“Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades, lo reconozco”, admitió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en su segunda presentación nocturna consecutiva en TN. En el prime time del canal de noticias más visto, tal cual como había sucedido la noche anterior, Patricia Bullrich había concurrido este lunes precisamente para decir eso y allanar el camino a lo que vendría a continuación.

“El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Ahí tuvimos un error… Te puede pasar en 210 artículos que tiene la ley, te puede pasar, nos pasó, porque tomamos la estructura de la vieja que no distingue entre un esguince y un cáncer”, explicó, para aventar dudas respecto de un tema que no termina de definirse a quién debe adjudicársele. Porque en efecto, en el texto original que se había dictaminado en diciembre del año pasado, esa modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo no figuraba, al menos de esa manera. La corrección apareció en vísperas del tratamiento en el recinto del Senado y ya entonces se alertó sobre el tema. Las modificaciones circularon la noche anterior a la sesión en un texto donde figuraban los cambios.

¿Qué decía el texto? “Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones por el siguiente”, y ahí aparecía el agregado que desató la discordia: “Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% (cincuenta por ciento) de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% (setenta y cinco por ciento) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.

No es como dijeron muchos durante estos días, que los senadores no leyeron ese texto. Hubo mucha discusión en torno al título donde figura el tema de las licencias. La senadora neuquina Julieta Corroza adelantó su abstención a todo el título, en tanto que la senadora del Pro Andrea Cristina pidió la palabra antes de votar para dejar constancia de que, de haber podido, rechazaría el artículo 44. “Respeto que se vote el título completo, por lo cual voy a votarlo a favor por la importancia que tiene el resto de los artículos, pero quiero dejar constancia de que, precisamente, no estoy de acuerdo con lo propuesto en el artículo 44”, dejó registrado para la versión taquigráfica. “Es válido lo de la senadora Cristina”, aceptó el presidente provisional, Bartolomé Abdala, tras lo cual la otra senadora del Pro, María Victoria Huala, imitó a su compañera y dejó constancia de su rechazo al artículo 44.

Este lunes, la senadora Bullrich insistió en dejar constancia que modificarían el texto: “Nosotros distinguimos que cometimos un error y bueno, nobleza obliga, lo vamos a arreglar. Si vuelve al Senado, tardará una semana más”, minimizó.

Por la tarde, la jefa del bloque LLA se había reunido con el presidente Javier Milei, adelantándole seguramente la modificación de la hoja de ruta para esa ley. Para entonces, ante el crecimiento de la polémica se había explorado con los aliados que se espera proporcionen el quórum y los votos para este debate, a fin de encontrar alternativas para salvar la ley. No tuvo aceptación la propuesta de solucionar la situación por decreto, ni esperar una ley correctiva, por lo que todo indica que en el recinto se modificará el artículo 44 en cuestión y la norma deberá volver al Senado.

La idea es entonces que se realice el cambio directamente en el plenario de comisiones que emitirá el dictamen este miércoles, e ir al recinto con esa polémica resuelta. En el texto se va a aclarar expresamente que quedarán excluidas de cualquier modificación las enfermedades “graves o degenerativas”, tal cual confirmó a parlamentario.com este martes una alta fuente oficialista.

Modificación del texto mediante -esa será la única que el oficialismo permitirá realizar-, tras la eventual media sanción en Diputados se convocará para el viernes a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, para que emitan el nuevo dictamen de la ley que regresaría a esa Cámara. La norma tendrá así los 7 días justos para volver a ser tratada por el pleno el viernes 27, con lo justo para ser ley y que el Presidente pueda alardear el domingo de haberlo conseguido en la Asamblea Legislativa.

La diputada nacional del Pro Daiana Fernández Molero abogó por evitar que el proyecto de ley de Modernización Laboral vuelva al Senado. “De ninguna manera tenemos que permitirlo”, sostuvo enfáticamente.

Entrevistada en el programa “Una vuelta más”, de TN, la legisladora valoró la iniciativa del Gobierno, pero reconoció que hay “una cuestión de procedimiento” en referencia a la cuestión de las licencias. En diciembre, recordó, “el dictamen que salió del Senado no incluía este tema, y yo creo que el Ejecutivo no lo quiso mandar, me consta, porque lo que buscaba era dar flexibilidad y más certezas a nivel de la ley, para que  no hubiera procesos de judicialización”.

“A eso apuntaba (la ley), no quitaba ningún derecho, era eso”, aseguró.

Fernández Molero agregó que ante la polémica que se ha generado en torno al tema de las licencias, el oficialismo tiene que ver la manera de solucionarlo, “porque es un tema sensible, que sí ameritaba tratarlo de otra forma, porque esto sino se empioja y no se da el debate bien”.

“Como no se puede dar un debate de algo tan profundo en tan poco tiempo, lo que tenemos que encontrar, como dijo Patricia (Bullrich), cómo poder solucionarlo sin que esto vuelva al Senado”, señaló la diputada del Pro, que advirtió que lo que tiene que garantizar el Gobierno es “que esto se pueda resolver, que tengamos garantías de que esto va a cambiarse, pero de ninguna manera tenemos que permitir que esto vuelva al Senado”.

Por último, quiso dar un ejemplo que, admitió, “va a denotar mi edad”. “¿Se acuerdan del Roland Garros entre (Guillermo) Coria con (Gastón) Gaudio? Gaudio no tenía muchas chances de ganar, y sin embargo ganó. Todos le decían a Coria quedate tranquilo, vos vas a ganar mil Roland Garros, olvídate… ¿Qué pasó? No pasó más, no ganó nada más”, dijo, asegurando sobre la reforma laboral que “este tren pasa una vez”.

Y cerró: “Esta no es la única, es una serie de reformas que están haciendo que Argentina tenga un ambiente mucho más propicio para la creación de empleo, para las inversiones, para que haya más trabajo y de mejor calidad. No la dejemos pasar”.

Cuando el oficialismo decidió concentrar todo lo que restaba del temario de extraordinarias en febrero, pocos esperaban que el Gobierno pensara en sacarle tanto jugo al mes más corto del año. Un mes que, además, tiene el extenso feriado de Carnaval, que reduce los días de actividad en un momento clave para la aprobación de los proyectos que le interesan al Presidente de la Nación.

La Libertad Avanza aparece así metida de lleno en una carrera contrarreloj generada fundamentalmente por la decisión de ofrendarle a Javier Milei la aprobación de las leyes más importantes que envió en extraordinarias, para exhibirlas en la apertura de sesiones ordinarias prevista para el domingo 1° de marzo próximo.

Con ese objetivo el oficialismo decidió extremar la actividad convocando a una sesión para esta misma semana “corta” en la que se propone debatir nada menos que la reforma laboral. Quieren “curarse en salud” los estrategas del Gobierno con la decisión de sesionar esta semana, por si sobrevienen cambios que obligan a una vuelta del tema al Senado, cosa que sucedería así la semana siguiente, cuestión de garantizar la aprobación deseada para antes del 1° de marzo.

La agenda de esta semana

En este marco tanto los diputados como los senadores estarán trabajando duro los días hábiles que le quedan a esta semana corta. Arrancarán los diputados a las 14 de este miércoles 18 de febrero, con una reunión prevista en el segundo piso del Anexo C para tratar la media sanción del proyecto de modernización laboral proveniente del Senado.

Será en el marco de un plenario de las comisiones Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que en un trámite exprés se propone emitir dictamen esa misma tarde, cuestión de poder sesionar al día siguiente. Esa sesión no ha sido obviamente convocada aún, pero por lo que pudo averiguar parlamentario.com sería llamada a las 14 horas del jueves 19, cuestión de que nadie tenga problemas con los vuelos, y dejar la mañana libre para cubrir eventualidades. Ese horario y semejante tema para tratar hacen vislumbrar una sesión de unas 20 horas que se prolongaría entonces hasta bien entrado el viernes 20.

Pero volvamos al miércoles. En la Cámara alta, a partir de las 17, se reunirá la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que luego de designar sus autoridades se abocará al debate del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea por otra, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026. Ese acuerdo ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados y el oficialismo se propone tratarlo en el recinto del Senado la semana siguiente.

La actividad en el Senado continuará en la mañana del jueves 19, cuando a partir de las 11 se reúna la Comisión de Acuerdos. Una comisión que el oficialismo se propone presidir, luego de que hasta el 10 de diciembre hubiera estado a cargo de la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri. Para esta comisión suena fuerte el nombre del riojano Juan Carlos Pagoto, y tras la conformación de autoridades de la misma se tratará el expediente que solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al exdiputado nacional Fernando Adolfo Iglesias.

Más tarde, a las 14.30, también en el Salón Arturo Illia y mientras en la otra cámara estarán sesionando ya sobre la reforma laboral, comenzará en el Senado un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar el expediente venido en revisión del Régimen Penal Juvenil. Será la primera reunión sobre ese tema en la Cámara alta, pero ya no hay tiempo para dictámenes, así que el tratamiento continuará en ordinarias.

Confirmada la segura modificación del proyecto de modernización laboral, habrá un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado este viernes, para emitir dictamen.

La modificación de la Ley de Glaciares quedaría para el período ordinario. Se verá.

Después de un año legislativo para el olvido, el oficialismo arrancó este campeonato con 3 a 0 relevante, avanzando sobre una de las vacas sagradas: las reglas laborales. Aunque los tres proyectos solo pasaron por su media sanción, existe alta probabilidad de que se conviertan en leyes. Nada de lo aprobado tendrá efectos inmediatos, sino que sirve sobre todo para mostrarle al mundo que LLA puede asegurar la gobernabilidad y que pueden dar satisfacción simbólica.

Para la realpolitik lo más interesante es el laboratorio de ingeniería política que permitió dar frutos. Como ya lo mencionamos oportunamente, cuando un oficialismo gana una elección se genera en la política y en la opinión pública un clima condescendiente hacia el poder, sobre todo si dicha victoria no estaba tan clara en la previa. Los retadores quedan atónitos y, como se dice en fútbol, cuando un equipo recibe un gol, está psicológicamente mucho más propenso a recibir otro que a poder empatar.

Desde cierto punto de vista, una de las mejores cosas que le pudo pasar a los libertarios es haber perdido la elección bonaerense del 7-S pasado, ya que moderaron su estilo, se despertaron, reaccionaron, jugaron a full su apuesta a Trump y reordenaron su sistema de decisión y negociación política. Claramente este no es el desaguisado que reinó el año pasado pre elección, donde el Gobierno se dedicó a perder sistemáticamente, sin poder encontrar un tapón que evitara que el agua se siga yendo por la alcantarilla.

Los triunfos entonan sin duda, pero se nota que Santilli está manejándose de otra forma frente a propios y extraños que Guillermo Francos, quien negociaba cosas imposibles de cumplir por algún veto interno, particularmente de Toto. Eso significa que se incorporó otra lógica de funcionamiento y otro enfoque conceptual, porque la posición hoy es otra: la administración libertaria ahora tiene la pelota en su cancha y no puede perder los partidos, so pena de convertirse en el hazme reír de la política vernácula.

Este pragmatismo fase 2 -la primera aconteció cuando logró aprobar la Ley Bases- no solo se destaca por tirar de la cuerda hasta que sea posible, sacrificando lo que sea necesario, sino además buscando atajos astutos para que no le cobren off side. Un ejemplo de este es la salida que está proponiendo al financiamiento universitario para no incumplir con lo aprobado por el Congreso, contra su voluntad. Ya lo expresó el benemérito ministro de Economía cuando se debatía sobre la licitación de los caños: “No estamos en guerra con nadie”.

Toda victoria también delata otras cuestiones. En este caso ahora los gobernadores saben que “unidos, jamás serán vencidos”: 1) pueden defender sus finanzas con el voto de sus senadores y diputados; 2) confirman que el Gobierno pide 10 para sacar 5, y 3) como el LLA debe ganar todas las votaciones sí o sí hasta el final del mandato dado que controla el mazo, es chantajeable (como diría Sartori, no yo). Al revés, los soldados del Javo también pueden tomar nota que los mandamás provinciales, si les ponen un artículo que los complica con la plata, levantan las dos manos y se rinden a votar cualquier reforma, por extremista que sea. Todo esto irá viento en popa a toda vela -al decir de Espronceda- en tanto y en cuanto la opinión pública le haga el aguante al león.

En este marco, nada debería preocuparle al Gobierno, salvo que metan la pata al estilo Libragate o el caso Andis. El Central está sobre cumpliendo la meta de acumulación de reservas para este año -aunque viene muy retrasado desde el año pasado- el superávit fiscal se sostiene, el dólar no solo no sube, sino que además baja y Wall Street cree que Toto saldrá a tomar deuda en el exterior dentro de poco. El 2.9 % de inflación tiene influencia estacional, tampoco es para hacerse los rulos, y además no hubiese sido diferente con el índice descartado. ¡No sean contras, che!

Por consiguiente, buenos augurios para Milei y su ballet en la primera parte del año, con esta sociedad anestesiada frente a los costos del ajuste. Si el modelo luce más sólido ahora, ¿por qué preocuparse? Buena parte del trabajo de un consultor político consiste en detectar oportunidades y amenazas antes de que sean inmanejables. La sistemática gran pregunta cotidiana de este mundillo de “sabiondos y suicidas” es de cuánto barro están hechos los pies de este nuevo gigante, la cual acompañará hasta que se definan las tendencias electorales de 2027 (los próximos 20 meses).

Esta semana La Anónima informó que su monto de incobrables creció 7 veces en 2025 respecto a 2024 (se va sumando a otros datos negativos de morosidad). La capacidad instalada industrial el año pasado fue la más baja desde 2011. El INDEC no informa que los salarios crecen por debajo de la inflación en los últimos 4 meses. Argentina no mejora en el índice de corrupción de Transparencia Internacional: fue el peor registro de los últimos 10 años y es el primer gobierno no peronista que empeora la situación heredada desde que existe la serie estadística (información destacada por Poder Ciudadano). “Resuelve lo difícil mientras aún es fácil. Atiende lo grande mientras aún es pequeño”, aconseja Lao Tsé.

Esta semana también se destacó por la rebelión policial en Santa Fe. Más allá de los errores de negociación y previsión que pudo haber tenido Pullaro, el hecho delata otro aspecto: la situación financiera de las provincias está complicada. Ese distrito -que no está mal administrado y se niega a liquidar localmente los dólares tomados en el exterior, pese a las recriminaciones de Toto- le ha bajado la coparticipación a sus municipios en un 25 % en los últimos meses, y ya ha advertido a sus intendentes que la situación no mejorará. Llaryora impuso a fin de año un recorte del 30 % en todas las áreas.

Volviendo al principio de la columna, el presidente hizo de esa debilidad financiera ajena, una virtud propia: les arrancó el apoyo a una reforma laboral profunda. Damos fe que Maquiavelo sigue vivito y coleando.

Aunque el Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral en el Congreso como un hito político, la reacción social en el ecosistema digital mostró un escenario muy distinto. Un estudio de Enter Comunicación que relevó 179.000 menciones y un alcance potencial de 13 millones de usuarios registró un clima abiertamente hostil hacia la medida, donde las opiniones negativas superaron ampliamente a los mensajes de respaldo. La audiencia siguió con mayor interés el resultado parlamentario que la narrativa del conflicto, pero la lectura social estuvo marcada por la desaprobación.

La conversación se organizó alrededor de dos elementos centrales: el proceso legislativo y la tensión en las calles. Un 31,4% de los usuarios se concentró en el detalle de la votación y el quórum, mientras que el 12,4% puso el foco en los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso. En ambos casos, el tono predominante fue crítico. La figura de Patricia Bullrich ocupó un lugar destacado en la discusión: como senadora y a la vez responsable política del operativo de seguridad, se convirtió en un puente visible entre el Ejecutivo y el Senado y, al mismo tiempo, en uno de los blancos principales de cuestionamientos.

Uno de los rasgos más llamativos del análisis de Enter Comunicación fue la desconfianza institucional. El término “senadores traidores” se impuso como etiqueta transversal: sectores de derecha lo utilizaron para señalar a quienes no respaldaban la reforma, mientras que los espacios de izquierda lo aplicaron para denunciar a quienes la votaron afirmativamente. La polarización se profundizó con un fenómeno de “cámaras de eco”, en especial en Facebook, donde los usuarios interactuaron casi exclusivamente con contenidos afines a su postura previa.

El presidente Javier Milei fue el eje identitario del debate y concentró el 18% de las menciones, encarnando tanto el impulso reformista como el centro de las críticas. El estudio también detectó una fuerte dicotomía en la narrativa sobre el operativo de seguridad: el 33% de los usuarios enmarcó los hechos como “represión”, mientras que un 20% lo interpretó bajo la lógica del “orden”, validando el protocolo aplicado. Las imágenes de los enfrentamientos tuvieron mayor impacto en Instagram y TikTok, donde el componente visual amplificó el clima de confrontación.

En términos de sentimiento, el 45,1% de las publicaciones fueron neutrales o informativas —principalmente seguimientos técnicos y reportes de prensa—, el 33,4% resultó abiertamente crítico y solo el 21,5% mostró respaldo, tanto al operativo de seguridad como al resultado legislativo. La dinámica de la conversación mostró que el interés por los incidentes cayó abruptamente una vez conocido el desempate en la cámara, reforzando la centralidad del desenlace institucional por encima del conflicto callejero.

Las conclusiones del informe apuntan a una paradoja: mientras el Gobierno obtuvo una victoria parlamentaria importante, perdió por amplio margen la batalla narrativa en el terreno digital. La jornada evidenció una crisis de representación expresada en la desconfianza hacia el Senado, la consolidación del personalismo político y la falta de debate transversal sobre los contenidos de la ley.

Un público mayoritariamente observador, más atento al dato que a la disputa ideológica, siguió el minuto a minuto del proceso, en un ecosistema donde la viralización del conflicto convivió con la rápida caída del interés una vez definido el resultado.

Los tiempos se aceleran. De cara a una semana corta por el feriado de Carnaval, el oficialismo diagramó un cronograma para la misma, aprovechando los tres días hábiles restantes. Resultado: habrá plenario en Diputados el miércoles que viene, y sesión al día siguiente. Una sesión tan larga que concluirá seguramente el viernes. Pero para llegar a esa conclusión, pasó una serie de cosas a lo largo de este viernes que pasaremos a detallar.

La Cámara de Diputados recibió por la tarde la comunicación de la media sanción de la Ley de Modernización Laboral aprobada el 12 de febrero a la madrugada. El trámite fue oficializado por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta, que al término de la sesión extraordinaria, recibió el pedido explícito de Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, para que la comunicación fuera “lo antes posible”. Finalmente, el texto rubricado por Victoria Villarruel y Agustín Giustinian fue comunicado a las 16.30 de este viernes.

Tras ello, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, citó a un plenario de comisiones con la de Presupuesto y Hacienda para este miércoles 18 de febrero, a las 14, en la sala de reuniones ubicada en el 2° piso del Edificio Anexo C.

Solo faltaba que se cumpliera un trámite para poder llevar adelante el plenario: extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, pues el reglamento establece que la fecha límite para emitir dictamen es diez días antes del cierre del período correspondiente. Y como ya hemos dicho, la convocatoria original a extraordinarias tenía como fecha de cierre el 27 de febrero. Ese trámite se cumplió por la noche, cuando los presidentes de ambas cámaras recibieron la comunicación suscripta por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Guillermo Ignacio Debitt, según la cual se extienden las sesiones extraordinarias un día más.

Con una composición favorable en las comisiones de Legislación del Trabajo, donde fue designado el correntino Lisandro Almirón, y en Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch, La Libertad Avanza buscará el dictamen ese mismo miércoles para ir al recinto al día siguiente con la Ley de Modernización Laboral como único tema.

La duración será más extensa que lo que ocurrió este miércoles en el Senado con una sesión que se extendió de 16 horas. Una alta fuente reveló a parlamentario.com que en el oficialismo imaginan una sesión que supere las 20 horas.

De todas maneras, en La Libertad Avanza dejaron trascender que son optimistas de poder sancionar definitivamente la ley sin modificaciones, pese a que el Pro, bloque aliado, reiteró en más de una oportunidad que van a insistir con la incorporación de las billeteras virtuales como método de pago de salarios en el artículo 35. El problema no son los principales aliados del oficialismo, sino que se junten las voluntades suficientes para hacer alguna otra modificación.

En caso de que eso prospere y la Ley de Modernización Laboral sufra modificaciones en la Cámara de Diputados, el Gobierno contará con una semana más antes del final del período extraordinario. Por eso es que se aceleran los tiempos para esta semana corta. Previsores, el bloque que preside Patricia Bullrich piensa en ese caso en una eventual sesión el jueves 26 para insistir con el dictamen de la cámara de origen.

El Gobierno se aseguró tener doble chance para dar con el objetivo de tener la sanción de la Ley de Modernización Laboral antes del 1ero. de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el 144° período ordinario en el Congreso.

Tras la media sanción al proyecto de Reforma Laboral, el oficialismo retoma la actividad legislativa en el Senado con la convocatoria a la conformación de dos comisiones claves a fin de darle tratamiento al pliego para designar embajador en Bélgica a Fernando Iglesias.

De esta manera, aparece en agenda para el próximo miércoles 18 de febrero la convocatoria a reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto a las 17 en el Salón Arturo Illia para la designación de sus autoridades. Dicha comisión estaba en manos del formoseño Francisco Paoltroni y, por esta misma, también deberá pasar el Acuerdo Mercosur – Unión Europea que recibió media sanción de Diputados en la madrugada de este viernes.

En tanto, el jueves 19 de febrero a las 11 será el turno de la Comisión de Acuerdos que, primero se constituiría, para luego abocarse al tratamiento del expediente 175/25 del Poder Ejecutivo que solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Fernando Adolfo Iglesias que ingresó a la Cámara alta el pasado 2 de febrero.

En una reunión del bloque oficialista semanas atrás se resolvió que la presidencia de la trascendente comisión, que dictamina sobre los pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores, además de ascensos militares y diplomáticos, quedaría en manos de Juan Carlos Pagotto. El riojano, que se desempeñó los últimos dos años al frente de Justicia y Asuntos Penales, es cercano a los Menem y Karina Milei.

Cabe resaltar que de ambas comisiones faltan los integrantes del interbloque que conduce José Mayans, debido al desacuerdo de los miembros opositores respecto de la cantidad de lugares que les dieron.

El cierre del extenso debate por la Reforma Laboral en el Senado estuvo en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien respaldó la iniciativa que “está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, y planteó que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta”.

Previo a hablar del proyecto, la senadora hizo una cuestión de privilegio contra el jefe de la bancada de UP, José Mayans, por “comparar una frase que estaba en la entrada del campo de exterminación de Auschwitz para hablar en la casa de la democracia que no merece que usted nombre ese cartel nefasto donde 6 millones de vidas fueron incineradas. Le pido que use otros ejemplos y no ese”.

Luego, procedió a respaldar la iniciativa del Ejecutivo: “Estamos iniciando un camino laboral profundo de cambios que durante muchas décadas se discutió en el país. En todos los gobiernos de la democracia generar un sistema laboral que deje de condenar a millones de argentinos a la informalidad, que les negó la posibilidad de progresar”.

“No se puede hablar como si todo hubiese comenzado hoy, cuando la mayor cantidad de gobierno lo ha tenido el partido que hoy niega haber participado de la situación en la que millones de argentinos se encuentran en la informalidad total”, criticó.

Bullrich consideró que “estamos ante una batalla muy importante que ha dado el Congreso en los últimos años porque se ha intentado varias veces. Se intentó en distintos gobiernos avanzar para tener herramientas que ayuden a que la Argentina progrese”, pero remarcó que “las frustraciones fueron múltiples desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora una cantidad de oportunidades perdidas para lograr acompañar las leyes laborales, el tamaño del Estado, el empleo privado, la necesidad de tener empresas. Frente a eso la respuesta fue el achatamiento, el Estado feudal, la construcción de Estado que han aplastado la capacidad productiva del país”.

“Una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, lanzó.

En esa línea, planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.

“Esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, ponderó y aclaró que “las leyes laborales no crean empleo, no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones reales y concretas que se explican en cada artículo porque en Argentina se necesita generar trabajo y eso sucede cuando hay competitividad”.

La senadora libertaria sostuvo que “para crear empleo hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público, hay que tener seguridad jurídica, generar el fin de los estados feudales. Queremos empleo privado para la libertad de las personas”. En ese sentido, apuntó: “Acá se ha construido el Estado a favor de la lógica y de la política, se ha destruido la capacidad productiva y creativa de los argentinos, por eso esta ley viene a crear reglas claras con orden y libertad”.

Por el contrario, planteó: “Venimos a cambiar un paradigma que durante décadas tuvo al trabajo argentino atrapado en un sistema rígido, extorsivo, injusto. En pocos años un país pasó de tener empleo registrado casi en el 100% a tener el 43% de empleo informal”, y preguntó: “¿Puede un país durante 15 años no crear puestos de trabajo? ¿Puede ser que hoy de cada 2 empleos que se contratan, uno es informal? ¿Vamos a seguir con un sistema que impide generar nuevos puestos de trabajo?”.

“Si estamos por debajo de las capacidades que exige el mundo, no vamos a poder crecer como país. Este sistema fracasó y estamos planteando un sistema diferente que permite defender derechos en serio”, manifestó y respaldó: “Estamos trabajando la posibilidad de generar un empleo que le permita a la gente tener la capacidad de darle a su familia esos derechos que hoy le son negados. Que contratar no sea un acto de riesgo, es una amenaza permanente”.

Bullrich afirmó que “estamos encaminando al país a salir del fracaso, a generar que no viva la litigiosidad, el privilegio. En el que pocos pueden acceder a un trabajo formal y muchos tiene que vivir en la informalidad. No queremos que en la Argentina el trabajo sea un rehén de la corrupción de entramados y de privilegios, que sea la libre elección de cada persona, y no la imposición de Estados”.

La senadora aseguró que la iniciativa busca “salir de este sistema armado para vivir en el conflicto laboral permanente, un sistema que funde empresas, destruye empleo y luego lo disfrazan de defensa al trabajador”. De forma contraria, manifestó que la ley “trae equilibrio”.

Tras una intensa jornada, el Senado de la Nación aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de Modernización Laboral, más conocido Reforma Laboral. La votación en general ocurrió a las 1.22 de este jueves, luego de 14 horas de debate con más de 40 oradores, y a continuación se inició el tratamiento en particular de las modificaciones.

Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista se mantuvo unido y rechazó en su totalidad la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

A los 21 votos positivos del interbloque oficialista se sumaron los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 de Provincias Unidas y 6 de bloques provinciales que responden a sus gobernadores, como los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la chubutense Edith Terenzi; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.

En tanto, los 30 votos en contra fueron 28 del interbloque peronista, que no sufrió fracturas pese a las tensiones internas, y de los 2 santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación en particular

A la hora de la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala pidieron que constara en la versión taquigráfica su rechazo al artículo 44°, que en la realidad terminarían votando a favor, por decisión del bloque. Cabe consignar que el citado artículo tiene que ver con los casos de accidente o enfermedad del trabajador, que tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye el polémico Fondo de Asistencia Laboral, resultó aprobado, con 41 votos a favor y 31 en contra. En este caso, y tal cual había anticipado durante la sesión, la salteña Flavia Royón votó en contra. En el Título III, el resultado favorable al Gobierno se amplió como en ningún otro título: 44 a 28, sumándose en esa oportunidad los santacruceños Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se reiteró en buena parte de los títulos, por su puesto con los mismos protagonistas siempre: en los títulos IV; V; VI; VIII; IX; X; XI; XII; XVI; XVIII; XIX; XX;  XXI; XXII y XXIII.

El título VII resultó con 41 votos a favor, 30 en contra y la abstención de Alejandra Vigo. La propia senadora cordobesa votó en contra en el título XIII, que resultó con 41 votos afirmativos y 31 en contra. En el Título XIV el resultado fue de 40 a 32. En ese título, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling había pedido retrotraer las modifiaciones al texto original, lo cual fue rechazado, pese a lo cual votó a favor. Quienes votaron en contra fueron los santacruceños Carambia y Gadano. En cambio ambos santacruceños votaron a favor en el Título XVII, que resultó 44 a 28.

El resultado 41 a 31 se repitió con los títulos XV y XXIV, con el voto en contra de la salteña Royón. En el Título XV, el resultado fue de 40 a 29, estando ausentes Maximiliano Abad, José María Carambia y Natalia Gadano. Por último, al votarse el Título XVI, que incluía las derogaciones (entre otras, la del Estatuto del Periodista), el resultado fue 38 a favor y 31 en contra, sumándose al rechazo Flavia Royón.

Los principales funcionarios del Gobierno, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza, se hicieron presentes en el recinto de la Cámara alta en el cierre del debate. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo instalado desde temprano, a cargo también de las frenéticas negociaciones.

La jornada estuvo marcada por la concentración en las afueras, donde se movilizó el sindicalismo y la izquierda. Hubo graves incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad, que terminaron con varios detenidos.

Aunque el día anterior la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonista indiscutida del tratamiento de este proyecto, había anunciado un total de 28 modificaciones consensuadas, las conversaciones por los cambios a la letra chica del proyecto continuaron durante todo el día, mientras se desarrollaba la sesión.

El debate dividió las aguas entre el oficialismo y sus aliados, que defendieron la premisa de que la reforma busca "generar trabajo" y "no quita derechos", mientras que el peronismo/kirchnerismo dejó sentada su postura de que es una norma "para despedir" y "va en contra de los trabajadores".

Luego que se haya dictaminado en diciembre, el ambicioso proyecto de la gestión libertaria -que introduce numerosos cambios a la Ley de Contrato de Trabajo- llegó al recinto en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias. El día anterior, en Labor Parlamentaria, se había definido que la votación en particular sería por títulos, un total de 26.

Uno de los últimos cambios que se conoció antes de la votación fue en beneficio de los gremios y el sector empresario: se decidió mantener el cobro compulsivo de los "aportes solidarios" a los trabajadores, aunque con un tope del 2% para los sindicatos, un pedido de la CGT, que este miércoles se movilizó, más había resuelto no llamar a un paro. Por su parte, los aportes que cobran cámaras empresarias continuarán en un 0,5%.

Para el sindicalismo hubo otros guiños, como la eliminación de la reducción del aporte patronal a las obras sociales, que se quería llevar del 6% al 5%; y se mantuvo el rol de los empleadores como agentes de retención de los aportes, sin modificar la posibilidad de que se requiera autorización previa de los trabajadores.

A pedido de los gobernadores, en la previa de la sesión se anunció la quita de la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramo 2 y 3), que implicaba una merma en la coparticipación para las arcas provinciales. La Casa Rosada cedió y se anticipó que el tema formará parte de una discusión más profunda en una eventual futura reforma tributaria.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.

Uno de los puntos que generó incertidumbre durante la jornada fue la intención de incluir el acuerdo por el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.

Otro de los temas que despertó tensiones fue que en la antesala de la sesión se anunció como modificación la eliminación de la posibilidad de que se paguen salarios a través de billeteras virtuales y se mantenga solamente a los bancos.

El Pro salió con un comunicado a favor de las fintech. "Restringir opciones digitales es cerrar alternativas en lugar de ampliarlas y poner límites donde la sociedad ya avanzó", planteó el partido amarillo y resaltó que "millones de argentinos usan billeteras virtuales todos los días para cobrar, pagar y organizar su plata".

Entre otros cambios, se dispuso un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista; y se postergará hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.

Uno de los artículos muy cuestionados durante el debate fue el referido a "nuevas reglas" para la licencia por enfermedad, con la intención de reforzar "el derecho del empleador a control médico y junta médica". De acuerdo a esto, se introdujo que si la dolencia del trabajador no derivara de su actividad laboral, éste podría percibir no el 75% del salario sino el 50%.

En cuanto a indemnizaciones, solo se considerarán conceptos "mensuales, normales y habituales", y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser "la única reparación frente al despido sin causa", un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.

Se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.

Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

También, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Tal como se esperaba, funcionarios del Gobierno se hicieron presentes pasada la medianoche en el recinto del Senado para seguir de cerca la votación del proyecto de Modernización Laboral.

Antes de pasar al último discurso de la noche, a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, la vicepresidenta Victoria Villarruel -sonriente y formal- destacó la presencia de los enviados de Casa Rosada: "Le damos la bienvenida a los miembros del Poder Ejecutivo, la secretaria General de la Presidencia, el jefe de Gabinete, y el ministro del Interior, que nos van a acompañar en esta larga noche de sesión".

Manuel Adorni sonrió levemente. El rostro de Diego Santilli reflejó su estado un poco agotado después de haber estado desde temprano en el Congreso. Mientras que Karina Milei se mantuvo en total seriedad. Solo en el final, la hermana del presidente asintió con la cabeza despacio y realizó una leve mueca que no llegó a sonrisa. Desde el oficialismo hubo algunos aplausos para los tres. En el palco también estaban, en la segunda fila, Martín y Eduardo "Lule" Menem, y el presidente de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni.

Por las reacciones, claramente se notó que no esperaban el saludo de la vice. ¿Se habrán saludado en privado o Villarruel solo los sorprendió públicamente?

En el tramo final del debate de la Reforma Laboral, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, enfatizó que "esta es una ley abiertamente inconstitucional" que "que va a traer alta litigiosidad".

"¿Cuál es el problema que tiene la República Argentina? ¿Los trabajadores? No. El problema que tiene la República Argentina es el plan económico del Gobierno y que tienen unos economistas que están dedicados a la usura", lanzó el formoseño.

En ese sentido, cuestionó que "dicen que esta ley va a generar empleo, va a traer inversiones y dicen que la ley anterior es obsoleta. ¿Qué es obsoleto? ¿Ocho horas de trabajo, las vacaciones?".

"Saben que es mentira, no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores, a los sindicalistas, a las provincias, a los municipios", pidió.

Además, lanzó que "este Gobierno es sustentado por (Donald) Trump, si Trump no entraba a poner plata en el Tesoro , hoy (Javier) Milei ya no estaba en el Gobierno. Es una factoria americana prácticamente. No sé qué va a pedir".

