Luego de que el Senado de la Nación aprobara en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, desde el Gobierno aseguran que el veto completo “no está confirmado”, pero que “se está analizando” ya que la decisión final la tomará el propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien ya había adelantado que vetaría toda norma que atente contra su objetivo del equilibrio fiscal.

Así lo expresó este viernes por la mañana durante la conferencia de prensa en Casa Rosada el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que “el Gobierno del presidente Milei sigue una acción irrevocable para el equilibrio fiscal y es absolutamente innegociable. La ley debe respetarse y la motosierra tiene que aplicarse a la política y ese mandato va a estar asentado en el Presupuesto 2025 que el presidente va a estar presentando el próximo domingo a las 21 horas en el Congreso”.

En ese sentido, se refirió al posible veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Senado: “Lo estamos conversando. Es un tema que se está analizando, pero no está confirmado que se vaya a vetar o que se vaya a no vetar. Es un tema que aún está en discusión entre todo el Gabinete. Por supuesto que la decisión la tomará el presidente de la Nación”.

En otro pasaje, fue consultado por la reunión que mantuvo el jefe de Estado y parte del Gabinete junto a cinco radicales que terminaron cambiando el sentido de su voto durante la votación a la Ley de Movilidad Jubilatoria que también fue vetada: “Con respecto a la decisión de los diputados de haber votado en lo que suponen de manera diferente entre una votación y otra es un tema que le tienen que preguntar a cada diputado cuál fue la razón”.

Por otro lado, desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ya anticiparon que no asistirán al Congreso a la presentación del Presupuesto que hará Milei, respecto de lo cual Adorni opinó: “Es un tema que cada uno es libre de, por supuesto, de hacer lo que le parezca mejor. Están invitados todos”, y aclaró: “De todas maneras el presidente de la Nación le va a hablar a la gente. Va explicarle a la gente qué es lo que estamos pretendiendo con el Presupuesto 2025, con el nuevo esquema de presupuesto, las novedades que va a tener y lo beneficioso que va a ser para todos. Si deciden no estar bueno, tendrán alguna razón para no hacerlo, pero la verdad es que el presidente va a hablarle a los 47 millones de argentinos”.

Rechazo al DNU SIDE

Adorni criticó a los senadores que apoyaron el rechazo al DNU de los fondos para la SIDE: “Es el primer gobierno con un DNU rechazado de la manera que se ha rechazado en el día de ayer. el reciente rechazo a fondos para combatir el narcoterrorismo y la decisión de quebrar el equilibrio fiscal con una ley que asigna recursos sin fuentes de financiación, movilizaciones violentas las hemos visto en varias oportunidades quemando autos, tirando piedras, con caras tapadas y toda la barbarie que ya hemos descripto”.

“Este es un fenómeno no solo atinente al gobierno, sino a todo aquel que quiera hacer un cambio en el sistema. Si quienes destruyeron el país están tan preocupados, es una señal de que estamos haciendo las cosas bien de que estamos por el camino correcto”, destacó.

El portavoz indicó que “el comunicado de OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina) fue bastante claro. Han dejado sin fondos a la inteligencia del Estado y que el Congreso en algún momento tendrá que asignarle fondos. Mientras eso no ocurra los servicios de inteligencia de la Argentina están desfinanciados y los argentinos están, lamentablemente, protegidos por un grupo de irresponsables”.

Boleta Única de Papel

En otra parte de su conferencia, Adorni celebró la aprobación del proyecto de implementación de la BUP que “tiene, básicamente, dos beneficios que es fomentar la transparencia electoral y reducir por supuesto el costo de las elecciones”.

“Desde hace décadas que escuchamos casos donde partidos políticos que reciben aportes del Estado para imprimir boletas declinan su candidatura y, de todas maneras, reciben ese dinero. Esa plata igual o, también, los infinitos casos donde algún vivo lleva boletas truchas al cuarto oscuro para que se impugnen los votos de otro candidato, todo esto se termina con la boleta única”, explicó.

Además, señaló que “es un sistema más simple para los votantes porque en vez de tener que buscar la cara del candidato entre decenas de boletas sábanas, se podrá encontrar a todos los candidatos en un mismo papel y simplemente se marcará la opción que se elija como preferida”.

“Se va a gastar mucho menos dinero. Para que tengan una referencia el Estado Nacional en el 2023, en aporte en términos nominales por supuesto, gastó más de 16,000 millones de pesos en aporte a los partidos a los partidos políticos. Así que se calcula que este costo va a representar seguramente un ahorro cercano al 50% en este gasto en las próximas elecciones. Aún falta la decisión de Diputados”, explicó.

En ese sentido, el vocero manifestó que “la decisión de ayer dejó en claro quiénes realmente defienden la democracia y quiénes, lejos de ello, buscan perpetuar un nido de corrupción y despilfarro que amenaza la voluntad de todos los argentinos”.

Paro de gremios Aeronáuticos

“Hoy el presidente va a estar firmando la reglamentación del artículo 182 del DNU que establece los lineamientos para declarar la aeronáutica civil y comercial como servicio esencial. En definitiva, la conclusión de todo esto que les estoy diciendo es que quienes no quieren resignar sus privilegios, en definitiva, lo que van a terminar haciendo es fundiendo la empresa que tanto dicen querer defender”, afirmó Adorni.

Así, recordó que “el 19 de noviembre del año pasado del 2023 los argentinos eligieron entre la casta política y un país distinto y se eligió por un país distinto sin los mismos personajes de siempre. Desde el 10 de diciembre hasta acá a pesar de esto el gobierno enfrentó pedidos o la intención de pedidos de juicios político al presidente, un paro general récord a 45 días de haber empezado el gobierno, paros de trenes, de colectivos, aeronáutico”.

Desde la oposición destacaron que el Congreso, por primera vez en la historia, haya rechazado un decreto de necesidad y urgencia, luego de la votación en contra del DNU sobre los 100 mil millones de pesos a la SIDE que ocurrió en la madrugada de este viernes.

La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio posteó en su perfil de X: “Vetan el aumento a los jubilados, amenazan con vetar el financiamiento universitario, pero quieren sostener los $100 mil millones de la SIDE. No. Hay límites institucionales que el presidente tiene que respetar. Por eso en el Senado rechazamos el DNU por los fondos reservados”.

“Vetar el aumento a los jubilados y darle $100 mil millones de gastos reservados a la SIDE es insostenible. Por eso en @senadoargentina rechazamos el DNU que le asignaba esos fondos para garantizar la ‘defensa de Argentina'”, escribió por su parte el senador de UP Sergio “Oso” Leavy.

También desde la principal bancada opositora, el senador Mariano Recalde expresó que “si dicen que no hay plata para jubilados, para educación, para obras, para comida o remedios…menos puede haber para espionaje o recursos que nadie controle”. “DNU RECHAZADO POR LAS DOS CÁMARAS”, enfatizó.

Desde la Cámara de Diputados, el jefe de UP, Germán Martínez, resaltó que hubo una “gran tarea de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria (en ambas cámaras) construyendo mayorías amplias para aprobar el financiamiento universitario y rechazar el DNU de gastos reservados de la SIDE”. “Convicción y coherencia, para representar a las y los argentinos”, sumó.

La diputada de UP Carolina Gaillard destacó que “anoche el Senado, en un hecho histórico de control democrático, rechazó con 49 votos el DNU 656 de @JMilei que establecía 100 mil millones de pesos de fondos reservados para la SIDE”. “Sí. Hay límites. Y son las instituciones. No se puede violar la Constitución Nacional presidente. El Congreso existe funciona y controla. Mande una ley”, exigió.

Mientras que su par Eduardo Toniolli advirtió que “es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un DNU. Y no será la última, porque esa misma historia nos enseña que no puede estabilizarse ni social ni políticamente un régimen que busca deliberadamente empujar a la miseria al 80% de la sociedad”. “Alguna vez el padre de la Patria dijo que los argentinos no somos empanadas que se comen de un sólo bocado”, manifestó.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro recordó: “Lo vimos, lo denunciamos y lo hicimos sin miedo. Solo era cuestión de tener el coraje de sostener una posición, y teníamos razón. El DNU que incrementaba en un 3131% los gastos reservados de la SIDE fue rechazado por nulidad absoluta e insanable”.

“En medio de tantas necesidades reales en Argentina, esto no representaba ni una necesidad ni una urgencia. La única urgencia era gastar 80 mil millones de pesos en 20 días, sin control democrático. No mientan: el decreto no contenía ni un solo argumento relacionado con la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado”, sostuvo el presidente del partido fundado por Elisa Carrió.

El porteño aseguró que “no había razón para actuar por fuera de la Constitución. Se le quitó una facultad al Congreso, y con este rechazo, se ejerció una acción reparadora”. “Este hecho es histórico, ya que es la primera vez desde la reforma constitucional de 1994 que se rechaza un DNU”, apuntó.

Por el lado del Gobierno, la Oficina del Presidente emitió un duro comunicado contra la decisión del Senado, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó: “LA NARCOCRIMINALIDAD 1 – LOS ARGENTINOS DE BIEN 0. Todo lo que necesitamos para combatir el terrorismo, bochado por un grupo de senadores irresponsables”.

“El Congreso decidió desfinanciar la SIDE. Es la primera vez que pasa en la historia. No son conscientes de la gravedad de sus actos. Ponen en riesgo la seguridad nacional y del presidente para hacerle pagar un ‘costo político’ a Milei”, fue el mensaje de Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia.

Poco después de haber sufrido el oficialismo un fuerte revés en el Senado, con la aprobación del proyecto de Financiamiento Universitario, que se convirtió de esa manera en ley, la oposición le asestó al Poder Ejecutivo otra derrota legislativa en las primeras horas de este viernes al aprobar el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El resultado de la votación fue de 11 votos a favor del decreto, 49 en contra y 2 abstenciones. Concretado ese rechazo, por primera vez en la historia desde que existe la reglamentación de los DNU, un decreto de necesidad y urgencia corrió esa suerte. Sucedió exactamente a las 2.19 de la madrugada de este viernes.

Votaron a favor del DNU los 6 senadores de La Libertad Avanza, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero por el Pro; Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider, de Unidad Federal; y la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Por la Justicia Social.

Por la negativa se inclinaron 30 senadores de Unión por la Patria (tuvieron tres ausentes en toda la jornada: Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu y Gerardo Montenegro); 11 de los 13 radicales; Alfredo De Angeli, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri, del Pro; los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; el exoficialista Francisco Paoltroni; la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal; y la chubutense Edith Terenzi, de Cambio Federal.

Si bien habían dicho que se abstendrían, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se retiraron del recinto antes de votar. Tampoco estuvieron en la votación los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; Juan Carlos Romero y Lucila Crexell por Cambio Federal; y la rionegrina Mónica Silva.

Las abstenciones correspondieron a la chubutense Andrea Cristina, de Cambio Federal, y el misionero Martín Goerling Lara, del Pro.

A esa instancia se llegó luego de que en el inicio de la sesión el bloque de Unión por la Patria solicitara que el DNU 656 fuera incorporado al temario, como estaba previsto para la semana pasada. En la reunión entre Victoria Villarruel y jefes de bloques del miércoles, el oficialismo y sectores dialoguistas habían acordado retirar el decreto del debate. Antes de eso habían estado en Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Más tarde, también, desde el Poder Ejecutivo enviaron una nota pidiendo una “sesión secreta” en la Cámara alta para que funcionarios pudieran asistir a explicar los motivos del DNU.

Todos los nombres de la votación 

Así las cosas, se esperaba que el oficialismo lograra postergar una semana más la discusión. Aunque Unión por la Patria había anticipado que pujaría por la inclusión del DNU al temario. La sorpresa fue que -tras la polémica que envolvió al partido en las últimas horas- desde la Unión Cívica Radical avalaron que el decreto fuera tratado este jueves, en último lugar.

Desde La Libertad Avanza, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidió que se pasara a votación el acta de labor, sólo con los temas de boleta única de papel y financiamiento universitario. Pero al hablar el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, presentó otra moción para que se incorporara el DNU al temario como último tema.

Tras un breve ida y vuelta reglamentario, se sometió a votación el acta y plan de labor con los dos temas que estaban previstos y resultó rechazada. Además de UP, no levantaron la mano los senadores de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Edith Terenzi (Cambio Federal). Luego José Mayans dijo que retiraba su moción y acompañarían la de Vischi, y así se hizo.

El DNU sobre la SIDE había sido rechazado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.

El debate

Inmediatamente después de aprobado el proyecto de Financiamiento Universitario, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, llamó a abordar el tema del DNU.

Abrió el debate el riojano Juan Carlos Pagotto quien precisó que “estos fondos destinados a gastos reservados no son solamente  para la SIDE, sino que incluyen a otros organismos”. “Estos fondos que en principio hay una Ley de Seguridad que dice que tienen que ser discutidos de manera secreta”, señaló en el inicio, recordando que debería ser discutido el tema en la Bicameral de Inteligencia, que dirigen opositores.

“Esto viene a poner una actualización en un contexto inflacionario”, remarcó el legislador, agregando entre otras cosas la actualización de tecnología, adquisición de informes y consultoría, entre otros temas.

Pagotto sostuvo que históricamente la SIDE “ha venido siendo desfinanciada”, y se dedicó después a detallar de qué manera había sido sucedido eso desde el Gobierno de Néstor Kirchner a la fecha.

“Ningún país puede sobrevivir sin un servicio de información”, dijo, siendo corregido ahí por el senador Oscar Parrilli, quien le aclaró que el servicio es de “inteligencia”, no de información, lo que motivó una farragosa interpretación del senador libertario. Sorteada esa cuestión, Pagotto consideró “vital para cada gobierno contar con la información necesaria para tomar las decisiones necesarias. No necesariamente la inteligencia es para perseguir enemigos internos… Eso ya lo vivimos”.

Pagotto insistió en que la ley dice que los gastos reservados deben ser analizados en el marco de una comisión, y aclaró que por esas circunstancias debían ser muy cuidadosos en lo que se dice en la materia, porque “por encima de todo está la seguridad de la Nación”.

Con todo, pidió a sus pares la aprobación de ese decreto, en aras de una seguridad nacional “que no es para un grupo, sino para la Nación argentina en su conjunto”.

A continuación habló el senador Parrilli, titular de la AFI en tiempos de Cristina Kirchner, quien sostuvo que su bancada había manifestado su disposición a discutir, de ser necesario, una nueva ley de inteligencia. “No entendimos cuál era el objetivo de hacerlo por DNU”, remarcó el legislador, admitiendo que coincidían en algunas cosas, como en la creación de una Dirección de Ciberseguridad.

Según Parrilli, esto generó una fuerte repercusión en el Gobierno, asegurando que en realidad quieren la inteligencia para espionaje interno. De hecho, sostuvo que este Gobierno hizo espionaje político, razón por la cual “se decidió modificar la AFI y desplazar al jefe de Gabinete”. Al salir este decreto 656 “comenzamos a ver que aparecen aquellos que querían hacerse de estos cien mil millones de pesos”, advirtió.

Habló luego de la existencia de trolls que se dedican a perseguir y agraviar a simples ciudadanos, y que esos trolls eran asiduos visitantes de la Casa Rosada. Todo eso según una nota publicada en la revista digital Crisis. Luego citó otra nota, en este caso de Clarín, también referida al accionar de los trolls.

El senador Oscar Parrilli habló de una disputa en el Gobierno por los 100 mil millones. (Foto: Comunicación Senado) 

Por último, agregó, salió algo que consideró “más grave” que es un comando creado por Patricia Bullrich, quien estaría muy interesada en esos fondos, al punto tal de estar dispuesta a concurrir al Congreso para informar. “No tiene nada que informar”, observó.

“Aquí estamos en una pelea entre distintos funcionarios para hacer espionaje político interno”, resumió el senador kirchnerista.

A continuación, el radical Pablo Daniel Blanco fundamentó su rechazo al DNU señalando que lo que establecía el mismo ameritaba una ley, e ironizó diciendo que a los legisladores los consideran “degenerados fiscales”, ante lo cual ellos podrían considerar al presidente “degenerado institucional”, teniendo en cuenta que la Constitución limita al mandatario a emitir decisiones legislativas, como la creación de la SIDE y la asignación de recursos para ese nuevo organismo.

Aclaró que él no objetaba que la SIDE necesite más o menos recursos; “lo que cuestiono es el instrumento legal elegido por el presidente”, sugiriéndole al mandatario disponer esas medidas a través del Presupuesto, o bien un proyecto de ley que mande al Parlamento.

El senador Francisco Paoltroni, recientemente excluido del bloque oficialista, también confirmó su rechazo al DNU, argumentando que acompañarlo “sería perder la coherencia”, porque no encuentra “justificativos ni argumentos para poder acompañarlo”.

El presidente del bloque Pro, Luis Juez, intervino a continuación, lamentando “la oportunidad perdida” de escuchar a los responsables de Inteligencia, la ministra de Seguridad y el de Defensa. Sin ánimo de polemizar, dijo que de haber llevado a cabo la sesión secreta que la principal oposición no quiso conceder hubieran podido hacerlo, aunque aclaró sus resquemores hacia todo lo que sean servicios de inteligencia. “Institución que nunca pudo prevenir ninguna de las tragedias que la Argentina vivió”, remarcó.

Contó que el tema le fue planteado el miércoles al presidente de la Nación, al que se le sugirió pedir por nota esa sesión secreta, para tomar una decisión bien resuelta. Perdida esa oportunidad, se quejó porque “hay una decisión de voltear ese DNU. Esas oportunidades son difíciles de que las volvamos a tener”.

A su turno, el formoseño José Mayans aclaró que se trataba de “un tema muy delicado” que merece ser “tratado con responsabilidad”. “El problema acá es que se utiliza la inteligencia criminal no para buscar información sobre temas de narcotráfico, las mafias organizadas, que es lo que hace falta”, sino que “de la noche a la mañana se aumenta el presupuesto en un 15.556 por ciento. Aparte de tocar la Ley de Inteligencia por DNU”, cosa que no puede hacerse, remarcó.

“Acá hay un trabajo para la comisión de inteligencia que preside el senador Lousteau. Se gastaron 81 mil millones en 15 días. Más vale que lo van a tener que hacer, porque acá hubo hasta condenas por el uso y abuso de recursos de inteligencia”, sostuvo, cuestionando la sesión secreta que se preveía hacer, que interpretó como una maniobra dilatoria.

Una muestra del reducido número de miembros que tiene el oficialismo la dio que el cierre del debate lo hiciera el senador Juan Carlos Pagotto, que volvió a hacer uso de la palabra, para hablar de la degradación del sistema de seguridad. “Hay varias razones por las que tenemos que tener un servicio de inteligencia; el hecho de que se  haya utilizado mal no quiere decir que tengamos que actuar como si siempre se fuera a actuar mal. Para eso está la Comisión Bicameral que tiene que controlar”, sostuvo.

“Podemos discutir hasta el hartazgo y hemos tenido ejemplos de la mala utilización de los servicios de inteligencia, pero tenemos la obligación de que esto funcione y la mejor manera de que así sea es comenzar a controlar y que la SIDE cumpla las funciones determinadas”, expresó el senador riojano.

Con una marcha convocada por las universidades nacionales en las afueras del Congreso, el Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del Pro Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.

Desde el bloque Cambio Federal anunciaron disidencia en algunos puntos del texto y propusieron la votación en particular de los 9 artículos del proyecto en revisión. Sin embargo, todos fueron ratificados con dos tercios de los votos.

El proyecto fue motorizado por la oposición unida, habiendo recibido media sanción hace un mes atrás en la Cámara baja. Tal como pasó con el tema de jubilaciones, el Gobierno anticipó que vetará cualquier medida que considere atenta contra el equilibrio fiscal o no tiene determinado de dónde saldrán los recursos para su implementación. Es por eso que se la flamante ley podría correr en manos del presidente Javier Milei la misma suerte que la Movilidad Previsional. Viene el oficialismo de una victoria en este sentido, al haber logrado sostener el veto en Diputados.

De acuerdo a la norma, “el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.

Asimismo, se encomienda al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.

También indica que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.

Otro de los artículos busca garantizar “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”.

Oposición unida

Como miembro informante del proyecto, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro presentó el dictamen para el incremento del financiamiento universitario y responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación actual del sector. “Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario y pensábamos que era un acuerdo de la democracia”, inició.

El legislador de Unión por la Patria agregó que “hoy tenemos más de dos millones de estudiantes universitarios y estamos ante un gobierno que ataca los principios fundamentales de la educación”. Asimismo, amplió: “Nuestro sistema tiene 57 universidades nacionales y estamos hablando del salario de 120.000 docentes y no docentes”.

Respecto a los números actuales del presupuesto de las casas de altos estudios, afirmó que “están funcionando con la mitad”, y sumó: “El presupuesto actual es 0,34% del PBI cuando siempre fue el 0,7. El 80% de los docentes están por debajo de la pobreza y estamos en una pérdida del poder adquisitivo del 33%”. En esa línea, cuestionó la no prorrogación del Fonid.

Por otro lado, criticó que “se frenaron todas las obras del sistema universitario”, y se refirió a las Becas Progresar: “Los estudiantes cobran 20.000 pesos para viajar, comprar libros y comer”. “El Gobierno tiene que escuchar esta realidad y tomar nota por la marcha de estudiantes universitarios de nuestro país”, cargó.

Por último, De Pedro sostuvo que este proyecto “en 8 artículos viene a subsanar este desastre hecho por Milei que son los recursos mínimos para garantizar los recursos básicos”. “Estamos votando una ampliación que según la Oficina de Presupuesto del Congreso significa el 0,14% del PBI”. “Queda claro que el modelo del presente y el futuro está ligado con la educación”, concluyó.

El senador radical Martín Lousteau intervino por más de 15 minutos, en donde detalló el contexto económico y social en el que se debate este proyecto. Lanzó críticas contra la gestión anterior, pero enfatizó sus cuestionamientos a la actual: “El Gobierno recibió un desastre y está claro que se debía ordenar todo eso, pero lo hace sobre un enorme esfuerzo de la población”.

Mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto actual y explicó que “a los salarios docentes les pasó esto, pero peor porque el Gobierno agarró un billete de 100 y se lo dejó en 70, ya que no se le reconoció (al personal docente y no docente) la inflación del 25 y el 20% de diciembre y enero”.

Lousteau mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto de las universidades.

Con relación al sistema universitario, sintetizó que aportan “valores y crecimientos para nuestro país”, y cuestionó que la educación, las jubilaciones y la obra pública no hayan estado en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “¿No hay libertad para los jóvenes para construir un futuro? La inversión en universidades es del 0,14% del PBI -equivalente a 740.000 millones de pesos- y con el Blanqueo se pronostican 40.000 millones de dolares”.

El senador santacruceño José Carambia destacó que “todo financiamiento educativo no es un gasto, sino que es una inversión a mediano y largo plazo que genera talento y futuro”, y le envio un mensaje al Gobierno nacional: “Eso lo tiene que entender nuestro señor presidente para ver si veta o no veta porque la economía no son solo números, hay sueños y esperanzas detrás”.

También, se refirió a lo ocurrido en la jornada del miércoles pasado respecto al proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria: “Seguramente esto va a ser vetado y cuando vuelva, no cambiemos los votos como hicieron ocho diputados en la Cámara baja”.

El santacruceño pidió diferenciarse de la Cámara de Diputados y exigió mantener el sentido del voto cuando el proyecto sea vetado.

El senador salteño Juan Carlos Romero adelantó su voto positivo al proyecto “porque creo en la educación pública”, aunque admitió que “hay muchas cosas que corregir”.
“La educación es una inversión; pero la inversión necesita resultados”, observó, señalando que cuando llegue al Congreso el Presupuesto será el momento de analizar “cómo repartimos con equidad” y en ese marco “la educación es una prioridad”.

“Debemos preocuparnos de la calidad educativa”, enfatizó, para agregar que habrá que ver en materia de resultados la cantidad de egresados. Asimismo consideró que “fue un error crear más universidades”, lo cual representó una “duplicación de oferta, en algunos casos unas cerca de otras”.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, aclaró que no se estaba hablando en ese debate solo de números, sino de “pensar el futuro como sociedad, el futuro que queremos como país, un futuro con oportunidades para todos. Y este es un instrumento fundamental”.

“Si hay algo que nos iguala es la educación”, enfatizó, valorando el papel de su partido en el tema universitario. Habló de la reforma universitaria de 1918 y resaltó la importancia de contarles a los jóvenes “la historia como es”.

Advirtió que no todo es “el libre mercado”, sino que “la educación es lo que nos va a dar la posibilidad de una sociedad ascendente”. Sostuvo que la situación universitaria “está en una situación crítica”, habló de problemas de infraestructura, pero también la necesidad de inversiones para laboratorios, aulas y bibliotecas. También alertó sobre las dificultades de los docentes, la falta de recursos para becas para sectores humildes, pero también hizo observaciones sobre la calidad educativa. En ese sentido cuestionó la creación de nuevas universidades en tiempos del kirchnerismo, reclamando “un gran debate sobre cómo vamos a seguir creando las instituciones universitarias”.

En el cierre de Unión por la Patria, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti aseveró: “Espero que todas las palabras que escuchamos de la movilidad social ascendente no sean palabras que se lleve el viento y no solo en el veto, sino en el recorte que habrá en el presupuesto”. “Que no se las lleve el viento por una rotonda o por un puente”, ironizó.

En alusión a lo ocurrido en la Cámara baja con la fórmula previsional y dando por hecho que esta sanción será vetada por el presidente Javier Milei, la mendocina cuestionó que “las palabras de algunos legisladores cambian de una semana a la otra”, pero auguró: “Veremos en unas semanas si la palabra de los legisladores tiene que ver con los hechos o no”.

Para culminar su intervención, la senadora reiteró que “la igualdad de oportunidades es salir de la misma largada que los demás y eso es con una universidad que te dé la posibilidad de progresar”. “La verdadera libertad es cuando uno tiene la misma bandera de salida que el resto de la Nación”, concluyó.

Cerró la lista de oradores el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche, que aseguró que para el oficialismo “la educación pública es sumamente importante”, pero aclaró que al llegar al Gobierno “a los docentes se les debían tres meses: octubre, noviembre y diciembre”. El Gobierno se puso al día, recordó, asegurando que actualizaron el presupuesto de las universidades en el 70%, algo que no se hacía desde 2022.

Con ello consideró que queda demostrado que al Gobierno le interesa realmente la educación, “y no somos un relato”. Habló luego del “desmanejo” del año anterior, electoral, y de “silencios cómplices”.

Atauche aseguró que la última paritaria había cerrado con cero por ciento de aumento, a pesar del 200% de inflación. “En agosto, Massa recortó el presupuesto universitario en 70 mil millones de pesos; y tuvo la complicidad de cerrar su campaña en un colegio universitario. Nadie lo abucheó, no hubo ninguna marcha… Qué capacidad de conseguir cómplices en un año electoral”, ironizó.

El senador jujeño pidió “decirles la verdad a los argentinos en un montón de cosas”. “Y todo este silencio hoy se convirtió en muchos reclamos de los mismos que siempre estuvieron callados y hoy salen a reclamar lo que no reclamaban antes”, remarcó. Según Atauche, los presupuestos universitarios “alcanzarían bien si se gastaran bien, y si no financiaran campañas políticas”.

A más de dos años de su aprobación en Diputados, el oficialismo logró este jueves en el Senado dar luz verde al proyecto de boleta única de papel, que recibió cambios y de esta manera vuelve a la Cámara baja, que deberá aceptar o rechazar la nueva versión.

Luego de un largo -y trabado- recorrido, que comenzó a principios de año, con el dictamen en comisiones durante enero, La Libertad Avanza alcanzó el apoyo de los bloques dialoguistas para aprobar la iniciativa que durante la gestión anterior estuvo congelada en esa cámara, por el rechazo de la bancada peronista/kirchnerista.

El proyecto cosechó, en la votación general, 39 votos a favor que fueron del oficialismo, la UCR, el Pro y los bloques provinciales. Mientras que los 30 votos en contra fueron de Unión por la Patria. Acto seguido, el senador entrerriano Edgardo Kueider, miembro informante del proyecto, leyó todas las modificaciones al texto y la votación en particular resultó con el mismo resultado. 

Grafico: DeQueSeTrata.org

Con la intención de poder implementar la boleta única de papel en las elecciones del año que viene, el Gobierno envió funcionarios semanas atrás a un nuevo plenario de comisiones y luego difundió entre los bloques aliados un nuevo borrador con modificaciones al dictamen.

Entre los cambios más destacados se quitó el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los mayores reclamos de partidos provinciales. Además, se establece que las elecciones PASO se adelantarían al primer domingo de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña, que se iniciaría 60 días antes y no 50, como actualmente, en pos de adecuar los tiempos para su impresión.

La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. El proyecto apunta a un rotundo cambio en la herramienta de sufragio que se utiliza a nivel nacional, basado en la experiencia que ya tienen otras provincias donde se aplica la BUP.

Hay que sumar un voto más a los afirmativos y restar uno negativo, por un error de la senadora Vigo. (Foto: Comunicación Senado)

Voces a favor y en contra

Una vez iniciado el debate del proyecto de implementación de la Boleta Única de Papel, el senador entrerriano Edgardo Kueider, en el rol de miembro informante, defendió el dictamen propuesto y les solicitó a los presentes que se expidan en favor del texto: “En lo representativo, este proyecto apunta a fortalecer la elección de nuestros representantes”.

La intervención del legislador de Unidad Federal duró poco más de 30 minutos y remarcó en varias oportunidades que “la Boleta Única aporta a consolidar el sistema democrático de la República Argentina”. Además, se refirió a la modalidad tradicional comparándola con el sistema que se busca aprobar: “Todos podrán ser elegidos con el máximo criterio de equidad y esto garantiza que en el cuarto oscuro esté toda la oferta electoral”. “No hay chance de que ninguna oferta no esté presente”, deslizó.

En un momento de su intervención en el recinto sacó un modelo de la boleta y explicó que habrá una “misma porción y mismo espacio para ser identificado por el elector”. Remarcó el ahorro económico por los costos de la implementación y afirmó que “es un sistema adoptado por la mayoría de las naciones del mundo y se usa por el 79% de los países”.

Referido a las ventajas sobre el elector, llamó a la BUP como un sistema “fácil, ágil y sencillo”. Luego, recordó el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados -la media sanción se giró al Senado el 8 de junio del 2022-, y alertó que “recién” se haya vuelto a tratar en enero del 2024.

Foto: Comunicación Senado

“Esto se define en un ámbito político como es el Congreso. Allí empiezan a sopesarse intereses de partidos políticos que tienen que ver con la oportunidad sobre ‘cuando me conviene o cuando no me conviene’, y por eso se traba”, mencionó Kueider en alusión al anterior oficialismo por no avanzar con la iniciativa. “Nuestro objetivo es fortalecer el sistema democrático y esto es un acontecimiento histórico”, remarcó.

Para terminar su alocución de más de media hora, el senador de Unidad Federal afirmó que “Argentina dejaría de formar parte de ese 20%”, reiteró que “no podemos dejar pasar esta oportunidad”, y le mandó un mensaje al Poder Ejecutivo Nacional: “Son las autoridades nacionales quienes deben ejecutar esto porque es una demanda de los senadores provinciales, no veo desventaja y veo aportes en el fortalecimiento democrático”.

A continuación, por el dictamen de minoría disertó la senadora de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva quien recordó que el tema viene siendo tratado desde enero y comentó que la propuesta de modificación a la media sanción de Diputados recaía en el aspecto de la elaboración que sea una boleta única por categorías –presidente y vice; senadores, diputados- para las elecciones nacionales.

“A la propuesta de dividir en tres las categorías, sumamos la idea de que los partidos provinciales nos veíamos perjudicados con la existencia en el modelo de la boleta de Córdoba de un recuadro en blanco para colocar una tilde de boleta completa. Por eso pedimos que ese recuadro no existiera”, informó Silva y precisó que la media sanción de Diputados: “Tenía diferentes aspectos que no estaban del todo bien redactados o claros o algunos contenían errores”. En esa línea, la rionegrina precisó que todas esas correcciones están saldadas en su proyecto de minoría que cuenta con un “número importante de firmas”.

La senadora de JSRN señaló que se han llevado a cabo “una cantidad importante de conversaciones, aproximaciones, análisis de puntos de vistas en los que pudimos analizar otras posibilidades que no habíamos tenido presente”.

“Estas ideas tienen un arraigo y potencia en distintas organizaciones de la comunidad y de la ciudadanía que está pidiendo que sea esta la nueva modalidad en la que abordemos las elecciones nacionales. Escuchamos a las organizaciones y en post de atender ese reclamo de la ciudadanía pensamos en la posibilidad de que confluyeran los proyectos en uno que sea BUP, pero que no exista la posibilidad de que haya partidos que se perjudiquen en la existencia misma de la boleta, sino que sea equitativa la posibilidad para todos los sectores”, expresó.

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Silva sostuvo que las modificaciones: “Contienen lo mejor de cada uno de los dos dictámenes que teníamos a la vista, lo mejor de la media sanción y del dictamen de minoría”. “El proyecto que tenemos en tratamiento con modificaciones producto de estas conversaciones es el que deberíamos aprobar para que las próximas elecciones nacionales tenga esta aspiración de la ciudadanía por todos los beneficios que ya señaló Kueider”, afirmó y ejemplificó que en su provincia significaría un ahorro de 30 millones de pesos en sobres.

La senadora rionegrina resaltó que la BUP es “sencilla y manejable” y puso como ejemplo la propuesta de la provincia de Mendoza donde ya rige el sistema: “Es una propuesta en la que los partidos, las agrupaciones políticas intervinientes, están en el eje cartesiano de lo que e serían las filas. En este eje se encuentran las agrupaciones políticas y en el eje de las columnas estaría claramente este expresadas las categorías que se votan en cada elección nacional”.

Así, mostró un modelo de ejemplo de lo que serían las elecciones del 2025: “Es una boleta muy sencilla de manipular, no es una boleta de un tamaño que no se pueda trabajar tranquilamente los recuadros en donde hay que colocar la tilde. Son visibles y de un tamaño adecuado y las candidaturas se expresarían de quienes son titulares con fotos de dos personas de las dos primeras personas de cada lista”.

“La boleta quedaría conformada con mucha legibilidad y con una letra correcta y adecuada para una fácil lectura. También permite que al doblarla evitemos el uso del sobre y en el dorso dice con absoluta claridad cómo hay que ir tapando la elección de candidatos y dejar a la vista solamente el distrito en el que la boleta se usa solamente. El distrito queda a la vista en la boleta y en el reverso queda a la vista la fecha de la elección”, explicó.

Silva consideró que “esto requiere de una preparación o diferentes cursos que la ciudadanía esté atenta y enterada de qué se trata esto, pero es absolutamente posible correcta y sencilla de manejar. Al no contener en este proyecto una casilla para colocar una tilde de boleta completa queda salvada la desigualdad a la que hubiéramos estado sometidos los partidos provinciales”, y manifestó su apoyo a adoptar un modelo como el mendocino que “ordena perfectamente la escritura. La modificación del código electoral proponiendo esta boleta única papel cumple con el clamor ciudadano de que esta es la mejor forma, la más democrática, la más igualitaria, la que evita la necesidad de tener situaciones en las que hay agrupaciones que no tienen boleta”.

Foto: Comunicación Senado

Otra postura a favor del proyecto fue la del senador radical Maximiliano Abad, quien destacó que este sistema “es esencial para el fortalecimiento de la democracia, mejora la participación ciudadana y recupera la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. En otro sentido, sostuvo que “el avance es muy relevante, más equitativa, más simple, más austera, más económica y ambientalmente sustentable, es más transparente y se desaniman el robo de boleta, las cuales son prácticas que sabemos que existen”.

Al igual que varios legisladores destacó su existencia en el 79% de los países del mundo y mencionó que “las experiencias subnacionales lo demuestran”, referido a Córdoba, Santa Fé y Mendoza. Para terminar, enumeró aspectos positivos de este texto: “Se gastan menos recursos económicos porque se hace una boleta única, se reduce la tinta y la impresión de boletas papel y debemos cuidar el medio ambiente con hechos concretos”. “Es un avance trascendental en el plano constitucional”, reiteró.

