jornada en la que el oficialismo se alzó también con la suspensión de las PASO y el paquete judicial. Aunque no todo vino redondo para el Gobierno, que algo debía resignar y fue la consagración de Ariel Lijo como juez supremo.

Como señal para lo que después vendría, el Gobierno dejó trascender al mediodía del jueves la noticia de que levantaba la sesión del día siguiente para tratar el pliego del juez federal. Y hasta algunos voceros dieron a entender que le soltaban la mano a Lijo, deslizando nombres alternativos.

Dicen que esta semana se publicaría el decreto nombrando en comisión a dos nuevos miembros de la Corte, y entre ellos no estaría Lijo, que ha dicho que no quiere ser nominado así. No por pruritos especiales, sino porque tendría que renunciar a ser juez federal y es probable que en un año se quede sin nada. Pero hay quienes sugieren que nada sucederá esta semana: Lijo, cuyo dictamen ya está, seguiría en la lista de espera, para ver si en algún momento se abren las chances en el Senado. No es un buen momento para que el Gobierno tenga un juez enojado en Comodoro Py, justo cuando empiezan a aparecer causas que lo involucran.

Lo de Manuel García-Mansilla quedaría para fin de año, con la nueva conformación del Congreso y un gobierno que se presupone victorioso entonces.

Es que nada indica que el escándalo cripto vaya a afectar electoralmente a Milei. Hay antecedentes más graves de que en Argentina pasa así: si va bien la economía, lo demás es tolerable. Recordar el “Yomagate”, que involucró nada menos que a la cuñada de Carlos Menem, Amira Yoma, secretaria de Audiencias de entonces, a quien el juez español Baltasar Garzón llegó a pedir su detención por lavado de dinero. Detalles de color: la jueza que intervino en el caso fue María Servini; y el abogado de Amira era Mariano Cúneo Libarona.

Este lunes la Cámara alta volverá a abrir las puertas del recinto para tener su reunión preparatoria, en la que se resolverá sobre las autoridades para este nuevo año parlamentario.

Luego de que el jueves se desarrollara una extensa reunión correspondiente al período extraordinario, en la que se aprobaron cuatro leyes y diversos pliegos, el Senado vuelve a mostrarse activo para confirmar a todas las autoridades. Será a partir de las 16, cuando la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel vuelva a ocupar su sitial, luego de que en la sesión del jueves pasado debiera dejarle su lugar a Bartolomé Abdala, imposibilitada ella de presidir la sesión por estar a cargo del Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

Se espera que sea reconfirmado el puntano Abdala como presidente provisional del Senado, como así también las tres mujeres que ocupan la escala sucesoria de la Cámara: la kirchnerista neuquina Silvia Sapag como vicepresidenta; la radical santafesina Carolina Losada como vice primera y la cordobesa Alejandra Vigo, de Las Provincias Unidas, vice segunda.

En 2023, cuando la sesión preparatoria se adelantó de febrero a diciembre, La Libertad Avanza logró hacer prevalecer sus deseos al conformar una mayoría de 39 que hoy ya no existe. Con la expulsión del entrerriano Edgardo Kueider, ese número se redujo a 38, habida cuenta del retorno a su banca del radical chaqueño Víctor Zimmermann.

Desde 2023 que Unión por la Patria se quiere cobrar lo que le hicieron entonces, y ahora podría aproximarse según cómo vayan a actuar los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que suelen diferenciarse cuando sus reclamos no son atendidos.

Unión por la Patria viene esperando con ganas esta reunión para hacer escuchar sus reproches. Algo se adelantó ya en la sesión del jueves, cuando volvieron a reclamar por la falta de conformación de numerosas comisiones, entre ellas la de Banca de la Mujer. “Es la primera vez que en este Senado de la Nación no se conforma una banca históricamente reconocida por otros parlamentos. Creada en el año 2008; jamás la presidencia de este Senado no había conformado esta comisión tan importante para trabajar sobre todo en estos temas”, expresó ese día la senadora camporista Eugenia Duré.

Ese reproche volverá a hacerse escuchar fuerte este lunes, aunque el oficialismo confía en que la sangre no llegue al río y pueda reconfirmar a todas las autoridades, comenzando por el reemplazo de María Laura Izzo al frente de la Secretaría Administrativa. La reemplazaría Emilio Viramonte, quien trabaja con la vice hace tiempo.

Villarruel quiere que Agustín Giustinian siga como secretario Parlamentario, en tanto que como prosecretarió Administrativo seguirían Lucas Clark, y como prosecretaria Parlamentaria la exdiputada radical Dolores Martínez.

En el marco de la sesión de este jueves en el Senado, la rionegrina Silvina García Larraburu se refirió al llamado a sesión extraordinaria para “tratar proyectos que están lejos de la realidad de la sociedad argentina, mientras ya se incendiaron más de 39.000 hectáreas en la Patagonia y no se declaró la emergencia por parte del Gobierno Nacional”.

Señaló que “el fuego ya afectó más de 300 viviendas, solamente en El Bolsón fueron más de 1000 los evacuados, y tuvimos que lamentar la pérdida de una vida humana. Por otra parte, las pérdidas económicas superan los 500 millones de pesos debido a la interrupción de actividades productivas y turísticas”.

Frente a esta situación, solicitó que se trate el proyecto de su autoría que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional, por 180 días. Además, pidió que se dé tratamiento a otro proyecto suyo que incrementa las penas a quienes cometen incendios.

Por otra parte, consideró que es importante darle tratamiento a una iniciativa que impulsa desde 2022, que incrementa las partidas del Sistema Federal de Manejo del Fuego; como así también al proyecto que establece un Régimen Previsional Diferencial para Combatientes de Incendios Forestales.

El Senado de la Nación sancionó el proyecto de Ley Antimafias, una norma que busca endurecer la lucha en el combate contra las bandas del crimen organizado y fue promovido con fuerza desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

La ley se aprobó en la sesión extraordinaria por unanimidad, con 38 votos positivos. A favor votaron el oficialismo y los bloques dialoguistas (Pro, UCR y provinciales), mientras que los senadores de Unión por la Patria se retiraron del recinto -habían propuesto la vuelta a comisión del texto-, con excepción del santafesino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés, quienes fueron los únicos que acompañaron.

Durante el debate en Diputados, que le había dado media sanción el pasado 1ro. de octubre, el texto original recibió una serie de modificaciones para alcanzar los consensos.

El proyecto había ingresado a la Cámara baja el 16 de abril de 2024, como parte del “paquete Bullrich”, juntos a las iniciativas de ampliación del Registro de Datos Genéticos (ya se convirtió en ley); reiterancia y reincidencia (también tratado en la sesión) y otra sobre resguardo del orden público (tuvo dictamen en Diputados, pero todavía no fue al recinto).

Al abrir el debate como miembro informante, la radical Carolina Losada puso como ejemplo su provincia, Santa Fe, donde “estamos dando una batalla muy dura en contra de las mafias, del narcotráfico, tanto a nivel provincial, como con la ayuda del Gobierno nacional”.

“Me parece que esta es una ley que puede ser una herramienta fundamental contra esa lucha. Para esa lucha que no solamente es necesaria en Santa Fe, sino en todas las provincias”, aseveró,  agregando que “uno de los temas fundamentales del espíritu de esta ley es que se va a todos los eslabones de la banda”.

La presidenta de la Comisión de Seguridad explicó que “esta ley no va solamente contra el que aprieta el gatillo, sino a cada eslabón: desde que comienza la cadena, el que financia a una banda, hasta el último eslabón, que es aquel que a lo mejor con un teléfono, desde un barrio muy lindo, es el que lava el dinero”, convencida de “lo bueno” que todos tengan la misma pena, porque “todos son igualmente responsables”.

La legisladora de la UCR dio detalles de la ley y resaltó la importancia de “atacar donde más duele a estas bandas: en el bolsillo”. “¿Qué permite esta ley?”, se preguntó y respondió: “Celeridad en la Justicia y en la acción de las fuerzas de seguridad”. Además, aclaró que será siempre “bajo supervisión judicial”, que era “la gran preocupación de muchos”.

Por el bloque de Unión por la Patria se expresó el neuquino Oscar Parrilli, quien aseguró que “todos queremos terminar con las mafias, con el contrabando, con las mafias que tienen que ver con la evasión impositiva”, y chicaneó: “Con el manejo de las criptomonedas y las estafas que se hacen con eso”.

Así, criticó que “estas mafias no están incluidas en este proyecto de ley” como “los delitos económicos y todos los delitos que -casualidad- el acusado fue el expresidente Mauricio Macri, como el contrabando por el que estuvo condenado junto con su padre, por contrabando ilegal de autos y la justicia en un fallo inédito lo desligó de la causa”. “Mafia para algunos, no para todos. Otra causa es evasión impositiva, que duerme hace más de 10 años de un blanqueo”, añadió. 

“Ninguno de estos delitos está tipificado en el proyecto, es decir, la ley antimafia no persigue a este tipo de delincuentes”, cuestionó y sumó: “Es un título muy pomposo decir ‘antimafia’ porque en realidad no dice absolutamente nada”. “¿Por qué no vuelve a comisión para que se incluyan otros delitos y se solucione y sea un abordaje integral a todos los delitos y persigamos a todas las mafias?”, planteó y dijo tener “propuestas de mejora del proyecto, porque se debatió en una reunión (de comisión) nada más, se aprobó y se trató tal cual venía de Diputados y no se permitió ninguna observación”.

Último orador, el jefe del bloque Pro, Alfredo De Angeli, hizo un repaso por todos los proyectos aprobados en la sesión y, sobre antimafias, sostuvo: “No puede ser que los mafiosos sigan libres y nosotros tengamos que estar encerrados”. “El narcotráfico ha hecho desastres, un gran daño en Argentina, y las otras políticas que pasaron no se hicieron cargo, hicieron la vista gorda”, recriminó. 

“Hoy tenemos una ministra enfrentando fuertemente a las mafias, al narcotráfico, eso es lo que necesitamos. Y por eso tenemos que darle la herramienta al Gobierno nacional, a la Justicia, para terminar con la delincuencia, y que los argentinos de bien podamos vivir en paz”, finalizó el entrerriano.  

Puntos principales de la ley

La flamante norma tiene objeto "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".

Uno de los artículos que se mantuvo tal cual la versión original fue el que plantea que todo aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita" será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

La ley establece que "la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial", la que "deberá ser declarada por la autoridad judicial competente". Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. "Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal", aclara.

Otro párrafo indica que "para la investigación conjunta de los delitos" abarcados en la ley, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".

"También podrá convocar a los ministerios de Seguridad, o con competencia en Seguridad, de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, en forma coordinada y bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta, brinden asistencia y colaboración en la investigación", agrega.

Por otro lado, respecto del decomiso anticipado, el juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "podrá, aun sin condena, decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas. "El bien decomisado pasará de manera inmediata al dominio del Estado Nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los porcentajes de distribución que establezca la reglamentación de la ley", reza el texto.

A su vez, determina que "en caso de condena, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplirán con la obligación de indemnizar del Título IV del Código Penal de la Nación, hasta el límite del valor económico de los bienes que hubieren recibido por resolución judicial de decomiso anticipado".

En el artículo 4 se aclara que en estos procedimientos judiciales no se aplican los institutos de juicio abreviado.

El artículo 6, en su inciso "a" señala que "declarada la necesidad de una investigación especial" las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de CABA podrán "detener a una persona por hasta 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos" contemplados en la ley "con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente". Esto deberá ser "siempre que exista urgencia fundada".

Además, en línea con el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, "cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial".

NOTICIA EN DESARROLLO

En una extensa sesión, la Cámara de Senadores sancionó en la noche de este jueves la Ley sobre Reincidencia y Reiterancia por unanimidad, con 67 votos afirmativos, en la votación en general. Mientras que, en la votación en particular, los senadores de Unión por la Patria sólo apoyaron dos artículos, referidos al concepto de reincidencia, y se opusieron en el resto, sobre reiterancia. 

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50 y 58 del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia” como “toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” a “situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

La ley fue promovida dentro del denominado “paquete Bullrich”, entre los proyectos impulsados desde el Ministerio de Seguridad, y desde el oficialismo destacaron que tiene por objetivo eliminar la llamada "puerta giratoria" para delincuentes. 

Durante el breve debate, habló en primer lugar el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto, quien señaló que “tenemos una situación de extrema inseguridad que no acompaña al desconocimiento de nadie” y mencionó puntualmente a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde “hay una puerta giratoria a raíz de la demora de la Justicia de resolver causas penales”. “Los sectores vulnerables son los que más sufren la inseguridad”, lamentó. 

Sobre la ley, el riojano defendió que “las restricciones a la libertad que se ponen en esta ley no son nada más y nada menos que los estándares fijados por la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. “La ley viene a poner un marco general sobre cuáles son las condiciones de evaluación para otorgar beneficios” a los delincuentes, agregó. 

Para el libertario, “necesitamos mejorar la justicia, la justicia penal se encuentra sobrepasada; necesitamos la construcción de cárceles nuevas y de institutos que vayan a recibir a los menores con conducta disociada, para evitar que caigan en una escuela de delito; necesitamos que las normas de excarcelación se cumplan” y que estos nuevos conceptos sirvan “para tenerlos (a los delincuentes) alejados de la sociedad mientras dura el proceso penal”. 

“Esta ley va a posibilitar que los jueces tengan que interpretar de una manera más normal y evitar la reiteración de delitos por los mismos actores”, dijo en el cierre y completó: “No podemos desoír el llamado de la ciudadanía de tener normas que la protejan”. 

Desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli manifestó el aval de la bancada a lo referido a reincidencia, que “es volver a una legislación que existía anteriormente”. Aunque propuso una modificación el artículo 2 para que “la suma aritmética sea para los delitos dolosos, pero no para los culposos”, aunque después en la votación en particular no fue aceptada. 

Sobre la propuesta de reiterancia, el neuquino criticó que “esto es producto de la ministra de violencia institucional, la señora (Patricia) Bullrich, que le parece que metiendo más gente presa preventivamente y supuestamente porque ha reiterado un delito, delito que no se ha investigado, que no ha tenido sentencia y proceso, pero por el solo hecho establece la negativa de la excarcelación”. 

El kirchnerista puso como ejemplo que, con esta ley, “(Javier) Milei está sospechado de haber cometido el delito de una estafa que realizó con las criptomonedas. Y hay dos casos anteriores en los que hizo lo mismo, antes de ser diputado y otra siendo diputado. Si un fiscal lo empieza a investigar lo puede meter preso, porque es reiterante”. 

“Lo grave es que esta reiterancia quiere utilizar esto como control social, lo dice expresamente en varios artículos de la ley”, advirtió y apuntó que podría afectar a quienes participen de protestas sociales. Parrilli cuestionó que se trata de “seguir llenando las cárceles de procesados sin condena”. 

En el final, el presidente de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, preguntó: “¿Estamos del lado de los que delinquen o estamos del lado de los ciudadanos argentinos de bien que trabajan y honestamente mantienen este país? ¿Estamos del lado de los que delinquen o estamos del lado de las víctimas? ¿Queremos ser cómplices de la puerta giratoria y de los delincuentes o queremos que el que las hace las paga? Este es un punto no negociable para nuestro Gobierno”. 

El jujeño enfatizó que “los argentinos estamos cansados de ser rehenes de la delincuencia”. “La provincia de Buenos Aires es literal un baño de sangre”, expresó y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en cuyo distrito “hay robos a toda hora, cometidos en su mayoría por personas con antecedentes penales”. “No podemos seguir permitiendo la puerta giratoria”, afirmó. 

La Cámara de Senadores aprobó este jueves la iniciativa que instituye el juicio en ausencia, Inspirada por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, volada el 18 de julio de 1994, como así también en un atentado similar realizado dos años antes contra la embajada de Israel en la Argentina.

Se trata de una instancia que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como es el caso de los ataques cometidos contra objetivos israelíes en Buenos Aires hace más de tres décadas. La aprobación se alcanzó con 46 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones. El bloque de UP nuevamente votó de forma dividida.

Junto con el oficialismo votaron la UCR, el Pro, los dos senadores de Unidad Federal (Carlos Espínola y Alejandra Vigo), los del Frente Renovador de la Concordia (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los monobloquistas Mónica Silva (JSRN), Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatríz Ávila (Justicia Social) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Los votos que aportó la bancada de UP fueron de Daniel Bensusán, Lucía Corpacci, Juan Manzur, Sandra Mendoza, Carolina Moisés, Gerardo Montenegro, José Neder y Fernando Salino.

A través del proyecto se modifica el Código Procesal Penal en el artículo 104, estableciendo que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, se establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, el proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

El debate

El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto, fue el miembro informante habló de la necesidad de aggiornar el Código Penal, por cuanto “hoy existen otro tipo de delitos que antes no existían”. El legislador riojano aclaró que el juicio en ausencia “no es una cuestión nueva, tampoco algo que se haya traído porque sí. Por el contrario, es algo que está vigente en Alemania, Austria, Francia, Italia, entre otros países”.

“Todos estos países han producido juicio en ausencia, con lo cual se va a tratando de adelantar y que la administración de justicia no quede paralizada por la falta de extradición en algunos casos, por la prófuga en otros”, señaló.

El miembro informante precisó que “en la Argentina tenemos varios casos. Quizá los más emblemáticos sean la embajada de Israel y la AMIA, pero también hay otros, como los delitos cometidos por los mapuches… Que Jones Huala va de Chile al interior y no se lo puede juzgar, y esto conspira contra la soberanía que tiene el Estado y la administración de justicia, demorando in eternum juicios”.

Para Pagotto, “hay que poner coto a situaciones de justicia que han producido impacto en la sociedad. Estamos debiendo respuestas a víctimas”.

Sobre el final, señaló que “tenemos una necesidad de adaptarnos al mundo para terminar con estos bolsones de impunidad”, y agregó que “el juicio en ausencia está en todo el mundo, no creo que sea un problema aprobarlo. Desde el mismo momento que no hay ningún instrumento internacional que lo prohíba”.

A continuación, Oscar Parrilli reprochó a Pagotto no hablar del proyecto en sí mismo, sino hacer generalizaciones. “Esta es una ley que tiene nombre propio; es una ley que supuestamente tiene a cerrar una herida de ese terrible atentado que sufrimos los argentinos y especialmente la comunidad judía, como fue el atentado a la AMIA”.

“Y lo que se intenta hacer es más que cerrar las heridas, profundizarla”, agregó. A su juicio, “no se va a terminar la historia con esta ley, porque la deuda que tenemos ese buscar a los verdaderos culpables de este atentado”.

Parrilli expuso así los rechazos que existen desde el kirchnerismo hacia este proyecto de ley, pero no solo de ellos sino de otros sectores, como los integrantes de Memoria Activa, para quienes este proyecto “no busca la verdad, sino que está diciendo ‘no discutamos más, condenemos a los que los organismos de inteligencia (no la justicia) han determinado que serían los posibles responsables de ese terrible atentado”.

En su discurso citó incluso a Alberto Nisman, a quien se refirió diciendo que “hubo un fiscal que tuvo un terrible final, que fue quitarse su propia vida… Pero dejemos de lado eso, vayamos al tema específico”.

Parrilli hizo sus reparos en referencia a embajadores israelitas que dijeron que sabían quiénes habían sido los autores, “y que ya no estaban más". Con eso quiso explicar que la investigación que se hizo no era la correcta y no necesariamente los responsables sean los sindicados por la investigación vigente. De hecho, agregó, “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la Argentina no había investigado y la orden que le daba a la Argentina era que investigara, reabriera la causa, determinara con claridad los hechos, que no valía un juicio en ausencia”.

Para Parrilli, hubo avances en los últimos 8 o 10 años. “Es falso que la investigación esté paralizada. Lo que se ha dejado es que los organismos de inteligencia intervinieran en la investigación”.

Luego se refirió al memorándum con Irán. Dijo que cuando el Gobierno de Cristina Kirchner firmó el memorándum con Irán, “en realidad el objetivo era poder tomarle declaración indagatoria a aquellos ciudadanos iraníes que estaban siendo acusados. Ya se sabe qué pasó, no se pudo hacer nada de eso. Pero ese fue el objetivo del memorándum y después se desvirtuó todo”.

Agregó que Irán es uno de los países que no extraditan a sus connacionales, “por eso se hizo el memorándum con Irán”. “Es muy burdo hacer esto para dejar contentos al diario Clarín, a La Nación y algún dirigente de la comunidad israelí, agregó.

A su turno, el cordobés del Pro Luis Juez señaló que “esta no es una ley para resolver el problema del atentado de la AMIA. Esta es una ley que nos permite pararnos frente al terrorismo internacional de otra manera. Es una mirada muy miserable pensar que esto es para resolver ese problema”.

“No hay forma de iniciar la vida hasta que los responsables que causaron ese daño han pasado por la justicia, tenemos ciento de familias que no le permitimos hacer el duelo”, indicó. Juez le retrucó a Parrilli: “Lo escucho hablando con tanta liviandad de un tema tan profundo, han tenido responsabilidades porque han gobernado este país, han gobernado los servicios de inteligencia, tuvieron la justicia, pusieron los fiscales los jueces. Se llevaron puesto al fiscal de la causa”.

Juez embistió: “Es una falta de respeto decir que esto es para dejar contento a una parte de la colectividad. Los mismos autores de ese mamotreto del memorándum de la AMIA que vengan a decirnos que discutir un juicio en ausencia es una torpeza absoluta. Dejemos de ofender a la gente”.

“Es la única mecánica que tienen los países que combaten el terrorismo. Los tipos no van a venir acá a reconocer que metieron la bomba, pero tiene que saber que en este país se los va a perseguir y se los va a condenar. El terrorismo tiene que saber que la Argentina no va a convalidar nunca estos terrorismos. Esto pretende decirle al mundo que a partir de ahora el país tiene una ley para juzgar en ausencia a los terroristas que se les ocurra venir al país. Resolver para atrás y mirar hacia adelante como tienen los países serios de combatir el terrorismo y no pactar con ellos”, sostuvo el senador del Pro y pidió “resolver el tema” porque “nos tiene que dar vergüenza que como dirigentes políticos no hicimos nada desde ese fatídico marzo”.

Juez remató: “Están más preocupados por el derecho de los terroristas que de las víctimas, es una locura. Hay que reparar el daño”.

El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) criticó a UP porque “la argumentación que dan es la defensa del Memorándum con Irán. Están defendiendo esa atrocidad”, y sumó: “No es verdad que no haya pruebas. Ojalá el kirchnerismo se hubiese preocupado para que los servicios de inteligencia fueran eficientes. Creo que la justicia llegado el caso va a condenar como cualquier condena”.

Por el lado radical, se expresó el bonaerense Maximiliano Abad quien afirmó: “Este proyecto es una señal muy fuerte, contundente de que la Argentina no pacta con el terrorismo. Que si en nuestro país comenten un acto terrorista los vamos a ir a buscar y si no compadecen ante tribunales los vamos a juzgar”.

“Esto es determinante porque esta iniciativa echa luz sobre una palabra que generó y sigue generando daño en el país que es la impunidad. Las causas por los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA dan cuenta de cuán arraigada está en nuestra sociedad la impunidad, la falta de explicaciones y la ausencia de condenas”, planteó y cerró: “Con la aprobación de esta ley se va a poder avanzar en juicios contra ciudadanos iraníes que perpetuaron ataques terroristas en nuestro suelo y llevan décadas prófugos de la justicia. Es un gran avance institucional, el fortalecimiento institucional es un prerrequisito para avanzar hacia el desarrollo y modernidad”.

El titular del bloque de UP, José Mayans, señaló que en el país hay un problema que es “la falta de credibilidad a la justicia”, procedió a brindar datos de una encuentra realizada por el diario La Nación donde arrojó que un 50% de la población respondió ‘poco confiable’, ‘nada confiable’ el 40%: “El 90% de los argentinos no confían en la justicia porque hay una abierta manipulación en casos simples”.

Mayans recordó que cuando se trató el Memorándum con Irán salió aprobado en ambas cámaras y apuntó: “Estos temas son tan tristes que no hay que manipular como se lo está haciendo políticamente”, y concluyó: “Esto no va a traer la solución, va a traer una alta manipulación de culpar a cualquiera con una justicia como la que tenemos”.

Los pronósticos se cumplieron y en la sesión extraordinaria de este jueves en el Senado el Gobierno logró ver convertirse en ley el proyecto para suspender las elecciones PASO de este año, en una votación que al igual que en la Cámara de Diputados dividió a la bancada de Unión por la Patria. 

Los 43 votos a favor que cosechó la norma se repartieron de la siguiente manera: 11 de UP, 8 del Pro, 8 de la UCR, 6 de La Libertad Avanza, 5 de Las Provincias Unidas, 2 del Frente Renovador de la Concordia Misionero, 2 de Por Santa Cruz y 1 de Juntos Somos Río Negro. 

El jefe de UP, José Mayans, se opuso, mientras que su par María Teresa González (ambos responden a Gildo Insfrán, aunque el formoseño es muy cercano también a Cristina Kirchner), votó a favor. El trío santiagueño, bajo las órdenes de Gerardo Zamora también aportó: hablamos de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, José Neder y Gerardo Montenegro. Por Catamarca, Raúl Jalil intervino detrás del apoyo de Guillermo Andrada. 

Aunque se encuentra en distancia con Osvaldo Jaldo, el tucumano Juan Manzur votó a favor de suspender las PASO, al igual que su comprovinciana Sandra Mendoza. 

Los “sin techo” de UP que se inclinaron por avalar la ley fueron el sanjuanino Sergio Uñac, el salteño Sergio "Oso" Leavy, el puntano Fernando Salino y la jujeña Carolina Moisés.

De los 20 votos en contra, 15 correspondieron a UP, 4 a la UCR y el restante fue del exoficialista Francisco Paoltroni. 

Por el bloque radical, que mostró una segunda fractura durante la jornada (la primera fue respecto a la comisión investigadora por el caso $LIBRA), votaron negativamente el porteño Martín Lousteau, el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y el fueguino Pablo Blanco.

En tanto, las 6 abstenciones fueron de UP: el pampeano Pablo Bensusán, la catamarqueña Lucía Corpacci, la rionegrina Silvina García Larraburu, el santafesino Marcelo Lewandowski, y los riojanos Florencia López y Jesús Fernández Rejal. 

Las tres ausencias correspondieron a Nora del Valle Giménez (Salta-UP), Celeste Giménez Navarro (San Juan-UP) y Carolina Losada (UCR-Santa Fe).

El Gobierno nacional logró su principal objetivo de las sesiones extraordinarias con la sanción por parte del Senado de la ley que suspende las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año, tras recibir 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones.

Al igual que sucedió en la Cámara de Diputados, la bancada opositora de Unión por la Patria se dividió y un total de 11 miembros votaron positivamente, mientras que 6 se abstuvieron. La marca de los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Catamarca, Raúl Jalil, se vio nuevamente reflejada en el tablero. Gildo Insfrán, de Formosa, aportó un poroto, y por Tucumán, gobernada por el aliado Osvaldo Jaldo, también hubo ayuda. Pero también acompañaron otros legisladores del espacio que no precisamente obedecen a un mandatario provincial, como el sanjuanino Sergio Uñac, el salteño Sergio "Oso" Leavy, el puntano Fernando Salino y la jujeña Carolina Moisés.

El bloque radical también se fracturó ya que los senadores Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Pablo Blanco votaron en contra.

Las abstenciones de UP fueron del pampeano Pablo Bensusán, la catamarqueña Lucía Corpacci, la rionegrina Silvina García Larraburu, el santafesino Marcelo Lewandowski, y  los riojanos María Florencia López y Jesús Fernández Rejal.

El Poder Ejecutivo había enviado a la Cámara baja en noviembre pasado un proyecto para directamente eliminar el régimen de las PASO, además de un cambio en la constitución, caducidad y financiamiento de los partidos políticos. Sin los consensos necesarios con la oposición dialoguista para avanzar en tal reforma, aceptó finalmente la opción de la suspensión. Desde el oficialismo insistieron en reiteradas oportunidades que la no realización de estos comicios representará un ahorro de 150 millones de dólares.

De esta manera, los argentinos no irán a las urnas en agosto de este año para definir internas a nivel nacional en lo que respecta a la elección de precandidatos a diputados y senadores nacionales, sino directamente se irá a las elecciones generales en octubre, instancia en la que debutará la Boleta Única de Papel.

De acuerdo a la flamante norma, se suspenden las PASO, contenidas en la Ley 26.571, “y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente sobre la materia referida a su organización y realización”.

A su vez, se indica que para el proceso electoral 2025 “regirán los plazos estipulados por el Código Electoral Nacional, la ley 23.298 y demás normas electorales contados a partir de los 10 días antes de la fecha de la elección general”. “La Cámara Nacional Electoral publicará el cronograma correspondiente”, agrega.

El debate

Miembro informante del proyecto, la cordobesa Alejandra Vigo hizo un repaso histórico de todas las reformas políticas impulsadas durante esta era democrática, con la creación de las PASO y también los intentos para suspenderlas o directamente eliminarlas, por ejemplo, en tiempos de pandemia, cuando se alteró el cronograma electoral postergando fechas de elecciones.