Tras hacer una introducción basada en referencias biblícas y conceptos históricos, el presidente del bloque Justicialista denunció el "avasallamiento y una violación al reglamento del cuerpo", a partir de la conformación de comisiones, donde cuestionó que no se respetó la proporcionalidad. "Nos robaron dos senadores por comisión", dijo.

También, el formoseño criticó el tratamiento exprés del proyecto, del cual consideró "el espíritu es la tergiversación y mentira".

Recordó que en diciembre pasado, los representantes de la CGT sostuvieron que "esto es violatorio, es regresivo" porque "viola el artículo 14 bis de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica". Mientras que otros oradores advirtieron por el contexto en el que se intenta aprobar, marcado por el hecho de que "el poder adquisitivo de los trabajadores está por el piso".

Mayans objetó el "consenso" del oficialismo y los bloques dialoguistas, y afirmó que la iniciativa "tiene vicios de inconstitucionalidad" y "es una ensalada legislativa", donde "se tocan 41 leyes", incluyendo temas impositivos que "por acá no pueden empezar, tienen que empezar por Diputados".

Luego de mencionar varias de las normas que se modifican, no solo la de Contrato de Trabajo, el senador exclamó: "Esto es poco serio, es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento".

Y disparó contra la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich: "Es una actitud de atropello al derecho del otro, sobre todo la que preside el bloque, en su actitud de atropello al sector previsional. No importa, ella es muy fuerte. Maneja la policía, la Prefectura, reprime, trae a 200 (efectivos) acá, mete gas. Claro, es muy fuerte, impresionante lo fuerte que es. Es un esquema humillante".

En su discurso, el opositor remarcó que "la idea de esto es de (Federico) Sturzenegger, porque ni Milei entiende mucho de este tema". "Este modelo ya fue probado, fracasó y va a fracasar", aseveró y nombró a gobiernos de facto, el de Fernando De la Rúa y el de Mauricio Macri.

En otro tramo, apuntó que "13.413 era el total de empleos registrados cuando empezó Milei y ahora son 12.852. 561 mil empleos registrados se perdieron. Este es el modelo que ustedes están apoyando".

Al cierre del extenso debate en el Senado del proyecto de la Reforma laboral, el jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, pidió a los legisladores hacer una “mea culpa” porque “parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a debatir el tema”, y enumeró los puntos positivos de la iniciativa.

El radical recordó que “no es la primera vez que se debate una ley laboral y fue un tema recurrente a lo largo del tiempo. Lamentablemente siempre fue un concepto de extremos con defensas de intereses contrapuestos que, de alguna forma, se transformó en las grietas que tiene la historia”.

“Esta también es una grieta que, en definitiva, en vez de lograr y encontrar consensos para mejorar la situación del país había ganadores y vencidos. Eso llevó a que permanentemente no hayamos podido lograr un entendimiento que, de alguna forma, sea mejor para el país”, planteó Vischi y sumó: “Todos coinciden en que la ley hay que discutirla, modificarla y tratarla, pero también de la oposición que plantea argumentos interesantes de cambios, pero recién se ponen a discutir cuando el Ejecutivo manda el proyecto y ya nos pasó. Parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a discutir. A partir de ahí empezamos a decir que hay una cosa mejor, pero nunca la debatimos como debe ser. Tenemos que hacer un mea culpa ahí”.

En esa línea, apuntó: “Desde el peronismo parece que tienen el monopolio de la defensa de los derechos del trabajador y por eso deben hacer una mea culpa de la situación que tiene el país.  No sé si estamos conformes con que la mitad de los argentinos hoy no tenga trabajo en blanco registrados”.

“También dicen que la iniciativa no solucionaría el problema del empleo que es la economía, pero ¿arribamos a esta situación económica por estos últimos dos años? ¿o venimos padeciendo consecuencias de errores económicos y de políticas de varios gobiernos de la democracia? El 70% fueron gobiernos justicialistas que dicen defender los derechos de los trabajadores”, reclamó.

En esa línea, siguió: “Plantean una dicotomía entre el empleador y el empleado que no nos lleva a la solución de los problemas, necesitamos buenas relaciones laborales”. En tanto, destacó: “Este proyecto que tiene varias cuestiones que son importantes, en el diagnóstico inicial, tenemos que pensar que cuando se habla de informalidad que es lo que principalmente se quiere atacar con este proyecto, tenemos que tener algunas cuestiones como por ejemplo las empresas de 1 a 5 empleados son las que más informalidad tienen y ahí tenemos que focalizarnos en resolver la problemática”.

“2 de cada 3 jóvenes están en la informalidad. A su vez tenemos un problema grave que es la educación donde el mayor porcentaje que no está registrada esa persona que no están formadas ni capacitadas. Son puntos importantes a tener en cuenta y esta ley da alguna respuesta en eso. Hay muchos que vienen acá y dicen ‘no vamos a votar nada’ si el diagnóstico es negativo es porque se tocan intereses que algunos son vencedores”, agregó.

Vischi sostuvo que esta ley plantea la baja de impuestos a las PyMES, educación para mejorar la empleabilidad, de bajas impositivas para tratar de crear nuevas empresas, del incentivo del RIMI para generar nuevos puestos de trabajo. La ley no moviliza por si solo la solución, tiene que ir acompañada de un crecimiento económico. “También el proyecto respalda a las empresas que sufren abusos de sindicatos, en el proyecto tiene iniciativa de la creación de un fondo especial para el despido o indemnizaciones”, añadió.

Por último, aclaró que “la ley es mejorable y podemos seguir discutiendo todo el año porque la tecnología está haciendo cambios importantes, pero por lo menos es una invitación a discutir el tema. Fue positivo sacar el impuesto a las Ganancias como beneficio que afectaba a las provincias”.

“Esta ley no reduce ni saca derechos laborales, clarifica situaciones en los juicios laborales, trata de que es el convenio por empresas que federaliza la posibilidad de discusión del convenio colectivos por región es una medida importante, la sanción de prácticas sindicales extorsivas, tiene incentivos a la registración a través de la baja impositiva, tiene un capítulo de educación y formación laboral, reduce impuestos, garantiza a través del fondo las indemnizaciones, genera la posibilidad de que haya más PyMES. Va a contribuir en el futuro en el crecimiento del país”, cerró.

Fiel al estilo de la Cámara alta, el debate del proyecto de ley de Modernización Laboral no tuvo momentos de tensión, pero sí pasajes bastante ásperos, con cruces entre oficialistas y opositores. Pasadas unas pocas cuestiones de privilegio, a las 11.30 los senadores se abocaron a la discusión de la reforma laboral, que se extendió hasta bien pasada la medianoche.

En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.

“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.

A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.

Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.

En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.

“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.

Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.

Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.

“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.

Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.

De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.

Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.

En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.

En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representante libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.

En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.

A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”. “Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó la mendocina.

Además, la opositora lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.

Autocrítica, la senadora jujeña Carolina Moisés dejó en claro que Convicción Federal rechaza la Ley de Modernización Laboral, pero cuestionó: "Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Señaló, también, que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, y añadió que “esta ley no resuelve ningún problema”. Luego, aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.

Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.

Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteen’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.

En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.

Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.

Muy crítica del FAL, la senadora Flavia Royón adelantó por su parte su acompañamiento al proyecto, aclarando que a su juicio el proyecto de ley no va a crear empleo, pero “sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena”.

En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.

Por el lado del bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo adelantó el voto positivo en general al proyecto porque “es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo está reclamando en el país”. Además, sostuvo que “en el mundo se están dando cambios profundos en los métodos de producción que están pegando en el país. Vivimos estos cambios que necesitan replantear medidas para atraer inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso”, y que el proyecto cumple con esos objetivos.

Sin embargo, señaló que “este proyecto, así como tiene puntos importantes, tiene otros que no son lo bastante claros ni buenos para alcanzar los objetivos”, y planteó que “hubiese sido bueno diferenciar la realidad de la relación laboral entre las PyMES y las grandes empresas”, porque “se ha naturalizado una catarata de inequidades que llevaron a una cantidad de juicios laborales, por eso esta ley da cierta previsibilidad jurídica”.

Vigo manifestó que “la sociedad está reclamando más empleo formal y no podemos mirar al costado. Las PyMES quieren poder contratar nuevos empleados. Son datos que muestran que desde el 2016 el empleo formal no crece y se mantiene estancado a los 6 millones de trabajadores, por ende, el país tiene una dificultad estructural para generar empleo”. En esa línea, resaltó que el proyecto “si bien no es una ley que garantice esa formulación o reactivación del empleo, pero ayuda porque es necesarios que se pueda recuperar el salario y necesitamos que las condiciones sean claras”.

En su intervención, el senador santacruceño José María Carambia (Movere por Santa Cruz) sostuvo que la cuestión de fondo es “intentar que el trabajo informal pase a ser formal. ¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”. Se preguntó porqué no los blanquearán, y dio su opinión a partir de haber visto la realidad desde dos lugares: defendiendo a los trabajadores como abogados, o como empleador con una empresa familiar que tiene con su hermano. Y dijo: “No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales”. Por eso sostuvo que “hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”.

Luego se refirió a la industria del juicio, que a su juicio depende de cada provincias. En las localidades pequeñas, dijo, muchas veces el trabajador no hace juicio, porque sabe que después no va a trabajar más. “En mi provincia, un juicio laboral dura 8 años. Y se le pone la tasa pasiva”, con lo que la inflación se come todo el capital. “Así que la industria del juicio depende de la realidad de cada lugar”, consideró.

Sobre el final, aclaró que votarían negativamente, porque “no vamos a votar en contra de los trabajadores. Muchas partes de la ley afectan los derechos de los trabajadores, por eso vamos a votar negativo en general”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, el misionero Martín Göerling, tal como se preveía adelantó el acompañamiento a la iniciativa en general, pero el planteo de algunas cuestiones en particular que “son importantes”. “Esta reforma del mercado del trabajo, que hace 50 años no se cambian, no quita derechos, es todo lo contrario. Tenemos que pensar en los más de 6 millones de argentinos que hoy no tienen ningún derecho”, indicó.

El senador del Pro brindó datos de que “del 100% que una empresa invierte, solo el 66% llega al trabajador, el resto se va en impuestos al Estado. El Estado se queda con un tercio del sueldo del trabajador antes de que llegue a fin de mes”. En tanto, explicó que “desde el 2002 la tragedia es absoluta donde los asalariados públicos crecieron un 34%, los monotributistas subieron un 64%, el empleo privado solo un 3% creció”.

“Esta ley que habla de reforma laboral no genera empleo instantáneo por sí sola, pero crea las condiciones para cuando la economía empieza a repuntar y sea posible tomar trabajo”, aclaró y le dejó una advertencia al Gobierno: “No va a haber modernización laboral si se sigue asfixiando el interior productivo”. Por último, se refirió al tema sindical que “le devuelve la libertad al trabajador de elegir si quiere o no afiliarse y que no le saquen ‘solidariamente’ la cuota para las famosas cajas sindicales. Vemos sindicatos millonarios y trabajadores pobres”.

El radical Eduardo Vischi recordó por su parteque “no es la primera vez que se debate una ley laboral y fue un tema recurrente a lo largo del tiempo. Lamentablemente siempre fue un concepto de extremos con defensas de intereses contrapuestos que, de alguna forma, se transformó en las grietas que tiene la historia”.

“Esta también es una grieta que, en definitiva, en vez de lograr y encontrar consensos para mejorar la situación del país había ganadores y vencidos. Eso llevó a que permanentemente no hayamos podido lograr un entendimiento que, de alguna forma, sea mejor para el país”, planteó Vischi y sumó: “Todos coinciden en que la ley hay que discutirla, modificarla y tratarla, pero también de la oposición que plantea argumentos interesantes de cambios, pero recién se ponen a discutir cuando el Ejecutivo manda el proyecto y ya nos pasó. Parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a discutir. A partir de ahí empezamos a decir que hay una cosa mejor, pero nunca la debatimos como debe ser. Tenemos que hacer un mea culpa ahí”.

Sobre el final, José Mayans objetó el "consenso" del oficialismo y los bloques dialoguistas, y afirmó que la iniciativa "tiene vicios de inconstitucionalidad" y "es una ensalada legislativa", donde "se tocan 41 leyes", incluyendo temas impositivos que "por acá no pueden empezar, tienen que empezar por Diputados".

Luego de mencionar varias de las normas que se modifican, no solo la de Contrato de Trabajo, el senador exclamó: "Esto es poco serio, es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento".

Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, como así también planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.

Después de siete horas de sesión extraordinaria, llegó el turno de la intervención de la senadora jujeña Carolina Moisés, quien se mostró crítica del peronismo por “no tener una propuesta superadora” en este debate, pero dejó en claro que el bloque Convicción Federal va a votar en contra de la Modernización Laboral.

También señaló que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, pero se mostró autocrítica del último gobierno del Frente de Todos: “Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Luego de haber apoyado la sanción del Presupuesto 2026, la senadora que integra el bloque Convicción Federal anunció que votará en contra de la Modernización Laboral (se estima que será después de la medianoche). Así también lo van a hacer sus pares de bancada: el puntano Fernando Salino; el riojano Fernando Rejal; la tucumana Sandra Mendoza; y el catamarqueño Guillermo Andrada.

“Defender a los jujeños es mi principal convicción y por eso represento a cada trabajador en el voto de rechazo a la reforma laboral”, reiteró Moisés en su intervención durante la sesión de este miércoles. Del mismo modo, sostuvo que “esta ley no resuelve ningún problema”, pero aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

En ese sentido, lamentó que los últimos gobiernos, puntualmente el de Alberto Fernández y los de Cristina Kirchner, no hayan avanzado con una norma de esta índole: “El peronismo se caracterizó por tener la percepción de lo que pasa en la gente y se fue reduciendo a un debate de cúpulas”. “No voy a negar la realidad por más que otros prefieran mirar para otro lado, pero este interbloque no ha tenido una propuesta superadora en este debate”, cargó.

Luego de haber cuestionado los puntos centrales de esta Reforma Laboral, se defendió de las agravios sufridos en redes por sectores que integran Unión por la Patria -sin nombrarla se dirigió a La Cámpora y una compañera de interbloque-, y concluyó: “Mi voluntad no está conducida por una persona, ni por un partido”.

Muy crítica contra la Reforma Laboral, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”.

Al recordar la reforma laboral impulsada por el expresidente Fernando de la Rúa, la mendocina apuntó: “Esto es lo que hizo el radicalismo la última vez que gobernó la Argentina y hoy vuelven a tropezar con la misma piedra. Todos los conceptos que tiene esta ley estaban en la Ley Banelco de 2001, que tristemente se trató en este recinto”.

“Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó Fernández Sagasti.

A continuación, la camporista lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.

Para la senadora, “a partir de esta ley los argentinos pueden darse cuenta de la gran estafa que es este Gobierno nacional”. “Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT y lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”, sostuvo.

“Se arrodillaron a todo lo que decían que venían a combatir. ¿Cuáles son las modificaciones que están introduciendo? ¿A quién están protegiendo? ¿A los laburantes, a los jubilados, qué PyME están protegiendo?”, continuó.

Y criticó al gobierno libertario: “¡Qué valientes! Fuertes con los débiles y débiles con los poderosos. No hay casta ante la que no se arrodillaron y/o obedecieron. Un aplauso al león”.

“Son un fraude, un mamarracho y una estafa. Y también es una estafa semántica porque se llama modernización laboral”, expresó.

Tras duros cuestionamientos al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, la legisladora hizo hincapié en que “el mundo está debatiendo qué vamos a hacer cuando la robotización nos reemplace. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, la respuesta es démosle vacaciones en cuotas a los laburantes, bajemos las indemnizaciones, paguémosle el 50% si se enferman”.

Mientras el Senado debate la Ley de Modernización Laboral, manifestantes arrojaron bombas incendiarias contra las fuerzas policiales y la ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva, confirmó las respectivas detenciones. Por el enfrentamiento, también  informó que hay cuatro oficiales de Gendarmería y la Policía Federal heridos.

El hecho sucedió poco después de las 15 cuando un grupo de seis masculinos se fue acercando al vallado de la calle Entre Ríos donde se encontraba el cordón policial que custodiaba el Palacio Legislativo. En parejas, los manifestantes portaban placas de madera que fueron utilizadas como escudos ante los camiones hidrantes y las balas de goma de la Policía.

Una vez que quedaron frente a frente sobre la Avenida Rivadavia esquina Entre Ríos, uno de los manifestantes comenzó a arrojar “bombas molotov” contra los efectivos de la Policía Federal: fueron dos impactos que cayeron del lado interior de las vallas y uno provocó un incendio en medio de los agentes policiales. Minutos después, se hizo viral una imagen televisiva que mostraba a uno de los manifestantes con una bolsa que contenía más de cuatro de estas bombas caseras.

Un video publicado por el diputado libertario Manuel Quintar, presuntamente grabado desde las oficinas del Anexo de la Cámara baja, muestra como la bomba molotov impactó del lado interior del vallado donde formaban el cordón las fuerzas de seguridad.

No son manifestantes, son DELINCUENTES! Sin piedad ministra @AleMonteoliva. Toda mi solidaridad a @gendarmeria pic.twitter.com/qc7Dgiyrgu

— Manuel Quintar (@manuelquintar) February 11, 2026

La ministra Monteoliva recogió el guante y señaló que "las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica". Luego, advirtió que "ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir". "No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol", cargó.

También, acusó a los manifestantes por los hechos acontecidos: "Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas". "Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias", informó la funcionaria. Antes había mencionado que hay dos detenidos; y un agente de la Policía Federal y tres gendarmes heridos.

Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir.

Ya hay 2 detenidos por agredir a nuestro personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería Nacional heridos y 1 de la Policía Federal Argentina.

No vamos… pic.twitter.com/a4tigY0VTN

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli, también se refirió a los hechos sucedidos en las afueras del Congreso y consideró que "estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados". "Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio", agregó.

Luego del episodio incendiario, los agentes de la Policía Federal avanzaron con motos, camiones hidrantes y gases lacrimógenos sobre la Plaza de los Dos Congresos, donde los presentes en la movilización se fueron trasladando hacia las calles laterales hasta desconcentrar la manifestación en su totalidad.

En su perfil de X, la diputada nacional Myriam Bregman del Frente de Izquierda denunció que las fuerzas de seguridad "disparó a los ojos" contra los presentes en la Plaza y contra la prensa. También Nicolás del Caño acusó que hubo "una feroz represión", por parte de las fuerzas de seguridad.

Cerca de las 18, se conocieron imágenes en redes sociales donde se apreció que la Policía de la Ciudad efectuó la detención de más de 50 personas.

Al exponer como miembro informante del interbloque peronista, en contra del proyecto de Modernización Laboral, el senador Mariano Recalde destrozó el Fondo de Asistencia Laboral que se crea respecto a las indemnizaciones.

El porteño cuestionó “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, enfatizó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.

En ese sentido, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Sobre la ley, el legislador aseguró que “no tiene nada de moderno, copia todo lo viejo” y “es volver para atrás”. “En todo el debate no han podido decirnos un solo artículo que beneficie en algo, que mejore en algo, la situación de los trabajadores. Sí mucho que beneficia la situación de las empresas frente al trabajador”, observó.

Recalde sostuvo que el proyecto es “duro con los trabajadores que reclaman, pero al mismo tiempo derogan el artículo 275 (de la LCT), que es cuando los empresarios incurren en conductas temerarias o maliciosas en los juicios”.

“Es una ley absolutamente desequilibrada. De un revanchismo… Producto de que siguen enojados con que los trabajadores pidan respetar sus derechos y que el empresario cumpla la ley”, afirmó el abogado laboralista.

En su discurso, insistió con sus críticas: “La denominan modernización laboral. No encuentro nada de moderno ni modernizante, sino todo lo contrario”. “Dicen que es una ley que va a crear empleo. Lo mismo nos dijeron hace un año y medio con la Ley Bases” y, en ese mismo tiempo, “se perdieron 270 mil puestos de trabajo registrados y cerraron 21.900 empresas”, subrayó.

“No es una norma para generar empleo”, consideró, sino que “quieren terminar con los derechos laborales para que no haya juicios”. Además, opinó que “así como van por la baja de la edad de imputabilidad, van a ir por el trabajo infantil, porque quieren ir por mano de obra barata”.

Para el opositor, “esta ley busca equiparar para abajo, legalizar los incumplimientos que hoy suceden para que después no tengan derecho de reclamar en la justicia ni en ningún lado”.

“Es un plan para despedir”, reiteró y, entre los puntos que mencionó, se refirió a la quita del preaviso de 15 días para el período de prueba. “Me da vergüenza que senadores que fueron votados por el pueblo peronista en sus provincias vengan acá a convalidar quita de derechos a los trabajadores”, expresó.

En el cierre de su discurso, manifestó: “Me parece que esta es una norma pensada con mucha mala leche, pensada por las grandes empresas y estudios jurídicos para ir aflojando los tornillos de un sistema normativo que tiende a la protección de la parte más débil, que es la persona que trabaja”. Y dijo que esperaba, en la votación en particular, “conmover a los senadores a ver si podemos lograr que algunas cosas indefendibles no pasen”.

Sin problemas para conseguir el quórum, el Senado comenzó este miércoles a las 11.14 el debate sobre el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que se espera extensa, superior a las 12 horas, y con perspectivas favorables para su aprobación tras semanas de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

La iniciativa forma parte del paquete central de reformas de La Libertad Avanza y llega al recinto con un dictamen robustecido a partir de 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos, según anunció la titular del bloque oficialista, clave en este debate, Patricia Bullrich.

El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para actualizar un sistema laboral que considera rígido y litigioso, mientras que la oposición no kirchnerista acompañará buena parte del articulado, en especial lo referido a incentivos a la contratación, la modernización de la registración y la reducción de la conflictividad judicial. Se descuenta que el oficialismo contará con el respaldo suficiente para aprobarla en general y discutir artículo por artículo las modificaciones más sensibles, entre ellas la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la redefinición de indemnizaciones y la actualización de los estatutos profesionales.

La discusión se da en un clima de alta tensión política, con sindicalistas movilizados y con la oposición dura advirtiendo que la reforma implica una pérdida de derechos para los trabajadores. Desde el LLA replican que el proyecto preserva la indemnización por despido, mantiene derechos esenciales y que el objetivo es promover el empleo formal y la inversión. El debate, que podría extenderse hasta la madrugada del jueves, será seguido de cerca por gobernadores -centrales para el Gobierno en este debate- y cámaras empresarias, que presionan para darle celeridad al nuevo marco laboral.

Según confirmó la presidenta del bloque oficialista el martes, entre las modificaciones que el Gobierno aceptó hacer figura la división del FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control legislativo, mediante la comisión bicameral de previsión social.

También aceptó el oficialismo un pedido de los gobernadores para que se eliminara el artículo referido a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para empresas. Será parte de una discusión más profunda, mediante una reforma tributaria.

El debate en el recinto

En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.

“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.

A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.

Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.

En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.

“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.

Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.

Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.

“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.

Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.

De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.

Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.

En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.

En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representante libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.

En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.

A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”. “Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó la mendocina.

Además, la opositora lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.

Autocrítica, la senadora jujeña Carolina Moisés dejó en claro que Convicción Federal rechaza la Ley de Modernización Laboral, pero cuestionó: "Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Señaló, también, que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, y añadió que “esta ley no resuelve ningún problema”. Luego, aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.

Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.

Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteen’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.

En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.

Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.

Muy crítica del FAL, la senadora Flavia Royón adelantó por su parte su acompañamiento al proyecto, aclarando que a su juicio el proyecto de ley no va a crear empleo, pero “sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena”.

En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.

Por el lado del bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo adelantó el voto positivo en general al proyecto porque “es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo está reclamando en el país”. Además, sostuvo que “en el mundo se están dando cambios profundos en los métodos de producción que están pegando en el país. Vivimos estos cambios que necesitan replantear medidas para atraer inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso”, y que el proyecto cumple con esos objetivos.

Sin embargo, señaló que “este proyecto, así como tiene puntos importantes, tiene otros que no son lo bastante claros ni buenos para alcanzar los objetivos”, y planteó que “hubiese sido bueno diferenciar la realidad de la relación laboral entre las PyMES y las grandes empresas”, porque “se ha naturalizado una catarata de inequidades que llevaron a una cantidad de juicios laborales, por eso esta ley da cierta previsibilidad jurídica”.

Vigo manifestó que “la sociedad está reclamando más empleo formal y no podemos mirar al costado. Las PyMES quieren poder contratar nuevos empleados. Son datos que muestran que desde el 2016 el empleo formal no crece y se mantiene estancado a los 6 millones de trabajadores, por ende, el país tiene una dificultad estructural para generar empleo”. En esa línea, resaltó que el proyecto “si bien no es una ley que garantice esa formulación o reactivación del empleo, pero ayuda porque es necesarios que se pueda recuperar el salario y necesitamos que las condiciones sean claras”.

En su intervención, el senador santacruceño José María Carambia (Movere por Santa Cruz) sostuvo que la cuestión de fondo es “intentar que el trabajo informal pase a ser formal. ¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”. Se preguntó porqué no los blanquearán, y dio su opinión a partir de haber visto la realidad desde dos lugares: defendiendo a los trabajadores como abogados, o como empleador con una empresa familiar que tiene con su hermano. Y dijo: “No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales”. Por eso sostuvo que “hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”.

Luego se refirió a la industria del juicio, que a su juicio depende de cada provincias. En las localidades pequeñas, dijo, muchas veces el trabajador no hace juicio, porque sabe que después no va a trabajar más. “En mi provincia, un juicio laboral dura 8 años. Y se le pone la tasa pasiva”, con lo que la inflación se come todo el capital. “Así que la industria del juicio depende de la realidad de cada lugar”, consideró.

Sobre el final, aclaró que votarían negativamente, porque “no vamos a votar en contra de los trabajadores. Muchas partes de la ley afectan los derechos de los trabajadores, por eso vamos a votar negativo en general”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, el misionero Martín Göerling, tal como se preveía adelantó el acompañamiento a la iniciativa en general, pero el planteo de algunas cuestiones en particular que “son importantes”. “Esta reforma del mercado del trabajo, que hace 50 años no se cambian, no quita derechos, es todo lo contrario. Tenemos que pensar en los más de 6 millones de argentinos que hoy no tienen ningún derecho”, indicó.

El senador del Pro brindó datos de que “del 100% que una empresa invierte, solo el 66% llega al trabajador, el resto se va en impuestos al Estado. El Estado se queda con un tercio del sueldo del trabajador antes de que llegue a fin de mes”. En tanto, explicó que “desde el 2002 la tragedia es absoluta donde los asalariados públicos crecieron un 34%, los monotributistas subieron un 64%, el empleo privado solo un 3% creció”.

“Esta ley que habla de reforma laboral no genera empleo instantáneo por sí sola, pero crea las condiciones para cuando la economía empieza a repuntar y sea posible tomar trabajo”, aclaró y le dejó una advertencia al Gobierno: “No va a haber modernización laboral si se sigue asfixiando el interior productivo”. Por último, se refirió al tema sindical que “le devuelve la libertad al trabajador de elegir si quiere o no afiliarse y que no le saquen ‘solidariamente’ la cuota para las famosas cajas sindicales. Vemos sindicatos millonarios y trabajadores pobres”.

Detalles de la norma

De aprobarse, la Modernización Laboral redefinirá aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo. En primer lugar, introduce un nuevo criterio para calcular la “mejor remuneración” a efectos indemnizatorios: solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.

En materia de créditos laborales, fija un esquema de actualización automático basado en el índice de precios al consumidor más un 3% anual, un mecanismo que busca reemplazar la dispersión de fallos judiciales y dar previsibilidad al cálculo de deuda laboral.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. Las grandes empresas aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%, según lo establece tanto la presentación oficial como el articulado del proyecto. El fondo será un patrimonio separado, inembargable e inajenable, administrado por entidades autorizadas y sin responsabilidad del Estado ante eventuales déficits.

La reforma también modifica la registración laboral, que quedará unificada y digitalizada bajo la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El registro ante este organismo será suficiente y ninguna autoridad podrá exigir trámites adicionales, contemplándose además la validez legal de los libros laborales digitalizados hasta por 10 años.

Otro eje es la delimitación precisa de los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares o capacitación. Con esto se busca reducir litigios por supuesta remuneratividad de conceptos que, desde ahora, quedan expresamente excluidos del salario.

En materia de jornada de trabajo, se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, acordados entre empleador y trabajador, permitiendo administrar picos de actividad sin necesidad de horas extras tradicionales. Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

La reforma avanza también sobre el régimen de licencias por enfermedad, reforzando las facultades de control médico del empleador y habilitando juntas médicas con nuevas reglas de funcionamiento para dirimir discrepancias sobre el diagnóstico.

Un componente central es el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a mejorar la empleabilidad y la reconversión, especialmente entre jóvenes y personas sin experiencia. El proyecto incentiva programas de capacitación, tanto dentro de empresas como en entidades formativas, como parte de una estrategia para elevar la productividad.

En paralelo, crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a fomentar inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, bajo el argumento de que más inversión derivará en más empleo registrado. También se incorpora una reducción de cargas sociales para nuevos empleos, lo que pretende facilitar la contratación en sectores con altos índices de informalidad.

El proyecto introduce además un criterio de prelación que fortalece los convenios colectivos de empresa: un convenio de empresa dentro de una provincia podrá prevalecer sobre el convenio nacional de la actividad, promoviendo —según el Gobierno— negociaciones más adaptadas a realidades productivas locales.

En conjunto, la Modernización Laboral representa un cambio profundo del sistema argentino de relaciones laborales, con el que el Gobierno busca —según afirma— actualizar prácticas, reducir litigios, promover el empleo y atraer inversiones. La clave política estará en su aprobación este miércoles, una votación que definirá si comienza o no una nueva etapa en el mercado laboral argentino.

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo incorporó una extensa batería de modificaciones al proyecto original, que van desde ajustes en el régimen de licencias y enfermedades hasta cambios en la registración laboral, el sistema de indemnizaciones, el rol sindical y la negociación colectiva. También se sumaron precisiones sobre el régimen para plataformas, el Fondo de Asistencia Laboral y límites nuevos para los aportes de convenios colectivos.

El dictamen de la ley de Modernización Laboral llegó a Diputados con una serie de cambios hechos por el oficialismo durante su paso por el Senado. Las modificaciones abarcan áreas sensibles del régimen laboral y sindical, y reescriben aspectos centrales del proyecto original.

Uno de los cambios más relevantes es la nueva redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad y accidentes inculpables, que introduce escalas diferenciadas según la conducta del trabajador y exige certificados médicos digitales. También se redefinen los plazos de aviso, los mecanismos de control y las pautas para la reincorporación, imponiendo obligaciones adicionales al empleador y límites precisos para la asignación de tareas compatibles.

En materia de registración laboral, el Gobierno dispuso que ARCA —el nuevo organismo recaudador— sea la única autoridad registral, lo que implica que ninguna otra dependencia podrá exigir trámites adicionales. Se aclara además que la falta de registración generará presunciones a favor del trabajador, y que los empleadores deberán conservar documentación por diez años, con validez plena de los soportes digitales.

Otro bloque importante se concentra en la remuneración, donde se redefinen los “beneficios sociales” —expresamente no remunerativos— y se amplían los conceptos incluidos, como reintegros médicos, guarderías y provisión de útiles escolares. También se habilita que el salario pueda pagarse a través de Proveedores de Servicios de Pago regulados por el Banco Central. Al mismo tiempo, se endurecen requisitos para deducciones y retenciones, que ya no podrán realizarse sin consentimiento expreso del trabajador salvo casos taxativos.

Uno de los capítulos más discutidos, el de indemnizaciones por despido, mantiene el cálculo tradicional pero fija límites a la base salarial y habilita la creación de fondos de cese laboral por convenio o por decisión del empleador. Allí se vincula con otra de las grandes incorporaciones: el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema de cuentas individuales financiado por los empleadores con contribuciones del 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs, con destino específico para afrontar indemnizaciones y otras obligaciones al finalizar la relación laboral. Sus recursos serán inembargables y administrados por entidades autorizadas.

El dictamen también modifica artículos ligados a la duración de la jornada, habilitando sistemas de compensación voluntaria, bancos de horas y un método flexible de distribución siempre que se respeten descansos mínimos. En paralelo, se actualiza el régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse en tramos no menores a siete días y deberán otorgarse al menos una vez cada tres años en temporada de verano.

En el área sindical, el oficialismo incorporó cambios significativos. Las asambleas solo podrán realizarse con autorización del empleador y no generarán derecho a remuneración. Se crean nuevas figuras sancionatorias para bloqueos, obstrucciones o daños, consideradas “infracciones muy graves”, y se limitan los descuentos automáticos de cuotas sindicales: desde 2028 no podrán imponerse sin consentimiento expreso del trabajador. También se fija un tope del 0,5% para los aportes patronales a cámaras empresarias previstos en convenios colectivos y del 2% para contribuciones sindicales obligatorias.

A pedido de los gobernadores, se eliminó por completo el artículo 190 del proyecto, que modificaba para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de este año las alícuotas del impuesto a las Ganancias, llevando del 30% al 27%, y del 35 al 31,5%.

En la negociación colectiva, se redefine la ultraactividad, que se limita a las cláusulas normativas y solo hasta que se firme un nuevo acuerdo. La autoridad de aplicación podrá suspender la vigencia de la homologación de un convenio cuando su aplicación genere “distorsiones económicas graves”. A la vez, se refuerza la obligación de negociar de buena fe, con intercambio obligatorio de información económica y productiva.

El dictamen también incluye un capítulo especial para los prestadores independientes de plataformas, que consolida su condición autónoma, garantiza la libertad de conexión, establece derechos mínimos —como acceso a capacitación y seguro de accidentes personales— y fija obligaciones fiscales sin generar relación laboral.

Finalmente, se incorporan cambios generales en materia procesal laboral: se acortan plazos de caducidad, se limitan apelaciones, se ordena a los jueces seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema y se regula el pago en juicio, que podrá ser en cuotas según el tamaño de la empresa, con honorarios máximos del 25% del monto del proceso.

