Acorralado por la creciente presión política, tanto desde la oposición como dentro del propio oficialismo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió anticipar su presentación en el Senado y dejó fijada la fecha para el próximo 2 de julio, cuando brindará su informe de gestión por primera vez ante la Cámara alta desde que asumió en noviembre de 2025.

La decisión se terminó de definir tras intensas conversaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios, con un rol central de la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. La dirigente, que en los últimos días explicitó diferencias con el funcionario, promovió el acuerdo con senadores de Pro y de la Unión Cívica Radical con el objetivo de ordenar el escenario político y contener la creciente tensión legislativa.

El jefe de Gabinete se encuentra en el centro de un escándalo vinculado a su patrimonio, luego de reconocer inconsistencias en su declaración jurada y admitir la existencia de supuestos “ahorros” no declarados previamente. Este episodio aceleró los cuestionamientos y reactivó iniciativas opositoras que incluyen pedidos de interpelación y la posibilidad de avanzar con una moción de censura, una herramienta nunca aplicada desde la reforma constitucional de 1994.

La estrategia del oficialismo apunta a desactivar esa ofensiva. Con la confirmación de la fecha, Bullrich busca ofrecer una instancia institucional para que Adorni dé explicaciones, en un intento por evitar que la embestida opositora escale hacia un escenario de mayor confrontación. En los bloques aliados, si bien abundan las críticas y algunos dirigentes llegaron a reclamar la renuncia del funcionario, predomina la idea de aguardar su exposición antes de adoptar una posición definitiva.

La presión no solo proviene del peronismo y los sectores más duros de la oposición. También desde espacios cercanos al Gobierno se encendieron alertas por el impacto del caso en la agenda parlamentaria. Referentes de Pro y de la UCR advirtieron que la continuidad de Adorni podría trabar proyectos clave si no logra despejar las dudas sobre su situación patrimonial.

En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada de la Casa Rosada, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para abordar la demora del jefe de Gabinete en cumplir con su obligación constitucional de asistir mensualmente al Congreso, alternando entre ambas cámaras. Desde su entorno remarcan que Adorni no se presenta desde el 29 de abril, cuando estuvo en Diputados, y que aún no debutó en el Senado.

El anuncio previo del funcionario, en el que se limitó a señalar que concurriría en julio sin precisar fecha, había generado malestar entre los legisladores. La confirmación del 2 de julio llega como respuesta a ese clima de irritación y a la necesidad del oficialismo de ordenar a sus filas.

De cara a esa sesión, se abrirá en los próximos días el mecanismo formal para que los senadores envíen sus preguntas, que deberán ser respondidas con antelación. Se anticipa un debate exigente: en su última presentación ante Diputados, Adorni debió contestar cerca de 4800 consultas, un volumen inédito que reflejó el nivel de escrutinio político sobre su gestión.

El oficialismo apuesta a que la exposición permita encauzar la crisis y ganar tiempo mientras avanza la investigación judicial en su contra. En cambio, la oposición evalúa que el informe será una oportunidad clave para medir el grado de respaldo político del funcionario y definir si avanza con una eventual censura.

El oficialismo en la Cámara de Senadores pondrá en marcha el debate por la Ley Hojarasca que viene con media sanción de Diputados la cual busca derogar 60 normas de distinta índole y fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El tratamiento será en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, y Legislación General, a cargo de Nadia Márquez, que fijaron reunión para el próximo miércoles 17 de junio a las 15 horas. A priori, no trascendió si asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo para explicar la norma.

La norma que arribó al Senado

Originalmente, el paquete comprendía 63 marcos normativos a derogar, pero finalmente fueron 59. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos. Una de las que se quitó de la lista es la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales.

Por otra parte, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector. Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".

También, producto del debate en comisiones, se eliminó la modificación que se buscaba sobre la Ley 20.984, del Círculo de Legisladores de la Nación. El objetivo del PEN era eliminar el financiamiento estatal, pero no prosperó.

En cuanto a la Federación Argentina de Municipios, Ley 24.087, el texto original planteaba lo mismo. Pero se reformó y lo que habrá es una aclaración de que "la Federación no podrá recibir recursos exclusivamente del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica".

Entre las leyes que forman parte del listado y resonaron por su absurda vigencia aparecen una referida a prohibición de azotes a una persona (N° 94); la "Ley del Lobizón" (N° 20.843), de padrinazgo presidencial; la que autoriza las emisiones de televisión en color (N° 21.895); la que crea el carnet de mochilero (20.802); y la referida a carrera de palomas (27.171).

Durante el debate, la oposición planteó -entre otras- su preocupación por la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.

Con Manuel Adorni nuevamente en boca de todos, el interbloque Popular del Senado presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabiente y, posteriormente, avanzar en la moción de censura -remoción del cargo-. El texto lleva las firmas de los referentes peronistas en la Cámara alta y del bloque Justicia Social Federal.

El texto ingresó este viernes a Mesa de Entradas y propone que el ministro coordinador sea llevado al recinto apenas se trate el texto. Además de José Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, firmaron la iniciativa Jorge Capitanich, Eduardo de Pedro, Celeste Giménez Navarro, Ana Marks, Mariano Recalde, Fernando Salino y Martín Soria.

La principal explicación que brindaron los senadores peronistas en la parte resolutiva del proyecto es en virtud de la "gravedad institucional" que revisten las inconsistencias patrimoniales e irregularidades enlas presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

Al igual que la oposición en la Cámara de Diputados, los firmantes del texto proponen avanzar en la moción de censura de Manuel Adorni en el cargo de Jefe de Gabiente de Ministros. Cabe recordar que los proyectos de resolución tienen un tratamiento unicameral.

Una vez que el bloque que preside el formoseño hizo pública la presentación del proyecto de resolución, le enviaron un mensaje a los bloques aliados a través de X: "Esperamos e instamos a que todas las bancadas que se dicen identificadas con la democracia, la institucionalidad, el republicanismo y la lucha contra la corrupción acompañen nuestro pedido".

QUEREMOS TRATAR LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL JEFE DE GABINETE

Senadoras y senadores nacionales del interbloque Popular solicitamos hoy la convocatoria a una sesión urgente de la Cámara Alta a los fines de interpelar y tratar una moción de censura contra el jefe de Gabinete… pic.twitter.com/bfMeDhfGTJ

— Bloque Justicialista Senado (@BJusticialistaS) June 12, 2026

Una nueva polémica sobre Adorni

El miércoles por la noche, Manuel Adorni brindó una entrevista televisiva, luego de haber presentado formalmente su declaración jurada ante el organismo fiscal. Alegó que sus bienes personales se incrementaron después de haber revisado un pendrive en el cual "había guardado criptomonedas no declaradas". Cabe recordar que el fiscal Gerardo Pollicita lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin tapujos, el ministro y vocero libertario rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 para blanquear entre 300.000 y 500.000 dólares fruto de esas presuntas inversiones en Bitcoin. No obstante, la oposición alertó que, según los números que Adorni había expresado, los montos deberían rondar en los 800.000 dólares.

A diferencia de todo lo expresado en la sesión informativa del 29 de abril pasado, donde, a recinto lleno, reiteró en más de una oportunidad no haber cometido infracciones éticas, esta vez explicó que el crecimiento de su patrimonio se debe a la inversión de 200.000 dólares en conjunto con su esposa. Además, deslizó que se trató de "ahorros en negro".

A la oposición, los bloques aliados y a algunos integrantes del oficialismo, no cayó nada bien la versión explicitada por Manuel Adorni, quien además de todo lo ocurrido, agregó que al asumir la función pública cometió un error de "copy-paste" (copiar y pegar) de su presentación patrimonial anterior y arrastró la omisión fiscal. 

Pero la gota que rebalsó el vaso fue la incorporación de Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el Régimen de Inocencia Fiscal (blanqueo de capitales) impulsado por el Gobierno en junio del año pasado y sancionado el 26 de diciembre psado. 

Se armó la “hecatombe” en el Senado tras la exigencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que se presente ante la Cámara de Senadores a brindar su informe de gestión en el mes de junio y no en julio tal como anunció este jueves el propio ministro.

La titular de la Cámara alta presionó al funcionario a “ponerse a disposición de las cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Así, recordó que “esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo, el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”. La última visita de un jefe de Gabinete a dicha Cámara fue en junio del año pasado, mientras que en el mes de abril del corriente año el propio Adorni se hizo presente en Diputados.

El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Villarruel le solicitó que “en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional”, procedió a transcribir lo establecido dicho articulado: “El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71”.

En el trascurso de este jueves, emitió una dura crítica contra el jefe de Gabinete por haber declarado que obtuvo ganancias de 300 mil dólares tras inversiones en Bitcoin cuyas sumas no estaban en declaraciones anteriores. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó la titular de la Cámara de Senadores en redes sociales.

Así las cosas, la titular del Senado se adelantó a la jugada y convocó a Labor Parlamentaria a los titulares de bancadas oficialistas y opositoras el próximo miércoles 17 de junio a las 18 horas en el Salón Gris, a fin de definir una fecha para la Sesión Informativa Especial a efectos de recibir al jefe de Gabinete y acordar el tratamiento de otros temas.

La exigencia de Villarruel vino a reforzar el pedido que ya habían realizado desde la bancada que conduce el formoseño José Mayans - cuya solicitud cumplió un mes y quedó trunca- y del bloque Pro, a cargo de Martín Göerling Lara.

Minutos antes del anuncio de Adorni, Goerling Lara le presentó una nota a la vicepresidenta para que se convoque al funcionario al mes de junio al argumentar: “Hace casi UN AÑO que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Los funcionarios están obligados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad”.

Hace casi UN AÑO que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete.

El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución.

Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los… pic.twitter.com/oQU0LEXzLS

— Martín Goerling (@MARTINGOERLING) June 11, 2026

En medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras presentar su declaración jurada y hacer un nuevo descargo por televisión, confirmó este jueves a través de las redes sociales que brindará su informe de gestión ante el Senado de la Nación. Horas antes, el bloque peronista y el Pro habían realizado sendos pedidos para que concurra a exponer de inmediato.

El anuncio llegó tras una reunión que el funcionario encabezó en la tarde de este jueves con la Mesa Política del Gobierno, de la cual horas después se difundió una foto. Si bien no dio una fecha exacta, Adorni dijo que concurrirá al recinto de la Cámara alta en el mes de julio, poco más de un año de la última vez que se hizo presente allí un jefe de Gabinete para el informe de gestión. De antemano se sabe que el clima del recinto en esa sesión será áspero y a punto de ebullición.

Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

La finalidad del encuentro era repasar los pasos a seguir de la gestión ejecutiva y la agenda parlamentaria. Sin embargo, tenía como trasfondo mostrar que Adorni aún cuenta con el respaldo del Gobierno sobre su cargo político en medio de los cuestionamientos públicos e internos por sus causas judiciales.

Pese a ello, la jornada en Casa Rosada fue más tensa de lo esperado, ya que en la antesala las declaraciones de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, empantanaron la escena. La senadora cuestionó al ministro por haber incurrido en una “omisión ética” de US$500 mil en sus declaraciones juradas anteriores. Ambos dirigentes vienen de meses de tensión, la cual se agudizó en el último mes luego de que Bullrich apurara al funcionario a que presentara su situación patrimonial.

La situación y credibilidad del jefe de Gabinete se hundió aún más tras la entrevista que brindó en La Nación+, donde afirmó que ahorró “en negro” durante 25 años, que ganó más de USD 300.000 en criptomonedas y que omitió cuestiones patrimoniales en sucesivas declaraciones juradas.

En ese contexto, la mesa política se reunió entre las 13.30 y las 15.50 en la Casa Rosada. Como es habitual, además del vocero presidencial y la senadora porteña, trascendió que se hicieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión, Eduardo “Lule” Menem. El ministro de Economía, Luis Caputo, se asuntó por razones de viaje. Si bien originalmente no se habían difundido fotos, por la noche la propia Karina Milei posteó una imagen del encuentro, mostrando que tuvieron la  oportunidad de festejarle el cumpleaños a la jefa del bloque oficialista del Senado.

En la imagen, a la senadora la abraza la propia secretaria general de la Presidencia, muy sonriente y con blusa blanca. También aparece, en un extremo, un sonriente Manuel Adorni.

En el Ejecutivo buscan pasar de página rápido y enfocarse en los debates importantes en el Congreso, con medidas que serán clave para el resto del mandato del presidente Javier Milei.

No obstante, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a calentar la interna en el Gobierno y apuró al jefe de Gabinete de Ministros a adelantar su presentación para este mes: “Debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo, el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”.

Este miércoles se cumplió un año desde que el máximo tribunal de justicia dejó firme la condena a Cristina Kirchner y los integrantes de Unión por la Patria -Justicialista en el Senado- anunciaron el envío de un documento a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura en donde expresaron rechazo, preocupación y repudio a la condena de seis años e inhabilitación de candidaturas a cargos públicos que rige sobre la expresidenta de la Nación.

El anuncio fue moderado por José Mayans y de Germán Martínez, ambos presidentes de bloque en cada cámara, quienes encabezaron la conferencia de prensa realizada en el Salón de las Provincias de la Cámara alta. Participaron más de 75 legisladores de las dos cámaras y de todos los espacios que integran el peronismo: La Cámpora, el Frente Renovador, el MDF, el Frente Patria Grande, Principios y Valores y los representantes sindicales.

El primero en tomar la palabra fue el diputado santafesino, quien habló de la relación del fallo de la Corte y la democracia. En primera instancia, señaló que “no hay plena democracia con jueces parciales, cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes y cuando se impide participar de la vida institucional y política a una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner”.

Antes de presentar el documento, el formoseño apuntó contra Javier Milei por su frase en televisión acerca de "ser el presidente que se animó a meter presa a Cristina". También fue mencionado Mauricio Macri, quien, consultado por lo dicho en La Libertad Avanza por su posible candidatura en 2027, respondió: "Preguntenlen a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo".

El documento

Parlamentario.com accedió al documento que las bancadas van a enviar a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura esta semana. En primer lugar, reiteran su rechazo, preocupación y repudio frente a la actuación de integrantes del Poder Judicial, a quienes le atribuyeron la calificación de "situación incompatible con los principios más fundamentales del sistema democrático argentino". Mencionan, además, que Cristina Kirchner es "víctima de una persecución política".

También remarcan que el fallo contra la expresidenta de la Nación sucedió a los pocos días de haber anunciado su candidatura a legisladora bonaerense. "Se trata ni más ni menos que de la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible", deslizan.

"Esta coincidencia temporal y el tratamiento exprés de un expediente de esas características, en coincidencia con la presión mediática sobre el dictado de la condena, son pruebas directas de la falta de imparcialidad de los magistrados intervinientes y consolidan la percepción de que la decisión judicial tuvo consecuencias de manera directa en la vida democrática del país", señalan los integrantes de Fuerza Patria.

Luego, consideran que "la democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento polític". Y añaden que "cuando una decisión judicial priva de libertad, inhabilita de por vida y restringe la vida política de una dirigente política, la afectación alcanza al derecho del pueblo a elegir, a la competencia electoral y a la soberanía popular".

En el final, vuleven a denunciar que la detención de Cristina Kirchner constituye "lisa y llanamente una forma de proscripción política que hiere la legitimidad democrática".

Al cabo de una intensa reunión de senadores del oficialismo y los bloques dialoguistas, se acordó este miércoles sesionar el jueves 18 de junio para tratar una serie de temas entre los que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada será el principal.

Fue precisamente el tema que más discusión generó durante la reunión de la que tomaron parte los senadores Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Göerling Lara (Pro), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Arce (Frente de la Concordia) y Flavia Royón (Primero los Salteños), y sobre el que continuarán discutiendo a lo largo de los próximos días en busca de posibles modificaciones.

Ya para este martes al mediodía se daba por caída la sesión que habían imaginado podría concretarse este mismo miércoles. La falta de acuerdo en torno al proyecto que impulsan desde el Ministerio de Desregulación, que ya fue postergado la semana pasada en plena sesión -por falta de votos- fue el factor central. Como compensación, ya antes de la reunión prevista para las 18 se hablaba como compensación de la idea de hacer una reunión la semana venidera con los temas que fueran dictaminados esta semana.

Volviendo al tema de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo mantiene su tesitura respecto de no ceder en el tema de liberar la compra de tierras por parte de extranjeros, eje de la discordia.

La discusión gira en torno a la posibilidad de liberar la compra de tierras por parte de un estado extranjero, o una empresa con capitales estatales. Los bloques dialoguistas insisten en poner un límite, a lo que el oficialismo mantiene su tesitura inicial de dejar todo liberado.

Una posibilidad de acuerdo gira en torno a poner un límite del 15%, y que el acuerdo final pase por las gobernaciones. Una propuesta es que se sume un artículo para que las provincias definan con una ley provincial lo que vayan a hacer en cada caso. En casos de que se trate de tierras en zonas de frontera, debería apelarse a una autorización del Congreso nacional.

Además de ese tema, se incluirían en el temario los siete pliegos que se firmaron este martes, correspondientes al fuero laboral. Todos tuvieron las firmas necesarias, incluido el de Víctor Pesino, cuestionado desde el peronismo por haber revocado la cautelar de la CGT contra la reforma laboral y haber suscripto la intervención en la Unión Obrera Metalúrgica.

El tercer tema sería el proyecto sobre formas especiales de criminalidad ambiental. Se trata de un proyecto de Edith Terenzi conocido como contra el “ecocidio”, el cual tuvo dictamen este mismo martes.

También se incluirán dos acuerdos internacionales dictaminados también este miércoles: un tratado de extradición con Chile, y otro de cooperación jurídica internacional respecto a solicitudes electrónicas. Ambos tienen media sanción de Diputados.

Sumarían también proyectos de resolución firmados en la Comisión de Educación y Cultura, a propuesta de la tucumana Beatriz Ávila.

Por otra parte se supo que convocaron a nuevas audiencias públicas para sumar más pliegos judiciales para los días 30 de junio y 1 de julio, y esos acuerdos serían tratados en la última sesión antes del receso de invierno, el jueves 15 de julio, en pleno Mundial de Fútbol.

 

La Comisión de Educación y Cultura del Senado avanzó este martes con el tratamiento de una serie de proyectos de ley, declaración y comunicación, durante una reunión realizada a las 17 en el Salón Arturo Illia y presidida por la senadora Sonia Rojas Decut (Encuentro Misionero).

Entre los ejes centrales del encuentro se destacó el debate sobre la incorporación de la educación vial como contenido obligatorio dentro de la currícula escolar. La iniciativa propone modificar el artículo 92 de la Ley de Educación Nacional (26.206) para garantizar su enseñanza en todos los niveles educativos. El tema fue impulsado por proyectos del exsenador Sergio Leavy y de los senadores Sergio Uñac y Anabel Fernández Sagasti (Frente Justicialista), quienes además contemplan su implementación tanto en establecimientos públicos como privados.

Al tomar la palabra, Fernández Sagasti subrayó la relevancia de la propuesta al recordar que se trata de la tercera vez que el Senado la aborda. “Es un tema que siempre está en agenda, es una de las causas de muerte más importantes”, afirmó, y remarcó la necesidad de incorporar la educación vial desde edades tempranas “para generar conciencia y prevenir”.

Desde la oposición, la senadora Nadia Márquez (La Libertad Avanza) expresó su acompañamiento a la prevención vial, aunque planteó reparos sobre la sobrecarga de contenidos en el sistema educativo. En ese sentido, señaló que ya existe normativa específica vigente a nivel nacional.

Otro de los puntos destacados del orden del día fue el tratamiento de un proyecto orientado a la prevención y abordaje del bullying. La iniciativa, impulsada por los senadores Eduardo “Wado” De Pedro (Frente Justicialista) y Victoria Huala (Pro), establece la realización anual de la jornada “Argentina Contra el Bullying: por una escuela libre de acoso y discriminación” en todos los establecimientos educativos del país. La propuesta, que había perdido estado parlamentario por la renovación del cuerpo, volvió a ser puesta a la firma.

La comisión también avanzó con distintos proyectos para declarar como Fiesta Nacional a celebraciones regionales. Entre ellos, se encuentran el “Festival del Membrillo” en Las Juntas (Catamarca), impulsado por el senador Flavio Fama (UCR); la Fiesta Nacional del Mate y la Amistad en Gobernador Virasoro (Corrientes), promovida por la senadora Mercedes Valenzuela (UCR); y la “Fiesta del Ternero, la Yerra y el Pial” en General Acha (La Pampa), presentada por los senadores Daniel Bensusán (PJ), María Huala (Pro) y Daniel Kroneberger (UCR).

Sobre el cierre de la reunión, se trataron iniciativas que proponen declarar a la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. Los proyectos corresponden a las senadoras Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal), entre otros firmantes.

Además, la comisión dejó en condiciones de tratamiento un total de 28 proyectos adicionales de declaración y comunicación, que también fueron pasados a la firma.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta inició el debate por el nuevo Estatuto del Periodista Profesional. En presencia de los gremios de prensa y legisladores de diferentes bancadas, se presentó y formalizó el envío de un proyecto de ley a Mesa de Entradas del Senado.

Esta primera reunión informativa contó con la presencia de delegados de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cordoba (CISPREN), la Asociación de Periodistas de Corrientes, la Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

La reunión estuvo moderada por la senadora jujeña Carolina Moisés, titular de esta comisión, quien puso el foco en la incorporación de regular a la Inteligencia Artificial, a la que llamó como el “caballo de troya que pretende reemplazar al trabajo humano”. Del mismo modo, expresó su deseo de que este debate tenga el visto bueno en el recinto aproximadamente en dos meses para que siga su curso legislativo en la Cámara de Diputados.

Siendo una jornada con múltiples reuniones en el Senado, los representantes del bloque Justicialista arribaron con el encuentro comenzado. De todos modos, José Mayans, acompañado por Anabel Fernández Sagasti, anunció el compromiso de su bloque en virtud de esta iniciativa. “La evolución tecnológica es una competencia muy dura y el periodismo incomoda al poder, te guste o no te guste…”, deslizó.

Estuvieron presentes en el Salón Arturo Illiia, Vilma Bedia, Pablo Cervi, Enzo Fullone y Juan Caruz Godoy, vocales de La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, por el radicalismo; Fernando Salino de Justicia Social Federal; Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, de Convicción Federal; Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; Beatriz Ávila, de Independencia; y Jorge Capitanich, de Justicialista.

Finalmente, el proyecto será enviado este viernes a Mesa de Entradas del Senado. Según adelantaron fuentes de la Cámara alta, los giros se conocerán este jueves. Es muy factible que sean a esta comisión y a Legislación del Trabajo, que preside la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

Los puntos de la inciativa

Minutos antes del inicio de la reunión informativa, parlamentario.com accedió al proyecto de ley confeccionado por los gremios y presentado por los senadores nacionales presentes. El texto tiene como principal punto distintito al artículo 23, orientado a la regulación de la Inteligencia Artificial en la actividad periodística.

Como primera propuesta, establece el uso de la IA como herramienta complementaria del trabajo periodístico, pero prohíbe la sustitución o reemplazo de manera total de la producción informativa. Del mismo modo obliga a quienes utilicen esta tecnología a referenciar la autoría y a supervisar los resultados obtenidos.

Asimismo, exige que los empleadores garanticen capacitaciones en uso de IA y de tecnologías generativas automatizadas.

La otra novedad del proyecto de ley está relacionada a la incorporación de los derechos del teletrabajo. La nueva propuesta legislativa da lugar a que las partes acuerden voluntariamente los tiempos de conexión hogareña. Así y todo, advierte que empleador y empleados deben pactar el derecho a la desconexión y compensación de gastos.

El Capítulo IV, el último de la propuesta de los gremios de prensa, define las áreas profesionales de generación y redacción de contenido; generación de imagen; intervención técnica, visual y sonora; presentación y emisión; técnica de intendencia y control, y administración de pauta publicitaria; y labores administrativas en medios de comunicación y empresas de medios.

La palabra de los invitados

La periodista y abogada Gabriela Pepe fue la primera en tomar la palabra, quien reiteró que “estamos atravesando un momento muy complejo en el periodismo con respecto al Gobierno nacional”. Luego, señaló que “nosotros nos dedicamos a contar el poder y nuestro trabajo está protegido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y el derecho a la información de la sociedad”.

Del mismo modo, aseveró: “Según el informe de Reporteros sin Fronteras, Argentina cayó 38 lugares entre más de 180 y ahora está en el puesto 98 sobre libertad de expresión”. Agregó que el informe de FOPEA detalló que “hubo un 137% más de ataques a las libertad de expresión y 278 alertas de agresiones físicas, verbales y digitales”.

Luego de relatar un experiencia personal vinculada al presidente Javier Milei, la periodista cargó: “Los escraches tienen como objetivo callar las críticas”. Por último, mencionó el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada durante los últimos días de abril, a lo que sintetizó como “grave”, “nuevo” y “preocupante”.

También, Mariano Obarrio habló de la regulación de la IA: “Está plagiando y usurpando contenidos de los medios periodísticos, lo que afecta tanto a las empresas del sector como a los propios periodistas”. Asimismo, observó negativamente el cierre de la agencia oficial de noticias Télam y señaló que el Gobierno Nacional busca centralizar el manejo informativo.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita (LLA) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), respectivamente, dieron dictamen favorable este martes a un proyecto sobre formas especiales de criminalidad ambiental.

La iniciativa tipifica y aborda distintas conductas delictivas que afectan al ambiente, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para su prevención, investigación y sanción.

Asimismo, la propuesta apunta a dotar al sistema judicial de mecanismos adecuados para enfrentar fenómenos delictivos que generan un grave impacto sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la calidad de vida de la población.

Terenzi, impulsora del proyecto, destacó: "Hemos logrado enriquecer este dictamen con las sugerencias de varios senadores y entre las definiciones que incluimos en el artículo 77 del Código Penal están las de 'daño ambiental irreversible', 'daño ambiental especialmente grave', definimos también el término 'ambiente' de manera taxativa y la 'extensión espacial del daño ambiental', que son características que necesitábamos quedaran claramente definidas".

En una brevísima reunión, la presidenta de la Comisión de Ambiente recordó que "hemos venido trabajando hace mucho tiempo con esta ley que la llamamos de 'ecocidio'". Sobre las penas que se prevén para quien cometan delitos contra el ambiente, se agravan en caso que "hubiere participación de algún funcionario público o personas jurídicas", apuntó y señaló que las multas son "muy altas, muy gravosas, en términos de salario mínimo, vital y móvil". También se contempla para personas jurídicas "la suspensión de actividades, en concursos estatales y beneficios estatales".

Era obvio que el bloque conducido por José Mayans apuntaría sus cañones hacia el juez Víctor Arturo Pesino, quien fue uno de los magistrados que se manifestó a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral. Pero no solo por eso, ya que es miembro de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dispuso la intervención judicial de la UOM, a través de un fallo firmado por este juez y su colega María Dora González.

El senador Mariano Recalde encabezó la embestida. A la hora de las preguntas, arrancó interrogando a Pesino sobre el promedio de atrasos con las causas en su juzgado. El juez aclaró que tenía expedientes del año 2024, y dijo ser consciente de la aprobación de la ley convenio con la Ciudad que establece un plazo máximo de 60 días para el dictado de sentencias.

“Creo que ni yo, ni mis colegas, podemos estar en condiciones de resolver el tema si no se completan todas las vacantes que hay en la Cámara -aclaró-. Recibimos 600 expedientes y resolvemos todos los meses entre 500 y 600; diferente sería el caso si estuvieran cubiertas las 30 vacantes que hay”.

Luego consideró “materialmente imposible” cumplir con lo que establece la ley y dijo que no lo atemoriza ser denunciado en ese sentido, porque en ese caso el tribunal se quedaría sin jueces, “porque el volumen de trabajo es tan grande que no se puede asumir. Uno se puede comprometer a sacar la mayor cantidad de sentencias posibles, y aun así no se puede respetar el plazo de 60 días. Se hace lo que humanamente se puede”.

A continuación, Recalde avanzó con el tema del decisión sobre la reforma laboral. Se refería al fallo que tuvo su Cámara respecto de la CGT contra el Estado nacional, donde se solicitó por la vía cautelar suspender buena parte de los artículos de la reforma laboral. ¿Es común resolver solo sobre los efectos?, le preguntó. “Nos referimos a los efectos suspendidos en un recurso de queja. Nos pareció procedente”, respondió Pesino, precisando que “tuvimos en cuenta varias situaciones especialmente que la ley no había sido declarada inconstitucional por el juez de primera instancia, y que ninguna norma legal puede ser suspendida por los jueces en su vigencia”.

“Se nos acusó de sostener que los trabajadores no eran personas vulnerables; el artículo 3 de las 100 Reglas de Brasilia (sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad) hace una alusión a quiénes son los personas vulnerables: discapacitados, mayores de edad, personas sin ingresos, niños, embarazadas… y no menciona a los trabajadores. No son personas vulnerables”, expresó el magistrado.

En cuanto a que se encuentren afectadas las condiciones de vida digna que establece la CIDH, señaló que “en cuanto a ese tema, esta convención tampoco se refiere a los trabajadores”. Agregó que se les criticó que no hubieran considerado los derechos alimentarios de los trabajadores, pero dijo que “en esa causa no estaba mencionado ningún crédito alimentario”.

“Ante esas circunstancias y teniendo en consideración que la Corte Suprema dispuso en 2015 con el fallo Thomas sobre la suspensión de la Ley de Medios, que ningún juez de la Nación podía impedir la entrada en vigencia de una ley y tampoco puede dictar una ley suspendiendo sus efectos”, indicó.

Además, continuó, “no había un caso, sino un planteo genérico contra el Estado nacional”. Y concluyó aclarando que “de todos modos creo que esta discusión ya está zanjada, porque la Justicia Contencioso Administrativa Federal revocó esa cautelar y la CGT ha apelado, y tengo entendido que no llegó siquiera a la Cámara Federal”.

El senador Recalde apuntó que al día siguiente de su fallo, el Poder Ejecutivo había mandado al Senado su pliego. “¿A qué atribuye que haya elegido esa oportunidad”, preguntó el legislador, a lo que el magistrado aclaró que había solicitado la prórroga en agosto de 2025; en noviembre lo citó el entonces viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, para hacer una primera entrevista. Lo volvió a citar el 3 de marzo, y en esa oportunidad, como había tenido que ir de urgencia a la Casa de Gobierno, lo atendió su asesor. “Me dijo que estaban conformes de pedir mi nuevo nombramiento –señaló-. El nuevo ministro me informó el 7 de abril que iba a dar comienzo al trámite de mi nuevo nombramiento. El 13 recibí un correo electrónico en el que me informan del ministerio que el 24 se iba a publicar el nuevo edicto. Fue simplemente coincidencia de fechas”.

Luego aclaró que su sala no había sido sorteada originalmente para tratar el caso, y remarcó que “no han ingún negociado ni cosa rara en el medio”, y que el decreto por el que se mandaba su pliego incluía el del juez sanjuanino Leopoldo Rago Gallo.

Ante la pregunta de si se había reunido con el ministro Juan Bautista Mahiques, contestó de manera afirmativa: “Quiso conocerme, quiso saber qué opinaba del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad.

La intervención en la UOM

La intervención judicial de la UOM fue dispuesta por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante un fallo firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, por lo que previsiblemente desde el peronismo le facturaron esa decisión al magistrado. En esa resolución, dictada el 22 de mayo de 2026, el tribunal declaró nulas las elecciones internas del gremio, desplazó a la conducción encabezada por Abel Furlán y ordenó la intervención por 180 días, con designación de un interventor judicial.

Sobre el tema lo interrogó el senador Recalde, y su par Eduardo Wado de Pedro insistió más tarde, enrostrándole a Pesino lo que representa un gremio como la UOM en la Argentina, que “discute y participa sobre un modelo de país. Siempre participa de los diálogos y consensos para el desarrollo de una Argentina industrial”.

Le recordó además que la primera intervención a la UOM fue dispuesta luego del golpe del 55; la segunda fue “luego del nefasto golpe del 76, y la tercera en el nefasto gobierno de Javier Milei por un juez que se atribuye competencias políticas”.

Precisamente Pesino había aclarado que no tenía ninguna vinculación con la política, y De Pedro le adjudicó haber designado en la UOM a “un interventor político, un miembro de Cambiemos, la UCR, el Pro, no sé… Pero fue candidato a intendente de Lanús por la UCR; fue consejero de la Magistratura en Buenos Aires”.

“¿Cómo es que por una discusión en una delegación de la UOM, usted interviene y deja en su currículum un hecho que solamente se ha repetido en la historia argentina dos veces, y fue con dos dictaduras?”, le reprochó, para señalar luego, en línea con Mayans, que “en sectores del Poder Judicial hay olor a podrido”.

Patricia Bullrich le recordó a Wado de Pedro que siendo ella ministra había trabajado y salvado de la quiebra a la obra social de la UOM, “así que más vale estudiar un poquito más antes de opinar”, le advirtió, aclarando que “acá no hay una intervención de la UOM, sino de la seccional Campana-Zárate y tiene que ver con un proceso electoral absolutamente viciado”, que adjudicó a “una situación fraudulenta probada y está en el expediente de esta comisión”.

