Caserio fue senador nacional por la provincia de Córdoba entre los años 2015 y 2021, y en junio de 2019 se convirtió en presidente de la bancada justicialista en la Cámara alta.
El exsenador nacional Carlos Caserio fue designado como nuevo vicepresidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) y reemplazará en el cargo a Matías Tombolini, actual presidente de ARSAT.
La designación del exlegislador nacional por el Frente de Todos, un histórico dirigente del peronismo de la provincia de Córdoba, se oficializópor medio del Decreto 168/2022 y fue suscripto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán
Caserio fue senador nacional por la provincia de Córdoba entre los años 2015 y 2021. También, se desempeñó como vicepresidente del bloque del PJ en la Cámara alta entre 2018 y 2019; y, en junio de 2019 se convirtió en presidente de la bancada justicialista.
Entre 1998 y 1999 fue subsecretario de mercado y alimentos de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Desde 1999 hasta 2003, fue designado ministro de obras públicas. En 2003, fue jefe de campaña en la postulación presidencial de José Manuel De la Sota.
Ese mismo año fue elegido diputado nacional por Córdoba, cargo que repetiría entre 2013 y 2015. Y entre 2007 y 2011 fue ministro de Gobierno de Juan Schiaretti.
El cordobés asumió en reemplazo de Matías Tombolini. Su nombramiento se oficializó por decreto en el Boletín Oficial.
El exsenador nacional Carlos Caserio fue designado este lunes como nuevo vicepresidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), en reemplazo de Matías Tombolini, actual presidente de ARSAT.
La designación del exlegislador nacional del Frente de Todos, histórico dirigente del peronismo de la provincia de Córdoba, se oficializó por medio del decreto 168/2022, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Caserio fue senador nacional por Córdoba entre los años 2015 y 2021. También, se desempeñó como vicepresidente del bloque del PJ en la Cámara alta entre 2018 y 2019; y, en junio de 2019, se convirtió en presidente de la bancada justicialista.
Entre 1998 y 1999 fue subsecretario de mercado y alimentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Desde 1999 hasta 2003, fue designado ministro provincial de Obras Públicas. En 2003, fue jefe de campaña en la postulación presidencial de José Manuel De la Sota.
Ese mismo año fue elegido diputado nacional por Córdoba, cargo que repetiría entre 2013 y 2015. Y entre 2007 y 2011 fue ministro de Gobierno de Juan Schiaretti.
La norma que finalmente debatirá Diputados fue aprobada por la Cámara alta por unanimidad en octubre.
Para conocer qué sucedió con la modificación de la suba del mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales no hay que remontarse demasiado. Solo al 28 de octubre, día en el que fue debatido el tema en el Senado, a instancias del Frente de Todos, pero con el apoyo de todos los bloques.
Ese día también se convirtió en ley el Alivio Fiscal. El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados ese día el proyecto de ley con el objetivo de reducir la cantidad de personas alcanzadas por el gravamen.
La iniciativa, propuesta por el cordobés Carlos Caserio (FdT), fue votada por unanimidad (50 votos positivos). En el recinto se aprobó una redacción distinta a la que se proponía originalmente, tras conversaciones del oficialismo con el Ministerio de Economía, por lo que se cambiaron los montos.
De acuerdo con el texto, se modifica el artículo 24 de la Ley 27.480, de manera de establecer que no van a pagar este tributo las personas que posean bienes con valores iguales o inferiores a 6 millones de pesos. Actualmente el monto estimado es de 2 millones de pesos, y el proyecto original de Caserio hablaba de 8 millones.
Además, indica que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos. En la actualidad, este monto está en 18 millones de pesos y el texto inicial estimaba 50 millones.
Al abrir el debate, Caserio sostuvo que “es insuficiente lo que hoy está computado en tal concepto” y con el mínimo imponible actual “comenzaríamos a gravar a contribuyentes que no es razonable hacerlo, y es lo que ya está pasando”. “Cualquier familia que posea un coche chico y un terreno estaría gravado”, explicó, algo que consideró “una cosa injusta”. Además, dijo que hay muchos contribuyentes que “ni siquiera conocen que lo tienen que tributar”.
Respecto al proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó que también se modifica “el artículo 27 de la ley (actual) para que la actualización sea automática en diciembre de cada año y se utilice el índice de precios mayoristas a nivel general”.
“Es una ley justa, sensata, que ayuda en un momento difícil de la Argentina, donde los argentinos están saliendo de la pandemia, donde se está logrando la recuperación”, manifestó el cordobés, que estimó que “alrededor de 600 mil personas son las que van a dejar de pagar el tributo”.
A continuación, la cordobesa Laura Rodríguez Machado anticipó el voto a favor del interbloque JxC, pero advirtió que “la ley es escasa, no alcanza”, porque cualquier persona que tenga “heladera, lavarropas, un televisor, tal vez un microondas y un auto pequeño va ingresar a pagar Bienes Personales, aún sin tener casa propia y ningún inmueble”.
La senadora del Pro recordó que en la última reforma de este impuesto, en 2018, “en términos reales llegaba a unos 53 mil dólares en ese momento el tope para Bienes Personales”, mientras que esta iniciativa “equivale a 30 mil dólares actuales”. “Es un reconocimiento expreso por parte del bloque oficialista de la tremenda situación que estamos pasando los argentinos”, expresó.
Por el interbloque Parlamentario Federal, el salteño Juan Carlos Romero lamentó que se vote un texto “mucho más restrictivo que la intención original del senador por Córdoba”, en alusión a Caserio, porque “en una etapa como el país está viviendo, con una inflación enorme, estas cifras son exiguas”.
“Es un alivio, no lo suficiente”, insistió y afirmó que “entendía” que “quienes manejan Hacienda están cuidando la caja”, pero mientras “se gasta en exceso en otras áreas” como pasa “con la donación de bienes con el eslogan ‘platita’ en el bolsillo de la gente”, cuestionó el senador.
Por último, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, recordó una vez más la política económica del expresidente Mauricio Macri y enfatizó que “acá no se puede hacer magia”, porque hay “un Estado que está débil por la deuda que tenemos”. “Arreglamos una parte de la deuda, pero nos falta la otra parte que es un compromiso de imposible cumplimiento”, subrayó en referencia al crédito con el FMI.
“La pandemia produjo una caída mundial” y “una presión sobre los precios, fundamentalmente en los alimentos”, agregó el formoseño, que resaltó que “en países como el nuestro, que quedó en el default, hay una economía debilitada”.
Mayans afirmó que “dos millones de pesos es una base que hoy no corresponde”, y este proyecto “es un aporte que viene en el sentido de contribuir al problema económico que tienen los trabajadores”.
En el final, al informar sobre las modificaciones, Caserio explicó que “cuando pasamos de los 2 a los 6 millones estamos contemplando el 100% de inflación de ese período, inclusive calculando la del 2021”. “En Argentina mirar las cosas en valor dólar es complejo”, le respondió a Rodríguez Machado.
Sin embargo, admitió que “con el tema de la casa-habitación sí, no da lo mismo la inflación, pero un análisis con el equipo económico hizo que el costo fiscal era un poco excesivo para lo que se consideraba con un presupuesto ya vigente”. “Si bien no es todo lo que quisimos, creo que tenemos por delante para ser un poco más justos”, concluyó.
El proyecto de ley tiene como principal objetivo “garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva, en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas”.
En un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado, que se reunió este martes de forma remota se dictaminó un proyecto unificado sobre educación inclusiva para personas con discapacidad.
En primer lugar, la presidenta de la Comisión de Educación Cristina López Valverde (FdT – San Juan) explicó: “Son cuatro proyectos que tienen un hilo conductor que es la educación inclusiva y se llegó a un proyecto unificado. Tuvimos la asistencia de especialistas en el tema que han enriquecido el proyecto”, y destacó: “Se llegó al consenso de cuatro proyectos de legisladores que son de distritos espacios políticos, pero cuando la preocupación es genuina y el núcleo es el común denominador, los consensos son posibles”.
De forma breve detalló: “La presente ley tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva de las y los estudiantes en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional, integrado por instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada”.
“Esta ley se basa en un principio que es el respeto a la diversidad, heterogeneidad y la valoración, muy distinto a ciertos paradigmas. Se busca la diversidad en el aula porque no hay uno igual al otro porque cada uno tiene capacidades distintas, historias distintas lo cual trae aparejado una nueva forma de aprendizaje y una nueva forma de ver la escuela”, manifestó la senadora.
En ese sentido, agregó: “Se busca mayor democratización, justicia educativa y social logrando que las personas sean más independientes y tengan la capacidad de desarrollarse en la sociedad”. “La inclusión en las escuelas es un derecho de todos los niños y adolescentes”, resaltó.
“Hay que hacer un cambio en el sistema educativo y en la sociedad. Las leyes son importantes, pero si no están acompañadas de una cultura y de políticas de Estado que fortalezcan esto, la ley es inocua”, advirtió y destacó: “La ley de educación inclusiva busca dar un marco legal que sirva de horizonte”. “Las discapacidades no se ven como limitaciones, sino que se ven como diferencias sobre las que hay que trabajar y se trabaja con el término de inclusión porque es la escuela y el sistema educativo los que se tienen que adaptar a eso”, precisó la legisladora sanjuanina.
Además, subrayó que “las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de las y los estudiantes con necesidades de apoyo. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, es considerado un acto de discriminación”, motivo por el cual “los maestros deben estar capacitados y recibir capacitación constantemente”, o incluir a “un profesional de apoyo a la inclusión (PAI)”.
Luego tomó la palabra el senador Esteban Bullrich (Pro – Buenos Aires) quien aseguró: “El derecho a la educación es universal y el Estado no puede hacerse el distraído y escudarse en ninguna excusa para que los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad”.
“Durante mucho tiempo esto no se ha cumplido en el país. La discapacidad debería ser un motivo para que el Estado prestara más atención, para que se ocupara más. Del mismo modo con las personas con altas capacidades que necesitan una atención especial”, cuestionó.
En este contexto, manifestó: “Es el sistema el que debe adaptarse a los chicos y no al revés. Es inaceptable que en Argentina en 2021 estudiantes tengan que tolerar la marginalización porque tienen alguna discapacidad particular en su capacidad de aprendizaje. El proyecto es innovador porque propone un paradigma diferente para remover barreras para el aprendizaje, el fortalecimiento, y la participación plena de estudiantes vulnerables, proponemos herramientas para esto”.
Por consiguiente, Roberto Mirabella (FdT -Santa Fe) remarcó que “el objetivo de enfrentar una situación de justicia, de estigmatización, de discriminación que produce mucho dolor que se materializa en la escuela”.
En esa misma línea, recordó que “un grupo de chicos ya me habían acercado un proyecto de estas características”. A su vez, ponderó la “participación de muchas familias, de la sociedad civil, de profesionales que trabajan de forma constante en el tema”.
En suma, resaltó algunos aspectos del texto como “la capacitación docente y los organismos que llevarán a cabo esa cuestión, la adaptación de los materiales, desarrollar instrumentos para seguir los procesos y sensibilizar sobre el tema”, y se comprometió a trabajar sobre ello en el Congreso cuando asuma.
En tanto, Julio Cobos (UCR – Mendoza) procedió a leer las Convenciones sobre las cuales se apoya el proyecto de ley y, de forma breve, celebró que “sea una ley para que sea operativa y el consenso que se logró”.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Caserio (FdT – Córdoba) expresó el apoyo total a la ley porque “es importante”, y remarcó que “con respecto al financiamiento no tiene un costo fiscal significativo. De todos modos, la ley prevé un financiamiento incluido en el presupuesto nacional, tiene una cobertura por parte del sistema de salud a personas con problemas de este tipo, por lo que creo que la ley va a tener una visión progresista”.
La senadora Norma Durango (FdT – La Pampa) reconoció el trabajo que se realizó y como “docente voy a apoyarlo”, pero advirtió que “va a necesitarse una educación personalizada y solo se consigue con aulas con menos alumnos y mejores salarios”.
A si mismo, Juliana Di Tullio (FdT – Buenos Aires) expresó que “son proyectos en donde los legisladores nos gusta invertir”, y contó: “Soy hipoacúsica severa de nacimiento, tengo pérdida total del oído derecho y 20% de audición del izquierdo uso audífonos esta ley me hubiera resuelto muchos problemas y me hubiese generado menos dolor psíquico. Lo disimulamos porque la escuela no nos integra”.
Por último, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) se sumó a los dichos de Caserio, pero solicitó tener un “costo estimativo a la hora de la sesión”.
Previsiblemente tras los resultados de septiembre y la reacción oficial posterior, la campaña del Frente de Todos se transformó en un camino lleno de escollos, que además contribuyó a poner. Más que en los resultados, las dudas y las expectativas están puestas en el día después.
Por José Angel Di Mauro
Aunque no habla en el video, su cara pareciera decirlo todo. Es el senador nacional Carlos Caserio, clave en el Senado por presidir la comisión más importante, aunque para quien manda en esa Cámara no sea el senador más valioso. El cordobés no reporta el Instituto Patria, pero sí a Alberto Fernández, en quien apostó en la campaña de 2019, aun a riesgo de distanciarse del gobernador Juan Schiaretti en particular y del “cordobesismo” en general. El entonces futuro presidente lo premió ofreciéndole el Ministerio de Transporte, que en medio de dudas él no terminó nunca de aceptar, aunque antes de decidirse ya lo había hecho Cristina Kirchner: si iba al Gabinete, el suplente de Caserio reportaría al gobernador cordobés y eso significaba perder una banca, así que le dieron la presidencia de Presupuesto y Hacienda, con la recomendación de quedarse en el Senado.
Fue el que invitó al presidente a la reunión en el CCK y allí, recién llegado de Europa, Alberto Fernández dijo lo que dijo de los cordobeses. Enojado tras la repercusión que tuvo el video que se expandió en las redes, Caserio publicó el discurso completo en el que el mandatario aclara que cumplió lo prometido en campaña respecto de no discriminar a Córdoba… Pero su polémica observación sobre los habitantes de esa provincia que votan como votan resulta clarísima y lapidaria a una semana de las elecciones, en un distrito en el que se eligen senadores y donde el Frente para la Victoria apenas llegó a los dos dígitos en las PASO. Es una de las provincias donde el oficialismo nacional resignará senadores este domingo.
El 12 de septiembre el Frente de Todos perdió en seis de las ocho provincias en las que se eligen senadores. Eso representaría exactamente la cesión de 6 escaños, lo que equivale a una dramática baja del número de senadores oficialistas que hoy asciende a 41. Si se replican los resultados de las PASO, el bloque FdT será de 35, dos menos que el quórum. Dejará de ser mayoría por segunda vez desde el retorno de la democracia. De ahí la campaña de Juntos por el Cambio que llama a ganar 5 senadores; con eso alcanza para que el bloque que preside José Mayans deje de ser mayoría. El oficialismo no se hace muchas ilusiones, pero confía en dar vuelta alguna elección.
Un optimismo muy acotado que no incluye a Córdoba. Las expectativas están puestas en Santa Fe -más que como posibilidad seria, como una expresión de deseos de la vicepresidenta, que quiere a María de los Angeles Sacnun reelecta-, Chubut y La Pampa. Conflicto mapuche mediante, no se hacen mucha ilusión con la provincia patagónica, pero sí con dar vuelta la elección pampeana, como ya hizo el peronismo en 2017, por apenas 76 votos. El premio en ese caso sería doble, pues semejante resultado representaría no solo un senador más, sino también otro diputado, cosa valiosa para un bloque como el de Máximo Kirchner al que no le sobrarán miembros. De especular hasta hace algunos meses con la posibilidad de ser mayoría, transcurridas las PASO el deseo módico es hoy no ceder la primera minoría. A priori, un objetivo complicado pero posible, si se combinan algunos resultados positivos en distritos “recuperables”.
A pesar del efecto simbólico concluyente que significará para el oficialismo perder eventualmente la mayoría en la Cámara que maneja con mano firme CFK, eso no entraña riesgos para el Gobierno, pues allí cuentan con dos aliados permanentes que, en todo caso, saldrán ahora más caros (no en términos personales, aclaremos, sino en beneficios que reclamarán para sus provincias: Misiones y Río Negro).
Para desasosiego del Gobierno, la frase piantavotos sobre los cordobeses no terminó siendo el último tornillo en el cajón de Herminio que significó para el oficialismo toda esta campaña en la que hubo errores casi diarios. La crisis final no fue un error, sino un episodio más que terminó siendo para el Gobierno tan grave como la foto de Olivos: la muerte del quiosquero de Ramos Mejía, episodio que devino en protestas que en medio de la cuenta regresiva para los comicios podrían llegar a tener efectos letales. Ya se verá cuando se cuenten los votos, pero un suceso tan impactante, por más imprevisto que haya sido, ofició como disparador social de inéditas protestas en el corazón del voto kirchnerista.
De poco valió que los autores fueran detenidos prestamente; las características de los mismos no hacen más que trazar una radiografía crítica de la Argentina actual: un delincuente reincidente y una menor de 15 años fue la pareja que asaltó y mató a Roberto Sabo por nada. El autor había cumplido una condena de la que como es de uso y costumbre salió antes de lo establecido, y hace un mes había vuelto a ser detenido tras un intento de robo, pero lo dejaron en libertad.
El Gobierno se enojó con la oposición por lo que consideró un “uso político del caso” en plena campaña, pero en semejante contexto esa queja se le vuelve en contra. La seguridad no había sido un eje de esta campaña precisamente hasta que la reacción de la gente volvió el tema a los primeros planos.
Desde el oficialismo también reaccionaron molestos con la liberación de José López, a diez días de votar. Luis D’Elía no dudó en endilgarle al “Poder Judicial macrista” haberlo liberado “a una semana de las elecciones al solo efecto de utilizarlo electoralmente y enardecer a la sociedad con la complicidad de Clarín”, según tuiteó.