El Senado debatirá este miércoles el vasto proyecto de Modernización Laboral, una reforma estructural que reescribe buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo y actualiza regímenes especiales con el objetivo de reducir la litigiosidad, incentivar la contratación y adecuar el sistema productivo a nuevas modalidades de empleo. La iniciativa crea un nuevo Fondo de Asistencia Laboral obligatorio para cubrir indemnizaciones, impulsa un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral y dispone la derogación de históricos estatutos profesionales, entre ellos el del Periodista Profesional.

Puntos principales del proyecto

• ● Rediseña conceptos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo: define nuevamente contrato y relación laboral, acota la presunción de dependencia y especifica casos donde no rige (prestadores independientes, contrataciones de obra o servicios profesionales con facturación y registración adecuada).
• ● Amplía las facultades organizativas del empleador, siempre que no alteren las condiciones esenciales ni generen perjuicio material o moral al trabajador; habilita al empleado a considerarse despedido si esas restricciones se vulneran.
• ● Extiende el período de prueba en varios regímenes especiales (como casas particulares y trabajo agrario), y actualiza normas de jornada, vacaciones, certificados laborales y registración, que pasa a centralizarse en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
• ● Establece un nuevo esquema de indemnización por despido sin causa: un mes de sueldo por año trabajado, con base de cálculo topada en hasta tres veces el salario promedio del convenio correspondiente y piso mínimo del 67% de la remuneración habitual. Prevé la posibilidad de reemplazar este sistema por un fondo o seguro de cese a cargo del empleador.
• ● Actualiza la deuda laboral por el índice de precios al consumidor (IPC) más un 3% anual; limita honorarios y costas; fija pagos judiciales mediante cuenta sueldo y habilita planes en cuotas para sentencias (seis para grandes empresas y doce para pymes).
• ● Reordena el sistema de conflictos colectivos: exige cobertura mínima del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades de importancia trascendental, con fuertes sanciones por incumplimiento y obligación de preavisar medidas de fuerza.
• ● Regula por primera vez el trabajo en plataformas de reparto y movilidad: reconoce a los prestadores como independientes, les garantiza libertad de conexión y rechazo de pedidos, acceso a capacitaciones y seguro de accidentes personales, y fija obligaciones fiscales específicas.
• ● Reconfigura el sistema de negociación colectiva: limita la ultraactividad a las cláusulas estrictamente normativas; otorga prevalencia al convenio de menor ámbito; pone tope a los aportes establecidos en convenios (0,5% a entidades empleadoras y 2% para sindicatos); desde 2028, los aportes sindicales requerirán consentimiento expreso del trabajador.
• ● Restringe las asambleas sindicales (solo con autorización previa y sin goce salarial) y tipifica como infracciones graves los bloqueos, daños y acciones que afecten la libertad de trabajo. Limita la tutela sindical a delegados titulares y fija nuevas reglas para su postulación y protección.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

○ Crea un fondo obligatorio para cada empleador, con vigencia desde junio de 2026, destinado a cubrir indemnizaciones por despido y otras obligaciones económicas vinculadas a la extinción laboral. Es un patrimonio separado, inembargable y de uso exclusivo para ese fin.

• ● La contribución mensual es:

○ 1% de la base salarial SIPA para grandes empresas.

○ 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.

○ El Poder Ejecutivo puede elevar los porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con aprobación legislativa.

• ● El aporte se paga junto con las contribuciones patronales y es derivado por ARCA; las administradoras (entidades habilitadas por la CNV) cobran una comisión máxima del 1%. Los fondos pueden usarse total o parcialmente en cada despido, pero la responsabilidad final por el pago sigue siendo siempre del empleador.
• ● El fondo no cubre vínculos no registrados y requiere una carencia mínima de seis períodos de aportes antes de permitir retiros.

Régimen de Incentivo para la Formación Laboral

• ● La formación profesional es elevada a derecho fundamental (art. 11 bis incorporado a la LCT).
• ● El proyecto complementa esta definición con un Programa de Formación Laboral Básica, estructurado en dos ejes:

○ Competencias sociolaborales básicas: lectura y comprensión, comunicación oral, razonamiento matemático, alfabetización digital, convivencia democrática.

○ Formación laboral inicial: adquisición de competencias productivas y adaptación al trabajo real.

• ● Además, los cursos, programas y seminarios de capacitación pueden ser considerados beneficios sociales no remunerativos, lo que impulsa su adopción por parte de empleadores.

Derogación de estatutos profesionales

El proyecto deroga numerosos regímenes especiales, entre ellos:

○ Ley 12.908 – Estatuto del Periodista Profesional.

○ Ley 14.546 – Estatuto del Viajante de Comercio.

○ Ley 27.555 – Teletrabajo.

○ Otros estatutos y regímenes sectoriales (incluidos artículos del Régimen Agrario, ley de trabajo a domicilio, jornadas especiales y diversos estatutos profesionales históricos).

La derogación se articula con la voluntad de unificar criterios bajo la LCT y el nuevo sistema de negociación colectiva.

Tras la reunión formal que se llevó a cabo este martes en el despacho de Victoria Villarruel, La Libertad Avanza -con el visto bueno de los aliados y los bloques dialoguistas- propuso que el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión sobre la Modernización Laboral se lleve a cabo “a reglamento”, dando un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.

La sesión extraordinaria de este miércoles 11 está convocada a las 11.00 y el quórum no corre ningún riesgo. Patricia Bullrich, en el rol de miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, deberá leer las modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre dentro del plazo de los 40 minutos.

El despacho al que accedió parlamentario.com, revela que hay un total de 28 modificaciones tal como la exministra anunció este martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta. Sin embargo, una alta fuente del oficialismo mencionó que "puede haber cambios muy chiquitos de redacción" que, lógicamente, llevarán su tiempo de corrección durante el desarrollo de la sesión.

Atendiendo a las labores del miembro informante, seguida por las cuestiones de privilegio y los discursos de la oposición dentro de los plazos fijados en el artículo 163 del reglamento del Senado (20 minutos para cada senador y 40 minutos para los presidentes de bancada),  los referentes libertarios y de bloques aliados más optimistas creen que la votación general recién será “muy” pasadas las 23.

A partir de ese momento comienza la votación en particular que será por Títulos: el primero será el de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo; sigue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL); las modificaciones a la Ley de Procedimiento de Justicia Nacional del Trabajo; y así hasta llegar al XXVI que deroga varios Estatutos, entre ellos, el del periodista profesional.

La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que se extenderá hasta las 2 de la madrugada, pero todo puede pasar.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei se van a movilizar desde las primeras horas del miércoles. Pese a que las fuerzas de seguridad desplegarán el Protocolo Antipiquetes para repeler los cortes de calle, varias arterias de la zona se verán afectadas por la presencia de los gremios.

En la antesala de la sesión de este miércoles, y luego que el Gobierno haya cedido a una serie de cambios en el proyecto de Reforma Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que llegarán al recinto con un texto consensuado en 28 modificaciones, entre las que se encuentra la quita de la propuesta sobre rebaja en Ganancias a empresas, que era resistida por los gobernadores.

Desde el Salón de las Provincias, luego de la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar este martes en el despacho de Victoria Villarruel, Bullrich encabezó una conferencia de prensa acompañada por los presidentes de otras bancadas, como Eduardo Vischi, de la UCR, y Martín Göerling Lara, del Pro; y legisladores del oficialismo: Bartolomé Abdala, Emilia Orozco, Belén Monte de Oca, Pablo Cervi, Carmen Álvarez Rivero, Gonzalo Guzmán Coraita y Ezequiel Atauche.

"Desde el principio de la democracia la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido nuestro país, el mercado laboral y las relaciones entre empresas y trabajadores. Un gran bloque de distintos partidos políticos hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia, que realmente va a ser un cambio estratégico", arrancó la oficialista.

La exministra de Seguridad afirmó que la iniciativa "tiene el aporte de muchos bloques y provincias" y "se construyó con horas y horas de trabajo". "Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", anunció.

Entre esas modificaciones, habló de que "el primer punto fundamental es la eliminación de la industria del juicio". Luego se refirió al Fondo de Asistencia Laboral, un nuevo régimen de indemnizaciones que se crea y será financiado con recursos de la ANSeS.

"Por una propuesta de la Unión Cívica Radical y aceptada por el grupo de los 44 (en alusión a LLA y toda la oposición menos el peronismo) hemos dividido el FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la comisión bicameral de previsión social", detalló.

Entre varios detalles que la presidenta del bloque oficialista profundizó, estuvo también el Régimen de Incentivo para Formación Laboral al que definió como "capacitación permanente para evitar que las personas queden fuera del mercado laboral". Adelantó, además, que ese punto está vinculado "a la baja en la carga impositiva con el objetivo de formalizar a los trabajadores".

Después de presentar otros puntos, Patricia Bullrich anticipó el acuerdo logrado con los gobernadores en virtud de un "Compromiso de Reforma Fiscal" y que alcance los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Confirmada la eliminación de la modificación al Impuesto a las Ganancias, el correntino Vischi y el misionero Goërling Lara destacaron el consenso acordado con La Libertad Avanza.

Por último, la jefa de bancada del oficialismo confirmó que el último capítulo del proyecto de Ley de Modernización Laboral no se cambia y quedó firme la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, entre otros, a partir de los 180 días de reglamentada la Reforma. Para Bullrich, ese plazo es suficiente para que se acuerde un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que reemplace a la Ley 12.908 sancionada en 1946.

La Casa de Gobierno fue escenario de una cumbre estratégica en la que el oficialismo procuró ordenar la fase final de la reforma laboral antes de su ingreso al recinto del Senado, previsto para este miércoles a las 11. La reunión, encabezada por el jefe de Gabinete en su despacho de la planta baja, sirvió para unificar criterios entre los principales actores políticos del Gobierno y revisar uno por uno los artículos que podrían ser modificados producto de las tratativas con bloques aliados y mandatarios provinciales.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y los operadores legislativos Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El clima fue de trabajo cerrado y sin filtraciones, al punto que varios asistentes se limitaron a confirmar la reunión sin ofrecer precisiones sobre el contenido del intercambio.

El cónclave comenzó con un repaso general del escenario parlamentario. Según reconstrucciones oficiales, el Gobierno confía en tener asegurada la aprobación en general de la reforma, aunque permanece abierto el capítulo más delicado: la definición sobre los artículos que generan resistencia entre los gobernadores, especialmente aquellos vinculados al Impuesto a las Ganancias de las empresas. La principal duda se concentra en si el texto finalmente mantendrá la rebaja prevista, si será atenuada en etapas o si quedará directamente excluida del proyecto. La decisión, admiten en privado, podría conocerse recién unas horas antes de la sesión.

El ministro Caputo estuvo presente durante la primera hora del encuentro; luego se retiró con agenda propia. Su participación fue clave para explicar el impacto fiscal de las alternativas que se manejan, tanto para la Nación como para las provincias, y para dejar asentado que cualquier flexibilización impositiva tendrá un cronograma atado a la disponibilidad de recursos. Lo que se buscó evitar es que el debate tributario termine eclipsando la discusión estrictamente laboral que el Gobierno pretende priorizar.

En paralelo, Patricia Bullrich informó sobre los avances de las conversaciones mantenidas con bloques dialoguistas y senadores que se convirtieron en piezas imprescindibles para redondear el respaldo necesario. La exministra de Seguridad expuso el nivel de acuerdo alcanzado en una veintena de artículos de carácter técnico, cuyas modificaciones permitirían destrabar varios reclamos puntuales sin alterar la columna vertebral del proyecto. Su mirada fue acompañada por Santilli, quien mantuvo contactos permanentes con mandatarios provinciales durante los últimos días para acercar posiciones y evitar tensiones de última hora.

En la reunión también se analizó la situación con la CGT. Aunque desde el Gobierno se insiste en mantener una línea dura en el discurso público, la mesa política reconoció que existen conversaciones en curso con dirigentes sindicales y que algunas cláusulas fueron suavizadas para evitar un conflicto mayor. En especial, se revisaron apartados vinculados a la reducción de aportes y a la jerarquía de los convenios colectivos, donde el oficialismo cedió parcialmente para evitar un rechazo frontal que pusiera en riesgo el avance del proyecto. Según fuentes gubernamentales, la central obrera tomó nota de esos gestos y mantendrá únicamente una movilización el día del debate, sin escalar a un paro general.

Otro punto analizado fue la presión ejercida por sectores empresariales, particularmente del sistema financiero, respecto del artículo que habilita el pago de salarios a través de billeteras virtuales. El Gobierno evaluó el costo de sostener esa iniciativa en un contexto donde todavía restan asegurarse algunos votos y no descarta posponer ese debate para una instancia legislativa futura. A su vez, la Casa Rosada confirmó que el proyecto no avanzará sobre estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, lo que despeja otro foco de resistencia.

La mesa política también aprovechó el encuentro para repasar la agenda legislativa más allá de la reforma laboral. Se mencionaron los avances en la Ley Penal Juvenil y la decisión de postergar hasta el período ordinario la discusión sobre el fortalecimiento universitario. Asimismo, se destacó el envío al Senado del proyecto que transfiere los juzgados laborales de Nación a Ciudad, una señal de acercamiento al espacio que gobierna el distrito porteño.

El hermetismo reinante impidió conocer el detalle fino del texto que se presentará este miércoles en el recinto, pero la señal política de la jornada fue clara: el oficialismo se encolumnó detrás de una estrategia flexible, dispuesto a negociar lo necesario para garantizar el éxito parlamentario, pero sin resignar lo que considera el núcleo esencial de su propuesta de modernización laboral.

Con los bloques dialoguistas a la expectativa de recibir la versión final del proyecto y los gobernadores aguardando precisiones sobre el capítulo fiscal, la Casa Rosada cerró el día con una certeza: la definición llegará en el Senado, donde cada voto será decisivo para determinar el rumbo de una de las reformas más sensibles del Gobierno.

Toda la atención por estas horas está puesta en el Senado de la Nación. Pero no por el tema que se llevó la atención este martes por la mañana, cuando se supo que un incendio registrado en el cuarto piso del Palacio Legislativo del Senado de la Nación generó preocupación. Aclaremos que el siniestro no alteró la actividad parlamentaria.

El fuego se desató en la oficina de la senadora del Pro Andrea Cristina, representante de Chubut, lo cual generó no pocos comentarios, teniendo en cuenta que esa provincia patagónica está jaqueada por los incendios este verano. Según las primeras evaluaciones habría sido provocado por una pava eléctrica en funcionamiento.

No fue un siniestro menor, por cierto: las llamas consumieron por completo el despacho afectado, pero la rápida intervención del cuerpo de bomberos de la Policía Federal impidió que el incidente se extendiera a otras dependencias del edificio.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, no se registraron daños estructurales ni materiales en las oficinas contiguas, y el personal que se encontraba en el lugar fue evacuado sin inconvenientes.

El episodio ocurrió en una jornada particularmente activa en la Cámara alta, a pocas horas de la sesión prevista para este martes, en la que se debatirá el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Pese al siniestro, las autoridades legislativas confirmaron que tanto el cronograma como la reunión de labor parlamentaria pautada para la tarde de hoy se mantienen sin modificaciones.

Mientras avanzan las pericias para determinar con precisión cómo se originó el fuego, el Senado continúa con su funcionamiento habitual. El despacho de la senadora Cristina fue el único espacio afectado y permanecerá cerrado hasta que se completen los trabajos de limpieza y evaluación de daños.

En vísperas de la sesión extraordinaria en el Senado que debatirá la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo de la Nación, Patricia Bullrich, jefa de bancada libertaria, se reunió con los presidentes de bloques aliados y provinciales, a quienes les informó que el Gobierno nacional dará lugar al pedido de las gobernaciones y será quitado del dictamen el capítulo que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias.

El encuentro se prolongó varias horas: comenzó a las 18 y concluyó cerca de las 22. A esa hora, la senadora Bullrich se retiró del Congreso y dialogó con la prensa acreditada, ante quienes señaló que habían hecho un repaso “artículo por artículo” del dictamen que se va a votar el miércoles, y aseguró que “llegamos a un acuerdo muy sólido respecto de una ley laboral muy equilibrada, muy buena... Así que el miércoles, a votarla”.

Consultada respecto de las objeciones que persistían respecto del texto, la jefa del bloque oficialista dijo que “lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar, en los que nos fuimos poniendo de acuerdo. Es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y muchas provincias”. Asimismo aclaró que todos los bloques se dedicarán este martes a darle una última lectura a la ley, que sostuvo que “ya está cerrada”.

¿Todavía mantiene la idea de que hay un 95% de posibilidades de que salga la ley?, le preguntaron, ante lo que Bullrich se animó a señalar que “hoy aumento un par de puntos”.

Lo cierto es que lo conversado con los senadores es lo que Patricia Bullrich llevará este martes a la reunión de la Mesa Política que a partir de las 10 se reunirá en Casa de Gobierno. De ese encuentro participará el ministro Luis “Toto” Caputo, el más reacio a eliminar las modificaciones en Ganancias.

Trascendió asimismo que la discusión en particular de este miércoles va a ser artículo por artículo y no capítulo por capítulo, como pedía el oficialismo.

En la previa al encuentro, al arribar al Palacio Legislativo el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, le confirmó a la prensa acreditada que los diez integrantes de su bancada van a votar afirmativamente el miércoles en el recinto de la Cámara alta. De esta manera, La Libertad Avanza llegará al recinto con la garantía de que el quórum y los avales para la general no corren peligro.

Durante este verano, el ministro del Interior, Diego Santilli, buscó persuadir a los gobernadores dialoguistas de mantener el Título II del Capítulo XXIV referido al Impuesto a las Ganancias, el cual modificaba el artículo 73 de la norma y reducía las alícuotas a las ganancias netas imponibles de las sociedades de capital del 30 al 27%, y del 35 al 31.5%. Esto impactaba de lleno a la recaudación de las provincias y fue el pedido explícito de los mandatarios.

La sesión del miércoles

Con la suscripción de 44 senadores nacionales al pedido de sesión extraordinaria para este miércoles 11 de febrero a las 11, el oficialismo descontaba lograr el quórum y la aprobación en general, pero no lograba las adhesiones sobre la reducción en el Impuesto a las Ganancias.

De cara a la cita en recinto, La Libertad Avanza pondrá a sus 20 integrantes más Luis Juez, parte del monobloque con el oficialismo; a los 10 radicales; y a los 3 integrantes del Pro. Y también contará con la colaboración del correntino Carlos "Camau" Espínola; la chubutense Edith Terenzi; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royón; la tucumana Beatriz Ávila; la cordobesa Alejandra Vigo; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; y los dos integrantes de Moveré por Santa Cruz.

Por su parte, resta saber que harán los integrantes de Convicción Federal, alineados a los gobernadores dialoguistas: la tucumana Sandra Mendoza que responde a Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Guillermo Andrada cercano a Raúl Jalil; y la jujeña Carolina Moisés que se viene mostrando junto al gobernado salteño Gustavo Sáenz, quien este lunes denunció "amenazas por parte del kirchnerismo" en relación al debate de la Reforma Laboral.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recordó a su padre Eduardo en el marco de un nuevo aniversario de la Operación Independencia que se llevó a cabo un 9 de febrero de 1975 cuando “el gobierno constitucional de la Nación dispuso el inicio de la Operación Independencia, una intervención ordenada por decreto de la presidente María Estela Martínez de Perón para enfrentar la acción armada del ERP en la provincia de Tucumán”.

La titular del Senado contó que “por primera vez desde el retorno de la democracia en 1973, el Estado recurrió a las Fuerzas Armadas para recuperar el control territorial en una zona donde la violencia subversiva había echado raíces, atacando instituciones, fuerzas de seguridad y población civil”.

“La operación se desarrolló en un contexto político y social muy complejo, marcado por la escalada del terrorismo y la decisión del Estado de emplear todos sus recursos para restablecer el orden y la vigencia de la ley”, relató y agregó: “Tucumán fue el escenario inicial de un conflicto que atravesó a toda la Argentina y que forma parte ineludible de nuestra historia reciente”.

En lo personal, expresó que “esta fecha también me interpela, mi padre, Eduardo Villarruel, formó parte de aquella operación cumpliendo órdenes legales del Estado argentino, como tantos otros hombres que fueron enviados a combatir en nombre de la Nación”.

“Recordar el inicio de la Operación Independencia es asumir nuestra historia con responsabilidad, sin negaciones ni relatos incompletos. Solo con memoria íntegra, verdad y justicia para todos podremos reconciliarnos como sociedad y honrar verdaderamente a la Patria”, cerró su mensaje en redes sociales.

El 9 de febrero de 1975 el gobierno constitucional de la Nación dispuso el inicio de la Operación Independencia, una intervención ordenada por decreto de la presidente María Estela Martínez de Perón para enfrentar la acción armada del ERP en la provincia de Tucumán.

Por primera… pic.twitter.com/IX6qViEvEy

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 9, 2026

A horas de una trascendental sesión para el oficialismo, donde se debatirá el proyecto de Modernización Laboral, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mantendrá una nueva reunión con presidentes de bloques dialoguistas, dispuestos a acompañar la iniciativa.

Con la intención de pulir al máximo la letra chica y acordar los cambios (que no se revelarán antes públicamente), y atento a la compleja votación en particular que implicará el proyecto de 213 artículos, el encuentro tendrá lugar una vez más en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical.

Allí fue donde la semana pasada los mismos protagonistas se vieron las caras y, tras la reunión, Bullrich y el jefe de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, afirmaron que había "un 95%" del texto acordado.

Sin embargo, tras ese encuentro, la mesa política del Gobierno anunció que no avanzaría en modificaciones. Esto fue pese al fuerte reclamo de los gobernadores sobre el capítulo fiscal referido a una rebaja el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una merma en los fondos coparticipables para las provincias.

El dictamen de la Reforma Laboral se firmó en diciembre pasado, pero las negociaciones para que vea la luz verde continuarán hasta el mismo día de la sesión. No obstante, Bullrich dijo días atrás que "el martes a la mañana tiene que estar todo cerrado". De allí, la reunión de este lunes, que será desde las 18.

El Senado de la Nación se prepara para una de las sesiones más sensibles del período de extraordinarias. El próximo miércoles 11, desde las 11, la Cámara alta debatirá el proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que el oficialismo considera central para su programa económico y que llega al recinto tras semanas de negociaciones reservadas con bloques dialoguistas y gobernadores.

La convocatoria, firmada por la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, fijó una agenda única, concentrada exclusivamente en la reforma laboral, una señal de la magnitud del debate que se espera y del interés del Gobierno por evitar que otros temas diluyan los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Un acuerdo amplio, pero no cerrado

Desde el oficialismo aseguran contar con un consenso cercano al 95% del articulado, una cifra que se repite como mantra en los despachos libertarios, aunque con una advertencia recurrente: los cambios finales se conocerán recién en el recinto. Así lo expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones con senadores del Pro, la UCR y fuerzas provinciales. Y que ante la consulta respecto de si están los votos para aprobar la norma, contestó de manera afirmativa, “sino, no convocaríamos a sesionar”. Bien que tengan en cuenta ese detalle.

El hermetismo no es casual. La estrategia del oficialismo apunta a llegar a la sesión con los votos contados artículo por artículo, evitando fisuras de último momento. En ese marco, varios senadores aliados admiten en privado que el texto que se debatirá no será idéntico al dictamen original, sino el resultado de concesiones técnicas y políticas acordadas en las últimas semanas.

Los ejes centrales de la reforma

Aunque el articulado definitivo permanece bajo reserva, los lineamientos generales del proyecto ya son conocidos. La iniciativa propone modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, bajar costos laborales y fomentar la formalización del empleo.

Entre los puntos más relevantes se destacan:

✅ Cambios en el régimen de indemnizaciones, con una nueva base de cálculo que excluye conceptos no habituales del salario y habilita sistemas alternativos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales.

✅ Mayor flexibilidad en el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento en tramos no menores a siete días y habilitando acuerdos entre empleador y trabajador fuera del período tradicional.

✅ La incorporación del “banco de horas”, un esquema que flexibiliza la jornada laboral y permite compensar períodos de mayor carga horaria con descansos posteriores, reduciendo el pago de horas extras tal como se conoce actualmente.

✅ Cambios en materia sindical, como la eliminación de la cuota solidaria obligatoria y una redefinición del alcance del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.

Ganancias, el nudo político

Si el capítulo laboral parece encaminarse a un acuerdo amplio, el frente fiscal sigue siendo el principal escollo. En particular, la propuesta de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades encendió alarmas entre los gobernadores, que advierten sobre el impacto negativo en la coparticipación.

Las negociaciones por este punto se trasladaron fuera del Senado y quedaron en manos del ministro del Interior, Diego Santilli, y del titular de Economía, Luis Caputo, quienes mantienen conversaciones directas con los mandatarios provinciales. En el oficialismo confían en destrabar este capítulo antes de la sesión, aunque reconocen que podría haber ajustes de último momento en el recinto.

El poroteo previo muestra un escenario favorable para el Gobierno, con el respaldo de senadores del Pro, la UCR y bloques provinciales. No se descarta tampoco cierto apoyo de parte del peronismo no kirchnerista. Sin embargo, el debate promete ser extenso y con discursos encendidos, especialmente desde los sectores que rechazan la reforma por considerarla regresiva en materia de derechos laborales.

El tratamiento parlamentario estará acompañado por movilizaciones sindicales. Las dos CTA ya anunciaron protestas para el mismo miércoles, mientras que la CGT ha dejado de lado un paro y solo anticipó una marcha contra la norma.

De obtener media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a tratarlo antes de fin de mes, aunque los tiempos reglamentarios y el calendario de extraordinarias podrían estirar el trámite hasta el inicio de las sesiones ordinarias.

Sucede que, como ya hemos dicho, el feriado de Carnaval impide cumplir la premisa reglamentaria de dictaminar antes de diez días antes del cierre del período correspondiente. Esto es, si fuera en período ordinario, se puede dictaminar hasta el 20 de noviembre; en este caso, el cierre de este período fue establecido por el propio Gobierno en el decreto correspondiente en el 27 de febrero, razón por la cual el plazo vence el martes 17, feriado. Quedan dos caminos: la prórroga del período extraordinario hasta el sábado 28 de febrero, o dejar la sesión de Diputados para el período ordinario.

Entrevistado por Diputados TV, el diputado Nicolás Mayoraz se hizo eco de este problema reglamentario y sugirió esta segunda alternativa, que dependerá de la decisión del Gobierno. Y la certeza de que, en caso contrario y que se prorrogue un día extraordinarias, no haya problemas para dictaminar en el plenario de Diputados ese martes 18.

Por lo pronto, la atención está centrada en lo que vaya a suceder el miércoles que viene y que el oficialismo pueda asegurarse la media sanción que, al menos de la boca para afuera, se anticipa segura.

La senadora oficialista María Emilia Orozco (Salta) reavivó la interna libertaria en el Senado de la Nación al acusar a la titular de esa Cámara, Victoria Villarruel, de retrasar la firma de los contratos de los asesores: “Me siento en la casa del enemigo”.

Orozco expresó durante una entrevista en el programa El Observador 107.9: “Tenemos una Presidenta del Senado que no hay forma de comparar con Martín Menem en Diputados. No hablo por el resto, hablo por mí. Yo me siento así lamentablemente”.

En ese sentido, agregó: “Parece que la modalidad por usos y costumbres uno tiene que pasar por la oficina del Presidente, así que veremos si esa reunión se concreta”.

La senadora salteña comentó: “Tuvimos reunión de bloque antes de fin de año y parece que la única preocupación de la señora Presidente era que no había Presupuesto, pero eso ya se subsanó. Paree que era la única preocupación que tenía”.

“Ahora vamos por las leyes, que tengamos el acompañamiento y la conducción de la sesión la tiene ella así que ojalá salga todo bien”, bregó de cara a la sesión especial convocada para el próximo 11 de febrero donde se debatirá la reforma laboral.

Por último, Orozco dejó al descubierto que “hay diferencias porque nuestros contratos de asesores no salen, presente tres contratos para asesores, pero no salieron”, y comparó: “Los de Jorge Capitanich (UP) salió en diciembre y tenías senadores con más de una nómina de 20 asesores, eso dependen de la firma de la señora presidenta del Senado, los nuestros aún están en espera”, y chicaneó: “Yo calculo que debe estar con mucho trabajo y es una cuestión administrativa”.

La presidente de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó la nota oficializando la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero con un único tema en la agenda del debate: el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, las puertas del recinto de la Cámara de Senadores se abrirán por primera vez en lo que va del año desde las 11 de la mañana. La convocatoria surge luego de una nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, que había sido suscripta por Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.

El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo.

Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión. Tampoco figura la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. Sin embargo, ambos temas podrían incorporarse en Labor Parlamentaria.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.

Conforme lo que establece el reglamento del Senado, la Presidencia de la Cámara alta convocó este miércoles a la sesión preparatoria que tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero a las 12.

En efecto, el reglamento de la Cámara alta establece en el artículo 1° que es “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso que sea feriado”, el día elegido para realizar sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias. Ese mismo artículo indica que esas fechas pueden ser alteradas  por decisión de la Cámara, por lo que llegó a especularse el año pasado con la posibilidad de que el Senado terminara realizando su sesión preparatoria en diciembre pasado. Eso no sucedió.

En la sesión preparatoria se deberá elegir por mayoría absoluta un presidente provisional, un vicepresidente, un vicepresidente 1° y un vice 2°.

En la actualidad el puntano de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala ocupa la presidencia provisional, segundo escalón en la línea sucesoria, y es quien sería reelecto para el cargo, según ha trascendido.

La vicepresidencia se encuentra vacante, ya que la neuquina de Unión por la Patria Silvia Sapag ya no es senadora; mientras que la vice primera es la radical Carolina Losada y la vice segunda la cordobesa Alejandra Vigo.

También se elegirán los secretarios administrativos y parlamentarios, siendo el secretario administrativo Alejandro Fitzgerald, elegido en la sesión de noviembre del año pasado en la que asumieron los nuevos senadores. Agustín Giustinian es secretario Parlamentario; en tanto que Lucas Clark y Dolores Martínez ocupan las prosecretarías Administrativa y Parlamentaria, respectivamente.

Manuel Ignacio Chavarría es el prosecretario de Coordinación Operativa.

Conforme lo acordado el martes en la reunión de más de dos horas celebrada en la Cámara alta, los referentes legislativos de 44 senadores nacionales solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero, a los efectos de tratar el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo. Si bien todavía no ha sido formalizada la convocatoria, se supo que será a partir de las 11.

La nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, tiene las firmas de Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.

El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo. Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión.

Tampoco figura en principio la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, que podría ser sumada cuando se haga la convocatoria definitiva por parte de las autoridades del Senado. Cosa que, dicho sea de paso, también podría suceder con el proyecto sobre glaciares.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.

Con fuerte hermetismo respecto a las modificaciones que se harán al dictamen del proyecto de Modernización Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y jefes de bloques dialoguistas del Senado resolvieron este martes confirmar el pedido de sesión para el próximo miércoles 11.

Tras una cumbre de más de dos horas, la líder del oficialismo y el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, confirmaron que irán al recinto dentro de una semana y que el texto definitivo se conocerá recién el mismo día de su tratamiento.

“La ley y los cambios se van a conocer el día que la estemos tratando”, expresó Bullrich ante la prensa acreditada en el Congreso y, consultada sobre si cuentan con los votos para su aprobación, respondió: “Creemos que sí, sino no la convocaríamos”.

En un nuevo encuentro en dos semanas consecutivas con los jefes de bloques, este martes se vieron las caras en el segundo piso del Senado -más precisamente en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical-, los mencionados Bullrich y Vischi, el cordobés Luis Juez (del interbloque LLA), el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la chubutense Edith Terenzi, la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corrozo y la mendocina -radical- Mariana Juri.

A diferencia de la semana pasada estuvo también el presidente del Pro, Martín Göerling Lara, pero faltaron esta vez la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.

En declaraciones similares a las que dio en la previa de la reunión, Bullrich confirmó que los cambios al texto no se revelarán antes públicamente. “Hemos decidido trabajar sin hablar de cuáles son los cambios a los que hemos llegado a un acuerdo, porque creemos que es mejor trabajar así y que de alguna manera la ley se discuta cuando se tenga que discutir, y no se vaya interpretando parte por parte y generándose una gran confusión”, dijo.

Además, destacó: “Tenemos prácticamente el 95% de los temas cerrados”. No obstante, la jefa del bloque libertario admitió que el capítulo impositivo, más precisamente el cambio en el impuesto a las Ganancias, todavía “está abierto” y es parte de las conversaciones entre gobernadores con los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía).

La reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se plantea en la iniciativa despertó en los últimos días la mayor resistencia por parte de los gobernadores, dado el impacto que sufrirían las arcas provinciales al recibir menos fondos coparticipables.

“Acá discutimos como senadores, tomamos decisiones y si después hay alguna resolución de los gobernadores, la analizaremos”, agregó la exministra de Seguridad, que descartó inconvenientes en la eventual votación en particular de un proyecto con casi 200 artículos. “Es cuestión de ordenarse y leer clarito las modificaciones”, expresó y aseguró que “el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Antes de la reunión con dialoguistas, Bullrich juntó este martes a la tropa oficialista

En cuanto al articulado referido a Ganancias, Vischi ratificó: “Hasta ahora estamos en duda, es uno de los temas que nos preocupa, porque tiene que ver con previsiones para las provincias”. Sin embargo, el correntino afirmó que lo están “limando” y hay “algunas alternativas”, pero “va a depender de las últimas reuniones” de negociaciones que se den. Sobre todo, entre Casa Rosada y los gobernadores.

El jefe de la UCR valoró que avanzaron “en varios temas que surgían dudas”. “Quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Vamos a tratar de llegar a ese día con pleno acuerdo del proyecto”, sumó el correntino, que trabaja en asegurarle al oficialismo el acompañamiento de los diez integrantes de su bancada.