“Son muy pocos los espacios que en algún momento han tenido la posibilidad de resolver su propia interna con más de una lista en un mismo espacio”, señaló, observando que cuando no hay competencia se deben hacer igual, “representando para la opinión pública un anticipo de la fortaleza electoral que podría lograr ese espacio en la contienda electoral”.

Así las cosas, consideró que las PASO “resuelven aspectos de la vida política y para la política, no así para los ciudadanos”. Y remarcó que es común que en cada agosto se presenten listas únicas. “No resuelve el sistema lo que objetivamente se proponía, y los ciudadanos deben ir a votar así no haya dos opciones de listas”, se quejó, recordando que el texto mandado por el Ejecutivo señala que “la participación ciudadana en las PASO ha bajado 10 puntos desde su primera implementación, y con su eliminación se retoma para los partidos políticos la libertad de elegir las autoridades de su propia organización”.

Vigo cerró diciendo que “la ciudadanía va a advertir que este gasto solo sirve para definir las internas en la política”.

En su intervención por parte de Unión por la Patria, el pampeano Daniel Bensusan recordó que ya había dicho en su momento que las PASO eran inviables. Admitió que todo indicaba que las PASO serían suspendidas y si eso sucedía le recomendó al Gobierno aprovechar para “empezar a capacitar a la ciudadanía, que no tiene ni idea de cómo votar con la Boleta Única de Papel”.

“Apúrense con la licitación de quién va a imprimir; no vaya a ser cosa que no haya más tiempo y le terminen dando a una empresa amiga de la hermana, del asesor, del amigo… Después no nos vengan a correr con la vaina y tengan que empezar con la licitación indirecta”.
Bensusán confesó que le gustaría estar discutiendo otros temas, por ejemplo sobre las provincias que “están siendo relegadas permanentemente por este Gobierno nacional. Yo quiero discutir el presupuesto; que venga el ministro a informar qué corno hizo con los recursos”. Y cerró preguntando cuánto dinero no repartió el Gobierno entre las provincias. “Ochocientos once mil millones de pesos en 2024, que eran fondos de las provincias que se guardó Milei”.

Previsiblemente, el radical Pablo Blanco se manifestó en contra de la suspensión de las PASO, que consideró un sistema válido para “que cualquier ciudadano pueda presentarse a consideración de la ciudadanía sin contar con la estructura de un partido".

Se quejó por el intento de la modificación de las PASO diciendo que el Gobierno rompió con la "tradición democrática" de no modificar las reglas del juego en año electoral. "No sé en qué punto estamos en un sistema democrático", sentenció.

Discrepancias entre catamarqueños

Tal cual se presumía, el senador de Unión por la Patria Guillermo Andrada se manifestó a favor de suspender las PASO y recordó que el gobernador de su provincia, Catamarca, tiene una postura histórica en ese sentido: que los partidos políticos tienen que resolver sus candidaturas. “Yo estoy de acuerdo con eso también”.

“No es que estemos actuando en forma coyuntural; también el gobernador ha presentado en nuestra provincia un proyecto para suspenderlas”, advirtió, asegurando que su voto “no es sorpresivo”, sino “consecuente con el gobernador que representa mi provincia”, y aseguró que vamos a acompañar todas las medidas de austeridad que sean buenas para nuestro país”.

Habló a continuación el representante radical de esa provincia, Flavio Fama, anticipando que votaría en contra de la suspensión. Detalló todos los elementos por los cuales se argumentaba en contra de las PASO, tales como que las mismas pertenecen a la casta, o que el presupuesto hay que cuidarlo. “Y lo entiendo, es que estos argumentos solo están usados para encubrir los motivos reales que tienen para eliminar las PASO”, señaló. Porque dijo que el tercer elemento que se maneja es que la gente no quiere ir a votar. “Dicen que el 70% no quiere ir”, citó Fama, tras lo cual sostuvo en favor de las PASO que son “un instrumento democrático que le da legitimidad al proceso electoral, que permite que los ciudadanos no sean prisioneros de la lapicera de los partidos políticos. Y le da la posibilidad a los votantes de poder elegir dentro de las fuerzas a las que adhieren cuál es el mejor candidato que los puede representar”.

Respecto de que la gente está cansada de ir a votar en las PASO, Fama dijo que “la gente está cansada de la clase política, que no le ha sabido dar respuestas al pueblo argentino, por eso estamos como estamos”. Para Fama, “en realidad la intención es eliminarlas, no suspenderlas”, y sostuvo en cambio que la ley merece ser cambiada, por ejemplo que sean optativas. Y sobre el argumento económico, se preguntó “qué vamos a hacer con esos 150 millones de dólares, ¿adónde van a ir a parar?”.

A su turno, la jujeña Carolina Moisés (UP) también se mostró favorable a la suspensión, e insistió en que “hay una molestia de la sociedad argentina, no con la democracia, ni con la política, sino con los partidos, que no se han democratizado más por tener las PASO”.

Empero, aclaró que votaría a favor de la suspensión por este año. “A cuenta de que seamos capaces de construir para 2027 un proceso más accesible y representativo en la cual la sociedad argentina pueda confiar. Si vamos a tomar esa decisión, que no sea para pasar la motosierra a la democracia, sino para flexibilizar el acceso a la misma y comprometernos a ser mejores”.

La senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri se manifestó a favor de la continuidad de las PASO, a las que defendió enfáticamente, asegurando que democratizan a los espacios, transparentan y permiten que nuevos dirigentes den la batalla dentro de sus partidos. “Mejoran el sistema democrático”, enfatizó.

Sin embargo, en un momento de su discurso planteó su duda existencial: ¿Por qué acompañar el proyecto? “Porque el Gobierno las quiere eliminar, porque el presidente tiene un partido que es él y su hermana, y al que piensa distinto lo echan… Yo estoy en un partido político en el que hace un año opino distinto; acabo de votar en contra del resto y no fui expulsada”.

“No hay nada más casta que eliminar las PASO, porque significa que hay uno o dos para poner al candidato que se le ocurra. Eso es casta política. Lo que quiere hacer el Gobierno es eliminarlas, porque son casta política”, afirmó. Pero agregó que “este año probablemente ninguno vaya a las PASO. Yo creo que hay que mejorarlas para que no sean solo una encuesta nacional”, admitió. Y cerró: “Como quiero preservar la herramienta y no quiero que la expongan a una situación que terminen diciendo que son una porquería, es que voy a acompañar la suspensión por única vez, pero contrariada, entendiendo que lo único que a ustedes les importa es eliminarlas, porque son casta”.

En contra de la suspensión se manifestó el radical bonaerense Maximiliano Abad, para quien “lo que estamos debatiendo en este recinto es cuán importante es para cada uno de nosotros la participación ciudadana en la Argentina. Estamos debatiendo si queremos un sistema electoral que promueva la participación ciudadana en las candidaturas, o si queremos un sistema electoral que amplía el margen de acción de las cúpulas partidarias”.

“Mi voto en este tema es mucho más que un posicionamiento, está cargado de valores, de principios que me formaron como persona y militante. Estoy a favor de la democracia participativa, del empoderamiento de la sociedad. No defiendo las PASO como un sistema perfecto, creo en los cambios”, señaló Abad, para quien “las primarias ordenaron las competencias hacia el interior de las fuerzas y permitieron la conformación de coaliciones con partidos que tienen distintas estructuras y distinta participación territorial y geográfica. Y las deficiencias que tienen deben ser corregidas con propuestas superadores”.

También en contra de suspenderlas se manifestó Martín Lousteau, para quien la consecuencia es “volver a algo opaco, que vuelvan a ser seleccionados a dedo, en la opacidad y la oscuridad de los partidos políticos”.

“Las PASO permiten armar una estructura de cara a la gente”, dijo, y manifestó su asombro ante la postura del Pro señalando que “fue gobierno gracias a las PASO.

Contrario a la suspensión, el formoseño Francisco Paoltroni recordó en su intervención que “nunca estuvo en la agenda de La Libertad Avanza suspender las PASO. Esto es lo más casta de la casta. Y el presidente se tiene que tapar los oídos con cera, porque está escuchando cantos de sirena, y es el canto de la casta, que lo está llevando por el peor de los caminos, por el camino de Lijo, por el camino de las criptomonedas, por el camino de la suspensión de las PASO”.

El cierre del debate estuvo a cargo del jefe del bloque libertario, el jujeño Ezequiel Atauche, quien resaltó que el proyecto es “muy esperado y pedido por la sociedad”. “No es casualidad que estemos debatiendo esta medida por el amplio apoyo que tiene este proyecto de suspensión de la mayoría de los argentinos que interpretan que ir muchas veces en el año a votar y gastar millones de dólares en votaciones que no suelen resolver nada”.

“Esto es parte de un proceso de transformación histórico que venimos haciendo desde el Gobierno que incluye la desburocratización, la disminución del Estado, reformas lógicas de estabilidad económica, y empezar a cuidar el bolsillo de los argentinos porque no se puede gastar más de lo que entra”, resumió Atauche.

El jujeño remarcó que desde la implementación de las PASO fueron “un mecanismo costoso y poco efectivo. Es una encuesta cara financiada por todos los argentinos para que los partidos políticos que no pueden definir sus internas tengan que utilizar este elemento que le cuesta mucho dinero a las personas, para definir sus problemas internos”.

Así, detalló que “en la mitad de las elecciones PASO que existen desde 2011 al 2023 directamente no hubo primarias porque todas las alianzas fueron con una sola candidatura. El resto de las elecciones fueron primarias ficticias, hechas solamente para legitimar a los dueños de las lapiceras en cada alianza”.

El titular del bloque libertario indicó que desde el 2011 solo hubo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas en las PASO presidenciales. “El 40% alcanzó el umbral de 1,5% de los votos para participar, esto es un abuso del sistema, de los curros, con los votos truchos, con las imprentas. En las PASO 2023 solo de impresión de boletas hubo 8 mil millones de pesos. La suspensión de las PASO nos va ahorrar millones de pesos que son fondos que se pueden usar en cuestiones útiles para los argentinos y no para la casta política”.

“Las PASO fueron pensadas como una herramienta para aumentar la trasparencia, generar mayor participación ciudadana, sin embargo, desde 2023 hasta ahora hubo un promedio de un 10% menos de participación”, criticó y cerró: “Ningún país de la región tiene PASO y opinamos que el Estado no tiene por qué meterse en internas partidarias”.

No con una larga lista de oradores, pero sí con algunos discursos picantes, senadores de Unión por la Patria aprovecharon el tramo de las cuestiones de privilegio en el comienzo de la sesión de este jueves y apuntaron contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, entre otros funcionarios, por el escándalo $LIBRA. También criticaron duramente a los miembros de otros bloques dialoguistas por ser “colaboracionistas” del Gobierno. 

“Este es un evento que le da el golpe de gracia final al relato de la lucha contra la corrupción que ha formado Milei y su banda”, arrancó el jefe del principal interbloque opositor, José Mayans. “Después de esto es imposible reponerse”, siguió y señaló que “tenemos un presidente que se justifica, que dice que él actuó como economista, recomendando esta memecoin, pero que no lo hizo como presidente. Por supuesto que es presidente las 24 horas, parece que nunca entendió eso”. 

Para el formoseño, “todo esto empieza a caerse con un senador (en referencia a Edgardo Kueider) que llevaba a Paraguay 200 mil dólares y después aparece con su novia joven comprando seis departamentos. Acá se compraron voluntades para hacer una ley que entrega el patrimonio nacional”. Y denunció que el entrerriano “sigue teniendo protección de los servicios de inteligencia argentino, ¿por qué? Y porque claramente no es conveniente que cante”. 

Mayans reclamó que “tenemos temas que son fundamentales para el país que se niegan a tratar” y “el ministro de Economía (Luis Caputo) se niega a venir al Parlamento a explicar el Presupuesto o por qué tenemos 100 mil millones de dólares más de deuda”, mientras “hay un presidente que está dedicado a la joda; se dedica a conformar una banda para cometer una estafa”. 

“Decían que iban contra los corruptos, contra la casta, ¿qué van a decir ahora? El corrupto número uno está sentado en la Casa Rosada, dedicándose a la joda, formando fondos para estafar a la gente”, lanzó.

En alusión a la entrevista de Milei con Jonatan Viale, el legislador opinó: “Muchos dicen que fue mala la entrevista, yo digo que fue espectacular, porque se mostró todo. No tiene desperdicio la autoincriminación que hizo el presidente y las barbaridades que dijo”. “(Juan Domingo) Perón decía que las instituciones empiezan a pudrirse por la cabeza, bueno, acá el pescado podrido está por la cabeza; un presidente que ha montado una estafa, aplicando políticas que deterioran todo el sistema social argentino”, sumó. 

Después, al hablar del editorial de Viale -por los cuestionamientos ante la interrupción de Santiago Caputo en la entrevista-, el senador dijo que “nos enteramos de toda la corrupción, de lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta con la plata de la Ciudad”. “Y Rodríguez Larreta después le dice a Milei ‘me hinchaste las pelotas’, y acá viene la senadora representante (en alusión a Guadalupe Tagliaferri), y está dando quórum. Vergonzoso”, disparó. 

Al hablarle a sus pares de la oposición dialoguista, Mayans pidió: “No hablen más de la corrupción, ¿qué están esperando? ¿Que estalle el país? Porque el presidente confesó ser un corrupto y la hermana otra corrupta. Para qué quieren armar la comisión investigadora, ¿para investigar o para dilatar? ¿Para que no pase nada? ¿Para poner a ‘Camau’ (Espínola) de presidente de la comisión? ¿Para darle transparencia? Y van a aparecer 20 departamentos más en Paraguay. Un nivel de corrupción espectacular. No hablen más de corrupción, están inhibidos de hablar de corrupción porque tienen un presidente corrupto”. 

Muy dura también, Juliana Di Tullio apuntó contra Milei y su hermana Karina. “Me siento agraviada como senadora de la Nación y este Cuerpo que debería sentirse agraviado”, expresó y habló de “un presidente que estafa a la luz de todos los argentinos y de todos los senadores que estamos acá”. “La verdad que nos hizo quedar pésimamente mal y tenemos que hablar en nombre de los argentinos, nos hizo quedar espantosamente mal. Este Gobierno es un gobierno de estafadores”, enfatizó. 

“Me extraña que se haya abierto el recinto con la colaboración de todos los bloques políticos que dicen llamarse opositores dialoguistas, creo deberían llamarse como son: son oficialistas a este Poder Ejecutivo estafador, son cómplices, son parte, le abrieron las puertas a un tema que nos puede interesar a nosotros, pero que no le interesan al pueblo como es la suspensión de las PASO”, cargó contra senadores del Pro, la UCR y fuerzas provinciales. 

La jefa de Unidad Ciudadana denunció que “le abren el recinto al presidente Milei porque es su agenda, porque quieren darle una aspirina a esta situación que es grave, gravísima, de toda gravedad mundial”. “El presidente piensa a la Argentina como un casino, eso les propone el presidente a los jóvenes, tragarse el dinero”, cuestionó. 

La bonaerense reclamó que en este “escándalo político, financiero, judicial, por la memecoin $LIBRA no escuché a ninguno de los 37 del oficialismo expresarse y tuvieron que llamar a un compañero porque se quedaban sin quórum”. “Dijeron ‘¿quién podrá defendernos’ y vino el Chapulín Colorado, que es el senador del Chaco (Víctor Zimmermann) a darles número y a ayudarlos”, chicaneó sobre el regreso del radical. “Una vergüenza, todo esto es para poder tapar este escándalo que no se puede tapar, no lo van a poder tapar”, continuó. 

La legisladora K afirmó que “el presidente vulneró el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera que veda toda publicidad o acción tendiente a captar recursos públicos por parte de personas no autorizadas”. Sobre la entrevista de Milei dijo que fue “pautada, escandalosa, horrible” y que el presidente “no se anima a hacer una conferencia, no se anima a dar la cara frente a los argentinos”. “¿Cómo le abrieron el Congreso los senadores a este presidente antes de que diera explicaciones?”, volvió a reclamar. 

“El presidente promocionó un token con un memecoin -no difundió- para estafar a 44 mil personas, cuatro vivos se quedaron con la guita. Este Congreso tiene facultades para investigar, además de la justicia. Hay 120 denuncias en menos de 48 horas y el presidente ni su hermana se presentaron ante la justicia”, resumió y agregó: “El presidente dijo que el ministro de Justicia va a hacer una comisión para investigar. ¿Quiénes son los que van a investigar? No lo dice. ¿Es una joda esto? ¿La Oficina Anticorrupción? Esto no va, no camina. El presidente se fue a Estados Unidos sin haberse presentado ante la justicia, para dejar tranquilo al pueblo argentino de que el presidente está decidido a que esto se investigue. Tiene miedo Milei, fue a buscar refugio, huyó”.

En el cierre, Di Tullio sostuvo: “Frente a esta estafa del presidente y del Gobierno me da mucha pena que el Senado de la Nación no esté a la altura de las circunstancias, que estemos dándole la espalda al pueblo argentino para que 38 senadores ayudan al presidente Milei. Son todos oficialistas, ¿van a asumir también la defensa en este caso? Me siento agraviada y quería hablar en nombre de los millones de argentinos estafados por el presidente Milei y su hermana”.

En la sesión, también planteó una cuestión de privilegio contra Milei la senadora Alicia Kirchner, quien habló de “estupor y vergüenza por lo que ha pasado en los últimos días con la memecoin; realmente, que nuestro presidente esté promoviendo o difundiendo esto, es absolutamente inadecuado”. “En el mundo cripto un token tiene un valor cuando se inicia de un 10% y después sube en función del libre mercado. Pero acá, al segundo cero, ya estaban absolutamente manipuladas las transacciones que fueron millonarias”, continuó. 

Para la legisladora de UP, este hecho “perjudicó no sólo a nuestro país, sino la imagen en el mundo”, y criticó que la situación se da mientras que en el país “hay industrias que cierran”. Sobre esto, la exgobernadora santacruceña apuntó que en su provincia “YPF se retira, dejando entre 2.200 y 2.500 familias sin trabajo”. Además expresó su preocupación “por las represas de Río Santa Cruz, que hace un año que no funcionan y hay 2.200 trabajadores que no perciben salario” y respecto a YCRT. 

Al plantear una cuestión de privilegio contra Milei por el accionar del Gobierno nacional en relación a los incendios en la Patagonia, la rionegrina de UP Silvina García Larraburu cuestionó que el mandatario haya actuado “jugando al influencer internacional” en el Día de los Enamorados y “el sábado, el pueblo argentino se levantó desayunándose con lo que luego se llamaría el criptogate y este desfalco de más de 100 millones de dólares que los va a terminar pagando el pueblo”. 

A su turno, la neuquina Silvia Sapag leyó el posteo publicado por Milei el pasado 14 de febrero y recordó que fue compartido por otros referentes libertarios, entre ellos los diputados Lilia Lemoine, José Luis Espert y Martín Menem. “Hubo 75 mil estafados por un total de 284 millones de dólares”, afirmó y mencionó la larga lista de países donde habría habido afectados, entre ellos Alemania, Australia, Bélgica, China, Estados Unidos. 

“¡Qué vergüenza! Somos famosos a nivel mundial gracias a nuestro presidente que estafó a 75 mil personas. ¡Mentira que era para beneficiar a las PyMEs! El presidente es parte de la organización de lanzamiento, Milei siempre estuvo al tanto y sabía muy bien que nada era para apoyar a los emprendedores”, enfatizó la senadora de UP y reclamó: “Esto es tremendo, nosotros no podemos no hacernos eco de lo que está sucediendo en nuestra Patria”. 

Al reclamar al Gobierno por el retiro de Argentina de la OMS, la catamarqueña Lucía Corpacci también hizo referencia al escándalo cripto. “Este presidente forma parte del mayor escándalo que recuerda el país. No voy a decir más de lo que dice la prensa, no voy a decir más de lo que vi en los medios. Cuando lo acusan a él de que pudo haber sido, él dice ‘ah no, bueno…’. No le importa, pero se destapa una olla mucho más grande porque, entre las cosas que yo escuché, en esta novela de la que estamos todos pendientes, del escándalo, de la vergüenza que nos da lo que sucedió, la esposa de un ministro (en alusión a la periodista Cristina Pérez) dice que a su oído le llegaron versiones de que el entorno del presidente cobraba para que haga esto”, señaló. 

En esa línea, la legisladora de UP le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “que siempre dice ‘el que las hace, las paga’, que la cite a esta periodista, esposa del ministro (de Defensa, Luis Petri), que diga quién le dijo que el entorno cobra y cuánto; porque mencionaron a la hermana del presidente”.

“Este presidente aplica la política de la bestialidad, ya no se trata de no tener empatía por el otro, se trata simplemente de cagar al otro, con tal de conseguir lo que quiero y eso es lo que hace el presidente. Imita como corderito a su jefe de Estados Unidos, es león para los que no tienen, pero cordero para los que no puede enfrentar. Va a quedar como un presidente bestial que nos atropelló a todos”, completó. 

Escueta defensa libertaria

Agotada la lista de oradores, después de Mayans se le dio la palabra a la oficialista Vilma Bedia, quien planteó -de forma leída- una cuestión de privilegio para los “colegas preopinantes”. Así, expresó su “preocupación por la cantidad de imputaciones que se han vertido en este recinto cuando el verdadero ámbito de discusión debe darse en la justicia”.

Para la jujeña, “esto no afecta el desarrollo de nuestra actividad como legisladores, convirtiendo la sesión en un show mediático y no en un debate de proyectos que mejoren la vida de la gente”. “El uso de acusaciones con fines políticos debilita la democracia y desvía el foco de las verdaderas responsabilidades. La justicia debe actuar con base en los hechos y no en campañas de desprestigio”, añadió.

Pasadas las 13.30, en el marco de la presentación de cuestiones de privilegio, el senador radical Martín Lousteau pidió una interrupción que le fue concedida. Fue para denunciar que en ese momento estaba en marcha “una operación en redes acusándome de no haber votado el minuto de silencio por la familia Bibas”.

“¡Una operación masiva!”, remarcó el presidente de la UCR, que aclaró que cada senador está expresado por el presidente de su bloque, y el suyo, Eduardo Vischi, había adherido al pedido de homenaje. El tema es que el minuto de silencio se votó a mano alzada y se difundió en las redes una imagen donde Lousteau no aparecía levantando la mano. “Es una vergüenza lo que hace el Gobierno, utilizando fondos públicos y además, valiéndose del dolor no solo de la familia Bibas, sino del resto de la comunidad argentina y la colectividad judía en la Argentina, para hacer una operación personal. ¡Es una vergüenza el comportamiento de este Gobierno!”.

Y cerró, indignado: “Que use estos hechos y el dinero de los contribuyentes de la Argnetina para hacer este tipo de campaña. ¡Una vergüenza absoluta!”.

Es un día de profundo dolor. Los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos pequeños hijos, Ariel y Kfir, todos con raíces argentinas, fueron entregados este jueves a la Cruz Roja por el grupo terrorista Hamás en un espectáculo lamentable.

Shiri y Kfir, que tenían 4 años y 9 meses al…

— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 20, 2025

Más adelante intervino el propio presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, que lamentó el accionar de las redes sociales contra todas las figuras públicas. “No queremos lidiar con las mentiras”, advirtió, agregando que se veía en la obligación de aclarar que cuando se pone a consideración algo, “somos los presidentes de todos los bloques lo que manifestamos en nombre de todos los integrantes. Y cuando se vota a mano alzada, no se contabiliza. En mi representación, el senador Lousteau votó afirmativamente para que se haga ese minuto de silencio”.

“Quería dejar aclarado eso; obviamente no copartimos la forma como militantes de este Gobierno utilizan las redes sociales difamando, difundiendo mentiras permanentemente”, agregó, para cerrar, por si quedaban dudas: “Todo el bloque radical sin excepción ha votado a favor de este homenaje”.

Luego pidió también una interrupción la senadora kirchnerista Juliana di Tullio, quien admitió que le daba una “pena enorme” que estuvieran atacando al presidente del partido radical, que, aclaró, había además dado quórum ese día. Y que tuviera que dar “más explicaciones el presidente del bloque radical que el presidente de la República, habiendo hecho una estafa a todas luces y delante de todo el pueblo argentino”.

Advirtió que le resultaba “absolutamente distópica” la situación. “No quería dejar de solidarizarme con quien dio quórum y encima además tiene que defenderse. Es una vergüenza, no sé cuándo van a tomar nota de lo que les pasa. Que no le pasa a Lousteau, le pasa a toda la UCR”, cerró.

La primera cuestión de privilegio contra los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos en contra de la comunidad LGBTIQ+ fue de la senadora fueguina María Eugenia Duré (UP) durante la sesión del Senado de este jueves: “Es un proyecto de repudio de nuestro bloque por los dichos aberrantes que tuvo el presidente de la Nación en un foro económico”.

Duré apuntó: “En vez de ir a hablar de lo que sucede en la economía argentina, el presidente nuevamente fue a atacar a todas las mujeres del país, pero, además, le sumó a un gran colectivo que hace un enorme trabajo en el país por la ampliación de derechos que son las personas que están dentro del colectivo LGBTIQ+”.

“Nosotros desde aquí hemos aprobado leyes sumamente importantes y que el presidente no se cansa, no solo de denostar, sino también de ir en contra en cada lugar donde le toque hablar”, criticó. Así, la fueguina cuestionó: “En ese foro económico donde el mundo va para un lado, el presidente parece que va por otro lado. Donde tendría que haber dicho qué es lo que está sucediendo con las industrias, con las PYMES, trabajadores y el desempleo, nada de eso dijo”.

Duré procedió a leer de forma textual las expresiones de Milei: “Dijo que iba a perseguir hasta el último rincón a los zurdos de mierda. Después atracó a las mujeres, a las diversidades y, en consecuencia, a atacar a los niños y adolescentes”, y apuntó: “Así acciona el presidente de la Nación según sus emocionalidades y no según sus responsabilidades de un primer mandatario. Nos debería alertar y dar vergüenza”.

“Milei no pudo decir en Davos lo que ocurre con la economía argentina donde 111.000 empresas cerraron en el país, 60 mil puestos asalariados se perdieron en un año, la pobreza se disparó, aumentó la desigualdad, la desocupación, etc., pero se dedica a criticar a mujeres y diversidades”, precisó.

La senadora de UP sostuvo que “las mujeres ganan casi un 28% menos que los varones, con mayor nivel de desocupación, con mayor informalidad laboral. Pero el presidente decía que las mujeres queremos tener más privilegios que los varones, que los migrantes son personas que violan, que son pedófilos, también habló de la sexualidad de los gays y por eso tenemos que repudiar esos actos en esta Cámara de Senadores”.

Así reclamó la conformación de la Comisión de la Banca de la Mujer que “es la primera vez que en este Senado no se conforma una banca históricamente reconocida por otros Parlamentos creada en el 2008. Tampoco crearon la Comisión Bicameral Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, el ministro Guillermo Francos no supo responder cuando le consultamos”.

“Javier Milei durante su campaña ya decía que las mujeres éramos sus enemigas y lo que iba a hacer y ustedes le votaron las facultades delegadas. No es un discurso nuevo, pero fue a un Foro a hablar de mujeres y diversidades. Sus dichos generan aún más violencia y genera odio explícito. El presidente lo que hace es aplicar una fórmula económica de timba financiera y de motosierra termina mal en la historia argentina. Ni Macri se animó a tanto”, planteó Duré.

Presenté una cuestión de privilegio contra @JMilei por sus dichos aberrantes en el foro ECONÓMICO
de Davos.

El Presidente de la Nación fue a un foro ECONÓMICO a pegarle a las mujeres. Tendría que haber hablado de lo que está sucediendo con nuestras industrias, PYMES, el… pic.twitter.com/u2SpFmPjwL

— Eugenia Duré (@EugeniaDureTDF) February 20, 2025

Así, brindó datos del Observatorio de Género: “Desde el 2015 la violencia patriarcal terminó con la vida de 2745 mujeres en manos de sus parejas o de allegados. Desde el primero de enero hasta el 31 de enero de 2025 se cometieron 29 femicidios, uno cada 26 horas. Estamos muy mal presidente”.

“Tenemos un presidente misógino, autoritario”, calificó Duré y advirtió: “No van a poder borrar jamás lo que hacemos en las calles, y lo que se votó en este Congreso de la Nación. No van a poder contra eso, La Libertad Avanza y sus aliados acompañan a alguien que ante el mundo es un estafador. Trabajen en igualdad y en acortar brechas y no a seguir pegándole a las mujeres”.

En el inicio de la sesión, se procedió a la jura de la entrerriana Stefanía Cora, quien completará hasta fines de este año el mandato de Edgardo Kueider, quien fuera expulsado de la Cámara alta en la sesión del 12 de diciembre del año pasado.

“Por el fortalecimiento de las instituciones de la república para construir justicia social: ¡sí, juro!”, expresó la entrerriana al proceder al juramento de rigor.

Dirigente de la agrupación La Cámpora, Stefanía Cora era hasta ahora diputada provincial, con mandato hasta el próximo 10 de diciembre. Previamente fue concejal de la ciudad de Paraná, entre 2015 y 2019. Tiene 35 años y es licenciada y profesora de Historia.

