La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), mantuvo una jornada de reuniones este miércoles donde debatió once proyectos con la presencia de especialistas en el área que profundizaron cada proyecto: una decena referidos a materia internacional y el restante que instituye el Día Nacional de la Iglesias Evangélicas y Protestantes, el cual cuenta con media sanción de Diputados.

Minutos después, en el Salón Arturo Illia se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), y le dieron tratamiento a un acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, suscripto en Buenos Aires en noviembre de 2019.

Al respecto, Luis del Solar Dorrego, de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería, destacó que el proyecto tenía que ver con “el tráfico ilegal de bienes culturales, que es una industria enorme, a tal punto que se habla de 10 mil millones de dólares, compitiendo con el tráfico de drogas y de personas”, el cual apunta a “la cooperación para defender el patrimonio cultural de cada país parte de este convenio”.

“El objetivo principal del acuerdo, es defender el patrimonio cultural de cada país. Se busca impedir el ingreso ilegal de bienes que han sido robados o sustraídos”, explicó.

Los once proyectos de Relaciones Exteriores

El primer expediente a tratar fue el proyecto que aprueba la convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrada en París – Rep. francesa -, el 27 de enero de 2021. Al respecto, Érica Lucero consejera de Cancillería explicó que “este convenio es de larga data la actividad que se viene llevando a cabo y a pesar de ser tareas muy técnicas que consisten en poner balizamiento, faros y ayudar y contribuir a la seguridad de la navegación, esto es muy importante porque tiene un impacto en mejorar la eficiencia del desplazamiento de buques, en términos económicos y evitar accidentes”.

“Este tipo de cuestiones Argentina está involucrada en esta organización que nace en 1957, pero hasta ahora había tenido carácter de informar. Era una asociación internacional que engloba a la mayoría de los Estados, pero no tenía encuadre jurídico de naturaleza de un organismo internacional. Se propone con esta nueva convención es darle un estatus a este trabajo que se viene haciendo hace años y un cuadro normativo más robusto”, explayó Lucero y agregó: “Con la ayuda del Congreso, la Argentina puede ser el país que se convierta y facilite la entrada en vigencia del convenio que es importante para la seguridad de navegación”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros 1977, celebrado en la Ciudad del Cabo – Rep. de Sudáfrica-, el 11 de octubre de 2012, la consejera explicó: “Es en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. El objetivo que persigue es, por un lado, proveer un marco de seguridad y protección a los trabajadores pesqueros que trabajan habitualmente en las embarcaciones y, por otro lado, a través de este convenio se busca contribuir a la lucha contra la pesca ilegal no reglamentada que es uno de los flagelos más sensibles que afectan a los océanos”.

“Se busca a través de este convenido brindar un marco de protección y cobertura para las embarcaciones pesqueras que contribuyan a su seguridad porque son muchos días los que pasan los trabajadores pesqueros a bordo y la responsabilidad principal que le cabe controlar que se respeten las disposiciones le compete al Estado de Pabellón Nacional. También se busca dar un marco de uniformidad a la mayoría de los estados para que cumplan estándares de protección a los empleados pesqueros”, expandió.

A su turno Gabriel Taboada, funcionario del Servicio Exterior de la Nación de Cancillería, explicó los puntos centrales del proyecto que establece el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en la ciudad de Beijing -República Popular China- el 10 de septiembre de 2010- y señaló: “Las penas de estos delitos tienen que ser severas. Esta es una convención de Naciones Unidas que se encuentra dentro de un paquete de 19 convenciones focalizadas en la lucha contra el terrorismo. Es muy importante que, la Argentina que ya ha adherido a 14 de estas 19 convenciones, también adhiera a esta”.

La directora Asistencia Jurídica Internacional, Aldana Rohr, explicó el proyecto que aprueba el tratado con la República de Serbia sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, suscripto en la Ciudad de Belgrado, el día 14 de octubre de 2019; y el tratado con la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal.

“La regulación en materia penal mutua con Cuba y Serbia se van a regir por nuestra ley nacional de cooperación jurídica internacional que prevé el procedimiento para la tramitación de solicitud de asistencia jurídica”, sostuvo Rohr y afirmó: “La importancia de tener tratados con un país extranjero radica en tener reglas claras que permitan prever cuál es el procedimiento que se le va a asignar al trámite de extradición”.

Al debatirse las iniciativas que aprueban el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad con la República italiana, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; y el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas, suscripto en Buenos Aires el 6 de agosto de 2018, Rohr destacó: “Es importante recordar, que en el instituto de Traslado de Persona Condenada, siempre es necesario que medie el consentimiento de la persona a ser trasladada”.

Por último, se analizó un proyecto de ley que aprueba el tratado de extradición con la República Popular China, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, el 10 de mayo de 2013; otro con la República de Polonia, suscripto el 5 de diciembre de 2019; y el último con la República de Costa Rica, suscrito el 21 de marzo de 2019.

Este jueves el oficialismo logró en la Cámara de Diputados poner en marcha la conformación de las comisiones, siendo la de Presupuesto y Hacienda la primera en constituirse en el marco del período de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

Más tarde lo hicieron Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores. Las primeras tres mencionadas se abocarán a darle tratamiento a la ley ómnibus.

El bloque Unión por la Patria ingresó a la sala una vez que los libertarios alcanzaron el número necesario para abrir la reunión y reclamaron el reparto de integrantes en las comisiones remarcando que en la sesión preparatoria se acordó que sería por el sistema D’Hondt.

Presupuesto y Hacienda

Fue el diputado salteño Carlos Zapata quien “por encomienda del bloque de La Libertad Avanza designamos como presidente José Luis Espert (Avanza Libertad), ampliamente conocido, vicepresidente primero a pedido de Unión por la Patria se mantiene la reserva, vicepresidente segundo Germana Figueroa Casas (Frente Pro – Santa Fe), secretario Bertie Benegas Lynch (LLA -Buenos Aires), Lisandro Nieri (UCR – Mendoza), Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Federal – Córdoba) y Pamela Calletti (Innovación Federal – Salta)”.

Por otro lado, el secretario de la Comisión informó que hubo dos cambios de vocales en la nómina de conformación: Luciano Laspina (Frente Pro – Santa Fe) por Silvia Lospennato y Eduardo Falcone (LLA – Buenos Aires) por Marcela Pagano.

Tras ser ungido presidente de la comisión, Espert agradeció el acompañamiento y al presidente de la Nación, Javier Milei; al presidente de la Cámara, Martín Menem; al bloque de La Libertad Avanza y a su titular Oscar Zago porque “me han propuesto como titular de la comisión”.

Al hacer uso de la palabra, Figueroa Casas manifestó: “Nos esperan momentos complicados, hay que hacer una transformación en el país y hay que trabajar mucho para eso. Tenemos que estudiar todo lo propuesto y buscar la mejor manera porque todos queremos que el país salga adelante”.

Benegas Lynch adelantó que pondrá “todo mi esfuerzo en esta Cámara para sacar el peso del Estado fenomenal que tiene hoy el sector privado”, y apuntó contra UP: “En esta comisión la verdad siendo que vengo afuera de la política mi primera inmersión en esto me parece algo impresentable algo que estoy viendo. Es insólito”, y pidió que “tengan empatía los diputados acá presentes que tienen la vida ya hecha y sepan que hay gente comiendo de la basura en Av. Entre Ríos solo pido colaboración para sacar al país adelante luego de la decadencia kirchnerista”.

A continuación, el radical Nieri pidió que “sean respetuosos” porque “hay muchísimo trabajo por delante porque la situación del país es compleja, hay una vocación de cambios. Tenemos un proyecto de ley inmenso”.

Al cierre de la reunión, retomó la palabra Espert quien manifestó: “Nos viene una gran tarea de 46 millones de argentinos están esperando ansiosamente para que esta comisión y esta Cámara trabaje y le solucione parte de los problemas que la misma política le ha generado. Espero que estemos a la altura de las circunstancias. A partir de la semana que viene se va a empezar a trabajar el proyecto de ley de bases y puntos de partida”.

Relaciones Exteriores y Culto

La segunda comisión en conformarse fue la de Relaciones Exteriores y Culto que será presidida por el diputado Fernando Iglesias (Pro), vicepresidente primero será para UP que dejó reservado el lugar y como vicepresidente segundo Juliana Santillán (LLA).

El cargo de secretario primero quedó reservado por la UCR, mientras que como secretaria segunda fue postulada Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal-Buenos Aires), la secretaría tercera quedó vacante por UP y la libertaria Nadia Márquez (Neuquén) será la secretaria cuarta. La elección de autoridades se votó de forma nominal por unanimidad.

En tanto, se informó que María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza-Córdoba) reemplazará a Marcela Pagano (LLA-Buenos Aires).

Al ser elegido como presidente, Iglesias agradeció a todos los presentes por el acompañamiento unánime “por la confianza” y agregó: “Me complazco en este espíritu alberdiano de respeto a las instituciones que ha invadido esta Cámara de Diputados”.

“Me parece trascendental esta comisión en estos tiempos. La globalización ya ha sido por muerta en muchas veces, pero parece que está viva y coleando en un montón de fenómenos que impactan a la población y actividades. Son demasiados los temas globales que tienen impacto directo y lo que estamos viviendo es una globalización que se reconfigura permanentemente”, planteó y sumó: “Es una comisión central porque hay que fijar la política exterior de un gobierno en tiempos globales es también fijar la política interna y no hay mayor error que errarle a esa inscripción”.

Iglesias señaló que el Gobierno definió dos temas centrales que son el pedido de incorporación de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que “es un punto fundamental”, y el impulso al acuerdo de Unión Europea y el Mercosur son “temas que van a tener ámbito de discusión acá y son parte de la agenda fundamental”.

“El ingreso a la OCDE es fundamental para fijar una serie de políticas de transparencia institucional que han sido problemas del país en los últimos años. Es un ancla externa que necesitamos e impulsarlos rápidamente. El acuerdo con Unión Europea es más que un acuerdo comercial porque permite al país estar aliado con un sector fundamental de países democráticos del mundo, es de gran importancia, fija agendas de modernización que se necesitaba hace años y que lo estamos pagando ahora en materia económica”, explayó.

Asuntos Constitucionales

Por la tarde, fue el turno de la Comisión de Asuntos Constitucionales que quedará a cargo del legislador libertario Nicolás Mayoraz (Santa Fe) como nuevo presidente; siendo María Eugenia Vidal (Pro) como vicepresidenta primera; y Karina Banfi (UCR), como secretaria.

La vicepresidencia y secretaría segunda quedaron para Unión por la Patria que aún no giró los nombres, al no estar de acuerdo en que no le corresponda la primera vicepresidencia. La moción quedó restablecida tras una votación que mantuvo los nombres que se venían tejiendo.

Así las cosas, el jefe de bloque de UP insistió con el pedido respecto al número de bancas que le corresponden a su bancada y reclamó: “Nosotros creemos que nos corresponde la vicepresidencia por ser la primera minoría”.

Luego, el diputado Christian Castillo exigió presencia de legisladores de su bloque en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto. Desde UP, Agustina Propato y Vanesa Siley -con varios cortes en sus micrófonos- aseveraron su discrepancia con la elección de las autoridades.

En defensa de lo establecido al inicio de la reunión, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro) advirtió que “hay un acuerdo político con los bloques de esta comisión”, y ratificó que “no aceptamos ninguna otra propuesta”.

Acto seguido, desde UP se dirigieron a Vidal: “Usted que fue elegida gobernadora de la provincia de Buenos Aires, le pedimos que dé un paso al costado y no convalide esta designación”. “Le pedimos que respete a los millones de bonaerenses que alguna vez la han votado”, añadieron.

En tal sentido, Vidal respondió: “No es para mi persona, es para mí espacio”, y remarcó que “celebro que después de 20 años hayan entendido el reglamento, la Corte y la Justicia”.

“Nos aleja de la representación discutir los cargos desde hace 35 minutos porque la gente no se va a dormir pensando en la vicepresidencia de esta comisión, se va a dormir angustiado por los últimos cuatro años”, señaló la exgobernadora bonaerense.

Mientras el secretario leía por tercera vez los nombres de las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Siley continuaba pidiendo la palabra, en medio de gritos y acusaciones entre los legisladores de UP y los del Pro. Lo mismo ocurrió con Propato.

La votación resultó con 19 votos afirmativos y 14 negativos, y las autoridades quedaron ratificadas como se preveía.

Al término, el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, expresó: “Agradezco la confianza del bloque, a Martín Menem y a los demás bloques que acompañaron”. “Nos toca una tarea muy importante y debemos estar a la altura para atender las demandas de la sociedad”, enfatizó.

Además, manifestó que “somos el gobierno con más votos de la historia” y “se lo debemos a los argentinos que no quieren vivir más con este modelo empobrecedor”. Para terminar, el titular de Asuntos Constitucionales anunció que la próxima reunión será el martes 9 de enero a las 14.00 y propuso que haya reuniones de lunes a viernes, y no de martes a jueves como se viene haciendo.

Legislación General

Finalmente, la reunión constitutiva de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja designó al cordobés Gabriel Bornoroni (LLA) como nuevo presidente; siendo Carla Carrizo (UCR – CABA) la vicepresidenta segunda; y Florencia De Sensi (Pro – Buenos Aires), como secretaria.

Al igual que las demás comisiones, a UP le asignaron la vicepresidencia y la secretaría segunda. La nómina fue puesta a votación de los legisladores presentes y el resultado convalidó a los nombres preestablecidos.

Finalizada la votación, el libertario Bornoroni tomó la palabra y expresó: “Le quiero decir a todos que me voy a poner a disposición para que esta comisión trabaje las horas y días necesarios con el consenso para tratar las leyes que sean necesarias”.

Al referirse a la ley ómnibus, anticipó que “vamos a buscar los consensos necesarios para que la aprobemos en el recinto”.

Asimismo, Carrizo manifestó que “nuestro rol es garantizar gobernabilidad”. “Tenemos el desafío de apoyar lo que sea necesario, rechazar lo que estemos en contra y modificar lo que nos parezca que hay que modificar”, agregó.

“Hay un costo de derrota, acepten la derrota y acepten los límites”, concluyó la vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, ante las interrupciones e ironías de la diputada camporista Paula Penacca.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe) acusó al mega DNU y a la ley ómnibus de “ser reformas de la Constitución Nacional”. Asimismo, remarcó que “vamos a seguir luchando por los derechos”.

Finalmente, el titular de las Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, confirmó que los días de reunión serán los miércoles a las 16.00.

Como al pasar, el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció en la mesa de Mirtha Legrand que el próximo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja será José Luis Espert.

Así se revela la incógnita más importante respecto de la futura constitución de las comisiones, que terminará siendo para un aliado.

Milei mencionó a José Luis Espert remontándose a diciembre de 2018, cuando los liberales hicieron una fiesta en New York City, detalló, “cuando se iba a lanzar José Luis Espert para la candidatura presidencial”, comentó. Trascartón comentó que Espert “viene bastante seguido al (Hotel) Libertador a trabajar conmigo, porque él es el presidente de la Comisión de Presupuesto”, lanzó.

“Fíjese –le dijo a Mirtha-, la comisión más importante que tiene un presidente, se la da a una persona que está en otro espacio. Porque Avanza Libertad, que es el espacio de José Luis Espert, está en Juntos por el Cambio, pero es una persona que como respeta los ideales de la libertad, le damos esa comisión”. Y cerró destacándolo como “un fiscalista”.

“Es muy bueno”, acotó Patricia Bullrich, la tercer comensal de esa mesa, y Milei convalidó: “Es muy bueno”.

El propio Espert se hizo eco del comentario, y en las redes sociales se manifestó “honrado de ser el próximo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados”, y le agradeció al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y al titular del bloque La Libertad Avanza, Oscar Zago.

Honrado de ser el próximo Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Gracias @JMilei por tus palabras y también a @MenemMartin y @OscarZago_D102. pic.twitter.com/DjJYuB0HOn

— José Luis Espert (@jlespert) December 24, 2023

Presidida por Carlos Heller (FdT), la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja cumplió en reunirse este lunes para cumplir con la formalidad de avanzar con el dictamen de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, la cual será el plato fuerte a tratar en la sesión de este martes.

La iniciativa apunta a que únicamente los mayores ingresos queden alcanzados por el tributo, los que representan a un 0,88% de los trabajadores registrados. A su vez, la oposición presentó un dictamen de rechazo.

El debate

En el principio, el titular de la comisión Carlos Heller leyó el informe de presentación del proyecto y sintetizó los aspectos centrales: “Estaríamos estableciendo que comenzarán a pagar aquellos ingresos superiores a 15 salarios mínimos o 180 anuales”, dijo, y amplió que “el actual proyecto deja sin efecto el Impuesto a las Ganancias al trabajo personal, en relación de dependencia y a jubilados y pensionados”.

Del mismo modo, aseguró que “quedarán exceptuados de toda carga impositiva los magistrados y empleados del Poder Judicial. “Esta modificación tiene un costo del 0,24 del PBI costo del Tesoro Nacional y a las provincias 0,67 y tendrá dos ajustes anuales en enero y julio”, señaló.

Por otro lado, expresó que esta iniciativa “ingresa en el marco de las medidas que se vienen planteando”, y anunció que “la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) será para aquellos que ganan menos”, y añadió: “Eleva el monto a devolver hasta los 18.800 pesos mensuales en un universo de 18 millones de personas”.

Abrió la ronda de expositores la diputada de izquierda Romina del Plá, quien recordó que uno de los primeros proyectos presentados por los bloques de izquierda “fue la anulación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias”, y lo calificó como un impuesto “confiscatorio del salario”, porque “el salario no es ganancia”.

“Que el salario no es ganancia y esta fase del impuesto es enormemente regresiva no era patrimonio de muchos que ahora parece ser que lo descubrieron. Esto es importante. Cuando presentaron el proyecto pensé que había una suerte de amnesia colectiva temporal porque escuché funcionarios hablar de la injusticia del impuesto y demás cuando, durante muchos gobiernos del kirchnerismo, fue defendido a capa y espada la mantención de este impuesto”, apuntó Del Plá.

Tampoco se olvidó de la promesa de Mauricio Macri en su campaña electoral “hablando de eliminar el impuesto que luego no solo no cumplió, sino que agudizó. De uno y otro lado el criterio de mal utilizar este impuesto que se convirtió en uno de los instrumentos de mayor recaudación. Es un impuesto regresivo sobre trabajadores y jubilados”.

En ese punto, señaló que muchos aspectos de los proyectos que vienen impulsando hace tiempo “aparecen ahora en el proyecto del oficialismo. Nosotros también incluimos algo que es incorrecto que no esté: tomar en cuenta también para dejarlos sin gravar a los monotributistas y autónomos. Es un problema porque agudiza un desequilibrio, porque el monotributo en su mayor parte es un encubrimiento de relación de trabajo de dependencia oculto bajo este formato. Esto es un tema que debería ser considerado”.

También señaló que deben ser incluidos a todos los jueces y fiscales y no solo a los designados a los posterior del 2017 “al conjunto del magistrado del Poder Judicial”.

“¿Cuál es la progresividad de cobrarle un impuesto a las ganancias a quienes no tienen ganancias sino un salario que tiene carácter alimentario? Progresivo es que paguen quienes tiene ganancias por actividades que se basan en la explotación del trabajo ajeno. Eliminar la cuarta categoría va a pasar a ser completamente progresivo”, expresó y cerró: “Estas medidas tomadas a nadie se les puede escapar que tienen una intención electoral. También es electoral la postura de la oposición, que se llenaron la boca hablando y ahora dicen que no van a votarlo. De uno y otro lado solo le allanan el camino a los fachos libertarios”.

A su turno y de forma extensa, el diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical) manifestó: “Lo nuestro es una crítica a esto que se ha dictaminado porque primero debemos poner en contexto la discusión”. “Es como si de repente discutiéramos la reforma tributaria y desde que el FdT es gobierno, hubo más de 20 impuestos”, señaló.

“Ahora bien, después de salir tercero, de repente aparecen con una reforma, que es una evidente respuesta electoralista porque durante la gestión de Cristina Kirchner hubo récord absoluto con más de 2 millones de trabajadores que pagaban ganancias”, agregó el radical.

Del mismo modo, aseveró: “No vale esto de tener una estructura de alto impuesto y cuando pierdo las elecciones determino la política tributaria del que viene”, y añadió que estas medidas “tienen un evitable costo fiscal que despues no tenemos como financiarlo”.

Asimismo, sostuvo que “el Gobierno termina emitiendo dinero para afrontar ese gasto público y la gente lo entiende muy bien”. También afirmó que “hay una dinámica con la inflación y la emisión del gasto y evidencian que se profundiza el déficit fiscal”.

“Coincido de fondo con Del Plá. Un trabajador que gana más va a pagar menos y uno que gana poco paga lo mismo. Es una reforma regresiva”, afirmó Cacace, y añadió: “Agrava al 15 por ciento de la población que más tiene y el impuesto tiene que tener una base amplia con alícuota progresiva”.

Para concluir, el diputado de Evolución Radical expresó: “Esta modificación genera una pérdida de casi un punto del PBI (0,83 por ciento) entre la pérdida del Tesoro, AFIP, Fondos ATNS, Poder Judicial y provincias”. “No vamos a acompañar el dictamen de mayoría”, remarcó.

Entre los presentes, estuvo el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad), quien dijo estar convencido de que “no estaríamos discutiendo esto si no hubiera ocurrido el fracaso absoluto de este gobierno con la inflación”, y agregó: “Hay registros similares a la hiperinflación y el primer impuesto que hay que bajar es la inflación”.

En esa línea, planteó que “el Gobierno ha tomado un montón de medidas parciales y sectoriales que agravan”, y amplió: “Pocos gobiernos se acuerdan de los autónomos y monotributistas y se comete un verdadero abuso de derecho, pero la Constitución Nacional dice que los impuestos los recaudan las provincias”.

Además, agregó: “El impuesto directo lo recauda el Gobierno federal hace un siglo violando de manera grosera la CN”. En este caso, refirió: “Son bajas sin baja de gasto público y por beneficiar a pocos se perjudican muchos más”.

“Este Gobierno recurre a las medidas más nefastas de las viejas políticas y estamos en un momento donde cualquier mala movida puede derivar en una crisis económica inimaginable”, cerró.

A su turno, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) cargó contra JxC: “Mauricio Macri prometió en campaña eliminar Ganancias, no cumplió, y cuando llegó, pagaban un millón de trabajadores y cuando se fue pagaban 2.400.000”.

En tal sentido, acusó a los actuales diputados de la oposición por “no decírselo a Macri cuando eran parte de esas listas en 2015”. “Algunos diputados creen que la película empieza cuando ellos ingresan, la película empezó antes. Dejaron 2.400.000 pagando Ganancias y ahora hay 800.000”, lanzó.

A su vez, criticó a la candidata a presidenta, Patricia Bullrich, y al jefe de bancada del Pro, Cristian Ritondo: “Hace diez días dijeron que Massa mande el proyecto y que lo votaban, pero me llamó la atención que ahora JxC no quiere dar quórum y votará en contra”.

“Quiero pensar que lo dicen de burro, pero lo hacen por pensamiento político, dicen que se va a generar inflación bajando impuestos y eso es falso”, enfatizó Casaretto. “La baja de los impuestos de los trabajadores no es la causante de la inflación”, remarcó.

Para terminar, expresó: “Sergio Tomás Massa va a ser el próximo presidente de la Argentina, no se prueben el saco antes de tiempo porque vamos a seguir conduciendo la Argentina”.

En una breve intervención, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) sostuvo que “debemos reflexionar que los 1.600.000.000 no generen problemas en las provincias por encontrar el equilibrio fiscal”. “Massa está haciendo lo mismo que hizo Macri al perder las PASO”, señaló.

Tambien, el neuquino Guillermo Carnaghi (FdT) manifestó que “negarse a esta modificación es una excusa para negarse sobre la creación de universidades”. “Buscan argumentos para negar a tantos argentinos porque el salario no es ganancia”, indicó.

En contraposición, el diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR) aseveró: “La mala implementación termina siendo un castigo a los trabajadores porque estamos en una emergencia económica e inflación del 137 por ciento”, y agregó: “Plantear esta discusión sin razonamiento lógico no lo entiendo y menos en este contexto del pais porque esto genera endeudamiento y emisión monetaria”.

Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, sostuvo que “la idea de que es una cuestión electoralista esconde que alguien puede modificar el voto, este es un tema de justicia tributaria”. “Estamos dando un muy buen paso y esperemos que mañana lo podamos consolidar”, afirmó.

“Para algunos ampliar derechos o redistribuir mejor el ingreso es una estafa y no nos cabe duda de que vamos a seguir mejorando la vida a los argentinos”, arengó Martínez.

Luego, el diputado nacional Luciano Laspina (Pro) -referente económico de Patricia Bullrich- anticipó que “esta sesión queda en el récord Guinness de la demagogia y va a quedar en la historia porque van a mostrar las caritas en los videos de los que defienden lo indefendible”.

“Hay un Estado fundido y quebrado, el BCRA emitió el equivalente a 20 puntos del PBI, la inflación es el impuesto más regresivo y la medida le va a costar al Estado un 0,8 del PBI”, señaló, y cerró: “El kirchnerismo hizo pelota al peronismo”.

Por último, Agustín Domingo (JSRN) propuso una serie de modificaciones al proyecto de la modificación del Impuesto a las Ganancias: “Queremos un mecanismo para actualizar el mínimo no imponible porque los contribuyentes pasan a tributar por un aumento nominal”. “El Salario Mínimo Vital y Móvil que sea el mecanismo de ajuste y en escala”, agregó.

Para concluir la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda, el presidente Heller confirmó que hubo un dictamen de mayoría y uno de rechazo de JxC con 12 firmantes. El proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias será tratado en la sesión de este martes.

La modificación

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que el costo fiscal de la medida es de un billón de pesos anuales. Uno de los ejes de la discusión radica en que Ganancias es un impuesto coparticipable. Según se anticipa, hay legisladores de bloques federales que apoyarán el proyecto, pero reclamarán que se prevea una compensación a las provincias.

Con el objeto de gravar a los mayores ingresos, se impone un “impuesto cedular” (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-, actuando dicho importe como un mínimo no imponible.

Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27% y el 35%.

“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, planteó el Ejecutivo en el proyecto.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del diputado nacional Carlos Heller (FdT), se reunió este martes para avanzar con el dictamen del proyecto de ley que establece un régimen de “exteriorización del ahorro argentino”. A su vez, los diputados de Juntos por el Cambio redactaron un “dictamen de rechazo”.

Esta reunión quedó establecida la semana pasada, cuando la comisión debatió la iniciativa en presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel. Allí, los cuatro diputados de la oposición que estuvieron presentes cuestionaron que se hubiera querido dictaminar cuando se suponía que era una reunión informativa.

Este proyecto tiene por objetivo fomentar que las personas declaren voluntariamente los bienes en el país y en el exterior, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. El proyecto estipula un plazo de 360 días corridos desde la entrada en vigor de la ley para acceder al blanqueo.

“La exención de determinados impuestos y la liberación de acciones judiciales y administrativas”, serán los beneficios que tendrán aquellas personas que blanqueen. Además, el proyecto manifiesta que “los declarantes tributarán un impuesto especial cuya alícuota es sustancialmente inferior a aquella que resulta de aplicación en comparación con el régimen general”, detalla el texto.

Del mismo modo, se buscará con esta iniciativa que las personas declaren la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país, tenencia de moneda extranjera en el exterior, activos financieros del país o del exterior (acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales), criptoactivos (criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares, títulos, bonos), -inmuebles en el país o en el exterior y demás bienes tanto en el país como en el extranjero, incluyendo créditos.