Y cerró: “Comparar la intervención de la UOM en dos momentos críticos y nefastos, a una intervención por un proceso fraudulento de una elección de seccional, evidentemente mostró que los trabajadores estaban buscando un horizonte distinto. Creo que acá se ha discutido bastante; lo que no se le perdona a los jueces es intervenir a favor de una lista que demostró el fraude”.

Nada convencido, Mariano Recalde insistió en que “está intervenido todo el sindicato. Una lista impugnó la elección de una seccional y a partir de la declaración de nulidad del proceso eleccionario de esa seccional, se intervino todo el gremio, que tiene más de 50 seccionales”.

La Comisión de Acuerdos del Senado desarrolló este martes una reunión centrada en siete pliegos correspondientes al fuero laboral, destacándose el pedido puntual para extender la vigencia del mandato como juez de Víctor Arturo Pesino, quien fue uno de los magistrados que se manifestó a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral.

Los cuestionamientos del peronismo tuvieron relación al hecho de que al día siguiente de su fallo fue incluido su pliego por parte del Ejecutivo para extender su mandato judicial. También le reprocharon un fallo suyo que dispuso la intervención de una seccional de la Unión Obrera Metalúrgica.

El primero de los pliegos puesto a consideración fue el del único cargo propuesto para este martes que no es de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien ya es juez y ha sido postulado por el Ejecutivo para extender su mandato por otros 5 años, al estar próximo a cumplir 75 años de edad. Está propuesto para continuar como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, provincia de San Juan.

El citado juez recibió una observación ciudadana de parte de la UEJN N° 10, regional Cuyo, y al hacer uso de la palabra recordó que por primera vez le dieron acuerdo en diciembre de 1992: “Pasaron 33 años, ahora se bifurcan los caminos y a punto de cumplir 75 años se plantean dos caminos. Intentar solicitar una prórroga, o de lo contrario retirarme de la administración de justicia”.

Reconoció tener muchas cavilaciones y seguir administrando justicia sería su decisión de orden personal.

Luego fue el turno de Víctor Arturo Pesino, también propuesto para un nuevo nombramiento en el seno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII. Su pliego fue objeto de 4 observaciones ciudadanas, una del gremio UEJN y otra por parte de la UOM.

Pesino ingresó a la Justicia del Trabajo a los 19 años, en 1971, y fue designado secretario en 1981. Reconoció como su maestro al doctor Jorge Guillermo Bermúdez, que le abrió caminos en el fuero y en lo que hace al Derecho del Trabajo. En 1989 juró como juez de Primera Instancia del Trabajo, designad por Raúl Alfonsín, y luego de 20 años concursó para llegar a la Cámara, cosa que logró en 2011, designado entonces por Cristina Kirchner.

Señaló que desde que fue designado juez de primera instancia, debe haber dictado mucho más de 5.000 sentencias y dijo haberse jactado siempre de plegarse a la Constitución, respetar los derechos humanos, resolver teniendo presente una perspectiva de género, y también cumplir con lo que juró en su momento: desempeñar el cargo de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional”.

El mes que viene cumplirá 75 años y dijo sentirse “apto” para seguir desempeñándose como magistrado.

Tercera en exponer se presentó María Claudia Jueguen, propuesta para ser designada como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X. A la hora de los agradecimientos, destacó a su familia: su marido y dos hijos que resaltó como su “sostén”, destacando que el trabajo judicial “es arduo, full time; hay que estar en el tribunal y seguir trabajando después en la casa. Ponemos el alma”.

Agradeció también a todo el plantel personal de los dos jurados que hoy administra, y recordó sus inicios en la Cámara del Trabajo en el año 1990. Fue designada secretaria del juzgado en 2006, cargo que desempeñó hasta mayo de 2018, cuando fue ungida como jueza. Sobre el final de su exposición, Jueguen habló de la necesidad de lograr decisiones rápidas, expeditas y abogó por dar resolución veloz a los expedientes, teniendo en cuenta que “estamos para brindar un servicio de justicia eficaz y con pronta solución”.

También se refirió a la IA: “Hoy se usa en la vida, es  importante, pero no hay que deshumanizar la tarea judicial. La podemos utilizar para la recolección de información, de pruebas, es una herramienta que (debe ser) bien usada, con control humano, cotejo de la trazabilidad y los datos. El juez luego debe resolver desde lo humano, aplicando la norma de acuerdo a las conductas desarrolladas en el plexo probatorio”.

“Acoso” sobre Pesino

A la hora de las preguntas, el senador Mariano Recalde se centró en Víctor Pesino, y varias de sus preguntas giraron en torno a su pronunciamiento sobre la vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que el magistrado justificó entre otras cosas en que tuvieron en cuenta que la Corte Suprema en 2015 sostuvo, en el fallo Thomas, sobre la Ley de Medios,  que “ningún juez de la Nación podía impedir la entrada en vigencia de una ley en general. Y así como tiene la posibilidad de impedir la entrada en vigencia de una ley, tampoco puede dictar una ley suspendiendo sus efectos”.

“Además, no había un caso, sino un planteo genérico de la CGT contra el Estado nacional”, sostuvo, aclarando que de todos modos esa discusión estaba “zanjada” porque “la justicia Contencioso Administrativa Federal revocó esa cautelar y la CGT ha apelado, y tengo entendido que no llegó siquiera a la Cámara Federal”.

Recalde le preguntó luego sobre sobre la “industria del juicio” y si creía que hay una connivencia entre jueces y abogados. Tras aclarar que no correspondía que opinara sobre ese tema, dijo creer que “los juicios existen porque hay conflictos y los mismos se generan a partir de normas que habilitan o habilitaban la posibilidad de reclamar indemnización u otros tipos de rubros que podrían ser objeto de reclamos de los trabajadores”. Y finalmente negó que a su juicio exista una industria del juicio: “Existiría si estuviesen todos los juicios concentrados en dos o tres estudios, cosa que no existe. Es producto de que hay conflicto entre los trabajadores y los empleadores”.

El senador Recalde insistió en hacerle preguntas a Pesino, y las denuncias sobre irregularidades con los jueces. Llegó a preguntarle incluso sobre un comentario que hizo recientemente el diputado camporista Rodolfo Tailhade en X, donde calificó a los camaristas Pesino y María Dora González como “dos mercenarios, conocidos en el fuero como Bonnie & Clyde”, lo que despertó la reacción de la senadora Nadia Márquez. Recalde reivindicó su potestad para preguntar incluso sobre lo que consideró “rumores”.

En ese marco intervino la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, para denunciar un “acoso” sobre el juez Pesino, señalando que estaban especulando sobre “rumores” en una situación que “nada tiene que ver con las preguntas objetivas. Pasa que el doctor Pesino tomó una decisión: que las leyes que este Congreso vota, se respetan”.  Aclaró que se trataba de un juez de la Nación que estaba pidiendo prórroga, que tiene una cantidad de aprobaciones a favor y en contra, y que haya tenido una posición respecto de este Congreso me parece que es algo que debemos valorar. Que no avaló, como otros jueces, de manera corporativa, la defensa de intereses judiciales por sobre lo que el Congreso había decidido”.

Atribuyó esa actitud a la decisión tomada por Pesino respecto de la discusión de constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral”, y que “actuó en relación a un sindicato con algunos grados de corrupción, que hoy está intervenido”, y anticipó que  por eso iban a apoyar su renovación. “El bloque de La Libertad Avanza le va a dar el acuerdo para 5 años más y también a los otros dos jueces que están en este momento analizando”, dijo en referencia a Rago Gallo y Jueguen.

El puntano Fernando Salino deploró a continuación “la práctica de que los senadores hablan sobre lo que preguntan otros senadores”, y luego José Mayans desarrolló un discurso muy crítico hacia el oficialismo, en el que cargó con dureza una vez más respecto de la cantidad de miembros de su bloque que habían sumado a esa comisión. Criticó fuertemente a la Corte Suprema de Justicia, habló de una justicia “corrupta” y ante la reacción de la radical Carolina Losada lanzó: “Ahí está la defensora de menores e incapaces”, lo que llevó al presidente de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, a ponerse duro y reclamar respetar la sesión.

Mayans insistió en dejar expuesta su disconformidad “por la falta de consideración que han tenido con nuestro bloque, a pesar de lo cual ha estado presente en esta audiencia”, y reaccionó también contra la neuquina Nadia Márquez, que le contestaba desde la bancada de enfrente, quejándose de que “la pastora no nos puede parar de hablar, cree que está en su culto”, al tiempo que también criticó al presidente de la comisión por el manejo que tuvo con la misma, recordando lo sucedido con el caso de la doctora Verónica Michelli.

Pagotto dijo haber tomado “debida nota de su protesta” y le prometió que en algún momento discutirían el tema. “Estoy absolutametne persuadido de que no cometí ningún acto irregular”, cerró.

Tras esa primera tanda tensa, pasaron nuevos candidatos. Marina Pisacco, propuesta para vocal de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, confesó que su vocación por el derecho empezó a los 13 años y durante la primera etapa de ejercicio de abogada defendió a trabajadores y sindicatos, pero también a empresas. A continuación, dijo que haber defendido a ambas partes es "lo que hoy me permite buscar ser imparcial, razonable y ecuánime".

La magistrada -esposa del periodista Adrián Ventura- destacó: "En estos siete años dicté 4.600 sentencias, a lo cual deben sumarse los expedientes que han sido conciliados" en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°33.

"Conozco los expedientes que sentencio a fondo. Una sentencia no es simplemente una firma ni un número de característica. Dictar una sentencia es una tarea personalísima del juez, que nunca podría ser reemplazada por ninguna inteligencia artificial", aseguró.

A su turno, Diego Javier Tula, propuesto como vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, contó que este año está "cumpliendo 32 años de ejercicio ininterrumpido en la función judicial" y ejerce la magistratura desde 2012.

Al referirse al concepto de "juez del sigo XXI", mencionó que hay "habilidades que exorbitan lo jurídico, pero son necesarias para integrar equipos de trabajo. Me refiero a la calidad de juez comunicador, formador, que utiliza un lenguaje claro. Estas habilidades son las que, con mucho orgullo, puedo decir que hemos formado con mis colegas".

En medio de la tanda de preguntas, Recalde afirmó estar al tanto de los exámenes que habían rendido ante el Consejo y señaló sobre ambos: "Son personas absolutamente idóneas y pueden contribuir a que el servicio de justicia funcione mejor, que el fuero del trabajo pueda llevar adelante los desafíos que tiene pendientes, sobre todo con los retrasos que muchas veces hay".

Finalmente, Diego Fernando Manauta, postulado como vocal para la Sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, expuso que cuenta con "35 años de trabajo en el derecho del trabajo, sea en la justicia o en la actividad privada, asesorando a sindicatos y trabajadores, a empresas y cámaras empresarias". Y manifestó que tiene la intención de "oxigenar la justicia del trabajo y darle la experiencia del abogado litigante, independiente".

Claudio Loguarro, candidato a vocal de la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, expresó: "Hace 40 años que integro el fuero del trabajo, donde me ha tocado trabajar con grandes maestros de nuestra disciplina". Desde 2017 se convirtió en juez laboral. "Creo firmemente que los jueces nos legitimamos a través de explicarle a la sociedad las razones en las que fundamos nuestras decisiones", aseveró y remarcó que "lo jueces no somos librepensadores, tenemos que ser custodios de la ley y la Constitución".

Después de haber surfeado la polémica por el pliego de Verónica Michelli, la presidenta del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, publicó un video en X con la icónica canción “Yo soy así”, el cual generó un sinfín de especulaciones en redes sociales. En las diferentes secuencias audiovisuales, se la observa con sus pares de bancada, discutiendo con la oposición y conversando con la prensa acreditada.

El video fue realizado por el equipo de comunicación de la exministra, quienes suelen acompañarla en todo momento y registran imágenes en cada traslado de la senadora por los pasillos y el recinto en el Senado. El video también tiene imágenes generadas con Inteligencia Artificial, donde la muestran por entrar a un laberinto que tiene como destinos la Jefatura de Gobierno, Presidencia y Vicepresidencia de la Nación.

"Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas", así tituló el video posteado la cuenta oficial de Patricia Bullrich, donde lejos de tener una lírica hermética dejó abierta a todo tipo de especulaciones en relación a los destinatarios de este montaje. Los primeros segundos de la pieza audiovisual la muestran sentada en su banca dando indicaciones a los legisladores de La Libertad Avanza.

Se fijan si voy, si vengo o si fui
Se dicen muchas cosas 🎶 pic.twitter.com/3hiRSf87jD

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026

Segundos después se la muestra en pose de conflicto en escenas donde aparecen José Mayans -presidente del interbloque Popular, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Capitanich. Según la narrativa expresada por la presidenta del bloque libertario estos cuatro legisladores son la representación de la oposición en la Cámara alta.

El video continúa con un plano de ella conversando con el canciller Pablo Quirno en las gradas del recinto, pero antes aparece un laberinto -generado con Inteligencia Artificial- que muestra tres destinos posibles: la Jefatura de Gobierno de la Ciudad; la Presidencia de la Nación; y la vicepresidencia de la Nación. En ese caso, la imagen corresponde a una escenificación que hicieron en el programa "La ves", del canal TN.

Finalmente, la última escena muestra a Patricia Bullrich dando indicaciones al bloque oficialista en pleno recinto, donde también aparecen primeros planos de Emilia Orozco, Bruno Olvera Lucero, Ezequiel Atauche y Agustín Monteverde. Y luego, el video culmina con un plano de la exministra mirando a cámara y guiñando el ojo izquierdo.

La canción utilizada fue concebida como milonga y escrita por el poeta argentino Ivo Pelay en 1943, y supo interpretarla de manera magistral la actriz y cantante Tita Merello.

A meses de aprobar la derogación dentro de la Modernización Laboral, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunirá este martes a las 15 para comenzar el debate por un nuevo Estatuto del Periodista. El encuentro se dará en el Salón Arturo Illia y contará con la presencia de varios expositores invitados.

Según constató parlamentario.com, el expediente a considerar será un presentado por la presidenta del del organismo legislativo, Carolina Moisés, con el acompañamiento sus pares de bancada, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza.

Los invitados a exponer serán Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); María Ana Mandakovick, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cordoba (CISPREN); Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; y Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Tambíen habrá representantes del Sipreba.

El Estatuto del Periodista Profesional, reglamentado en la Ley 12.908 -promulgada en 1946-, fue derogado en el Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral publicada el 6 de marzo del 2026 en el Boletín Oficial. De todas maneras, la Reforma Laboral establece que la pérdida de vigencia será a partir del 1 de enero del 2027.

La derogación fue votada en el recinto y, además de Moisés y Guillermo Andrada de Convicción Federal, se opusieron los 21 integrantes del bloque Justicialista, los 2 santiagueños del Frente Cívico, los 2 integrantes de Justicia Social Federal y los 2 santacruceños. El resto de los espacios y la tucumana Sandra Mendoza votaron a favor de la derogación.

El jefe del bloque del Pro en el Senado, Martín Goerling Lara, habló tras la aprobación en la Cámara alta del polémico pliego de jueza María Verónica Michelli, luego de que el Gobierno Nacional decidiera retirarlo y cuestionó al oficialismo porque “nunca nos dijeron la verdad de frente” y apuntó contra el Presidente: “Fue un capricho de Javier Milei haberlo levantado”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el senador misionero contó que “se dieron cuenta que iba en serio el tema” en el mismo momento en que escucharon a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich que se abstenía.

"Formalmente no hubo ninguna explicación. Nadie dijo abiertamente cuál era el motivo... no supimos nada hasta el día del recinto, cuando escuchamos la argumentación de la abstención de Patricia Bullrich y la afirmación de que su bloque no votaba. Fue así, nunca nos dijeron la verdad de frente, por más que preguntáramos, era sabido el motivo", expresó el senador en referencia a que Michelli es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconda Mon.

Posteriormente, recordó que son muchos jueces los que están en los pliegos y que el próximo martes “viene una tanda nueva” donde seguirán tomando audiencia, porque “hay un montón de vacantes a cubrir”, y criticó: “Es inexplicable que haya sucedido esto, sobre todo de la forma y el motivo”.

“Hay un montón de jueces. Si empezamos a ver el arco de cada uno de los candidatos no pasa ninguno. Y ojo... si hay otro pariente de un periodista que viene en las próximas tandas, habría que ver si van a tomar la misma actitud o no”, planteó y agregó: “Porque todos los periodistas de investigación están para interpelar al poder y para investigar, entonces no podemos dejar ese precedente por un capricho del Presidente, porque es un capricho, haber levantado ese pliego, ¿no? Entonces, habría que ver de acá para adelante con todos los que vienen, si va a tomar la misma actitud o no”.

Para finalizar, manifestó que desde que Bullrich llegó a la presidencia del bloque de LLA “se han sacado muchas cosas importantes”, y señaló a la Ley de Modernización Laboral como una de las normas más significativas de esta gestión: “Creo que ella fue a poner un poquito de orden a cómo veníamos trabajando con relación al oficialismo los dos años anteriores”.

"Patricia fue la que se plantó en este caso y dijo hasta acá acompaño. Estas cosas me parecen que no corresponden.  Y repito, si uno empieza a mirar la cantidad de parientes que tienen los jueces, porque todos tienen familia, y nos dejamos guiar porque es pariente de algún otro candidato que no le gusta al poder de turno, grave daño vamos a hacerle a las instituciones", concluyó.

Propuesto por el Poder Ejecutivo para que se le prorrogue por cinco años más su mandato en la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el juez Víctor Arturo Pesino llega este martes a la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos con una serie de observaciones en su contra.

Se trata del magistrado que firmó el fallo para revocar la cautelar presentada por la CGT y reponer así la vigencia de más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral. Más adelante, fue también quien dispuso la intervención de la UOM.

Próximo a cumplir los 75 años de edad, Pesino requiere del aval del Senado para continuar como juez.

Sin embargo, la mencionada central obrera, el sindicato de metalúrgicos, el gremio que conduce Julio Piumato (UEJN) y el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart son algunos de los que presentaron impugnaciones contra su pliego.

Según consta en una de esas observaciones, la Sala VIII que integra Pesino "tiene un récord de 2.700 expedientes acumulados sin resolución y una demora estructural de aproximadamente dos años en el dictado de sentencias -cuatro veces el plazo legal de 60 días hábiles-", situación que el propio magistrado reconoció al responder a la impugnación y sostuvo que la enorme cantidad de expedientes son "números que resultan imposibles de manejar y resolver en los plazos legales". "Esa es la razón del atraso y no otra", agregó.

Otra de las críticas al juez fue que, recientemente, en la causa de un trabajador de 65 años - trasplantado renal, portador de sarcoma de Kaposi, internado de urgencia con tres stents mientras aguardaba sentencia- Pesino tardó 18 meses en resolver, sin solicitar en ningún momento la autorización de su superior que el Reglamento para la Justicia Nacional exige.

La sentencia que finalmente dictó fue tan confusa que generó que ambas partes pidieran aclaratorias el mismo día para saber qué había resuelto el tribunal. Es que el juez Pesino dictó una sentencia cuyos considerandos proponían declarar válido el acuerdo indemnizatorio objetado por el trabajador luego de ser despedido, pero en la sentencia del camarista la parte resolutiva confirmaba el fallo de primera instancia que lo había declarado nulo. Los fundamentos decían una cosa y el dispositivo decía lo contrario.

El Fiscal General Interino propuso declarar nulo todo lo actuado. Así, Pesino firmó la nulidad de su propio fallo. El trabajador lleva nueve años desde el despido sin sentencia firme.

Cuando el abogado patrocinante de dicho trabajador, el abogado Llopart, formuló observaciones reglamentarias ante la Comisión de Acuerdos, Pesino optó por no responder ninguna de las preguntas concretas e introdujo, en cambio, descalificaciones personales sobre el letrado observante en su presentación formal ante el Congreso de la Nación. De modo tangencial, indicó que ese abogado podría ser pasible de sanciones en futuras causas en las que intervenga.

Llopart recibió la respuesta a su observación de parte del propio Pesino quien, a través de la Comisión de Acuerdos, recordó que el tribunal que integra le hizo saber al abogado, por recusar una jueza de primera instancia, que "podría ser pasible de sufrir las sanciones que se encuentran previstas en el ordenamiento procesal vigente".

"Un magistrado que responde cuestionamientos institucionales ejerciendo presión sobre quien los formula no está defendiendo su actuación", enfatizó Llopart.

En una semana en la que no hay previstas sesiones en ninguna de las cámaras, Diputados concentrará su actividad de comisiones en el debate de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y una serie de reuniones informativas impulsadas por la oposición; mientras que el Senado tendrá un ritmo más bajo, pero comenzará con el tratamiento de nuevos pliegos judiciales.

En lo que respecta a la Cámara baja, este martes, desde las 11, habrá una reunión de la Comisión de Obras Públicas, a la que fueron invitados referentes del sector. Según la convocatoria, se buscará "establecer una agenda de trabajo que contribuya a atender las principales problemáticas". Será en la Sala 4 del Anexo.

En tanto, a las 12, en la Sala 1, se llevará a cabo un nuevo plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, en el que se espera a empresarios del sector industrial lácteo.

A las 14, en la Sala 2, la Comisión de Agricultura y Ganadería completará designación de autoridades y tratará un conjunto de proyectos de resolución y declaración. Además, recibirá invitados a fin de exponer sobre régimen de fertilizantes y mejoramiento de la fertilidad de los suelos de uso agropecuario.

En un día cargado de comisiones, a las 15, en la Sala 1, será el turno de Industria: allí está previsto que expongan representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A las 16, en la Sala 7, la Comisión de Transportes tendrá como invitados a empleados de la empresa Intercargo S.A.U., quienes expondrán sobre la situación actual de la empresa, camino a la privatización.

Finalmente, a las 17, en la Sala 6, la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales designará autoridades.

El miércoles, desde las 11, se retomará con invitados el debate del proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre "Súper RIGI" (régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias). Se trata de un plenario de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá lugar en la sala del segundo piso del Anexo "C".

Por su parte, a las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General recibirán como invitados a representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el marco del debate del "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses", más conocido como Ley de Lobby. También será en la sala del Anexo "C".

Por otra parte, a las 16, en la Sala 1, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías escuchará a representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales y organismos de los derechos humanos, quienes expondrán sobre la situación actual de las prisiones domiciliarias en la República Argentina.

Finalmente, este jueves, desde las 10, la Comisión de Turismo discutirá sobre turismo social, la prórroga del Fondo Nacional de Turismo y proyectos de resolución y declaración. Será en la Sala 4.

Senado

Esta semana, el Senado concentrará su agenda de comisión el día martes. A las 10 se llevará a cabo una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, con la presentación de siete postulantes en el Salón Azul.

A las 11, en el Salón Illia, habrá un plenario de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tratará un proyecto de ley sobre formas especiales de criminalidad ambiental.

En tanto, a las 15, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales abordarán dos tratados internacionales que cuentan con media sanción de Diputados: uno de extradición con Chile; y otro sobre transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional, el llamado "Tratado de Medellín". Será en el Salón Azul.

También a las 15, pero en el Salón Illia, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión debatirán sobre el Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas. Expondrán: Carla Gaudensi, secretaria General de FATPREN; María Ana Mandakovick, secretaria General de CISPREN (Córdoba); Diego Miner, secretario General de la Asociación de Periodistas de Corrientes; y Pablo Jiménez, secretario General de la Asociación de Prensa de Santa Fe.

Para las 16, la Comisión de Educación y Cultura se reunirá para tratar proyectos sobre educación vial, prevención y abordaje del bullying, y declaración de fiestas y capitales nacionales.

En la década del 60 había un personaje en un programa de televisión para chicos que se llamaba Hada Patricia, un hada buena que tenía que cuidar el bosque de la malvada Bruja Cachavacha (la cual formaba parte de la historieta Hijitus). Quién es el Hada ya lo sabemos. Pero ¿quién es Cachavacha? ¡Adivinen!

Para evaluar cómo actúa un dirigente es necesario revisar cuál es su matriz. No quedan dudas de que Patricia es culturalmente peronista, con todo lo que eso significa: olfato, astucia, sentido de la oportunidad, autonomía cuando conviene, hiperactividad. Por eso, muchos dicen que haberla enviado al Senado fue un grave error: la exministra debería haber quedado siempre “a tiro de decreto”, no otorgarle un rol tan estelar y sin estar obligada a disciplinarse el 100% del tiempo.

Pero, ¿acaso le agarró un ataque de autonomía por ego? En absoluto. Acá lo que cuenta es el telón de fondo: una economía de calle que no despega y la siente también el 23% que la votó en 2023, sumado al caso Adorni, y sumado a al poco apego de los Milei a las cuestiones institucionales. Es decir, no salió a disentir fuerte en las últimas semanas por ambición -y sabe Dios si por convicciones-, sino porque está oliendo sangre, como su exjefe Macri. Está en su instinto. No le pidan que se controle. El problema lo tiene el animal herido, no ella. ¡Un veterinario a la derecha por favor!

¿Cachavacha hará tronar el escarmiento? Tarde o temprano sí, pero no ahora porque sería un error. El Javo no solo necesita buenos números macro, sino también que la calle recupere esperanza. El problema se divide en dos: 1) que el derrame se sienta y cambie el humor no es algo fácil ni rápido; y 2) cuando una sociedad entra en una inercia negativa -como lleva en los últimos 6 meses- darla vuelta va a costar. Otros gobiernos pudieron, es verdad. Sin embargo, con un estilo de conducción política distinto y con otro modelo económico. Acá está todo por verse dada la atipicidad del experimento.

Los hermanos no pueden permitir que alguien “se les pare de manos”, porque los malos ejemplos cunden, sobre todo cuando hay frentes de tormenta. Claro, no todos tienen la experiencia, el capital político y las agallas de la senadora. Patricia nunca tuvo tendencia a la genuflexión. Todo lo contrario de lo que demanda la máxima conducción libertaria. Los nuevos diputados y senadores que asumieron en diciembre pasado cuentan que la orden fue “los proyectos primero se aprueban y después se leen”.

Una cosa es una puja entre las tribus internas, y otra cuando se suma al ring una advenediza. La cúpula no puede permitirse tirar más de la cuerda con la díscola dirigente, porque a) la necesitan como espada en el Senado, b) si le dan excusas para que se vaya, la convertirán en víctima, ergo en candidata presidencial alternativa, y c) la empujarán a re - unirse con actores que detestan como Macri. Demasiado riesgo para un proyecto que ha tocado piso en su aprobación. ¿Significa que estos sucesos harán cambiar el esquema de poder libertario? Difícilmente. Pero puede complejizar las tensiones preexistentes. ¿Patricia se volcará más hacia Caputo para equilibrar el poder de Karina? ¿O será la tercera en discordia? Si hubiese coincidencia entre Santiago y la hermanísima, la Pato deberá cuidarse hasta de su sombra, ya que se analizará con lupa cada detalle de su vida privada, en especial sus gastos y los de su familia. Por suerte para ella, no está sola en esta discusión: muestra las uñas porque gente con mucho dinero y poder ven con agrado que alguien mueva el avispero y que el extravagante león no se pueda sentir seguro de nada.

Cuando el campeón está contra las cuerdas, proliferan los guapos que lo quieren desafiar. Mauricio sigue precalentando y no descarta tirarse a la pileta si dentro de un tiempo ve que hay suficiente agua (hoy los números no le dan), y hasta se saca una foto afectuosa con el Hada Patricia. El ex radicalizado Kicillof se saca una instantánea con el conservador exgobernador de Corrientes Gustavo Valdés. Soñar no cuesta nada. En la era de la política exponencial, donde todo es volátil y puede cambiar a gran velocidad, no se debe descartar ningún escenario.

El libertario se jacta de que, digan lo que digan, él sigue ganando votaciones en el Congreso, con lo cual remarca nuevamente la distorsión entre realidad y percepción construida por los medios. Es verdad que su coalición ganadora parlamentaria avanza rampante, aunque la recaudación de uno de los principales impuestos coparticipables -el IVA- viene en baja por décimo mes consecutivo, lo cual le sigue complicando la vida a los gobernadores, sobre todo a los dialoguistas. Éstos siguen haciendo buena letra en las sesiones y están encerrados en una trampa: si se rebelan, dejan de ser beneficiados por los ATN para amigos, pero tampoco les sirve demasiado callarse y sacarse fotos.

En este limbo, el oficialismo pisa el acelerador. Por eso, va por más acuerdos de libre comercio -como con Nueva Zelandia de estos días- los cuales no se podrán modificar en el corto plazo, aun cuando pierdan la presidencial. De modo que quien lo suceda quedará entrampado en una maraña de comercio exterior compleja, la cual afectará a la industria argentina. Mientras el Central está cerca de alcanzar la meta de acumulación de reservas de este año, y el boom exportador le daría superávit de cuenta corriente, tiene las manos libres para hacer y deshacer a gusto y placer sin las restricciones históricas que aquejaron al país. Aunque la inversión extranjera siga siendo débil, pese a todos los anuncios, el crédito a privados continúe estancado, y sea necesaria una nueva ley de inocencia fiscal porque la existente no funcionó (tal como lo anticipamos aquí en la columna de fin de enero “Que la inocencia te valga”).

Para finalizar, esta semana se nos fueron el Indio Solari, Chunchuna Villafañe, Edgar Morin, Le Parc, Marjane Satrapi y “garrote” Sanfilippo. Noticias que nos obligan a recordar que en la vida (y la política) todo es efímero.

Concluida la polémica aprobación del primer tramo de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, se inicia este martes la segunda etapa de esta tarea que tiene al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, como bastonero oficial de una tarea que permitirá -en caso de avanzar al ritmo propuesto por el oficialismo- cubrir alrededor de 200 vacantes, de las al menos 300 que tiene hoy la justicia.

Esa primera etapa concluyó el jueves pasado, enmarcada por la polémica que rodeó la bolilla negra que en el transcurso de este debate se generó en torno a la designación de Verónica Michelli al frente del Tribunal Oral N° 3 de La Plata. Y dejó como saldo la aprobación de 67 cargos judiciales, entre los cuales -además del nombre citad- figuraron los casos de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En la sesión del 14 de mayo pasado ingresaron 65 pliegos judiciales, compuestos por aspirantes a jueces, camaristas, fiscales, defensores y conjueces, y este martes a partir de las 10 de la mañana comenzarán a desfilar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

En esta oportunidad se espera la presentación de siete postulantes, uno de los cuales es el doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien ya es juez y ha sido postulado por el Ejecutivo para extender su mandato por otros 5 años, al haber cumplido ya  75 años de edad. Está propuesto para continuar como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.° 2 de San Juan, provincia de San Juan.

Rago Gallo es el único postulante del interior que se presentará este martes, dado que el resto corresponde en todos los casos para ocupar cargos del fuero laboral en la Capital Federal. Ellos son Víctor Arturo Pesino, también propuesto para un nuevo nombramiento en el seno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII; María Claudia Jueguen, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X; Marina Edith Pisacco, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI; y Diego Javier Tula, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

También se presentarán Diego Fernando Manauta, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V; y Claudio Fabián Loguarro, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

Esta decisión de incluir en su gran mayoría a miembros de juzgados de la Ciudad de Buenos Aires despertó el reproche de los senadores dialoguistas, que reclaman atender las necesidades de cubrir vacantes del interior, cosa que se cumple a cuentagotas.

Cabe consignar que de los 65 cargos judiciales propuestos en esta segunda etapa, 39 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires; 3 a la provincia de Buenos Aires; 2 al Chaco; 6 conjueces para Córdoba; 2 puestos para Corrientes; y 2 a Tucumán.

El resto se completa con un representante para cada una de estas provincias: Catamarca, Chubut, Mendoza, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Santiago del Estero.

Entre los que se presentarán este martes está Víctor Arturo Pesino, cuya prórroga deberá autorizar el Senado, yes uno de los jueces que falló a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral.

Los nombres trabados

De la primera tanda de pliegos hay todavía tres frenados, ya que todavía no consiguieron las firmas suficientes para llegar al recinto. Se trata de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes tienen presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y reunieron 8 firmas cada uno, faltándoles una más para llegar al recinto; como así también Juan Manuel Mejuto, cuestionado por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y la agrupación K Justicia Legítima, quien solo consiguió 3 firmas.

La lista de postulantes

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

 

Luego de la derrota que sufrió el Gobierno por la aprobación del pliego de Verónica Michelli para ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, en la sesión el Senado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habló sobre el tema que generó polémica durante la semana y afirmó que el Presidente “no está obligado a firmar el nombramiento”.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rúbrica del decreto en diálogo por Radio Mitre.

Por otro lado, indicó: “El cargo de la doctora Michelli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”.

Asimismo, puso paños fríos al asunto en cuestión y pidió no hablar de “escándalo, es un pliego más que se aprobó”, luego de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich que se abstuvo a la hora de votar. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.

Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista que el oficialismo considera opositor por haber investigado el caso $LIBRA.