Más allá de las responsabilidades ajenas que con mucho ingenio busca repartir, ese hecho es parte de la cadena de tiros en el pie que no dejó de darse el oficialismo durante la presente campaña. Habrá que sumar a la inflación difundida el jueves pasado, que lejos está de certificar algún efecto del polémico congelamiento de precios dispuesto. Pero siendo los argentinos como somos, la frutilla del postre la puso la escalada del dólar blue, que en la semana superó con creces la barrera psicológica de los 200 pesos. El viernes el Banco Central tuvo que desembolsar 290 millones de dólares para contenerlo, mientras que “amigos” del Gobierno se encargaban de hacer bajar el blue y dejarlo al menos en 200. Como sea, se ha visto en el pasado reciente con Macri los efectos electorales de una devaluación.
No hay manera de ganar elecciones en semejante contexto, coinciden todos los observadores y el propio Gobierno, que dispuso un cierre de campaña no centralizado: cada distrito tuvo su propio acto y al simbólicamente más importante terminó asistiendo la vicepresidenta, que quiso así dar la señal de que operada y todo no se desentenderá de lo que este domingo suceda, más allá de que no vaya al búnker. Afecta a los simbolismos, la expresidenta no dejó dato sin transmitir en el acto celebrado en Merlo, donde exhibió la relación fría que mantiene con quien eligió para encabezar la fórmula presidencial. Ella no habló, ni tampoco lo hizo su hijo Máximo, presente pero abajo del escenario. A veces se dice más con los silencios que con encendidos discursos.
Atento a la premisa de que cada uno atendiera su territorio, el jefe de Gabinete se fue a su provincia, para ser parte del cierre de campaña y votar este domingo. Hay dudas sobre su continuidad en la Rosada; le preocupa lo que hace su vice a cargo, que se empodera día a día. Como todo gobernador saliente, Juan Manzur quiere asegurar la sucesión.
En rigor, como casi todo el resto de los ministros designados tras la crisis en el Gobierno por la derrota en las PASO, el tucumano se ha desinflado. Se esperan nuevos cambios para esta semana, a la luz de lo que vayan a decir las urnas. Matías Kulfas pica en punta entre los que se ven de salida, y él lo sabe. El ministro Martín Guzmán se mantendrá hasta cerrar el acuerdo con el Fondo. Que a la larga sucederá, porque más allá de la épica que quiera infundir el kirchnerismo, no hay destino sin acuerdo. Con eso tiene que ver el giro del Gobierno consumado el viernes, al apoyar la Argentina en la Asamblea de la OEA la resolución impulsada por Estados Unidos, Chile y Uruguay para declarar ilegítimas las elecciones en Nicaragua.
En tiempo de veda, no se puede hablar de encuestas, pero sí vale tener en cuenta que los números rojos con los que llega el Gobierno a esta elección incluyen una imagen negativa de Alberto Fernández muy alta. Sobre ese dato, la consultora Mariel Fornoni recordó que son números similares a los de Cristina Kirchner tras el conflicto por la 125. Así y todo, la comparación puede iluminar los ánimos oficialistas si se recuerda que ella repuntó de manera tal de ganar en 2011 por el 54% las elecciones. La propia analista recuerda que entonces mejoró fuerte la economía y además la viudez de la entonces presidenta generó empatía con su figura.
Dos elementos que están lejos de repetirse en esta coyuntura dramática.
El senador de Frente de Todos calificó al mandatario provincial como “un peronista raro”. Además, admitió que “la banca en el Senado está lejana”, en referencia a las chances del oficialismo en Córdoba.
En la previa de las elecciones legislativas, el senador Carlos Caserio (Frente de Todos) criticó al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, al considerar que tiene “una actitud artera y confrontativa” hacia la Casa Rosada y “le está entregando la provincia a Juntos por el Cambio”, fuerza que lidera por amplia ventaja todas las encuestas en ese distrito.
“Córdoba es una provincia distinguida por el Gobierno nacional. Pero la política del Gobierno provincial es querer tapar esa realidad victimizándose. Schiaretti parece tener una actitud artera y le está entregando la provincia a Juntos por el Cambio”, sostuvo el legislador.
Además, le pegó: “Es un peronista raro. Cuando hay un Gobierno nacional peronista no lo apoya y cuando estaba (Mauricio) Macri en el poder estaba muy feliz”.
De esta forma se refirió el oficialista a las críticas que formuló el gobernador y parte de la dirigencia local de JxC sobre un vídeo en el cual el presidente Alberto Fernández dijo -en un encuentro que mantuvo con candidatos del FdT- que Córdoba debía “integrarse a Argentina”.
En ese sentido, Caserio, candidato a renovar su banca, afirmó que los dichos de Fernández “estaban sacados de contexto” porque se hizo “un recorte” de ese material.
“El presidente nos comentó cómo veía la situación en Córdoba. Pero al vídeo lo cortaron y lo sacaron de contexto. Lo que decimos es que ellos (el oficialismo provincial y JxC) buscan aislar a Córdoba o que se piense que es castigada”, subrayó en diálogo con FM La Patriada.
Sobre las expectativas que tiene el FdT, que en las primarias sacó apenas un 11%, lo que lo dejaría sin la renovación de su banca, Caserio admitió: “La elección de las PASO no fue lo que esperábamos y la banca en el Senado está en riesgo porque hay una diferencia importante con el segundo lugar. Esa es la realidad”.
“Estamos trabajando a full, con todas las pilas, pero conservar el Senado. Es un desafío enorme que pareciera que la elección está estabilizada, según los datos que tenemos, y entonces la banca en el Senado está lejana”, agregó.
Por otra parte, con respecto a los precios de los alimentos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta opinó que “la economía, si bien hoy el país está creciendo, se está desvalorizando por aumentos desmedidos”.
“Nosotros somos productores, deberíamos lograr tener un precio adecuado. El congelamiento es una herramienta provisoria. Hay que entender que recibimos un país fundido e irresponsablemente endeudado. Todo eso incide”, apuntó.
Y añadió: “Los formadores de precios en la Argentina son grandes especuladores. La única variable que no hemos podido dominar es la inflación. Es el mayor desafío que tenemos por delante”.
El proyecto, propuesto por el cordobés Carlos Caserio, se votó por unanimidad en la sesión de este jueves. Los montos se modificaron respecto de la idea original. A partir de cuánto se pagará el gravamen.
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la suba del mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales, con el objetivo de reducir la cantidad de personas alcanzadas por el gravamen.
La iniciativa, propuesta por el cordobés Carlos Caserio (FdT), fue votada este jueves por unanimidad (50 votos positivos). En el recinto se aprobó una redacción distinta a la que se proponía originalmente, tras conversaciones del oficialismo con el Ministerio de Economía, por lo que se cambiaron los montos.
De acuerdo al texto, se modifica el artículo 24 de la Ley 27.480, de manera de establecer que no van a pagar este tributo las personas que posean bienes con valores iguales o inferiores a 6 millones de pesos. Actualmente el monto estimado es de 2 millones de pesos, y el proyecto original de Caserio hablaba de 8 millones.
Además, indica que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos. En la actualidad, este monto está en 18 millones de pesos y el texto inicial estimaba 50 millones.
Al abrir el debate, Caserio sostuvo que “es insuficiente lo que hoy está computado en tal concepto” y con el mínimo imponible actual “comenzaríamos a gravar a contribuyentes que no es razonable hacerlo, y es lo que ya está pasando”. “Cualquier familia que posea un coche chico y un terreno estaría gravado”, explicó, algo que consideró “una cosa injusta”. Además, dijo que hay muchos contribuyentes que “ni siquiera conocen que lo tienen que tributar”.
Respecto al proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó que también se modifica “el artículo 27 de la ley (actual) para que la actualización sea automática en diciembre de cada año y se utilice el índice de precios mayoristas a nivel general”.
“Es una ley justa, sensata, que ayuda en un momento difícil de la Argentina, donde los argentinos están saliendo de la pandemia, donde se está logrando la recuperación”, manifestó el cordobés, que estimó que “alrededor de 600 mil personas son las que van a dejar de pagar el tributo”.
A continuación, la cordobesa Laura Rodríguez Machado anticipó el voto a favor del interbloque, pero advirtió que “la ley es escasa, no alcanza”, porque cualquier persona que tenga “heladera, lavarropas, un televisor, tal vez un microondas y un auto pequeño va ingresar a pagar Bienes Personales, aún sin tener casa propia y ningún inmueble”.
La senadora del Pro recordó que en la última reforma de este impuesto, en 2018, “en términos reales llegaba a unos 53 mil dólares en ese momento el tope para Bienes Personales”, mientras que esta iniciativa “equivale a 30 mil dólares actuales”. “Es un reconocimiento expreso por parte del bloque oficialista de la tremenda situación que estamos pasando los argentinos”, expresó.
Por el interbloque Parlamentario Federal, el salteño Juan Carlos Romero lamentó que se vote un texto “mucho más restrictivo que la intención original del senador por Córdoba”, en alusión a Caserio, porque “en una etapa como el país está viviendo, con una inflación enorme, estas cifras son exiguas”.
“Es un alivio, no lo suficiente”, insistió y afirmó que “entendía” que “quienes manejan Hacienda están cuidando la caja”, pero mientras “se gasta en exceso en otras áreas” como pasa “con la donación de bienes con el eslogan ‘platita’ en el bolsillo de la gente”, cuestionó el senador.
Por último, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, recordó una vez más la política económica del expresidente Mauricio Macri y enfatizó que “acá no se puede hacer magia”, porque hay “un Estado que está débil por la deuda que tenemos”. “Arreglamos una parte de la deuda, pero nos falta la otra parte que es un compromiso de imposible cumplimiento”, subrayó en referencia al crédito con el FMI.
“La pandemia produjo una caída mundial” y “una presión sobre los precios, fundamentalmente en los alimentos”, agregó el formoseño, que resaltó que “en países como el nuestro, que quedó en el default, hay una economía debilitada”.
Mayans afirmó que “dos millones de pesos es una base que hoy no corresponde”, y este proyecto “es un aporte que viene en el sentido de contribuir al problema económico que tienen los trabajadores”.
En el final, al informar sobre las modificaciones, Caserio explicó que “cuando pasamos de los 2 a los 6 millones estamos contemplando el 100% de inflación de ese período, inclusive calculando la del 2021”. “En Argentina mirar las cosas en valor dólar es complejo”, le respondió a Rodríguez Machado.
Sin embargo, admitió que “con el tema de la casa-habitación sí, no da lo mismo la inflación, pero un análisis con el equipo económico hizo que el costo fiscal era un poco excesivo para lo que se consideraba con un presupuesto ya vigente”. “Si bien no es todo lo que quisimos, creo que tenemos por delante para ser un poco más justos”, concluyó.
Fue en el marco de una reunión realizada luego de la reunión de Labor Parlamentaria en la que delinearon la sesión prevista para este jueves en el Senado.
La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió este miércoles con el titular del bloque de senadores oficialistas, José Mayans, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del referido Cuerpo, Carlos Caserio, para delinear la sesión de este jueves de la Cámara alta, donde se tratará el proyecto de suba del mínimo no imponible para el pago del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Con esa medida, el oficialismo busca eximir del pago del tributo a una importante cantidad de contribuyentes cuyos bienes muebles en conjunto no superen los ocho millones de pesos, y que podrían quedar alcanzados por el gravamen cuyo piso actual es de dos millones de pesos.
La iniciativa precisamente modifica el artículo 24 de la Ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales y lleva el mínimo no imponible al referido monto de ocho millones. Para el caso de inmuebles destinados a la vivienda familiar “casa-habitación”, el piso se eleva a cincuenta millones de pesos, de los dieciocho millones en que se encuentra fijado hoy. Además, la reforma contempla la renovación automática de los pisos en diciembre de cada año.
En la sesión ordinaria convocada para este jueves a las 15, acordada en la reunión de Labor Parlamentaria celebrada este viernes por la tarde y de la que participaron los jefes de bloque de las distintas bancadas legislativas, se resolvió también tratar una nueva prórroga de la emergencia territorial indígena, entre otros temas.
Dicha propuesta apunta a evitar, por los próximos cuatro años, posibles desalojos de las comunidades de pueblos originarios de las tierras que hoy habitan. De aprobarse, se garantizará la permanencia de las comunidades con el objeto de que se complete un relevamiento técnico, jurídico y catastral, ordenado para legalizar luego la titularidad de parcelas aludidas.
Será la segunda sesión presencial del Cuerpo, tras la pandemia mundial de Covid-19, que obligó en marzo del año pasado a realizar la actividad parlamentaria de manera virtual. En ella, se abordará también el tratamiento de ascensos de militares.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará un proyecto presentado por el cordobés Carlos Caserio. Los montos que se buscan actualizar.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado tratará este jueves, desde las 13, un proyecto de ley del senador Carlos Caserio (FdT) que propone la suba del mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales.
La iniciativa apunta a modificar el artículo 24 de la Ley 27.480, de manera de establecer que no van a estar alcanzados por este gravamen aquellos bienes que sean iguales o inferiores a 8 millones de pesos (actualmente el monto estimado es de 2 millones de pesos).
Además, indica que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 50 millones de pesos. En la actualidad, este monto está en 18 millones de pesos.
En los fundamentos de su proyecto, Caserio señaló que con el mínimo no imponible actual “llegamos a la conclusión que un contribuyente que posea un automóvil de los denominados pequeños y un terreno en donde aspire a construir su primera vivienda seguramente estaría como sujeto gravado” en este tributo.
“También creemos que el valor exento para la casa habitación debe actualizarse producto del incremento de valores que la inflación generó sobre estas propiedades y el efecto revalorización de las bases imponibles y de las valuaciones fiscales que llevaron adelante las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó.
Camino a las PASO de septiembre, el oficialismo nacional realizó cuatro actos en la provincia mediterránea.
El Frente de Todos lanzó este lunes su campaña en la provincia de Córdoba con cuatro actos en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y Jesús María.
El senador nacional Carlos Caserio encabezó el acto en el Anfiteatro José Hernández de la ciudad de Jesús María, acompañado por Gastón Mazzalay y Graciela Brarda. “Se abrió una puerta enorme, con un gran horizonte para la Argentina. La vida que queremos empieza a ser realidad. Vamos a superar la pandemia, va a mejorar la economía, vamos a poder cumplir con los argentinos los compromisos que asumimos en el 2019, pero para eso necesitamos senadores y diputados que acompañen al proyecto nacional”, expresó Caserio. “Acá se eligen dos modelos de país: el modelo que hoy gobierna el país con Alberto presidente, al cual todos nosotros le pusimos el hombro, que dejó atrás la especulación financiera, que trabaja para el crecimiento y la producción, o de lo contrario, el que quiere volver al pasado”, explicó.
La diputada Gabriela Estévez encabezó el acto en el Espacio Muñiz de la ciudad de Río Cuarto, acompañada por Gastón Tomatis, Thiago Galván, Francina Mattoni, Pablo Tissera y Facundo Armella. “La lista del Frente de Todos es la lista de la juventud, de las mujeres, del futuro. No nos interesan las viejas peleas. Tampoco nos interesa volver al pasado. Nuestro único interés es la reconstrucción de Córdoba y de la Argentina. Nuestra principal obsesión es crear fuentes de trabajo para nuestros jóvenes, fuentes de trabajo de calidad y respetuosas del ambiente. Gracias a la campaña de vacunación del Gobierno nacional estamos saliendo adelante, avanzando hacia la recuperación. En septiembre los cordobeses y las cordobesas vamos a llenar las urnas de amor, alegría y esperanza para construir la vida que queremos”, dijo Estévez.
El secretario de Obras Públicas Martín Gill encabezó el acto en el Hotel Amérian de la ciudad de Villa María, acompañado por Natalio Graglia y Sandra del Bo. “El Gobierno de Alberto Fernández está dando vuelta definitivamente la página de desencuentros entre Córdoba y Nación. Estamos absolutamente convencidos que no hay Nación sin Córdoba y no hay Córdoba sin Nación. Que si a Córdoba le va bien, Argentina tendrá un motor impresionante para su desarrollo. No es cierto que el camino sean los antagonismos. Esa es la agenda de algunos dirigentes para mantenerse en sus lugares y tener de rehenes a los cordobeses. Nuestra agenda es la agenda de la gente, es la que tenemos con nuestros vecinos para que le llegue la vacuna”, afirmó Gill. “La pandemia nos condicionó la vida, pero a ninguno de nosotros nos cambió los objetivos: hacer una Argentina grande, federal, justa, progresista, donde el trabajo, la producción y la industria sean el camino para ponernos de pie”, agregó.
La concejala Olga Riutort encabezó el acto en el Teatro Griego de la ciudad de Córdoba, acompañada por Pablo Carro e Ilda Bustos. “Estamos convencidos de apoyar a Alberto Fernández porque lo que está en juego en esta elección es el debate de la pospandemia y si tomamos el camino del pasado con ajuste, endeudamiento y recesión o el que eligió el pueblo en 2019 de desarrollo, inversión, trabajo y salario”, expresó Riutort. “La Nación demostró la grandeza de gobernar para todos sin diferencias políticas y por eso hizo lo que la gestión anterior no cumplió. Financio la caja de jubilaciones, invirtió en obras públicas, le dio a la ciudad el dinero para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Bajo Grande, construyó cuatro centros de salud y sobre todo se ocupó de proteger a Córdoba, como a todas las provincias argentinas. Apostamos a la esperanza y no al miedo, por eso sabemos que nos espera un futuro de grandeza y bienestar”, concluyó.