Figuraba segunda, detrás de Edgardo Kueider, en la lista del Frente de Todos que participó en las elecciones de 2019 que ganó en esa provincia Juntos por el Cambio. Kueider se había alejado del bloque que conduce José Mayans en 2023, formando un bloque junto a Carlos “Camau” Espínola, Alejandra Vigo y la puntana Eugenia Catalfamo.

Al ser expulsado Kueider, Cora es quien completará ese mandato, con lo que el interbloque Unión por la Patria pasa a tener 34 integrantes.

A dos meses de su última sesión, aquella en la que se procedió a la expulsión de uno de sus miembros, el Senado de la Nación realiza su primera reunión del año. El quórum se alcanzó a las 12.31, cuando el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció la presencia de 37 senadores sentados en sus bancas.

Recordemos que la vicepresidenta Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo, a consecuencia del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, por lo que quedó sin posibilidades de presidir esta sesión, ni la del viernes, si es que se hace.

Esta sesión tiene como tema central la suspensión de las PASO, como así también está previsto el debate del juicio en ausencia, el proyecto de reincidencia y reiterancia y, por último, la ley antimafia.

Con un clima enrarecido por el escándalo de las cripto, la primera parte estará copada por las cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento de reglamento que tendrán como eje el ruido político desatado por el presidente de la Nación con su tuit promoviendo una token de criptomonedas, que dejó a su gobierno envuelto en una polémica de consecuencias imprevisibles.

En el inicio se espera la asunción de la dirigente camporista Stefanía Cora, quien figuraba en el segundo lugar en la lista que consagró senador al entrerriano Edgardo Kueider, preso en Paraguay desde principios de año y expulsado del Cuerpo en la sesión del 12 de diciembre pasado. Con la asunción de Cora, el interbloque que conduce José Mayans pasará a tener 34 miembros.

El temario

El proyecto que más interés despierta sobre todo en el Gobierno es la suspensión de las PASO. Algo que originalmente el Poder Ejecutivo planteaba como la derogación definitiva de las elecciones primarias, pero que ante la imposibilidad de aprobar el proyecto original, terminó llevando al oficialismo a morigerar por ahora su propuesta.

El proyecto de suspensión fue aprobado el pasado 6 de febrero por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Si el Senado lo aprueba, las elecciones primarias quedarán suspendidas al menos por este año.

Luego será el turno de juicio en ausencia, una iniciativa inspirada en el intento de hacer justicia por el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994. El proyecto fue aprobado en Diputados por 147 votos a favor, 68 en contra  y 9 abstenciones. A través del mismo se modifica el Código Procesal Penal estableciendo que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, se establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”. A su vez, el proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Luego será el turno del proyecto que se propone terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes, aprobado hace dos semanas en Diputados con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50° y 58° del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”. Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

A priori, este es el tema que más discusión y final abierto promete. Pasa que ya cuando consiguió dictamen, desde varios sectores se presentaron objeciones a lo aprobado en Diputados. Ante las mismas, el oficialismo había aceptado convocar al secretario de Justicia para dar explicaciones ante la comisión, pero la reunión prevista para este martes a las 17.30 se levantó.

Al final de lo que se presume como una muy extensa sesión, se tratará el proyecto de ley antimafia, que tiene dictamen desde el 13 de noviembre pasado. El proyecto cuenta con media sanción desde el 1 de octubre pasado, cuando la votación en Diputados concluyó con 137 votos a favor y 92 en contra. El proyecto tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

Según la iniciativa, todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

Tal cual adelantó parlamentario.com, la sesión de este viernes en la que se pretendía poner a consideración la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia fue finalmente desactivada. En consecuencia, y más allá de que su pliego cuenta con el dictamen correspondiente, las posibilidades reales del juez federal para llegar al Tribunal Superior se habrían desinflado completamente.

Desde fines de 2024, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedó reducida a tres miembros, cosa que el Gobierno nacional quiere revertir, para elevar ese número a los cinco que establece la ley para la constitución del Máximo Tribunal de Justicia. Para ello, confiaba este verano resolver la situación de los dos hombres que eligió para sumar a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

De estos dos, solo el pliego del juez federal consiguió las 9 firmas necesarias para poder ser votado en el recinto. En el caso de García-Mansilla, ese nombre no tiene plafón en el bloque más numeroso del Senado, que insiste con que al menos un lugar debe corresponderle a una mujer.

Con el objetivo de definir el destino de Lijo en estas extraordinarias, el oficialismo había deciddio convocar a una sesión este mismo viernes -último día de extraordinarias-, luego de la maratónica reunión en la que se tratarán la suspensión de las PASO, juicio en ausencia, reincidencia y reiterancia y la ley antimafia. Pero las expectativas del oficialismo disminuyeron sustancialmente en las últimas horas, al punto tal que una encumbrada fuente del oficialismo había confiado a parlamentario.com que no creían que fueran a tener quórum este viernes. Ante ello, la decisión final trascendió poco antes del mediodía: se levantaba la sesión que, por otra parte, nunca había sido convocada oficialmente.

Así las cosas, la suerte de Lijo parece estar ya echada.

Pasa que el Gobierno, como dijimos, quiere resolver el tema de la Corte cuanto antes. Esto es, con la designación de los dos miembros que le faltan al Tribunal Supremo por la vía del decreto. Si no son aprobados sus nombramientos por los senadores, entonces se publicarían las designaciones en el Boletín Oficial la próxima semana, antes del inicio del período ordinario, cuando ya no podría hacerlo.

En ese caso, el juez Ariel Lijo no está dispuesto a asumir en la Corte por esa vía, ya que esa instancia tendría plazo fijo: hasta la renovación de las cámaras legislativas, momento en el cual debería el Gobierno reiterar la vía legislativa para las designaciones. Y en ese caso Lijo no podría regresar al fuero federal al que tendría que renunciar para asumir en la Corte.

García-Mansilla también tenía reparos para una designación de ese tipo, pero lo habrían convencido para aceptar, en tanto que el lugar destinado originalmente a Lijo sería ocupado por otro jurista afín al oficialismo. Que asumiría por decreto.

El juez Lijo parecía tener todas las chances de asumir cuando la semana pasada se conocieron las 9 firmas para su dictamen. Estas correspondían a los senadores Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el radical Eduardo Vischi. No era sin embargo un dato menor que no hubieran firmado su designación senadores que el oficialismo confiaba que pudieran terminar aceptando a Lijo, como Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau o Mariana Juri, muy cercana al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Salvo Corpacci, ningún kirchnerista firmó: ni Anabel Fernández Sagasti, ni Alicia Kirchner, ni Juliana di Tullio. Tampoco lo hizo el presidente del bloque UP, José Mayans.

Y los acontecimientos que se desencadenaron los últimos días terminaron de obturar ¿definitivamente? el acceso de Lijo a la Corte, ya que el interbloque Unión por la Patria aparece absolutamente refractario ahora a la posibilidad de darle un triunfo al presidente Milei en estas circunstancias en que aparece golpeado.

Celebración en la oposición

Picó en punta para destacar la caída de la sesión, que redundaría en la bolilla negra para el juez, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López. “Ariel Lijo no será juez de la Corte porque nos asiste la razón, porque el país clama justicia y ya no soporta más desilusiones -señaló-. Pero sobre todo porque el Senado está tan sucio que no puede darle otra trompada a la sociedad. Será Justicia, será  #LijoNo”.

Dos meses después de su última reunión, aquella en la que procedió a la expulsión de uno de sus miembros, Edgardo Kueider, el Senado de la Nación realiza este jueves su primera sesión del año, con el objetivo de sancionar cuatro de las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo para estas sesiones extraordinarias.

La cita es a las 12 del mediodía y el tema central de la sesión -que será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos- es la aprobación o no del proyecto que suspende la realización de las elecciones PASO este año. Toda la expectativa está puesta ya no en si están o no los números para aprobar sobre todo el proyecto sobre las primarias -que se sabe que están-, sino en la obtención o no del quórum.

Para desvelo del oficialismo, esta reunión se da en un contexto hasta hace una semana impensado, ya que a partir del viernes pasado, con la difusión por parte del presidente de la Nación de un tuit promoviendo una token de criptomonedas, el Gobierno quedó envuelto en una polémica de consecuencias imprevisibles. Eso se palpó a lo largo de los días previos a esta sesión y se vivirá muy especialmente en el transcurso de esta sesión, para la cual la oposición más dura intentará acaparar toda la atención de al menos la primera parte, con un sinfín de cuestiones de privilegio.

En la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles se habló de más de 30 cuestiones de  privilegio, aunque voceros calificados del oficialismo consultados por parlamentario.com señalaron que intentarían reducir ese número a “diez o doce”. Total, dijeron, “todos dirán más o menos lo mismo”, puntualizó la fuente.

Está claro que el bombardeo opositor sobre el tema de la supuesta estafa no se centrará solamente en las cuestiones de privilegio, sino que será tomado como ejemplo en el transcurso del debate, cuando se aborden por ejemplo los proyectos de reiterancia  y reincidencia, y el proyecto de ley antimafia, dos de las iniciativas que esperan ser convertidas en ley a lo largo de esta jornada que se presume muy extensa.

En el inicio se espera la asunción de la dirigente camporista Stefanía Cora, quien figuraba en el segundo lugar en la lista que consagró senador al entrerriano Edgardo Kueider, preso en Paraguay desde principios de año y expulsado del Cuerpo en la sesión del 12 de diciembre pasado. Con la asunción de Cora, el interbloque que conduce José Mayans pasará a tener 34 miembros.

Ya mencionamos a tres de los proyectos que se debatirán durante esta jornada; el último, que será tratado en segundo lugar, según lo establecido en Labor Parlamentaria, es el de juicio en ausencia. Todas estas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados y, de ser aprobadas sin modificaciones, serán ley al cabo de la jornada.

En el transcurso de la sesión se registrarán pedidos de apartamientos de reglamento para temas diversos, pero muy especialmente dos: el tratamiento del proyecto recientemente presentado por el oficialismo para que se le quiten al Poder Ejecutivo las facultades delegadas por la Ley de Bases, a raíz del escándalo de las criptomonedas. Como así también convocatorias a diversos funcionarios al Congreso para dar explicaciones y, sobre todo, la constitución de una comisión bicameral investigadora sobre este tema que involucra al presidente de la Nación.

Todo esto se dará en el inicio de una sesión que, como se ve, puede llegar a tener una extensión impensada.

Desde fines de 2024, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedó reducida a tres miembros, cosa que el Gobierno nacional quiere revertir, para elevar ese número a los cinco que establece la ley para la constitución del Máximo Tribunal de Justicia. Para ello, confiaba este verano resolver la situación de los dos hombres que eligió para sumar a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

De estos dos, solo el pliego del juez federal consiguió las 9 firmas necesarias para poder ser votado en el recinto. En el caso de García-Mansilla, ese nombre no tiene plafón en el bloque más numeroso del Senado, que insiste con que al menos un lugar debe corresponderle a una mujer.

Con el objetivo de definir el destino de Lijo en estas extraordinarias, el oficialismo decidió convocar a una sesión este mismo viernes -último día de extraordinarias-, luego de la maratónica reunión en la que se tratarán la suspensión de las PASO, juicio en ausencia, reincidencia y reiterancia y la ley antimafia. Pero las expectativas del oficialismo disminuyeron sustancialmente en las últimas horas, al punto tal que una encumbrada fuente del oficialismo confió a parlamentario.com que no creen que vayan a tener quórum este viernes. De ser así, la suerte del juez federal estaría echada.

Pasa que el Gobierno, como dijimos, quiere resolver el tema de la Corte cuanto antes. Esto es, con la designación de los dos miembros que le faltan al Tribunal Supremo por la vía del decreto. Si no son aprobados sus nombramientos por los senadores, entonces se publicarían las designaciones en el Boletín Oficial la próxima semana, antes del inicio del período ordinario, cuando ya no podría hacerlo.

En ese caso, el juez Ariel Lijo no está dispuesto a asumir en la Corte por esa vía, ya que esa instancia tendría plazo fijo: hasta la renovación de las cámaras legislativas, momento en el cual debería el Gobierno reiterar la vía legislativa para las designaciones. Y en ese caso Lijo no podría regresar al fuero federal al que tendría que renunciar para asumir en la Corte.

García-Mansilla también tenía reparos para una designación de ese tipo, pero lo habrían convencido para aceptar, en tanto que el lugar destinado originalmente a Lijo sería ocupado por otro jurista afín al oficialismo. Que asumiría por decreto.

El juez Lijo parecía tener todas las chances de asumir cuando la semana pasada se conocieron las 9 firmas para su dictamen. Estas correspondían a los senadores Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el radical Eduardo Vischi. No era sin embargo un dato menor que no hubieran firmado su designación senadores que el oficialismo confiaba que pudieran terminar aceptando a Lijo, como Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau o Mariana Juri, muy cercana al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Salvo Corpacci, ningún kirchnerista firmó: ni Anabel Fernández Sagasti, ni Alicia Kirchner, ni Juliana di Tullio. Tampoco lo hizo el presidente del bloque UP, José Mayans.

Y los acontecimientos que se desencadenaron los últimos días terminaron de obturar ¿definitivamente? el acceso de Lijo a la Corte, ya que el interbloque Unión por la Patria aparece absolutamente refractario ahora a la posibilidad de darle un triunfo al presidente Milei en estas circunstancias en que aparece golpeado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debatió este miércoles el proyecto de ley de ficha limpia, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y tiene como objetivo impedir que personas con condena doble por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos o ocupar cargos en la administración pública nacional. 

En una reunión más breve de lo previsto, se alcanzó de manera exprés el dictamen correspondiente, que permitirá el debate del proyecto en el recinto, pero ya no en el período extraordinario, sino en ordinarias, por los siete días de plazo y porque la semana que viene ya no habrá extraordinarias. Aunque este jueves hay convocada una sesión, para tratarlo sobre tablas se requerirían los dos tercios de los votos para habilitarlo, y con la oposición de Unión por la Patria no sería posible. 

El dictamen de mayoría fue firmado por Flavio Fama, Eduardo Vischi, Pablo Blanco, Carolina Losada, Rodolfo Suárez (UCR); Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri (Pro); Alejandra Vigo, Juan Carlos Romero (LPU); Juan Carlos Pagotto (LLA); y Mónica Esther Silva (JSRN). Mientras que UP suscribió uno de minoría. 

Luego que la cordobesa del bloque Provincias Unidas Alejandra Vigo abriera el encuentro y dijera que el dictamen iba a circular para la firma, tomó la palabra la vicejefa del interbloque Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, quien preguntó “si va a venir alguien del Poder Ejecutivo, ya que fue enviado por el Ejecutivo” y si se iban a habilitar cambios. En ese sentido, recordó que desde UP buscan incluir delitos como narcotráfico, lesa humanidad y pedofilia, entre otros. “No tenemos respuestas”, planteó. 

“Este es un proyecto de ley que tiene nombre y apellido”, afirmó la mendocina, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, que este miércoles cumple 72 años. Y siguió: “Pero no nos saca el sueño, porque si no sale ficha limpia, la Corte tiene en su escritorio una condena para firmar”. 

Después que Vigo confirmara que no iba a asistir ningún funcionario, habló la radical Carolina Losada, que confrontó con UP en más de una oportunidad. Primeramente, reclamó que ella había presentado un proyecto de ficha limpia durante el gobierno anterior, que abarcaba más delitos para la prohibición de candidatura, y el entonces oficialismo lo “cajoneó”. 

La santafesina le sugirió entonces a sus pares que “voten el proyecto tal como está, que salga ficha limpia ahora para los corruptos” y que cuando arranque el período ordinario se pongan “a trabajar en generar un proyecto donde abarquemos todos los delitos”. 

Por el oficialismo, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, consideró que “es un momento adecuado” para aprobar “esta ley que viene siendo pedida y tratada hace muchos años”. “Desde La Libertad Avanza tenemos un altísimo interés que salga rápidamente, antes que empiecen elecciones nuevas y empiecen a meterse candidatos que no sean aptos”, expresó. 

El jujeño dijo que “los argentinos estamos pidiendo más transparencia y calidad institucional” y si bien la iniciativa “es perfectible” y “puede abarcar más delitos”, las modificaciones “terminan siendo una estrategia de dilación”. 

A su turno, la riojana Florencia López manifestó que no sabía “si esto es una broma de mal gusto o es un chiste: que el Gobierno nacional avance en sostener un proyecto de ficha limpia, cuando el principal referente del Gobierno está en todos los portales, en todas las páginas del mundo, por estafa por criptomonedas. Pareciera que es más fuerte el espíritu por proscribir a la principal referente de la oposición”. 

Volvió a intervenir Losada para responderle a la peronista. “No estamos hablando de una dirigente política, cualquier persona que tenga condena no va a poder ser candidata; a ver, (Oscar) Parrilli no sé si tiene doble conforme. ¿Parrilli no, no? Ah bueno, entonces el día que tenga doble condena no debería estar ahí”, lanzó y defendió a Javier Milei: “Que yo sepa el presidente no tiene doble condena, no sé por qué meten otros temas”. 

Por su parte, el camporista Mariano Recalde se despachó contra el jefe de Estado: “Que venga el presidente estafador, delincuente, que tiene en su gabinete a gente que pide plata a troche y moche para habilitar reuniones, a hablar de moral, es una mentira. Este proyecto sólo busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Nunca en la historia de nuestro país se proscribió o se inhabilitó la candidatura de dirigentes de otros partidos políticos, siempre pasó con el peronismo y este es otro ejemplo de esa larga lista”, subrayó. 

Recogió el guante más tarde el aliado del oficialismo Juan Carlo Romero, quien recordó que la proscripción al PJ “siempre fue con gobiernos de facto y sin ninguna legitimidad; esta es una ley del Congreso”. “Si el Gobierno hizo un giro copernicano no me interesa, esto no podemos negar que es un proyecto pedido por la gente hace mucho tiempo”, agregó el salteño. 

El jefe de la UCR, Eduardo Vischi, sostuvo que “hace mucho tiempo que el radicalismo está planteando la necesidad que exista este tipo de norma”. “Es lamentable que el dar libertad para elegir a los ciudadanos tenga que ser limitado. Parece una realidad increíble que la gente pueda votar a un delincuente”, reflexionó y abogó por que “la gente pueda recuperar la confianza en los partidos políticos” a partir de esta norma. 

En el cierre, el cordobés Luis Juez expresó: “No nos pueden trasladar a la sociedad la responsabilidad de que el candidato que mejor les mide está condenado dos veces por delitos contra la administración pública. Busquen, urgen, fijense adentro de los placares, capaz tengan alguno sin imputación que le junte los votos y pueda ser candidato”. “Acá nadie pretende proscribir a nadie, sino simplemente fijar un parámetro básico, indispensable”, aseguró. 

Finalmente, Fernández Sagasti anunció que UP presentaría un dictamen de minoría -similar al de la Cámara de Diputados- que abarca más delitos. “No es Unión por la Patria el que no quiere ficha limpia, es Unión por la Patria el que quiere ampliarla”, dijo y enfatizó que “es un error de la política entregarle este poder a Comodoro Py y a algunos gobernadores que manejan la Justicia, como es el caso de Alfredo Cornejo en Mendoza”.

La Cámara de Senadores se abocará este jueves al debate de la suspensión de las PASO, un proyecto que viene con media sanción de Diputados, donde obtuvo una aprobación muy amplia, al punto tal que con 162 votos a favor estuvo a uno de alcanzar los dos tercios.

Por tratarse de un tema electoral, necesita una mayoría absoluta para ser aprobado. Esto es, tendría que alcanzar al menos 37 votos. Cosa nada sencilla, si tenemos en cuenta que desde esa mayoría amplia que había conseguido allá por diciembre de 2023 en los albores de la gestión, con 39 senadores que se aglutinaron frente a Unión por la Patria, pasaron cosas…

De hecho, esa mayoría se redujo a 37 y ya no es tan férrea. Pero por lo pronto, al menos por esta semana esos actores volverán a sumar al radical chaqueño Víctor Zimmermann, que había tomado licencia para ser ministro de la Producción en su provincia, pero que volverá por estos días a la Cámara para sumar para los aliados del oficialismo.

Al que sí perdieron definitivamente es a Edgardo Kueider, expulsado el 12 de diciembre pasado, con lo que el bloque Unidad Ciudadana que reporta a Unión por la Patria sumará un voto más, con lo que llegan a 34.

Ahora bien, a priori, los 38 que están en la vereda de enfrente de UP podrían sufrir algunas bajas. Del radicalismo están en contra de la suspensión Martín Lousteau y el fueguino Pablo Daniel Blanco. También expresaron sus reparos el bonaerense Maximiliano Abad y la santafesina Carolina Losada, aunque esta última podría llegar a avenirse a votar la suspensión, con el argumento de que necesitan una revisión que debería empezar a analizarse ya mismo, tal cual señaló este miércoles.

Decididamente en contra de tocar las primarias se ha pronunciado el exoficialista Francisco Paoltroni. Con lo cual, al oficialismo podrían llegar a faltarle 4 votos para aprobar la suspensión.

A sabiendas de ello, cuenta con encontrar los votos que le faltan en el interbloque Unión por la Patria, cosa que bien sabe ya su presidente, José Mayans. Recordemos como antecedente que en la Cámara baja nada menos que 25 diputados de UP votaron a favor de la suspensión.

En el Senado no hacen falta tantos votos. Alcanzará con 4 votos y le sobran manos posibles al oficialismo. Es el caso de los que responden a los gobernadores de Santiago del Estero y de Catamarca. Así, votarán a favor de la suspensión de las PASO los santiagueños Claudia Ledesma Abdala de Zamora, José Neder y Gerardo Montenegro. A los que se sumaría el catamarqueño Guillermo Andrada. Con estos votos alcanzarían para garantizar la suspensión de las primarias.

Motu proprio también se sumará el voto del sanjuanino Sergio Uñac, quien ya adelantó su postura favorable ya no a la suspensión, sino directamente a la derogación.

Pero podría haber más senadores de UP que se sumen a la aprobación de la suspensión, como los tucumanos José Manzur y Sandra Mendoza. Otra que se ha pronunciado en contra es la riojana Florencia López, aunque en este caso se mantendría alineada con la postura de su bancada.

Aclaración inicial: entre la serie de pliegos que tratará la Cámara alta este jueves en la primera parte de la sesión no figura el del juez federal Ariel Lijo. Ese tema amerita una sesión especial para ese tema, en lo especial de manera exclusiva. Y se hará, tal vez, el viernes. Se verá.

Lo que sí se pondrán a consideración son otros ocho pliegos que pasamos a detallar a continuación:

Entre los ascensos militares figura el del vicealmirante Carlos María Allievi, promovido para el grado inmediato superior. También están los del general de División Carlos Alberto Presti; la teniente coronel Elizabeth Ovando; los tenientes coroneles Walter Fernando Rovira y Jean Pierre Claisse; el coronel Pablo Francisco Depalo; el coronel Héctor César Tornero; y el contraalmirante Juan Carlos Coré.

Por último, se pondrá a votación los acuerdos para promover a la Categoría “B” ministro Plenipotenciario de Primera “Clase” a los funcionarios de la Categoría “C” Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate y Mariana Edith Plaza.

En un clima envuelto por el escándalo cripto que ocupa la centralidad en la discusión política de estos días, la Cámara de Senadores realizará este jueves la primera sesión del período extraordinario. Primera, pues no descarta volver a reunirse al día siguiente para debatir sobre el pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se resolvió este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, los temas que se pondrán a consideración, a partir de las 12, son la suspensión de las PASO, la ley antimafias, el juicio en ausencia y reiterancia y reincidencia.

Según confiaron a parlamentario.com, no prosperó la propuesta del oficialismo para sumar a esta primera reunión del año la sesión preparatoria. Así las cosas, eso quedó para el próximo lunes 24 de febrero a las 14.

Se sabe que la primera parte de esta sesión que se espera extensa, estará invadida por cuestiones de privilegio contra el presidente de la Nación por el escándalo $Libra, el negocio que Javier Milei “difundió” -tal su explicación- el viernes pasado en las redes sociales, sumergiendo desde entonces a su gestión en una polémica que lejos está de concluir, y que en la Cámara baja ha llevado a algunos bloques a especular con pedidos de juicio político. Según pudo saber este medio, serían más de 30 las cuestiones de privilegio que se plantearían en esta sesión.

En primer lugar se tratará una serie de acuerdos de ascensos militares (ocho) y un pliego diplomático. No está en el temario el pliego del juez federal Ariel Lijo, que se verá si es propuesto en una sesión a realizarse el viernes, si es que el Gobierno cuenta con el número necesario para su aprobación.

Luego se avanzará con el temario de la sesión en este orden: 1°) PASO; 2°) juicio en ausencia; 3°) reiterancia; 4°) antimafia.

El tema que más interés despierta sobre todo en el Gobierno es la suspensión de las PASO. Algo que originalmente el Poder Ejecutivo planteaba como la derogación definitiva de las elecciones primarias, pero que ante la imposibilidad de aprobar el proyecto original, terminó llevando al oficialismo a morigerar por ahora su propuesta.

El proyecto de suspensión fue aprobado el pasado 6 de febrero por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Si el Senado lo aprueba, las elecciones primarias quedarán suspendidas al menos por este año.

Luego será el turno de juicio en ausencia, una iniciativa inspirada en el intento de hacer justicia por el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994. El proyecto fue aprobado en Diputados por 147 votos a favor, 68 en contra  y 9 abstenciones. A través del mismo se modifica el Código Procesal Penal estableciendo que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, se establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”. A su vez, el proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Luego será el turno del proyecto que se propone terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes, aprobado hace dos semanas en Diputados con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50° y 58° del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”. Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

A priori, este es el tema que más discusión y final abierto promete. Pasa que ya cuando consiguió dictamen, desde varios sectores se presentaron objeciones a lo aprobado en Diputados. Ante las mismas, el oficialismo había aceptado convocar al secretario de Justicia para dar explicaciones ante la comisión, pero la reunión prevista para este martes a las 17.30 se levantó.

Al final de lo que se presume como una muy extensa sesión, se tratará el proyecto de ley antimafia, que tiene dictamen desde el 13 de noviembre pasado. El proyecto cuenta con media sanción desde el 1 de octubre pasado, cuando la votación en Diputados concluyó con 137 votos a favor y 92 en contra. El proyecto tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

Según la iniciativa, todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

Acta de Labor Parlamentaria 19-02-25

 

En un contexto de presión opositora y tensión política a raíz del escándalo cripto desatado por el presidente Javier Milei, tras haber promocionado el token $LIBRA, este miércoles se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para debatir el proyecto de ficha limpia. 

Se trata de la segunda reunión de comisión que fue citada esta semana en la Cámara alta, antes de una eventual convocatoria a sesión. Es decir, previo a una posible apertura del recinto, habrá micrófono allí para que los senadores se expresen como deseen. 

Este martes, el encuentro de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a donde iban a asistir funcionarios, se suspendió. Se tenía como objetivo discutir sobre los proyectos de reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia, pero ambos temas podrían finalmente quedar fuera de una sesión extraordinaria que se convoque. 

La iniciativa de ficha limpia, que apunta a que personas con condena doble por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, no puedan presentarse para competir por cargos electivos, recibió media sanción en Diputados en base a un texto enviado por el Poder Ejecutivo que tuvo cambios a pedido de bloques dialoguistas.

La aprobación del proyecto se celebró con fuerza por el oficialismo y bancadas como el Pro y la UCR -viejos impulsores de la idea-, pero al ser girado a la Cámara alta existe cierto “manto de sospecha” sobre el impulso que La Libertad Avanza le dará y si trabajará en pos de reunir 37 votos, un número complicado en el escenario actual.

A diferencia de lo que sucedió con la suspensión de las PASO, que dividió aguas en Unión por la Patria, la bancada peronista/kirchnerista se abroqueló en relación a ficha limpia, al denunciar una proscripción contra CFK.

UP en el Senado cuenta con 34 miembros -con la pronta incorporación de Stefanía Cora-, mientras que el oficialismo, con 6 integrantes propios, reúne junto a toda la oposición no K a 37 senadores. Aunque alcanzará los 38 con el regreso del radical Víctor Zimmermann. No obstante, para la sanción de este tipo de ley (electoral) no debe faltarle ni un voto, sumado a que es un tema en el que Victoria Villarruel no puede desempatar.

Si se observa la votación que hubo en la Cámara de Diputados, legisladores de fuerzas provinciales como Misiones y Río Negro, que también tienen representantes en el Senado, acompañaron.

Pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, uno de los diputados votó en contra y otro se ausentó. Así, la posición que los dos senadores santacruceños, de relación oscilante con el oficialismo, tengan en la Cámara alta, podría ser clave.

En el caso que UP sume dos votos más para el rechazo, la iniciativa no vería la luz.