De estos beneficios mencionados en la redacción del proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino quedarán excluidos los miembros del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo y los magistrados del Poder Judicial a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires en funciones desde el 2010 y la actualidad.

JxC presentó un dictamen de rechazo

En contraposición con el dictamen del oficialismo, la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro) presentó un “dictamen de minoría” y explicó: “En nuestro país hay un 45 por ciento de la economía que está por fuera de la formalidad y hoy nos enfrentamos al desafío de formalizar esa economía”.

En esa línea, agregó: “Es difícil que alguien ingrese a este blanqueo porque si queremos dar formalidad a ese 45 por ciento, debemos cambiar las condiciones y se transforma en un blanqueo para unos pocos”.

“Para aquel que tiene todo en regla, en vez de darle un beneficio, le delegamos a AFIP su situación y cuando uno analiza este proyecto, se encuentra con un parche”, señaló Figueroa Casas. Del mismo modo, mencionó que “hubo blanqueos en el 1987, 1992, 2008, 2015, 2016 y en este gobierno ya vamos por tres. Hasta metimos un blanqueo en una ley de presupuesto”.

Para cerrar su idea, cuestionó: “¿Qué mensaje estamos dando al contribuyente? Faltaría una moratoria, incentivo a inversiones y es absurdo que el que tenga ingresos declarados tenga un tope y que no lo tenga el que nunca declaró”. “Vamos a emitir un dictamen de rechazo”, concluyó.

Por otro lado, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) destacó que “es importante avanzar con el intercambio de información con la principal potencia (Estados Unidos)”, y añadió que “este proyecto da la posibilidad de que el que no tiene activos declarados pueda hacerlo”.

“Quienes accedan al régimen, van a pagar un impuesto especial del 5 por ciento en los primeros 120 días, 10 por ciento después de los 120 y 20 por ciento pasados los 150”, explicó. De ese modo, enfatizó que “buscamos ampliar la base tributaria”.

Por último, advirtió que “quienes tengan activos en el exterior podrán declarar de forma voluntaria o a través del intercambio de información nos llevara unos meses más”. “El acuerdo con EE. UU. se viene trabajando y ahora se concreta y los fondos obtenidos serán dirigidos al Tesoro Nacional y otra parte al régimen de viviendas”, concluyó.

Antes de dar por terminada la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aclaró que “vamos a sugerir cambios en el recinto, porque se omitió a los hermanos (de los que tengan activos en el exterior) en el escrito”.

Finalmente, explicó que “la información indica que habría 435 mil millones de dólares no declarados y el Estado, a través de la información, perseguirá penalmente a aquellos que no entren en el régimen”. “No podemos tener el orgullo de decir que somos el país que más evasión tiene y si lo aprobamos va a quedar vigente por un año”, cerró.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del diputado oficialista Carlos Heller (CABA), se reunió este miércoles para emitir dictamen favorable del proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

Tras el aval que recibió hace dos semanas en las comisiones de Justicia y Legislación Penal, los diputados recibieron el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe. Al respecto, Heller explicó en el inicio de la reunión, los costos que informó la OPC respecto a la iniciativa: “Tomando los salarios de los 50 cargos, se generaría un costo de 1.564 millones anuales de pesos y las contribuciones al Estado serían de 456 millones”.

En esa línea, agregó: “Cubrir los 50 cargos serían un total de  1.108 millones de pesos, es decir un 0,006 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y 0,2 del crédito asignado al Presupuesto 2023 para el Poder Judicial en su conjunto”. Además, consideró que “cerca del 95 por ciento de los cargos adicionales son de personal”.

Del mismo modo, amplió: “El resto del personal que acompañaría, generaría un costo adicional neto de 6.000 millones de pesos anuales que desde luego, son estimaciones”. Así también, añadió: “Se tomarán como referencia las estructuras similares en demás provincias, y el gasto final se estima entre 7.000 y 7.500 millones de pesos anuales”.

En primera instancia, el diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) consideró “imprescindible” poner en marcha el nuevo Código Penal procesal en Santa Fe. “Solo 17 de 23 provincias lo tienen, pero solo aplica en Salta y Jujuy”, indicó.

Además, Mirabella pidió que “no se cajoneen las causas narcos” porque “el Tribunal Oral de Rosario está vacío”. “Luego de la aprobación en el Senado, se llamará a concurso para definir los cargos”, anunció.

Con más fervor, el diputado radical Juan Martín (Santa Fe) desarrolló: “2022 fue el récord de homicidios dolosos y en 2023 tenemos la misma cantidad de homicidios que días transcurridos”, y agregó: “Debemos tratar este tema con responsabilidad”.

“Es un proyecto que busca corregir desfasajes históricos, pero en el corto plazo hay cosas que se pueden hacer. Tenemos pendiente de conformación la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe, que se lo pedí a la vicepresidenta Cristina Kirchner y no hubo novedades”, señaló.

A su vez, aseveró: “Esperamos que haya marco en el Senado de la Nación para intervenir hoy mismo”. En esa línea, manifestó: “Necesitábamos cuanto antes dictaminar, pero no puede quedar únicamente acá, debe haber una intervención política y que empecemos a dar gestos manifiestos”.

Brevemente, Heller respondió: “Este tema excede el funcionamiento de la Justica y está muy bien que los aprobemos”, y aclaró: “Los negocios del narcotráfico los vamos a atender cuando detectemos la plata porque el gran tema del mundo es como se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco”.

Con criticas el Gobierno nacional, el diputado nacional Mario Barletta (UCR – Santa Fe) sostuvo que “no hay preocupación desde el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”. “Este problema en Buenos Aires es diez veces peor en términos de negocios del narcotráfico, consumo y lavado de dinero”, enfatizó.

“En Buenos Aires no hay carteles que ordenen el negocio o ¿será que la policía es el cartel en Buenos Aires y sus conexiones con la política?”, condicionó el radical. Del mismo modo, criticó que este proyecto no haya sido agregado al temario de las sesiones extraordinarias del último período. “Después se enojan que no damos quórum. Al Gobierno Nacional no le preocupa lo de Rosario”, indicó.

En referencia a los repudios en contra de CFK, el diputado Marcos Cleri (FdT – Santa Fe) advirtió: “Lo del Código Procesal Penal fue aprobado solo por el Frente para la Victoria”, criticó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: “No le paga a los juzgados federales de Venado Tuerto”.

“Conociendo que en es un tema de largo plazo, hubo gobiernos en Santa Fe de más de cuarenta años y que gobernaron los últimos 12 con políticas neoliberales para que el Estado se vaya liberando de ciudades como Rosario y allí creció el crimen organizado”, siguió Cleri.

Asimismo, agregó: “Dejaron abandonados los barrios, y el crimen organizado se instaló, y eso que gobernaron Rosario y manejaban la Policía”. Del mismo modo, indicó: “Hay que marcar unidad contra el crimen organizado a niveles municipales y provinciales”- En el cierre, criticó al gobierno de Cambiemos: “Tiene que haber una política integral para prevenir las adicciones, pero de 2016 a 2019 los Centros Primarios de las Adicciones (CEPLA) se discontinuaron con ajustes”. “La respuesta debe ser con Estado presente y no con políticas de ajuste”, cerró.

El diputado socialista Enrique Estévez (Santa Fe) le contestó a Cleri: “Es difícil hablar después de un provocador y un cínico, nos reunimos los 19 diputados de Santa Fe para tratar este proyecto y la única responsable es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

Entre más críticas al oficialismo, Estévez expresó: “La primera condición de un estado democrático es que las instituciones sean trasparentes, pero no dan explicaciones de poque no convocan a esa comisión bicameral”. “No tenemos procurado general de la nación por la CFK no quiere”, señaló.

“Tenemos un Código Procesal Penal hace diez años y la vicepresidenta no lo aplica”, consideró el socialista. A su vez, aseveró: “Rindan cuenta de algo, den explicaciones de algo”.

Por último, afirmó: “Dejen de estigmatizar con la ciudad de Rosario, ustedes son irresponsables, pocos serios y fachos, ustedes deben rendir cuenta de cómo controlan las fronteras”.

De forma breve, Cleri contestó y sostuvo que “la coherencia me avala”.

“La tarea habitual del Partido Socialista es el abandono de los barrios, pero si para vos la única que pude resolver los problemas de la Argentina es Cristina Kirchner, para nosotros tambien y ojalá vuelva a ser presidenta”, manifestó.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) pidió que “analicemos en que gasta el Estado y en seguridad”, y agregó: “Tomemos conciencia de lo que realmente pasa en Rosario porque necesitamos saber que toda la Nación se va a ocupar de Rosario”.

El último alocutor fue el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que “hay elementos que obturan el debate a fondo”. “No reconocer estar acá para trabajar el tema impide ver que se está haciendo algo”, indicó.

Tras varias discusiones entre oficialistas y opositores, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció que el proyecto de ley sobre que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe obtuvo el dictamen favorable por mayoría y será tratado en el recinto en la próxima sesión.

En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados acelera el tratamiento del proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

La iniciativa ya fue debatida en el seno de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo y solo resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller.

La reunión fue convocada para el próximo miércoles 22 a las 10 en la sala 2 del “Anexo C” de la Cámara baja, luego de que este viernes por la tarde se conociera el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe.

Lo que propone el proyecto: 

• La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
• La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
• La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
• La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. 
• La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
• Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. 
• Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”. 

Este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, comenzará el tratamiento del proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos que impulsa el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a legisladores oficialistas y opositores. La reunión ha sido convocada para las 15.30.

La iniciativa, que es acompañada por los diputados oficialistas Leandro Santoro y Mónica Litza, Margarita Stolbizer (JxC) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), alcanza con mejoras a 4,5 millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos de todo el país.

“Buscamos generar un alivio en el bolsillo de los pequeños contribuyentes con una medida simple, efectiva y práctica: subir los topes máximos de facturación desde julio sin modificar la cuota que pagan los monotributistas”, destacó Massa, que espera tratar el proyecto el próximo jueves en el recinto.

La propuesta para monotributistas permite adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.

Estos cambios, impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39 % de AMBA y el 61% de las provincias del interior.

Respecto a los Autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución que evalúa el proyecto se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia.

Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.

Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $ 8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias. Para esos independientes, se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $ 52 mil anuales producto del alivio fiscal.

Previsiblemente el debate del proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre pasado, pero que recién se puso a consideración de los diputados el lunes pasado, terminará teniendo un debate exprés, pues es decisión del oficialismo llevarlo al recinto este mismo jueves. Así lo pidió el bloque que conduce Máximo Kirchner, y las autoridades de la Cámara dispusieron que este jueves a partir de las 12 el pleno del Cuerpo se aboque al debate de un dictamen que debería alcanzarse este miércoles.

Esto es, apenas dos días después del inicio del análisis en comisión. Debate que entre los diputados propiamente dicho se dará recién este miércoles a partir de las 14, hora a la que convocaron las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de que lunes y martes se hubieran abocado a escuchar las exposiciones de los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Transporte, Alexis Guerrera, como así también autoridades del Ministerio de Salud, ya que la titular del área, Carla Vizzotti, se ausentó de la reunión.

Al cabo de la exposición del titular de la cartera de Transporte, Carlos Heller anunció un pase a cuarto intermedio hasta este miércoles a las 11, pero luego el encuentro se postergó hasta las 14. Y se anunció esta mañana que la reunión se realizará directamente en el recinto de la Cámara de Diputados, con lo cual lo que se verá a partir de esta tarde será un adelanto de lo que sucederá un día después en el mismo sitio.

Como se recordará, durante las dos reuniones que se realizaron en la comisión que conduce Carlos Heller, este diputado solicitó a sus miembros que evitaran confrontar, o polemizar, delante de los funcionarios que visitaron Presupuesto y Hacienda, reservando esas discusiones para cuando estuvieran ellos solos. Eso sucederá entonces a partir de las 14, aguardándose una reunión extensa que deberá concluir con la emisión de uno o más dictámenes.

Recordemos que en el inicio del debate, el lunes pasado, desde Juntos por el Cambio, pero también el interbloque Federal, solicitaron una semana más de tiempo para debatir el proyecto, teniendo en cuenta que muchos de los miembros de esa comisión son nuevos en el Congreso. Obviamente el pedido fue desestimado, atento a la premura del oficialismo por contar con la ley de leyes.

La idea es que el lunes que viene el Senado se aboque a debatir el texto que llegue desde la Cámara baja, con la intención -complicada- de llevarlo al recinto esa misma semana.

Con rigurosa utilización del sistema D’Hont, fueron designados los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que este lunes se reunirá para comenzar con el análisis del proyecto de Presupuesto 2022.

Este lunes se realizará la reunión constitutiva y la designación de las autoridades de la comisión. Se descuenta que Carlos Heller seguirá siendo el presidente de la comisión, mientras que Luciano Laspina será el vicepresidente.

Los miembros de la comisión son los siguientes:

Frente de Todos (24):

Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Daniel Brue, Guillermo Carnaghi, Marcelo Casaretto, Sergio Casas, Marcos Cleri, Emiliano Estrada, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, José Luis Gioja, Itai Hagman, Carlos Heller, Susana Landriscini, Mario Leito, Germán Martínez, Roberto Mirabella, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, María Graciela Parola, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ybrhain Ponce y Jorge Antonio Romero.

Juntos por el Cambio (23):

Federico Angelini, Lidia Ascárate, Miguel Angel Bazze, Sofía Brambilla, Ricardo Buryaile, Alejandro Cacace, Germana Figueroa Casas, Pedro Galimberti, Gustavo Hein, Ingrid Jetter, María de las Mercedes Joury, Luciano Laspina, Hernán Lombardi, Juan Manuel López, Juan Martín, Gerardo Milman, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Jorge Rizzotti, Laura Rodríguez Machado, Víctor Hugo Romero, Martín Tetaz y Pablo Torello.

Interbloque Federal (1):

Ignacio García Aresca.

Provincias Unidas (1):

Diego Sartori.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados buscará el próximo lunes a las 17 emitir dictamen favorable a un proyecto de ley que busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y mipymes.

La iniciativa comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.
La idea del oficialismo es poder tratar este proyecto en la sesión del próximo martes.

El proyecto de alivio fiscal -presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y que cuenta con el aval del oficialismo y de la mayoría de la oposición- forma parte del temario de la sesión especial solicitada para la próxima semana por todos los bloques políticos con una agenda de temas consensuados.

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que “el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación”.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.

También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.

Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.

La citación

• Fecha: lunes 25 a las 17:00 horas
• Lugar: Anexo “C” – 2° piso de la Cámara de Diputados
• COMISION: Presupuesto y Hacienda
• Temas varios: Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el Covid-19. Procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Créase el Programa Nacional de Oncopediatría. Contrato de Trabajo -Ley 20.744-. Asignaciones Familiares –Ley 24.714- Modificaciones. Transferir a título gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional a la ciudad capital de la provincia del Neuquén.

Las iniciativas impulsadas por el oficialismo para generar modificaciones en el régimen del Monotributo, del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales obtuvieron el aval de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores y en la próxima sesión quedará convertido en ley.

Ambos proyectos de ley ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y, más allá de que el Frente de Todos tenga amplia mayoría en Senado, estas iniciativas cuentan en general con el apoyo de los sectores opositores.

En el inicio del tratamiento de ambos temas que se trataron en conjunto, el subdirector General de Fiscalización, Julián Ruiz, explicó que en el proyecto de ley que crea el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes “hay beneficios, como un alivio fiscal para los monotributistas más pequeños, consiste en aquellos monotributistas que por alguna razón se pasaron de su máximo de facturación”.

“Respecto de los nuevos valores de monotributo, en la categoría más baja se incrementa un 77% el valor de facturación, manteniendo el de diciembre 2020. Eso permite un beneficio, al incrementar cada una de las escalas mantenido constante el valor de la cuota”, agregó Ruiz.

En ese sentido, Ruiz consideró que la reforma de la ley del monotributo “viene a complementar a la que se votó en abril de sostenimiento e inclusión fiscal de los monotributistas”, por lo que beneficiará a “4.100.000 de contribuyentes que tendrán un alivio fiscal”.

También sostuvo que “los valores máximos en la actualidad son de 3.700.000 pesos” y el “alivio fiscal permite reingresar a aquellos que quedaron fuera del régimen simplificado. Este beneficio no alcanza a todos sino a aquellos que durante el 2020 no hayan tenido una facturación mayor a 5.500.000 pesos siempre que no posean bienes personales por más de 6 millones 500 mil pesos, sin contar en este total el valor de la casa habitación”, precisó.

Asimismo, el funcionario de la AFIP señaló que “la norma incluye a quienes pasaron su máximo de facturación. Todos aquellos que tengan deudas de monotributo se establece una moratoria con un plan de hasta 60 cuotas”, apuntó.

Ruiz recordó además que “los que estén demandando al Estado tienen que desistir de esa demanda y salvo esto no hay mayores condicionamientos”.

Sobre el proyecto de ley que busca modificar el impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, el subdirector General de Fiscalización resaltó que “la modificación al Impuesto a las Ganancias intenta beneficiar a las inversiones en pesos en detrimento de otras inversiones”.

“Las obligaciones negociables en pesos, es decir los Bonos Corporativos, dejarían de estar alcanzados por el gravamen”, detalló.

Luego de su exposición, sin debate, el encargado de cerrar la reunión fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, el senador cordobés Carlos Caserio, quien sostuvo que “este proyecto que fue aprobado en Diputados, hace excepciones a colocaciones de dinero en moneda nacional, como un modo de vencer la especulación y que el crédito signifique un aporte a las actividades productivas del país y a la recuperación de la moneda”.

Recordá cómo fue el tratamiento de estos proyectos de ley presentados por el Frente de Todos en la Cámara baja.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió este miércoles dictamen favorable al proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para modificar el Impuesto a las Ganancias a empresas, por lo que la iniciativa que ya cuenta con la aprobación en Diputados podría ser tratada desde la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

Sin cambios a la media sanción de Diputados que contó con el aval del Frente de Todos y algunos aliados, el Senado avanzó con el trámite en comisión y se descarta que en las próximas semanas este proyecto se convertirá en ley.

Al igual que ocurrió en la Cámara baja, el dictamen fue acompañado por los senadores del bloque del Frente de Todos, en tanto que la bancada de Juntos por el Cambio anunció que se opondrá en el recinto de sesiones.

Debate en comisión

Al inicio del encuentro de la Comisión de Presupuesto por videoconferencia, el secretario de Política Tributaria de la Nación, Roberto Arias, consideró que “es un impuesto justo” que pretende “recuperar la recaudación del Impuesto”.

Arias destacó que “la renta del capital tiene que estar gravada con alícuota relevantes y que tienen que ser progresivas. No estamos de acuerdo con la idea de la reducción de alícuotas como aumento de inversión, como se hizo en 2017”.

Al respecto, apuntó que “cuando se aprobó la reducción de las alícuotas bajó la inversión porque la inversión está vinculada a factores como la macroeconomía más que con la tasa de ganancias”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el peronista cordobés Carlos Caserio, defendió la iniciativa argumentando que “el 90% de las empresas argentinas pagarán menos o el mismo impuesto en 2022”.

“Las únicas empresas que pagarán más que antes serán las que tengan más de $50 millones de utilidades. Es un sector minoritario. No es real que acá haya un ajuste atroz para las empresas”, sentenció.

Sorpresivamente, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, consideró que “nos quedamos a mitad de camino con este proyecto”.

“Deberíamos volver al diez por ciento original y no mantener el siete por ciento del impuesto adicional. A veces hacemos un discurso en beneficio de las PyMEs y, en realidad, estamos beneficiando a las grandes empresas”, fustigó.

En contra del proyecto, el radical porteño Martín Lousteau declaró que “está claro que esto es un aumento de la presión tributaria y que ese aumento, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo de la Argentina”.

“Eso va a tener impacto en la tasa de inversión -si todo el resto de los factores se mantienen constantes- tanto como en el nivel de precios y en el de generación de empleo”, vaticinó.

El proyecto

La iniciativa oficialista busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.

En dicho proyecto se establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones.

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%, a través del impuesto vigente.

El proyecto establece que el pago sea progresivo, es decir, que una empresa que haya tenido 60 millones de pesos de ganancias netas anuales pagará: el 25% por los primeros 5 millones; 30% para los siguientes 45 millones; y 35% para los 10 restantes.

Luego de que el Poder Ejecutivo prorrogara por dos meses el Régimen de Promoción de los Biocombustibles -que vencía este miércoles-, la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el proyecto presentado por el oficialismo, con Omar “Chafi” Félix y Marcos Cleri a la cabeza.

La discusión continuará este jueves a las 15 en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que contará con la participación del secretario de Energía, Darío Martínez.

El oficialismo busca consensos para avanzar con el nuevo régimen, que fue duramente criticado por representantes de las cámaras empresarias que asistieron semanas atrás a la Comisión de Energía.

Es que la iniciativa del Frente de Todos rebaja el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 10% al 5%, lo que consideran un retroceso respecto de la ley vigente. En el caso del bioetanol, se mantiene el corte actual del 12%.

El nuevo régimen tendría una vigencia hasta 2030 con posibilidad de prórroga. Prohíbe que las empresas petroleras sean a la vez productoras de hidrocarburos, y busca fomentar la producción nacional para la sustitución de importaciones.

Ante la incertidumbre que prevalecía en más de medio centenar de plantas productoras de hidrocarburos en todo el país por el vencimiento de la Ley 26.093, el Ejecutivo la prorrogó por 60 días a través del decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Carlos Caserio, tratará este jueves a las 14 un proyecto del oficialista Oscar Parrilli para que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender la pandemia del coronavirus y no para pagar deuda.

Se trata de un proyecto de declaración que le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que esos fondos no se vuelquen “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.

En cambio, Parrilli pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.

El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.

“Según declaraciones públicas de Geoffrey Okamoto, vicedirector Ejecutivo del FMI, esos fondos tendrán el objetivo de ser utilizados en temas de ‘salud y vacunación contra el Covid’. Si esa será la condición, la Argentina no podría utilizar esos fondos para saldar vencimientos previstos para septiembre y diciembre de este año con el FMI”, explicó Parrilli.

En los fundamentos de su proyecto, señaló que “se han manifestado algunas voces en la Argentina que indican que el Gobierno Nacional debería analizar la posibilidad de destinar la parte que le corresponde de esta nueva emisión de DEG para el pago de los vencimientos que la Argentina tiene con el FMI y con el Club de París en concepto de capital e intereses y con vencimiento en el corriente año”.

“A nuestro entender, esta decisión configuraría un grave error económico, social y político y no se cumpliría con el principal objetivo que dicen tener dichos fondos, ya que a través del pago de deuda el dinero volvería a los países ricos, aumentando la desigualdad e inequidad”, advirtió el legislador.

La iniciativa fue suscripta, además de Parrilli, por el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y sus pares Caserio, Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana.

El proyecto de ley que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para las empresas recibió dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a aprobarlo en la próxima sesión con apoyo de aliados.

El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, recibió 26 firmas -con la disidencia del cordobés Paulo Cassinerio-, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo que reunió 19 adhesiones.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini- que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que el proyecto “implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas”, y por ende solo el 10% restante “tendrá una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30% para todas las empresas”.

Respecto del costo fiscal, el legislador respondió a la inquietud generada la semana pasada por el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un impacto fiscal de 320.000 millones de pesos, mucho mayor al estimado por la AFIP.

Según Heller, este cálculo se hizo “a partir del supuesto teórico de que en 2021 estaría vigente una tasa del 25%, ya que la prórroga dispuesta por el gobierno actual era hasta el 31 de diciembre, y no consideraba la pérdida generada por pasar de una tasa del 30% a una eventual del 25%”.

El oficialista explicó que el nuevo costo estimado por la OPC es de 133.124 millones de pesos, repartidos en 57.840 millones en 2021 y 74.218 millones en 2022, con un remanente de 1.065 millones en 2023.

Lo cierto es que con una “estimación optimista”, señaló Heller, los ingresos reales por esta ley alcanzarán para compensar en 2021 la pérdida de recaudación generada por las últimas modificaciones en el impuesto a las Ganancias para más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.

“Es un esquema virtuoso: las empresas que han tenido más ganancias aportarán a favor de las familias y de las empresas con menores ganancias”, analizó el titular de la comisión.

Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque al proyecto debido a “una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en Argentina: el nivel de presión tributaria y el nivel de inversión, que apenas supera el 13% del PBI”.

Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace advirtió que “buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles: que las empresas grandes tienen que pagar más, que nueve de cada diez empresas van a pagar menos, que es un alivio fiscal… hay una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos y para los que quieren subirlos, y eso no puede ser simultáneamente”.

Cacace observó que “es falso” que se beneficien nueve de cada diez empresas “porque todas las empresas hoy pagarían el 25%. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que a partir de 2020 todas paguen el 25%; el Gobierno lo suspendió por un año, pero ya está vigente la alícuota del 25%, y la OPC ha confirmado que esa suspensión regia por un año”.

Otro radical, Luis Pastori, coincidió: “La proyección que efectuó la OPC es correcta porque tomó como base el 25%, que es la alícuota vigente. Las empresas que continúen con el 25% no van tener impacto; las que pasen al 30% tendrán un pequeño impacto; y el 98% del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos, entre las cuales habrá una gran cantidad de medianas empresas. Ese último tramo del 35% va a impactar en 17.127 casos”.

El misionero consideró que el proyecto tiene “un claro objetivo recaudatorio” y que según el oficialismo se busca “favorecer a las pymes, pero la progresividad que se plantea es  muy poco representativa de la realidad económica”.

A su turno, Luciano Laspina (Pro) cuestionó que se busque desarmar la reforma de 2017 y advirtió que “Argentina tiene una presión tributaria récord, pero no solo eso: en 2015 la presión tributaria era del 33,8%; en 2019 bajó al 30,9%; y en en 2020 aumentó al 32,4%. En medio de una recesión violenta, el Estado sube impuestos, como si el consumidor fuera un marciano”.

El Frente de Todos buscará firmar dictamen este miércoles sobre el proyecto de ley que modifica la reforma tributaria aprobada en 2017 para establecer nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para sociedades.

La iniciativa, que es rechazada por Juntos por el Cambio, será debatida desde las 15 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Carlos Heller.

El oficialismo pretendía alzarse con el dictamen la semana pasada, pero algunas inquietudes que generó el proyecto obligaron a pasar a un cuarto intermedio para postergar el tratamiento.

Uno de los motivos por los cuales se pospuso el dictamen fue la duda respecto del costo fiscal de la futura ley: mientras que la AFIP estimaba un costo de 160.000 millones de pesos, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un monto mucho mayor, de 320.000 millones.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Se propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

En coincidencia con el Día Mundial de la Tierra, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó este jueves a favor de un proyecto consensuado que busca jerarquizar las Reservas Naturales de la Defensa, otorgándoles rango de ley.

La iniciativa ya contaba con dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y de Defensa Nacional, por lo que quedó en condiciones de ser tratada en el recinto en la próxima sesión.

El texto final fue el fruto de la unificación de propuestas de los diputados oficialistas Germán Martínez y Eduardo Fernández, y de Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica).

“Estamos tratando de darle a las Reservas Naturales de la Defensa, que ya existen en Argentina, una jerarquía en términos legislativos que hasta ahora no tienen”, explicó Martínez.

El legislador puntualizó que se trata de “predios que están asignados en uso y administración al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y algunos organismos descentralizados, que tienen un significado especial desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, del patrimonio cultural y natural de la Nación, y por lo tanto, merecen ser considerados como Reservas Naturales de la Defensa”.