“En ningún momento se dijo cuál es el motivo. Es falso lo que se dice del retiro del pliego por ser familiar de un periodista… el Presidente no tiene por qué fundamentar su decisión. Nunca se hizo. Jamás hubo una explicación cuando se retiraron pliegos”, planteó y justificó: “El Presidente tiene la facultad de elegir al candidato y de retirarlo sin dar motivos. Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos. No se dan los motivos”.

A su vez, recordó que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahiques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces.

“Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió y ratificó: “Todos los presidentes retiran pliegos porque es una facultad constitucional”.

Mahiques afirmó: “Mandamos 152 pliegos aproximadamente y la idea es seguir la próxima semana mandar entre 50 y 60 pliegos, superar los 200 pliegos para que el Senado evalúe. Ayer mandamos 10 vacantes para la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires que se encarga de los Juzgados de Familia que está colapsada”, y pidió “hacer foco en todos los pliegos, no en uno solo. Eso demuestra que los tres poderes funcionan”.

En la misma línea, sostuvo que la aprobación de los 74 pliegos que era “una votación más grande que se dio en los últimos años porque es una deuda con la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía”, y sostuvo que “llegó a niveles históricos de un 37% aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”.

"Es una manera de ir saldado esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”, reveló en declaraciones radiales, y sumó: “El día de ayer fue un día importante para la ciudadanía, la justicia y la institucionalidad porque van a tener jueces, fiscales y defensores por los acuerdos que salieron ayer”.

“Quedó claro el funcionamiento de los tres poderes del Estado porque es un proceso complejo donde trabajan los tres. Así quedó habilitado el Presidente a firmar los decretos”, ratificó y aseguró que no está en carpeta del Gobierno avanzar sobre las vacantes en la Corte Suprema y en la Defensoría General de la Nación.

La Cámara alta avanzó este jueves con la creación de una sala en la Cámara Federal de Mar del Plata y la organización de salas y creación de un cargo de juez en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

El tema se votó sobre el final de la sesión, pero hubo consenso para que se considerara en una sola votación. La misma concluyó con 61 votos afirmativos, sin negativos y sin abstenciones.

El proyecto aprobado en primer lugar crea una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que se identificará con el número II y funcionará con 3 secretarías de cámara.

Crea los cargos de juez de cámara, secretarios de cámara, funcionarios y personal administrativo y de servicio que se detallan en el anexo al proyecto. Asimismo dispone que las causas que ingresen al fuero serán distribuidas de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y a las decisiones que el propio tribunal en pleno adopte.

Respecto de las salas tucumanas, se organiza en dos salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Asimismo se crea un cargo de juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y eleva, en consecuencia, su integración total a 6 miembros.

Lo aprobado imputa el gasto al presupuesto general del Poder Judicial de la Nación, y dispone que el magistrado que se designe tomará posesión del cargo una vez que se acredite la existencia del crédito presupuestario correspondiente.

También dispone que, hasta tanto tome posesión del cargo el magistrado designado, cada sala estará integrada por 2 jueces con la presidencia común de 1 juez de Cámara, quien actuará indistintamente en cualquiera de ellas cuando, por discrepancia entre sus integrantes, sea necesario alcanzar la mayoría de las voluntades para una decisión jurisdiccional.

Las salas creadas tendrán la misma competencia material, territorial y funcional que tiene actualmente la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.  Por último, dentro del plazo de 90 días a partir de la sanción de esta ley, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán deberá dictar su propio reglamento de funcionamiento y subrogancias respecto a la integración de las salas en los supuestos de licencias, vacancias, recusaciones y excusaciones de sus integrantes.

Las voces en el recinto

En defensa del texto impulsado por su autoría, el senador radical Maximiliano Abad inició: “La creación de una nueva Cámara de Apelaciones en Mar del Plata es una muy buena noticia” porque, a su parecer, “descongestiona un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la Provincia que en 1992 tenía 700 expedientes ingresados, pero para el 2025, ya había 8025”.

El bonaerense, miembro informante de este tema, explicó que ese crecimiento se debe al aumento en el número de habitantes. En ese sentido, señaló que “se multiplicaron las demandas previsionales y de salud”. Agregó que el 75% de esos expedientes están vinculados a esos temas y cerró que la creación de esta Cámara tiene como fin dar “justicia eficaz”.

Del bloque Independencia y de Tucumán, la senadora Beatriz Ávila defendió la ampliación a dos salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y explicó que allí se tratarán temas vinculados narcotráfico, tráfico de personas, la corrupción pública y el ciberdelito. Destacó que el objetivo es de “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, y concluyó que la idea es que “los procesos que mejoren la agilidad y el tiempo de respuesta de la justicia”.

Destacó que “esta reforma responde a una necesidad concreta de nuestra región y constituye un paso fundamental para modernizar el funcionamiento de la Justicia Federal”. “La posibilidad de que la Cámara funcione dividida en dos salas permitirá agilizar los procesos, reducir demoras y brindar respuestas más rápidas a los ciudadanos. Cuando la Justicia funciona mejor, quienes se benefician son los vecinos que esperan una resolución oportuna de sus causas”, afirmó.

También por la provincia de Tucumán, la senadora Sandra Mendoza remarcó que el proyecto lo viene presentando desde el 2022 y explicó: “Esta iniciativa es para la división de salas que es muy importante para nuestra provincia y las vecinas porque la Cámara Federal de Apelación de Tucumán fue creada en 1937 y ejerce también sobre las provincias de Catamarca y Santiago del Estero”.

La senadora recordó que en su modificación en 1990 pasaron de 3 a 5 miembros, pero “hoy funciona como un órgano único multifuero, es decir, tiene que intervenir en causas federales como narcotráfico, aduana, cuestiones electorales. Estos temas requieren la agilidad para una pronta resolución”.

Por último, el exgobernador y senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, destacó el texto de Ávila y Mendoza, pero aclaró que su provincia cuenta con juzgados federales y cámaras de juicios oral, pero aclaró que “nuestra provincia viene ameritando la creación de Cámara de Apelaciones, pero en Santiago del Estero”. Pidió que en el corto plazo de trate este tema.

El Senado dio media sanción este miércoles a un proyecto sobre acuerdo de pago con Fondos Buitre con 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, antes del 30 de junio.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.

Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.

En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos. Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.

Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.

Luego de que en la última sesión el proyecto volviera a comisiones y se informara sobre la renegociación del acuerdo, también se fijó el 30 de junio (originalmente era el 31 de mayo) como fecha límite para su aprobación, con lo cual el oficialismo en la Cámara baja tiene previsto darle celeridad al tema.

El debate

Como miembro informante, el senador Agustín Monteverde aclaró que el proyecto sufrió una modificación en el artículo 2 y explicó que se trata de los últimos acreedores holdouts de relevancia que le queda al país. Uno de ellos es Bainbridge Ltd. que tiene una sentencia a favor de 96 millones de dólares y “ha obtenido sentencias de entrega de acciones de YPF que están en apelación ante la Corte de Nueva York que fijó la fecha y está en suspenso”.

“Por otro lado tenemos al grupo de entidades que están alineadas en Attestor Value Master Fund LP. Que obtuvieron 16 sentencias entre 2020 y 2024, que en marzo del año pasado lograron la ejecución de garantías, excedentes de bonos por 266 millones de dólares, están en apelación 96 millones de dólares a decidirse en la Corte y que está en suspenso porque la fecha ya pasó”, explayó.

Monteverde sostuvo que “la Ley 27.249 facultó al Poder Ejecutivo a negociar y normalizar la relación con los holdouts cosa que fue respaldada por la Ley de Presupuesto vigente”, y precisó las ventajas que el acuerdo trae al país como el fin de las acciones de Discovery, contiene una cláusula donde ambas entidades se comprometen a no iniciar nuevas acciones y tampoco interferir en operaciones de financiamiento de la república; extingue los dos principales litigios pendientes; el acuerdo concede indemnidad por los gastos legales.

“La entrega es contra el pago, ni bien pagamos recibimos los bonos que formaron parte de la sentencia. Se trata de una quita conforme a la ley porque respeta los principios de eficiencia contemplado por la Ley 24.156 y principios de razonabilidad. Hemos logrado un descuento de más del 35%”, precisó.

El senador libertario consideró que se trata de un acuerdo “razonable, conveniente y legal”. Al referirse a la modificación del artículo 2 del proyecto aclaró que “la enmienda no cambió en absoluto el contenido en sí del acuerdo, solo se dieron de baja algunos bonos que quedaron prescriptos y carecen de fuerza legal”.

Por el lado del bloque UP, el senador justicialista Jorge Capitanich adelantó el rechazo al proyecto y justificó que “el nivel de inmunidad de ejecución debe ser aplicado por el Poder Judicial” y agregó: “Estos mecanismos premian la conducta de los fondos buitres o holdouts”, y agregó que “no es responsabilidad del Congreso autorizar acuerdos de estas características. Es necesario observar la disponibilidad de divisas y recursos para poder pagar”.

En tanto, el titular del espacio José Mayans, comparó la dictadura de 1976 con la gestión de De la Rúa y la administración de Milei: “Es el mismo programa que hoy está vigente", y definió el senador en referencia a los endeudamientos de distintos países a manos de las potencias: “Ese es el plan del sistema colonial”.

“La verdadera corrupción está en el endeudamiento público.  Este gobierno es ultra corrupto y es todo mentira que están controlando la deuda hasta que explote, pero nosotros no vamos a ser cómplices de esto y con el desastre que están haciendo con la economía del país”, apuntó y remató: “Esto es una pavada con el brutal endeudamiento del país”.

Por último, la titular del bloque libertario Patricia Bullrich destacó que “venimos a cerrar una herida que tiene 25 años porque el 23 de diciembre de 2001 fue el default más grande de la historia mundial”. “Esto fue una acumulación de deudas”, indicó Bullrich y explicó: “Regía un sistema impuesto por Carlos Menem que precisaba de una premisa básica. Lo que comenzó a hacerse es endeudar el país y generó una situación imposible”.

“Esta deuda pública creció durante el gobierno kirchnerista. Nunca hubo desendeudamiento, hubo maquillaje contable y los litigios siguieron todos. Fueron años de litigio, activos argentinos en riesgo, espionaje ilegal en cuentas del BCRA, una expropiación de los fondos de las AFJP”, recordó Bullrich.

 

El oficialismo solicitó aplazar el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada, que defendió en su momento en comisión el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El tema figuraba en primer lugar para el debate de este jueves, pero pasó para después de resolverse la cuestión de los pliegos judiciales. A la hora en que debía abrirse el debate, pidió la palabra el senador Agustín Coto, presidente de Asuntos Constitucionales, quien mocionó aplazar el tratamiento del tema, sin dar razones. El pedido fue aprobado por el pleno a mano alzada.

Fuentes oficialistas consultadas por este medio aclararon que el proyecto sería tratado en la sesión de la semana que viene. Para la oposición, la decisión de bajar el tema este jueves fue “porque no tenían los votos”. Así lo señaló en redes sociales la santacruceña Ana Marks, quien sostuvo que en LLA “no consiguieron los votos, pero el modelo económico de saqueo que llevan adelante nos obliga a estar atentos, seguir informando y concientizando”.

Marks fue más lejos al señalar que “por eso debemos redoblar los esfuerzos para informar, concientizar y construir una amplia mayoría social que defienda el derecho a la tierra, a la vivienda y a nuestros bienes naturales comunes frente a la especulación, la concentración y la extranjerización”, y concluyó: “No vamos a permitir que Milei y este gobierno de cipayos nos entreguen al capital global”.

Qué dice el proyecto

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

Luego del cuarto intermedio de una hora, el Senado resolvió tratar los 74 pliegos judiciales con dictamen, incluido el de Verónica Michelli. Todos resultaron aprobados, pero el interbloque Popular se diferenció en dos votaciones que fue anunciado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. 

El peronismo se diferenció en la votación de los pliegos de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, y en el del hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Emilio Rosatti. El resto se aprobó por unanimidad.

Como miembro informante el senador libertario Juan Carlos Pagotto señaló que todos los candidatos fueron sometidos al procedimiento que establece el reglamento y a las audiencias que “muchas veces el bloque opositor no participó”.

“Cumplieron con el trámite reglamentario y el Senado tiene que aprobar o no con las disidencias y negativa que fueron en cada pliego particular”, remarcó y cerró de forma crítica: “Respecto de las imputaciones que me hicieron las dejo para otra oportunidad, pero tomo las lecciones del derecho penal”.

A su turno, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti consideró que se trata de “un momento institucional importante” y lamentó: “Me hubiera gustado que sea más prolijo, pero lo pudimos enderezar entre todos”. En ese sentido, aclaró que su bloque no tiene integrantes en la Comisión de Acuerdos lo que calificó de “inédito por el deber de control de los actos de Gobierno que tenemos como bloque cuyo deber nos puso la ciudadanía”.

“La justicia federal extraordinaria cada es más ordinaria porque más delitos empiezan a impartirse a partir de la justicia federal porque en juzgados civiles están inundados de amparos o con cautelares contra obras sociales de salud”, alertó y remarcó que haya cámaras, tribunales o defensores designados “hace al acceso a la justicia”.

Sobre los postulantes, la senadora planteó que “hace años están concursando, no lo hicieron a partir de la asunción de este Gobierno. Vienen batallando poder asumir en los cargos”, y recordó que un total de 72 pliegos habían sido enviados por la gestión anterior y el Gobierno de Javier Milei los retiró y “los han vuelto a mandar”.

“Es una necesidad que está reclamando la sociedad”, manifestó y cuestionó: “El Presidente vivía diciendo que culpa del Senado faltaban jueces y es la primera vez que manda una tanda de candidatos”.

Al respecto, la mendocina aclaró que “votemos 72 pliegos no quiere decir que estemos de acuerdo con la política judicial. La administración y la institucionalidad de la justicia en el país está en su peor momento”. A su vez, criticó la acefalía de la Defensoría de la Nación.

En su breve intervención, el puntano Fernando Salino resaltó que la responsabilidad que asumen es “fundamental para el funcionamiento de la República”, y aclaró que es un tema “que solo incumbe al Senado”.

La lista de pliegos aprobados

Verónica Michelli, para jueza Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata

Ricardo Lombardo, juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de CABA

Nicolás Pacilio, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de CABA

Santiago Poncio, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 de CABA

Javier Santiso, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

Ignacio Labadens, juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de CABA

Julián Herrera, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°44 de CABA

Nicolás Grappasonnno, vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de CABA, Vocalía N°10

Ivana Quinteros, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°20 de CABA

Santiago Jaimes Munilla, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 de CABA

Emilio Faggi, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III

María Gloria Capanegra, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 de CABA

María Inés Reston, defensora pública oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N°1

Claudio Silvestri, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

Paula Fuertes, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de CABA

Soledad Mariño, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 de CABA

Carlos Cuesta, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata

Juan Martín Balcazar, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

María Julia Sosa, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3

Conjueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de CABA: Ramiro Fare, Claudia D’Acunto, Raúl Montesano y Adrián Hagopian

Pablo Wilk, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata

Verónica Polverini, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°7

Marcela Sasso, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA

Lucas Berlotti San Martín, defensor público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°2

Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N°4

Hugo Decaría, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal

Ezequiel Sobrino Reig, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°80 de la Capital Federal

Germán Degano, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°64 de la Capital Federal

Gerardo Cacace, juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa

Santiago Quian Zavalia, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Osvaldo Pitrau, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Analía Victoria Romero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Samanta Biscardi, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Paula Castro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Lucila Córdoba, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K

Walter Carnota, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala II

Fernando Strasser, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala III

Pablo Flores, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín

Laura Kvitko, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°23 de la Capital Federal

Nicolás Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Luara Wiszniacki, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62 de la Capital Federal

Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe

Juan Andrés Moldes, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico, Fiscalía N°1

Javier Arzubi Calvo, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Federico Novello, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal

Laureano Durán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I

Jorge Djivaris, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B

Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham

Pablo Moya, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 de la Capital Federal

Walter Rodríguez, juez del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Santa Fe

Santos Cifuentes, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°25 de la Capital Federal

Diego Allievi, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°10 de la Capital Federal

María Laura Ameri, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°3

María Agustina Boyajian Rivas, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22

Yamile Bernan, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Carlos Parma, defensor público oficial federal del interior del país con asiento en Mendoza

Santiago Vismara, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Yael Sircovich, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

José Miguel Guerrero, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de la Capital Federal

Juan Manuel Gaset Maisonave, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Mariano Amaduri, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Santiago Saux, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela

Pablo Matkovic, juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén

Mario Ferrario, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín

Gabriela Palopoli, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°94 de la Capital Federal

María Florencia Massa, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°4

Juan Pedro Giudici, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°4

Diego Anzorreguy, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta

Leandro Gómez Constenla, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche

Diego Souto, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 de la Capital Federal

Paula Marinkovic, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°77 de la Capital Federal

Marcelo Peluzzi, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal

Sebastián Soneira, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A

Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos

Luego de la puja a cielo abierto en pleno recinto, el oficialismo cedió ante el pedido del interbloque Popular y se consideró el pliego de Verónica Michelli para cubrir la vacante como jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Primero se habilitó con los dos tercios de los legisladores presentes y luego, se aprobó con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.

Después de una hora de cuarto intermedio donde los presidentes de bancada dejaron oír los gritos en los pasillos del Senado, Patricia Bullrich comunicó que se logró el consenso para avanzar con el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que fueron dictaminados en las audiencias públicas que se realizaron entre el 13 y el 15 de mayo.

Segundos antes de pasar a votar, la jefa de bancada oficialista explicó que “no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, y destacó que Michelli “ha hecho méritos hasta llegar a la audiencia”. Luego, anunció su abstención y cerró: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

De los 44 votos a favor del pliego de Michelli, 21 fueron de los 25 integrantes del interbloque Popular. Al momento de pulsar, se ausentaron Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

También lo hicieron la tucumana Beatriz Ávila; la chubutense Edith Terenzi; la salteña Flavia Royón; el correntino Carlos "Camau" Espínola; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada de Convicción Federal; y 9 de los 10 radicales. La chaqueña Silvana Schneider del bloque radical se abstuvo.

El Pro tuvo dos votos a favor: el del misionero Martín Goërling Lara y el de Victoria Huala. Sin embargo, la chubutense Andrea Cristina se ausentó. Tampoco estuvieron para votar la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas.

En contra votaron 18 de los 21 integrantes de La Libertad Avanza: A la abstención de la jefa de bloque se sumó el voto a favor del formoseño Francisco Paoltroni y la ausencia del cordobés Luis Juez.

El destrabe del pliego en el recinto

Luego de que Juan Carlos Pagotto, en su rol de titular de la Comisión de Acuerdos, comunicara el dictamen de Michelli recién este miércoles 3 de junio -se requieren 7 días para que un despacho llegue al recinto-, el pleno de la Cámara alta avaló su tratamiento con 63 votos a favor y solo 2 en contra. 

Minutos antes había ingresado el último expediente enviado desde el Poder Ejecutivo, donde se exigía el retiro del pliego de Michelli. El Gobierno pidió que no avanzara el dictamen ya que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que viene investigando el Caso $LIBRA.

El lunes por la noche, Patricia Bullrich se diferenció del pedido del Gobierno nacional y comunicó que el Senado debía avanzar con el tratamiento parlamentario. Esa misma noche puso su renuncia a la presidencia del bloque a consideración del presidente Javier Milei, quien no la aceptó. El episodio no cayó bien en la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Después de haber estado en la provincia de Mendoza junto a la vicegobernadora Hebe Casado, Bullrich encabezó la reunión de Labor Parlamentaria, donde, originalmente, se acordó tratar solamente 50 de los 74 pliegos dictaminados, pero sin contar el de Michelli que, en principio, iba a quedar para una supuesta sesión ordinaria del próximo jueves 11 de junio.

Finalmente, el pliego se habilitó sobre tablas, se puso a consideración del Senado y resultó aprobado con el aval de la oposición, los aliados y los bloques dialoguistas. Solamente los integrantes de La Libertad Avanza votaron en contra de Verónica Michelli.

Tras una tensa discusión y un largo cuarto intermedio que se extendió por más de una hora, ingresaron a la sesión de este jueves en el Senado de la Nación todos los pliegos que contaban con dictamen de comisión, incluido el de la candidata a jueza Verónica Michelli que el Gobierno había objetado y solicitado su retiro, pero se incorporará al debate con los 2/3 de los votos por no contar con los días correspondientes que establece el Reglamento.

Cuando llegó el momento de poner en debate los pliegos, la prosecretaria Parlamentaria -en reemplazo de Agustín Giustinian-, Dolores Martínez, no detalló cuántos y cuáles expedientes se iban a poner en tratamiento y se refirió más bien a todos los dictámenes de la Comisión de Acuerdos.

Pidió la palabra entonces la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio para señalar que los pliegos a tratar eran 50, según lo acordado en Labor Parlamentaria por los jefes de bloques. En efecto, este fue un dato que circuló tras esa reunión, pero el listado nunca se especificó en el acta. "El acuerdo de Labor Parlamentaria se cumple, sino para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria", enfatizó la bonaerense.

Luego, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, le pidió a Martínez que especifique cuántos eran. "Son 73 expedientes", dijo la prosecretaria Parlamentaria, lo que provocó una cuestión de privilegio del formoseño. "Es vergonzoso este tipo de tratamiento, además de una gran deslealtad parlamentaria", se quejó.

Entonces se refirió al caso de María Verónica Michelli -cuyo pliego el Poder Ejecutivo ahora busca evitar que se apruebe-, y cuestionó al presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, quien "violó el reglamento y la Constitución, porque tendría que haber presentado de manera inmediata la orden del día", en referencia al dictamen firmado por nueve senadores avalando la designación de Michelli.

Ahora, al no contar con los días correspondientes tal despacho, formalizado este miércoles, Mayans reveló que en Labor Parlamentaria desde el interbloque peronista ofrecieron los dos tercios para habilitar el pliego. "(Patricia) Bullrich dijo 'yo no puedo votar con dos tercios contra el Poder Ejecutivo'". Y entonces se acordaron que se trataran 50 y otro conjunto la semana que viene, junto al de Michelli.

Ante la intención de sumar todos en la sesión, el senador estalló: "Es una joda total, es una vergüenza lo que están haciendo". "¿Cómo se prestan los otros bloques a esto? Ustedes saben que no mentimos. Tengan honor, no tengan olor a podrido". "Está mintiendo la Secretaría Parlamentaria y la presidenta de bloque (de LLA). ¿O yo estoy mintiendo que se dijeron 50 pliegos?", desafió.

La presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, quien no había estado en el arranque de la sesión, pero bajó para ese momento reveló que media hora antes de la sesión "se empezaron a agregar" pliegos al listado y se desentendió: "En esto no tuvo intervención ni la Presidencia ni la Secretaría Parlamentaria".

"Esto es propio de Montoneros, los entregadores de Montoneros se comportan de esta forma, entregan a sus compañeros", explotó Mayans contra Bullrich.

Di Tullio volvió a hablar y afirmó que Bullrich les había enviado la lista de los 50 pliegos que se tratarían. "Esto se llama traición parlamentaria", enfatizó y dijo que en todo caso tenían que reconsiderar el acta de Labor.

Además, denunció que se buscaba tratar a los 73 ya listos para "dejar afuera a Michelli, que la van a cagar, todos la van a cargar, incluso los que firmaron el pliego, para que no pague el costo el presidente". "Se están pasando de la raya, se están pasando 19 pueblos, córtenla", reclamó y les tiró a los libertarios que "no tienen ni idea lo que es la palabra y el comportamiento político" y encima "traen sus problemas al recinto".

A medida que iba cobrando temperatura la discusión, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, recordó que en Labor Parlamentaria ellos habían hablado de votar a todos los postulantes. "No hay forma de hacer una lista discrecional", remarcó a la hora de establecer la imposibilidad de elegir solo 50, y sugirió la necesidad de hacer un cuarto intermedio. "Si nosotros no nos damos cuenta de que los 73 que tienen dictamen están en igualdad de condiciones para ser votados…", expresó.

A su vez, el puntano Fernando Salino recordó que en Labor habían acordado otra cosa y ahora el oficialismo estaba "traicionando la palabra". Y reveló que una y otra vez preguntaron por los 50 elegidos para votar este jueves.

"Pactamos los primeros 50 postulantes", insistió el jefe del bloque Convicción Federal, para luego cuestionar: "Esto es una vergüenza y esto se produce porque son irresponsables". Y lo consideró producto de "la pelea interna permanente que les quita energía. Están faltando a su palabra y la verdad que me extraña, porque yo creo estar trabajando con personas de bien, personas de honor que dicen la verdad".

La discusión terminó cuando Bullrich propuso un cuarto intermedio, asegurando que no había habido "ninguna mala fe; simplemente no es fácil elegir quiénes son los 50" pliegos a votar. Sostuvo que eso no tenía "nada que ver con la jueza Michelli, porque ese pliego no se podía votar hoy, pasa para la semana que viene… No es un tema de dejarlo colgado, es todo lo contrario: el presidente de la Nación envió un retiro del pliego y eso fue lo que se acordó".

"Quiero calmar los ánimos, vayamos a un cuarto intermedio para buscar un acuerdo y ordenar esto lo mejor posible. No hay ningún gato encerrado", afirmó, justificándose en que supuestamente los 73 candidatos a ocupar cargos en la justicia habían llamado por teléfono para preguntar cómo iban a elegir a los 50 que terminarían votando.

Después de una hora de cuarto intermedio, la jefa de bancada oficialista cedió al reclamo del interbloque Popular y el Senado habilitó el tratamiento del pliego de la jueza Verónica Michelli. Fue casi por unamidad: la moción cosechó 63 votos a favor y solo 2 contra, los de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.

Minutos antes, el pleno de la Cámara alta le había dado ingreso al expediente que envío el Poder Ejecutivo, donde pedía el retiro del pliego de Michelli, tras conocer su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien viene investigando el Caso $LIBRA.

El dictamen de la jueza en cuestión se firmó en la audiencia pública del pasado 13 de mayo. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, giró la comunicación este miércoles. Al no contar con los siete días reglamentarios, el pleno debió avalar la órden del día con dos tercios.

Originalmente, el oficialismo pretendía tratar 50 pliegos de los 74 dictaminados. Pero este jueves a primera hora se sumaron los restantes, menos el de Michelli. Tras el reclamo del interbloque Popular y el cuarto intermedio, se pondrán a consideración todas las órdenes del día con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

La lista de los pliegos

Verónica Michelli, para jueza Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata

Ricardo Lombardo, juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de CABA

Nicolás Pacilio, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de CABA

Santiago Poncio, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 de CABA

Javier Santiso, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

Ignacio Labadens, juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de CABA

Julián Herrera, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°44 de CABA

Nicolás Grappasonnno, vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de CABA, Vocalía N°10

Ivana Quinteros, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°20 de CABA

Santiago Jaimes Munilla, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 de CABA

Emilio Faggi, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III

María Gloria Capanegra, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 de CABA

María Inés Reston, defensora pública oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N°1

Claudio Silvestri, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

Paula Fuertes, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de CABA

Soledad Mariño, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 de CABA

Carlos Cuesta, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata

Juan Martín Balcazar, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

María Julia Sosa, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3

Conjueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de CABA: Ramiro Fare, Claudia D’Acunto, Raúl Montesano y Adrián Hagopian

Pablo Wilk, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata

Verónica Polverini, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°7

Marcela Sasso, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA

Lucas Berlotti San Martín, defensor público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°2

Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N°4

Hugo Decaría, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal

Ezequiel Sobrino Reig, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°80 de la Capital Federal

Germán Degano, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°64 de la Capital Federal

Gerardo Cacace, juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa

Santiago Quian Zavalia, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Osvaldo Pitrau, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Analía Victoria Romero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Samanta Biscardi, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Paula Castro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Lucila Córdoba, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K

Walter Carnota, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala II

Fernando Strasser, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala III

Pablo Flores, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín

Laura Kvitko, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°23 de la Capital Federal

Nicolás Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Luara Wiszniacki, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62 de la Capital Federal

Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe

Juan Andrés Moldes, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico, Fiscalía N°1

Javier Arzubi Calvo, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Federico Novello, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal

Laureano Durán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I

Jorge Djivaris, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B

Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham

Pablo Moya, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 de la Capital Federal

Walter Rodríguez, juez del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Santa Fe

Santos Cifuentes, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°25 de la Capital Federal

Diego Allievi, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°10 de la Capital Federal

María Laura Ameri, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°3

María Agustina Boyajian Rivas, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22

Yamile Bernan, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Carlos Parma, defensor público oficial federal del interior del país con asiento en Mendoza

Santiago Vismara, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Yael Sircovich, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

José Miguel Guerrero, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de la Capital Federal

Juan Manuel Gaset Maisonave, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Mariano Amaduri, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Santiago Saux, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela

Pablo Matkovic, juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén

Mario Ferrario, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín

Gabriela Palopoli, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°94 de la Capital Federal

María Florencia Massa, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°4

Juan Pedro Giudici, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°4

Diego Anzorreguy, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta

Leandro Gómez Constenla, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche

Diego Souto, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 de la Capital Federal

Paula Marinkovic, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°77 de la Capital Federal

Marcelo Peluzzi, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal

Sebastián Soneira, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A

Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos

Tal como se esperaba, en la sesión de este jueves en el Senado se dio ingreso formal al pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego de María Verónica Michelli, quien había sido propuesta para ocupar una vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata. Pero quedó sin efecto, al resolverse su tratamiento sobre tablas.

El Gobierno, que no dio razones fundamentadas, objetaba a la candidata que postuló hace solo semanas atrás por ser cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien ha escrito sobre causas que incomodan a la gestión libertaria, como $LIBRA, Agencia Nacional de Discapacidad y la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tal decisión del propio presidente Javier Milei despertó la rebeldía de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien llegó a ponerle su renuncia a disposición, cosa que el mandatario no aceptó, e incluso -revelado por ella misma- ni tomó en cuenta.

Bullrich le avisó entonces que haría uso de su derecho de "objeción de conciencia" y avalaría el nombramiento de la postulante.

Tras 48 horas frenéticas, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, formalizó el dictamen que avala la designación de Michelli recién este miércoles, pese a que la candidata expuso en audiencia pública el pasado 13 de mayo y ese día se pasó a la firma el despacho.

El dictamen había logrado las nueve firmas necesarias -sobre 17 de la comisión- de senadores de bloques aliados, sin embargo Pagotto retenía la orden del día por pedido de Casa Rosada.

Al formalizarse el despacho, en Labor Parlamentaria se acordó que, de los 73 pliegos dictaminados, se trate una parte en la sesión de este jueves y otro la semana que viene, junto al de Michelli, que ya habrán transcurrido los siete días que establece el reglamento. Sin embargo, la discordia estalló cuando el oficialismo y aliados, por fuera de lo acordado en Labor, quisieron tratar todos los pliegos este jueves.

Ingresaron nuevos pliegos

Por otra parte, además del pedido de retiro del pliego de Michelli, en la sesión tomaron estado parlamentario otros nueve expedientes enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes judiciales. Son los siguientes:

Mensaje N° 173/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe, al dr. Florentino Malaponte

Mensaje N° 174/26 que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C, al dr. Javier Jorge Cosentino

Mensaje N° 175/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 de la Capital Federal, al dr. Ramiro Ariel Mariño

Mensaje N° 176/26 que solicita acuerdo para designar jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut, a la dra. Ángela Cecilia Pagano Mata

Mensaje N° 177/26 que solicita acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal, al dr. José Ignacio Polizza

Mensaje N° 182/26 que solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5 de la Capital Federal, a la dra. María Gabriela Janeiro

Mensaje N° 183/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42 de la Capital Federal, al dr. Diego Andrés Villanueva

Mensaje N° 184/26 que solicita acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal, al dr. Mariano Adolfo Klumpp

Mensaje N° 185/26 que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 de la Capital Federal, al dr. Miguel Ángel Asturias

La Cámara alta realizó en la sesión de este jueves un minuto de silencio en homenaje a la memoria de las víctimas de femicidios tras la marcha de “Ni Una Menos”, pero desde el oficialismo en la voz de la jefa de su bloque, Patricia Bullrich, remarcó que la tasa de femicidios descendió a un 25%, criticó las políticas de género y la movilización de este miércoles en todo el país.

La propuesta fue impulsada por la rionegrina Ana Marks (Justicialista) para realizar un homenaje a “la lucha de las mujeres que nos movilizamos en toda la Argentina para pedir justicia para nuestras muertas y para gritar muy fuerte ‘Ni una menos’. Es una lucha que nos hermana hace 11 años a pesar de diferencias políticas a las mujeres que buscamos un mundo más justo y que el patriarcado no condicione nuestras vidas y el desenlace de la misma”.

Marks precisó que 1 mujer es víctima de femicidio cada 31 horas en el país. “El Poder Judicial expulsa a las mujeres que hacen denuncias y sostiene parámetros patriarcales. Caminamos para pedir justicia y prevención porque necesitamos políticas de género. Queremos una Argentina más justa y sin violencia”, denunció.

A continuación, el jefe del bloque José Mayans solicitó un minuto de silencio para “todas aquellas mujeres que perdieron la vida en manos de asesinos. Tenemos que manifestarnos ante hechos graves como es el asesinato de 100 mujeres en los primeros meses que va de este año”.