Los actuales diputados nacionales competirán en la categoría de senadores, pero habrá además otras dos listas en ese espacio. Por su parte, el peronista Carlos Caserio buscará su reelección en la Cámara alta.
El frente Juntos por el Cambio en Córdoba, provincia en la que ese espacio tiene fuerza, se fracturó e irá a internas en las próximas PASO.
Una de las listas estará encabezada, para el Senado, por el actual jefe del interbloque opositor en la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, secundado por otra diputada nacional, la macrista Soher El Sukaria.
En tanto, al frente de la nómina para la Cámara de Diputados irá Gustavo Santos, exministro de Turismo durante el gobierno de Mauricio Macri. Estará acompañado por la senadora nacional -a quien se le termina el mandato en diciembre- Laura Rodríguez Machado, del Pro; y en tercer lugar habrá otro macrista, el actual diputado Héctor Baldassi.
La otra boleta será la que encabece para la Cámara alta el actual diputado nacional Luis Juez, que en el caso de la categoría de precandidatos a diputados nacionales llevará a Rodrigo de Loredo, actual concejal de la capital cordobesa.
Pero además, en JxC habrá otras dos listas, impulsadas por el radical Javier Bee Sellares y el alfonsinista Dante Rossi, cada uno por su lado. Laura Sesma será cabeza de lista para el Senado, en sociedad con Bee Sellares, mientras que Griselda Baldata hará lo propio en el espacio que comparte con Rossi, según informó el diario La Voz del Interior.
Frente de Todos, con lista única
En el caso del Frente de Todos, habrá lista de unidad. Para la Cámara alta, liderará Carlos Caserio -en busca de un nuevo mandato-, secundado por la actual diputada Gabriela Estévez. Los primeros suplentes serán Thiago Galván, consiliario UCN y vicepresidente de la Liga LGBTIQ; y Mariana Mandakovik, secretaria general del Sindicato de Prensa.
Martín Gill, secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente de Villa María, cargo en el cual está bajo licencia, será el primer precandidato a diputado nacional, secundado por Olga Riutort, concejala por la ciudad de Córdoba; seguida de Pablo Carro, actual diputado nacional.
La lista se completa con Ilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y adjunta de la CGT regional; Natalio Gragli, intendente de Villa Nueva; Francisca Matoni, secretaria general de la FUC; Gastón Mazzalay, intendente de Malvinas Argentinas; Graciela Barda, presidenta del PJ de San Justo; y Gastón Tomatis, intendente de Las Acequias.
En el caso de Hacemos por Córdoba, espacio del oficialismo provincial, Alejandra Vigo encabezará para el Senado y Natalia de la Sota para la Cámara de Diputados.
En las elecciones de este año, la provincia de Córdoba renueva las tres bancas en el Senado y nueve diputados nacionales.
Sin embargo, la iniciativa, que suma a CABA a los beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público, despertó las voces de legisladores del interior del país que reclamaron por la inequidad entre sus provincias y la Ciudad.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este miércoles de forma virtual para debatir un proyecto que rectifica el artículo 73 sobre ayuda para transportistas escolares de la Ley de Presupuesto Nacional. Aunque la comisión firmó dictamen, la iniciativa que agrega a la Ciudad de Buenos Aires a la lista de beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público -originalmente destinado sólo al interior- abrió el debate de la inequidad entre la Capital Federal y las provincias.
Aunque Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), que no integra la comisión, se manifestó a favor, intervino para advertir: “Distribuir igual entre desiguales no es justo. En eso se comete una injusticia. Y yo creo que el transporte escolar en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires es totalmente desigual. En primer lugar porque en la Ciudad de Buenos Aires hay transporte de subterráneos, hay transporte de colectivos, hay transporte de tren, hay transportes de taxis abundantes y obviamente también está el transporte escolar”.
El legislador neuquino continuó con su crítica al considerar que “desde el Estado Nacional estamos haciendo el esfuerzo en darle también a CABA, que es la ciudad que más plata recibe del fondo nacional”. A continuación, arrojó el dato de que “casi el 70% de los gastos del fondo nacional” se destinan a la Ciudad.
“A mi me gustaría que se le pida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ver qué aporta, porque no aporta absolutamente nada. Y además, también recordemos que los costos de transporte, no solamente escolar sino transporte en general, en el interior son mucho más caros que en la Ciudad de Buenos Aires”, lanzó el senador oficialista.
El reclamo de Parrilli abrió la puerta a las críticas de otros senadores de provincias del interior. “Es absolutamente injusta la distribución del esquema de los subsidios de transporte”, “no es equitativo, ni siquiera es justo”, denunció José Mayans, titular del oficialismo en la Cámara alta. El formoseño pidió “darle más al que más necesita”.
La oposición también se sumó al reclamo. Victor Zimmermann (UCR-Chaco) expuso: “Los 600 millones de pesos que teníamos para el interior ahora se van a repartir para todo el país, por lo tanto va a haber seguramente un criterio de distribución diferente”. El legislador chaqueño consideró que el nuevo proyecto “cambia el espíritu” original de la creación del Fondo de Compensación al Transporte Público.
Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) coincidió con sus colegas pero recordó que “la clave está en que verdaderamente se destrabe de una vez por todas los fondos que tienen que ir destinados a esto”. “En el 2020, los 600 millones no se repartieron a nada y en lo que va del 2021 tampoco se ha entregado ni un peso”, explicó la tucumana.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), por su lado, propuso la creación de una subcomisión de trabajo para discutir la cuestión de la equidad de los subsidios al transporte.
El presidente de la comisión, el senador Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) sostuvo: “Estimo que estos 600 millones nunca fueron ejecutados. Por lo menos en la provincia de Córdoba no llegó ni un peso”. Sin embargo, aplacó la iniciativa de sus colegas de proponer modificaciones al considerar: “Me parece no sería lo más atinado que vuelva a Diputados porque veo una demanda intensa del sector”.
En contraparte, el senador Julio Martínez (UCR-La Rioja) consideró que el subsidio “debe ser para todos” y le recriminó a sus compañeros que un planteo similar no se les ocurriría, por ejemplo, con el IFE. “A nadie se le puede caber en la cabeza decir ‘le vamos a dar los del interior pero los de la capital no, porque la capital tiene plata’”, expuso. El legislador opositor concluyó insistiendo en su postura de que todo el país debería recibir la ayuda: “Sea de donde sea, sea de la ciudad más rica o sea de las zonas más pobres, pero les corresponde”.
Para cerrar el tema, Caserio propuso: “Si a ustedes les parece, vamos a pasar el dictamen a la firma. Creo que hay un consenso de que no se puede demorar más con el transporte escolar, más allá de la situación que se amerite”.
La iniciativa fue presentada por la legisladora María Luján Rey (Pro). El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Actualmente, la letra de la ley habla solamente del “interior del país”. Por ello, en los fundamentos del proyecto se señaló que esa expresión termina “excluyendo a los transportistas escolares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a sus pares del AMBA, violentando el principio de igualdad”.
En los argumentos se recordó que este Fondo fue incorporado especialmente, durante 2020, para el auxilio económico del sector. “Sin embargo, al poner en marcha la distribución de las partidas fue la misma redacción de ese artículo, la que impidió y aún impide la distribución de esos fondos, hacia sus destinatarios”, se explicó.
En ese sentido, la modificación busca “la distribución justa y homogénea entre todos los transportistas escolares de todo el país”, máxime si se considera que “en estas dos jurisdicciones es donde se desenvuelven la mayor parte de los integrantes de ese sector, y que es en esas jurisdicciones donde la recesión escolar por la pandemia fue más profunda y extensa”.
En el marco de una reunión de la Comisión Revisora de Cuentas, uno de sus miembros planteó en tono de broma el tema y la cuestión terminó en una queja de diputados y senadores.
Como suele suceder periódicamente, los sueldos de diputados y senadores volvieron a quedar los últimos días enmarcados en una polémica a partir del aumento acordado por las autoridades de la Cámara con los gremios legislativos, que se trasladará a los legisladores. Las críticas estuvieron a la orden del día, y este martes, en el marco de una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas -que integran diputados y senadores de todos los sectores-, el tema quedó expuesto. Primero en tono de broma, y luego un diputado anticipó un pedido a la Oficina de Presupuesto del Congreso para poner blanco sobre negro en esa cuestión.
Venía hablando el diputado del Pro Alvaro González, quien antes de liberar al diputado Carlos Heller y el senador Carlos Caserio valoró el trabajo hecho por ambos a lo largo del último año y medio y deslizó: “Tendrían que aumentarle el sueldo -dijo sonriendo, en referencia al primero-. Lo han hecho trabajar como nunca al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados”.
“Hemos trabajado bien”, reconoció Heller, riendo.
“Y por ende al presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado”, acotó González, que agregó que “si estamos todos de acuerdo, avancemos” con la reunión.
Pero el presidente del bloque de senadores del oficialismo, José Mayans, siguió con el tema salarial, apuntando: “Hemos aprobado pliegos de jueces, embajadores… y ganamos menos que los pliegos que estamos aprobando”.
“Ganamos menos que un prosecretario de Diputados”, sumó el senador Mario Pais (Frente de Todos – Chubut).
Todo eso se dio en un contexto de sonrisas, y entonces Alvaro González se puso serio para anunciar que estaba mandando una nota a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación “para que nos hagan un exhaustivo análisis de los salarios del sector público. En todas sus dimensiones: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, empresas descentralizadas, bancos y demás yerbas, para tener una visión del contexto general, y no que estos animalitos, que son los diputados y los senadores, sean los que les quedan bien todas las pulgas… Pero cuando tenga toda la información se la voy a hacer llegar, senador”.
El cordobés Carlos Caserio dijo estar de acuerdo con el diputado del Pro, y Pais se sumó también: “Estamos de acuerdo, y es más: una de las tareas pendientes que tiene la AGN es coordinar la auditoria del Poder Judicial de la Nación, con las especificaciones que prevé la Ley de Administración Financiera y la propia Constitución que esto es un tema… El sector nacional tiene que estar controlado todo, no puede haber sectores no controlados. Hasta el propio Congreso tiene controles por parte de la misma AGN, y por supuesto el Poder Ejecutivo. Pero todos los poderes del Estado, las empresas del Estado y todos aquellos que operen con fondos públicos”.
“Coincido con usted, senador Pais, cien por ciento”, se sumó la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica – CABA), y contó: “Cuando yo era auditora general de la Ciudad tuvimos esa discusión y finalmente la Auditoria General de la Ciudad puede auditar al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.
Entonces Pais apuntó: “Yo le voy a pedir diputada que tal vez hagamos una suerte de subcomisión, usted, otro miembro que quiera y el suscripto, para ver cómo podemos avanzar para hacer una propuesta junto con las autoridades de la AGN, en un marco donde estandaricemos un marco que permita justamente la transparencia y el control de las cuentas públicas”.
La iniciativa proveniente de la Cámara baja fortalece el sistema del sector con una serie de beneficios tarifarios, condiciones laborales y otras prestaciones. Su tratamiento fue sobre tablas.
En el inicio de la sesión de este miércoles, la Cámara alta votó la incorporación para su tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de Fortalecimiento del Sistema de los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, venido en revisión de la Cámara de Diputados. Tenía una significación especial aprobar esta iniciativa precisamente este miércoles, día en el que los bomberos voluntarios festejan su día.
Ese tramo inicial de la sesión contó con la presencia de Ricardo Arenas, presidente del Consejo Nacional de los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, especialmente invitado por la presidenta del Cuerpo.
El senador Carlos Caserio fue el miembro informante de un proyecto que incluye, destacó, a mil cuarteles y a casi 45 mil efectivos. Tras resaltar el reconocimiento que merecen los cuerpos de bomberos voluntarios “por todo lo que permanentemente hacen por el bien común, el senador cordobés detalló los alcances de la iniciativa, que fue aprobada de manera unánime.
“Todos nosotros tenemos el orgullo de poder cumplir con estas demandas para quienes han desarrollado esta noble tarea”, resaltó Caserio al finalizar su discurso, en el que presentó al voluntariado argentino como “un ejemplo para el mundo”.
A su turno, el senador radical Julio Martínez resaltó la vocación de quienes se suman a los cuerpos de bomberos, a quienes definió como “quienes nos cuidan”. Agregó que el sistema de bomberos voluntarios a nivel nacional “yo diría que es una de las pocas políticas de Estado que hay, que pasan los gobiernos y esa política continúa”.
En primer lugar, el proyecto crea un régimen tarifario especial de servicios públicos, por el cual se les reconocerá a las entidades de bomberos la totalidad de la facturación de los servicios de energía eléctrica, gas, telefonía fija y móvil, y TIC’s, que se encuentren bajo jurisdicción nacional.
“Los entes reguladores y las empresas prestadoras deben garantizar la calidad y las condiciones del servicio público”, reza el texto.
También se estipulan prestaciones a bomberos que padezcan accidentes, en materia de tratamientos de rehabilitación, medicamentos y prótesis. Más específicamente, en asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, traslados y servicio funerario.
En el mismo sentido, ante una incapacidad laboral temporaria, mientras dure ese período o hasta transcurridos 24 meses, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base.
Las indemnizaciones serán abonadas al accidentado y/o a sus derechohabientes por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Por otra parte, las entidades quedarán exentas del pago de contribuciones patronales con destino a la seguridad social; y se reducirá a cero la alícuota del IVA para las compras realizadas.
En su despacho de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete dialogó con legisladores del Frente de Todos, en vísperas de su visita para dar un informe en la Cámara alta.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, recibió en su despacho de la Casa Rosada a los senadores José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos; Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos; Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, con quienes repasó la agenda legislativa.
Durante la reunión de trabajo, analizaron el tratamiento que se llevará adelante este miércoles en la Cámara de Senadores, referido al proyecto de ley que posterga por un mes las elecciones legislativas y la modificación al impuesto a las Ganancias de sociedades.
Asimismo, dialogaron sobre la presentación del informe de Gestión que brindará Cafiero ante la Cámara alta, que tendrá lugar este jueves a las 14.
El jefe de Gabinete se disponía a elevar su informe escrito, en el que responde las 1160 preguntas realizadas por los legisladores del oficialismo y la oposición, convirtiéndose en el informe más extenso realizado ante la Cámara alta en la historia de la Jefatura de Gabinete.
Los representantes del Frente de Todos en ambas cámaras del Congreso expresaron su compromiso para acompañar las iniciativas que envíe el Ejecutivo.
El presidente de la Nación Alberto Fernández recibió este jueves al mediodía en la Quinta Presidencial de Olivos al senador Carlos Caserio, a la diputada nacional Gabriela Estévez y a los diputados nacionales Eduardo Fernández y Pablo Carro, representantes por la provincia de Córdoba del Frente de Todos en el Congreso.
En la reunión, que duró algo más de una hora, los legisladores cordobeses manifestaron su alegría por ser recibidos por el presidente y ratificaron su respaldo al Gobierno Nacional, así como su compromiso en acompañar desde el Congreso todas las iniciativas del Poder Ejecutivo para poner a la Argentina de pie, especialmente aquellas destinadas a proteger a las familias, a los trabajadores y a las empresas en el contexto de la pandemia por el Covid-19.
Durante el encuentro, el presidente se interiorizó sobre la situación social y económica de la Provincia y convocó a los legisladores a consolidar el Frente de Todos en la Provincia de Córdoba, el segundo distrito más importante del país en población y, fundamentalmente, por su enorme aporte a la economía nacional, en particular, en sectores tales como la industria, el agro y el turismo.
Todos los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar el proyecto “nacional, popular, democrático y feminista” para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, tanto a nivel provincial como nacional.
Un proyecto que se debatirá este jueves en la Comisión de Presupuesto del Senado conmina al ministro Martín Guzmán a que los 4.350 millones de dólares que llegarían a Argentina se utilicen para atender la pandemia.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Carlos Caserio, tratará este jueves a las 14 un proyecto del oficialista Oscar Parrilli para que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender la pandemia del coronavirus y no para pagar deuda.
Se trata de un proyecto de declaración que le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que esos fondos no se vuelquen “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.
En cambio, Parrilli pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.
El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.
“Según declaraciones públicas de Geoffrey Okamoto, vicedirector Ejecutivo del FMI, esos fondos tendrán el objetivo de ser utilizados en temas de ‘salud y vacunación contra el Covid’. Si esa será la condición, la Argentina no podría utilizar esos fondos para saldar vencimientos previstos para septiembre y diciembre de este año con el FMI”, explicó Parrilli.
En los fundamentos de su proyecto, señaló que “se han manifestado algunas voces en la Argentina que indican que el Gobierno Nacional debería analizar la posibilidad de destinar la parte que le corresponde de esta nueva emisión de DEG para el pago de los vencimientos que la Argentina tiene con el FMI y con el Club de París en concepto de capital e intereses y con vencimiento en el corriente año”.
“A nuestro entender, esta decisión configuraría un grave error económico, social y político y no se cumpliría con el principal objetivo que dicen tener dichos fondos, ya que a través del pago de deuda el dinero volvería a los países ricos, aumentando la desigualdad e inequidad”, advirtió el legislador.
La iniciativa fue suscripta, además de Parrilli, por el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y sus pares Caserio, Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana.
“Decide poniendo en primer lugar la vida”, remarcaron los diputados y el senador de esa provincia al defender los anuncios de Alberto Fernández y pidieron que en Córdoba también se agudicen las restricciones.
Legisladores oficialistas de la provincia de Córdoba manifestaron su apoyo a las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández en la noche del miércoles. Aseguraron que el presidente “decide poniendo en primer lugar la vida y la salud de los argentinos y las argentinas”. En el mismo sentido, pidieron que el gobierno provincial cordobés también evalúe tomar nuevas medidas “para disminuir los contagios, atendiendo al preocupante avance de la segunda ola en la capital y otras regiones de nuestra querida provincia”.