Si sortea con éxito el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales este miércoles, el proyecto estaría en condiciones de ir al recinto una semana después, pero ya para ese momento no regirá más el tiempo de extraordinarias. Sin embargo, un día después de la comisión podría haber sesión. Un pedido para tratarlo sobre tablas sería bloqueado por UP, pero podría ser una chance de los dialoguistas para exponer al kirchnerismo. Aunque los planes pueden variar en función de la coyuntura que derivó el Libragate. 

El proyecto de ficha limpia

De acuerdo a la media sanción se establece una modificación en el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

En medio del escándalo cripto protagonizado por el presidente Javier Milei, este martes la vicepresidenta Victoria Villarruel se reunió con los jefes de bloques dialoguistas en el Senado para transmitir la intención del oficialismo de mantener en pie la convocatoria a una sesión este jueves, con el objetivo -principalmente- de avanzar en la aprobación de la ley para suspender las elecciones PASO.

Horas después que el mandatario diera sus explicaciones en una entrevista sobre la “difusión” que realizó del token $LIBRA, puertas adentro de la Presidencia de la Cámara alta se confirmó que La Libertad Avanza busca mantener sus planes en el Congreso para el cierre de las extraordinarias, aunque éstos puedan llegar a concretarse sólo parcialmente. 

En el oficialismo son conscientes que una vez abierto el recinto habrá numerosas cuestiones de privilegio de la oposición kirchnerista contra el presidente. Pero además, desde el radicalismo ya se anticipó que pedirán sobre tablas el tratamiento de un proyecto para crear una comisión investigadora respecto de la participación de Milei en la promoción de $LIBRA. En la UCR tienen la expectativa de que, a pesar de los dos tercios de los votos que requerirá incorporar esa resolución, se avanzará. 

Complicado con los números por la pérdida del expulsado Edgardo Kueider, cuyo reemplazo se sumará a las filas de Unión por la Patria, tras cinco meses de licencia retornará a su banca el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien se había ido para asumir como ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible en su provincia. 

El temario de la sesión se definirá este miércoles a las 10 en reunión de Labor Parlamentaria. El proyecto para que este año no haya elecciones primarias es la prioridad de la agenda, mientras que iniciativas de seguridad como reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia, no está asegurado que vayan a incluirse. De hecho, este martes iba a haber una reunión informativa por ambos temas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, de la que iba a ser parte el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, pero fue suspendida. 

Respecto del pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, el pedido de Casa Rosada es que se trate; no obstante, fuentes oficialistas del Senado admiten que todavía se está “conversando” y los votos no están cerrados. Según supo parlamentario.com, la novedad en el almuerzo que Villarruel encabezó con los dialoguistas fue la propuesta sugerida por la vicepresidenta de desdoblar las sesiones, es decir, separar el debate de las PASO para este jueves del pliego del controvertido Lijo, para el viernes.

“No queremos mezclar lo que estamos de acuerdo con lo que no”, dijo a este medio un senador dialoguista. También hubo planteos de algunos de “no tratar nada” si el pliego de Lijo va dentro de una misma sesión con otros proyectos. Con los números ajustados, LLA no puede permitirse perder aliados en sus bancas para lograr el quórum con 37 presentes, ante un recrudecido Unión por la Patria, que no se espera -a pesar de la posición de algunos a favor de suspender las PASO- que colabore para poner en marcha la sesión. 

En tanto, en la sesión que podría convocarse con el tema PASO para el jueves, ingresarían pliegos de ascensos militares y diplomáticos. 

En la cumbre se habló también de la posibilidad de adelantar al jueves o viernes la sesión preparatoria, que de acuerdo al reglamento del Senado se realiza cada 24 de febrero. El oficialismo y la oposición no K están de acuerdo en ratificar a todas las autoridades. Aunque en el caso de la Secretaría Administrativa se dará el recambio entre María Laura Izzo y Emilio Viramonte.

Sean una, dos o tres sesiones a las que se convoque, ninguna estará presidida por Villarruel, quien asumirá el jueves a cargo del Poder Ejecutivo, por el viaje de Milei a Estados Unidos. 

En el encuentro realizado este martes participaron representantes de LLA, Pro, UCR, Las Provincias Unidas, Frente de la Concordia Misionero, Juntos Somos Río Negro y Por Santa Cruz.

El Gobierno se aprestaba esta semana a poner la frutilla del postre a las sesiones extraordinarias. Para eso, tal cual adelantó de manera exclusiva parlamentario.com, había elaborado un cronograma legislativo para los próximos días que llegaba hasta el 1° de marzo, sábado para el cual se proponía revivir una suerte de “late night” al que el presidente parece ser tan afecto, reservándose para sí la cadena nacional en el prime time televisivo.

Ahora, después de lo sucedido el viernes y sobre todo sus consecuencias “imprevisibles”, todo parece estar en veremos.

Lo más importante de ese cronograma estaba centrado en lo que sucedería esta semana, con el Senado de la Nación puesto en el papel central. Es que la Cámara de Diputados ya cumplió (con creces) su papel en este período ordinario, con cuatro leyes de peso aprobadas por importantes márgenes. Solo un proyecto quedó pendiente del temario de extraordinarias, aquel del Ejecutivo referido al quebranto de empresas, que a priori generaba ciertas resistencias y que entonces quedó para las ordinarias, sin pasar esta vez siquiera por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

De haber modificaciones en el Senado en alguna de las leyes que deberá tratar esa cámara, quedarían para ordinarias. Es el caso del proyecto de reincidencia y reiterancia, que algunos senadores quieren modificar y que, en ese caso, se trataría recién a partir de marzo.

Pero “pasaron cosas” y precisamente ese proyecto que acabamos de mencionar amerita la primera incógnita que se plantea, ya este martes.

El proyecto tiene ya dictamen para ser abordado este jueves en la sesión que aún no ha sido convocada en el Senado. Pero ante las prevenciones de varios senadores, el oficialismo mostró disposición para debatir antes el tema, con la presencia de funcionarios encabezados por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Ahora esa reunión prevista para este martes a partir de las 17.30 es puesta en duda por diversos actores afines al oficialismo, que descreen de la conveniencia de que ese funcionario se preste en estas circunstancias a exponer ante senadores que quieren ir más allá de hablar del tema en cuestión.

Estaba prevista también una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, para buscar ordenar el tipo de sesión de este jueves, en la que se tratarían, además de reincidencia y reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafias y, sobre todo, suspensión de las PASO. Y echar luz a si finalmente también se abordarían los pliegos de Ariel Lijo, que ya tiene dictamen, y -probablemente- el de Manuel García-Mansilla, sobre tablas. Con el correr de las horas y el devenir de los acontecimientos se espera confirmación para esa reunión.

También, recordemos, está prevista para el miércoles a las 15 una reunión de Asuntos Constitucionales, para abordar el proyecto de ficha limpia, que es más que probable que quede para el período ordinario… o la futura composición de la Cámara.

En este contexto, hay serias dudas de que el oficialismo se avenga a exponerse en una sesión como la que se preveía realizar este jueves a partir de las 11 en el Senado. Voceros consultados por este medio admitieron que esta fecha es la única chance que queda para el debate en extraordinarias, pues el límite de este período concluye el viernes y no hay posibilidad -ni sentido- de extenderlo. Pero también admitieron que, por ser el Congreso la caja de resonancia de la política, la oposición tendría en ese caso la posibilidad de darle al escándalo cripto una dimensión impensada.

De ahí que se espere a ver cómo va decantando la polémica y, fundamentalmente, instrucciones de la Casa Rosada para definir el destino de lo que resta de este período extraordinario en el Congreso. Será clave escuchar antes la palabra presidencial y, sobre todo, sus efectos posteriores.

Tal como se anunció en el cierre de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, fue convocado este martes 18 de febrero a las 17.30 a participar de una reunión informativa en el Senado para ampliar detalles sobre el proyecto de ley de reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia dictaminados esta semana.

El pedido fue elevado por el interbloque opositor de Unión por la Patria quienes rechazaron el texto tal como se pasó a la firma. Asimismo, el titular de la reunión, Juan Carlos Pagotto, reconoció que se trata de “temas extremadamente técnicos” y concedió el lugar para la visita de funcionarios. El senador cordobés Luis Juez también avaló la postura del riojano.

Claro está, que como el proyecto ya fue dictaminado, el sentido de esta reunión informativa es para tomar ideas bajo el fin de incorporarlas en el recinto de la Cámara alta en la sesión del próximo jueves 20 de febrero. De todas formas, el pedido original de Unión por la Patria era el de convocar al propio ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona.

Además del funcionario, fueron convocados: Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia; Diego Morales, director del equipo de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Macarena Fernández Hofmann, coordinara del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS.

Los últimos dos expositores fueron designados por el bloque opositor, quienes, a través de Oscar Parrilli, anunciaron que van a proponer modificaciones cuando el proyecto sea tratado en el recinto del Senado.

Los proyectos dictaminados

La iniciativa, que busca poner fin a "la puerta giratoria" para delincuentes, tiene como objetivo principal endurecer las penas para quienes reinciden en el delito y aquellos que cometen varios delitos sin haber sido aún condenados.

A través del proyecto se introducen modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, estableciendo nuevas reglas para la reincidencia, que se aplicará a toda persona condenada a penas privativas de libertad en dos o más ocasiones, siempre que la primera condena se encuentre firme. En paralelo, la reiterancia delictiva establece que el juez, a los fines de evaluar el dictado de prisión preventiva, también deberá valorar un tercer supuesto: si hubo imputaciones previas.

"Las reformas contemplan no sólo un enfoque más estricto en la imposición de penas, sino también en la unificación de condenas para aquellos que enfrentan múltiples procesos. Esto asegurará que las penas reflejen la gravedad acumulada de los delitos cometidos", se destacó desde el oficialismo.

Por otro lado, la iniciativa sobre juicio en ausencia prevé instaurar un mecanismo que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, y resultaría clave en el avance de la causa AMIA.

Esta herramienta será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

De acuerdo al texto, el juicio en ausencia procederá para un imputado declarado rebelde si conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial; si transcurridos 4 meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, no pudo ser hallado; o por si el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido.

Luego de que el Senado oficializara este viernes la convocatoria a comisión para tratar el proyecto de ficha limpia, el senador nacional Carlos “Camau” Espínola del bloque Unidad Federal aseguró que “es un avance en el sistema político” y que “no es contra ninguna persona”.

El legislador por Corrientes aseguró: “Estamos dispuestos la semana que viene a estar en condiciones de debatirla en comisión y desde nuestro bloque estamos 100% a favor de ficha limpia”.

“Cuando se viene de un sector partidario yo tengo mis convicciones, mis decisiones personales, tengo diferencias, los proyectos hoy son más de las decisiones personales que de bajada de línea partidarias que solamente a veces defienden el interés de un determinado sector. Hay que animarse a decir las cosas en las que uno no está de acuerdo y las cosas que se comparten y creen que son sumamente positivos para la sociedad y una reconstrucción de la confianza de la política hacia los ciudadanos”, explicó.

A su vez, remarcó que “ficha limpia es algo que tenemos que debatirlo y hay que votarlo, y cada uno hará su planteo o justificará por que vota a favor o en contra”.

“Esto es un avance del sistema político y no es contra ninguna persona”, aclaró ante los argumentos del kirchnerismo de que se trata de “proscribir” a Cristina Fernández de Kirchner, y sumó: “Es para trabajar la transparencia que necesitamos fomentar desde la política y darle tranquilidad a la sociedad”.

Espínola opinó: “Yo creo que puede tener dictamen la semana que viene, hay que ir al recinto y un sector que tiene una mirada distinta tiene que dar el debate y hay que hacerlo porque hace a que el sistema democrático pueda debatir y se puedan plantear diferencias justificar el voto de cada senador”.

Respecto de los demás proyectos afirmó: “Reiterancia yo voy a acompañar y es un tema que tenemos que trabajar y discutir por el tema de la inseguridad que tenemos. Todo lo que sea garantizar la seguridad del ciudadano estoy a favor, al igual que juicio en ausencia, ley antimafias que es un elemento para combatir el narcotráfico que es un problema grave que tenemos y es el elemento que el Estado tiene para poder combatir de forma más eficiente”.

Al ser consultado por las PASO afirmó: “Estoy a favor de la suspensión de las PASO. La suspensión es más razonable que la eliminación porque te da una mirada electoral para saber qué se hace en el 2027”.

“Hay proyectos que siento que hay tienen el número más tranquilos y otros que la semana que viene serán más finos porque hay algunos que han planteado diferencias que se deben proponer en el recinto, pero estamos en condiciones de avanzar en temas que son importantes como las PASO que ante la sociedad importante”, manifestó y cerró: “Ficha limpia tenemos condición de sacar dictamen, pero después se debatirá en el recinto donde el número va a estar justo, vamos a hacer el esfuerzo que salga el proyecto”.

El cruce con Recalde en redes

Espínola en su red social planteó en un posteo que “solo con mayor transparencia podremos darle a la política el rumbo que la sociedad nos exige. #FichaLimpia es clave para construir un nuevo camino para Argentina. Espero logremos convertirlo en Ley desde Senado”.

De forma irónica le salió a responder el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde: “EL JEFE DE KUEIDER, detenido en la Triple Frontera con cientos de miles de dólares, pide Ficha Limpia. Sin remate”. Lejos de quedarse callado, el correntino le retrucó: “Para boconear son todos campeones. ¿Tienen miedo a Ficha Limpia? Porque yo no”.

“No le tenés miedo a ficha limpia porque el gobierno te promete impunidad. Kueider también se creía impune y mirá donde terminó”, le contestó Recalde.

Asumida como reemplazante del expulsado Edgardo Kueider, la senadora cordobesa Alejandra Vigo puso el acelerador en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, ni bien arribó desde la Cámara de Diputados el proyecto de ficha limpia, se convocó a una reunión para este miércoles. El debate será en el Salón Illia del Senado desde las 15.

La iniciativa, que apunta a que personas con condena doble por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, no puedan presentarse para competir por cargos electivos, recibió media sanción la semana pasada en base a un texto enviado por el Poder Ejecutivo que tuvo cambios a pedido de bloques dialoguistas.

La aprobación del proyecto se celebró con fuerza por el oficialismo y bancadas como el Pro y la UCR -viejos impulsores de la idea-, pero al ser girado a la Cámara alta reina un manto de sospecha sobre el impulso que La Libertad Avanza le dará y si trabajará en pos de reunir 37 votos, un número complicado en el escenario actual.

A diferencia de lo que sucedió con la suspensión de las PASO, que dividió aguas en Unión por la Patria, la bancada peronista/kirchnerista se abroqueló en relación a ficha limpia, al denunciar una proscripción contra CFK.

UP en el Senado cuenta con 34 miembros -con la pronta incorporación de Stefanía Cora-, mientras que el oficialismo, con 6 integrantes propios, reúne junto a toda la oposición no K a 37 senadores. Pero, para la sanción de este tipo de ley (electoral) no debe faltarle ni un voto, sumado a que es un tema en el que Victoria Villarruel no puede desempatar.

Si se observa la votación que hubo en la Cámara de Diputados, legisladores de fuerzas provinciales como Misiones y Río Negro, que también tienen representantes en el Senado, acompañaron.

Pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, uno de los diputados votó en contra y otro se ausentó. Así, la posición que los dos senadores santacruceños, de relación oscilante con el oficialismo, tengan en la Cámara alta, podría ser clave.

En el caso que UP sume dos votos más para el rechazo, la iniciativa no vería la luz.

Si sortea con éxito el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales este miércoles, el proyecto estaría en condiciones de ir al recinto una semana después, pero ya para ese momento no regirá más el tiempo de extraordinarias. No obstante, un día después de la comisión se va a sesionar por la suspensión de las PASO y el pliego de Ariel Lijo. Un pedido para tratarlo sobre tablas sería bloqueado por UP, pero podría ser una chance de los dialoguistas para exponer al kirchnerismo.

El proyecto de ficha limpia

De acuerdo a la media sanción se establece una modificación en el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Celebro la media sanción en @DiputadosAR del proyecto de ley #FichaLimpia, una herramienta para fortalecer la democracia.

La próxima semana lo trataremos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del @SenadoArgentina.

— Alejandra Vigo (@alevigo) February 13, 2025

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

En lo que será la última semana del plazo definido por el Poder Ejecutivo para las extraordinarias, el Senado buscará el próximo jueves realizar una sesión para tratar la suspensión de las elecciones PASO y proyectos de seguridad como reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia. Las tres iniciativas, que primero obtuvieron media sanción en Diputados, recibieron dictamen de comisión el miércoles 12.

Pero además, mientras la Cámara baja sesionaba por ficha limpia, en el Senado se formalizó el dictamen de mayoría del pliego de Ariel Lijo para juez de la Corte Suprema. El temario del Gobierno contempla esta cuestión, con lo cual se espera que el oficialismo intente sumarlo a la sesión.

Además, de los siete puntos elegidos por el PEN, se encuentra el llamado proyecto de "ley antimafias" -contra el crimen organizado-, que ya cuenta con dictamen de comisiones desde el año pasado, pero que se verá si finalmente se debate en el recinto, pues desde bloques dialoguistas sugirieron cambios.

La del jueves será la primera sesión de la Cámara alta para tratar un temario de proyectos desde el 26 de septiembre pasado (en noviembre recibió a Guillermo Francos y en diciembre se reunió para expulsar a Edgardo Kueider), y el oficialismo tendrá el desafío de poner en marcha la sesión con 37 senadores sentados en sus bancas para el quórum.

Sobre la suspensión de las PASO, tema en el que algunos dialoguistas no votarán a favor, La Libertad Avanza deberá trabajar en conseguir apoyos dentro del interbloque opositor de Unión por la Patria. Por lo ocurrido en Diputados, se espera que representantes de Santiago del Estero y Catamarca ayuden, entre algún otro, dado que en la Cámara baja también sorprendió la cantidad de miembros de esa bancada que se inclinaron por la positiva.

En el caso del pliego de Lijo, LLA también necesitará de UP, y mucho más todavía, dado el fuerte rechazo que hay en otros bloques de la oposición no K y la mayoría de dos tercios de los votos que se requieren para su aprobación.

En tanto, según supo parlamentario.com, el lunes 24, fecha fijada por el reglamento del Senado, se realizará desde las 14 la sesión preparatoria para ratificación de autoridades. El kirchnerismo contará para ese momento ya con 34 integrantes, pues se sumará la camporista Stefanía Cora, en reemplazo de Kueider, quien había ingresado por el Frente de Todos y abandonó el espacio en febrero de 2023.

Para la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, el desafío será mantener a los 37 senadores restantes de su lado para garantizar la continuidad de las autoridades, dado que la mayoría de 39 que construyó cuando recién arrancó la gestión libertaria -con el fin de relegar al kirchnerismo de todo tipo de cargos- se vio debilitada por la expulsión de Kueider y la licencia del radical Víctor Zimmermann.

En la preparatoria se concretaría el recambio en la Secretaría Administrativa, con la salida de María Laura Izzo por el ingreso de Emilio Viramonte, quien trabaja con la vice hace tiempo.

Por los tiempos que corren, el proyecto de ficha limpia, que recibió media sanción de Diputados el miércoles 12, ya no sería tratado en extraordinarias en la Cámara alta. De hecho, así lo dio a entender también este jueves el senador Carlos “Camau” Espínola, que reconoció que no darían los tiempos para tratarlo ahora y podría quedar para el período ordinario. Recordemos que es uso y costumbre en el Senado dejar transcurrir siete días entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto.

Un nuevo período de sesiones ordinarias comenzará el sábado 1ro. de marzo, cuando el presidente Javier Milei asista a una nueva Asamblea Legislativa. Según confiaron fuentes parlamentarias a este medio, se haría a las 21, horario elegido por el mandatario para sus discursos en el Congreso (apertura de sesiones del año pasado y presentación del Presupuesto 2025).

Tras la media sanción del proyecto de ficha limpia en Diputados, se avecina un panorama complicado para el oficialismo en el Senado a la hora de conseguir los votos necesarios para su aprobación definitiva. En ese sentido, la diputada nacional Danya Tavela (UCR) advirtió que La Libertad Avanza “va a cambiar ficha limpia por la designación de García - Mansilla”.

“Es importante que hayamos hecho un avance, es muy pequeño endeble porque vamos a pasar al Senado en plena discusión de los jueces de la Corte, lo cual con las pocas garantías de que vaya a salir finalmente ficha limpia, pero bueno era algo que se venía demandando, que hacía muchos años que la ciudadanía reclamaba”, alertó la radical en declaraciones radiales.

Así, criticó: “Creo que hay un poco de egoísmo o de falta de reconocimiento a tantos diputados y diputadas por parte del Gobierno que durante muchos años hicieron este trabajo”. En ese sentido, consideró que el proyecto “tiene muchas falencias y debilidades y era lo mejor que se pudo consensuar y después hubo parte de circo romano a lo que ya nos tienen acostumbrados lo decía la diputada (Mónica) Frade y revolearon casusas de una punta a la otra del recinto”.

“El proyecto tiene muchas cosas que faltan, no alcanza solo con algunos delitos de corrupción como están incorporados. El tema de participar en lavado de dinero, activos debía incorporarse. Todas aquellas condenas por delitos como narcotráfico, pedofilia, crímenes contra integridad sexual deberían estar incorporados”, opinó y sumó: “Faltó, y es algo que habíamos puesto en nuestro dictamen de minoría con la diputada Carrizo, el tema de establecer plazos para que fueran más rápidas las causas de corrupción. Yo mencioné que el expresidente Menem murió siendo senador y condenado y esto no puede pasar porque no te alcanza con ficha limpia. Tenes que tener procesos más agiles, tenemos elecciones cada dos años para dar un ejemplo y un proceso de corrupción puede llevar entre 10 y 12 años. En el medio esa persona puede ser hasta tres veces diputada o senadora dos veces”.

Sobre la situación en el Senado que se aproxima, Tavela planteó: “El oficialismo en diciembre no dio quórum o parte del Gobierno porque nunca se sabe si fue una parte o no, bueno el Gobierno levantó a sus diputados y no dieron quórum y a la gente le cayó muy mal. Entonces midieron que eso era un impacto negativo para el Gobierno e hicieron el proyecto para que entrara en extraordinarias”.

“Yo insisto habrá quienes tienen la mejor voluntad y la mejor buena fe de que este proyecto se hace para salir, pero yo tengo mis dudas porque no es casual que ayer se haya firmado el dictamen de Lijo en el senado y que no se haya firmado García- Mansilla”, puso en duda.

Y sumó: “Yo pienso que la semana que viene ficha limpia no va a pasar y se va a firmar García Mansilla tengo esa impresión, ojalá esté equivocada, pero no se condicen las conductas porque nadie se levanta en diciembre y no da quórum presenta el proyecto diez días después y en dos semanas lo saca del Congreso. Es muy inconsistente la conducta”.

“Es un proyecto de avance y por eso lo apoyé y acompañé. Es saludable y muy bueno que estén incorporados los funcionarios públicos no solamente los candidatos, sirve y suma para sanear un poco la democracia. Es un avance positivo, pero no alcanza y tiene un montón de falencias, podría haber sido mejor, pero para eso hay que construir acuerdos políticos, generar diálogo algo que no pasa, no le sale a este Gobierno y no lo va a hacer”, resumió.

Así, cerró: “Tengo mis dudas de cuál es el fin último cuando llegue al Senado. Lo van a canjear por la designación de García Mansilla porque a UP no le conviene que salga el proyecto y el Gobierno necesita que le firmen el pliego”.

Este miércoles por la tarde recién se conoció que el dictamen del pliego de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema reunió las nueve firmas necesarias para llegar al recinto. La Comisión de Acuerdo lo había despachado el pasado 21 de agosto.

El despacho lleva las firmas del jefe de bancada oficialista, Ezequiel Atauche; del titular de bloque radical Eduardo Vischi; del salteño Juan Carlos Romero (CF); el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana del Pro, Beatriz Ávila; del misionero Carlos Arce; y de los integrantes de Unión por la Patria, el sanjuanino Sergio Uñac, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Tras darse a conocer la noticia, legisladores de la oposición criticaron el dictamen y advirtieron que “se va concretando el pacto de impunidad”.

“Finalmente, el Ejecutivo pactó con el kirchnerismo y consiguió las firmas para el pliego de Lijo, el juez más cuestionado y resistido de la historia. Mientras distraen con la suspensión de las PASO, la casta más rancia avanza. Estos son los cómplices de este desatino a la Patria”, apuntó el ex libertario Francisco Paoltroni, quien desde que se conoció la candidatura de Lijo se mostró en contra lo que le valió la expulsión del bloque oficialista. A su posteo, la diputada de la CC Mónica Frade comentó: “Asco”.

Finalmente el Ejecutivo pactó con el kirchnerismo y consiguió las firmas para el pliego de Lijo, el juez más cuestionado y resistido de la historia. Mientras distraen con la suspensión de las PASO, la casta más rancia avanza. Estos son los cómplices de este desatino a la Patria. pic.twitter.com/pqxX0FK2jd

— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) February 12, 2025

En el mismo sentido, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, expresó: “Pasito a pasito, se va concretando el pacto de impunidad. Señores Senadores, Lijo, ¡No! Si así no lo hicieran, que Dios y/o la Patria se lo demanden”.

Su par de bancada Marcela Campagnoli advirtió: “Estemos atento a que el oficialismo no deje caer FICHA LIMPIA en el Senado a cambio que le voten el pliego de Lijo Recordemos Lijo no. El Gobierno apuesta a conseguir la designación de Lijo en el Senado y apelar a un decreto para García-Mansilla”.

Por su parte, el diputado del bloque Democracia Para Siempre Fernando Carbajal criticó al presidente del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, por haber acompañado con su firma el dictamen: “Profunda vergüenza por el voto del senador Vischi avalando el pliego de Lijo. ¿Cuál es el precio de entregar los valores de la República?”.

Si bien había trascendido hace bastante tiempo que el pliego de Ariel Lijo contaba con las nueve firmas necesarias para llegar al recinto, recién este miércoles se confirmó que eso sucedió: Tras la audiencia pública del 21 de agosto pasado, la Comisión de Acuerdos del Senado pasó a la firma el dictamen la propuesta del Ejecutivo para designar a un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia.

El despacho lleva las firmas del jefe de bancada oficialista, Ezequiel Atauche; del titular de bloque radical Eduardo Vischi; del salteño Juan Carlos Romero (CF); el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana del Pro, Beatriz Ávila; del misionero Carlos Arce; y de los integrantes de Unión por la Patria, el sanjuanino Sergio Uñac, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Lo cierto es que esto se conoce cuando se están alistando los temas que serán llevado al recinto del Senado para una sesión de este periodo extraordinario. Siempre se especuló con que en la sesión donde fuera a tratarse el pliego de Lijo, primero y después el Manuel García-Mansilla, sería una sesión única que no formaría parte del resto del temario de extraordinarias.

Habida cuenta, fundamentalmente, de que García-Mansilla no cuenta con dictamen y el tratamiento de su pliego necesitaría la habilitación del aval de dos terceras partes en el recinto  para avanzar con el tratamiento sobre tablas.

Así las cosas, todo puede suceder en los tiempos que corren, y con la noticia de que el tema Lijo está listo para ser tratado en el recinto, eso debería suceder la próxima semana antes del final del período extraordinario, el viernes 21. Según supo parlamentario.com, la fecha tentativa para ir al recinto de la Cámara alta sería el jueves 20 de febrero.

De todas maneras, que estén las firmas no implica que ya tenga asegurado, Ariel Lijo, los votos en el recinto donde necesitará de dos tercios de los presentes. Es de esperar que si el oficialismo no tiene asegurado ese número no vaya a exponerse en una sesión. A lo largo de esta semana deberán trabajar para contar con un numero importante de senadores del interbloque conduce José Mayans.

P.E.37-24- DICT.

 

Con una resolución exprés, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó el dictamen del proyecto de ley de suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para este 2025. El despacho contó con las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical, Juntos Somos Rio Negro y el interbloque Las Provincias Unidas.

A pesar de que en la Cámara de Diputados hubo apoyo de los legisladores de Santiago del Estero, el senador nacional José Neder, integrante de esta comisión, no firmó el despacho. Igualmente, sin el apoyo de Unión por la Patria, el dictamen contaba con las rúbricas necesarias del oficialismo, los aliados y la oposición dialoguista.

Antes de avanzar con el tratamiento de la iniciativa, la senadora nacional Alejandra Vigo fue designada como titular de la comisión en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider, quien fue removido de la Cámara alta el pasado 12 de diciembre tras ser detenido in fraganti y procesado por supuesta participación en la causa de lavado de activos. Hasta la votación que designó a la cordobesa, el encuentro fue presidido por la vicepresidenta Sandra Mendoza, integrante de UP.

La intención del oficialismo es la de llevar este texto, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde la semana pasada, a una sesión extraordinaria la semana que viene. Según supo parlamentario.com, la fecha tentativa es el jueves 20 de febrero. Minutos antes de que salga el dictamen, la vicepresidenta Victoria Villarruel avaló la suspensión de las PASO.