A su turno, la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, expresó que detrás de los números hay familias, femicidios, venganzas, infanticidios, pero pidió hablar de la realidad que “en los últimos dos años el país bajó un 25% los femicidios”.

En esa línea, remarcó que estos datos “no se debe a un presupuesto de un Ministerio de Género que se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y políticas también de las provincias que lograron bajar el 25%. No estamos contentos con estos números, pero es algo importante”.

Bullrich señaló que “nuestro feminismo no esconde voladores, no vota en contra del registro de ADN de violadores, no vota en contra del registro de ADN de delincuentes, no libera delincuentes, les da cárcel y eso tenemos que entender”, y apuntó: “Votamos a favor de la Ley Antimafia, votamos a favor de las asociaciones ilícitas, que tengan más pena los violadores. Por eso acá no hay dueños de la realidad, no es la partidización que se hizo ayer en la Plaza, es la verdadera política que se ve en las estadísticas”.

“Hoy la Argentina tiene la tasa de homicidios más baja de toda América Latina tiene un 3,6%”, remarcó y se refirió a la visita del PJ en la casa de Cristina Kirchner: “No hay que hacer políticas de reivindicación e ir a la casa de alguien en concreto, acá hay que hacer políticas que bajen los femicidios y no ministerios burocráticos donde se reparten la plata para programas que no tienen nada que ver”.

Luego de la polémica intervención de Bullrich, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio señaló que el minuto de silencio pedido por Mayans "no debería haber sido contestado" y "mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias, en una cosa que es tan sensible para las mujeres y la sociedad. Si hay algo que deberíamos mostrarle al pueblo argentino es que estamos unidos en esto".

Además, la opositora felicitó a Bullrich por mencionar la palabra femicidios, cosa que no hace su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien "no habla de femicidios, habla de homicidios". "Los subregistros que hay en este país desdicen los datos oficiales", subrayó sobre la cifra de mujeres asesinadas, a partir de datos realizados por diferentes organizaciones.

"No quiero partidizar, sino que demos una señal concreta. No se puede bastardear lo que ayer pasó en la plaza", dijo Di Tullio y resaltó que "la realidad es que a las mujeres nos matan, nos descuartizan, nos golpean". En el cierre, pidió "tener un poco de sensibilidad y empatía con lo que le pasa a las familias argentinas y las mujeres".

Tras una intervención de Guillermo Andrada (Convicción Federal) y Eduardo Vischi (UCR), en favor del minuto de silencio y de "no politizar este tema", se votó a mano alzada el asentimiento para el pedido de Mayans y se realizó el minuto de silencio.

Las comisiones de Derechos y Garantías y de Deporte del Senado de la Nación quedaron formalmente constituidas este miércoles, tras realizar sus respectivas reuniones en las que designaron autoridades y delinearon sus primeros lineamientos de trabajo para el año parlamentario.

En primer término, la Comisión de Derechos y Garantías, reunida en el Salón Illia, eligió como presidente al senador Daniel Bensusán (Justicialista), mientras que la vicepresidencia quedó vacante y el senador Pablo Cervi (La Libertad Avanza) fue designado secretario. Tras su conformación, los integrantes comenzaron a analizar el plan de trabajo para el período en curso.

Más tarde, la Comisión de Deporte ratificó a la senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) al frente de la presidencia, con el acompañamiento del senador Maximiliano Abad (UCR) como vicepresidente y Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) como secretario.

Además, se avanzó en la organización de la agenda legislativa, que incluye el tratamiento de 14 proyectos de ley, 50 iniciativas de declaración y un proyecto de comunicación. Asimismo, acordaron convocar a referentes del ámbito deportivo a una reunión informativa el próximo 9 de junio, con el objetivo de incorporar propuestas y relevar necesidades del sector.

Durante tres horas de exposiciones y preguntas de los senadores, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado inició este miércoles el debate sobre la modificación a la Ley de Biocombustibles y anunciaron una nueva reunión informativa para continuar con el análisis de los proyectos presentados.

En octubre del año pasado, previo a las elecciones, se llevaron a cabo tres reuniones informativas, pero no se llegó a un dictamen. Distintos proyectos buscan reformar la Ley 27.640, sancionada en 2021 a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner.

De las cinco iniciativas que hay en carpeta, una fue presentada por la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y elaborada por la Secretaría de Energía. Al respecto, el licenciado Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería respaldó: “Es oportuno discutir una nueva ley de biocombustibles y entendemos que el proyecto de ley presentado por la senadora Bullrich contiene los lineamientos con los que el Ejecutivo viene trabajando hace casi ya 2 años con distintos actores del sector”.

“Ese proyecto implica un aumento del corte de dos puntos y medio en el biodiesel y 3 puntos en etanol. Todo proyecto tiene beneficiarios y perjudicados. El sector que más nos importa es el consumidor de biocombustibles que va a ver afectada la mezcla que compra”, afirmó.

González indicó que “en el biodiesel tiene un costo mucho más alto que el fósil con el cual se mezcla. No vemos lógica en duplicar el corte de biodiesel como proponen algunos proyectos porque implica un aumento en términos reales, estructural y permanente de gasoil que se consume en todo el país. Eso implica un mayor costo para el transporte, para el agro y consumidores finales que utilizan gasoil para motorizar sus vehículos”.

“Con el etanol es distinta, porque el aumento del corte beneficia a los productores del biocombustible y de la materia prima, pero afecta al consumidor y al Estado que cobra el impuesto a los combustibles. Cualquier aumento del corte tiene un impacto negativo en los ingresos del Estado”, planteó.

Entre sus principales puntos, el proyecto oficial busca elevar el corte obligatorio de biodiesel de 5% a 7,5% y a 10% un año después; mientras que para el bioetanol se mantendrá el 12% por doce meses y luego se incrementaría a 15%. A su vez, la Secretaría de Energía podría modificar los porcentajes discrecionalmente.

Al respecto, el funcionario explicó que “el etanol su costo es equivalente al costo del fósil con el cual se mezcla, por lo que no hay un efecto negativo en el aumento del corte en el consumidor de nafta”.

“El aumento del corte del 12 al 15% en el etanol manteniendo 6 puntos para el de caña, 6 en el de maíz y los 3 puntos adicionales que sean de libre competencia vayan hacia el etanol de maíz por lo que va a tener en términos prácticos un aumento del 50% de su volumen”, precisó.

“Con el biodiesel lo que se propone es un corte del 10% mínimo es un perfecto equilibrio entre conceder un beneficio de los productores biodiesel o de las materias primas un impacto fiscal moderado y un aumento del costo del gasoil moderado”, añadió.

El funcionario manifestó que otro problema que tiene la ley actual es que funciona con cupos: “Nosotros no creemos en eso, creemos en la competencia. Por eso proponemos que rápidamente se inicie la competencia de forma transparente entre productores de etanol, pero en el biodiesel que la competencia se dé con el tiempo con una reducción gradual de cupos en 5 años. Este proyecto establece que las mezclas mínimas permanezcan por 15 años”.

Al ser consultado por el artículo 14 sobre los mecanismos de comercialización, el cual establece que será a través de un mercado electrónico que deberá contemplar regiones geográficas de negociación para tener eficiencia en costos logísticos, el ingeniero Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía, explicó que se busca transparencia y “utilizar los mecanismos que se usan internacionalmente para gestionar comercialización”.

“Las buenas prácticas establecen que para evitar asimetrías logísticas es conveniente establecer grupos o zonas de negociación para que los precios sean equivalentes”, precisó, pero aclaró que aún no están determinadas y serán elegidas en la reglamentación de la ley: “Estamos siguiendo las mejores prácticas a nivel global para que el precio sea justo y surja voluntariamente entre oferta y demanda, y no haya distorsión”.

Biodiesel

En tanto, por parte de las provincias expusieron representantes del gobierno de Santa Fe, cuyo distrito tiene la mayor producción de biodiesel, Juan Rodil, subsecretario de Relaciones Institucionales de Santa Fe con el equipo de la subsecretaría de Energías Renovables de la provincia manifestaron que encontraron “cosas que preocupan en el proyecto” de Bullrich.

“La provincia de Santa Fe está en un escenario preocupante respecto de algunas propuestas de los proyectos presentados, realmente la mayor producción se encuentra en la provincia. No debería haber ganadores y perdedores, es una oportunidad para maximizar el potencial en bioenergías”, expresó.

En esa línea, enumeraron cinco puntos para que se contemplaran para la nueva ley, donde básicamente pidieron que “el biodiesel sea tratado con la misma simetría que el bioetanol”. Al respecto, precisaron: “El corte obligatorio inicial sea del 15% con posibilidad de aumento al 20%, dos mercados complementarios para integradas y no integradas que garanticen un porcentaje de un 40 y 60% respectivamente; un freno a la discrecionalidad que se baje el corte ante medidas extremas como desabastecimiento por 90 días; que todos los proyectos se incluyan dentro del RIGI; solicitamos una transparencia del mercado y de la competencia con un monitoreo activo”.

Bioetanol

Desde el Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijoo, sostuvo que desde enero del 2010 con la sanción de la actual Ley empezó el corte con nafta con el 3% de manera efectiva el sector “ha tenido un crecimiento del 50%. Desde que tenemos el corte con bioetanol la producción de alcohol se triplicó y también se duplicaron las exportaciones”.

“Decimos que, desde la Ley de Biocombustibles, el bioetanol para el sector azucarero es esencial, hace a la sostenibilidad y competitividad integra del sector. El bioetanol es uno y está unido y tenemos una posición compartida hace cuatro años”, explicó.

Así, manifestó su apoyo al proyecto de la senadora Bullrich porque “en el etanol no nace de la confrontación, sino del diálogo que empezó en diciembre pasado cuando nos presentaron el borrador y hemos tenido muchas reuniones donde propusimos más de ocho puntos en la redacción que el año pasado estuvieron en consideración. Todo lo que planteamos han sido puestos, hemos sido escuchados y estamos apoyando porque nos sentimos reflejados”. Sin embargo, aseguró que hay algunos puntos “de mejora que hemos hecho llegar”.

Por su parte, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz expresó que el bioetanol crece en todo el mundo salvo en Argentina: “La respuesta no está en la falta de recursos, ni de tecnología ni capacidad empresarial. La respuesta está en un marco regulatorio que está agotado y no permite crecer. Estamos atrapados en un sistema de cupos, restricciones que desalientan inversiones y que limita la participación de nuevos actores”.

Biodiesel

Por el contrario, Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) se opuso a las modificaciones y expresó que representaba a pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis que elaboran el 65% del biodiesel para el mercado interno, y solo una está ubicada en el Conurbano, las otras están en pueblos pequeños y ciudades medianas.

"De aprobarse este proyecto van a condenar a la quiebra a las 25 pymes y se va a concentrar toda la producción para el mercado interno en 6 o 7 compañías aceiteras, todas ubicadas en torno al puerto de Rosario", alertó Martelli.

Finalmente, expuso Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores) quien dijo que cualquier cambio que haya en el corte de etanol genera que la industria automotriz tenga que hacer inversiones "y empiezan la problemática que pondría en riesgo la sustentabilidad del sector". El invitado amplió graficando que "el otro problema es el mercado local y su complementación, es muy difícil pedirles a otros orígenes que calibren de una manera distinta a la que ellos calibran. Tenemos que manejarnos con niveles de corte que ya existan en otras partes del mundo porque nadie va hacerle un traje a medida a la Argentina para venderle 1500 autos".

También disertaron Axel Boerr, presidente de la CAPBA – Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados; Hilarión del Olmo, presidente de Explora S.A. y secretario de la CAPBA; Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO – Cámara Argentina de Biodiésel; Marcelo Kusznierz, presidente de CASFER – Cámara Santafesina de Energías Renovables; Alfonso Romero, representante de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina); Esteban Gambica, representante de CADE (Cámara Argentina de la Energía) junto a Hernán Momo, experto en refinación de la CADE.

La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado avanzó este martes con cuatro iniciativas, entre proyectos de comunicación y de declaración, durante una reunión encabezada por la radical Carolina Losada en el Salón Illia.

El encuentro, realizado a las 15, tuvo como eje inicial el tratamiento de dos proyectos de comunicación. Uno de ellos, presentado por la senadora Beatriz Ávila, propone la creación de un programa de seguridad destinado a la identificación y geolocalización de establecimientos y escuelas rurales para su asistencia en situaciones de emergencia.

La segunda iniciativa, impulsada por la propia Losada, apunta a fortalecer el sistema de alerta temprana para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. En ese marco, la senadora planteó la necesidad de avanzar en la internacionalización del sistema Alerta Sofía, solicitando a la Cancillería que promueva acuerdos para extender su aplicación a países limítrofes.

Además, la comisión trató dos proyectos de declaración. El primero, de la senadora Natalia Gadano, expresa la adhesión a la conmemoración del 145.º aniversario de la fundación de la Prefectura Naval Argentina Puerto Deseado, celebrado el 3 de abril de 2026 en Santa Cruz.

El segundo proyecto, presentado por el senador Pablo Cervi junto a otros legisladores, declara de interés la XIV edición de la “Cruzada Homenaje”, que se desarrollará del 18 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en Neuquén. La iniciativa recuerda a los policías caídos en cumplimiento del deber y tiene su origen en el asesinato del efectivo José Aigo en 2012, cerca de Junín de los Andes.

Según explicó Cervi, desde entonces efectivos en actividad y familiares de los caídos realizan anualmente una travesía en bicicleta de más de 2.100 kilómetros que recorre 35 localidades neuquinas, con el objetivo de visitar a las familias de las víctimas, acompañarlas y brindarles apoyo durante el proceso de duelo.

Tres proyectos de ley por cuales se aprueban acuerdos y enmiendas de tratados internacionales fueron dictaminados este miércoles en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado.

Durante la reunión realizada en el Salón Illia, funcionarios de Cancillería expusieron sobre los mismos y respondieron consultas de los senadores.

El primer proyecto del temario propone la aprobación de la reforma del Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado, adoptada en Washington, Estados Unidos, el 4 de junio de 2018, y que fue enviado al Congreso por el expresidente Mauricio Macri.

El segundo tiene que ver con la aprobación del tratado entre la República Argentina y Ucrania sobre Traslado de Personas Sentenciadas, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 6 de agosto de 2018, y enviado por el expresidente Alberto Fernández.

Por último, el tercer expediente se refiere a la aprobación de la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur -listas de compromisos específicos-, suscripta en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 7 de diciembre de 2023. Fue enviado por el presidente Javier Milei.

El secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Carlos Vallarini, junto a miembros del ENACOM, explicó la reforma del Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado, destacando que este tipo de instrumentos se adopta en el ámbito de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la Organización de los Estados Americanos.

Vallarini indicó que la Cancillería impulsó la reforma a partir de una comunicación del ENACOM, organismo con competencia primaria en la materia, y remarcó que la Argentina ya firmó la reforma del convenio. “Para completar el proceso de ratificación necesitamos que el Congreso apruebe este instrumento”, sostuvo.

A continuación, el presidente de la comisión, Francisco Paoltroni (LLA), dio lectura de la salvaguarda que forma parte del texto remitido por el Poder Ejecutivo: “En el momento de proceder a la ratificación, la República Argentina adoptará los recaudos necesarios para salvaguardar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes”.

Luego, la directora de Cooperación Jurídica Internacional de la Cancillería, Aldana Rohr, expuso sobre el proyecto de ley que aprueba el Tratado entre la República Argentina y Ucrania sobre Traslado de Personas Sentenciadas. Explicó que el acuerdo permitirá que ciudadanos argentinos condenados en Ucrania puedan cumplir el resto de su pena en la Argentina, favoreciendo su reinserción social y el mantenimiento de los vínculos familiares. Además, señaló que el tratado incorpora herramientas para agilizar la cooperación jurídica entre ambos países, como la transmisión electrónica de solicitudes, la utilización del idioma inglés para determinadas traducciones y la creación de autoridades centrales encargadas de coordinar los trámites. Asimismo, destacó el carácter humanitario de este tipo de instrumentos, orientados a facilitar que las personas condenadas puedan finalizar el cumplimiento de sus penas en su país de origen.

El director de Asuntos Económicos del Mercosur de la Cancillería, Ernesto de La Guardia, expuso sobre la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur y destacó la importancia estratégica del sector para la economía argentina. En este sentido, dijo que el país “se consolida como exportador de servicios basados en el conocimiento, cuyas ventas al exterior alcanzaron los 9.600 millones de dólares durante el último año”, y remarcó la relevancia de Brasil y Uruguay como principales destinos de esas exportaciones dentro del Mercosur.

En el final, Paoltroni informó sobre los dictámenes alcanzados y destacó que la comisión ya lleva avalados 32 tratados internacionales en los últimos dos años y medio. Asimismo, resaltó la dinámica de trabajo adoptada, que permite otorgar un rápido tratamiento a cada acuerdo internacional que ingresa al Senado. En ese sentido, sostuvo que esta modalidad “contribuye a fortalecer los vínculos de la Argentina con sus socios y a consolidar la presencia del país en el ámbito internacional”.

Minutos antes de que la reunión de Labor Parlamentaria resuelva postergar la definición del pliego judicial, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió en su despacho a Verónica Michelli. El encuentro se dio después del pedido de Casa Rosada para retirar el trámite parlamentario.

El respaldo de la titular de la Cámara alta sucedió después del cimbronazo que generó el anuncio de Patricia Bullrich en virtud de que el pliego judicial continúe su camino en el recinto y sea finalmente aprobado. Por la comunicación, la jefa de bancada oficialista puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei, quien no la aceptó.

Pero la decisión de la exministra también causó discrepancias internas dentro de la bancada: los legisladores que responden a Karina Milei quieren que se acate el pedido del Ejecutivo y que el pliego no siga. Nadia Márquez y Juan Carlos Pagotto son dos de los que adelantaron su postura.

El expediente de Verónica Michelli ingresó al recinto el 9 de abril pasado y su dictamen pasó a la firma el 13 de mayo cuando expuso en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. Sin embargo, el Ejecutivo pidió retirar su diploma luego de que trascendiera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el Caso $LIBRA.

Según supo parlamentario.com, el pliego de Michelli podría ser llevado al recinto la tercera semana de junio ya que en Labor Parlamentaria se acordó que quede afuera del temario de la sesión ordinaria de este jueves 4 de junio.

La bancada radical en su conjunto, Convicción Federal y Primero los Salteños fueron algunos de los espacios que ratificaron que el pliego deba ser aprobado en el recinto.

Con la polémica generada en torno a las posturas divergentes ante la decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de Verónica Michelli para ocupar un cargo de jueza en La Plata como antecedente, se realizará este jueves una sesión de la Cámara de Senadores a partir de las 11 de la mañana.

Y para ordenar el desarrollo de la misma se realizó este miércoles por la mañana la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se acordó dejar para más adelante el debate sobre el pliego de Michelli y avanzar en cambio con otros dictámenes emergentes de la Comisión de Acuerdos para votarlos en el recinto.

Se avanzará además con el tratamiento de los proyectos para el pago de los holdouts y el texto del Poder Ejecutivo sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Volviendo a los pliegos, se dará ingreso a nuevas propuestas, como así también está previsto que se incorporará al expediente de retiro del pliego de Michelli, tachada por el Gobierno por tratarse de la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista especializado en investigaciones, que ha trabajado especialmente en el tema de la criptomoneda $LIBRA, que le quita el sueño a los hermanos Milei.

Recordemos que la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se diferenció en este tema respecto del Gobierno, anunciando que no avalará el pedido del Ejecutivo. Razón por la cual se conoció este martes que había ofrecido al presidente Javier Milei su renuncia al cargo. Otros senadores del sector dialoguista adelantaron que tampoco avalarán el retiro del pliego.

Cabe consignar que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió este miércoles a la doctora Verónica Michelli, en otro capítulo de su distanciamiento del Poder Ejecutivo.

Los proyectos a debatir

El texto correspondiente al Acuerdo de Conciliación con los holdouts cuenta con un dictamen desde el 19 de mayo pasado, fecha en la que se hicieron correcciones al texto original.

El acuerdo comprende a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp. El acuerdo de pago entre las partes se extiende hasta el 30 de junio y lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Rubén Kliksberg.

El Acuerdo de Conciliación para cancelar el pago de bonos ronda los U$S 175.000.000 que le son reclamados al Estado argentino tras ser avalados por la Justicia de los Estados Unidos en marzo de año pasado. Ambos litigios fueron iniciados en 2014 y 2016, respectivamente.

El acuerdo entre las partes que avaló la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos se alcanzó en marzo pasado cuando el Estado argentino llegó a un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.

Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la República Argentina desde 2016. La Justicia de Estados Unidos ya falló a su favor y le reconoció el cobro de 95.000.000 de dólares más cargos en concepto de intereses.

Por otro lado, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un litigio con la Argentina desde el 2014 por el cobro de deuda soberana adquirida luego de su fundación en 2012.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El otro texto a debatir es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

Tras el cimbronazo que pegó Patricia Bullrich, quien puso a disposición su renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y Javier Milei no la aceptó, por haber comunicado su postura en relación al pliego de Verónica Michelli, el Poder Ejecutivo sigue sumando adhesiones en contra.

Este miércoles se sumó el senador Francisco Paoltroni quien adelantó su rechazo al pedido que bajó desde Casa Rosada: “Yo ya traigo una línea en donde cuando no estoy de acuerdo con algo planto mi disidencia como fue el caso del juez Ariel Lijo o la demora en la presentación de la declaración de Manuel Adorni o como es este caso o la intervención en Formosa”.

Paoltroni remarcó que viene acompañando “todo, sobre todo en la gestión económica, pero hay algunas cuestiones de índole institucional o de la moral como política de Estado, y por eso no soy ni opositor ni enemigo ni quiero generar daño, es bueno plantear las diferencias siempre con la coherencia de a lo que vinimos”.

“Acá hay una impericia, estas cosas desgastan. No estoy de acuerdo con el retiro del pliego”, sentenció al respecto en declaraciones a Radio Rivadavia.

El formoseño afirmó: “No sé cuál es la cuestión de fondo, pero tengo entendido que esta profesional estaba puesto 18 en orden de mérito. Entonces ¿cómo puede ser que después por un vínculo con un periodista querer retirarlo? Es una desprolijidad muy grande que no es bueno para el Senado, para el Ejecutivo ni la Justicia”.

“Vengo acompañando todas las ideas de la Libertad porque adhería al plan y propuestas que llevábamos desde el 2023, sigo acompañando todo, pero hay límites que uno no está dispuesto a cruzarlo”, aclaró y recordó su rechazo a la candidatura del juez Lijo. También expresó su descontento por la falta de la declaración jurada de Adorni: “Me molesta muchísimo porque hasta hoy no presenta declaraciones juradas”.

“Es muy feo para cualquiera que firmó el dictamen, cómo vas a pedir ahora que vote el retiro te convertís en un monigote y no somos eso. Estas cosas son innecesarias. Le dije a Patricia que no iba a acompañar el retiro, mi voto en estas situaciones es bastante cantado”, concluyó.

El bloque del peronismo se quedó con la titularidad de cuatro comisiones que se constituyeron este martes en el Senado, cámara donde desde dicha bancada han reclamado por los lugares que les fueron dados en otras y el reparto que hubo también de las presidencias.

Hasta el momento se constituyeron 25 de las 27 comisiones permanentes del Senado, de las cuales el bloque Justicialista se quedó a cargo de 5. En tanto, todavía restan que se constituyan la de Deporte y la de Derechos y Garantías, previstas para este miércoles.

La primera en ponerse en marcha este martes fue la de Ciencia y Tecnología, donde asumió como presidente Eduardo "Wado" de Pedro, quien hizo referencia a "la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para nuestro país. Nuestro modelo productivo y las riquezas que hay en cada una de nuestras provincias está íntimamente ligado a la capacidad que tenemos los argentinos de agregarle valor, y este agregado, para poder exportar trabajo argentino, se da con el conocimiento".

El bonaerense hizo referencia al presupuesto actualmente destinado a este área y recordó que en 2015 se alcanzó "el máximo" de inversión con 0,34% del PBI en el Presupuesto Nacional, mientras que este año es de 0,14% del PBI. "Es nuestra responsabilidad volver a encauzar el financiamiento del modelo científico-tecnológico y evitar que se vayan científicos de nuestro país. Ya tuvimos en el gobierno de Cristina (Kirchner) un plan para que vuelvan científicos y volvieron más de mil", recordó.

Por su parte, la libertaria Romina Almeida fue designada vicepresidenta y expresó: "Asumo esta responsabilidad con la convicción de que la ciencia y la tecnología son fundamentales, y necesitamos acompañar iniciativas que ayuden a concretar todo lo que está impulsando nuestro presidente Javier Milei".

En el encuentro se definieron los miércoles a las 15 como días y horario de reunión, mientras que De Pedro anunció que el próximo miércoles convocarán a los responsables de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) para que expongan.

Luego fue el turno de Banca de la Mujer, que quedó en manos de la rionegrina Ana Marks, quien destacó "la relevancia que tiene este desafío en la previa del aniversario número 11 de esta marcha que nos congrega, que es la marcha Ni Una Menos, de esta lucha colectiva y voz que se alza de las mujeres en contra de la violencia, y en un contexto tan difícil como el que hemos vivido este fin de semana, con tres víctimas de femicidios en distintas partes de la Argentina, dos de ellas niñas adolescentes, que sin duda deben tener toda nuestra mirada y compromiso".

En esa línea, propuso "trabajar con nuestras diferencias" en pos de "este objetivo enorme que tenemos, que es ver cómo hacemos para que no sigan asesinando a cada una de nosotras cada 31 horas, para que en nuestro país se cumpla la Ley 26.485, para ver cómo hacemos para mejorar nuestro sistema judicial, y cómo hacemos para seguir trabajando en la realidad económica, laboral y exclusión social que muchas veces sufrimos las mujeres".

Como vicepresidenta de la comisión, la radical Gabriela Valenzuela recordó a "cientos de mujeres que a lo largo de la historia dieron tanto para que nosotras ocupemos lugares", pero llamó a "dar pasos hacia adelante juntos" y, en eso, "debemos convocarlos a los hombres". "La construcción debe ser a partir del diálogo y el respeto, para seguir consolidando esos derechos que tenemos las mujeres", agregó.

Por otra parte, fue designado como titular de Economías Regionales, Economía Social y MicroPyMEs el senador chaqueño Jorge "Coqui" Capitanich, quien detalló que la comisión tiene "17 proyectos de ley de 2026, y 29 proyectos de 2025, de los cuales 12 son de leyes". Asimismo, la comisión es cabecera en 7 iniciativas, en 19 segundo giro y en 3 tercer giro. Afirmó que se hará una evaluación de cada uno y en dos semanas se comenzará el tratamiento.

Finalmente, el santafesino Marcelo Lewandowski fue reelegido presidente en Industria y Comercio. "Es un momento muy difícil para la industria y el comercio, dos sectores que están atravesando un momento muy complejo", sostuvo y señaló que esto se debe a que las empresas no han podido "soportar un cambio en la lógica económica que las ha llevado a muchas de ellas al cierre y a otras estar sobreviviendo".

En igual sentido, la santacruceña Natalia Gadano abogó por trabajar en herramientas para "alivianar un poco a aquellos sectores que más lo necesitan".

Desde La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch anticipó: "El enfoque que nuestro bloque le va a dar a esta comisión no es emparchar la economía, no es generar supuestas soluciones de corto plazo, que nos han llevado a la destrucción de la economía". Y pidió que "nos concentremos en una legislación que desregule".

A partir de la conmoción interna generada por haber comunicado su postura en relación al pliego de María Verónica Michelli, Patricia Bullrich puso a disposición su renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y Javier Milei no la aceptó.

Según pudo reconstruir parlamentario.com, la conversación se dio en buenos términos durante la tarde del lunes y aconteció minutos antes de que Bullrich publicara la nota en X en la que avisó públicamente su postura respecto de Michelli, propuesta como jueza en La Plata y resistida por el Gobierno. En el final de ese posteo, Bullrich aclaró que su compromiso con este proyecto "es total", y ratificó que "también lo es con los principios que sostuve toda mi vida".

Desde el entorno de la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires dejaron trascender que presentar la renuncia fue "un gesto de bien", en el marco del desencuentro político en torno al pliego judicial en cuestión. Según informaron, la charla siguió con temas de agenda.

Mientras los vocales libertarios se hacían presentes en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta para rubricar la conformación de cuatro comisiones, la exministra de Seguridad se encontraba de viaje en la provincia de Mendoza. Pese a los trascendidos, varios integrantes de La Libertad Avanza decían desconocer la posibilidad de que Bullrich dejara la titularidad de la bancada.

Al cabo de la jornada y ante la insistencia creciente sobre el rumor de la presentación de su renuncia, la propia Patricia Bullrich confirmó los hechos desde Mendoza, en contacto con la prensa local. Allí aclaró que se trató de “una reunión privada” con el Presidente, por lo que no daría a conocer sus detalles, pero explicó lo sustancial de esa charla. “Por supuesto, toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición quizá distinta a la que él pueda tener, una persona de bien pone su renuncia a disposición”, explicó la excandidata presidencial. ¿Y qué hizo Milei? “El Presidente siguió la conversación sin darle importancia”, aclaró Bullrich.

Lo cierto es que la decisión de avalar el pliego de Verónica Michelli en contra de lo ordenado por Karina Milei a raíz del vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon generó un cortocircuito interno con aquellos senadores nacionales que prefieren obedecer los pedidos de la secretaria general de Presidencia de la Nación.

Por lo pronto, Patricia Bullrich será parte de la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles a las 11 junto a los presidentes de bloques aliados en virtud de definir el temario de la sesión ordinaria del próximo jueves 4 de junio. Está confirmado que se van a tratar el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La gran incógnita es lo que ocurrirá con el pliego de Michelli: no hay una postura definida y a estas horas no es descabellado imaginar que el tema sea postergado para más adelante. Una alta fuente deslizó a este medio que evitar tratarlo esta semana haría que el tema se posponga para agosto cuando la situación no esté tan caliente.

“Sería una lástima, porque veníamos bien encaminados para aprobar todos los pliegos”, confirmó por la noche un encumbrado senador consultado por parlamentario.com.

Organizaciones civiles expresaron su rechazo al retiro del pliego como candidata a jueza de Verónica Michelli -propuesta por el Ejecutivo para ocupar el TOF 3 de La Plata- por parte del Gobierno nacional por el solo hecho de ser familiar del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon quien investigó el caso $LIBRA.

El Colegio Público de la Abogacía de Buenos Aires emitió un comunicado en el que considera el retiro del pliego por parte del Ejecutivo como “una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”, y señalaron que “en la última década, el retiro indiscriminado de pliegos por parte de los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo ha dilatado más de lo aceptable el llenado de las vacantes judiciales, cuyo número continúa en una situación crítica, pese a los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Justicia de la Nación”.

Al respecto, indicaron que corresponde al pleno del Senado la aceptación o rechazo del retiro, siempre evaluando los motivos en que se funda a fin de “evitar arbitrariedades o abusos. Sería deseable que se brinden buenas razones en este caso, para despejar las suspicacias y rumores que se han hecho públicas en torno a esta candidatura”, dice la entidad que preside el exjuez y exministro Ricardo Gil Lavedra.

Desde la organización Integridad Republicana también expresaron su “profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo”.

Ante las “muy serias sospechas” de que “ese inusual proceder” sería el parentesco de Michelli con el periodista, “la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria”.

Para la entidad que preside Carlos Negri “se trataría de un hecho sumamente grave, porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano. Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”.

“Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país. La República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”, concluye el comunicado.

Integridad Republicana está conformada por personalidades con larga trayectoria en la defensa de las instituciones y la cultura democrática. Entre ellos, Horacio Moavro, Osvaldo Perez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz, Marcela Campagnoli.

También se manifestó la agrupación Será Justicia, que emitió una declaración -firmado por su presidenta, Inés Arias, y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico- en la que se condena el retiro del pliego de Michelli como “un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”, y desaprobaron la “improcedente conducta del Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, reclamaron que el referido pliego “cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, y manifestaron: “Se trata de una evidente e inaceptable maniobra que no sólo afecta un proceso de selección que cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen (nueve miembros que representan la mayoría necesaria), sino que trasunta un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión, otro de los pilares de nuestro sistema republicano”.

“La postura asumida por el Poder Ejecutivo Nacional no sólo contraría la voluntad expresada por la Comisión del Senado responsable de concluir el proceso, sino además resulta de dudoso apego a las normas reglamentarias y de transparencia en la selección de magistrados, así como al debido respeto por el sistema constitucional de división de poderes”, señalaron desde Será Justicia.

La senadora nacional Patricia Bullrich anunció este lunes que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto del retiro del pliego de María Verónica Michelli, cuya designación como jueza federal había sido impulsada por el propio Poder Ejecutivo, pero luego frenada en medio de cuestionamientos políticos.

“Ayer hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, señaló Bullrich a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que buscó dejar en claro su postura sin romper con el oficialismo.