“Momentos difíciles como el que estamos atravesando, requieren de liderazgos con la entereza para tomar las decisiones que hay que tomar”, argumentaron los legisladores del Frente de Todos. El comunicado lleva la firma de el senador nacional Carlos Caserio y los diputados nacionales Gabriela Estévez, Eduardo Fernández y Pablo Carro.
Los legisladores cordobeses sostuvieron que “cuando lo que está en juego es la vida y la salud de la gente, no puede ni debe haber ningún tipo de especulación”. Paralelamente, denunciaron una “ampaña deliberada de un sector de la oposición que, con la asistencia de algunos medios de comunicación, promueve la desinformación y el caos”.
“La situación es crítica”, remarcaron, para agregar luego que “frente a este complejo escenario el Gobierno Nacional dispuso algunas medidas puntuales para el AMBA, con el objetivo de disminuir los contagios, evitar el colapso del sistema sanitario y salvar vidas”, consideraron el senador y los diputados.
En cuanto a la provincia de Córdoba, aseguraron que “durante el año pasado, los aportes del Gobierno nacional por habitante fueron mayores que los de la provincia de Buenos Aires y prácticamente los mismos que los de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “El Gobierno nacional está presente para Córdoba en las buenas y en las malas, cuidando y acompañando a todos los cordobeses y las cordobesas”, agregaron.
“Respecto a la situación sanitaria, en Córdoba estamos en el mismo lugar que el AMBA hace 2 semanas atrás”. “Lamentablemente, la segunda ola es un hecho también en nuestra querida provincia, donde ya tenemos pintados de rojo con un nivel de transmisión alto a 7 departamentos, incluyendo la capital”, expresaron los legisladores del Frente de Todos.
En el mismo sentido, pidieron que el Gobierno provincial “evalúe tomar nuevas medidas para disminuir los contagios, atendiendo al preocupante avance de la segunda ola en la capital y otras regiones de nuestra querida provincia”.
“Siempre será mejor prevenir que curar, sobre todo, cuando los riesgos para la vida y la salud de los cordobeses y las cordobesas son tan altos”, concluyeron.
Se trata del proyecto elaborado por la AFIP para generar un “puente” entre ambos regímenes y morigerar la carga tributaria de contribuyentes morosos. Fue aprobado por unanimidad.
El Senado convirtió en ley este jueves por unanimidad (67 votos) el proyecto elaborado por la AFIP que busca crear un “puente” entre el régimen de monotributo y el general para aliviar la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes y evitar un “salto al vacío”.
La iniciativa aborda un problema estructural vinculado a la subdeclaración y ocultamiento de ingresos por parte de contribuyentes para evitar pasar al régimen general.
Paralelamente, se atiende la situación de aproximadamente 25.000 personas que fueron excluidas del monotributo de forma automática por la AFIP y no fueron notificadas, ya que el sistema se encuentra suspendido desde septiembre de 2019.
Como consecuencia de esa suspensión, esos contribuyentes acumularon deudas difíciles de afrontar, razón por la cual ahora se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.
Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.
En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.
Otro tema que busca resolver el proyecto es la actualización de las categorías del monotributo, que se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria, que estuvo suspendido el año pasado. En ese sentido, se tomará un índice del 35,3%, que es el correspondiente al haber mínimo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, precisó que actualmente, en el monotributo, el monto facturado anual mínimo es de 208.000 pesos y el máximo es de 1.739.000 pesos, y con el índice del 35,3%, el mínimo pasará a 282.000 pesos y el máximo a 2.353.000 pesos.
De esta forma, el monto más bajo pasará a tributar mensualmente 2.646 pesos, y el más alto, 12.796 pesos. Estos nuevos parámetros se aplicarán a partir del 1ro. de enero de este año, es decir, la ley será retroactiva.
“Este proyecto es muy necesario y era muy esperado por los monotributistas, y va a brindar soluciones a más de tres millones de trabajadores que desarrollan una actividad independiente, que viven de su trabajo y que necesitan que el Estado elimine trabas burocráticas para poder desarrollarse con normalidad”, destacó Caserio.
Por su parte, Víctor Zimmermann (UCR) manifestó: “Más allá del puente que va a generar este proyecto, consideramos que al igual que con Ganancias, tendremos que pensar a futuro en una reforma de fondo”.
El chaqueño opinó que para la actualización de las categorías debería utilizarse el IPC (Índice de Precios al Consumidor) porque “las ventas se establecen en base a los precios, y los precios se forman en base a la inflación”.
El Senado sancionó la iniciativa por amplia mayoría en la sesión de este jueves. La norma alcanzará a 1.267.000 trabajadores y jubilados. Será retroactivo al 1ro. de enero y el aguinaldo estará exento del tributo, entre otros beneficios. Fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
El Senado convirtió en ley este jueves por amplia mayoría el proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias para que trabajadores con salarios brutos de hasta 150.000 pesos y jubilados con haberes de hasta 167.000 pesos dejen de pagar el tributo a partir del 1ro. de enero de este año.
La iniciativa impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y acompañada por todas las centrales obreras recibió 66 votos afirmativos y una sola abstención, de Esteban Bullrich (Pro).
La sesión fue escenario de fuertes cruces entre senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que se reprocharon mutuamente las promesas incumplidas tanto del gobierno de Mauricio Macri como del actual presidente Alberto Fernández.
Si bien el interbloque Juntos por el Cambio acompañó la votación en general, tal como sucedió en Diputados, criticó algunos aspectos particulares y habló de un nuevo “parche” en el sistema tributario.
La flamante norma establece que los trabajadores que ganen por debajo de 150.000 pesos brutos dejarán de pagar Ganancias, y aquellos salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos tendrán deducciones especiales que serán determinadas por el Poder Ejecutivo.
En el caso de los jubilados, el “piso” pasará de seis a ocho haberes mínimos –un monto estimado en 167.000 pesos-, y aquellos que además perciban otros ingresos, tales como una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, también podrán acceder al beneficio.
La ley, que se estima tendrá un costo fiscal superior a los 47.600 millones de pesos, establece la retroactividad al 1ro. de enero, y en la reglamentación la AFIP determinará el modo en que se devolverá a los trabajadores el dinero correspondiente.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, recordó la promesa incumplida de Mauricio Macri de eliminar el impuesto y destacó que “a pesar de la difícil situación heredada y de la crisis de la pandemia, ha sido este presidente, Alberto Fernández, quien vino hoy a solucionar este problema”.
Caserio confirmó que la ley beneficiará a 1.267.000 trabajadores y jubilados, y precisó que solo 733.000 trabajadores pasarán a aportar Ganancias, es decir solo el 7%, un número cercano a los valores históricos.
“Esto demuestra el esfuerzo de nuestro gobierno en una crisis sanitaria y económica mundial para poder dar soluciones y cumplir los compromisos asumidos con los argentinos”, resaltó el oficialista.
A su vez, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, subrayó que “aumenta casi el doble el piso vigente en la actualidad, y dejando por primera vez al aguinaldo exento. Esto representa una conquista histórica de derechos para los trabajadores”.
En cuanto a los jubilados, indicó que “la proporción de haberes que pagaban este tributo en 2019 era del 5,9% y ahora será del 2,4%”. “Con esta ley ninguna persona que cobre la mínima, la media o la media alta pagará Ganancias”, afirmó.
Lovera apuntó que “en los cuatro años de gestión de Cambiemos, el porcentaje de trabajadores alcanzados pasó del 10% al 25%; esto quiere decir que una de cada cuatro personas trabajadoras pasó a pagar Ganancias, y eso fue un golpe durísimo para la clase media argentina”.
Además, ponderó que a pesar de la crítica situación por la segunda ola de la pandemia, “el Gobierno va a hacer un esfuerzo fiscal de casi 50.000 millones de pesos para darle alivio, tranquilidad y reconocimiento a miles de trabajadores que día a día, sin importar las circunstancias, se levantan y van a trabajar para que la Argentina se ponga de pie”.
Desde la UCR, Víctor Zimmermann consideró que “estamos frente a una reforma necesaria e importante, pero la vemos insuficiente. Sigue pendiente el desafío de una reforma de fondo del sistema tributario argentino”.
“Nada decimos de los autónomos y de los que quieren generar empleo, y esto sin duda genera distorsiones, sobre todo si miramos a los sectores más vulnerables y carenciados que pueden llegar a pagar más impuestos a través de Ingresos Brutos o Sellos si a las provincias no se las compensa correctamente”, advirtió, al recordar que Ganancias es un impuesto coparticipable.
Zimmermann también cuestionó que se utilice el RIPTE (índice de variación salarial) para actualizar el mínimo no imponible en lugar del IPC (índice de inflación).
También por Juntos por el Cambio, el catamarqueño Oscar Castillo coincidió en que “en este contexto socioeconómico, cualquier alivio a esta situación es bienvenido y desde la oposición se lo va a apoyar, pero un verdadero alivio hubiese sido que sea general para todos los estamentos que hacen a los trabajadores, y este no lo es”.
En defensa de la ley, la chubutense Nancy González expresó que “como decía el general Perón, nosotros no prometemos, cumplimos”, pero el radical Julio Martínez le salió al cruce con ironía: “Se ve que el presidente Fernández no es peronista, porque prometió aumentar un 20% a los jubilados, y no solo no les aumentó, sino que les impuso un nuevo ajuste con una nueva ley “.
Otro momento tenso se vivió con la fuerte intervención de la radical Silvia Elías de Pérez, quien advirtió que en el oficialismo “hablan de promesas de campaña y hacen discursos echándole la culpa de lo que no se hacen cargo”.
“(Fernández) llegó al gobierno prometiendo que los jubilados iban a tener el máximo de los aumentos, que iban a ser los más cuidados, ¡y lo primero que hicieron fue dejar a un costado la fórmula jubilatoria y durante un año le entregaron a nuestros mayores lo que sobraba de la mesa, como si fuesen los perros que estaban ahí abajo, y ahora cambiaron la fórmula para seguir pagándoles menos!”, alertó.
En tono duro, siguió. “¡Prometieron que iban a encender la economía y nos metieron en una cuarentena eterna que llevó a la destrucción de los puestos de trabajo! ¡Prometieron que iban a respetar la independencia judicial y lo primero que hicieron fue tratar de avasallar a la Justicia, y todo el tiempo persiguen al Ministerio Público Fiscal y a los jueces porque buscan impunidad!”
“¡Prometieron que entre diciembre y marzo 10 millones de personas iban a estar vacunadas y seguimos esperando que cumplan!”, continuó Elías de Pérez con el dedo en alto, y Nancy González le llamó la atención: “Calmadita con el dedo”, le dijo.
El kirchnerista Oscar Parrilli también reclamó “un poquito de autocrítica” de Juntos por el Cambio y, tras repasar con abundantes cifras la economía que dejó el macrismo, sentenció: “Cuando gobiernan son un lobo, y cuando son oposición tienen piel de cordero”.
A su turno, Martín Lousteau (UCR-Evolución) pidió “bajar el tono” de las discusiones. “No se me ocurre que Alfonsin le hubiera dicho imbécil a un dirigente opositor o que Cafiero haya dicho que un diputado habla boludeces”, dijo.
El economista relativizó la importancia de la modificación de Ganancias: “Es un alivio, pero no es una transformación de la Argentina. Es un alivio para un sector muy chico de la Argentina, es un alivio para un 5% de los trabajadores, y el 5% de los trabajadores que está dentro del 10% que más gana”.
Tras advertir que se busca “vestir de épica” a la ley, sostuvo que “no es la mejor reforma posible”. “¿Cómo se va a financiar? Con Ingresos Brutos. Ingresos Brutos se traslada a precios”, argumentó, y agregó que eso genera “costos para el 90% que gana menos”. “Al 90% de más abajo le quitamos para darle al 5%”, resumió.
Al respecto de los jubilados, señaló que “de los 5 millones y medio de jubilados estamos hablando de 410.000, y en ese tramo que estamos beneficiando hay jubilaciones de privilegio”. Asimismo, sobre la deducción por cónyuge argumentó que “suena bien pero es un desincentivo enorme a que la mujer quiera participar en el mercado laboral, que es lo que queremos todos”.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff advirtió que se trata de “un parche” destinado a “un sector minoritario” de trabajadores. “Estamos legislando para un sector privilegiado de la Argentina. Es una medida aislada, no va a alcanzar ni siquiera para lo electoral”, cuestionó.
El formoseño criticó el rumbo del Gobierno en el contexto de la pandemia: “Pasó un año desde que asumió Fernández, un año de un gobierno que viene marcando la cancha con una agenda equivocada, donde no hay autocrítica, solo desorientación en materia de salud y en materia económica”.
Naidenoff reprochó que se esté discutiendo qué hacer con las PASO y remató: “Si el Ejecutivo no reacciona, nosotros estamos dispuestos a colaborar”.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, destacó finalmente que “esta ley es un acto de profunda justicia” y recordó que en la gestión anterior la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias se duplicó.
“Yo sé que es un tema muy caro para Juntos por el Cambio. Fue una de las grandes estafas electorales que tuvieron los argentinos. Generaron una destrucción no solo del salario real sino de todo el entramado productivo”, lanzó.
Luego, confesó: “Me da mucha vergüenza escuchar a quienes gobernaron los últimos cuatro años decir que no hay un plan económico, hablar de justicia distributiva, cuando fueron los grandes generadores de endeudamiento y fuga de capitales”.
El titular del bloque, José Mayans, concluyó el debate advirtiendo que “el sistema de especulación, usura y robo no funcionó”. “Tenemos que empezar por recomponer el salario del trabajador, que es lo que estamos tratando de hacer”, reforzó, y acusó al gobierno anterior de cometer un “desastre económico”.
Además de elevar el umbral de Ganancias, el proyecto sancionado este jueves en el Senado exime del pago del impuesto al aguinaldo y, por otra parte, mantiene el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.
Una nueva incorporación será la deducción por concubino -actualmente se permitía solo el cónyuge-, para los integrantes de “la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”.
Además, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.
También, a pedido del radicalismo en Diputados, se podrá deducir “la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador y trabajadora” y “el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización”.
De acuerdo a la norma aprobada, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad -sin límite de edad-; y se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud y recolectores de residuos debido a la pandemia.
Otro de los puntos es la posibilidad de deducción del “bono por productividad, falla de caja o concepto de similar naturaleza hasta un monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible” con “efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma equivalente a 300.000 pesos mensuales inclusive”.
Para el personal militar se suma la exención de los suplementos vinculados a la “actividad arriesgada, título terciario, y zona y ambiente insalubre o penoso”.
La nueva ley indica, también por un pedido de la UCR en la Cámara baja, que las asignaciones a expresidentes, presidentes y vicepresidentes estén alcanzadas por el impuesto a las Ganancias.
Finalmente, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer una actualización de los topes mínimos, en función de la evolución que tengan los salarios para evitar que, a partir de los acuerdos de paritarias, haya trabajadores que, ahora beneficiados, pasen a estar incluidos en poco tiempo.
El proyecto recibió dictamen en la Comisión de Presupuesto y será tratado la semana próxima en el recinto junto con las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Carlos Caserio (Frente de Todos), emitió dictamen este miércoles sobre el proyecto elaborado por la AFIP que busca crear un “puente” entre el régimen de monotributo y el general para aliviar la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes y evitar un “salto al vacío”.
La iniciativa del Poder Ejecutivo fue defendida por la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, y el subdirector general de Fiscalización, Julián Ruiz, y quedó en condiciones de ser votada en el recinto la semana próxima junto con las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.
El interbloque Juntos por el Cambio adhirió al dictamen y garantizó su acompañamiento en general, pero adelantó que en el recinto propondrá algunas modificaciones.
Marcó del Pont explicó que el monotributo, surgido en 1998, “fue pensado originariamente como una forma de inclusión fiscal para los eslabones más débiles” y como una “transición de la informalidad al régimen general”.
Sin embargo, advirtió, “se fue desnaturalizando mucho porque se fue transformando en un sistema de ocultamiento de ingresos por parte de determinados sectores de contribuyentes” y “fue engendrando condiciones para la subdeclaración”.
Por eso, se busca “recuperar el sentido original” del monotributo para que no se produzca un “salto al vacío” y que esos trabajadores realicen maniobras para permanecer en ese régimen y no pasar al general por la carga tributaria que eso implica.
Por otra parte, señaló Marcó del Pont, “desde octubre de 2018 está suspendido el sistema de exclusión automática” de trabajadores que se exceden en su facturación, y si bien la suspensión debía levantarse en febrero de 2020, no se pudo hacerlo debido a la pandemia.
Como consecuencia, aproximadamente 25.000 personas “salieron del monotributo pero no fueron notificadas” y fueron acumulando deudas difíciles de afrontar, por lo cual se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.
Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021. Ruiz destacó que estos trabajadores “tendrán un ahorro del 92%”, lo que es “muy importante para que puedan continuar con su actividad”.
En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.
Otro tema que busca resolver el proyecto es la actualización de las categorías del monotributo, que se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria, que estuvo suspendido el año pasado. En ese sentido, se tomará un índice del 35,3%, “que surge de la jubilación mínima”.
“A partir de ahora le vamos a permitir al monotributista que haga un ‘colchón’ de crédito fiscal para que cuando se dé la circunstancia de pasar al régimen general, tenga ese ‘colchón’ que le permita debitarlo de su saldo deudor de IVA y de Ganancias”, apuntó Marcó del Pont.
Por último, sostuvo que “el proyecto es bueno para el contribuyente y es bueno también para el Estado, porque nos va a dar mucha información que hoy no tenemos”.