Por su parte, el recientemente eyectado del oficialismo Francisco Paoltroni del monobloque Libertad y Progreso expresó: “Es imposible no estar de acuerdo con este proyecto de BUP, pero fíjese las diferencias que se empiezan a crear. Por un lado, queriendo evolucionar con esta herramienta tan postergada y, por otro lado, en las provincias que estamos en la Edad de Piedra”.

El senador puso como ejemplo su provincia y criticó que “viene muy atrasada con las formas democráticas porque se usa la Ley de Lemas”, y celebró que “esto es un pasito que estamos dando adelante con la boleta única a nivel nacional. Los argentinos están esperando para que terminemos con las trampas de una vez por todas que se llama reelección indefinida para todos los niveles”.

Por el bloque Frente Pro, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri señaló que “nuestro sistema electoral es bueno, pero siempre podemos mejorar los procesos”. En su breve intervención, remarcó su apoyo explícito al proyecto y definió que “tenemos una gran oportunidad porque esto es una demanda de la ciudadanía”.

Enumeró, además, una serie de aspectos positivos que esta ley podría facilitar: “Muchas organizaciones de la sociedad civil vienen manifestándose hace muchos años de las ventajas de tener BUP como facilitar al elector la decisión, a los partidos que son chicos, a la labor de los fiscales y al cuidado del medio ambiente”. “No veo nada que atente al sistema argentino, y esto favorece al votante para robustecer y transparentar todo lo que se pueda”, indicó.

Otra cuestión que Tagliaferri destacó fue que “a pesar de que el proyecto volverá con modificaciones a Diputados, en un proceso virtuoso para esta Argentina, tiene consenso”. “En todas las leyes y decretos debemos tener consensos tratando de encontrar el sentido colectivo”, consideró.

Por el espacio de Cambio Federal, el senador salteño Juan Carlos Romero criticó al kirchnerismo por haber postergado el debate y le enrostró que hay un dictamen del 10 de enero que cuenta con firmas de legisladores de la principal bancada opositora que “hoy cambiaron de parecer”.

“Esto que esperamos sancionar tiene grandes contribuciones y mejoras y espero que haya conciencia en Diputados y no haya dilación del tema o bloqueo y que podamos tenerlo el año que viene en las elecciones nacionales”, planteó y sumó que la BUP “asegura la oferta electoral de forma más transparente, se va a evitar el robo de boletas, voto en cadena, se evita la manipulación. Tenemos que tener un sistema que no tenga fragilidad y sea confiable”. También señaló que se ahorra en un 50% del gasto.

Desde el interbloque Unión por la Patria, la senadora riojana Florencia López cuestionó de lleno el proyecto de ley y lanzó criticas contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Esta modificación que intenta el Ejecutivo Nacional, sobre el tamaño de la boleta, es ridículo”.

Dirigidas a los senadores dialoguistas que criticaron la postura de UP, la riojana aseveró que “no somos nosotros los que cambiamos el voto”, y mandó una acusación contra las autoridades del Cuerpo: “Sucede que este dictamen nada tiene que ver con las modificaciones hoy puestas en nuestras bancas”, en alusión al trabajo en comisiones.

Como puntos negativos, consideró: “Pretende el debilitamiento de los partidos políticos, avanzar en la agenda del ajuste y ha quedado relegada por la intención del presidente de la Nación porque hoy se quiere cambiar lo único que anda bien en este país”. En ese momento, sacó un ejemplar de la boleta de tamaño superior al metro y la llamó “impracticable”

Para cerrar, cargó que “ni el presidente de la Nación sabe cuanto mide la BUP con la que nos va a hacer votar de tamaño ridículo e impracticable porque oculta a los verdaderos candidatos”, y cerró: “En ningún lado están solicitando que se apruebe este tipo de medidas, pero si vemos otro tipo de clamor como que le paguen a los jubilados, que le giren los fondos a las universidades o que le den los remedios al PAMI”.

El último expositor fue el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, quien replicó el accionar de varios senadores y sacó una versión del diseño de la boleta en cuestión. “Sin aprovechar que somos oficialismo seguimos empujando la boleta única de papel porque va a traer más transparencia y más equidad”.

De cara a los miembros de Unión por la Patria, el senador jujeño fustigó: “Hay algunos que queremos cambiar, otros, como siempre, quieren quedarse en el pasado”, y añadió que “hay fraudes electorales y están judicializados”. En ese momento, destacó la labor de La Libertad Avanza como partido joven en las elecciones pasadas.

“Todo este Senado ha coincidido que es de suma importancia para todos los argentinos porque es un proyecto que venía y se intentaba tratar hace mucho tiempo y es un sistema más simple que da transparencia electoral”, consideró. A su vez, afirmó que “con este sistema de boleta única solo tiene en contraposición la falta de transparencia como la que nos tenían acostumbrados los anteriores gobiernos”.

Antes del comienzo de la votación en general y en particular, Ezequiel Atauche señaló: “Otra de las características que tiene es la equidad que tienen las minorías de competir con los grandes partidos políticos”. “Es más simple y con esto vamos a atacar otro sistema de burocracia”, concluyó.

A dos horas de iniciada la sesión ordinaria en el recinto de la Cámara alta, el senador nacional Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana-UP) presentó una moción de preferencia sobre un proyecto de repudio contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber “puesto en duda el pacto democrático argentino”, cuando encabezó el homenaje a las víctimas del terrorismo en el Palacio Legislativo.

El principal cuestionamiento del legislador, cercano a Cristina Kirchner, fue por la “gravedad” de las expresiones de la titular del Senado cuando había anunciado que “va a reabrir todas las causas que llevan más de 20 años cerradas” el pasado 27 de agosto. “Al decir eso, representa un desprecio por la división de poderes como si el cargo de vicepresidenta le permitiera abrir causas judiciales”, cargó.

El neuquino pidió que la moción sea votada para que se trate el proyecto de declaración de repudio contra la presidenta del Senado, el cual no tiene dictamen de comisión. Pero la moción resultó rechazada en la segunda votación. Antes había resultado en empate.

Oscar Parrilli encabezó el pedido contra la vicepresidente.

En tal sentido, amplió que “después la vuelta de la democracia, todos los partidos políticos, han hecho un pacto democrático para no volver nunca más al uso de la violencia como instrumento de la acción política y a no utilizar la proscripción y el fraude electoral para llevar adelante acciones políticas o de determinado pensamiento”.

Asimismo, cargó que Victoria Villarruel “vulneró derechos y normas internacionales sobre delitos considerados imprescriptibles”, y agregó que “los tres poderes han planteado que aquellos hechos deben ser juzgados por la justicia penal y en muchos casos han recibido condenas, pero algunos fueron beneficiados por indulto”.

Para terminar, Oscar Parrilli reiteró que “nadie se animó a decir que va a reabrir causas personales utilizando su poder como vicepresidenta de la Nación”. “Esto merece que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde”, concluyó.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), realizó este jueves en el Salón Illia una audiencia pública con el fin de recibir a dos candidatos a camaristas propuestos por el Poder Ejecutivo.

Se trató de Jorge Eduardo Morán, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, sala IV; y de Roberto Enrique Hornos, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, sala B.

Al abrir el encuentro, Tagliaferri informó que “no se recibió ninguna observación” hacia ninguno de los candidatos.

En su presentación, el juez Morán expresó: “Estoy pidiendo una prórroga para permanecer por cinco años más en mi cargo. Llevo 55 años en la Justicia, siempre puse en práctica la intención de formar grupos de trabajo homogéneos teniendo, sobre todo, eficiencia”.

Además, destacó las políticas de género que se impulsaron desde la Sala IV. “Fue la única que sacó en 2010 una acordada donde todos los jueces debían hacer de manera obligatoria el curso de género; hemos sido severos en la igualdad entre mujeres y hombres”, afirmó.

Por su parte, Hornos hizo un repaso sobre su carrera judicial. “Me he dedicado a la función judicial desde los 19 años y me siento en condiciones de continuar por un período más ya que he podido afrontar satisfactoriamente el recargo de tareas producido por la vacancia que hay en mi fuero”, dijo. También destacó la importancia de las políticas género en la esfera judicial.

Tras la audiencia, pasaron para la firma los dictámenes correspondientes para prestar acuerdo sobre los pliegos.

Tal como se esperaba, luego que fuera quitado del plan de labor para la sesión, el bloque de Unión por la Patria solicitó en el arranque de la jornada de este jueves que el DNU 656/24 por el cual se otorgaron 100 mil millones de pesos a la SIDE sea incorporado al temario, como estaba previsto para la semana pasada.

En la reunión entre Victoria Villarruel y jefes de bloques de este miércoles, el oficialismo y sectores dialoguistas habían acordado retirar el decreto del debate. Antes de eso habían estado en Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Más tarde, también, desde el Poder Ejecutivo enviaron una nota pidiendo una “sesión secreta” en la Cámara alta para que funcionarios pudieran asistir a explicar los motivos del DNU.

Así las cosas, se esperaba que el oficialismo lograra postergar una semana más la discusión. Aunque Unión por la Patria había anticipado que pujaría por la inclusión del DNU al temario. La sorpresa fue que -tras la polémica que envolvió al partido en las últimas horas- desde la Unión Cívica Radical avalaron que el decreto sea tratado este jueves, en último lugar.

Al tomar la palabra, antes de que se someta a votación el acta y plan de labor, el jefe de UP, José Mayans, afirmó que desde su bancada querían dar tratamiento al DNU. Sobre la sesión secreta pedida por el Ejecutivo, en el marco del artículo 18 del reglamento, explicó que para ello son necesarios los “dos tercios” si no, no puede ser reservada. Y, a continuación, manifestó su rechazo a que se haga una reunión de ese tipo, para lo cual su bloque sería necesario.

En ese sentido, el formoseño dijo que rechazaban una sesión así por “los tiempos que estamos viviendo, donde el presidente llama a diputados, utiliza el convencimiento extremo y cambian su voto en 24 horas; entonces, es un momento donde la gente sospecha de corrupción”, lanzó en referencia a lo sucedido con cinco diputados de la UCR que ayudaron a sostener el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria.

UP, el radicalismo y Guadalupe Tagliaferri y Edith Terenzi votaron juntos esta vez. (Foto: Comunicación Senado)

“Entonces nosotros dijimos, ¿sesiones secretas para hablar de un gasto de 100 mil millones de pesos y con una ministra (por Patricia Bullrich) experta en pegarle a gente desarmada? Imposible que nos prestemos a eso”, expresó.

Por otro lado, recordó que según la Ley 26.122, los DNU deben ser tratados en 10 días por la Bicameral de Trámite Legislativo, y una vez vencido ese plazo quedan habilitados “inmediatamente para ser tratados en ambos recintos”.

Desde La Libertad Avanza, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidió que se pase a votación el acta de labor, sólo con los temas de boleta única de papel y financiamiento universitario. Pero al hablar el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, presentó otra moción para que se incorpore el DNU al temario como último tema.

Tras un breve ida y vuelta reglamentario, se sometió a votación el acta y plan de labor con los dos temas que estaban previstos y resultó rechazada. Además de UP, no levantaron la mano los senadores de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Edith Terenzi (Cambio Federal). Luego Mayans dijo que retiraba su moción y acompañarían la de Vischi, y así se hizo. Después de darle la palabra a la senadora Anabel Fernández Sagasti -que reclamó por cuándo se deben votar las mociones-, Villarruel se retiró del recinto.

El DNU sobre la SIDE ya fue rechazado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. De repetirse el escenario en el Senado -se necesita de mayoría simple- representaría una nueva derrota legislativa para el oficialismo y se convertiría además en el primer decreto de necesidad y urgencia en la historia en ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.

Se inició a las 14.16 de este jueves la sesión ordinaria en el Senado en la que el oficialismo buscará conseguir la aprobación del proyecto de boleta única de papel, que en ese caso volverá con cambios a la Cámara de Diputados; y, por otra parte, la sanción de la ley de financiamiento universitario, que el presidente Javier Milei anticipó correrá la misma suerte que la Movilidad Previsional: el veto.

La reunión de este jueves había sido convocada la semana pasada, luego que el oficialismo y los bloques dialoguistas acordaran postergar todo una semana más. Esto provocó el rechazo de Unión por la Patria, que el jueves pasado se hizo presente igualmente en el recinto y luego los senadores dieron una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.

Ya en el arranque de esta semana estuvo nuevamente en duda la realización de la sesión, pero este miércoles, tras una reunión en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de la oposición aliada, se llevó a cabo una nueva reunión de Labor Parlamentaria y se excluyó uno de los puntos del temario.

Sin embargo, en el inicio de la sesión, el interbloque Unión por la Patria, a través de su jefe de bancada José Mayans, solicitó una moción para incorporar al temario el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la SIDE. Posteriormente, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, propuso que se incorpore el decreto, pero como tercer tema de la jornada. La oposición más férrea acompañó la moción del radicalismo y así se introdujo el DNU.

El 21 de agosto pasado el decreto en cuestión tuvo el rechazo de la Cámara baja y correría la misma suerte en el Senado, donde para ellos requiere de mayoría simple. Si ocurre, sería la primera vez que el Congreso rechace en ambas cámaras un decreto de necesidad y urgencia.

Después de la cumbre en Casa de Gobierno, con Milei abocándose de nuevo a las negociaciones parlamentarias, se envió formalmente al Senado una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que el Poder Ejecutivo pide una “sesión secreta”, con el fin de que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen el uso de los fondos asignados al organismo de inteligencia en concepto de gastos reservados. Pero Mayans explicó este jueves que para su realización necesitan de dos tercios, y ellos no se prestarían.

Los otros dos temas que atravesarán la jornada serán el debate del proyecto de boleta única de papel, que está previsto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una cuestión electoral deberá reunir 37 votos afirmativos, una mayoría absoluta. El segundo será el proyecto sobre financiamiento universitario, que se encamina a ser ley. Se trata de otra iniciativa que Milei ya anticipó vetará, por considerar que va en contra del equilibrio fiscal.

En el caso de la BUP, el proyecto se había dictaminado en enero, pero quedó sin chances de tratarse en sesiones extraordinarias por no reunir los votos suficientes. Luego de un nuevo plenario de comisiones realizado días atrás, funcionarios del Poder Ejecutivo acercaron a los bloques dialoguistas un nuevo borrador. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no. La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. Pero en el Gobierno hay apuro para que los cambios se puedan implementar de cara las elecciones del año próximo.

En cuanto al financiamiento universitario -ley por la cual hay este jueves una marcha a favor en las afueras del Congreso- se trata de una iniciativa que fue aprobada por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos.

Con la satisfacción fresca de haber sorteado el escollo mayor este miércoles en Diputados, con el aval obtenido al veto presidencial de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el Gobierno no afloja el ritmo y solucionó favorablemente -al menos por ahora- otro de los dolores de cabeza que se perfilaban para este jueves. Hablamos puntualmente del debate del decreto de necesidad y urgencia 656/24, de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Ese tema estaba tercero en el plan de labor de la sesión pedida para este jueves, que arrancará a las 14. Pero, tras un acuerdo entre senadores de la oposición dialoguista con el oficialismo, se decidió retirar del temario y postergar su tratamiento una semana más.

El asunto se trató incluso este miércoles, mientras sesionaba la Cámara de Diputados, en una reunión encabezada por el propio presidente Javier Milei en Casa Rosada con la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de bloques amigables.

Lo que ocurrió después formalmente fue la presentación de una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que el Poder Ejecutivo pide una sesión secreta en el Senado, con el fin de que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen el uso de los 100 mil millones de pesos otorgados al organismo de inteligencia en concepto de gastos reservados.

Tras una nueva reunión de Labor Parlamentaria, en la que Unión por la Patria reclamó fervientemente por la exclusión del tratamiento del DNU, que ya cuenta con el rechazo de la Cámara de Diputados, la vicejefa de esa bancada, Anabel Fernández Sagasti, expresó en su cuenta de X: “En otra voltereta radical, esta vez en el Senado, acordaron sacar del temario de la sesión de mañana el DNU de fondos reservados de la SIDE”.

Desde la principal oposición no se dan por vencidos y tratarán de incluir el tema. La polémica se anticipa en la discusión reglamentaria que habrá para sumarlo al debate. Mientras desde el oficialismo argumentarán que se necesitan de dos tercios para habilitarlo, UP recordará que los decretos de necesidad y urgencia pueden tratarse “de oficio” en el recinto, vencido el plazo para que la Bicameral de Trámite Legislativo emita dictamen, según la Ley 26.122. Y que para eso solo se necesita de mayoría simple.

Los otros dos temas que atravesarán la jornada serán el debate del proyecto de boleta única de papel, que está previsto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una cuestión electoral deberá reunir 37 votos afirmativos. El segundo será el proyecto sobre financiamiento universitario, que se encamina a ser ley. Se trata de otra iniciativa que Milei ya anticipó vetará, por considerar que va en contra del equilibrio fiscal.

Boleta Única de Papel

Sobre Boleta Única de Papel hay dos dictámenes. El de mayoría establece que la boleta única incluirá todas las categorías para las que se realiza la elección, distinguidas claramente. Estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que tenga listas oficializadas de personas propuestas para ocupar los cargos públicos electivos y en espacios, franjas o columnas verticales para cada una de las categorías de cargos electivos.

La boleta debe contener nombre de la agrupación política, categoría de cargos a elegir; nombre de los candidatos y foto según cada categoría; y un casillero en blanco junto a cada tramo de cargo para poder votar por cada una de las categorías, entre otros requisitos.

Se deberá incluir también un casillero en blanco, junto a la identificación de la agrupación política, para que se pueda votar por lista completa.

Las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches que serán exhibidos de manera clara y visible en cada cabina de votación.

La Boleta Única será impresa al menos 30 días antes del acto electoral en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un 5 % adicional para reposición en caso de contingencias.

En cada mesa electoral debe haber tantas Boletas Únicas como personas habilitadas para votar, más el porcentaje adicional.

El proyecto modifica el artículo 94 relativo al procedimiento de emisión del voto. En la cabina de sufragio, el elector marcará la opción electoral de su preferencia en la Boleta Única de Papel con cualquier tipo de marca dentro de los casilleros. La Boleta Única de Papel, doblada por sus pliegues, será depositada por el elector en la urna respectiva. Incluye disposiciones acerca del procedimiento del voto en el caso de personas con discapacidad.

La Cámara Nacional Electoral deberá iniciar un proceso público de desarrollo y diseño de un modelo de Boleta Única de Papel para las próximas elecciones primarias y generales.

El dictamen de minoría difiere en cuestiones tales como que en vez de que una misma boleta incluya todas las categorías para las que se realiza la elección, establece una Boleta Única para cada categoría de cargo electivo. También elimina la opción de votar por lista completa.

Entre otras cosas excluye la individualización de la sección electoral en la confección de la boleta única. Asimismo, establece que su diseño será establecido por cada Junta Electoral Nacional, en vez de la Cámara Nacional Electoral.

Financiamiento de las universidades nacionales

El dictamen que se pondrá a consideración define como objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en la Argentina durante 2024.

Ordena al Poder Ejecutivo nacional actualizar las partidas presupuestarias de 2024 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, de acuerdo a lo establecido en esta ley.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional actualizar al 1/1/2024, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias que se especifican.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional a actualizar, de forma bimestral y según el IPC, desde el 1/1/2024 y hasta el 31/12/2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias detalladas en el punto anterior.

Establece que los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional en estas actividades al Programa 26, Desarrollo de la educación superior, durante 2024 y anterior a la sanción de esta ley, podrán ser descontados de la aplicación retroactiva del IPC.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1/12/2023 y hasta el mes de sanción de esta ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Desde el mes siguiente a la sanción de esta ley y hasta el 31/12/2024, el PEN deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.

Los aumentos otorgados por el PEN en el Programa 26, Desarrollo de la Educación Superior, para la asistencia a salarios docentes y no docentes entre el 1/12/2023 y la fecha de sanción de esta ley deberán tomarse a cuenta de la recomposición.

Lo establecido acerca de la recomposición salarial no se aplicará si las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para 2024 son acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones representantes de los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias.

Establece que la Auditoría General de la Nación, conforme el artículo 59 bis de la ley 24.521 de Educación Superior, realizará las auditorías y, de manera inmediata, remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones.

Establece la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

Luego de una semana como la anterior, en la que se negoció día a día para ver si se realizaba una sesión que terminó confirmándose, pero para la semana siguiente, ahora volvió a complicarse esa posibilidad y muchos dan por caída la reunión anunciada para este jueves en el Senado.

La sesión de este 12 de septiembre había sido confirmada la semana anterior entre el oficialismo y la oposición dialoguista, para enojo de los miembros del interbloque Unión por la Patria, que intentaron sin éxito sesionar el jueves. Para este 12 a partir de las 14 se había acordado el temario que incluía el proyecto de boleta única de papel, la iniciativa de financiamiento universitario y el DNU sobre los 100 mil millones de pesos para la SIDE. Tres temas previstos que a priori representaban dos victorias opositoras contra una del oficialismo.

Salvo el primer tema, que en rigor no es un proyecto de La Libertad Avanza, sino de la oposición de 2022 que le dio media sanción en Diputados, pero que LLA defiende como propia, los otros dos temas son resistidos por la Casa Rosada. Por razones obvias.

La novedad de las últimas horas es que se reavivaron las dudas entre las partes y el oficialismo estaría interesado en postergar una vez más la sesión. El dato saliente es que ese deseo encontraría receptividad en el bloque de José Mayans, toda una novedad, ya que le hacía falta al menos tres senadores por diversas causas.

Según precisaron fuentes consultadas, persisten las dudas en torno al proyecto de boleta única de papel. Cuando ya se daban por resueltas las diferencias entre oficialismo y oposición para garantizar los votos de todos los bloques menos UP, las dudas surgieron en la oposición dialoguista. De acuerdo con lo que circuló en los últimos días, la renuencia a aprobar la BUE surgiría del bloque radical, donde los correntinos Eduardo Vischi (nada más ni nada menos que el presidente de la bancada) y su par Mercedes Gabriela Valenzuela, quienes ya no estarían tan convencidos de apoyar el proyecto, por la proyección que el mismo tendría sobre su provincia, donde el año que viene se elige gobernador y el actual, Gustavo Valdés, ya no tiene reelección. Algunos dijeron que este gobernador no quiere que se le complique la elección en su provincia y por eso llamó a bajarle el pulgar a la propuesta que circula en el Senado.

Haciéndose eco de la especie, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió apareció esta semana pidiéndole al gobernador Valdés a través de su cuenta de X que “por favor apoye en el Senado la sanción de la ley de Boleta Única”. Y le indicó puntualmente: “Usted que fue mi alumno en la Facultad de Derecho en Corrientes no puede oponerse a una reforma necesaria para el sistema democrático”.

Hay quienes dicen que las resistencias no son solo de los correntinos, y de los que sostienen que sí, algunos advierten que en realidad Valdés se está subiendo el precio justo en vísperas del tratamiento del Presupuesto 2025, donde quiere quedar a resguardo financieramente hablando para el próximo año.

Como sea, no están garantizados los votos para este tema este jueves. ¿Y el resto? Hay más chances para que se apruebe financiamiento de universidades nacionales, y ni qué decir del rechazo al DNU 654/24, aunque una fuente radical sugirió que no le sorprendería que al llegar al tercer punto del temario la sesión se quedara sin quórum, de modo tal de dejar las cosas empatadas en 1 entre el oficialismo y la oposición más dura.

No debería descartarse para una eventual postergación un cálculo meramente político: si el oficialismo logra controlar -como todo indica- el rechazo al veto presidencial a la Movilidad Previsional, no querría que rápidamente esa buena performance se opacara tan rápidamente, al día siguiente, con dos derrotas severas en el Senado.

Otra especulación que se hacía era la de que la posible postergación se anunciaría con la anuencia de UP, bloque al que le faltarían tres senadores, lo cual no es poco.

“Complicada”, resumió una fuente legislativa de los bloques dialoguistas al ser consultada por este medio respecto de cómo venía la sesión de este jueves. “Hoy está difícil”, remató.

Para este miércoles al mediodía estaba prevista una reunión para tratar de destrabar el tema y definir qué sucederá con la sesión.

Con la ausencia del bloque de Unión por la Patria, un plenario de comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta comenzó a debatir este martes el proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, contó con la participación del director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier. La titular de la Comisión de Seguridad Interior, la radical Carolina Losada, informó que la próxima semana se reunirán con el objetivo de poder dictaminar.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

El primer expositor fue Soto quien contó que desde 1891 “no hay un cambio tan revolucionario en la identificación genética y criminal, que es a través de la identificación genética las huellas dactilares, algo que se desarrolló en Argentina con Vucetich y revolucionó la manera de establecer quién era el autor de un delito”.

“Tenemos la oportunidad histórica de extenderlo a un método que se utiliza en todo el mundo como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa en España, Francia, en Australia, en Gran Bretaña, en Canadá, en México, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en fin, en casi todo el mundo para establecer la identificación del autor de un delito”, consideró Soto.

Así, el funcionario resaltó que “se puede ampliar a través de la identificación de todos los imputados y todos los condenados por todos los delitos, pero esto no es solamente para la identificación criminal de alguien que va a ser juzgado, sino también como una herramienta fundamental para desvincular a alguien que tiene que demostrar su inocencia y, si no hay una herramienta como esto, es muy difícil probarlo”.

“Este sistema permite también poder utilizar la identificación genética para buscar personas extraviadas o desaparecidas. Sin perjuicio a la base de datos que está para el periodo de marzo 1976 y diciembre 1983 para los desaparecidos de la dictadura militar que eso sigue incólume y no se toca. Para los demás casos en que hay personas que se están buscando y hoy en día no hay ningún método para poder identificarlas, este sistema va a poder permitir en forma voluntaria -no por orden judicial- que los familiares aporten al registro su identificación genética y que se compare, con su consentimiento, con los restos de cuerpos que se encuentren o personas inconscientes que no puedan ser identificadas y establecer la identificación”, explayó.

El funcionario hizo hincapié en el artículo 2 que establece bajo qué ministerio u organismo estará el registro y precisó que “es una herramienta de investigación criminal, que se toman los datos de todas las personas imputadas, de todas las personas condenadas y se toman las muestras y evidencias que se encuentran en la escena del hecho. Las evidencias en la escena del hecho son de ADN, pero hoy en día ya no hace falta que se tengan fluidos en sangre, sino que basta el ADN de contacto en este lugar simplemente por la declamación microscópica de las células que entran en contacto con un objeto. Eso en un sistema que es la determinación del ADN hace que se obtenga un perfil genético que se traduce en un código de barras y se compara ese código de barras con el código de barras del imputado o del condenado”.

“El registro es una herramienta de investigación y estaba en la Ley del 2013 que se había sancionado en este Congreso por unanimidad, porque en esa época recién se separaba justicia de seguridad, y establecieron que va a la dirección de registro del Ministerio de Justicia como un registro más”, contextualizó, pero señaló que “en ninguna parte del mundo los registros de información genética funcionan en el Ministerio de Justicia”.

Soto comentó que han hablado con el ministro de Justicia para iniciar la gestión del traspaso, pero en Diputados se consideró que debería permanecer bajo esa órbita. “Para nosotros solamente se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”, opinó.

Así, solicitó que revisen el artículo 2 y que restituyan que quede el registro bajo el Ministerio de Seguridad porque “tiene el enlace y el trabajo con la fuerza y seguridad. Es una función natural del Ministerio de Seguridad poder llevar esta ley a cabo”.

“Esta es una oportunidad histórica para modificar un sistema que va a revolucionar la identificación criminal en Argentina, estamos en deuda en realidad porque Argentina siempre fue pionero desde Vucetich hasta en la época es que se investigaron los crímenes de la dictadura militar el equipo forense hizo la identificación genética criminal. Este mismo Congreso hace más de 10 años sancionó la ley y quedó en aguas de borraja”, argumentó Soto.

Y ratificó: “Es el momento para dar un cambio un giro revolucionario identificación criminal, poner en funcionamiento algo que ya existe. Es una herramienta puede ser que tenga razones para justificar indiscutible con la certeza del 99,99%. Por eso funciona tan efectivamente esta herramienta que nosotros le solicitamos que la aprueben y que, además, permitan que el Ministerio de Seguridad pueda desarrollar todas las herramientas para hacer una implementación que ya lo estamos haciendo con todas las provincias. Ya tenemos 10 provincias que nos piden la implementación y ya quieren una adhesión y poder implementar además y capacitar a todas las fuerzas de seguridad para levantar el ADN”.

“La Corte ya ha dicho de hace mucho tiempo que la extracción de una gota de sangre no afecta la integridad psicofísica de la persona, pero ni siquiera hace falta eso. Entonces con todo este método que, además es cada vez más rápido y más económico, el ADN cada vez más rápido y más económico, se puede hacer que no haya impunidad. Esto implica un ahorro enorme en investigación jurisdiccionales de juicios enormes sin poder definir una sentencia y los tratamientos psicológicos y médicos para las víctimas”, cerró.

A su turno, Gianni Venier compartió su experiencia y brindó detalles sobre el funcionamiento de este registro implementado en Mendoza desde 2016. También, destacó la reducción de costos, “desde el punto de vista sistémico” que permite su implementación, “la asepsia del sistema”, la cantidad de hechos resueltos y que, su uso en la provincia, “ha sido una excelente decisión”, finalizó.

Previamente la Comisión de Seguridad Interior mantuvo un encuentro para pasar a la firma siete proyectos de declaración sobre la conmemoración del aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional. También, los senadores acompañaron cinco proyectos de comunicación referidos a la solicitud de informes sobre aspectos vinculados al narcotráfico y el pedido de mayor presencia de Prefectura en aguas limítrofes con Paraguay, entre otros.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron este martes para retomar, tras diez meses, el debate por la creación del área marina protegida bentónica “agujero azul” en la plataforma continental argentina. En la zona mencionada, yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

El senador jujeño Ezequiel Atauche (LLA), en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presentó a los expositores y anunció que en las reuniones subsiguientes irán a exponer funcionarios del Poder Ejecutivo provenientes de Cancillería, de la Administración de Parques Nacionales y las secretarías de Energía, y Agricultura, Ganadería y Pesca. La misma será en carácter informativo dentro los próximos diez días.

En el final de la reunión, la titular de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la senadora chubutense Edith Terenzi, reiteró su compromiso con el proyecto en cuestión, el cual tiene media sanción de la Cámara de Diputados: “No dejemos caer una media sanción que es la responsabilidad más grande que tenemos”. Asimismo, reveló que hay un compromiso desde el Poder Ejecutivo que da lugar para que la iniciativa se pueda dictaminar y ser llevada al recinto de la Cámara alta.

Las exposiciones 

La primera expositora fue Valeria Falabella, directora de Conservación Costero-Marina de WCS Argentina, quien presentó una serie de diapositivas de imágenes satelitales que vienen siendo analizadas desde hace diez años. A su vez, llamó a la zona como “una ciudad dentro del mar”, y destacó que “brilla de noche porque tiene riqueza y abundancia de especies en su profundidad”.

“Está en sus manos que esta área excepcional sea protegida”, refirió al señalar que Agujero Azul “es uno de los cinco sitios que se destaca por eventos de pesca oscura e ilegales como trasbordo de carga”. Detalló además que “hay una imposibilidad de saber qué se captura y cuánto” y afirmó que es “reconocido en el mundo como lugar de vulneración de Derechos Humanos”.

Por otro lado, explicó que en la zona existen “trillones de organismos que suben altamar dos veces por día”, y amplió que es provocado por “luces intensas de barcos pesqueros” que navegan la zona con el fin de la explotación ilegal de los recursos del lugar. Compartió una fotografía con un cuadro con cinco barcos de arrastre de fondo.

En perjuicio de la zona marítima en cuestión, mencionó que hay “una intensidad de pesca descomunal” con “más de 200.000 horas de arrastre anual en esa zona y picos de 500 barcos”. “La importancia de un área protegida es la de gestionar biodiversidad y ambientes porque un área protegida es clave y así poder llevar actividades humanas sin afectar la biodiversidad”, reiteró Falabella.

En las imágenes presentadas, se añadió que la zona contempla 148.000 kilómetros cuadrados más allá de las 200 millas marinas dentro de la Plataforma Continental Argentina. “Está siendo explotada por flotas internacionales sin ningún tipo de control”, aseveró.

En otro tema, indicó que Agujero Azul “es atravesado por el Frente del Talud, área clave para la funcionalidad de nuestro mar y para la mitigación de los efectos del cambio climático”. “Esta es una oportunidad de gobernanza en un área estratégica de nuestros espacios marinos con un fondo saludable y frente productivo”, reiteró.

Por último, especificó que los cañones submarinos “son rutas de transporte que utilizados por nutrientes y sedimentos de la plataforma a las zonas más profundas”, y añadió que tienen un “rol valioso en el transporte de materias orgánicas”, pero advirtió: “Están al límite del colapso porque hoy no hay sectores marinos sin presencia de micro plástico”.

Para cerrar, afirmó que la zona “es el 8% de la extensión de la plataforma continental”, pero lamentó que “la flota nacional no pesca en el Agujero Azul porque los últimos números registrados son del 0,04%”.

Complementada con las imágenes de la primera exposición, Silvia Romero, directora de investigaciones del régimen de investigación para la defensa en el Senado, remarcó que “hace más de 20 años que se estudia la región”, y presentó imágenes satelitales sobre “organismos microscópicos que hacen fotosíntesis conocidas como las macro algas que se van al fondo”.

En tal sentido, explicó: “Las algas tienen clorofila para hacer fotosíntesis por la presencia de diatomeas en cantidades industriales, y esas algas son la base de la cadena trófica en el mar, eso es fitoplancton”. También, sostuvo que “necesitan luz, nutrientes y temperatura suficiente”, y remarcó que “en el talud hay nutrientes del fondo que pasan a la zona productiva”. “Son 1500 kilómetros de extensión altamente productivos”, destacó.

Brevemente, el politólogo Mariano Aguas, especialista en materia política antártica y ambiental, afirmó que este proyecto busca “construir algo fundamental que es el bien público”, y remarcó que “Argentina está proyectando poder”. “Cuando se comporta de esta manera está diciendo cosas porque se pone en juego la legitimidad política y este es un acto fundamental de una política pública para sostener un bien público. Estamos intentando construir una vida civilizada”, consideró.

La diputada nacional (MC) se mostró emocionada al exponer sobre el proyecto que ella misma impulsó.

Impulsora del proyecto, la exdiputada nacional Graciela Camaño expuso ante las autoridades del plenario e indicó: “Las dos científicas nos señalaron un jardín, pero el océano profundo es estéril y son muy pocas las zonas donde encontramos este jardín y nosotros lo tenemos”.

Emocionada, recordó a la tripulación del submarino ARA San Juan y remarcó que los restos “están ahí porque estaba protegiendo el Agujero Azul”. También, destacó que “esto viene del proyecto Pampa Azul y es para meterle ciencia a este gran conglomerado”.

A su vez, Camaño reiteró que “la idea es para proteger determinadas áreas para seguir teniendo recursos”, y catalogó como fundamental tener “política en materia de pesca para la administración de los recursos del mar”. “Debemos saber que todo lo que la gobernanza de los océanos se hace con instrumentos internacionales”, explicó.

“Somos uno de los privilegiados países costeros dentro de Naciones Unidas y esta es una herramienta más para reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas”, enfatizó, y añadió que “nos da un resguardo natural de todos nuestros recursos”.

Para terminar la exposición en defensa del proyecto que impulsó cuando era diputada nacional, remarcó que “cuando no protegemos el ambiente, destruimos a la especie humano”, y cerró: “Si alguien tiene que proteger somos nosotros porque no es un tema menor, es  marcar nuestra soberanía”.