Martínez informó que desde 2007 existe un Convenio Marco de Cooperación, suscripto entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales, del cual surgieron las 14 Reservas hoy existentes, que ahora tendrán rango de ley.

El proyecto establece que la declaración de un predio como Reserva no afectará los adiestramientos de defensa que se realicen allí.

A su vez, se prohíben actividades que alteren el medioambiente, como la explotación agropecuaria, forestal y minera, la caza, la pesca, y la instalación de industrias (sean o no contaminantes).

Por último, se crea en el ámbito del Ministerio de Defensa un Comité Ejecutivo, y por cada Reserva un Comité Local, para monitorear el cumplimiento de la ley.

Las 14 Reservas Naturales de la Defensa actuales

•             Punta Buenos Aires (Chubut)

•             Puerto Península (Misiones)

•             Campo Mar Chiquita-Dragones de Malvinas (Buenos Aires)

•             Baterías-Charles Darwin (Buenos Aires)

•             La Calera (Córdoba)

•             Ascochinga (Córdoba)

•             Campo Garabato (Santa Fe)

•             Isla El Tala (Santa Fe)

•             Quebrada del Portugués-Estancia El Mollar (Tucumán)

•             Uspallata (Mendoza)

•             Isla Martín Fierro (Entre Ríos)

•             Faro Querandí (Buenos Aires)

•             Manantiales (San Juan)

•             Faro Punta Delgada (Chubut)

El proyecto de ley que ratifica el Consenso Fiscal 2020, firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias, obtuvo dictamen favorable este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El dictamen recibió 26 firmas y quedó en condiciones de ser votado en el recinto en la próxima sesión, que aun no tiene fecha confirmada.

Con 18 firmas, el grueso de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto a pesar de que los gobernadores de esa alianza (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez) adhirieron al pacto.

Pero hubo una excepción, la del radical jujeño Jorge “Colo” Rizotti, quien anunció que votará a favor del proyecto en función del acompañamiento de Morales. “Nos pone a las provincias en condiciones de aumentar las alícuotas de Ingresos Brutos. En Jujuy seguimos por debajo de algunas provincias”, argumentó.

El debate

El vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro) fue el encargado de fundamentar el rechazo de la mayoría de su interbloque.

“Nuestra posición como interbloque es la de rechazar la aprobación del pacto. Entendemos las necesidades de muchas provincias en el marco de la pandemia, pero por una cuestión de coherencia debemos rechazar la aprobación de este nuevo Consenso Fiscal, que pone en suspenso, o elimina, o retrotrae muchos de los avances logrados en 2017”, aseguró.

Laspina recordó que aquel acuerdo “se firmó bajo un ánimo muy positivo, que era la reducción gradual y paulatina de impuestos regresivos como Ingresos Brutos y Sellos”.

Por el contrario, advirtió el santafesino, ahora se aprobará “una contrarreforma tributaria en las provincias que va en la dirección contraria a la que establecía el pacto de 2017 y a los intereses de los consumidores y pequeñas y medianas empresas”.

“Lamentamos que en el marco de la pandemia el único recurso al que las provincias y la Nación pueden echar mano es a la suba sistemática de impuestos”, expresó.

Por el oficialismo, el exgobernador riojano Sergio Casas señaló que el Consenso Fiscal “es el marco de la convivencia democrática entre el Estado Nacional y el conjunto de los gobernadores”.

“A nadie le gusta perjudicar a la gente, ni al presidente, ni a los gobernadores, ni a los intendentes; el fin último es trabajar para la gente, pero acá pareciera ser que cuando se está participando del gobierno se ven las cosas de una manera, y cuando se está en la oposición es más fácil ver la paja en el ojo ajeno”, cuestionó.

Otra exmandataria, la catamarqueña Lucía Corpacci, aclaró que “no es que ahora estamos aumentando los impuestos. La situación económica es espantosa, el Estado Nacional no puede sostener más aportes a las provincias, y las provincias tienen que generar sus propios recursos”.

La diputada del Frente de Todos recordó la firma del pacto durante la gestión de Mauricio Macri: “Sucedió en una época donde no había pandemia, pero lo que sí teníamos era una crisis económica enorme y falta de credibilidad en nuestro país, donde nadie nos iba a prestar absolutamente nada”.

Desde la UCR, Luis Pastori alertó que “Argentina es uno de los países más gravosos del mundo. No lo digo yo ni la oposición, lo dice el Banco Mundial en un estudio del año 2020 sobre 190 países somos el número 189. Solamente nos supera en ese ranking de países más gravosa las Islas Comoras del África”.

El misionero consideró que “subsistir para una empresa y para una pyme es un acto heroico. Hay que ser un héroe para mantener hoy una pyme, y este tipo de leyes va en sentido contrario de lo que la economía demanda y de lo que se aprobó en la gestión de Cambiemos”.

“Más allá de que gobernadores de nuestro propio espacio político lo han firmado, Argentina es un país federal en los papeles, pero en la práctica es absolutamente unitario, y muy especialmente en el orden fiscal debemos ser uno de los países más unitarios de todos”, lamentó.

El puntano Carlos Ponce recordó que en 2017 San Luis no adhirió al acuerdo porque significaba “quitarle autonomía a las provincias” y además “nada de lo que decía el oficialismo iba a pasar”.

San Luis también se negó a firmar porque “había que renunciar a los reclamos que las provincias tenían con la Nación” y en ese momento su distrito “tenía dos juicios con sentencia firme”, y además el Consenso Fiscal de ese año “obedecía a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional”.

El Consenso Fiscal 2020

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado y busca ratificar el acuerdo suscripto el 4 de diciembre de 2020, que modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019.

En esos acuerdos se fijaron exenciones y reducciones impositivas, pero la pandemia, la crisis sanitaria y la necesidad de fondos hicieron necesario rever los compromisos asumidos, que ahora se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación.

Debido a esos dos últimos puntos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se rehusó a firmar el Consenso Fiscal en esta oportunidad. Tampoco adhirieron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, por no haber firmado el documento original en 2017.

El oficialismo en la Cámara de Diputados postergó para el próximo martes a las 15 la firma del dictamen sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades.

Así lo anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, al abrir la reunión virtual de este jueves, donde el Frente de Todos tenía previsto avanzar con la iniciativa.

Heller explicó que el dictamen se postergará “en función de una serie de inquietudes que estamos trabajando y que no hemos terminado de congeniar como para convertirlas en parte del proyecto”.

La iniciativa fue defendida el lunes por el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El texto establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

En las últimas horas, la Oficina de Presupuesto del Congreso envió a la comisión un informe sobre el impacto fiscal del proyecto oficial.

La oficina calculó un incremento de los ingresos por el impuesto a las Ganancias sobre el ejercicio fiscal 2021 de 320.821 millones de pesos que, dado el mecanismo de ingresos de anticipos y saldos, ingresaría parcialmente este año, y su mayor efecto se percibiría en 2022.

El impacto fiscal se explica por las mayores alícuotas que enfrentarán aproximadamente 43.300 sociedades.

De acuerdo a estas estimaciones, el tramo de la alícuota intermedia aportará alrededor de 7.000 millones de pesos (26.160 sociedades), siendo el 98% del incremento de recursos aportado por los alcanzados por la alícuota del 35% (17.127 sociedades).

Reclamo del Pro

Durante la reunión, el diputado Luciano Laspina pidió tratar un proyecto del jefe de su bloque, Cristian Ritondo, para eximir del impuesto a las Ganancias a las fuerzas de seguridad.

El tratamiento de un proyecto de ley para transferir un inmueble a la capital riojana empantanó la reunión de este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde quedaron sin dictaminar una serie de iniciativas.

La discusión se dio tras la exposición del secretario de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, sobre el proyecto que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades.

Carlos Heller, titular de la comisión, sometió a votación los otros proyectos del temario, entre ellos la transferencia -a título gratuito- de un inmueble propiedad del Estado nacional a la capital de la provincia de La Rioja.

Se trata de un inmueble ubicado en Pelagio B. Luna 764, una zona céntrica de la ciudad, que sería destinado al desarrollo de actividades culturales e institucionales.

Al momento del tratamiento, el diputado del Frente de Todos y exgobernador riojano Sergio Casas pidió aplazar el dictamen, y explicó que si bien el expediente ya fue aprobado en el Senado, la provincia también estaba interesada en ese inmueble.

Si bien remarcó que “el fin es bueno y loable”, Casas cuestionó “la forma” en que el proyecto se puso en tratamiento y no solo pidió más tiempo para recabar información sobre el tema, sino que le pidió a sus colegas de bloque que acompañen su postura.

En un principio, Heller rechazó posponer el tratamiento, pero José Luis Gioja apoyó la moción de Casas y reconoció que su planteo “tiene alguna razonabilidad”.

El radical Luis Pastori consideró que se trata de “una situación insólita”, al recordar que en el Senado el proyecto fue aprobado por unanimidad, por lo que podía dictaminarse con el rechazo de Casas y revisarse en el recinto.

La discusión siguió y Heller dispuso un breve cuarto intermedio para intentar llegar a un acuerdo, pero no se pudieron saldar las diferencias, por lo que el tema quedó para la próxima reunión, que será el jueves a las 15.

La decisión también generó que se postergara el debate de otros dos proyectos: el Consenso Fiscal 2020 firmado entre el Gobierno nacional y las provincias, y otra iniciativa de beneficios impositivos a las entidades de bomberos voluntarios.  

El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defendieron este lunes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, generando un esquema de reducción gradual.

Los funcionarios participaron de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), donde el oficialismo buscará firmar dictamen este jueves.

El primero en exponer fue Arias, quien recordó que en la reforma tributaria de 2017 se establecieron, para los períodos fiscales 2018 y 2019, alícuotas del 30% para las sociedades y del 7% sobre los dividendos distribuidos. En ese entonces se dispuso que a partir de 2020 las tasas serían del 25% y del 13%, respectivamente.

Luego, la Ley de Solidaridad Social sancionada en 2019 suspendió la baja por un año (2020), manteniendo las alícuotas del 30% y del 7%, y ahora el Ejecutivo propone nuevas alícuotas.

Sobre la ganancia neta imponible acumulada de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%. Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

El proyecto oficial propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la primera de ellas en enero de 2022.

“Todos los países del mundo aplican alícuotas relativamente altas, y esto, a nuestro juicio, tiene un impacto marginal en las decisiones de inversión. El hecho de que el impuesto sea cinco puntos más alto o más bajo ha tenido un impacto prácticamente nulo o marginal porque las posibilidades de inversión dependen de muchos otros factores”, consideró Arias.

En ese sentido, sostuvo que “son mucho más importantes los factores macroeconómicos”, como se demostró entre 2018 y 2019, cuando la tasa de inversión pasó del 20% al 17%.

Arias explicó que la reforma de 2017 tuvo un “error de fondo” porque “el sistema impositivo que tiene que estar contextualizado”, por ejemplo, teniendo en cuenta los niveles de inflación en Argentina.

El funcionario dijo que se busca ir hacia “un nivel de recaudación del impuesto cercano a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, que es del 3% del PBI, siendo que es un impuesto que tiene la ventaja de que grava las ganancias”.

Señaló a su vez que “en esta situación tan difícil” por la crisis heredada y la pandemia, “las empresas que más ganan tienen que pagar más impuestos, mientras que las que tuvieron pérdidas no tienen que ver aumentada su carga tributaria”.

“Ganancias es el mejor impuesto que se aplica en condiciones de crisis, porque las empresas que han tenido problemas no van a ver afectada su capacidad económica, mientras que las grandes, que han tenido muchas ganancias, es justo que hagan un aporte adicional”, aseguró Arias.

Asimismo opinó que “es absolutamente oportuno en términos internacionales” aplicar esta reforma al igual que en otros países.

Por su parte, Marcó del Pont indicó que sobre todo en el contexto de la pandemia, “la forma más permanente, más virtuosa y más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos”, y “Ganancias es uno de los más progresivos del esquema impositivo”.

“Se están gravando las ganancias, no la facturación, y eso es muy equitativo”, destacó la titular del ente recaudador, y añadió que “la reforma garantiza fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, permite profundizar la progresividad del tributo y saldar una deuda histórica con las pymes” que pedían una rebaja.

Recordó que “el proyecto original era más restrictivo, y a partir de un diálogo con los legisladores se modificó” para que nueve de cada diez empresas tengan una alícuota reducida, ya que con la anterior iniciativa se beneficiaban casi siete de cada diez.

Marcó del Pont fue muy crítica de la reforma de 2017 y lo fundamentó con números: informó que entre 2018 y 2019 se perdieron 261.000 millones de pesos en términos de recaudación.

A las provincias eso les significó una merma de su recaudación de 156.000 millones de pesos, debido a que es un impuesto coparticipable, y de seguir aplicándose esa reforma “se hubieran llegado a perder 582.000 millones, con casi 350.000 millones de pérdida para las provincias”, advirtió la funcionaria.

Por último, señaló que a nivel internacional existe una visión muy crítica de bajar impuestos, de desregulación del mercado y de los flujos financieros. “La flexibilidad de normas y la baja de impuestos no generaron el efecto derrame. Las rentas que se generaron provocaron una mayor concentración de la riqueza”, observó.

“La alternativa a esto es el endeudamiento. Y ya lo vivimos. Esta ampliación del espacio fiscal que supone recaudar a través de un impuestos directo vuelve en política públicas”, definió.

Las objeciones de la oposición

Por la UCR, Alejandro Cacace hizo énfasis en las idas y vueltas del Gobierno: recordó que después de suspender la rebaja de las alícuotas durante 2020, a principios de 2021 se propuso prorrogar esa suspensión por un año más; luego en marzo se envió un proyecto con una graduación de escalas diferente, y finalmente se presentó este último proyecto con nuevas alícuotas.

Arias respondió que “todos los proyectos van en la misma dirección, que es deshacer la reforma tributaria de 2017”, y “entre el segundo proyecto y el tercero la única modificación es en los umbrales de Ganancias”.

Cacace también defendió la alícuota del 13% aprobada durante la gestión anterior sobre la distribución de dividendos, al destacar que “era con la idea de generar una reinversión de utilidades”. Y puntualizó que a diferencia del impuesto a las Ganancias en personas físicas, donde “la carga recae enteramente sobre el contribuyente”, en las empresas “hay una capacidad de traslación del impuesto que puede resultar en un incremento de precios”.

Por su su parte, Jorge Sarghini (Consenso Federal) consultó si el Gobierno está decidido a bajar Ganancias para las empresas de juegos de azar, según su interpretación -y la de algunas notas periodísticas- sobre la redacción del artículo cuarto, pero Arias rechazó de plano esa posibilidad. “Es una mala lectura del proyecto”, aclaró, y ratificó que la alícuota del 41,5% quedará igual.

Sin embargo, Luis Pastori (UCR) recogió el guante y consideró que la redacción debería ser clarificada, tal como sucedió semanas atrás cuando se desató la polémica por el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos en la última reforma de Ganancias para personas humanas.

A su turno, Luciano Laspina (Pro) advirtió que “Argentina viene con una presión impositiva muy grande” y por eso le preocupa “que esto opere como un desincentivo (a la inversión) adicional”.

“Hoy la tasa de inversión en Argentina está entre las más bajas del planeta, no alcanza ni siquiera para reponer el stock de capital que se deprecia, y no hay generación de empleo en el marco de la pandemia, pero hace diez años que no creamos empleo en el sector privado formal”, describió el economista.

También cuestionó que se tome como modelo el promedio del 3% de recaudación de los países de la OCDE, que “tiene un nivel de evasión impositiva mucho más bajo de lo que tiene la Argentina”, pero Arias defendió las comparaciones.

Desde la Coalición Cívica, Javier Campos se preguntó “si analizaron la rentabilidad empresaria argentina en relación a otros países”, al advertir que “sean pymes o grandes empresas, es muy baja en relación al capital invertido”. “Las empresas no valen nada en Argentina porque no ganan en función del capital invertido”, lanzó.

También sostuvo que “decir que no ha habido inversión porque la baja del impuesto a las Ganancias no tuvo el efecto esperado es no reconocer toda la enorme caterva de impuestos que están influyendo sobre las inversiones”.

Arias le contestó a Campos: “Efectivamente, hay una baja en la tasa de inversión que nosotros no atribuimos a la baja de Ganancias. Decir que un aumento no va a modificar sustancialmente la tasa de inversión no significa lo contrario. Obviamente la tasa de inversión cayó por una crisis macroeconómica que se produjo en 2018/2019, y que en 2020 se profundizó por la pandemia”.

Tras la sanción de la ley para eximir del impuesto a las Ganancias a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados, el proyecto que busca modificar las alícuotas de este tributo para las sociedades comenzará a ser debatido la semana próxima en la Cámara de Diputados.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, elaborada en conjunto entre diputados oficialistas y el Ministerio de Economía, será tratada en una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el próximo lunes desde las 14 con la participación de funcionarios.

Si bien no fue confirmado quiénes asistirán, podrían ser de la partida el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El proyecto -que busca modificar aspectos de la reforma tributaria sancionada en 2017- establece una nueva escala progresiva de Ganancias para las empresas.

Así, aquellas con ganancias imponibles de hasta 5.000.000 de pesos pagarán una alícuota del 25%; por ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 millones, pagarán el 30%; y finalmente, por ganancias superiores a los 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Según estimaciones de Economía, esto implica una reducción del impuesto para el 90% de las empresas, en su mayoría pymes, y solo el 10% pagará una alícuota más alta que la actual.

Tras la discusión sobre este proyecto, la comisión presidida por Carlos Heller tratará el Consenso Fiscal 2020, que desde febrero pasado cuenta con media sanción del Senado.

Se trata del acuerdo al que arribaron en diciembre de 2020 el presidente Alberto Fernández y gobernadores y vicegobernadores de 21 de las 24 provincias, por el cual se suspenden hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas pactadas en 2017.

También se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación, sino de partidas presupuestarias.

En otro orden, la comisión tratará un proyecto consensuado, encabezado por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y acompañado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Por último, se dictaminarán proyectos de transferencias de inmuebles a Puerto Madryn (Chubut), La Rioja capital, San Carlos de Bariloche (Río Negro), Villa Constitución (Santa Fe), Puerto Deseado (Santa Cruz), Aristóbulo del Valle (Misiones) y a la provincia de Catamarca.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Carlos Caserio (Frente de Todos), emitió dictamen este miércoles sobre el proyecto elaborado por la AFIP que busca crear un “puente” entre el régimen de monotributo y el general para aliviar la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes y evitar un “salto al vacío”.

La iniciativa del Poder Ejecutivo fue defendida por la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, y el subdirector general de Fiscalización, Julián Ruiz, y quedó en condiciones de ser votada en el recinto la semana próxima junto con las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

El interbloque Juntos por el Cambio adhirió al dictamen y garantizó su acompañamiento en general, pero adelantó que en el recinto propondrá algunas modificaciones.

Marcó del Pont explicó que el monotributo, surgido en 1998, “fue pensado originariamente como una forma de inclusión fiscal para los eslabones más débiles” y como una “transición de la informalidad al régimen general”.

Sin embargo, advirtió, “se fue desnaturalizando mucho porque se fue transformando en un sistema de ocultamiento de ingresos por parte de determinados sectores de contribuyentes” y “fue engendrando condiciones para la subdeclaración”.

Por eso, se busca “recuperar el sentido original” del monotributo para que no se produzca un “salto al vacío” y que esos trabajadores realicen maniobras para permanecer en ese régimen y no pasar al general por la carga tributaria que eso implica.

Por otra parte, señaló Marcó del Pont, “desde octubre de 2018 está suspendido el sistema de exclusión automática” de trabajadores que se exceden en su facturación, y si bien la suspensión debía levantarse en febrero de 2020, no se pudo hacerlo debido a la pandemia.

Como consecuencia, aproximadamente 25.000 personas “salieron del monotributo pero no fueron notificadas” y fueron acumulando deudas difíciles de afrontar, por lo cual se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021. Ruiz destacó que estos trabajadores “tendrán un ahorro del 92%”, lo que es “muy importante para que puedan continuar con su actividad”.

En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.

Otro tema que busca resolver el proyecto es la actualización de las categorías del monotributo, que se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria, que estuvo suspendido el año pasado. En ese sentido, se tomará un índice del 35,3%, “que surge de la jubilación mínima”.

“A partir de ahora le vamos a permitir al monotributista que haga un ‘colchón’ de crédito fiscal para que cuando se dé la circunstancia de pasar al régimen general, tenga ese ‘colchón’ que le permita debitarlo de su saldo deudor de IVA y de Ganancias”, apuntó Marcó del Pont.

Por último, sostuvo que “el proyecto es bueno para el contribuyente y es bueno también para el Estado, porque nos va a dar mucha información que hoy no tenemos”.

Desde Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez planteó que el proyecto tiene una redacción difícil de comprender -lo cual fue reconocido por la propia Marcó del Pont-, y consideró que eso “no es bueno” ni en materia fiscal ni en materia penal a la hora de interpretar las leyes.

La radical también consideró “muy peligroso cuando se hacen parches”, pero Marcó del Pont negó que se trate de un “parche” ya que resuelve la transición al régimen general más allá de la “situación circunstancial” generada con la suspensión de las exclusiones automáticas.

La titular de la AFIP agregó que el proyecto aborda la situación de los contribuyentes que están en la escala más alta, puntualmente la categoría K, que con la actualización del 35,3% será para ingresos brutos hasta 3.530.000 pesos.

Por su parte, el radical Víctor Zimmermann preguntó “por qué sostienen la actualización a través del haber medio y no del índice de precios, porque las escalas se forman con la facturación, y la facturación se forma con los precios y la inflación”, y “con el índice del INDEC sería del 41,1%” y no del 35,3%.

Marcó del Pont se limitó a responder que el índice propuesto “no está tan alejado de lo que fue la inflación anual de 2020”.

Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) propuso si “en lugar de generar este tipo de transiciones o puentes, podemos utilizar los avances tecnológicos y el aumento de recursos que ha tenido la AFIP para resolver las cuestiones específicas dentro del régimen general”.

La responsable del ente recaudador habló de una “brutal desinversión en sistemas” durante la gestión de Mauricio Macri pero rescató que, a pesar de eso, se están llevando adelante iniciativas como el Libro de IVA Digital.

Al cerrar el debate, Caserio sostuvo que “los monotributistas están esperando una modificación porque todavía estamos con los números viejos y eso los perjudica”, y agregó que “esto no solamente actualiza (las categorías) en un porcentaje interesante, sino que además les da la posibilidad de amortiguar el cambio” al pasar al régimen general.

El Senado pone un pie en el acelerador para dar un rápido tratamiento a los proyectos de reforma del impuesto a las Ganancias y del régimen del monotributo, aprobados este fin de semana en la Cámara de Diputados. Será este martes y miércoles, en dos reuniones que contarán con la participación de funcionarios.

En primer lugar, este martes a las 12.30 se reunirán en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, y de Trabajo y Previsión Social, que encabeza Daniel Lovera, para abordar la iniciativa sobre Ganancias, que eleva el piso a partir del cual se paga el tributo a 150.000 pesos brutos y otorga varios beneficios para trabajadores, entre ellos la eximición del aguinaldo, con el fin de brindar un alivio fiscal en tiempos de pandemia.

A ese plenario fueron convocados a exponer, en forma virtual, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quienes defenderán el proyecto que en Diputados recibió 241 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones, tras la maratónica sesión que culminó el domingo por la mañana.

El proyecto permitirá que 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados dejen de pagar Ganancias gracias al nuevo piso establecido, que se actualizará anualmente a través del índice de variación salarial (RIPTE). En el caso de los jubilados, el impuesto comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos, en lugar de los seis actuales.

Luego del debate de Ganancias será el turno del proyecto que establece “un puente” entre el régimen de monotributo y el general, para aliviar la carga tributaria de aquellos contribuyentes que al pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales difíciles de afrontar. En este caso, la discusión será solo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que escuchará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, este miércoles a partir de las 15.

La intención del oficialismo es firmar rápidamente los dos dictámenes para que queden en condiciones de ser tratados en el recinto del Senado la próxima semana.

Por Carolina Ramos

Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos consiguió darle dictamen favorable al proyecto de ley que eleva a 150.000 pesos brutos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de estar alcanzados por el tributo.

El dictamen recibió 59 firmas, aunque la cifra crecerá dado que algunos diputados que se retiraron de la reunión para participar de la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri sumarán sus adhesiones en las próximas horas.

El debate, donde predominaron los discursos oficialistas, tuvo lugar en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas por Carlos Heller y Vanesa Siley.

El proyecto encabezado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quedó en condiciones de ser tratado en el recinto la semana próxima en la primera sesión del período ordinario, que sería convocada para el martes, según fuentes parlamentarias.

El debate

“Hay un montón de cosas para trabajar en modificaciones de fondo, pero lo que estamos haciendo es volver al nivel histórico de trabajadores alcanzados, que estaba en un 10%, 12% y que llegó al 25% en la actualidad. Con esta ley alcanzaría solo al 7% de los trabajadores registrados y al 2,4% de los jubilados”, destacó Heller.

El diputado precisó que según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dado a conocer este miércoles, el costo fiscal total de la ley será de cerca de 47.600 millones de pesos, sin contar las modificaciones consensuadas en las últimas horas (Ver abajo).

Para acceder al informe completo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, haga click aquí.

El radical Luis Pastori anticipó el acompañamiento de Juntos por el Cambio aunque planteó disidencias, como la necesidad de actualizar las deducciones por intereses de créditos hipotecarios; incorporar la deducción de gastos educativos; y actualizar las escalas mediante el índice de inflación (IPC) y no el de variación salarial (RIPTE).

“Estamos de acuerdo con el objetivo que pretende este proyecto, que es alivianar el bolsillo de muchos trabajadores que hoy pagan Ganancias, pero no es el diseño correcto. Ganancias es el impuesto más progresivo y redistributivo del sistema argentino, y con tantos parches a lo largo de los años ha perdido esa progresividad, y con esto la perderá más aun”, advirtió Pastori.

En ese sentido, aseguró que “se desnaturaliza el impuesto” porque “discrimina a los trabajadores autónomos”, que no están contemplados y que tributan a partir de 42.000 pesos mensuales, contra el piso de 150.000 que regirá para los trabajadores en relación de dependencia.

Por otra parte, el radical aclaró que “no se aumenta el mínimo no imponible, sino que se crea una deducción especial para una determinada franja de trabajadores, por la cual el trabajador pasa a una gravabilidad plena”, y se delegan “amplias facultades” en el Poder Ejecutivo “para que el salto no perjudique al que gana entre 150.000 y 173.000 y termine cobrando menos que el que está en una escala inferior”.

Por último, advirtió que como Ganancias es un impuesto de ejercicio anual, si el trabajador aumenta sus ingresos a mitad de año producto de una negociación colectiva y al 31 de diciembre su promedio salarial anual supera el piso de 150.000 pesos, pasará a tributar Ganancias.

Otro integrante de la UCR, Alejandro Cacace, reclamó eximir a los jubilados en función de varios fallos judiciales y reforzó el pedido de Pastori para actualizar las escalas mediante el IPC. “Si el salario aumenta pero la inflación aumenta más, el poder de compra de ese trabajador va a caer y sin embargo va a seguir pagando el impuesto de la misma manera, y eso no está bien”, consideró.