Desde Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez planteó que el proyecto tiene una redacción difícil de comprender -lo cual fue reconocido por la propia Marcó del Pont-, y consideró que eso “no es bueno” ni en materia fiscal ni en materia penal a la hora de interpretar las leyes.
La radical también consideró “muy peligroso cuando se hacen parches”, pero Marcó del Pont negó que se trate de un “parche” ya que resuelve la transición al régimen general más allá de la “situación circunstancial” generada con la suspensión de las exclusiones automáticas.
La titular de la AFIP agregó que el proyecto aborda la situación de los contribuyentes que están en la escala más alta, puntualmente la categoría K, que con la actualización del 35,3% será para ingresos brutos hasta 3.530.000 pesos.
Por su parte, el radical Víctor Zimmermann preguntó “por qué sostienen la actualización a través del haber medio y no del índice de precios, porque las escalas se forman con la facturación, y la facturación se forma con los precios y la inflación”, y “con el índice del INDEC sería del 41,1%” y no del 35,3%.
Marcó del Pont se limitó a responder que el índice propuesto “no está tan alejado de lo que fue la inflación anual de 2020”.
Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) propuso si “en lugar de generar este tipo de transiciones o puentes, podemos utilizar los avances tecnológicos y el aumento de recursos que ha tenido la AFIP para resolver las cuestiones específicas dentro del régimen general”.
La responsable del ente recaudador habló de una “brutal desinversión en sistemas” durante la gestión de Mauricio Macri pero rescató que, a pesar de eso, se están llevando adelante iniciativas como el Libro de IVA Digital.
Al cerrar el debate, Caserio sostuvo que “los monotributistas están esperando una modificación porque todavía estamos con los números viejos y eso los perjudica”, y agregó que “esto no solamente actualiza (las categorías) en un porcentaje interesante, sino que además les da la posibilidad de amortiguar el cambio” al pasar al régimen general.
El senador cordobés se manifestó a favor de ir hacia una reforma “progresiva, estructural y justa”. Por otra parte, aseguró que el proyecto sobre Ganancias pasará por el Senado “sin inconvenientes”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, se manifestó a favor de una reforma tributaria, pero aclaró que “hoy en día, con la inestabilidad económica, y producto de que la pandemia sigue asolando al mundo, todavía es muy difícil hacerla”.
“El tema tributario hay que mirarlo a fondo, tenemos que buscar un equilibro razonable”, sostuvo y dijo que debe apuntar a “bajar de a poco la presión, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, y sobre las familias argentinas”.
Para el cordobés, una reforma tiene que ser “progresiva, estructural y justa”. “El nuestro es un proyecto popular que siempre va a respaldar a los que más necesitan, a los que más les cuesta, a los que menos financiamiento tienen, a los que les es más difícil evolucionar. Pero eso no quiere decir que vamos a golpear, a perseguir a los más poderosos”, expresó.
En declaraciones a FM La Patriada, el oficialista aseguró que la semana que viene el Senado estima convertir en ley el proyecto sobre reforma del impuesto a las Ganancias, que se debatirá rápidamente en comisión.
“Todos estamos de acuerdo con la ley. Es un adelanto extraordinario. Es una ley que estábamos esperando y hay un compromiso con el pueblo argentino. Va a pasar muy bien por el Senado, sin inconvenientes”, señaló.
Respecto de las críticas de Juntos por el Cambio, el legislador opinó que “no tienen cara para plantear las cosas. Ya sabemos cómo es la oposición, actúa como si el país de Macri no hubiese existido”.
“Tenemos que mirar para adelante, tenemos un compromiso con los argentinos y lo estamos llevando adelante, a pesar del terrible país que nos dejaron y la pandemia que ha cambiado la economía del mundo”, añadió.
Biocombustibles
Por otra parte, consultado por el tema biocombustibles, el senador del Frente de Todos dijo: “Es una cuestión que tienen que responder los diputados y la verdad no lo tengo claro…nosotros votamos una prórroga hace seis meses y consideramos que era lo mejor”.
Caserio recordó que en octubre pasado, cuando la iniciativa salió por unanimidad de la Cámara alta, se coincidió en tomar “el tiempo necesario para que haya una negociación que permita hacer una nueva ley”.
“Para nosotros, (esta industria) es una fuente de producción muy importante, que da trabajo a miles de trabajadores, tiene empresas significativas y ha traído mucho valor agregado a la zona”, resaltó.
Finalmente, afirmó que existe “preocupación en el sector y en los trabajadores” por la demora en la aprobación de la prórroga de la Ley 26.093 y advirtió: “En función de lo que se decida (en la Cámara baja), nosotros tomaremos la decisión en el Senado que nos parezca más conveniente”.
Tras la aprobación de Diputados, comenzará este martes el tratamiento del primer proyecto, y el miércoles, el del segundo. Fueron convocados el ministro de Trabajo, la titular de la AFIP y el secretario de Política Tributaria.
El Senado pone un pie en el acelerador para dar un rápido tratamiento a los proyectos de reforma del impuesto a las Ganancias y del régimen del monotributo, aprobados este fin de semana en la Cámara de Diputados. Será este martes y miércoles, en dos reuniones que contarán con la participación de funcionarios.
En primer lugar, este martes a las 12.30 se reunirán en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, y de Trabajo y Previsión Social, que encabeza Daniel Lovera, para abordar la iniciativa sobre Ganancias, que eleva el piso a partir del cual se paga el tributo a 150.000 pesos brutos y otorga varios beneficios para trabajadores, entre ellos la eximición del aguinaldo, con el fin de brindar un alivio fiscal en tiempos de pandemia.
A ese plenario fueron convocados a exponer, en forma virtual, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quienes defenderán el proyecto que en Diputados recibió 241 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones, tras la maratónica sesión que culminó el domingo por la mañana.
El proyecto permitirá que 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados dejen de pagar Ganancias gracias al nuevo piso establecido, que se actualizará anualmente a través del índice de variación salarial (RIPTE). En el caso de los jubilados, el impuesto comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos, en lugar de los seis actuales.
Luego del debate de Ganancias será el turno del proyecto que establece “un puente” entre el régimen de monotributo y el general, para aliviar la carga tributaria de aquellos contribuyentes que al pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales difíciles de afrontar. En este caso, la discusión será solo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que escuchará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, este miércoles a partir de las 15.
La intención del oficialismo es firmar rápidamente los dos dictámenes para que queden en condiciones de ser tratados en el recinto del Senado la próxima semana.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocará este lunes a una reunión para comenzar a debatir el proyecto que este domingo por la mañana tuvo media sanción.
Con el fin de darle un rápido tratamiento al proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias que obtuvo media sanción este domingo, el proyecto comenzará a ser analizado en comisión este mismo martes, según confirmó a parlamentario.com el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio.
Precisamente el legislador cordobés adelantó que convocará este lunes a primera hora a una reunión a realizarse el martes a las 12.30.
Será en la modalidad videoconferencia y en la misma se dispondrá el tratamiento que se le dará al proyecto proveniente de Diputados, descontándose la visita de autoridades como las que visitaron oportunamente la Cámara baja. Se dispondrá este lunes también seguramente para el debate en comisión que se convoque también a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el pampeano Daniel Lovera. En ese caso, Presupuesto será la cabecera.
Las invitaciones serían para el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.
Habida cuenta del amplio apoyo con que contó el proyecto en Diputados -se aprobó por 241 votos a favor y solo hubo 3 abstenciones-, se descuenta que no habrá resistencia para un tratamiento exprés. A tal fin Caserio adelantó la intención de llevarel proyecto al recinto en los días posteriores a Semana Santa, el miércoles 7 o jueves 8.
El rápido tratamiento será facilitado por el hecho de que no se le harán modificaciones, pues en la previa ya hubo contactos entre el Senado y Diputados para habilitar las modificaciones directamente en la cámara de origen. Entre ellas, desde el Senado se pidió un cambio referido a los discapacitados, la que dispone que la ayuda sea de por vida y no solo hasta los 18 años, y ya se votó favorablemente.
Esteban Bullrich seguirá como vicepresidente y Juan Carlos Romero como secretario. Elogios al trabajo del año pasado.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado ratificó este miércoles a sus autoridades en una reunión remota. Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) continuará como presidente, Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires) como vicepresidente y Juan Carlos Romero (Interbloque Federal-Salta) como secretario.
Caserio inauguró el encuentro al agradecer “porque estamos en una comisión muy significativa. Hemos tenido un año complicado por la pandemia, pero hemos cumplido. Les agradezco a todos los senadores y senadoras el apoyo permanente. Pudimos debatir, discutir, defendiendo ideas”.
Luego, se refirió al plan de trabajo: “Seguiremos haciéndolo con el formato establecido hasta el momento, en tanto y en cuanto así lo estipula la situación por todos conocida, que va a ser por videoconferencia”.
“Tuvimos una actividad intensa el año pasado. Hemos resuelto y hemos definido muchas leyes. No nos quedan leyes con dictamen de comisión que estén para tratarse en la cámara”, agregó el presidente de la comisión.
Bullrich también tomó la palabra para agradecer y augurar “un año importante para esta comisión, porque creemos con el interbloque de Juntos por el Cambio que el tema económico, el tema de creación de empleo, de reactivación económica, la modificación y reducción de impuestos, todo el tema de la reactivación laboral tiene que ser parte de la agenda de trabajo permanente”.
Varios senadores pidieron la palabra para ratificar a las autoridades y ponderar el trabajo del año anterior, entre ellos Beatriz Mirkin, que agregó que “lo que tenemos que renovar en las elecciones este año es tanto lo electoral como lo que requiere el Senado porque esa es nuestra responsabilidad”.
Antonio Rodas destacó que “esta comisión es puntualmente la más importante del senado, en el cual indudablemente pasa transversalmente todas las inquietudes del poder ejecutivo y de las distintas comisiones y por consiguiente la tarea que tenemos por delante es colosal y depende de nosotros”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se suma entonces a la lista de comisiones del Senado que ya han ratificado a sus autoridades de cara al año legislativo. Es la sexta que lo hace esta semana y la segunda del día, ya que horas antes se reunió Trabajo y Previsión Social.
El presidente de la Comisión de Presupuesto defendió el Consenso Fiscal y cargó contra la gestión anterior. Explicó los compromisos que asumirán las provincias en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, destacó en la sesión de este miércoles que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, al defender el Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores en el marco de la pandemia.
Caserio explicó que este Consenso Fiscal fue concretado el 4 de diciembre del año pasado entre la Nación y 21 de las 24 provincias, ya que San Luis y La Pampa se negaron a suscribirlo porque no lo habían hecho con los anteriores pactos, y la Ciudad de Buenos Aires -que sí había adherido- rechazó las nuevas condiciones.
El cordobés hizo un repaso por los acuerdos anteriores y recordó que el primero se firmó el 23 de mayo de 2016, y fue renovado en 2017 y 2018. “Hasta ahí hablábamos del país de (Mauricio) Macri, de Disneylandia, donde se festejaba y se bailaba en los actos porque parecía que Argentina mejoraba”, ironizó.
“Pero lamentablemente -prosiguió- la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.
Caserio señaló que el gobierno de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.
El senador del Frente de Todos cargó contra la gestión anterior al advertir que “prometían una inflación de un dígito y terminaron con una inflación del 40% durante los cuatro años, y en 2019 batieron el récord de inflación de toda la historia argentina, con un 54,8%”.
También precisó que “la fuga de capitales fue de 86.000 millones de pesos” y que el endeudamiento con el FMI se hizo insostenible. “El gobierno de Macri lo único que hizo fue ajustar”, se quejó.
Luego, con la llegada de la pandemia, “el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, destacó Caserio.
“Hasta el 1ro de octubre las provincias perdieron recursos por 200.000 millones de pesos, y la Nación las asistió por 199.000 millones de pesos. Esto permitió a las provincias cumplir con sus compromisos”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que el Consenso Fiscal “busca un proceso de armonización con las provincias en el cumplimiento de algunas normas básicas”.
El legislador oficialista informó que “las provincias asumen compromisos en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales”.
Explicó que “en materia tributaria provincial y nacional se busca una armonización que permita recaudar de manera más eficiente y facilitar la vida de los ciudadanos” a través de la automatización de trámites.
De esa forma, indicó el senador, “se prorrogan todas las alícuotas de Ingresos Brutos de las provincias hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, no podrán subirlo pero tampoco podrán bajarlo”.
También se busca “acordar mecanismos de devolución automática y compensaciones a favor de los contribuyentes”.
En cuanto al endeudamiento, el pacto establece que “a partir del 31 de diciembre y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera”, afirmó Caserio.
Asimismo, precisó que durante un año las provincias no podrán iniciar procesos judiciales contra la Nación y deberán suspender los que se encuentran en trámite, motivo por el cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -quien presentó una demanda ante la Corte Suprema por la quita de coparticipación a la Ciudad- se negó a firmar el acuerdo.
Por último, el Consenso Fiscal especifica que “no habrá más transferencias de competencias y funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada por ley del Congreso”, como sucedió el año pasado con los fondos destinados a financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.
La iniciativa recibió dictamen en un plenario de comisiones del Senado y quedó a un paso de ser ley. El monto a otorgar ronda los 7.000.000 de pesos.
El proyecto de ley que busca otorgar un beneficio económico extraordinario a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque la fecha aún no está definida.
La iniciativa, que cuenta con aprobación unánime de la Cámara de Diputados, recibió amplio respaldo en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Nancy González y Carlos Caserio, respectivamente.
“Estoy satisfecha de que el Gobierno y el Ministerio de Defensa hayan impulsado esta reparación para las familias que han sufrido una pérdida tremenda. Por más que votemos esta reparación económica no vamos a quitarle el dolor a las familias, pero el Gobierno está reconociendo las situaciones graves que tuvieron que atravesar”, destacó González.
Además, recordó que el presidente Alberto Fernández dispuso el ascenso post mortem al grado inmediato superior de los 44 tripulantes del submarino, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.
Caserio coincidió en que “todos tenemos claro que esta terrible tragedia no se cubre con un acto administrativo”, pero “esta ley busca una solución para los familiares”.
El proyecto del Ejecutivo obtuvo un fuerte apoyo de la oposición, aunque desde el Pro Ernesto Martínez preguntó si fue acordado con los beneficiarios. “El Estado quiere cerrar un capítulo y es correcto, pero ¿los familiares tienen la anuencia para esta idea?”, consultó.
Si bien desde el oficialismo no hubo una respuesta concreta, González aclaró que “en la ley está expresado que aquel familiar que no quiera adherir a este beneficio, tiene todo el derecho de no hacerlo”.
El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó que se trata de “un acto básico resarcitorio por parte del Gobierno” y que “viene con un acompañamiento importante de Diputados”.
Asimismo, adelantó que, si hay acuerdo, el proyecto se votará en la próxima sesión junto con el Consenso Fiscal y pliegos de embajadores.
El beneficio económico extraordinario será entregado por única vez y los beneficiarios serán los hijos -por partes iguales-, progenitores -también por partes iguales-, cónyuges o convivientes.
La indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100.
“El monto exacto no lo tenemos, pero ronda los 7.000.000 de pesos”, señaló la senadora González, e informó que los familiares tendrán 365 días desde la promulgación de la ley para reclamar el beneficio. “Se pretende que sea un trámite rápido”, dijo.
Por otra parte, para cobrar el beneficio los familiares deberán renunciar “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
Asimismo, “el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias a causa del hecho”.
También se establece que en los casos donde los familiares hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.
La indemnización estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.
Fue al cabo de una breve reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se analizó la ratificación del pacto suscripto con todos los gobernadores, menos los de La Pampa y San Luis y el jefe de Gobierno porteñ.
La Cámara alta retomó este miércoles la actividad, y la primera comisión en reunirse fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el cordobés Carlos Caserio. Fue para tratar uno de los proyectos incluidos por el Poder Ejecutivo en el temario de extraordinarias: la iniciativa para ratificar el Consenso Fiscal 2020, firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto La Pampa como San Luis no suscribieron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí esta vez expresaron su apoyo. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no adhirió.
La reunión, que fue bastante breve -duró menos de media hora- se inició con bastante puntualidad, a las 11.05, con la palabra del presidente de la comisión, que detalló las características de la iniciativa. “Este es uno de los tantos consensos fiscales que venimos desarrollando en los últimos años, que por distintas razones se van modificando”, expresó Caserio al inicio. “Determinadas circunstancias que fue viviendo el país, las distintas crisis han hecho que esto se vaya modificando”, insistió.
A continuación, el misionero Maurice Closs fue sumamente breve y tan solo sugirió “acompañar” la iniciativa, “porque todas las provincias y la Nación necesitan este consenso fiscal”, mientras que el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, habló de estabilizar las cuentas públicas a nivel nacional y provincial.
“Obviamente también tiene que haber una coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias para ver cómo se puede potenciar el desarrollo de las provincias, para que cada una pueda generar un crecimiento de la economía que repercute en la creación del empleo”, apuntó el formoseño, que agregó luego que “estos pactos fiscales tienden a eso: a ver cómo resolvemos los problemas económicos del país, que son varios”. Y enumeró: el problema de la deuda externa, la deuda de las provincias, las cajas y también una unificación en el tema tributario, que es lo que reclama también el sector privado, apuntó.
Para Mayans, “el pacto tiende a tener un comportamiento responsable como para que el sector privado no esté presionado en ese sentido. Este es un acuerdo que hacen los gobernadores con el Poder Ejecutivo, que tiende a ver cómo se repara el esquema económico del país”.
Finalmente el presidente del bloque oficialista apuntó que “estamos acompañando ese acuerdo que se ha hecho y viendo el comportamiento que tenemos en esta emergencia sanitaria, buscando salidas para poder comenzar a tener el crecimiento económico que va a llevar al crecimiento del país”. Así las cosas, anunció el acompañamiento del proyecto.