La última intervención fue la de la abogada y representante legal de las familias de los Héroes del ARA San Juan, Valeria Carreras, quien llamó al lugar como un “Las Vegas marítimo” y pidió que se apruebe esta ley para preservar la zona de la depredación ambiental.

“Mirar al pasado a esa zona que se abre como proteger y acobijar, y para recordar todo lo que hizo la República Argentina para cuidar todos nuestros recursos porque los recursos son soberanía”, enfatizó, y agregó: “La pesca de arrastre haría mucho daño a la causa del ARA San Juan porque afectaría las huellas del material que quedó del submarino”.

Para cerrar, expresó que “ahora no es momento de bajar al fondo del mar porque no hay fondos, pero preservémoslo para el futuro y así podamos decir que hubo una ley para proteger los recursos y también la historia”.

Valeria Carreras es la representante legal de las familias de los Héroes del ARA San Juan.

La primera reunión 

Antes, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual es presidida por la senadora chubutense Edith Terenzi, oficializó el reemplazo de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri en lugar del misionero Martín Goerling Lara.

Y luego, se aprobaron una serie de proyectos de comunicación y declaración entre los que se destacaron la adhesión al Día internacional de la preservación de la capa de ozono; La conmemoración del 18 de septiembre como Día Mundial del Control de la Calidad del Agua; al 2 de octubre como Día Mundial del Hábitat; a l 4 de octubre como Día Mundial de los Animales; al 5 de octubre como día Mundial del Suelo y como Día Nacional de las Aves; y al Día Internacional de Protección de la Naturaleza, entre varios más.

La Dirección General de Cultura, mediante la Dirección del Museo Parlamentario invitan a la ciudadanía a la inauguración de la exposición “Símbolos de Honor: Numismática del Senado”. Este evento se llevará a cabo este miércoles 11 de septiembre a las 15 en el majestuoso Atrio del Palacio Legislativo, en avenida Rivadavia 1849.

La exposición es una oda a la riqueza histórica y el arte sublime de las medallas conmemorativas del Congreso. A través de sus relieves y símbolos, estas piezas de numismática cuentan historias de valentía, honor y el inquebrantable espíritu de una nación.

Entre las joyas de esta exposición, se alza la Medalla del Sesquicentenario de la Independencia, un verdadero tesoro diseñado por el renombrado artista Carlos de la Cárcova. Esta medalla, con su elegancia y detalle, celebra el 150º aniversario de nuestra independencia con una belleza que trasciende el tiempo. La obra de De la Cárcova, reconocida por su extraordinaria capacidad para inmortalizar el alma de la nación en metal, será el punto focal de nuestra exposición.

Antes de abrir sus puertas al público, la inauguración será precedida por una conmovedora ceremonia en honor a Domingo Faustino Sarmiento, un faro de luz en nuestra historia educativa y política. Este tributo nos permitirá rendir homenaje a su legado y reflexionar sobre su impacto perdurable en la construcción de nuestro país.

Programa del Evento:

15:00 horas: Ceremonia Conmemorativa en Honor a Domingo Faustino Sarmiento

15:10 horas: Inauguración de la Exposición “Símbolos de Honor: Numismática del Senado”

La exposición estará abierta al público desde el 11 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Invitamos a todos a explorar y maravillarse con la historia encapsulada en cada medalla, descubriendo los relatos de gloria y herencia que estas piezas traen consigo.

En su rol de la titular de la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó este lunes el decreto parlamentario 40/2024 por el que comunica que todos los trabajadores del Senado deberán verificar la asistencia a través del Sistema de Huella Digital. Comenzará a regir desde el próximo jueves de 12 de septiembre.

Entre los meses junio y julio, 3.507 empleados de la Casa registraron su huella y se instalaron 10 dispositivos lectores en las dependencias del Palacio Legislativo. Asimismo, la regla abarca tanto a empleados de planta permanente como a los de estadía transitoria.

En caso de que no funcionen los dispositivos Sistema de la Huella Digital, cada empleado deberá utilizar la planilla de asistencia aprobada en el Anexo II de la resolución, mediante la rúbrica de la firma hológrafa del agente tanto al ingreso como al egreso de la jornada laboral.

Desde la Presidencia del Senado, señalaron que “se implementa una nueva medida en el combate contra los empleados que cobran su salario, pero no concurren a su lugar de trabajo, también llamados ‘ñoquis’”.

Expresidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de Cambiemos, Emilio Monzó es hoy un diputado raso que no preside comisiones, pero con toda lógica es de los más respetados del Cuerpo. Su bloque había pedido y acordado un lugar para él en la Bicameral de Inteligencia, pero súbitamente el oficialismo cambió de idea y se reservó para sí el puesto que le había asignado al entonces bloque Hacemos Coalición Federal. Fue el motivo del enojo de Miguel Pichetto, que retaceó sus diputados en dos sesiones consecutivas por eso, logrando voltear una. El enojo todavía le dura.

Pero no nos desviemos. Monzó es desde hace tiempo partidario de las eliminar las elecciones intermedias. En 2023 anunció que emprendería una cruzada con ese objetivo. Lo explicó señalando que “en esta sociedad tan vertiginosa, tan fragmentada, ningún gobernante puede generar políticas de Estado y transformar, si tiene una elección a los dos años… Porque al año y medio ya está observando cómo cierra la lista”.

Claro que eso no es tan sencillo de hacer, porque por ejemplo habría que modificar la Constitución. Él hablaba de hacer un gran acuerdo para limitar esa reforma a cambiar un solo artículo de la Carta Magna, pero es un riesgo que nadie quiere tomar.

Más allá de esa propuesta -que no pocos miran con simpatía-, lo cierto es que esa reforma es la que hubiera necesitado un gobierno como el de Javier Milei, cuyo partido fue creado un rato antes de las elecciones que lo consagraron y que por lo tanto más del 90% de sus legisladores asumieron recién el 10 de diciembre pasado. Y si bien el presidente insiste en decir cada vez que puede que es el gobernante más votado de la historia, la realidad es que el Congreso actual -o al menos la mitad de los diputados y un tercio de los senadores- es producto del resultado de la primera vuelta. En la que La Libertad Avanza resultó segunda, con un tercio de los votos.

Como sea, de haberse instrumentado la reforma que propone Emilio Monzó, el Congreso actual sería emergente de esa elección y nadie tendría mayoría, pero tampoco este oficialismo sería una minoría tan reducida.

Los constitucionalistas suelen decir que la Carta Magna “es sabia”, por lo que habría que considerar que deliberadamente se buscó que las mayorías tengan un tiempo de maduración, cuestión de que nadie de la noche a la mañana arme un partido y, con los planetas alineados, en una muy buena elección se quede con todo el poder.

Mal que le pese, si a Milei hay que buscarle algún presidente con el que pueda ser comparado, ese es Hipólito Yrigoyen, que sorpresivamente -o no- se alzó en 1916 con la presidencia con un partido relativamente nuevo, frente al conservadorismo, que a través del Partido Autonomista Nacional controlaba el poder sin alternancia desde hacía 42 años, como virtual partido único. Esas elecciones que ganó Yrigoyen tuvieron la particularidad de haber sido las primeras en las que se aplicó la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto.

Consecuencia: Yrigoyen asumió con el Congreso más adverso de la historia: minoría en las dos cámaras; tan extrema como la de Milei casi un siglo después. Solo 4 senadores y 45 diputados tenía el caudillo radical al llegar el poder. Adversidad que con el correr de las elecciones fue revirtiendo.

Es lo que espera lograr el actual oficialismo, que imagina tendrá mucho más en 2025, aunque vaya a seguir siendo una minoría extrema, por más contundencia que tenga su eventual triunfo en las elecciones intermedias. O tal vez no lo sepa, lo cual sería una ingenuidad grave.

Los partidos que formaron Cambiemos y luego Juntos por el Cambio ganaron las elecciones de 2013 y 2015, con mayores porcentajes que Milei, y así y todo el de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras después del de Hipólito Yrigoyen. Y lo siguió siendo aun habiendo ganado las intermedias de 2017.

A Javier Milei le gusta cada vez que puede hacer gala de su minoría extrema. El jueves, en el acto ante los ultraderechistas de Vox, el presidente se vanaglorió de estar haciendo “la reforma más grande de la historia argentina en menos de 9 meses”, y  con apenas “el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la de Senadores”. Nunca aclara que sin la colaboración de los bloques dialoguistas -que suman varias veces el número de La Libertad Avanza-, no hubieran podido avanzar nada en el Congreso. Así y todo los desafía: “Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga”, anticipó ante el inminente inicio del debate del Presupuesto. ¿Por qué? Porque “un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”, dijo Milei haciendo estallar al auditorio del Foro Madrid.

Mas allá de esas diatribas, la realidad es que si en algo no tiene interés la oposición, es que el gobierno no tenga su presupuesto y: a) se victimice y pase factura in eternum; b) prorrogue el Presupuesto en vigencia y pueda hacer un uso discrecional de las partidas.

Esto se da a escasos días de que el Gobierno libertario presente ante el Congreso su primer proyecto de presupuesto, puesto que el de 2024 decidió no mandarlo. Y en este caso Milei se propone volver a mostrarse disruptivo. Así como en la asunción presidencial rompió el molde dando su discurso fuera del Palacio Legislativo, y en la apertura de sesiones ordinarias habló en el horario inédito de las 21, para el Presupuesto 2025 decidió ser él quien vaya al Parlamento a presentarlo. Será una nueva oportunidad para tener centralidad y darle al tema una trascendencia que de lo contrario no tendría.

Sucederá al cabo de lo que muy posiblemente sea una nueva semana negra para el oficialismo en el Congreso. Con derrotas contundentes en el Senado y probablemente también en Diputados. Allí será el miércoles, cuando la oposición intente rechazar el veto presidencial contra la Ley de Movilidad Previsional. La sesión ha sido convocada para las 10 de la mañana por todos los sectores que componen el heterogéneo bloque radical, la Coalición Cívica y la bancada de Pichetto, que junto a Unión por la Patria suman 155 diputados. Les estarían faltando 15 votos, y no es seguro que todos los radicales vayan a votar contra el veto, según pudo saber este medio. Hay una presión intensa sobre determinados gobernadores.

Eso sí, si se consiguen votar el rechazo, será un duro golpe para el oficialismo, pues en el Senado no podría evitar un resultado similar.

Más allá de la suerte que vaya a tener LLA el miércoles, el destino del jueves en el Senado parece inexorable. Allí le esperan dos traspiés, a cual peor: la oposición convertirá en ley el proyecto de Financiamiento Universitario y luego derogará el DNU de los fondos de la SIDE, en un hecho inédito desde que los decretos de necesidad y urgencia fueron reglamentados. En ambos casos sería con 2/3.

Para maquillar una jornada negra, el oficialismo intentará votar la ley de Boleta Única en Papel, pero todavía no tiene asegurados los votos necesarios para aprobarla con modificaciones. Si fracasa, el tema no podrá volver a ser abordado hasta 2026.

Con semejante sucesión de traspiés legislativos, se entiende que el presidente quiera mostrarse dominador de la situación, asumiendo total protagonismo el lunes siguiente al presentar él mismo el Presupuesto.

Protagonismo que buscó al cerrar la semana en la red social que más le divierte e interesa, X, donde el viernes se enfrascó en una encendida polémica sobre economía con la expresidenta Cristina Kirchner. Ella empezó, con un tuit matutino que incluía un informe económico con el que desafió al presidente. Era obvio que él se prendería de la discusión y redoblaría la apuesta. Por temperamento y conveniencia, ya que el contrapunto con quien él ve como su Némesis, siente que lo fortalece. A ella también, de ahí que propusiera la discusión.

Surgió justo cuando los puentes entre el Gobierno y el kirchnerismo parecían muy transitados, con el fin de aprobar los pliegos de los jueces propuestos por Milei para la Corte. Fundamentalmente Ariel Lijo. En las últimas horas, los senadores que le responden a Cristina hicieron saber que el tema está frenado. Por ahora.

Mientras tanto, los radicales que completarían los votos para llegar a los dos tercios necesarios para sentar a Lijo en la Corte han congelado su decisión: nadie quiere exponerse si el kirchnerismo no muestra antes sus cartas.

Quedó claro con las firmas de los dictámenes de ambos candidatos. Transcurridos más de diez días de la audiencia con Manuel García Mansilla, ninguno de los dos pliegos llega a las nueve firmas necesarias para llegar al recinto. Con la relación de fuerzas en un momento de tensión extrema y traspiés reiterados por parte del Gobierno, no sorprendería que el tema quede para el año que viene.

A fines de diciembre, Juan Carlos Maqueda se jubila. Desde la Corte adelantaron que están en condiciones de funcionar con solo tres miembros.

La postulación del juez Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia atraviesa todavía un camino sinuoso en el Senado, ya que su pliego no consigue aún el dictamen ni están los votos asegurados. Para alcanzar los dos tercios que requiere la designación, es imprescindible que Unión por la Patria lo acompañe. Este viernes, desde el kirchnerismo llegó un nuevo mensaje al Gobierno: “Así como están las cosas no se lo vamos a aprobar”.

“Nosotros tenemos una postura muy clara sobre qué es lo que queremos para la Corte. La Corte, así como está, es un desastre para Argentina, para la democracia, para la república, para los trabajadores. Es una Corte que defiende al poder económico”, lanzó el senador Mariano Recalde durante una entrevista en radio Futurock.

El legislador de UP le recordó al oficialismo: “Nosotros tenemos un proyecto de ley en el Senado para modificar la Corte, no sólo en su composición, sino también en paridad de género, perspectiva federal, que contemple todas las especialidades”. “El presidente mandó esta propuesta, que obviamente no es nuestra. Es del presidente. No se la vamos a aprobar, así como está. Si hubiera alguna otra cosa, vemos. Qué se yo“, expresó el porteño.

Lijo es uno de los dos postulados por Milei para integrar la Corte Suprema -el otro es el jurista y académico Manuel García-Mansilla-, y desde que se conoció su nominación ha ido sumando cuestionamientos, muchos de ellos por parte de la oposición dialoguista.

Recalde afirmó que él tiene su opinión sobre el candidato, pero aclaró que dentro del bloque no han debatido sobre el tema. “Yo tengo mi opinión. En el bloque no lo discutimos todavía. El otro día tuvimos reunión de bloque y alguno planteó qué va a pasar con eso, pero postergamos la discusión”, aseguró.

Lijo defendió su pliego el pasado 21 de agosto ante la Comisión de Acuerdos del Senado y respondió preguntas de los senadores durante ocho horas. Una semana después cumplió el mismo trámite García-Mansilla. Sin embargo, desde ese momento la votación favorable de ambos en la Cámara alta parece lejana.

La negociación entre el oficialismo y la oposición peronista/kirchnerista, que incluiría una ampliación del número de miembros de la Corte como contraprestación de un respaldo a la controvertida candidatura de Lijo parece estancada, o al menos ha perdido fuerzas.

Los 33 votos del kirchnerismo son claves para una eventual aprobación del pliego de Lijo, pero también lo son los de la oposición dialoguista, así como los de los bloques de menor representación. Sobre todo, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó con apenas seis senadores propios, después de la salida del bloque de Francisco Paoltroni, en desacuerdo absoluto justamente con la candidatura de Lijo y enfrentado a cielo abierto con Santiago Caputo.

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta dará puntapié inicial al debate del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. Será este martes 10 a las 17.15 en el Salón Arturo Illia.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Para este debate en el Senado de la Nación, estarán presentes el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier.

Puntos principales del proyecto

Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.

Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.

Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.

En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.

A casi diez meses de la última reunión, las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta tendrán un encuentro plenario el próximo martes 10 de septiembre a las 15 en el Salón Arturo Illia para retomar el debate sobre el proyecto de ley que propone la creación del área marina protegida bentónica “Agujero Azul” en la plataforma continental argentina.

El último encuentro en comisión para debatir este tema fue el 31 de octubre del 2023 cuando el Senado era presidido por Cristina Kirchner. En esa oportunidad, funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, como Juan Cabandié y Daniel Filmus, se presentaron ante los senadores para defender el proyecto. Tras las elecciones presidenciales y el cambio de autoridades en la Cámara alta, el proyecto no se volvió a tratar hasta ahora.

Cabe recordar que esta iniciativa, la cual propone construir un área marina en la zona marítima donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación, fue impulsada por el diputado nacional Máximo Kirchner y la exlegisladora Graciela Camaño. Además cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 6 de julio del 2022.

En la previa al plenario, Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de la senadora chubutense Edith Terenzi, se reunirá a las 14.30 para completar los integrantes de la comisión, a la cual aún le faltan los integrantes de Unión por la Patria, y también para dictaminar una batería de proyectos de declaración y comunicación.

Durante una breve reunión realizada en el Salón Illia del Senado este jueves, la senadora de Unión por la Patria Lucía Corpacci asumió como presidenta de la Comisión de Salud. Se trata de la segunda comisión que se pone en marcha en los últimos días y cuya conducción corresponde a la principal oposición, que durante estos meses mantuvo su disconformidad por la cantidad y los lugares asignados en las comisiones.

El encargado de proponer a Corpacci fue su par Antonio Rodas, quien la definió como “una prestigiosa senadora, profesional en salud” y “una persona de amplia trayectoria y conocimiento”. “Para nosotros es muy importante poner en funcionamiento esta comisión. La salud y la educación son dos pilares del ejercicio de la democracia en Argentina. Hay muchos temas pendientes que atañen al funcionamiento de nuestro sistema sanitario”, expresó.

En tanto, la misionera Sonia Rojas Decut propuso como vicepresidente a su compañero de bloque Carlos Arce, “por su impecable trayectoria en el área de salud”; y la radical Stella Maris Olalla hizo lo propio, para el cargo de secretaria, con Mercedes Valenzuela, quien “tiene sobrado conocimiento, dedicación e interés en este tema”, dijo.

Al asumir la presidencia, Corpacci destacó que esta “es una de las comisiones que más consenso genera, porque la temática de salud nos atraviesa y sensibiliza a todos”. “Es una comisión que genera un clima de camaradería más allá de los espacios políticos de pertenencia de cada uno”, agregó la exgobernadora de Catamarca, quien es médica cirujana e infectóloga.

Por otra parte, adelantó que tendrán “una tarea ardua” porque hay pendiente de tratamiento 180 proyectos, que se resumen en “53 temas”. Para ello, convocarán a asesores para definir una agenda.

A su turno, Arce resaltó que “los médicos y los profesionales de la salud tenemos que tener como norte el paciente” y abogó por trabajar sobre “políticas que realmente impacten sobre la salud”. “El compromiso es trabajar con mucha responsabilidad porque creo que todos los argentinos necesitamos de esta comisión”, expresó Valenzuela.

Durante el encuentro, la senadora chubutense Edith Terenzi pidió tratar en la brevedad la iniciativa que regula el ejercicio de los acompañantes terapéuticos y la llamada “Ley Nicolás” de seguridad del paciente, ambas con media sanción de la Cámara de Diputados. También planteó un proyecto de su autoría para incorporar la atrofia muscular espinal al Régimen para la Detección y Tratamiento de Patologías en el recién nacido (Ley 26.279).

Aunque no forma parte de la comisión, la senadora de Unión por la Patria por Formosa María Teresa González tomó la palabra y llamó a tratar la problemática en torno al dengue para “tener políticas públicas que contemplen no solamente las provincias endémicas sino a toda la Argentina”.

Además de Corpacci, por Unión por la Patria integran la comisión Sandra Mendoza, Antonio Rodas, Guillermo Andrada, María Celeste Giménez Navarro, Carolina Moisés y Juan Manzur.

El resto de los miembros son Eduardo Galaretto, Stella Maris Olalla, Carolina Losada y Mercedes Valenzuela, por la UCR; Carmen Álvarez Rivero y Guadalupe Tagliaferri, por el Pro; Ivanna Arrascaeta, de La Libertad Avanza; Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia; Beatriz Ávila, del bloque Justicia Social; y Edith Terenzi, de Cambio Federal.

Según se definió, los días de reunión de la comisión serán los miércoles a las 10.30.

El interbloque de Unión por la Patria de Senado anunció que este jueves a las 14 bajará al recinto, tras haber pedido a la Secretaría Parlamentaria que garantice el funcionamiento del recinto para tratar el proyecto de financiamiento universitario y el DNU de los fondos de la SIDE.

“Esperamos poder contar con la presencia de los otros bloques para poder darle repuesta a todos las universidades del país y ponerle un punto final al despilfarro que hizo este Gobierno con los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia”, expresaron a este medio miembros de la bancada UP.

Mientras tanto enviaron una nota a la presidente del Cuerpo, Victoria Villarruel, argumentaron una serie de cuestiones reglamentarias que justificarían su pedido. A juicio del bloque que conduce José Mayans, considerando que “en el plenario de Labor Parlamentaria no se ha logrado acuerdo, ni se ha distribuido el plan de Labor en los plazos reglamentariamente previstos, venimos por la presente a informarle nuestra voluntad de celebrar una sesión ordinaria el día jueves 5 de septiembre y a formular una propuesta sobre los temas a tratar”.

En tal sentido requirieron a la titular del Cuerpo arbitrar los medios necesarios en orden a garantizar las condiciones necesarias para la celebración de una sesión ordinaria a celebrarse a  partir de las 14 horas de este jueves.

El temario de esa sesión pedida incluye solamente el financiamiento de Universidades Nacionales y el tratamiento del DNU 656/24 que asigna adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional fondos destinados a la SIDE.

De acuerdo con lo convenido este miércoles en la reunión de Labor, UP no tendría número para sesionar. Aunque estaría cerca, si ellos tienen listos a sus 33 senadores para sentarse en sus bancas. Como sea, la movida les servirá para exponer al resto de la oposición si no los acompaña.

En efecto, desde Unión por la Patria, llaman a tratar “estos dos temas que nos parece que son fundamentales para la Nación” y consideran que “hay que fijar posicionamiento y esperemos que también nos acompañen todos aquellos que dicen defender la educación pública y que también se sienten indignados por este financiamiento de 100 mil millones de pesos a la SIDE cuando sabemos lo que está pasando con los jubilados y toda la gente que la está pasando mal en la Argentina”, señaló la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Tras jornadas con indefinición y reuniones frenéticas, el oficialismo y la oposición dialoguista del Senado resolvieron este miércoles volver a postergar una semana la realización de una sesión. Según se acordó en Labor Parlamentaria, el próximo jueves 12 a las 14 se abrirá el recinto para tratar el proyecto de boleta única de papel, la iniciativa de financiamiento universitario y el DNU sobre los 100 mil millones de pesos a la SIDE. 

De esta manera, La Libertad Avanza ganará una semana más para, primero, volver a asegurarse los votos sobre la ley que cambia la herramienta de votación a nivel nacional. Segundo, retrasar dos nuevas derrotas legislativas, que igualmente se anticipa ocurrirán, como lo son la sanción de la ley sobre presupuesto universitario -que correría en manos del Gobierno la misma suerte que la Movilidad Jubilatoria- y el rechazo al DNU sobre la SIDE, algo que sería histórico, pues hasta ahora nunca ambas cámaras del Congreso dejaron sin efecto un decreto. 

Ante las votaciones adversas que le esperaban al oficialismo en estos dos temas, la intención para apaciguar tal suceso era lograr al menos la aprobación del proyecto de boleta única de papel, que ya la semana pasada se había postergado. Sin embargo, LLA se encontró con que los votos no estaban asegurados. Diferencias planteadas desde la UCR sobre el último borrador de dictamen enviado por el Gobierno encendieron las alarmas sobre la mayoría absoluta que requiere la iniciativa, por tratarse de una cuestión electoral. 

De esta manera, entre lunes y martes no se pudo definir si el recinto se abría este miércoles o jueves. Finalmente, este miércoles, mientras en la Cámara de Diputados culminaba abruptamente la visita de Guillermo Francos, se llevó a cabo Labor Parlamentaria en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Dispuestos a asestar dos golpes al Gobierno con la sanción de la ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU 656/24, los líderes de Unión por la Patria reclamaron con énfasis sesionar este mismo jueves con ambos temas. Pero la mayoría resolvió patear todo una semana. “Los votos para boleta única se sabe que están, pero hay que asegurarlos. Es darle una semana más al Gobierno”, expresó ante este medio uno de los participantes de la reunión. 

Molestos con la decisión, los integrantes del interbloque Unión por la Patria anunciaron que este jueves bajarán al recinto para sesionar.

Al ser consultado por la prensa sobre si el proyecto de BUP tiene los votos necesarios, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, expresó: “Nosotros entendemos que sí, somos optimistas”. Inmediatamente, sobre por qué entonces no se sesionaba este jueves, el oficialista contestó que “por razones de viaje de algunos senadores”. “Están los votos en la mente de varios senadores para sacar boleta única, pero necesitamos que estén sentados en el recinto y eso se va a poder producir el jueves que viene”, completó. 

Con la mira en implementar la boleta única de papel en las elecciones del año que viene, el Gobierno sabe que está a contrarreloj con el proyecto de ley. Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Poder Ejecutivo acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaba clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias. Pero ahora, LLA se encontró con resistencias al interior del radicalismo.  

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no. La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. 

Por otra parte, este martes tuvo dictamen en las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda el proyecto de financiamiento universitario. La iniciativa, aprobada por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizado por la oposición, éste es otro proyecto que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”. 

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo sabe que el DNU 656/24 va camino al rechazo. Para esto, se necesita solo mayoría simple. 

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras.

Acta de Labor 4-09-24 

“Lo único definido es la indefinición”, deslizó este martes un senador para graficar las dudas en torno a la posibilidad o no de sesionar este miércoles o jueves. O miércoles y jueves, como se barajó durante buena parte del día. Al final, la sensación era que al final no habría sesión de miércoles, tan solo porque sonaba desprolijo que se la convocara el mismo día.

Como sea, los senadores están en Buenos Aires, pendientes de una convocatoria que oscila entre miércoles y jueves, aunque al caer la noche de este martes se daba por seguro que sería el jueves. Con reunión de Labor Parlamentaria este miércoles a las 17.

Ya desde la semana pasada estaba la intención del oficialismo de abrir el recinto para tratar la iniciativa de BUP. Desde el Poder Ejecutivo hay un pedido constante ante los tiempos que corren si se pretende implementar en las elecciones del año próximo.

Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Gobierno acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaría clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias. Recordemos que por tratarse de una ley electoral, necesita mayorías especiales, de manera tal que no vale desempate de Victoria Villarruel.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no.

Por otra parte, y tal cual se había anunciado al constituirse la Comisión de Educación, este martes se reunió un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de financiamiento universitario con media sanción de Diputados. Y tal cual lo esperado, se firmó el dictamen para llevar el tema al recinto. Si bien en la Cámara alta se respeta el plazo de siete días para que un dictamen vaya al recinto, en la última sesión se aprobó una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada con o sin despacho de comisión en la próxima sesión.

El proyecto aprobado por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizada por la oposición, ésta es otra iniciativa que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”.

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo no evitaría que el DNU 656/24 sea tratado, con altísimas chances de ser rechazado. Se necesita mayoría simple.

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras. Y una nueva derrota para el oficialismo libertario, en marcada minoría parlamentaria y con una relación con los dialoguistas que no es la misma que al comienzo de la gestión.

Las comisiones de Educación y Cultura; y Presupuesto y Hacienda del Senado tuvieron un encuentro plenario este martes para dictaminar el proyecto de Financiamiento Universitario que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera, la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto de la Cámara alta y cuenta con las voluntades necesarias para ser sancionada.

En el inicio de la reunión, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, dio lugar a la finalización del proceso de designación de autoridades al ratificar al catamarqueño Flavio Fama como vicepresidente primero propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical.

En defensa del dictamen aprobado, el senador De Pedro, en su rol de autoridad del plenario, aclaró que “se está debatiendo el presupuesto mínimo para que las universidades puedan funcionar garantizando los haberes docentes”. Del mismo modo, manifestó: “Para que el Gobierno nacional recapacite, desde noviembre hay una una inflación acumulada del 135%, pero la recomposición salarial fue de apenas el 57% y el poder adquisitivo bajó un 33%”, y añadió: “El 80% de los docentes se encuentran debajo de la línea de la pobreza”.

En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, señaló que “es un tema que a nosotros nos preocupa y desde el Gobierno hemos levantado un 70% el presupuesto”, pero advirtió que “desde el 2022 no se levantaba y antes no se reclamaba” -en tono irónico-. “Debemos cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos”, deslizó.

En tal sentido, refirió que “eso debería ser parte de la discusión”, agregando que “el impacto fiscal de esta medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ronda los 800 millones de dólares y el Ministerio de Capital Humano informó que ronda los 1.100 millones”. “Entendemos que hay cuidar el déficit cero porque es la forma en la que vamos a disminuir la inflación”, sumó y aseveró: “Esto tiene un alto costo fiscal”.

En el cierre, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, fustigó al Gobierno nacional y anticipó que buscarán llevar este debate al recinto para una sesión ordinaria estipulada para este miércoles 4 de septiembre. En caso de no ser así, la sesión se llevaría a cabo al día siguiente.

El debate 

Tras ser designado autoridad del plenario, el catamarqueño Fama le contestó al jefe de bancada oficialista: “El sistema universitario no está pidiendo presupuestos adicionales”, y agregó que “nunca se había dudado de los informes de la OPC, pero ahora empezamos a dudar”. Confirmó su voto afirmativo en la sesión venidera en el Senado.

Por otro lado, se refirió a la discrecionalidad en el uso de los fondos: “Hay sospecha de maniobra poco santa en el uso de los fondos, pero si hay un sistema federal, libre e inclusivo ese es el universitario argentino”. “Si hay algo que verdaderamente iguala a los argentinos es nuestro sistema de educación superior público que depende del Gobierno nacional”, afirmó el radical, y concluyó: “Dentro de la autonomía universitaria, se debe respetar la Ley de Administración Financiera”.

En la misma línea que su compañero de bloque, el senador Martín Lousteau cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Me llama la atención que se diga que este gobierno tiene preocupación especial por la educación cuando la comisión de Educación recién constituyó la semana pasada, no se prorrogó el FONID y hubo una gran marcha universitaria”.

Al igual que Fama, anticipó su voto a favor del proyecto en cuestión y continúo con las críticas al Poder Ejecutivo Nacional: “El presidente habla de la educación como adoctrinamiento y aún hoy no terminan de cumplir con los gastos de financiamiento, nos lo dicen los rectores”. “Si le preocupara la educación, no se hubieran comido dos meses por la pérdida de salario de los docentes. No se aprecia ese desvelo por la educación”, cerró.

Luego de las intervenciones de Carlos Linares y Fernando Salino, el senador neuquino Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) mencionó lo ocurrido en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y los problemas que hubo por la intervención policial y lo catalogó como “intento de violación de la autonomía universitaria”. En tal sentido, anunció que va a presentar una cuestión de privilegio por el hecho.

A su turno, la senadora misionera Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia) remarcó su aval al proyecto y cargó: “Hay que pensar en solidas políticas educativas y científicas si queremos hablar de prosperidad nacionaly nosotros vamos a actuar con en concordancia con nuestros pares de la cámara baja”. “Creemos firmemente que la universidad debe contar con los recursos para su funcionamiento”, reiteró.

Por último, el formoseño José Mayans confirmó que “vamos a tratar de hacer la ordinaria este miércoles” (en estos momentos se negocia en el seno del Senado hacer la sesión este 4 de septiembre para tratar Financiamiento Universitario, el DNU 656/24 por el que el Gobierno le otorgó 100.000 millones a la SIDE y Boleta Única de Papel). “La propuesta de tratamiento que tenemos es ir mañana con los temas que le preocupan a la sociedad y creo que vamos a llegar a un acuerdo”, remarcó.

¿Dos de cal y una de arena? Un famoso dicho parafraseado podría utilizarse para vislumbrar otra semana complicada para el oficialismo en el Senado, con la eventual sanción de la ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU que otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE por parte de la oposición. Como contrapartida, La Libertad Avanza acelera las negociaciones para luego de más de dos años congelado aprobar -con modificaciones- el proyecto de boleta única de papel.

El llamado a una o dos sesiones (para miércoles y jueves) todavía no está oficializado, y tampoco fue convocada Labor Parlamentaria, la reunión formal de jefes de bloques. Sin embargo, ya desde la semana pasada estaba la intención del oficialismo de abrir el recinto para tratar la iniciativa de BUP. Desde el Poder Ejecutivo hay un pedido constante ante los tiempos que corren si se pretende implementar en las elecciones del año próximo.

Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Gobierno acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaría clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Al tratarse de un tema electoral, en un eventual empate, la vicepresidenta Victoria Villarruel no podría definir, pues se requiere de una mayoría absoluta de 37 votos. Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no.

Por otra parte, para este martes a las 16.30 fue convocado un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de financiamiento universitario con media sanción de Diputados. Si bien en la Cámara alta se respeta el plazo de siete días para que un dictamen vaya al recinto, en la última sesión se aprobó una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada con o sin despacho de comisión en la próxima sesión.

El proyecto aprobado por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizada por la oposición, ésta es otra iniciativa que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”.

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo no evitaría que el DNU 656/24 sea tratado, con altísimas chances de ser rechazado. Se necesita mayoría simple.

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras. Y una nueva derrota para el oficialismo libertario, en marcada minoría parlamentaria y con una relación con los dialoguistas que no es la misma que al comienzo de la gestión.

Más allá de la controversia entre la autoridad principal de la Cámara alta y el bloque oficialista de la misma, Francisco Paoltroni no alberga ninguna duda respecto de su destino fuera de La Libertad Avanza.

Por eso es que ya eligió el nombre que tendrá el que será su bloque unipersonal: Libertad, Trabajo y Progreso. Así lo confirmó a este medio el propio Paoltroni, quien precisó que ese es “el nombre de nuestro partido en Formosa”.

La salida del senador nacional formoseño se dio este miércoles por la noche, cuando desde el Gobierno le bajaron definitivamente el pulgar. La carta con la que sus excompañeros de bancada le pidieron a Victoria Villarruel su expulsión decía lo siguiente: “Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de integrantes del bloque de senadores de La Libertad Avanza a efectos de solicitar la expulsión de nuestro bloque del senador nacional Francisco Manuel Paoltroni en virtud de diferencias irreconciliables”.

En los últimos días, Paoltroni no dudaba en diferenciarse de sus pares, redoblando sus embates contra la candidatura del juez Lijo. Llegó al punto de tomar distancia del presidente, al señalar en TN que Javier Milei “no es mi jefe. Es un socio político”. Fue la señal que desde el oficialismo esperaban para bajarle el pulgar.

La vicepresidenta Victoria Villarruel aclaró este jueves que ella no tiene la facultad para echar o no a un senador de determinado bloque, luego de la solicitud que le enviaran cuatro senadores de La Libertad Avanza respecto al formoseño Francisco Paoltroni.

Molesta, la titular del Senado salió -al estilo del presidente Javier Milei– a cuestionar distintas notas periodísticas. Luego de la ácida crítica a los medios, reveló que le pidió al jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, que envíe una nueva nota “como corresponde”.

En el texto que se conoció este miércoles por la noche, Atauche, Bartolomé Abdala, Juan Carlos Pagotto y Vilma Bedia se dirigieron a la vicepresidenta “a efectos de solicitar la expulsión de nuestro bloque del senador nacional Francisco Manuel Paoltroni en virtud de diferencias irreconciliables”.

Sin embargo, desde el entorno de Villarruel señalaron este jueves que no es facultad de la Presidencia del Senado avalar el apartamiento de un legislador de un determinado bloque, sino una cuestión que se resuelve en el seno de cada bancada. Y que, cuando llegue esa nueva misiva, “la va a aceptar como corresponde” porque la primera es “improcedente”.

Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo. Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques y como no era… pic.twitter.com/25dUc2cuoN

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 29, 2024

Con la salida de Paoltroni, el ya mínimo bloque de La Libertad Avanza en el Senado pasará de 7 a 6 miembros. Además de los firmantes que reclamaron la expulsión de Paoltroni, lo integran Bruno Olivera Lucero e Ivanna Arrascaeta.