En su publicación, la legisladora reconoció la potestad constitucional del presidente Javier Milei para proponer y retirar candidatos al Poder Judicial, pero defendió la necesidad de expresar sus convicciones. “Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, afirmó.

La definición de Bullrich se inscribe en un episodio que generó ruido en el oficialismo. Días atrás, el Gobierno envió al Senado una nota para retirar el pliego de Michelli, quien aspiraba a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata. La candidata ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos, tras haber reunido nueve firmas que la dejaban en condiciones de ser votada en el recinto.

El motivo del retiro fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, cuñado de la postulante, quien había publicado investigaciones sobre el caso $LIBRA y sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros temas sensibles para la administración libertaria.

El expediente había quedado envuelto en una polémica adicional cuando el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, se negó a presentar el dictamen pese a contar con las firmas requeridas, en una decisión cuestionada por apartarse de las prácticas habituales del Senado.

La solicitud formal de retiro del pliego fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en una jugada que respondió a una orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según trascendió en ámbitos parlamentarios. La decisión, además, contrastó con el destrabe simultáneo de otros pliegos judiciales que habían sido objetados previamente.

Ojalá varios senadores elijan ejercer su derecho a la objeción de conciencia y no impidan el nombramiento de una candidata idónea para la Justicia por el simple hecho de ser familiar de un periodista que investiga al poder, gobierne quien gobierne.

— maxi ferraro (@maxiferraro) June 1, 2026

En ese contexto, Bullrich buscó marcar un matiz sin romper la cohesión del oficialismo. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el presidente Javier Milei”, sostuvo, al tiempo que relativizó el impacto de la diferencia. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, aseguró.

La senadora también reivindicó el debate interno dentro del espacio libertario. “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”, afirmó.

El mensaje concluyó con una reafirmación política: “Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”.

La postura de Bullrich introduce así una señal de autonomía dentro del bloque oficialista en la Cámara alta, en un tema sensible que cruza la agenda judicial con la relación del Gobierno con el periodismo y que deja abierta la discusión sobre los criterios aplicados en la selección de magistrados.

En el marco de una serie de celebraciones patrias, el Senado llevó a cabo este lunes el primer acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. La primera jornada tuvo como portagonistas a estudiantes de cuarto grado de la Escuela Particular Incorporada 1051 Santa Marta y de la 332 “Patricias Argentinas” (Santa Fe); del Colegio Didascalio Santa Teresa del Niño Jesús (Lomas de Zamora); del Buenos Aires Christian School (CABA); y del Colegio Consolata (Merlo).

Las ceremonias fueron realizadas en el Salón Azul del Congreso de la Nación y estuvieron organizadas por, director general de Cultura de la Cámara alta. “Prometer es comprometerse y decir ‘yo voy a hacer mi parte’”, consignó el funcionario parlamentario en presencias de los estudiantes y docentes.

Luego, agregó que la bandera argentina “no pertenece a un gobierno, ni a un partido, ni a una época, sino a todos los argentinos”, y sostuvo que “honrarla implica hacerlo todos los días mediante acciones concretas, como estudiar, trabajar, respetar a los demás, ayudar al prójimo y cumplir con la propia palabra”.

“Cuando un chico estudia, cuando una familia acompaña y cuando un maestro enseña, la Argentina siempre se levanta”, sintetizó el directo general de Cultura del Senado. El acto contó con la participación de la Policía Federal Argentina, cuyo personal realizó el cordón de honor y acompañó la ceremonia con los abanderados de la Escuela de Cadetes Ramón Lorenzo Falcón y la banda musical de la fuerza.

Finalmente, felicitó a la comunidad de Pilar, provincia de Santa Fe, que este año celebra su 150° aniversario, y destacó la presencia de las autoridades comunales que acompañaron a los alumnos a la ceremonia de jura.

La actividad está contemplada en la tercera edición del ciclo de Promesas de Lealtad a la Bandera Nacional, que continuará desarrollándose a lo largo del mes de junio con la participación de otras instituciones educativas y se llevará adelante cada lunes y viernes del corriente mes, en homenaje al legado de Manuel Belgrano.

En medio de la catarata de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que mantiene a los integrantes de esa cámara a un ritmo intenso de trabajo, se abrirá otro debate o, mejor dicho, se volverá a discutir sobre un tema que el año pasado no avanzó: la reforma de la Ley de Biocombustibles.

Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se reunirá para tal fin este miércoles, desde las 14, en el Salón Azul. Ambas comisiones están presididas por el radical Flavio Fama y el oficialista Agustín Monteverde, respectivamente.

En octubre del año pasado, previo a las elecciones, se llevaron a cabo tres reuniones informativas, pero no se llegó a un dictamen. Distintos proyectos buscan reformar la Ley 27.640, sancionada en 2021 a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner.

De las cinco iniciativas que hay en carpeta, una fue presentada por la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y elaborada por la Secretaría de Energía. Días atrás, en una reunión informativa, pero de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del sector se manifestaron a favor y en contra de ese texto.

Entre sus principales puntos, el proyecto oficial busca elevar el corte obligatorio de biodiésel de 5% a 7,5% y a 10% un año después; mientras que para el bioetanol se mantendrá el 12% por doce meses y luego se incrementaría a 15%. A su vez, la Secretaría de Energía podría modificar los porcentajes discrecionalmente.

Uno de los artículos que hace ruido en las PyMEs del sector es que la iniciativa permite "la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio y en los casos en los que hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda del corte obligatorio".

Entre otros aspectos, el proyecto crea un sistema de mercado electrónico y autoriza la circulación de vehículos con motores flex fuel para el uso de bioetanol y biodiésel en mezclas con cortes superiores a los porcentajes obligatorios establecidos.

Además de la propuesta de Bullrich, que representa a la del Poder Ejecutivo, hay iniciativas de Beatriz Ávila (Independencia), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Primero Los Salteños).

La senadora nacional Flavia Royón presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone un nuevo marco regulatorio para el sector de biocombustibles, con el objetivo de modernizar la normativa vigente y posicionar a la Argentina en la transición hacia energías más limpias.

La iniciativa establece reglas para toda la cadena de valor —desde la producción hasta la comercialización— y plantea como ejes centrales la promoción de inversiones, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las economías regionales. Según el texto, se busca crear un mercado “eficiente y competitivo” que garantice el abastecimiento y favorezca la incorporación de nuevas tecnologías, incluidos biocombustibles de segunda y tercera generación.

Uno de los puntos destacados del proyecto es el incremento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en los combustibles fósiles. En el caso del gasoil, se establece un piso inicial del 7,5% de biodiesel, que subiría al 10% al año y al 15% a los dos años de vigencia de la ley. Para las naftas, se fija un corte del 15% de bioetanol.

La propuesta también apunta a diversificar la matriz energética mediante la incorporación de nuevos vectores, como el biometano, el bioGNC, el bioGNL y el combustible sostenible de aviación (SAF), alineándose con tendencias internacionales en materia de descarbonización del transporte.

En términos regulatorios, el proyecto prevé la creación de un sistema de comercialización mediante una plataforma electrónica que asegure transparencia, libre concurrencia y formación competitiva de precios. A su vez, establece mecanismos para evitar la concentración del mercado, incluyendo un cupo mínimo del 30% del biodiesel destinado al corte obligatorio para empresas no integradas.

Otro aspecto relevante es el impulso a los combustibles gaseosos renovables. La iniciativa promueve el desarrollo del biogás y el biometano, con la posibilidad de su inyección en redes de gas natural y su uso en transporte pesado, uno de los segmentos más difíciles de descarbonizar.

El proyecto también contempla incentivos para la renovación de flotas de transporte y la adopción de tecnologías más limpias, así como la exención de impuestos a los biocombustibles, manteniendo un tratamiento diferencial frente a los combustibles fósiles.

En sus fundamentos, Royón señala que la Argentina cuenta con ventajas competitivas en el sector —como disponibilidad de biomasa y desarrollo agroindustrial— pero ha perdido posiciones frente a países como Brasil o Indonesia, que avanzaron con mayores niveles de mezcla obligatoria.

Además, advierte que el país aún importa volúmenes significativos de gasoil pese a tener capacidad instalada para producir biodiesel, lo que impacta en la balanza energética. En ese sentido, el fortalecimiento del mercado interno de biocombustibles aparece como una herramienta para sustituir importaciones y reducir la salida de divisas.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto subraya que el mayor uso de biocombustibles contribuiría a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, especialmente en grandes centros urbanos.

La iniciativa, que propone derogar el régimen actual, busca así combinar objetivos productivos, ambientales y energéticos, en un esquema que promueva el desarrollo federal y consolide a los biocombustibles como una herramienta estratégica para la economía argentina.

Con una sesión ordinaria a la vista, el Senado llevará a cabo esta semana una serie de reuniones constitutivas para concluir el proceso de designación autoridades y vocalías en seis comisiones diferentes. Habrá cuatro encuentros este martes, dos el miércoles y la mayoría de las presidencias quedarán en manos del oficialismo.

La primera comisión de esta semana en conformarse será la de Ciencia y Tecnología que fijó la reunión constitutiva para este martes 2 de junio a las 16.00. La presidencia podría quedar para una integrante del bloque Pro.

Media hora después, la Cámara alta va a definir las autoridades, vocalías y días de reunión de la Comisión de Banca de la Mujer. Luego de estar bajo la titularidad de la senadora fueguino María Eugenia Duré (mandato cumplido), este martes a las 16.30 podría quedar en manos de La Libertad Avanza.

A las 17, la Comisión de Economías Regionales, Economía social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa quedará constituida con muchísimas chances de poner a una senadora oficialista en la presidencia.

A las 17.30, la Comisión de Industria y Comercio se constituirá en una reunión a celebrarse en el Salón Illia.

Y la jornada del martes concluirá con la reunión constitutiva de la Comisión de Población y Desarrollo Humano a las 18. Durante el anterior período estuvo presidida por la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Sin embargo, en esta ocasión podría quedar para el bloque Justicialista.

Luego, el miércoles 3 de junio, tendrá la reunión constitutiva de la Comisión de Derechos y Garantías a las 13 y la de Deporte a las 13.30. Ambas presidencias podrían quedar para senadores de La Libertad Avanza.

En el medio, habrá reuniones plenarias e individuales con diferentes debates, pero sin dudas el plato fuerte será la sesión ordinaria del próximo jueves 4 de junio donde el Senado buscará aprobar el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para ello, el miércoles desde las 11, los jefes de bancadas del oficialismo y espacios aliados se reunirán en Labor Parlamentaria.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de una nueva "Ley General de Sociedades", que busca dar fin a la Ley 19.550 -que data de 1972-, la cual el Poder Ejecutivo consideró que "constituyó uno de los pilares del derecho privado argentino moderno", pero dicho marco normativo "requiere ser adecuado a las necesidades económicas, tecnológicas, empresariales y jurídicas del siglo XXI".

Tal como lo anunciaran funcionarios por redes sociales el pasado viernes, la iniciativa fue girada al Parlamento e ingresó por el Senado, cámara que cuenta con una abultada agenda de proyectos pretendidos por Casa Rosada, con el objetivo de controlar el debate legislativo.

El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

A través de X, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó algunos puntos y afirmó que la iniciativa "se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando".

De acuerdo al proyecto de ley, se busca pasar a "un régimen societario más simple, flexible, previsible, moderno y compatible con la libertad de organización de los particulares, sin abandonar la tutela de los terceros, de la sociedad, de los socios y de los acreedores". "Su finalidad reside en reemplazar estructuras formales, costosas o burocráticas por reglas de responsabilidad, transparencia suficiente, solvencia, buena fe, tutela patrimonial, eficiencia registral y mecanismos eficaces de solución de conflictos", señaló en PEN en los fundamentos.

A través de esta modificación se redefine el concepto de sociedad: "La sociedad deja de estar vinculada exclusivamente a una visión tradicional de producción o intercambio de bienes y servicios; en efecto, se la reconoce, en la actualidad, como una estructura jurídica apta para desarrollar cualquier actividad lícita destinada a generar beneficios directos o indirectos para sus integrantes, conforme a lo establecido en el instrumento constitutivo".

También, mediante la propuesta se amplía la posibilidad de constituir sociedades unipersonales. "La unipersonalidad constituye una herramienta legítima de organización patrimonial y empresaria, especialmente útil para pequeños emprendimientos, grupos económicos, vehículos de inversión, radicación de empresas extranjeras y separación de riesgos jurídicos", explicó el Gobierno en los fundamentos.

En cuanto a puntos clave, en primer lugar se menciona que "se fortalece la autonomía de la voluntad, entendida como la facultad de los socios de diseñar el instrumento constitutivo y las reglas de funcionamiento interno de la sociedad conforme a sus necesidades, siempre dentro de los límites de la ley, de la buena fe, del orden público, del interés social y de la protección de terceros".

"La autonomía societaria no implica ausencia de regulación. Supone, por el contrario, reconocer que no todas las sociedades requieren de idéntico grado de intervención normativa", apuntó el PEN.

En segundo lugar, el proyecto promueve la simplificación registral y "la reducción de trabas administrativas meramente burocráticas". En tal sentido, se procura limitar la discrecionalidad administrativa, acelerar los plazos de inscripción, reconocer instrumentos digitales y facilitar el acceso a la información relevante mediante legajos y registros digitales.

En tercer término, "la reforma procura sincerar la función que efectivamente cumple el capital social en el derecho societario contemporáneo". El proyecto parte de la premisa de que la cifra nominal de capital no constituye, por sí misma, una garantía real y suficiente frente a terceros, sino que opera principalmente como parámetro para determinar la participación de cada socio en el ejercicio de sus derechos políticos y patrimoniales.

En consecuencia, "se revisan las disposiciones que atribuían al capital funciones de productividad o garantía que, en la práctica, han perdido eficacia, así como también se desplaza la tutela de terceros hacia la esfera de preservación del patrimonio social, de la solvencia, de la liquidez, de la responsabilidad de administradores y socios en supuestos de abuso y de las reglas que impiden distribuciones indebidas".

"Bajo esta lógica, el proyecto admite una mayor libertad para estructurar el capital, valorar los aportes y establecer su forma de expresión, incluso en moneda extranjera o en otros instrumentos admitidos por el ordenamiento jurídico vigente", se agregó en los argumentos.

En cuarto lugar, se procura "mejorar la gestión de conflictos societarios". La iniciativa sistematiza materias, amplía vías cautelares y reconoce el arbitraje societario como una herramienta idónea para resolver controversias con especialidad y celeridad.

En otro aspecto, "la reforma incorpora una mirada tecnológica". "El derecho societario no puede permanecer ajeno a la utilización de firmas digitales o electrónicas, registros digitales, sedes electrónicas, reuniones remotas, contratos inteligentes, registros distribuidos, tokens e inteligencia artificial", subrayó el Gobierno.

Sobre esta línea, se remarcó que "una de las transformaciones centrales del proyecto consiste en modernizar la forma de constitución, modificación, registración y publicidad de las sociedades". Así, se posibilita que el acto constitutivo y sus modificaciones puedan otorgarse por instrumento público o por instrumento privado con firma digital, firma certificada en forma judicial, notarial o por el Registro Público correspondiente, o con firma electrónica autenticada o con firma electrónica avanzada. El proyecto impulsa la digitalización de los Registros Públicos y la creación de legajos societarios digitales.

Además, se flexibiliza el régimen del objeto social: "Ciertamente, permite que sea amplio y plural, que comprenda actividades conexas o no conexas, y que, en ausencia de una previsión específica, se entienda que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita".

La reforma incorpora "instrumentos de inversión compatibles con prácticas contemporáneas de financiamiento". "En particular, se reconocen instrumentos convertibles, opciones de suscripción y otros mecanismos mediante los cuales una persona puede aportar recursos a la sociedad, sin adquirir inmediatamente la calidad de socio. Estas herramientas resultan indispensables para emprendimientos, startups, empresas en etapas tempranas, proyectos tecnológicos, rondas de inversión y esquemas de financiamiento privado", se explicó.

El proyecto también contempla la posibilidad de pactar jurisdicción y derecho aplicable en relaciones internas, especialmente en sociedades con componentes internacionales o inversores extranjeros.

En cuanto al tipo de sociedades, se incorpora la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) al cuerpo general de la ley, "lo que posibilita superar la dispersión normativa existente".

"La sociedad de cualquiera de los tipos previstos en esta ley que desarrolle su objeto social, mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada", se establece.

Y, sobre la responsabilidad, indica que "la sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial".

También se prevé la "Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (D.A.O.)", la cual se estructura de manera total o parcialmente autónoma y descentralizada, según las reglas de gobernanza, operación, toma de decisiones y distribución de beneficios previstas en su instrumento constitutivo o en su protocolo.

Otro de los puntos del proyecto es que "en las sociedades que no realicen oferta pública, los socios podrán someter sus relaciones internas a derecho local o extranjero, o al derecho mercantil internacional, siempre que no se vulneren normas imperativas de esta ley".

El diputado nacional Maximiliano Ferraro difundió este fin de semana una carta abierta dirigida a senadores nacionales en la que reclamó el tratamiento urgente de la ley de prevención de la ludopatía, con especial énfasis en la prohibición de la publicidad del juego online y el control del acceso de menores a las plataformas de apuestas.

El texto, dirigido a Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, José Mayans, Eduardo Vischi, Juliana Di Tulio y otros integrantes de la Cámara alta, advierte sobre el crecimiento “exponencial” de la ludopatía online y sus consecuencias sociales, particularmente entre adolescentes.

Ferraro planteó que el fenómeno constituye “un flagelo” que “está destruyendo familias, generando consumos problemáticos cada vez más tempranos y agravando padecimientos de salud mental”, al tiempo que lo vinculó con situaciones extremas como el endeudamiento y el suicidio.

En ese sentido, sostuvo que los datos disponibles muestran un escenario alarmante. Citó cifras de UNICEF según las cuales “8 de cada 10 adolescentes ya están dentro del ecosistema de apuestas”, mientras que el 79% recibe publicidad a través de influencers y el 59% no distingue entre plataformas legales e ilegales. Asimismo, recordó que en 2023 unos 14,6 millones de argentinos visitaron sitios de apuestas.

A partir de ese diagnóstico, el diputado cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, al que acusó de no abordar el problema de fondo. “Fue presentado bajo el nombre de prevención de la ludopatía, pero no previene: protege el negocio del juego online”, señaló, al tiempo que advirtió que la iniciativa oficial “deja intacta la maquinaria de publicidad, promociones y apuestas virtuales” dirigida a jóvenes.

El eje central del planteo de Ferraro es el reclamo para que el Senado retome el tratamiento de la media sanción aprobada en Diputados hace más de un año, que —según detalló— incluye herramientas concretas para limitar el acceso y la promoción del juego. Entre ellas, mencionó el control biométrico de identidad, restricciones al uso de tarjetas de crédito y la prohibición de publicidad, especialmente en el fútbol, redes sociales e influencers.

“Hace más de un año el Senado tiene frenada la media sanción para prevenir de verdad el consumo problemático de apuestas virtuales”, sostuvo el legislador, y pidió que esa iniciativa sea priorizada por sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.

En un tramo del texto con tono político, Ferraro apeló directamente a los senadores, a quienes señaló que “conocen bien las presiones y los intereses que rodean este negocio” y los instó a actuar en consecuencia. “No hay margen para mirar para otro lado. Mucho menos para que algunos sigan eligiendo timbear con la salud y la vida de miles de pibes y familias”, advirtió.

La carta concluye con un llamado a definir el tratamiento legislativo en función del interés público y no de los actores económicos del sector. “No podemos legislar para el lobby. Legislemos para proteger a los chicos, a las familias y a la salud pública”, expresó.

El Mundial está a la vuelta de la esquina y como suele suceder en un país tan futbolero como el nuestro, la actividad en muchos ámbitos suele ser afectada por el desarrollo del mismo. No por nada se toman recaudos teniendo en cuenta el desarrollo del Mundial, un evento capaz de atraer la máxima atención aun de los menos fanáticos. Y el Congreso lejos está de ser una excepción; por el contrario, cae preso de esa dinámica, que se conjuga con un factor determinante que también influye: el receso habitual de invierno.

En rigor, en el parate legislativo, son las vacaciones de invierno las que más pesan, y no necesariamente los mundiales. Esto nos deja a las puertas de decir que los mundiales no necesariamente afectan la actividad legislativa, aunque no lo negaremos.

En definitiva, no sería tan así, pero digamos que su influencia sobre el Congreso está por lo menos sobrevaluada.

Veamos sino: tomando solo los últimos cuatro mundiales, el promedio de sesiones en el transcurso de ese mes de torneo ecuménico es de 3 sesiones en época mundialista. Y nada de sesiones intrascendentes, como se verá en este informe.

Qatar 2022

El último Mundial, que ganó la Argentina, tuvo la particularidad de desarrollarse en una fecha inédita, ya no entre los meses de junio y julio como lo habitual. Por razones climáticas, se disputó entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, con el aliciente para los argentinos de que nuestra selección se quedó hasta el último día y, encima, tuvo la dicha de ganar el torneo.

Está claro además que cuanto más lejos llegue nuestra selección, más atención genera en la sociedad y por ende más tiempo puede llegar a afectar la actividad legislativa, que es lo que nos ocupa. No obstante ello, en ese último Mundial la Cámara baja realizó 3 sesiones y el Senado una.

En pleno Mundial, dos días después del debut ante Arabia Saudita, que Argentina perdió 2 a 1 (22 de noviembre), la Cámara baja dio media sanción al proyecto que jerarquizaba el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. También aprobaron en esa sesión la actualización de multas por el desecho de residuos peligrosos y se votó nada menos que la Ley Johanna, de atención frente a la muerte perinatal. Fue esa sesión en la que la diputada del Pro Camila Crescimbeni emocionó a todos al dar un discurso con su bebé en brazos en el que detalló la triste experiencia que le tocó vivir al haber perdido muy recientemente a uno de sus mellizos.

En esa sesión del 24 de noviembre de 2022 se dio media sanción a la ley de Alcohol Cero y la ley de Lengua de Señas.

El 1 de diciembre, cuando ya la Argentina había pasado a cuartos de final al día siguiente de haber derrotado 2 a 1 a Polonia, el oficialismo fracasaba en su intento de llevar adelante la sesión preparatoria en Diputados, con lo que no pudieron elegirse autoridades de esa Cámara. Casi toda la oposición se ausentó y solo asistieron 4 aliados de Provincias Unidas y el hoy gobernador neuquino Rolando Figueroa. Pero las ausencias no fueron por el Mundial, sino como protesta a la decisión de la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, de suspender las designaciones en el Consejo de la Magistratura. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, lanzó el entonces jefe del bloque radical Mario Negri.

A continuación, el oficialismo logró quórum para arrancar una sesión de prórroga de ordinarias en la que se proponía crear 8 universidades, pero la misma duró poco más de una hora y en medio de un escándalo terminó cayéndose.

Eso sí, el Senado en cambio no sesionó en el transcurso del Mundial, realizando su última sesión el 16 de noviembre.

Rusia 2018

El Mundial de Rusia se jugó entre el 14 de junio de 2018 y el 15 de julio venidero. Dirigida por Jorge Sampaoli, la Argentina arrancó ese torneo con un inesperado 1 a 1 ante la débil Islandia, y terminó su recorrido mundialista prematuramente el 30 de junio, cuando en octavos de final caímos 4 a 3 ante Francia, equipo que se coronaría campeón.

La Cámara de Diputados había sesionado el día anterior al arranque del Mundial y tuvo una sesión en minoría el 19 de junio. Había sido convocada para tratar el acuerdo con el FMI, pero la oposición solo pudo reunir 68 diputados. Sí hubo doble sesión del Senado el 27 de junio, al día siguiente de que nuestra selección venciera a Nigeria 2 a 1. En la primera, el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña dio su informe de gestión, y en la segunda se puso fin a una polémica que se había generado por los giros dispuestos por Gabriela Michetti a la media sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, acordándose también que el proyecto se votara el 8 de agosto.

Ya con la Argentina fuera del Mundial, cuyo desarrollo continuaba, ambas cámaras sesionaron el 4 de julio. Diputados debatió ese día el proyecto de urbanización de villas y la Ley Justina, sobre donación de órganos, en tanto que la Cámara alta dio media sanción a la ley de comunicaciones convergentes.

En esa sesión, el senado Miguel Pichetto dio uno de esos discursos antológicos en el que hablando del proyecto de comunicaciones convergentes, criticó los contenidos audiovisuales: telenovelas extranjeras (“porquerías enlatadas”, las definió), al pastor Giménez “dando misas” y de alguna manera llegó al fútbol, para criticar a “la conducción de la AFA, de decadencia profunda… O el técnico que tenemos, todo tatuado… Por eso también nos va mal”.

Brasil 2014

El Mundial 2014 se disputó entre el 12 de junio y el 13 de julio, y la Argentina tuvo la dicha de estirar su participación hasta el final, cayendo ese domingo 1 a 0 ante Alemania en el alargue. Hubo tres sesiones.

Diputados sesionó el 2 de julio, al día siguiente de la victoria por 1 a 0 ante Suiza en los octavos de final. En esa sesión se aprobó por unanimidad un proyecto de Héctor Recalde para instituir el 7 de julio como Día del Abogado Laboralista. También se avanzó con otros proyectos consensuados entre el oficialismo y el arco opositor: la reducción del IVA a medios gráficos; la indemnización a víctimas de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, y convirtieron en ley un proyecto para evitar recibir publicidad en teléfonos celulares. Avalaron además que Bolivia se incorporara al Mercosur.

Ese mismo día, el Senado convirtió en ley el proyecto de responsabilidad del Estado, una norma que ubicaba dentro del derecho administrativo las demandas de particulares y empresas contra el Estado. También se aprobó una declaración de emergencia por inundaciones.

Había también trabajo en comisiones, donde los diputados del Frente para la Victoria impusieron su mayoría en comisión para rechazar “in límine” los proyectos de la oposición para hacerle juicio político al vicepresidente Amado Boudou.

El 10 de julio de 2014 volvió a sesionar el Senado para aprobar la inmunidad para bancos centrales extranjeros en la Argentina, una iniciativa enviada por el Gobierno de Cristina Kirchner en el marco del conflicto con los fondos buitre. Fue en una sesión presidida por el presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora, dado que el vicepresidente Amado Boudou acaba de ser procesado por corrupción y su sola presencia hubiera generado una arremetida de la oposición que hubiera puesto en riesgo la aprobación de un proyecto tan relevante para el Gobierno.

Sudáfrica 2010

La Argentina concurrió al primer mundial disputado en territorio africano bajo la conducción de Diego Maradona. El torneo se desarrolló entre el 11 de junio y el 11 de julio y la ilusión fue creciendo a fuerza de triunfos contundentes: 1 a 0 a Nigeria el 12 de junio; 4 a 1 a Corea del Sur el 17 de junio; 2 a 0 a Grecia el 22 de junio y 3 a 1 a México el 27 de junio. Pero la carroza se convirtió en calabaza el 3 de julio al caer 4 a 0 ante Alemania.

Dos días antes del torneo ecuménico las dos cámaras realizaron sesiones ordinarias. Y ya durante la Copa, el 23 de junio, un día después del 2 a 0 ante Grecia la Cámara baja realizó una sesión en la que la oposición logró aprobar un proyecto para limitar la facultad del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias. También aprobó una ley para sancionar a empresas por la explotación petrolífera en Malvinas.

El Senado sesionó el 30 de junio, para aprobar por unanimidad una ampliación de las licencias por paternidad, como así también una extensión al ámbito nacional de la prohibición de cobrar intereses en las cuentas sueldo y otro proyecto sobre la promoción de la donación altruista de sangre. También aprobó el pleno en esa jornada darle preferencia al proyecto para elevar los haberes jubilatorios al 82% móvil.

Conclusión

Solo tomamos como referencia los últimos cuatro mundiales, lo cual nos permite aclarar que no es real que durante los torneos mundiales el Congreso se inmovilice. Tampoco, claro está, que vaya a haber una actividad plena.

Esto no implica que una sesión vaya a coincidir con un partido de Argentina, pero desde ya es exagerado afirmar que el Congreso se frene absolutamente durante el mes que dura el torneo ecuménico.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezó la presentación del Taller “Símbolos”, una propuesta impulsada por la Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección de Bienestar Laboral, destinada a fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad que se desempeñan en la Cámara alta.

Actualmente, el Senado cuenta con 232 trabajadores con discapacidad, lo que representa el 6,5% de la planta total y supera el cupo laboral establecido por la normativa vigente. En ese marco, el taller fue concebido como un espacio de participación voluntaria orientado a generar nuevas oportunidades de integración y desarrollo institucional, sin modificar las funciones habituales de quienes participan.

La iniciativa funciona bajo una modalidad autosustentable y no requiere partidas presupuestarias adicionales. Además, cuenta con una coordinación pedagógica a cargo de Guadalupe Saavedra y una supervisión encabezada por Romina Dáscoli, junto con el acompañamiento permanente de profesionales especializados de la Dirección de Bienestar Laboral.

Durante la presentación, Villarruel destacó la importancia de generar herramientas concretas para promover la inclusión dentro del Senado. “Estoy muy contenta de inaugurar este espacio para las personas que trabajan con nosotros en el Senado. Poder brindarles un lugar y acompañar una iniciativa como esta es algo que nos enorgullece profundamente”, expresó.

Como primera producción del taller, y en el marco de la Semana de Mayo, se confeccionaron escarapelas patrias. A partir de esta experiencia inicial, el proyecto prevé incorporar nuevos artículos institucionales como prendedores, bolsos, portavasos y señaladores elaborados por los participantes.

En ese contexto, la titular del Senado remarcó el valor simbólico de la escarapela y su vínculo con la identidad nacional. “Uso escarapela todos los días porque representa un gesto de cariño a la patria, pero también un reconocimiento a quienes las realizan. Quiero que ese mensaje pueda transmitirse a todos los argentinos”, señaló.

Los productos elaborados estarán disponibles para quienes participen de las visitas guiadas al Palacio Legislativo, así como también para senadores, autoridades y trabajadores de la institución. Lo recaudado será destinado a la compra de insumos para futuras producciones, con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto y seguir fortaleciendo los espacios de inclusión laboral dentro del Senado.

El Gobierno nacional mandó en la noche de este miércoles un pedido a la Cámara alta para que se retire el pliego de la candidata María Verónica Michelli, el cual ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos tras haber reunido nueve firmas.

Michelli estaba postulada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. ¿Cuál fue el motivo? La candidata es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones que salpican la administración libertaria.

Para quienes me preguntan: sí, esto es verdad.

El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza federal por ser la cuñada de un periodista que investiga al oficialismohttps://t.co/oqUKPHpZv7

— Hugo Alconada Mon (@halconada) May 28, 2026

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto. Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien fue la encargada de ordenar el freno del ascenso judicial, pese a que el propio presidente Javier Milei había firmado el pliego a mediados de marzo.

En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión.

Senadores del bloque Justicialista recibieron a dirigentes de Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre ellos a su –desplazado- líder Abel Furlán, luego de la intervención judicial dispuesta por la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

De la reunión participaron los senadores José Mayans -presidente de la bancada-, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Teresa González, Adán Bahl, Jorge Capitanich, Carlos Linares, Fernando Salino y Eduardo “Wado” de Pedro.

Por el lado sindical hicieron lo propio el mencionado Furlán, Antonio Donello, Esteban Cabello, Emiliano Gallo, Gustavo Daporta, Matías Cremonte, Leandro Matilla, Oscar Martínez, Osvaldo Lobato, Pablo Molina, Roberto Gómez, Santiago Leveling, Juan Brutti y Álvaro Ruiz.

En la reunión, los legisladores y sindicalistas coincidieron en la necesidad de unificar criterios tanto en la cuestión de la intervención, “a los fines de frenar esta embestida política judicial contra la representación legítima de los trabajadores metalúrgicos”, como en virtud de “unificar a todo el campo popular para enfrentar las políticas de hambre del Gobierno nacional”.

“Este ataque contra la UOM está claramente alineado con las políticas de industricidio desplegadas por la administración de Javier Milei”, señalaron los gremialistas y resaltaron que “en lo que va del actual Gobierno, se perdieron 25 mil puestos de trabajo en el sector y el poder adquisitivo del salario de los metalúrgicos se redujo en el orden del 20 por ciento, en el mismo período”.

Además, se analizó la situación del juez Víctor Pesino, quien fue uno de los firmantes de la intervención y espera que el Senado le ratifique su continuidad en el cargo por superar el límite de edad de los 75 años, a pedido del Poder Ejecutivo. El magistrado también fue uno de los que rechazó el planteo de la medida cautelar que frenaba la Reforma Laboral, que había formulado la CGT, lo que, para varios de los participantes de la reunión, “demuestra un cambio de favores entre el postulante y la administración central”.

En el encuentro, los presentes consideraron que “la medida judicial busca disciplinar y castigar a la conducción de la UOM por ser uno de los gremios que más viene enfrentando las políticas de ajuste y de destrucción de la industria promovidas desde el Poder Ejecutivo”.