En manos de Nación y provincias la resolución en torno a la baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades (los tramos 2 y 3, del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente), otro de los puntos que la semana pasada los dialoguistas plantearon fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones que se crea y será financiado con recursos de la ANSeS.

Una de las sugerencias había sido acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas. Luego de la reunión, uno de los presentes reveló que hubo respuesta favorable del oficialismo: “Ha tenido buena recepción la propuesta de diferenciar las grandes de las pequeñas empresas”.

Además de la Reforma Laboral, en diciembre pasado se dictaminó el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares, a pedido de provincias mineras, y está incluido dentro de los temas de extraordinarias que competen a la Cámara alta. Una de los senadores asistentes al encuentro aseguró que están “bien” respecto a avanzar, “pero si no llegamos vamos a tratar solo lo laboral” en la sesión del 11.

Con el arranque formal de las sesiones extraordinarias, y de cara al objetivo de la semana próxima llevar el proyecto de Modernización Laboral al recinto del Senado, el oficialismo intensifica las reuniones con bloques dialoguistas para asegurarse tener los votos en el recinto y poder encestarse lo que sería el primer triunfo legislativo del 2026.

Por ese motivo, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volverá a verse las caras con los jefes y referentes de bloques dialoguistas este martes desde las 15 en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical. “Estamos trabajando con cada bloque y en el equipo. Tenemos una reunión con todos los bloques con los que venimos trabajando como un equipo en común”, afirmó Bullrich a la prensa en las puertas de la Cámara alta.

“Tenemos una agenda muy importante para el Gobierno nacional que es la ley laboral que va a ayudar mucho al crecimiento del país y también tenemos la ley de Glaciares para poder generar certezas a las inversiones en las zonas llamadas peri glaciares, estamos trabajando también en esa ley”, sumó la ex ministra de Seguridad.

La semana pasada, las bancadas dispuestas a aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno transmitieron a Bullrich sugerencias de modificaciones al texto que se dictaminó de manera exprés en diciembre, pero se postergó para el recinto hasta este mes.

Al respecto, la jefa del bloque libertario aseguró: “Queremos mantener los cambios sin mucha publicidad para no generar una opinión anticipada de los temas. Los cambios en la ley laboral los van a ir conociendo. Si van a llegar al recinto”, y bregó para que sea un Congreso “reformista y acompañe los cambios que el Gobierno viene realizando para que la Argentina entre en la normalidad que venimos viendo”.

Una de las principales dudas del primer encuentro -que se extendió por poco más de dos horas- fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Una de las recomendaciones fue, al menos, acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas.

Entre las principales observaciones al proyecto, los distintos bloques dialoguistas y provinciales -con llegada directa a sus gobernadores- pusieron el foco sobre el capítulo impositivo, más precisamente sobre la reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una rebaja en la recaudación de las arcas provinciales dado que es un tributo coparticipable.

Al respecto, tras la reunión de este martes, Bullrich afirmó que volverá a encontrarse con la mesa política del Gobierno este miércoles donde dialogará con el ministro de Economía, Luis Caputo; y con el del Interior, Diego Santilli, para debatir ese tema.

“Es un tema que todavía está en discusión. Nosotros creemos que hay que bajar impuestos, que hay que darle más dinero a los privados y la discusión es cómo se financian los estados provinciales, pero nosotros creemos que tiene que ir adelgazando para que las empresas puedan ser más productivas y por eso queremos bajar impuestos, son dos filosofías distintas. Vamos a ver en qué acuerdo llegamos”, expresó la senadora.

El reducido grupo conformado por el presidente Javier Milei y comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá evaluar las voluntades a favor del proyecto, si se accede o no a modificaciones en el articulado tributario o si va al recinto “a todo o nada”, con el riesgo de que suceda algo similar a la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Pese a la discusión sobre los fondos por Ganancias, atada a las negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, Bullrich confía que en el Senado estarán los votos para dar media sanción a la Reforma Laboral, un ambicioso cambio legislativo resistido por décadas por el sindicalismo y con la CGT en alerta. Incluso, la exministra de Seguridad puso el 11 de febrero como fecha para la sesión. “La reunión de hoy a la tarde es para que estén los 44 votos. Va a salir con consenso la reforma”, remató ante la prensa.

Mientras toda la atención y expectativa en el arranque de las extraordinarias de febrero están puestas en el debate por el proyecto de Modernización Laboral previsto para la semana que viene, otro tema de suma importancia que tendrá tratamiento en la misma sesión de la Cámara alta -que a priori sería el 11 de febrero- será la reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional.

La iniciativa, que fue presentada a instancias de gobernadores aliados a Casa Rosada y que administran provincias con interés en la industria minera, es fuertemente rechazada por sectores ambientalistas que ejercen presión para que la ley no prospere, motivo por el cual vienen protestando desde hace tiempo frente al Congreso de la Nación.

Con el reinicio de la actividad legislativa, ese reclamo volvió a hacerse presente este martes por la mañana, donde activistas se congregaron en las puertas del Senado, que será el escenario en el que la semana próxima tendrá tratamiento la modificación de la Ley de Glaciares. Es un tema que se va a tratar en paralelo a la reforma laboral y al acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica, pero seguramente se llevará buena parte de la atención de lo que se prevé será una extensa jornada.

La iniciativa obtuvo dictamen el 18 de diciembre de 2025 durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado,  y propone una serie de modificaciones orientadas —según argumenta el Gobierno— a despejar “controversias interpretativas” acumuladas desde la sanción de la norma hace quince años, y a fortalecer las facultades de las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales.

El proyecto enviado al Congreso redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.

El texto también cambia el régimen de prohibiciones del artículo 6°, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. Serán las provincias las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse.

En la misma dirección, el artículo 7° reformulado exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

El proyecto también redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el Nivel 1 del inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Incluido en el temario de sesiones extraordinarias que comenzó este lunes, ingresó formalmente el pliego de Fernando Iglesias quien fue nombrado para ser el embajador argentino en Bélgica. El texto llegó al Senado de la Nación y deberá pasar por la Comisión de Acuerdos que dejó la larretista Guadalupe Tagliaferri que cumplió su mandato en diciembre pasado. Según confiaron a parlamentario.com fuentes libertarias, esa comisión será presidida ahora por Patricia Bullrich.

De todas maneras, el pasado 8 de enero por medio del decreto 6/2026 el exdiputado nacional del Pro fue designado por el Poder Ejecutivo “en comisión” al igual que pasara con los embajadores argentinos en Estados Unidos.

Cabe recordar que Fernando Iglesias no fue parte de la nómina de candidatos en la alianza La Libertad Avanza que contempló a los candidatos del Pro en las elecciones pasadas. Sin embargo, semanas antes de terminar su mandato, el Gobierno había iniciado las gestiones para solicitar el plácet a Bruselas, capital de ese país y sede central de las oficinas de la Unión Europea.

Cuando el Boletín Oficial publicó el decreto hace casi un mes, el Poder Ejecutivo Nacional alegó que "encontrándose en período de receso el Senado de la Nación resulta necesario proceder a la designación 'en comisión' del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica con el fin de asegurar la representación diplomática ininterrumpida en dicho país".

Para el presidente Javier Milei, Iglesias, quien se desempeñó en estos últimos dos años como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige”.

A toda marcha, La Libertad Avanza lo va a llevar al recinto el próximo jueves 11 de febrero junto a la Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares. De esa manera, la Comisión de Acuerdos del Senado deberá ser conformada y el despacho deberá firmarse a más tardar el miércoles 10 de la próxima semana.

Con el arranque formal de las sesiones extraordinarias, y de cara al objetivo de la semana próxima llevar el proyecto de Modernización Laboral al recinto del Senado, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volverá a verse las caras con los jefes y referentes de bloques dialoguistas este martes.

La reunión se hará en el mismo escenario que la primera: en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical, a partir de las 15. La semana pasada, las bancadas dispuestas a aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno transmitieron a Bullrich sugerencias de modificaciones al texto que se dictaminó de manera exprés en diciembre, pero se postergó para el recinto hasta este mes.

Entre las principales observaciones al proyecto, los distintos bloques dialoguistas y provinciales -con llegada directa a sus gobernadores- pusieron el foco sobre el capítulo impositivo, más precisamente sobre la reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una rebaja en la recaudación de las arcas provinciales dado que es un tributo coparticipable.

Otra de las principales dudas del primer encuentro -que se extendió por poco más de dos horas- fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Una de las recomendaciones fue, al menos, acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas.

Tras la reunión que se espera para este martes entre Bullrich y dialoguistas, un día después, el miércoles, volverá a encontrarse la mesa política del Gobierno. En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene negociaciones con los mandatarios, con el ministro del Interior, Diego Santilli, a la cabeza de atender demandas.

El reducido grupo conformado por el presidente Javier Milei y comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá evaluar las voluntades a favor del proyecto, si se accede o no a modificaciones en el articulado tributario o si va al recinto “a todo o nada”, con el riesgo de que suceda algo similar a la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Pese a la discusión sobre los fondos por Ganancias, atada a las negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, Bullrich confía que en el Senado estarán los votos para dar media sanción a la Reforma Laboral, un ambicioso cambio legislativo resistido por décadas por el sindicalismo y con la CGT en alerta. Incluso, la exministra de Seguridad puso el 11 de febrero como fecha para la sesión.

En la reunión de la semana pasada, además de Bullrich, participaron el jefe de la UCR, Eduardo Vischi; el presidente de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; el misionero Carlos Arce; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la chubutense Edith Terenzi; y la santacruceña Natalia Gadano. El jefe del Pro, Martín Goerling Lara, no pudo estar presente y se lo espera esta vez.

Se inicia este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias en el que, hasta el próximo día 27, podrá tratarse un temario que incluye el proyecto de ley de Modernización Laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación del Régimen Penal Juvenil, entre otros temas.

Se trata del segundo llamado a extraordinarias hecho por el presidente Javier Milei en este inicio de la segunda mitad de su mandato, luego de que en el mes de diciembre pasado el oficialismo consiguiera la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En ese primer llamado a sesiones extraordinarias el Gobierno también consiguió que la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares tuvieran sendos dictámenes en el Senado, con lo que ambos temas están habilitados para ser tratados en el recinto. La fecha tentativa para esa sesión sería el 11 de febrero.

Este segundo llamado a extraordinarias se hizo a través del decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero pasado, y que incluía la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.

El 27 de enero el presidente Javier Milei firmó otro decreto, el 53/26, por el cual se amplió el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. Esta decisión estuvo motivada en el aberrante asesinato del joven Jeremías Monzón, a manos de tres menores de edad.

Este tema será debatido inicialmente por la Cámara baja, donde el año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo llegó a tener dictamen en el mes de mayo, pese a lo cual no llegó al recinto. El proyecto será tratado en comisión la próxima semana, según confió a parlamentario.com una fuente de La Libertad Avanza, que aclaró que esta semana no habrá trabajo en las comisiones de Diputados, aunque sí deberían conformarse las comisiones que se necesiten para el tratamiento de los temas pedidos por el Ejecutivo.

En el caso de la Ley Penal Juvenil, el debate tendrá como cabecera a la Comisión de Legislación Penal, que ya fue conformada en diciembre pasado y sigue presidiendo la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Y es el único de los temas que le corresponde tratar a la Cámara baja por ahora.

El tema que no fue incluido en extraordinarias fue la emergencia ígnea para atender la situación de desastre en provincias patagónicas como consecuencia de los incendios forestales que se desarrollan desde fines del año pasado. Recordemos que la semana pasada el Gobierno decidió declarar la emergencia por DNU, a los efectos de agilizar la implementación de ese pedido formulado por los gobernadores de las provincias afectadas.

Hablando de temas que quedaron fuera de extraordinarias, es el caso del proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que había sido sumado en el anterior llamado a extraordinarias, e incluso consiguió dictamen, pero no fue tratado en el recinto. Tampoco figura la reforma del Código Penal, que había sido anunciado en diciembre.

En la antesala de iniciar las extraordinarias donde uno de los temas fuertes será el debate del proyecto de ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este viernes al mediodía con familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado por menores de edad en Santa Fe.

Al cabo de la reunión con la madre de Jeremías que se realizó en la Cámara alta cerca de las 12, la exministra afirmó que trabajarán en conjunto con la familia de la víctima para que la reforma del Régimen Penal Juvenil salga y el caso será tomado como testigo a partir de febrero, durante el debate del tema, más allá de que la justicia no será retroactiva para ese caso.

“Fue un acto de alevosía, impunidad, sadismo, de placer por matar algo que nos conmueve como sociedad”, expresó Bullrich y agregó que vio a la mujer “como a cualquier mamá que le torturan y le matan a su hijo de esta manera, y por supuesto que el Gobierno, que ya venía trabajando con la Ley Penal Juvenil, decidió el lunes pasado ponerlo (en consideración del Congreso) para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores matados por menores o menores matados por mayores. Menores que matan y vuelven a su casa como si nada”.

Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.

Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026

“Se va a trabajar en febrero en Diputados. La legisladora Laura Rodríguez Machado lo impulsó y lo trató durante el año pasado, pero se complicó en el Congreso", recordó y lamentó que "ley penal no es retroactiva y no va a caber, pero ya estuvimos hablando con abogados y la fiscal general de la provincia de Santa Fe para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.

“Hubo muchos casos en los que intentamos y no por los casos ni por la convicción, hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. Este Gobierno ha tomado la decisión de enviar el proyecto y de trabajarlo y de impulsarlo. Ahora vinimos por todo para tratarlo y va a ser ley en el corto plazo. Sé que esto no le va a traer la justicia que necesitaría Jere, pero va a dejar un legado que va a interpelar a todo el país para educar mejor a los chicos, ara que actuemos antes. Tenemos que trabajar para que no haya chicos asesinos ni violentos”, planteó la senadora.

Por su parte, Romina -la madre de Jeremías Monzón- también dialogó con la prensa acreditada para señalar su apoyo a la baja de edad de imputabilidad. “Necesitamos que no vuelva a suceder. Ver como los asesinos de mi hijo están libre es terrible. Saber que estamos luchando por una ley que no será retroactiva es terrible. Si esto se hubiera votado antes, los asesinos de mi hijo estarían presos en este momento”.

“Es horrible que haya gente que, aun viendo lo que sucede, se opongan porque se siguen acumulando hijos nuestros en nichos y no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal los asesinos”, expresó entre lágrimas y agregó: “Espero que salga la ley justamente para evitar estas cosas. Nosotros tuvimos que salir de la audiencia sabiendo que ellos (los autores del crimen de su hijo) iban a volver a sus casas, sabiendo que no iban a tener ni siquiera el antecedente penal… Y eso es terrible… Entonces, lo que exigimos con la ley es que ellos se hagan cargo de lo que hacen. Ellos hicieron algo atroz, se filmaron, lo disfrutaron, lo divulgaron…Es todo muy perverso”.

Bullrich retomó la palabra y se dirigió a sus pares legisladores para que apoyen el proyecto: “Los que nos han elegido no es actuar cuando las cosas pasan, sino por la convicción de tener una justicia penal que ayude a las víctimas, que impida que los casos sucedan, que actúe antes y que no tengamos que lamentar esto. Actuar por la convicción de tener un país que tiene que tener normas como todos los países. No puede ser que tenemos que actuar por un asesinato con alevosía con ese nivel de perversidad, sino por la convicción de qué necesita el país”.

“Me pongo en su lugar como mamá, no podemos tener gente en la Argentina que siga avalando y aplaudiendo y acompañando chicos que matan. Tenemos que terminar con esa cultura”, planteó y agregó: “Tenemos que trabajar en el sistema educativo y social acompañando cada lugar. La teoría de la tolerancia cero es decir al primer acto violento hay que actuar antes para evitar estas situaciones”.

Bullrich explicó: “Algunos dicen que son 50 casos, pero una vida es una vida no importa si son 40 o 50 los menores asesinos. Lo importante es que ese menor que roba o comete un delito a los 13 años o a los 14 y no le pasa nada, va a seguir. A los 18 va a terminar preso o matar a alguien. Entra en una carrera delictual por impunidad”.

El asesinato de Jeremías

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su cuerpo apareció el día 22 en un galpón o fábrica abandonada frente a la cancha de Colón, en la zona del barrio Chalet. Lo más espeluznante de este horrible crimen, fue que el mismo fue filmado por sus propios agresores, un material que luego se viralizó en redes y servicios de mensajería.

El video —de unos cuatro minutos— muestra torturas y más de 20 puñaladas, aplicadas con un cuchillo y un objeto similar a un destornillador. Le exigían que entregara “la clave y los videos” de su celular.

Los tres involucrados en el hecho fueron una chica de 16 años sindicada como instigadora y dos varones de 14 y 15 años. En la grabación se escucha a la adolescente ordenar: “Matalo… cortale el cuello”.

La chica está detenida en un centro de menores en Rosario, imputada como coautora por homicidio triplemente agravado (alevosía, ensañamiento y concurso de tres o más personas), en tanto que los dos varones fueron identificados como coautores, pero son no punibles según la ley vigente. La Justicia los sobreseyó y el Estado provincial realiza un seguimiento. También quedó detenida como partícipe secundaria la madre de la adolescente.

Mientras el Gobierno se alista para ir en búsqueda de la aprobación de leyes, la jefa de bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, encabezó un encuentro con los representantes de la oposición dialoguista para receptar las sugerencias de modificación del despacho firmado del proyecto de ley de Modernización Laboral. La propia senadora será quien los lleve a Casa Rosada y traerá la devolución el próximo martes.

Según supo parlamentario.com, además de la exministra estuvieron presentes Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, junto al monobloquista Luis Juez -que forma parte de un interbloque con La Libertad Avanza-; el correntino Carlos “Camau” Espínola; el misionero Carlos Arce; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la chubutense Edith Terenzi; y la santacruceña Natalia Gadano. No estuvo ninguno de los tres integrantes del Pro.

El encuentro que se llevó a cabo en el segundo piso de la Cámara alta donde se reúne la bancada de la Unión Cívica Radical, comenzó poco antes de las 15 y terminó a las 17.20. Tampoco hubo presencia de los integrantes del bloque Justicialista, del Frente Cívico de Santiago del Estero ni de Convicción Federal, donde habría legisladoras que podrían aportar votos al oficialismo.

El tema central de la reunión de este jueves fue el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el cual fue dictaminado, pero postergado para este segundo tramo de sesiones extraordinarias que comienza el próximo lunes 2 de febrero. Una fuente reveló a este medio que se plantearon sugerencias de modificación a algunos puntos de la redacción, pero también hubo una reafirmación de apoyo a la aprobación del texto.

Las sugerencias de modificación serán llevadas por la propia Patricia Bullrich a la discusión de la mesa chica de Casa Rosada y el martes 3 a las 15, traerá las respuestas cuando se vuelva a reunir con la oposición dialoguista. Una fuente del oficialismo consultada respecto al poroteo señaló a este medio que los cálculos dan para superar los 37 votos requeridos en el recinto cuando se lleve a cabo la sesión extraordinaria en dos semanas.

Así las cosas, la posibilidad de que el despacho de la reforma laboral tenga cambios estuvo contemplado por Patricia Bullrich desde el momento en que el texto pasó a la firma, pero dejando su tratamiento para febrero. Esto ocurrió el 18 de diciembre pasado cuando la jefa de bloque de La Libertad Avanza concentró los acuerdos y discusiones en la sanción de la Ley de Presupuesto 2026.

El oficialismo reactiva este miércoles las negociaciones por el proyecto de ley de modernización laboral, con una reunión que encabezará la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en busca de apoyos y juntar los votos necesarios para aprobar el texto que pretenden hacerlo a mediados del mes de febrero.

El encuentro está agendado para este miércoles a partir de las 15 al que Bullrich convocó a los jefes de bloques opositores -con la excepción de Unión por la Patria-, con la intención de retomar las negociaciones en torno a las modificaciones que se le podrían introducir al proyecto cuando se habilite su debate en el recinto de la Cámara alta en una sesión que, a priori, sería el 11 de febrero. La reunión se llevará a cabo en el histórico salón de reuniones de los senadores de la UCR tienen en el segundo piso del palacio legislativo.

La iniciativa cuenta con dictamen de comisión desde diciembre de 2025, pero la complejidad del tema, que no solo modifica la legislación laboral sino también introduce cambios en el sistema impositivo de recaudación de las provincias, condujeron a que el tratamiento se postergue para este año.

Un rol clave desempeñan los senadores que responden a los gobernadores, factor clave de cara a la suerte que correrá el ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo, ya que manifestaron su postura en contra de la reducción del 35% al 31% de la alícuota del impuesto a las Ganancias que establece la iniciativa Los mandatarios provinciales pretenden que la Casa Rosada dé marcha atrás con la idea o, al menos, les compensé la menor recaudación impositiva que implicará el beneficio y que afectará a las cuentas provinciales.

El reclamo de las provincias es, a priori, el primer y principal escollo que aparece a la vista para el objetivo que se ha planteado Bullrich desde que llegó al Senado. Por ello, se espera que participen de la reunión el misionero Martín Göerling, jefe de la bancada Pro, y las provinciales Flavia Royón (Primero los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Edith Terenzi (Provincias Unidas), que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), respectivamente. También la santacruceña Natalia Gadano, del provincial partido Movere, y el peronista Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas).

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

De la vereda de enfrente, la bancada kirchnerista, reunida desde diciembre bajo la denominación de bloque Justicialista y que preside el formoseño José Mayans, ya anunció su rechazo a la reforma y su solidaridad con la postura de la CGT, que también se opone a la propuesta lanzada por el Gobierno.

Así las cosas, La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), presidida por Guillermo Pérez Crespo, rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que su contenido es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.

La entidad fijó su posición en un documento elaborado junto al Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, que integran las dos CTA, sindicatos y organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos.

“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto de tratamiento legislativo es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT y la Constitución Nacional Argentina”, sostuvo en el comunicado difundido este lunes.

El pronunciamiento se conoce a pocas semanas de que la iniciativa sea tratada en el Senado, con fecha prevista para el 11 de febrero. Al respecto, adelantaron que no avalará ningún aspecto del proyecto y reclamó su rechazo total en el Congreso.

En el documento cuestionan que la propuesta oficial sea presentada como una modernización del sistema laboral y advirtieron que su aprobación “implicaría un retroceso histórico en materia de derechos del trabajo y de la seguridad social”.

“El proyecto no admite más que su rechazo total”, aseveró el Foro, que anticipó acciones de resistencia en todo el país; gestiones ante gobernadores y legisladores nacionales, y denuncias en todas las instancias nacionales e internacionales, y se declaró en “estado de alerta permanente”.

Según el Foro, la reforma regula “de forma prácticamente prohibitiva el ejercicio del derecho de huelga” y reduce a “límites extremos” la presencia y la acción sindical, al tiempo que debilita la negociación colectiva por actividad mediante el fomento de sindicatos de empresa. También advirtió que la eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a incumplimientos laborales derivará en “incrementar los niveles de precarización existente”.

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, afirmó que “ante el tenor del proyecto no queda otra respuesta que su rechazo” y planteó la necesidad de “llamar al diálogo con los actores sociales para pensar una reforma laboral que afiance el derecho protectorio de las personas que trabajan”. Aclaró que la iniciativa oficial “viola la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el país”.

Entre los diez puntos enumerados, rechazaron que las leyes laborales sean responsables de la creación o destrucción de empleo y calificó como falsa la existencia de una “industria del juicio laboral”.

También, cuestionaron la creación de un Fondo de Asistencia Laboral con reducción de contribuciones patronales, al advertir que afectaría el financiamiento del sistema previsional, y alertó sobre cambios en el esquema judicial que debilitarían la justicia especializada del trabajo.

A su vez, plantearon que lo que se expresa a través de su normativa “es la demolición, liquidación, extinción y cancelación de los contenidos más esenciales de ese conjunto intangible de normas y valores que son universales, irrenunciables, rectores de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, lo que afectará de manera trágica a la totalidad de la clase trabajadora de Argentina”, a “un nivel jamás alcanzado por ningún otro proyecto y en ningún otro estadio de su desarrollo”.

Si los dos primeros años del oficialismo en el Congreso fueron de aprendizaje, tendrá la oportunidad de demostrarlo en la segunda mitad del mandato del Gobierno libertario, con el plus de contar con muchos más legisladores propios. Más del doble de diputados y el triple de senadores, aunque en ninguno de los casos eso represente una mayoría. Pero son números que se adecuan mejor a un oficialismo.

Con todo, la cantidad de legisladores propios con que cuenta La Libertad Avanza deja claro que tendrá que trabajar duro para cada ley, no solo para garantizar el quórum para abrir las sesiones, sino también -obviamente- para aprobar cada norma. Y, de yapa, evitar que en el camino a la aprobación en particular se pierdan artículos o cambien detalles importantes de cada ley.

La garantía de contar con el aprendizaje adquirido en estos dos primeros años de gestión se vislumbró con la aprobación de las dos leyes que impulsó en la primera tanda de extraordinarias. A diferencia de lo que sucedió sobre todo con el primer debate de la Ley de Bases, se ve que el oficialismo sabe que debe llegar al recinto con la garantía de tener los votos para cada ley. No hay nada peor para un Gobierno que llegar al recinto a ciegas. Mejor dicho, sí hay algo peor: perder las votaciones.

Algo que sufrió a repetición a lo largo del año pasado, cuando el oficialismo estableció un nuevo récord: fue el primer partido de gobierno que a lo largo de un período extraordinario no pudo aprobar ni una ley que haya impulsado. Y, por el contrario, todo lo que salió votado en ambas cámaras fue a instancias de la oposición.

Debió conformarse el gobierno libertario con mantener vetos -no todos- y frenar algunas leyes. La más significativa: la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, que tuvo media sanción y fuertes chances de salir como ley, pero gracias al resultado del 26 de octubre quedó archivada.

Ahora cuenta con más fuerza legislativa, pero también con mejor expertise, a partir de la pericia adquirida y haber sumado a sus filas legisladores experimentados -en buena medida a instancias del Pro-. Eso les sirvió para cambiar sobre la marcha, por ejemplo cuando en diciembre pasado el oficialismo pareció engolosinarse y quiso cerrar el año con algunas medias sanciones originalmente no previstas. Puntualmente la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Ante la posibilidad de tener un traspié, se decidió postergar el debate en el recinto para el mes de febrero.

Fundamentalmente por el proyecto de Modernización Laboral, que obviamente era el que despertaba mayores resistencias. Fue clave para eso el traspié en el recinto con el Capítulo XI del Presupuesto 2026, que obligó a reconfigurar todos los planes.

El baño de realidad que se ha dado el oficialismo incluye la decisión de postergar debates que pudieran ser azarosos. Es el caso de la reforma del Código Penal, que estaba claro que no saldría en extraordinarias, razón por la cual se optó por dejar el tema para el período ordinario.

Está claro que la gran batalla que viene es la de las leyes laborales, que el Gobierno se propone dar para el 10 de febrero. El texto ya tiene dictamen, pero no se descarta que haya alguna modificación extra que se acuerde previamente para hacer en el recinto.

Algunos actores interpretaron el impasse hasta ese mes como la posibilidad de seguir discutiendo cambios. Es el caso de los gremios. En diálogo con la conducción del bloque libertario en el Senado, uno de ellos planteó la posibilidad de presentar sus propuestas de cara al debate, pero recibió una respuesta contundente desde el entorno de Patricia Bullrich: “El debate en comisiones ya se dio y no va a reabrirse. Los invitados ya pasaron por el plenario, incluso la CGT, que no propuso nada, así que el tiempo para sugerencias concluyó”, escucharon los sindicalistas, según pudo reconstruir parlamentario.com.

Lo cual no quita que no puedan escuchar sugerencias, sobre todo de organizaciones como CAME y la CAC, pero eso se da en el marco de las reuniones informales que a pesar del receso estival se siguen realizando. Mas solo habrá modificaciones obligadas por la necesidad de evitar algún traspié en el debate en particular.

Y la idea es que en febrero la reforma laboral concluya su recorrido legislativo, igual que sucedió con el Presupuesto en diciembre pasado. De ahí que el poroteo se haga febrilmente tanto en el Senado, como en Diputados.

El diálogo con los gobernadores

Para eso es clave el trabajo que lleva adelante el ministro del Interior Diego Santilli, que este viernes sumó el apoyo del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. En este caso, un apoyo formal nada más, pues este mandatario se quedó sin representación legislativa, al concluir el mandato del diputado Agustín Domingo y la senadora Mónica Silva. Las elecciones de octubre dejaron a Juntos Somos Río Negro sin nada en el Congreso nacional.

Más productivos en términos numéricos han sido los entendimientos alcanzados por Santilli con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; Chaco, Leandro Zdero; Salta, Gustavo Sáenz; Mendoza, Alfredo Cornejo; Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Neuquén, Rolando Figueroa. Entre todos ellos suman una docena de diputados y cinco senadores.

Las perspectivas en cada cámara

Y ahí viene el poroteo. En la Cámara alta, el número clave es 37 y el oficialismo arranca con los 21 votos que aseguran el interbloque armado entre LLA, Francisco Paoltroni y Luis Juez. Mientras que el rechazo tiene firmes 28 votos. Algunos de los 28 peronistas podrían estar apoyando algunas cosas, como sucedió con el Presupuesto, pero no es el caso puntual de la Modernización Laboral (sí sucederá con Glaciares).

El Gobierno tiene que garantizarse la presencia y votos de 16 de los 23 senadores restantes. Ya citamos 5 senadores que responden a gobernadores que apoyan (los dos radicales mendocinos, otra radical del Chaco y las senadoras de Salta y Neuquén). Faltan 11.

La Libertad Avanza contará con los 3 senadores del Pro y la tucumana Beatriz Ávila, en tanto que los 7 votos restantes saldrán de entre los 7 radicales que quedan (varios ahí son votos seguros, como el de Carolina Losada); los 2 de Provincias Unidas; la chubutense Edith Terenzi; 2 santacruceños y los dos misioneros del Frente Renovador.

Mientras que en Diputados el oficialismo arranca con los 95 votos de La Libertad Avanza; los 12 del Pro y los 2 del MID, como seguros. Son 109 diputados, les falta una veintena. Producto del apoyo de los citados gobernadores, LLA cuenta con los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo; los 2 radicales chaqueños; 3 salteños 2 radicales mendocinos; 2 entrerrianos y una neuquina.

Le faltarían 8 diputados que debe buscar el Gobierno entre los 3 tucumanos de Independencia; 18 de Provincias Unidas; 4 del bloque UCR; 4 misioneros; 2 de la Coalición Cívica; 2 de País Federal; Karina Banfi; y tal vez 2 catamarqueños y 2 de Encuentro Federal.

Solo 8 de los 38 diputados que acabamos de citar: a priori, no parecería una faena tan empinada, lo que hace que el oficialismo encare con optimismo la segunda parte del período extraordinario.

Con la confirmación del temario del segundo tramo de sesiones extraordinarias, el tema principal del verano será la reforma laboral. Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce la CGT, consideró que el texto dictaminado que será llevado al recinto el 11 de febrero “pretende profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución Nacional”.

Del mismo modo, planteó que “no es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza a los financieros y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”. Luego, alertó sobre “la caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación”.

Y aseveró que “aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”. Respecto al debate legislativo, Sola agregó que “a medida que se conoce el contenido real del proyecto de la mal llamada reforma laboral, hay una percepción compartida, especialmente en los jóvenes, que lo que se pretende es profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

En el final, se dirigió a los integrantes de la Cámara de Senadores y deslizó: “Antes de votar deben pensar en legislar a favor del país y de los trabajadores”. Pidió, además, que “no castigarlos con un cambio que va a empeorar su situación, y cerró: “No tengo dudas que de aprobarse el proyecto enviado por el gobierno al Congreso, la justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.

Luego del paro y movilización del 18 de diciembre, el Gobierno no aceleró con la reforma laboral y postergó el debate para febrero. Sin embargo, a tres semanas de la fecha estipulada de sesión extraordinaria, el tema vuelve a estar en agenda y la central obrera reitera su rechazo al proyecto de Modernización Laboral.

El Gobierno nacional confirmó el segundo llamado a sesiones extraordinarias y en La Libertad Avanza reina el optimismo respecto a alcanzar los votos para dar con la media sanción del proyecto de Ley de Modernización Laboral en el Senado. Las reuniones del ministro del Interior, Diego Santilli, con varios gobernadores serán claves para dar con los 37 avales requeridos.

Según le comentó a parlamentario.com un importante senador oficialista que está en contacto permanente con los integrantes de la mesa chica de Casa Rosada, los números son alentadores. Pese a que el Congreso está en receso hasta el 2 de febrero, los emisarios del Gobierno han logrado sellar diferentes acuerdos y el poroteo marca que ya estarían los votos.

El proyecto de ley de Modernización Laboral cuenta con dictamen de comisiones desde el 18 de diciembre, pero los principales referentes libertarios anunciaron que la redacción tendrá varios cambios que serán planteados directamente en el recinto.

Ya con el bloque completo, La Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, presentará a sus 20 integrantes en la sesión extraordinaria que buscan llevar al recinto de la Cámara alta el 11 de febrero. A ellos, hay que sumar al cordobés Luis Juez, quien ha conformado un interbloque con el oficialismo desde que se consumó la ceremonia de juras el 28 de noviembre pasado.

En la misma sintonía están los tres integrantes del Pro: el misionero Martín Goërling Lara -presidente del bloque-, la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina, alineada con el gobernador Ignacio Torres. En igual situación está la postura de la tucumana Beatriz Ávila, quien cerró un acuerdo con el mandatario Osvaldo Jaldo y está dispuesta a apoyar al oficialismo con la reforma laboral.

Respecto a la oposición dialoguista, la Unión Cívica Radical aportaría el voto afirmativo en la general y en las particulares de los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galarreto; los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; la chaqueña Silvana Schneider; y los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela. De todos modos, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger también estarían en condiciones de votar a favor, al menos en la general.

También, está la salteña Flavia Royón que responde a Gustavo Sáenz con quien Santilli se reunió este lunes; la chubutense Edith Terenzi, representante del gobierno provincial; y la neuquina Julieta Corroza que está alineada con el mandatario Rolando Figueroa. A estas legisladoras hay que sumar el voto de Carlos “Camau” Espínola, correntino de Provincias Unidas cercano a Gustavo Valdés, que daría su voto a favor de la Modernización Laboral.