El primer representante de la oposición en hablar fue el radical chaqueño Víctor Zimmerman, quien coincidió en que “este Pacto Fiscal tiene uno de los objetivos recuperar la recaudación, tras un escenario como el que fue la pandemia”. Pero observó que “en estos sucesivos pactos fiscales, lo que estamos haciendo es abandonando un criterio de reducción de impuestos. Mi preocupación tiene que ver con que no hay ninguna recomendación respecto del comportamiento del gasto, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año electoral”.
Así las cosas, Zimmerman dijo que le parecía que “tendríamos que hacer una recomendación al respecto”, y expresó su deseo porque en algún momento los funcionarios pudieran expresar cuál es el criterio para manejar esos mayores recursos. “Ojalá se pueda hablar de la calidad del gasto y hacer algunas recomendaciones, por ejemplo para fortalecer el sistema sanitario; garantizar todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa y obviamente el gasto social”, señaló.
Poner el foco, además, en “cómo se gastarían los recursos, para no incurrir en problemas del pasado como el incremento del gasto improductivo”.
A continuación, otro radical, el riojano Julio Martínez, observó que durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos la mayoría de las provincias “han tenido superávit. Cuando llegamos, 14 no podían pagar los aguinaldos, y 17 en déficit. Cuando terminamos, la mayoría estaban en equilibrio y bien. Debemos avanzar sobre lo bueno y lo malo de cada gobierno para poder sustentar la relación Nación – Provincias en adelante”.
Al concluir, se refirió a un caso particular, el de su provincia. Señaló que el actual gobernador riojano fue durante 12 años intendente, y por eso pensaron que cambiaría la relación con los municipios, pero aseguró que no es así. Lo dijo por el caso puntual del municipio de la capital riojana, que pertenece a Juntos por el Cambio y aseguró que sufre de parte del Gobierno provincial una situación de “asfixia”, y fue más lejos al señalar que “el gobernador se transformó en un municipio paralelo, que paraliza las acciones del municipio”.
A su turno, la senadora santacruceña Ana María Ianni abogó por suscribir ese acuerdo “luego de un año tan duro como 2020, lleno de imponderables, en un marco de emergencia económica, social y sanitaria. Creo que ha habido muchos esfuerzos por parte del Gobierno nacional, las provincias y de muchos municipios, que aun en su baja recaudación resignaron ese poco o mucho al servicio de los comercios, no solo con la prórroga de vencimientos, sino también con la condonación de deudas”.
A continuación, José Mayans solicitó pasar el dictamen a la firma, a la espera de ver cuándo se le podrá dar tratamiento en el recinto, mientras que Carlos Caserio destacó que “el consenso es una cosa muy significativa en un momento muy complejo de la economía mundial, y argentina, y el hecho de que se pongan de acuerdo los gobernadores con el presidente es realmente una herramienta significativa”, en el marco de “una pandemia que no se fue y que no sabemos cuándo se va a ir”.
La iniciativa cuenta con la anuencia del oficialismo y la oposición y fue analizado durante un plenario de comisiones que contó con la visita de funcionarios de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud.
Un día después de que obtuviera dictamen el proyecto de intervención voluntaria del embarazo, un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta debatió este viernes el proyecto de ley que se tramita de manera paralela al anterior, el conocido como “de los mil días”.
La reunión, realizada a través de videoconferencia, contó con las presencias de Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social; y de Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal del Ministerio de Salud de la Nación. Al cabo de las exposiciones se realizó un breve debate de los miembros de las comisiones presididas por el radical Mario Fiad y el oficialista Carlos Caserio, disponiéndose a continuación circular el dictamen respecto del cual, más allá de las observaciones expresadas, todos estuvieron de acuerdo en suscribir.
En efecto, a diferencia de cuando este proyecto pasó por la Cámara baja, no asistió esta vez ningún ministro. Entonces habían concurrido la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; y los funcionarios de Interior José Lepere y de Salud Gabriela Bauer.
La reunión arrancó con un planteo de la presidenta de Población y Desarrollo Humano del Senado, María Belén Tapia, que cuestionó que esa comisión no hubiese sido sumada al pleno, tras lo cual los oficialistas Inés Blás y -más tarde- Rubén Uñac reclamaron que iniciativas propias similares a este de los Mil Días elaborado por el Poder Ejecutivo fueran incorporadas al debate, para poner tenerlos a la vista durante la discusión del tema en el recinto. Promediando la reunión, esas inquietudes obtuvieron la anuencia de sus pares para tal fin. Lo mismo sucedió con un proyecto de Esteban Bullrich sobre salas de asistencia en hospitales.
A la hora de las exposiciones, Gabriel Lerner expresó que el proyecto puesto en debate está destinado a mujeres y personas gestantes, y niños y niñas de hasta 3 años de edad, precisando en 6,7 el porcentaje en Argentina de la población de niños de hasta 3 años, esto es casi 3 millones de niños y niñas; un 13% de las familias tienen al cuidado algún niño o niña de esa edad, pero en los hogares pobres ese porcentaje se eleva al 24,4%. Datos que grafican que “la incidencia de esta política en los hogares humildes es de mayor relevancia allí que en la media de la población”, expresó el funcionario.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social señaló luego que la Tarjeta Alimentar tiene 1.600.000 titulares, siendo los niños destinatarios de ese beneficio un 47%, 940 mil niños y niñas que están recibiendo entonces una prestación alimentaria de parte de la cartera que conduce Daniel Arroyo. Datos que sirven para ubicar a qué población está destinado el Programa de los Mil Días, remarcó el funcionario.
A su turno, la directora de Salud Perinatal y Niñez de la cartera de Salud, Gabriela Bauer, destacó que “la riqueza de este proyecto es empezar a pensarnos en un conjunto del Estado armado y articulado”, y agregó que “todavía es mucho más lo que falta para llegar a esa justicia social en esta etapa de la vida”.
La funcionaria recordó que es en esos mil días donde se da la mayor velocidad de crecimiento que en otra etapa de la vida, por lo cual durante ese tiempo se establecen las bases para la autonomía de esas personas. Por eso el objetivo de generar efectos benéficos directos sobre la persona, pero también sobre las nuevas generaciones. “La inequidad en el acceso a la misma trae consecuencias irremediables y definitivas para muchos de los niños que atraviesan esas edades”, puntualizó Bauer.
A continuación precisó que “cuando uno observa las tasas de mortalidad, en el primer año de vida, tenemos el 8,8 por mil de los niños, y esta etapa recién se reproduce pasando los 60 años. Tenemos que en la Argentina en el último tiempo nacieron 685.394 niños, de los cuales alrededor del 9% son prematuros. La tasa de fecundidad va francamente en disminución en Argentina”.
Para terminar, la funcionaria habló de la necesidad de implementar políticas efectivas, no intervenciones aisladas sino integrales y gestionadas intersectorialmente. Esto es, distintos organismos hacia las mismas personas.
A la hora de las preguntas, el radical chaqueño Víctor Zimmerman preguntó por el costo presupuestario para implementar esta ley y sobre las transferencias de fondos a las provincias argentinas para llevarlo a cabo, como así también de dónde saldrían los recursos.
Gabriel Lerner admitió que mientras a Diputados habían concurrido funcionarios del Renaper, el Ministerio de las Mujeres y de la ANSeS, en el Senado esto no había sucedido, por lo que no contaba con tanta precisión en cuanto a datos que son “temas técnicos muy específicos”. Con todo, estimó que la inversión anual prevista es de 5 mil millones de pesos anuales, y en cuanto a las transferencias a las provincias, dependerán de los acuerdos con las mismas. “No creo que el problema se limite a la transferencia de recursos”, aclaró Lerner.
Asimismo precisó que no hay posibilidades de que los recursos destinados a implementar esta ley sean una afectación directa del Estado nacional, y precisó que “no hay manera de brindar ese acceso a la salud sin acuerdo con las provincias”.
Concluidas las exposiciones y preguntas a los funcionarios, los senadores se abocaron a un rápido tratamiento del proyecto en el cual había más coincidencias que cuestionamientos. Con todo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, recordó que “esta ley viene de Diputados, fue aprobada casi unánimemente por casi 200 votos, se pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que haga una estimación presupuestaria, pero no tenemos toda´via respuesta porque en realidad es compleja. Porque la ley habla de que la Nación deberá articular con las provincias, no habla de derechos”.
Recordó que la salud pública la llevan adelante las provincias y las mismas son autónomas. “Esta ley ni siquiera pide la adhesión de las provincias, es un marco general”, aclaró.
Con respecto a las preguntas efectuadas por el senador Zimmerman, Caserio aclaró que no podía haber mayores precisiones presupuestarias teniendo en cuenta que esta ley será aprobada después del Presupuesto. “Pero en función de las necesidades que se establezcan, van a tener las provincias ayuda, sin ninguna duda”, remarcó.
Aclaró no obstante que preguntar de dónde se saca la plata para atender las necesidades de esta ley “es como no entender el Presupuesto. El Presupuesto es una foto, esta política es posterior al Presupuesto, sino seguramente hubiera tenido una estimación, pero no deja de ser una foto. Estamos frente a un presupuesto que tiene una política administrativa flexible, una política de modificación del Presupuesto se puede dar”, y recordó que el jefe de Gabinete puede atender esas cuestiones con la reasignación de partidas.
“Por eso, no nos preocupemos tanto de dónde va a salir la plata; si el presidente manda esta ley, él se va a ocupar de dónde obtener los recursos”, apuntó el senador cordobés, que agregó que “cuando la Oficina de Presupuesto nos mande una respuesta, si eso sucede, la transmitiré a los senadores”, tras lo cual solicitó que el proyecto pasara a la firma, advirtiendo que “no hay más tiempo, sino hay que pasarlo a enero”.
“Las inquietudes son razonables, pero también deberíamos evaluar el costo político de que a fin de año esta ley no pueda salir, y tuviéramos que devolverla a Diputados”, advirtió Caserio. Agregó que “a lo mejor podemos asumir compromisos de hacer modificaciones en la reglamentación, pero tampoco puedo asumir un compromiso en ese sentido”.
Así las cosas, se acordó que el titular de Salud, Mario Fiad, fuera receptor de las inquietudes planteadas para transmitirlas y se estableció que “las que consideremos razonables, las vamos a considerar, y si se pueden modificar, las haremos el día de la sesión”.
Todas las partes acordaron acompañar positivamente el proyecto, aunque no faltaron los reparos. Como el de la senadora santacruceña María Belén Tapia (Juntos por el Cambio), que señaló que “es un proyecto que llega tarde, tranquilamente se podría haber presentado al principio de las sesiones virtuales”, y consideró que se lo había demorado “porque se especuló hasta esta última instancia y se lo usó como moneda de cambio”.
En el cierre de la reunión, el senador Fiad concluyó pidiendo celeridad en la firma del dictamen, “para llegar en tiempo y forma para tratarlo en la próxima sesión”, prevista para el 29 de diciembre.
La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, crea una “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, esto es, una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres por cada niño menor de 3 años a su cargo, siempre que acredite el cumplimiento del plan de vacunación. Asimismo la norma amplía la Asignación Universal por Embarazo hasta nueve mensualidades; se establecen medidas para la inscripción e identificación inmediata de recién nacidos; y se dispone la provisión gratuita de insumos para el embarazo y la primera infancia.
El miembro informante del oficialismo valoró el papel del Estado en esta pandemia y afirmó que del universo de aportantes 380 representan el 55%. Se espera recaudar 420 mil millones de pesos.
Miembro informante del proyecto del impuesto a las grandes fortunas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, remarcó en el inicio de su discurso que se trataba de un aporte “único, por única vez, en una situación trágica que tiene el mundo, y evidentemente en una situación excepcional comparada con los grandes momentos que tuvo el mundo. Estamos saliendo de esta pandemia como salimos de algunas de las guerras mundiales: con miles y miles de muertos en el mundo y también con las economías y las posibilidades de un mundo que estaba para crecer, suficientemente desgastadas”.
Antes de ponerse a detallar las características del proyecto, el diputado oficialista se preocupó por realzar el valor del Estado. Habló de la necesidad de tener “un Estado justo, solidario, que esté al servicio de la gente, porque los pensamientos neoliberales atacan siempre al Estado. El Estado tiene una obligación para el ciudadano, y para eso recauda recursos y tiene la responsabilidad de optimizar todo eso que recauda para el bien de la gente”.
Se preguntó entonces qué haríamos sin Estado, qué haríamos si el Estado no invirtiera en salud. “Porque la salud en la Argentina es pública, no es privada, como en otras partes del mundo”, recordó, precisando que a su juicio “el Estado es una herramienta fundamental y demostró su presencia en este año ante la trágica situación de la pandemia que por suerte pareciera que estamos saliendo”.
“Pregunto: si el Estado no hubiera tenido la inversión que tuvo en la estructura sanitaria del país, si el presidente no hubiese tomado la decisión inteligente y valiente de tratar de aplanar la curva, ¿cómo estaríamos hoy?”, expresó el senador cordobés, afirmando a continuación que esa determinación de este Gobierno “permitió no ver esa trágica foto de nuestros ancestros en Europa, que se morían por la calle, porque a pesar de ser tan adelantados, no tenían para atender a la gente tan afectada”. Y advirtió que con el rebrote “parece que están peor que antes. Es increíble que no se hayan preparado, porque nadie estaba preparado para eso”.
“Si no hubiésemos tenido el IFE, ¿qué hubiese sido de esos 9 millones de argentinos que recibieron esa cifra mínima de 10.000 pesos, que les permitió sobrevivir a esta pandemia?”, se preguntó Caserio. También insistió en que el Estado argentino se ocupó del aparato productivo, con las ATP, y por eso consideró que “las críticas al estado no son justas”.
Tras dejar claro cuál es a su juicio el rol del Estado se adentró en el proyecto en discusión, señalando que “esta ley es un aporte que solicitamos a los altos y grandes patrimonios del país”, y aclaró que el mismo está direccionado a las personas humanas, no a las empresas. “Esto es aplicable a las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos”, agregó.
Caserio recordó que el Gobierno anterior “hizo un gran esfuerzo para que entremos dentro del mundo de los países de la OCDE”. Señaló al respecto que “la renta personal gravada que tienen los patrimonios en estos países es del 24%. Hay todavía ejemplos superiores, en Sudáfrica es del 34%. Argentina tiene gravado el 7%. Es la decisión del Estado. Pero tampoco esto significa una erogación extraordinaria”.
El aporte solicitado abarca el patrimonio de las personas, reconoció, “es lo que generalmente en el país tributariamente hacen los que pagan bienes personales”. Y a continuación precisó que “si tomáramos a las personas alcanzadas, tendríamos que el 0,02% son los que tienen que hacer este aporte. Para que sepa la gente que no se deje engañar, porque pareciera que estamos persiguiendo a los ricos, que no tiene nada de malo ser rico. El 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte. No estamos persiguiendo a nadie”.
El senador oficialista señaló a continuación que la recaudación aproximada, según la Oficina del Congreso de la Nación será de 420 mil millones de pesos, si todos contribuyeran. Eso significaría el 1,5 del PBI. “De este universo de aportantes, 380 son los mayores y representan el 55%”, comentó.
El 40% de estos posibles aportantes tienen bienes declarados y sus activos están dolarizados. El 92,4% de este 40% que tiene sus activos en dólares los tienen declarados en el exterior, agregó.
Caserio concluyó señalando que “tenemos que tener país con menos pobres, ¿y saben qué sería malo? Que los pobres sean solidarios y los ricos no”.
En el marco de un plenario de comisiones en el que se puso en discusión el carácter o de “provincia” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pasó a la firma el dictamen del proyecto vuelto en revisión desde Diputados.
Dos días después de haberse aprobado en Diputados el proyecto que reduce los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunió este jueves bien temprano un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para tratar las modificaciones que en la Cámara baja se hicieron.
El debate de este jueves fue más allá de la cuestión puntual de las modificaciones planteadas por Diputados, sino que evolucionó incluso hacia planteos sobre si CABA puede o no ser considerada una provincia. Como sea, más allá de la discusión que se extendió por más de dos horas, a la postre se pasó a la firma el dictamen para dejar el proyecto listo para ser debatido en el Senado la próxima semana. Aceptando el mayoritario oficialismo las modificaciones propuestas, para dejar el proyecto en condiciones de convertirlo en ley la próxima semana, habida cuenta del número que ostenta el Frente de Todos.
Está en discusión puntualmente el proyecto de ley que aprueba el Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016. La reunión arrancó a las 8.07, con el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, anunció el regreso a ese seno de la senadora tucumana Beatriz Mirkin, quien por cuestiones personales había sido reemplazada brevemente por la senadora Ana Almirón, en tanto que la presidenta de Asuntos Constitucionales habilitando el ingreso de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri por Luis Naidenoff.
La propia Sacnun detalló a continuación las modificaciones planteadas en el seno de la Cámara baja, con un artículo 2° donde se incorpora un período de tiempo de 60 días para que entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional puedan iniciar un proceso de diálogo mediante el cual puedan acordar la emisión de la opinión técnica en cuanto a los montos requeridos, como también se establecen las facultades de la CFI para que intervenga en el proceso de acuerdos. “La Comisión Federal de Impuestos tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”, detalló, puntualizando que “hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de $24.500 millones, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.
El artículo 4° dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso 2 5to párrafo de la Constitución nacional”.
A su turno, el senador Caserio aclaró que la comisión que él preside no tenía nada que analizar en tanto no surgieran de las negociaciones qué iban a hacer en cuanto a los fondos. “Lo único que queda es esperar los 60 días y ahí se verá o no si existe un cambio de presupuesto”, señaló.