La suspensión de las PASO le simplificará la vida a todos los argentinos y les ahorrará 150 millones de dólares.
La política debe dirimir sus internas con su propio dinero y no con el bolsillo del pueblo argentino que no llega a fin de mes.
Hoy en el Senado se discutirá dicha…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 12, 2025

Sin embargo, antes de votar la moción propuesta  por el salteño Juan Carlos Romero, desde el interbloque Unión por la Patria denunciaron que “no se respetó la proporcionalidad para integrar las comisiones”, y agregaron que en la previa al encuentro “se hizo un punteo de quienes iban a firmar este dictamen y en base a eso, fueron cambiando integrantes de la comisión”.

Si bien la senadora riojana Florencia López amagó con pedir que se declare "nulo de nulidad absoluta" el llamado a reunión, el presidente del interbloque Unión por la Patria, el formoseño José Mayans, señaló que “la proporcionalidad actual debería ser del 47% para nosotros”, y cargó que “suplantan con uno del mismo equipo sin tener en cuenta la proporcionalidad, que es del 69% para el rejuntado (así llamó a los oficialistas, aliados y dialoguistas)”.

En línea con lo denunciado, el formoseño ironizó contra el senador radical Pablo Blanco: “No le digo más senador, ahora le digo comisionado porque está en 19 comisiones”. También apuntó contra la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, contra la chubutense Edith Terenzi y la correntina Mercedes Valenzuela. “Discutamos el presupuesto, déjense de joder con las PASO y ficha limpia, y respeten la proporcionalidad de las comisiones”, cerró Mayans.

En medio de la tensión con los integrantes de UP, la senadora cordobesa Alejandra Vigo del bloque Unidad Federal tomó las riendas de la reunión e informó que el despacho del proyecto de ley de suspensión de las PASO pasó a la firma.

Dirigida a la nueva titular de Asuntos Constitucionales, la senadora neuquina Silvia Sapag manifestó: “No sé cómo ha logrado este lugar de honor, pero viene en reemplazo de Kueider que es un chorro, ladrón y mentiroso”. Además, señaló que “si se reemplaza por alguien del mismo acuerdo es porque es un acuerdo mafioso y fue Kueider quien decía que (Carlos) Espínola era su jefe”. Para cerrar, afirmó “ese lugar de honor (titularidad de la comisión) pierde un poco de su lustre”.

A su turno, el senador formoseño Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso), ex integrante de La Libertad Avanza, reveló que la suspensión de las PASO “jamás estuvo en agenda” y anunció que va a votar en contra en el recinto del Senado la próxima semana. Diferente fue la postura de la rionegrina Mónica Silva quien confirmó su apoyo al proyecto de ley.

Por último, el senador radical Pablo Blanco confirmó su firma en disidencia, y puso el foco en “qué se hará con los 150 millones en ahorro. En última instancia, el legislador fueguino ironizó que con el ahorro de las elecciones primarias “van a financiar la compra de helicópteros para regalárselo a un país europeo en guerra o los viajes del presidente Javier Milei”.

Horas antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en la que se debatirá este miércoles sobre la suspensión de las PASO, iniciativa que recibió media sanción de Diputados la semana pasada, senadores del oficialismo y la oposición no K mantuvieron una cumbre en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde se acordó avanzar con el dictamen sin obstáculos.

Sucede que para garantizar la validez de los despachos se requieren de las firmas de la mitad más uno de los integrantes de la comisión, aunque algunos presenten otro dictamen alternativo, como sucedió en la Cámara baja con los santiagueños y catamarqueños de Unión por la Patria.

En la previa había cierta incógnita -que tras la conversación fue descartada- por la presencia en Asuntos Constitucionales de, por ejemplo, los radicales Maximiliano Abad y Pablo Blanco, quienes se oponen a la suspensión de las primarias. Sin embargo, desde la UCR hubo un compromiso de que no pondrán obstáculos.

En la comisión, el oficialismo y los bloques opositores dialoguistas reúnen 11 miembros, mientras que Unión por la Patria tiene 8.

Antes de comenzar con la discusión del proyecto más importante para el Gobierno nacional dentro del temario de extraordinarias, deberá votarse al nuevo titular de Asuntos Constitucionales, que quedó en manos de la vicepresidenta Sandra Mendoza, de UP, luego de la expulsión del entrerriano Edgardo Kueider, a quien el oficialismo había puesto en ese sitio estratégico.

Entre los nombres que LLA pretende ocupen la conducción de la comisión se barajan al salteño Juan Carlos Romero y la cordobesa Alejandra Vigo, ambos integrantes del bloque Las Provincias Unidas, espacio que integraba el exlegislador detenido en Paraguay por contrabando.

Alcanzado el dictamen, como espera, el oficialismo tiene la intención de sesionar la semana próxima para sancionar la suspensión de las PASO de este año, pero de cara al recinto deberá trabajar en buscar los 37 votos (mayoría absoluta) con la ayuda de UP. Con el escenario ocurrido en Diputados, habría también en la Cámara alta voluntades a favor desde el principal interbloque opositor.

En caso de aprobarse la ley, quedarán suspendidas las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de este año, una instancia inferior a lo que originalmente pretendía el Gobierno nacional, que promovía la derogación del sistema. Pero conforme a lo conversado en las negociaciones previas, el propio Ejecutivo admitió que no tenía los votos para su aspiración de máxima y se conformó con la suspensión, a la espera de que pasadas estas elecciones pueda derogarlas antes de 2027. Se verá.

Tras trece días de incendios que azotan la Patagonia argentina, la senadora nacional Silvia Sapag por Unión por la Patria presentó tres proyectos para exigir informes sobre el manejo del fuego y la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de incendios y apuntó contra el “desmantelamiento del Ministerio de Ambiente, el ajuste presupuestario y la falta de recursos”.

Sapag elevó tres iniciativas al Senado con el objetivo de obtener respuestas sobre el manejo del fuego en la Patagonia. A través de un pedido de informes, exigió al Gobierno de Javier Milei que detalle la ejecución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego y la inversión en recursos humanos y materiales.

Además, presentó un proyecto para citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar explicaciones sobre la estrategia de prevención y combate de los incendios forestales.

“El brutal ajuste del Gobierno está dejando a la Patagonia a la deriva mientras se multiplican los incendios”, advirtió Sapag. “El desmantelamiento del Ministerio de Ambiente, la subejecución presupuestaria y la transferencia del manejo del fuego al área de Seguridad demuestran la completa falta de interés por proteger nuestros recursos naturales”, agregó.

En sus fundamentos, recordó que, entre enero y febrero, más de 13 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego en la región y denunció que la política de Milei y Bullrich ha generado un vaciamiento de las instituciones encargadas de la protección ambiental. “Nos están quemando la Patagonia mientras el Gobierno se lava las manos”, afirmó.

Finalmente, pidió el respaldo de sus pares para aprobar los proyectos y exigir respuestas al Ejecutivo. “El ajuste y la desregulación ambiental están destruyendo el país. No podemos permitir que la falta de control y la negligencia sigan avivando el fuego que consume nuestra Patagonia”, concluyó.

Luego de la reunión en la que se debatirá sobre la suspensión las PASO, los senadores se abocarán al tratamiento en comisión de los otros dos proyectos de ley que recibieron media sanción durante la última sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Se trata de la iniciativa sobre los cambios en los conceptos de reincidencia y reiterancia, y aquella que busca instaurar el juicio en ausencia.

La reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, fue convocada a partir de las 18 en el Salón Illia.

En el caso del proyecto de reincidencia y reiterancia, fue enviado por el Poder Ejecutivo y se aprobó en la Cámara baja con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

La iniciativa, que busca poner fin a "la puerta giratoria" para delincuentes, tiene como objetivo principal endurecer las penas para quienes reinciden en el delito y aquellos que cometen varios delitos sin haber sido aún condenados.

A través del proyecto se introducen modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, estableciendo nuevas reglas para la reincidencia, que se aplicará a toda persona condenada a penas privativas de libertad en dos o más ocasiones, siempre que la primera condena se encuentre firme. En paralelo, la reiterancia delictiva establece que el juez, a los fines de evaluar el dictado de prisión preventiva, también deberá valorar un tercer supuesto: si hubo imputaciones previas.

"Las reformas contemplan no sólo un enfoque más estricto en la imposición de penas, sino también en la unificación de condenas para aquellos que enfrentan múltiples procesos. Esto asegurará que las penas reflejen la gravedad acumulada de los delitos cometidos", se destacó desde el oficialismo.

Por otro lado, la iniciativa sobre juicio en ausencia prevé instaurar un mecanismo que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, y resultaría clave en el avance de la causa AMIA.

Esta herramienta será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

De acuerdo al texto, el juicio en ausencia procederá para un imputado declarado rebelde si conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial; si transcurridos 4 meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, no pudo ser hallado; o por si el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido.

En la Cámara de Diputados, el proyecto enviado por el PEN cosechó 147 votos positivos, 68 negativos y 9 abstenciones.

Luego de una rápida media sanción en la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne este miércoles 12 de febrero a las 15 para comenzar el debate sobre el proyecto de ley de suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Antes de comenzar el tratamiento, será designado el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales quien ocupará el lugar que deja el expulsado Edgardo Kueider, procesado y detenido en Asunción por supuesta participación en lavado de activos.

En base a lo ocurrido en Diputados, desde el oficialismo se muestran optimistas de poder sancionar la iniciativa, a pesar de que cuando se lleve a cabo la sesión especial en el recinto de la Cámara alta, Stefanía Cora asumirá la banca que dejó el removido Kueider, el interbloque de Unión por la Patria va a tener 34 integrantes.

De cara a una cita en el recinto de la Cámara alta, también se suma la ausencia del senador radical chaqueño Víctor Zimmermann, legislador de la oposición dialoguista, quien hace uso de una licencia especial hasta el viernes 28 de febrero.

Sin embargo, fuentes consultadas por parlamentario.com, confiaron en que el Senado se repita lo ocurrido en Diputados en la sesión del jueves pasado: En el oficialismo aseguran que los senadores de Catamarca y Santiago del Estero que integran Unión por la Patria van a acompañar el tratamiento en la Cámara alta y así, sancionar la suspensión de las PASO para este 2025.

El proyecto que suspende por este año las elecciones PASO fue aprobado este jueves con una mayoría holgada: 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Y sobre todo el detalle de que un cuarto del bloque de Unión por la Patria se sumó a los votos positivos. Además de que solo 43 de sus 98 integrantes votaron en contra de la norma.

Las elecciones primarias quedarán suspendidas para este 2025, una instancia inferior a lo que originalmente pretendía el Gobierno nacional, que promovía la derogación del sistema. Pero conforme a lo conversado en las negociaciones previas, el propio Gobierno admitió que no tenía los votos para su aspiración de máxima y se conformó con la suspensión, a la espera de que pasadas estas elecciones pueda derogarlas antes de 2027. Se verá.

El proyecto definitivo quedó limitado a cinco artículos, y suspende durante el año 2025 las PASO contenidas en el título II de la Ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que instituye el sistema de elecciones PASO.

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Tras ser ungido como nuevo presidente del bloque Pro en el Senado, el entrerriano Alfredo De Ángeli afirmó que “no es bueno ver las diferencias” entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel, al tiempo que les advirtió que “el kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado”.

“Como en cualquier lado que uno deba estar, debe asumir las responsabilidades. Es un gran desafío estar tratando de acompañar al Gobierno nacional en proyectos de ley que creemos que necesita más el presidente para seguir adelante este gran cambio que necesita la Argentina”, expresó y sumó: “Va a haber mucho debate porque ya no hay mayorías automáticas como muchos años que me tocó estar con mayorías automáticas que venían los proyectos del Ejecutivo y no se le podía tocar una coma. Va a ser un gran desafío”.

“Quiero agradecerle a Luis (Juez) por todo lo que hizo por el bloque donde teníamos algunas diferencias y trató de mantenerlo unido. Es un lugar de privilegio en cuanto a la responsabilidad de cada uno porque representamos a las provincias. Es un desafío tratar de votar juntos lo que le hace bien a la república, defender la libertad de poderes”, sostuvo.

Al ser consultado por una posible alianza electoral con LLA, contó: “No se tocó este tema con Mauricio, creo que va a haber alianzas por distritos y va a depender mucho de los gobernadores. Si hay algún partido en el pensamiento y en el cambio es el Pro”.

“Va a haber una alianza, el Pro acompañó la mayoría de los proyectos en el Senado. Ellos son solo 6 senadores y algunos sin experiencia, nosotros con Luis Juez los ayudamos a sacar los proyectos que necesitaban porque el kirchnerismo no quería aprobar ni las autoridades del Cuerpo a la vice; nosotros desde el Pro pusimos lo que teníamos que poner. El kirchnerismo siempre estuvo obstruyendo porque no están de acuerdo con las políticas de Milei”, opinó en declaraciones radiales.

De forma acotada, analizó una posible candidatura de Mauricio Macri como legislador: “No lo veo a Macri como legislador, esta para conducir el partido y llevar adelante las iniciativas, ordenarlo cuando haga falta”.

“Hablamos en trabajar en espejo con Diputados mucho más conectado porque el año pasado hubo mucha desconexión”, indicó.

Por otro lado, afirmó que “como bloque y partido ya tenemos la postura adoptada de que el pliego de Ariel Lijo no lo vamos a acompañar. Es una decisión que se tomó orgánicamente en el partido. El oficialismo va a tener que conseguir los votos por otro lado. No estamos de acuerdo porque un ministro de la Corte tiene que ser alguien que venga con el mayor de los consensos”.

Por último, se refirió a la tirante relación entre el presidente y la vice: “No es bueno ver esas diferencias entre Milei y Villarruel. Creo que ella está muy alineada al Gobierno, se la vio trabajando duro con Guillermo Francos y le advertimos que el kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado cuando jure la nueva senadora. Si no tenés 37 senadores sentados te inmovilizan el Senado. Eso es algo que lo tienen que entender”.

Durante más de una hora, el presidente del partido amarillo, Mauricio Macri, estuvo reunido con el senador nacional Alfredo de Ángeli. Al término, se realizó el anuncio oficial del paso del entrerriano a ser el nuevo jefe de bloque Pro en el Senado, luego de la salida de Luis Juez, quien, de todos modos, permanecerá dentro de la bancada.

Del mismo modo, se designó al senador misionero Martín Göerling Lara como vicepresidente primero. La reunión se llevó a cabo en la sede del partido ubicada en Balcarce 412 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvieron presentes algunos de los integrantes de la mesa ejecutiva de Propuesta Republicana, quienes expresaron: "Confiamos en su liderazgo para continuar defendiendo el federalismo, la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los argentinos".

Antes de ingresar a la cumbre del Pro, Luis Juez descartó irse del bloque, pero aclaró que “solo dije que me encantaría ser gobernador por La Libertad Avanza”. Molesto por algunos cuestionamientos, el senador cordobés aseveró que “soy intentable y siempre defendí los mismos valores”. “Acá no hay doble comando y el que toma las decisiones es Javier Milei, nos guste o no nos guste”, respondió en alusión a consultas sobre el Poder Ejecutivo de la Nación.

Tal como se apreció en la imagen de la oficialización, fueron parte del encuentro, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; y el secretario general del Pro, Facundo Perez Carletti (tal como se aprecia en la imagen), junto al presidente del partido, Mauricio Macri.

Por su parte, el nuevo presidente de bloque Pro en el Senado esgrimió una palabras en agradecimiento por la designación: "Agradezco al presidente Mauricio Macri, al equipo de conducción del partido y a mis compañeros de bloque por la confianza", y añadió que "es un honor y una enorme responsabilidad que asumo con humildad, convicción y la certeza de que juntos vamos a seguir dando la batalla por el país que soñamos".

Para terminar, Alfredo de Ángeli manifestó: "Vamos a seguir firmes, sin claudicar. Porque cuando uno cree en lo que hace, no hay obstáculos que puedan frenar el cambio. Y porque, al final del día, no hay mayor orgullo que saber que estamos del lado correcto de la historia".

Eran tiempos en los que el kirchnerismo, con su bancada del Frente para la Victoria, contaba con quórum propio en ambas cámaras, y el tema gozaba de amplio consenso en la población. Fue entonces que el Congreso de la Nación sancionó la incorporación, dentro del artículo 80 del Código Penal, de la figura del “femicidio” por el que se castiga -como figura agravada del homicidio- “al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El Gobierno hizo trascender que está trabajando en un proyecto de ley denominado “igualdad ante la ley”, por el que va a proponer modificaciones legislativas al Código Penal. Esto fue confirmado este viernes por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien a través de X expresó: “Vamos a eliminar la figura del femicidio porque esta administración defiende la igualdad ante la ley y ninguna vida vale más que otra”.

La figura del femicidio fue incorporada al Código Penal el 14 de noviembre de 2012, luego de que el texto volviera del Senado con modificaciones. En la Cámara alta obtuvo la aprobación con 47 votos afirmativo y 25 ausentes. En Diputados, cámara de origen, la sanción definitiva, al texto original, se logró por unanimidad: 224 votos a favor, 0 en contra y un total de 33 legisladores ausentes.

En ese entonces, la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, integraba la bancada Unión por Todos luego de haber revalidado su banca un año antes en la boleta de la Coalición Cívica – ARI, cuando estaba alineada a Elisa Carrió. En aquella votación de hace 12 años, acompañó con su voto la modificación del artículo 80 del Código Penal.

De igual manera, Omar De Marchi, designado por Milei como secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales hasta el pasado 1ero. de noviembre cuando presentó la renuncia, integraba el bloque Demócrata de Mendoza y fue una de las 224 adhesiones al texto original sancionado definitivamente en Diputados en aquella sesión ordinaria.

Reconocido por el uso de camperas amarillas y de tendencia conservadora, Alfredo Olmedo, hoy integrante del Parlasur por La Libertad Avanza, y referente de los diputados de La Libertad Avanza por Salta, también fue otro de los que votó positivamente la incorporación del femicidio al Código Penal. El salteño representaba el bloque Salta Somos Todos que estaba alineado con el Pro.

Del otro lado, pese a que el proyecto regresó a la Cámara de origen con modificaciones, hubo dos senadores que estuvieron ausentes que hoy son aliados del oficialismo en la Cámara alta: Uno fue Luis Juez, en aquel entonces integrante del Frente Cívico de Córdoba; el otro fue el senador salteño Juan Carlos Romero, quien integraba el peronismo no kirchnerista en el Senado.

Cabe recordar que la Cámara alta le había introducido cambios en la sesión que se llevó a cabo el 3 de octubre del 2012 para añadir al delito un artículo particular y no considerarlo como agravante. Sin embargo, la Cámara de Diputados superó ampliamente los dos tercios requeridos para insistir con el proyecto original.

Producto sin lugar a dudas de la intensa guerra que protagoniza la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, con la Casa Rosada, se conoció la renuncia de una figura llevada al cargo precisamente por ella: Claudia Rucci.

La propia hija del recordado José Ignacio Rucci, exsecretario general de la CGT entre 1970 y 1973 y asesinado en el marco de un atentado nunca esclarecido en 1975, anunció su renuncia que a la Dirección General del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, a través de las redes sociales.

Allí expresó su agradecimiento “a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”.

El dato saliente de su mensaje en las redes sociales es que no menciona en el posteo a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien la designó en el cargo en enero de 2024.

Su salida es toda una señal, por cuanto para muchos forma parte del desmantelamiento de los equipos de la titular de la Cámara alta en ese Cuerpo.

Rucci fue actriz y también diputada nacional en dos períodos, entre los años 2009 y 2013, y 2015 y 2017. Luego fue senadora provincial bonaerense entre 2019 y 2023.

Al ser designada al frente del Observatorio de DDHH, el 11 de enero de 2024, Villarruel saludó su nombramiento expresando su orgullo por el nombramiento “y por la apertura e inclusión que conlleva su visión de los derechos humanos para todos”. Claudia Rucci a su vez se manifestó “muy orgullosa por la confianza en la tarea encomendada”.

A lo largo de su año en el Senado, realizó muchas actividades, entre ellas la inauguración junto a la vicepresidenta de un busto con la figura de María Estela Martínez de Perón en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo. Un homenaje en el que se destacó a Isabel como “la primera mujer en presidir el Senado”.

El 27 de agosto pasado, Rucci participó en la organización del acto por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. En esa oportunidad, fue la ahora exdirectora quien abrió el acto expresando que “la humanidad entera debería repetir que ‘un crimen es un crimen’ cualquiera sea el sentimiento que impulse al criminal”. Agregó, además, que “cada vez que eso ocurrió, lo cotidiano pasó a ser riesgoso y caminar de la mano con papá y mamá era una actividad riesgosa porque la locura nos podía sorprender en cualquier momento”. Relató cómo fue el día que se enteró de la muerte de su padre, José Ignacio Rucci, y cerró: “Seguimos reclamando que la verdad no sea otra cosa que la verdad”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue recibido por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y los jefes de bloque aliados y dialoguistas en el Palacio Legislativo con el fin de articular la estrategia de cara al tratamiento de los proyectos en las sesiones extraordinarias. Al término del encuentro, el funcionario manifestó que “hay acuerdo con este grupo de senadores para tratar la eliminación de las PASO, ficha limpia y los proyectos penales”.

Al igual que el martes pasado en Casa Rosada, el funcionario estuvo secundado por el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello; y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy. En esta ocasión, Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete, no estuvo presente.

En representación de la Cámara alta estuvieron junto a Victoria Villarruel, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el presidente de bancada oficialista, Ezequiel Atauche; el senador fueguino Pablo Daniel Blanco en representación de la UCR porque Eduardo Vischi está en Corrientes por temas personales; el titular del interbloque Las Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; y del Pro, estuvieron Alfredo de Angeli, Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero.

Para este encuentro no hubo representantes del interbloque de Unión por la Patria, ni del Frente Renovador de la Concordia (senadores misioneros), ni tampoco del bloque Por Santa Cruz.

Un dato saliente del encuentro fue la presencia de la vicepresidenta de la Nación, de Victoria Villarruel, quien participó de la reunión en calidad de titular de la Cámara alta. Tuvo sentido su asistencia ya que se había especulado, en función del fuerte conflicto que atraviesa con la Casa Rosada, con que no se le daría participación en estas negociaciones.

Finalmente, esto no fue así, porque la reunión se llevó a cabo en el Palacio Legislativo y no en Balcarce 50 justamente porque desde el Gobierno buscaron evitar una fotografía que la vicepresidenta de la Nación, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei, en Casa Rosada.

Tal como ocurrió el martes en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete se reunió con los principales referentes de las bancadas aliadas y dialoguistas para ordenar el plan respecto a los temas de las sesiones extraordinarias. según Guillermo Francos no fueron  tema de la reunión los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Presente en la reunión, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR) conversó con los medios de comunicación a la salida del Senado y anunció: "Eestamos dispuestos a tratar todos los temas, pero no adelanté posicionamiento porque las PASO las debemos discutir internamente".

Con relación a los pliegos de la Corte Suprema de Justicia, relató que le planteó al funcionario su "no acompañamiento" sobre Ariel Lijo, pero sí "el posible acompañamiento" al de Manuel García - Mansilla. 

Así las cosas, el legislador de la UCR contó que hubo reclamos por la ausencia del Presupuesto 2025 y se desmarcó de las palabras de Rodrigo de Loredo, jefe de bancada radical en la Cámara baja, quien el martes manifestó que "votaría el proyecto a libro cerrado": "Esta es la casa de las provincias e interesa el reclamo de los gobernadores, así que no lo votaría a libro cerrado".

Para terminar, el senador nacional Pablo Blanco reveló que la idea barajada en la reunión fue la de hacer "una sola sesión con todos los temas en la semana del 18 de febrero (última del período de extraordinarias)".

Con la intención de acelerar los tiempos para el avance del tratamiento de temas en extraordinarias, el Gobierno repetirá esta tarde la reunión celebrada con diputados propios, aliados y dialoguistas, ahora con senadores. Será este mismo miércoles, pero la cita es en el Senado de la Nación, no en Casa Rosada como el martes.

Del encuentro, previsto para las 15, participarán por parte del Gobierno los mismos funcionarios que asistieron a la reunión celebrada este martes con los diputados Gabriel Bornoroni, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Oscar Zago, encabezados por el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El cambio de sede obedece al hecho de que en esta oportunidad participará del encuentro la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Con la relación tirante entre la Rosada y la vice está claro que el Gobierno nacional no quiere una foto de Villarruel en Balcarce 50.

En este caso el eje del debate no estará dado fundamentalmente en la cuestión de las PASO, como sucedió con los diputados, sino sobre todo en los pliegos judiciales que quiere el Gobierno que se traten antes de marzo: los de los hombres propuestos para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

En la reunión del martes con los diputados, más allá de los reproches por el Presupuesto 2025 que el Ejecutivo no quiso ni quiere tratar en el Congreso, el eje principal pasó por el debate sobre las PASO, que el Gobierno quiere derogar y que la oposición dialoguista prefiere suspender. Sobre eso quedó claro que La Libertad Avanza no tiene los votos todavía para avanzar y quedaron en una nueva reunión para la semana que viene.

Ese tema se tratará también en la reunión de este miércoles con los senadores, de la que tomarán parte los bloques dialoguistas, como el Pro, la UCR, Unidad Federal y otros, como así también el titular del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, el presidente provisional Bartolomé Abdala, y, dato saliente, la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, según confirmaron a parlamentario.com fuentes oficiales. Hasta ahora, se hablaba de dejar fuera de las negociaciones a la titular del Cuerpo.

Mientras en Diputados ya se habla de dos sesiones, a realizarse en febrero, en la Cámara alta se espera que se establezca un cronograma similar, con dos reuniones: una para los proyectos y el otro para los jueces para la Corte Suprema.

Recordemos que el Senado tiene para tratar la ley antimafias, que ya cuenta con dictamen de comisiones y media sanción del Senado. Además de los pliegos, está el resto del temario, pero esos otros cinco temas previstos para extraordinarias (derogación de las PASO, juicio en ausencia, ficha limpia, reiterancia y reincidencia, quebrantos) todavía tienen que salir de la Cámara baja.

Mientras tanto, en la Cámara alta se deberá explorar cómo está el poroteo para avanzar con los temas que le interesan al Poder Ejecutivo.

Si bien el término “sesiones extraordinarias” es el que menciona la propia Constitución Nacional en sus artículos 99 y 100, el trabajo convocado por el Poder Ejecutivo de turno en los meses de diciembre, enero y febrero no se circunscribe solo a las sesiones, sino que refiere a toda la tarea legislativa, ya sea en el recinto, o -sobre todo- las comisiones.

Así las cosas, lo que se espera suceda en el verano no está circunscripto estrictamente a la actividad en los recintos, sino también a la tarea que deben desarrollar diputados y senadores en las comisiones respectivas, si es que los proyectos propuestos para su tratamiento no tienen los dictámenes correspondientes.

Puntualmente el Gobierno de Javier Milei ha mandado al Congreso un temario de 7 cuestiones, de las cuales cuatro están listas para llegar al recinto, mientras que otras tres deben hacer todo el recorrido correspondiente a cualquier ley. En ambas cámaras, lo que puede hacer más engorroso y hasta escueto el tiempo de cinco semanas dispuesto para debatirlos.

Dos de los proyectos están listos para ser tratados en el recinto de Diputados esta misma semana, pues de hecho habían sido incluidos en la última sesión que fracasó por falta de quórum. Hablamos de juicio en ausencia y el proyecto sobre reincidencia y reiterancia. Ambos temas formarán parte de la primera reunión de la Cámara baja, mientras que el proyecto de ley antimafias está en el Senado, con media sanción de Diputados y el dictamen correspondiente en esa Cámara.

En el Senado, juicio en ausencia deberá pasar por la Comisión de Justicia y la de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esta última es presidida por la radical Carolina Losada.

El proyecto de reincidencia y reiterancia pasará solo por Justicia en el Senado.

El cuarto tema merece una consideración especial, pues refiere a los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones del Senado. Cuando hablamos de eso, está claro que se piensa en el tratamiento de los pliegos propuestos por el Ejecutivo para completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Pero también pueden ser incluidos ascensos militares y pliegos judiciales, en cuyo caso debería ser convocada la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, aunque no pareciera ser este el caso.  Todo indica que el Senado abrirá el recinto para debatir si aprueba o no a Lijo, y a continuación trataría sobre tablas el caso del jurista García-Mansilla.

Ahora vamos a los temas que arrancan de cero y deberían hacer el recorrido completo en ambas cámaras. Comenzando por la eliminación de las PASO, presentada como la reforma para el fortalecimiento electoral. Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso el 21 de noviembre del año pasado, que arrancará su camino en Diputados y deberá ser tratado antes de llegar al recinto por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz; la de Justicia, encabezada por Manuel Quintar, y Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert. Una vez aprobado, si eso sucede, debería pasar por las mismas comisiones del Senado.

En el caso de Asuntos Constitucionales, la presidencia de esa comisión en el Senado se encuentra vacante, pues era ostentada por el ya expulsado Edgardo Kueider. La vicepresidenta de esa comisión es la tucumana Sandra Mariela Mendoza, pero no se espera que asuma ella el cargo vacante. Tal vez podría ocupar ese sitial el senador Luis Juez, tan cercano ahora al presidente Javier Milei, más allá de que encabece la Comisión de Defensa, que podría dejar en ese caso.