Paoltroni fue desplazado del bloque oficialista -un día después que Lourdes Arrieta del de la Cámara de Diputados- por su fuerte y constante rechazo a la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, más sus duras críticas a Santiago Caputo, el asesor de confianza del presidente Milei.

El formoseño también había cuestionado la decisión de otorgar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cuando “no hay plata para los jubilados”.

El senador nacional y presidente provisional del Senado por La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, explicó que la expulsión del bloque de Francisco Paoltroni se debió a que “existen diferencias que no correspondían”.

En la noche de este miércoles se dio a conocer una nota elevada hacia la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, firmada por cuatro senadores oficialistas –entre ellos Abdala- solicitando la expulsión de Paoltroni “en virtud de diferencias irreconciliables”.

En declaraciones a Radio Mitre, Abdala explicó que “indudablemente hubo diferencias. Tenemos una fórmula presidencial que indudablemente son nuestros líderes, Javier y Victoria”.

“Lamentablemente, por distintos dichos que todos ustedes escucharon (por parte de Paoltroni), vieron, creo que existieron diferencias que no correspondían en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria importante, también es importante como espacio político, que la conducción en este caso no sea discutida internamente”, afirmó Abdala.

Cabe remarcar que hace una semana Paoltroni le exigió al presidente Milei que retire el pliego de Ariel Lijo y tildó de “mocoso” a Santiago Caputo.

“Indudablemente sus dichos expresados, a nuestro entender, poniéndose a la altura de uno de los líderes que es Javier, me parece que políticamente, en lo que es la interna partidaria, no nos suma”, argumentó.

El puntano defendió: “Nosotros tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresarnos, pero como corresponde a todo movimiento político, a los líderes generalmente se lo discuten puertas adentro”.

“Muchos nos conocimos en la cumbre, en el Congreso, incluso muchos de los diputados que, te aseguro que a Javier y a Victoria los conocieron ya electos, esto genera rispideces, ya que era gente que es nueva y la política, te guste o no te guste, hay que transitarla. Muchas veces tenés que tener la paciencia para entender y soportar que a la conducción de alguna manera tenés que acompañarla”, remarcó el senador y agregó: “Esto genera un clima que siempre es sano vivir respetando a los líderes”.

Por último, fue consultado por los dictámenes de los pliegos de Lijo y Manuel García-Mansilla: “Mi pálpito es que los dictámenes van a llegar tranquilamente, nosotros trabajamos para el oficialismo”.

Un día después de que en el bloque oficialista de la Cámara baja resolvieran echar a Lourdes Arrieta (al final fue expulsión, pues la nota de eyección llegó antes que la de la mendocina avisando que se iba), La Libertad Avanza resolvió expulsar también a uno de sus senadores.

Obviamente -pues ya se palpitaba esa decisión- se trata del formoseño Francisco Paoltroni. El senador nacional venía desmarcándose del oficialismo a partir de su postura decidida de rechazar la candidatura del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia, propuesto por el presidente de la Nación.

Este miércoles por la mañana Paoltroni participó de la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se presentó Manuel García-Mansilla, el otro candidato propuesto para la Corte. Y el formoseño fue el primero en formular preguntas, todas relacionadas con la reelección indefinida que rige en su provincia. Tras su intervención, el senador que asumió el pasado 10 de diciembre se levantó de su silla y se fue de la reunión.

Por la noche, parlamentario.com accedió a la nota que un grupo de senadores le mandó a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, anunciando la drástica decisión con uno de sus pares: “Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de integrantes del bloque de senadores de La Libertad Avanza a efectos de solicitar la expulsión de nuestro bloque del senador nacional Francisco Manuel Paoltroni en virtud de diferencias irreconciliables”, señala el texto que suscriben Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, Juan Carlos Pagotto y Vilma Bedia. Cuatro de los ahora seis miembros del bloque oficialista del Senado.

En los últimos días, Paoltroni no dudaba en diferenciarse de sus pares, redoblando sus embates contra la candidatura del juez Lijo. Llegó al punto de tomar distancia del presidente, al señalar en TN que Javier Milei “no es mi jefe. Es un socio político”. Fue la señal que desde el oficialismo esperaban para bajarle el pulgar.

Cabe recordar que Paoltroni originalmente había sido elegido para ocupar nada menos que la presidencia provisional del Senado. Cargo del que fue desplazado antes de asumir, según siempre se sospechó que a pedido del eje Gildo Insfrán – José Mayans. Ahora el Gobierno debe estar agradecido de esa recomendación o pedido.

Paoltroni preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y es vocal de las de Seguridad Interior y Narcotráfico; Industria y Comercio; Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Agricultura, Ganadería y Pesca, y la de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Un procedimiento nada habitual

Tal cual señalara parlamentario.com el lunes, la medida extrema de expulsar a un miembro no es para nada corriente en el Congreso de la Nación. Por el contrario, para encontrar un antecedente hay que remontarse a 1997, cuando el bloque peronista de la Cámara alta decidió echar a Cristina Fernández de Kirchner. No hay otro antecedente, y ahora La Libertad Avanza registró el récord de haber adoptado esa decisión en sus bloques del Congreso dos veces en 24 horas.

La Comisión de Educación y Cultura del Senado se constituirá este jueves, a las 10.30 en el Salón Illia, luego que en la última sesión se reclamara abrir el debate del proyecto de ley sobre financiamiento universitario, que tuvo media sanción en Diputados el pasado 15 de agosto. 

Esta comisión es una de las que permanece sin constituirse ya que la presidencia corresponde a Unión por la Patria, interbloque mayoritario en la Cámara alta que, en disconformidad con el reparto que se hizo de las comisiones y los integrantes otorgados en cada una, no había designado a sus representantes meses atrás. 

Según pudo saber parlamentario.com, en la reunión será propuesto como presidente el senador Eduardo “Wado” de Pedro, exministro del Interior, quien asumió en el Senado en diciembre pasado. 

En la última sesión, el senador radical Flavio Fama pidió preferencia de tratamiento para el proyecto sobre universidades y también solicitó al secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, que se conformen todas las comisiones que están pendientes. 

Rápido salió a contestar el jefe de UP, José Mayans, quien dijo que celebraba ese pedido, recordando los lugares que no fueron -a su criterio- respetados en virtud de la proporcionalidad de los bloques de la Cámara alta. 

La convocatoria para este jueves incluye la designación de autoridades, determinar los días y horarios de reunión y el plan de trabajo para el año parlamentario, del cual ya pasaron seis meses -del período ordinario-. 

El segundo candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, el abogado Manuel García-Mansilla, ratificó su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al plantear que se contrapone con normas vigentes y tratados internacionales y señaló que “la Corte no decide casos de aborto periódicamente”. También, explicó qué tendría en cuenta si tuviese que decidir sobre un caso de aborto.

El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal. Teniendo en cuenta ese antecedente, el radical Martín Lousteau le consultó si seguía argumentando que es “inconstitucional” durante la ronda de preguntas en la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado.

El abogado explicó que “no hablé sobre toda la Ley, publiqué un trabajo apenas se sancionó la ley y que se publicó antes de la promulgación, incluso antes del decreto de promulgación que vetó una parte de esa ley”, y aclaró que fue un análisis “preliminar y necesariamente incompleto porque solo me concentré en el artículo 4 inciso A de la ley” referido a la legalización del aborto hasta las 14 semanas, en el que hizo una explicación de por qué para hacer un análisis constitucional correcto había que separar lo que es legalización de despenalización.

“No es una idea mía, es una idea del doctor Germán Viar Campos que me pareció interesante y, a partir de ese análisis, teniendo en claro que despenalización implica un análisis constitucional y legalización implica otro análisis constitucional, lo que hice fue confrontar el artículo 4 del inciso A de la Ley 27.610 con ciertas normas de derecho positivo de distintas jerarquías, leyes del Congreso que no estaban derogadas”, fundamentó.

Así, señaló que la Corte Suprema establece que una ‘ley posterior deroga a una ley anterior, ley especial deroga ley general’, y planteó que “en ciertos casos es indispensable que el Congreso derogue específicamente las leyes que se contraponen con las leyes que están sancionando”.

También se respaldó en que había 13 constituciones provinciales que reconocían el derecho a la vida desde la concepción y manifestó: “Había que hacer un análisis de cuál era la compatibilidad de ese inciso con esas constituciones y, a su vez, hice un análisis de por qué había un conflicto normativo de ese inciso y dos tratados internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía superior a cualquier ley, que son la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño”.

“Este Congreso de la Nación dispuso que debe interpretarse que niño es ‘todo ser humano desde el momento de la concepción’. El artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco de la vida. Yo simplemente lo que marqué es que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley”, se defendió.

Lousteau repreguntó si se declara la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo volvería a estar vigente el Código Penal de 1921.

García Mansilla le explicó que “la eventual declaración de inconstitucionalidad de la legalización, no implicaría la declaración de inconstitucionalidad de la despenalización la Ley 27.610. Es una ley compleja, criminalizó el aborto en ciertos casos, lo despenalizó en otros, y lo legalizó en un supuesto específico que es el que me refiero con lo cual la eventual declaración de inconstitucionalidad tendría que llegar un caso también, pero asumamos hipotéticamente y la clave es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no decide caso de aborto periódicamente”.

El juez planteó que varias ONG’s hacen una analogía con la Corte Suprema norteamericana que creó el derecho al aborto en 1973 que no surgió del Poder Legislativo. “Por eso se litiga permanentemente y uno puede ver que la Corte Suprema desde 1973 hasta hoy ha dictado más de 54 fallos en materia de aborto y a nivel de juzgados de tribunales federales inferiores son miles las sentencias”.

Así, comparó: “Si uno toma la Corte Suprema Argentina en los últimos 20 años la única sentencia F.A.L que se refería a un artículo del Código Penal que, hoy, además, está derogado y que ese artículo el 86 se refería a una causal de no punibilidad. Hoy la Ley 27.610 el artículo 86 del Código Penal prevé causales de no punibilidad las declaraciones de inconstitucionalidad de la legalización no estarían afectadas”.

Pidió una breve interrupción la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, quien le consultó si “ya aprobada la ley si su postura va a ser inmiscuida por sus concepciones confesionales o va a fallar de acuerdo al derecho. Si entiende que el principio de no regresividad en la Constitución tiene que ver con un hipotético caso que llegue a la Corte respecto al derecho de interrupción voluntaria del embrazo”.

“Los argumentos que yo escribí cuando viene acá al Senado de ninguna manera son argumentos confesionales, salvo que entendamos que explicar el derecho positivo, a hacer referencia a normas sancionadas por este Congreso, a hacer referencia a constituciones provinciales o hacer referencia al texto escrito de determinados instrumentos internacionales que gozan de una determinada jerarquía, es sostener una postura confesional”, respondió García Mansilla.

“Si llegara a tener que decidir cualquier caso, se debería fallar conforme a derecho eso no hay ninguna duda y, más allá de fallar conforme a derecho, la predisposición del juez no es únicamente fallar conforme a derecho”, agregó.

De esa manera, explicó que en ese caso lo primero que haría es “analizar el caso con mente abierta”, lo segundo “voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes”, lo tercero será “considerar la dimensión humana en juego” porque “nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones, el interés superior del niño, la perspectiva de género, el problema de la vulnerabilidad de las personas mayores. En considerar la dimensión humana en juego que es fundamental a la hora de resolver cualquier caso”, el cuarto punto es “tomarse en serio los precedentes del tribunal los precedentes de la Corte Suprema para los propios jueces de la Corte Suprema son importantes”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal colegiado y que creo que gana en autoridad cuando decide las cuestiones jurídicas más trascendentes con una sola voz. Cuando las decisiones se toman, por ejemplo, si tenemos una corte de cinco jueces, con cinco votos distintos en general, el derecho no gana en autoridad. Creo que la Corte gana en autoridad cuando las cuestiones complejas las decide en la medida de lo posible con una sola voz. Eso implica un esfuerzo en el marco del tribunal colegiado para saber cuándo de poner ciertas visiones del derecho poder consensuar algunas cuestiones que, en el marco de lo que es opinable del derecho, no es lo que no es opinable poder trabajar de esa manera”, argumentó.

También resaltó que el principio de progresividad “es un principio claramente importante está previsto en la convención americana de Derechos Humanos y es aplicable en todas las decisiones desde ya”.

“En la locución que yo hice acá en el Senado yo tampoco planté una postura confesional, sino que planteé que en mi visión, de acuerdo a lo que se estaba discutiendo en ese momento con otro proyecto de ley, para poder tomar la decisión que se quería tomar en ese momento había que reformar la Constitución como hicieron Irlanda o Francia para poder consagrar el aborto. Es un argumento de derecho positivo”, cerró

El académico Manuel García-Mansilla defendió este miércoles su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsado desde el Gobierno, en el marco de una audiencia pública celebrada desde las 10.23 de la mañana en el Salón Azul del Senado. Fue el segundo candidato en exponer ante la Comisión de Acuerdos que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, luego de que la semana pasada fuera el turno del juez federal Ariel Lijo, quien disertó por casi ocho horas.

Tras 7 horas de audiencia, la senadora Tagliaferri aseguró que “los dictámenes ya están disponibles para la firma”. También anunció que la próxima reunión de la misma será el 12 de septiembre, para tratar una serie de pliegos judiciales.

Al comenzar la audiencia, Tagliaferri informó que “todo el proceso de la audiencia es público” y destacó que “en la página web del Senado hay un micrositio donde está disponible toda la información sobre la audiencia, lo que permite tener un Senado más transparente y accesible”.

En el inicio de la reunión, el jurista señaló porqué piensa que puede hacer “un aporte genuino a la Corte Suprema de Justicia”. En ese marco, diferenció la tarea que le asiste a los jueces respecto de los legisladores, quienes “pueden apelar a sus convicciones morales y la necesidad de atender reclamos sociales para modificar leyes como crean conveniente, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución”, comentó. “Los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y la forma representativa de gobierno”, señaló, precisando que ellos “tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política y religiosa, aun cuando crean de buena fe que van a servir mejor a la sociedad”.

“La función de los jueces es aplicar esas normas” establecidas por los legisladores, o los constituyentes “a la hora de resolver casos concretos”, así como “sostener la observancia de la Constitución en cada sentencia a través del ejercicio de control de constitucionalidad”.

El interrogatorio de los legisladores

Tras la presentación formal del candidato a la Corte Suprema, se dio lectura a 160 preguntas, de un compendio de las 265 preguntas que le realizaron las instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación.

Algunas de las consultas se referían a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, dolarización, federalismo, competencias de la Corte Suprema de Justicia, impuesto a las ganancias, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, las protestas sociales, la Ley del Aborto, entre otros temas.

Ante la consulta del senador libertario Francisco Paoltroni por la modificación “inconstitucional” de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida, García- Mancilla manifestó que “el régimen republicano de gobierno se creó para combatir las monarquías y, la reelección indefinida, tiene evidentemente un problema con el régimen republicano. La duración en el cargo permanente es un peligro para la república. La reelección indefinida como tal puede tener un problema y, a la hora de tomar una decisión, hay que ver cómo se ha litigado el expediente y prestar atención el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y resaltó que “hasta 1983 ninguna Constitución provincial preveía la reelección indefinida”. El académico sostuvo que los estándares de DD. HH son “guía de interpretación y los jueces deben tenerlos en cuenta”.

Sobre la “inconstitucionalidad de la Ley de Lemas” el candidato explicó que la Corte Suprema entiende que “todo lo que tenga que ver con el régimen electoral es una cuestión de derecho público local que le corresponde al Poder Judicial local determinar su eventual coalición o no con la norma principal. Es el parámetro a aplicar. El Poder Judicial no puede intervenir en todas las causas judiciales que se inicien en el país, tiene que respetar los límites del federalismo”. Tras escuchar las respuestas del abogado, el libertario expresó que la república con estas dos herramientas “está en peligro y es un riesgo absoluto para todos. Con este criterio podemos poner reelección indefinida de presidente y terminar como Venezuela”, tras lo cual se retiró de la reunión.

A continuación, en respuesta del radical Martín Lousteau opinó que “el artículo 129 de la Constitución tiene problemas constitucionales porque asimila a la Ciudad de Buenos Aires como si fuese provincia”, y planteó que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que tener su Poder Judicial propio completo”.

Al ser consultado por la oficina de violencia doméstica, que es competencia de la Corte Suprema, el juez comentó: “No es un tema que haya reflexionado en particular, pero se podría trasladar la oficina, pero la propia Ciudad y todas las provincias deberían tener cada oficina y la Corte integrar toda la información para tener un diagnóstico preciso de lo que es la violencia doméstica a nivel nacional”.

También le preguntó sobre su postura en contra del aborto legal, respecto de lo que señaló que la Corte Suprema “no decide periódicamente sobre casos de aborto”, y sostuvo que en su momento “marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías, eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley”.

RIGI

A ser consultado por el RIGI por parte de los senadores Lousteau y Anabel Fernández Sagasti, el abogado expresó que “la Ley 27.270 aprobó el Acuerdo de París que se refiere al cambio climático, la Ley Olimpia aprobada por este Congreso de la Nación también se refiere al cambio climático, es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático”.

“El Congreso de la Nación ha legislado sobre la materia. Sobre las regulaciones en materia de medio ambiente y la explotación de recursos naturales, lo que entiendo de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución y la Ley General del Ambiente es que el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”, señaló y precisó que esos presupuestos mínimos pueden ser complementados por las provincias y planteó: “Diría que el único límite que tienen, tanto el Gobierno Federal como las provincias, dejando de lado el federalismo, es que no se conviertan en regulaciones expropiatorias de los recursos naturales que son de propiedad de las provincias”.

Al respecto, recordó el caso de 2007 en la provincia de Chubut sobre un minera a cielo abierto en una mina de oro. Así, sostuvo que en el caso del RIGI hay que tener en cuenta “la provincia, la regulación ambiental, pero entiendo que en la medida que se cumplan los estudios de impacto ambiental, las audiencias correspondientes, seguramente el supuesto debería ser atendido antes de que se empiece a operar y, desde ya insisto, en esto el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias pueden elevar ese piso”.

“Evidentemente ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Eso está muy claro en nuestro sistema constitucional que una ley del Congreso no puede dejar sin efecto los parámetros de protección ambiental que prevé el artículo 41 de la Constitución”, remarcó.

La postura sobre la identidad de género

Al ser consultado por la senadora Anabel Fernández Sagasti (UP) sobre la Ley de Identidad de Género, se distanció de la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien argumentó que “se acabó la diversidad de género” durante su exposición en la Comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados.

Al respecto, el abogado afirmó que la Ley 26.743 de identidad de género “es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir”, y agregó: “He notado en los últimos años una costumbre, en que en ciertos casos y no voy a decir ningún tribunal, donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales”.

“Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer porque en nuestro sistema constitucional las leyes vigentes se aplican y, para no aplicarlas, hay que declararlas inconstitucionales. Siempre que haya un caso concreto que amerite eso, pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”, criticó.

La inconstitucionalidad de los DNU

Sobre la ley que regula los DNU la 26.122, García Mansilla comentó: “El congreso en ejercicio de las atribuciones, que prevé el artículo 99 inciso 3, sancionó una ley para regular la forma en que quiere controlar los DNU. Fue el que decidió que, para rechazar un DNU, se necesita una disposición de las dos cámaras”, y señaló una inconsistencia desde el punto de vista técnico: “En un sistema parlamentario donde hay fusión de poderes, haya más control de parte del Parlamento o más restricciones para el Gobierno para emitir un Decreto de Urgencia, que en un sistema presidencialista en donde la separación de poderes con frenos y contrapesos es la Norma, pero es decisión del Congreso la regulación de qué tipo de control quiere ejercer sobre los DNU”.

“Cualquier DNU en el marco de un proceso judicial debe presumirse inconstitucional y esto implica que el Estado nacional es quien corre con la carga de la prueba y con la carga de la argumentación para demostrar que ese DNU es constitucionalmente válido porque está dentro de las excepciones previstas en el artículo 99 inciso 3”, explicó.

Así, sumó: “La Constitución dispone en el artículo 99 inciso 3 que el Poder Ejecutivo en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta insanable podrá emitir disposiciones de carácter legislativo y, recién ahí, es que se abren las excepciones”.

Paridad de género

El senador salteño Juan Carlos Romero le preguntó sobre la paridad de género y criticó al Ejecutivo por postular a dos hombres y a ninguna mujer. Sobre ello, el juez fundamentó: “Si bien la cuestión de género es una cuestión de gran importancia para el ejercicio de facultades que son políticas y discrecionales del Poder Ejecutivo y también del Senado, en mi caso la nominación no reemplaza la nominación de una mujer”

“La nominación es una facultad que le corresponde al Ejecutivo y la consideración que hizo el tiene que ver con decisiones de oportunidad mérito y conveniencia. Se hizo un análisis en el ámbito del Ministerio de Justicia”, indicó y procedió a leer un dictamen aprobado en 2016 por la propia comisión que establece que ‘en orden a las impugnaciones recibidas sobre un eventual desequilibrio de género, esta comisión manifiesta que comparte la importancia en el caso de la diversidad y el equilibrio de género especialidad y procedencia regional’.

En ese sentido, sostuvo: “Entendí que, dentro de los requisitos que prevé el 322, había otros que yo podía cumplir como el de diversidad regional y especialidad. Ese mismo dictamen dice ‘sin perjuicio de ello esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos del artículo 111 de la Constitución Nacional. Por lo cual se entiende que esas objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo Nacional que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo’”.

“En cuestión entiendo que este tipo de antecedentes parlamentarios sumados, por ejemplo, a la decisión que tomó el pleno del Senado en la sesión del 5 de noviembre del año 2020 cuando se dio un acuerdo para completar una vacante en la Cámara Nacional Electoral y la cuestión de género fue objeto de discusión. Es una cuestión muy importante, muy trascendente, pero que no es dirimente en el sentido de que si el candidato es varón o mujer está impedido de aceptar o no una nominación y, en mi caso particular, insisto mi nominación no reemplaza a una mujer”, completó.

Quién le ofreció el cargo

Una de las preguntas que le formularon a García-Mansilla fue quién fue el encargado de ofrecerle el cargo para el que ahora se postula.

“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo, en una reunión con (el viceministro de Justicia) Sebastián Amerio”, respondió el jurista ante la inquietud de Oscar Parrilli. Y agregó: “Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él. Y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces; la última vez lo vi hace unas dos semanas, en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para la audiencia pública y la relación desde el  momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”.

La Ley de Coparticipación, una deuda

Luego de un cuarto intermedio, a las 15, se reanudó la audiencia con la consulta de la senadora Carmen Álvarez Rivero sobre el federalismo y la ley de Coparticipación Federal. El letrado respondió que “evidentemente es una deuda, la Ley de Coparticipación; se van a cumplir 30 años de la reforma del 94 y no se ha dictado la ley convenio” y agregó que “la revisión de los criterios jurídicos que impedirían esa ley convenio facilitaría ese trabajo, que le corresponde a la política”.

El senador misionero Carlos Arce le consultó su opinión sobre la pedofilia, tráfico de menores y Ciberdelito. Al respecto, García Mansilla aseguró: “Me parecen delitos aberrantes que deben ser perseguidos por la Justicia y castigados con el máximo de la pena del Código Penal”.

Antes de dar por terminada la audiencia, el senador Bartolomé Abdala (LLA) destacó la solidez en las respuestas y afirmó: “Sigo pensando que sos un buen candidato para el cargo que nuestro gobierno te ha propuesto”.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezó este martes en el Salón Azul del Palacio Legislativo la ceremonia por el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”. El evento fue una iniciativa del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación.

En su intervención, la presidenta del Senado anunció que “reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que se debió hacer más de 20 años”. También cargó contra los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner: “Era francamente peligroso denunciar los crímenes de sus protegidos”.

El acto comenzó con un video que rememoró a las víctimas del “terrorismo guerrillero”, representados por recortes de diarios de la época, a los muertos en el atentado a la AMIA en 1994, a los caídos en el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001 y a las muertes producidas en el ataque de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre, entre varios hechos mencionados.

La directora del Observatorio de DD. HH de la Cámara alta, Claudia Rucci, se subió al estrado y expresó que “la humanidad entera debería repetir que ‘un crimen es un crimen’ cualquiera sea el sentimiento que impulse al criminal”. Agregó, además, que “cada vez que eso ocurrió, lo cotidiano pasó a ser riesgoso y caminar de la mano con papá y mamá era una actividad riesgosa porque la locura nos podía sorprender en cualquier momento”. Relató el día que se enteró de la muerte de su padre, José Ignacio Rucci, y cerró: “Seguimos reclamando que la verdad no sea otra cosa que la verdad”.

Llegado el turno de la vicepresidenta de la Nación, primero se refirió a las víctimas del terrorismo y añadió: “Vienen aguantado durante décadas que el Estado argentino las haya abandonado”, y sumó: “No sería quien soy, si no hubiese luchado contra lo más oscuro de la maldad humana. Esto es un logro por la Memoria, la verdad y la reparación y era inesperado hace 20 años atrás”.

También, lanzó críticas contra los gobiernos kirchneristas: “Se vanagloriaban por los crímenes atroces del terrorismo y era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner”. Señaló, además, que a las víctimas “le quitaron el derecho a ser recordados por el pueblo argentino siendo olvidados por la memoria más delincuente”

“Hubo un amparo político que les garantizó nunca pisar una cárcel ¿De qué Derechos Humanos pueden hablar aquellos que los violaron para que los terroristas se conviertan en los adalides de nuestra historia?”, cuestionó la presidenta del Senado. “Argentina merece dejar el pasado atrás, pero debe hacerlo con justicia y merece no ser un nido de impunidad”, enfatizó.

En el final, ratificó el anuncio sobre reabrir todas las causas de víctimas del terrorismo “para que sea la justicia la que haga lo que se debió hacer más de 20 años”, y cerró: “Todos los montoneros tienen que estar presos por ensangrentar nuestra Nación y solo con los asesinos en las cárceles podremos poner a nuestra amada Argentina de pie”.

La Libertad Avanza sigue generando hechos inéditos. Partiendo de su llegada al poder en su primera campaña presidencial; pasando por su condición de minoría extrema en ambas cámaras… y ahora marcando un nuevo hito, al echar a uno de los escasos miembros de su reducida bancada.

Le tocó a Lourdes Arrieta ser protagonista involuntaria de esta historia. Un hecho prácticamente inédito, por cuanto no es para nada habitual que un bloque expulse a uno de sus miembros. En rigor, eso no sucede. Al punto tal que para encontrar un caso similar hay que ir hasta 1997, en este caso en el Senado, donde la expulsada fue nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. La echó el bloque del PJ.

No fue por sus recurrentes posturas contrarias al Poder Ejecutivo que comandaba en esos días Carlos Menem, sino por su negativa a apoyar el texto de creación del Consejo de la Magistratura, con lo que le impidió a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto.

Recordemos qué sucedió entonces. La senadora Cristina Fernández había desembarcado en la Cámara alta con los tacos de punta y de inmediato les marcó la cancha a sus entonces poderosos pares. Verborrágica y contestataria, por entonces la revista Parlamentario le puso un mote que la definía a la perfección y que la acompañó por un buen tiempo: la rebelde.

Prontamente marcaría sus diferencias directamente con el Ejecutivo. No ahorró críticas por ejemplo contra el presidente Carlos Menem por sus reiteradas ratificaciones de María Julia Alsogaray al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, reclamo que partía sobre todo desde el propio Poder Legislativo. “Menem tiene una interpretación errónea del caso, en cuanto a que interpreta que podría quedar desairado o sentirse presionado por parte del Congreso”, señalaba una medida pero crítica senadora Kirchner.

No tardaron demasiado sus colegas de bancada en advertir que no siempre podrían contar con el voto de Cristina Kirchner. Corrección: difícilmente pudieran disponer alguna vez de ella cuando se tratara de cuestiones que les interesaran particularmente. No llevaba cinco meses en el cargo cuando Cristina se convirtió en la excepción de su bloque al votar en contra del proyecto de prórroga del Pacto Fiscal II, que extendía su vigencia hasta fines de 1996. La prórroga del Pacto le permitía a Economía disponer de un piso de coparticipación de 740 millones de pesos mensuales a distribuir entre las provincias, las cuales no recibían fondos desde hacía cinco meses. Un retraso que incidió directamente en la decisión de varios senadores radicales que terminaron sumándose insólitamente al oficialismo para lograr que se aprobara la norma.

La rotura de lanzas con sus pares tendría lugar por esos mismos días, aunque no por su oposición a la prórroga del Pacto Fiscal, sino por embestir contra el ministro de Defensa, Oscar Camilión, ante la presunción de que armas argentinas que tenían como destino declarado Venezuela hubieran sido desviadas a Ecuador, y el Poder Legislativo reclamó para sí el papel investigativo. Obviamente el Ejecutivo fue remiso a otorgar semejante concesión y demoró cuanto pudo la concurrencia del ministro de Defensa Oscar Camilión al Parlamento, donde los propios diputados oficialistas eran partidarios de hacerle juicio político por su responsabilidad en la operación. “No creo en los argumentos que viene sosteniendo el ministro; no me suenan creíbles, por lo tanto debemos actuar con independencia y dejarlo librado a su suerte”, advertía el justicialista Carlos Soria -muerto años después a manos de su esposa, siendo gobernador-, quien junto con su comprovinciano Miguel Angel Pichetto encabezaba el ala más dura contra Camilión. Sin embargo, la orden que bajó desde el Ejecutivo y que canalizó el entonces titular del bloque justicialista de Diputados, Jorge Matzkin, fue atenuar los embates de la oposición. Esto es, en lugar de permitir su interpelación en el recinto, lo harían peregrinar por las comisiones de Defensa de ambas cámaras, comenzando por el Senado, donde las voces eran menos críticas.

Sin embargo, fue en ese ámbito donde la joven senadora santacruceña sorprendería a todos pidiéndole directamente la renuncia. Mirando a la cara del ministro y sin rodeos, descerrajó una catarata de argumentos según los cuales la situación en la que se había involucrado la Argentina constituía un verdadero escándalo y él, como responsable del área, había quedado en el centro de la escena. Por lo tanto, más allá de las investigaciones judiciales pertinentes, no debía hacer otra cosa que renunciar.

“Senadora, usted no tiene edad ni antecedentes para solicitarme mi renuncia”, fue la réplica del entonces ministro.

Semejante irrupción terminó de confirmar los temores de sus pares y una pregunta recurrente que se le hacía era si no temía que la expulsaran del partido. “No creo que sean tan antiguos. Sería un horror que, casi a fin de siglo, un movimiento como el peronista plantee la expulsión porque alguien disiente o tiene una actitud diferente a partir de cuestiones fundadas. Porque más que sectarios, serían antiguos”, respondía la senadora.

Según cuenta el libro Cristina K. La dama rebelde (Ediciones Corregidor, 2004), para la conducción de la bancada justicialista no quedaban dudas de que Cristina era una adversaria más, de ahí que comenzaran a organizar reuniones aparte, cuidándose de que la santacruceña no se enterara de las mismas; o se reunían previamente, por cuanto sabían que ella siempre plantearía su disidencia. Eran tiempos en que sí concurría al bloque, como ya no haría en tiempos futuros. “Se peleaba con todos, trataban de no dejarla hablar…”, recuerda un asesor, y esa práctica se extendía también al recinto. Ella pedía la palabra y no se la daban, o bien cuando ella hablaba, Augusto Alasino y su entorno se iban del recinto, o se ponían a hablar entre ellos.

Pero no fueron sus permanentes rechazos a las posturas oficiales los causales de la expulsión de Cristina del bloque. Si bien sus actitudes y cuestionamientos habían tenido a maltraer a sus “compañeros” de bancada, la supremacía que el peronismo ejercía en la Cámara alta le permitía darse el lujo de “tolerar” la rebeldía patagónica. Cosa que hicieron más allá de los constantes pedidos de expulsión que se escuchaban -no sólo querían echarla del bloque, sino del propio partido- por sus permanentes cuestionamientos a la gestión menemista.

Pero la gota que colmó la paciencia del bloque que comandaba Augusto Alasino fue la negativa de la senadora a apoyar el texto de creación del Consejo de la Magistratura, con lo que le impidió a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto. Eran tiempos en que Menem y Duhalde extendían al Senado su anticipada pulseada por la sucesión en el 99, y en la Cámara alta se quiso dar una muestra de que allí el poder menemista era aún real y concreto.

Mas no la echaron. Con la intención de que ella misma se apartara de la bancada, según confiaron fuentes del propio oficialismo, la mesa directiva del bloque resolvió expulsarla de las comisiones de las que formaba parte. La medida fue sorpresiva y la involucrada se enteró al cabo de una reunión de comisión celebrada el 7 de mayo de 1997, en la que nadie le avisó de nada, cuando llegó un memo al despacho en el que le indicaban que había quedado fuera de todas las comisiones que integraba: Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios; Educación; Familia y Minoridad; Economías Regionales; Coparticipación Federal de Impuestos; Asuntos Administrativos y Municipales, y hasta de la Bicameral de Esclarecimiento del Atentado a la Embajada de Israel y la AMIA. La nota estaba firmada por el jefe de los senadores justicialistas, Augusto Alasino, y el secretario general del bloque, Angel Pardo. Allí se indicaba además quienes serían los senadores que la sustituirían en esos grupos de trabajo.

El senador entrerriano Héctor Maya se encargó de justificar ante la prensa los motivos que llevaron al bloque a tomar la inédita medida: “Nosotros venimos registrando una serie de cuestiones donde la senadora Kirchner se maneja con excesiva individualidad, lo cual es respetable, pero no es muy común dentro del peronismo… En un bloque hay que debatir, pero para mantener la unidad de un cuerpo es necesario que nos sometamos a distintas reglas”, sintetizó.

La esposa del gobernador santacruceño tomó la decisión como “un castigo a la provincia de Santa Cruz (…) Yo soy representante de una provincia y del Partido Justicialista de esa provincia. Seré una minoría disidente, pero tenemos el derecho de serlo”.

La decisión adoptada por la conducción del bloque justicialista generó un vendaval de críticas que no hizo más que fortalecer la posición de Cristina Kirchner. Un grupo de diputados justicialistas suscribió un proyecto de resolución de la diputada santacruceña Rita Drisaldi manifestando su discrepancia con semejante actitud. “Esta medida priva a la provincia de Santa Cruz de ejercer plenamente su autonomía, ya que impide la labor de uno de sus representantes electos constitucionalmente”, señalaba el proyecto suscripto además por Irma Roy, Mario Das Neves, Rodolfo Gazzia, Julio Migliozzi, Julio Salto, Fernando Maurette, Darci Sampietro, Carlos Vilches, Sara de Amavet y Sergio Acevedo.

La decisión de los senadores justicialistas abrió un debate sobre si la representación en las comisiones corresponde al legislador o al bloque. De hecho, al comunicarle el bloque la decisión al presidente del Cuerpo, Carlos Ruckauf, éste les advirtió que la medida era antirreglamentaria. Según los antecedentes de la Cámara, la separación de un senador no puede hacerse sin su consentimiento. Ante las circunstancias, el bloque decidió revisar la resolución y, habida cuenta de la intención de Cristina Kirchner de dar pelea, resolvieron no dar más vueltas y directamente separarla de la bancada. Eduardo Menem, Eduardo Bauzá, Jorge Yoma y Alasino fueron algunas de las voces de peso que se pronunciaron por semejante decisión y pusieron las primeras firmas que se recolectaron para echar a Cristina.

Los senadores justicialistas aseguraron que la permanencia de su colega junto a ellos resultaba ya “insostenible” debido a las posiciones contrarias a las resoluciones que adoptaban y a sus votos negativos. Cristina replicó que había votado a favor de todas las leyes del Gobierno que hacían a la transformación económica y que en cambio lo hizo contra todos aquellos proyectos del bloque que implicaban un menoscabo para su mandato. La senadora aludía a sus posturas contra el ingreso de Ramón Saadi al Cuerpo y su negativa a refrendar el acuerdo por los Hielos Continentales, entre otras cosas.