Abel Furlán y José Mayans

Los proyectos de ley enviados recientemente por el Gobierno a la Cámara de Diputados fueron girados este miércoles a sus respectivas comisiones, trámite formal a cargo de la Presidencia. Por su parte, los que ingresaron por el Senado todavía aguardan ese trámite formal.

Una de las dos iniciativas que empezarán por la Cámara baja es la que propone el “Súper RIGI”, un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que busca atraer inversiones de sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país.

La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, inspirado en el RIGI original creado por la Ley Bases.

En Diputados, este proyecto se tratará en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch; Industria, presidida por un aliado del oficialismo, el santacruceño José Luis Garrido; y en Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo la conducción de Martín Yeza, del Pro.

Por su parte, el proyecto sobre régimen integral de “gestión de intereses”, más conocido como “Ley Lobby”, tiene el objetivo de transparentar y registrar las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos en la toma de decisiones.

Esta propuesta tendrá como protagonistas a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.

Hasta este miércoles por la tarde, los dos proyectos que ingresaron por el Senado todavía no tenían giro a comisiones.

En lo que respecta a la “Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar en Línea”, la media sanción de Diputados de noviembre de 2024 fue enviada por entonces a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado. En la cámara de origen el trámite había sido aún más complejo, con cinco comisiones: Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.

En ese momento, la comisión cabecera en la Cámara alta la encabezaba la peronista Lucía Corpacci, que tras varios reclamos logró realizar reuniones informativas con las otras dos comisiones, pero nunca se dictaminó. Tras la renovación parlamentaria, estas tres comisiones están en manos de La Libertad Avanza, con Ivanna Arrascaeta en Salud; Nadia Márquez en Legislación General; y Gonzalo Guzmán Coraita en Justicia y Asuntos Penales.

De esta manera, el oficialismo manejará los tiempos de debate sobre este tema, en el cual el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo solo ataca el juego online ilegal y es más flexible con la publicidad habilitada para plataformas legales.

En cuanto a la propuesta para derogar la Ley 27.642, de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como de Etiquetado Frontal de Alimentos, el proyecto que había dado origen precisamente a esa norma nació en el Senado, con el consenso sobre iniciativas presentadas por los mendocinos Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos –exsenador-.

Durante 2020, año marcado por la pandemia y el trabajo remoto, el tema se discutió y posteriormente dictaminó en las comisiones de Salud e Industria y Comercio. La de Salud, como se señaló, está en manos de LLA, mientras que la segunda todavía es de las pocas que no está constituida en la Cámara alta.

Tal cual había anunciado el viernes pasado, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que propone un marco normativo integral para la prevención de la ludopatía y la regulación de los juegos de azar en línea, con eje en la protección de niños, niñas y adolescentes y el combate a las plataformas ilegales.

El texto ingresó para su tratamiento por el Senado, y se conoció este lunes. En el mensaje que acompaña la iniciativa, el Gobierno advierte sobre “el exponencial incremento del acceso a plataformas de apuestas”, especialmente entre menores, y sostiene que el fenómeno constituye un desafío creciente en materia de salud pública. “El uso problemático de tecnologías digitales y las conductas compulsivas asociadas a los juegos de azar […] constituyen fenómenos complejos y multidimensionales”, señala el texto oficial.

El diagnóstico se apoya en datos recientes: según el Observatorio Argentino de Drogas (Sedronar), más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero en el último año, con mayor incidencia en modalidades online.

Frente a ese escenario, el proyecto define como objetivos centrales erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, prohibir el acceso de menores y consolidar la prevención del juego patológico como política de salud pública en todo el territorio nacional.

La iniciativa también incorpora un enfoque amplio del problema al remarcar que los consumos problemáticos “no se limitan únicamente a supuestos clínicos extremos”, sino que incluyen conductas de riesgo con consecuencias económicas, sociales y familiares.

Uno de los ejes más relevantes es el endurecimiento del régimen penal. Se prevé que quienes exploten apuestas sin autorización puedan recibir penas de tres a seis años de prisión, mientras que quienes faciliten estas operatorias —a través de servicios financieros, tecnológicos o publicitarios— enfrentarán sanciones de dos a cuatro años.

En materia de publicidad, el proyecto establece una prohibición total para la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y vía pública. Además, responsabiliza a agencias, productoras, influencers y medios que participen en su difusión.

Para las plataformas autorizadas, en tanto, se fijan límites estrictos: las campañas no podrán estar dirigidas a menores ni vincular el juego con éxito social o soluciones económicas, ni asociarlo al consumo de alcohol o tabaco.

El texto también asigna responsabilidades a distintos organismos del Estado. El Enacom deberá bloquear contenidos y publicidad de sitios ilegales, mientras que el Banco Central tendrá a su cargo impedir operaciones financieras vinculadas a estas plataformas y, especialmente, transferencias desde cuentas de menores.

A su vez, se establece que las entidades financieras y los proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios.

La Comisión Nacional de Valores y los proveedores de activos virtuales también quedarán alcanzados por restricciones similares, con la obligación de monitorear y prevenir transacciones ligadas a operadores ilegales.

Otro punto clave es la habilitación de medidas rápidas para la baja o bloqueo de dominios de juego no autorizados, a cargo de NIC Argentina, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales.

En paralelo, el proyecto refuerza el rol de Sedronar y el Ministerio de Salud en la prevención y tratamiento de la ludopatía. Se prevén campañas de concientización, programas educativos, capacitación de agentes públicos y producción sistemática de información epidemiológica.

“El proyecto […] procura consolidar un enfoque integral que combine la prevención, la educación, la concientización, asistencia y cooperación institucional”, sostiene el mensaje, al subrayar la necesidad de una respuesta coordinada entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el texto respeta el esquema federal vigente: reconoce que la regulación del juego corresponde a las provincias, pero promueve mecanismos de articulación para enfrentar el crecimiento de las plataformas digitales ilegales, cuya operatoria trasciende fronteras jurisdiccionales.

Con este envío al Senado, el Gobierno abre un nuevo frente en la agenda legislativa, en un tema que comenzó a escalar en preocupación pública por su impacto en los jóvenes y la expansión de las apuestas online en los últimos años.

Los años legislativos se dividen en dos mitades separadas por las vacaciones de invierno. Que si bien muchas veces son minimizadas por los propios legisladores, existen y afectan la actividad parlamentaria, claro está. Cuando hay Mundial, eso influye aún más. Sucede cada cuatro años, y es lo que está por acontecer en quince días.

No es que vaya a haber un éxodo inminente hacia Estados Unidos, para asistir al torneo ecuménico -aunque no serán pocos los que, con cierta discreción, no se lo perderán-, pero la verdad es que esos dos factores, vacaciones y Mundial, oficiarán como un factor de enorme peso para ralentizar el trabajo en el Congreso.

De ahí que no sean pocos los que consideren que la del miércoles pasado fue la última sesión de este semestre en Diputados, aunque desde el oficialismo se advierte que hay un plazo perentorio que cumplir, de ahí que pueda haber una sesión de urgencia. Se verá.

¿Cuál es ese proyecto que debe ser tratado de apuro? El del pago a los holdouts, que está todavía en el Senado, pendiente de aprobación allí. En la versión inicial, ese plazo estaba marcado para el 30 de abril de 2026. Si no se aprobaba antes de esa fecha, el convenio podía caerse automáticamente y obligar a la Argentina a retomar los litigios en condiciones más desfavorables. Claramente ese plazo se incumplió; recordemos que el texto fue excluido de la última sesión del Senado, por errores que debían ser corregidos.

Pero el plazo fue extendido para dar margen al Congreso: primero hasta fines de mayo, pero luego, con ajustes en el dictamen, se estiró hasta el 30 de junio de 2026.

De ahí que se especule con una sesión urgente en Diputados -una vez cumplida la media sanción- en el transcurso de junio.

La agenda del Senado

Por lo pronto, ese texto debe ser aprobado en la Cámara alta, donde la última semana se le dio dictamen en el marco de un plenario de las comisiones de Economía e Inversión Nacional y de Presupuesto y Hacienda. Allí hubo una actualización en el listado de bonos debido a que el anterior texto contemplaba montos prescriptos y que se incorporaron otros que habían quedado afuera de la redacción. Si bien en esa comisión trascendió que el Acuerdo de Conciliación con Attestor y Brainbridge sería tratado en el recinto este jueves 28 de mayo, lo más probable es que la próxima sesión del Senado sea el 4 de junio.

Ese día se incluirían también pliegos judiciales que han sido debatidos en la Comisión de Acuerdo las últimas semanas. Son 73 que ya están listos para ser tratados, entre los cuales figura el de la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

El otro proyecto que se descuenta estará en el temario de esa sesión que se realizaría el 4 de junio es el de la propiedad privada. El proyecto también tuvo dictamen la última semana, más precisamente el miércoles 20 de mayo, en el marco de un plenario de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, donde se hicieron cambios sustanciales. El dictamen establece un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación, mientras que para los inquilinos en mora se amplía el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial. Según se explicó, la intención es dotar de mayor claridad operativa a la norma y evitar interpretaciones dispares.

Otro de los cambios relevantes es la exclusión del capítulo vinculado al régimen de barrios populares (RENAVAP), que será abordado en una iniciativa específica, así como la incorporación de disposiciones sobre registros de terrenos.

En materia de tierras rurales, el proyecto elimina las restricciones vigentes para la adquisición por parte de extranjeros, aunque introduce un esquema descentralizado: serán las provincias las que definan si autorizan o no esas operaciones, en línea con sus competencias constitucionales sobre los recursos naturales. No obstante, se mantiene la prohibición para que estados extranjeros o empresas con participación estatal accedan a la propiedad de tierras.

Ese sería el temario de la última sesión del Senado de esta primera mitad del año, que tendría lugar el jueves 4 de junio. A menos que con un tratamiento exprés en comisiones se deje listo por ejemplo la media sanción de Zona Fría para convertirla en ley antes del receso.

Una de las materias pendientes del Poder Ejecutivo de la Nación en sus primeros dos años de gestión libertaria es, sin dudas, la designación de jueces y fiscales. Sin embargo, la nueva composición de la Cámara alta le permitió al Gobierno comenzar con el proceso de envío de pliegos judiciales. Desde que el Senado dio luz verde en el recinto a la prórroga del juez Carlos Alberto Mahiques, y ya se han enviado un total de 144 expedientes.

Pocos días antes de que Juan Bautista Mahiques fuera nombrado ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno envió  el pliego de extensión del padre del nuevo funcionario por cinco años como juez integrante de la Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta el momento es el único expediente sancionada en el recinto.

A finales de marzo, fueron enviados un total de 78 pliegos para designar jueces de Cámara, de Menores y de Primera Instancia; vocales federales de Apelaciones y Seguridad Social; cargos en defensorías públicas; fiscales generales; y conjueces. A su vez, están dirigidos a ocupar lugares en Ciudad y Provincia de Buenos Aires; Formosa; Santa Fe; Mendoza; Neuquén; Salta; Río Negro; y Entre Ríos.

Esta primera tanda de pliegos judiciales fue ingresada en el recinto en la sesión ordinaria del pasado 9 de abril. Luego se llevaron a cabo las audiencias públicas desde el 30 de abril al 7 de mayo y el 14 de mayo, y 73 expedientes quedaron listos para ser llevados al recinto de la Cámara de Senadores.

Hubo 5 expedientes de la primera tanda que no fueron pasados a la firma: el de María Verónica Michelli para ser jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata; los de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para ser designados vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en las salas A y B, respectivamente; el de Juan Manuel Mejuto para ser nombrado juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal; y el nombramiento judicial de 13 magistrados (todos en un mismo expediente).

Según supo parlamentario.com, habría una mínima chance de que estos 73 expedientes sean llevados al recinto en la sesión ordinaria prevista para el próximo jueves 28 de mayo. De todos modos, los temas centrales serán el Acuerdo de Renegociación con los Fondos Buitre y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ambos temas dictaminados esta semana en la Cámara alta.

La segunda tanda de pliegos judiciales enviados por el Gobierno ocurrió durante los últimos días de abril y todos quedaron habilitados en la sesión del pasado jueves 14 de mayo para ser tratados por la Comisión de Acuerdos (presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto). Se estima que las audiencias públicas se lleven a cabo en el mes de junio próximo.

De este segundo tramo se destacan cargos en la Defensoría Pública, de Menores e Incapaces y de Víctima; fiscales federales y generales; jueces de Cámara; vocales; y conjueces. Asimismo, aparecen los fueros penales, civiles y de primera instancia a cubrir en la Ciudad de Buenos Aires, San Martín, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Gualeguaychú, Posadas, Paso de los Libres y Mendoza.

Por último, la tercera tanda de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo son seis y aún no cuentan con estado parlamentario. Se trata de seis designaciones para Catamarca, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires para convalidar nombramientos de jueces y vocales en Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y en la Cámara Federal de Apelaciones.

La lista detallada

Solamente fue aprobada en el recinto la prórroga de extensión por cinco años de Carlos Alberto Mahiques para continuar como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 14 de mayo en la última sesión ordinaria.

Listos para ser llevados al recinto (73)

Ricardo Lombardo, para juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de CABA

Nicolás Pacilio, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de CABA

Santiago Poncio, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 de CABA

Javier Santiso, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

Ignacio Labadens, juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de CABA

Julián Herrera, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°44 de CABA

Nicolás Grappasonnno, vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de CABA, Vocalía N°10

Ivana Quinteros, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°20 de CABA

Santiago Jaimes Munilla, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 de CABA

Emilio Faggi, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III

María Gloria Capanegra, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 de CABA

María Inés Reston, defensora pública oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N°1

Claudio Silvestri, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

Paula Fuertes, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de CABA

Soledad Mariño, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 de CABA

Carlos Cuesta, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata

Juan Martín Balcazar, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

María Julia Sosa, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3

Conjueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de CABA: Ramiro Fare, Claudia D’Acunto, Raúl Montesano y Adrián Hagopian

Pablo Wilk, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata

Verónica Polverini, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°7

Marcela Sasso, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA

Lucas Berlotti San Martín, defensor público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°2

Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N°4

Hugo Decaría, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal

Ezequiel Sobrino Reig, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°80 de la Capital Federal

Germán Degano, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°64 de la Capital Federal

Gerardo Cacace, juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa

Santiago Quian Zavalia, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Osvaldo Pitrau, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Analía Victoria Romero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Samanta Biscardi, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Paula Castro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Lucila Córdoba, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K

Walter Carnota, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala II

Fernando Strasser, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala III

Pablo Flores, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín

Laura Kvitko, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°23 de la Capital Federal

Nicolás Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Luara Wiszniacki, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62 de la Capital Federal

Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe

Juan Andrés Moldes, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico, Fiscalía N°1

Javier Arzubi Calvo, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Federico Novello, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal

Laureano Durán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I

Jorge Djivaris, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B

Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham

Pablo Moya, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 de la Capital Federal

Walter Rodríguez, juez del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Santa Fe

Santos Cifuentes, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°25 de la Capital Federal

Diego Allievi, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°10 de la Capital Federal

María Laura Ameri, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°3

María Agustina Boyajian Rivas, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22

Yamile Bernan, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Carlos Parma, defensor público oficial federal del interior del país con asiento en Mendoza

Santiago Vismara, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Yael Sircovich, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

José Miguel Guerrero, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de la Capital Federal

Juan Manuel Gaset Maisonave, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Mariano Amaduri, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Santiago Saux, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela

Pablo Matkovic, juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén

Mario Ferrario, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín

Gabriela Palopoli, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°94 de la Capital Federal

María Florencia Massa, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°4

Juan Pedro Giudici, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°4

Diego Anzorreguy, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta

Leandro Gómez Constenla, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche

Diego Souto, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 de la Capital Federal

Paula Marinkovic, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°77 de la Capital Federal

Marcelo Peluzzi, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal

Sebastián Soneira, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A

Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos

Pendientes de audiencia pública (58)

Ana Clarisa Galán Muñoz, defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

María Esther Pinos, defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

María Laura Irastroza, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

Maximiliano Eduardo Nicolás, defensor público de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

Sofía del Milagro Martín, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

José Nicolás Celestino Chumbita, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Nuria Saba Sardañons, defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

Germán Artola, defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Hernán Figueroa, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Lucila Califano, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Florencia Inés Córdoba, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Alicia Isabel Braghini, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala III.

Agustín Rubiero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala D.

Javier Pereyra, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Vanesa Alfaro, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Mariana Salduna, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Fernando Pascual, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Bernardo Rodríguez Palma, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín.

Gustavo Cultraro, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Santiago Roldán, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal.

María Ángeles Ramos, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Natalia Crede, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

Pedro Rebollo, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Matilde Ballerini, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala B.

Leopoldo Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, provincia de San Juan.

Víctor Pesino L., vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala VIII.

María Claudia Jueguen, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala X.

Marian Pisacco, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala VI.

Diego Tula, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala II.

Diego Manauta, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala V.

Claudio Loguarro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala III.

Pablo Toledo, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia de Tucumán.

Ruth Ponce de León, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones.

Juan Burella Acevedo, fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, provincia de Corrientes.

María Virginia Ise, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco.

Ángel Luna Roldán, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia de Tucumán.

Juan Carlos Riccardini, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal.

Julio César Di Giorgio, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Paula Romeo, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Santiago Villagrán, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 19 de la Capital Federal.

Juan Tomás Rodríguez Ponte, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Hugo Daniel Froy, fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.

Pilar Fernández Escarguel, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

José María Abram Luján, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Evangelina Lasala, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Amanda Espino, defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Santiago French, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, sala I.

Santiago José Martín, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Patricio Sabadini, fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, provincia del Chaco.

Sebastián Ghersi, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Pedro Crespo, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Albertina Anatonia Caron, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala K.

Sergio Echegaray, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Maximiliano Callizo, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Fernando Alcaraz, fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza, provincia de Mendoza.

Sebastián Ruíz, juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Sin estado parlamentario

Ana María Busleiman, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia de Catamarca.

Florentino Malaponte, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, sala A.

Javier Cosentino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala C.

Ramiro Mariño, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 de la Capital Federal.

Cecilia Pagano Mata, jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

José Ignacio Polizza, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal.

La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, calificó de “mitómano” y “oportunista” al senador nacional Francisco Paoltroni con quien tenía un vínculo amable luego de que el formoseño fuera expulsado del bloque libertario en la Cámara alta.

El cruce se produjo luego de que acusaran a Villarruel de haber mandado a cambiar la locación de la presentación del proyecto de intervención en la provincia de Formosa, de autoría de Paoltroni.

“El mitómano que en el 24 y 25 decía representarme en el interior, ahora que volvió con la cabeza gacha a LLA se dedica a pegarme. Paoltroni mostró no tener palabra, ser un oportunista y un gran mentiroso”, escribió la titular del Senado en respuesta a posteo en la red social “X”.

Villarruel no solo apuntó contra Paoltroni, también protagonizó un duro cruce con la diputada provincial Gabriela Neme quien había repudiado la “complicidad del feudalismo de Insfrán y de José Mayans” con la vice.

“Autorizó la realización un evento en el salón Azul del Senado, pero cedió a Insfrán y dos horas lo canceló cagándose en los formoseños que con mucha valentía vinieron a dar su testimonio.  Está claro que es ella quien va a frenar el proyecto de intervención porque elige estar del lado de los genocidas, narcotraficantes importándole un carajo la democracia. Ud eligió estar del lado de los montoneros de la vida”, escribió Neme.

La titular del Senado le retrucó con una chicana: “Señora, no la conozco. Pero, ud ¿se fumó un ombú? Solo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas”.

El mitómano que en el 24 y 25 decía representarme en el interior, ahora que volvió con la cabeza gacha a LLA se dedica a pegarme. Paoltroni mostró no tener palabra, ser un oportunista y un gran mentiroso.

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 21, 2026

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado emitió este miércoles dictamen sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo, tras un debate atravesado por diferencias sobre los tiempos de tratamiento y el alcance de las reformas propuestas.

La reunión fue encabezada por la senadora libertaria Nadia Márquez, quien destacó la amplitud de posiciones expresadas durante el proceso, centrado en la protección del derecho de propiedad y en aspectos sensibles como las expropiaciones, los desalojos y la regulación de la tierra rural. Al término del encuentro, se habilitó la firma de un despacho de mayoría con modificaciones y otro de minoría presentado por el bloque Convicción Federal.

El dictamen impulsado por el oficialismo reunió el respaldo de La Libertad Avanza junto a sectores de la UCR, el Pro y otros espacios provinciales, lo que permitirá llevar la iniciativa al recinto en las próximas semanas, con la expectativa de seguir sumando apoyos en el camino.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich explicó los cambios incorporados al texto original, varios de ellos producto de aportes de especialistas y legisladores de distintos bloques. Entre las principales modificaciones, mencionó la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés específica, y la diferenciación entre ocupantes legítimos e intrusos en los procesos de desalojo.

En este último punto, el proyecto establece un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación, mientras que para los inquilinos en mora se amplía el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial. Según se explicó, la intención es dotar de mayor claridad operativa a la norma y evitar interpretaciones dispares.

Otro de los cambios relevantes es la exclusión del capítulo vinculado al régimen de barrios populares (RENAVAP), que será abordado en una iniciativa específica, así como la incorporación de disposiciones sobre registros de terrenos.

En materia de tierras rurales, el proyecto elimina las restricciones vigentes para la adquisición por parte de extranjeros, aunque introduce un esquema descentralizado: serán las provincias las que definan si autorizan o no esas operaciones, en línea con sus competencias constitucionales sobre los recursos naturales. No obstante, se mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal accedan a la propiedad de tierras.

Bullrich defendió este enfoque al señalar que busca “salir de una visión centralista” y fortalecer el federalismo, permitiendo que cada jurisdicción regule de acuerdo a su realidad.

Desde la oposición peronista surgieron cuestionamientos tanto al contenido como al procedimiento. La senadora Florencia López pidió postergar la firma del dictamen y convocar a una nueva reunión para analizar en detalle las modificaciones introducidas, al advertir que el texto fue distribuido con escaso margen de estudio.

En la misma línea, el senador Jorge Capitanich planteó la necesidad de un abordaje más integral en materia dominial y propuso que los cambios en la ley de Manejo del Fuego sean sometidos a audiencias públicas y armonizados con la legislación ambiental vigente y compromisos internacionales.

A su turno, el radical Eduardo Vischi respaldó el despacho al destacar que varias de las modificaciones reflejan propuestas de su bloque, y consideró coherente que las provincias tengan un rol central en la regulación de la venta de tierras a extranjeros.

Desde Convicción Federal, la senadora Carolina Moisés sostuvo que es posible mejorar la iniciativa y propuso avanzar hacia un texto más consensuado. Ante la falta de acuerdo, su espacio presentó un dictamen alternativo.

El proyecto incorpora además ajustes en la normativa sobre manejo del fuego en zonas agropecuarias, un punto que también generó debate por su alcance y sus implicancias ambientales.

Con la firma de los despachos, el Senado dio un paso clave para el tratamiento de una ley que el oficialismo considera estratégica, aunque su aprobación definitiva dependerá de la capacidad de construir consensos en un escenario todavía atravesado por diferencias de fondo.

El senador nacional Francisco Paoltroni presentó en el Salón Emar Acosta del Anexo de la Cámara alta el proyecto de intervención federal a la provincia de Formosa. Según sus fundamentos, el texto tiene como objetivo central “garantizar la forma republicana de gobierno” y abarcaría a los tres poderes provinciales facultando al Poder Ejecutivo a llevar a cabo el proceso durante el plazo de un año y prorrogable por otro más.

El integrante de La Libertad Avanza considera que el distrito viene atravesando “situación de gravedad institucional” y en su iniciativa dispone el cese inmediato de Gildo Insfrán en el cargo de gobernador y de Eber Wilson Solis en el de vicegobernador. También exige revocar de sus funciones a los legisladores y a todo el Poder Judicial.

La iniciativa invoca al artículo 6 de la Constitución Nacional y en caso de ponerse a consideración en el Parlamento deberá lograr mayoría absoluta en ambas cámaras para hacerse efectivo. Es la primera vez que el legislador, desde su llegada en diciembre del 2023, le da formato al reclamo que le hizo durante el 2024 al presidente Javier Milei, motivo que, junto a su desagrado por el envío del pliego del juez Ariel Lijo y la discrepancia con Santiago Caputo, lo eyectaron del oficialismo en agosto del primer año de gestión libertaria.

Luego de participar en el armado del Frente Amplio Formoseño en las elecciones provinciales y para la designación de convencionales constituyentes -con un tour a caballo a diferentes municipios que responden a Insfrán- regresó a La Libertad Avanza para acompañar la candidatura de Atilio Basualdo.

Tras haber creado el monobloque Libertad, Trabajo y Progreso en agosto del 2024 y con la nueva composición de la Cámara de Senadores, volvió a formar parte del bloque oficialista ya con la presidencia de Patricia Bullrich. Cabe recordar que fue Ezequiel Atauche, anterior titular de bancada de La Libertad Avanza, quien firmó la nota de expulsión del formoseño.

Si bien la convocatoria estaba convocada para realizarse en el Salón Azul, finalmente se llevó a cabo en el quinto piso del Anexo del Senado. En la previa, el senador formoseño dejó trascender su malestar por lo acontecido y apuntó contra sus coterráneos José Mayans y María Teresa González, quienes este lunes presentaron una nota ante las autoridades de la Cámara alta y señalaron que “no se puede permitir habilitar sus instalaciones para actividades que buscan socavar la arquitectura institucional de las provincias que lo integran”.

El senador oficialista estuvo acompañado por el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, la legisladora provincial Gabriela Neme, el diputado nacional Atilio Basualdo y exintendente de Las Lomitas, el concejal de la capital Mattia Canepa Neme y varios expositores que denunciaron violaciones contra los derechos humanos e institucionales.

Después de bajar el texto en el recinto y en presencia de Sebastián Amerio, las comisiones de Economía e Inversión Nacional y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron en plenario para dictaminar la segunda versión del Acuerdo de Conciliación con los holdouts. El texto logró la firma del oficialismo y los bloques aliados.

Luego de dar lectura a los cambios en la composición de las comisiones, el procurador del Tesoro de la Nación explicó que el primer dictamen fue desestimado por un “error material”. En ese sentido, agregó que hubo una actualización en el listado de bonos debido a que el anterior texto contemplaba montos prescriptos y que se incorporaron otros que habían quedado afuera de la redacción. De todos modos, ratificó que la suma a pagar por el Estado argentino sigue siendo de U$S 171.000.000.

La voz cantante de la oposición estuvo representada por el senador chaqueño Jorge Capitanich, quien realizó diferentes planteos a los funcionarios presentes. Para ello, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, introdujo que estos juicios y sentencias “generan perjuicios al país”. En otro momento del plenario, afirmó que “siempre estuvo claro que cualquier Acuerdo debía pasar por el Congreso de la Nación”.

El integrante del bloque Justicialista y Fernando Salino fueron los únicos presentes del interbloque Popular. Además, Capitanich, va a presentar un dictamen de minoría en las próximas horas. Así las cosas, el legislador que representa a la provincia de Chaco dejó trascender su conformidad con relación a la exposición de los tres funcionarios presentes, pese a que no está definida la postura del bloque.

Por su parte, el puntano planteó postura en el Salón Arturo Illia: “Nos gustaría pagar otras cosas sobre todo que venimos con nueve meses de caída de la recaudación y un recorte de 2.5 billones de pesos”. Del mismo modo, entre varios puntos mencionados, consideró que este Acuerdo de Conciliación representa "el 0,8% de los vencimientos que tenemos en 2026; y el 0,5% de los que vamos a tener para 2027”.

Sin dudas, uno de los datos más resonantes fue expuesto por el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, al anunciar que el plazo de sanción acordado se extiende hasta el 30 de junio próximo. De esta manera, el Senado quedará habilitado de llevar esta iniciativa al recinto a partir del próximo 26 de mayo y la Cámara de Diputados tendrá un mes para abordarlo.

Y fue el propio funcionario de Hacienda, quien cerró el debate al relatar que "ellos (holdouts) le dan los bonos, la Argentina le da el dinero, se chequea, a uno se le entregan los bonos y los dan de baja, y el acreedor -que entregó los bonos- recibe la plata. Después vamos las dos partes ante la jueza Loretta Preska para que archive el juicio”.

Fuentes de diferentes bloques adelantaron a parlamentario.com que este Acuerdo de Coonciliación con Attestor y  Bainbridge será llevado al recinto el próximo jueves 28 de mayo en una sesión ordinaria coordinada por el oficialismo y los bloques aliados. en caso de que este miércoles se despache, el temario también incluirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Destrabado el asunto, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta convocaron al plenario que pasará a la firma el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria fue fijada para este miércoles 20 de mayo a las 11.30 en el Salón Arturo Illia.

A más de un mes de la última reunión informativa, La Libertad Avanza concedió al pedido de los bloques de la oposición dialoguista y se va a eliminar del dictamen que será rubricado el Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Del mismo modo, serán contempladas una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

En caso de quedar rubricada la firma del despacho, el proyecto de ley redactado y defendido por Federico Sturzenegger -ministro de Transformación y Desregulación del Estado- quedará habilitado para ser llevado al recinto el próximo miércoles 27 de mayo.

Los demás punto del proyecto

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

Ley de Manejo del Fuego

El Gobierno busca derogar los cambios introducidos a esta ley en 2020, a raíz de un proyecto impulsado por el diputado Máximo Kirchner. El PEN subrayó que estos cambios impiden "modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida".

De esta manera, se busca dejar sin efecto los artículos que establecen prohibiciones de 60 años (para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales) y de 30 años (para el caso de zonas agrícolas) para que, en caso de incendios, se realicen modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían con anterioridad a ser afectadas por el fuego.

A su vez, se restituye un artículo que establece la restricción sobre las zonas consideradas bosques nativos, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente.

Ley de Registro de la Propiedad Inmueble 

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones, con el objeto de adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad, consagrados en la Constitución Nacional.

Se apunta a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico, el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

Luego de no ser tratado en el recinto y devuelto a comisiones en el arranque de la sesión ordinaria del jueves pasado, el Senado volvió a convocar el plenario de Economía Nacional e Inversión junto a Presupuesto y Hacienda para pasar a la firma el despacho del Acuerdo de Conciliación con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp. La reunión fue convocada para este martes 19 de mayo a las 16.00.

El primer expediente considerado por la Cámara alta fijaba como fecha límite al próximo 30 de abril del 2026. Sin embargo, el Poder Ejecutivo de la Nación envío un segundo expediente el jueves pasado -minutos antes de que se lleve a cabo la sesión- donde se informó que el acuerdo de pago entre las partes para se extiende hasta el 30 de mayo próximo.

El nuevo texto, según se menciona en el texto que el Gobierno nacional mandó al Senado el pasado 14 de mayo, lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Ruben Kliksberg.

El Acuerdo de Conciliación para cancelar el pago de bonos ronda los U$S 175.000.000 que le son reclamados al Estado argentino tras ser avalados por la Justicia de los Estados Unidos en marzo de año pasado. Ambos litigios fueron iniciados en 2014 y 2016, respectivamente.

El plan del oficialismo es que ese martes Martín Goërling Lara y Agustín Monteverde, titular de Economía e Inversión Nacional y Presupuesto y Hacienda, pasen a la firma el despacho, el cual quedará habilitado para ser llevado al recinto a partir del martes 26. Luego, Diputados tendrá tres días para realizar un plenario, dictamen exprés y sancionarlo definitivamente en sesión especial.

Los Fondos Buitre que litigian a la Argentina por el 2001

El acuerdo entre las partes que avaló la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos se alcanzó en marzo pasado cuando el Estado argentino llegó a un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.

Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la República Argentina desde 2016. La Justicia de Estados Unidos ya falló a su favor y le reconoció el cobro de 95.000.000 de dólares más cargos en concepto de intereses.

Por otro lado, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un litigio con la Argentina desde el 2014 por el cobro de deuda soberana adquirida luego de su fundación en 2012.

El acto se realizó en el Senado de la Nación y contó con la participación de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien recibió formalmente la obra destinada a formar parte del patrimonio del Palacio Legislativo.

La donación fue realizada por el artista plástico Ricardo Celma, junto con Javier Zenteno e Ignacio Zaldívar, representantes de la Galería Zurbarán. La obra retrata a Juan Bautista Alberdi, figura clave en la organización política e institucional del país.

Desde el Senado destacaron que la incorporación del retrato posee un importante valor simbólico e institucional, dado que Alberdi fue el autor de “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, obra que inspiró la Constitución Nacional de 1853.

Durante la ceremonia, Villarruel sostuvo que el Congreso contaba con un acervo pictórico deteriorado y con pocas obras preservadas. En ese sentido, remarcó la necesidad de recuperar y fortalecer el patrimonio artístico como parte de la historia y la cultura nacional.

La titular del Senado también resaltó la impronta de la pintura y la representación elegida para Alberdi. “Parece un hombre recio, como eran San Martín y Belgrano. La obra transmite rasgos de su personalidad y nos permite incorporar un retrato que hacía falta en esta casa”, expresó.