También la reforma electoral debería pasar por Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el riojano Juan Carlos Pagotto, y Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche.

Asuntos Constitucionales y Justicia serán las comisiones que deberán encargarse de tratar el proyecto del Poder Ejecutivo de ficha limpia, que ingresará a la Cámara baja este lunes; en tanto que el tercero de los proyectos que deberán hacer todo el recorrido legislativo por ambas cámaras es el de compensación e índice de actualización de quebrantos, también del Ejecutivo, que necesita dictamen de Presupuesto y Hacienda.

Así las cosas, siete comisiones de ambas cámaras son las que deberán ser convocadas a partir de este lunes para trabajar durante las próximas cinco semanas en las que el Poder Ejecutivo espera dar tratamiento a los siete temas propuestos para este verano.

Camino al segundo año de la gestión de Javier Milei, en este 2025 se celebrarán las elecciones legislativas en las que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. El propio presidente ya dijo que será un plebiscito de su gobierno, donde el oficialismo buscará engrosar sus bloques, actualmente minoritarios en ambas cámaras. 

Los escaños que se ponen en juego son los que las distintas fuerzas políticas obtuvieron en 2021. En el caso de La Libertad Avanza, aquellos comicios fueron el comienzo de Milei en la vida política, cuando resultó electo diputado por la Ciudad de Buenos junto a Victoria Villarruel. 

Pero, producto de los aliados que cosechó en su primer año, como así también el retorno de algunas figuras al espacio, el oficialismo expondrá en estas elecciones no 2, sino un total de 8 bancas de la Cámara baja. Entre ellas están las de los bonaerenses José Luis Espert y Carolina Píparo, que habían ingresado en 2021 separados de LLA, bajo el sello “Avanza Libertad”, luego se separaron y finalmente volvieron a unirse en el bloque libertario, compuesto hoy por 39 integrantes. 

Yendo a la primera minoría, Unión por la Patria, que tiene 98 miembros, arriesgará 46 escaños. Entre las figuras del espacio a los que se les vence el mandato el próximo 10 de diciembre se encuentran Daniel Arroyo, Daniel Gollán, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Leandro Santoro, Gisela Marziotta y Carlos Heller. 

En el caso del Pro, pondrá en juego el lugar de 23 de sus 37 miembros. Se destacan nombres como Hernán Lombardi, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Laura Rodríguez Machado entre los que culminan su período. 

Por la UCR, el bloque de 20 diputados que conduce Rodrigo de Loredo expondrá 14 bancas; mientras que Democracia para Siempre, el espacio de los radicales díscolos comandados por Pablo Juliano, se jugará 9 de los 12 escaños que hoy tiene. También se le termina el mandato a Mario Barletta, radical santafesino que decidió conformar su monobloque Unidos. 

El bloque Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, arriesgará la mitad: 8 de 16, entre ellos Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.

En tanto, la Coalición Cívica, de 6 integrantes, se jugará 4 escaños; Innovación Federal, 3 de 9; el Frente de Izquierda, 4 de 5; Independencia 2 de 3; Producción y Trabajo, 1 de 2; y Por Santa Cruz 1 de 2. 

Además del de Barletta, los monobloques que expondrán su banca serán Movimiento Popular Neuquino, de Osvaldo Llancafilo; CREO, de Paula Omodeo; y Defendamos Santa Fe, de Roberto Mirabella, recientemente salido de UP. 

De los 20 bloques que conforman la Cámara de Diputados, no pondrán en juego nada el MID, con 3 integrantes, y Fuerzas del Cielo- Espacio Liberal, unipersonal de Lourdes Arrieta. 

Todos los nombres de los diputados a los que se les vence el mandato y cuántas bancas arriesga cada bloque

BUENOS AIRES (35 de 70)

UP (15): Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Daniel Gollán, Rogelio Iparraguirre, Mónica Litza, Mónica Macha, Micaela Morán, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Marcela Passo, Julio Pereyra, Agustina Propato, Vanesa Siley, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky

Pro (7): Gabriela Besana, Florencia de Sensi, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Gerardo Milman, Diego Santilli, María Sotolano

EF (3): Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer

CC-ARI (3): Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López

LLA (2): José Luis Espert, Carolina Píparo

UCR (2): Fabio Quetglas, Danya Tavela

FIT (2): Nicolás del Caño, Mónica Schlotthauer

DpS (1): Facundo Manes

 

CATAMARCA (3 de 5)

UP (2): Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez

UCR (1): Francisco Monti

 

CHACO (4 de 7)

UP (2): Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak

Pro (1): Marilú Quiroz

DpS (1): Juan Carlos Polini

 

CHUBUT (2 de 5)

UP (1): Eugenia Alianiello 

Pro (1): Ana Clara Romero 

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (13 de 25)

Pro (3): María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet

UP (3): Leandro Santoro, Gisela Marziotta, Carlos Heller

LLA (2): Nicolás Emma, María Fernanda Araujo

UCR (1): Martín Tetaz

CC-ARI (1): Paula Oliveto Lago

EF (1): Ricardo López Murphy

DpS (1): Carla Carrizo

FIT (1): Vanina Biasi

 

CORRIENTES (3 de 7)

DpS (1): Manuel Aguirre

Pro (1): Sofía Brambilla 

UP (1): Jorge Romero 

 

CÓRDOBA (9 de 18)

EF (3): Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca

UCR (3): Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo

Pro (2): Héctor Baldassi, Laura Rodríguez Machado 

UP (1): Pablo Carro 

 

ENTRE RÍOS (5 de 9)

UP (2): Carolina Gaillard, Tomás Ledesma 

DpS (1): Marcela Antola

Pro (1): Nancy Ballejos

UCR (1): Atilio Benedetti

 

FORMOSA (2 de 5)

UP (1): Ramiro Fernández Patri

DpS (1): Fernando Carbajal

 

JUJUY (3 de 6) 

UCR (1): Natalia Sarapura

UP (1): Leila Chaher

FIT (1): Alejandro Vilca

 

LA PAMPA (3 de 5)

DpS (1): Marcela Coli

Pro (1): Martín Maquieyra 

UP (1): Varinia Marín

 

LA RIOJA (2 de 5)

UP (2): Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera

 

MENDOZA (5 de 10)

UCR (2): Julio Cobos, Pamela Verasay

UP (2): Adolfo Bermejo, Liliana Paponet

LLA (1): Álvaro Martínez

 

MISIONES (3 de 7)

UCR (1): Martín Arjol 

IF (1): Carlos Fernández 

LLA (1): Florencia Klipauka Lewtak 

 

NEUQUÉN (3 de 5)

UP (1): Tanya Bertoldi

UCR (1): Pablo Cervi

MPN (1): Osvaldo Llancafilo

 

RÍO NEGRO (2 de 5)

IF (1): Agustín Domingo 

Pro (1): Aníbal Tortoriello 

 

SALTA (3 de 7)

UP (1): Emiliano Estrada

IF (1): Pamela Calletti

LLA (1): Carlos Zapata

 

SAN JUAN (3 de 6)

UP (2): Walberto Allende, Fabiola Aubone

PyT (1): María de los Ángeles Moreno

 

SAN LUIS (3 de 5)

LLA (1): Alberto Arancibia Rodríguez

Pro (1): Karina Bachey

UP (1): Natalia Zabala Chacur

 

SANTA CRUZ (3 de 5)

Por Santa Cruz (1): Sergio Acevedo 

UP (1): Gustavo González 

UCR (1): Roxana Reyes

 

SANTA FE (9 de 19)

Pro (3): Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina 

UP (2): Magalí Mastaler, Eduardo Toniolli 

Unidos (1): Mario Barletta 

EF (1): Mónica Fein

DpS (1): Melina Giorgi 

DSF (1): Roberto Mirabella

 

SANTIAGO DEL ESTERO (3 de 7)

UP (3): José Herrera, María Luisa Montoto, Nilda Moyano

 

TIERRA DEL FUEGO (2 de 5)

UP (1): Carolina Yutrovic 

Pro (1): Vacante de reemplazo*

 

TUCUMÁN (4 de 9)

Independencia (2): Elia Fernández, Agustín Fernández

CREO (1): Paula Omodeo

UCR (1): Roberto Sánchez

El panorama en el Senado 

De una importante mayoría que ostenta en el Senado, así también de notoria será la cantidad de bancas que Unión por la Patria se juegue en estas elecciones: sobre un total de 33 miembros -con una incorporación pendiente que lo llevará a 34-, expondrá 15. 

Las 9 restantes, ya que se renuevan 24 en total, con elección en 8 provincias, corresponden a la Unión Cívica Radical, con 4 de 13; el Pro, con 2 de 8; interbloque Provincias Unidas, con 2 de 5 (perdió uno con la expulsión de Edgardo Kueider); y la perteneciente al monobloque Juntos Somos Río Negro. 

 

CHACO

UP (2): María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas 

UCR (1): Víctor Zimmermann**

 

CABA

UCR (1): Martín Lousteau 

UP (1): Mariano Recalde 

Pro (1): Guadalupe Tagliaferri 

 

ENTRE RÍOS

Pro (1): Alfredo de Angeli 

UCR (1): Stella Maris Olalla 

UP (1): Vacante de reemplazo***

 

NEUQUÉN 

UP: Oscar Parrilli, Silvia Sapag

LPU (1): Lucila Crexell 

 

RÍO NEGRO

UP (2): Martín Doñate, Silvina García Larraburu 

JSRN (1): Mónica Silva 

 

SALTA

UP (2): Nora del Valle Giménez, Sergio “Oso” Leavy 

LPU (1): Juan Carlos Romero 

 

SANTIAGO DEL ESTERO

UP (3): Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro, José Neder

 

TIERRA DEL FUEGO

UP (2): María Eugenia Duré, Cándida López 

UCR (1): Pablo Blanco 

 

*Está vacante el reemplazo de Héctor “Tito”Stefani

** Se encuentra de licencia 

*** Está vacante el reemplazo del expulsado Edgardo Kueider; se trata de Stefanía Cora, quien se sumará a UP

Una treintena de temas quedaron pendientes de tratamiento en el Congreso de la Nación con la culminación del 2024. Algunos proyectos se debatieron en comisiones durante el año, pero no llegaron al recinto de la Cámara de Diputados ni el Senado, mientras que otros ni siquiera se pusieron en discusión. 

Una de las iniciativas más notorias de la lista es el Presupuesto 2025, sobre el que la oposición ya anticipó buscará dar la discusión cuando se abra el período ordinario en marzo. El Poder Ejecutivo prorrogó por decreto -en el último día hábil del 2024- el Presupuesto 2023, que ya había sido reconducido en el primer año de la gestión de Javier Milei. 

Por otra parte, el Gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias en diciembre pasado por la falta de votos en torno a dos proyectos que envió a la Cámara baja: la reforma electoral, con la derogación de las PASO, y una modificación sobre la constitución y caducidad de los partidos políticos. 

Al temario que no fue, anunciado por el vocero Manuel Adorni, se le sumaba el proyecto de “ley antimafias”, con media sanción; el proyecto sobre juicio en ausencia, que había tenido dictamen de comisiones; la iniciativa para autorizar los viajes de Milei al exterior -todavía no ingresó-; y una reforma a la Ley de Fueros, surgida la intención desde Casa Rosada en medio del escándalo por Edgardo Kueider, pero sobre la que no se conocieron detalles. 

Sin abandonar la idea de eliminar las elecciones PASO, el Poder Ejecutivo busca negociar los votos en el Congreso para decidir si convoca o no a sesiones extraordinarias en febrero para tratar el tema. Dentro de la oposición, incluyendo Unión por la Patria, habría un número importante dispuesto a suspenderlas para este año, cuando se elegirán legisladores nacionales. Se verá si el oficialismo acepta esa posibilidad. 

Por otra parte, en una cuestión que sí o sí necesita de las voluntades del peronismo/kirchnerismo, los pliegos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia también se evalúan para extraordinarias. El trámite no es sencillo, pues las designaciones requieren el voto de dos tercios de los presentes del Senado. Las declaraciones del Gobierno en torno a que Milei nombre por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fueron y vinieron a lo largo de estos meses. Actualmente el máximo tribunal funciona con tres de sus cinco miembros.

Presupuesto, ficha limpia, Aerolíneas, Ley de DNU y “Hojarasca”, entre los temas pendientes en Diputados

De las últimas sesiones convocadas en la Cámara de Diputados, sólo logró media sanción el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Además, en esa misma jornada se dio media sanción a la declaración de emergencia en San Luis por incendios ocurridos meses atrás y se aprobó una declaración contra el decreto 780 que restringió el acceso a la información pública. 

En cambio, no prosperaron por falta de quórum temas como la reforma sindical (con cierta complejidad sobre la validez del dictamen); ficha limpia -para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos-; cambios en el sistema de votación de los argentinos que residen en el exterior; juicio penal en ausencia del imputado y una iniciativa motorizada por el Ministerio de Seguridad sobre reincidencia y reiterancia. 

Dentro de la batería de proyectos que quedaron con dictamen, pero no fueron al recinto, aparece en el listado de la Cámara baja la privatización de Aerolíneas Argentinas. La empresa había quedado afuera de la Ley Bases pero, ante un conflicto gremial que se agudizó en la segunda mitad del año pasado, el Gobierno decidió avanzar a toda marcha con los proyectos que proponían su venta, entre ellos los de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (CC). 

A fines de septiembre arrancó la discusión en comisiones, luego se frenó sin más novedades y se reflotó un mes después, interrumpiendo incluso el debate sobre el Presupuesto 2025. Como resultado hubo cuatro dictámenes. Si bien el oficialismo se alzó con el de mayoría, con acompañamiento del Pro, la UCR y aliados, los votos para su aprobación no estaban garantizados y no se convocó a sesión para tratarlo. 

Desde el lado de la oposición, un tema con el que se avanzó fuerte a partir de un emplazamiento de comisiones fue la reforma a la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, con la intención de evitar un uso excesivo por parte de Milei. La iniciativa consensuada entre Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre plantea, entre sus puntos principales, que el rechazo de una sola cámara bastará para dejar sin efecto un DNU y que los decretos que no se traten en un plazo de 90 días en el Congreso se caerán. 

Los bloques impulsores convocaron a una sesión el 12 de noviembre, la que finalmente se suspendió porque no iba a reunir quórum. La mayor razón del fracaso fue que se incluyó en el temario el DNU 846, sobre canje de deuda, lo que alertó al Gobierno. Finalmente triunfó el oficialismo en hacerla caer. Días más tarde, precisamente el martes 26, se convocó a una nueva sesión -que fracasó por falta de quórum- que incluyó el DNU sobre deuda pero no así el dictamen sobre el proyecto para reformar la Ley 26.122. 

Una de las comisiones que más encuentros realizó a lo largo del año fue la de Legislación Penal. Allí se trataron un conjunto de proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo, especialmente por la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Del paquete enviado por la ministra en abril pasado, la última iniciativa en recibir dictamen fue la que modifica el Código Penal en lo referido a legítima defensa y orden público. 

Los miembros de Legislación Penal debatieron en numerosas reuniones informativas sobre un nuevo régimen penal juvenil, a partir de un texto enviado por el Gobierno y proyectos de varios diputados, pero sin acuerdos en un tema tan complejo, no se firmó dictamen en el año. 

Por otra parte, en base a iniciativas de legisladores se avanzó en la comisión que preside Laura Rodríguez Machado con un dictamen para agravar penas a quienes causen incendios intencionales. Tampoco llegó al recinto. 

Con Legislación Penal involucrada, pero siendo la Comisión de Justicia cabecera, el oficialismo dio luz verde en el segundo semestre al debate sobre proyectos relacionados al juicio por jurados, un método que se aplica en una docena de provincias, más no a nivel nacional. En un hecho inédito, se alcanzó un acuerdo casi unánime y el dictamen unió con sus firmas a La Libertad Avanza y Unión por la Patria, entre otros bloques. Sin embargo, no se convocó a tratarlo en sesión. 

En un breve encuentro, Legislación Penal puso sobre la mesa el proyecto bautizado “Ley Conan”, sobre maltrato animal, pero sólo quedó en una reunión informativa de presentación y grandes titulares en los medios. 

Entre otros temas que quedaron sólo en dictamen aparece un proyecto del oficialismo y aliados para declarar la amnistía para los delitos contra las medidas dispuestas en pandemia; y una iniciativa para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres respecto de la violencia en el ámbito laboral y académico, que contó con consenso de todos los bloques excepto La Libertad Avanza. 

Aunque se debatió en comisiones, no prosperó la firma del despacho de la media sanción venida del Senado sobre tipificar y agravar penas por el delito de compra y venta de menores. 

Tampoco reunió consensos un proyecto del Poder Ejecutivo para habilitar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, que se debatió en varias ocasiones en la Comisión de Defensa Nacional. Ante el fracaso, a fines de diciembre el Gobierno dictó dos decretos para posibilitar que las FF.AA. actúen ante amenazas terroristas, lo que despertó el rápido rechazo desde la oposición más dura, con presentación de proyectos para retrotraer la medida. El tema promete discusión para este año. 

Anunciada con bombos y platillos desde Casa Rosada luego de la aprobación de la Ley de Bases, a finales de junio, la “ley hojarasca” fue enviada finalmente al Congreso en octubre. Si bien desde el oficialismo se afirmaba que se le iba a dar un pronto tratamiento, en paralelo con el Presupuesto 2025, eso no ocurrió. Así, el proyecto que tiene por objeto la derogación de más de 60 leyes que desde el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger consideran “obsoletas”, no fue ni siquiera tratado una sola vez en un plenario de comisiones. 

Tampoco se activó la discusión sobre otras dos iniciativas que ingresaron junto a esa propuesta, vinculadas a partes contenidas en la Ley de Bases original. Hablamos del proyecto sobre modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia, y aquel para establecer el divorcio exprés. 

Senado: pliego de los jueces de la Corte, ley “antimafias” y escasa actividad en el cierre del año

Bajo la presión de que la oposición se lleve triunfos incómodos para el oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo cerrado el recinto de la Cámara alta desde el 26 de septiembre hasta el fin del período ordinario. El 27 de noviembre sólo se abrió para recibir el informe de gestión de Guillermo Francos.

La escasa actividad de comisiones y el poco interés de los bloques en empujar una agenda de temas colocó al Senado en un rol desdibujado para el cierre del 2024, aunque volvió a concentrar todas las miradas en diciembre pero por el escándalo de Edgardo Kueider y su expulsión. 

Sin dudas, una de las grandes cuestiones pendientes para los senadores es la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, tema que, como dijimos, el PEN tantearía para extraordinarias en febrero. 

Si bien UP se muestra inclinado a apoyar a Lijo -la catamarqueña Lucía Corpacci habilitó con su firma el dictamen-, el oficialismo, con tan sólo seis senadores propios, necesitaría de más votos para alcanzar los dos tercios y la postulación del juez federal no convence a varios integrantes de las bancadas dialoguistas. Incluso fue a causa de esa propuesta que el oficialismo echó de su ultra minoritario bloque al formoseño Francisco Paoltroni, quien osó criticar duramente la candidatura promovida por el Gobierno. 

En el caso de García-Mansilla, el kirchnerismo lo rechaza de plano por su perfil conservador y porque además asegura que debe candidatearse a una mujer. Francos, quien en reiteradas oportunidades habló de la posibilidad de que se nombren a los jueces de la Corte por decreto, enfrentó consultas sobre el tema durante la sesión informativa. En caso que no avancen los pliegos dijo que no descartarían postular a una mujer para la Corte, mientras que desde UP le entregaron un documento en el que rechazan rotundamente la idea de que el Poder Ejecutivo designe “en comisión” a Lijo y/o García-Mansilla. 

También en relación a la Justicia, aunque anunciado desde Casa Rosada, la Cámara alta quedó a la espera del envío del PEN de más de un centenar de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. 

Por otro lado, con media sanción de Diputados, en el Senado quedó pendiente el tratamiento del proyecto de abordaje integral contra el crimen organizado, más conocido como “ley antimafias”, y otro sobre regularización de la tenencia de armas y prórroga del programa de entrega voluntaria. Ambos fueron enviados por el PEN y recibieron despacho en las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales durante noviembre pasado. 

Entre otros proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara baja, tuvieron dictamen de comisión distintos acuerdos internacionales, una iniciativa que propone crear la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias, y la llamada “ley Nicolás”, sobre seguridad del paciente, que prontamente perderá estado parlamentario si no se trata. 

A partir de iniciativas de los propios senadores, se despachó en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable un texto que propone derogar la Ley de Manejo de Fuego; mientras que en las de Seguridad Interior y Justicia y Asuntos Penales se avanzó con un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. 

Comandada por el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, la Comisión de Educación no puso en debate durante 2024 el proyecto con media sanción que declara a la educación como servicio esencial, de modo que se garanticen los días de clases cuando haya paro docente.  

Aprobada en diciembre, la ley sobre ludopatía fue girada a la Cámara alta, donde necesitará del impulso de la oposición para dar el debate. La Libertad Avanza la rechaza y Milei ya anticipó que podría vetarla. 

El senador nacional Francisco Paoltroni cruzó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien había criticado al vicepresidente, Victoria Villarruel, por el tema de las dietas de los senadores.

Villarruel se había quejado por cobrar “dos chirolas” de sueldo, en medio de las críticas por el congelamiento de las dietas de los senadores de casi 9 millones de pesos hasta marzo. Tras sus dichos, Bullrich le respondió.

"Milei es el Presidente, Villarruel, como vicepresidenta tiene que ir al Gabinete y llevar adelante las políticas del Gobierno en un lugar complicado para nosotros. Necesitábamos que empuje en el Senado para sacar las leyes que el país necesita. Que Milei haya perdido la posibilidad de tener una vicepresidenta que esté ordenada y que se discipline en decisiones estratégicas de Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante. El que no se adapta, se va”, dijo la ministra en una entrevista con Radio Mitre.

Ante este nuevo cortocircuito, Paoltroni respaldó a la vice y apuntó en su red social de X: “Las declaraciones de la ministra Bullrich reflejan una visión totalmente autoritaria”.

Así, le recordó que “los dirigentes tienen que representar a quienes los eligieron, no ser obsecuentes y traicionar sus promesas por conveniencia política”, y remarcó que “este tipo de actitudes son una estafa al electorado y debilitan la confianza en la política”.

La pelea entre el presidente de la Nación y su vice sigue escalando niveles. Este fin de semana volvió a hacerlo luego de que el viernes la vicepresidenta se quejara por el sueldo que gana.

Victoria Villarruel lo hizo donde suele expresarse, ya que no da reportajes y son muy escasos los discursos que brinda: en las redes sociales, interactuando con diversos usuarios. En ese marco la titular del Senado dijo el viernes pasado que ella gana “menos que el presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir”, comentó.

“No me dan vivienda ni nada”, aclaró, agregando que “esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”.

En esa declaración, Villarruel contó que su sueldo “está congelado desde hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”.

El presidente le contestó de manera directa este sábado a través de declaraciones por Radio Mitre, en las que sostuvo que “la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos. El Senado de la Nación son sueldos que están en torno a los 10 millones de pesos, claramente es gente que está desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive, de la alta política”.

“Entonces me parece que es una frase muy, muy desafortunada -agregó Javier Milei sobre los dichos vicepresidenciales-. Es una pena que haya dicho algo así, porque aparte su sueldo depende del Poder Ejecutivo, con lo cual cuando me hizo el reclamo salarial, le dije que no íbamos a ajustar y esto va a seguir siendo así”. Y cerró: “Acá vinimos por el bronce, no por el oro”.

"Desde mi punto de vista es una declaración extremadamente desafortunada. El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire los datos de distribución del ingreso en la página del INDEC… El salario promedio es de 400 mil pesos y debajo de eso usted tiene el 75% de la población”.

Qué dijo Villarruel

En sus dichos en redes sociales, la titular de la Cámara alta agregó que “los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada, y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función. Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel”.

Varias veces se la comparó con lo que hace su par de la Cámara baja, a quien el presidente ha elogiado por la manera como manejó los salarios de los diputados. Ella precisó entonces que Martín Menem “aumentó 70% sus dietas, porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento”.

“Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, cerró.

La reacción de Lemoine

No se la iba a perder Lilia Lemoine. La diputada de La Libertad Avanza, que suele expresar un pensamiento muy alineado con las posturas del presidente Milei, se ha convertido en una suerte de sommelier de toda expresión pública de Villarruel. Y sobre estas definiciones de VV dijo: “¿Dos chirolas? Los ciudadanos que ganan 4 millones por mes no son muchos, sanguijuela… ¿Cómo te vas a burlar de tu sueldo estatal? Hacenos un favor, volvé al privado y empezá a ejercer, algo que nunca hiciste, como abogada… Nota: ojo con las dádivas!”.

Luego de que la titular de la Cámara alta prorrogara el congelamiento de las dietas hasta el 31 de marzo del 2025, el jefe de bancada del Pro, Luis Juez, arremetió contra la propia Victoria Villarruel. En línea con los funcionarios de Casa Rosada, el legislador macrista señaló que “si vos querés ser vicepresidente y no tenes claro cuál es el rol es como jugar de 4 y querer cabecear todos los córneres”.

En diálogo por Urbana Play, el senador cordobés fue consultado por la relación entre el jefe de Estado y la presidenta de la Cámara alta y consignó: “He intentado ser puente entre Milei y Villarruel, pero he desistido”. Siguiendo con los cuestionamientos a la vicepresidenta, remarcó que “hay un trabajo monstruoso que requiere mucha disciplina”.

En tal sentido, se refirió al rol del vicepresidente de la Nación y agregó que “te puede aburrir la tarea parlamentaria, pero es tu tarea”, y criticó: “Hay 140 pliegos de jueces federales y no trataste ninguno, ni tampoco el ingreso y salida de tropas”. Además, sostuvo que si tenés la “agenda paralizada, algo, evidentemente, no estás haciendo bien”.

En medio de la puja entre el Senado y la Casa Rosada por las dietas de los legisladores, Luis Juez cargó: “No entiendo por qué se tardó tanto en mantener el congelamiento de las dietas. Es algo que se resolvía hace 20 días atrás con coraje y decisión”.

Luego del pedido de los legisladores oficialistas y dialoguistas, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, anunció a través de X el congelamiento de las dietas de los senadores nacionales hasta el 31 de marzo. En el posteo, destacó que todos los bloques adhirieron a su postura a excepción de Unión por la Patria.

La medida fue establecida por medio del primer decreto parlamentario emitido por la presidenta del Senado en medio de severos cuestionamientos desde Casa Rosada. Esto se debía a que el aumento hubiese alcanzado cifras cercanas a los 10 millones de pesos para cada legislador de la Cámara alta.

En el anuncio realizado en X, Villarruel muestra la captura del decreto parlamentario y exige que sea puesto a consideración del Cuerpo cuando comiencen las sesiones ordinarias, a partir del 1ero. de marzo del 2025. “La política no puede quedar ausente del esfuerzo que se le pide a la sociedad a fin de restablecer el orden económico perdido”, explicó en el texto.

He firmado el Decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias. Adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, LLA, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad,… pic.twitter.com/CvaZipFp5t

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 2, 2025

Con relación a la adhesión de su medida, la vicepresidenta mencionó en el tuit a La Libertad Avanza, al Pro, a los radicales, al Frente Renovador de la Concordia Social (misioneros), al interbloque Las Provincias Unidas y al monobloquista Francisco Paoltroni. Dejó afuera de esa mención a Unión por la Patria y los dos senadores santacruceños.

Villarruel, en el documento al que accedió parlamentario.com, enumeró una serie de argumentos por los que estableció el congelamiento de las dietas hasta el 31 de marzo: recordó el congelamiento inicial que iba del 1º de agosto al 31 de diciembre el 2024; advirtió que la Ley de Bases declara la emergencia pública administrativa, económica y financiera; consideró que “el receso vigente hacen razonable al decreto”; y remarcó el pedido de los bloques.

“Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo”, definió la presidenta del Senado en X, quien además, planteó en el decreto que el congelamiento presta “atención a las políticas de esta gestión”, en medio de las críticas que lanzaron algunos funcionarios.

Así las cosas, la dieta de los senadores nacionales, compuesta por 2.500 módulos, más 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, rondará los $8.910.000, ya que el valor del módulo es de 2225,25 según la escala salarial de diciembre del 2024 informada por las autoridades de la Cámara alta.

 

DP 0001-25

El senador formoseño Francisco Paoltroni se refirió este lunes al descongelamiento de las dietas y consideró que este tema "sigue disociando a la política de la ciudadanía". "No es para nada positivo y favorable que se esté debatiendo permanentemente", agregó.

El exintegrante de la bancada oficialista mencionó que envió una solicitud -al igual que otros bloques- a la vicepresidenta Victoria Villarruel para no ser alcanzado por el aumento. Pero además, presentó un proyecto de ley "para terminar con toda esta cuestión que se ha hecho interminable".

En ese sentido, explicó: "Primero, para que los que queremos renunciar a la dieta podamos hacerlo, entonces no tenemos que caer en esa fantochada de andar sorteando el sueldo para ganar seguidores en las redes, como lo está haciendo Martín Menem y otros diputados, o como lo hizo el propio presidente".