Heller respondió que “si los salarios perdieran frente a la inflación, el ajuste por RIPTE no alteraría lo que pagaría de impuestos. Ese salario le valdría menos, no por el impuesto, sino porque perdió frente a los precios. Yo confío plenamente en las políticas del Gobierno que ha planteado como objetivo que los salarios no pierdan contra la inflación”.

El lavagnista Jorge Sarghini, que intervino a pesar de no integrar las comisiones, opinó que “es una modificación distorsiva del impuesto que mejora la situación de un número todavía indeterminado de trabajadores”, que surgirá “del resultado de las paritarias y de las declaraciones juradas”.

“Seguimos distorsionando el impuesto y le quitamos ese valor central que tiene, que es la progresividad. Estamos llegando a un punto donde están los que no pagan y los que pagan, y los que pagan lo hacen con una alícuota muy alta”, alertó el bonaerense.

Además, planteó que “estamos dejando afuera a los sectores que no pagan Ganancias porque su nivel de ingreso no llega al mínimo no imponible; más de la mitad de los trabajadores formales no llegan, porque el salario promedio previo a estas paritarias es de 70.000 pesos”.

Desde el oficialismo, el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky destacó que “todas las centrales sindicales de Argentina y todos los sindicatos que las integran hay apoyado con convicción el proyecto, y esto habla de un consenso altísimo entre sindicatos que tienen diferentes niveles de ingresos”.

“Si entre ser pobre y tributar Ganancias hay 20.000 pesos de diferencia, evidentemente hay una enorme distorsión, que se produjo fundamentalmente durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, en los que los asalariados perdimos 20 puntos”, sumado a que “hubo un proceso inflacionario que con el correr de los años terminó en una espiral descontrolada y se triplicó el número de trabajadores que pagan Ganancias”, describió Yasky.

Si bien reconoció que algunos pedidos de sindicatos quedaron en el camino y pidió a Sergio Massa, titular de la Cámara baja, evaluar la posibilidad de incorporarlos, sostuvo que “es mejor lograr lo bueno que quedarnos sin nada pensando en lo perfecto”.

Los diputados de extracción sindical María Rosa Martínez (Federación Gráfica Bonaerense), Pablo Carro (CTA Córdoba), Patricia Mounier (SADOP Santa Fe), Walter Correa (Federación del Cuero-Obreros Curtidores) y Facundo Moyano también sumaron sus voces a favor de la iniciativa y cargaron contra la gestión anterior.

“Juntos por el Cambio no tiene autoridad moral para hacer ciertas críticas”, lanzó Moyano, al recordar que en esos cuatro años “no solo se duplicó la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias, estando la promesa de que no iban a pagarlo, sino que en la medida en que fueron creciendo los trabajadores dentro del tributo, se perdió un 20% del poder adquisitivo”.

Cerca del final del debate, el titular del PJ, José Luis Gioja, coincidió en que “no nos pueden criticar tratando de sacar más cosas quienes prometieron y no cumplieron”. Y finalizó con una ironía sobre la presentación del libro de Macri: “Creo que hay un evento literario o algo así en el día de hoy en la Capital Federal… espero que (los diputados de Juntos por el Cambio) no estén allí porque no van a prender mucho”.

Las últimas modificaciones

Al inicio de la reunión, Heller confirmó que el proyecto incorporará nuevos beneficios por gastos de guardería, hijos con discapacidad y horas extra trabajadas.

En primer lugar, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.

Asimismo, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años. En este punto, el radical Ricardo Buryaile -padre de un hijo en esa condición-  pidió que no haya un límite etario: “No importa la edad; los padres tenemos que asumir todos los costos independientemente de la edad”, dijo, y Heller se comprometió a evaluarlo.

Finalmente, se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia del Covid-19.

Anteriormente, el proyecto original había incorporado otras mejoras: se estableció que el beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y que el aguinaldo quedará exento del pago de Ganancias.

Se agregó también la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantuvo el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

Asimismo, se habilitó que los jubilados que perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio de la deducción de Ganancias, que pasa de seis a ocho haberes mínimos.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que facilita la transición entre el régimen de monotributo y el general recibió dictamen favorable este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y quedó listo para ser tratado la semana próxima en la primera sesión del período ordinario.

Se trata de la iniciativa impulsada desde la AFIP para suavizar el traspaso de monotributistas al régimen general a través de un alivio en la carga tributaria que deben afrontar.

El oficialismo contó con apoyo del misionero Diego Sartori (Fte. Renovador de la Concordia), mientras que Juntos por el Cambio acompañó con disidencias parciales el dictamen, que reunió en total 48 firmas.

“Este proyecto procura aliviar la carga de los contribuyentes que son excluidos del régimen simplificado y que al pasar al general tienen deudas fiscales y tendrían dificultades para afrontarlas”, explicó Carlos Heller, presidente de la comisión.

“Por eso -continuó- se genera un puente entre ambos regímenes con la intención de resolver uno de los problemas más complejos del sistema, que es la diferencia de la carga tributaria entre ambos, que termina siendo una traba para que los contribuyentes asuman la transición”.

El legislador oficialista indicó que “el objetivo es inducir al contribuyente a no esperar a ser detectado por la AFIP para ser cambiado de régimen”, indicó Heller.

El oficialista informó que “se intenta igualar mediante reducciones proporcionales del IVA y del impuesto a las Ganancias los montos a pagar entre los dos regímenes, en especial con beneficios para aquellos que decidan voluntariamente la transición”.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en más del 25% que pasaron voluntariamente al régimen general tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, 30% en el segundo y 10% en el tercero.

Heller agregó que “también se resuelve un problema transitorio de la actualización del tributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, que es el previsto en la normativa vigente para su actualización”.

En ese aspecto, “el proyecto contempla la forma de resolver la actualización retroactiva al 1ro. de enero, minimizando los inconvenientes que pudiera tener para los contribuyentes”, dijo el diputado del Frente de Todos.

El radical Luis Pastori adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio, aunque con disidencias parciales.

El diputado primero se refirió al problema actual del monotributo: “O el monotributista está pagando un impuesto muy barato o el contribuyente general está pagando un impuesto muy caro, lo que en la jerga se conoce como ‘enanismo fiscal’: todos los que están en el monotributo tratan de buscarle la vuelta para permanecer y esto genera maniobras evasivas para no pasar al régimen general”.

En cuanto a las disidencias, explicó que la principal tiene que ver con “el momento a partir del cual rige la exclusión (del monotributista): el proyecto no viene a solucionar de aquí apara adelante, sino que es retroactivo, es decir que no es que a partir de ahora el contribuyente va a poder excluirse, sino que va a regir a partir del día que debió haber sido excluido”.

En segundo lugar, propuso que “las nuevas escalas que se aprueban con vigencia a partir del 1ro. de enero se actualicen no por el RIPTE, sino por el IPC, porque si vamos a tomar en cuenta la facturación bruta anual para la categorización, la facturación va de la mano de la inflación: a mayor inflación, mayor costo de los bienes y mayor facturación”.

El proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias sumará nuevos beneficios por gastos de guardería, hijos con discapacidad y horas extra, según acordó el presidente de la Cámara de Diputados y autor de la iniciativa, Sergio Massa.

En la previa del plenario de comisiones donde se firmará el dictamen, Massa anunció, a través de sus voceros, que el texto sufrirá más modificaciones en función de algunos de los pedidos que habían sido formulados por el movimiento obrero y diputados de extracción sindical.

En primer lugar, se establecerá que no pagará el impuesto a las Ganancias el reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años. Será con un tope de hasta el límite equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales, según los cálculos del equipo técnico del massismo-.

Asimismo, se duplicará la deducción por hijo con discapacidad, que actualmente es de 78.833 pesos al año.

Finalmente, se prorrogará la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia del Covid-19.

Esa exención había sido aprobada en mayo del año pasado a través de la Ley 27.549, que estableció una vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020. Luego el Poder Ejecutivo prorrogó ese plazo hasta el 31 de diciembre, y ahora el oficialismo buscará volver a extender el beneficio hasta el 30 de septiembre de este año.

Esto será “con efecto exclusivo para las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, para los  profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada”.

Este punto era un fuerte pedido de la CGT, cuyo cosecretario general, Héctor Daer, advirtió sobre la cantidad de trabajadores de ese sector que debieron multiplicar sus jornadas laborales para cubrir puestos de compañeros que se contagiaron de coronavirus o debieron ser aislados.

La nueva ley de Ganancias, que eleva el piso a 150 mil pesos y hace que dejen de pagar el impuesto 93 de cada 100 trabajadores y trabajadoras, es un gran alivio fiscal también para los jubilados y jubiladas: (Abro hilo)#ArgentinaUnida♥️🇦🇷

— Sergio Massa (@SergioMassa) March 15, 2021

El proyecto será dictaminado este jueves en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, en una reunión mixta -presencial y virtual- convocada para las 15.30.

La intención del oficialismo es convocar a una sesión especial para el próximo martes, con el fin de tratar los cambios en Ganancias y también el proyecto que modifica el régimen de monotributo, que tendrá dictamen también este jueves en Presupuesto y Hacienda.

Se estima que, una vez que la nueva ley de Ganancias se sancione, más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejarán de pagar el impuesto: en el primer caso se eleva el mínimo no imponible a 150.000 pesos brutos, y en el segundo, de seis a ocho haberes mínimos.

El beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y el aguinaldo quedará exento de Ganancias, así como también se podrá deducir al concubino -actualmente se permite solo el cónyuge-.

Sin los últimos cambios, el costo fiscal total del proyecto se estimaba en 41.250 millones de pesos, que el Gobierno espera recuperar a través de mayor consumo y de otra ley paralela para modificar las alícuotas que pagan las empresas.

En las últimas semanas, Massa recibió a los líderes y representantes de la CGT, la CTA, el Frente Sindical y la Corriente Federal de Trabajadores, que apoyaron la ley.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado ratificó este miércoles a sus autoridades en una reunión remota. Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) continuará como presidente, Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires) como vicepresidente y Juan Carlos Romero (Interbloque Federal-Salta) como secretario.

💻Quedan ratificadas las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con @CaserioCarlos como presidente, @estebanbullrich como vicepresidente y @RomeroxSalta como secretario

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 17, 2021

Caserio inauguró el encuentro al agradecer “porque estamos en una comisión muy significativa. Hemos tenido un año complicado por la pandemia, pero hemos cumplido. Les agradezco a todos los senadores y senadoras el apoyo permanente. Pudimos debatir, discutir, defendiendo ideas”. 

Luego, se refirió al plan de trabajo: “Seguiremos haciéndolo con el formato establecido hasta el momento, en tanto y en cuanto así lo estipula la situación por todos conocida, que va a ser por videoconferencia”.

“Tuvimos una actividad intensa el año pasado. Hemos resuelto y hemos definido muchas leyes. No nos quedan leyes con dictamen de comisión que estén para tratarse en la cámara”, agregó el presidente de la comisión.

Bullrich también tomó la palabra para agradecer y augurar “un año importante para esta comisión, porque creemos con el interbloque de Juntos por el Cambio que el tema económico, el tema de creación de empleo, de reactivación económica, la modificación y reducción de impuestos, todo el tema de la reactivación laboral tiene que ser parte de la agenda de trabajo permanente”.

Varios senadores pidieron la palabra para ratificar a las autoridades y ponderar el trabajo del año anterior, entre ellos Beatriz Mirkin, que agregó que “lo que tenemos que renovar en las elecciones este año es tanto lo electoral como lo que requiere el Senado porque esa es nuestra responsabilidad”.

Antonio Rodas destacó que “esta comisión es puntualmente la más importante del senado, en el cual indudablemente pasa transversalmente todas las inquietudes del poder ejecutivo y de las distintas comisiones y por consiguiente la tarea que tenemos por delante es colosal y depende de nosotros”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se suma entonces a la lista de comisiones del Senado que ya han ratificado a sus autoridades de cara al año legislativo. Es la sexta que lo hace esta semana y la segunda del día, ya que horas antes se reunió Trabajo y Previsión Social.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, desarrollarán esta semana la última etapa del debate del proyecto con modificaciones al impuesto a las Ganancias. En efecto, se especula con que -tal cual el cronograma original- se pueda firmar dictamen para llevarlo al recinto de la Cámara baja en los próximos días.

Recordemos que la semana pasada el plenario de comisiones escuchó los testimonios de especialistas en materia tributaria el jueves pasado y al día siguiente a sindicalistas.

El proyecto que prevé elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos, como así también incluye una serie de exenciones y la retroactividad al 1ro. de enero.

La idea original era que el proyecto llegara al recinto esta semana, aunque no se descarta que sea la semana que viene. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que cuenta con el aval de todos los sectores, no habrá problemas para resolver la fecha de tratamiento, a fin de que pueda implementarse el beneficio en breve.

Precisamente los beneficiados se calculan en 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

Con fuertes cruces al inicio de la reunión, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, reanudaron este viernes el debate sobre modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

Los diputados escucharon a representantes de la CGT, las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical (referenciado en los Moyano), y de esa forma dieron por finalizadas las reuniones informativas antes de la firma del dictamen, la semana próxima.

“Está claro que esta ley no es la solución de los problemas, ni siquiera resuelve los problemas del impuesto a las Ganancias de manera integral, pero es un paso: modifica un valor por el cual por arriba se tributa y por abajo no se tributa”, dijo Heller.

El legislador destacó que “tanto los representantes de las organizaciones sindicales como los diputados coincidieron en la necesidad de discutir el problema impositivo de manera integral, es una necesidad que el país tiene, y ahí sí habrá que calar con ese criterio de progresividad”.

“Tenemos que ir hacia un modelo donde los impuestos sean menos horizontales y más verticales”, consideró el banquero, y también consideró que “tendríamos que hablar de ‘impuesto a los altos ingresos’” en lugar de impuesto a las Ganancias, ya que “el trabajo no es ganancia”.

El titular de la Comisión de Presupuesto comentó que la fecha de la próxima reunión, destinada a la firma del dictamen, dependerá de la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que debe ser acordada entre los jefes de bloque para poder continuar con el trabajo parlamentario virtual.

Inicio caldeado

La reunión virtual se extendió durante tres horas y levantó temperatura con la intervención del segundo expositor, un asesor del gremio de Camioneros que la emprendió contra “el gobierno neoliberal” anterior, despertando la reacción de legisladores de Juntos por el Cambio.

Se trata de Mariano Sánchez, quien afirmó que “ni habría que nombrar” a la gestión anterior, ya que lejos de cumplir con su premisa de eliminar el impuesto a las Ganancias, “terminaron el gobierno con 2.200.000 trabajadores en relación de dependencia tributando Ganancias”.

Las fuertes críticas de Sánchez despertaron la reacción de legisladores de JxC, que le reclamaron referirse al proyecto en sí, pero lejos de hacerlo, el representante del gremio de los Moyano insistió en que el universo de trabajadores afectados por Ganancias se duplicó durante la gestión anterior. “Persiguieron a nuestros dirigentes”, agregó.

El diputado de la Coalición Cívica Javier Campos alertó entonces que “no es la opinión de un dirigente sindical, es una opinión política, mientras que otro diputado de la oposición que no llegó a identificarse advirtió que quien hablaba era “un empleado de un sindicato” y pidió “que hablen los dirigentes”.

“Que venga el señor Moyano”, reclamó otro diputado, mientras el oficialista José Luis Gioja alentaba a Sánchez a continuar hablando. El dirigente continuó con las críticas: “Es vergonzoso que ayer hayan salido con un proyecto para incrementar el mínimo no imponible a 500.000 pesos, cuando durante cuatro años no hicieron nada”.

Tras múltiples cruces, el representante de Camioneros concluyó diciendo que el proyecto representaba “un gran avance” y que presentarían sugerencias sobre el tema.

Tiempo después, al momento de las preguntas de los diputados, el radical Facundo Suárez Lastra advirtió que algunos de sus pares “abandonaron la reunión” por el cruce inicial, y pidió “ser más moderados en nuestra relación”, sobre todo en temas sensibles para la sociedad.

La voz de la CGT

Abrió la ronda de exposiciones Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, quien puntualizó que “si no hay consumo no se necesita producción; y si no hay producción, no tenemos puestos de trabajo y no hay posibilidades de inversión”.

“Tenemos que solucionar entonces el problema del poder adquisitivo de los trabajadores, ver de qué forma colaboramos entre todos, porque los trabadores queremos que el lugar donde trabajamos crezca”, dijo.

Tras felicitar a los diputados por el tratamiento de este tema, Acuña reiteró el beneplácito de la central obrera no solo a la suba del mínimo no imponible, sino también a los cambios conseguidos en los últimos días, sobre todo la exención del aguinaldo.

Más tarde, Héctor Daer ratificó el “apoyo absoluto” de la CGT a la iniciativa “que eleva el umbral desde donde se empieza a tributar”, y habló de “un impuesto que a todas luces, en determinados valores salariales, es injusto”.

De todos modos, pidió contemplar ciertas situaciones derivadas de la pandemia. “Yo sé que las leyes no se hacen para determinada coyuntura sino a largo plazo, pero hay trabajadores que sobrecargan sus horarios laborales en esta etapa de pandemia, producto de que otros permanecen aislados, se han contagiado, no pueden concurrir o están dispensados de prestar tareas por patologías preexistentes”, describió.

Esos trabajadores “no solo de la salud, sino de muchas otras actividades”, advirtió Daer, cumplieron horas extra que luego terminaron siendo gravadas por Ganancias.

Por último, consideró que Ganancias “es la ratificación ideológica de lo progresivo de la estructura impositiva: los que más ganan y los que más tienen, tienen que pagar más en beneficio de los que menos ganan y los que menos tienen”.

Apoyo sindical unánime

El diputado y líder de la CTA Hugo Yasky destacó que el proyecto representa “un acto de justicia”, pero luego la emprendió contra los diputados de la oposición que habían querido “coartar la libertad de expresión” del representante de Camioneros al principio de la videoconferencia.

Yasky sugirió que si se hubiera tratado de un dirigente empresarial, no hubiera sucedido lo que ocurrió. “Terminemos con la Argentina de los patrones de estancia”, reclamó, advirtiendo que no debían decirle a los invitados “qué es lo que pueden decir”.

Señaló luego que al cobrarse el retroactivo de este beneficio “va a haber entre 15 y 18 millones de pesos en el mercado de consumo”, y “eso va a ser una inyección al consumo que tendrá un efecto dominó”.

El “dipusindical” agregó que cuando se sancione la ley solo pagarán Ganancias el 7% de los trabajadores, contra el 25% que tributa hasta ahora.

A su turno, el representante de La Bancaria, Sergio Palazzo, también acompañó el proyecto, pero opinó que “el impuesto a las Ganancias debe ser eliminado en cuanto a tributo de los trabajadores”, y pidió que “no se produzca un solapamiento entre los que van a pagar Ganancias y los que no”.

Ricardo Peidró (CTA Autónoma) sumó su apoyo a la iniciativa “en el marco de una postura histórica que tenemos respecto a que el salario no es ganancia”.

Reclamó además una reforma impositiva y pidió “que aquel trabajador que tenga que ingresar en este momento a pagar este impuesto, no lo haga en los grados más altos de la escala, porque sino habría una contradicción y atentaría contra la progresividad, para que paguen los que más tienen”.

Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) valoró también el tratamiento del proyecto “con la apertura necesaria para que podamos hacer los aportes que tienden a enriquecer con la propia realidad de los trabajadores el contenido de la ley”.

Como otros de sus pares, Amichetti habló de avanzar más adelante con “una reforma tributaria integral y progresiva”.

A continuación, Claudio Marín, de FOETRA y secretario gremial de la CTA, señaló que en su gremio el promedio salarial es de 123.000 pesos y el impuesto a las Ganancias impacta sobre un 70% de sus representados; y si se tiene en cuenta a los jerárquicos, supervisores, técnicos y profesionales, ese porcentaje llega “al 90, 95%”, con lo cual “esta medida de levantar el mínimo nos resulta un espaldarazo muy importante y nos ayuda a un cierre paritario que signifique que todo ese dinero se transforme en algo virtuoso, que se traslade al consumo”.

Pablo Flores (AEFIP) indicó que “de darse la propuesta de subir el mínimo no imponible a 150.000 pesos, va a quedar tributando un número de 730.000 trabajadores”, y observó que “si se crean una serie de deducciones especiales orientadas al consumo de bienes y servicios en una serie de bienes” que pudieran derivarse a materiales de construcción, al turismo interno, a la línea de electrodomésticos y renovación de autopartes, “esta herramienta le serviría al Gobierno para orientar el gasto hacia esas actividades que podrían generar un shock de demanda; los trabajadores podríamos deducir lo que nosotros proponemos hasta 300.000 pesos por año, pero entendemos que esto beneficiaría también a los sectores productivos”.

A su vez, Carlos Minucci, de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, señaló que “sería muy fácil venir acá a presentar nuestros problemas cuando tenemos un 40% de pobreza”. “No va a existir aporte a las Ganancias si no ayudamos a que se construyan puestos de trabajo. El movimiento obrero esta junto a las políticas que ayudan al crecimiento”, sintetizó.

También apoyó la ley Roberto Baradel, de SUTEBA, pero pidió deducir del impuesto los gastos de actualización de la formación docente para “avanzar en una educación pública de calidad”.

El sindicalista de la CTA además llamó a atender lo vinculado a las tareas de cuidado: “En muchos lugares el Estado no da respuestas respecto a las vacantes en jardines maternales y de infantes, como lamentablemente sucede en la Ciudad de Buenos Aires”.

Yamile Socolovsky (CONADU-CTA) destacó que el proyecto “en lo inmediato representa un alivio para los trabajadores de manera directa y conlleva además que haya una llegada importante de recursos al mercado interno”.

También celebró que “no se compute el aguinaldo ni el adicional por zona, y que se consideren las uniones de hecho” para las deducciones.

Otros de los oradores fueron Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Marcelo Mena (Sindicato Jerárquico Minero) y Jorge Frías (Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca).

Tres especialistas en materia tributaria y el subdirector de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, expusieron este jueves ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

Los expertos se presentaron ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, que volverán a reunirse este viernes a las 15 para escuchar a sindicalistas de la CGT, la CTA, el Frente Sindical, la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA Autónoma.

En la videoconferencia de este jueves, los especialistas marcaron algunas diferencias con respecto al proyecto del Frente de Todos, que fue defendido por Ruiz en nombre de la AFIP.

El primer orador fue el contador Humberto Bertazza, quien advirtió que “el conflicto se da en dónde hacemos el corte para gravar o no gravar las remuneraciones” con el impuesto a las Ganancias, y dijo “no coincidir” con “el diseño que se ha utilizado para intentar modificar la ley”, ya que “hay una desnaturalización del impuesto”.

El contador puso como ejemplo un empleado en relación de dependencia que gana 145.000 pesos de sueldo bruto, a quien en principio no se le aplicaría la ley, ya que el nuevo piso será de 150.000 pesos. Sin embargo, se preguntó qué pasa si “en julio o agosto, como consecuencia del proceso inflacionario” y a través de una nueva negociación del convenio laboral se dispone incrementar un 20% esa remuneración, llegando a ganar 180.000 pesos, un monto que superaría el mínimo no imponible.

Bertazza explicó que “Ganancias es un impuesto de ejercicio, y al serlo tenemos que medirlo como una foto, y esa foto la sacamos el 31 de diciembre: si el 31 de diciembre el promedio de sueldo con los incrementos acordados supera los 150.000 pesos, eso hace que la exención se pierda. Y se pierde desde el 1ro de enero, porque es un impuesto de ejercicio donde no se admiten segmentaciones”.

En ese sentido, consideró que “el objetivo perseguido por el legislador no se alcanza porque los montos de actualización ya quedaron previstos para todo el año”.

Por eso sostuvo que una posible solución sería modificar la escala progresiva, ya que hoy “la máxima para personas humanas es del 35%, es una escalera a la que se llega rápidamente, con remuneración anual de 1.000.000 de pesos”.

A su turno, el contador Sergio Pantoja consideró que el RIPTE “no es el índice adecuado” para actualizar el mínimo no imponible. “Se debería utilizar una actualización de valores que refleje el incremento de los precios, como el IPC, teniendo en cuenta el impacto del proceso inflacionario para empelados relación de dependencia”, opinó.

Pantoja también sugirió “pensar en una frecuencia semestral, no anual”, en línea con lo planteado por Bertazza sobre los sueldos que en el transcurso del año podrían superar el piso por eventuales aumentos.

Además, el especialista pidió que se puedan deducir los gastos de educación -con un tope-, algo que en la legislación actual no está contemplado.

También hizo énfasis en el tema de la escala progresiva, que “se encuentra claramente aplanada, razón por la cual superando un importe muy poco significativo en términos de capacidad contributiva, la tasa del impuesto prácticamente se hace proporcional al 35%”.

Por su parte, el doctor Horacio Corti lamentó que “hace décadas que nos debemos una reforma tributaria integral” porque las reformas introducidas a lo largo de los años fueron parciales.

Respecto del proyecto del oficialismo, destacó la exención del aguinaldo, la deducción del concubino con perspectiva de género, la deducción especial por zona patagónica y la retroactividad de la ley al 1ro. de enero.

Sin embargo, coincidió en que “la escala está muy amesetada” y como consecuencia “un sueldo bruto mensual de 200.000 pesos alcanza la alícuota máxima del 35%, pagando un impuesto de casi 20.000 pesos”.

El último en exponer fue el subsecretario Ruiz, quien se refirió al artículo del proyecto que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer deducciones escalonadas para las remuneraciones de entre 150.000 y 173.000, con el fin de evitar saltos bruscos en el impuesto.

Ruiz indicó que “no hay discrecionalidad, sino una delegación legislativa para que el Ejecutivo aplique una fórmula matemática” que garantice “que un peso más ganado no genere una disminución en el salario neto”.

Asimismo, el funcionario aclaró que no se modifican las escalas porque eso “no solo afectaría a los trabajadores en relación de dependencia, sino que afectaría también a aquel que tenga rentas pasivas”.

Por otro lado, ante los pedidos para poder deducir horas extra, explicó cómo “una hora extra no genera que se cobre menos de bolsillo”.

Finalmente, ante una consulta del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución), Ruiz consideró que “no debiera estar en la ley” la deducción de gastos educativos, y se preguntó qué comprende, si libros, universidades privadas u otros conceptos. “La metodología adecuada es un subsidio para aquellos a los que se lo queremos dar y no a todo el universo”, respondió.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, retomarán este jueves a las 14 el debate sobre el proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos.

Los diputados volverán a escuchar al subdirector General de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, quien ya expuso este martes junto a la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.

También fueron invitados los contadores Sergio Pantoja, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Humberto Bertazza, expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y el doctor Horacio Corti.

Los especialistas expondrán sobre el proyecto de Ganancias y también sobre la iniciativa que modifica el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con el fin de suavizar el paso de monotributistas al Régimen General.

El viernes, los gremios

En tanto, para el viernes a las 15 fueron convocados los dirigentes sindicales que ya vienen participando de la discusión en distintas reuniones con diputados del Frente de Todos.

Expondrán por videoconferencia los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer; el diputado Hugo Yasky por la CTA; y por la Corriente Federal de Trabajadores lo harán Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) y Carlos Minucci (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía).

En nombre del Frente Sindical estarán Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y Pablo Flores (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos); y cierra la lista de invitados Ricardo Peidró por la CTA Autónoma.

Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, arrancó este martes el debate sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y los cambios al régimen de monotributo, dos proyectos de ley de fuerte impacto económico que el oficialismo espera aprobar la semana próxima en el recinto de la Cámara baja.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse el jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según anunció Heller al comienzo de la videoconferencia.

Las dudas de la oposición

Al momento de las preguntas, el radical Luis Pastori afirmó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del 1ro. de enero, pero sugirió otros cambios.