“Cuando mi voto en contra no alteraba el resultado que quería mi bloque, no hubo problemas. Pero ahora que mi voto era decisivo en busca de los dos tercios que necesitaban para aprobar el Consejo de la Magistratura, me castigan”, argumentó la legisladora, enfatizando que lo suyo no era indisciplina, sino que nunca aceptaría “disciplinarme para una asociación ilícita”.

La senadora Kirchner aseguró una y otra vez que no se iría del Partido Justicialista y que en el Senado formaría una bancada propia, el bloque PJ Santa Cruz, en compañía de su coterráneo Felipe Ludueña. Este último, veterano dirigente santacruceño ya fallecido, le anunció a Alasino su ida del bloque a través de una carta en la que fundamentaba su decisión “no sin dolor y sin tristeza” en el “desnudado desprecio que exhiben los senadores por los principios que dieran origen, fueron, son y serán razón de ser en el seno del pueblo peronista”.

En medio de la interna libertaria que se desató por la visita a genocidas detenidos en Ezeiza y se profundizó este fin de semana con la difusión de chats por parte de la diputada Lourdes Arrieta, del otro lado del Salón de Pasos Perdidos la vicepresidenta de la Nación será la figura principal de un acto que encabezará en el Senado.

Este martes 27 de agosto Victoria Villarruel convocó a un homenaje en conmemoración de las víctimas del terrorismo a celebrarse en el Salón Azul del Palacio Legislativo a las 17.30 y contará con la participación de entidades civiles.

La actividad tendrá lugar en medio de la polémica desatada por la visita de seis diputados libertarios a genocidas condenados de delito de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

“Por primera vez, el Salón Azul del Senado de la Nación será escenario de una actividad que permitirá develar hechos que durante décadas una parte de la política ha querido esconder y que nos ha dejado profundas heridas a los argentinos que todavía no sanan”, reza el comunicado difundido por la Cámara alta.

También señaló la invitación que “se podrán ver y escuchar las consecuencias humanas de los atentados terroristas que se han perpetrado en la Argentina y en otros países”.

“Según lo establecido por la Organización de Naciones Unidas desde 2017, cada 21 de agosto se recuerda y honra a las víctimas del terrorismo con el fin de promover sus derechos, libertades fundamentales y sensibilizar a la sociedad sobre sus necesidades”, completó la invitación y anticipó que los presentes reclamarán mañana “justicia, verdad y reparación para todas las víctimas del terrorismo”.

El Salón Azul del Senado será escenario este miércoles de una nueva audiencia pública, cuando le toque el turno al académico Manuel García-Mansilla de defender su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsada desde el Gobierno.

Tras el paso de juez federal Ariel Lijo, quien expuso por casi ocho horas, el otro candidato del Poder Ejecutivo asistirá desde las 10 a la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri.

García-Mansilla fue propuesto por el Gobierno para reemplazar en el máximo tribunal a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años el próximo 29 de diciembre.

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal.

Al enviar su pliego, el Poder Ejecutivo lo calificó como “un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional” y, respecto de las opiniones a favor de su postulación, señaló que las mismas “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

“Ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”, agregó el PEN.

Sobre García-Mansilla se presentaron una veintena de impugnaciones y cinco adhesiones ante la Comisión de Acuerdos. El académico rechazó las críticas referidas a su postura sobre el aborto legal, al considerar que “omiten o directamente tergiversan las opiniones doctrinales que expresé”.

“Se derivan escenarios imaginarios a todas luces infundados sobre cómo podría decidir casos a futuro (algo que jamás adelanté)”, indicó en su descargo.

Tal como venía anunciado hace tiempo que “toda norma que atente contra el equilibrio fiscal va ser vetada”, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó este viernes por la mañana que vetará “por completo” la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social que se aprobó este jueves en el Senado por dos tercios y apuntó duramente contra los senadores: “Quieren romper este Gobierno”.

“El veto va a ser completo, va a ser total”, sentenció el mandatario luego de que la Cámara alta aprobó la modificación en la manera de calcular los aumentos jubilatorios, con el apoyo del kirchnerismo, el Pro, la UCR y bloques provinciales.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para los argentinos la sanción de esta ley. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así porque están condenando a los argentinos de acá al futuro sin remedio”, disparó en diálogo con LN+.

Milei explicó las razones por las cuales decide vetar la norma. En primer lugar, sostuvo que “en el plano empírico y político porque es verdaderamente gracioso que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando licuaron las jubilaciones en un 30% y hoy en términos reales están 5% por encima de las que eran en noviembre cuando asumimos”, y agregó: “Si la tomamos en dólares al tipo de cambio paralelo, el aumento a las jubilaciones medida en dólares es enorme”.

Al insistir con sus críticas a la oposición y principalmente al kirchnerismo, apuntó: “Cuando uno lo pone en términos políticos, de hecho, están los videos donde muestran a Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Miguel Ángel Pichetto, cuando deciden vetar el 82% móvil en 2010 porque ellos mismos sostenían que eso era la quiebra del Estado. Son las mismas personas que incrementaron la cantidad de jubilados sin aportes en 3,5 millones de personas y hay un millón de jubilaciones y pensiones truchas. Es una contradicción y el agujero negro que han hecho en términos fiscales con el sistema previsional”.

En esa línea, Milei recordó que el gobierno de Mauricio Macri “cuando recibió las 14 toneladas de piedra fue para tratar de evitar esto. Los números no le dan, porque los números de hoy son mejores de los que estaban en el gobierno anterior y, además, han dado argumentos en contra de hacer este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno”, y preguntó: “¿Por qué lo quieren hacer ahora, acaso quieren romper este Gobierno? No tengo dudas, quieren romper este Gobierno porque si le va bien va a significar que los argentinos van a estar mejor y estas ratas no vuelven más”.

En segundo lugar, el Jefe de Estado planteó que “implica una violación a la Ley de Administración Financiera del Estado”, y precisó que cuando se crea un gasto “hay que crear la contrapartida de financiamiento. No pueden alegremente gastar y no saber con qué lo van a financiar. La contraparte es que sea un aumento del déficit fiscal ¿qué la voy a financiar con emisión de dinero? Si genero eso, genero inflación y distorsiono los precios. Se vuelve a castigar a los jubilados y a los sectores más vulnerables y afectando negativamente el sistema de precios, por ende, la economía no crece”.

“¿Qué puedo hacer? ¿me endeudo? Lo cual sería una locura un gasto permanente contraer deuda sería cosa de demencia. La contraparte es que sería un aumento del riesgo país e implicaría menor capitalización, menores salarios, pobreza para todos y menor crecimiento. O directamente subir los impuestos y eso va a pegar en el crecimiento”, agregó.

Milei señaló que, en términos de endeudamiento, “hay que tener consciencia de que, cuando ponen un número, entiendo que no sean economistas y sean personas que suman con dificultad, eso en el kirchnerismo es bastante claro porque se quejan del endeudamiento y les gusta hacer déficit fiscal tienen algún problema de disonancia cognitiva para sumar y restar, parece que el resto de diputados y senadores que han votado esto también”.

“Uno ve un nivel de ignorancia tratando un tema tan delicado como es la cuestión previsional”, apuntó el presidente contra los legisladores que apoyaron la norma.

Milei planteó: “El aumento que deriva de esta ley implica un aumento del costo en términos del PBI de 1.2. Pero no es solamente un aumento que usted tiene un año, es de acá a la eternidad. Para una economía cuya tasa de interés promedio está en el 5%, implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI”, señaló el libertario, y agregó que “la medida demagógica que votó el Senado ayer implica un incremento de la deuda de 370.000 millones de dólares”.

Ante el panorama de no poder concretar el veto completo –porque la norma tuvo los dos tercios de votos en ambas cámaras- Milei aseguró que “le vamos a plantear a la sociedad la inconsistencia que está enviando el Congreso”, y les reclamó a los senadores de la oposición “que expliciten cómo van a financiar esto”.

“Esto se paga con pobreza, con menos crecimiento. A quién quieren que le cobremos impuestos, que nos digan a quién le quieren arruinar la vida. Estamos hipotecando el futuro y destruyendo la calidad de vida de las generaciones”, cuestionó y apuntó: “El daño que se está causando con esto es no menor. Los irresponsables que han votado esto le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y la indigencia a los jóvenes”.

“Es un atentado contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros. Es la ruina del país“, lanzó y explicó que “la única manera que se sale de esto es con crecimiento económico y para eso hay que invertir”.

Milei evitó hacer referencia al apoyo de los senadores del Pro a la reforma jubilatoria y al mensaje de Mauricio Macri cuestionando a los legisladores y apoyando su decisión de vetar la ley. “Estuve reunido en Olivos cenando y me dio las explicaciones y, la verdad que, a mí, no me resultaron satisfactorias”, cerró.

Por último, apuntó contra “el kirchnerista” Martín Lousteau a quien “le dieron la Bicameral porque efectivamente juega con el kirchnerismo y (Oscar) Parrilli y (Leopoldo) Moreau que son parte del Memorándum con Irán es una gravedad institucional enorme. Si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista es absoluta y total responsabilidad por este conjunto de irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia. Quizás estén apostando a algo. Va a ser responsabilidad de la casta política, quizás alguno pactó con los terroristas”, expresó sobre el rechazo en Diputados al DNU que destinaba fondos a la SIDE.

Fue un día lleno de sensaciones para el senador nacional Mariano Recalde. Le tocó nada menos que ser miembro informante del proyecto de ley de movilidad previsional. Tras lo cual, se retiró por el fallecimiento de su madre. Regresó al final de la sesión para votar la ley.

Su colega Desde todos los sectores se  hicieron eco del hecho y le dieron su pésame desde las redes sociales al legislador camporista.

El senador radical Pablo Daniel Blanco le expresó sus condolencias a la familia Recalde y a su colega “ante el fallecimiento de Susana, su querida madre”.

Mis condolencias a la familia Recalde y a mi colega el Senador @marianorecalde ante el fallecimiento de Susana su querida madre. Acompaño en el dolor a Mariano así como a todos sus seres queridos🖤. pic.twitter.com/K3jpJHiGAs

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) August 22, 2024

El diputado del Pro Alvaro González también expresó su acompañamiento a quien es además su colega dentro del Consejo de la Magistratura.

Gracias Senador. Gracias por estar defendiendo al pueblo en un día tan triste para ud u su familia. Mis condolencias por la pérdida de su madre y a toda la flia Recalde. Se los quiere✌🏾 https://t.co/F1lszT4PJL

— Nany (@anamariam69) August 22, 2024

Por segundo día consecutivo, el Pro, que hasta esta semana había sido el aliado más fiel de La Libertad Avanza, se despegó del oficialismo. Este jueves, el oficialismo senatorial quedó dramáticamente en soledad, con el solo acompañamiento de la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, la única senadora del Pro que mantuvo su alineamiento con el mileísmo.

El resultado de la votación de la recomposición previsional fue de 61 votos a favor y 8 en contra.

Tampoco es que el Pro tenga demasiados senadores, apenas 6, pero de ellos, 5 fueron parte de los 61 votos en contra: Alfredo De Angeli, María Victoria Huala, Guadalupe Tagliaferri, el presidente del bloque Luis Juez y el misionero Martín Göerling, que esta semana se quedó con las ganas de presidir la Bicameral de Inteligencia porque el Gobierno no quiso cumplir con la designación que se había acordado en diciembre pasado.

En ese entonces, la vicepresidente de la Nación había logrado encolumnar a una mayoría de 39 miembros, que dejó en soledad a los 33 de Unión por la Patria. Con eso le alcanzó para dominar la mayoría de las comisiones por la prepotencia de los números. Ahora esa mayoría pareciera haber tomado una distancia táctica del oficialismo.

Esto es, tampoco lo acompañaron las chubutenses alineadas con el gobernador Nacho Tores, Andrea Marcela Cristina y Edith Terenzi, ni tampoco Juan Carlos Romero, que suele exponer en favor del oficialismo en cada sesión. Los tres de Cambio Federal. También votó en contra la tucumana Beatriz Ávila, que durante esta sesión se presentó como representante del Frente Pro; así como la neuquina Lucila Crexell, que cuando votó la Ley Bases se dijo que había acordado su designación en la Unesco, cosa que no ha sucedido.

Votaron en contra dos de los tres de Unidad Federal, Carlos Espínola y Edgardo Kueider, frustrado candidato a presidir la Bicameral de Inteligencia. La cordobesa Alejandra Vigo estuvo ausente, igual que el miércoles los diputados que reportan al gobernador Martín Llaryora. Sumaron para los votos en contra los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, como así también los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y la rionegrina Mónica Silva.

De los 13 radicales, de los que en general Milei no debería poder quejarse, no solo votó en contra Martín Lousteau; lo hicieron todos los integrantes del bloque que conduce el correntino Eduardo Vischi. Salvo el bonaerense Maxi Abad, de licencia por un viaje a Estados Unidos.

Recordemos que 24 horas antes, una veintena de los 37 diputados del Pro también votaron contra el DNU 656/24, en tanto que 11 diputados de esa bancada estuvieron ausentes. Solo votaron con el Gobierno por el Pro Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello y Patricia Vázquez.

En línea con la postura del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cargó contra la oposición e ironizó que “hacen como que ponen el tema en agenda y nos quieren enseñar de política y no es así”. De igual modo, refirió a que este debate estaba contemplado en la Ley de Bases original.

Por otro lado, defendió que “faltan a la verdad cuando dicen que el problema empezó el 10 de diciembre” porque “la democracia está en deuda con los jubilados”, sumó. Al igual que Juan Carlos Pagotto anticipó su favor en favor de algunos artículos (no en la general) y cerró: “Cuando ustedes gobernaban la jubilación estaba en 90 dólares, hoy está en poco más de 200”.

Tras la aprobación de la ley, Abdala dialogó con la prensa acreditada y señaló: “El tema importante que le interesa a la ciudadanía como fue el tema de la Ley Previsional. Se ratificó lo que vino de Diputados. Desde el bloque oficialista intentamos tener una ley diferente donde acompañamos en varios artículos, pero hubo cuatro artículos esencialmente que entendíamos que afectan el erario público, motivo por el cual, queríamos una ley que se modificara, que se nos escuchara. Había diferencia, no tanto en la cuantía, sino en el tiempo, pero todos vieron lo que sucedió”.

“Es una ley que sancionó el Cuerpo y si se veta es responsabilidad y criterio del presidente”, expresó y recordó que plantearon el tema de la movilidad desde la Ley Bases y “siempre fuimos conscientes de que la democracia está en deuda con los jubilados desde hace tiempo, pero recibimos un país en llamas que hay que darle estabilidad y más ingreso para el sector previsional y tenemos la misma sensibilidad para que los trabajadores y jubilados vivamos mejor”.

“A partir de ahí entramos en otro tema que fue tan importante que ha tomado un estrépito fuerte como el salario de senadores. Se vivió claramente que los senadores retrotrajeron estar pegados a este aumento salarial que, por cierto, es muy meritorio para los empleados de la casa y, a partir de allí, se analizaron proyectos para generar transparencia en los salarios de funcionarios públicos en general porque nadie debe ganar más que el presidente. Hay proyectos elaborados desde hace tiempo”, comentó sobre la iniciativa de retrotraer las dietas.

Así, informó que “se van a tratar próximamente en comisión” las iniciativas que proponen un tope salarial a funcionarios y sumó: “Esperemos que, a partir de ahí, el tema quede zanjado por el bien de los argentinos porque el tema de salarios es difícil de explicarlos, pero también somos conscientes de que nadie debe ganar más que el presidente que es la máxima autoridad”.

“Los senadores vamos a ganar lo mismo que se venía ganando anteriormente aproximadamente unos $ 7 millones en bruto”, afirmó el puntano que con los descuentos queda en poco más de $ 4,5 millones en mano.

Al cabo de una doble sesión realizada este jueves, la Cámara alta revirtió el aumento que, a raíz del enganche que los senadores tienen con las paritarias de los trabajadores legislativos, recibieron los miembros del Cuerpo. Fue al aprobarse el proyecto de resolución que deja sin efecto el expediente que establecía un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de 2024.

Eso se aprobó por unanimidad, con 65 votos a favor. La norma establece que a los efectos de abonar las dietas correspondientes, se deberá aplicar la normativa vigente previamente a la sanción de dicha resolución.

Por Cambio Federal, Juan Carlos Romero expresó que “es el Cuerpo quien debe definir esto” porque “hay disparidad y desconocimiento” en relación al tema de las dietas que despertó la polémica esta semana. Asimismo, añadió que “hay un montón de funcionarios en el Estado que son un misterio sus ingresos”, y cerró: “es un mensaje positivo que damos que no queremos engancharnos al salario de los trabajadores del Senado”.

Brevemente, el formoseño José Mayans, por Unión por la Patria, y el jujeño Ezequiel Atauche dieron el visto bueno al congelamiento de las dietas hasta fin de año (retrotrayendo el aumento de agosto) y celebraron el consenso logrado por unanimidad entre todos los bloques de la Cámara de Senadores.

La votación resultó aprobada por unanimidad.

Tope a los haberes de los funcionarios públicos

A continuación, no avanzó un proyecto impulsado desde Unión por la Patria, que involucraba no solo las dietas de los senadores nacionales, sino también los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado. No obstante, se aprobó el emplazamiento para tratarlo en comisiones con el aval de todas las bancadas presentes en el recinto.

Ese proyecto necesitaba una mayoría especial para ser tratado, ya que no tiene dictamen de comisión. Hubo acuerdo entre todos los bloques y las iniciativas impulsadas por Unión por la Patra, Martín Lousteau y Juan Carlos Romero, entre otros serán tratados por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social.

Ese proyecto establece un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Impulsor del proyecto de UP, el jefe del interbloque José Mayans cuestionó el accionar de la prensa con relación al asunto del aumento en las dietas del Senado y explicó que “pareciera que “los que hacemos política no podemos cobrar”. Asimismo, defendió el espíritu del proyecto y agregó que “no merecemos este ataque que proviene por parte de muchos”, y aseveró: “Hay algunos que gastan 500.000 dolares en el exterior y después vienen y se rasgan las vestiduras acá”.

De igual manera, sostuvo que “la dieta es de 4 millones 100 mil y después están (aparte) los gastos de viaje”. Pero, reclamó: “te atacan y te desautorizan por tener para tus gastos y es necesario que se distinga una cosa de la otra porque muchos gastamos en nuestra provincia y pagamos acá”, con relación al traslado de cada senador.

Por su parte, el senador cordobés Luis Juez manifestó que “esto tuvimos que hacer hace cuatro meses atrás”, e indicó que “son decisiones que tenemos que tomar un altísimo nivel de responsabilidad porque en este país siempre va a ser incómodo discutir esto”. Catalogó a este debate como “altamente urticante”, pero destacó que se dé a plena luz del día.

La senadora nacional Juliana di Tullio destacó el consenso logrado con respecto a este tema, pero cuestionó al Cuerpo porque el proyecto lleva presentado cinco meses y nunca se llamó a tratarlo: “Les recuerdo que este proyecto fue presentado el 21 de marzo y tiene giros a Asuntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social”.

Para terminar, el senador salteño Juan Carlos Romero afirmó que “el peor vicio es hacer antipolítica desde la política”, y también enrostró que su proyecto avalado por Lucila Crexell y Edith Terenzi fue presentado el 22 de abril pasado. Finalizada su exposición, se procedió a votar el acuerdo para emplazar este proyecto al trabajo en comisiones.

En el cierre de bloques durante el debate por la nueva movilidad jubilatoria en la sesión de este jueves del Senado, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, protagonizó un divertido cruce con la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, a quien le recordó la ocurrente frase sobre el presidente Javier Milei y la relación con la secretaria presidencial, su hermana Karina Milei: “Él es un jamoncito”.

El formoseño, comenzó alertando que el tema sobre movilidad jubilatoria tiene preocupado a “7 millones de personas”, y chicaneó: “Esto trataron los degenerados fiscales de los diputados que pusieron los votos para tratar el proyecto”.

“No dilatemos más esto porque la situación de estos 7 millones de personas es de emergencia. Sin embargo, acá se utilizó la técnica dilatoria de que había que analizarlo en comisión. Nosotros sabemos bien este tema, no hacía falta que venga tanta gente a explicarlo y, como dijo Lousteau, después de dos meses estamos tratando el proyecto tarde”, exigió el formoseño.

Así, apuntó contra el Jefe de Estado: “Cuando vos llegás al Gobierno con un discurso, el otro tema es cuando tenes que enfrentar la realidad y te das cuenta que todo lo que dijiste en el discurso que es relato, hoy recién algunos empiezan a entender al Gobierno. Íntimamente pienso que el presidente no entendía nada del tema del Estado”.

“Le pusieron dos economistas atrás que le vendieron un plan. Un plan que ya se ha aplicado en el país, no es algo nuevo. Estos mismos que fracasaron en el BCRA y en la economía, como Milei no tenía equipo lo compraron que, ya aplicaron este programa. Le vendieron que era lo nuevo. (Federico) Sturzenegger en el Banco Central hizo estragos, se lo advertí acá”, alertó.

Así, disparó contra el ministro de Economía: “(Luis) Caputo mintió de mañana, tarde y noche. Toda la previsión que dijo no era cierto. El plan económico de estas personas fue un desastre para el país porque la bicicleta financiera que instalaron aumentó en más de 100 mil millones la deuda argentina (…) Esto es algo que van a tener que revisar porque ellos deben pensar que no cometieron errores porque son nuevos, ustedes son nuevos porque están hace 6 meses en la política, pero Caputo, Sturzenegger son rapaces porque hace rato están, ustedes son de cuarta para ellos y no están entendiendo lo que están haciendo. Esta película ya la vimos”.

“Esto no es ningún programa económico, lo único que tienen es devaluación y déficit cero. ¿Ustedes están mirando los números de la economía argentina? ¿lo están estudiando? Yo se lo advertí cuando estaba el grupo de Macri que defendía esas políticas que llevaron a la ruina al país”, cuestionó Mayans.

El titular del bloque UP señaló que “el PBI cayó 3.58% en el primer semestre está previsto una caída superior al 5% y 7.5% en pandemia. Es estrepitosa la caída, sube la pobreza, la indigencia, revísenlo porque el programa económico no está funcionando. Perdimos 630 mil puestos de trabajo en 7 meses, pasamos de 5.7 de desocupación y tenemos dos dígitos de desocupación. Así aumenta la pobreza, la indigencia, aumenta el problema en el sistema previsional”.

“Este es un programa económico que le faltan dos patas: inversión y el consumo. El plan económico era devaluación. ¿Cuál fue el tema? El verso de Milei que decía 17 mil puntos de inflación ¿de dónde? ¿cómo hace sus cálculos?”, criticó.

En ese momento, Mayans señaló que “él –Milei- cree que entiende más de economía que los 20 zorros que tiene atrás como Caputo, Cavallo, que forman parte de un clan”, y chicaneó entre risas: “Él es un pobrecito, es un jamoncito, diría la vicepresidenta”, recordando la frase de la vicepresidenta respecto de su vínculo con Milei y su hermana Karina.

Sonriente y con la mirada fija, Villarruel le respondió: “Gracias, gracias por el favor señor Mayans… Gracias Mayans por traerme a colación”. “A mí me gustó el adjetivo calificativo”, respondió Mayans entre risas, a lo que la titular del Cuerpo replicó risueña: “Gracias Mayans, es un amigo”. “Tenemos que profundizar la amistad… y también dijo…”, remató Mayans que aprovechó para poner el dedo en la llaga de la interna oficialista.

Así, remarcó que Argentina “es el país más caro de Latinoamérica” porque “esta liberación que generaron de la economía provocó abusos en los servicios, medicamentos, alimentos, transferencia de recursos del sector laboral a estos externamente ricos. En julio 9.500 millones de dólares aumentó la deuda externa y en siete meses 81 mil millones”.

Por último, criticó el Pacto de Mayo: “Es vergonzoso el pacto que firmaron los gobernadores, son una manga de chupamedias”, y, retomando brevemente el tema de la sesión señaló: “Los jubilados son el 50% del estado que Milei quiere destruir y dijo que era un topo, un Terminator”.

Antes de darle la palabra a Ezequiel Atauche, jefe de bloque de La Libertad Avanza, Villarruel lo saludó a Mayans: “Gracias por su incendiario discurso”.

En una nueva derrota parlamentaria para el oficialismo, el Senado sancionó por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones la ley que establece una recomposición del 8,1% para este año en los haberes jubilatorios, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial.

Se trata del proyecto que casi toda la oposición aprobó en Diputados en junio pasado, por dos tercios del voto de los presentes. Esa misma mayoría de votos fue la que logró la norma en la sesión de este jueves en la Cámara alta. Estos números condicionan así la decisión que tendrá ahora Javier Milei, pues el artículo 83 de la Constitución Nacional establece que un proyecto desechado por el Poder Ejecutivo puede volver a tratarse en ambas cámaras y, de replicarse esas mayorías, directamente debe ser promulgado. El presidente ya había anticipado que vetaría la ley por atentar contra su objetivo de equilibrio fiscal.

Luego de más de dos meses en los que La Libertad Avanza ganó tiempo en el Senado, la ley finalmente se sancionó con los votos positivos de los bloques UP, UCR, Pro, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños del Frente Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En contra, además de los siete senadores libertarios, votó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro). 

La votación en particular resultó: artículo 1 aprobado con 69 votos a favor. Sobre el artículo 2 el radical Víctor Zimmermann propuso una modificación sobre la productividad que, en vez de ser el 50% de la diferencia del RIPTE sea del 25%, pero el pedido fue rechazado por UP y resultó aprobado con 49 votos afirmativos y 20 negativos. El artículo 3 resultó afirmativo con 61 votos a favor y 8 en contra.

En cuanto el artículo 4 resultó aprobado con 49 votos afirmativos, 20 negativos y ninguna abstención, mientras que el artículo 5 recibió 67 votos afirmativos y 2 negativos. Además, los artículos 6,7,8 y 9 fueron aprobados con 68 afirmativos y 1 negativo.

El artículo 10 tuvo 54 votos afirmativos, 11 negativos y 4 abstenciones, mientras que los restantes artículos 11, 12 y 13 fueron aprobados con 68 votos a favor.

La flamante ley establece una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU 274/24 del Ejecutivo-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total, que en julio fue -según el INDEC- de $291.472.

La recomposición del 8,1% tiene como objetivo complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Por otro lado, en la norma se instruye a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El debate

Al comienzo del debate, como uno de los miembros informantes del dictamen de mayoría, el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde afirmó que el objetivo de la ley es “recuperar el poder adquisitivo, mejorar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Ese es el corazón del proyecto”.

Tras detallar las disposiciones que sustentan la propuesta, hizo historia sobre lo que a su juicio representa el inicio del problema del sistema previsional argentino: la creación de las AFJP, que “hicieron un desastre con la plata de los trabajadores y los jubilados”. Luego cargó duramente contra los gobiernos no kirchneristas, que aplicaron “políticas que promueven el desempleo”. Y de esta gestión en particular, que ha provocado -dijo el porteño- aumento del desempleo; caída de los salarios; aumento del empleo no registrado; entre otros indicadores.

A continuación, fue el turno del radical Martín Lousteau, quien enfatizó que “para dar por DNU 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la SIDE, sin control a la vista de todos -después está la bicameral-, pero sin publicidad, hay plata. Para los jubilados no hay plata. Eso es inmoral. Las prioridades tienen que ser exactamente las contrarias”.

“Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima”, consideró el economista, que subrayó además que “desde el año 2017, las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo”.

Como miembro informante del dictamen de minoría, el libertario Bruno Olivera Lucero cuestionó el proyecto sancionado en Diputados, al señalar que “deja expuesto que la fórmula de movilidad jubilatoria que ellos mismos aprobaron (por la oposición) en el Gobierno anterior, no garantizó que los jubilados mantuvieran el nivel adquisitivo, como habían manifestado en 2020. Era una fórmula compleja, que ajustaba trimestralmente, con dos índices, el de la ANSeS y el índice de trabajadores formales, pero era una fórmula que en un contexto inflacionario no lo tenía en cuenta, en un Gobierno que terminó con más de 200% de inflación”.

El sanjuanino valoró que el decreto del Ejecutivo, estableciendo una nueva fórmula por inflación, fue “para que los jubilados dejaran de perder como en años anteriores”. En su discurso, advirtió que este es “un momento muy complejo” y reprochó: “Nos dejaron un Estado con una capacidad de financiamiento agotada, la inflación más grande de los últimos años, pero sin embargo acá hay varios que miran para otro lado y recuerdan todo lo que pasó a partir de diciembre… Para atrás, no reconocen nada”.

También alertó sobre el impacto fiscal de la propuesta. “En 2024, es de 0,4% del PBI como dijeron, pero en 2025 es un 0,8%, y este porcentaje aumenta año a año, complica el equilibrio fiscal y nos va a llevar al déficit fiscal que tanto nos ha agobiado”, sostuvo.

A su turno, el radical Víctor Zimmermann compartió números aportados por la Oficina de Presupuesto del Congreso y también los funcionarios de la ANSeS para indicar que el artículo referido al 50% de aumento en marzo de cada año por RIPTE, “no tendría costo presupuestario” para el año próximo, sino que “recién tendría impacto fiscal en 2026”.

“Yo creo que hay que hacer un esfuerzo”, expresó, sin embargo, inmediatamente propuso: “A lo mejor no hay que darle el 50%, pero sí un 25%”. En ese sentido, confirmó que iba a proponer esa modificación y adelantó su voto en general, pero en particular iba a proponer ese y otros cambios.

El chaqueño, que firmó en disidencias parciales el dictamen del oficialismo, coincidió en que el artículo sobre un piso para el haber mínimo, referenciado en la Canasta Básica Total, era “para dejarlo para más adelante y darle la derecha al Gobierno”.

Por el contrario de introducir modificaciones, el radical Flavio Fama, que acompañó el dictamen de mayoría, manifestó: “Me hubiese encantado buscar una propuesta con modificaciones, ¿pero sabe qué pasa? No voy a caer en la trampa de la dilación”.

La rionegrina Mónica Silva respaldó la media sanción de Diputados que “llegó hace más de 60 días con el 60% de votos favorables”, y sostuvo que “es un proyecto para recomponer de manera urgente el haber jubilatorio”.

“Hay 8 millones de beneficiarios, es evidente que han perdido poder adquisitivo porque la inflación es el peor enemigo de las jubilaciones y salarios”, alertó. Silva señaló que en su provincia son más de 120 mil las personas jubiladas y pensionadas que “están esperando una posibilidad actual de reponer esas percepciones”.

Además, planteó la necesidad de “revisar la totalidad del sistema, la integralidad del mismo, tener en cuenta los diferentes cambios demográficos y cómo la base de sustentabilidad de jubilaciones se va modificando por la baja tasa de natalidad y la cantidad de personas que integran la población económicamente activa que la mayoría no están registrados, ese es un problema”.

“No hay que dilatar más el tema porque es algo muy sensible para la población. Desde el punto de vista técnico no tiene objeciones. El arreglo de la percepción jubilatoria es urgente y tiene que ser ahora”, ratificó.

La senadora de JSRN sostuvo que “estamos hablando de algo que ni siquiera pretende ganarle a la inflación, sino que se pretende proponer para que las jubilaciones dejen de perder poder adquisitivo. En agosto la jubilación mínima equivale a 225.454 pesos. Las jubilaciones han tenido una caída importante para las personas que no cobran el famoso bono”.

“Proponemos con la sanción de la norma una mínima recomposición de ingresos que no debería tener dilaciones porque está destinada a la población más vulnerable y que tiene un poder adquisitivo muy menguado por los efectos de la inflación. En general voy a apoyar el proyecto y a particular voy a escuchar las propuestas sobre el artículo 4”, cerró.

En línea con la postura del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cargó contra la oposición e ironizó que “hacen como que ponen el tema en agenda y nos quieren enseñar de política y no es así”. De igual modo, refirió a que este debate estaba contemplado en la Ley de Bases original.

Por otro lado, defendió que “faltan a la verdad cuando dicen que el problema empezó el 10 de diciembre” porque “la democracia está en deuda con los jubilados”, sumó. Al igual que Juan Carlos Pagotto anticipó su voto en favor de algunos artículos (no en la general), y cerró: “Cuando ustedes gobernaban la jubilación estaba en 90 dólares, hoy está en poco más de 200”.

Luego tomó la palabra el senador salteño Juan Carlos Romero apuntó que el panorama de los jubilados se “complicó estos 20 años de achicamiento y decadencia con el gobierno anterior”. “Ahora seguimos poniendo parches al sistema porque esta movilidad jubilatoria puede ser la punta pie, si algún día pensamos, un sistema jubilatorio definitivo. Si no hubiera la inflación del 200% el año pasado no estaríamos debatiendo esto”.

El referente del bloque Cambio Federal recordó que en 2010 aprobaron el 82% móvil que “la presidenta Cristina Kirchner lo vetó al minuto”, y procedió a leer los fundamentos del veto: “La promulgación implicaría prácticamente la quiebra, no solo del sistema previsional argentino, sino del propio Estado. Se trata de una maniobra o un ardil para obligar el veto de la norma especulando sacar algún mezquino reto político”.

Romero señaló como error no haber dividido el beneficio de la moratoria porque “aquel que se jubila sin aportes es un no contributivo. Debería tener un ingreso básico. Hoy soy 1.757.000 no contributivos y se le suman los 3.800.000 de moratorias sin aportes, tenemos 2.200.000 personas que han aportado el 20% en total”.

“Esto indica que estamos con el sistema actual perjudicando, no solo al conjunto de la masa previsional, sino que le estamos haciendo un daño enorme a los que aportaron. El sistema que hay que corregir es que aquellas personas que ingresaron por moratorias no contributivas deben tener un ingreso razonable y, el resto, pagársele de acuerdo a años de aporte.

“Solo el 37% de los trabajadores tiene 30 años de aporte. La cifra es mínima. En 2024 se dieron 42 mil no contributivas, entonces seguimos haciendo crecer el sistema con gente que nunca aportó un peso.”, detalló y planteó: “Si no tuviéramos inflación acá estaríamos discutiendo un aumento real, en cambio estamos enredados en cómo compensamos el magro ingreso castigado por la inflación que el país ha heredado de la gestión anterior”.

El salteño apuntó contra la gestión de Néstor Kirchner por la eliminación del sistema por ahorro que “fue para quedarse con la caja enorme de las AFJP”, y explicó cómo se financia el sistema: “Con el 93% con el 11% del IVA, el 100% de créditos y débitos, 29% de combustibles, 70% del régimen simplificado de impuestos, el 41% del impuesto país”.

“Se han aplicado fórmulas, pero de ninguna manera hemos resuelto el tema. Esta ley no la voy a apoyar”, adelantó y explicó que el proyecto no establece cómo se va a financiar por lo que “no solo se incumple con la Ley de Administración Financiera sino también con el propio reglamento de la Cámara”.

Romero indicó que en el articulado: “Deberíamos haber contemplado un financiamiento y eliminar la exención a los artículos electrónicos producidos en Tierra del Fuego, no es quitarle los beneficios, sino a al exagerado beneficio que tiene más de una docena de ensambladores”. También que implica: “Aumentar el déficit porque hay una gran carga de gasto público. Implica un aumento de casi un punto del PBI”.

En el cierre, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, señaló que este tema es “sumamente sensible a nuestra sociedad, como a la mayoría de los países del mundo”, y ratificó que la Unión Cívica Radical tiene un “firme compromiso con nuestros jubilados”, pero advirtió que “es un gran problema resolver la situación del sistema”. Cargó, además, que el sistema ha pasado de “banquina a banquina”, y repasó las gestiones presidenciales de los últimos 16 años.

“En el medio de todos (esos cambios del sistema previsional), están nuestros jubilados en la ruleta de cómo se juega su futuro”, señaló el senador correntino, quien también cuestionó que “nos encontramos con pensiones que se hicieron con radiografías de perros y pasamos de una idea populista de darle a todos pensado para el sostenimiento político de un gobierno”, en alusión al kirchnerismo.