Si bien la norma se aprueba en el recinto con 37 votos a favor, hay un flanco de senadores dialoguistas que podría nutrir la cantidad de adhesiones a la reforma laboral, pero que aún no han definido su postura: los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los dos santacruceños, Natalia Gadano y José María Carambia; y la cordobesa Alejandra Vigo que integra Provincias Unidas.

A su vez, el oficialismo podría convencer a algunos miembros del interbloque Popular, como ya sucedió el 26 de diciembre pasado con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ratificación del Capítulo II: la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada son los apuntados por el Gobierno para conseguir votos afirmativos, como sucedió con la sanción de la "ley de leyes".

Del otro lado están los 21 integrantes del bloque Justicialista, tres de Convicción Federal y los dos santiagueños del Frente Cívico, quienes no van a dar quórum y votarán en contra del proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno nacional pretende tener sancionado antes del 1ero. de marzo cuando se lleve a cabo la Asamblea Legislativa 2026.

A diferencia de la Cámara de Diputados, donde se registró un número elevado de sesiones para un año electoral, la Cámara alta no tuvo una cantidad importante de sesiones. Más bien fue discreta la cantidad de sesiones realizadas en el período ordinario: 10 en total.

En efecto, durante el período que va del 1° de marzo al 30 de noviembre, hubo una decena de reuniones, incluida una sesión informativa, en la que el jefe de Gabinete de entonces, Guillermo Francos, dio su informe de gestión.

Durante esas sesiones un senador de Unión por la Patria registró 4 faltas, en tanto que la gran mayoría tuvo asistencia perfecta: casi el 70% de la Cámara alta.

Un total de 23 senadores registraron al menos una ausencia en las 10 sesiones del período ordinario, siendo el chaqueño Antonio José Rodas el que más faltas registró, con 4 ausencias. Cabe aclarar que el senador de Unión por la Patria tuvo problemas de salud que justificaron sus ausencias, habiendo sido internado en el mes de junio.

Tres senadores en tanto registraron 2 ausencias, según el relevamiento efectuado por parlamentario.com. Hablamos del salteño Juan Carlos Romero y el mendocino Rodolfo Suárez, dos ex gobernadores, y la chubutense Edith Terenzi.

Del oficialismo, solo la puntana Ivanna Arrascaeta registró un faltazo.

Entre los ausentes, Juan Carlos Romero y Rodolfo Suárez figuraron de licencia en una oportunidad.

A continuación, veamos el detalle general de este boletín de asistencias.

En medio del receso veraniego en el Congreso de la Nación, el diputado nacional Fernando de Andreis fue designado como secretario general del Pro a nivel nacional. Ocupará el lugar que deja Facundo Pérez Carletti, quien asumió una banca en la Legislatura de Santiago del Estero en diciembre pasado.

El comunicado fue presentado por la cuenta oficial del partido -que preside Mauricio Macri a nivel nacional- donde señalaron que la nueva designación se debe “al desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un Pro unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país”. También, agregaron que “su designación expresa la voluntad de seguir fortaleciendo la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al Pro a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa”.

Por su parte, el diputado nacional que accedió a la banca en las elecciones pasadas integrando la boleta de La Libertad Avanza expresó que “es una época fascinante y, como tal, es una época peligrosa”, pero advirtió que “casi cualquier organización, institución, negocio, especialidad académica o profesión se encuentra ante una amenaza existencial; es decir, casi todo lo que conocemos puede dejar de existir o reducir su influencia”.

Tengo la alegría y el honor de asumir desde hoy como Secretario General del PRO, adquiriendo la responsabilidad de crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido.

Soy consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo,… https://t.co/j0dyD6VyMt

— Fernando de Andreis (@deAndreis) January 16, 2026

Luego, consideró que “los partidos políticos están en esa categoría”, y añadió: “Estoy convencido de que el Pro tiene las condiciones para superar esas amenazas”. “Por eso, todo lo que mira al pasado como brújula, lo que evoca un tiempo mejor que fue antes, es, en su melancolía, un aliado de la desaparición”, parafraseó.

Para terminar, De Andreis afirmó que “el futuro del Pro está adelante, no atrás”, agregó que “el futuro del Pro es difícil, no fácil. Es distinto, no igual”, y cerró: “Yo quiero trabajar en esa dirección porque estoy convencido de que tenemos el mejor equipo para lograrlo”.

El Pro en el Congreso

En la antesala del recambio legislativo, el Pro sufrió un sinfín de fugas directamente a La Libertad Avanza. El bloque en la Cámara de Diputados pasó de 35 integrantes a 12. Esto generó rispidices entre Cristian Ritondo, jefe de bancada, y los referentes del oficialismo, lo cual encontró su momento más tenso con la designación de los tres representantes de la Cámara baja en la Auditoría General de la Nación, en la madrugada del 18 de diciembre pasado.

De todos modos, el Pro en la Cámara de Diputados quedó integrado por Cristian Ritondo como jefe de bloque y Fernando de Andreis, Alejandro Finocchiaro, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Álvaro González, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza.

En el Senado, el Pro quedó a cargo del misionero Martín Goërling Lara quien pasó a ocupar la presidencia tras el cumplimiento del mandato del entrerriano Alfredo De Ángeli. Antes, Luis Juez había dejado el bloque para acercarse a La Libertad Avanza, tal como ocurrió con la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

De esta manera, la bancada macrista en la Cámara alta quedó integrado por Goërling Lara junto a la chubutense Andrea Cristina y la pampeana Victoria Huala.

El Gobierno nacional trabajó activamente este fin de semana en definir la hoja de ruta para las sesiones extraordinarias que se reanudarán en el mes de febrero, aunque tomarán verdaderamente forma en los últimos días de este mes. En el centro de la agenda estará un proyecto clave y el que hoy por hoy más le interesa: la reforma laboral, que promete flexibilizar normas para impulsar el empleo formal, aunque también se trabaja en una reforma tributaria parcial, orientada a aliviar la carga sobre empresas y emprendedores.

La senadora Patricia Bullrich, referente del oficialismo en la Cámara alta, habló del tema este fin de semana durante su paso por Mar del Plata, donde encabezó un encuentro con empresarios del turismo y el comercio. “Estamos acá para destrabar empleo en blanco”, afirmó, dejando claro que el Ejecutivo no piensa retroceder en el espíritu del proyecto, aunque abrió la puerta a ajustes técnicos consensuados con la CGT.

El oficialismo pretende que el Senado dé la primera señal antes de febrero. Para eso, activó comisiones técnicas y contactos con gobernadores, mientras la CGT refuerza su campaña para frenar artículos que afectan convenios colectivos y crean un Fondo de Asistencia Laboral. Bullrich ratificó que habrá diálogo, pero advirtió: “Si no cambia el espíritu del proyecto, podemos conversar”.

Un detalle que no pasó desapercibido desde que el Poder Ejecutivo redactó el temario para el primer llamado a extraordinarias en el mes de diciembre fue que no se incluyó la reforma tributaria de la que siempre habló. Ya había dejado claro en su momento que pensaba incluir este verano el tratamiento de las reformas laboral y tributaria, mientras que la previsional quedaría para un segundo mandato, en 2028. Hubo modificaciones tributarias a través de algunas iniciativas sí incluidas en diciembre, pero lo según trascendió los últimos días, el Gobierno retomó la cuestión de la reforma tributaria, aunque decidió segmentarla: primero avanzará con cambios vinculados a sociedades y Ganancias, dejando para más adelante una reestructuración integral. La medida genera inquietud en las provincias, que advierten por el impacto en la coparticipación.

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de febrero, con la meta de lograr media sanción en el Senado en los primeros días del mes. En la negociación, el Ejecutivo ya mostró gestos hacia gobernadores dialoguistas: más fondos ATN para Tucumán, participación accionaria en YMAD para Catamarca y cargos en la Auditoría para Salta.

Mientras el oficialismo busca acelerar, los sindicatos y las provincias endurecen posiciones. El debate promete ser intenso: la reforma laboral y tributaria son piezas centrales del esquema económico que Milei necesita para sostener la gobernabilidad en 2026.

Al igual que sucedió en la Cámara de Diputados, el segundo año de la gestión de Javier Milei -marcado por sus decisiones en torno a leyes impulsadas y aprobadas por la oposición en el Congreso y el abandono de la iniciativa legislativa por meses- encontró al Senado como otro escenario propicio para numerosas derrotas y votaciones inéditas, o de las que hacía mucho tiempo no se registraban.

La pérdida de aliados dentro de un recinto en el que los libertarios eran apenas seis, el poderío de Unión por la Patria hasta el pasado 10 de diciembre, más la nula relación entre Victoria Villarruel y el Gobierno, resultó una combinación perfecta para la aprobación de temas no deseados por Casa Rosada y para darle la puntada final a proyectos que venían desde la otra cámara.

Durante 2025, el Senado realizó la misma cantidad de sesiones que el año anterior: 12 en total. De esa cantidad, fue 9 en las que en concreto se trataron temas. Y, al igual que en la Cámara baja, fue en el inicio y el final del año cuando el oficialismo pudo celebrar la sanción de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Las sesiones fueron 6 ordinarias, 2 extraordinarias y 4 especiales, dentro de las cuales hubo una de homenaje, una informativa y una de jura de los nuevos senadores.

A partir del recambio que se dio en diciembre, con una bancada que aumentó significativamente e incorporó figuras como Patricia Bullrich, el oficialismo logró cerrar el año con otra impronta de cara al 2026.

Asamblea del 1ro. de marzo de 2025. La relación entre Villarruel y Milei terminó de romperse ese año.

Qué pasó en cada sesión del Senado en 2025

La primera sesión del año fue la extraordinaria del 20 de febrero. En esa jornada, LLA logró sancionar la suspensión de las PASO y un paquete impulsado por Bullrich, por ese entonces ministra de Seguridad: Ley Antimafias, Reincidencia y Reiterancia, y Juicio en Ausencia.

Recién un mes después de iniciado el período ordinario, la Cámara alta se reunió en una trascendental sesión, el 3 de abril: fue cuando, con un amplio rechazo, se cayeron definitivamente los pliegos de los jueces propuestos para la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El trámite había comenzado casi un año atrás, pero ante la falta de aprobación por parte del Senado, el Presidente decidió designarlos por decreto en febrero. Lijo no alcanzó a asumir, pero García-Mansilla sí. Finalmente, tras la votación, renunció al cargo.

Para esa sesión, la estrategia de LLA solamente fue la de apostar a que no hubiera quórum. No lo logró. Tampoco escuchó a aliados que fueron a pedir en Casa Rosada que el Ejecutivo retirara los pliegos y evitara las derrotas en el recinto. La frase “los dos o ninguno”, que desde el Gobierno repitieron en más de una ocasión, terminó cumpliéndose. Fue ninguno.

El interbloque de Unión por la Patria en la sesión en que se rechazaron los pliegos de los jueces de la Corte.

Tres semanas después, al igual que lo hiciera la Cámara de Diputados, la paz irrumpió en el Congreso con sesiones homenaje al Papa Francisco, por su fallecimiento, y el Senado hizo lo propio el 24 de abril.

A comienzos de mayo, el 7 de ese mes, tras varias postergaciones, la oposición dialoguista festejaba -aunque no sin fuerte incertidumbre- que el recinto se abriera para tratar la ley de ficha limpia. Fue el tema central de esa jornada, en la que además salió la media sanción de la emergencia para Bahía Blanca, pliegos de embajadores y una serie de tratados internacionales.

Al momento de votar, ficha limpia se cayó por un voto, con el rechazo no sólo de Unión por la Patria sino de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del oficialismo provincial, quienes mayormente actuaron como aliados del Gobierno. Tras lo sucedido, desde todo el engranaje que supo ser Juntos por el Cambio salieron a reforzar sus denuncias de “pacto” entre LLA y el kirchnerismo. Por esos días, la pelea LLA-Pro era total, debido a la campaña porteña, y la Corte todavía no había confirmado la condena de Cristina Kirchner.

En esa sesión había asumido como secretario Administrativo Emilio Viramonte, quien era hasta ese momento mano derecha de la vice. Sin embargo, renunció pocos días después y no llegó ni al mes en sus funciones. Fue el segundo en irse, después de María Laura Izzo.

Después de la caída de ficha limpia, el recinto estuvo cerrado casi por dos meses. Con motivo de la visita del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, la Cámara alta volvió a convocarse para una sesión informativa el 26 de junio, pero ésta terminó de forma abrupta. Cuando llevaba poco tiempo el tramo de preguntas de los senadores de Unión por la Patria, Francos se levantó enojado de su silla ante el discurso de la fueguina Cándida Cristina López, quien lo llamó "mentiroso" al cuestionar la política del Gobierno sobre Malvinas. La reunión pasó a un cuarto intermedio para la siguiente semana, pero el funcionario decidió no volver.

Durante un momento de la sesión del 10 de julio, se cayó el sistema electrónico de votación.

Considerada “inválida” por el bloque oficialista, la oposición se autoconvocó en el recinto del Senado el 10 de julio y logró “meter todos los goles”, con la aprobación de un temario rechazado de plano por el Gobierno. Los senadores impulsores de esa reunión bajaron al recinto en uno de los días y horarios elegidos por el pleno -en su sesión preparatoria- para la realización de las sesiones ordinarias; en ese marco fue que defendieron la legalidad de la sesión.

Aunque Ezequiel Atauche, el jefe de LLA, protestó, alcanzado el quórum Villarruel bajó a presidir el comienzo. Más tarde, vía la red social X, en respuesta a Bullrich, dijo: “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no”. Meses después ambas pasarían a convivir bajo el mismo techo.

Así, antes de irse al receso invernal, la Cámara alta sancionó la ley que preveía un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y un incremento de 70 a 110 mil pesos del bono extraordinario; la restitución de la moratoria previsional y una serie de cambios en la PUAM; y la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. Además, el Cuerpo rechazó el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Salvo la moratoria, los demás temas salieron con mayorías contundentes.

Como si fuera poco, tuvieron media sanción los proyectos pedidos por los 23 gobernadores y el jefe porteño sobre reparto de fondos a través de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

Finalmente, también se aprobó un proyecto para declarar a la ciudad 28 de Noviembre, en la provincia de Santa Cruz, como Capital Nacional del Cóndor Andino.

Las votaciones adversas para el Gobierno continuaron con fuerza en la previa y durante la campaña electoral en ambas cámaras. El 21 de agosto, el Senado dio por caídos totalmente cinco decretos desregulatorios que el ministro Federico Sturzenegger había impulsado antes de que culminaran las facultades delegadas otorgadas al PEN por la Ley Bases.

La caída de cinco decretos del PEN, con el tablero en rojo.

Ese día, además, la Cámara alta sancionó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, venidas de Diputados. Otros temas fueron pliegos de ascensos militares y la aceptación de la renuncia del secretario Administrativo.

Dos semanas después, el 4 de septiembre, el tema discapacidad fue el eje central de una nueva sesión ordinaria: la reunión arrancó con varias cuestiones de privilegio contra el Gobierno por la denuncia contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, lo que había derivado en censura previa por parte de un juez ante la difusión de los audios relacionados con presunta corrupción en la ANDIS; continuó con un fracaso para votar una interpelación a Karina Milei y siguió con la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que representó todo un hecho ya que hacía 22 años no se rechazaba un veto presidencial.

Por si fuera poco, en aquella jornada se dio media sanción a una reforma de la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, con el objetivo de limitar su uso por parte del Presidente. El tema había llegado al recinto tras un acuerdo exprés entre el kirchnerismo y otros sectores de la oposición dialoguista; puso en alerta a Casa Rosada, que más adelante lograría dejarlo trunco.

Si de vetos se habla, otro que rechazó la Cámara alta fue el referido a la Ley de ATN, aunque luego la norma no pudo ser ratificada en Diputados. Esto ocurrió el 18 de septiembre, mismo día que se trataron temas largamente pendientes como la Ley Nicolás, de seguridad del paciente; declaración de monumentos, un proyecto para incorporar la atrofia muscular espinal a los controles prenatales y otro sobre agravamiento de penas por delitos viales. Por la tarde, la sesión se cayó y quedaron iniciativas sin tratar, entre esas, dos convenios internacionales y la derogación de la Ley de Manejo del Fuego.

Villarruel junto a jefes de bloques.

Antes de ir a las urnas, la oposición en el Senado hizo caer dos vetos más de Milei: por más de dos tercios de los votos se insistió con las leyes de Emergencia en Pediatría y Financiamiento Universitario. También, se votó una declaración contra Guillermo Francos para exigirle la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Otros asuntos tratados fueron el pliego de una camarista de Misiones; un cambio en el régimen de retiro de los empleados del Senado; un proyecto para evitar la subasta del Regimiento de Infantería Patricios; y la media sanción de una iniciativa para jerarquizar el Sistema de Alerta Sofía.

Al igual que sucedió en Diputados, las puertas del recinto de la Cámara alta no volvieron a abrirse nunca más hasta después de las elecciones en las que La Libertad Avanza se impuso. Con los resultados obtenidos, el oficialismo triplicó sus miembros en el Senado de cara a la renovación. Una ultra-activa Patricia Bullrich tomó las riendas de la transición y se coronó desde antes de asumir como la nueva jefa de la bancada oficialista. Desde allí, pragmática, aceptó que la rionegrina Lorena Villaverde no asumiera en la jura que se realizó -sin sobresaltos- el 28 de noviembre. No obstante, protagonizó un primer cruce público con Villarruel.

Santilli, Karina Milei y Adorni en la jura de senadores. Fustigaron a Villarruel por no tener asignado palco.

Bullrich ambicionaba un debate más que exprés de la reforma laboral, pero los pedidos de modificaciones de la oposición a un proyecto de casi 200 artículos la hicieron recular, pues los votos no estarían para llevar el texto a los ponchazos al recinto, e incluso junto a otros temas en esa misma sesión que se barajaba. Así, en medio de jornadas de debate intensas en comisiones, “Pato” anunció que el debate pasaría para febrero. Fue el mismo día que en la calle marchaba la CGT.

El temario de extraordinarias para el Senado tenía a la “Modernización Laboral”, la reforma de la Ley de Glaciares -que también se debatió velozmente- y la modificación del Código Penal, pero ese proyecto del PEN no fue enviado hasta ahora. Sin que estos temas se lleven a sesión, más allá de su tratamiento en comisiones, los senadores realizaron su única sesión extraordinaria luego de Navidad.

El 26 de diciembre debutó la nueva composición, con un peronismo disminuido como nunca en ese terreno y quejándose, un año más, del número de miembros que se les daba en las comisiones. Sin Villaverde, juró en su lugar Enzo Fullone y, por otra parte, Alejandro Eduardo Fitzgerald asumió como el nuevo secretario Administrativo.

El año se cerró con la sanción por parte del Senado del Presupuesto 2026 (el primero de la era Milei) y la Ley de Inocencia Fiscal, dos temas clave para el Gobierno. En Diputados se había caído el capítulo que preveía la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades y el oficialismo se encontró en la Cámara alta con la respuesta negativa por parte de la oposición dialoguista de intentar reponerlo. Sin los votos para ello, Bullrich afirmó que se iba a aprobar la “ley de leyes” sin cambios. Sin embargo, hubo suspenso en torno a otro capítulo que acumuló rechazos -sobre desfinanciamiento en educación, ciencia y defensa-, pero LLA salió victoriosa y logró sancionar todo con el apoyo dialoguistas y senadores que responden a gobernadores aliados, incluyendo peronistas. La bancada oficialista abandonó el recinto entre selfies, videos y festejo. Y se cerró así el telón en 2025.

La bancada oficialista en el final de la última sesión.

Cuántas sesiones realizó el Senado por año en la última década

2025: 12

2024: 12

2023: 5

2022: 13

2021: 15

2020: 31

2019: 10

2018: 15

2017: 18

2016: 23

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Con la atención puesta en Venezuela y en pleno receso veraniego, legisladores del oficialismo se encuentran en reuniones con cámaras empresarias de cara al segundo llamado a sesiones extraordinarias. Tal como anunció la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, será el lunes 2 de febrero la semana de la reanudación de las actividades oficiales en el Congreso.

El gran objetivo del Gobierno nacional es el de poder avanzar en el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el cual fue dictaminado, pero el oficialismo acordó con la oposición dialoguista retrasar su tratamiento en búsqueda del consenso necesario para aprobar el texto. Sin embargo, una fuente de La Libertad Avanza confirmó a parlamentario.com que la fecha elegida para ir al recinto será el miércoles 11 de febrero.

En paralelo, la bancada libertaria confía en que también podrá avanzar con la modificación a la Ley de Glaciares que al igual que la reforma laboral, cuenta con dictamen de comisiones, sujeto a las modificaciones que observen los senadores provinciales, claves para el quórum y para la media sanción en el recinto.

Con la jura del rionegrino Enzo Fullone, La Libertad Avanza cuenta con la nómina de legisladores completa y si se cuenta el interbloque junto al cordobés Luis Juez, parten de una base de 21 adhesiones, a 16 del quórum. De todos modos, el oficialismo sabe que podría contar con gran parte del radicalismo, los tres del Pro, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza.

En la última sesión del 26 de diciembre quedó en evidencia que los 21 integrantes del bloque Justicialista -presidido por José Mayans- y los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno del Frente Cívico se posicionaron como la oposición dura. Sin embargo, en La Libertad Avanza son optimistas de lograr adhesión en Convicción Federal, bancada peronista que tuvo a Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada votando a favor del Presupuesto 2026 en la general y en la particular.

Por otro lado, está confirmado que el 24 de febrero se llevará a cabo la sesión preparatoria en la Cámara alta en la que se definirán las autoridades del período 2026.

El texto dictaminado

Con el proyecto de Ley de Modernización Laboral dictaminado el pasado 18 de diciembre, el oficialismo ganó dos meses para acercar los consensos necesarios que le permitan girar el texto a la Cámara de Diputados. El despacho al que accedió este medio cuenta con 213 artículos (casi 20 más al texto que envió el Ejecutivo con 196).

Cuenta, además, con 26 títulos con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, a la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo, a la Ley de Empleo, a la Ley de Jornada de Trabajo, a la Ley de Régimen Laboral, al Régimen de la Pequeña y Mediana Empresa, a la Ley de Trabajo a Domicilio y al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

También, propone cambios en el Régimen de Trabajo Agrario, en el Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, a la Ley de Convenios Colectivos, en la legislación de Asociaciones Sindicales y en el Procedimiento para la Negociación Colectiva, y en la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Finalmente, establece el capítulo de derogaciones contra el Estatuto del Periodista Profesional, del del Viajante de Comercio, el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, sobre el Estatuto del Peluquero, el cese del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, de la Licencia que gozan los ciudadanos de países limítrofes, a los fines de que puedan concurrir a emitir su voto en su país y a la Ley 24.493 que adoptó medidas en relación a la denominada “mano de obra nacional”, entre varias más.

Los bloques de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y el Justicialista en el Senado repudiaron de manera categórica la intervención militar llevada adelante por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como la captura de su presidente. Según manifestaron, estos hechos implican una violación grave y deliberada de la soberanía de un Estado y del derecho internacional, en abierta contradicción con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado conjunto difundido este sábado, advirtieron que se trata de “una agresión armada inadmisible” que golpea directamente a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, al tiempo que instala un precedente de extrema gravedad para la convivencia internacional. Alertaron además que la vulneración de la integridad territorial de un país, mediante el uso unilateral de la fuerza, pone en riesgo a toda la región, erosiona el multilateralismo y debilita los mecanismos pacíficos de resolución de controversias.

Los legisladores recordaron que la historia latinoamericana demuestra que la injerencia externa y las intervenciones militares unilaterales solo han derivado en violencia, desestabilización institucional y retrocesos democráticos. En esa línea, reclamaron que la comunidad internacional —a través de las Naciones Unidas— responda con firmeza y responsabilidad, evitando que se naturalice el uso de la fuerza como herramienta de política exterior.

Finalmente, las bancadas reafirmaron que la Argentina debe sostener una política exterior fundada en la defensa de la paz, el multilateralismo, la no intervención y la protección irrestricta de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados de la región.

Lejos de la lentitud que acompañó las leyes promovidas a lo largo del año por la oposición, las normas aprobadas el viernes pasado en la Cámara de Senadores fueron promulgadas este lunes por el Poder Ejecutivo Nacional.

En efecto, el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional lleva el número de ley 27.798 y consta de 125 folios, en tanto que la Ley de Inocencia Fiscal tiene como número el 27.799 y 19 páginas.

El Presupuesto Nacional 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.

El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Otro de los números hablan de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.

En cuanto a la reforma el Régimen Penal Tributario, introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.

Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.

La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.

Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.

También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.

Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

El Gobierno tuvo un fin de año soñado en el Congreso. Diametralmente opuesto a lo que había resultado todo el desarrollo del mismo en un Poder Legislativo que se convirtió definitivamente en la piedra en el zapato para la administración mileísta… hasta que las urnas hicieron lo suyo.

Tenía sentido lo que sucedió este 2025 en el Parlamento. El presidente Javier Milei llegó al poder hace dos años a caballo de un balotaje que ganó con amplitud, imponiéndose en la mayoría de las provincias: solo perdió en Formosa, Buenos Aires y Santiago del Estero. Un verdadero vendaval violeta que impresionó sobre todo al peronismo, siempre atento a esos detalles, máxime cuando ve desafiado su poder en los distritos.

Pero el líder libertario no había ganado la primera vuelta; por el contrario, reunió un tercio de los votos que le permitieron colarse en la segunda vuelta, pero el número de legisladores era emergente de esa primera elección. Y tratándose además de una fuerza que disputaba entonces su segunda elección en la historia, el número de legisladores que tuvo en ambas cámaras fue el menor histórico para un oficialismo. Un dato que se hizo notorio en este que fue el segundo año de gestión de una Libertad Avanza que contó el primer año con el respaldo de bancadas dialoguistas que se aseguraron de darle gobernabilidad, pero se encontraron con un presidente bisoño y hostil, capaz de llamar “ratas” a los que en mayor o menor medida le dieron los votos para aprobar la Ley de Bases y sostener el mega DNU 70/23.

Esas bancadas actuaron como lo hicieron convencidas de que compartían electorado con el oficialismo y el mandato de sus votantes era colaborar con el Gobierno, pero con el correr del tiempo y el accionar tan particular del mileísmo, convencidos de que necesitaban conservar la identidad, aclararon que tenían su propia agenda que, habiendo asistido convenientemente al Ejecutivo, necesitaban desarrollar. Fue lo que terminaron haciendo con leyes como las universitarias, los aumentos a los jubilados, y luego las emergencias en Discapacidad y Pediatría. Ante ello, el Gobierno vetó una y otra vez, y -nuevo error- se enamoró del tercio conseguido para los blindar los primeros vetos.

El problema para la administración mileísta era que ese tercio nunca fue un número consolidado y se demostró cuando ya no le alcanzaron los diputados para resistir los vetos. Ese es, en líneas generales, un resumen de lo que fue la gestión legislativa de Milei en su primera mitad de mandato. Y no lo ayudó ni siquiera la constante que suele darse en los años electorales, que inexorablemente son de menor actividad, producto de que los legisladores deben hacer campaña en sus distritos. Por el contrario, la oposición no tardó en comprender que si había un lugar donde el Gobierno era débil era el Parlamento, que como caja de resonancia que es amplificaba las derrotas que una y otra vez sufría el oficialismo. Es la razón por la que la oposición se dedicó a asestarle golpes una y otra vez al Gobierno en el Congreso, constante que solo se frenó cuando el Gobierno consiguió su rotunda victoria en las elecciones legislativas.

Ya se sabe que las elecciones de medio término pueden ser inocuas para el peronismo. Las derrotas no producen mayores efectos en la gobernabilidad de esas administraciones. Prueba de ello es el kirchnerismo, que cuando en 2009 perdió su halo de imbatibilidad, ya no volvió a ganar ninguna elección intermedia. Ni siquiera cuando estuvo fuera del poder: perdió en 2013; 2017; 2021 y ahora en 2025. Pero esas administraciones que sufrieron ese tipo de traspiés no perdieron gobernabilidad.

En cambio para los gobiernos no peronistas existe la certeza de que perder una intermedia representa el principio del fin. Dan fe de ello Raúl Alfonsín (1987) y Fernando de la Rúa (2001): los dos se fueron antes; el segundo inmediatamente después del recambio legislativo, luego de que el peronismo le quitara las presidencias de ambas cámaras.

Fue por eso que Mauricio Macri le asignó a las elecciones de 2017 la mayor atención y fue clave que saliera airoso, más allá de que después la economía se le descalabrara -por otras razones-. Y por eso especialmente esta administración se jugó un pleno a un buen resultado. Que se daba por seguro promediando 2025, hasta que las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires abrieron las puertas del infierno. El resultado tan adverso en ese distrito llevó a pensar lo peor, y no faltaron los que comenzaron a “hacerse los rulos” presagiando una crisis institucional inminente.

Por eso debe mensurarse tan positivamente para el Gobierno la victoria que consiguió en octubre. Nuevamente se impuso en casi todos los distritos, incluso el bonaerense. LLA solo perdió esta vez en Formosa y Santiago.

Las consecuencias se verificaron inmediatamente en el Congreso, el ámbito que había sido hasta entonces tan hostil, y donde el accionar opositor se frenó súbitamente. El viernes pasado el Gobierno pudo coronar de la mejor manera el año legislativo, aprobando su primer Presupuesto. Sus principales figuras lo celebraron en las redes sociales -dónde sino- de manera medida, pero valorando de manera correcta la magnitud de semejante éxito. Porque un resultado distinto hubiese trastocado absolutamente todo.

No necesariamente se hubiera quedado el Gobierno sin presupuesto. Cualquier modificación, como las que comenzaron a vislumbrarse en los días previos -fundamentalmente con el artículo 30°- hubieran obligado a hacer volver a los diputados para completar la faena entre el lunes y martes previos a fin de año, lo que no solo resultaba dificultoso considerando el quórum, sino también hubiera sido un nuevo traspié capaz de poner en tela de juicio la capacidad del remozado oficialismo para dominar ambas cámaras.

Ya había sido expuesta esa situación cuando en Diputados la oposición logró hacer caer el Capítulo XI y el Gobierno lo tomó como una estruendosa derrota. Tardó dos días en comprender que no solo no lo había sido, sino que no tenía que demostrar lo contrario, y volvió sobre sus pasos. El Presidente dio la señal necesaria cuando el domingo pasado anunció que no vetaría el Presupuesto -como insólitamente habían deslizado en la Rosada el jueves anterior-, y a continuación los negociadores del Gobierno hicieron lo suyo.

Diego Santilli trajinó con los gobernadores, mientras Patricia Bullrich se ocupó de garantizar los votos necesarios para todos los artículos y fue clave la votación del inicio de la sesión en la que LLA garantizó que la votación fuera -como en Diputados- por capítulos. Ya en la Cámara baja eso no había alcanzado para evitar el traspié con el Capítulo XI, pero se sabe que, en la discusión artículo por artículo, podría haber resultado peor: otros títulos hubieran podido caer.

Como sea, fue clave que en el poroteo previo LLA se garantizara los votos necesarios para blindar el Capítulo II, que era esta vez el talón de Aquiles, pues allí estaba el artículo 30° y su jubileo de derogaciones del financiamiento en educación y la ciencia. Hubo durante el debate discursos oscilantes, como el de la senadora salteña Flavia Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, que bancó mucho el Presupuesto, pero aclaró que “acompañar no es un cheque en blanco”, y cuestionó las derogaciones. “En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación”, dijo. Pero terminó votando a favor.

Flavia Royón contra las derogaciones.

El Capítulo II terminó siendo aprobado con 46 votos, mucho más de lo que los más optimistas hubieran imaginado. El Gobierno salió airoso con holgura, quedó claro que ha hecho pie en un poder que le era hostil. Le esperan desafíos no menores el próximo año. En febrero le espera el debate de la reforma laboral. Y arrancará también en el Senado con un debate que no podrá ser exprés, en el que cuenta con la anuencia de buena parte de la sociedad, pero no será sencillo, como es la reforma del Código Penal. Un debate que se prolongará a las ordinarias.

Con ese capital político y una relación de fuerzas claramente más favorable, el mileísmo estará iniciando su tercer año de gestión en una etapa distinta: ya no se trata de resistir ni de blindar vetos, sino de conducir la agenda legislativa. El Congreso dejó de ser un campo minado para convertirse en un territorio negociable, aunque no dócil. La aprobación del Presupuesto marcó un punto de inflexión, pero no una licencia permanente. Las reformas que vienen exigirán algo más que poroteo y presión electoral: requerirán articulación política, tolerancia al disenso y una comprensión más acabada de que la fortaleza parlamentaria no se declama, se administra. Allí se jugará, en buena medida, la suerte del segundo tramo del experimento libertario.

La noche del viernes, el Senado terminó de aprobar el Presupuesto 2026, pero lo hizo renunciando a un horizonte de país deseable. Con el artículo 30, el oficialismo derogó los pisos mínimos de inversión en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional. No es un hecho menor ni meramente técnico: es un hecho político de enorme peso simbólico y totalmente regresivo.

Es cierto que algunos de esos artículos no se cumplieron cabalmente en los últimos años, pero eso no los vuelve irrelevantes. Al contrario, su vigencia obligaba y marcaba una hoja de ruta e inversión. Eran un compromiso del Estado a largo plazo, más allá de quién gobernara. Al derogarlos no están “sincerando” la realidad, sino que la empeoran.

La coyuntura económica y el objetivo deseable de equilibrio fiscal, como mucho podrían haber dado lugar a la suspensión de los artículos. Prefirieron derogarlos porque no creen en ellos, violando la Ley de Administración Financiera que prohíbe taxativamente hacerlo en una ley de presupuesto.