En ese sentido, el misionero pidió eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expresó.

El legislador reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, pero dijo tener “serias discrepancias” con “el diseño”. Sobre ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.

#ImpuestoALasGanancias@luispastori afirmó: “Un jubilado que pague Bienes Personales no va a tener acceso al beneficio de descuento de Ganancias, en comparación a un trabajador en relación de dependencia que pague BBPP y perciba el mismo monto. Eso es injusto”. pic.twitter.com/ed44L5G9Pr

— Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) March 9, 2021

“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, señaló y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo -que estará facultado para eso- podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”.

Pastori también consideró que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.

Finalmente, el diputado de la UCR solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo discapacitado; y advirtió que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.

Otro radical, Alejandro Cacace, consultó a los funcionarios por la exclusión de los jubilados del impuesto y preguntó por qué no se decidió “compatibilizar (la iniciativa) con lo que deciden los tribunales y, en particular, con lo que es el fallo Calderale de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que establece la inconstitucionalidad del impuesto sobre los beneficios previsionales”.

“¿Por qué la elección de los ocho haberes mínimos, que continúa la lógica de la ley actual, y no atender a la interpretación judicial sobre este tema?”, cuestionó. Asimismo, coincidió con Pastori en la situación de los trabajadores autónomos y recomendó que el mecanismo de actualización se realice por inflación.

Para el puntano, cada vez más trabajadores pagan el tributo porque “es un problema de los valores nominales en la ley”. “Aún con el RIPTE queda desfasado frente al incremento de los precios”, resaltó, y preguntó “si no consideran que es mejor tomar el IPC, o como se hizo en la fórmula previsional, el que dé más alto entre los índices”.

En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.

“Está tratado el tema tal cual lo solicita la Corte”, reiteró y en cuanto a la doble imposición explicó que “en el momento en que uno es trabajador activo permite deducir los aportes vinculados a la jubilación, y esa deducción que se hace en ese momento es la que se grava cuando se tienen rentas pasivas”.

Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.

“No sólo tendría un costo fiscal muchísimo más alto, sino que generaría una inequidad bastante importante, porque ahí le estamos reduciendo el impuesto a personas que tienen ingresos muy altos y en las circunstancias actuales del país nos parece que no es el momento para hacer una reducción de impuestos en esa categoría”, ahondó.

El funcionario garantizó que para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos, el Ejecutivo aplicará “una política salarial de incremento que no genere en ningún caso una caída en el salario de bolsillo”. “En ningún caso el impuesto será más regresivo, sino todo lo contrario -continuó-, va a tener mayor progresividad que la que tiene ahora”.

Respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias enfatizó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, añadió.

“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.

En otro tramo, el secretario de Política Tributaria explicó que una deducción por hijo discapacitado “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.

Sobre el reclamo de la oposición por los trabajadores independientes, el funcionario dijo que aquellos autónomos que ganen hasta 150.000 pesos “van a poder ser monotributistas” a partir de la iniciativa complementaria del oficialismo. “Las dos medidas son muy consistentes entre sí. No merece tocar Ganancias de los autónomos”, argumentó.

Además, confirmó que el costo fiscal de 41.250 millones de pesos corresponde al proyecto en su última versión, es decir, con las exenciones y deducciones incorporadas en las últimas horas.

Más de 1.200.000 trabajadores y jubiladas y jubilados van a dejar de pagar ganancias con esta Ley: refiere al mundo del trabajo, al poder adquisitivo y por ende a reparar su calidad de vida

👇 Gracias por sus exposiciones Ministro Moroni, Mercedes Marcó del Pont y Roberto Arias. pic.twitter.com/GZNtsdtS5F

— Vanesa Siley (@Vsiley) March 9, 2021

El diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky cargó las tintas contra la gestión anterior: “¿Por qué habiendo caído los salarios casi 20 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri, por qué habiendo existido medidas que claramente beneficiaron con exenciones impositivas a sectores muy poderosos, como el sector financiero o agrario, no hubo un tratamiento simétrico con los trabajadores?”.

Para el oficialista, no se explica cómo “se triplicó la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias y no hubo una política para tratar de subsanar esto”. Por eso, pidió “honestidad intelectual” en el debate: “Sino parece que caímos de un plato volador, que venimos de Marte y que no nos hacemos cargo de lo que pasó en Argentina en estos cuatro años”.

Ante una consulta del líder de la CTA sobre cuál será el monto que retornará a las arcas del Estado para cubrir el costo de la ley, Arias comentó que “no se ha hecho el cálculo específico” pero estimó que “entre el 23% y 25%” retornará en concepto de presión tributaria general.

Desde el Pro, Luciano Laspina pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso para calcular el costo fiscal del proyecto con las últimas modificaciones y teniendo en cuenta posibles escenarios de paritarias.

También mostró inquietud por la situación de “los 500.000 trabajadores autónomos” que no se verán alcanzados, pero el secretario de Política Tributaria volvió a defender la decisión del Gobierno: “Consideramos que con el ajuste en el monto máximo de facturación que podrá tener un monotributista, los autónomos -o sea, los trabajadores independientes que facturan hasta 150.000 pesos por mes- entran dentro de la categoría del monotributo, con lo cual no estarán alcanzados por Ganancias. Son consistentes los dos proyectos”.

En tanto, el radical chubutense Gustavo Menna volvió a plantear la inquietud sobre la deducción especial del 22% para trabajadores patagónicos, y Heller garantizó que se incorporará un artículo específico para mantener ese beneficio.

Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) advirtió que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que “este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio”.

Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.

El secretario de Política Tributaria explicó que “entre 200.000 y 300.000 personas que a principio de año no pagan Ganancias, a fin de año pagan” por los aumentos salariales, por eso la proyección de 1.200.000 trabajadores que se verán beneficiados por la nueva ley es un promedio anual.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió este martes la ronda de exposiciones sobre los proyectos de reformas en el impuesto a las Ganancias y en el régimen de monotributo y sostuvo que “la vocación de este gobierno es que el salario real crezca”.

Así lo aseguró el funcionario al participar del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que analiza los proyectos impulsados por el bloque del Frente de Todos y el Poder Ejecutivo.

“Ambos proyectos tienen que ver con lo que llamamos el mundo del trabajo y tienden a mejorar la situación de ambos sectores”, tanto la de los trabajadores en relación de dependencia como los monotributistas, explicó Moroni.

En cuanto a la suba del mínimo no imponible de Ganancias a 150.000 pesos, señaló que “se está intentando volver a la población histórica que fue sujeto pasivo de este impuesto”.

“El mínimo no imponible estaba en valores que llegaban a más de 2 millones de personas con salarios que no podían ser calificados como una renta importante”, advirtió Moroni, y aseguró que con la nueva ley “solo entre el 8% y 10% de la población asalariada va a tributar este impuesto”.

También destacó que se incorporan “deducciones que corrigen ciertas injusticias, como las uniones de hecho”, es decir los concubinatos, un cambio que no estaba incluido en el proyecto original y se anunció este martes.

También se conoció, en la previa del plenario, que aquellos jubilados que perciban ingresos de otra categoría -como intereses de un plazo fijo o rentas de alquileres- también podrán acceder al beneficio de la ley, que eleva el piso de Ganancias de seis a ocho jubilaciones mínimas.

“Desde el punto de vista laboral, esto está dentro de las mismas políticas que hemos estado haciendo. La vocación de este gobierno es que el salario real crezca”, remarcó el ministro, y agregó que la ley permitirá que los trabajadores “tengan un salario efectivo, real, de bolsillo, que cumpla con ese objetivo del gobierno”.

Por otra parte, indicó que el segundo proyecto, vinculado al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, apunta a “distribuirlo más equitativamente entre las distintas categorías y ayudar a la formalización”.

Según señaló, “a veces determinadas regulaciones tributarias, en lugar de ayudar a la formalización terminan siendo una barrera de acceso”.

Por eso, Moroni dijo que se busca “ordenar la distribución de cargas tributarias dentro de las distintas categorías del monotributo” para “evitar saltos al vacío entre el Régimen Simplificado y la situación  normal de quien es autónomo y paga impuesto a las Ganancias”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que convoque a tratar el proyecto de suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias en reuniones informativas, en conjunto con Legislación del Trabajo.

A través de una nota remitida este jueves, Massa instó a Heller a que cite a los ministros Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo), así como a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y representantes del sector sindical.

La intención del oficialismo es realizar dos o tres reuniones informativas la semana próxima en el plenario de comisiones, con la mira puesta en una votación en el recinto la tercera semana del mes.

El proyecto del Frente de Todos busca que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar Ganancias a partir de una suba del mínimo no imponible, que se fijará inicialmente en 150.000 pesos y se actualizará anualmente según el índice de variación salarial.

Por estos días, Heller se puso al hombro la tarea de analizar en conjunto con Economía la viabilidad de los numerosos pedidos formulados por la CGT y los diputados de extracción sindical, que tienen que ver con incorporar una serie de exenciones al pago del impuesto.

Puntualmente, la central obrera pide eximir de Ganancias a las horas extra, los viáticos, los feriados trabajados, distintos adicionales, gastos educativos y hasta el aguinaldo, entre otros conceptos que serán evaluados según su costo fiscal.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica”, y en ese sentido pidió al Congreso que avance con los proyectos de Ganancias y modificaciones al régimen de monotributo.

En el caso de Ganancias, todo el arco opositor manifestó su apoyo a la suba del mínimo no imponible, aunque desde Juntos por el Cambio proponen revisar la inclusión de autónomos, el método de actualización y el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos, entre otros aspectos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, destacó en la sesión de este miércoles que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, al defender el Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores en el marco de la pandemia.

Caserio explicó que este Consenso Fiscal fue concretado el 4 de diciembre del año pasado entre la Nación y 21 de las 24 provincias, ya que San Luis y La Pampa se negaron a suscribirlo porque no lo habían hecho con los anteriores pactos, y la Ciudad de Buenos Aires -que sí había adherido- rechazó las nuevas condiciones.

El cordobés hizo un repaso por los acuerdos anteriores y recordó que el primero se firmó el 23 de mayo de 2016, y fue renovado en 2017 y 2018. “Hasta ahí hablábamos del país de (Mauricio) Macri, de Disneylandia, donde se festejaba y se bailaba en los actos porque parecía que Argentina mejoraba”, ironizó.

“Pero lamentablemente -prosiguió- la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.

Caserio señaló que el gobierno de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.

El senador del Frente de Todos cargó contra la gestión anterior al advertir que “prometían una inflación de un dígito y terminaron con una inflación del 40% durante los cuatro años, y en 2019 batieron el récord de inflación de toda la historia argentina, con un 54,8%”.

También precisó que “la fuga de capitales fue de 86.000 millones de pesos” y que el endeudamiento con el FMI se hizo insostenible. “El gobierno de Macri lo único que hizo fue ajustar”, se quejó.

Luego, con la llegada de la pandemia, “el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, destacó Caserio.

“Hasta el 1ro de octubre las provincias perdieron recursos por 200.000 millones de pesos, y la Nación las asistió por 199.000 millones de pesos. Esto permitió a las provincias cumplir con sus compromisos”, puntualizó.

El Consenso Fiscal 2020

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que el Consenso Fiscal “busca un proceso de armonización con las provincias en el cumplimiento de algunas normas básicas”.

El legislador oficialista informó que “las provincias asumen compromisos en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales”.

Explicó que “en materia tributaria provincial y nacional se busca una armonización que permita recaudar de manera más eficiente y facilitar la vida de los ciudadanos” a través de la automatización de trámites.

De esa forma, indicó el senador, “se prorrogan todas las alícuotas de Ingresos Brutos de las provincias hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, no podrán subirlo pero tampoco podrán bajarlo”.

También se busca “acordar mecanismos de devolución automática y compensaciones a favor de los contribuyentes”.

En cuanto al endeudamiento, el pacto establece que “a partir del 31 de diciembre y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera”, afirmó Caserio.

Asimismo, precisó que durante un año las provincias no podrán iniciar procesos judiciales contra la Nación y deberán suspender los que se encuentran en trámite, motivo por el cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -quien presentó una demanda ante la Corte Suprema por la quita de coparticipación a la Ciudad- se negó a firmar el acuerdo.

Por último, el Consenso Fiscal especifica que “no habrá más transferencias de competencias y funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada por ley del Congreso”, como sucedió el año pasado con los fondos destinados a financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó este martes que se incorporarán mayores beneficios al proyecto de ley presentado por el oficialismo que sube a 150.000 pesos el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

“La decisión es avanzar lo más rápido posible porque más de un millón de trabajadores y de 200.000 jubilados esperan”, expresó Massa en un comunicado, tras recibir este lunes en el Salón de Honor a diputados de extracción sindical que acercaron propuestas de mejoras.

El titular de la Cámara baja confirmó: “Vamos a incorporar más beneficios al proyecto de Ganancias. Sumaremos todo lo que haga a la ley más rica y con la mayor cantidad de beneficios posibles”.

“Escuchamos las propuestas de los diputados sindicalistas y muchas van a ayudar a enriquecer sin perder de vista la sustentabilidad fiscal del proyecto”, consideró.

En ese sentido, comentó que “hay propuestas vinculadas a gastos educativos, viáticos en algunas actividades y horas extra en otras, que merecen ser estudiadas porque son de impacto para más de 350.000 trabajadores”.

Además, en cuanto al reclamo de legisladores patagónicos por la supuesta eliminación de la deducción especial del 22% para trabajadores de esa región, Massa aclaró que en la letra de la ley el diferencial “está garantizado”.

Si bien se esperaba que el debate comenzara esta semana, los planteos del sindicalismo hicieron frenar la convocatoria a la Comisión de Presupuesto, que según fuentes parlamentarias se reunirá la semana próxima, en el marco del período ordinario.

La intención del oficialismo es votar el proyecto en el recinto dentro de la primera quincena de marzo, en función del amplio apoyo que recibió por parte de la oposición, más allá de las propuestas de modificaciones que serán evaluadas.

El proyecto del Frente de Todos fija un nuevo piso de 150.000 pesos brutos a partir de los cuales se comenzará a pagar el impuesto, lo que beneficiaría 63,4% de los contribuyentes actualmente alcanzados por el tributo.

“Con esta ley dejan de pagar más de la mitad de los que pagan hoy”, destacó Massa.

El año legislativo que abrirá próximamente el presidente Alberto Fernández arrancará con la votación de un proyecto clave para el Frente de Todos, el que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para que más de un millón de trabajadores y jubilados dejen de pagar el tributo.

Tal como anunció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Poder Ejecutivo prepara el decreto que amplía el temario de sesiones extraordinarias -que concluyen el domingo 28- para incorporar la iniciativa presentada días atrás por el bloque oficialista, con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, a la cabeza.

Una vez que el decreto se publique en el Boletín Oficial, el Frente de Todos activará la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, para comenzar el debate la semana próxima, con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

De este modo, la firma del dictamen y la votación en el recinto quedarían para los primeros días de marzo, luego de la apertura del período ordinario a cargo del presidente en Asamblea Legislativa.

Asimismo, los jefes de bloque deben acordar si continuarán con el funcionamiento mixto -es decir, con mayoría de diputados en forma presencial y algunos exceptuados-, dado que el Protocolo de Funcionamiento Remoto venció el pasado 12 de febrero y aún no fue renovado.

El proyecto liderado por Massa eleva a 150.000 pesos el piso a partir del cual se paga Ganancias, que actualmente es de 74.810 pesos para solteros y de 98.963 para casados con dos hijos.

Según las estimaciones del bloque, hasta 2020 el 25,6% de los trabajadores y jubilados tributaban Ganancias, mientras que con la nueva ley dejarán de pagar este impuesto 1.267.000 contribuyentes, que de esa forma volcarían recursos al consumo y a la reactivación del mercado interno.

Juntos por el Cambio, en tanto, anunció que acompañará la iniciativa pero propondrá cambios, que tienen que ver con la brecha entre los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos, el método de actualización y las escalas.

El texto además fue acompañado, en las firmas, por algunos otros representantes de la oposición, como Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Felipe Álvarez (Acción Federal) y el bloque del Frente de la Concordia Misionero.

Una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas marcó este miércoles el inicio del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados. Y fue para tratar un proyecto de singular importancia como es el de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y en el cual oficialismo y oposición están de acuerdo. Lo cual se vio reflejado en la firma del dictamen del proyecto que se debatirá este jueves en el recinto.

Cabe considerar que en el caso de los diputados de Juntos por el Cambio,  votaron “con reservas” en el artículo 3ro. el proyecto.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también deban aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro se desarrolló a partir de las 13.30 de manera semipresencial, con numerosos integrantes de ambas comisiones de cuerpo presente en la sala de reuniones, pero todos conectados por VPN. De hecho, los presidentes de ambas comisiones, Carlos Heller (Presupuesto) y Fernanda Vallejos (Finanzas), estuvieron conectados de manera remota. Esta última fue la primera en tomar la palabra, que anunció la obvia intención de dictaminar esa iniciativa de modo tal de dejarla habilitada para debatirla este jueves en el recinto.

“No tengo dudas que para todos y todas es muy importante (el  proyecto de sostenibilidad de la deuda), porque implica la participación del Congreso de la Nación en decisiones que son estratégicas y vitales y que comprometen el futuro del país”, precisó.

A su turno, Carlos Heller destacó que se trata de un proyecto con media sanción del Senado, que en esa Cámara no tuvo votos en contra, “lo cual es una importante señal en esos temas estratégicos del país”, y destacó a continuación el éxito de las negociaciones de la deuda, e hizo mención a lo que se está tratando actualmente con el Fondo Monetario. En ese marco destacó “la decisión de que debe ser el Congreso el que avale todas estas tratativas y que no pueda haber endeudamiento para gastos corrientes, esas cosas que trae este proyecto me parece que son muy saldables”, enfatizó.

Desde Consenso Federal, el diputado y economista Jorge Sarghini anticipó el apoyo de su bancada a la iniciativa, apuntando que ellos veían “con buenos ojos este proyecto”, aunque se quejó porque no hubiera sido tratado nunca un proyecto propio presentado en febrero del año pasado, que apuntaba a ordenar el tema de la deuda y darle sustentabilidad y que “no fue tenido en cuenta”.

“No se trata de defender un proyecto en particular”, aclaró Sarghini, quien destacó que entre otras cosas esa iniciativa “limita mucho más el uso del endeudamiento externo”, y si bien adelantó su apoyo, confesó que le quedaba “el sabor con gusto a poco”.

Desde Juntos por el Cambio intervino luego el radical misionero Luis Pastori, quien si bien aclaró que los fundamentos del interbloque serían brindados por el diputado del Pro Luciano Laspina, él haría unas consideraciones personales respecto del artículo 3°, que habla de la emisión de títulos públicos y programas de financiamiento, referidos a los gastos primarios corrientes. “Me parece que este artículo en vez de mejorar y ampliar conceptos, los restringe y genera algunas dudas”, señaló en referencia al artículo 56 de la Ley de Administración Financiera. Por lo tanto, señaló, “podríamos estar modificando este artículo y acá lo estaríamos limitando, lo que implicaría un retroceso evidente. Como no queda claro, podríamos estar aprobando algo que significaría un retroceso en ese sentido”.

Si bien luego Laspina abundó en las observaciones técnicas al proyecto puesto en consideración, las reservas de Pastori fueron las citadas por JxC a la hora de la emisión del dictamen.

A su turno, el diputado Luciano Laspina expresó el apoyo de su sector “porque el proyecto devuelve facultades al Congreso, o intenta aclarar la forma en la cual el Congreso delega en el Poder Ejecutivo el manejo de la deuda en cada ejercicio”. Sin embargo, aclaró, el proyecto “tiene a nuestro juicio severos errores técnicos y de técnica legislativa, porque lo que hace de alguna manera genera superposiciones con la Ley de Administración Financiera”.

“Es llamativo que el proyecto no haga referencia al artículo 60 de la Ley 24.156, que es lo que estamos reformando”, precisó, agregando que ese artículo es reformado a partir del proyecto que se convertiría en ley este jueves. “Desde el punto de vista de la técnica legislativa vamos a quedar con dos artículos que dicen más o menos lo mismo. Con lo cual, es muy pobre desde el punto de vista de la técnica legislativa”, estimó.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto se refirió luego a la prórroga de jurisdicción. Dijo que “el espíritu del oficialismo es intentar limitar no la emisión de moneda extranjera, sino más bien la prórroga de jurisdicción, la emisión de deuda en moneda extranjera en jurisdicciones internacionales. Me parece que a eso apunta el proyecto y que habría que haberlo establecido de manera más taxativa”, detalló.

Sobre el final, señaló que “deberíamos aclarar, si alguna vez queremos recuperar el crédito externo, es que obviamente los compromisos se cumplen y que ese porcentaje (de endeudamiento) que tiene que autorizar el Congreso excluye a los vencimientos de deuda comprometidos por la Nación; en todo caso, si se decide no cumplir, habrá una ley que lo diga, es el caso del default, que hasta ahora nunca se ha hecho por ley”.

A continuación, se refirió al acuerdo con el FMI, y con relación a las críticas durante la gestión anterior respecto de que el acuerdo con el Fondo esa vez no fue al Congreso, Laspina señaló que “el autor de este proyecto no leyó el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, sino lo hubiese citado al menos. Esto está delegado: no hay ningún acuerdo con el Fondo que haya pasado por el Congreso, y esto inicia una nueva tradición. Me parece bien, lo que no queda claro es si se refiere a la aprobación del crédito o a refrendar el acuerdo que implica el acuerdo con el FMI, que son dos cosas distintas”.

“Con todas esas observaciones técnicas, acompañamos, más allá de que diferimos muchísimo en cuanto a cómo está redactado y puede generar ruidos a futuro”, concluyó.

Desde Unidad Federal para el Desarrollo, el presidente de ese interbloque, José Luis Ramón, hizo algunas consideraciones políticas y celebró el hecho de que “en el Congreso estamos recuperando un rol”, y luego le dio la razón a Laspina: “Técnicamente este es un sistema legislativo que ha ido a contramano de entender un país serio, por eso ningún default pasó por el Congreso”.

El último en intervenir fue el oficialista Itai Hagman, quien reconoció que este proyecto se da en un contexto de crisis de endeudamiento que la Argentina pasó varias veces en las últimas décadas. “Este proyecto es una de las iniciativas para cumplir con uno de los mandatos electorales de 2019, que era no solo resolver el problema de la deuda,, sino también construir lo que el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía han denominado un ‘nunca más a los endeudamientos y sobreendeudamientos en la República Argentina’”.

Luego hizo referencia a que “bajar el peso de la deuda en moneda extranjera en su  producto le llevó al país más de una década, y el proceso para revertirlo fue mucho más corto”. Por eso, agregó, “necesitamos instrumentos para evitar que cualquier Gobierno de cualquier signo político pueda hacerlo otra vez”.

Con relación a la gestión anterior, Hagman señaló que el principal argumento era la tasa de interés, y “por privilegiar una tasa aparentemente más atractiva, se llevó a la Argentina a una situación insostenible”.

Horas después de que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas fuera aprobado en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a debatir el tema en el Senado, con el fin de apurar el tratamiento y alzarse con la ley en los próximos días.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), citó a una reunión virtual para el próximo martes a las 15, y ese mismo día podría firmarse el dictamen favorable -si es que el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias, ya que el plazo para dictaminar vence este viernes-.

El proyecto fue avalado en la Cámara baja con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas donde Juntos por el Cambio denunció que se trata de un nuevo impuesto permanente, que además es confiscatorio y que opera como doble imposición con Bienes Personales.

La iniciativa fue impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y propone gravar los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos con una alícuota que va del 2% al 3,5%, y asciende si se trata de bienes declarados en el exterior.

El aporte sería por única vez, con el objetivo de morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19, y la recaudación -estimada en más de 307.000 millones de pesos- se utilizaría para compra de equipamiento sanitario, subsidios a pymes, becas Progresar, el Fondo de Integración Sociourbana y proyectos de gas natural.

A la hora de la votación en el Senado, la creación de este aporte requerirá una mayoría absoluta (37 votos) y el Frente de Todos tiene 40 senadores propios -José Alperovich sigue de licencia-, los que, sumados a aliados, garantizarían la sanción de la ley.

El Frente de Todos firmó este miércoles el dictamen favorable del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para que el Congreso deba autorizar el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y que a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa fue debatida en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda conducida por Carlos Caserio (Frente de Todos), con la participación del Ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y otros funcionarios de la cartera.

El oficialismo decidió apurar la discusión dado que este viernes 20 vence el plazo para dictaminar en el período ordinario, y aun no se efectuó la convocatoria a sesiones extraordinarias.

El proyecto de ley establece que en el futuro “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera” que supere el máximo estimado en el Presupuesto Nacional, “requerirá de una ley especial” del Congreso “que la autorice expresamente”.

Además, “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones” también necesitarán de una ley.

El texto original sufrió una modificación sustancial propuesta por el Frente de Todos, para que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con el FMI no puedan ser utilizados para gastos corrientes.

Se incorpora así un agregado al artículo 56 de la Ley de Administración Financiera, que indica que “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito púbico realizados con el Fondo Monetario Internacional y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos corrientes”.

“No nos podremos endeudar bajo legislación extranjera para gastos corrientes, sino únicamente para bienes de capital e inversión productiva”, explicó la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, y consideró que se trata de “poner un manto de sensatez y sentido común a la administración pública”.

En ese sentido, llamó a lograr “un pacto entre todas las fuerzas políticas del Congreso de que nunca más nos endeudaremos para gastos corrientes, fuga de capital y especulación financiera, como pasó en los últimos años”.

Juntos por el Cambio pidió tiempo para analizar la modificación propuesta. “Supongamos que uno tiene un déficit de 4,5% del PBI y que gasta dos puntos en gastos de capital… hay dos puntos para financiar. Si se previó que uno es con emisión, cualquier deuda que se tome es para financiar gastos corrientes”, razonó Martín Lousteau (UCR-Evolución), quien advirtió que el agregado “puede ser un problema adicional”.

El misionero Maurice Closs, del Frente de Todos, buscó llevar tranquilidad: “Más allá de la emisión, queda una gran posibilidad de endeudamiento, que seguramente lo hará muy responsablemente el Gobierno, pero lo va a hacer o en moneda nacional bajo legislación nacional, o en todo caso -en una situación excepcional- en moneda extranjera bajo legislación nacional. No creo que estemos atados de pies y manos bajo ningún punto de vista. Me parece razonable el agregado”.

El jefe de la bancada, José Mayans, destacó la tarea de Guzmán en “una negociación que ha permitido replantear toda la cuestión de la deuda pública en materia de vencimientos, intereses, capital y un ahorro muy importante para el pueblo argentino”.

Mayans recordó que al momento de tomar el crédito con el FMI durante la gestión anterior, el Congreso no tuvo intervención y “tampoco se le dio lugar al Banco Central para dictaminar con respecto a las posibilidades que tenía la Argentina de cumplir con este monto”. “Fue un crédito absolutamente fuera de los límites de la Argentina”, objetó.

El detalle saliente del debate fue que hubo un cuestionamiento dentro del propio oficialismo, por parte del puntano Adolfo Rodríguez Saá, autor de un proyecto que, según define, busca decir “nunca más al endeudamiento”.

“Este proyecto del Ejecutivo no tiene nada que ver con el ‘nunca más al endeudamiento’. Es todo lo contrario: están estableciendo pautas flexibles y blandas para seguirse endeudando”, se diferenció Rodríguez Saá.