Y, en segundo lugar, su iniciativa establece que para aquellos senadores que sí quieran/necesiten percibir una dieta, ésta esté fijada en un monto equivalente a 10 jubilaciones mínimas. "Entonces nunca más se habla de cuánto gana un legislador", expresó en declaraciones a radio Rivadavia.

"La Libertad Avanza deberían ser el primer espacio político que apoye esta iniciativa, porque va en la línea de todo lo que hemos dicho en campaña", sostuvo el monobloquista de Libertad, Trabajo y Progreso.

Sobre por qué no se prorrogó el congelamiento, señaló que "no ha tenido una mayoría la vicepresidente, porque sino lo hubiera suspendido" por resolución; y al ser consultado sobre si Unión por la Patria se había manifestado lanzó: "Esos están por la plata no más".

"No podemos estar todo el año discutiendo cuánto ganan los senadores. Yo vine a hacer una patriada a la política y que te estén insultando por lo que ganas es insoportable", concluyó el legislador.

Con el comienzo del nuevo año venció la resolución votada por los senadores para que sus dietas estuvieran congeladas y, de no emitirse una decisión antes de la liquidación de sueldos a mediados de este mes, en los primeros días de febrero podrían cobrar más de 9,5 millones de pesos.

La resolución que mantenía los salarios de los legisladores sin aumentos, tras haberse "enganchado" a las paritarias de los empleados del Congreso en abril pasado, caducó el 31 de diciembre.

Horas antes de la fecha límite, los bloques de La Libertad Avanza, Pro, Unión Cívica Radical y Libertad, Trabajo y Progreso enviaron sendas notas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para no quedar alcanzados por la nueva suba.

Desde el entorno de la vicepresidenta aseguran estar "trabajando" en una "salida" al tema. Lo cierto es que Villarruel quería tratar la cuestión en la sesión en la que se echó al entrerriano Edgardo Kueider, pero no tuvo el aval de las bancadas.

Al asegurar que ella no podía decidir unilateralmente sobre algo que resolvió el cuerpo, puso como condición que todos los jefes de bloques estuvieran de acuerdo para firmar ella entonces una resolución que dispusiera una prórroga del congelamiento. Pero los días pasaron y esto no ocurrió.

Mediante una nota, los libertarios pidieron "no percibir aumento alguno en las dietas de los senadores hasta que se trate este asunto durante las sesiones ordinarias del año 2025". En el mismo sentido lo hicieron el Pro y la UCR.

La bancada radical sumó: "Es lamentable cómo se manipula y se desinforma respecto a este tema, utilizando como instrumento de desprestigio, ante uno de los poderes públicos de la Nación que son fundamentales para la consolidación de la democracia e indispensables para el control de los abusos que hemos vivido ya en otros momentos de la historia".

Luego que en el arranque de la gestión de Javier Milei se diera marcha atrás con un aumento del 30% en las dietas de los legisladores, los senadores fueron al recinto el 18 de abril del año pasado y votaron a mano alzada un aumento del más del doble en sus dietas. Además, allí se impuso un nuevo mecanismo de actualización.

El proyecto de resolución establecía: "A partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo". "El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos", agregaba.

A mitad de año, cuando los gremios acordaron nuevos aumentos para julio y agosto, se conoció que esto impactaría de lleno en las dietas de los senadores, llevándolas a 8 millones de pesos en neto. A raíz de la polémica, en la sesión de 22 de agosto se votó un proyecto firmado por los jefes de bloques para suspender los aumentos hasta el 31 de diciembre.

Es así que, ahora, las dietas de los senadores volverán a estar "enganchadas" a las paritarias de los empleados del Congreso en 2025, salvo que se prorrogue el congelamiento y cuando inicie el período ordinario se dé un debate sobre cómo se otorgarán los incrementos.

La intención de la vicepresidenta Victoria Villarruel de darle un ritmo dinámico al Senado en el comienzo del 2024 se fue diluyendo con el correr de los meses durante el primer año de la gestión libertaria. Y, ya en la segunda parte del calendario, la presión opositora y falta de acuerdos hicieron que la actividad del recinto estuviera prácticamente frenada. 

De enero a enero, la Cámara alta realizó un total de 12 sesiones: 5 especiales, 4 ordinarias, 2 informativas y 1 preparatoria. Si bien la performance no ha sido tan fructífera, en comparación con el anterior período, que fue el más bajo de la última década con solamente 5 sesiones (una de juras), la cifra reciente mostró un aumento. 

Tan sólo con seis senadores propios, el oficialismo del Senado supo cosechar aliados dialoguistas, pero en algunos temas no logró acompañamiento. Además de ser la cámara más adversa para el Gobierno, teniendo en cuenta también la cantidad de miembros que ostenta Unión por la Patria, la mala relación entre Villarruel y la Casa Rosada fue en aumento y terminó completamente rota al finalizar el año. 

Pese al quebrado vínculo con el presidente Javier Milei, la presidenta del Senado cumplió con la tarea de mantener el recinto cerrado durante buena parte de la primavera: desde fines de septiembre y hasta el cierre del período ordinario se evitó convocar a cualquier sesión, de modo que la oposición no avanzara contra el DNU 846 sobre canje de deuda. 

Justamente los decretos de necesidad y urgencia fueron un dolor de cabeza para La Libertad Avanza en el Senado: fue allí donde se dio el primer rechazo al mega DNU 70/23 de desregulación del Estado (que nunca se votó en la Cámara de Diputados) y donde se dio por caído el DNU 656/24, que otorgaba 100 mil millones de pesos a la SIDE. El primero en la historia en ser volteado. 

Victoria Villarruel en la sesión en que se debatió la Ley de Bases y el Paquete Fiscal 

Las dietas de los senadores fueron protagonistas en el recinto durante dos jornadas del año: en abril, los legisladores votaron a mano alzada un fuerte aumento; mientras que en agosto suspendieron nuevos incrementos hasta el 31 de diciembre. 

El oficialismo esperaba cerrar el año en la Cámara alta con la visita que hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el 27 de noviembre, pero la detención de Edgardo Kueider en Paraguay cambió los planes. Aún sin extraordinarias, el cuerpo se reunió el 12 de diciembre para echar al entrerriano, en un hecho histórico desde el retorno de la democracia. 

Un repaso por todas las sesiones que realizó el Senado en 2024 

El 23 de febrero, el Senado realizó la sesión preparatoria en la que se ratificaron a todas las autoridades que, mediante un acuerdo de Villarruel con toda la oposición no K (logrando una mayoría de 39 senadores), se habían designado en diciembre de 2023, con el recambio de gobierno.

En esta ocasión, los cargos se votaron por unanimidad y Unión por la Patria propuso a Silvia Sapag en la vicepresidencia que había quedado vacante. Legisladores de UP aprovecharon también para cargar contra el Gobierno con cuestiones de privilegio y reclamar que durante el verano no se los haya atendido en el pedido para abrir el recinto y tratar el DNU 70/23.  

Luego de haber postergado al máximo el tratamiento de ese decreto durante el verano, con el comienzo del período ordinario, Villarruel convocó a una sesión el 14 de marzo, que en el temario incluía el DNU 70/23. Esto le valió uno de los primeros fuertes reproches desde Casa Rosada; la Oficina del Presidente emitió un duro comunicado en que hablaba de “tratamiento apresurado” del decreto y cuestionaba: “La decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”.

El DNU que marcó el puntapié inicial del Gobierno de Milei fue rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Además, en esa jornada se convirtió en ley la reforma de la normativa vinculada a prevención y represión del lavado de activos, y un conjunto de acuerdos internacionales. Pese al impulso del momento, la oposición nunca logró los votos en la Cámara de Diputados para rechazar también el DNU y dejarlo así nulo. 

El interbloque Unión por la Patria el día que se rechazó el DNU 70/23

El 18 de abril se realizó una sesión de muy corta duración, pero alto impacto: sin mencionar el tema del expediente incorporado sobre tablas, los senadores aprobaron a mano alzada un aumento de más del doble en sus dietas. El temario de la sesión ordinaria consistía en seis pliegos de embajadores, acuerdos internacionales y una ley para establecer el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas. 

Doce días antes de irse del Gobierno, Nicolás Posse asistió el 15 de mayo al Senado para brindar el primer informe de la gestión libertaria. 

En un arranque en el que tomaron estado parlamentario los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado celebró el 12 de junio la sesión para aprobar la Ley de Bases y el Paquete Fiscal. En el primer caso, la norma tuvo modificaciones y se dejaron afuera tres privatizaciones (las de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA), además del capítulo previsional. La votación resultó con un empate 36 a 36 y definió a favor Villarruel. En el caso del Paquete Fiscal, no hubo igualdad de votos, aunque fue aprobada por una diferencia de 37 a 35, pero en la votación en particular se rechazaron los capítulos sobre impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que luego fueron reincorporados en Diputados. 

La última sesión del primer tramo del año en la Cámara alta, antes de entrar al receso invernal, fue la del 4 de julio. Sin éxito, UP intentó el tratamiento del proyecto sobre movilidad jubilatoria. En la jornada se avalaron un paquete de ascensos militares y diplomáticos; se convirtió en ley la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en conmemoración a las víctimas del atentado a la AMIA; y se aprobó en general un proyecto que endurece penas por el delito de compra y venta de niños, pero luego fue devuelto a comisión por diferencias en el articulado.

El 22 de agosto fue un día de dos sesiones. En la primera se trató un temario de proyectos, mientras que la segunda fue para frenar un nuevo aumento en las dietas de los senadores. 

Un gran revés de esa fecha fue la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que se aprobó por amplísima mayoría, con 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Sería vetada días después por el presidente Milei. 

Senadores de la UCR y el Pro en las sesiones del 22 de agosto

Por otra parte, por unanimidad se culminó con la media sanción del proyecto para tipificar y aumentar penas por compra y venta de niños; se avalaron designaciones de cónsules y vicecónsules; se convirtió en ley la instauración del 4 de agosto de cada año como el "Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental"; y se aprobaron transferencias de inmuebles a distintas provincias y un convenio internacional. 

Posteriormente se dio paso a la sesión para votar una resolución que dispusiera el congelamiento en los sueldos de los legisladores hasta el 31 de diciembre, de modo de no ser alcanzado por las paritarias de los empleados legislativos durante el segundo semestre. Allí se habló de dar pronto tratamiento a un proyecto del jefe de UP, José Mayans, sobre establecer un tope en los haberes de los funcionarios de los tres poderes del Estado, pero finalmente nunca se debatió en comisiones. 

Dos triunfos opositores y un triunfo para el oficialismo. Así fue la sesión del 12 de septiembre en la que La Libertad Avanza logró destrabar después de meses (en el verano lo había intentado sin éxito) el proyecto para implementar la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales. El texto se votó con 39 votos a favor y 30 en contra, y fue devuelto con modificaciones a Diputados, donde finalmente se convirtió en ley el 1ro. de octubre, constituyendo uno de los cambios electorales más importantes de los últimos años.

El exsenador Edgardo Kueider al abrir el debate de BUP como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

La sesión había arrancado con el pedido de UP de incorporar al temario -del cual se había retirado- el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para la SIDE. Pese a haber estado horas antes en una reunión con el presidente Milei, en una mesa donde participaron otros dialoguistas, los senadores de la UCR aceptaron la moción. Se votó al final y resultó rechazado con 49 votos en contra, 11 a favor y 2 abstenciones, siendo el primer DNU en la historia en quedar anulado por el Congreso. 

El otro gran tema de la jornada fue la Ley de Financiamiento Universitario, la segunda que Milei vetó en lo que va de su gestión.

El jefe de UP, José Mayans, dialogando con el presidente del bloque UCR, Eduardo Vischi, en la sesión del 12 de septiembre

El 26 de septiembre sería la última sesión del año para tratar un temario de proyectos. Allí vio la luz la ley para ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos, la única del denominado “paquete Bullrich” que logró la sanción de ambas cámaras en 2024. También se aprobó una emergencia por incendios en Córdoba; los pliegos de dos camaristas; la ley que establece el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los Derechos Soberanos del Mar Argentino; y se avaló un DNU del expresidente Mauricio Macri sobre una compensación económica a los soldados heridos y a los familiares del ataque de Montoneros contra el regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio Warnes”, en Formosa en 1975. 

Con el recinto cerrado, ante la amenaza de UP de rechazar el DNU por el cual el Gobierno habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera y sin que se necesite autorización del Congreso, sumado a la falta de acuerdos del oficialismo con la oposición dialoguista en torno a confeccionar un temario (las comisiones trabajaron muy poco en dictámenes), el Senado no sesionó durante dos meses. 

El 27 de noviembre el recinto volvió a abrirse para recibir al jefe de Gabinete. El segundo informe de gestión en esa cámara, pero la primera visita de Guillermo Francos. Allí el funcionario hizo un repaso de las medidas del Gobierno en el primer año, se refirió al conflicto con las universidades y también a las designaciones de jueces en la Corte Suprema de Justicia. La bancada K le entregó en mano un documento en el que expresaba su rechazo de lleno a que se nombren a los magistrados por decreto. 

Cuando todo parecía terminado en el Senado, el 4 de diciembre detuvieron en la frontera con Paraguay al entrerriano Edgardo Kueider, quien trasladaba 200 mil dólares sin declarar, más una suma importante de pesos argentinos y guaraníes. UP presionó desde el primer momento reclamando su expulsión, por haber sido encontrado in fraganti cometiendo un delito. Con un indignadísimo Luis Juez, la mayoría del Pro avisó que daría quórum. 

La expulsión de Kueider, última vez que se abrió el recinto en 2024

Horas antes, referentes de la oposición friendly se reunieron en el despacho de Villarruel y evaluaron la salida de la suspensión. El legislador exFrente de Todos, aliado de La Libertad Avanza en el último año, estaba en el país vecino con prisión domiciliaria. Previo a la sesión se anticipaba un escenario de papelón: nadie tenía los dos tercios para echarlo ni para suspenderlo. Todo cambió la misma mañana del 12 de diciembre, cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado envió un pedido de desafuero de Kueider, por estar involucrado en Argentina en la causa Securitas, que investiga corrupción. Allí se torció la voluntad de la UCR y finalmente fue echado, aunque en un momento, con un largo e intenso cuarto intermedio, se pensó en dejar sin quórum la reunión. La expulsión cosechó 61 votos afirmativos, 5 negativos y 1 abstención. 

Una molesta Villarruel expuso, al terminar la sesión, que ese mismo día quería tratar el tema del descongelamiento de las dietas y los senadores no quisieron. A eso le siguió después la embestida desde Casa Rosada sobre la validez de la sesión, dada la ausencia de Milei en el país, pero que no llegó a ningún lado porque finalmente se reveló que la vice estaba en condiciones de presidir, pues firmó el traspaso cuando Kueider ya había sido eyectado de la Cámara alta. 

Cantidad de sesiones en el Senado en los últimos 10 años 

2024: 12

2023: 5 

2022: 13

2021: 15

2020: 31

2019: 10

2018: 15

2017: 18

2016: 23

2015: 13

2014: 23

A partir del 1ro. de enero los senadores nacionales pasarán a percibir casi 10 millones de pesos en sus dietas según fuentes consultadas por parlamentario.com, ya que finalizará la suspensión del incremento, a la que están "enganchados" a las paritarias de los empleados legislativos, que el Cuerpo mismo votó en agosto pasado.

De cara a esa situación, el vicepresidente del bloque de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, le envió una nota a la titular del Senado, Victoria Villarruel, comunicándole la solicitud de todo su espacio de no percibir dicho aumento.

“Por medio de la presente, en mi carácter de vicepresidente del bloque de LLA, tengo el agrado de dirigirme a usted para expresar formalmente la decisión del suscripto, así como la de todos los integrantes de nuestro bloque, de manifestar nuestra expresa voluntad de no percibir aumento alguno en las dietas de los senadores hasta que se trate este asunto durante las sesiones ordinarias del año 2025”, argumenta el sanjuanino

Así, pidió que “se extienda la suspensión de aumentos dispuesta por la Resolución DR-27/24, que concluye el 31 de diciembre del corriente año”.

La nota lleva las firmas del mencionado Olivera Lucero, Ezequiel Atauche (presidente del bloque), Bartolomé Abdala, Juan Carlos Pagotto, Ivana Arrascaeta y Vilma Bedia.

“Creo que no es un momento oportuno, pensando en el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno en reducir el gasto público”, señaló Abdala días atrás en declaraciones a Radio Mitre y sumó: “No tengo ninguna duda que la gente nos está mirando y somos muy conscientes de la exposición política que tenemos”.

Es que el último incremento que tuvieron los legisladores, a mediados de agosto, disparaba el ingreso de los parlamentarios a $9 millones en bruto. La cuestión generó todo tipo de críticas por parte del presidente Javier Milei y provocó tal controversia que desde el recinto dieron marcha atrás con la actualización y congelaron los salarios.

En aquella oportunidad, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que establecía la suspensión del incremento del 6,6% hasta el 31 de diciembre. Además, se decidió “desenganchar” el salario de los parlamentarios de las paritarias legislativas hasta fin de año.

Paoltroni se sumó al rechazo del aumento

Lo hizo a través de una carta dirigida a Villarruel en carácter de titular del bloque Libertad, Trabajo y Progreso. En la misma, solicitó la extensión de la suspensión de los incrementos en las dietas de los senadores.

Además, informó que presentará un proyecto de ley cuya finalidad sea establecer la renuncia optativa a las dietas parlamentarias por parte de los legisladores nacionales, pero en caso de optar por percibirlas, deberán fijarse en un monto equivalente a 10 jubilaciones mínimas.

Solicité a la Vicepresidenta la suspensión del aumento de las dietas de los senadores hasta que sea tratado en las sesiones ordinarias 2025. Además, el jueves presentaré un proyecto de ley para que los diputados y senadores nacionales puedan renunciar a sus dietas. En caso de que… pic.twitter.com/KloHLGR3R6

— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) December 30, 2024

El Poder Ejecutivo formalizó un pedido formal al Senado de la Nación para que trate una serie de ascensos de militares que fueron frenados durante el Gobierno anterior por razones de parentesco con militares vinculados con crímenes de lesa humanidad.

El pedido puntual tiene fecha 23 de diciembre y fue suscripto por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Peti. Allí se solicita que el acuerdo para el ascenso al grado inmediato superior tenga fecha al 31 de diciembre de 2018. De aprobarse la solicitud, los militares serán promovidos con carácter retroactivo, por reunir “las condiciones exigidas por la ley”.

Los militares cuyos ascensos serían destrabados son los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond, en el caso de la Armada.

En tanto que por el Ejército, el listado incluye a los tenientes coroneles Marcelo Ramón Borzone, Julio Balloffet, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattaneo, Luis Alberto Cattaneo, Ramón Eduardo Centeno, Mario Alejandro Díaz, Antonio Agustín Duarte, Oscar Antonio Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Horacio Muñoz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Guillermo Alejandro Saá, Ricardo Enrique Schulz, Pedro Leonardo Tagni, Jorge Luis Toccalino, Roberto Augusto Vega y Francisco Javier Canevaro.

Se trata de ascensos frenados en 2010, a partir de la Resolución 1581, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y Nilda Garré ministra de Defensa. Entonces fueron pasados a retiro decenas de militares de alto rango por tener algún tipo de lazo sanguíneo con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Según se informó, durante el Gobierno de Mauricio Macri se iniciaron gestiones para dejar sin efecto esa medida.

No se sabe si fue su último reportaje del año, o si habrá más antes de que concluya 2024, pero la entrevista que Javier Milei le concedió a Alejandro Fantino dejó más de una perlita dedicada al Congreso de la Nación, tema recurrente para el mandatario durante su primer año de gestión. En particular, esta vez, para el Senado; tiro por elevación (obvio) a la titular de esa Cámara, Victoria Villarruel, caída en desgracia para los Milei.

“Cuando vos vas a laburar, hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganás. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta, y se inventan el aguinaldo”, lanzó Milei en esa entrevista en referencia a los aumentos especiales que se dieron los padres de la Patria (“se subieron dos veces la dieta”, lanzó el presidente), y particularmente al episodio en el que se vio a algún senador levantar la mano tímidamente en esa votación a mano alzada, allá por el mes de abril.

Ante la pregunta puntual en Neura sobre la no intervención de la vicepresidenta para impedir el aumento de los senadores, que pasarán a ganar más de 10 millones de pesos por mes, Milei le apuntó a su compañera de fórmula: “Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace, qué se yo… recortó un montón de privilegios”, señaló el presidente en referencia al titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Como no da reportajes, Villarruel contestó a través de las redes. Y lo hizo como viene haciendo los últimos tiempos, en el marco de los intercambios que hace en X con usuarios que le hacen preguntas puntuales que le dan la oportunidad de explayarse. Algunos le hablan en mal tono, como el que salió al cruce del posteo de la vice saludando por Navidad, en el que Villarruel dijo que, a las 12 de la noche, sus pensamientos “serán por los que no están, por los que pasan estas fiestas solos o con grandes dificultades y por todos aquellos que estarán trabajando y que nos cuidan”. El usuario @TomyFavole le lanzó: “Ya cobraste el aguinaldo del Senado? O todavía no? Dedicate a bajarle los mostruosos sueldos a los culos deshilachados del Senado y después salís a decir feliz Navidad y todas esas pelotudeces. Vamos dejando X y empecemos a hacer algo por el país y la gente”.

Villarruel replicó: “Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto, el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto, Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va”.

Con lo cual, le respondió también a su compañero de fórmula con el que el año pasado ganó las elecciones.

Los senadores, dicho sea de paso, se votaron un esquema de aumentos que en agosto pasado congelaron. Al no renovar esa medida en el recinto, a partir de enero volverán a percibir aumentos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel cierra el año de manera diametralmente opuesta a como lo había hecho el anterior. Flamante titular del Senado, si bien entonces ya había perdido el manejo del área de la seguridad que le habían prometido en campaña, pudo arrancar con el pie derecho en la Cámara que a partir de entonces presidiría. En el espacio a priori más adverso que se recuerde para un Gobierno en la Argentina, con apenas 7 senadores (el 10% de los miembros de esa Cámara), ganó en diciembre del año pasado la primera batalla al formar una mayoría afín de 39 senadores, con la que designó autoridades.

Con ese número le alcanzaba para contrarrestar una primera minoría tan adversa como numerosa: la de Unión por la Patria, que sumaba 33 senadores.

Ya de entrada la nueva titular del Senado le había torcido el brazo a la principal oposición, que quería demorar la constitución de autoridades para la reunión preparatoria de febrero.

Pero ese inicio auspicioso no se sostuvo en el tiempo y más temprano que tarde esa mayoría de 39 que había alcanzado a reunir el oficialismo comenzó a oscilar. Tuvo un ejemplo contundente el 14 de marzo, cuando la Cámara alta le provocó un duro traspié al Gobierno al rechazar el mega DNU 70/23, por 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones.

Dicho sea de paso, hubo entonces un fuerte pase de facturas a la vicepresidenta por haber convocado a esa sesión. Ella se defendió aclarando que ya no tenía otra alternativa.

Cuando la segunda versión de la ley de Bases llegó a la Cámara alta, tras su aprobación en Diputados, quedó claro el papel irrelevante que el Gobierno le asignaba a la vicepresidenta, que no participó en las negociaciones de esa ley. Tuvo igual un momento estelar, limitado al momento en el que le tocó desempatar para aprobar la ley, que volvió con modificaciones a Diputados, para su aprobación definitiva.

El tema de los sueldos de los legisladores hizo bastante ruido para Villarruel. Mientras Martín Menem se alineó inmediatamente a principios de año con la premisa presidencial de revertir el aumento que diputados y senadores habían conseguido al estar sus sueldos enganchados con la paritaria de los gremios legislativos, Villarruel tomó distancia de esa postura, aunque finalmente terminó suscribiendo con su par de Diputados ese congelamiento y la derogación del decreto que habilitaba el enganche. Con todo, al poco tiempo los senadores tomaron vuelo propio en materia salarial y hoy superan ampliamente los haberes en la otra cámara.

Por no tener afianzada esa mayoría de 39 senadores y evitar las sorpresas que una base tan amplia como los 33 miembros de UP podía propinarle al oficialismo, el recinto del Senado se abrió pocas veces. Solo 5 sesiones, más dos informativas hubo, una actividad tan menguada solo comparable con años de elecciones. Pero no solo eso: la productividad fue tan mínima que el trabajo en comisiones fue bastante reducido. Incluso buena parte de las mismas no llegaron a constituirse en el año, producto del enojo de UP con el oficialismo, que les retaceó lugares en las mismas que ellos reclamaban de acuerdo con el número de senadores con que cuentan (son el 45% de la Cámara).

Una vice con agenda propia

En el transcurso del año, Victoria Villarruel se ocupó de recorrer el país y reflejarlo en sus redes sociales, en las que suele ser muy activa. Con agenda política propia, tuvo hasta una gira internacional por Europa, que incluyó visita al papa Francisco y a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, a quien homenajeó luego en el Congreso con la inauguración de un busto suyo. Un episodio controvertido, que despertó además críticas de parte del propio presidente.

Ya había generado enojo el reportaje que le concedió el 21 de marzo a Jonatan Viale, en el que definió al presidente como un “pobre jamoncito” entre dos mujeres fuertes, como ella y Karina Milei. La hermanísima presidencial tiene una tirria personal muy especial con la vicepresidenta, que en el último tiempo le ha logrado trasladar a Javier Milei, quien el 21 de noviembre la ubicó políticamente cerca de “la casta” y blanqueó que “no tiene injerencia en el Gobierno”.

El último momento cercano que se le recuerda al presidente con quien fuera su compañera de fórmula, fue cuando ambos se treparon a un tanque de guerra, durante el desfile militar del 9 de julio. La noche anterior, VV se había ausentado en el acto de firma del Pacto de Mayo en Tucumán, aduciendo un fuerte estado gripal que durante el evento castrense del día siguiente ni se le notó. Otro motivo de enojo para el ala dura del mileísmo.

Si faltaba algún elemento para exhibir la ruptura definitiva entre el sector determinante del Gobierno y la vicepresidenta, sucedió cuando la sesión en la que fue expulsado Edgardo Kueider del Senado. Una medida que no quería el Gobierno, pues le garantizaba un escaño más a la principal oposición, y que además se concretó con la insólita irregularidad de que la vicepresidenta presidiera la Cámara cuando debía estar reemplazando al presidente.

Las expresiones posteriores de Javier Milei exhibieron el grado de deterioro en la relación y si bien VV pareció querer ponerle paños fríos a la situación con un posteo amigable, cerró la semana quemando puentes con una dura crítica contra la ministra de Seguridad, que lejos estuvo de ser moderada al contestarle. En su embestida, Milei no fue nada sutil: el “Roma no paga traidores” pareció enteramente dedicado a su otrora compañera de fórmula.

Con tres años de relación por delante, se abren profundos interrogantes respecto de la manera como la misma podrá canalizarse, al menos en el terreno institucional. Pero más allá de cómo puedan llegar a llevarse presidente y vice, las mayores dudas se abren en torno a la manera como podrá manejarse el oficialismo en el Senado.

Allí la principal oposición tendrá 34 miembros, cuando se sume Stefanía Cora, la camporista que reemplazará al expulsado Kueider. Todavía le faltarán 3 senadores para dominar la Cámara, pero tiene un número suficiente que, sumando a opositores críticos como Martín Lousteau, podrían generar zozobra en el seno del oficialismo.

Unión por la Patria cierra así el año en el Congreso con un balance discretamente positivo. Consiguió en el Senado neutralizar la mayoría con la que se había ilusionado el oficialismo, mientras que en Diputados se conforma con haber conseguido evitar una dispersión: arrancaron con 102 y solo perdieron 3 diputados; mucho no se pueden quejar.

Por el contrario, están tratando de generar agenda, entusiasmados con el éxito de haber recuperado una banca en el Senado. Ahora van por la de otro “traidor”, como consideran a Carlos “Camau” Espínola, a quien vienen apuntándole desde la caída en desgracia de Kueider. Los últimos días empapelaron la ciudad con afiches con la imagen del senador correntino y la sentencia: “Devolvé la banca”. Saben que eso no sucederá, pero los mantiene beligerantes. “Jefe de la banda”, dicen también los carteles: Camau preside el bloque Unidad Federal, ahora reducido a dos -él y Alejandra Vigo, ya sin Kueider-. También impulsan la derogación de la Ley de Bases, cuando no han podido siquiera voltear el mega DNU 70/23, pero todo les suma.

Nervioso, el medallista olímpico que aspira a volver a ser candidato a gobernador de Corrientes en 2025 resolvió ensayar un desembarco en las “fuerzas del cielo” que hasta hace algunas semanas relativizaba, confiado en ser candidato por una alianza que incluya al peronismo. Entonces en LLA le hicieron saber que solo lo auspiciarían si abrazaba la causa libertaria, cosa que entonces relativizó y ahora ansía, dadas las circunstancias y las novedades. Aunque tras el escándalo con su excompañero Kueider, sus acciones cotizan en baja.