Milei, Sturzenegger y Caputo saben bien que lo simbólico construye lo real. La eliminación de estos artículos no tiene efectos presupuestarios inmediatos, pero hace que la educación, la ciencia y la técnica dejen de ser prioridades del Estado. Es correr el piso y bajar la vara, naturalizando el ajuste en estas áreas como horizonte permanente.

Con esa misma tozudez fue que en Diputados intentaron voltear el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. No lo lograron. Ahora, en cambio, la estrategia decadente de carancheo y transfuguismo del Gobierno fue efectiva. Y es un retroceso profundo, aunque algunos senadores y gobernadores intenten maquillarlo con tecnicismos, necesidades de gestión u obras de cordón cuneta.

Detrás de la excusa de la austeridad está la resignación. Podíamos tener un presupuesto aprobado con equilibrio fiscal sin resignar este horizonte de inversión en ciencia, desarrollo y formación de nuestro capital humano.

No tengo dudas de que todo pasa, y esto también pasará. Tarde o temprano, los argentinos vamos a recuperar el sentido y reconstruir los oficios del lazo: educar, cuidar y curar.

El debate en el recinto

Abrió el debate como miembro informante y en carácter de presidente de la Comisión de Justicia, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien señaló que esta modificación al Régimen Penal Tributario o mal llamado Inocencia Fiscal “no pretende ser una ley ad eternum, por el contrario, se tratará cuando se debata el Código Penal, pero no podemos seguir teniendo como condición objetiva de punibilidad un mínimo de un millón y medio de pesos”.

“Es una cuestión que la inflación nos provocó un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico de asimetrías que destruye la economía y deja desactualizados los umbrales poniendo como clientes del sistema Penal Tributario a casi todos los contribuyentes, por eso esta ley viene a poner un costo también a algunas facultades omnímodas que tenía AFIP y ARCA cuando habla de la declaración jurada y lo que el órgano recaudador presume que está mal”, manifestó.

El riojano destacó que “se dejan reglas claras” porque “se trata de traer un régimen simplificado de declaraciones porque hay que facilitarle la vida al contribuyente como todos los países del mundo porque el exceso de requisitos conspira en contra del desarrollo de las actividades”.

“También trae normas concretas sobre el procedimiento porque si no se rige por resoluciones generales que son leyes muy impropias que están en el último escalón del sistema normativo. Por eso esta ley es necesaria y, a partir de la sanción de esta ley, no se va a suponer la culpabilidad del contribuyente sino la inocencia”, explicó Pagotto y resaltó que esta ley “es una medida que beneficia a todos los contribuyentes sin distinción de bandera política”.

El libertario sostuvo que “de manera urgente necesita una revisión la Ley 11.683 de Aplicación y Percepción de Impuestos de contenido inquisitivo y es contraria en muchas normas a lo que marca la Constitución. Nos debemos una reforma del sistema impositivo en su totalidad porque estamos aplicando casos y llevando al sistema penal como panacea universal lo que debiera resolverse con otro tipo de medidas”.

“Esta ley de inocencia fiscal me aterra que en el país discutamos el principio de inocencia y muestra cuán bajo hemos caído en cuanto a la imposición autoritaria de normas”, criticó y aclaró que no es patrimonio de un solo Gobierno, pero planteó que “debemos reformar esto”. Pagotto se refirió a la actualización de los montos que plantea el proyecto para evitar que los desfasajes monetarios “haga que las normas se desactualicen”.

Al cierre, Pagotto aclaró que “no es una ley que vaya a solucionar de la noche a la mañana los problemas de recaudación ni de relación del ciudadano con el fisco, pero si viene a poner claridad en cuanto a cómo debe actuarse. Esta ley viene a regular y actualizar las pautas penales tributaria que tiene la Ley 11.683 y algunas aledañas y que, sin embargo, nunca habían sido tratadas”.

A continuación, el senador Martín Soria contradijo a Pagotto al asegurar que “esta inocencia fiscal en realidad hace alusión a que faltan dos días para el Día de los Inocentes. De inocencia fiscal tiene poco y nada. Desde el bloque Justicialista, en el estado actual este proyecto no puede ser aprobado ni sancionado”.

Consideró “peligrosos” algunos artículos del proyecto que consideró un “mamarracho”, a tal punto que “el propio ministro de Economía de Milei, Toto Caputo, la semana pasada salió a aclarar en sus redes sociales que había inconsistencias en el texto aprobado en Diputados y que por eso se iba a tratar de enderezar con la reglamentación correspondiente”.

“Lo que salió de Diputados es un mamarracho, porque el proyecto del Ejecutivo da vergüenza ajena”, agregó Soria, que se preguntó “¿para qué estamos nosotros entonces? Somos nosotros la Cámara revisora, la que tenemos la responsabilidad de corregir lo que viene de Diputados si hay algo mal, no es el Poder Ejecutivo”.

A su turno, el radical Maximiliano Abad sostuvo que “la estabilidad no es sólo macroeconómica, también es institucional”, y afirmó que un sistema tributario basado en la desconfianza “debilita la legitimidad del Estado y desalienta la inversión”. Por el contrario, plateó que “un sistema tributario previsible y razonable es un sistema que reduce litigios, mejora los cumplimientos y fortalece la legitimidad del Estado”.

En ese sentido, valoró el cambio de paradigma que impulsa el Poder Ejecutivo al pasar “de la sospecha permanente a la inocencia fiscal”, y remarcó que “los contribuyentes que cumplen no pueden vivir bajo amenaza constante, mientras que el Estado debe concentrar sus recursos en perseguir a los evasores reales”.

Abad celebró la simplificación de las declaraciones juradas, pero advirtió que la actualización de las multas del Régimen Penal Tributario “no contempla la realidad de los pequeños contribuyentes”, lo que puede generar “sanciones desproporcionadas para emprendedores y comercios de barrio”.

Brevemente, el presidente del bloque peronista de Convicción Federal, Fernando Salino, propuso cambios en la redacción del proyecto de ley de Inocencia Fiscal y, en línea con la moción del senador entrerriano Adán Bahl -que había propuesto una moción de orden para que el dictamen volviera a comisiones, pero que no prosperó-, expresó: “¿Cuál es el sentido de apurarse? Estamos absolutamente a tiempo de arreglar esta ley. No se puede reglamentar en contra de la ley, se reglamenta explicándola”. Finalmente, el miembro informante del oficialismo no dio lugar a la incorporación.

“Si no cuidamos a las pymes que generan empleo y desarrollo, estamos yendo en la dirección equivocada”, afirmó. Finalmente, destacó su predisposición a seguir trabajando en una reforma integral del sistema tributario “que brinde previsibilidad, simplifique trámites y alivie la carga impositiva sobre el sector productivo”.

Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que “no estamos hablando de reformas menores, de justicia, de libertad y de poner al ciudadano por encima del Estado”.

Durante décadas, continuó, “fuimos perseguidos por nuestros propios gobiernos y todos estábamos en riesgo. Por defecto, éramos considerados culpables. Los pequeños y grandes contribuyentes vivieron con miedo; los tribunales se llenaron de gente honesta, mientras los verdaderos corruptos no sufrían las consecuencias. Con esta ley eso se termina”.

Bullrich aseguró que “perseguimos a los que no hacen las cosas de manera correcta”, y que “esta ley termina con el abuso del ‘pague y después reclame’. Esto va a proteger y por supuesto que hay una lógica que no tiene nada que ver con una ley recaudatoria. Acá lo que se permite es que las personas puedan utilizar su dinero sin tener una espada de Damocles sobre su cabeza”.

“Queremos un fisco que acompañe y que no sea castigador”, señaló sobre el final, para garantizar también que “esta ley sigue persiguiendo a los grandes evasores y quienes corrompen el sistema”. Finalizó expresando que “con esto vamos a lograr decir basta a la persecución a los contribuyentes, que los tribunales no estén rebasados de gente honesta y con esto la libertad se vuelve normas, y para nosotros es bien importante”.

Después de que el Senado sancionara la Ley de Presupuesto 2026, llegó el turno del tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, el cual tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Rondando las diez horas de sesión extraordinaria, el senador entrerriano Adán Bahl propuso una moción de orden para que el dictamen vuelva a comisiones, pero no prosperó: fueron 27 votos a favor contra 43 negativos.

En su intervención, el integrante del bloque Justicialista explicó sobre este proyecto de ley que “creemos que las multas no pueden ser aplicadas de manera clara”. Añadió, además, que los delitos tipificados en la nueva legislación “son situaciones sumamente complejas que requieren mucha investigación”. “Queremos evitar que los errores terminen siendo pagados por todos los argentinos”, sumó.

Por otro lado, cuestionó el tiempo con que la norma fue tratada en ambas cámaras y consideró que “una buena ley no es la que sale exprés, si no la que es sostenible en el tiempo”. En el final de su alocución, el senador de Entre Ríos detalló que su propuesta de regreso a comisiones “no es a los efectos dilatorios ni por obstaculizar, es aportar, en un espacio donde nos dejen hacer las observaciones respectivas, para que esta ley sea sostenible en el tiempo”.

Reiteró, después, que “somos la cámara revisora y tenemos que asumir esta responsabilidad para que la ley sea sostenible en el tiempo y que funcione en la práctica”. En el momento que intervino en el recinto, el resto del Cuerpo se encontraba fuera del hemiciclo por lo que debió esperar unos minutos a que regresen todos y así poner a consideración del pleno la moción de orden.

De regreso a la sesión extraordinaria, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, sintetizó que la propuesta de la ley de Inocencia Fiscal “es fácil de plantear” a través del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero. También sostuvo que esta nueva legislación “viene de la Ley 11.683 de toda la vida”.

Antes de culminar y pasar a votar la trunca moción de orden, Bullrich cargó: “Nosotros hemos construido una norma para que haya un primer aviso, un segundo aviso, un tercer aviso de 30 días y un principio de oportunidad”. “Esto no es recaudatorio, es liberar a la gente de un techo bajísimo y queremos que se discuta hoy”.

Tras dos años sin Ley de Presupuesto, La Libertad Avanza logró sancionar el proyecto en el recinto del Senado por 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención. Los ojos estuvieron puestos en el Capítulo II el cual establece en su artículo 30 varias derogaciones a leyes educativas, del sistema de ciencia y del Fondo Nacional de la Defensa.

Luego de varias reuniones a contrarreloj, la jefa de bancada del oficialismo, Patricia Bullrich, cerró diferentes acuerdos con senadores que responden a gobernaciones para dejar en pie el Capítulo de la polémica y evitar que la sanción se retrase en caso de que debiese volver a la cámara de origen con modificaciones.

El resultado en el tablero se repitió tanto en la general como en las once votaciones en particular. De esta manera, quedó firme el artículo que establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; el 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Dentro de los 45 votos a favor del proyecto de ley de Presupuesto 2026 estuvieron los 20 integrantes de La Libertad Avanza; los miembros de la Unión Cívica Radical; los 3 del Pro; los 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social; los dos santacruceños; el correntino Carlos “Camau” Espínola; la chubutense Edith Terenzi; el cordobés Luis Juez; la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón.

Por su parte, la senadora cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas se abstuvo en la general y en todas las particulares.

La novedad fue que tres integrantes del bloque peronista Convicción Federal votaron a favor en la general del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y en la votación del Capítulo II: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada.

El Capítulo II

La única votación que resultó con números diferentes al resto en el tablero del recinto fue la del Capítulo II: fueron 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Los 20 integrantes del oficialismo, los 10 radicales, los 3 del Pro, los 2 misioneros, los 2 santacruceños, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Luis Juez, Beatriz Ávila, Flavia Royón y los 3 de Convicción Federal, Moisés, Andrada y Mendoza votaron a favor.

En contra estuvieron los 21 integrantes del bloque Justicialista que preside José Mayans, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero que integran Gerardo Zamora y Elia Moreno y 2 de Convicción Federal, Fernando Salino y Fernando Rejal. También se opusieron los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Mientras que Julieta Corroza y Alejandra Vigo fueron las únicas en abstenerse.

Con acompañamiento de aliados de bloques provinciales, la UCR, el Pro y tres peronistas, La Libertad Avanza consiguió sancionar el proyecto de Presupuesto 2026, tras un debate de casi ocho horas en el Senado. La norma cosechó 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. Se trata de primer plan de gastos y recursos desde que Javier Milei asumió como Presidente.

A las 21.12 de este viernes se inició la votación en particular, con especial atención sobre lo que sucedería en torno al Capítulo II, el cual contenía el artículo 30, que en la previa sumó manifiestos rechazos del peronismo y algunos legisladores radicales, por tratarse de la derogación de artículos de distintas leyes que garantizan el financiamiento en educación, ciencia y defensa. Sin embargo, el oficialismo salió victorioso y logró su aprobación, encaminándose así a la sanción definitiva de la "ley de leyes" que llegaría minutos después.

El Gobierno mantuvo negociaciones durante toda la sesión, a través de sus interlocutores -como el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se apersonó en el Congreso-, para que la iniciativa se apruebe sin cambios y se evite así su vuelta a la Cámara de Diputados. También tuvo un rol central en juntar los votos, desde la semana pasada, cuando el texto arribó al Senado, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich.

La ley representa todo un triunfo para el Gobierno, que tras las elecciones esperó al recambio legislativo para aprobar en extraordinarias su Presupuesto. Sobre todo, luego de un año electoral en el que la oposición había manejado la agenda parlamentaria.

El ministro del Interior siguió el debate desde uno de los palcos del Senado, acompañado por los primos Menem. (Foto: Comunicación Senado)

Para la Casa Rosada la aprobación del primer Presupuesto de la gestión de Milei (gobernó dos años con la prórroga del plan de gastos y recursos 2023) representa también una señal fundamental hacia los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y los mercados. Tras la media sanción de Diputados, el 17 de diciembre pasado, el Presidente avisó que no iba a vetar la ley, a pesar de que salió de la cámara de origen sin un capítulo que consideraban clave.

Cuando se votó en la Cámara baja, LLA perdió el Capítulo XI, que había generado enorme rechazo en casi todo el arco opositor, por querer introducir mediante un artículo, el 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Al igual que en Diputados, el oficialismo se impuso temprano durante la primera sesión extraordinaria -y la primera con la nueva composición- para que el Presupuesto también se trate por capítulos y no por artículos en la Cámara alta.

Ni bien resultó aprobado el Capítulo I en la votación en particular, se pasó al II y el senador Jorge "Coqui" Capitanich pidió que el artículo 30 se vote por separado, de manera nominal. El presidente provisional, Bartolomé Abdala, que tomó la conducción luego que Victoria Villarruel se retirara ni bien se aprobó en general, le respondió que ya se había aprobado votar por capítulos.

Introdujo entonces una cuestión de privilegio la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien más temprano se había planteado contra el tema. Denunció a la bancada oficialista y las autoridades por "violar abiertamente el reglamento", en sus artículos 207 y 171.

Anabel Fernández Sagasti

La mendocina enfatizó que querían saber "quiénes son los que levantan la mano contra la educación pública, la ciencia y tecnología, y la defensa". "Ese artículo nada tiene que ver con el déficit cero, es una declaración contra la educación pública", aseveró. Tras una nueva intervención de Capitanich, el miembro informante del oficialismo, Ezequiel Atauche, dijo que no iban a aceptar modificaciones y pidió que se pase a votación.

Así, el Capítulo II resultó aprobado con 42 votos positivos de LLA, el Pro, el grueso de la UCR y bloques provinciales; mientras que los 28 votos negativos fueron del interbloque peronista/kirchnerista menos tres del bloque Convicción Federal: el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil; la tucumana Sandra Mendoza, por órdenes de Osvaldo Jaldo; y la jujeña -sin gobernador al cual responder- Carolina Moisés. Éstos tres también acompañaron en general y en el resto de los capítulos, que resultaron todos aprobados.

Los 25 del interbloque "Popular" llegaron a 28 con tres radicales que se opusieron al Capítulo II: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Mientras que hubo 2 abstenciones, de la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo, la única que se abstuvo en la votación en general.

Números del Presupuesto 2026

De acuerdo con las variables macroeconómicas proyectadas por el Poder Ejecutivo, el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.

El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Otro de los números hablan de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.

Este viernes se realizó la primera y única sesión extraordinaria de diciembre en el Senado, con la sanción del principal tema para el Gobierno. (Foto: Comunicación Senado)

El debate

Como miembro informante, abrió el debate el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) quien resaltó que “intentamos sancionar un Presupuesto que tenga una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero y precisó el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve" y destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit”.

Ezequiel Atauche fue miembro informante del oficialismo.

Desde el lado de la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich eligió hablar por 40 minutos en lo que tocó diferentes cuestiones vinculadas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Consideró que el tratamiento de este texto es una “violación sistemática del reglamento”, y sintetizó:  Nos oponemos porque este Presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional y necesitamos un debate sin restricciones”.

Integrante del bloque Justicialista, consideró que el presidente Javier Milei ha hecho un “abuso” de la emisión de decretos de facultades delegadas avalados por la Ley de Bases, y con respecto al tratamiento de esta “ley de leyes”. En el final de su extensa intervención en el recinto de la Cámara alta, Capitanich pidió votar en contra del artículo 30 del dictamen en revisión que establece recortes en la educación técnica. “Le quitamos recursos específicos a las escuelas técnicas, pero le sacamos impuestos a las aeronaves y a las embarcaciones”, cuestionó.

También sobre el artículo 30 se refirió el radical Maximiliano Abad, quien arrancó: "En nuestro país la discrecionalidad se convirtió en rutina y la rendición de cuentas en una rareza; yo celebro que estemos a punto de sancionar el Presupuesto, porque eso fortalece la institucionalidad de nuestro país y el funcionamiento republicano".

Sin embargo, a continuación dijo que quería "advertir con gran preocupación que, bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo". "El artículo 30 yo lo llamo 'el artículo escoba', porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia". Y puso como ejemplo la inversión en ciencia de países que admira la gestión mileísta: "Estados Unidos invierte el 3,45% del PBI en ciencia e Israel está por encima del 5%".

"No podemos condenar a la Argentina a la mediocridad", afirmó y consideró que "lo que se viene en Argentina es decisión política: si van a seguir metiendo la mano en las universidades, si van a seguir metiendo la mano a las personas con discapacidad, en los hogares de las zonas frías o si definitivamente se van a animar a desarmar muchos de los privilegios que existen".

Maximiliano Abad

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, resaltó que "han pasado dos años, la mitad de esta gestión, sin una hoja de ruta clara, por eso creo que hoy venimos a subsanar esto". "El Presupuesto no es un trámite administrativo, es un acto profundamente político y una definición sobre el Estado que queremos", señaló.

En ese sentido, la legisladora dijo que este Presupuesto "no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad". "Tiene un superávit financiero que es útil como herramienta, pero la macroeconomía tiene que acompañar al desarrollo productivo del país. El equilibrio fiscal no puede convertirse en un dogma, no puede inmovilizar a la producción", advirtió.

También, Ávila reclamó por las obras: "Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura". "Aprobar este Presupuesto obviamente no es un cheque en blanco", manifestó, al afirmar que eso es mejor que no tenerlo por tercer año consecutivo.

A su turno, el senador Eduardo "Wado" de Pedro centralizó una parte de su intervención en el área educación destacando el artículo 30° “da vergüenza ajena”. “La misma que tuvo el secretario de Hacienda cuando vino a decirnos a la Comisión de Educación que estaban interesados en el tema, porque habían aumentado el presupuesto del sector”, señaló, asegurando que “vino a tomarnos el pelo: todos sabemos que desde que asumió, la educación perdió 45 puntos reales”.

Sostuvo en tal sentido que el funcionario “tiene que defender con coraje sus ideas, no mentirle a la gente”. Y detalló lo que elimina el artículo en cuestión, que en sus incisos elimina la meta del 6% del PBI destinado a la educación. “El secretario de Hacienda mintió, porque cuando el senador Capitanich le preguntó por qué eliminaban el artículo 9, dijo que era porque nunca se había llegado a esa meta”. Por el contrario, De Pedro mostró un gráfico que mostraba que en 2015 se había llegado al 6,1%.

Luego citó el inciso que “deroga una ley que pone como norte que Argentina puede llegar al 1% de inversión en Ciencia y Tecnología en 2032”. Por el contrario, sostuvo que “debemos invertir mucho más en conocimiento”, y advirtió que hoy estamos en “el piso más bajo de los últimos 20 años en inversión en Ciencia y Tecnología”. En cuanto al inciso siguiente, consideró que se mete con “una ley totalmente noble que tiene mucho que ver con esa Argentina pujante del interior”, y se preguntó “cómo vamos a desfinanciar a las escuelas técnicas; desfinanciar las herramientas que necesitan más de 1.900.000 argentinos que quieren estudiar”.

“Hay un discurso gorila que permanentemente dice que los jóvenes no quieren estudiar, no les gusta trabajar… Pónganse de acuerdo: muchas veces en los medios escuchamos de los jóvenes que no quieren estudiar, los vagos, y estamos desfinanciando a la escuela técnica. Es una vergüenza”, cerró.

Eduardo "Wado" de Pedro

“Que nos hablen de obras que no se hicieron, y que lo haga la senadora por Santa Cruz, una provincia donde se pagaron rutas que nunca se hicieron y todavía se están buscando…”, señaló en un pasaje de su discurso el libertario Agustín Monteverde. El economista debutó en el recinto diciendo que “este proyecto de presupuesto rompe con esa lógica: no hay ingresos ocultos por subestimaciones, no tiene atajos contables; aquí hay proyecciones responsables y consistentes, alineadas con el objetivo de reordenar las cuentas públicas porque lo que se busca es devolverle credibilidad a la economía y dignidad a la política”.

“No es insensibilidad ajustar el gasto a los recursos disponibles; en cambio sí es flagrante crueldad financiarlo con inflación, castigando a los que menos tienen”, señaló.

La senadora salteña Alejandra Royón advirtió que “acompaño en general este presupuesto”, adelantó, advirtiendo que “acompañar no es callar, no es no mirar y señalar lo que creemos que está mal”. Y en ese sentido aclaró que “acompaño por una cuestión de federalismo, pero también acompañar es proponer y corregir”.

“En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación –dijo-. En vez de derogar, nos pongamos a gestionar, a hacer mejores propuestas”.

En representación del Frente Pro, el misionero Martín Göerling planteó que el debate del Presupuesto se trata de “en qué se va a gastar el esfuerzo de todos los argentinos. Porque el dinero que se recauda y que se va a gastar que está en esta ley sale de los impuestos de los argentinos, el Estado no genera riqueza, sino que administra la riqueza que generan los argentinos que trabajan”.

El senador del Pro celebró el debate del Presupuesto con equilibrio fiscal “es algo muy positivo para que los argentinos sepan en qué se está gastando eficientemente”. Así, remarcó que “desde el Pro tuvimos la responsabilidad de dar gobernabilidad y dándoles las herramientas para que puedan gobernar, pero apoyar este Presupuesto no significa darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, también le exige responsabilidad al Gobierno y cumplir los acuerdos que hay, por sobre todo con las provincias”.

A continuación, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, celebró el tratamiento del Presupuesto, valorando todo lo bueno que veía en el presupuesto, pero también dijo que gobernar sin presupuesto, como ha hecho esta gestión durante dos años, “es una falta de respeto hacia las instituciones; una expresión de autoritarismo que no se puede permitir”.

Reconoció que jamás se logró cumplir el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la educación y se llegó a niveles de calidad educativa de los peores. ¿Cuál es la conclusión?, se preguntó. “No es darle recursos y plata a la gente para que salga adelante, sino darle más educación”, remarcó. En ese sentido, el correntino reclamó “un esfuerzo enorme para contribuir a la eficiencia, y no se trata de recursos”.

Agregó el jefe radical que “es muy difícil un crecimiento sin educación; es muy difícil que haya inversión pública sin argentinos que puedan ser empleables, y la empleabilidad viene de la mano de la educación”. Cerró adelantando que su bloque votaría a favor en general, mientras que “en particular algunas diferencias podemos tener”.

Como presidente del bloque Convicción Federal, el puntano Fernando Salino sostuvo que el tratamiento “es fundamental” porque “más allá de lo que los gobiernos hablen, el tema es dónde ponen la plata”. Salino hizo mención a una nota del diario La Nación y puntualizó en el precio del dólar de $1423 para el 2026 “son proyectos que empiezan superados porque ese precio no está en el cálculo de nadie”.

“Necesitamos el Presupuesto porque este Gobierno a partir de las auditorías no permite el control. Si no hay plan, no hay control. No quieren el control y no lo valoran por eso no presentaron el Presupuesto antes”, apuntó y criticó los ejes del Presupuesto: “El Gobierno quiere destrozar todas las instituciones intermedias que tengan capacidad de representación y contención”. También cuestionó que se “priorice” la defensa nacional por encima de la educación, la salud, etc.: “Es incomprensible y no supieron explicarlo. El Presupuesto es contradictorio en sí mismo”.

El senador puntano se quejó por la falta de recursos a las provincias y las críticas hacia los gobernadores que “administran mal”; por el superávit fiscal que “no explican para qué lo quieren y no se entiende dónde está la gente dentro de esto”. “Este Presupuesto es objetable desde muchos lugares y es para tranquilizar a los mercados. No tiene nada que ver con el crecimiento y con que las cosas funcionen mejor. Hay costos ocultos inter temporales. Es un Presupuesto con marcados desequilibrios regionales”, apuntó.

En un extenso discurso durante el tramo final del debate del Presupuesto 2026, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, reclamó por las partidas destinadas al Poder Legislativo, en línea con la advertencia de Victoria Villarruel días atrás.

Al anunciar que su bloque votaría en contra, aseguró que votar el Presupuesto "es votar la decadencia de la República Argentina y entregarle a seis irresponsables el manejo del endeudamiento público".

"Están haciendo un verdadero desastre de la economía nacional", exclamó e insistió que "el Presupuesto no se trata de esta forma, es un trato ineficiente". Sobre la seguridad social, sostuvo que "la mayoría de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia... No sé a quién sacaron de la pobreza. Le mantienen el bono de 70 mil pesos con inflación en dólares de los productos".

Al cerrar el debate del Presupuesto, que se extendió hasta pasadas las 21, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, arrancó diciendo que “no estamos acá simplemente discutiendo números; no estamos votando una ley más, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma. No es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

Según Bullrich, “las definiciones difíciles en momentos oportunos llevan a una salida como la que nunca tuvo la Argentina”. Aseguró que “se redujo el gasto innecesario; se achicó la estructura estatal, se eliminaron privilegios, se ordenaron las cuentas. Porque gobernar no es prometer, es decidir, incluso cuando duele, y al mismo tiempo se protegió a los que más lo necesitaban, sin gerentes de la pobreza, sin viveza, sin extorsión”.

“El déficit cero no se negocia: es la línea roja que separa el futuro del desastre”, aseguró Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich debutó como senadora este viernes y cerró el debate. (Foto: Comunicación Senado)

En un extenso discurso durante el tramo final del debate del Presupuesto 2026, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, reclamó por las partidas destinadas al Poder Legislativo, en línea con la advertencia de Victoria Villarruel días atrás.

El legislador mencionó que, tradicionalmente, los fondos para los tres poderes del Estado representaban "el 5% del Presupuesto", mientras que para el año próximo se prevé un 0,34% para el Poder Legislativo. "Karina (Milei), para hacerle la contra a la presidente (del Senado), le pone 0. No sean tan arrastrados. ¿Cómo van a votar esto? Sin presencia del presupuesto para el Parlamento. ¿Saben qué están haciendo? Obstruir el presupuesto de un poder del Estado. Borrar el funcionamiento de un poder del Estado", lanzó y dijo que el Gobierno está "atacando directamente el Parlamento como hace toda dictadura".

"Votar este Presupuesto es votar la corrupción, porque está contra la Constitución. Nosotros no le podemos dar un cheque en blanco para que manejen la deuda como se les antoje", enfatizó y reclamó que "tienen que venir a rendir cuentas sobre qué están haciendo con la deuda".

Al anunciar que su bloque votaría en contra, aseguró que votar el Presupuesto "es votar la decadencia de la República Argentina y entregarle a seis irresponsables el manejo del endeudamiento público".

En el arranque de su intervención, el formoseño cuestionó "el vergonzoso tratamiento exprés de la ley de leyes en una jornada de medio día" con "un grado de sumisión terrible" por parte de la oposición dialoguista. "El tratamiento exprés es para ocultar información al pueblo", denunció y reclamó que "el ministro de Economía (Luis Caputo) tiene terror de venir al Parlamento, no quiere venir al Parlamento".

Tras volver a criticar que se "violó el artículo 14 del reglamento" sobre los lugares dados al interbloque peronista en las comisiones, el legislador observó que "si hacemos un tratamiento como corresponde, se van a ver las falencias que tiene este Presupuesto, que son graves". En primer lugar, señaló que "está totalmente desactualizado; estamos votando un Presupuesto que ya fue".

En ese sentido, mencionó que días atrás cambió la política cambiaria respecto al esquema de bandas y se anunció "que van a ajustar el dólar por inflación por exigencia del FMI". "Esto afecta la balanza comercial, la exportación y la importación", continuó.

Al cuestionar "este cuento que traen", Mayans apuntó que "la inversión está absolutamente caída en el país y el consumo también. Las provincias van perdiendo cada vez más la coparticipación". "El problema está en la inconsistencia del programa económico", afirmó.

Recordó que en diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió "devaluaron un 118%" y "la canasta que estaba en 300 mil pesos se fue arriba de un millón". "El año pasado la inflación fue del 117%. Ahora estamos en el 31%. ¡31% en dólares! La peor de todas las inflaciones", expresó.

El jefe de la bancada Justicialista cuestionó al oficialismo: "Están defendiendo el plan que empobrece a la gente y le da baja de impuestos a los más ricos, como (Marcos) Galperín, que le dan 220 millones de subsidios".

"Tenemos un país caro en dólares y bajo en salario, y ese es el golpe que tenemos al consumo día a día", resaltó y añadió que "la coparticipación cae porque el sistema económico no funciona y se refleja en la recaudación".

Luego de reclamar que "aumentaron 75 mil millones de dólares la deuda externa del país", el senador consideró que "está en marcha la corrupción de la máquina financiera, y después aparecen los paraísos fiscales", mientras que esto "lo pagan los jubilados, los pensionados, los docentes, las provincias".

"Están haciendo un verdadero desastre de la economía nacional", exclamó e insistió que "el Presupuesto no se trata de esta forma, es un trato ineficiente". Sobre la seguridad social, sostuvo que "la mayoría de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia... No sé a quién sacaron de la pobreza. Le mantienen el bono de 70 mil pesos con inflación en dólares de los productos".

En la misma línea, Mayans manifestó que "después de la devaluación brutal que hicieron no se recuperaron más los salarios y esa es la baja de consumo que tenemos".

En su intervención durante la sesión extraordinaria de este jueves, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) se manifestó a favor de la aprobación del Presupuesto 2026 y valoró que el Congreso avance con una ley de gastos y recursos tras años de discrecionalidad. “Un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”, sostuvo.

En su discurso, el bonaerense puso el acento en la necesidad de una estrategia de crecimiento que incluya a los sectores productivos con mayor capacidad de generar empleo y divisas. “La palabra decisiva para 2026 es crecimiento. Y si hablamos de crecimiento, es imposible no mencionar a la pesca y el turismo”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que ambos sectores atraviesan una situación crítica por la falta de políticas activas. “La pesca es uno de los complejos exportadores más ignorados, y el turismo, que puede ofrecer oportunidades laborales a miles de jóvenes, hoy está abandonado”, señaló.

Por otra parte, anticipó su votó en contra del Capítulo II, que contiene el artículo 30, sobre ajuste en áreas estratégicas como educación y ciencia. “El oficialismo sostiene una tesis falsa y peligrosa: que el conocimiento y la innovación no tienen nada que ver con el desarrollo”, remarcó, y recordó que la inversión en ciencia cayó al 0,149% del PBI.

Abad cuestionó además el artículo 30 del proyecto: “Lo llamo el artículo escoba, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.

Finalmente, alertó sobre la situación industrial: “Las PyMEs industriales acumulan diez trimestres consecutivos de caída en su nivel de actividad”. Asimismo, adelantó que propondrá un "Régimen de Incentivo Impositivo General para la Industria" para sostener la producción y el empleo.

En senador jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) fue el encargado de abrir el debate en la sesión de este viernes en la Cámara alta en relación al Presupuesto 2026 que calificó como “un punto de quiebre” para la historia porque “hace décadas no teníamos una norma sin déficit”.

Como miembro informante, resaltó el intento de sancionar un Presupuesto que tenga “una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Atauche sostuvo que el Presupuesto “se elaboró de una manera distinta a como se venía haciendo porque en general primero disponían todos los gastos que el Gobierno iba a hacer y luego se veían los recursos y, si no alcanzaban, se procedía a ajustes, pedidos de préstamos y emisión monetaria que generó la debacle inflacionaria”.

El libertario hizo un repaso de cómo recibieron el país con déficit fiscal, inflación de 25,5 puntos mensuales y un Estado “sobredimensionado”, con un 30% de la deuda externa con vencimientos a un día, un riesgo país por encima de los 1.900 puntos, con 41,17% de pobreza y 11,9% de indigencia, entre otras características. Así, comparó que el Gobierno “buscamos el equilibrio fiscal para atacar todas las cuestiones que generaban gasto público innecesario. Bajamos impuestos, tuvimos avances inéditos en el equipamiento para seguridad, pasamos a un superávit de 0,3 puntos del PBI, hemos logrado bajar la deuda y la inflación, entre otras decisiones”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Las estimaciones de la Oficina de Programación económica dan un tipo de cambio de $1.423, inflación esperada del 10%, y un crecimiento económico del 5%”.

En cuanto a los ejes para la formulación de la Ley de Leyes, detalló: “Acompañamiento social sin intermediaciones donde el foco absoluto está en que los argentinos sean más libres de votar, de poder salir a trabajar. Acá está la posibilidad de que los planes sociales sean compatibles con el trabajo que es algo que no se venía haciendo”.