Y amplió: “He acompañado al Gobierno y al ministro y estoy de acuerdo con todos los acuerdos realizados. También he apoyado y defendido la política de la defensa del valor de la moneda argentina con respecto al dólar, y felicito al Gobierno por el duro golpe que le pegó a los golpistas que pretendían una devaluación, pero esta ley no tiene nada que ver con el ‘nunca más’”.

El senador, quien no adelantó si acompañará o no el proyecto, se limitó a decir que profundizará su postura puertas adentro, en una reunión de bloque, y luego en la sesión.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó este miércoles por primera vez ante el Senado para defender el proyecto de ley que busca fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública y que dispone que los préstamos y programas de financiamiento del FMI requieran aprobación del Congreso.

“La sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado, y por lo tanto el Congreso debe tener un rol más importante, un rol mayor”, sostuvo Guzmán al participar de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, donde se pasó a la firma el dictamen.

Al inicio de su exposición, el funcionario indicó que la sostenibilidad de la deuda es “un tema central para el proceso de ordenamiento y estabilización de la economía argentina”.

En ese sentido, agradeció el apoyo dado por el Congreso a la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, y destacó que “a nivel internacional” la sanción de dos leyes este año le dio “mayor fuerza y legitimidad al proceso que hemos llevado adelante”.

El ministro señaló que el proyecto en tratamiento “ha sido muy bien recibido” por el FMI, con el que se negocia el refinanciamiento de la deuda por un total de 44.000 millones de dólares.

Guzmán recordó que hasta ahora se logró un “alivio sustancial en la carga del endeudamiento”, con “37.700 millones de dólares de alivio respecto a lo que estaba pre-programado paran los próximos diez años, una reducción de los intereses en dólares del 7% al 3,07%, y una reducción del capital del 1,90%”.

También resaltó que se logró un “93,5% de aceptación” para la reestructuración de la deuda bajo ley de Nueva York -que asciende al 99% por las cláusulas de acción colectiva-, y en cuanto a la deuda bajo ley local “la tasa de aceptación fue de casi el 100%”.

“El siguiente paso en cuanto a resolver la situación es poder alcanzar un programa con el FMI que nos permita refinanciar los vencimientos programados con el FMI”, explicó.

Guzmán advirtió que con el préstamo otorgado por ese organismo “terminó profundizándose la recesión y elevándose aún más el costo del crédito, que llegó a niveles prohibitivos, y el riesgo país superó los 2.000 puntos”.

“Resulta imposible poder hacer frente a los pagos estipulados con el FMI en tiempo y forma, en un contexto de no acceso al crédito. Por lo tanto, necesitamos una reprogramación de esos pagos, y en ese proceso estamos embarcados”, aseguró.

En esa línea, dijo que “lo que se busca es un programa nuestro, de la sociedad argentina, que sea efectivo para sentar los pilares que la estabilidad y el crecimiento económico requieren”, y agregó que “la idea es enviar un programa plurianual al Congreso”.

“Este es el momento justo para enviar el proyecto, porque, por un lado, ya terminó la reestructuración de la deuda en moneda extranjera en la forma de títulos públicos, y por otro lado estamos en el proceso de negociaciones con el FMI”, puntualizó el ministro.

Asimismo, resaltó que “la sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado, y por lo tanto el Congreso debe tener un rol más importante, un rol mayor”, ya que “los programas con el FMI tienen consecuencias que trascienden a un período de gobierno”.

Guzmán afirmó que una deuda insostenible termina generando “una enorme incertidumbre que afecta tanto al ambiente que enfrenta el sector privado como a la situación del sector público a la hora de planear las políticas públicas”, y además “quitando espacio” para esas políticas.

“Es fundamental construir consensos en los pilares de la estabilidad. Hay cuestiones donde todos debemos estar de acuerdo: potenciar las exportaciones para evitar una caída de la balanza de pagos, asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la sostenibilidad fiscal, y converger a una situación donde no se dependa sistemáticamente del Banco Central”, enumeró.

Ante una pregunta del senador Julio Martínez (UCR), Guzmán informó que las reservas netas son actualmente 28.365 millones de dólares.

“Argentina tiene un superávit comercial robusto, no hay pagos de deuda en moneda extranjera sustanciales, y hay controles de capitales que tienen relativa efectividad para contener las presiones en el frente cambiario por razones financieras, lo que genera una brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos”, describió el ministro, y añadió: “El tipo de cambio oficial, en función de las dinámicas comerciales, está en un nivel que consideramos adecuado”.

El funcionario aprovechó para destacar que en este proceso también existe “un diálogo fluido con el G20”, donde “fue muy bien recibido” el proyecto para que el Congreso apruebe los programas con el FMI, que “le da mayor legitimidad y fortaleza a lo que el Gobierno argentino acuerde” con ese organismo.

Junto a Guzmán, participaron de la reunión el secretario Diego Bastourre (Finanzas); el director ante el FMI por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos; la jefa de Gabinete de Asesores, Melina Mallamace; la secretaria Legal y Administrativa, Rita Tanuz; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete.

El Senado inició este martes el debate del proyecto de Presupuesto 2021, aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, y el oficialismo aspira a firmar dictamen este mismo miércoles, tras un debate veloz, para convertirlo en ley la semana próxima.

En una reunión virtual, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio (Frente de Todos) escuchó a los secretarios de Política Económica, Haroldo Montagu; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Diego Bastourre.

Tras las exposiciones y una ronda de preguntas de senadores, la comisión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10, para recibir a las autoridades de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y luego, posiblemente, emitir dictamen.

Al inicio del encuentro, Esteban Bullrich (Pro) cuestionó la ausencia de Martín Guzmán. “Lamento que no haya venido el ministro de Economía. La situación económica lo ameritaba, sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene estará viniendo una misión del FMI. El ministro no ha venido aun al Senado y para nosotros es muy importante”, dijo.

La exposición de los secretarios

Montagu destacó que este Presupuesto es un “puente” entre la economía actual y “la visión de país que tiene el Gobierno”, y señaló que “pone el eje en la economía real”. “Partimos de una economía que ha sido seriamente golpeada por la pandemia y que ya venía experimentando problemas previos”, recordó.

El funcionario arrancó su exposición con un repaso de los efectos económicos de la pandemia: precisó que en el segundo trimestre de este año el PBI cayó casi 20 puntos interanuales y se refirió también a la caída de la tasa de inversión y del consumo privado.

A su vez, indicó que el impacto más alto de la pandemia se produjo en restaurantes, transporte y comercios, entre otros rubros, y en contraposición habló de la “recuperación total” de la construcción en los últimos meses, incluso superando los niveles previos a la pandemia.

Montagu también apuntó que el desempleo ascendió al 13% en el segundo trimestre como consecuencia de la pandemia, y asimismo la tasa de actividad cayó al 38,4%.

El viceministro de Economía explicó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.  También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.

“No hay estabilización posible sin una recuperación de la actividad económica”, sostuvo Montagu, y también afirmó que “sostenibilidad fiscal y externa son condiciones necesarias para una economía estable”.

A su turno, Rigo coincidió en que el Presupuesto “está construido sobre la base de supuestos realistas y prudentes” y con “objetivos asequibles y cumplibles en el marco de este escenario macroeconómico”. “Todas las políticas públicas que encuentran financiamiento en el marco del Presupuesto podrán ser implementadas y financiadas de una manera razonable”, garantizó.

Rigo sostuvo que el déficit del 4,5% “es posible de ser financiado” a través de dos fuentes, deuda pública (en un 40%) y emisión monetaria (60%).

Además, señaló que “los recursos fiscales mostrarán una recomposición robusta”. “De la mano del crecimiento del 5,5% del PBI será posible que la actividad económica, impulsada también por el gasto público, hagan que la recaudación tenga un crecimiento importante”, destacó, y puso como ejemplo que la recaudación por el impuesto a las Ganancias crecerá interanualmente un 38%.

“El Presupuesto garantiza el rol activo del Estado nacional en esta etapa de recuperación económica”, subrayó el funcionario.

Por otra parte, en la comparación 2020-2021, Rigo resaltó que el gasto en infraestructura crecerá del 1,1% al 2,2%; en educación y conectividad pasará del 1,1% al 1,3%; en salud pública, del 0,3% al 0,5%; y en innovación y desarrollo, del 0,2% al 0,5%; mientras que en intereses de deuda el gasto bajará del 3,4% al 1,5%.

Por último, Bastourre se refirió a las gestiones realizadas para restaurar la sostenibilidad de la deuda y reducir la carga de vencimientos, que fueron posibles gracias a las leyes aprobadas por el Congreso sobre deuda en moneda local y extranjera, así como la Ley de Solidaridad Social sancionada en diciembre.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos pospuso para este viernes a las 15 la firma del dictamen del Presupuesto 2021, luego de que, según advirtieron los diputados Luciano Laspina (Pro) y Luis Pastori (UCR), el oficialismo incorporara más de 40 artículos que “nunca estuvieron en debate”.

Carlos Heller aceptó pasar a un cuarto intermedio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para darle tiempo a los bloques de analizar los cambios introducidos, algunos de los cuales el oficialista explicó en la reunión de este jueves.

“Este dictamen plantea más de 40 nuevos artículos con una gran cantidad de temas, modificaciones y agregados que hacen que sea difícil avanzar hoy mismo”, se quejó Laspina, mientras que Pastori señaló que “la mayoría de los temas que se proponen nunca estuvieron en debate”.

El radical aclaró que el pedido de postergar el dictamen “no necesariamente obedece a la búsqueda de consensos”, sino a “la posibilidad de entender qué es lo que estamos votando”.

En efecto, el proyecto original del Poder Ejecutivo contenía 93 artículos, mientras que el dictamen que pasará a la firma tiene 135, es decir, 42 nuevos artículos.

Los agregados apuntan a financiar la Ley de Economía del Conocimiento, la del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), entre otros.

Carlos Fernández (Frente de Todos) cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio y aseguró que las modificaciones “no cambian la esencia del Presupuesto”, a la vez que afirmó que “algunas de las cuestiones se pueden solucionar administrativamente”.

Pero las críticas también llegaron desde el bloque “schiarettista”: el cordobés Paulo Cassinerio cuestionó que los subsidios al transporte automotor de pasajeros del interior del país sigan siendo de 20.500 millones de pesos y no 30.000 millones, como había solicitado en la reunión pasada.

El monto original para el interior era de 13.500 millones de pesos y el Ejecutivo había aceptado sumar 7.000 millones más, pero el bloque Córdoba Federal consideró que el aumento sigue siendo insuficiente y reclamó “redireccionar al menos el 10% de los recursos que se destinan al AMBA”.

Cassinerio advirtió sobre el carácter “inequitativo y antifederal del reparto de esos recursos”. “Esto no es un capricho. Se van a volver a desencadenar nuevos conflictos, como el de mi ciudad, Córdoba, donde hubo 20 días de paro”, avisó.

Hacia el final debate, Heller ratificó que la intención del Frente de Todos es darle media sanción al Presupuesto la semana próxima, y explicó que el “apuro” tiene que ver con “cerrar el Presupuesto antes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, como demostración de que fue un Presupuesto elaborado por la Argentina”.

“Tenemos los votos para dar dictamen. Lo posponemos para dar la posibilidad de darle a todos más tiempo para analizarlo”, aclaró el legislador.

Los cambios anunciados por Heller

Al inicio de la reunión virtual, Heller destacó el trabajo mancomunado con el Poder Ejecutivo para contemplar varios pedidos de la oposición, sobre todo en materia de obra pública.

“Somos conscientes de que no hemos atendido todo lo que se pidió, pero seamos conscientes del esfuerzo que se está haciendo”, pidió Heller, y advirtió que “todo lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en un ejercicio”.

El diputado destacó que la incorporación de obras pedidas desde distintas provincias fue posible gracias a “la exitosa negociación de la deuda externa”, que permitió duplicar la inversión de capital, llevándola del 1,1% al 2,2% del PBI.

Una de las principales modificaciones fue un agregado en el artículo 87, estableciendo un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2020 no tengan deudas o tengan deudas “a niveles razonables” con CAMMESA y/o mercado el eléctrico mayorista.

Esos créditos serán equivalentes a cinco veces la factura media mensual del año 2020, y las autoridades provinciales podrán destinarlo a beneficios a consumidores y usuarios de energía eléctrica, a la cancelación automática de obligaciones de pago con CAMMESA, o a inversiones en obras de infraestructura en energía eléctrica.

También se modificó el artículo 104, con el fin de automatizar las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras; y el artículo 130, autorizando al jefe de Gabinete a asignar partidas para financiar el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

Respecto del Fondo Especial del tabaco, el misionero Héctor Bárbaro (Frente de Todos) destacó la “decisión política del Gobierno” de que “de una vez por todas se solucione este problema que hace 19 años vienen reclamando las provincias tabacaleras”.

En otro orden, Heller aclaró -ante el planteo de algunos diputados de la oposición- que el proyecto de Presupuesto no refleja la actualización salarial en las partidas de organismos como el INTA, el CONICET y universidades públicas.

“Lo que existe es una reserva global del 35,6% para atender los mayores egresos que surjan, cuyo pago está a cargo de la Administración Pública Nacional”, aclaró el presidente de la comisión.

El dictamen del Presupuesto 2021 se firmará este jueves en la Cámara de Diputados, luego de que el Frente de Todos termine de analizar una serie de modificaciones a raíz de planteos de legisladores y gobernadores de la oposición y el propio oficialismo.

Si bien se especulaba con que el despacho podía salir este martes, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, anunció la decisión de postergarlo para este jueves, en una nueva reunión convocada para las 15.

“En función de la multiplicidad de reuniones que tuvimos y las gestiones para incorporar cambios, no vamos a sacar dictamen hoy”, informó el diputado al inicio del encuentro virtual.

Heller adelantó que se llegó a un principio de acuerdo, “después de una ardua negociación, para incrementar en 7.000 millones de pesos” las partidas destinadas a subsidiar el transporte de pasajeros en el interior del país, que de esta forma tendrá asignados 20.500 millones”.

“Seguramente no es suficiente, pero es un incremento del 50% respecto de la partida asignada originalmente”, destacó el presidente de la comisión, y además anticipó que habrá más fondos para universidades nacionales, como pedía la oposición.

Heller sostuvo que el dictamen “será superador del proyecto que recibimos del Poder Ejecutivo”, ya que “recoge muchas de las cuestiones que se han planteado, aunque seguramente no todas”.

Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal, celebró los aumentos para el transporte del interior, pero lo consideró “insuficiente”, ya que “es un incremento del 15% para 2021 en relación a 2020, cuando también se espera una inflación del 29%”.

El cordobés opinó que las partidas totales tendrían que ascender de 20.500 a 30.000 millones de pesos, para “poder atender la crisis del sector”, y José Cano (UCR), titular de la Comisión de Transporte, coincidió en el reclamo.

En tanto, Alejandro Cacace (UCR) advirtió que “según los cálculos de la Oficina de Presupuesto, en 2021 habrá una caída del 0,6% en términos reales de las jubilaciones”.

Otra radical, Roxana Reyes, denunció “ajustes visibles en cuanto a alimentación, Asignación Universal por Hijo, educación y salud”.

En ese sentido, puso como ejemplo que “el Hospital Garrahan recibirá aumentos sensiblemente por debajo de la inflación proyectada, lo cual representa una disminución del 11,7% en términos reales”.

Reyes, titular de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, también dijo que la discontinuidad del IFE y el ATP implica “aproximadamente 480.000 millones, un 1,8% del PBI, dando por sentado que en diciembre de 2020 se va a acabar la pandemia”.

Por el Pro, Victoria Morales Gorleri destacó como “una muy buena noticia” el aumento del 29% en el presupuesto educativo respecto de 2020, aunque advirtió sobre la reducción en algunos programas, como el Fines.

Asimismo, Claudia Najul (UCR) lamentó que el ministro de Salud, Ginés González García, no se haya presentado en la comisión para explicar “cómo se replantea la estrategia” después de que la Argentina llegara a ocupar el quinto lugar entre los países con mayor cantidad de contagios de Covid.

El santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) advirtió sobre una merma en las partidas destinadas al INTA, el CONICET y la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ante todas las inquietudes, Heller recordó que próximamente se discutirá una reforma tributaria para poder evaluar el tema de los ingresos y la recaudación del Estado, y no solo los gastos.

La videoconferencia contó con la participación del director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makon, quien expuso sobre los distintos informes técnicos producidos por ese organismo.

Makon señaló que “a nivel mundial, los Presupuestos para el año 2021 son muy particulares, porque los Presupuestos del 2020 han sufrido un profundo proceso de transformación como consecuencia de la pandemia”, y en ese marco “se implementaron formas de financiamiento por única vez”.

“Tradicionalmente los Presupuestos tienen un nivel de rigidez muy alto, y los cambios que se producen de un año a otro son marginales”, añadió.

El funcionario precisó que en 2021 solo continuarán tres conceptos incorporados este año por la pandemia: el FOGAR (Fondo de Garantía Argentino), el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) y el fondo de financiamiento del transporte urbano de pasajeros del interior del país.

Makon puntualizó además que el proyecto de Presupuesto contiene 38 artículos nuevos, nueve modificados y 46 que se mantienen.

Al analizar en detalle el proyecto, dijo entre otras cosas que la recaudación total de impuestos nacionales y aportes y contribuciones será de 9.297.141 millones de pesos, de los cuales 2.655.520 millones irán a la Administración Nacional -incluyendo la Administración Central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social-, mientras que 2.946.814 millones se distribuirán a las provincias.

Por otra parte, indicó que se prevén 1.160 proyectos de inversión pública, de los cuales 23 absorben prácticamente el 50% de esa inversión.

Por Carolina Ramos

Los subsidios para el transporte en el interior del país, las partidas destinadas a universidades nacionales y al Programa del Manejo del Fuego fueron algunos de los puntos en discusión en el proyecto de ley de Presupuesto, que comenzó a ser tratado en detalle este martes en la comisión que preside Carlos Heller.

Si bien el oficialista se comprometió a analizar con el Poder Ejecutivo los distintos planteos -algunos de los cuales fueron compartidos por el propio oficialismo-, aclaró que se buscará lograr el mayor consenso posible con las limitaciones que impone la emergencia sanitaria.

“Estamos en el medio de una crisis. Todos los pedidos individuales son atendibles, pero si no discutimos con qué recursos, podemos entrar en una discusión sin salida. Nuestra responsabilidad como legisladores es llegar a un consenso para darle al Ejecutivo una herramienta para poder gestionar el país”, enfatizó Heller.

El diputado José Cano (UCR), titular de la Comisión de Transporte, fue el primero en plantear que el AMBA recibirá 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte, más los atributos sociales, mientras que para las provincias del interior se destinarán 13.500 millones de pesos.

Cano reclamó explicaciones del ministro de Transporte, Mario Meoni, al considerar que son “partidas claramente insuficientes”, y advirtió sobre la “situación de conflictividad en la mayoría de los distritos”, entre ellos Tucumán, para garantizar el servicio.

También desde el oficialismo surgió la inquietud. “Venimos con serios conflictos por el tema de transporte en Tucumán”, coincidió Mario Leito, y el correntino Jorge Romero insistió en que el presupuesto asignado es “muy inferior” a lo que se destina actualmente.

El cordobés Paulo Cassinerio, integrante del bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti, precisó en ese sentido que gracias a la ampliación presupuestaria sancionada por el Congreso, se incorporaron este año 10.500 millones de pesos en subsidios para el interior, totalizando 17.000 millones, es decir, un monto por encima de los 13.500 proyectados en el Presupuesto para 2021.

“Obviamente estamos en una relación de desigualdad. Esta visión atenta contra una distribución justa y federal”, sostuvo Cassinerio, y especificó que con la inflación proyectada del 29%, “se necesitarían ahora 22.000 millones, y aun así estaríamos muy por debajo de la justa distribución de los subsidios”.

En respuesta a los planteos, Heller reconoció que “es un tema que habrá que analizar con el Ejecutivo”, aunque “luego habrá que ver de dónde salen los recursos”, sobre todo ante la incertidumbre sobre el fin de la pandemia.

Por su parte, el radical Luis Pastori mencionó un reclamo del personal técnico y profesional del CONICET en cuanto a la exclusión de una de las carreras dedicadas a la investigación del régimen previsional.

Pastori también se manifestó “muy preocupado por la asignación de 222 millones de pesos otorgada a universidades nacionales”, y en cuanto al Programa del Manejo del Fuego habló de una asignación “escasa” en el Presupuesto, sumada a la reducción de horas de vuelo de los aviones hidrantes.

Según el misionero, el proyecto destina a este programa 282 millones de pesos, un monto equivalente al presupuestado para 2019, y en pleno avance de los incendios en varias provincias.

Desde el oficialismo, el cordobés Eduardo Fernández coincidió con Pastori. “Hemos revisado las cifras y es así. Resulta a toda vista insuficiente comparando los presupuestos año a año, y con la gravedad que han tenido los incendios en muchísimas provincias argentinas”, alertó.

Pastori también propuso atender la recomposición salarial del personal de investigación del CONICET, y por otra parte pidió revisar el artículo 87 del proyecto, sobre el régimen de regularización de las deudas de distribuidoras y cooperativas con CAMMESA, que alcanzan más de 100.000 millones de pesos.

En otro orden, el diputado de Juntos por el Cambio pronosticó “un ajuste muy significativo” en el gasto previsional: según razonó, hay una “subestimación de la ejecución previsional de este año, con lo cual se prevé para el año que viene un incremento del 31% sobre una partida subestimada, contra una inflación que si bien está estimada en un 29%, en promedio va a ser del 31%”.

Por su parte, el exgobernador riojano Sergio Casas (Frente de Todos) reclamó por el histórico punto de coparticipación que le fue retraído a su provincia hace 32 años.

El oficialista recordó que en las leyes de Presupuesto siempre se asignan fondos en compensación de ese punto; en la proyección para 2021 son 9.470 millones, pero según Casas “hoy el punto equivale a un tanto más”, y “los fondos para municipios de la provincia quedaron desfasados”.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño denunció que “este Presupuesto está hecho a medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional” y cuestionó la eliminación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) teniendo en cuenta que “el año que viene, al menos hasta bien entrado el mes de abril, va a continuar la pandemia y sus consecuencias”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, anunció que el oficialismo buscará firmar dictamen favorable del Presupuesto 2021 la semana próxima, posiblemente el martes 20, para su posterior tratamiento en el recinto.

Heller comunicó la decisión del Frente de Todos de apurar la media sanción del proyecto, luego de que la comisión dictaminara a favor del proyecto que busca prohibir ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales.

El diputado del Frente de Todos advirtió que la pandemia provocó “una caída de la actividad económica sin precedentes”, por lo que “la recuperación para 2021 será más lenta de la que se pensaba”.

 “Este Presupuesto ha sido elaborado sobre la base de considerar que la pandemia ha quedado atrás. Esto no quiere decir que la pandemia haya quedado atrás, pero como aclaró el ministro (Martín) Guzmán, las situaciones derivadas de la continuidad de la pandemia deberán ser tratadas por separado y serán motivo de tratamiento en este Congreso”, aseguró el legislador.

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Heller destacó que alrededor de seis puntos del PBI fueron destinados hasta ahora a medidas de asistencia por la emergencia sanitaria, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), pero aclaró que en el Presupuesto 2021 no está prevista la continuidad de estos programas.

“Todos sabemos que el Presupuesto es la conjunción de una serie de variables, expectativas, previsiones, que están sujetas a cuestiones que exceden la capacidad de quienes gobiernan”, explicó el diputado, y por eso pidió “tomarlo como base de las intenciones de políticas que animan al Gobierno”.

Como objetivos centrales, mencionó los de “consolidar la protección social de los sectores más vulnerables”, “impulsar la recuperación económica robusta en el marco de la emergencia” y “comenzar a construir un camino desarrollo sustentable”.

Heller indicó que se busca iniciar “un sendero hacia un equilibrio fiscal en el mediano plazo, la defensa de un valor competitivo de la moneda local, la acumulación de reservas internacionales y el fortalecimiento del mercado interno”.

El titular de la Comisión de Presupuesto detalló que el déficit primario está previsto en un 4,5%, proyección que “permitirá transitar hacia el equilibrio fiscal”, y por otra parte afirmó que el gasto primario real crecerá un 7,6% respecto a 2020, sin las erogaciones extraordinarias por el Covid-19.

Agregó que el rubro que más decaerá será la carga intereses de la deuda, y al repasar los ejes del gasto, resaltó que se prevé duplicar la inversión en infraestructura productiva y social, que llegaría al 2,2% del PBI.

En tanto, dijo que se espera terminar este año con una caída del 12% de la actividad, para pasar a un crecimiento del 5,5% estimado para 2021, un 4,5% en 2022 y un 3,5% en 2023.

En cuanto a la inflación, puntualizó que se proyecta un 32% para diciembre de este año, un 29% para diciembre de 2021, un 24% para el mismo mes de 2022 y un 20% para 2023.

Heller sostuvo que se trata de “supuestos realistas” y que “los escenarios macroeconómicos son compatibles con una economía que se recupera gradualmente”.

Con el acompañamiento parcial de bloques provinciales y el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo firmó dictamen favorable sobre el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, ratificando los cambios que le introdujo el Senado el último viernes.

El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática, y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la sesión virtual convocada para este miércoles a las 15.

El oficialismo destacó que la nueva redacción establece, entre otras cosas, una diferenciación en la reducción del impuesto a las Ganancias, que ya no será del 60% para todas las empresas, sino del 60% para las micro y pequeñas empresas, del 40% para las medianas y del 20% para las grandes.

Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, confesó que originalmente “no lo convencía” la ley “porque no diferenciaba a las pequeñas y medianas empresas de las grandes, unificaba demasiado los beneficios, que tenían que tener un escalonamiento”.

“Los cambios que incorporó el Senado vienen en la dirección de lo que a mi me dejaba insatisfecho en el planteamiento original”, expresó, y celebró que ahora “los recursos estén orientados a las empresas que más lo necesitan”.

Los cambios

Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.

Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

Otro punto destacado de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.

Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.

El debate

Por el oficialismo, Claudia Bernazza destacó la “sensatez” de los cambios, en cuanto a la “federalización de los beneficios” y el apoyo a las pequeñas empresas, y a pesar de que pasaron más de tres meses desde la aprobación en Diputados, elogió “la celeridad con la que los senadores trataron el caso y perfeccionaron la letra de la ley con el mismo espíritu”.

Por el contrario, la radical Karina Banfi advirtió que mientras los legisladores “van y vienen” con esta ley, ahora en tratamiento por tercera vez, “el sector sigue desamparado”. “Ojalá hubiesen manifestado sus observaciones a la ley mientras llevábamos adelante los acuerdos, que además lograron unanimidad hace tres o cuatro meses”, recordó.

Al referirse a los cambios, advirtió que “para tener una autoridad de aplicación con la discrecionalidad que le dan, no tiene sentido hacer una ley”, y por otra parte señaló que “no tiene mayor sentido” que el bono de crédito fiscal sea intransferible. “No se está entendiendo cómo funciona y lo que necesita este sector”, cuestionó.

En tanto, criticó la “incoherencia en la cual se apoya toda la política productiva de este gobierno”, y se preguntó “qué seguridad jurídica le estamos dando a los inversores” con la revisión de la ley.

Banfi advirtió que la redacción del Senado “no beneficia al mercado exportador” y “los que van a crecer van a tener menos beneficios”. “Queremos apostar a que haya muchos microemprendedores que puedan usar esta ley sin tener que acarrear todos los costos que eso significa, pero no paramos de ponerle palos en la rueda a todo el sector productivo”, remató.