Intervino entonces el senador Martín Lousteau, quien recordó que el fondo de la cuestión ya había sido debatido en profundidad oportunamente, con expositores que “dejaron muy claras algunas cosas”, tales como que “esto que se hace con la Ciudad no afecta la distribución secundaria, pero sí la coparticipación. De la misma manera que el mecanismo que se usa para detraer fondos es inconstitucional”, razón por la cual la Ciudad fue a la Justicia.
“Llama la atención que se abra ahora un proceso de negociación, que se debería haber abierto antes y no se abrió. ¿Por qué se abre ahora un proceso que involucra al CFI? Porque la unilateralidad del Gobierno nacional con la Ciudad solo tuvo un freno a la hora de conseguir quórum y votos, que hizo que otros actores exigieran esto”, señaló el senador porteño, recordando a continuación lo que dijeron los miembros de la Comisión Federal de Impuestos cuando pasaron por ese ámbito: el presidente del CFI, recordó, que ese organismo solo se limita a controlar la efectiva distribución de la recaudación de los montos fijados por los decretos; el vicepresidente dijo que no les correspondía emitir opinión, y su director ejecutivo aclaró que la facultad y competencia del CFI es para “controlar, pero una sola jurisdicción no les puede dar esa competencia, porque son un órgano supraestatal y suprafederal. “Todas las decisiones son de los 25 integrantes y no de uno solo”, aclaró.
Así las cosas, Lousteau concluyó que se llegó a esta situación “no por espíritu de negociación, sino que se hace porque un grupo de diputados exigió que exigiera una mímica de negociación, por eso se incluyó al CFI”. Y agregó: “No entiendo cómo ahora el CFI va a decidir estas cuestiones o va a tener una posición diferente”.
Para el senador de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta mostró esa “falta de negociación”, como así también “cómo se le siguen detrayendo recursos a la Ciudad en medio de la pandemia, cuando perdió el 20% del presupuesto por la pandemia… No solamente no existió esa voluntad de dialogar desde el principio, sino que además, mientras se invita a negociar, se siguen descontando 150 millones de pesos por día. Mientras se trata que la Ciudad de Buenos Aires firme un consenso fiscal en el cual retira sus demandas presentes y futuras, cuando le acaban de sacar la plata en el medio de la pandemia. Así que esto que viene de Diputados, que altera la media sanción increíble que se dio en nuestro seno, no tiene variaciones reales”.
Recordó a continuación que este conflicto se inició con un conflicto en la provincia de Buenos Aires con su policía, que se hubiera solucionado si por ejemplo “coparticiparan el impuesto PAIS, si coparticiparan la emisión, el impuesto inflacionario… Y ni siquiera tendrían que reclamar nada si entre 2003 y 2015 se hubieran dignado a actualizar el Fondo del Conurbano Bonaerense, que a valores de hoy equivaldrían a 52 mil millones de pesos”.
“Esa plata que la Provincia no tiene equivale a un presupuesto y dos meses de la provincia de Buenos Aires”, agregó, puntualizando luego que “la provincia de Buenos Aires estuvo ampliamente gobernada por peronistas, en ciclos de gobiernos peronistas, y en el 94 les transfirieron la salud y la educación a las provincias sin transferirles los fondos. Es evidente que cuando hay gobiernos que dicen que son federales, en el fondo terminan concentrando los recursos en el Gobierno nacional para poder someter a las jurisdicciones”.
“Lo que tiene que haber es una verdadera negociación, y eso no estuvo en el ánimo del Gobierno, sino que hay que debilitar a una jurisdicción y a un gobernador que no es afín a ustedes y de hecho tiene una alta popularidad”.
A continuación, su compañera de bancada Guadalupe Tagliaferri ratificó que a juicio de la oposición no había “ninguna modificación”. Y comparó lo sucedido en el ámbito de las deliberaciones que hubo sobre ese tema con lo que sucedió con las modificaciones al Ministerio Público: lo expuesto en las audiencias, “no se incorpora, no se considera. Si hubiera sido una negociación, la podríamos haber hecho acá. Se hizo con el espíritu de conseguir los votos que no tenían… Hacen como que se modifica algo, pero no se modifica nada. Nos invitan a negociar mientras la quita sigue diariamente”.
“A la única provincia que le quitan fondos en lugar de ayudarla en pandemia es a la Ciudad de Buenos Aires”, agregó la senadora porteña, que consideró “erróneo” el cálculo sobre el que se estimó la suma que se le dará a la Ciudad. Y además, dijo, “nos ponen un árbitro que no es imparcial, porque ya se han manifestado, porque además conforman parte de las provincias que también están en dificultades económicas (…) Ponen a la Ciudad de Buenos Aires en situación de ir a negociar la voluntad política del funcionario político para negociar el dinero. Así tuvo que hacer (Daniel) Scioli con (el ministro de Economía Axel) Kicillof, que no le giraban los fondos, que era la forma de extorsionarlo, de ponerlo de rodillas”.
Y en ese marco alertó que hay diputados que han planteado que “la autonomía es reversible. ¿Hasta tanto se puede llegar? La verdad, en el medio de la pandemia hemos ofrecido trabajo conjunto, gestión, planificación, y la devolución es asalto a mano armada y que la autonomía es reversible. No entiendo cómo en el Senado podemos considerar que ese es un comentario menor y no estamos indignados”.
María de los Angeles Sacnun respondió la acusación de Lousteau, que habló de “una especie de extorsión”, señalando que los cambios hubieran sucedido porque de lo contrario no se hubiera votado el proyecto en Diputados. “Ese es el trámite parlamentario, forma parte del proceso de elaboración y formación de las leyes para lograr las mayorías requeridas, no veo qué es lo negativo”, repuso la senadora santafesina.
En cuanto a la cuestión de “inconstitucionalidad”, dijo que la misma “la podemos advertir en el decreto del expresidente Mauricio Macri que de un plumazo aumentó del 1,40 a 3,75%, sin ningún tipo de razonabilidad jurídica. Debiera haber fundado en todo caso eso, no lo hizo. Se celebró un convenio que nunca fue ratificado por el Parlamento de la Nación, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución. Esto se subsana con la media sanción que le dimos a esta norma”.
En otro pasaje Sacnun fue enfática en la cuestión de no asimilar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las provincias. “Encuadremos correctamente, no estamos hablando de convencionalidad, sino de aprobación del Congreso en cuanto a que este convenio que han celebrado las partes nunca había sido sometido al Congreso”, apuntó, como así también que el artículo 2 establece que el CFI va a tomar intervención a los efectos de emitir “solamente opinión técnica en cuanto a la determinación de monto anual por la transferencia de la seguridad”.
En ese sentido aseguró que Mauricio Macri le transfirió a la Ciudad 86 mil millones de pesos adicionales por decreto. “Entonces cuando hablan de federalismo, tengamos en cuenta esas cuestiones. Además, tengamos en cuenta que no es lo mismo discutir coparticipación, que discutir tranferencia: hoy estamos discutiendo transferencia”, remarcó.
La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez sostuvo por su parte que “todos deberíamos ponernos con luces de alerta y no permitir meter la mano en el bolsillo de una provincia, sea la que sea: mañana te toca a la tuya. Recordó que “cuando Macri le dio más fondos a la Ciudad, le transfirió competencias, y transfirió fondos nacionales, no coparticipables. Y luego por el Consenso Fiscal aprobamos ese decreto”.
“Quedó claro que lo que están mostrando es un simulacro de negociación, para tratar que la cara sea menos horrenda, que parezca realmente negociación. Acá se negocia con la espada de Damócles, detrayendo fondos”, sostuvo. “Por un lado aprietan con un consenso fiscal y por otro lado dicen abrir una negociación… Estoy en contra de que a los gobernadores se los arrodille, se los someta. Me parece tremendo hablar de autonomías reversibles; me da envidia a mí cuando veo provincias tan bien administradas como la Ciudad de Buenos Aires y eso también molesta y duele cuando además son gobernadores que se destacan”, concluyó.
Fue el turno del senador del Frente de Todos Jorge Taiana, que usó una imagen que él mismo aclaró que no tenía que ver, pero que era “bastante común”. La de la violencia de género: “transformar al victimario en víctima”. Y fue el término que usó para ejemplificar la situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos que recibió de manera que consideró ilegal por parte de Mauricio Macri. Se viene en cambio ahora a “reparar una arbitrariedad manifiesta insolente, amiguista, con los que menos tienen, que realizó Macri, como todas sus obras de gobierno, que ha tenido cómplices. Para gastar y hacer política con eso y sabiendo que despojaban al Gobierno nacional de recursos que eran mucho más imprescindibles en otras partes”.
Para Taiana, Rod´riguez Larreta aceptó 2dineros que no le correspondían, y en una cifra que no le correspondía”.
“Se quejaban de que no había negociación… Por favor, menos hipocresía y dejen de robarse Costa Salguero”, disparó sobre el final.
Su compañero de bancada Dalmacio Mera dijo que a él la situación lo hacía acordar ya no a la violencia de género, sino a alguna novela: “Los ricos no piden permiso”. Y explicó: “Lo que hizo Macri con Larreta, no le pidieron permiso a ninguna provincia argentina; se juntaron, establecieron un fondo y se pasaron los fondos como si fuera el dinero de ellos”.
El senador Esteban Bullrich rechazó la utilización del término “violencia de género” para este caso. Y apuntó que “hablar de negocios estando en el Gobierno más corrupto de la historia es perverso”. Por el contrario, consideró que “acá hay una realidad que quedó muy expuesta en el debate en Diputados: quieren dominar al opositor que más los preocupa. Hablan de debido proceso y a la par hablan de hipocresía: están haciendo que una provincia cada año tenga que negociar su política de seguridad con el Gobierno nacional que es de signo opositor”.
Volvió a intervenir el senador Lousteau para recordar que Santa Cruz recibió durante los gobiernos kirchneristas “transferencias discrecionales por 287 mil millones de pesos”, en tanto que Guadalupe Tagliaferri señaló que “cuando el senador (Taiana) plantea que los recursos fueron sacados a las provincias para su amigo de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que no saben o mienten. La Policía Federal la pagaba el Gobierno nacional, no se le sacó un centavo a ninguna provincia”.
Luego enfatizó que “si la Ciudad de Buenos Aires es provincia o no, es algo que debe estar saldado. Lo dijo la Corte, es lamentable y preocupante que en este ámbito nos importe poco el federalismo y empecemos a discutir la Constitución y el carácter jurídico de la Ciudad como provincia”.
La senadora Beatriz Mirkin (Frente de Todos) sostuvo que “todos los senadores que plantearon el tema y son de la oposición, de Juntos por el –Cambio, que es el gobierno que está en la Ciudad, plantean que nosotros somos delincuentes, que no tenemos en cuenta con seriedad a la Ciudad de Buenos Aires. Que les sacamos los fondos que son para los argentinos que pasan por la Ciudad y que le sacamos a Larreta los fondos en medio de la pandemia…”. Y señaló en cambio que “esos son fondos que “le entregó bajo la manda delincuencialmente” el expresidente Macri, citando que son “tres veces más que lo que se necesitaba para la policía, pudiéndole haber entregado esos fondos de Nación a otras provincias, o quedándoselos para políticas públicas para la totalidad del país”.
“No hay ninguna duda de que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. En cada artículo de la Constitución está bien diferenciado”, aclaró Dalmacio Mera, y agregó: “Que la Corte en alguna discusión en particular le dé estatus de provincia no le da las veces de tal. Y tampoco olvidemos que los primeros intérpretes de la Constitución somos el Congreso de la Nación”.
Para Julio Cobos, “estamos abordando la coyuntura permanentemente; hemos perdido la planificación a largo plazo. No sabemos salir de la coyuntura, es como el juego de la oca”, a lo que la senadora kirchnerista Nancy González respondió diciendo que planificación era lo que se proponía el Gobierno actual, pero no pudieron hacerlo “primero porque nos agarró la pandemia, y después porque encontramos un país endeudado como nunca en la historia del país nos había sucedido. ¿Entonces cómo podemos ordenarnos”.
Y se quejó luego porque el Gobierno anterior dejó “fundir” su provincia (Chubut) durante cuatro años, “mientras le pasaban recursos irrisorios a la Ciudad de Buenos Aires, pero no fueron para nada federales”.
Intervino entonces Adolfo Rodríguez Saá, que aclaró que no quería plantear “la vieja lucha entre provincianos y porteños”, pero aclaró que estos últimos “siempre nos despreciaron”. “No quiero entrar en ese debate”, insistió, pero apuntó en referencia a los porteños: “Siempre primero ellos y después nosotros; las necesidades elementales que tienen las provincias del interior son muy dolorosas… Mientras ustedes discuten la abundancia, nosotros discutimos la pobreza”.
Pero a lo que quería referirse puntualmente, aclaró, era a una cuestión de “vocabulario”. “Reiteradamente dicen jurisdicción en vez de llamar a las provincias. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, no es una provincia; las provincias tenemos que respetar un régimen municipal, todas las provincias tenemos municipios, la CABA no es una provincia, no tiene municipios”.
La senadora jujeña Silvia Giacoppo negó que se estaba buscando atacar la autonomía de CABA, a la cual la Corte reconoció que “tiene un estatus de provincia” en un fallo que representa un precedente claro.
Carlos Caserio se quejó a continuación por la insistencia en hablar de varios senadores, poniendo el ejemplo de Guadalupe Tagliaferro. Y usó esa custión para referirse al estilo de los porteños: “Siempre hablan ellos, siempre tienen razón. Siempre creyeron que eran los primeros en todo, hasta para hablar. Ojalá tengamos la suerte algún día de que la administración central se vaya de Buenos Aires, para que el país sea más federal, para que nos dejen hablar”.
“Si yo no puedo debatir sobre mi jurisdicción, no sé cuándo tendría que hablar… No estoy opinando de Jujuy, Salta o Tucumán, y lo hago con mucho respeto”, aclaró Taglaferri, quien negó a continuación que los vecinos de la Ciudad no discutieran sus temas vecinales. Tenemos 15 comunas elegidas por los vecinos, en la 4 y en la 5 gobierna el Frente de Todos”.
Por último, la senadora Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “falta de respeto y no federalismo es exactamente lo que ocurrió con el decreto de Macri dándole más fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Esta discusión la deberíamos haber tenido cuando se transfirió la policía, en 2016, y no un DNU entre gallos y medianoches, a espaldas de las provincias”.
“Cuando hablamos d etransferencia, tiene que ser con recursos, pero con los recursos que se necesiten para esa transferencia”, señaló, y luego puso como ejemplo que su mamá le había enseñado a que cuando iba a comprar el pan, y como vuelto le devolvían de más, ella tenía que devolverlo. “El jefe de Gobierno sabe que a través de un DNU el expresidente le dio dinero de más”, concluyó.
Cerró la reunión María de los Angeles Sacnun, cuando el dictamen ya estaba circulando entre los senadores. Y apuntó que “de ninguna manera podemos admitir que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia y que quede asentado en una taquigráfica. Que se la trate en alguna cuestión concreta en pie de igualdad con algunas provincias, no los instituye con estatus jurídico de provincia. Para eso habría que pasar a una constituyente… Por ejemplo ‘la provincia de la Victoria’, recordando la plaza de la victoria y las epopeyas federales que han habido en esa plaza de la victoria, y elevarla al estatus de provincia”.
Así lo expresó el senador oficialista Carlos Caserio, al defender el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública. Aseguró que la iniciativa apunta a un “camino lógico” para éste y los próximos gobiernos.
El senador Carlos Caserio (Frente de Todos) sostuvo este lunes que desde el Gobierno “no” se quiere que “el FMI nos quiera traer soluciones que siempre fueron pérdida para los argentinos”, al defender en la sesión el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública.
El miembro informante del oficialismo repasó “cómo fue el endeudamiento de la Argentina en los últimos años” para comprender “por qué tiene importancia esta ley”. En ese sentido, recordó que durante los gobiernos kirchneristas “una de las grandes preocupaciones que tuvimos en nuestras responsabilidades de gobernar fue cómo ordenar la gran deuda pública” que se había heredado.
Destacó entonces el “gran trabajo” de Néstor Kirchner, quien “logró por primera vez no deberle un peso al Fondo Monetario Internacional”. “Podemos decir con todo orgullo que entregamos al gobierno anterior uno de los países más desendeudados del mundo en relación a su producto bruto”, señaló.
El cordobés criticó entonces que durante la gestión de Cambiemos “no se tuvo la misma visión de los hechos, o no se pudo, o no se quiso, o a lo mejor se pensó que las cosas podían ser de otro modo”. “El endeudamiento de los últimos cuatro años no solamente lo vemos irresponsable, inadecuado, insostenible, sino que además tuvo un volumen inédito”, enfatizó.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda detalló que la deuda alcanzó los “4.044 millones de dólares reales”, con “un crédito de 57 mil millones de dólares acordado con el FMI” y “títulos en moneda extranjera por otros 100 mil millones de dólares”.
“El endeudamiento puso a la Argentina de rodillas”, expresó y valoró las medidas del gobierno de Alberto Fernández para “encontrar un camino para que esa deuda la pagáramos, pero que eso no significara un esfuerzo desmedido”.
Caserio ponderó las negociaciones por la reestructuración de la deuda, lo que permitió un “alivio en los vencimientos” entre 2021-2029 de “24 mil millones de dólares de la deuda bajo legislación argentina” y “34 mil millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera”.
“Estamos tratando de encontrar un camino lógico, para que los próximos Ejecutivos, incluido el nuestro, tenga responsabilidad para endeudar a los argentinos, lo haga con una visión racional, con créditos que se puedan pagar, y que eso signifique bienestar para la gente y no solamente atraso para el país”, subrayó.