Sobre la Garantía de cobertura señaló que “hay una regla del 95% que es importante en materia de ayuda social donde la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar tienen que cubrir el 95% de la canasta básica y estos objetivos de ayuda social se van a cumplir independientemente de lo que suceda con la cuestión económica del país. Hemos aumentado todo tipo de asignación social para que los sectores más vulnerables se sientan protegidos”.

Al hablar del equipamiento y modernización de la defensa, explicó que es “una política de este Gobierno de poner en valor la defensa y la seguridad. Entender quién es la víctimas y victimarios y darles el valor que le habían quitado a las fuerzas de seguridad que tanto cuidan al país”.

Atauche también se refirió a la desregulación y transformación del Estado el cual definió como “un Estado más moderno, eficaz y eficiente cuyo principio fue el DNU 70/23 y la Ley Bases donde se registraron más de 2.335 normas que fueron derogadas, desreguladas y eficientizadas”.

“Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero. Proyectamos un superávit del 0,3% del PBI que significa que no vamos a tener que pedir préstamos o emitir moneda que se logran con resultado primario de un superávit del 1,5%, un superávit financiero del 0,3%”, precisó y sumó que el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve, donde un 45% es para la previsión social, jubilaciones y pensiones, 16% para la asistencia social, 11% para salarios del sector público más 9% de intereses de la deuda y queda un margen operativo de 18% que van para subsidios y universidades”.

El libertario hizo un apartado sobre el artículo 12 del Presupuesto en el cual “exigimos que las Universidades Nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas la información necesaria para la transferencia de recursos, este artículo se presentó en los presupuestos anteriores y hoy lo volvemos a incluir”.

“2% de gastos de capital, inversión en obra e infraestructura y 6 a 7% queda para el resto de la gestión como emergencias, planes de seguridad, de salud, etc. El 80% del gasto total tiene una cláusula de indexación o de actualización que tiene que acompañar la inflación; el 61% del gasto primario está indexado por ley y 12% del gasto salarial también”, precisó.

El jujeño explicó que estiman un crecimiento de los recursos en unos 0,2 puntos del PBI, en términos nominales un crecimiento del 20,8%. “Los ingresos corrientes aumentan en un 20,7%, los totales en un 20,8%. Los ingresos impositivos serán de 90 billones de pesos un 20,7% de aumento; aportes y contribuciones a la seguridad social 18,4% aumenta”.

“Pretendemos que Argentina crezca y se modernice, que haya seguridad en pasos fronterizos, seguir financiando obras. Este Presupuesto incluye un Régimen de Extinción de obligaciones recíprocas a la cual se suscribieron 18 provincias que, algunas de ellas, aumentaron sus gastos y habla de una falta de compromiso con respecto a ordenar el país y es hora que se pongan a trabajar en bajar el gasto”, planteó.

Al cierre de su alocución, Atauche destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit, no vamos a gastar más de lo que ingresa, vamos a ordenar las cuentas y vamos a asegurar un futuro mejor”, y resumió: “El Presupuesto tiene equilibrio fiscal, superávit financiero, crecimiento económico, eliminación de la emisión monetaria, modernización del equipamiento de seguridad y justicia, desregulación y transformación del Estado, regulación de la carga tributaria, ordenamiento de pasivos con las provincias, gasto social sin intermediaciones; aumento del 21,4% en salud, 11,6% en educación, aumento de becas y programas; aumento en 9,2% en seguridad social, en ciencia y tecnología 4,1%, etc”.

En medio de un arranque conflictivo, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, presentó una cuestión de privilegio en reclamo por lo ocurrido en la conformación de las comisiones durante la semana pasada en la Cámara alta. La sesión extraordinaria comenzó caliente y el formoseño aseveró que “están violentando la Constitución para sacar un despacho”.

La semana pasada se conformaron cuatro comisiones en la Cámara alta que se abocaron a los despachos del Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, la Modernización Laboral y la modificación a Ley de Glaciares. Los vocales que le asignaron al interbloque Popular fueron 5, pero el formoseño considera que “en comisiones de 19 integrantes nos corresponden 7 y en las de 17, también”.

Extenso en su discurso, el presidente del bloque peronista lanzó críticas contra La Libertad avanza y contra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. “No se puede obviar el recinto y hay cosas que están establecidas por el reglamento”, cargó Mayans, quien agregó que “no entiendo porque violentan todo esto”

Crítico del proyecto de ley de Presupuesto 2026, se dirigió a los exintegrantes de Juntos por el Cambio y recordó los tratamientos de la “ley de leyes” durante el gobierno de Alberto Fernández: “Cuando ustedes eran oposición pedían que venga el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el jefe de Gabinete, pero ahora vienen con un tratamiento exprés y avanzan con las comisiones por las firmas”.

En defensa de lo expresado por su par de bloque, Cristina López, invocó a Ley de Fueros y expresó que “no se puede tocar un legislador ni su despacho”. Repudió, además, que los otros espacios no se hayan solidarizado con la fueguina y agregó: “Es una vergüenza que se presten a esto”.

Por último, cargó contra el Poder Ejecutivo Nacional y los recursos presupuestarios que definirá el proyecto de ley en virtud de los gastos destinados al funcionamiento del Senado: “No se puede ser que el Senado no tenga presupuesto”.

En su debut en el recinto de la Cámara alta este viernes en la sesión para tratar el Presupuesto 2026, el rionegrino del bloque Fuerza Patria Martín Soria planteó una cuestión de privilegio contra la exministra de Seguridad de Javier Milei, la actual senadora Patricia Bullrich, por la “maniobra extorsiva” que montó para intentar garantizarse “una narco diputada”, la senadora rionegrina Lorena Villaverde y el “clan Fred Machado”, pudiesen acceder al Honorable Senado de la Nación.

Soria recordó que Bullrich también fue ex ministra de Mauricio Macri, ex presidenta del Pro, ex ministra de Seguridad Social y de Trabajo de Fernando De la Rúa. Así, lamentó que “en este contexto de crisis que atraviesan las familias y las provincias argentinas en este fin de año, mi primera intervención sea una cuestión de privilegio en un tema como este. Pero la gravedad del accionar de esta senadora, verdaderamente hace que me sea imposible dejar pasar por alto esta situación que resultó una maniobra extorsiva y lamentable”.

“Todos conocemos el oscuro y nefasto personaje que era esa diputada y electa senadora Lorena Villaverde”, describió y agregó: “Un personaje que a través de su largo y delictivo prontuario vinculado casi siempre al narcotráfico pudo acceder a este Senado, pero le cerramos las puertas”.

En ese sentido, habló del vínculo entre Villaverde y el “narcotraficante” Fred Machado que fue extraditado de Estados Unidos “luego de cuatro años de protección de esta Corte Suprema, la peor de todas. Y sus antecedentes de narco lavado y narcotráfico, con aviones en el intento de construir empresas para lavar dinero del narco como en Guatemala a través de minas de oro”.

“Hasta los más fieles del Gobierno de Milei se alertaron y se preocuparon por la posibilidad de que esta institución del Estado le abriese las puertas a la narcopolítica en el país a esta mujer”, planteó.

Soria sostuvo que “todos coincidimos acerca de la inhabilidad ética y moral esta diputada rionegrina, pero la exministra montó un operativo de extorsión para rescatar y abrirle las puertas de este Senado, aparte de la familia al clan Machado”.

En esa línea, recordó que el pasado 19 de noviembre cuando se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el título de los senadores electos, Bullrich “ingresó a este Senado con dos sobres en manos que contenían dos impugnaciones contra dos senadores del peronismo, en clara respuesta a una impugnación que los apoderados del PJ de Rio Negro habían hecho contra Villaverde. El objetivo de Patricia era claro: propiciar una suerte de muerte cruzada porque querían cargarse a uno de los que destapó este vínculo”.

“Es muy preocupante que el Presidente y su principal alfil, la ministra de Seguridad en su momento, hayan dejado sus labores ejecutivas para el 19 de noviembre y coordinar esta maniobra extorsiva e intentar salvar a una narco senadora electa, pero la gravedad reviste en la falsedad y en el berretismo del que han hecho gala para intentar inhabilitar a dos senadores electos del PJ”, y procedió a leer sendas impugnaciones.

Soria apuntó que “la defensa de la senadora Villaverde y esta sociedad con el clan Machado vino directa de Casa Rosada como un código de la mafia, no se perdona a quien se meten con ellos”. Así, planteó que sustentaron la impugnación en su contra con “supuestos graves y diversas causas judiciales que tramitaron en mi contra”, y contó que tenía 2 causas “bochornosas” que fueron “desestimadas por inexistencia de delito y archivadas hace casi siete años atrás cuando Machado financiaba la campaña de José Luis Espert”.

Sin acuerdo de Labor Parlamentaria, la sesión extraordinaria de este viernes comenzó con un quórum holgado: fueron 47 los legisladores que se sentaron en sus bancas a las 12.19. Casi todas las bancadas dieron el presente con la excepción de los 21 integrantes del bloque Justicialista.

Desde antes de las 12, los 19 miembros de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, ya estaban repartidos en sus bancas en el flanco derecho del recinto de la Cámara alta. Junto al oficialismo estuvo también el cordobés Luis Juez -Frente Cívico de Córdoba- que conformó el interbloque con los libertarios después de la ceremonia de juras.

Aliados del oficialismo en el Senado, estuvieron los diez legisladores del bloque radical y los tres del Pro.

Con el respaldo de sus gobernaciones, también llegaron temprano la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo. También dieron quórum los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la chubutense Edith Terenzi; y el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Por el lado del interbloque opositor, solamente se sentaron los cinco miembros de Convicción Federal: el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el puntano Fernando Salino.

Presentes en el recinto del Senado, pero si dar quórum a la sesión extraordinaria estuvieron los integrantes del bloque Justicialista con José Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti a la cabeza; y los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno.

No pudo ser para Lorena Villaverde, la mujer fuerte de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que finalmente no consiguió asumir en el Senado de la Nación, ante las vinculaciones que le asignaron con el narcotráfico, o al menos los casos judiciales en los que estuvo involucrada. En su lugar asumió este viernes Enzo Fullone, quien la había secundado en la lista que presentó La Libertad Avanza el 26 de octubre pasado en Río Negro, una de las ocho provincias donde se votaron este año senadores.

De 37 años de edad, extitular de Vialidad Nacional en esa provincia, Fullone creció políticamente en General Roca y se inició en el radicalismo, del que terminó alejándose. Fullone cuenta con el apoyo político de Karina Milei y Martín Menem.

Llega al cargo luego del paso al costado dado por su madrina política, Lorena Villaverde, quien finalmente sucumbió a las presiones dentro de su mismo espacio para que se apartara y no complicara a su partido. Las denuncias que la involucraron tenían que ver con su arresto en 2002 en Florida, Estados Unidos, acusada de llevar consigo una importante cantidad de cocaína. También habría tenido otra condena en ese país vinculada al mismo tema, aunque las mismas fueron anuladas (se dice que luego de un acuerdo con la DEA). En la Argentina tiene causas vinculadas al lavado de dinero y estafas inmobiliarias, que la complican mucho políticamente.

Villaverde es además pareja de Claudio Alberto Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, procesado en Estados Unidos por narcotráfico. La actual diputada rechazó todas las acusaciones en su contra y habla de “tres causas inventadas”, asegurando haber sido absuelta en las que la involucraron en Estados Unidos. Pese a ello, terminó renunciando a su banca en el Senado.

A su sucesor, lo han relacionado también con Fred Machado, pero él ha negado toda vinculación.

Con singular expectativa por el destino que vaya a tener la votación en particular del Presupuesto Nacional 2026, se inició este viernes a las 12.18 la sesión extraordinaria en la que está previsto también el debate del proyecto de Inocencia Fiscal. En la reunión de Labor Parlamentaria no hubo acuerdo respecto de la manera de votar -si era capítulo por capítulo, como se hizo en Diputados, a instancias del oficialismo; o por artículo, como deseaba el peronismo-, por lo que eso lo resolvió el pleno antes de arrancar el debate de la ley de leyes. Mismo escenario que lo que sucedió en Diputados ocho días atrás, el oficialismo logró imponerse en esa votación por 39 votos a favor y 33 en contra, lo que generó la reacción adversa del interbloque conducido por José Mayans, que reclamó por considerar que para imponer esa moción necesitaban los dos tercios del Cuerpo.

El Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del 5% para 2026, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con el antecedente de lo sucedido el 17 de diciembre en Diputados, donde la oposición logró hacer caer el Capítulo XI del texto original, cuyo artículo 75 proponía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos, la gran duda de este viernes pasa por otro artículo ríspido: el 30°. Ese artículo deroga en sus incisos el artículo 9° de la Ley 26.206 de Educación Nacional; como así también los artículos 5°, 6° y 7° de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52° de la Ley 26.058, de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

La oposición dialoguista tiene reparos respecto de esa norma, como así también con el artículo 12°, que autoriza a la Secretaría de Educación a congelar el envío de fondos a una universidad si considera “insuficiente” la información remitida por esa casa de estudios sobre la asignación y el uso que tendrá ese dinero. En principio, el texto asigna como crédito para el funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de 4 billones 785 mil millones de pesos. Pero establece que esas casas de altos estudios “deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieran por todo concepto.

El proyecto estima para el sector público nacional, ejercicio fiscal 2026, un resultado financiero superavitario de $2.734.029.655.055. Además, fija en la suma de $148.069.293.526.549 el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2026.

El proyecto estima en la suma de $148.295.762.681.598 el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional, y fija en la suma de $20.721.561.948.071 los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración Nacional en la misma suma.

El resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de $226.469.155.049. Asimismo, fija en la suma de $391.506.555.376 el importe correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones financieras de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la Administración Nacional en la misma suma.

El debate

Como miembro informante, abrió el debate el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) quien resaltó que “intentamos sancionar un Presupuesto que tenga una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero y precisó el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve" y destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit”.

Desde el lado de la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich eligió hablar por 40 minutos en lo que tocó diferentes cuestiones vinculadas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Consideró que el tratamiento de este texto es una “violación sistemática del reglamento”, y sintetizó:  Nos oponemos porque este Presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional y necesitamos un debate sin restricciones”.

Integrante del bloque Justicialista, consideró que el presidente Javier Milei ha hecho un “abuso” de la emisión de decretos de facultades delegadas avalados por la Ley de Bases, y con respecto al tratamiento de esta “ley de leyes”. En el final de su extensa intervención en el recinto de la Cámara alta, Capitanich pidió votar en contra del artículo 30 del dictamen en revisión que establece recortes en la educación técnica. “Le quitamos recursos específicos a las escuelas técnicas, pero le sacamos impuestos a las aeronaves y a las embarcaciones”, cuestionó.

También sobre el artículo 30 se refirió el radical Maximiliano Abad, quien arrancó: "En nuestro país la discrecionalidad se convirtió en rutina y la rendición de cuentas en una rareza; yo celebro que estemos a punto de sancionar el Presupuesto, porque eso fortalece la institucionalidad de nuestro país y el funcionamiento republicano".

Sin embargo, a continuación dijo que quería "advertir con gran preocupación que, bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo". "El artículo 30 yo lo llamo 'el artículo escoba', porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia". Y puso como ejemplo la inversión en ciencia de países que admira la gestión mileísta: "Estados Unidos invierte el 3,45% del PBI en ciencia e Israel está por encima del 5%".

"No podemos condenar a la Argentina a la mediocridad", afirmó y consideró que "lo que se viene en Argentina es decisión política: si van a seguir metiendo la mano en las universidades, si van a seguir metiendo la mano a las personas con discapacidad, en los hogares de las zonas frías o si definitivamente se van a animar a desarmar muchos de los privilegios que existen".

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, resaltó que "han pasado dos años, la mitad de esta gestión, sin una hoja de ruta clara, por eso creo que hoy venimos a subsanar esto". "El Presupuesto no es un trámite administrativo, es un acto profundamente político y una definición sobre el Estado que queremos", señaló.

En ese sentido, la legisladora dijo que este Presupuesto "no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad". "Tiene un superávit financiero que es útil como herramienta, pero la macroeconomía tiene que acompañar al desarrollo productivo del país. El equilibrio fiscal no puede convertirse en un dogma, no puede inmovilizar a la producción", advirtió.

También, Ávila reclamó por las obras: "Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura". "Aprobar este Presupuesto obviamente no es un cheque en blanco", manifestó, al afirmar que eso es mejor que no tenerlo por tercer año consecutivo.

A su turno, el senador Wado de Pedro centralizó una parte de su intervención en el área educación destacando el artículo 30° “da vergüenza ajena”. “La misma que tuvo el secretario de Hacienda cuando vino a decirnos a la Comisión de Educación que estaban interesados en el tema, porque habían aumentado el presupuesto del sector”, señaló, asegurando que “vino a tomarnos el pelo: todos sabemos que desde que asumió, la educación perdió 45 puntos reales”.

Sostuvo en tal sentido que el funcionario “tiene que defender con coraje sus ideas, no mentirle a la gente”. Y detalló lo que elimina el artículo en cuestión, que en sus incisos elimina la meta del 6% del PBI destinado a la educación. “El secretario de Hacienda mintió, porque cuando el senador Capitanich le preguntó por qué eliminaban el artículo 9, dijo que era porque nunca se había llegado a esa meta”. Por el contrario, De Pedro mostró un gráfico que mostraba que en 2015 se había llegado al 6,1%.

Luego citó el inciso que “deroga una ley que pone como norte que Argentina puede llegar al 1% de inversión en Ciencia y Tecnología en 2032”. Por el contrario, sostuvo que “debemos invertir mucho más en conocimiento”, y advirtió que hoy estamos en “el piso más bajo de los últimos 20 años en inversión en Ciencia y Tecnología”. En cuanto al inciso siguiente, consideró que se mete con “una ley totalmente noble que tiene mucho que ver con esa Argentina pujante del interior”, y se preguntó “cómo vamos a desfinanciar a las escuelas técnicas; desfinanciar las herramientas que necesitan más de 1.900.000 argentinos que quieren estudiar”.

“Hay un discurso gorila que permanentemente dice que los jóvenes no quieren estudiar, no les gusta trabajar… Pónganse de acuerdo: muchas veces en los medios escuchamos de los jóvenes que no quieren estudiar, los vagos, y estamos desfinanciando a la escuela técnica. Es una vergüenza”, cerró.

“Que nos hablen de obras que no se hicieron, y que lo haga la senadora por Santa Cruz, una provincia donde se pagaron rutas que nunca se hicieron y todavía se están buscando…”, señaló en un pasaje de su discurso el libertario Agustín Monteverde. El economista debutó en el recinto diciendo que “este proyecto de presupuesto rompe con esa lógica: no hay ingresos ocultos por subestimaciones, no tiene atajos contables; aquí hay proyecciones responsables y consistentes, alineadas con el objetivo de reordenar las cuentas públicas porque lo que se busca es devolverle credibilidad a la economía y dignidad a la política”.

“No es insensibilidad ajustar el gasto a los recursos disponibles; en cambio sí es flagrante crueldad financiarlo con inflación, castigando a los que menos tienen”, señaló.

La senadora salteña Alejandra Royón advirtió que “acompaño en general este presupuesto”, adelantó, advirtiendo que “acompañar no es callar, no es no mirar y señalar lo que creemos que está mal”. Y en ese sentido aclaró que “acompaño por una cuestión de federalismo, pero también acompañar es proponer y corregir”.

“En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación –dijo-. En vez de derogar, nos pongamos a gestionar, a hacer mejores propuestas”.

En representación del Frente Pro, el misionero Martín Göerling planteó que el debate del Presupuesto se trata de “en qué se va a gastar el esfuerzo de todos los argentinos. Porque el dinero que se recauda y que se va a gastar que está en esta ley sale de los impuestos de los argentinos, el Estado no genera riqueza, sino que administra la riqueza que generan los argentinos que trabajan”.

El senador del Pro celebró el debate del Presupuesto con equilibrio fiscal “es algo muy positivo para que los argentinos sepan en qué se está gastando eficientemente”. Así, remarcó que “desde el Pro tuvimos la responsabilidad de dar gobernabilidad y dándoles las herramientas para que puedan gobernar, pero apoyar este Presupuesto no significa darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, también le exige responsabilidad al Gobierno y cumplir los acuerdos que hay, por sobre todo con las provincias”.

A continuación, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, celebró el tratamiento del Presupuesto, valorando todo lo bueno que veía en el presupuesto, pero también dijo que gobernar sin presupuesto, como ha hecho esta gestión durante dos años, “es una falta de respeto hacia las instituciones; una expresión de autoritarismo que no se puede permitir”.

Reconoció que jamás se logró cumplir el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la educación y se llegó a niveles de calidad educativa de los peores. ¿Cuál es la conclusión?, se preguntó. “No es darle recursos y plata a la gente para que salga adelante, sino darle más educación”, remarcó. En ese sentido, el correntino reclamó “un esfuerzo enorme para contribuir a la eficiencia, y no se trata de recursos”.

Agregó el jefe radical que “es muy difícil un crecimiento sin educación; es muy difícil que haya inversión pública sin argentinos que puedan ser empleables, y la empleabilidad viene de la mano de la educación”. Cerró adelantando que su bloque votaría a favor en general, mientras que “en particular algunas diferencias podemos tener”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Día D para el oficialismo. En el Senado, en una sesión que se iniciará a partir del mediodía de este viernes, comenzará a resolverse a esa hora si el Gobierno termina el año en el Congreso con señales muy positivas, o si todo lo que logró revertir a partir del resultado electoral del 26 de octubre termina opacado por una realidad imprevista.

Es que si resulta aprobado el Presupuesto 2026, el Gobierno podrá eclipsar las dudas que surgieron cuando en Diputados le borraron el Capítulo XI, y dará por cerrado este año tan complicado con semblante aliviado. Pero si sucede lo contrario y el proyecto vuelve a Diputados, por más que allí vaya a ser luego ley entre el lunes y martes que viene, todo será diametralmente distinto.

Es que se descuenta que La Libertad Avanza tiene los votos para aprobar en general la ley de leyes. Contribuye en ese sentido que una parte del interbloque Popular votará a favor en esa instancia. Serán al menos cuatro de los cinco integrantes del bloque Convicción General los que se sumarán al oficialismo y los senadores dialoguistas para elevar el número de la aprobación del Presupuesto por encima de los 40 votos.

El tema es que, como suele suceder con ese tipo de proyectos, al iniciarse el tratamiento en particular comenzará otro partido. El problema el Gobierno lo tiene en un artículo en particular en el que algunos senadores del radicalismo han expresado sus reparos: el 30°, que en sus incisos deroga el artículo 9° de la Ley 26.206 de Educación Nacional; como así también los artículos 5°, 6° y 7° de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52° de la Ley 26.058, de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Allí surgieron las voces de los senadores radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama, que objetaron esas disposiciones y si esa postura se extiende, el oficialismo estará en serios problemas.

Habrá que ver si el oficialismo logra como en Diputados que se vote por capítulos y no por artículos. Si es como en la Cámara baja, el artículo 30° está en el Capítulo II del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2026.

El Gobierno, que vio caer el 17 de diciembre el Capítulo XI, no quiere correr riesgos y por eso terminó aceptando no introducir modificaciones que pudieran compensar en parte lo que pierden con lo que debió resignar en Diputados. Pero no podrá hacer mucho, pues lo que ya no puede es hacer cambios. Y lo que quiere evitar es que modificaciones como la caída del artículo 30° obliguen a volver a reunir a la Cámara baja para cerrar el circuito del tratamiento del Presupuesto. Hasta no habría que descartar que si este viernes se aprobaran modificaciones que redujeran más el proyecto oficial, el Presidente resolviera finalmente vetarlo.

Todo quedó en manos de la presidenta del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich, quien monitorea todo el tiempo la cantidad de apoyos con que cuenta la iniciativa.

Es que un eventual traspié podría tener un efecto dominó con respecto al resto del temario de extraordinarias. Las reformas impulsadas por el Gobierno resultarían amenazadas, como ya sucedió con la laboral, cuyo tratamiento se postergó para febrero ni bien el oficialismo trastabilló en Diputados.

En los últimos días del año, la vicepresidenta Victoria Villarruel dejó al descubierto una tensión que viene creciendo puertas adentro del oficialismo: la falta de recursos para el funcionamiento del Senado. Lejos de suavizar el mensaje, eligió plantearlo en público y frente a periodistas acreditados en el Congreso, en una señal que apuntó directamente hacia la Casa Rosada.

La titular de la Cámara alta afirmó que el cuerpo legislativo se prepara para cerrar diciembre “con números en rojo”, pese —según remarcó— a haberse manejado “con austeridad”. La frase, divulgada tras una actividad institucional en el Senado, encendió alertas porque describió una situación que, aseguró, no tiene antecedentes: un inciso presupuestario con saldo cero, algo que —sugirió— no ocurre en Diputados, presidido por Martín Menem.

El reclamo no fue casual ni aislado. Villarruel marcó una diferencia clara entre los recursos otorgados a ambas cámaras —particularmente en los rubros “Bienes de uso” y “Bienes de consumo”— y dejó entrever cierta inequidad en la distribución. Desde el Gobierno, mientras tanto, buscaron bajar el tono y señalaron que se encuentran revisando y recalculando partidas, lo que, según funcionarios, debería corregir el desfasaje en los próximos días.

El senador nacional Fernando Salino, presidente del bloque Convicción Federal -dentro del interbloque Popular-, admitió que su bancada podría dividirse a la hora de votar el Presupuesto 2026, luego que trascendiera que algunos integrantes del espacio acompañarían en la votación en general el proyecto del Gobierno.

"Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas", dijo sobre el bloque que integran, además de él, la jujeña Carolina Moisés; el riojano Fernando Rejal; el catamarqueño Guillermo Andrada; y la tucumana Sandra Mendoza, última en sumarse.

Salino dirige el bloque de legisladores con impronta y agenda "federal" que a comienzos de este año se alejó de la bancada comandada por José Mayans, aunque se mantuvieron y actualmente mantienen dentro del interbloque peronista/kirchnerista, hoy conformado por los bloques Justicialista, Convicción y Frente Cívico por Santiago, bajo el nombre Popular.

En declaraciones con radio Rivadavia, el puntano confirmó su voto: "Yo voy a votar en contra del Presupuesto". Y, en cuanto a sus pares, expresó que van a "evaluar la situación, ver cuál es la mirada. Algunos tenemos más discrepancias, otros tienen algunas menos, pero no es el Presupuesto que claramente nos gustaría a ninguno de los cinco".

"Seguramente no tendremos una posición uniforme", afirmó. Además, cuestionó el debate exprés de la ley de leyes. "En la Comisión de Presupuesto hubo un atropello, esperábamos un tratamiento mucho más profundo y equitativo. Nuestras preguntas no han sido del todo respondidas", señaló.

Para el opositor, "el oficialismo no terminó de resolver las diferencias que tiene; hay sectores que pretenden que corrijamos lo que pasó en Diputados", indicó en referencia al Capítulo XI que fue rechazado en la cámara de origen y proponía la derogación de leyes insistidas por el Congreso.

En esta línea, consideró que "si el Ejecutivo presiona en este sentido se le va a dificultar"; mientras que si se vota el texto tal cual salió de la Cámara baja "aparentemente los votos están".

"Que a nosotros no se nos respete la proporción y no se nos permita trabajar en el Presupuesto no contribuye en nada a que nosotros aportemos positivamente", se quejó sobre los lugares que le dieron al peronismo en las comisiones. Al mismo tiempo, consideró un "error garrafal" del Ejecutivo que "tendría que tener otro diálogo con los legisladores" porque "en definitiva somos quienes tenemos que votar".

Sobre la iniciativa, Salino criticó el artículo 30 que prevé la derogación de artículos de leyes que hacen al financiamiento en educación, ciencia y defensa. "Yo fui ministro de Educación de San Luis, no puedo aprobar el artículo 30. Fui rector de la Universidad de la Punta, no pudo aprobar el artículo 30", manifestó.

Por otra parte, observó que "el Ejecutivo celebra volver a endeudarse. No propone salirnos de la deuda, sino seguir endeudándonos y crear condiciones para nuevos elementos de deuda".

A la espera de la sesión extraordinaria del viernes en el recinto de la Cámara alta, un grupo de legisladores del peronismo se reunió este lunes junto a estudiantes en el Congreso de la Nación. Ambas partes se proclamaron a favor de rechazar el artículo 30 -modifica la Ley de Educación Técnico Profesional- del dictamen del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

Por el Senado estuvieron el chaqueño Jorge Capitanich, el chubutense Carlos Linares y el camporista Mariano Recalde; mientras que por la Cámara de Diputados estuvo Julia Strada. Acompañaron a los legisladores, el exdirector del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) Gerardo Marchesini, y estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agro-técnicas de la provincia de Buenos Aires y CABA.

La propuesta con despacho que la Cámara alta debatirá el viernes 26 a las 12 propone en su artículo 30 la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; el 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley d27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Uno de los ítems del encuentro fue el reclamo por la continuidad del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP); y la insistencia con la necesidad de ampliar los recursos para financiar la educación destinada a formar jóvenes especializados para ocupar puestos en la producción industrial y agropecuaria.

De cara a la sesión del próximo viernes 26 de diciembre, Capitanich señaló que Ley de Educación Técnica (26.058) se venía cumpliendo “casi a rajatabla de las metas correspondientes con 1.900 millones de dólares”, pero mencionó que las excepciones fueron en la pandemia y en el gobierno de Mauricio Macri. “Con dichos recursos se construyeron y remodelaron escuelas, se compraron equipos y se invirtió en tecnología diversa para la formación calificada de los jóvenes”, destacó.

La iniciativa había sido motorizada durante la presidencia de Néstor Kirchner: “Nosotros valoramos mucho la formación técnica, que fue una creación de Juan Domingo Perón. Después vino la universidad obrera, que luego se convirtió en Universidad Tecnológica Nacional, y también se estableció la gratuidad universitaria”, remarcó el chaqueño.

Luego, añadió que “la industria argentina genera cerca de 2,6 millones de empleos y eso tiene un soporte que no puede tirarse por la borda”, y recordó que los países más desarrollados ponen especial énfasis en la formación de técnicos idóneos para sus respectivas industrias.  Según estimo, a la educación técnica le correspondería alrededor de 204 millones de dólares para el próximo año para cumplir con lo establecido en la Ley 26.058.

Para terminar, reiteró que la postura del interbloque Popular que, al igual que su símil expresión política en la Cámara de Diputados -Unión por la Patria-, se opondrá a la votación en general y a las particulares que votarán capítulo por capítulo. Cabe recordar que la media sanción salió sin el Capítulo XI y el oficialismo en el Senado buscará que la sanción definitiva sea este viernes, sin nuevas modificaciones.

Llegan las fiestas, semana corta en un Congreso muy activo hasta el final. Aunque no tanto como se esperaba, por lo que anticipaban quienes redoblaron la apuesta hablando de actividad plena en ambas cámaras, entre el 10 de diciembre y el 30. Al final, será como originalmente había anticipado parlamentario.com: el Presupuesto Nacional 2026 sería ley, lo mismo que el proyecto de Inocencia Fiscal. El resto del temario de extraordinarias quedaría para febrero.

Pasaron cosas, claro está. Porque sobre la marcha se supo de las intenciones oficiales de redoblar la apuesta y terminar el mes al menos con la media sanción de la modernización laboral, también. Fue lo que motivó un andar apresurado de la Cámara alta, que dejó jirones en la relación entre el oficialismo y la principal oposición en el Senado, por el armado apresurado de las comisiones que salteó algunas instancias reglamentarias.

Fue lo que generó una mañana de miércoles en el Senado, con los senadores del ahora denominado interbloque Popular protestando a viva voz por dos cuestiones no menores: la convocatoria a armar las comisiones salteó un artículo del reglamento que establece que debe ser el pleno el que delegue esa facultad en el presidente del Cuerpo; y la conformación de las comisiones se hizo alterando el sistema D’Hont, en detrimento del peronismo. Razón por la cual los senadores alineados tras la jefatura de José Mayans prometieron ir a la Justicia, con la intención manifiesta de trabar la implementación de la reforma laboral. Ya se verá qué tan lejos llegan los senadores peronistas, por un lado, y llegado el momento cómo reacciona la Justicia, no siempre a gusto al tener que inmiscuirse en cuestiones de otro poder.

Lo cierto es que no fueron los métodos del Senado los que complicaron el organigrama dispuesto en esa Cámara para el desarrollo de los dos temas que se habían impuesto aprobar: la ley laboral y la reforma de la Ley de Glaciares. Porque en definitiva, el debate de ambos temas en las comisiones del Senado se hizo de manera civilizada y -si bien acelerado- ordenadamente. Los peronistas decidieron autoexcluirse de las comisiones, cuestión de desautorizar su funcionamiento, y por eso no emitieron dictamen alguno, pero participaron activamente de las reuniones.

El problema surgió en el lugar en el que todo estaba más encarrilado, Diputados, donde el oficialismo se “sobregiró” y se pasó dos pueblos… Fue cuando el texto definitivo del Presupuesto modificó la redacción del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre pasado para incluir en un mismo capítulo una serie de cuestiones en las que se destacaba como un letrero lumínico el artículo 75 que derogaba dos leyes a las que no citaba por su nombre, sino por el número. Como si con eso fueran a pasar desapercibidas.

Hablamos de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, dos cuestiones que se llevaron la atención principal durante buena parte de este 2025 y que pasaron no una, sino dos veces por cada una de las cámaras: fueron aprobadas e insistidas por la Baja y la Alta, rechazando con más de los dos tercios sendos vetos presidenciales. La inclusión de ese texto en la ley de leyes dicen que fue sugerida por Luis “Toto” Caputo, obsesionado por mantener el déficit cero, pero pareció obedecer a intenciones aleccionadoras de parte de un Gobierno que hoy se siente mayoría en ambas cámaras.

Pero no lo es, pequeño detalle. Ni en Diputados, ni en el Senado. En la primera de esas cámaras debe reunir en cada sesión un 13% de los miembros para arrancar cada sesión; en la otra, el 22%. Lo mismo para la aprobación de cada proyecto.