Luis Pastori, también del radicalismo, habló de una “grosera mora en el tratamiento hasta que los senadores finalmente se dignaron a tratar la ley, introduciendo una serie de modificaciones con las cuales, en su mayoría, no estamos de acuerdo”.

Al igual que Banfi, opinó que “no hay justificativo” para que el bono de crédito fiscal sea intransferible, algo que “le daba mayor poder de movilidad al bono”. También dijo que ahora se podrá convertir en ese bono “hasta el 70%” de las contribuciones patronales pagadas, lo que tiene “olor a discrecionalidad en el manejo por parte de la autoridad de aplicación” en la reglamentación.

Pastori criticó, a su vez, que las empresas no puedan cancelar el pago de Ganancias con el bono, lo cual “le quita un gran atractivo” a la ley.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, celebró “este tercer round donde el Senado paró la pelota y logró corregir una inequidad muy grande en el anterior proyecto”, relacionada a la rebaja del 60% de Ganancias para todas las empresas por igual.

“Los que más ganan tienen que pagar más impuestos; a los que están en el medio hay que ayudarlos para que crezcan; y a los que recién arrancan hay que potenciarlos. Eso se llama escalonamiento”, sostuvo el mendocino, y agregó: “No se puede garantizar a todos el mismo beneficio, porque sino va a seguir ocurriendo que cada vez son menos los que se apoderan de determinadas actividades económicas”.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) consideró que “por una cuestión de soberanía del conocimiento y de entender por dónde va la economía capitalista, nos guste o nos guste, Argentina tiene que convencerse de que a las empresas chicas hay que hacerlas grandes, y a las grandes hay que convertirlas en multinacionales”.

El santafesino opinó que algunos cambios son positivos y otros negativos, y anunció que el Interbloque Federal, al cual pertenece, decidirá su postura final en las próximas horas.

Por su parte, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó que el Senado “pulió” el proyecto “haciendo un equilibrio en la inversión que va a hacer el Estado nacional para promover un sector de la actividad económica” con beneficios impositivos.

Casaretto aclaró que el régimen tendrá vigencia desde el 1ro. de enero de este año, por lo cual “la demora de un mes más o un mes menos” en la sanción de la ley no influirá en “las 469 empresas que estaban inscriptas hasta este momento”, mientras que “para las nuevas que quieran adherir, los beneficios van a ser desde la publicación de la ley”.

“No venimos al Congreso como lobbystas de un sector o de una empresa. Venimos a disponer de los recursos de todos los argentinos”, enfatizó el entrerriano.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, rechazó un pedido de sus pares Carmen Polledo (Pro) y Ricardo Buryaile (UCR) para convocar al ministro de Salud, Ginés González García, al debate sobre el Presupuesto 2021.

Heller informó que las reuniones informativas terminaron este lunes con las exposiciones de los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).

Polledo planteó que “estamos tratando un Presupuesto especial porque ha sido elaborado en el marco de una pandemia”, y consideró que al igual que los ministros mencionados, “debería venir el ministro de Salud, no solo por la importancia que ha adquirido su área en este contexto, sino también porque la situación sanitaria impacta en todo el Presupuesto”.

“Me sorprende que no haya una voluntad del Gobierno y del ministro de participar”, expresó la diputada del Pro, y aprovechó para pedir también la presencia del responsable de Educación, Nicolás Trotta.

Sin embargo, Heller le aclaró que se acordó “una agenda razonable” para el tratamiento del proyecto, y destacó que tanto los ministros como los secretarios del Ministerio de Economía que participaron el viernes pasado “han contestado todo tipo de preguntas y con toda la amplitud”.

El radical Buryaile insistió con el tema: enfatizó que “la visita del ministro de Salud tiene gravitación y es central”, y se preguntó “qué va a pasar con el Presupuesto en la medida en que sigamos con el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)”.

También advirtió que en el proyecto del Poder Ejecutivo “no están presupuestados ni el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) ni el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)”.

Pero Heller recordó que el ministro Martín Guzmán, en ocasión de su presentación ante la comisión, “dijo que este es un proyecto elaborado sobre la base de la superación de la pandemia y que eventualmente tendrá todos los ajustes que tenga que tener”.

“Si hace falta conseguir alguna información especial más, yo seré el vehículo para conseguirla”, garantizó el oficialista, y por último anunció que antes de que termine la semana convocará a una nueva reunión para comenzar con el debate del Presupuesto entre los diputados.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este lunes que el objetivo principal de esa área para el año próximo será “equiparar asistencia alimentaria y trabajo”, así como “urbanizar 400 barrios por año” en el marco de la reciente transferencia del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Arroyo fue el último expositor en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde también participaron los responsables de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El ministro explicó que los lineamientos del Presupuesto 2021 para Desarrollo Social son fortalecer la asistencia alimentaria y apostar a la calidad nutricional; ampliar el plan Potenciar Trabajo; urbanizar 400 barrios por año; atender la pobreza en la primera infancia; y desarrollar políticas comunitarias y sistemas de cuidado.

El funcionario precisó que el presupuesto total para su cartera es de 252.000 millones de pesos, a los que habrá que sumar 6.600 millones previstos para el RENABAP, que originalmente estaba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

“El punto central es equiparar asistencia alimentaria y trabajo. Esto ha estado desequilibrado porque el eje central en el medio de la pandemia fue la asistencia alimentaria”, sostuvo Arroyo.

En ese sentido, detalló que se prevé destinar 115.000 millones a la asistencia alimentaria 115.000 y 113.000 millones para el plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales, con el objetivo de crear “300.000 puestos de trabajo”.

En cuanto a la transferencia de la Secretaría de Integración Socio-Urbana y el RENABAP, precisó que abarca 4.400 barrios populares donde viven aproximadamente 4 millones de personas.

Por otra parte, Arroyo dijo que el presupuesto de este año para Desarrollo Social -que fue ampliado por ley- ya se ejecutó en un 70% y terminará el año con una ejecución “muy cercana al 100%”.

Pobreza y el plan Argentina contra el Hambre

Al principio de su exposición, Arroyo sostuvo que “los cuatro datos más críticos de la situación social” son el 40,9% de pobreza en el primer semestre del año -más de 18 millones de personas pobres-; la indigencia del 10,5% -más de 4 millones de personas-; el 56,3% de los niños de 0 a 14 años bajo la línea de pobreza; y el 29,6% de jóvenes de 15 a 29 años en esta misma situación.

“Es claro que la situación social es crítica en Argentina y ha habido un gran despliegue de políticas sociales que han amortiguado la caída”, señaló.

El ministro dijo que el presupuesto original para este año sufrió varias modificaciones, ya que era de 84.000 millones de pesos pero se agregaron otros 146.000 millones.

Según recordó, el primer plan implementado fue Argentina contra el Hambre, por el cual 1 millón y medio de familias acceden a la Tarjeta Alimentar.

Por efecto de la pandemia, las personas que reciben asistencia alimentaria en el país pasaron de 8 millones a 11 millones, alertó Arroyo.

Precisó además que en el marco de este plan, 85.000 millones de pesos ya fueron ejecutados, de los cuales 67.000 millones corresponden a la Tarjeta Alimentar, 2.800 millones a compras centralizadas, y 4.200 millones fueron transferidos a provincias y municipios, “algo que no existía antes de la pandemia”.

Además, el funcionario destacó que se transfirieron fondos a cerca de 3.000 comedores para que compren alimentos, mientras que se duplicaron los fondos para los comedores escolares, llegando a 7.300 millones de pesos.

A modo de balance, Arroyo aseguró que el plan Argentina contra el Hambre tiene una “buena cobertura” pero “un tema a trabajar es la calidad nutricional”.

En cuanto al plan Potenciar Trabajo, resaltó que tiene “mucha presencia en el Presupuesto 2021” y explicó que se busca establecer una vinculación de los planes con el empleo en cinco sectores productivos: construcción, producción de alimentos, actividad textil, economía del cuidado y reciclado.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, informó este lunes que el Presupuesto 2021 duplica la inversión en el área, pasando del 1,1% del PBI en 2019 al 2,2% en la estimación para 2021.

Además, destacó que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un aumento del 85% de la participación de este ministerio en el gasto total.

Katopodis expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, tras la participación de su par Matías Kulfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo.

El ministro explicó que la ejecución del presupuesto se basa en tres dimensiones territoriales: las grandes obras de infraestructura a nivel federal; las áreas metropolitanas; y las 24 provincias con sus 2.300 municipios, de los cuales se está participando “en más de 600 con obra pública activa”.

Entre otros aspectos, resaltó que el Presupuesto 2021 “aumenta en un 500% la inversión en obras de saneamiento, agua y cloacas, respecto del Presupuesto actualmente vigente”.

Katopodis dijo que antes de la pandemia, la “prioridad” era “la puesta en valor de todo el sistema vial”, pero la emergencia sanitaria “puso condicionamientos que nos obligaron a cambiar el eje de trabajo hacia la infraestructura del cuidado”.

“En función de eso, fuimos reorientando muchas de las partidas”, indicó, y ponderó las “más de 60 obras” realizadas en la red sanitaria durante la pandemia, además de aproximadamente 3.000 camas que se sumaron al sistema público y 12 hospitales modulares “construidos en municipios gobernados por el oficialismo y la oposición”.

Además de la red sanitaria, se priorizó la red de centros de abordaje integral para los derechos de la mujer y la atención de la primera infancia.

Por otra parte, Katopodis consideró que los programas PPP (Participación Público Privada) fueron “una promesa fallida, un objetivo incumplido, una estrategia equivocada”: reveló que hay seis contratos firmados, pero “no se hicieron las obras, no llegó la inversión y hoy las rutas necesitan inversión y obras”.

La herencia recibida

Al inicio de su exposición ante los diputados, Katopodis aseguró que al asumir la gestión de Alberto Fernández “la principal tarea fue la reconstrucción de un ministerio que no existía, que había sido disuelto”, y a su vez “reactivar buena parte de su cartera de obra pública, que estaba paralizada”.

El ministro afirmó que se hicieron cargo de una deuda de “35.000 millones de pesos”, y además informó que “seis de cada diez obras no estaban activas”, y hoy “el 100%” de esas obras fueron reactivadas o están en ese proceso.

En tanto, marcó como uno de los objetivos de la nueva gestión el de “generar la infraestructura que necesita el país para garantizar mayor competitividad”, en otras palabras, “el desarrollo de una matriz productiva con un fuerte sentido federal”.

También se busca “achicar las brechas, las asimetrías que en términos productivos, sociales y de infraestructura viene arrastrando la Argentina desde hace muchos años”, y por último, potenciar la obra pública como generadora de mano de obra.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que en el Presupuesto 2021 se destinarán 94.748 millones de pesos al financiamiento de la producción, lo que consideró “un salto muy significativo en el proceso de inclusión financiera de las pymes”.

Así se expresó el funcionario al participar de una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller, en el marco del tratamiento de la ley de gastos y recursos para el año próximo.

Kulfas informó que el presupuesto total vigente a 2020 es de 130.991 millones de pesos, mientras que para 2021 el monto será de 129.938 millones, sin el FOGAR (Fondo de Garantías Argentino), destinado a préstamos para pymes.

El funcionario explicó que el principal componente del gasto del Ministerio de Desarrollo Productivo serán las transferencias directas al sector privado y otros, que significan el 89,3% del gasto total.

También destacó el aumento del gasto de capital, que incluye el Programa Global de Crédito acordado con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo), el desarrollo de proveedores y parques industriales.

Al desagregar el gasto, Kulfas señaló que el financiamiento para la producción será de 94.748 millones de pesos, incluyendo el FOGAR, el FONDEP y el programa del BID, buscando bonificar la tasa a 165.000 empresas -“aproximadamente una de cada cuatro”- y otorgar 140.000 garantías.

“Este es un salto muy significativo en el proceso de inclusión financiera de las pymes, y apunta a masificar el crédito productivo en Argentina”, subrayó.

También se destinan 6.302 millones en herramientas no financieras, esto es, “competitividad y productividad pyme”, con el fin de asistir a 1.350 empresas y  brindar asistencia y capacitación a 15.000 emprendedores.

El Programa de Desarrollo de Proveedores tendrá partidas por 4.760 millones de pesos, y además se destinarán 2.357 millones para parques industriales, 2.204 para desarrollo tecnológico y 1.288 para el impulso de la economía del conocimiento.

Al respecto, el radical Luis Pastori le preguntó a Kulfas si avala las modificaciones que le introdujo el Senado al proyecto de ley, que volvió a Diputados.

“No se ve afectado en absoluto el espíritu de la norma. Es el mismo que se discutió en 2019 y que se discute en 2020: generar un paquete de ayuda y de estímulo para el desarrollo de una actividad central para el presente y el futuro de la Argentina”, respondió el ministro.

“Incentivar las exportaciones industriales”

Al responder preguntas de los diputados, Kulfas rechazó que los anuncios económicos del jueves pasado tuvieran que ver “solamente con los derechos de exportación del complejo sojero”.

Por el contrario, dijo que además de anunciarse la puesta en marcha del fondo de compensación para pequeños productores, se hizo un “planteo integral de los derechos de exportación y los reintegros a las exportaciones de bienes industriales y agroindustriales”, contemplando cerca de 6.000 productos.

“La estrategia de industrialización requiere de estímulos que hagan que sea más conveniente agregar valor y exportar con mayor valor agregado”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que hasta ahora “los principales reintegros al exportador estaban más enfocados en las materias primas industriales que en los insumos intermedios o bienes finales”.

Por eso, se planteó un esquema de reducción del 42% de los derechos de exportación del sector industrial y un aumento promedio del 28% de los reintegros a las exportaciones del sector industrial, con un costo fiscal estimado en 330 millones de dólares, enfatizó Kulfas.

El impacto de la pandemia

Kulfas informó que la asistencia productiva brindada entre abril y septiembre fue equivalente al 3,4% del PBI en lo que hace al ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, postergación y reducción de contribuciones patronales, créditos a MiPyMEs y garantías FOGAR, entre otros.

Además, el ministro dijo que se verifica una recuperación de la economía mes a mes desde abril, “el momento más complicado de la pandemia”, y paralelamente se registra una caída de la cantidad de empresas inscriptas en el ATP: en el caso de la industria, hubo un 69% de empresas menos, mientras que en el comercio la reducción fue del 62%.

También resaltó que “la industria ya opera en niveles similares al año pasado”.

Asimismo, explicó que los objetivos del ministerio son los de reactivar la industria nacional, fomentar el crecimiento y la competitividad de pymes y emprendedores, la actividad minera y el mercado interno.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) escuchó este martes a los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; y de Política Económica, Haroldo Montagu, quienes brindaron detalles sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.

Dado que las presentaciones se extendieron durante casi cinco horas, los diputados acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 15 para poder formularle preguntas a los funcionarios.

Montagu abrió la ronda de exposiciones y sostuvo que “la idea de este Presupuesto es construir un puente entre la economía que tenemos ahora y la que queremos alcanzar”, por lo que se trata de “un esquema de transición”.

El funcionario señaló que el proyecto “refleja la visión de este Gobierno sobre las prioridades estratégicas, y por cada una de esas prioridades hay partidas que respaldan esa visión”.

Además, destacó que la iniciativa oficial “pone el foco en la economía real como motor de la recuperación”, y añadió que “no hay estabilización posible sin reactivación de la economía y sin un Estado que acompañe”.

“Todos los indicadores muestran un deterioro fuerte en los últimos años. La pandemia impactó aún más y se profundizaron muchos problemas económicos”, advirtió Montagu.

Al detallar este panorama, preció que el PBI “registró en el segundo trimestre de 2020 la caída más grande de la historia reciente”, al igual que la caída de la tasa de inversión, y asimismo el consumo privado “alcanzó valores similares a los de 2015 en términos del PBI, es decir, hemos retrocedido casi cinco años”.

En base a indicadores del EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) del INDEC, enumeró cuáles fueron los sectores más afectados por la pandemia: hoteles y restaurantes; construcción; industria; comercio; transporte y comunicaciones, entre otros.

En tanto, afirmó que la salud, las actividades inmobiliarias, la Administración Pública y el agro sufrieron un “impacto medio”, y por último, el “shock más bajo” lo padecieron los sectores de la enseñanza; electricidad, gas y agua; y pesca.

Por otra parte, Montagu alertó que la recaudación tributaria real en términos reales -es decir, descontando el efecto de la inflación- es negativa desde mediados de 2018.

“Este es un problema serio. Son los recursos con que cuenta el Estado para atender las prioridades: cuidar a las familias y a las empresas, ahí donde fueron dirigidos nuestros esfuerzos”, dijo, y en ese sentido destacó que “casi el 7% del PBI” se invirtió en medidas de asistencia por la pandemia.

En tanto, el funcionario informó que hacia agosto de 2020 se achicó la diferencia entre ingresos y gastos del Estado.

Respecto del proyecto de Presupuesto, expresó que “el marco de incertidumbre que estamos atravesando dificulta aún más la tarea de proyectar escenarios entre 2021 y 2023. Proyectar con esta base tan incierta complejiza la confección de escenarios, sobre todo teniendo en cuenta también la historia volátil de la economía argentina”.

El secretario de Política Económica repasó algunas de las principales proyecciones, como el crecimiento del PBI del 5,5% y la evolución del IPC (Índice de Precios al Consumidor), del 32% previsto para diciembre de este año al 29% en el mismo mes de 2021.

“Supuestos realistas y prudentes”

Por su parte, Rigo resaltó que el Presupuesto “pretende ser una respuesta sólida y prudente a los enormes desafíos que tenemos en la economía derivados del desequilibrio macroeconómico” heredado de la anterior gestión “y empeorado por la pandemia”.

El secretario de Hacienda sostuvo que el proyecto “propone un nivel y una composición de gasto primario tal que permita al Gobierno llevar adelante una política fiscal expansiva”.

“Con la irrupción de la pandemia, las acciones del Gobierno fueron las del pragmatismo, porque era necesario enfrentar la emergencia sanitaria, el cese de actividades, la caída de ingresos de las familias y las disparidades regionales. Con la nueva normalidad, el Gobierno pretende responder en un marco de prudencia y de expansión del gasto público”, detalló.

Entre las medidas tomadas en materia de salud por la pandemia, destacó la construcción de 12 hospitales modulares; las más de 3.500 camas de cuidados intensivos; los más de 4.000 respiradores; y el bono extraordinario para los trabajadores de la salud.

En cuanto a la asistencia económica, ponderó los resultados del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), con “una inversión de más de 270.000 millones de pesos a través del Presupuesto para llegar a 9 millones de beneficiarios”.

Asimismo, realzó el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), que se compone de tres ejes: una inversión de 270.000 millones de pesos en el pago del salario complementario -que benefició a seis de cada diez empresas, casi la totalidad pymes-; la postergación o reducción de las contribuciones patronales por casi 23.000 millones de pesos; y el crédito a cuentapropistas por un total de 500.000 millones.

Al ir al detalle del Presupuesto, Rigo explicó que “permite dar un marco de consistencia macroeconómica; enviar un mensaje a la economía; y contener y alinear el gasto a las prioridades de la gestión”, y además “se construyó sobre la base de supuestos realistas y prudentes”.

“Todas las políticas públicas tendrán un financiamiento genuino y asequible, es decir, un financiamiento posible para el Tesoro Nacional y que no debería generar nuevos desequilibrios”, indicó.

El funcionario apuntó que el déficit primario proyectado del 4,5% del PBI “es el que permite financiar las políticas públicas que permitan alentar el crecimiento y financiar una inclusión social activa, y también es un nivel compatible con las múltiples restricciones que enfrenta la economía”.

Además, destacó la inversión del 2,2% en gasto de capital, la cual “duplica a la de 2019”, y detalló distintas obras de infraestructura y vivienda.

También se refirió al refuerzo de programas que apuntan a la “inclusión social activa”, y que tienen que ver con políticas alimentarias -1.530.000 personas tendrán la Tarjeta Alimentar-, el programa Potenciar Trabajo y acciones de empleo y capacitación, todos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Rigo destacó, por otro lado, que la “novedad” del Presupuesto tiene que ver con “la visión de género en las políticas horizontales de todas las dependencias, y un financiamiento específico para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad”, totalizando 6.200 millones de pesos en 2021.

Mientras todo se acomodaba para el inicio de la presentación de Martín Guzmán, el ministro de Economía pasó un momento de zozobra del que luego tuvo que dar explicaciones. Fue cuando, ya ubicado en la cabecera del Salón de Pasos Perdidos, charlaba con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y se olvidó que tenía el micrófono encendido.

Si bien la frase completa no se oyó, se llegaron a captar algunas palabras. “(…) yo también puedo sarasear hasta que esté (…)”, le dijo Guzmán a Massa, quien enseguida notó lo que estaba pasando y no pudo ocultar su incomodidad. Las cámaras del canal TN registraron el momento y las redes sociales no tardaron en hacerlo viral.

Guzmán completó su exposición y, antes de comenzar con las preguntas de los diputados, pidió al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, unos minutos para hacer una aclaración.

“Se está malinterpretando una palabra que le dije al presidente de la Cámara cuando estábamos preparando el Power Point. Estábamos hablando de ‘sarasear’… esto era entre nosotros en el contexto de esperar mientras se preparaba la presentación del Power Point por las dificultades técnicas”, explicó Guzmán para dar por terminada la polémica.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo este martes que el Presupuesto 2021 propuesto por el Poder Ejecutivo es “otro paso fundamental para estabilizar la economía argentina y devolverla a un sendero de crecimiento inclusivo y estable”, aunque aclaró que “hay que mantener la flexibilidad por si la pandemia se extiende más allá de lo que se presupone”.

Guzmán expuso los principales lineamientos de la “ley de leyes” desde el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, acompañado por los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, y de Finanzas, Diego Bastourre. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y contó con la presencia de jefes de bloque, mientras que los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda participaron de la reunión por videoconferencia.

El titular de la comisión, Carlos Heller (Frente de Todos), dispuso un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando se retomará la discusión con la presencia de funcionarios de la cartera económica. De todos modos, y a diferencia de años anteriores, los diputados tuvieron la oportunidad de formularle preguntas a Guzmán.

Principales lineamientos

Guzmán explicó, ayudado por filminas, que uno de los principios del Presupuesto es que “no hay estabilización macroeconómica posible sin una recuperación de la actividad económica, y en un contexto de recesión como el que estamos viviendo, esto requiere que el Estado juegue un rol activo, central, e impulsar políticas en pos de la recuperación que generen más dinamismo de la demanda agregada y condiciones para el sector privado”.

La segunda base sobre la que se asienta el proyecto, indicó, es que “la sostenibilidad fiscal es una condición necesaria para una economía tranquila”.

El ministro recordó que se prevé un déficit fiscal primario del 4,5% del Producto. “Este es un nivel que consideramos adecuado en el contexto de las restricciones que enfrentamos para apuntar a una recuperación sostenible y fortalecer la inversión pública en áreas estratégicas; y es compatible con transitar hacia un sendero de estabilidad”, precisó.

En tanto, informó que el financiamiento provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central. “No es el mix óptimo, pero es el factible. Lo óptimo sería depender menos del financiamiento monetario en estas condiciones, pero queremos hacer un Presupuesto sobre la base del realismo”, dijo.

Además, aclaró que “estamos en una pandemia y hay que mantener la flexibilidad por si la pandemia se extiende más allá de lo que se presupone”.

“Hemos construido un escenario sobre la base de supuestos realistas, prudentes”, destacó Guzmán, y enumeró algunas de las proyecciones: un crecimiento del 5,5% del Producto; un crecimiento del consumo privado también del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones; y una inflación interanual del 29%.

Como “pilares” del Presupuesto, el ministro enumeró “la infraestructura productiva y vivienda; innovación y desarrollo; salud pública; educación y conectividad; inclusión social activa; y género y diversidad”. En el caso del primero, consideró que “juega un rol central” y en ese sentido destacó que la inversión de capital pasará del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021.

En cuanto a la salud pública, resaltó también que en 2019 se proyectó una inversión del 0,33% del Producto, mientras que para el año próximo se prevé que esa cifra ascienda al 0,53%, “incluyendo la vacuna” contra el Covid-19.

La pandemia y la crisis preexistente

Ante los diputados, Guzmán advirtió que “la economía estaba muy lastimada cuando asumimos el Gobierno y la pandemia la golpeó aún más”, y eso “requiere ir sanando las heridas que tiene”, como por ejemplo “la debilidad en el frente de las reservas internacionales” dada la “inestabilidad cambiaria muy fuerte desde abril de 2018, con tres corridas cambiarias”.

Además, alertó: “Estamos teniendo que lidiar con los efectos de lo que fue el proceso que favoreció la especulación financiera en los años previos; una política monetaria y financiera que favoreció el ingreso de capitales especulativos”.

Una parte de esos capitales, analizó Guzmán, “quedaron atrapados en Argentina, intentan salir, generan ruido y fuerzan a la economía a defenderse, y hacen que tengamos que tener controles de capitales sustancialmente más extendidos que los que idealmente se quisieran tener”.

A su vez, mencionó que Argentina tiene “una historia de déficits fiscales preexistentes y limitada capacidad de financiamiento para objetivos contra-cíclicos”. “Accedemos a financiamiento externo y después lo perdemos, nos cuesta desarrollar capacidad de financiarnos en nuestra propia moneda y caemos situaciones donde terminamos dependiendo estructuralmente del financiamiento externo”, evaluó.

Por otra parte, el funcionario observó que “el mundo está viviendo una pandemia que no tiene precedentes en el sistema capitalista” y que le propinó “un golpe fortísimo a la economía argentina, que ya estaba viviendo una profunda crisis macroeconómica”.

Al describir el panorama actual, señaló que el 35,5% de la población se encuentra en situación de pobreza y más de la mitad de los niños son pobres; el 8% padece indigencia; y uno de cada diez argentinos que busca empleo no lo consigue.

En este contexto, dijo que los objetivos del Gobierno para el desarrollo son “la inclusión, el dinamismo productivo, la estabilidad macroeconómica, el federalismo y la soberanía”.

Hacia el final de su exposición, pidió a los diputados un debate “civilizado, serio y responsable” del Presupuesto. “La grieta cuesta. La discusión incivilizada sobre la base de la grieta tiene un costo económico, un costo para la vida de la gente”, cerró.

Con acompañamiento de la oposición, obtuvo dictamen este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de ley de Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) para impedir que, en determinadas circunstancias, reciban ayuda estatal las empresas radicadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada.

Tenemos dictámen!💪
Quienes no participan de la responsabilidad que implica formar parte de la comunidad nacional a la hora de pagar los impuestos que les corresponden,no podrán sacar provecho de los recursos públicos obtenidos con el esfuerzo de la comunidad de la que reniegan🇦🇷 https://t.co/Iqbe6tNyQJ

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 21, 2020

La iniciativa prohíbe que el Estado otorgue asistencia económica o financiera a las empresas o personas que tengan domicilio en paraísos fiscales -jurisdicciones de baja o nula tributación-, o bien sean evasores fiscales probados, en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor.

Juntos por el Cambio sugirió algunas modificaciones de redacción que fueron receptadas por el oficialismo, y de esta forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.

Por Carolina Ramos

Menos de 10.000 personas pagarían el aporte solidario sobre las grandes fortunas, según el informe que la AFIP envió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Son en total 9.298 personas que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez para afrontar gastos de la pandemia, entre otros fines.

El documento fue leído en la reunión de este lunes por el presidente de la comisión, Carlos Heller, ante la ausencia de la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar de la videoconferencia.