En el término de su exposición, Vischi catalogó al proyecto en cuestión como “parche de coyuntura” y se expidió hacia el Gobierno nacional con relación a los fondos de coparticipación de las provincias: “Esta administración que se dice federal que tenga en cuenta que este proyecto le da plazos con auditorías sine die (sin fecha fijada)”, en relación a transferencias desde Nación en gestiones anteriores.

Por el bloque Unidad Ciudadana, la senadora bonaerense Juliana di Tullio trajo al debate un posteo reciente de Milei en donde reafirmó la posibilidad del veto y le respondió: “El presidente es un degenerado social por haber montado escenario que explique al principio (Según un informe de la UCA, hay un 55,5% de pobres y un 17,5 de indigentes y solo en ocho meses”. “Si me va a llamar degenerada social, tengo el derecho a llamarlo degenerado social”, cargó contra el jefe de Estado.

Para terminar sus consideraciones en el recinto, donde destacó que en la segunda presidencia de Cristina Kirchner la jubilación mínima estaba en 470 dólares, la senadora Di Tullio reveló que “el presidente va a vetar 66.000 pesos”, y cerró: “6 de cada 10 jubilados lo votaron a Milei. Ustedes que están gobernando deberían aprender de los errores de quienes hemos gobernado”.

Previo a la votación, el presidente de bancada oficialista, Ezequiel Atauche, reiteró que “no se puede seguir resolviendo con parches”. Asimismo, reiteró la postura mencionada anteriormente por el presidente provisional del Senado y añadió: “Nosotros queríamos discutir cuando empezamos el gobierno, parece que hay que discutir cuando ustedes quieren”. “Una vez más no se demostró querer solucionar los problemas de fondo, hacer un videíto para Instagram, hacer demagogia y traer un parche más”, remarcó.

De forma irónica, expresó: “Nos cuesta gestionar porque no tenemos esa capacidad profesional de meter gente en el Estado como tienen ustedes”, y para terminar, el senador jujeño manifestó: “Admitan la incapacidad de gestión y así podemos dar una discusión integral porque acá estamos pagando la maquinita de imprimir”, y concluyó: “Le quiero hablar a los jubilados y entendemos que tienen miedo porque hace décadas que viven con miedo de que no les alcance”.

En su intervención por el debate del proyecto de jubilaciones, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto (LLA) hizo referencias al desfinanciamiento del sistema previsional y anunció que va a votar en contra, en general, pero va a acompañar varios artículos.

También habló de la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete al proyecto de ley y envió un mensaje contra la oposición: “Acá hubo quienes vetaron el 82% móvil”, al recordar que la exmandataria Cristina Kirchner anuló la Ley del 82% móvil en 2010. “Esto de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es un problema que no hace a la unión de los argentinos”, agregó.

“Coincido que el sector más desprotegido son los jubilados”, aseveró el legislador oficialista. De igual manera, relató: “Había un viejo general que dijo que la estatización de la caja previsional era un robo ¿Todos saben de quien me refiero? Fue el general Juan Domingo Perón”.

Así las cosas, expresó: “El sistema jubilatorio ha sido ampliado de superlativamente, en la moratoria, porque no ha habido un control estatal en los aportes y la gente que llega a una edad determinada necesita de la seguridad social”. “No podemos desconocer que esta es una realidad que ha colapsado el sistema previsional”, cuestionó Pagotto al manejo de la caja jubilatoria de los últimos años.

También, reflexionó que “las provincias deben asumir las culpas de que han desfinanciado el sistema jubilatorio”, y cargó que “se aumentan los salarios en rubros no remunerativos que no aportan a la seguridad social”. Enfatizó, además, que “hay que solucionar el problema de los jubilados de una vez y para siempre”.

Por otro lado, defendió al Gobierno nacional y manifestó que “Milei comete errores como cualquier ser humano, pero el veto es un recurso constitucional, no es traído por él”. También, advirtió que “quiero dejar en claro que las AFJP eran optativas, no obligatorias”.

Finalmente, el senador riojano anticipó: “Voy a votar en contra de este proyecto, pero a favor de muchos artículos”. “Los invito a todos a construir un país que ayude a quienes han trabajado para engrandecer a este país y no que sigamos desfinanciado el sistema por la creación de rubros no remunerativos”, cerró.

Durante su discurso en el debate sobre el proyecto de jubilaciones, el senador radical Martín Lousteau enfatizó que “para dar por DNU 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la SIDE, sin control a la vista de todos -después está la bicameral-, pero sin publicidad, hay plata. Para los jubilados no hay plata. Eso es inmoral. Las prioridades tienen que ser exactamente las contrarias”.

“El costo del aumento a los jubilados es igual o inclusive un poco menor que el costo de haber bajado el impuesto a los Bienes Personales, el impuesto que se le cobra a los más ricos”, señaló sobre esa medida que se aprobó en el Paquete Fiscal. Y agregó: “No entiendo por qué uno está bien y otro está mal. En mi opinión es exactamente al revés”.

También recordó que a pesar de las modificaciones propuestas en el Paquete Fiscal, “el Gobierno no quiso cobrar más por el blanqueo, hace un tasa bajísima para blanquear. “En cambio recomponerle a los jubilados está mal”, insistió.

El presidente de la UCR Nacional mencionó una frase del presidente Javier Milei admitiendo que “se le fue un poco la mano con el ajuste”. “Es una frase que puede sonar divertida, pero cuando se te va la mano con el ajuste detrás hay gente que no puede vivir. Más de un tercio del ajuste que se hizo, son los jubilados“, aseveró.

En ese sentido, defendió el proyecto con media sanción y al manifestar su voto a favor, argumentó: “Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima”.

El economista apuntó que “hubo cinco cambios de la fórmula (de movilidad) en 15 años, algunos por decreto y otros por ley”. “Desde el año 2017, las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo”, remarcó y expresó que “los bonos no alcanzan para compensar esa pérdida” porque “además son arbitrarios, discrecionales, no generan ningún tipo de certidumbre”.

Sobre la iniciativa, el porteño dijo que con el adicional del 8,1% “estamos compensando la última gran pérdida que tuvieron” por la inflación de enero.

Respecto del artículo que propone un incremento en marzo de cada año por 50% de variación salarial, explicó que “es un elemento de mucha equidad” ya que significa que “si a la economía argentina le va bien y los salarios le ganan a la inflación, la mitad de esa diferencia también va para una mejora de los jubilados”. Además, si se contempla solamente la fórmula por IPC, sin otra alternativa, si la inflación fuera cero, las jubilaciones no crecerían.

El senador nacional Mariano Recalde fue uno de los miembros informantes del dictamen de mayoría en el debate de la movilidad jubilatoria, que presentó argumentando el objetivo de “recuperar el poder adquisitivo, mejorar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Ese es el corazón del proyecto de ley que estamos tratando”.

El senador de UP detalló 4 disposiciones para avanzar con esta propuesta, que detalló así: primero, la continuidad de la actualización mensual del haber jubilatorio a través del IPC. “Es una herramienta que consideramos sumamente útil, pero no suficiente, sobre todo por el momento en que se comenzó a actualizar así, en marzo, habiéndosele comido a los jubilados y pensionados los dos meses de inflación más alta”, señaló.

“Por eso en segundo lugar fija un aumento adicional anual para que no solo el haber de los jubilados se mantenga equiparado con el ritmo de la inflación, sino que además, si la economía crece, los salarios crecen, los jubilados puedan participar de ese crecimiento de la torta y por eso establece un aumento adicional anual del 50% de la variación del RIPTE. De lo que esté por encima del IPC”, explicó Recalde.

En tercer lugar, “la aplicación del índice del IPC se hizo de manera tardía –agregó el senador camporista-. Por eso esta ley prevé una reparación, estableciendo un incremento compensatorio por única vez del 8,1%, que es la diferencia entre la inflación de abril (20,6%) y el aumento otorgado en ese entonces (12,5%)”.

Por último, se establece un piso mínimo del haber jubilatorio que no podrá ser inferior al valor de la canasta básica, multiplicado por 1,09. Aclaró Recalde que eso se pactó de manera arbitraria en Diputados. “A algunos nos puede parecer bajo, nosotros proponíamos 1,2%, pero fue el acuerdo alcanzado y nos parece mucho mejor que lo que hoy tienen los jubilados”, aclaró.

A continuación, Recalde hizo historia sobre lo que a su juicio representa el inicio del problema del sistema previsional argentino: la creación de las AFJP, que “hicieron un desastre con la plata de los trabajadores y los jubilados”. A su juicio, “en 2013 se empezó a recuperar” el sistema, hasta 2015, cuando sostuvo que “los haberes de los jubilados representaban casi una canasta y media. El mínimo alcanzaba para cubrir una canasta y casi media canasta más. (…) A finales de 2015, el sistema jubilatorio incluía al 93% de la población, se autofinanciaba en un 65%, habiendo recuperado 15 puntos”.

Luego cargó duramente contra los gobiernos no kirchneristas, que aplicaron “políticas que promueven el desempleo”. Y esta gestión en particular, que ha provocado -dijo- aumento del desempleo; caída de los salarios; aumento del empleo no registrado; fomento de figuras contractuales que no aportan; fomento de la locaciones de servicios; fomento de contratos basura, promociones supuestamente para atraer inversiones que nunca llegan…”.

Para Recalde, “todo eso va desfinanciando el sistema y genera una crisis que no tienen que pagar los jubilados con sus haberes”, dijo, reprochándole al presidente Milei haberles dicho a los legisladores “degenerados fiscales” por “tratar de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados”. Y calificó como “desacertado” ese calificativo, porque según la OPC tiene un costo fiscal de 0,4% del PBI, “el mismo de haber modificado el impuesto a Bienes Personales, el impuesto a la riqueza”.

La Cámara alta aprobó este jueves una serie de transferencias de inmuebles del Estado Nacional hacia diferentes provincias, en una votación que resultó por unanimidad, con 66 votos positivos. Ahora, deberán tratarse en la Cámara de Diputados.

Puntualmente fue aprobada la transferencia de un inmueble del Estado nacional a la municipalidad de Viale, en la provincia de Entre Ríos. Allí se construirá un centro cultural, recreativo y deportivo.

También se transfirieron dos terrenos del Estado nacional a la municipalidad de Alta Italia, en La Pampa. En este caso el objetivo es que el municipio destine esos inmuebles al establecimiento de un espacio verde público, concretando, junto a su entorno, un parque municipal de escala regional.

Por otra parte fue transferido un inmueble del Estado nacional a la Cooperativa La Hormiga Circular, en Villa Regina, Río Negro. Se trata de una fracción de ese dominio, para que allí funcione una sala de producciones de artes escénicas y el desarrollo de actividades conexas y artísticas y culturales, con el objeto de promover el acceso al arte y a la cultura de los habitantes de Villa Regina y su zona de influencia.

Además, se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de un inmueble de la localidad de Cafayate, provincia de Salta. Eso será destinado a la construcción de una rotonda.

En la sesión de este jueves, el Senado sancionó la ley que instituye el 4 de agosto de cada año como el “Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental”, en conmemoración del trabajo ininterrumpido realizado durante más de 20 años por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental.

La COPLA, que ha permitido la demarcación de la plataforma continental y, de esta manera, la reafirmación de nuestros derechos de soberanía, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de la norma se establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá propiciar actividades académicas y educativas de difusión y concientización sobre la importancia de la demarcación del límite exterior de la plataforma continental para nuestro país.

El proyecto contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde septiembre del año pasado. Este jueves fue sancionado en el Senado por unanimidad, con 66 votos positivos.

En la misma votación se aprobó el convenio internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio. Se trata de un acuerdo que data desde mayo de 2017, y cuyo objeto es establecer normas y procedimientos internacionales uniformes para asegurar la remoción pronta y eficaz de restos de naufragios y el pago de una indemnización por los costos ocasionados. Se aplica a los naufragios de cualquier buque sucedidos en la zona económica exclusiva de un Estado firmante, que puedan representar un riesgo para la navegación, dañar el medio marino, el litoral o los intereses del Estado ribereño u otros.

La Cámara de Senadores dio aval este jueves a una serie de candidatos propuestos por el Gobierno para desempeñarse como cónsules y vicecónsules en distintos países. También ascensos dentro de Cancillería.

Por unanimidad (66 votos afirmativos), el Cuerpo dio autorización como cónsules a Carlos Nahuel Caputto (Francia), Alfredo Víctor Rapi (Albania), Mónica Cristina Mickiewicz (Polonia), Luisa Pfarr (Austria), José Luis Lorenzo (Finlandia), Marisa Faccio (Uruguay), Juan Carlos Merdinian (Armenia), Emilio José Viramonte Olmos (Dinamarca), Patricia Pinnel (Luxemburgo), Gustavo Nicolás Bozovich (Serbia), Sigfrido Otto Federico Wolfsteller (Alemania), Héctor Murad Yousoufian (Armenia), Haidi Gerlach (Alemania) e Ignacio Luis Mockevich (Lituania).

También a Juan Sebastián Kast (Austria), Ignacio Guillermo Van Heden (Bélgica), Joaquín Sonzini Astudillo (Francia), Enrique Ignacio Wojnacki (Polonia), Gabriel Pablo Salort (Eslovenia), Daniel Eduardo Zozzoli (Italia), Marcelo Alfredo Fernández (Finlandia), María Luisa Bava González (España) y Santiago Deluca (Kazajistán).

En tanto, como vicecónsules fueron avalados Ricardo José de Beláustegui Castaño (España), Manuel Ángel Cuesta (España), Alberto Pravia (España), Julieta Mónica Racca (Italia), Giovanni Salvatore Foglia (Italia), Sergio Bruno Ricciuti (Italia), Gustavo Javier González Truyols (España), Carlos Santiago Del Torchio (Italia) y Nurimar Edith Mathot (España).

Por su parte, se aprobó la designación de María Podestá Herrera como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria soberana de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta ante la República Argentina.

En cuanto a los ascensos en Cancillería, fueron promovidos a la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, Mariano Vergara; Elena Leticia Teresa Mikusinski; Eduardo Alejandro Acevedo Díaz; Federico Alejandro Bartifeld; Mateo Estrémé; Ernesto Pablo de la Guardia; Rubén Javier Ruffi; Roberto Sebastián Bosch Estévez; Leandro Federico Fernández Suárez; Alejandro Guillermo Verdier, Conrado Solari Yrigoyen, y Horacio Fernández Palacio. La votación resultó con 65 votos a favor y 2 en contra, de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Por unanimidad y sin debate, la Cámara de Senadores dio media sanción este jueves y giró a Diputados un proyecto de ley que endurece penas por el delito de compra y venta de menores. La votación cosechó 67 votos

En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño correntino desaparecido desde el 12 de junio pasado, la iniciativa se había puesto en debate en la sesión del 4 de julio. Allí resultó aprobada en general pero, por falta de consenso, volvió a comisión para la discusión del articulado.

La nueva redacción, en base a propuestas de los senadores Carolina Losada (UCR) y Antonio Rodas (UP), surgió del nuevo debate que se dio en Justicia y Asuntos Penales, con la participación de especialistas, entre ellos el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Los detalles del proyecto

En la iniciativa se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprime con prisión de 3 a 10 años a quien actuase como intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si fuese a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trate de funcionarios públicos o profesionales de la salud, añade la inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena.

El cambio propuesto ahora prevé prisión de 5 a 15 años al que reciba y al que entregue ilegítimamente a un menor de edad, mediando o no un precio, promesa de retribución o cualquier contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

También se añade, a ese mismo artículo, que recibirá la misma pena quien entregue y/o reciba a una persona menor de edad con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente, exista o no un precio, promesa de retribución o cualquier contraprestación.

A su vez, el proyecto incorpora el artículo 139 ter, donde establece la pena de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o de cualquier modo intermedie en la comisión de los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, siempre que no se encuadre la conducta en un delito con pena más severa.

Y se suma que si las conductas tipificadas fuesen realizadas por un funcionario público o profesional en ejercicio de su actividad, la pena se fijará dentro del tercio superior de la escala penal. También se aplicará la accesoria de inhabilitación especial perpetua en todas las conductas del capítulo.

Otra modificación es la del artículo 41 ter del Código Penal, para incorporar éstos delitos al régimen del imputado colaborador creado por la Ley del Arrepentido (27.304), para que los imputados que celebren acuerdos de colaboración puedan reducir la pena a la escala de la tentativa.

Se adecua el artículo 67 del Código Penal para añadir estos delitos a la norma que indica que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, realice o ratifique la denuncia.

También se modifica la Ley 27.146 para incorporar estos delitos a la competencia material penal federal.

En el inicio de la sesión de este jueves, el Senado se aprobó una moción de preferencia presentada por el senador radical catamarqueño Flavio Fama, para tratar en una próxima sesión la media sanción proveniente de Diputados sobre el financiamiento universitario.

Fue a mano alzada y con los dos tercios la aprobación, y al presentar la moción, Fama remarcó que “es un tema que urge al sistema universitario argentino”. Este proyecto, dijo, “viene a poner un hilo de calma a lo que son los gastos de funcionamiento y los salarios universitarios”, aclarando que “no incrementa los presupuestos históricos del sistema universitario”. Agregó Fama que el tema “no incrementa los presupuestos históricos del sistema universitario argentino, solo asegura la continuidad de los gastos de funcionamiento y los programas especiales (ciencia y técnica, extensión y desarrollo universitario)”.

Informó además el catamarqueño que los salarios del presupuesto están hoy 20% por debajo de la pauta que ha fijado el Gobierno nacional para toda la administración pública.

Por otra parte, el senador Fama pidió instruir al secretario Parlamentario para la  implementación de todas las comisiones del Cuerpo. A propósito de las consecuencias que provoca esta situación, citó temas que hay pendientes de tratamiento y que cuentan con media sanción de Diputados, como el de los créditos UVA, como así también el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y advirtió que si el problema era la decisión de UP de no constituirlas, avanzar igual con su constitución, pues el Cuerpo tomó en su momento la decisión de funcionar.

Tomó la palabra el jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans, para dar el acuerdo de su bancada a avanzar con el debate de la cuestión universitaria. “Me alegra mucho escucharlo a Fama, que le haya entrado al tema que nosotros no desfinanciamos la educación”, señaló, aclarando que estaban también dispuestos a tratarlo sin despacho de comisión, sobre tablas. “Lo tenemos incorporado al tema, me alegra que lo haya entendido”, enfatizó.

Pero a continuación salió al cruce de los dichos de su par radical sobre las comisiones, atribuyéndole a ese sector y el oficialismo ser “los que violentaron el tema, robándonos un senador por comisión, violando la representación parlamentaria nuestra, nunca pasó… Ya que dan lecciones de urbanidad, como dice Serrat”. Mayans remarcó que esa situación estaba generando irregularidades en la constitución de las comisiones, por cuanto el oficialismo ahora no podía completarlas por cuanto estaban “violando el reglamento”. “Ahora se dan cuenta que la Cámara tiene 46 comisiones y bicamerales… Ustedes hicieron ese número, ese rejuntado que hicieron. Dicen que igual van a sesionar, hagan lo que quieran. ¿Cuánto tiempo les va a durar esto? Si quieren conformar las comisiones completas, háganlo… No lo pueden hacer”.

Igual, a continuación aclaró que estaban trabajando con el secretario Parlamentario, viendo cómo arreglar el problema, pero insistió en que había senadores que presiden dos comisiones, y otros senadores que “están recontrapasados de comisiones”.

“Vamos a integrar las comisiones, estamos hablando con secretario Parlamentario”, cerró Mayans.

“Una pena que tengamos que volver a ese tema”, señaló a continuación el senador salteño Juan Carlos Romero, que coincidió en que “probablemente hay algún senador que está excedido de las cinco (comisiones) que le corresponden”, pero aclaró que el reglamento dice que eso debe ser así “en lo posible”. “No es taxativo sobre la proporcionalidad”, sostuvo Romero, aclarando que en su momento UP, o el Frente de Todos, solía hacer lo mismo con provincias aliadas.

Rechazó también el término de “robar” lugares en las comisiones. “Robar no me gusta, porque robar roban los ladrones; ya toleramos lo de ‘ratas’, diría Cristina que es too much, y ‘ratas-ladrones’ ya sería mucho”. Cerró pidiendo que el tratamiento de financiamiento universitario debe hacerse después que pase por una comisión, “porque es un tema serio”. Y agregó: “Que sepamos conscientemente cuál es la realidad de los números. Tratemos de salir con despacho, si no hay, igual, pero por lo menos tengamos un par de debates en la comisión”.

Así se aprobó.

Presidido por Victoria Villarruel, el Senado sesiona desde las 11.12, luego de una jornada marcada por la audiencia pública en la que el juez Ariel Lijo se presentó ante los miembros de la Comisión de Acuerdos para defender su postulación para la Corte, y sobre todo en una semana marcada por la polémica a raíz del nuevo aumento otorgado a los senadores.

En el inicio de la sesión se hizo un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Francisco Giustinian, hijo del secretario Parlamentario de la Cámara alta. A continuación, expresaron su pesar en nombre de sus bloques los senadores Eduardo Vischi, José Mayans, Beatriz Ávila y Juan Carlos Romero.

Según lo acordado el martes en Labor Parlamentaria, se tratan este jueves una serie de proyectos que incluyen como temas principales jubilaciones y compra y venta de niños. Al final de la jornada, será el turno de una sesión convocada por la presidenta del Senado, para abordar temas relativos a las dietas.

El temario de la primera sesión fue concertado el martes. Se trata de una sesión ordinaria, que comienza con una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones. Luego será el turno de tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

La media sanción de Diputados establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

En ese caso, en primer lugar se tratará un proyecto de ley elaborado por senadores de Unión por la Patria, para poner un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Concluido ese debate se tratará un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 8/24 por la que se estableció un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de este año.

Luego de una jornada marcada por la audiencia pública en la que el juez Ariel Lijo se presentó ante los miembros de la Comisión de Acuerdos para defender su postulación para la Corte, y sobre todo en una semana marcada por la polémica a raíz del nuevo aumento otorgado a los senadores, la Cámara alta abrirá las puertas del recinto para una doble jornada.

Es que en la práctica son dos las sesiones previstas: una, acordada en Labor Parlamentaria el martes, en la que se tratarán una serie de proyectos que incluyen como temas principales jubilaciones y compra y venta de niños. Concluida esa sesión, será el turno de una convocada por la presidenta del Senado, para abordar temas relativos a las dietas.

A partir de las 11 se abordará un temario concertado que comenzará con una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones. Luego será el turno de tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

En ese caso, en primer lugar se tratará un proyecto de ley elaborado por senadores de Unión por la Patria, para poner un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Concluido ese debate se tratará un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 8/24 por la que se estableció un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de este año.

Al inicio de la extensa reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, a la que asistió el juez federal Ariel Lijo para defender su candidatura a la Corte Suprema, se dio a conocer un raro cambio en la integración de la comisión: el fueguino Pablo Blanco fue reemplazado por el presidente del bloque UCR, Eduardo Vischi.

Al finalizar el encuentro, Blanco afirmó que se enteró “anoche a través de los medios”, pero le bajó la espuma al tema: “Creo que no hay que darle más importancia de la que tiene un cambio que se realiza continuamente en las comisiones. Fue muy sobre la hora, pero, así como el bloque me designó para reemplazarlo porque el titular de la comisión es el senador Maximiliano Abad”.

“En esta oportunidad el presidente del bloque él sabrá los motivos por los cuales decidió cambiar el reemplazo y asumir en mi lugar”.

Blanco se mostró conforme porque pudo “preguntar libremente en la comisión y voy a poder votar si hay dictamen en el recinto. No se me dificultó la posibilidad de llevar adelante mi tarea”. Así, ratificó: “Lo dije desde el primer día que anunciaron su candidatura y lo sigo sosteniendo voy a votar en contra”.

“Pregúntenle al presidente del bloque por qué me apartaron, no creo que la decisión de los radicales cambie porque esté yo o no esté presente. Es una decisión que cada uno a consciencia tomará y verá cuál es el camino de acompañar o no”, reiteró.

El radical consideró que “la vacante tiene que ser cubierta por una mujer y creo que hay juristas que son ampliamente capacitadas para hacerse cargo. De producirse la vacante del juez Maqueda, que me parece una falta de respeto elegir a un juez de la Suprema Corte cuando todavía el anterior no renunció, sostengo que debe ser cubierto por una mujer porque hace falta la integración de juristas femeninos. Dos deben ser mujeres en la Corte”.

“Lijo no pasó el examen. El primero que incumplió con eso fue el presidente de la Nación mandando el pliego de dos hombres para cubrir vacantes, me parece que si soy el responsable de asegurar la legalidad de una norma es el primero en incumplirla porque acepto que se incumple la norma para beneficiarme. No tiene autoridad moral para ejercer un cargo en la Corte”, cerró.

En el Salón Azul del Senado de la Nación se realizó este miércoles la audiencia pública convocada por la comisión de Acuerdos, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri, en donde el candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ariel Lijo, defendió su pliego y respondió dudas e inquietudes tanto de la ciudadanía como de los legisladores.

Un cambio notorio que se dio en la previa de esta audiencia fue que en el seno del radicalismo hubo una modificación: el presidente del bloque, el correntino Eduardo Vischi, reemplazó a Pablo Daniel Blanco. Un dato saliente es que el senador fueguino había adelantado su rechazo a la propuesta de Lijo, por una cuestión de paridad de género. Esta modificación entonces sería una señal para garantizar la emisión del dictamen.

Al comenzar la audiencia, Guadalupe Tagliaferri informó que, “todo el proceso de la audiencia es público” y que “hay invitados por parte de los senadores a presenciar esta audiencia”. También solicitó que se dé lectura a 182 preguntas de instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación”.

Algunas de las preguntas se referían al reconocimiento a los derechos y amparos colectivos, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, Ley de Protección Integral a las Mujeres, entre otros temas.

Antes de comenzar a contestar las preguntas, el juez federal Ariel Lijo hizo su presentación refiriéndose a “la función de los magistrados” y consideró que “la función de la Corte no se agota en la función judicial”, que “hay otra dimensión que la Corte debe asumir” y que “deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro del Poder Judicial y hacia afuera”.

Por otra parte, manifestó que “es indispensable que en ámbito de la de la Corte Suprema se cree una secretaría especial, que investigue el atentado a la AMIA que ocurrió en el año 1994”.

En la audiencia los senadores presentes participaron de la interpelación al candidato, la primera fue la senadora del Pro Carmen Álvarez Rivero, quien manifestó: “Queremos y necesitamos generar confianza. Aunque el señor Lijo cumpla formalmente con los requisitos, sabemos muy bien que también es un requisito la idoneidad moral; ¿Considera usted que cumple con ese requisito de idoneidad moral? Necesitamos confianza para generar confianza”.

Lijo contestó: “Rechazo por infundada mi supuesta falta de idoneidad moral. Efectivamente fui denunciado, sistemáticamente y por temas que ya ocurrieron. ¿Cómo debe responder un juez ante falsas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active el sistema de justicia y todas sus oficinas de investigación”, sostuvo el juez federal y dijo que las investigaciones no encontraron nada.

Por su parte, la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio le preguntó a Lijo sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender la ley del Consejo de la Magistratura y retomar la ley anterior, que ahora está vigente. El juez Lijo argumentó que “la Corte puede establecer mecanismos, parámetros, imponer la búsqueda de una solución, lo que no puede la corte, es imponer una solución”.

La radical Carolina Losada quiso saber la opinión del juez sobre el tema de reemplazar el puesto de una mujer y que la Corte se quede sin mujeres, argumentando que actualmente la justicia cuenta con un 57 por ciento de cupo femenino y que el juez ocuparía un lugar que le corresponde a una mujer. El magistrado respondió, “me parece que la Corte Suprema tiene que estar integrada por una mujer. Y respecto de mi propuesta y de si el Ejecutivo cometió un error o cómo evaluar la propuesta del Ejecutivo respecto a la cuestión de género, no es una respuesta que debo responderle yo”.

Luego del cuarto intermedio de media hora, se reanudó la audiencia con la consulta del senador sanjuanino Sergio Uñac, que fue sobre la cantidad de integrantes de la Corte, y el juez contestó: “No tengo una posición tomada de cuántos miembros debe tener la Corte. En Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento”.

“Me interesa saber qué piensa sobre la posibilidad de armonizar la autonomía de las provincias con la intervención judicial del máximo tribunal de Justicia en casos puntuales. También quiero conocer su opinión sobre el acceso a la información pública en los casos judiciales y el avance de las nuevas tecnologías, incluyendo a la Inteligencia Artificial”, requirió la tucumana Beatriz Ávila.

Lijo aseguró que el Poder Judicial y el Congreso de la Nación deberían trabajar en un marco legal que le de precisión a la intervención de la Corte Suprema en casos surgidos en las provincias. También instó a estar prevenidos, atentos y trabajando en conjunto con relación al avance de nuevas formas de comunicación.

El senador nacional correntino Eduardo Vischi (UCR), le preguntó a Ariel Lijo sobre la demora de 18 años en la causa YPF, por qué en la causa Siemens no investigó a los funcionarios nacionales, por qué mandó una causa contra Gildo Insfrán a la justicia formoseña; cuál era el rol de su hermano, Alfredo Lijo, en el supuesto cobro para gestiones judiciales de las causas. El juez federal postulado para la Corte Suprema respondió, “No soy ajeno a lo que pasa o las especulaciones, ni yo ni mi familia. Luego de investigaciones exhaustivas de todos los resortes del Estado, para investigar a un funcionario que debe someterse al escrutinio público con las reglas del sistema, sin tener una sanción del Consejo (de la Magistratura), con las causas cerradas, terminadas, se sigue teniendo un manto de sospecha, no soy ajeno a esa utilización y a esa especulación que se genera. No puedo contestar sobre especulaciones”.

Muy crítico de antemano con Lijo, el senador formoseño Francisco Paoltroni se refirió al tema del gobierno de Gildo Insfrán y le preguntó al juez si estaba al tanto de que en Formosa existe la reelección indefinida de gobernador, a lo que el magistrado respondió que lo sabía, y que “cada provincia tiene la autonomía para establecer el mecanismo de alternancia que considere más conveniente, porque de eso se trata el federalismo siempre y cuando esa regulación no sea que sólo tienda a vulnerar el principio de falta de alternancia”.

Tras ocho horas de audiencia, el juez Lijo agradeció “la amabilidad y el respeto con que me trataron cada uno de los senadores, desde sus convicciones, estemos o no de acuerdo espero haber satisfecho sus inquietudes”.

Destacó, que “sea cual sea el resultado, estoy convencido de que hay que trabajar en muchas de las cuestiones que hablamos hoy, y avanzar en los procesos para salir de los diagnósticos y solucionarles los problemas a las personas”.

El senador Martín Göerling Lara preguntó sobre la Ley de Lemas, sistema que se utiliza en su provincia, Misiones. El juez contestó que “el derecho electoral tiene ribetes que le son propios. Respecto de la representación es uno de los tantos esquemas electorales que depende de cada caso para establecer si afectan los niveles de representación”. Y agregó que “en caso de que haya un caso. Debería ser evaluado por la Corte, no le quiero adelantar una opinión por el caso de que tenga que intervenir”.

Se lleva a cabo la audiencia pública a la que el juez Ariel Lijo es sometido a preguntas hechas por los integrantes de la Cámara alta para defender su postulación como miembro de la Corte Suprema de Justicia, y la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, tuvo un áspero cruce con la senadora radical Carolina Losada.

Con insistencia en la cuestión de género dentro del máximo tribunal de justicia ya que Lijo fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, la legisladora radical le presentó al magistrado un abanico de inquietudes que no fueron respondidas.

Allí Tagliaferri, primero le llamó la atención al senador oficialista Francisco Paoltroni, quien se opone rotundamente a la postulación de Lijo, y le remarcó que “no se olvide que estamos en el Senado de la Nación”, y luego le advirtió a Losada: “En la Argentina, cualquier persona puede contestar o no contestar. Será una decisión del señor si lo hace”.

En un tono irónico y desafiante, la senadora Losada cargó: “Realmente (usted) parece la abogada defensora del juez”. “En futbol diríamos que está enfriando el partido”, siguió la santafesina. “Le hice una pregunta larga, y me parece fuera de lugar que usted diga que no debe contestar todas las preguntas. Me sorprende de usted”, cerró.

La respuesta de Tagliaferri no tardó en llegar: “Puede contestar las veces que quiera, así como usted puede preguntar”, y le devolvió la chicana: “No soy la defensora de nadie, no voy a permitir que usted me diga eso en este ámbito de la audiencia pública”. “Tenga recaudo con lo que usted me dice a mí”, aseveró la senadora porteña.

El juez federal Ariel Lijo rechazó de manera “categórica” la “supuesta falta de idoneidad moral” que le fue infundada durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado y aseguró que tiene “un manto de sospecha falaz sobre mi integridad moral”.

Durante la tanda de respuestas, Lijo fue consultado por las causas en la que fue denunciado: “Fui denunciado de forma sistemática. Cuando uno recibe una denuncia injusta que versa sobre cuestiones que desconoce o son de prueba negativa son situaciones en la que uno pone en juego sus propias convicciones. ¿Qué debe hacer un juez frente a faltas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active todo el sistema de justicia y todos los recursos que el Estado tiene de investigación porque los jueces están sometidos al escrutinio constante”.

“El Consejo de la Magistratura se arrobó facultades amplias y pidió todo tipo de informe sobre mi persona. Toda esa instancia de investigación estuvo a cargo del entonces diputado Pablo Tonelli que luego de dos años de una profunda investigación presentó un dictamen en el que aconsejaba el cierre de todas las imputaciones”, se defendió.

También recordó que fue “investigado por la UIF, por la AFIP y por el Ministerio Público y el Juzgado Federal durante tres años. En los que me abstuve de intervenir. Las imputaciones originales fueron falsas y Mario Cúneo Libarona nunca fue mi abogado, no tuve abogado defensor porque no tuve imputación”.

“Lo vivo como un episodio de injusticia sobre todo porque tengo un manto de sospecha falaz. Es absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral y lo rechazo de manera categórica”, cerró.

“Tanto la opinión de mi idoneidad técnica como la de mi experiencia en el juzgado o mi desarrollo no son como son presentadas”, remató.

En la antesala a que el juez federal Ariel Lijo defienda su pliego ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa) ratificó su rechazo y embistió contra el asesor estrella presidencial, Santiago Caputo, a quien acusó de hacerle un “tremendo daño al gobierno”.

En diálogo con la prensa, el oficialista expresó que “recae absolutamente toda la responsabilidad en los senadores de prestar acuerdo o no. El presidente manda una propuesta a través del pliego de Ariel Lijo y hoy la responsabilidad es absolutamente de los senadores y es indelegable y cada uno tiene que fundamentar porque acompaña o por qué no acompaña”.

Paoltroni respaldó a Javier Milei que “está súper concentrado en la economía” y que “sin duda se ha delegado otras funciones en sus colaboradores”, pero apuntó: “Especialmente Santiago Caputo le está haciendo muchísimo daño al gobierno y, sobre todo, a nuestro presidente perdiendo credibilidad y confianza de las ideas que nos trajeron al gobierno que fueron a hacer una Argentina distinta y, sobre todo, abrazando la ciudad de la libertad”.

“Las propuestas en cuanto a la justicia era traer jueces profesionales o los mejores académicos”, planteó y preguntó críticamente: “¿Qué mensaje le estamos dando a la justicia? ¿Qué mensaje le estamos dando a todos esos funcionarios que están haciendo carrera esmerándose por ser los mejores? cuando traemos al juez más cuestionado de la historia con cantidad de fallos revocados, con juicios políticos, con causas escandalosas que no trató como YPF, como el caso AMIA, hay otras acusaciones de trata, causas de corrupción”.