La propia oposición se lo hizo notar al oficialismo el miércoles pasado en el inicio de la sesión. No hablamos de la primera votación, en la que el oficialismo consiguió aprobar que en el tratamiento en particular se votara por capítulos, sino a la hora de conseguir el quórum. En las últimas sesiones -todas pedidas por la oposición- se venía viendo que el quórum se reunía antes de los 15 minutos de espera. Esta vez, cuando se iba a tratar un tema que todos querían, aunque no votaran el dictamen de mayoría -hablamos del Presupuesto, que propios y extraños quieren-, se esperó hasta el final. Hicieron transpirar a La Libertad Avanza demorando sentarse en sus bancas hasta las 14.27: faltaban 3 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario que Martín Menem respeta a rajatabla. ¿Hubiera levantado la sesión si a las 14.31 no había quórum? Se supone que sí, y hubiera sido un papelón. Lo cierto es que el bloque Pro llegó sobre el final, pero el quórum lo terminaron dando los diputados de Provincias Unidas, a pesar de que sienten que el presidente de la Cámara los destrató a la hora del armado de las comisiones.

Pero el momento crítico se viviría once horas más tarde, durante el debate en particular de la ley de leyes, al votarse el Capítulo XI. Previamente, a instancias de Nicolás del Caño, la oposición hizo un nuevo y estéril intento por abrir el capítulo y votar por artículos. El oficialismo se hubiera ahorrado el problema que sobrevino luego del rechazo del mismo.

El correlato de lo sucedido en esa instancia se dio horas después en el Senado. La sensación de invulnerabilidad que traía La Libertad Avanza desde el 26 de octubre se rompió apenas se perdió la votación del Capítulo XI. Fue una lección que este oficialismo reforzado en ambas cámaras deberá asimilar, pues no es muy diferente lo que le sucedió en el primer bienio del mandato libertario: del éxito de la aprobación de la Ley de Bases, alcanzado con las minorías cuantitativamente más extremas de la historia, se pasó a la sucesión de derrotas acumuladas en el período ordinario 2025. Por demérito propio. Y en términos legislativos -en política en general- cuando ven débil al adversario, ya no le dejan pasar ninguna.

Muy experimentada en las lides legislativas, Patricia Bullrich tomó rápida conciencia de lo que podía suceder y dejó de lado el trámite exprés para anunciar que pasaban para febrero el tratamiento de los temas pendientes de extraordinarias. En rigor, fue mucho más que sentido común: los senadores que deberían aportar los votos para aprobar la reforma laboral le aclararon que no la votarían, razón por la cual se postergó el debate para febrero. Aunque ambos temas fueron dictaminados, lo que no es un detalle menor. También se admite que podrá haber cambios en el dictamen del proyecto de modernización laboral, lo cual permite distender los ánimos.

Asimismo los senadores dialoguistas le aclararon al oficialismo que votarían el presupuesto proveniente de Diputados, sin los cambios que desde la Casa Rosada habían anticipado para compensar las pérdidas que anticipan el capítulo perdido. De hecho, el oficialismo no tenía asegurada la aprobación del Presupuesto si volvía a Diputados. Y por más diatribas que lance el presidente, necesitan que el Presupuesto salga y demostrar que el Parlamento ya no es un territorio hostil para el oficialismo.

Así se llegará el viernes 26 al Senado, donde tendrá lugar la última sesión del año en este Congreso que fue tan adverso para La Libertad Avanza a lo largo del año. Será la hora en que La Libertad Avanza vuelva a ganar una votación en la Cámara alta y tener aprobadas sus primera leyes, desde febrero de 2025.

Después de que Patricia Bullrich lo reiterara en varias oportunidades, se confirmó oficialmente la sesión extraordinaria del próximo viernes 26 de diciembre a las 12.00. Con el anuncio de la postergación de la Modernización Laboral, el temario incluye al proyecto de ley de Presupuesto 2026 y a la Inocencia Fiscal.

Ambas iniciativas alcanzaron la media sanción en la Cámara de Diputados este jueves por la madrugada y consiguieron el pase a la firma en la Cámara alta este viernes a primera hora. Del mismo modo, los dictámenes pasaron a la firma sin modificaciones en su contenido, por lo que La Libertad Avanza buscará tener el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei.

La oficialización de la sesión fue rubricada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. La cita fue convocada para el 26 de diciembre, un día después del feriado navideño.

Cabe recordar que además del tratamiento de estos dos proyectos de ley, estará la jura del rionegrino Enzo Fullone, quien ocupará la banca que dejó Lorena Villaverde, a quien el Senado no le aprobó el diploma por su presunta vinculación con el narcotráfico y la causa expirada en 2002 donde fue detenida en Estados Unidos intentando transportar cocaína. De todos modos, la legisladora continuará su mandato en la Cámara de Diputados hasta 2027.

De esta manera, el oficialismo en la Cámara alta podrá contar con el bloque completo que tendrá a 20 integrantes más el senador Luis Juez del Frente Cívico de Córdoba en un interbloque.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que desde el Gobierno “están dispuestos” a resolver las deudas con las cajas provinciales a través del Régimen de extinción de obligaciones recíprocas planteado en el Presupuesto 2026.

Fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien le consultó por la relación fiscal con las provincias: “¿Se tiene en cuenta las deudas de las cajas provinciales que no han sido transferidas y cuáles son los montos que reconoce el Gobierno Nacional para el conjunto de las cajas transferidas?”.

Presupuesto 2026

Con la sola voluntad de los funcionarios no alcanza. Los números no cierran y este presupuesto está lejos de la realidad.

En primer lugar, el monto previsto es claramente insuficiente para compensar la deuda que el Estado nacional mantiene con las 13 provincias… pic.twitter.com/oT48B83PaN

— Alejandra Vigo (@alevigo) December 19, 2025

“Es parte del proceso de negociación que estamos llevando con cada una de las provincias en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Todas las deudas que les debamos a las provincias estamos dispuestos a ponerlo sobre la mesa. Hemos compensado en algunas provincias con parte de la caja, en otros casos hicimos acuerdos bilaterales como es el caso de Córdoba”, inició su respuesta el funcionario.

En esa línea, explicó: “Nuestro planteo con todas las provincias por todos los juicios que tenemos en la Corte es buscar la solución de fondo, no queremos esquivarle a la cuestión, queremos resolver el tema. En el mientras tanto, hay situaciones diferentes políticas y financieras de las provincias, ya que hay algunas que están dispuestas a seguir en la confrontación, no se quieren sentar a negociar o quieren pretensiones que no estamos dispuestos a convalidar, pero cuando encontramos un punto razonable lo hacemos. Estamos hablando con todas las provincias, el marco de discusión de la deuda es el mismo régimen y lo planteamos en esos términos”.

“Una de las cuestiones que planteamos como forma de cancelar, en el caso que el Estado tenga una deuda neta, es transferir bienes como parte de un acuerdo de compensación. Hay provincias que aceptan eso y otras prefieren el efectivo”, precisó.

Guberman aclaró que “los montos de deuda las define ANSeS de acuerdo a las simulaciones, están trabajando en el 2022 que es el más reciente que tendrían que empezar a analizar. Lo que está plasmado en el Presupuesto es lo que ya se había pautado con las provincias que había que pagar en 2026”.

“Se han firmado acuerdos con Chaco, con Entre Ríos, con La Pampa y con Córdoba. Estamos llevando adelante el régimen de extinción de obligaciones recíprocas donde creemos que esas deudas se tienen que terminar de resolver en ese marco y ese programa que es nuevo en el Presupuesto tiene una suma de dinero alrededor de 900 mil millones de pesos para el 2026”, comentó.

En el último día de una intensa semana en el Congreso, el oficialismo en el Senado consiguió el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026, aprobado en la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados, y lo llevará al recinto el próximo 26.

El despacho de mayoría (con 11 firmas sobre 17) replica la media sanción, donde La Libertad Avanza perdió en la votación en particular la inclusión del Capítulo XI que, entre otras cosas, preveía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

De esta manera, al oficialismo le quedará por delante la negociación de cambios de cara a la sesión dentro de una semana. Luego que trascendiera que desde Casa Rosada desestimaban la efectividad del plan de gastos y recursos ante la caída de ese capítulo clave, este viernes el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que trabajarán para "corregir ese articulado".

En caso de lograr con aliados modificar el proyecto, éste debería volver a la cámara de origen para su sanción definitiva, en una posible sesión dentro de los últimos dos días hábiles del año. Con una semana por delante -Navidad de por medio-, el Gobierno buscará resolver las estrategias para intentar reponer lo perdido en Diputados. Entre ellas no se descartó un eventual veto, lo que ya despertó enormes críticas. En el Poder Ejecutivo ratifican que las cuentas no le cerrarán si aplican esas leyes el año próximo.

Desde que Javier Milei asumió se encuentra prorrogado el Presupuesto 2023. Esta semana, a la hora de dictaminar en la Cámara baja, LLA sumó el polémico artículo 75 para derogar dos leyes que fueron aprobadas, vetadas e insistidas por el Congreso por dos tercios.

Entre sus habituales aliados y representantes de algunos gobernadores, el oficialismo no logró aval para tal decisión, pero como la votación fue por capítulos, se cayeron también muchas otras cuestiones, como el recorte al régimen de zonas frías y la posibilidad de que las asignaciones familiares no se actualicen por el índice de movilidad.

El Senado tiene dictamen de Presupuesto y sesionará la próxima semana.

Buen trabajo de Ezequiel, del bloque y la comisión. https://t.co/2bmgG3G04b

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2025

Este viernes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, acompañado por otros funcionarios, quien hizo un repaso de la gestión económica estos dos últimos años y señaló que el texto aprobado en Diputados "en esencia no es diferente a lo que planteamos en el proyecto de ley original".

Durante el encuentro que se realizó por tres horas en el Salón Azul, el funcionario respondió preguntas de los senadores, entre ellas recibió numerosos reclamos por la obra pública en distintas provincias y contestó también sobre los fondos a las jurisdicciones con cajas previsionales no transferidas.

También, el secretario defendió uno de los artículos rechazados por la oposición que sí logró aprobarse en la Cámara baja: el número 30, que deroga artículos referidos al financiamiento de la educación, ciencia y defensa.

En una de las intervenciones, el senador Eduardo "Wado" de Pedro reclamó que el presidente Javier Milei había dicho en cadena nacional que "en el presupuesto iban a enviar las partidas necesarias para que esté garantizado el funcionamiento del sistema educativo nacional y el financiamiento universitario". Entonces, preguntó por qué ahora se proponía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Guberman dijo que le resultaba "incómodo" que desde Unión por la Patria "pregunten por la educación" ante "el desastroso resultado de la calidad educativa que encontramos". "El presupuesto en educación aumenta en 7,8% en términos reales, es de las partidas de todo el presupuesto que más crece", defendió y agregó: "La discusión tiene más un componente político que otra cosa y no quiero entrar en ese juego".

"Me parece una falta de respeto a la inteligencia de los senadores decir que están invirtiendo un 7%, cuando todos saben que la caída es del 45% en términos reales desde que asumió el gobierno de Milei", devolvió el legislador kirchnerista. Y, a continuación, lo interrogó directamente: "¿En el dictamen que está circulando van a volver a incluir los artículos que pusieron en Diputados para sacarle el financiamiento a la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario?".

Pero esta vez no respondió el secretario de Hacienda, sino el presidente de la comisión, Ezequiel Atauche, que expresó: "Se ha firmado el mismo dictamen que vino de la Cámara de Diputados". En tanto, el oficialista celebró el despacho y sostuvo que la aprobación del Presupuesto será "un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país". "Esperamos que el Presupuesto se sancione pronto por el bien de todos", sumó, tras agradecer a Milei y miembros del Gabinete.

En otro tramo de su exposición, Guberman hizo referencia a la reforma tributaria -todavía no presentada-. “Es intención nuestra en avanzar en la eliminación de todos los gastos tributarios que hay. Estamos convencidos que todos los individuos tienen que pagar los mismos impuestos por el mismo nivel de ingreso o renta. De hecho, estamos trabajando en un proyecto de reforma tributaria porque queremos eliminar todo el gasto tributario de todos los impuestos”, aseguró.

A menos de 48 horas de su aprobación en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen favorable este viernes al proyecto de ley sobre Inocencia Fiscal.

En un breve trámite, el oficialista Juan Carlos Pagotto fue ratificado presidente. Al tomar la palabra, recordó que se habían convocado varias reuniones anteriores -que no tuvieron quórum- para tratar la modificación al Régimen Penal Tributario.

"El tema es de vital importancia para la vida de los argentinos; para que dejemos de depender de resoluciones generales y empecemos a depender de la ley", enfatizó y señaló que en el régimen "había quedado tan desactualizado el margen de la condición objetiva de punibilidad, que con un millón y medio de pesos cualquiera era cliente del sistema penal tributario".

La Libertad Avanza consiguió el dictamen gracias al apoyo de sus aliados. Sin embargo, desde Unión por la Patria solo se hizo presente el porteño Mariano Recalde para rechazar la composición de las comisiones. "Sí, tienen quórum sobre una integración que nosotros cuestionamos, que se produjo violando el reglamento por la forma y la proporción", se quejó.

El camporista agregó que esperaba que esto "se rectifique, que se convoque a una sesión donde esto se corrija", porque "a la presidenta no le han sido delegadas las facultades por el Cuerpo".

En relación al proyecto, que modifica los umbrales a partir de los cuales se castigará la evasión, el radical Maximiliano Abad dijo: "Celebro el cambio de paradigma en torno a la ley de Inocencia Fiscal, en donde se deja atrás el concepto de que todos los contribuyentes son evasores. Este cambio hace que los contribuyentes sean inocentes hasta tanto y cuanto el fisco, con la documentación y las pruebas, demuestre lo contrario".

Sobre el texto, observó que en cuanto a las multas referidas a la obligación de presentación de declaraciones juradas, no sabía "cuál es el sistema que se utiliza para este cambio" y "tampoco se discrimina entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes". "En la reglamentación eso tendría que discriminarse", sugirió.

En la misma línea, la senadora del Pro Andrea Cristina consideró que "hay que revisar el monto, porque no es lo mismo el impacto económico en un comerciante, una microempresa y una multinacional". "Estamos dispuestos a analizar este planteo", respondió la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

Por su parte, el presidente de la bancada radical, Eduardo Vischi, opinó que "se comete un error de no poner un monto variable, que sea ajustable a la inflación, porque podemos correr el riesgo que en un tiempo esta ley vuelva a tener el mismo inconveniente".

No obstante, el correntino expresó que "es muy importante avanzar en esta norma" por "el cambio del concepto con respecto a los contribuyentes y alguna simplificación que permite cambiar cierto paradigma sobre cómo se entienden las formas de declaraciones juradas y cómo se va a manejar el organismo de control respecto al ciudadano". Y se manifestó a favor de que "se dictamine y aprobarla antes de fin de año".

Juan Carlos Pagotto

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en junio pasado, también conocido como de incentivo al uso de los "dólares del colchón", introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.

Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.

También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.

Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

En la ronda de respuestas durante la presentación del Presupuesto 2026 en el Senado, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, respaldó la suspensión de distintos artículos de leyes sobre financiamiento educativo, en ciencia y defensa, ya que “en los últimos 20 años nunca se cumplieron, porque la situación no se dio”.

Fue el senador chaqueño Jorge Capitanich quien trajo el tema sobre la mesa de debate: “Las leyes que suspenden, por ejemplo artículo 30, nosotros estamos en contra, ¿se van suspender de forma indefinida? ¿Se van a reformar estructuralmente?”. “El tema central del artículo 6 de la Ley 26.206 o la Ley 27.614 respecto de los artículos 5,6 y 7 cuya meta es el 1% en materia de ciencia y tecnología que es muy importante. Es un problema severo como la Ley de Defensa con la Ley 27.565”, apuntó el legislador de UP.

Guberman explicó que “la suspensión de leyes lo único que planteamos es blanquear la realidad, porque desde que existen la mayoría de estas leyes, nunca se cumplieron los presupuestos mínimos que fijan estas leyes”.

“Lo que queremos decir es que, en lugar de hacernos los desentendidos y no cumplir, preferimos suspender para que todos quedamos legalmente cubiertos, ustedes por aprobar el Presupuesto que eventualmente no cumple con esa ley y los funcionarios porque nos parece razonable hacer el planteo”, manifestó.

Guberman dejó abierta la posibilidad de que “si la economía crece y las condiciones están dadas para volver a poner en el Presupuesto el financiamiento de todas estas leyes, bienvenido sea y ojalá lo podamos hacer, pero hoy y lamentablemente en los últimos 20 años no ha sido la situación y por eso no se cumplieron en ningún momento”.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, abrió este viernes el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2026 en el Senado, donde en una de sus primeras frases dijo que lo aprobado por la Cámara de Diputados "en esencia no es diferente a lo que planteamos en el proyecto de ley original".

La frase resultó resonante ya que luego de la media sanción, y la caída de un capítulo clave para el oficialismo que, entre otras, proponía la derogación de las leyes de discapacidad y universidades, desde Casa Rosada trascendiera que el Presupuesto votado -eventualmente convertido en ley- no tendría el efecto esperado para el Gobierno.

Antes de pasar a las preguntas, en su exposición inicial, el funcionario comenzó destacando lo realizado desde la llegada de Javier Milei al poder. En ese sentido, señaló que había "una acumulación de déficit fiscal por 10 años" que "en 2023 llegó a 4,6% del PBI", y además no existía "capacidad de financiamiento de ninguna clase en los mercados, y sin la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria porque el impacto inflacionario era insostenible para adelante".

También habló de "un Estado sobredimensionado" y dijo que "no solo había un problema de gastos, sino también de impuestos. Había que avanzar por los dos lados: eliminando gastos y bajar impuestos".

"Lo que logramos de manera bastante rápida fue ordenar las cuentas fiscales. El año pasado terminamos con un superávit del 0,3% del PBI. Este año vamos a estar alrededor de una cifra similar", anunció Guberman.

Respecto de algunas de las medidas tomadas para bajar el gasto público, enumeró la reducción del 15% del empleo público, que "se discontinuaron 1.700 obras públicas de tamaño menor", y la quita de subsidios, pasando de "60% de la factura pagada por el Estado, que este año será alrededor del 30%".

Sobre la inflación, el secretario de Hacienda expresó: "Estamos convencidos que va a seguir a la baja". "La brecha cambiaria está prácticamente desaparecida", siguió y apuntó que "el riesgo país que venía bajando fuerte" antes de las elecciones, pero durante el proceso electoral "se duplicó". "Pasado ese momento y con el resultado claro, vuelve a ubicarse a niveles inferiores a la etapa previa de la incertidumbre electoral", ponderó.

Justamente sobre lo que fue el proceso electoral, Guberman recordó que el proyecto de Presupuesto se hizo con variables medidas el 1ro. de agosto pasado, con una inflación proyectada en 10% para el año que viene, cuando "el mercado esperaba 16%"; y un tipo de cambio a $1.423 que el mercado estimaba en $1.550. "Esto fue parados en agosto, cuando hicimos el escenario macroeconómico y las variables no eran muy distintas a las que esperaba el sector privado", resaltó.

"Este año estamos planteando un proyecto de Presupuesto que en 2026 se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos dos últimos años, con un superavit financiero alrededor de 0,3% del PBI", sostuvo el funcionario.

Además, remarcó que se priorizan "los gastos que tienen cláusulas de ajuste automático, como jubilaciones y asistencia social y el remanente lo asignamos al resto de las prioridades de gasto que tiene el Poder Ejecutivo".

En cuanto a la composición del Presupuesto, precisó que "tiene 45% destinado a previsión social (jubilaciones y pensiones), 16% a asistencia social, 11% a salarios de todo el sector público, y 9% es la cuenta de intereses de la deuda. Solo esto suma el 82%".

"En el 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario, esas dos cosas solas son prácticamente el 10%. Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión", agregó y mencionó también que "el 2% es para gasto de capital" y "el 7% del resto para movilización de fuerzas federales, necesidad de compra de medicamentos y vacunas, compras de libros y plan de alfabetización... el grueso de la gestión de políticas públicas".

Al detallar estos porcentajes, Guberman enfatizó que lo hacía "para que veamos la dificultad de tomar decisiones o ajustar determinadas cuestiones dentro del Presupuesto" ante el escaso margen.

Por otra parte, al referirse a la relación con las provincias, expuso un gráfico con las jurisdicciones que presentan incumplimiento de la regla del gasto, y señaló que "si ese indicador está en rojo, no pueden tomar deuda". "Muchas provincias están con intención de acceder a mercados de deuda, y nosotros no estamos en contra de eso, pero hay una Ley de Responsabilidad Fiscal que si las provincias se mantienen en esa trayectoria no van a poder endeudarse. No es una decisión del Estado nacional bloquear cualquier iniciativa de acceso al mercado, sino que hay una ley", explicó.

Después de haberle otorgado la media sanción en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado convocó a una reunión este viernes 19 a las 10 en el Salón Arturo Illia para abordar el proyecto de ley que establece los gastos y recursos del ejercicio fiscal del 2026. La idea es emitir dictamen este mismo viernes.

A partir de la caída del Capítulo XI en el recinto de la Cámara baja, el Gobierno nacional adelantó este jueves que va a proponer una serie de modificaciones a la iniciativa. Esto fue comunicado ante la prensa por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien junto a Martín Menem y Patricia Bullrich llevó a cabo las conversaciones en virtud del avance de la norma.

“Nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, adelantó el funcionario. El oficialismo en la Cámara alta pretende llevar el tema al recinto el próximo viernes 26 de diciembre junto al dictamen de Inocencia Fiscal que se comienza a debatir este viernes a las 9.

La idea del Poder Ejecutivo Nacional sería la de buscar modificaciones que permitan asegurar el equilibrio fiscal, luego de que quedaran vigentes las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, dispuestas a derogarse por el Gobierno y que estaban en el artículo 75 del capitulo “Otras disposiciones” que la oposición le volteó a La Libertad Avanza. Sin embargo algunas fuentes descartaron que vaya a avanzarse en ese sentido.

Si el oficialismo introduce modificaciones al dictamen que proviene de la Cámara de Diputados, la “ley de leyes” deberá pasar una vez más por el recinto que preside Martín Menem en rigor de aprobarse tal cual salió este miércoles o si quedan firmes las modificaciones que buscarán meter en el Senado.

Mientras la CGT llevaba a cabo la marcha en Plaza de Mayo, Patricia Bullrich se había reunido con Diego Santilli, Martín Menem y Javier Milei en Casa Rosada. De regreso al Senado, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta le ofreció a la oposición pasar a la firma el dictamen -sujeto a modificaciones-, pero se comprometió a llevarlo al recinto recién el 10 de febrero, en un segundo llamado a sesiones extraordinarias.

De esta manera, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que la sesión extraordinaria del próximo viernes 26 de diciembre quedará abocada solamente al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y a Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas obtuvieron la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves.

HABEMUS DICTAMEN DE REFORMA LABORAL

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 18, 2025

En la segunda jornada de tratamiento informativo del proyecto de ley de Modernización Laboral entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Trabajo y Previsión Social, los vocales presentes oyeron las posturas de los gerentes de plataformas digitales, quienes se manifestaron a favor del proyecto, y de trabajadores de moto, del universo cinematográfico y periodístico, en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

Según supo parlamentario.com, tras la cumbre entre la senadora con el ministro del Interior, el titular de la Cámara baja y el presidente de la Nación en Balcarce 50 de este jueves, desde el Gobierno nacional coincidieron en que debían levantar el pie del acelerador para evitar la caída de artículos o capítulos, tal como ocurrió con el XI del Presupuesto 2026 durante esta madrugada en la Cámara baja.

Ante la consulta del jefe de bloque de Convicción Federal, Fernando Salino, Patricia Bullrich adelantó que el segundo llamado a sesiones extraordinarias irá desde el lunes 3 de febrero al viernes 27. Del mismo modo, aclaró que en ese lapso se llevará a cabo la sesión que trate la Modernización Laboral y la modificación a Ley de Glaciares.

En un clima diferente al del miércoles por la mañana, José Mayans volvió a elevar el reclamo del principal interbloque opositor y exigió que le asignen 7 vocalías y no 5 como le han otorgado hasta ahora. En relación al proyecto que el oficialismo decidió pausar hasta febrero, consideró que "nació torcido".

Los nuevos oradores

A favor de la propuesta del Poder Ejecutivo, Nicolás Debernardi representante de la plataforma digital Pedidos Ya mencionó que tienen una flota de “3.000 ‘empleados’ en la Argentina con 45.000 comercios que venden sus bienes a través de la plataforma, con millones de transacciones por mes y un crecimiento del 20% en este 2025”.

Sobre el texto, que finalmente no irá al recinto este año, sino recién en febrero del 2026, consideró que “el desarrollo de la economía de plataformas es enorme”, y luego, incorporó: “Creemos que es esencial la sanción de este proyecto de ley porque despega las incertidumbres jurídicas con las que venimos lidiando en estos 15 años, y este proyecto recepta lo que el ecosistema quiere”.

En la banquina opuesta estuvo Marcelo Pariente de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, quien acusó a las plataformas digitales de “vulnerar” los derechos los trabajadores de aplicación. “Es mentira que nuestros compañeros tienen una libertad porque el algoritmo te condiciona y te categoriza de tal forma que si te desconectas te baja el ranking”, añadió.

En otro punto, pidió que el Senado rechace el proyecto de ley de Modernización Laboral, pero también cargó contra el sistema de estas start-ups: “Los conductores no gozan de los mismos derechos porque no podés discutir nuestro salario, ni el valor del viaje, y ponemos la moto, pero tenemos un convenio de trabajo y no lo cumplen”.

“Es mentira que los trabajadores no quieren temer derechos, porque en realidad los necesitan”, aseveró Pariente, quien remarcó que “estamos en contra, avanzar con este proyecto es eliminar la esperanza de los trabajadores de vivir mejor” porque “legaliza la vulnerabilidad y el fraude laboral”.

Durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, continuó este jueves el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para modificar la Ley de Glaciares. El texto tuvo dictamen y quedó listo para llegar al recinto.

La iniciativa, presentada a pedido de gobernadores aliados a Casa Rosada y que administran provincias con interés en la industria minera, forma parte del temario de sesiones extraordinarias y si bien se le dio un tratamiento exprés en comisiones, recién será tratado en el recinto en febrero.

Tras escuchar a funcionarios del Poder Ejecutivo, este jueves expusieron un conjunto de especialistas en ambiente y también representantes de la industria minera, quienes dejaron plasmadas sus diferencias en torno a la cuestión. Varios legisladores les hicieron preguntas.

El debate continuó por la tarde con la participación de dos mandatarios provinciales detrás del proyecto: el sanjuanino Marcelo Orrego, de la "Mesa del cobre", y el catamarqueño Raúl Jalil, de la "Mesa del litio". Fue tras un breve cuarto intermedio, y en ese marco Orrego destacó la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial “en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas”, y defendió la necesidad de una ley de “protección mínima” que permita una correcta aplicación.

Jalil, por su parte, pidió evaluar integralmente el impacto ambiental, social y económico de la minería, y resaltó que en Catamarca el sector genera cerca de 3.000 empleos directos y unos 5.000 indirectos, lo que impulsa la economía provincial y diversifica su matriz productiva.

Los gobernadores Orrego y Jalil expusieron en horas de la tarde. (Foto: Comunicación Senado)

Finalmente, las comisiones firmaron dictamen y el proyecto quedó listo para su tratamiento en el recinto, previsto para el próximo 10 de febrero en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

El debate arrancó por la mañana

Primer orador de la jornada, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, recordó que la Ley de Glaciares tiene 15 años y "lo que no ha desaparecido en estos 15 años, muy por el contrario se han agravado, son las causas que promovieron la ley, fundamentalmente la cuestión del cambio climático".

"El proyecto propone una modificación por vía de la interpretación" pero "altera el espíritu de la ley", observó y señaló que propone achicar la zona de protección, "porque avanza sobre los glaciares de escombro"; además de que "da vuelta el sistema de los presupuestos mínimos que establece la Constitución" y "no hay aclaración alguna de las definiciones".

El expositor cuestionó que se plantee que "los glaciares tienen como única función la recarga de los acuíferos o las fuentes de agua, cuando tienen muchas otras funciones: ecosistémicas, climáticas, de preservación de la biodiversidad".

Respecto del fundamento del proyecto oficialista de que las provincias tienen el "dominio originario" de los recursos naturales, Nápoli dijo que eso "no implica que las provincias puedan hacer cualquier cosa con los recursos naturales", ya que de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional le corresponde a la Nación "dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales", reza el texto de la Carta Magna.

Andrés Nápoli advirtió por una discusión constitucional (Foto: Comunicación Senado)

En ese sentido, el representante de FARN criticó que "se quiere dejar la clasificación en manos de las provincias", cuando "el constituyente quiso evitar el feudalismo ambiental". "Esto es un tema para un debate constitucional, estamos hablando de mellar las bases del artículo 41 de la Constitución", enfatizó.

Finalmente, advirtió que "es un proyecto regresivo" y la modificación de la ley "no se puede hacer a los golpes, es un tema muy serio". "La Ley de Glaciares no necesita reformarse, necesita cumplirse", afirmó.

A su turno, José Esaín, de Aves Argentinas, explicó que la iniciativa propone "transformar el inventario, haciendo una suerte de clasificación de los componentes del inventario" con el objetivo de "legitimar la intervención de las autoridades locales".

"Pasaría a ser un inventario de concertación federal, ya no sería nacional", apuntó y dijo que la participación de las provincias en este punto "es un debate oscuro, que no estaba resuelto en la ley original y no se termina de resolver en esta ley".

Pedro Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales destacó el trabajo realizado por este instituto del Conicet, que es el "encargado de la realización del inventario y del monitoreo del Estado de los glaciares y el ambiente periglacial". "La metodología de elaboración del inventario fue elogiado en distintos niveles internacionalmente", destacó.

Explicó luego que "el ambiente periglacial, definido por la presencia de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa la reserva de hielo subterránea conservada por largos períodos". "Los glaciares de escombro, que son parte del ambiente periglacial, contienen entre un 35% y 75% de hielo en su interior, y por lo tanto constituyen reservas hídricas", agregó.

"No encuentro en la iniciativa ninguna mención al criterio o la metodología que debería utilizarse para decir cuándo un glaciar pudiera no cumplir con la función inherente", subrayó Villagra.

Hernán Casañas, de Aves Argentinas, arrancó aclarando: "No somos una organización anti-minera ni mucho menos. Pareciera que siempre de nuestro lado viniera el palo contra la actividad industrial y no es así".

Sobre la iniciativa, aseguró que "en líneas generales la modificación es jurídicamente débil". "Los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos. Un glaciar no es solamente una masa de hielo que alimenta un río que le va a dar agua a una población. Son redes muy complejas que, por ejemplo, alimentan pastizales, humedales", ponderó.

Casañas advirtió que "pretender flexibilizar esta ley no va a atraer inversión. Vean lo que la OCDE pretende a nivel ambiental. Las empresas serias no invierten donde las condiciones pueden cambiar mañana".

Foto: Comunicación Senado

Otra de las oradoras, que al cerrar su intervención posó con un cartel, fue Agostina Rossi, de la organización Greenpeace, quien remarcó que "todos los glaciares y ambiente periglacial tienen una función hídrica estratégica; no nos dejemos convencer con que hay cosas que sirven y cosas que no sirven". "Cuando no hay nieve, cuando no llueve, cuando los glaciares retroceden, el ambiente periglacial se convierte estratégico".

"Una vez que se destruye un glaciar o periglacial, eso no vuelve", señaló la activista, quien sostuvo que la discusión no es por "minería sí o minería no", sino que dicen "minería no sobre nuestras reservas estratégicas". De hecho, indicó que la minería "se está desarrollando y trayendo mucho rédito".

Desde la industria minera defendieron la actividad y la propuesta del Gobierno

De la docena de expositores que asistieron, solo dos lo hicieron en representación de la industria minera. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, defendió que "la minería viene de la época de las cavernas, es una actividad milenaria". "Hoy hay no solo un compromiso de las empresas, sino que las comunidades están hoy participando de lo que es la actividad y con un fuerte deseo de que se desarrolle", observó.

"Desde nuestro sector estamos completamente comprometidos con el objetivo de proteger los glaciares y los ámbitos periglaciares, en tanto y en cuanto se constituyan como una reserva estratégica de agua", aclaró y dijo que "la ley actual tiene una serie de indefiniciones y esta adecuación que se está proponiendo viene a perfeccionar, a mejorar".

Vitaller resaltó que "el inventario tenía tres etapas" y solo se cumplió la primera; "faltan dos, que son el relevamiento más propio de campo". Por otra parte, respecto de la intervención de las provincias, manifestó: "¿Quién mejor que ellos para cuidar sus recursos? Esta ley les está devolviendo la potestad que les da la Constitución".

Alfredo Vitaller sostuvo que la ley actual debe adecuarse (Foto: Comunicación Senado)

"La ley como está actualmente ha producido que no vengan inversiones", aseveró y destacó: "Nosotros traemos inversión genuina, traemos dólares, con eso generamos trabajo, generamos desarrollo de proveedores". "Tenemos alrededor de 6 mil millones de dólares aprobados por el RIGI, hay comprometidos 15 mil más y la semana pasada se sumó otro proyecto de 10 mil. Es decir que la industria se está comprometiendo a traer 30 mil millones de dólares", agregó.

Finalmente, opinó que "la ley (actual) tiene zonas que deberían mejorarse, por eso apoyamos la adecuación. Esto va a eliminar la incertidumbre y va a permitir el desarrollo".

En tanto, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, señaló que "no cabe ninguna duda que nosotros somos obsesivos de lo que son los glaciares argentinos y su zona periglacial, y así debe ser", pero "la ley tiene cuestiones necesariamente a aclarar, como la definición de periglaciares".

"Es cierto que el cambio climático no es un relato", admitió, pero dijo que "el inventario ha quedado en el tiempo por la variabilidad del ambiente en el mundo, no solo en Argentina". "En la zona de periglaciares no hay industria y a pesar de eso bajó un 23%, ahí no tuvimos nada que ver los industriales", completó.