La AFIP estimó cuántas personas físicas deberían pagar el aporte solidario según la base del impuesto sobre los Bienes Personales, pero dado que “no todos los contribuyentes presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas”, se realizó una actualización del patrimonio declarado en años anteriores para tener un cálculo más acabado.

Informe-AFIP-Comisión-de-Presupuesto-y-Hacienda-de-la-HCDN-sobre-el-alcance-del-proyecto-de-ley-de-Aporte-solidario-y-extraordinario

Así, se concluyó que el universo potencial total es de 9.298 contribuyentes, de los cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.

Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos, indica el informe leído por Heller.

Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.

El aporte promedio sería de 33 millones de pesos. Para las 2.774 personas con patrimonios entre 200 y 300 millones, el aporte promedio sería de 6,1 millones, mientras que las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones realizarían una contribución promedio de 600 millones, esto es, la mitad del aporte total.

Por Carolina Ramos

El dictamen sobre el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas se hace esperar. El oficialismo postergó para este viernes la firma del despacho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados mientras analiza nuevas modificaciones, entre ellas la posibilidad de gravar a los no residentes por sus tenencias en el país.

Carlos Heller, titular de la comisión, anunció al inicio de la reunión de este lunes la decisión de posponer el dictamen y enumeró los cambios que tendría el texto del Poder Ejecutivo, después de leer un detallado informe enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar en el encuentro virtual.

Juntos por el Cambio volvió a rechazar el proyecto. Los diputados del principal bloque de la oposición no solo reiteraron que la medida es inconstitucional y que desalentará inversiones, sino que también cuestionaron el destino que se le dará a lo recaudado -se prevé, entre otros fines, la financiación de proyectos de gas natural-.

Los cambios

Heller confirmó que, para alejar dudas acerca de la voluntariedad del aporte, se incluirá en el artículo primero del proyecto la palabra “obligatorio”. Pero además, se establecerá que el aporte regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.

“Para evitar un eventual desapoderamiento”, se aclarará que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

El radical Luis Pastori celebró este cambio “porque la retroactividad era claramente inconstitucional”, aunque advirtió que “más que una presunción (de la AFIP), sería una ficción legal”.

El aporte solidario tampoco gozará de las exenciones previstas en el impuesto a los Bienes Personales, que es el que se toma como base de cálculo. Es otro de los cambios que anunció Heller.

Pero lo que despertó más polémica es la posibilidad de captar a las personas no residentes que posean bienes en el país y que ejerzan su propiedad a partir de una persona jurídica. “Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las acciones o participaciones en el capital de sociedades (…) pertenecen de manera indirecta a personas humanas residentes en el exterior”, dice la propuesta de redacción.

Para esos casos, “ese sujeto deberá designar ante la AFIP un responsable por el ingreso del aporte”, y en caso de no hacerlo, “el encargado de la determinación e ingreso del aporte será la sociedad emisora de esas acciones o participaciones”.

Luciano Laspina (Pro) reprobó la propuesta. “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país”, se quejó.

Por último, Heller confirmó que las personas con bienes declarados en el exterior que acepten repatriar el 30% quedarán exentas del diferencial del 50% que deberían pagar por esos bienes. Los fondos deberán permanecer “hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular o afectados a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo”.

Debate caliente

Una vez más, la discusión cayó en la grieta: ningún representante de los bloques minoritarios -a excepción de Romina Del Plá, del FIT- habló en la reunión. De cara al viernes, el oficialismo espera contar con las firmas de Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) y Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero), integrantes de la comisión.

Juntos por el Cambio repitió que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto”, y consideró que esa discusión semántica es en realidad “un tema de fondo” que no quedó resuelto con las modificaciones anunciadas por Heller.

“Por más que busquen llamarlo aporte, se trata de un impuesto porque es obligatorio pagarlo, aunque sea por única vez, cuando ya tenemos un impuesto que afecta el patrimonio, que es Bienes Personales”, explicó el puntano Alejandro Cacace (UCR).

El diputado sostuvo además, con argumentos jurídicos, que debería ser un impuesto coparticipable y que “la mayoría de los gastos en salud” en el contexto de la pandemia “los llevan adelante las provincias”.

Por el Pro, Carmen Polledo se ofuscó: “Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres”.

La legisladora habló de un “desbalance en términos de lo que hace el Estado y lo que se le pide a los privados”, tras lo cual pidió que en los tres poderes del Estado se rebajen los sueldos. “Nosotros también tenemos que ser ejemplares”, dijo.

La oficialista Fernanda Vallejos salió al cruce de Polledo. “Es muy difícil de sostener lo que plantea”, dijo, y tras recordar que “este aporte recae sobre menos del 0,02% de nuestra población”, se preguntó “cuáles son los intereses que se están defendiendo”.

“Es indudable que se trata de un universo de personas privilegiadas en una Argentina donde más del 40% de la población habita por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, y añadió que este aporte “no le va a hacer ni una cosquilla” a las personas comprendidas.

Desde la Coalición Cívica, Javier Campos volvió a fustigar el proyecto y, en particular, la estimación de la AFIP acerca del universo alcanzado. “Que digamos que son 9.000 personas, a los fines técnicos, no cambia nada. La cantidad de gente alcanzada por este impuesto no tiene ningún interés en este tema. Imaginemos que una panadería tiene 100 clientes y uno de ellos es McDonald’s, que se va, y la empresa quiebra. Pueden ser muy pocos, pero pueden tener un efecto devastador sobre la economía argentina”, ejemplificó.

A continuación, Laspina sintetizó la posición de Juntos por el Cambio. “Vamos a votar en contra de este impuesto, aun cuando nos cueste votos en el corto plazo. No nos importan las encuestas, porque nosotros le tenemos que dar una alternativa de gobierno a la gente cuando este modelo fracase”, aseguró.

El santafesino enfatizó que “este impuesto, en este momento de la Argentina, es una pésima idea, sobre todo para el Gobierno, que se pega un tiro en el pie del cual va a ser muy difícil recuperarse”.

“El argumento no puede ser ‘mato a pocas personas en lugar de muchas’. Esa es una falacia muy peligrosa que nos deposita a milímetros del autoritarismo y de romper el Estado de Derecho. Esto no es ‘ricos versus pobres’: es ‘el Estado de Derecho y la Constitución versus la imposición caprichosa de una mayoría violentando los principios constitucionales’”, sentenció.

El diputado del Pro calificó al proyecto como “una señal terrorífica para los inversores” y, tras recordar que se sancionaron nueve emergencias al inicio de la gestión de Alberto Fernández, advirtió que “ninguna emergencia habilita violar la Constitución”.

Heller le respondió y se generó un momento de tensión, con varios diputados hablando a la vez. “Nosotros no creamos las emergencias, las crearon ustedes. Ustedes con sus cuatro años de neoliberalismos generaron esas nueve emergencias que tuvimos que poner en una ley para salir adelante”, retrucó el diputado, mientras el radical Facundo Suárez Lastra despotricaba frente a la pantalla, con su micrófono silenciado.

Además, el presidente de la comisión informó que impuestos como Ganancias y Bienes Personales “generan menos ingresos que el IVA”, que recae sobre el consumo, y por eso concluyó que “la carga impositiva la tiene la gente de a pie, no las grandes empresas”.

El diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) defendió este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda su proyecto para prohibir que reciban ayuda estatal las empresas radicadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada.

Tras el debate sobre el aporte solidario de las grandes fortunas, Carro dejó planteada su iniciativa y Carlos Heller, titular de la comisión, dispuso que el próximo lunes se retomará la discusión, con el objetivo de firmar dictamen.

Desde Juntos por el Cambio, Luis Pastori anticipó que acompañarán el dictamen gracias a que el texto fue mejorado en su redacción.

Carro explicó que “se busca prohibir que el Estado otorgue asistencia económica y/o financiera a las empresas o personas que tengan domicilio en paraísos fiscales, o bien sean evasores fiscales probados” en “casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.

Como asistencia económica se considera “cualquier tipo de subsidio y/o moratoria, y/o condonación, y/o préstamo con tasas subsidiadas, y/o subsidio de tasa de interés en cualquiera de sus formas de implementación resultante de una norma o decisión que establezca o haya establecido el Estado nacional o alguna empresa con participación estatal mayoritaria”.

“El problema de la evasión tributaria es uno de los principales problemas de las democracias en el mundo. Por eso me resulta un sinsentido que el Estado esté brindando ayuda en este momento a empresas que se llevan la guita fuera del país”, advirtió el diputado oficialista.

Además, informó que según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) “hay 950 cuentas no declaradas en Argentina en paraísos fiscales, de más de un millón de dólares”.

Con fuertes críticas de la oposición, el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia comenzó a ser debatido este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará firmar dictamen la semana próxima.

A lo largo de casi cuatro horas, Juntos por el Cambio -y con mayor énfasis, el radicalismo- criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo, al sostener que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto” que, a juicio de los diputados de esa bancada, es inconstitucional y no servirá para reactivar la economía, sino para aumentar la presión tributaria.

A pesar de los cuestionamientos, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que el Frente de Todos buscará firmar dictamen el próximo lunes, en una nueva reunión convocada para las 16.30, a la que se citará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“Estamos hablando de un aporte extraordinario en una situación extraordinaria. Estamos hablando de solidaridad frente a los sectores más afectados. Hemos buscado la mejor ecuación, que afecte a la menos cantidad de personas humanas posible, permitiendo la mayor cantidad de ingresos probables”, explicó Carlos Heller, presidente de la comisión.

Y agregó: “Sabíamos desde el principio que iban a estar los temas jurídicos. No hay ninguna ley que afecte intereses que no haya generado amparos o demandas. Habrá que ver si el Poder Judicial estará dispuesto a decir que no es constitucional una ley que tiene más del 70% de apoyo de la opinión pública, que afecta al 0,02% de las personas y que beneficia a muchos millones de personas”.

Debate picante

En el debate sobresalieron las críticas de Juntos por el Cambio, como así también el silencio de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo: ningún diputado de las bancadas presididas por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón hizo uso de la palabra.

“Anticipo nuestro rechazo a la creación de este impuesto, y uso la palabra ‘impuesto’ porque contiene todos los elementos que lo configuran: es una ley; es de carácter coactivo; está expresado en dinero; ayuda a solventar el gasto público; y no tiene una correlación directa con un beneficio para el contribuyente”, arrancó el radical Luis Pastori.

Además, Pastori aclaró que “los impuestos pueden ser ordinarios o extraordinarios, por un tiempo limitado, como en este caso, que es por única vez”, y remarcó que “al ser un impuesto” y no un aporte, “le caben todas las garantías constitucionales”.

El misionero sostuvo que el proyecto “lesiona” distintos principios, entre ellos el de legalidad, con el riesgo de caer en “una doble imposición, que pude devenir en confiscatoria cuando sustrae una parte importante de la renta”.

También advirtió que se “viola” el principio de igualdad, porque aquellas personas con bienes declarados en el exterior deberán pagar una alícuota un 50% más alta, más allá de que -a partir de un cambio introducido por el oficialismo-, quedarán exceptuadas de ese diferencial si aceptan repatriar el 30% de esos bienes.

“Este impuesto atenta contra el crecimiento económico, contra la inversión y el ahorro, empeora las expectativas empresariales y es un factor de beligerancia social”, resumió Pastori, y pronosticó que la ley tiene “serias posibilidades de ser declarada inconstitucional”, tras lo cual pidió “dar una batalla seria” contra la evasión en lugar de avanzar con un nuevo impuesto.

Otro radical, Ricardo Buryaile, pidió “poner sobre la mesa la oportunidad, la necesidad y la conveniencia de este impuesto”, y por otro lado apuntó que “lo que estamos viendo en Argentina es un enorme esfuerzo del sector privado, que la está pasando muy mal”.

Buryaile aclaró que en Europa solo “España, Dinamarca y Suiza” cobran un impuesto similar, pero el resto de los países desistieron, más allá de propuestas de “partidos minoritarios”.

Asimismo, el diputado recordó los impuestos que se crearon en nuestro país por única vez y siguieron vigentes hasta hoy, como el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios -más conocido como impuesto al Cheque- en 2001, y la suba del IVA.

El formoseño además alertó: “Estamos asemejando un tractor a una Ferrari. Estamos asemejando un campo a un piso en Puerto Madero. Estamos gravando activos productivos, cuando lo que tenemos que gravar son las exteriorizaciones de riqueza”.

Otro de los discursos más fuertes fue el de Javier Campos (Coalición Cívica), quien expresó: “Para un rico no solidario, que no quiere aportar, esto evidentemente sería malo, pero la pregunta es si esto que es malo para los ricos, es bueno para los pobres. Yo les digo con una mano en el corazón, y sin ponerme colorado, que esto es malo para los más necesitados”.

Respecto de las medidas de asistencia por la pandemia, el diputado se diferenció: “Yo no veo ningún esfuerzo del Estado: lo único que está haciendo es apretar un botón e imprimir dinero. Para mi, el esfuerzo es la gente que está manteniendo a sus empleados y sigue pagando impuestos con las puertas cerradas”.

Campos reveló que según encuestas -de las que no dio detalles-, “el 50% de la gente no apoya este impuesto”, aunque Heller lo interrumpió para responderle que otros sondeos hablan de una aprobación del 70%.

Por el Pro el único en hablar fue David Schlereth, quien advirtió que “pareciera que estamos hablando de megamillonarios, y no es así. Estamos hablando de gente que trabajó muchos años, que pudo crecer, que apostó al país, a sus empleados, a la inversión local, y le fue bien. Y tenemos que seguir trabajando para que le vaya mejor. Gente que hoy está utilizando sus ahorros para sostener el trabajo de sus empleados, y que de pagar este tributo, los pondría en serio riesgo”.

Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto observó: “A nadie le va a interesar aportar más recursos al Estado, pero tampoco le preguntan a un trabajador o a un jubilado cuando tiene que pagar el IVA, o le descuentan el impuesto a las Ganancias. Tenemos un esquema donde la carga cae sobre el consumo y no sobre los patrimonios, y eso lo tenemos que cambiar”.

Casaretto subrayó que quienes pagarán el aporte “son los que están en la pirámide de la sociedad”. “Es de estricta justicia este aporte solidario y obligatorio por única vez. Es legal, es constitucional, no hay doble imposición, no va a llevar a ninguna empresa a la quiebra ni atenta contra la inversión. No sé si es un buen o mal momento, pero es necesario”, enfatizó.

A su vez, Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó que “con esta contribución estamos fortaleciendo las respuestas del Estado ante la emergencia y la posterior reconstrucción de la economía”.

“El 80% de la riqueza declarada por el universo de contribuyentes abarcados por el aporte extraordinario está en el exterior. Significa que los 12.000 más ricos de Argentina mantienen el 80% de la fortuna que declaran fuera del país”, informó la titular de la Comisión de Finanzas, y reforzó: “Nadie de esas 12.000 personas va a ver afectado su standard de vida”.

También intervino Itai Hagman, quien confesó estar “sorprendido” porque creía que “este proyecto, que es de sentido común, iba a contar con el acompañamiento de la gran mayoría de esta Cámara”.

Hagman aclaró que “este aporte es sobre la riqueza personal” y que no quedarán alcanzados “los activos productivos o los pequeños productores, como se dijo en varios ejemplos”. “Si esto fuera así, esta contribución alcanzaría a 500.000 o un millón de personas”, retrucó.

“Me llama la atención que se critique este impuesto pero no se presente ninguna propuesta alternativa de cómo hacemos para recaudar. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para seguir asistiendo a la población? ¿De la clase media? ¿De los trabajadores? ¿De los sectores populares? Es obvio que lo tenemos que hacer sobre los sectores de mayor riqueza acumulada”, analizó el economista.

Nicolás Del Caño (PTS) cuestionó que “este debate llega casi seis meses después de las medidas de aislamiento, que agravaron la crisis económica que dejó el gobierno de Macri, y quienes más soportan esta carga son los trabajadores”.

“Este proyecto llega tarde y además es muy pobre. Plantea recaudar 3.000 millones de dólares con un impuesto que afecta solo el patrimonio y deja afuera las ganancias de los bancos, de las grandes empresas, de los grandes terratenientes”, planteó, y agregó que “el monto de lo recaudado es inferior a lo que se pagó este año en concepto de deuda a los acreedores extranjeros y a los organismos de crédito internacional como el FMI”.

Su colega Romina Del Plá (Partido Obrero) defendió el proyecto del Frente de Izquierda, que también plantea un aporte extraordinario por única vez, pero gravando las ganancias extraordinarias de empresas y bancos, propiedades terratenientes de más de 5.000 hectáreas y viviendas ociosas de más de 30 millones de pesos, con una recaudación estimada de “entre 15.000 y 20.000 millones de dólares”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció en la reunión de este miércoles que el proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas sufrirá cambios sobre las tenencias en el exterior, y se aclarará que la contribución es “obligatoria” para evitar la interpretación de que sería voluntaria.

“Todos somos conscientes de los enormes esfuerzos que el Estado nacional viene haciendo desde el inicio de la pandemia”, arrancó Heller, quien habló de “entre 850 y 900 mil millones de pesos en erogaciones extraordinarias”, y además vinculó la caída de la actividad “a la pandemia, y no a la cuarentena”.

En ese sentido, sostuvo que “en todos los países se ha producido una enorme caída de la actividad económica” más allá de las medidas de aislamiento, y ejemplificó que “Europa calcula que va a demorar entre dos y tres años en recuperar los niveles de actividad previos a la crisis”.

En este contexto, el oficialista explicó que la idea del aporte “se apoya básicamente en la situación extraordinaria” más allá del estado en que se encontraba el país al asumir Alberto Fernández. “Nadie en este país ni en el mundo podría negar que estamos ante un fenómeno impensado que ha alterado todas las previsiones y las expectativas”, acotó.

Detalles y cambios del proyecto

Heller señaló que se buscó “encontrar el punto ideal entre la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener”, y reveló que la cantidad de personas obligadas a realizar este aporte “va a estar más cerca de 10.000 que de 12.000”, como se estimaba en un principio.

De todos modos, el diputado aclaró que “eso tal vez no modifique demasiado las estimaciones que tenemos de ingresos, porque probablemente haya habido un proceso de desconcentración de riqueza personal en los niveles más altos de estas escalas”.

El titular de la comisión recordó que se tomará el patrimonio declarado al 31 de diciembre de 2019 a partir de los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2% que asciende gradualmente hasta llegar al 3,5% para quienes tienen declaraciones de Bienes Personales superiores a los 3.000 millones de pesos.

El proyecto establece que en el caso de los bienes declarados en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, pero a partir de un agregado que sufrirá el texto, las personas alcanzadas quedarán exceptuadas de pagar ese diferencial “si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior”.

En cuanto al destino de lo recaudado con el aporte solidario, Heller especificó que un 20% será para equipamiento médico; un 20% para subsidios a las MiPyMEs; un 20% para el programa Progresar; un 15% para la urbanización de barrios populares; y un 25% para la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Por otra parte, ante un planteo de Ricardo Buryaile (UCR) acerca de que “si es un aporte, puede ser voluntario”, el presidente de la comisión anunció: “Vamos a ponerle la palabra ‘obligatorio’, para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario”.

Por último, Heller anunció que habrá “una cláusula para intentar captar a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas residentes en el país”. “Hemos escuchado comentarios y críticas respecto de que había un tratamiento desigual con aquellos que habían cambiado de residencia y que podían no quedar alcanzados por la ley”, señaló.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), postergó para este miércoles el tratamiento del proyecto del aporte solidario sobre las grandes fortunas.

Heller decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 15, luego de que se extendiera más de lo previsto el debate sobre el proyecto sobre los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en conjunto con la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En efecto, esa discusión se demoró porque, a las 18.30, el oficialismo pidió un cuarto intermedio de una hora para consensuar con la ANSES una serie de modificaciones al proyecto original, a pedido de la oposición.

Cuando el dictamen terminó de pasarse a la firma eran cerca de las 20.30, por lo que Heller anunció que la comisión volverá a reunirse este miércoles.

El proyecto del impuesto sobre las grandes riquezas busca establecer una contribución, por única vez, sobre los patrimonios de las personas físicas superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota a partir del 2%.

El Gobierno busca recaudar así 300.000 millones de pesos para atender la pandemia del Covid-19, especificando que los fondos serán destinados a equipamiento de salud, asistencia a las pymes, urbanización de barrios populares, equipamiento para producción y envasado de gas natural en YPF, y el relanzamiento del plan Progresar.

Por otra parte, la Comisión de Presupuesto también tratará un proyecto de Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) para que aquellas empresas domiciliadas en paraísos fiscales o con “evasión fiscal probada” tengan prohibido acceder a ayuda estatal en el marco de pandemias, epidemias u otras catástrofes.

Las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminaron este lunes a favor de un proyecto de ley que busca crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

Se trata de una iniciativa que fue presentada por el entonces diputado Agustín Rossi antes de asumir como ministro del área, y cuenta con media sanción de la Cámara baja desde noviembre pasado.

El jefe del bloque oficialista, José Mayans, adelantó durante el debate que el proyecto será tratado sobre tablas en la sesión prevista para este miércoles.

La titular de la Comisión de Defensa, Nancy González (Frente de Todos) explicó que se busca impulsar “la industrialización nacional” y “la reactivación de la mano de obra argentina”, y destacó que durante la pandemia las FFAA tuvieron “más de 10.000 actuaciones”.

El proyecto establece que “los recursos del FONDEF serán afectados específicamente a la recuperación, modernización y/o incorporación de material de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 24.948”.

Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto, puntualizó que el FONDEF se compondrá de un porcentaje gradual del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional: el 0,35% en 2020, el 0,5% en 2021, el 0,65% en 2022 y finalmente el 0,8% en el año 2023 y subsiguientes.

También podrá recibir aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, como así también donaciones y “otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional”.

El senador Jorge Taiana (Frente de Todos) admitió que “las FFAA tienen un problema de equipamiento muy serio”, con “aviones prácticamente sin capacidad de vuelo”, “una flota naval muy disminuida” y “una situación muy compleja” en el Ejército.

Desde Juntos por el Cambio, Julio Cobos, Julio Martínez y Ernesto Martínez expresaron su respaldo al proyecto.

“Urge votarlo porque sobreviene la discusión sobre el Presupuesto Nacional”, señaló Ernesto Martínez (Pro), y agregó que el porcentaje otorgado anualmente a las FFAA es “de los más bajos de la región”, por lo que esta ley “viene a corregir un poco la situación”.

Julio Martínez, exministro de Defensa, expresó que “ojalá podamos construir una cuestión de Estado” con este tema, y si bien consideró que el texto “es perfectible”, aseguró que no pondrán obstáculos para evitar que el debate regrese a Diputados.

Además, Martínez destacó que las FFAA “hoy están haciendo la movilización más grande de la historia en época de paz” con tareas de asistencia frente a la pandemia, las cuales están permitidas por ley.

Según el proyecto, el Ministerio de Defensa deberá informar semestralmente a las comisiones de Defensa Nacional de ambas cámaras sobre la ejecución del FONDEF.

Arranca este martes el debate de los proyectos económicos de más peso para esta segunda parte del año. Todo previsto para el mismo día de la presentación del proyecto de Presupuesto 2021. Esto es, paralelamente para este “supermartes” en la Comisión de Presupuesto y Hacienda está previsto a partir de las 15 el inicio de la discusión sobre el proyecto de ley presentado el 20 de agosto pasado, por el cual se crea un Régimen de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA. Para ello, ha sido incorporado al debate también la Comisión de Previsión y Seguridad Social que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto.  

Está previsto para este debate que será de manera remota la participación de funcionarios de la ANSeS.

Luego continuará la reunión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, donde se iniciará el esperado debate del proyecto de ley que aplica un impuesto sobre las grandes fortunas, que lleva las firmas del citado Heller, Máximo Kirchner, Lucía Corpacci, Alicia Aparicio, Fernanda Vallejos, José Luis Gioja, Juan Carlos Alderete, Ariel Rauschenberger, Elda Pertile, Hugo Yasky, Itai Hagman, Leonardo Grosso, Gabriela Cerruti, Martín Soria y Marcelo Casaretto. Pero además se agregó al temario el debate sobre una ley que prohíbe la ayuda económica a empresa domiciliadas en paraísos fiscales, o aquellas con probada evasión fiscal, que impulsa el cordobés Pablo Carro.

En el caso del proyecto de aporte solidario y extraordinario, el gravamen alcanza a unas 12 mil personas, y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.

De acuerdo con la iniciativa, la alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. También, para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.

Según estima el oficialismo, con la medida se podría recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en: un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia; un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos; y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos.

Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.

En cuanto al proyecto de “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, la iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.

Así, se busca “transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas” y así “quitarle esa responsabilidad” al FGS.

En tanto, el FGS asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.

Entre otros puntos, se establece un plazo de 90 días para negociar los préstamos a las provincias, con un monto que tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación, y que el plazo será de ocho meses. Además, se indica que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán a un 1% anual y se calculará sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que la moratoria que el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso es “un proyecto de vital necesidad para la economía de la post-pandemia” y destacó además los resultados de las medidas tomadas en el actual contexto.

Kulfas remarcó la importancia de “una moratoria que permita tener al tejido productivo, comercial y de servicios lo más fortalecido posible para enfrentar lo que viene”.

“Vivimos una doble crisis: la crisis que atraviesa la economía argentina desde abril de 2018, y que se agudizó con esta crisis internacional inédita”, repasó el funcionario, al señalar que la Argentina ya venía con “una reducción de los niveles de financiamiento, aceleración de la recesión e inflación”.

De esta manera, advirtió que en abril se registraron “caídas récords en la economía global, y esto se vio reflejado en la economía argentina”, por ejemplo, con una caída de la actividad industrial manufacturera del 26% en mayo y del 33% en abril.

En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno, mencionó que “310.000 empresas cobraron al menos un ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción)”, esto es, “2,8 millones de trabajadores” que cobraron la mitad de su sueldo por esta vía. En total, se invirtieron 93.000 millones de pesos en las primeras dos rondas de este beneficio.

Además, se entregaron “414.000 créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos hasta fines de junio”, y “más de 282.000 millones de pesos en créditos al sector productivo”.

Kulfas sostuvo que “así como Argentina está negociando con sus acreedores internacionales” para lograr que la deuda sea sostenible, “este mismo concepto tiene que ser aplicado al sistema productivo” de nuestro país.

El ministro consideró finalmente que es necesaria “una moratoria amplia y generosa que permita a las empresas argentinas acceder a una reestructuración de sus deudas para estar mejor parados ante lo que se viene”.

El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará avanzar la semana próxima con el proyecto de ley de moratoria universal enviado por el Poder Ejecutivo, para que individuos y empresas puedan regularizar sus deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social.

Al inicio de la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su titular, Carlos Heller, anunció que el próximo martes 21 habrá una nueva reunión para firmar dictamen sobre la iniciativa, que podría tratarse esa misma semana en sesión virtual.

“No hay apuro en dictaminar hoy. Discutámoslo con tranquilidad. Es tiempo de unirnos y de hacer esfuerzos en pos de todos los argentinos”, aportó el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, al abrir el debate.

Massa explicó que “estamos hablando de darle una herramienta, un salvavidas, a las víctimas de una pandemia que está destruyendo las economías mundiales, para que en la salida no nos encontremos con que el Estado les depreda la poquita rentabilidad que pueden recuperar”.

El presidente de Diputados resaltó además que con la moratoria propuesta desde el Gobierno abarca “más de 500 mil millones de pesos que los argentinos podrán regularizar ante el fisco”.

De este modo, la reunión de este jueves se limitó a escuchar las exposiciones del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.