Por su parte, Celma manifestó su emoción por participar de una actividad vinculada al aniversario del Palacio Legislativo y señaló que para un artista representa un honor aportar una obra al Congreso de la Nación. Además, explicó que buscó construir una imagen renovada del prócer, enfocada en transmitir autoridad, esencia y amor por la patria.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Cultura del Honorable Senado y formó parte de una agenda destinada a poner en valor el patrimonio institucional, promover el arte argentino y reforzar la presencia de figuras históricas en los espacios del Congreso.

El bloque de senadores de Convicción Federal cuestionó al presidente Javier Milei por la paralización de la obra del Reversal Norte del Gasoducto, al advertir sobre el grave impacto económico, productivo y social que la decisión genera en el NOA y el riesgo de que en esa región terminen pagando el gas importado 9 veces más caro que en el centro de país.

La presidenta de esa bancada, Carolina Moisés, planteó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei en la sesión del Senado de este jueves y sostuvo que la resolución 66/2026 del Gobierno Nacional, que recortó un 35 % el gas para las industrias del NOA, “es solamente un parche”, al remarcar que “el principal responsable de esta crisis energética es el presidente Milei, que decidió paralizar una obra estratégica que ya tenía financiamiento garantizado”.

Moisés señaló que la interrupción de los trabajos “perjudica directamente a las provincias del norte argentino, afectando a industrias, ingenios, productores y miles de familias que dependen del abastecimiento energético para sostener la actividad económica regional”.

El bloque Convicción Federal que componen Moisés, el senador Guillermo Andrada (Catamarca) y la senadora Sandra Mendoza (Tucumán) presentó en la Cámara alta dos proyectos, uno de declaración y otro de comunicación.

Las iniciativas recibieron el acompañamiento de senadores de diferentes bancadas como Flavia Royón (Salta), Beatriz Ávila (Tucumán), Martín Goerling (Misiones), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Fernando Salino (San Luis), Fernando Rejal (La Rioja) y Cristina López (Tierra del Fuego).

“La solución a este problema es política. El Gobierno nacional frenó una obra fundamental para el desarrollo federal de la Argentina y hoy pretende reemplazarla con medidas transitorias que no resuelven el problema de fondo”, expresó.

La senadora jujeña también cuestionó el impacto económico de la decisión oficial y advirtió que “el Estado terminará gastando mucho más importando gas caro que finalizando una obra que resolvería definitivamente el abastecimiento energético del norte”.

En ese sentido, defendió el rol estratégico de la inversión pública en infraestructura y sostuvo que “no se puede seguir castigando al interior del país mientras la región central concentra los beneficios”.

“Es inconcebible que provincias como Jujuy, Salta o Tucumán vuelvan a quedar relegadas por decisiones políticas tomadas desde Buenos Aires. Ninguna provincia vale más que otra y ningún argentino debe pagar más caro el gas por el lugar donde vive”, afirmó.

Finalmente, Moisés reivindicó el desarrollo industrial y el rol del empresariado nacional: “Desde el peronismo queremos que los empresarios argentinos inviertan y crezcan. Lo que no aceptamos es que por caprichos ideológicos se paralicen obras que generan trabajo, producción y crecimiento”.

El diputado nacional Esteban Paulón cruzó, a través de las redes, a la senadora Carmen Álvarez Rivero por abstenerse en la votación de la moción de preferencia solicitada en la sesión de este jueves en el Senado, por parte de la cordobesa Alejandra Vigo, para incorporar al temario de la misma un proyecto de reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense.

“Tenes que ser negacionista para no reconocer el enorme trabajo del Equipo argentino de Antropología Forense, y lo que está pasando en la perla. Que lamentable y chiquita sos”, le escribió Paulón a Álvarez Rivero en su red social “X”.

Lejos de quedarse callada, la senadora libertaria le respondió: “Acompaño toda búsqueda de verdad porque eso es Justicia. Creo que la defensa de los Derechos Humanos tiene que ser integral y coherente: TODA VIDA HUMANA merece igual dignidad y protección, sin distinciones”.

“No comparto los términos de la declaración que usan el dolor de las familias y las víctimas para sostener miradas parciales de los DDHH”, planteó.

La propuesta de Vigo –acompañada por la firma de Luis Juez- alcanzó 69 votos a favor, 0 en contra y la abstención de la libertaria Álvarez Rivero, cuyo tratamiento se hizo sobre tablas al final de la sesión.

El proyecto expresa el reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense - EAAF y del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba que realizó la identificación de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura, halladas en inmediaciones de La Perla.

En el cierre de la sesión de este jueves en el Senado, se votó a mano alzada un proyecto de declaración que expresa el beneplácito por los 120 años de la creación del Palacio del Congreso.

La presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, fue la encargada de pedir que se vote y reveló que el texto había sido firmado por todos los jefes de bloques.

La declaración expresa: "El Senado de la Nación declara su beneplácito por el 120° aniversario de la creación del Palacio del Congreso de la Nación Argentina a raíz de que el 12 de mayo de 1906 fue la fecha en que quedó inaugurado oficialmente, reconociendo su importancia histórica, institucional, legal y cultural para el país".

En el marco de este aniversario, este viernes se realizarán recorridas especiales por el Congreso y habrá un concierto de la Orquesta de Cámara.

El edificio se construyó luego de un concurso internacional de proyectos realizado en 1895, que fue ganado por el arquitecto italiano Víctor Meano. El proyecto de Meano reconocía como fundamento tres ideas centrales: el academicismo, el eclecticismo y el clasicismo. "Quizás su mayor acierto fue la incorporación de una imponente cúpula de ochenta metros de altura, que reforzó la monumentalidad del edificio y su valor simbólico", consta en la web oficial sobre la historia del edificio.

Con la construcción del Palacio del Congreso surgió la idea de dotarlo de una plaza. Así, por iniciativa del senador Miguel Cané, en 1905 se sancionó la Ley 4.869, que establecía la creación de la Plaza del Congreso en terrenos expropiados.

En 1906 los legisladores decidieron que el inminente período legislativo debía iniciarse en el nuevo edificio, que aún no estaba terminado. Así fue que el 12 de mayo de 1906, con la presencia del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, se inauguró el Palacio Legislativo entre armazones de hierro y otros elementos de construcción, en un recinto de sesiones todavía sin bancas. El Palacio quedó finalmente concluido en 1946, cuando se colocó el revestimiento de mármol del exterior del edificio que restaba completar.

Eran casi las 10 y media de la noche y la sesión del Senado se acercaba a su final, luego de la aprobación sobre tablas del proyecto de resolución impulsado por senadores cordobeses para hacerle un reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense, cuando la presidenta del bloque oficialista pidió la palabra para una votación final: la de un proyecto de beneplácito por los 120 años de la existencia del Palacio Legislativo, fue firmado por los presidentes de todos los bloques en representación de todos los senadores.

La declaración que fue leída por el secretario Parlamentario Agustín Giustinian dice: “El Senado de la Nación declara su beneplácito por el 120° aniversario de la creación del Palacio del Congreso de la Nación Argentina a raíz de que el 12 de mayo de 1906 fue la fecha en que quedó inaugurado oficialmente, reconociendo su importancia histórica, institucional, legal y cultural para el país”.

Habilitado el tratamiento con el voto afirmativo de dos tercios, se procedió a la votación a mano alzada de todo el Cuerpo, y tras esa aprobación se procedió a dar por finalizada la sesión.

Por 40 votos a favor y 26 en contra el Senado sancionó este jueves el proyecto sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria, que tenía aprobación de la Cámara de Diputados desde octubre de 2024.

Hecha la sugerencia de hacer una sola votación en general y en particular, el senador Martín Soria propuso hacer dos votaciones, dado que ellos estaban dispuestos a votar favorablemente el artículo 4°. Por eso, terminaron haciendo cuatro votaciones: una en general, que terminó 40 a 26; otra en particular con los artículos 1°, 2° y 3°, que tuvo el mismo resultado; luego se votó el 4°, que consiguió el apoyo unánime de 66 senadores; y finalmente los artículos 5° y 6° consiguieron 40 votos a favor y 26 en contra.

La flamante norma plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Cumplidas las verificaciones técnicas y registrales correspondientes, se inscribirán el arma y su poseedor en el Banco Nacional Informatizado de Datos de la ANMaC. Si la persona no fuese legítimo usuario de armas de fuego, tendrá que iniciar el trámite junto con la autorización de tenencia.

En tanto, si se detectasen impedimentos registrales o técnicos graves, se realizarán los procedimientos administrativos y/o judiciales necesarios para retirar el material.

Por otra parte, se prorroga desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

El debate

Como miembro informante, la radical Carolina Losada remarcó que el proyecto viene con media sanción y consideró que “importante y creo que todos podemos estar de acuerdo. Es una política pública en seguridad. Creo que tenemos que apoyarlo todos”.

“Esto sirve para prevenir, para quitar de la oscuridad muchas armas. Hoy existen muchísimas armas en el país que no están regularizadas, por lo tanto, al no haber un registro y no saber en manos de quién están, muchas de esas armas hoy en día están en manos de delincuentes. La posibilidad de que el Estado pueda prevenir eventos delictivos, homicidios, femicidios, suicidios, respecto de las armas de fuego, se puede hacer a partir de tener un control y trazabilidad”, explayó.

La santafecina remarcó que la trazabilidad “es una de las cuestiones más importantes del proyecto de ley, es decir, saber a dónde están exactamente esas armas y quién las tiene. Que la persona que tiene un arma también posea un permiso necesario para portación y registrada”, e informó que esos datos aparecerán en la aplicación Mi Argentina y aclaró que “si la persona tiene una denuncia por violencia de género o cualquier otro motivo, ese permiso caduca de forma automática”.

“Este proyecto busca prorrogar la entrega voluntaria de manera anónima y hay incentivos económicos y, la persona que la entrega, no va a tener sanciones por parte de la justicia. Esta ley hasta el momento tuvo muy buenos resultados. Otro punto importante es regularizar las armas que se encuentran en una casa, en un galpón o en cualquier lugar y no están registradas y no se tiene esa trazabilidad por lo que el Estado no puede cuidar a los ciudadanos”, precisó.

Al cierre, Losada destacó que las armas son destruidas por lo que “no vuelven a circular en sociedad” y precisó que, desde la entrada en vigencia de la ley, fueron destruirse más de 200 mil armas de fuego y más de 2 millones de municiones.

En su intervención, el rionegrino Martín Soria (UP) remarcó que el proyecto tiene que ver con el “taiming” del Gobierno porque pasaron 20 meses para su tratamiento en el Senado. “Casualmente en este momento donde florecen las amenazas de tiroteos en las escuelas el Gobierno aprovecha ahora para sacar la iniciativa. Dejaron vencer el Plan Nacional de Desarme desde el 31 de diciembre de 2023”.

“Esta iniciativa es muy peligrosa”, advirtió y agregó que se generó un retroceso “institucional, político, cultural en materia de control de armas que necesariamente debe tener el Estado”. “Mientras aumentan los casos de amenazas de tiroteos en escuelas y la violencia armada, el Gobierno insiste de forma irresponsable en facilitar y blanquear armas de fuego en la sociedad”, cuestionó.

Soria detalló que en el país se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego y 1 de cada 4 femicidios. “Estamos en un fuerte aumento del circulante de armas de fuego hoy en la Argentina. Entre 2023 y 2025 la cantidad de armas registradas aumentó un 41,9%, las importaciones en 2025 se triplicaron a las de 2023, y las tenencias autorizadas crecieron un 21%. Esta es la delirante idea de que todos anden armados. Es imposible entender los datos sin marcar la responsabilidad política del gobierno de Javier Milei”, apuntó.

El senador criticó la disolución de la ANMaC para volver al RENAR: “Un retroceso de décadas en materia de desarme y control civil de armas de fuego. El DNU 1081/24 con el que habilitaron a que chicos de 18 años puedan acceder y portar armas de fuego. Un total de 1.191 personas entre 18 y 20 años de edad fueron dadas de alta para ser legítimos usuarios”.

“No vamos a acompañar este proyecto por razones técnicas y por razones políticas. Esto es como un blanqueo de armas. El proyecto no diferencia entre armas de fuego que alguna vez estuvieron registradas y aquellas que nunca lo estuvieron, esto es un grave error. En los últimos cuatro años miles de armas de fuego denunciadas como extraviadas y perdidas. Solo en 2025 las denuncias de extravío aumentaron un 41%. ¿Por qué creen que es? ¿que de golpe pase esto? esto significa que hay un universo creciente de armas de fuego que salen del circuito legal para terminar en uno ilegal. Esto es una pérdida de control del Estado", remató Soria.

El cierre del debate estuvo a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien calificó el proyecto de “serio, responsable, tan necesario como la regularización de armas de fuego no registradas”, y expresó su sorpresa de que “se hizo en el 2004 con el presidente Néstor Kirchner y llama la atención que hoy se cuestione”.

“No es verdad que se dejó un hueco con la prórroga y la regularización. El hueco se dejó en el 2023 porque deberían haber presentado el proyecto”, le enrostró al peronismo y aclaró que “no se trata de un proyecto para flexibilizar el acceso a las armas, sino para generar una trazabilidad y recuperar el control y tener una capacidad de fiscalización que nunca existió”.

Bullrich precisó que hay 600 mil personas que tienen la credencial vencida porque “el trámite era muy engorroso, más unas 800 mil armas que no están registradas. “Esta situación la verdadera irregularidad y el proyecto busca una lógica de responsabilidad para que todas las personas que tienen armas que quizás heredaron. Se regularizaron 286 armas de un universo de 600 mil en 2004, pero el plan fue un fracaso total, por eso, se busca que haya una fuerte regularización a través de un sistema digital”, explicó.

“Todas las cosas que se dijeron acá son falsas. Hace 30 años que la policía no tiene la potestad de ir a las casas a corroborar si hay armas o no, sería un allanamiento ilegal eso. Eso es mentira, no existe hace años. Le tienen odio a la policía. Esta tarea en los últimos años no la hizo nadie y ahora que venimos con una manera razonable de contabilizar y regularizar las armas para saber quiénes las tienen”, criticó.

La Cámara alta avaló este jueves tres tratados internacionales, que pasaron a Diputados para su aprobación definitiva. Los proyectos fueron enviados por el Poder Ejecutivo y aprobados en conjunto por unanimidad, con 65 votos a favor.

En rigor, el debate iba a ser conjunto, con votaciones separadas, pero a instancias de Jorge Capitanich, se acordó hacer una sola votación, ya que el principal bloque opositor había adelantado que votaría también a favor.

Miembro informante de este debate fue el formoseño Francisco Paoltroni, quien si bien pidió permiso para hacerlo, leyó por completo toda su exposición, lo que llevó a Anabel Fernández Sagasti a presentar una cuestión de privilegio al cabo de su exposición por esa razón.

Aclaró que lo hacía “con el ánimo de aportar, no con el ánimo de chicana”, pero aseguró que lo que acababa de suceder había sido “el colmo de los colmos”.

“No puede ser que un miembro informante lea durante 10 minutos y la verdad que se hace muy dificultoso tener que escuchar, sea cual sea la persona”, expresó.

Le contestó Paoltroni diciendo que le habían dicho que siempre que pidiera permiso podía leer, y que lo  había hecho porque se trataba de temas técnicos. “Y luego hice un cierre con mis palabras”, aclaró, tras lo cual estalló diciendo que “acá hay mucha gente que habla al pedo”, y le endilgó a la mendocina tener como único mérito haber tomado un colegio a los 17 años, siendo que él en cambio fundó cinco pymes antes de estar ahí.

Fernández Sagasti no se quedó callada y replicó que el reglamento de la Cámara permite leer solo 5 minutos, y cerró: “Que carajee lo que quiera el matón este de cuarta”.

Los acuerdos

El primero de los tratados corresponde a un proyecto por el cual se aprueba el Acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, celebrado en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023.

Este acuerdo contempla el trato nacional y acceso de bienes al mercado; reglas de origen; procedimientos aduaneros y facilitación del comercio; defensa comercial; salvaguardas bilaterales; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; inversiones; comercio de servicios; movimiento de personas físicas; comercio electrónico; contratación pública; política de competencia; propiedad intelectual; mipymes, pymes y medianas empresas; transparencia; y solución de controversias.

La República de Singapur acuerda desgravar la totalidad de su universo arancelario tanto de bienes agrícolas e industriales; mientras que el Mercosur mantendrá protecciones para el 9,2% de su comercio en sectores como plásticos, químicos, metalúrgicos y eléctricos. Acuerda proteger el 9,2% del comercio con Singapur y excluir 433 posiciones arancelarias.

También se acuerda un calendario de desgravación de hasta 15 años en diversas canastas. No se incluyen compromisos sobre derechos de exportación y se establecen requisitos estrictos para evitar la triangulación de productos (especialmente de China vía Singapur).

Por su parte, Argentina asume compromisos con reservas para altos ejecutivos y juntas directivas en agricultura, caza y silvicultura, pesca, minería y canteras, manufactura y producción de electricidad, gas, vapor y agua caliente. Se excluyen sectores sensibles.

La Argentina asume compromisos del mismo tenor que en la OMC en el sector de servicios empresariales, comunicación, construcción e ingeniería, distribución, finanzas y turismo, con protecciones estrictas.

Las mayores protecciones del Mercosur se concentran en bienes industriales, químicos y farmacéuticos y sector textil y de calzado.

El segundo acuerdo es un Convenio de Seguridad Social entre Argentina y Suiza, firmado el 27 de mayo de 2024 en Buenos Aires. Por medio del mismo, se posibilita el reconocimiento de los aportes realizados por trabajadores de uno de los Estados parte en el otro y permite evitar el doble aporte a quienes se trasladen temporalmente para trabajar.

El convenio se aplicará a la legislación sobre prestaciones contributivas de la seguridad social por vejez, invalidez y sobrevivencia, administradas por organismos nacionales, provinciales y municipales.

Será aplicable a todas las personas sujetas a la legislación sobre seguridad social en dichos países, a sus familiares y derechohabientes. Estos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del Estado parte en el que trabajen.

Los beneficios se pagarán en moneda de curso legal, con la modalidad que establezca la legislación nacional.

Finalmente, el tercer acuerdo también es referido a la seguridad social, en este caso entre Argentina y la República de San Marino, celebrado en Buenos Aires el 25 de agosto de 2023.

El convenio se aplica a las prestaciones contributivas por vejez, invalidez y muerte correspondientes al sistema de previsión social, y a todos los trabajadores que hubiesen prestado servicios en los países firmantes, independientemente de su nacionalidad. También se aplica a sus familiares y derechohabientes.

Contempla la estricta observancia de los principios de igualdad de trato y conservación de derechos adquiridos, y establece que, salvo disposición en contrario, las prestaciones pagadas por uno de los países en virtud de este convenio no estarán sujetas a reducciones, modificaciones, suspensiones o cancelaciones por estar o residir en el otro país.

Se adopta como principio general la territorialidad, es decir, que la legislación en materia de seguridad social que rige a la persona es la del país donde trabaja. A su vez, contiene disposiciones especiales para trabajadores trasladados temporalmente.

El Senado de la Nación prorrogó en su cargo al juez Carlos “Coco” Mahiques en la vocalía 7ma -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- al aprobar en la sesión de este jueves su pliego por 58 votos a favor y 11 en contra.

El interbloque Popular se dividió a la hora de votar, ya que los 11 votos negativos correspondieron a Jorge Capitanich, Wado De Pedro, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Kirchner, Florencia López, Ana Marks, José Mayans, Mariano Recalde y Martín Soria. En cambio votaron a favor Adán Bahl, Daniel Bensusán, la formoseña María Teresa González, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cristina López, Juan Manzur, José Neder, Fernando Rejal, Sergio Uñac y Gerardo Zamora.

La designación había sido propuesta por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero pasado-, y luego que el miembro de la Cámara Federal de Casación Penal solicitara la extensión de su mandato.

"Coco" Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, podía solicitar una prórroga y recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.

El pasado 16 de abril, el camarista se presentó en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos y expresó: "Es un momento en el cual las circunstancias, la vida y la función me han puesto en la necesidad de ratificarme y, esta vez, ante ustedes para seguir ocupando el cargo en el que este Senado me honró en el 2018".

Además de ser interpelado por el kirchnerismo por el traslado de tribunal ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, con posterior envío del acuerdo al Senado, Mahiques debió responder sobre la causa de Lago Escondido. Y dijo que "se trató de un viaje de amigos camaradas. No se trató de un viaje de trabajo y no requirió licencia".

Los argumentos a favor y en contra

Como miembro informante, el titular de la Comisión de Acuerdos, el senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), indicó que el pedido cuenta con despacho de comisión que fue aprobado de forma unánime y “se cumplieron todos los pasos reglamentarios donde escuchamos al postulante, respondió todas las preguntas y se leyeron todos los antecedentes académicos”.

Pagotto procedió a leer una nota que le remitieron desde el Ministerio de Justicia en la que los jueces de la Cámara de Casación Penal “manifestaron la adhesión a la solicitud presentada al cargo de mantenimiento a través de un nuevo nombramiento que desempeña Carlos Mahiques… en atención a su dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y al apego del espíritu democrático”.

“La prórroga también responde a evitar retrasos en un Tribunal tan importante como lo es la Cámara de Casación Penal”, remarcó el riojano.

De la vereda de enfrente, el rionegrino Martín Soria (UP) aclaró que el despacho “no fue por unanimidad” porque “es una comisión conformada en una clara violación del reglamento”. Soria recordó que en las audiencias plantearon su disconformidad con la designación de Mahiques porque “entendemos que no reúne las condiciones éticas, constitucionales ni jurídicas para seguir ejerciendo como juez de la Nación por cinco años más”.

Por el contrario, destacó que el magistrado respondió cada pregunta “de forma cordial, en un clima respetuoso, con buenos modales”, pero señaló que detrás de esas formas “cuidadas no apareció una sola explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hizo”.

“Cuando uno rasca el discurso que dio, no es independencia judicial, sino que aparece una profunda dependencia del poder político, económico y mediático del país”, planteó y calificó a Mahiques como “un lobo con piel de cordero” porque “detrás de ese magistrado amable y correcto, hay un juez con fallos verdaderamente peligrosos, alineamiento político elocuentes y una trayectoria atravesada por la política partidaria”.

Soria remarcó que Mahiques “integra un selecto grupo de jueces trasladados a dedo por el expresidente Mauricio Macri para ocupar cargos estratégicos en el Fuero Federal Penal que fue calificado como ‘Comodoro Pro’”, y apuntó que “no hubo orden de mérito ni concursos ni respeto por los mecanismos constitucionales, ni por el reglamento. Hubo una política para colonizar Tribunales claves con magistrados funcionales al poder político de turno”.

En esa línea, el senador de UP señaló que el juez “pasó por un tobogán sin escalas en el Poder Judicial como la Cámara de Casación Penal que hace años dejó de ser un Tribunal para transformarse en una mesa de operaciones políticas en la Argentina. Crearon un Partido Judicial para perseguir opositores”. En esa línea, recordó el caso de Lago Escondido que “expuso cómo funciona para del Poder Judicial y el blindaje a sectores del poder”.

Soria cerró: “Mahiques representa la colonización el Poder judicial por intereses políticos, económicos y mediáticas. Representa la degradación de la independencia juncial en el país. Una justicia que se convirtió en una herramienta de disciplinamiento político y la impunidad de un sector que se cree por encima de la ley, de la Constitución y de la democracia”.

Desde el oficialismo, salieron a defender al juez Carlos Mahiques ante los cuestionamientos a su llegada a la Cámara Federal de Casación Penal porque no se hubiera producido mediante el procedimiento constitucional ordinario, sino a través de un traslado dispuesto desde la justicia nacional, cargo para el que sí había concursado. Sus críticos sostienen que este mecanismo le permitió acceder a un tribunal federal sin haber atravesado el concurso correspondiente ni el proceso completo de designación previsto en la Constitución, que incluye la intervención del Consejo de la Magistratura, la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado.

En esa línea, también se cuestiona que los traslados no equivalen a nombramientos definitivos, tal como estableció la Corte Suprema en el precedente “Bertuzzi”, por lo que la situación de Mahiques sería, en rigor, provisoria. A partir de ello, se plantea que no puede regularizarse su permanencia ni renovarse su cargo sin un nuevo concurso, ya que nunca fue designado formalmente para ese puesto.

La senadora neuquina Nadia Márquez dio por saldada la discusión con los reglamentos vigentes y antecedentes. “El traslado si cumplía con los requisitos y estándares vigentes”, dijo, y aclaró que el traslado de Mahiques se dio en 2018, mientras que “el fallo Bertuzzi es posterior”.

Por otra parte, rechazó que Mahiques estuviera siendo propuesto porque su hijo es ministro de Justicia. “Todos somos iguales ante la ley”, enfatizó, recordando lo sucedido este miércoles en la Comisión de Acuerdos con Ana María Juan, propuesta como jueza del juzgado de Hurlingham y objetada por ser esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. “Ayer tomamos audiencia de una jueza a la que se le planteaban sus vínculos matrimoniales”, observó, argumentando que “no te coloca el apellido o el vínculo familiar en un cargo público, pero tampoco te puede excluir”.

Y cerró: “Mahiques padre no viene porque el hijo lo ponga, no podemos dejar a nadie afuera por el vínculo familiar”.

A su turno, la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) remarcó que las impugnaciones al pliego del magistrado “resultaron improcedentes porque no hubo cuestionamientos vinculados a la idoneidad y desempeño funcional”.

“Reditar esos cuestionamientos quedan extemporáneos porque estas imputaciones y críticas podrían haberse hecho en otras instancias y en el ámbito correspondiente, pero no se hicieron. Esto es improcedente al opinar en este recinto cuando hubo otros resortes que no se hicieron”, criticó Moisés.

Así, ponderó que estuvieran nombrándose ahora jueces para completar las vacantes en el Poder Judicial, y recordó, a fuerza de incomodar a sus excompañeros del peronismo, que no se designaban jueces desde el gobierno de Mauricio Macri y que ellos fueron 4 años gobierno y sus propios ministros no nombraron ningún juez, en referencia por ejemplo a Martín Soria, hoy senador nacional y que acababa de hacer un encendido y durísimo discurso contra el juez Carlos Macri: “El Senado resolvió el tema sobre los traslados. Todo fue saldado en el 2018 mediante el acuerdo 7718 que fue votado por varios miembros actuales”.

La senadora jujeña adelantó el acompañamiento del pliego porque “el tema ha quedado saldada”.  Sin embargo, manifestó que “no se puede seguir naturalizando el funcionamiento rengo del Poder Judicial desvirtuado que, durante años, buscando una solución no ha funcionado de la manera correcta. Esto genera incertidumbre y fallas en el sistema. Tenemos la responsabilidad institucional de garantizar que la administración de justicia funciona con eficiencia con jueces”.

Retomó la palabra el miembro informante Pagotto y le planteó al bloque peronista que “la justicia hay que tomarla en su integridad y está desguarnecida no desde ahora”, y desmintió que el pliego lo haya mandado el propio hijo del juez. “Hay un montón de juzgados por nombrar y Tribunales que funcionan con tres jueces”, reclamó.

“Nadie tiene ninguna duda que hay que perfeccionar la justicia, pero el tema Mahiques fue convalidado por el Congreso. Cuando ustedes hablan de un fallo de la Corte Suprema no puede sustituir una resolución del Parlamento”, manifestó el riojano.

Mayans sobre Cristina: “Hoy si es candidata gana”

Sobre el final del debate, el presidente del bloque Popular, José Mayans, se refirió a Manuel Adorni, a quien definió como “la muestra del alto grado de corrupción que tiene el Gobierno”. En su extensa oposición trajo a colación el caso $LIBRA y lo del Andis, consideró a ambos “estafas”, y sostuvo que gracias a eso hoy “el Presidente y la hermana son ricos”.

Habló también de Demian Reidel, al que definió como “un corrupto delincuente” al que echaron, y anticipó que llevarán a la justicia la posibilidad de que el exfuncionario haya entregado secretos atómicos a potencias extranjeras. La emprendió también contra la esposa del jefe de Gabinete, sugiriendo que tenía intereses en la privatización de Tecnópolis, y describió una larga lista de cuestiones que llevarán a la justicia.

“Todos los funcionarios que hablaban mal del Estado sacaron créditos subsidiados con tasas preferenciales por resolución del directorio del Banco Nación, que decían que era corrupto”, lanzó también, prometiendo que irá a la justicia.

Del Presidente dijo en otro pasaje que “está medio pirado” y enumeró los números que viene diciendo que sacó de la pobreza. “Tanta gente que sacó de la pobreza y nadie se dio cuenta”, señaló.

Respecto de Carlos Mahiques, Mayans lo incluyó en el lawfare y aseguró que con su hijo hoy ministro participaron de “la persecución política” de la expresidenta, de quien dijo que “hoy si es candidata gana”.

“Están preparando una justicia a la carta”, denunció en otro pasaje de su durísimo discurso. Mayans concluyó advirtiendo que “no estamos votando un acuerdo de prórroga solamente: estamos definiendo qué tipo de justicia queremos”.

Bullrich: “Aprendan a respetar la independencia de la justicia”

Por último, Patricia Bullrich salió a contestar el discurso que definió como “irresponsable, mentiroso, provocador” de Mayans, asegurando que él “es parte del régimen más retrógrado, más feudal, más antirrepublicano y retrógrado del país”, asegurando que en esa provincia los jueces no juzgan, sino “el monarca”, en referencia a Gildo Insfrán.

“El único lugar del país donde (Amado) Boudou no fue culpable” fue Formosa, dijo, y se preguntó entonces “desde dónde habla” Mayans.

“La única verdad es la realidad”, sostuvo, recordando que el peronismo tiene a su presidenta presa, lo mismo que sucedió con su vicepresidente. “¿Saben qué? Para el senador preopinante el bolso de López para él no llevaba dólares, llevaba canicas, llevaba figuritas del Mundial…”, lanzó.

Bullrich aseguró que el kirchnerismo “llenó el país de pobres”, e “hicieron un país de pobres que se está terminando”, y dijo que el modelo es Formosa.

En otro pasaje advirtió que “quisieron quedarse con el Consejo de la Magistratura”, tras lo cual aclaró que “no fue Mahiques el que se robó Vialidad; ellos se robaron Vialidad; no fue Mahiques el que participó del infame memorándum con Irán, Mahiques lo juzgó; no fue Mahiques el que escribió los cuadernos de las coimas, fue el que participó del análisis de las medidas probatorias; no fue Mahiques el que lavó el dinero de Lázaro Báez, fue el que lo juzgó”, y siguió enumerando elementos un largo rato, entre los gritos de la bancada de José Mayans.

Concluyó afirmando que no lo querían votar porque “juzgó la corrupción del Gobierno al que pertenecieron”.

“Aprendan a respetar la independencia de la justicia, aprendan a respetar a los jueces, a no prejuzgar”, reclamó en otro pasaje, asegurando que “hasta los miembros más cercanos a la teoría penal que adhiere el bloque opositor, hasta (Alejandro) Slokar, dijeron querer que Mahiques debe seguir siendo juez de la Nación, porque es probo para eso”.

En la sesión de este jueves en el Senado tomaron estado parlamentario 65 nuevos pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo a fines de abril y esta misma semana.

El nuevo paquete de propuestas para cubrir vacantes en el Poder Judicial -y más precisamente los últimos postulantes que se giraron- tiene que ver con un reclamo de aliados para que se contemplen designaciones del interior del país.

Este jueves, antes de la sesión, la Comisión de Acuerdos culminó con las audiencias públicas por la que pasaron alrededor de 80 candidatos a ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores, pero en su mayoría fueron de Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Ante la postura de senadores dialoguistas, que retrasaron su acompañamiento a los dictámenes de esos expedientes, el Poder Ejecutivo envió más nombramientos. Igualmente, cuando comenzó el proceso para cubrir vacantes, el Ministerio de Justicia anticipó que hay pendientes más de 300, con lo cual, continuarán.

En la nueva tanda están incluidos postulantes para las jurisdicciones de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta, Tucumán, Chubut, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro y Formosa.

Además, en la lista que ingresó formalmente se encuentra el pliego de Víctor Arturo Pesino, uno de los jueces que falló a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral.

Tras los plazos formales, los candidatos deberán presentarse ante audiencia pública en la Comisión de Acuerdos.

Por otra parte, también ingresó el pliego para promover al grado inmediato superior, al 31 de diciembre de 2025, al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez.

El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Zarabozo, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

A propuesta de la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el Senado habilitó el tratamiento sobre tablas del reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense - EAAF y del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba que realizó la identificación de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura, halladas en inmediaciones de La Perla.

La votación alcanzó 69 votos a favor, 0 en contra y la abstención de Carmen Álvarez Rivero, senadora de La Libertad Avanza por Córdoba. El proyecto firmado por Vigo y Luis Juez se tratará al final de la sesión ordinaria cuando culmine el debate de Regularización de Armas de Fuego y Prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria.

En principio, Patricia Bullrich desalentó el tratamiento en esta sesión ordinaria, pero la cordobesa logró el acompañamiento del bloque Justicialista, de 25 integrantes, y de la Unión Cívica Radical, con ubique el texto al final del temario y que la próxima vez sea propuesto en reunión de Labor Parlamentaria.