El formoseño remarcó el caso de Ciccone que “salvó a Gildo Insfran –gobernador de su provincia- de la condena. Justo ahora que se está por fallar por la reelección indefinida de Formosa llega a este juez que ya lo salvó a Insfran llega a la Corte Suprema de Justicia”.

“Lamentablemente toda la República argentina está en peligro porque no alcanza con cambiar el modelo económico si no cambiamos el modelo de la casta, y Santiago Caputo está garantizando el modelo de la casta y que volvamos a fracasar todos los argentinos”, alertó.

El senador manifestó que “no todo el bloque rechaza el pliego. Los obsecuentes pueden ser y estudien cuál es el origen de cada uno porque hay varios que vienen de la casta también”.

Así, bregó para que el pliego “no llegue”, y disparó contra el bloque de UP: “Esto siempre dependió de Unión por la Patria porque se necesitan dos tercios para la aprobación y ahí está el pacto de impunidad que vengo a denunciar y que quiero alertar a todos los argentinos de que, si este juez llega a la Corte Suprema de Justicia, un juez que, a hoy los senadores, hoy mismo le tienen miedo senadores y gobernadores, estamos en grave peligro”.

“Caputo seguramente lo ha sabido persuadir a Milei. Durante todo el tiempo que le manejó la campaña y la comunicación y lo llevó a la presidencia, pero hoy le está haciendo un tremendo daño al presidente, a las ideas y a todo el gobierno”, denunció.

Al ser consultado por la postura de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien expresó que Lijo “no cuenta con los pergaminos necesarios para integrar la Corte”, Paoltroni agregó: “Está en la misma línea por la cual la gente nos votó. Vinimos a hacer una Argentina distinta, venimos a romper el sistema la casta y acá lo que se está haciendo es garantizar que no cambie nada excepto el modelo económico”.

“Vamos a volver a fracasar porque no hay sistema económico y modelo económico que perdure en el tiempo si no vamos a darle la institucionalidad y garantía de la República Argentina”, reiteró.

Por último, el libertario les solicitó a los senadores el rechazo y al presidente que retire el pliego y que “lo mande a Caputo a fumar al quincho al fondo que persista la casta”.  Además, negó romper con el bloque: “Yo estoy fiel a las ideas de la libertad y no me corro. Este es el contrato social. Esto es lo que la gente y el mandato que la gente nos dio. Vinimos a cambiar el modelo económico y el modelo de la casta. El señor Santiago Caputo que se está olvidando del modelo”.

Al cierre, Paoltroni opinó que el presidente postuló a Lijo “por recomendación de Santiago Caputo”, y aseguró que “se está a tiempo de frenar la llegada de Lijo al máximo tribunal”.

El juez federal Ariel Lijo expone desde las 10.31 ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, y se someterá a responder las numerosas preguntas que harán los legisladores. La mayoría de ellos no definieron su postura y esperarán las respuestas del candidato. A priori, la postulación de Lijo cuenta con el rechazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el oficialista Francisco Paoltroni.

Presidida por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, la Comisión de Acuerdos está compuesta además por 7 representantes de UP, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. Por el radicalismo están Martín Lousteau, Eduardo Vischi, Mariana Juri y Carolina Losada. De La Libertad Avanza está Ezequiel Atauche, por Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Avila y el salteño Juan Carlos Romero.

Un cambio notorio que se dio en la previa de esta audiencia fue que en el seno del radicalismo hubo una modificación: el presidente del bloque, el correntino Eduardo Vischi, reemplazó a Pablo Daniel Blanco. Un dato saliente es que el senador fueguino había adelantado su rechazo a la propuesta de Lijo, por una cuestión de paridad de género. Esta modificación entonces sería una señal para garantizar la emisión del dictamen.

De esos 17 miembros, el juez Lijo debería contar con un dictamen favorable de 9 firmas para garantizar la llegada del pliego al recinto. Sin embargo, el oficialismo intentará negociar para conseguirlas, ya que hasta el momento se especula que las firmas no están, luego de que el senador Mayans expresara a La Nación que es “responsabilidad del oficialismo conseguir las firmas para el dictamen”, dando a entender que no hay ningún acuerdo para permitir el avance del pliego.

No necesariamente estará este miércoles el dictamen correspondiente, por lo que se anticipa una reunión extensa y se prevé un cuarto intermedio a las 13.

Con 7 miembros en el Senado, y aun reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Así las cosas, la postulación de Lijo recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares. Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia la próxima semana- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

El oficialismo en el Senado reflotó este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales el debate sobre el proyecto de boleta única de papel para las elecciones nacionales, que quedó trabado hace siete meses durante las sesiones extraordinarias, ocasión en la que se habían emitido dos dictámenes.

Uno de ellos es el de mayoría que respalda el Ejecutivo y viene con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2022. El otro, corresponde a la rionegrina Mónica Silva que cuenta con el aval de UP.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, disertaron funcionarios del Poder Ejecutivo Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior; el vicejefe de Gabinete de Ministros, José Rolandi; la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo; y la directora Nacional Electoral, Luz Landívar.

Los invitados respaldaron el proyecto que “mejora la oferta electoral” y resuelve problemáticas tales como robo o rotura de boletas; y explicaron las propuestas de modificaciones al despacho de mayoría. Desde el bloque Unión por la Patria criticaron la reunión y respaldaron el sistema electoral vigente.

Al inicio del encuentro, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Unidad Federal), planteó: “Hemos quedado en claro que este proyecto iba a tener y se iban a aceptar propuestas en el recinto a la hora de su tratamiento”.

Kueider informó que, en el transcurso desde que se emitieron los dictámenes hasta el día de la fecha, han ingresado otros proyectos de ley: uno de su autoría, otro de la radical Carolina Losada, otro del jefe del bloque UP José Mayans. Así, comentó que, en vistas de un eventual tratamiento en el recinto, el Poder Ejecutivo “ha tomado vista del proyecto a sancionar y también ha hecho observaciones”.

El entrerriano sostuvo que, cuando se firmaron los dictámenes, “la idea era tener una ley de BUP y luego íbamos a proponer una modificación posterior”, pero recordó que “había quedado una eventual discusión sobre unos puntos en particular que darían una paridad en la definición del proyecto. Por lo tanto, en esos nuevos aportes que surgieron aparecen cuestiones que no podemos llevarlas al recinto dada su complejidad y comenzar a debatirlos ahí”.

Por eso, Kueider explicó el motivo de la reunión informativa para saldar esas modificaciones “para cuando se haga la convocatoria a sesión estemos en conocimiento de cuáles son las distintas propuestas y arribar a un mayor consenso y en el recinto ir directamente al debate en el tema en sí mismo. La idea es emprolijar el eventual tratamiento que en algún momento se dará”.

“Hagamos un proyecto que salve todas las cuestiones que puedan llegar a ser discutibles, hagamos un buen proyecto de ley. No hagamos proyectos de ley que después tengamos que ir emparchando y démosle a la República Argentina una ley electoral que perdure en el tiempo y que esté fuera de discusión. Ojalá podamos arribar a eso con el mayor consenso”, expresó.

Además, contó que “se han tenido consideraciones hechas por la jueza María Servini de Cubría y esas observaciones están contempladas en estas modificaciones que se van a plantear aprovechando la oportunidad de introducir cambios. Se va a analizar lo de la tilde sí o no en la boleta completa que algunos senadores habían planteado”.

“Se había definido un diseño como el de Córdoba y Santa Fe, pero aparecen otras opciones que le aportan mayor claridad al elector para que tenga facilidad a la hora de emitir el voto y es un modelo nuevo que se aplica en Mendoza”, contó.

A continuación, tomó la palabra el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el libertario Juan Carlos Pagotto, quien planteó la necesidad de “solucionar” el tema para “darle mayor claridad al sistema electoral y profundizar los cimientos de la República”. Así, bregó en “ponernos de acuerdo y mirar para adelante”.

De lado opositor, el rionegrino Martín Doñate (UP) le reprochó al presidente de la comisión cabecera que “todo esto que se dijo es lo que planteamos nosotros oportunamente desde nuestro bloque que no se podía sacar a las apuradas un dictamen con un tema tan estructural para las instituciones de la patria, para la democracia”. En tanto, se diferenció de que “el método hasta ahora haya sido poco transparente, todo lo contrario”.

“Esto es una escenografía que debíamos evitar. Volver a discutir sobre dictámenes ya emitidos que están para el recinto por apurarse y querer jugar en la chiquita sacando una ventaja política o un triunfo legislativo en comisiones que no sucedió. Después de siete meses seguimos discutiendo y manoseando un tema que es trascendental para la Argentina. Lamento profundamente que se tenga que estar debatiendo nuevamente eso y no lo hemos hecho con la seriedad que el caso amerita”, cerró.

La palabra de los funcionarios

El primero en exponer fue Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior, resaltó que es un tema que “se debatió mucho”, pero afirmó que el Ejecutivo hace meses “nos pusimos a trabajar y a ver la viabilidad y la mejor forma de implementar la BUP en el caso de que se apruebe”.

“La boleta única es un requerimiento de la mayoría de la ciudadanía, no porque el sistema actual no sea transparente, sino porque eso significa una simplificación del sistema electoral y, sobre todo, una simplificación de aquellos partidos que tienen menos estructura partidaria. Lo que significa para los partidos más chicos la reposición de boletas, tener fiscales en cada mesa, etc. La boleta única creemos que va a traer aparejado una simplificación del sistema electoral, del sistema de representación más allá de que también trae un ahorro en el costo financiero del Estado”, afirmó.

Catalán planteó algunas “modificaciones que consideramos necesarias desde el punto de vista operativo para tratar de implementar y llevar adelante el proceso de elecciones de la manera más prolija posible”.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

“Observamos que en el proyecto que viene de Diputados que tuvo dictamen de mayoría, hay modificaciones que no hacen un planteo político que vaya en perjuicio de algún partido político, sino que hacen a cuestiones operativas como, por ejemplo, los plazos de todo el proceso electoral”, precisó y comparó: “No es lo mismo imprimir las boletas tradicionales de los partidos políticos que la BUP que tiene ciertas características y no todas las imprentas del país tienen la capacidad operativa para hacerlo. No es lo mismo que la CNE apruebe los pdf de las boletas tradicionales que llevar adelante la impresión de las BUP y la logística de distribución a todos los rincones del país”.

Así, manifestó que hay “cuestiones técnicas, operativas, sin trasfondos políticos”, para un sistema “lo más perfectible para todos los partidos políticos”. En respuesta a las críticas de Doñate, el funcionario le respondió: “En la casa de la democracia nunca está demás seguir debatiendo para hacer un mejor sistema. Vamos a respetar lo que diga la mayoría de los senadores y eso no me parece montar un show político, venimos a dar nuestra opinión para mejorar la media sanción de Diputados para que se mejore el sistema electoral argentino”.

A su turno, el vicejefe de Gabinete de Ministros, José Rolandi, ratificó que “hay una demanda ciudadana para mejorar el sistema electoral que tenemos. Es un sistema complejo, pero que funciona y es perfectible”.

“La bondad de la BUP es que asegura la oferta electoral en cada una de las mesas de todo el país”, aseguró poniendo como ejemplo la complejidad de la reposición de boletas, la rotura, robos y remarcó: “La boleta única es una mejora a esa problemática”.

“Este cambio de sistema por primera vez le pasa la responsabilidad de la logística y la impresión del 100% de las boletas al Poder Ejecutivo y entendemos que este proyecto, que se originó en la Cámara de Diputados, desde el legislativo hoy le queremos agregar esa mirada desde los que tenemos la responsabilidad de que las elecciones se lleven a cabo con normalidad, de cuáles son los cambios que nosotros necesitamos para que este cambio se pueda implementar y sea viable operativamente”, cerró Rolandi.

Catalán acotó que un tema “fundamental” que proponen y que “es un impedimento para llevar correctamente todo el proceso electoral desde el inicio del calendario electoral hasta el momento de la elección” son los plazos y de cronograma desde que se aprueban las alianzas hasta el día de la elección, por lo que explicaron cómo se debe reprogramar el calendario.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

La encargada de ello fue la directora Nacional Electoral, Luz Landívar, quien explicó: “Cuando estudiamos la media sanción nos encontramos con que existen pocas imprentas están en condiciones de imprimir 50 millones de boletas más, un porcentaje como se establece en la media sanción para tener boletas ante cualquier eventualidad”.

Landívar detalló que hay cinco imprentas en Capital Federal y se necesitan distribuir a todos los juzgados federales las boletas: “Empezamos a mirar el cronograma y a contar plazos de cuánto tiempo le demandaría a una imprenta imprimir estos 50 millones. Indefectiblemente los plazos que teníamos esos más o menos 30 días. Esto era imposible porque tengan en cuenta que las boletas como es el procedimiento se imprimen en las imprentas, de allí hay un traslado hacia los juzgados federales y ahí ahora tienen una nueva competencia que es la de diseñar la boleta y controlar luego esta boleta que se diseñó y se aprobó en una audiencia de boletas. Tienen que hacer este control. Una vez controladas estas boletas son trasladadas a distintos locales de votación o locales intermedios”.

“Hoy con el sistema actual de boletas sábanas los juzgados federales necesitan 20 días para empezar a hacer el envío.  Esto no se puede hacer todo en un mismo día necesitamos un plazo por lo que deben ser extendidos para un sistema donde todavía se requiere de mucho más tiempo y mucho más cuidado”, sugirió y propuso: “Tenemos que adelantar todos los plazos de que estaban en este proyecto. Algunos son fundamentales, pero otros veíamos que no estaban contenidos y por eso consideramos que hay que introducir estos artículos”.

Así, explico que proponen, por ejemplo, con el cierre de alianzas “es más necesitado correr el calendario hacia adelante unos 20 días. Entonces hoy tenemos que se cierran las alianzas 60 días antes de las elecciones Esto pasará a ser 80 días y, en consecuencia, si hacemos eso estiramos el registro de candidatos también unos 20 días. Pasa de 50 a 60 y así van a ver que están concatenados algunos plazos”.

“Todo esto tiene que ver simplemente con una cuestión logística de implementación absolutamente necesaria.  Por otra parte, van a ver alguna redistribución de competencias que consideramos que se debe ordenar precisamente para que funcione esta logística. Este modelo de boleta está relacionado con la oferta electoral que tienen en su distrito”, concluyó Landívar.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

También disertó la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo, quien expresó: “El proyecto que tiene media sanción tenía algunas mejoras que tienen que ver con esto del acto electoral que lo llevamos adelante desde el Ministerio interior, en la vice jefatura de Gabinete, los juzgados y la Cámara los partidos políticos y, entre todos, tenemos que redistribuir mejor las funciones que tienen”.

Así, propuso uno de los principales cambios que “el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de fijar pautas mínimas en la confección de la boleta porque una licitación llevaba un montón de tiempo para que sea transparente y se haga de la forma que corresponde. Entonces nosotros necesitamos, una vez que esté este proyecto aprobado, poder largar una licitación para que las imprentas tengan tiempo de imprimir y equiparse con todo el material nuevo y distinto que necesitan para poder imprimir como les estamos diciendo de mínima 50 millones de boletas”.

Además, planteó que las dimensiones de la boleta única partidaria y de la boleta única papel son distintas por lo que “las imprentas no están preparadas para eso”. Ante ello, proponen que sea el Ejecutivo quien determine pautas mínimas de tamaño, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.

“Es una necesidad mínima poder establecer el tamaño por ejemplo nosotros lo llamamos en el equipo para para diseñar ‘el módulo’. La boleta única va a tener distintos cuadraditos o rectángulos donde están los candidatos. Tratar de establecer ese mínimo para poder determinar un objeto imprimir”, explicó

En tanto, sumó: “Para hacer la obra de la licitación necesitamos determinar cuántos módulos o qué tamaño de hoja vamos a va a ocupar la boleta única. Todo lo que tiene que ver con dónde van los logos, qué foto va, el orden en el que aparecen los candidatos, el orden en que aparecen los partidos, es una discusión que van a tener los partidos con la justicia. El Ejecutivo ahí no va a tener nada que ver”.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Al respecto, Catalán comentó que “no se refiere al diseño, ni al orden de los partidos políticos, simplemente a cuestiones muy operativas y que hacen a las funciones de la Dirección Nacional Electoral como por ejemplo tamaño de las urnas, tamaño de las rendijas donde uno ingresa el voto”.

Así, contó que hicieron pruebas y una urna llena de votos de boleta única pesa aproximadamente 9 kg por lo que “eso cambia la calidad de las urnas que se necesitan. Hay un montón de cuestiones operativas que, uno al momento de diseñar un proyecto de ley, se le pasan este por alto”.

Además, planteó que las dimensiones de la boleta única partidaria y de la boleta única papel son distintas por lo que “las imprentas no están preparadas para eso”. Ante ello, proponen que sea el Ejecutivo quien determine pautas mínimas de tamaño, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.

Al respecto, Catalán comentó que “no se refiere al diseño, ni al orden de los partidos políticos, simplemente a cuestiones muy operativas y que hacen a las funciones de la Dirección Nacional Electoral como por ejemplo tamaño de las urnas, tamaño de las rendijas donde uno ingresa el voto”.

Así, contó que hicieron pruebas y una urna llena de votos de boleta única pesa aproximadamente 9 kg por lo que “eso cambia la calidad de las urnas que se necesitan. Hay un montón de cuestiones operativas que, uno al momento de diseñar un proyecto de ley, se le pasan este por alto”.

“Cuando hablamos de transparencia no es que objetamos el sistema actual por la falta de consecuencia de los resultados con los votos, simplemente es simplificar el sistema en el sentido de garantizarle a todos los partidos políticos, sobre todo aquellos partidos políticos que no tienen una estructura tan desarrollada ni que tienen este el abastecimiento de algunas estructuras externas de soporte logístico, para que las boletas de todos estén en el aula. Al momento de votar para que la boleta de todos se reponga en el caso de faltar y para modernizar el sistema electoral argentino. Es perfectible”, aclaró.

También acotó que en Sudamérica solo Uruguay y Argentina usan el mismo sistema y, sobre el costo económica, comentó que se muestra un ahorro entre un 45% y 55% de gastos en impresión de boletas.

La postura de los bloques

De la vereda de enfrente, el neuquino Oscar Parrilli respaldó el sistema actual porque “ha sido muy exitoso, muy transparente y además nos ha permitido a todos ganar y perder”, y resaltó que “la transparencia ya está, la legitimidad ya está, es un sistema que funciona, que ha sido exitoso. Creo que lo más seguro que hay para mantener la democracia es no cambiar las reglas de juego”.

Parrilli señaló que “en el trasfondo de este tema de eliminar la boleta sábana, encuentro que en algunos sectores hay un rasgo antipopular, antiperonista y hay un rasgo de decir ‘se manipula la gente, se le vende a la gente el voto, se cambia, se hace trampa’, todas estas cosas nunca se probaron, de manera que me parece más una cuestión desde el punto de vista más político que electoral. No se está buscando un mejoramiento de la calidad institucional, de un mejor funcionamiento de la Democracia, sino que se intenta utilizarlo políticamente para decir ‘los peronistas son viejos, vetusto, retrasados y no quieren la boleta única y quieren la boleta de papel sábana’”.

Así, criticó que la BUP es “una boleta oculta” porque “se va a estar votando gente que no va a figurar en la boleta. Es un voto oculto porque es imposible poner todos los nombres en la boleta”, y comparó que en la boleta sábana aparecen todos los nombres en la lista al resaltar la cuestión de la transparencia. En tanto, preguntó si “han calculado el costo económico que tiene modificar este sistema. Debería reflexionarse seriamente sobre este tema. No veo cosas positivas en la BUP, sino que hay más problemas”.

Su coterránea y compañera de bloque Silvia Sapag consideró que “cuando se hace una reforma electoral no se tiene que pensar en costos o en tiempos de distribución” sino que el foco tiene que estar puesto en “los votantes puedan votar a quienes quieran. Eso hay que pensar cuando votemos la ley en el recinto”.

“Cada boleta significa una ideología. Eso desaparece con la boleta única de papel donde están todos mezclados, pero tampoco están todos los candidatos. Eso es una burla. Tiene que ser lo más simple y transparente posible para el votante”, cerró.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó por algunas modificaciones que propone el Poder Ejecutivo que no fueron debatidas y alertó que “van sobre el sistema electoral” como por ejemplo “los votos nulos, los votos no válidos. Se elimina el financiamiento para la capacitación a la ciudadanía sobre la implementación de BUP; se elimina la boleta para personas ciegas”, y planteó: “Se supone que uno está mejorando la boleta única para hacer algo mejor”. Al respecto, Catalán le aclaró que si habrá capacitación, pero no la van a concentrar en la Cámara Federal Electoral por lo que “debe ser compartida con los juzgados federales. Financiamiento va a haber”.

También señaló que “elimina la posibilidad, en el artículo 27, respecto a lo electrónico. Hoy puede ser que no sea lo mejor, pero estamos haciendo una ley para que quede muchos años, no para que estar modificando las de acuerdo a la realidad o sea tienen el sistema electrónico para un montón de cuestiones, pero específicamente de lo que viene de Diputados en el artículo 27 tiene que ver con el voto electrónico. Me llama la atención porque lo prohíben de movida”.

“No sacaron que se vote lista completa al botón de tilde único, sino que además lo ponen las PASO”, criticó Tagliaferri y agregó: “Se meten también con respecto a la cantidad de alianzas”.

A su turno, la riojana Florencia López (UP) se quejó de que no les han hecho llegar a su bloque las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo. “No podemos debatir ni elaborar preguntas porque nos encontramos en desigualdad. Eso es injusto. Nos merecemos conocer qué estamos debatiendo”, y le solicitó al presidente de la comisión cabecera que levante la reunión hasta tanto no tenga cada uno un borrador con los cambios propuestos. Kueider se defendió alegando que él tampoco contaba con un documento con las modificaciones y disparó: “Esta reunión no requiere quórum, el que no quiera seguir…”.

La rionegrina Mónica Silva respaldó su dictamen de minoría en el que propone “la boleta única por categorías”, y explicó: “Me parece que es muy ordenador y que simplifica el proceso. En ese mismo dictamen propuse que no existiera el tilde de boleta completa. Creo que es muy importante que en este proceso en el que queremos mejorar la boleta y el sistema, o sea para el sistema electoral, una boleta única para mejorar el sistema es muy importante aprovechar la oportunidad para que la ciudadanía  tenga cada vez más poder en sus manos, cada vez más poder en su lápiz, con la que va a tildar las candidaturas que va a votar”.

La experiencia de Santa Fe y Mendoza

La radical Carolina Losada contó la experiencia de Santa Fe que “fue la primera provincia en la Argentina que empezó con el sistema de boleta única en 2011 y tiene excelentes resultados, no solamente ahorro, que sí es importante en el contexto en el que vivimos, sino que se terminan muchos curros de la política como los famosos sellos de goma”.

“Es más barato, es más eficaz, es menos confuso para la gente”, precisó Losada y criticó a UP: “No entiendo las objeciones respecto de este sistema más moderno se evitan un montón de fraudes que se suelen hacer”.

Por su parte, la mendocina Mariana Juri también comentó sobre la implementación de BUP en su provincia: “Venimos hace mucho tiempo intentando empujar la boleta única, así como lo hicimos en Mendoza. Sabemos lo que significa la boleta única en términos de transparencia, de ahorro en materia económica, pero también en materia ambiental. Sin duda la boleta única ayuda también a que haya más participación y que haya mayores posibilidades de elegir y creo que, mientras mejor se elige, se mejora la calidad institucional”.

“El modelo que aplicamos en Mendoza realmente fue muy exitoso y que, a pesar de que había muchos detractores de este sistema que entre las cosas era ‘el ciudadano no va a saber votar’, ‘cuando llegue va a tener dificultad la gente grande’. Nada de eso pasó, no solamente se votó de forma más rápida tuvimos los resultados antes, la gente votó con mucha comodidad aun cuando fue la primera vez que se hizo”, destacó Juri.

“Como presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos”, anunció este martes la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel.

En dicha sesión se pondrán a consideración dos temas. Por un lado, un proyecto de ley del jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans que dispone un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado.

El otro tema es, lisa y llanamente, un proyecto de resolución que deja sin efecto la Resolución N° 08/24 del Senado Nacional.

Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política… pic.twitter.com/7aZlwgS6l0

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 20, 2024

“No se va a cobrar”, había señalado más temprano la senadora nacional Carolina Losada al ser consultada sobre el aumento de sueldos del 6,5% que beneficia a los miembros de la Cámara alta y que tanta repercusión adversa tuvo en las últimas horas.

Según confió la senadora radical, los propios senadores nacionales acordaron rechazar el aumento que fue acordado en base al enganche que tienen los senadores nacionales con las paritarias legislativas. En ambas cámaras, los trabajadores legislativos recibirán este mes un 6,5% de aumento, estipulado en dos tramos: 3,5% desde el 1ero. de julio pasado; y el otro 3% a partir del 1ero. de agosto.

Este aumento tendría un fuerte impacto en las dietas de los senadores, quienes pasaran a cobrar una cifra superior a los 9.000.000 de pesos en bruto, y un monto cercano a los 8.000.000 de pesos en mano.

Recordemos que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, había dispuesto que la dieta de los diputados nacionales no esté enganchada a los futuros aumentos del personal legislativo, por lo que los diputados no recibirán ese aumento.

Según detalló la senadora Losada, los jefes de bancada acordaron enviar notas a las autoridades de la Cámara alta para prescindir de este incremento. Recordemos que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se defendió este martes aclarando que ella solo decide sobre las paritarias de los empleados.

El incremento generó una airada crítica de todos los sectores, pero sobre todo del presidente Javier Milei, que calificó esa decisión como “una traición al pueblo argentino”.

El jefe del bloque Pro del Senado, Luis Juez, se mostró en sintonía con el mandatario. “Tiene razón el Sr. Presidente”, dijo el cordobés a través de su cuenta en X, y agregó: “Son momentos difíciles y complejos en dónde los que tenemos el privilegio de representar al pueblo deberíamos estar a la altura de las circunstancias y entender que éstas conductas nos ponen de espaldas a los que menos tienen y más sufren”.

“Insisto como presidente de la bancada del Frente Pro que se convoque a la sesión especial oportunamente solicitada el 19 de abril para dejar sin efecto aquella vergonzosa y humillante decisión”, agregó.

“No se va a cobrar”, confirmó este martes por la mañana la senadora nacional Carolina Losada al ser consultada sobre el aumento de sueldos del 6,5% que beneficia a los miembros de la Cámara alta y que tanta repercusión adversa tuvo en las últimas horas.

Según confió la senadora radical, los propios senadores nacionales acordaron rechazar el aumento que fue acordado en base al enganche que tienen los senadores nacionales con las paritarias legislativas. En ambas cámaras, los trabajadores legislativos recibirán este mes un 6,5% de aumento, estipulado en dos tramos: 3,5% desde el 1ero. de julio pasado; y el otro 3% a partir del 1ero. de agosto.

Este aumento tendría un fuerte impacto en las dietas de los senadores, quienes pasaran a cobrar una cifra superior a los 9.000.000 de pesos en bruto, y un monto cercano a los 8.000.000 de pesos en mano.

Recordemos que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, había dispuesto que la dieta de los diputados nacionales no esté enganchada a los futuros aumentos del personal legislativo, por lo que los diputados no recibirán ese aumento.

Según detalló la senadora Losada, los jefes de bancada acordaron enviar notas a las autoridades de la Cámara alta para prescindir de este incremento. Recordemos que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se defendió este martes aclarando que ella solo decide sobre las paritarias de los empleados.

El incremento generó una airada crítica de todos los sectores, pero sobre todo del presidente Javier Milei, que calificó esa decisión como “una traición al pueblo argentino”.

El jefe del bloque Pro del Senado, Luis Juez, se mostró en sintonía con el mandatario. “Tiene razón el Sr. Presidente”, dijo el cordobés a través de su cuenta en X, y agregó: “Son momentos difíciles y complejos en dónde los que tenemos el privilegio de representar al pueblo deberíamos estar a la altura de las circunstancias y entender que éstas conductas nos ponen de espaldas a los que menos tienen y más sufren”.

“Insisto como presidente de la bancada del Frente Pro que se convoque a la sesión especial oportunamente solicitada el 19 de abril para dejar sin efecto aquella vergonzosa y humillante decisión”, agregó.

Diputados de distintos espacios políticos salieron a criticar a través de las redes sociales el incremento del 6,5% que acordaron las autoridades de ambas cámaras y los sectores sindicales que repercute en las dietas de los senadores que pasarán a cobrar 9 millones de pesos. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, había dispuesto que la dieta de los diputados nacionales no esté enganchada a los futuros aumentos del personal legislativo.

La diputada Natalia Zaracho (UP) apuntó: “Quienes llegamos por el voto popular no podemos estar alejados de la realidad de nuestro pueblo. Mientras 1 millón de pibes se va a dormir sin comer, q los senadores cobren 9 palos es tomarle el pelo a la gente. Basta de privilegios a los mismos de siempre. Milei hacete cargo”.

“No olvidar que los senadores que se aumentaron las dietas a 9 millones todavía tienen trabada una Ley que propone una ‘compensación’ para los jubilados que no llega a 25 mil pesos para quienes cobran la mínima de 225 mil”, criticó el diputado de izquierda Nicolás del Caño.

Además, cuestionó los posteos del presidente Javier Milei: “Se hace el león por X, pero son los amigos con los que firmó el Pacto de Mayo. Los mismos que le votaron la Ley Bases. Es la casta que se lleva los 9 millones de pesos como premio por bancar la motosierra contra el pueblo. Son los mismos que hundieron en la pobreza a la mayoría trabajadora y lo siguen haciendo con Milei”.

“Un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar pero los senadores se aumentan la dieta a $ 9 millones por mes. Son los mismos que aprobaron la Ley Bases y que tienen que tratar la ‘esencialidad educativa’, que busca liquidar el derecho de huelga para docentes que cobran poco más de $ 400 mil”, planteó su par de bancada Christian Castillo.

Lo hicieron bajo la conducción política y administrativa de la Vicepresidenta, si quería evitarlo firmaba una resolución y fin.
Hay antecedentes a mano… https://t.co/o6MItUDCKu pic.twitter.com/xkYNheeATP

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) August 20, 2024

“No podes aumentarte el sueldo a 10 millones mientras la gente no sabe cómo estirar y las empresas hacen malabares (sin dejar de bancar los cambios). Muestran que no les importa nada de nada. Se creen intocables, impunes… pero todo llega y los argentinos tendremos memoria”, cuestionó la tucumana Paula Omodeo.

Tras la fuerte reacción del presidente de la Nación, Javier Milei, por el aumento en las dietas de los senadores lo que calificó como una “traición al pueblo trabajador”, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, salió a defenderse: “Solo decido sobre las paritarias de los empleados”.

En la noche de este lunes, se conoció que las autoridades de ambas cámaras del Congreso replicaron el aumento que obtuvieron los empleados, otorgado por la administración nacional para julio y agosto, de 3,5% y 3%, respectivamente. Este aumento tendrá un fuerte impacto en las dietas de los senadores, quienes pasaran a cobrar una cifra superior a los 9.000.000 de pesos en bruto, y un monto cercano a los 8.000.000 de pesos en mano.

Inmediatamente Milei salió con los tapones de punta a criticar fuertemente la medida a través de un extenso posteo en su red social “X” quien expresó su “máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores”, y les planteó que “deberían tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses”.

Frente a esto y en medio de rumores de una crisis interna entre ambos mandatarios, la vicepresidenta intentó diferenciarse de la decisión de los legisladores y explicó en una historia publicada en su cuenta de Instagram que “es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores”. “Yo solo decido sobre las paritarias de los empleados”, afirmó.

“Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque ésta administración entiende que  el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”, sostuvo el presidente Javier Milei, tras conocerse este lunes el aumento para los legisladores, que elevará aún más la dieta de los senadores.

A través de un largo posteo en la red social X, Milei expresó su “máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES”.

“¿Quién cobra 9 palos por mes?”, se preguntó, para responder, con mayúsculas, “NADIE”.

El presidente Milei agregó que “mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos”.

En plena crisis -desmentida, pero crisis al fin- en la relación entre el presidente y su vice, Milei agregó: “Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”.

Y cerró: “No sé quién fue el responsable de semejante burla, pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”.

La Comisión Negociadora paritaria del Congreso acordó con las autoridades de ambas cámaras un incremento en las dietas del 6,5% estipulado en dos tramos: 3,5% desde el 1ero. de julio pasado; y el otro 3% a partir del 1ero. de agosto.

Este aumento tendrá un fuerte impacto en las dietas de los senadores, quienes pasaran a cobrar una cifra superior a los 9.000.000 de pesos en bruto, y un monto cercano a los 8.000.000 de pesos en mano.

Sin embargo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, había dispuesto que la dieta de los diputados nacionales no esté enganchada a los futuros aumentos del personal legislativo.

La resolución fue firmada por integrantes de la Secretaría Parlamentaria, y la Administrativa de ambas cámaras junto a las rúbricas de los sectores sindicales: la Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El oficialismo en el Senado buscará reflotar el debate sobre el proyecto de boleta única de papel para las elecciones nacionales, que quedó trabado en el verano durante las sesiones extraordinarias.

Para salir del virtual empate que reúne la iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2022, La Libertad Avanza requerirá de un acuerdo para convencer a la rionegrina Mónica Silva, impulsora de un dictamen alternativo, al que se acopló Unión por la Patria.

El despacho que se firmó en enero será nuevamente tratado este martes, desde las 11 en el Salón Illia, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

La semana pasada, funcionarios del Gobierno nacional aterrizaron en la Cámara alta para explicar a senadores de bloques dialoguistas la reforma política ideada por Guillermo Francos, cuyo “corazón” es la eliminación de las PASO, algo para lo que ya se encontraron que no hay consenso.

Mientras en la Cámara de Diputados se avanzó con el dictamen sobre el voto de los argentinos en el exterior, y se debaten en comisiones los proyectos sobre “ficha limpia”, el oficialismo intenta que la agenda electoral en el Senado continúe con la boleta única de papel, pero para conseguirlo deberá habilitar cambios, lo que obligaría al texto a regresar a Diputados.

Entre las modificaciones estaría la posibilidad de que se elimine el casillero en blanco con la opción para que se vote lista completa.

Durante estos meses el tema estuvo frenado a raíz de la disidencia de la rionegrina Silva, quien insiste con la BUP por categoría, como rige en Santa Fe, y no con todas las categorías en una sola papeleta, al estilo cordobés (de la media sanción).

El oficialismo junto al resto de los bloques dialoguistas quedó trabado en 36 votos y, por tratarse de una cuestión electoral, se requiere una mayoría absoluta de 37, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel no puede desempatar (como hizo en la Ley Bases, por ejemplo).

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirán el próximo martes 20 a las 16 en un encuentro plenario para debatir sobre el proyecto de ley que pretende modificar a la Ley 25.761 sobre Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes.

En la reunión estarán presentes la subsecretaria de Política Industrial de la Nación, Daniela Ramos; y el presidente de la Cámara Argentina de Recuperadores y Venta de Autopartes (CARVA), José Luis Álvarez, quienes ampliarán el debate sobre el régimen en cuestión.

El proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada propone una serie de modificaciones a la Ley 25.761, y al marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados. aeronaves. inscripción del dominio de automotores nuevos -Ley 26.348-.

“Con el creciente número de vehículos y las preocupaciones ambientales, es esencial mejorar y ampliar las prácticas de reciclaje para reducir la huella ecológica del sector”, fundamentó la legisladora radical en la redacción de la iniciativa.

Entre las modificaciones, está la del artículo 2 de la Ley 25.761 en donde establece que el Poder Ejecutivo, a través del organismo competente, elaborará el listado de autopartes para su reutilización, con un mínimo de reciclaje de piezas del 80% del peso medio del vehículo.

Incorpora el 6 bis que define el concepto de “autoparte” como pieza o conjunto de piezas de un vehículo automotor y que también se venden por separado y “accesorio” como tipo de pieza que interviene como decoración de un vehículo el cual no es indispensable para su funcionamiento.