No tanto como las de Victoria Villarruel, a la que le espera un año en el que su misión principal en el Senado será hacer todo lo posible para mantenerlo inactivo. Mientras busca la manera de recomponer lo que a priori asoma como roto. Y con la incógnita de saber de qué manera las últimas novedades (adversas) impactan en su encumbrada imagen.

En el marco de la investigación por la causa de presunto lavado de activos, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de los despachos que utilizaba Edgardo Kueider. Los mismos se llevaron a cabo durante la tarde de este viernes en el Palacio Legislativo y en el Anexo del Senado ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Tras arribar al Congreso de la Nación, personal de Gendarmería Nacional, vestida de civil, requisó carpetas, computadoras, pendrives y documentación de las oficinas del entrerriano. También fueron allanadas las oficinas de dos asesores de Kueider, de los cuales uno de ellos facilitó el ingreso a las oficinas por el sistema de huella digital.

Cabe recordar que las oficinas estaban clausuradas, por orden de Arroyo Salgado, desde la tarde del 12 de diciembre luego de que la Cámara alta aprobara por unanimidad la remoción del exlegislador detenido en Paraguay por la tenencia de 211.000 dólares sin declarar en cuando intentaba cruzar al país vecino.

A primera hora de este viernes, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó el recurso de amparo presentado por Kueider, por el cual consideraba como "inválida" a la sesión donde se votó su expulsión. El entrerriano continúa cumpliendo detención domiciliaria en Asunción junto a su secretaria Iara Costa.

Así las cosas, la propia jueza Arroyo Salgado solicitó a la justicia paraguaya la extradición de Kueider y Costa, para ser interpelados en Argentina. En el pedido judicial, también, contempla el allanamiento al complejo habitacional donde ambos imputados cumplen la prisión domiciliaria.

El juez federal en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, rechazó este viernes el recurso de amparo presentado por Edgardo Kueider para que declare como inválida a la sesión especial que aprobó su destitución como senador nacional, luego de su detención en Paraguay por portar 211.000 dólares sin declarar al momento de cruzar la Triple Frontera,

Asimismo, el fallo avaló la participación de Victoria Villarruel al mando de la Cámara alta, en medio de la polémica por el viaje del presidente Javier Milei a Italia: Desde Casa Rosada señalaron que la presidenta del Senado “estaba al tanto” del viaje presidencial, pero la vicepresidenta afirmó “recién a las 19” se enteró que debía quedar al frente del Poder Ejecutivo. Esto fue mencionado por el entrerriano en la segunda presentación.

Por su parte, el magistrado detalló, en el fallo, que dar lugar al amparo presentado por el entrerriano “importaría avanzar indebidamente en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado”. En tal sentido, remarcó que la expulsión de Kueider “fue propuesta, debatida y sometida a votación en el seno del Honorable Senado y resultó aprobada por los dos tercios previstos por la manda constitucional”.

A la espera del avance de la investigación, Edgardo Kueider continúa cumpliendo la prisión domiciliaria en un complejo habitacional de Asunción, junto a su secretaria Iara Costa. Esta semana la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien sugirió al Senado que avanzara con el desafuero en la previa de la sesión que determinó la destitución, solicitó la extradición de ambos imputados en el marco de la causa por presunto lavado de activos.

Con la destitución de Kueider aprobada en el Senado y el rechazo de la justicia al amparo presentado por él mismo, la banca correspondiente a Entre Ríos pasará a ser de Stefania Cora, actual legisladora provincial. De origen camporista, Cora era la segunda en la boleta del Frente de Todos en 2019.

La denominada Cámara alta sesionó especialmente hace pocos días, llamada a decidir una cuestión disciplinaria contra uno de los miembros del Cuerpo, privado de su libertad por disposición de la Justicia penal de la república hermana del Paraguay (imputándosele -según el ordenamiento del país vecino- la comisión de uno o varios delitos graves). En la misma sesión, la Cámara -presidida por la vicepresidente de la Nación- aplicó en perjuicio del senador de la Nación Edgardo D. Kueider, la sanción de expulsión, por una amplia mayoría de votos (60 afirmativos más 6 negativos; y una abstención) de los presentes en la reunión, en los términos del Art. 66 de nuestra Constitución Nacional.

1) Inconstitucional presidencia de la sesión:

La letra y la interpretación derivadas de los Arts. 88 y 92 de la Constitución de la Nación, no dejan otra salida que la sanción de nulidad para la sesión especial del día jueves 12/12, en pleno período de receso.

El Ejecutivo nacional no puede estar a cargo de... NADIE (independientemente de las eventuales actas, notificaciones e intervenciones o actuaciones notariales). En un sistema presidencialista -como el nuestro, desde 1853-60- no hay lugar para dudas: si el presidente de la Nación está ausente (por la razón que fuere), el Ejecutivo nacional queda a cargo -transitoriamente- de la figura de reserva: el vicepresidente (cuyo molde se tomó del Texto Fundamental estadounidense). Así surge de la propia letra del citado Art. 88, con más los pormenores e hipótesis que muestra la vigente, reglamentaria y denominada Ley de Acefalía del Poder Ejecutivo (N° 25.716, del año 2003).

Si la vicepresidente actual no pudo enterarse de la situación fáctica que la involucraba, genera que se evalúe seriamente la idoneidad del o de los funcionarios en cuestión. Este sistema no constituye una monarquía o un principado; y la jefatura del Estado es cosa seria y muy trascendente para la República Democrática.

Jamás podría haber presidido cualquier acto político-institucional (la vicepresidente de la Nación, como titular nata del Senado Federal), mientras estuvo a cargo y en ejercicio interinamente de otro poder del Estado republicano, por rigurosa cláusula constitucional que así lo estipula. La sesión por ella presidida en esos momentos es nula; y también igualmente así resultan las resoluciones adoptadas, emanadas del H. Cuerpo colegiado en la misma reunión formal.

2) Jerarquía del Senador de la Nación cuestionado:

No queda duda de que habrá que convocar a la celebración de otra sesión, si es que se procura intentar excluir de la Cámara alta al legislador de la Nación, vergonzosamente privado de su libertad por razones de público conocimiento.

El actual senador de la Nación Edgardo Darío Kueider (detenido en la república hermana del Paraguay) aún constituye (nos agrade o no) una autoridad superior de la estructura institucional de nuestro Estado (en el exterior y en las actuales circunstancias de naturaleza penal, no le alcanza la tutela y protección de aquellas prerrogativas e inmunidades que la denominada Ley de Fueros - N° 25.320, del año 2000- reglamentó controvertida y un tanto extensivamente, con base en los Arts. 68 al 70 de nuestra Carta Fundamental, para la garantía del funcionamiento pleno de ambas Cámaras), de esas que integran el Gobierno Federal de la Nación Argentina (Título I de la Segunda Parte "Autoridades de la Nación"; antes del Art. 44).

3) Violación de garantías constitucionales elementales:

El senador cuestionado, acaba de presentar (en las últimas horas) una acción de amparo en el fuero contencioso administrativo y federal (de la CABA), solicitando esta nulidad por diversos fundamentos. Invoca seriamente, no sólo la grave irregularidad de la controvertida conducción del debate senatorial, sino la violación de cierto debido proceso legal y la inexistencia del sustancial derecho de defensa, ni en la comisión permanente de asesoramiento, ni en la sesión aludida en el recinto oficial del Cuerpo (puntos V "justiciabilidad del caso"; y VI "Admisibilidad del amparo: vicios, violaciones, perjuicios, y derechos lesionados").

No obstante, decimos que se trata de una valoración política la que debe juzgar el Senado en virtud de sus facultades sancionatorias reconocidas por el Art. Constitucional 66; y no en ocasión de un proceso judicial.

4) El Senado de la Nación deberá intentarlo nueva y prolijamente:

Por la misma razón y en conclusión, el sentido común indica que no existe ni remoción ni exclusión del mencionado Senador válida (en los términos de este último Art. precitado de la Carta Fundamental), y en consecuencia, que también (lo decidirá el magistrado competente: Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del Dr. Enrique Lavié Pico) el Tribunal muy probable y preventivamente ordene al H. Cuerpo que se abstenga de incorporar y recibir juramento a la Senadora electa y suplente.

No existe -hasta ahora, por la desprolijidad o mal desempeño que pudiese comprobarse- aún tal vacancia.

 

Néstor Fabián Migueliz es abogado, investigador y docente. Asesor Legislativo Prosecretaría Parlamentaria-Senado de la Nación

Durísimo contra la vicepresidenta Victoria Villarruel se manifestó este viernes el jefe del bloque Frente Pro en el Senado, Luis Juez. A pesar de asegurar que tiene "buen diálogo" con la titular de la Cámara alta, no ahorró críticas hacia sus acciones sobre diversos temas.

Consultado en radio La Red por los dichos de la vice sobre el gendarme secuestrado en Venezuela, y la posterior respuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el cordobés consideró que fue "absolutamente inoportuno" el comentario de Villarruel.

Y, acto seguido, lanzó que "la vanidad es un espejo horrible, vos te mirás, te ves con números interesantes y ya crees que lo tenés a San Pedro agarrado del calzoncillo y eso es una boludez, porque hoy estás en la cresta de la ola y mañana en el fondo de mar. Vos tenés que ser parte de un equipo. Jugá de 4".

"No hacen bien esas expresiones. No se puede con todo tratar de sacar ventaja", agregó y reveló: "Yo se lo he dicho, 'baje cuatro cambios Victoria'. Usted tiene que entender cómo funciona la institución de la vicepresidencia, que le junta los votos al presidente". "Hay que administrar los egos", recomendó.

Respecto del descongelamiento de las dietas que regirá a partir del 1ro. de enero -si antes no hay una resolución-, Juez afirmó que "lo que hay que hacer es prorrogar la decisión tomada; nos tenemos que juntar". Y dijo que esto no se resolvió en última sesión porque "en aquel momento había que echarlo a (Edgardo) Kueider".

También contó que habló con presidentes de bloques y les dijo que manden una nota "para que se mantenga el congelamiento hasta que nos veamos la cara, y cuando nos veamos la cara discutiremos". "No quieras hacer buena letra para ver como terminas el año posicionándote", disparó luego, en referencia a que Villarruel advirtió sobre el aumento que regiría desde fin de año, al caducar la suspensión que se votó en agosto.

Pero además, el jefe de la bancada Pro señaló que "la vicepresidenta no es ajena, porque ella generó esa sesión de mierda (del 18 de abril), que fue vergonzosa la decisión que se tomó y cómo se tomó. Pero de ahí no salís con sobreactuación, hay que salir con inteligencia".

Finalizada la sesión en la que se expulsó a Edgardo Kueider, una visible ofuscada Victoria Villarruel expuso a los senadores nacionales sobre los incrementos que comenzarán a tener en sus dietas a partir del 1ro. de enero, cuando se acabe la suspensión de aumentos que el cuerpo mismo votó en agosto pasado.

"Solicité que se tratara el congelamiento de las dietas de los senadores, porque a partir del 1ro. de enero se comienzan a actualizar automáticamente, cuestión que espero que los senadores traten. Yo no soy senadora, sólo facilito las condiciones para el tratamiento y la discusión de este tema, pero no soy las que toma las decisiones", dijo en declaraciones a la prensa y consideró que "entendiendo el esfuerzo inmenso desde lo económico que está haciendo la población, creo que debemos estar a la altura".

Tras varios meses y con los cambios que se sucedieron en ese lapso, las palabras de la vicepresidenta fueron todo un giro respecto de lo que opinaba en marzo pasado, cuando los senadores todavía no habían resuelto aumentarse las dietas y cobraban abajo de los 2 millones de pesos. En ese momento, Villarruel se resistía a cumplir con el pedido de Javier Milei para que se diera marcha atrás con una suba del 30% -finalmente firmó la resolución junto a Martín Menem- y expresó en una entrevista con TN que los legisladores "no ganan bien".

A diferencia de cómo se manejó el aumento de dietas en la Cámara de Diputados, los senadores fueron al recinto el 18 de abril y resolvieron la cuestión por su propia cuenta: en una votación a mano alzada y sin debate se aumentaron las dietas más del doble y dispusieron atarlas a las subas que acordarían en adelante los gremios legislativos.

Así, en abril, las dietas de los senadores que estaban por debajo de los 2 millones de pesos pasaron a más de 4 millones de pesos netos. Sumado a algunos diferenciales, el bruto ascendía a más de 6 millones de pesos.

El proyecto de resolución que se votó en abril establecía: "A partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo". "El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos", agregaba.

A mitad de año, cuando los gremios acordaron nuevos aumentos para julio y agosto, se conoció que esto impactaría de lleno en las dietas de los senadores, llevándolas a 8 millones de pesos en neto.

A raíz de la polémica, en la sesión de 22 de agosto se votó un proyecto firmado por los jefes de bloques para suspender los aumentos hasta el 31 de diciembre. En esa oportunidad también se aprobó un emplazamiento a comisiones para tratar un proyecto del senador de UP José Mayans sobre un tope a los sueldos de los funcionarios de los tres poderes del Estado. Pese a eso, nunca se debatió.

Es así que ahora, a días que culmine el año, las dietas de los senadores volverán a estar "enganchadas" a las paritarias de los empleados del Congreso en 2025. Según confirmaron fuentes del Senado a parlamentario.com, efectivamente las dietas subirían a 10 millones de pesos.

El pasado 13 de noviembre, la Comisión Negociadora del Congreso resolvió un incremento del 2% para septiembre, del 1% para octubre, del 2% para noviembre y del 1% a partir para diciembre. En tanto, a partir del 1ro. de enero se podrán discutir nuevas paritarias, cuando ya estarán nuevamente enganchadas las dietas de los senadores con los haberes de los trabajadores. Salvo que haya una resolución en estos días, algo que no parece vaya a suceder.

La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio habló sobre los entretelones de la expulsión de Edgardo Kueider del Senado el jueves pasado: “Nosotros como autoridades de bloque recibimos amenazas toda la semana, y seguramente el resto de mis compañeras y compañeras también las recibieron. Que ‘Te van a poner cualquier cosa en el auto, armas, drogas, te van a pescar infraganti y es un precedente, que los servicios te van a meter cosas’… Había mucho miedo y mucha amenaza”.

Y sentenció: “La política no es para gente que tiene miedo, y tampoco podés tomar decisiones en función de los aprietes”.

En relación a cómo el oficialismo construye mayorías parlamentarias con el resto de los bloques para la aprobación de leyes, la senadora detalló que “la compra de votos por cargos ha sido pública, como la Embajada de UNESCO o la representación de Kueider en Salto Grande. Hay una votación e inmediatamente hay un decreto del presidente poniendo cargos”.

“En nuestra historia, cuando se generan leyes muy nocivas para el país y que la sufren la enorme mayoría de los argentinos, termina en compra de votos o en escándalos institucionales serios”, remarcó.

Consultada sobre el planteo del oficialismo acerca de la validez de la sesión, la senadora bonaerense dijo que “nosotros hemos tomado una decisión casi unánime, de más de 60 votos. Si Milei dejó en acefalía a la Argentina o si la vicepresidenta ejerció dos cargos a la vez, es un problema del Ejecutivo, pero no está en problemas la resolución que tomó el Poder Legislativo de expulsar a Kueider. Si ésta sesión es inválida, la de la Ley de Bases también porque pasó exactamente lo mismo. Incluso en ese caso, la vicepresidenta votó para desempatar”.

Con buen tino, muchos interpretaron la presentación del martes 10 de diciembre por cadena nacional como el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones intermedias. En rigor, no es la primera vez que se toma así un acto del presidente: ocurrió cuando la firma del Pacto de Mayo, en la Casa de Tucumán; y también el 15 de septiembre, cuando Milei fue al Congreso a presentar el Presupuesto 2025 (cuya aprobación nunca buscó en serio).

Habrá que entender de una buena vez que, aunque se jacte de lo contrario, este gobierno hace política todo el tiempo; razón por la cual todo lo que emprende lo hace pensando en las elecciones de 2025. Nada le interesa más, y habida su endeblez legislativa, nadie puede cuestionarlo por ello.

Pero esta vez sonó más que nunca como un acto de campaña en el cual, como corresponde, mostró a sus principales figuras: aquellas que aparecerán en las listas, o bien los que tendrán sobre sus espaldas la responsabilidad de sacar adelante la elección.

Ya se sabe que para esta administración, la imagen lo es todo, y no se puede tomar a la ligera que los dos que aparecían en el cuadro de la pantalla casi todo el tiempo, detrás del Presidente, eran Patricia Bullrich y Luis “Toto” Caputo. Por lejos, los principales ministros de esta gestión, si se tiene en cuenta que las dos promesas electorales que privilegió Milei en la campaña fueron bajar la inflación y hacer lo propio con la inseguridad. A la derecha de Milei, como corresponde siempre, estaba la hermanísima Karina, y a la derecha de ella el ascendente Manuel Adorni. Solo en esos dos cuadros podría estar definiendo LLA a las figuras principales -tal vez los candidatos-

de los dos distritos clave de la próxima elección para La Libertad Avanza: CABA y Buenos Aires. Este último el más grande del país, donde seguramente confrontará con Cristina Kirchner, en la reversión de “la madre de todas las batallas”, 20 años después. Y el distrito porteño, donde todo indica que va camino a desafiar a su socio más cercano, el Pro; otra madre de todas las batallas, donde si eso sucede Milei buscará “matar al padre” (en términos políticos, entiéndase bien).

Ese discurso de 40 minutos en el prime time televisivo fue medido, tanto como no se recuerda del Presidente, que no insultó a nadie, salvo una referencia puntual a un “degenerado fiscal” que no citó por su nombre, aunque se refería a Sergio Massa. Al final, ni siquiera remató con el clásico “¡Viva la libertad, carajo!”, para no deshacer en un instante el mensaje eminentemente presidencial que acababa de dar.

Lo cual no implica en modo alguno un anticipo de moderación de Javier Milei. Sin ir más lejos, 24 horas después lucía totalmente desatado ante un auditorio cautivado por sus insultos, en el terreno amigo del programa de streaming “La Misa del Gordo Dan”. Entre otras cosas, en esas tres horas de “Milei auténtico”, dejó una sentencia que vale tener en cuenta siempre, por si alguno todavía no se había dado cuenta: “Yo no olvido ni perdono”, sentenció, y el ¿futuro diputado? Gordo Dan aprobó con un “¡banco!”.

En esa categoría de “enemigos” pareció haber ingresado definitivamente horas después la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuando tras el desenlace de la sesión convocada en el Senado para decidir la suerte de Edgardo Kueider, insólitamente el Gobierno consideró “inválida” la misma.

La verdad es que el oficialismo nunca quiso la expulsión del senador entrerriano, por más que en una entrevista el Presidente sugiriera que todo podía arreglarse llamando a una nueva sesión que tendría el mismo desenlace. Porque si hay algo peor que perder un voto propio, como ya había sucedido cuando Kueider quedó preso -sin chances para que alguna vez vuelva a sentarse en su banca-, es que la principal oposición tenga uno más, como sucederá cuando la camporista Stefanía Cora asuma en febrero.

Nada que altere demasiado el andar del Senado, que ya venía frenado los últimos meses con la composición actual. A Unión por la Patria le faltarán ahora 3 senadores para dominar las sesiones, mientras que al oficialismo ya no le sobra nada: aquella mayoría amplia de 39 que Victoria Villarruel logró reunir el año pasado, que le permitió quedarse con los cargos y manejar las comisiones, hoy está en 37, incluyendo a senadores como Martín Lousteau, al que el Gobierno no deja de vituperar cada vez que puede.

Pero vayamos a la sesión del jueves 12 de diciembre, que quedará en la historia porque no es nada habitual que un legislador sea expulsado. De hecho, para encontrar el único antecedente de estos 41 años de democracia habrá que remontarse a 1991, cuando el catamarqueño Angel Luque fue eyectado tras el caso María Soledad. A esta sesión se llegó con la convicción de que no habría vencedores ni vencidos, aunque existía la certeza de que los medios, las redes y la opinión pública despedazarían al Senado después por no haberse puesto de acuerdo en una sanción.

Ya se sabe que nadie tiene los dos tercios en ninguna de las dos cámaras, en estos tiempos de minorías. Y eso es lo que hacía falta, tanto para echar a Kueider, como reclamaba UP para poner de paso a su reemplazo, como para suspenderlo, como querían LLA, el Pro y la UCR. Sucedió que todos llegaron al recinto en modo reflexivo, sobre todo los senadores del Pro y los radicales, más permeables a lo que fuera a suceder el día después de la sesión con un cuerpo que ya fue sometido al escarnio por el aumento de sus dietas.

Hubo un dato que cambió todo: el pedido de desafuero que llegó temprano al Senado, por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado, para proceder luego -extradición mediante- a la detención del por entonces senador. Fue el hecho que modificó la relación de fuerzas y llevó a la convicción de que lo de Kueider no podía quedar en la nada ese día; de lo contrario, todo dependería de la Justicia paraguaya.

Cercana a Rodríguez Larreta, el discurso de la senadora Guadalupe Tagliaferri marcó el camino de lo que venía. Inclusive modificó posturas, como confesó más tarde en su propia intervención el radical Pablo Daniel Blanco. Tras cuestionar duramente al kirchnerismo por ponerse ahora en el rol de defensores de la institucionalidad y la justicia, aclaró que votaría a favor de la expulsión, pero que si no alcanzaban los votos, se quedaría para votar a continuación la suspensión. Y le pedía al kirchnerismo que hiciera lo mismo.

Con el correr del debate, comenzó a madurar la sensación de que la primera opción ganaba las adhesiones suficientes como para imponerse a la hora de la votación, razón por la cual al concluir la lista de oradores pasaron a un cuarto intermedio, para votar de manera ordenada. La Libertad Avanza se inclinó también por la expulsión, pues no podía terminar defendiendo a Kueider.

Esa misma tarde estalló una inquietud que después fue ganando espacio: Victoria Villarruel había estado presidiendo la sesión cuando Javier Milei ya estaba fuera del país. Consultado al respecto por este medio, el jurista Pablo Tonelli advirtió que, de corroborarse, eso sería “una irregularidad grave”, por cuanto es la propia Constitución la que deja claro la división de poderes. Pero él mismo aclaró que no esperaba que eso tuviera ninguna consecuencia, ya que nadie plantearía esa objeción.

Se refería a que no habría voces que fueran a salir en defensa de Edgardo Kueider. Salvo el propio entrerriano, que a través de su abogado hizo una presentación al día siguiente de su destitución, que no pareciera tener destino favorable, pues ya varios constitucionalistas interpretaron que si bien hubo una situación como mínimo “desprolija”, la injerencia de la vicepresidenta fue nula. No le tocó desempatar, como sí sucedió por ejemplo cuando el debate de la Ley de Bases y casualmente Milei debía otra vez viajar al exterior. El Presidente esperó esa vez el tiempo suficiente como para que Villarruel hiciera lo que tenía que hacer y luego le dejó el lugar al presidente provisional, Bartolomé Abdala.

Lo que nadie podía imaginar era que fuera el propio gobierno, con sus trolles, los que salieran a agitar el tema, y que el propio presidente se sumara a declarar nula la sesión. Una señal seria de la gravedad que puede llegar a revestir la relación rota entre el presidente y su vice, con tres años por delante como tienen.

Si de relaciones rotas hablamos, en ese camino parecen andar las relaciones entre LLA y el Pro, cuyo presidente criticó el viernes lo resuelto por el Senado -él, como la mayoría de sus senadores, propiciaban la suspensión de Kueider, como en 2017 hicieron con Julio De Vido- y marcó claras distancias con el oficialismo. De cara al año electoral, ya está pavimentando el camino diferenciado de los libertarios; sobre todo después de que La Libertad Avanza votara en contra del Presupuesto 2025 para Jorge Macri, traspasando un punto de no retorno.

Aunque algunos dicen que esa línea ya la había traspasado el Gobierno cuando en la semana la hermanísima apareció muy sonriente junto al Chiqui Tapia, ataviados con camisetas de la Selección.

"No la veo por ningún lado", respondió el senador nacional Juan Carlos Romero sobre la posibilidad de que la Justicia declare nula la decisión del Senado de expulsar a Edgardo Kueider, respecto de la polémica que surgió por el rol de Victoria Villarruel, quien presidió la reunión mientras el presidente Javier Milei ya no estaba en el país.

El salteño reveló: "Al mediodía (del jueves), Victoria nos dijo que no había sido notificada y que no sabía ni dónde estaba el presidente, si estaba viajando a Italia o al interior". "Creo que es una descoordinación entre ellos pero que no tiene impacto sobre la validez", sostuvo.

En declaraciones a radio La Red, el legislador del interbloque Las Provincias Unidas, aseguró que "lo que vale son los 60 votos que votaron; si mañana supongamos que Milei regresa y hay otra sesión para convalidar lo que se ha hecho mal, van a haber 60 votos igual, 6 en contra y 1 abstención. Sesenta es un número que hay que respetar desde el punto de vista de la democracia. Lo demás son chicanas".

"¿Quién puede decir que es inválida la sesión? Algún día la Corte, ¿y la Corte se va a meter en ese tema?", agregó Romero, quien fue el único en abstenerse.

En ese sentido, confesó que su voto fue así porque "no iba a votar en contra, porque yo estaba de acuerdo que había que apartarlo a Kueider, pero tampoco iba a votar a favor porque era convalidar con mi voto darle al kirchnerismo un senador más".

Para el salteño, habría que haber votado la suspensión hasta el fin del mandato, pero "se dieron vuelta los radicales y (Luis) Juez con otros senadores" del Pro.

Consultado sobre su relación con Kueider, con quien compartía interbloque desde septiembre pasado, Romero afirmó que en este tiempo compartió "una sola charla y una sola comida". "No había mucho vínculo porque un hombre medio hermético", sumó.

Recordó entonces que el entrerriano estuvo hasta febrero del año pasado con el Frente de Todos y que, en cambio, él viene "enfrentando al kirchnerismo desde la (resolución) 125".

Con la pérdida de un aliado para el oficialismo en la Cámara alta, el senador observó que el próximo año habrá una "gran dificultad para aprobar cosas, sea de los propios legisladores o del Gobierno".

A horas de aprobada su expulsión del Senado, Edgardo Kueider presentó este viernes un amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se declare nula la sesión por "irregularidades" y se le restituya su banca.

La defensa del entrerriano, detenido en Paraguay por presunto delito de contrabando, argumentó la invalidez de la sesión por haber estado presidida por Victoria Villarruel, quien se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo.

La conducción de Villarruel ante la Cámara alta abrió un conflicto con Casa Rosada, desde donde afirmaron que ella conocía con el debido tiempo el viaje del presidente Javier Milei. Sin embargo, desde el entorno de la vice aseguran que firmó el traspaso a las 19 de este jueves, después de la sesión.

En el amparo que recayó ante el Juzgado Contencioso N°6, Kueider reclamó que su caso no se debatió, antes del recinto, en la Comisión de Asuntos Constitucionales -que justamente él presidía- y no se le permitió hacer un descargo, es decir, a ejercer su derecho de defensa.

Antes de la sesión, en diálogo con el diario La Nación, el ahora exsenador había dicho: "No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional".

Además de la presentación ante la Justicia, el abogado Maximiliano Ruiz envió una notificación a Villarruel en la que indica que este viernes "se ha dado inicio a una acción judicial por medio de la cual se controvierte la constitucionalidad y validez de la sesión" por medio de la cual "se dispuso la remoción del cargo de senador nacional de mi asistido".

En el escrito, el letrado le pide a la presidenta del Senado que "deje sin efecto la resolución alcanzada en esa sesión". "Hasta tanto exista un pronunciamiento judicial a su respecto, solicito tenga a bien tomar las medidas de resguardo propias de la función, de las oficinas y del personal afectado al mismo", agrega.

El entrerriano fue eyectado de la Cámara alta a instancias de un proyecto motorizado por Unión por la Patria, luego ser detenido in fraganti el pasado 4 de diciembre en la frontera con Paraguay, al querer ingresar con una alta suma de dinero en efectivo, entre eso 200 mil dólares.

Kueider aseguró que el dinero no era suyo y pidió licencia en su cargo mientras durara la investigación. El kirchnerismo pidió desde el primer momento su expulsión, pero el oficialismo y los bloques dialoguistas se inclinaban por la suspensión hasta el 1ro. de marzo, sin goce de haberes.

Sin embargo, lo que terminó de torcer las posturas fue el pedido de desafuero y de extradición que presentó antes de la sesión la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien investiga al entrerriano en el marco de la causa por corrupción denominada Securitas.

Con todo, durante un extenso cuarto intermedio antes de la votación en el Senado, hubo un intento de ciertos sectores dialoguistas de frenar la expulsión, que para esa hora había tomado fuerza. No se logró y se aprobó finalmente la dura sanción por 60 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

Ahora deberá asumir en su reemplazo, para completar el mandato hasta diciembre de 2025, la camporista Stefanía Cora, quien se sumará a UP. Salvo que la Justicia frene su asunción, ante el reclamo de Kueider. Se verá en las próximas semanas, igualmente en lo inmediato no se concretará, dado que el recinto no volverá a abrirse -por lo menos- hasta febrero.

AMPARO SENADOR KUEIDER