Misma postura tuvo Luis Juez, senador cordobés que firmó la iniciativa junto a Alejandra Vigo, quien propuso que el tema quede para otra sesión, pero al ver que los aliados avalaron la propuesta, junto al bloque oficialista optaron por avalar el tratamiento sobre tablas.

En la jornada de este miércoles 13 de mayo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se expresó sobre el Equipo Argentino de Antropología Forense  y señaló que "cada identidad recuperada es también una respuesta para sus familias y para toda la sociedad argentina". Y agregó que "desde Córdoba vamos a seguir acompañando y sosteniendo las políticas de derechos humanos, apoyando cada acción que permita avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia".

Al inicio de la sesión de este jueves del Senado de la Nación, los miembros del Cuerpo eligieron al licenciado Patricio Federico Finochietto quien tomó juramento para ocupar el cargo como prosecretario de coordinación operativa de la Cámara alta, rol que había quedado vacante desde la sesión preparatoria del pasado 24 de febrero.

La propuesta fue hecha por la senadora tucumana Beatriz Ávila quien, en nombre del interbloque Impulso País, describió a Finochietto como “una persona que tiene más de 17 años al servicio del Congreso de la Nación. Es un conocedor de la tarea legislativa y conocedor y se ha desempeñado con excelencia a temas vinculados a lo administrativo, operativo y parlamentario”.

“Estoy convencida que su aporte va a ser fundamental para fortalecer la institución y responder con eficacia, dedicación y respeto a las necesidades de esta Casa, de los señores senadores que representamos a las provincias”, cerró.

Previo a la votación, el presidente del interbloque de UP, José Mayans, criticó de forma irónica al oficialismo: “Le queremos agradecer a la generosidad que tienen en cuanto a la distribución dentro del Cuerpo del Senado”, y anticipó la abstención de su espacio.

La votación resultó con 45 votos afirmativos, 24 abstenciones y un voto negativo de la senadora Cristina Cándida López.

Con Victoria Villarruel presidiendo , el Senado lleva a cabo la sesión ordinaria desde las 15.24 para tratar la prorroga del juez federal Carlos Alberto Mahiques, diferentes tratados internacionales y la Regularización de Armas de Fuego y Prórroga Del Programa Nacional de Entrega Voluntaria.

También, la Cámara alta le dará ingreso legislativo a una extensa lista de pliegos judiciales. Desde que comenzó el período 2026, el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado más de 160 expedientes vinculados a jueces, fiscales, camaristas y defensores públicos.

En la previa de la sesión ordinaria, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció que el Acuerdo de Cooperación con los holdouts fue enviado nuevamente a comisión. "Debemos hacer algunas revisiones técnicas", explicó el puntano.

Sin los integrantes del interbloque Popular, dieron quórum La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Pro, Provincias Unidas, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los salteños y La Neuquinidad.

El martes pasado, los jefes de bloque resolvieron en la reunión de Labor Parlamentaria comenzar con las cuestiones de privilegio que, en su mayoría, será utilizadas por la oposición. Según confiaron a parlamentario.com, la sesión duraría unas seis horas.

La primera media hora de la reunión estuvo consignada a los homenajes donde se destacó el realizado a Luis Brandoni por Maximiliano Abad y Patricia Bullrich. "Adhiero en todas sus dimensiones y en su lucha por la democracia, la república y la libertad. Le tengo un agradecimiento personal por acompañarme como candidato a diputado por el parlamento del Mercosur en las PASO 2023", expresó la titular de bloque oficialista.

Acto seguido, Victoria Villarruel anunció el inicio de las cuestiones de privilegios que tiene como expositores a varios integrantes del bloque Justicialista, a Fernando Salino de Justicia Social Federal, a Flavia Royón de Primero los salteños y a Carolina Moisés de Convicción Federal.

 

NOTICIA EN DESARROLLO

 

En la que fue la última audiencia para escuchar a los postulantes para cubrir vacantes judiciales, la Comisión de Acuerdos que preside Juan Carlos Pagotto escuchó este jueves a una veintena de aspirantes a jueces, defensores, camaristas y conjueces, pero en este caso -a diferencia de anteriores reuniones- la mayoría fueron para cargos en distritos de todo el país.

Todos los postulados tuvieron dictamen y quedaron habilitados para ser votados en la próxima sesión que se programe en la Cámara alta.

Las exposiciones

Abrió el juego Gerardo Daniel Cacace, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, quien arrancó su exposición con una pregunta: “¿Por qué un abogado sin recorrido judicial podría ser juez?” y se respondió: “El abogado litigante tiene conocimiento profundo de primera mano de la problemática que el justiciable tiene en cuanto a la necesidad de una justicia eficiente, eficaz y fundamentalmente rápida. Esta perspectiva es la que pretendo incorporar al desempeñar la magistratura, unido por supuesto a las condiciones que todo magistrado de carrera debe tener”. Dicho lo cual, detalló su currículum en la carrera judicial.

El siguiente expositor era uno de los que había generado mayor expectativa de esta última tanda de pliegos judiciales. Hablamos de Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propuesto para juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Arrancó detallando sus comienzos, en 2007, como escribiente auxiliar en Santa Fe, para luego ser prosecretario, y llegar en 2013 a ser secretario electoral en su provincia. En 2018 llegó al tribunal oral donde ahora es secretario de Cámara.

Al detallar las características del tribunal en el que aspira desempeñarse, contó que casi el 70% de las causas que se tramitan versan en la materia de estupefacientes. “Es de los tribunales que mayor cantidad de sentencias dictaron en el país en los últimos años. Funciona muy bien; la mayor complejidad está en la secretaría de ejecución, que tiene casi 450 detenidos, no se descansa. No hay un juez de ejecución determinado para esta secretaría,  por lo cual los jueces del tribunal se turnan año a año para ser jueces de ejecución. Esto creo que es el mayor desafío, pero es un tribunal que funciona muy bien”.

Rosatti hizo hincapié en que a la justicia “le cuesta organizarse para combatir algo que ya está organizado”. En su provincia, conviven dos sistemas, y el juez tiene que acomodar su cabeza para la audiencia con el viejo y el nuevo sistema. Resaltó que en materia de estupefacientes, la provincia ha adherido a la Ley de Narcomenudeo, entonces “se pueden suscitar cuestiones de competencia, porque “no es fácil decir: hasta aquí es narcomenudeo, hasta aquí es narcotráfico, y ver qué parte va a la justicia federal y qué parte va a la provincial”.

Advirtió también sobre las distintas fuerzas de prevención que intervienen en Santa Fe: federales, provinciales, también Preectura. “Todos pueden actuar en los distintos ámbitos y pisarse en las investigaciones; las investigaciones pueden frustrarse si no hay una organización”, advirtió, insistiendo en que “todo esto complejiza más poder organizarse para luchar contra algo que ya está organizado”, y dijo que su compromiso es “poner empeño en que este engranaje sea lo mejor posible, para que la justicia responda en tiempo oportuno y que el justiciable tenga resuelto el caso de la mejor manera”.

Walter Alberto Rodríguez, quien aspira a convertirse en juez del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Santa Fe, provincia de Santa Fe, señaló luego que pasó por todos los cargos que componen la estructura del juzgado Federal N° de San Isidro, que es en el que hizo la carrera. Cumplió también funciones de juez federal subrogante y contó que hace 14 años desempeña el cargo de fiscal. En base a estadísticas del juzgado, dijo haber tomado noción del “enorme caudal de trabajo que pesa sobre el juzgado”. En primer lugar, hay causas sobre seguridad previsional; en segundo lugar, la tramitación de los reclamos en el ámbito de las deudas líquidas y exigibles de ARCA y Aduana. “Hay una creciente demanda también en lo relativo a amparos, principalmente de salud, y completan este panorama los trámites de naturaleza contencioso administrativo”, comentó.

Aspirante a defensor público oficial federal del interior del país, con asiento en la ciudad de Mendoza, expuso luego Carlos Agustín Parma, quien destacó que la defensoría a la que aspira desempeñarse “tiene una carga de trabajo muy grande. 31 personas trabajan hoy allí. En la Defensoría tiene una gran cantidad de audiencias diarias, trabaja bien, con compromiso y empatía”, comentó, agregando que “otro de los elementos que hacen a la dinámica de trabajo de la defensoría, está el Complejo Penitenciario VI de Luján de Cuyo, donde hay más de 850 internos, y que genera una interacción con la Defensoría, en tanto y en cuanto asisten en diversos reclamos que pueden surgir de las personas privadas de su libertad”.

A su turno, Santiago Joaquín Saux, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe, respecto del que dijo que es un tribunal “bastante nuevo”, puesto en funcionamiento en 2014. “Con competencia múltiple”, dijo, apuntando que abarca “una zona muy grande, es el 30% del territorio provincial, muy productiva, que tiene su punto de conflicto”, que ejemplificó en el amplio trazado de la ruta 34, que es competencia del juzgado de Rafaela. Se refería al narcotráfico que llega desde Bolivia al puerto de Rosario. “Ha habido un trabajo interesante de las fuerzas de seguridad en los últimos meses, detectando una importante cantidad de estupefacientes”, resaltó.

La RAM como grupo terrorista

Expuso también Pablo Antonio Matkovic, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, provincia del Neuquén, quien en 2017 -como defensor oficial- presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich (en ese momento ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri) por un allanamiento a una comunidad mapuche. Al hablar ante los senadores, señaló la particularidad de su provincia respecto de la desfederalización del narcomenudeo, que tuvo “resultados importantes”, respecto de lo cual destacó que “la provincia tuvo un plan desde el Ministerio Público Fiscal y en los índices de ese sistema tan criticado, que en otras provincias no funcionó, la justicia federal de Neuquén le impone un nuevo desafío: cómo articular sin tener el narcomenudeo; esa tarea la hace muy bien la provincia”.

Cerró indicando que llegaba a esta propuesta en una etapa de su vida en la que tiene un cargo muy importante -es defensor federal de Neuquén- desde hace muchos años; no me voy del cargo por dinero, que va a ser el mismo, sino un desafío personal: aportar para Neuquén y la justicia federal mis ganas de acompañar”.

A la hora de las preguntas de los senadores, Patricia Bullrich le preguntó por la inclusión del grupo RAM en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dispuesta en febrero pasado por el Gobierno.

Matkovic respondió que el terrorismo se trata de “un flagelo mundial y por supuesto la Argentina no está exenta de ser víctima” de los mismos, a propósito de lo cual citó los dos atentados sufridos contra entidades israelíes en nuestro suelo. “Entiendo que es una decisión propia del Ejecutivo y en función de eso, los elementos que tuvieron para evaluar han habilitado la inclusión. Me parece que eso es positivo si se está trabajando para detectarlo”.

De paso, citó un caso registrado en Bariloche de “una secta con ciertos rasgos de gran organización internacional, respecto de la trata de personas, y uno de los principales representantes está condenado por hechos de terrorismo en el exterior. Así que la Argentina, como eje de este nuevo orden mundial, y sobre todo el vector de Vaca Muerta, deben tener la máxima atención sobre esos lugares que son de pleno desarrollo”.

Habló luego Diego Anzorreguy, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, quien realizó una extensa exposición sobre los cargos diversos que ocupó en su carrera, hasta llegar a la actualidad, en que espera que su trayectoria es su base para considerarse “más que preparado para asumir el cargo” para el que se propone, un tribunal multifuero. Y concluyó remarcando la importancia “no solamente de la formación técnica, sino también el desarrollo humano, los vínculos. Es importante tener empatía, tanto con el personal y es importante la capacitación constante para seguir brindando un mejor servicio de justicia”.

La elección popular de jueces

Expuso también Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal, vinculado a los orígenes de la agrupación K Justicia Legítima, un asunto que el propio Gobierno se encargó de salir a desmentir por medio de la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial.

En su presentación, detalló las características del tribunal que si es aprobado le tocará integrar, y citó estadísticas que hablaban de un promedio de entre 60 y 80 causas mensuales, mientras que en mayo de 2026, el promedio es estimado en 300 causas, la mitad ya listas para fijarles fecha de debate. “Tiene un altísimo promedio de juicios colegiados, incluso días fijos para realizar juicios orales, por lo que tiene una actividad casi permanente todos los días de la semana”, agregó, destacando luego la importancia de “la regla de la presencialidad absoluta sobre todo en juicios de causas complejas”.

“Esta vacante hay que incluirla por razones, entre ellas, de cumplir satisfactoriamente el servicio de justicia, y mejorar el nivel de juicios unipersonales”, cerró.

A la hora de las preguntas, Bullrich le preguntó si consideraba que la elección popular de jueces es el mecanismo adecuado a implementar, a lo que Mejuto contestó que “el mecanismo de elección popular tendría que optimizarse en términos de eficiencia para poder equiparar este mecanismo complejo con el que estamos discurriendo actualmente. Es una opción válida, debe ser discutida en función de la normativa vigente, atravesada por un debate legítimo… Y sí, considero que es un debate posible”.

El titular de la comisión, Juan Carlos Pagotto le preguntó si opinaba que el proceso penal tiene que estar integrado por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el juez. Esto es: “El Estado te acusa, el Estado te defiende y el Estado te condena”. Mejuto dijo que “esa es una de las posibilidades; no hay que perder de vista que vamos probablemente a un sistema que dé cuenta de un juez que administre el conflicto entre partes y esas partes pueden ser representadas como en algunos casos sucede por el Estado”.

Pagotto no pareció estar muy convencido por la respuesta, pero quedó en seguirla en otra oportunidad, mientras que Bullrich volvió a preguntar: “¿Qué independencia considera usted cuando el proyecto que avanzó en Argentina respecto de la elección popular de los jueces consideraba al juez parte de la misma boleta electoral de un partido? ¿Qué nivel de dependencia va a tener ese juez del partido con el que comparte boleta y qué significa para usted el modelo de selección de jueces instaurado en la Constitución Nacional?”.

Mejuto advirtió entonces que no había interpretado la pregunta anterior que le había hecho Bullrich. “Incurrí en un error, obviamente… Hay distintos principios fundamentales que tiene nuestro tablero político de garantías constitucionales, uno de ellos es el de la independencia e imparcialidad, de eso no cabe ninguna duda”, contestó. Y concluyó: “Un juez para poder mantenerse en un criterio de independencia, ahora que entiendo el planteo que me hacía, es una persona que tiene que tener primer muy claro que debe hacer un juicio frente a lo externo, desposeerse de esa situación entender que tiene que obrar en función de aquello que lo tiene que guiar en la resolución justa del caso, en este sentido se encara la función judicial, no aferrarse al enojo, a la presión. Los jueces resuelven muchos de esos conflictos cuando nadie los ve. En ese momento de soledad, aprovechar justamente el momento de dificultad para forjar su carácter, su vigor y sobre todo para buscar la solución justa del caso. Discúlpeme, no le había entendido antes”.

El resto de los expositores

Pasaron también por la Comisión de Acuerdos Leandro Agustín Gómez Constenla, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro; Javier Souto, como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal; Paula Diana Marinkovic, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 77 de la Capital Federal; y Marcelo Alejandro Peluzzi, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal.

También asistieron Sebastián Guillermo Soneira, propuesto como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, sala A, y Juan Ignacio Lazzaneo, propuesto como defensor público de víctima, con asiento en la provincia de Entre Ríos.

Y también asistieron Lucila Califano, Paula Diana Marinkovic, Ramiro Santo Fare, Claudia Inés D’Acunto, Raúl Augusto Montesano y Adrián Jorge Hagopian, propuestos como conjueces de los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

En el marco del 120 aniversario de la inauguración del Palacio Legislativo, el Senado de la Nación organizó una jornada especial de puertas abiertas que permitirá al público recorrer uno de los edificios más emblemáticos del país. Las visitas, que se llevarán a cabo este viernes entre las 10 y las 18:30, serán gratuitas y requerirán inscripción previa a través de la web oficial de la Cámara alta.

La propuesta contempla distintos tipos de recorridos a lo largo del día. Habrá visitas guiadas institucionales en cuatro turnos, encuentros técnicos dedicados a los procesos de restauración y conservación del edificio, y una experiencia cultural centrada en la historia del Palacio. Además, las actividades serán acompañadas por transmisiones en vivo a través del canal de YouTube del Senado.

La vicepresidente de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, destacó el valor del edificio como parte del patrimonio nacional y subrayó la importancia de su preservación. Señaló, en ese sentido, que el Palacio cuenta con un equipo especializado que se ocupa de mantener en condiciones sus estructuras y elementos originales, desde los pisos y los mármoles hasta las luminarias históricas, con el objetivo de que puedan ser apreciados tanto por los legisladores como por la ciudadanía.

Durante los recorridos, los visitantes tendrán acceso a espacios representativos y también a sectores que habitualmente no se encuentran abiertos al público. Entre ellos, se destacan el Salón Azul, donde se expondrán imágenes históricas y trabajos de restauración; el Salón Eva Perón, recreado con su aspecto original; y el recinto de senadores, donde se exhibirán piezas originales de fines del siglo XIX.

Otro de los puntos centrales será el Salón Illia, donde se reconstruirá el estudio del arquitecto Víctor Meano con planos y herramientas vinculadas a la construcción del Palacio. Allí también se rendirá homenaje a los artistas y profesionales que participaron en la obra, como Lola Mora, Víctor de Pol y la firma Azaretto Hermanos, entre otros.

En el Atrio se presentarán materiales históricos y piezas restauradas, junto con una exposición sobre las tareas de mantenimiento que permiten conservar el edificio, declarado Monumento Histórico Nacional. También se realizará un reconocimiento especial a Lola Mora, la única mujer que intervino en la ornamentación original del Congreso.

La jornada incluirá además la participación de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, que ofrecerá un repertorio de obras clásicas y populares para acompañar las visitas durante la tarde, aportando un marco artístico a la conmemoración.

Desde el Senado remarcaron que esta iniciativa busca acercar el Palacio Legislativo a la ciudadanía, poniendo en valor no solo su arquitectura y su historia, sino también su rol como símbolo de la vida democrática del país. “Este palacio es de todos los argentinos”, sostuvo Villarruel al invitar al público a participar de la actividad.

De este modo, el Congreso celebra un nuevo aniversario abriendo sus puertas y proponiendo un recorrido que combina historia, cultura y política, con el objetivo de reforzar el vínculo entre las instituciones y la sociedad.

Durante este miércoles se constituyeron dos nuevas comisiones del Senado: la de Coparticipación Federal de Impuestos y la de Población y Desarrollo Humano.

En el primer caso, fue elegido como presidente el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, acompañado en la vicepresidencia por la salteña Flavia Royón.

El correntino destacó que “seguramente va a ser una comisión muy importante para discutir algo que en este momento es trascendental para el país”, en alusión a “la discusión de los impuestos y cómo se coparticipan”, con el fin de que “el Estado brinde una verdadera respuesta a la sociedad”.

Además, informó que se conformará una agenda con alrededor de 15 expedientes que cuentan con estado parlamentario, y también se remitirá a los integrantes un informe mensual que hace la comisión.

A su turno, Royón abogó por dar “una discusión seria sobre las obligaciones y también los recursos que hoy están enfrentando las provincias y cada vez son más”.

La comisión resolvió que se reunirá los martes, aunque con horario todavía a definir.

Más tarde fue el turno de Población y Desarrollo Humano, que quedó a cargo de la senadora del bloque Justicialista Alicia Kirchner. En tanto, en la vicepresidencia quedó el oficialista Juan Cruz Godoy.

La exministra de Desarrollo Social agradeció la posibilidad de “poder estar en una comisión de tanta envergadura”. “Propongo el objetivo, en el que creo, del trabajo colectivo; los proyectos tienen que nacer de las necesidades, y trabajar mancomunadamente”, sostuvo y dijo que esto “teniendo siempre como eje los derechos humanos, que yo digo, los derechos humanos son derechos sociales”.

Por su parte, Godoy expresó: “El Gobierno tiene una misión muy importante para esta comisión y pretendo esforzarme mucho para cumplirla”.

Kirchner informó que la comisión tiene 29 proyectos de ley, pero entre los de resolución y declaración alcanzan 156 proyectos pendientes. “Hay muchísimo trabajo. No podemos tener en archivo tantos proyectos sin ver”, señaló.

Según se acordó, la comisión se reunirá los martes a las 15.

En una jornada marcada por la hiperactividad en el Congreso, el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General retomó el debate del proyecto de modificación a la Ley de Salud Mental (26.657) en presencia de diferentes expositores. Tras más de seis horas, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nadia Márquez, anunció el pase a un nuevo cuarto intermedio.

El texto fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado lunes 20 de abril con la rúbrica del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros de Salud, Mario Lugones, y de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según supo parlamentario.com, el oficialismo se tomará su tiempo para avanzar con el dictamen, pero estiman que sea a finales de mayo.

El primero en exponer fue el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Corral, quien actualmente presta servicio en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda y defendió el marco normativo vigente. “Cuando ingrese en 1983, el Borda tenía 1800 personas internadas y la Ley mejoró la terapéutica para que pasen menos tiempo internadas y haya menos personas internadas”.

A partir de ese punto, el profesional de la salud mental afirmó que “esto se logró con el advenimiento de la psicofarmacología que permitió a las personas con enfermedades severas estar en comunidad y en sociedad con sus familias”. De todas maneras, advirtió que en la actualidad “tenemos 400 personas alojadas como si fuera alguien que sufrió un infarto y 120.000 consultas anuales ambulatorias”.

En una introducción general, el doctor Corral explicó: “Hay que dividir, un aspecto que es fundamental, que es la pérdida de la salud mental o el sufrimiento psíquico”. Y cargó: “Una de cada cuatro personas en el mundo ha sufrido dificultades de salud mental como ansiedad, tristeza o trastorno del sueño”. También alertó sobre las problemáticas en auge como la adicción a las redes, juego y consumo de sustancias.

Voces en contra de la reforma de Salud Mental

Marcelo Clingo, presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, manifestó una “profunda” preocupación por el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo al considerar que “no constituye una actualización del sistema de salud mental sino retroceso conceptual, sanitario y jurídico que pone en riesgos avances construidos durante décadas en materia de derechos, calidad de atención y abordajes interdisciplinarios”.

De ese modo, enumeró que la propuesta del gobierno de Javier Milei “vulnera de manera directa el marco normativo vigente que regula el ejercicio profesional de la psicología en nuestro país; desconoce la jerarquización alcanzada por la psicología como profesión de interés público en el marco del artículo 43 de la Ley de Educación Superior; y omite por completo las incumbencias de actividades reservadas al título definidas por la resolución 1254 del 2018 del entonces Ministerio de Educación”.

“El proyecto deshace el concepto de equipo interdisciplinario tanto en su esencia como en sus posibilidades concretas de implementación”, señaló Clingo, quien agregó que esta reforma “en su esencia porque reinstala una lógica jerárquica y verticalista, que es incompatible con cualquier concepción seria de la interdisciplina”. “Nuestro enfoque se basa en una perspectiva sanitaria y democrática”, destacó.

En tercer lugar, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, rechazó la nueva reforma a la Ley 26.657 y en oposición, destacó la gestión del distrito al relatar que cuenta con 600 psiquiatras. Asimismo, mencionó que “el sector público está recibiendo una sobredemanda” y lo vinculó a la pérdida de 750.000 personas de la cobertura de salud.

En lo que respecta al proyecto de ley redactado por el ministro Mario Lugones, la funcionaria bonaerense sintetizó que “nos resulta un hecho grave”, y puntualizó sobre el artículo 28 del texto: “Es realmente grave porque elimina el compromiso económico y financiero del Estado nacional y, justamente, el Estado nacional no invierte y está desfinanciando todas las áreas de salud mental”.

Miradas a favor de la modificación

Juan Roza Alconada, director ejecutivo de la asociación civil Icona y hermano de Rodrigo Roza, el hombre que en 2020, durante un brote psicótico, atacó con un cuchillo al policía federal Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo —quien respondió con su arma reglamentaria—, recordó distintos episodios vinculados a la enfermedad mental que padecía su familiar, diagnosticado con esquizofrenia paranoide.

Según relató, Rodrigo atravesó varios brotes a lo largo de los años y sólo en una oportunidad logró ser internado, aunque posteriormente se fugó del establecimiento. En ese contexto, Alconada apuntó contra la legislación vigente en materia de Salud Mental y consideró: “El problema es la ley, está bien claro”.

La asociación civil Madre Marcha fue fundada por Stella Maurig, psicoeducadora y especialista en Adicciones, quien durante el debate expuso su experiencia personal atravesada por la problemática de la salud mental y los consumos problemáticos padecidos por uno de sus hijos.

“Soy madre de un hijo consumidor, con dos trastornos de salud mental, que se suicidó en 2019. Gracias a esta ley actual nunca pudimos ayudarlo. Mi hijo entraba a las guardias, le ponían un suero, lo desintoxicaban y le daban el alta; cuando no se arrancaba todo y se escapaba”, relató Maurig. En ese marco, la dirigente celebró la iniciativa de reforma y afirmó: “Festejo que haya esta modificación”.

La licenciada Marina Charpentier, trabajadora social y directora de Familia Esperanza, reclamó avanzar en una reforma de la legislación sobre salud mental y pidió que el debate quede al margen de las disputas partidarias. “La salud no puede tener grieta. Los enfermos y los familiares no podemos esperar, no puede ser que la política interfiera en esta discusión”, sostuvo.

La madre del cantante Chano también remarcó la necesidad de actualizar el marco normativo vigente y señaló: “Necesitamos aggiornar la ley de salud mental porque tenemos que proteger los derechos humanos de la familia y de los demás". "No sé si este u otro proyecto, pero necesitamos cambiar porque así como estamos, estamos muy mal", concluyó.

El Senado sesionará este jueves para tratar un acuerdo de la Argentina con fondos buitre; el pliego por el cual se le prorroga el mandato por cinco años al juez Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas.

El temario se acordó este martes durante una reunión de los jefes de bloques en Labor Parlamentaria, en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La sesión, la tercera desde que arrancó el periodo ordinario, se realizará desde las 15. Por la mañana habrá una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que se prevé extensa.

Precisamente será la quinta audiencia, por donde pasaron los candidatos al Poder Judicial propuestos por el Poder Ejecutivo. La semana pasada, cuando culminó la tercera, senadores dialoguistas no firmaron los dictámenes y reclamaron que el Gobierno envíe postulantes para cubrir vacantes en el interior del país, ya que, en su mayoría, el alrededor de los 80 pliegos actualmente en análisis corresponde a Capital Federal o provincia de Buenos Aires.

Por ese motivo, el PEN envió una nueva tanda de pliegos “más federal”, a la que se le dará ingreso formal en la sesión del jueves, es decir, tomarán estado parlamentario.

Aunque cuenta con dictamen, el proyecto que busca endurecer penas por falsas denuncias, motorizado por la radical Carolina Losada, no será parte de la sesión. Con el correr de los días fue perdiendo apoyos y ganando un amplio rechazo, incluso una denuncia contra la senadora.

Por otra parte, formarán parte del temario tratados internacionales con Singapur, Suiza y San Marino, que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el arranque se espera que haya varias cuestiones de privilegio de la oposición.

Acuerdo con fondos buitre

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.

Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.

En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.

Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.

Pliego de Carlos Mahiques

El Senado tratará el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por medio del cual se le prorrogará por cinco años más su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.

El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero-, y luego que el camarista solicitara la extensión.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.

El pasado 16 de abril, el juez expuso en audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por varias horas y fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido

Armas

El proyecto sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado.

El texto plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

En el Senado se aguarda que el Gobierno envíe una nueva tanda de pliegos judiciales, con el objetivo de asegurarse el apoyo de aliados al abultado paquete de postulaciones que ya mandó y se encuentra en análisis en la Comisión de Acuerdos.

Senadores dialoguistas (Pro, UCR y provinciales) reclamaron que también se prioricen candidatos del interior, ante lo que fue una oleada de postulantes para cubrir vacantes en el AMBA.

Alrededor de 80 pliegos fueron enviados en abril y ya se han realizado tres audiencias públicas por las que desfilaron casi 50 aspirantes a distintos cargos del Poder Judicial, en su mayoría para las jurisdicciones de Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Recién para la audiencia prevista para este jueves se espera que se presente un puñado de candidatos para la justicia de Formosa, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos.

Tras la última reunión de la Comisión de Acuerdos llamó la atención que algunos senadores aliados no firmaran los dictámenes, en señal y reclamo de que se envíen más postulaciones para el resto del país.

De esta manera, se espera que el Poder Ejecutivo envíe esta semana pliegos para cubrir vacantes en Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán, los cuales tomarían estado parlamentario en la próxima sesión.

Para quedar habilitado un dictamen y ser llevado al recinto requiere de 9 sobre 17 firmas de los integrantes de la comisión. La Libertad Avanza cuenta con 5 miembros, mientras que el peronismo con 3 (en disconformidad con tal distribución), con lo cual requiere de los aliados para obtener los despachos.

El resto de los integrantes son 3 por la UCR, 1 por el Pro, 1 del Frente de la Concordia Misionero, 1 de Provincias Unidas, 1 de Independencia, 1 de Convicción Federal y 1 de Primero Los Salteños.

Quedó inaugurada en el Senado la segunda edición del Programa en Inteligencia Artificial para el fortalecimiento de la labor legislativa, una de las propuestas más demandadas dentro del Plan Federal de Capacitación Parlamentaria. La iniciativa convoca a representantes legislativos de todo el país y apunta a consolidar un espacio de formación continua e intercambio federal.

El programa tiene como propósito brindar herramientas que permitan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la calidad normativa, fortalecer la función de control y promover mayor transparencia institucional. También busca desarrollar capacidades de supervisión humana frente a una tecnología en constante evolución.

La inscripción superó rápidamente las expectativas: en pocas horas se agotaron más de 200 vacantes destinadas al personal del Senado y a trabajadores legislativos de provincias y municipios. Actualmente, más de 500 personas se encuentran matriculadas en esta nueva edición, lo que confirma el creciente interés por la temática.

El panel de apertura estuvo encabezado por la directora general de Recursos Humanos del Senado, Alejandra Figini, y la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martínez. Figini destacó que este es el segundo de los seis programas que integran el Plan Federal y subrayó el compromiso de la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, con la formación continua y la innovación institucional. Además, remarcó la importancia de que todas las provincias estén representadas en este espacio de capacitación.

Martínez, por su parte, señaló que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial forma parte de una estrategia integral del Senado, siempre articulada con el conocimiento técnico y humano del personal legislativo. Enfatizó que el desafío actual es combinar las capacidades tecnológicas con la experiencia especializada frente a leyes cada vez más complejas y con plazos de tratamiento más exigentes.

Tras las palabras de apertura, la directora de Capacitación Técnico Profesional, Mariana Rodríguez Alvarez, dio inicio a la primera clase del módulo “Responsabilidad en el uso de sistemas inteligentes”, dictada por la doctora Mariel Lovat, especialista en la materia y asesora del Senado.

El programa continuará todos los viernes a las 13 h y se espera que, al finalizar la cursada, los participantes puedan profesionalizar el uso de herramientas de inteligencia artificial y generar insumos aplicables al trabajo institucional, contribuyendo así a la mejora de los procesos legislativos.

Tras la suspensión de la ceremonia de entrega de diploma de honor al fotógrafo Pablo Grillo, el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro -organizador del evento- manifestó su repudio y adelantó que se movilizará junto a la familia del reportero gráfico en la puerta del Palacio Legislativo. “Es también un nuevo acto de violencia institucional sobre quien ya había sido herido de gravedad por un disparo en la cabeza”, denunció el legislador camporista.

El evento estaba citado para este viernes 8 de mayo a las 16.30 en el Salón Azul de la Cámara alta y desde este jueves a primera hora apareció en la web oficial con el rótulo de suspendido. El senador del bloque Justicialista responsabilizó a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a la jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por la cancelación de la muestra.

Felices por su recuperación, habíamos organizado en el Senado la entrega de un Diploma de Honor a Pablo Grillo y una muestra con su obra fotográfica, en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional. La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada… pic.twitter.com/NOuNDGIshl

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) May 7, 2026

“Felices de la recuperación de Pablo, que continúa su rehabilitación todos los días, queríamos recibirlo en el Senado para compartir su obra”, había presentado De Pedro el evento que iba a realizarse en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. El fotógrafo de 36 años logró recuperar su vida cotidiana tras estar en estado crítico durante meses luego del impacto de cartucho metálico en su cabeza mientras cubría los incidentes del 12 de marzo del 2025.

Aquella jornada es recordada por el acompañamiento de las hinchadas de diferentes equipos de fútbol a la ronda de jubilados que cada miércoles concentra a un grupo de personas en la Plaza de los dos Congresos. Por el hecho, Héctor Jesús Guerrero, cabo de Gendarmería Nacional de 30 años, irá a juicio oral por pedido del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano.

Por su parte, el senador kirchnerista anunció a través de X que “mañana vamos a acompañar a Pablo y a su familia, que decidieron exponer las fotos a las 16.30 en la puerta del Congreso hasta que logremos exhibirlas adentro de la que es la Casa del Pueblo y de las provincias, y no de ningún funcionario de turno”.