Además, propone aumentar las multas a todo aquel que procediere al desarmado de un automotor con el objeto de utilizar sus autopartes, sin la autorización que establece la presente ley, por medio de cambios en el artículo 13.

Culminada el plenario, la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que preside Carolina Losada, seguirá reunida y tratará una batería de proyectos de declaración y comunicación.

El juez federal Ariel Lijo defenderá su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, ante la Comisión de Acuerdos del Senado este miércoles. Será a partir de las 10, en el Salón Azul, donde el magistrado se someterá al interrogatorio de los legisladores.

Luego de que su pliego tomara estado parlamentario y se formalizara la fecha de audiencia, su postulación recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares.

Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Al responder a los cuestionamientos en su contra, Lijo rechazó acusaciones sobre su idoneidad moral, incremento patrimonial, falta de formación académica y desempeño como juez.

Por otra parte, el magistrado recibió una serie de adhesiones, entre ellas de rectores de universidades, el gremio de los judiciales -liderado por Julio Piumato– y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, a la que él mismo pertenece.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia una semana después- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Sin dudas, la falta de una candidata mujer a la Corte se anticipa como una de las discusiones que podría poner reparos en uno de los dos postulantes.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Pero el rechazo también llega desde adentro del oficialismo: el formoseño Francisco Paoltroni ha anticipado y ratificado más de una vez que no acompañará el pliego. Y, como si fuera poco, en la previa encabezará una especie de audiencia paralela bajo el nombre de “Encuentro sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, donde se esperan críticas a Lijo.

El evento, que se llevará a cabo este lunes a las 17 en el Salón Azul, estará moderado por la socia fundadora de Será Justicia, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Cambiemos. En la jornada expondrán Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Edgardo Buscaglia, académico senior en la Universidad de Columbia; María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Mendoza; Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y presidente de Fores; y Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la CABA.

Tras meses de retraso, la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se constituirá este martes por la tarde, bajo la todavía incógnita de quién resultará presidente. La comisión tiene a su cargo supervisar y controlar los gastos reservados para este área. El Gobierno otorgó recientemente 100 mil millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a través de un DNU que suma el rechazo de la oposición en el Congreso.

Los 14 integrantes ya están confirmados: por Unión por la Patria estarán los diputados Germán Martínez, Leopoldo Moreau y Paula Penacca, y los senadores Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López; por la UCR, la diputada María Coletta y el senador Martín Lousteau; del oficialismo, los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger; la senadora chubutense Edith Terenzi; el jefe de bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo; el senador Martín Göerling Lara, del Pro; y el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal.

Estos últimos dos nombres son los que hace un tiempo pican en punta para el cargo de presidente de la comisión. El senador del Pro tendría el aval de la vicepresidenta de la Victoria Villarruel y también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; mientras que el entrerriano sería el elegido por el asesor presidencial Santiago Caputo. El propio Kueider confesó en declaraciones públicas que “alguien” de Casa Rosada le ofreció ese lugar.

Una fuente consultada por parlamentario.com confió que de estos dos nombres saldrá el titular. Pero igualmente la designación deberá contar con al menos 8 votos a favor de los integrantes de la bicameral.

En las últimas horas comenzó a circular la versión de que el radical Martín Lousteau -presidente del partido centenario- se metió en la puja por la presidencia, empujado a ese lugar por el histórico dirigente Enrique “Coti” Nosiglia. Al porteño lo resisten tanto el oficialismo como a sus socios del Pro, pero un eventual apoyo de Unión por la Patria complicaría las chances de los otros dos nombres. En UP no están para nada dispuestos a acompañar por ejemplo a Kueider, considerado un “traidor”. Sumado a eso, la diputada Coletta responde al sector de Lousteau, quien primero -cuando Villarruel firmó las designaciones en abril- no había sido nombrado en esta comisión, pero entró luego en lugar de Mariana Juri, mendocina del sector de Alfredo Cornejo, el ala más dialoguista con el Gobierno.

Este año la presidencia de la bicameral corresponde al Senado. El último presidente fue el diputado radical K Leopoldo Moreau, quien en los hechos permanece a cargo.

La elección de autoridades de la comisión, clave en el contexto de la nueva SIDE y su presupuesto millonario, se resolverá el próximo martes a las 16.

La senadora nacional Beatriz Avila (PJS) se reunió con el embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili, en su carácter de presidenta del grupo parlamentario de amistad con este país, recientemente constituido en el Salón Eva Perón de la Cámara alta.

Como anfitriona, Avila destacó la histórica relación de amistad entre ambos países al ser la Argentina la primera nación que reconoció la independencia de Georgia del Imperio Ruso, allá por 1919. Aunque la primera República Democrática de Georgia existiría solamente hasta 1921, este gesto es altamente apreciado por el gobierno georgiano hasta la fecha.

Por su parte, el embajador Khandamishvili consideró “claves estos encuentros parlamentarios para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, puesto que el Senado representa a las provincias y uno de los objetivos de la embajada es estrechar vínculos directos no sólo con el Estado Nacional, sino también con las provincias”. En la misma línea, resaltó el fortalecimiento de los lazos que se materializó en la reunión en el Palacio Legislativo del canciller georgiano, Ilia Darchiashvili, con la vicepresidente Victoria Villarruel, hito que significó la primera visita de un ministro de Relaciones Exteriores de Georgia al Senado argentino.

“Se han cumplido 16 años desde que la Federación Rusa invadió a Georgia, violando todos los tratados internacionales, y todavía estamos con las consecuencias de esta agresión militar”, expuso el diplomático y agradeció a la cancillería argentina por votar a favor, en la Asamblea General, un proyecto de resolución sobre la “Situación de los desplazados internos y los refugiados de Abjasia, Georgia, y la región de Tskhinvali/Osetia del Sur, Georgia”, el pasado 4 de junio. “Siempre es bueno contar con el apoyo de la Argentina a la causa de Georgia”, remarcó.

Por otro lado, señaló el especial interés de su país de fomentar las relaciones comerciales con Argentina y remarcó los esfuerzos  que viene desarrollando para  consolidarse como “hub” (centro logístico) para los intercambios económicos entre Europa y Asia, aprovechando su ubicación estratégica entre ambos continentes. Además, este país del Cáucaso cuenta con una gran relación con Estados Unidos y, en 2017, firmó un acuerdo de libre comercio con China.

A su turno, Beatriz Avila calificó como “muy  positiva” la reunión para “fortalecer los vínculos bilaterales no sólo desde la diplomacia parlamentaria, sino para estrechar relaciones comerciales, productivas, económicas y culturales”.

Al finalizar el encuentro, la parlamentaria tucumana ponderó la intención de intensificar una agenda con la visita a las provincias para generar oportunidades de intercambio y cooperación entre ambas naciones, que comparten el desarrollo vitivinícola y la pasión por el rugby.

De la reunión participaron los senadores Francisco Paoltroni -presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado—, Vilma Vedia, Mariana Juri, Carmen Álvarez Rivero, Alfredo de Angeli y Martín Goerling, quienes expusieron preguntas e ideas para el intercambio entre este país euroasiático y sus respectivas provincias.

El año pasado, el comercio bilateral de bienes entre Argentina y Georgia sumó un total de US$ 40 millones, lo que  representó un crecimiento del 74% respecto a 2022. Argentina tiene un superávit de US$ 36 millones en este ítem. En tanto que el intercambio de servicios ascendió a US$ 3,5 millones, con déficit para Argentina de -US$ 1 millón.

El Gobierno ganó una semana. O no, se verá según lo que termine sucediendo en el Senado, cuando el jueves 22 de agosto y no este jueves 15, se realice la sesión para debatir entre otras cosas movilidad jubilatoria. Un proyecto que viene con media sanción de Diputados y que el presidente ya anticipó que vetará, pero cuyo destino todavía no se ha resuelto por completo.

En busca de lograr apoyos en torno a la reforma electoral y verificar qué puede hacerse con la movilidad jubilatoria, representantes del Gobierno se reunieron este martes con jefes de bancadas dialoguistas en el Senado.

Contrariamente a lo que se había especulado originalmente, no estuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sí asistieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

Allí se habló sobre el tratamiento de Boleta Única en Papel y se acordó avanzar en una propuesta oficial para destrabar la situación de empate que se da a partir del dictamen elaborado por la rionegrina Mónica Silva, partidaria de una BUP por categoría, como rige en la provincia de Santa Fe. El oficialismo podría avenirse a acercar posiciones con esa propuesta para aprobar el proyecto con modificaciones y que luego Diputados resuelva.

El otro tema que se trató es la ley de Movilidad Jubilatoria. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados también, pero esa es una media sanción que el Gobierno rechaza, a tal punto que el presidente Javier Milei anticipó su disposición a vetarlo. El tema debe ser tratado en la próxima sesión y el oficialismo consiguió acordar que en lugar de este jueves, se debata el siguiente, de modo tal de negociar hasta entonces. Se verá si el oficialismo consigue morigerar algo del dictamen, o bien termina acordando que el veto presidencial no sea total. En cuyo caso podría el presidente promulgar parcialmente la parte no vetada siempre y cuando el veto no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Las modificaciones estarían en el sentido del contenido del dictamen de minoría, sosteniendo la actualización por inflación -que ya está en el DNU- y aceptaría la recomposición del 8,1%. El Gobierno no quiere en cambio que en marzo de cada año se aplique un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE), ni tampoco el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

La Dirección General de Cultura del Senado de la Nación, mediante la Dirección del Museo Parlamentario, informó que desde este martes 13 hasta el viernes 23 de agosto, el Salón de las Provincias del Congreso Nacional (Hipólito Yrigoyen 1849) se vestirá de gala con la exposición Patria: Tributo al General San Martín. “Nada prefirió más que la libertad de su patria”. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en la página web del Senado en el marco de las visitas guiadas.

Esta exposición rinde homenaje al líder indomable de la independencia sudamericana, presentando una réplica majestuosa del sable corvo que simboliza su valentía y determinación inquebrantable.

Custodiado con honor por dos granaderos, el sable corvo se erige como un emblema de la libertad y el sacrificio. Su presencia no solo evoca la figura legendaria del general José de San Martín, sino que también nos recuerda el profundo sentido de propósito y coraje que guió sus acciones durante la gesta independentista.

Acompañando al sable corvo, estarán las banderas de Argentina, Chile y Perú, naciones unidas por un pasado común y un futuro compartido. Este acto simbólico celebra la colaboración y la hermandad entre estos países, reflejando el ideal de unidad que San Martín soñó para Sudamérica.

“Tributo al General San Martín” es una conmemoración del espíritu de lucha y la visión de un hombre que transformó el destino de tres naciones. Es un recordatorio de que la libertad, la unidad y el valor son principios eternos que deben ser preservados y celebrados.

Con el objetivo de buscar apoyos en torno a la reforma electoral, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reuniría con presidentes de bloques dialoguistas del Senado este martes, a partir de las 16. Según supo este medio, el lugar todavía no está definido. Fuentes de la Cámara alta dan por sentado el encuentro, pero desde la Jefatura de Gabinete aún resta confirmación.

En caso de concretarse, será un encuentro similar al que mantuvo hace un mes atrás con diputados de la oposición en Casa Rosada, aunque en esa oportunidad los asistentes aseguraron que se habló más de la reglamentación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal que de la reforma política, la cual más tarde sí detalló José Rolandi, el vicejefe de Gabinete, en una charla a puertas cerradas en el Congreso.

Con el reloj corriendo a velocidad, pues es “regla de oro” que las reformas en el sistema electoral se aprueben en años no electorales, Francos sabe que todavía no cuenta con los votos para la eliminación de las elecciones PASO. También hay resistencias en las modificaciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que el oficialismo quiere impulsar.

En el caso de la Cámara de Diputados, con aval de sus socios del Pro, La Libertad Avanza puso en marcha la discusión de dos cuestiones: “ficha limpia”, para que personas acusadas por corrupción no puedan ser candidatas (en debate deberá definirse a partir de qué instancia judicial y qué delitos); y el voto de los argentinos que residen en el exterior, que ya tuvo dictamen exprés en comisiones.

Por el lado del Senado, espera por su tratamiento el proyecto de boleta única de papel, con media sanción de la Cámara baja desde mayo de 2022. En el verano se cayó la posibilidad de tratarlo por la disidencia de la rionegrina Mónica Silva, quien insiste con la BUP por categoría, como rige en Santa Fe.

El oficialismo junto al resto de los bloques dialoguistas está trabado en 36 votos y, por tratarse de una cuestión electoral, se requiere una mayoría absoluta de 37, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel no puede desempatar (como hizo en la Ley Bases, por ejemplo). Si LLA accede a realizarle modificaciones, la iniciativa deberá volver a Diputados para su aprobación final. Será el acuerdo que buscarán.

Este jueves, fue presentada la Plataforma Legislativa de la Industria en el Senado y el evento fue encabezado por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala; el vicepresidente de la UIA, Miguel Ángel Rodríguez; y el presidente del Departamento de Relaciones Parlamentarias, Mariano Genovesi.

“La tenacidad y el trabajo diario nos nutren de ideas como esta plataforma que llevará adelante iniciativas comunes entre el Congreso y la UIA”, destacó el puntano Abdala, quien siguió: “La industria es el motor de la economía”

La Plataforma Legislativa de la Industria se presenta como una herramienta innovadora creada por la UIA para promover la integración entre el organismo y el Congreso de la Nación.

Entre sus propósitos buscará facilitar la actualización constante de la actividad legislativa, el seguimiento de proyectos y fomenta el diálogo entre la sociedad civil y el Poder Legislativo.

Del evento también participaron los diputados nacionales Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires), Nicolás Massot (Encuentro Federal – Buenos Aires), Pablo Cervi (UCR – Neuquén), y el senador nacional Marcelo Lewandowski (UP – Santa Fe), moderado por Laura Serra, periodista de La Nación y especialista en temas parlamentarios.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el senador libertario Francisco Paoltroni, se reunió este miércoles en el Salón Illia en la que recibieron a autoridades de la embajada de Argentina en Venezuela y de Cancillería de la Nación, y firmaron un dictamen unificado repudiando lo sucedido en las recientes elecciones venezolanas.

Al respecto se presentaron cinco proyectos de declaración unificados en un texto referidos a lo acontecido en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela. Los senadores Andrea Cristina (Cambio Federal) y otros, Beatriz Ávila (por la Justicia Social), Enrique Goerling Lara (Pro), Ivanna Arrascaeta (LLA) y Maximiliano Abad (UCR), expresaron su “repudio, rechazo y preocupación sobre el fraude del proceso electoral venezolano llevado a cabo el pasado 28 de julio”. Del mismo modo solicitaron que “se apliquen las debidas garantías de libertad y del sistema democrático”.

Estuvieron presentes y compartieron su experiencia, el ministro Andrés Mangiarotti, los secretarios Tomas Gibson, Bárbara Aubert, Norberto Fernández y el agregado administrativo, Santiago Valle, autoridades de la Embajada Argentina en Venezuela expulsadas del país en los últimos días. Por parte de Cancillería de la Nación, participaron de la reunión, el director de Asuntos Parlamentarios, Julio Mercado y Nicolás Varzilio, también perteneciente a esa Dirección, y el subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara.

En la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del @SenadoArgentina tratamos proyectos vinculados a la realidad que atraviesan nuestros hermanos venezolanos por el Régimen de Nicolás Maduro.
La democracia y la voluntad popular deben ser respetadas siempre.#VenezuelaLibre 🇻🇪 pic.twitter.com/BBllaHjdPB

— Beatriz Avila (@Beatriz_AvilaOK) August 7, 2024

“Esta situación es inédita, y con esta cantidad de asilados al mismo tiempo, donde a nuestros funcionarios se los expulsa con 72 horas para abandonar el país y no se cumple la Convención de Asilo Diplomático por la cual los asilados deberían acompañarnos, no hay registro en la historia argentina”, afirmó Vergara.

Al comienzo, se presentó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que busca aprobar el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, celebrado en la ciudad de Nairobi, Kenia, en mayo de 2007, con vigencia desde 2015, y “tiene por objeto establecer normas y procedimientos internacionales uniformes para asegurar la remoción pronta y eficaz de los restos de naufragio y el pago de una indemnización por los costos ocasionados”, según explica la iniciativa.

Para brindar detalles del proyecto en cuestión, estuvo presente Eugenia Goya, perteneciente a la Dirección General de Consejería Legal de Cancillería, quien detalló que “es un convenio que se encuentra en conformidad con Naciones Unidas y busca preservar los intereses de los estados costeros como la Argentina que tiene una importante proyección marítima”.

A continuación, los senadores acompañaron un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados “que instituye el 4 de agosto de cada año como Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental”.

Al finalizar, la Comisión brindó acuerdo sobre tres proyectos de declaración referidos a los beneplácitos por “el 30° aniversario de la vigencia de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional de la República Argentina, aprobada el 22 de agosto de 1994”; al 40º aniversario de la firma del “tratado de paz y amistad”, entre la Argentina y Chile, el próximo 29 de noviembre, y el beneplácito por cumplirse 11 años de la elección del Papa Francisco como Pontífice.

Un día de “miércoles” para el oficialismo en el Senado luego de que la principal bancada opositora se alzara con el dictamen de mayoría del proyecto de ley de movilidad jubilatoria ratificando la media sanción que viene de Diputados y desafiando el equilibrio fiscal de Javier Milei que buscará vetar la norma.

El dictamen de Unión por la Patria contó con un total de 18 firmas, entre las cuales, se encontraron la de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -en disidencia parcial-; y el senador provincial José María Carambia (Por Santa Cruz). La intención del bloque Unión por la Patria es convocar a una sesión para la próxima semana para darle sanción definitiva.

La media sanción establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Los restantes radicales y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.

En el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda que tuvo lugar en el Salón Illia, estuvo de invitado Manuel Mera director de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) quien brindó la mirada de la organización respecto del tema.

El expositor planteó tocar el tema de la movilidad previsional “dentro de lo que es todo el sistema previsional argentino que es muy complejo que, a lo largo de este año, se ha llevado a cabo diferentes discusiones en el Congreso e imaginamos también el año que viene va a continuar”.

Mera comentó que se pueden medir los sistemas en tres dimensiones: cuánto cubre, cuántas personas cubre y que tan buenos son los beneficios y qué tan caro es.  Así, precisó que “dos de esas tres maneras de medir qué tan bueno es un sistema, Argentina en términos de cobertura está rankeada muy bien porque el 95% de los mayores de 65 años tienen algún tipo de cobertura. Incluso si nos vamos un poquito más arriba 70 años la cobertura es casi total”.

Respecto de la adecuación sostuvo que “el estándar internacional es más o menos una tasa de sustitución de 45%. Esto de que los jubilados ganen más o menos un 45% de lo que es un salario promedio de la economía. El último cálculo de estos días daba en 43 es un 150% de salario mínimo. En términos estándares internacionales está bien, en términos de adecuación es razonable en términos de estándares internacionales. Sin embargo, sí es un es un sistema caro es un sistema que cuando uno ve lo que es la evolución y el proceso de envejecimiento en Argentina presenta problemáticas”.

Mera advirtió que, si se toma “todo el sistema entre ANSeS, las cajas provinciales, las cajas profesionales, el gasto llegaba casi más del 12% del PBI eso es alto para para región y para el mundo”, y señaló que “este número se ha bajado un poco en los últimos años por el impacto que tiene la inflación sobre los haberes, pero hay una cuestión de cómo sostenemos esto en el largo plazo que es uno de los temas a abordar para el mejoramiento de un sistema provisional”.

“Estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir”.

El director de CIPPEC indicó que “el gran desorden” está en que “hay 200 maneras de entrar a una jubilación”, y planteó: “El régimen general, propiamente dicho la gente que alcanza los 30 años, si va por el régimen general es más o menos el 40% de todas las personas que tienen algún beneficio jubilatorio, el resto entra por algún tipo de excepción”.

Así, propuso pensar el régimen a largo plazo teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento de la población porque “en los últimos 10 años cayó, por un lado, la fecundidad en un 34% a 38, hay muchos menos nacimientos y también hay una mayor esperanza de vida. Esto nos compara quizás con distintos momentos en los cuales se pensó el régimen actual piensen que en los 90’ la esperanza de 71 años hoy es de 78 años, y para fin de siglo va a ser casi 88 según las proyecciones”.

“El sistema previsional argentino tiene esta lógica de la contribución, los trabajadores tienen que contribuir y el trabajador formal logra acceder. Pero un país que hace muchas décadas tiene alto nivel de informalidad estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir y, si no tenés esos 30 años, perdes lo aportado”, criticó Mera.

También cuestionó que “en los últimos más de 10 años, desde que se aprobó la primera moratoria, la gran mayoría de las altas se dan a través de una entrada excepcional que no termina de resolver la cuestión de fondo que es la equidad o la inequidad que genera esos 30 años requeridos para la formalidad”. Así, sostuvo que parte de un problema que hay que resolver es cómo se dejan de aprobar moratorias permanentemente.

“Casi el 70% en 2021 necesitaron algún tipo de excepcionalidad para poder acceder. También hay una cuestión de inequidad al trabajador que aportó años y no lo logró”.

Mera explicó que el sistema previsional es un sistema contributivo que se basa en lo que se aporta y precisó que “de los 8.3 puntos que estimamos que se gastó el año pasado, 3 puntos no vinieron de contribuciones laborales de todo el régimen, vienen de impuestos específicos y en algunos casos transferencia del tesoro”, y aclaró que eso es un déficit contributivo porque “lo que no logramos cubrir con contribuciones, gran parte tiene que ver con el cubrir en pensiones no contributivas, con cubrir algunos regímenes que tienen subsidios como pueden ser el monotributo, por cubrir alguna cuestión como la moratorias”.

“El 24% del gasto se va en el régimen general en jubilaciones y pensiones de las personas que cumplieron el requisito puntual de la ley de aportar 30 años; el 23% es moratoria, es decir, personas que entran con excepcionalidad al régimen de pagos para completar lo que se les adeuda; y luego hay una masa de cajas provinciales y una serie de regímenes o puertas de entradas pensiones no contributivas, especiales y diferenciales que generan debate están alrededor de 14% del gasto”, detalló.

Al respecto, planteó la necesidad de reducir ese gasto y cómo hacerlo sostenible para la sociedad que está envejeciendo, por lo que propuso “ordenar y tratar de reducir estas inequidades”.

Así sugirió: “Dejar de pensar en moratorias y quitar el requisito de 30 años mínimo para obtener una jubilación. Pensar en un componente universal que tenga un valor similar a una moratoria, pero al fin del día es más o menos un 80%”.

“Hacer un componente contributivo que premie todos los aportes hechos por la persona. Esto se alinea con lo que se están haciendo en muchos países”, agregó y sumó: “Se había planteado una prestación de retiro proporcional dentro de la Ley de Bases. Esto va en esa línea con qué hacemos con esas personas que no alcanzan los 30 años, pero algo aportaron. Eso tiene un impacto en distributivo y de equilibrio fiscal”.

También manifestó revisar el sistema de pensiones por fallecimiento, pensiones por invalidez, porque “acciones que se pensaron para un mercado laboral para una estructura familiar que ya no existe”, y explicó que “en Argentina tenemos una duplicación de beneficio muy alto que lo vuelve un sistema caro. La idea no es quitarlo, sino buscar un equilibrio”.

Por último, insistió en la necesidad de tomar el índice de inflación que “creemos es muy positivo para el debate” y aclaró: “Sería importante incorporar algún tipo de ajuste por salario real por dos cuestiones: por una cuestión de esta relación que tiene la pensión con el trabajo esta idea de que una jubilación lo que hace es cubrir a la persona en periodo donde no puede trabajar, o sea, que hay una relación directa ahí. Otra cuestión es práctica para evitar litigiosidad, el hecho de que el ajuste por inflación y el ajuste de salarios se pueda mover por carriles distintos puede generar discusiones y judicialización por la actualización de los haberes”.

Recibimos en @SenadoArgentina a @manuelmera83, Director de Asistencia Social de @CIPPEC para continuar con el tratamiento de iniciativas de movilidad previsional. Un debate urgente que debe ir hacia una reforma integral del sistema, para llevar justicia a los jubilados. pic.twitter.com/mNGmuT3YdT

— Peteco Vischi (@PeteCoVischi) August 7, 2024

“Nosotros tenemos un sistema muy amplio, una economía que creció muy poco, que tiene salarios bajos y jubilaciones bajas. Necesitamos que las jubilaciones sean más altas y para eso hay que hacer más equitativo al sistema. Tenemos más de la mitad por fuera del régimen general”, sostuvo Martín Lousteau, mientras que su par el chaqueño Víctor Zimmermann opinó: “La modificación que se plantea en el dictamen del oficialismo es que la actualización del 8,1% sea a partir de la sanción de la ley. Creo que se puede hacer un esfuerzo con respecto a este punto”.

En tanto, el puntano Fernando Salino (UP) consideró: “Necesitamos mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y no podemos avalar una medida que solo conserve su poder adquisitivo actual. Estamos de acuerdo en usar el IPC, pero resulta imprescindible hacer correcciones por salario también”, mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio (UP) expresó: “Según datos actuales, hay 600 mil trabajadores menos aportando. Este no es un buen escenario para discutir un sistema previsional”.

A casi dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes y tras acordar el pase a un cuarto intermedio en la última reunión del 10 de julio pasado, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este jueves para pasar a la firma el dictamen del proyecto que endurece las penas por la compra y venta de menores de edad en el Código Penal.

“Entiendo que llegamos a un acuerdo”, señaló en el inicio de la reunión la senadora radical Carolina Losada, autora del proyecto en cuestión. A continuación, la secretaria parlamentaria leyó la redacción de las modificaciones de los artículos 139, 139 bis y 139 ter, pero desde el interbloque Unión por la Patria propusieron modificaciones.

La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”. Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales.

Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) explicó que “para subsanar el agravante hay un delito base, que tiene una escala, y los agravantes de un funcionario público van con el tercio superior de la pena”.

Deseosos de que el dictamen saliera este jueves, la senadora Losada y el oficialista Pagotto cedieron espacio a las modificaciones pedidas por el interbloque opositor y el texto que pasó a la firma establece que “las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad”, y también así “a los denominados intermediarios, y para profesionales y funcionarios públicos”. López explicó que “las sanciones de 4 a 10 años permiten acceder a distintos beneficios”.

La autora del proyecto Carolina Losada aceptó los pedidos de UP para avanzar con el dictamen.

De igual manera, se incorporó que “en caso de que el delito sea cometido por funcionarios públicos, la pena tendrá el adicional de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

En el final, la senadora fueguina María Eugenia Duré (UP) pidió añadir un párrafo en relación a la venta de menores de edad “con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente”, tal como explicó la titular de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, Marisa Graham, en la última reunión informativa previa al receso. La senadora Carolina Losada aceptó la modificación y el dictamen pasó a la firma.

Cabe recordar que esta iniciativa recibió media sanción de la Cámara alta el 4 de julio por unanimidad -63 votos afirmativos-, pero volvió a comisión para su revisión en particular por la redacción del mencionado artículo. Una vez que sea puesto a tratamiento en el recinto del Senado, se votará por la aprobación de este artículo.

Al reanudarse el debate del proyecto de ley de movilidad jubilatoria en comisiones del Senado, funcionarios del Poder Ejecutivo enfatizaron este miércoles sobre el impacto fiscal que tendría la ley en caso de aprobarse tal cual vino de la Cámara de Diputados. Por eso, la intención del oficialismo será introducirle modificaciones, y evitar así también un veto presidencial, ya anunciado por el presidente Javier Milei en referencia a esta iniciativa. 

La Libertad Avanza y sus aliados del Pro estarían dispuestos a sostener sólo algunos aspectos de la ley, entre ellos la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación -que ya rige por DNU-, pero buscarían un dictamen que quite puntos tales como la garantía del piso del haber mínimo (referenciado en la Canasta Básica Total) y el artículo sobre el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales. 

El radicalismo y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional. 

En cambio, si el oficialismo junto a la oposición dialoguista acordaran cambios, el texto volvería a Diputados, donde desde Unión por la Patria ya desconfían en que bloques como la UCR mantengan la versión original. 

La discusión se retomará el martes próximo, con la intención de dictaminar ese mismo día o el miércoles, para llevarlo al recinto una semana después, el jueves 15 de agosto. Esto fue lo que planteó en el arranque la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la macrista Carmen Álvarez Rivero, que propuso que el próximo martes se continúe en una reunión informativa con expositores invitados, para un día después poder dictaminar. “Y el jueves siguiente (15 de agosto) poder tener la sesión y tratar el tema”, agregó. 

Al cruce salió el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, quien recordó que en la última sesión pidieron el tratamiento sobre tablas porque “la prioridad (de los jubilados) es urgente”, y consideró que el cronograma propuesto “es una forma de dilatar el tratamiento”. El formoseño acusó al Gobierno de tener como prioridad, en cambio, al “mentiroso superávit fiscal”. 

El opositor desafió entonces a “si hace falta hacer la sesión el jueves y tratarlo sobre tablas”, porque “con esta dilación nos vamos a octubre”, en referencia a cuándo la clase pasiva podría acceder a la recomposición que se propone. “No sé si están esperando que se muera una cantidad importante de jubilados para llegar al déficit cero”, lanzó e insistió: “Instamos a hacer sesión si es posible mañana mismo”. 

El presidente de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, reveló entonces las intenciones del oficialismo de introducir cambios a la media sanción. Cuando se aprestaba a enumerarlas, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio reclamó que sea después, y que se pasen directamente a las exposiciones de los funcionarios. 

Comenzó así en primer lugar Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien dijo que no iba a entrar en la discusión sobre la necesidad de mejora de los haberes de los jubilados, sino “en el impacto que tiene sobre las cuentas públicas” el proyecto de ley. Recordó que “un objetivo importante del Gobierno es tener equilibrio fiscal este año y hacia adelante” y actualmente “no hay ninguna forma de financiamiento disponible más que la recaudación de impuestos”. 

“El equilibrio fiscal se sustenta en una serie de medidas que tienen una mirada de cuidado sobre los sectores más vulnerables”, aclaró el funcionario, que mencionó el DNU 274/24 a través del cual se modificó la fórmula de movilidad. En comparación con la media sanción de Diputados, afirmó que veía con “agrado” que contemplara el IPC en el cálculo, al igual que el DNU. 

Sobre el adicional del 12,5% que se otorgó en abril, Guberman explicó que fue esa cifra por “dos motivos: primero, tenemos la convicción de que no podemos dejar que se sigan atrasando los haberes jubilatorios; y en segundo lugar, era el máximo esfuerzo que el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de afrontar de manera sostenible”. 

Al analizar el incremento adicional del 8,1% que propone el proyecto (para equiparar a la inflación más alta del año, que fue la de enero, con 20,6%), el secretario de Hacienda aseguró que “tiene un impacto bastante significativo” que este año estaría “en torno al 0,3% del PBI y el año que viene más del 0,4% del PBI”. 

Respecto de la garantía de haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total, señaló que “se está fijando un piso mucho más alto del haber mínimo del que está vigente en este momento”. Esto tendría “un impacto para el resto del año de aproximadamente 0,27% del PBI, y el año que viene del 0,77% del PBI. Todo esto se va haciendo acumulativo a lo largo del tiempo”, apuntó.  

Al hablar del artículo 10, sobre el cumplimiento de la ANSeS con deudas a provincias por las cajas previsionales no transferidas y pagos de sentencias, Guberman sostuvo que el cumplimiento de eso haría  que “el Estado no tenga superávit primario” y “tenga que salir a emitir deuda”. 

“No venimos a discutir la equidad y justicia distributiva de las medidas, sino que venimos a hablar con números concretos y exponer cuál es el impacto fiscal de todo esto”, resumió y enfatizó que de aprobarse “todo” el proyecto tal cual está, “las cuentas públicas cerrarían en un déficit sustantivo” que sería “de un punto de gasto adicional del PBI este año y el año que viene de 1,2 más de gasto”.

Carlos Guberman

Al momento de las preguntas, el radical Víctor Zimmermann le señaló que “no habló del aumento adicional anual” por RIPTE, el cual -según la Oficina de Presupuesto del Congreso- “para 2024 no tendría costo fiscal”. “Con la OPC no tenemos diferencias significativas”, respondió Guberman, quien asintió que “efectivamente para este año no tendría efecto, empezaría a aplicar el año que viene” y “no sería un tema tan importante como otros artículos”. Sin embargo, opinó que “no es una medida acertada, desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema, incorporar esta lógica”. 

Con varias críticas, desde Unión por la Patria el senador Mariano Recalde criticó que el Gobierno tenga al “dios equilibrio fiscal por encima de todo” y “a costa de cualquier cosa”. “Dicen que buscan el equilibrio fiscal cuidando a los más vulnerables; la verdad que no está ocurriendo eso”, expresó y afirmó que “el superávit fiscal trucho que exhiben se ha financiado recortando gastos”. “Del ajuste que hizo Milei en el gasto público, el que va en la delantera con el 29% son las jubilaciones y pensiones”, añadió. 

Por su parte, el puntano Fernando Salino cuestionó que “el equilibrio fiscal para ustedes es una obsesión” y pronosticó que “los juicios (previsionales) no los van a pagar nunca”; mientras que su par de UP Silvia Sapag reprochó que respecto a la situación de las cajas no transferidas se alegue la realización de auditorías: “Lo mismo pasó con los comedores populares. ¿Tienen pensado hacer una auditoría sobre sus jefes, que ya se patinaron 44 mil millones de dólares y nos dejaron esa deuda con el Fondo Monetario Internacional?”. 

Luego de la exposición del economista Ismael Bermúdez, habló el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, quien remarcó que “el sistema previsional argentino viene de décadas de crisis” y los jubilados “vienen perdiendo capacidad adquisitiva y derechos” hace años. “El Gobierno nacional se encontró con una situación que no generó”, defendió y señaló que hay “una situación de cierta injusticia respecto del sistema previsional contributivo” donde “la mayor parte de los jubilados que perciben la mínima son aquellos que se han jubilado comprando años de servicio a través de las diversas moratorias”. 

“El Gobierno está dispuesto a cubrir la inflación de enero, creemos que no debería ser con efectos retroactivos a abril, sino agosto”, dijo sobre el proyecto. 

Sobre los juicios previsionales, el titular de la ANSeS detalló que “de 200.000 juicios, 100.000 hay con sentencia firme; una cuestión que no es ni graciosa ni algo que uno desearía. “La litigiosidad no es un proceso cuya curva sea descendente, sino que se viene retroalimentando y la tendencia es ascendente. Tiene que ver con parches por las distintas leyes de movilidad que se han manejado y generan la industria del juicio”, aseveró. 

Y precisó que el costo fiscal de la cancelación de esas sentencias supera “los dos billones de pesos, o el 0,35% del PBI”. Luego afirmó que a los beneficiarios con juicios que llevan más años se les va a pagar primero. 

A la reunión también asistió Alejandro Chiti, extitular de la ANSeS, quien manifestó que “la movilidad no es para que los jubilados recuperen lo que perdieron, sino para mantener el poder adquisitivo. No hay que mezclar esto porque le hacemos daño al sistema previsional”.

Mientras sigue la investigación y conmoción por el caso Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes hace ya más de un mes, el Senado apura el dictamen del proyecto que endurece las penas por la compra y venta de menores de edad.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto, retomará el debate este jueves a las 15 tras el cuarto intermedio establecido el pasado 10 de julio. De esta manera, el oficialismo junto con dialoguistas y la oposición intentarán arribar a un despacho unificado para poder llevarlo nuevamente al recito.

En dicha reunión, que tuvieron previo al receso invernal, expusieron abogados, constitucionalistas y especialistas quienes propusieron diferentes formas de redactar el articulado del proyecto, puntualmente el polémico artículo 1ro que modifica el 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores.

Cabe recordar que la iniciativa recibió media sanción de la Cámara alta el 4 de julio por unanimidad -63 votos afirmativos-, pero volvió a comisión para su revisión en particular por la redacción del mencionado artículo que generó discrepancias entre los bloques.