El legislador recordó que “este Senado y nuestro bloque le ha pedido al FMI que esta negociación tiene que ser racional”, porque “todos sabemos que este crédito se tomó en circunstancias muy irregulares, que fue el más grande de la historia” y se otorgó aún “sabiendo de antemano que no se podía pagar”. Por eso, apuntó a la “co-responsabilidad de dar un crédito en esos términos”.
“No queremos el FMI nos quiera traer soluciones que siempre fueron pérdida para los argentinos”, afirmó. Y mencionó que con el dinero de ese préstamo “es muy difícil encontrar que se hayan hecho cien metros de camino o cinco escuelas”, sino que fue “una plata que entró por un lado y salió por el otro y que ni siquiera el FMI se encargó de cumplir sus estatutos”.
Finalmente, el senador manifestó: “Es el momento de poner condiciones para que este gobierno y los futuros no puedan decidir sobre la vida de los argentinos con un esfuerzo que signifique no poder cumplir y encima seguir atrasando el país”.
Su titular, Mercedes Marcó Del Pont, informó que 11.855 personas pagarían este tributo extraordinario, más que las 9.298 estimadas cuando se discutió el tema en Diputados. El proyecto recibió dictamen en el Senado.
El Senado comenzó a debatir el proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que alcanzará a 2.500 personas más de las que calculaba originalmente la AFIP, según reveló su titular, Mercedes Marcó Del Pont, al presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Con la conducción del oficialista Carlos Caserio, comenzó este martes el debate del proyecto y el dictamen finalmente se pasó a la firma, quedando listo para ser tratado en la próxima sesión -el período ordinario finaliza el próximo lunes 30-.
La intención del oficialismo es sancionar la ley lo antes posible, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones.
El proyecto, de autoría de Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados oficialistas, propone gravar las fortunas superiores a los 200 millones de pesos, con un aporte “por única vez” para ayudar a mitigar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
La alícuota a aplicar irá del 2% al 3,5% según el patrimonio declarado en Bienes Personales, y la AFIP espera recaudar alrededor de 307 millones de pesos, que se destinarán a la compra de equipamiento médico, subsidios a pymes, becas Progresar, urbanización de barrios populares y proyectos de gas natural.
“Los fondos van a ser destinados a ampliar la capacidad del fisco para seguir desenvolviendo políticas activas en 2021”, destacó Marcó Del Pont, y aclaró que el proyecto “grava a los empresarios, no a las empresas ni al capital de trabajo”.
La funcionaria reveló que por distintos factores, como la cotización del dólar, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que estimaba la AFIP cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.
Marcó Del Pont informó que “solo el 55%” del patrimonio que hoy está en discusión está gravado por Bienes Personales, dado que “la base imponible es muy superior”, y agregó que “el 3,2%” del total de los individuos alcanzados realizarán el 55% del aporte total.
Además, sostuvo que “no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para poder hacer frente a este aporte”, al señalar que “solo el 17% de los que declaran Bienes Personales declaran que tienen inmuebles rurales”, los cuales “representan solo el 2,4% respecto del total del patrimonio”.
La titular del ente recaudador dijo que “en la composición de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera”, y “casi el 93% está fuera de la Argentina”, y se retiró de la reunión virtual con el compromiso de responder preguntas por escrito.
Durante el debate, Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) lamentó que Marcó Del Pont no respondiera en vivo las inquietudes de la oposición, y se preguntó “qué naturaleza jurídica le dan a este aporte: si es un impuesto, una tasa, una contribución, para entender los principios del derecho tributario aplicables”.
Crexell también se preguntó si el aporte “es coparticipable o no” y si podría haber una doble imposición con Bienes Personales.
El radical Julio Cobos -que no integra la comisión-, ante las dudas de Crexell, consideró que se trata de “un impuesto igual al de Bienes Personales”, que además “no es coparticipable porque tiene asignaciones específicas”, y por lo tanto “la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto”.
Cobos también planteó “dudas sobre la progresividad de este impuesto”, ya que quien posea un patrimonio de 199 millones de pesos no lo pagará, y también puso un manto de duda sobre el carácter extraordinario: “Ya sabemos lo que ocurre en nuestro país cuando los impuestos se crean ‘por única vez’”.
También por la UCR, Silvia Elías de Pérez advirtió que “sin duda va a generar una judicialización, porque es el mismo sujeto obligado y el mismo hecho imponible que Bienes Personales”, y agregó: “No estamos yendo contra 10.000 u 11.000 personas, sino contra las empresas que generan trabajo argentino”.
“En 11 meses que llevan de gobierno ya hemos creado o aumentado 15 impuestos. Nuestras empresas no dan más”, lamentó la tucumana.
Desde el oficialismo, Jorge Taiana se refirió a “la necesidad que tenemos de debatir una reforma tributaria completa”, ya que “Argentina tiene una estructura tributaria mala, regresiva, basada en impuestos indirectos y no directos, como en casi todos los países desarrollados, y que ha permitido una evasión fiscal casi permanente durante muchos años”.
“Lo que se está pidiendo es un pequeño aporte”, manifestó Taiana, y sostuvo que se busca que “los que mucho han contribuido a la desigualdad hoy contribuyan a disminuirla y ayuden a salir de la crisis”. “Lamento que hayamos tardado tanto desde que empezamos a discutir el tema hasta tratarlo parlamentariamente”, dijo.
El chaqueño Antonio Rodas, del mismo bloque, pidió que “al menos algunos integrantes de la oposición” acompañen el proyecto -en ese sentido, trascendió que los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo podrían votar a favor a pedido del gobernador Gerardo Morales tal como hicieron sus diputados-.
Asimismo, la correntina Ana Almirón, también del Frente de Todos, resaltó que en países como España, Italia y Chile se están trabajando iniciativas similares frente a la pandemia, y destacó que en Argentina se esté discutiendo una ley en lugar de aplicar la medida mediante un DNU.
Con la cuarentena archivada y sin posibilidades prácticas de reimplantarla -más allá de limitaciones a los ciudadanos que rozan lo inconstitucional-, la épica que se impulsa tiene como base la palabra “reconstrucción”. En el Congreso el relato se nutre con proyectos contrapuestos.
Por José Angel Di Mauro
“Quiero simplemente, para los ciudadanos que hoy me están escuchando, dejar un mensaje de optimismo. Vamos a estar bien en 2021. Y vamos a estar mejor cada año que pase, porque las políticas que estamos aplicando parten desde el humanismo, son racionales en un progresismo económico lógico y son posibles. Ya otras veces las hicimos y ahora va a ser muy exitoso”. Este es un párrafo del discurso del senador nacional Carlos Caserio con el que como miembro informante del oficialismo abrió el debate del Presupuesto 2021 debatido en el Senado. Más tarde haría referencia al error que impediría que fuese ley esa misma jornada, pero el detalle se corrigió cinco días después, cuando el martes pasado Diputados dio la aprobación formal en un mero trámite de la sesión de más de 20 horas de esta última semana. Pero el dato saliente es el espíritu del pasaje del discurso al que hacemos referencia.
Es lo que pide el gobierno para el tiempo que viene, ya decretada virtualmente la salida de la pandemia, aunque los casos registrados sigan en el orden de los diez mil diarios, los muertos no bajen de 200, y las clases presenciales sigan siendo una utopía. Para el gobierno se inició una nueva etapa y no hay vuelta atrás. Porque no hay margen posible, pues la economía llegó a su límite de tolerancia, como la paciencia de la gente. Por eso se aferra a la vacuna. Por eso el discurso insistente es que la esperanza que cerrará definitivamente esta pesadilla está bien cercana, aunque los especialistas se resistan a confirmar una premura que no auguran en otras latitudes.
Porque la verdad es que no hay chances para una nueva cuarentena, más allá de que el diario del lunes que representa para nosotros Europa indique lo contrario. Aunque de hecho, allí también se resisten a volver a cerrar. Con economías más robustas la decisión está tomada en ese sentido, aunque los contagios y los muertos vuelvan a sumar en grande. ¿Qué esperar entonces en nuestro país, con una economía que ya venía maltrecha sin pandemia? El déficit para el año en curso será memorable; se estima en el orden de los 12 puntos. Para el año que viene el Presupuesto aprobado hace pocos días prevé un déficit de 4,5%, pero Martín Guzmán promete que lo reducirá más. Un nuevo cierre de la economía es entonces improbable. Porque por más que Alberto Fernández haya dicho en su momento que entre la salud y la economía, no tenía dudas, lo que ahora no hay es margen.
Si bien se insiste en que el albertismo no existe, Carlos Caserio podría ser considerado un albertista. Quizá el único en el Senado. De origen delasotista, se distanció de su gobernador, Juan Schiaretti, cuando se jugó abiertamente por el candidato del Frente de Todos y trató de ser su anfitrión en esa provincia decididamente anti K durante la campaña. Fernández quiso premiarlo con un ministerio, pero sobre todo para correrlo de manera suave de la presidencia del bloque que ostentaba tras la salida de Miguel Pichetto. Luego vieron que si lo hacían asumiría un hombre de Schiaretti y por lo tanto se arriesgaban a perder un senador, así que se tuvo que quedar en la Cámara alta y le dieron la presidencia de la Comisión de Presupuesto para compensar que dejara de presidir el bloque. Su mandato vence en la próxima elección y espera tener un lugar en el gabinete nacional para la segunda parte de esta gestión.
Más cercano a Cristina que a Alberto, el senador Jorge Taiana -que reemplazó a la vicepresidenta en su banca- abonó el discurso optimista en esa misma sesión. “Creo que vamos a crecer más -confió-. Creo que un crecimiento del 5,5% es una estimación conservadora. Estoy convencido de que vamos a tener una mayor recuperación económica y, por lo tanto, vamos a contar más recursos. Vamos a comenzar a salir del pozo”.
Es el mensaje que quieren dar desde el gobierno para la etapa que viene, sostenida por dos elementos: vacuna y arreglo con el Fondo. “Reconstrucción”, será la palabra más escuchada en el tiempo que viene, y ya figura en la publicidad oficial. Es aceptable para la épica que esta gestión desea crear para el relato que construye.
Parte de esa épica se vio en el Congreso, donde el oficialismo impuso esta semana el impuesto a las grandes fortunas. En realidad llamado “aporte solidario y extraordinario”, no deja de ser un impuesto, como enrostró durante el debate una y otra vez la oposición. Y más temprano que tarde se va a judicializar y muy posiblemente un juez lo declare inconstitucional. La advertencia se hizo varias veces durante esa larga sesión en la que a continuación se trató otro proyecto inspirado por Máximo Kirchner, no menos polémico: el que prohíbe por entre 30 y 60 años desarrollos inmobiliarios en terrenos incendiados.
El gobierno no quería tratar el aporte solidario, al menos ahora. Así se lo había hecho saber el propio presidente a los empresarios cuando le plantearon sus reparos. Como hemos dicho, la excusa para postergar su tratamiento era que primero presentarían la reforma tributaria y luego adecuarían el aporte solidario, cuestión de que “no se pisaran sus artículos”. Pero este Congreso tiene vida propia, concedida y aceptada públicamente por el propio Presidente, y así fue que cuando nadie lo esperaba en el gobierno un grupo de diputados encabezados por el hijo de la vicepresidenta pidió la sesión especial. Ya no había vuelta atrás.
Es que el kirchnerismo había advertido las dilaciones, de ahí que saliera Carlos Heller -el redactor de la norma- a apurar el tema anticipando la inminencia del debate. Pero más que el titular del Banco Credicoop, hizo ruido Alicia Castro cuando responsabilizó directamente al titular de la Cámara de Diputados por el “cajoneo”. “Hay que preguntarle a Massa por qué no se avanzó con el impuesto a las grandes fortunas”, dijo quien tiene la libertad de hablar sin filtro porque no ocupa cargos, pero suele expresar el pensamiento vivo de la vicepresidenta de la Nación.
Para muchos, la presentación del proyecto de aborto legal fue la respuesta presidencial a esa jugada. Porque habían dicho que en plena crisis sanitaria no impulsarían esa iniciativa. No es descabellado pensar que fue una respuesta de Alberto Fernández a la carta de Cristina Kirchner, que manda en el Senado, donde precisamente el aborto fracasó hace dos años y donde más difícil es su aprobación. Es otro proyecto que hace a la épica kirchnerista, pero jugado como está por su aprobación, no caería bien en la militancia propia un fracaso.
Pero números son números, y mientras en Diputados se perfila un panorama tranquilizador para los verdes, en el Senado -donde en 2018 el proyecto fue rechazado 38 a 31- hoy la diferencia es ajustada, pero con ventaja celeste: 35 a 33. Hay dos senadores que no se han pronunciado, los entrerrianos Edgardo Kueider y Stella Maris Olalla. Ha trascendido que el primero se inclina por el rechazo; la segunda, a quien señalan cercana a la Iglesia, dice que en principio no va a tomar una postura pública. La neuquina Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo, hoy estaría más cerca de votar positivamente. El tucumano José Alperovich, que en 2018 votó en contra, está de licencia y sin perspectivas de volver.
A priori, el rechazo tiene ventaja, pero ante una diferencia tan estrecha no se descarta tampoco que termine desempatando Cristina. Un protagonismo soñado, que podría malquistarla definitivamente con su amigo Francisco. Que el formoseño José Mayans, haya salido a decir que este debate es “absolutamente inoportuno” va más allá de ratificar su conocido rechazo a la legalización. El presidente de bloque no es un “libre pensador”, eso no existe en una Cámara manejada por CFK, de ahí las dudas respecto de la homogeneidad respecto de la oportunidad de presentar ahora el proyecto. Y encima fue el “supermartes”, en el que se esperaba que todo el protagonismo fuera para la sesión en Diputados.
Como sea, ya está hecho y el oficialismo quiere apurar el debate, aunque los tiempos no darían para alcanzar a debatirlo en ambas cámaras en diciembre. En todo caso, debiera ser a más tardar en enero. 2021 es año electoral, inconveniente para un tema que divide aguas. Y además el gobierno sueña con la visita del Papa. Sería en noviembre, después de las elecciones.
Otra discrepancia expuesta en el Congreso es la reforma de la Ley del Ministerio Público, que obtuvo dictamen contrarreloj y el oficialismo planea aprobarla esta semana en el Senado. Ya sin los 2/3 para la designación del procurador, que era lo que buscaba el kirchnerismo, y sobre todo con un control bicameral estricto, es casi una invitación a Daniel Rafecas a reconsiderar la propuesta de Alberto para el cargo.
El proyecto aprobado en Diputados será tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta el próximo martes a las 15.
Horas después de que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas fuera aprobado en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a debatir el tema en el Senado, con el fin de apurar el tratamiento y alzarse con la ley en los próximos días.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), citó a una reunión virtual para el próximo martes a las 15, y ese mismo día podría firmarse el dictamen favorable -si es que el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias, ya que el plazo para dictaminar vence este viernes-.
El proyecto fue avalado en la Cámara baja con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas donde Juntos por el Cambio denunció que se trata de un nuevo impuesto permanente, que además es confiscatorio y que opera como doble imposición con Bienes Personales.
La iniciativa fue impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y propone gravar los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos con una alícuota que va del 2% al 3,5%, y asciende si se trata de bienes declarados en el exterior.
El aporte sería por única vez, con el objetivo de morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19, y la recaudación -estimada en más de 307.000 millones de pesos- se utilizaría para compra de equipamiento sanitario, subsidios a pymes, becas Progresar, el Fondo de Integración Sociourbana y proyectos de gas natural.
A la hora de la votación en el Senado, la creación de este aporte requerirá una mayoría absoluta (37 votos) y el Frente de Todos tiene 40 senadores propios -José Alperovich sigue de licencia-, los que, sumados a aliados, garantizarían la sanción de la ley.
Tras la exposición del ministro Guzmán, el oficialismo firmó el dictamen favorable y propició un agregado para prohibir el endeudamiento para financiar gastos corrientes. Juntos por el Cambio pidió tiempo para analizar el tema.
El Frente de Todos firmó este miércoles el dictamen favorable del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para que el Congreso deba autorizar el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y que a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa fue debatida en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda conducida por Carlos Caserio (Frente de Todos), con la participación del Ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y otros funcionarios de la cartera.
El oficialismo decidió apurar la discusión dado que este viernes 20 vence el plazo para dictaminar en el período ordinario, y aun no se efectuó la convocatoria a sesiones extraordinarias.
El proyecto de ley establece que en el futuro “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera” que supere el máximo estimado en el Presupuesto Nacional, “requerirá de una ley especial” del Congreso “que la autorice expresamente”.
Además, “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones” también necesitarán de una ley.
El texto original sufrió una modificación sustancial propuesta por el Frente de Todos, para que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con el FMI no puedan ser utilizados para gastos corrientes.
Se incorpora así un agregado al artículo 56 de la Ley de Administración Financiera, que indica que “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito púbico realizados con el Fondo Monetario Internacional y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos corrientes”.
“No nos podremos endeudar bajo legislación extranjera para gastos corrientes, sino únicamente para bienes de capital e inversión productiva”, explicó la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, y consideró que se trata de “poner un manto de sensatez y sentido común a la administración pública”.
En ese sentido, llamó a lograr “un pacto entre todas las fuerzas políticas del Congreso de que nunca más nos endeudaremos para gastos corrientes, fuga de capital y especulación financiera, como pasó en los últimos años”.
Juntos por el Cambio pidió tiempo para analizar la modificación propuesta. “Supongamos que uno tiene un déficit de 4,5% del PBI y que gasta dos puntos en gastos de capital… hay dos puntos para financiar. Si se previó que uno es con emisión, cualquier deuda que se tome es para financiar gastos corrientes”, razonó Martín Lousteau (UCR-Evolución), quien advirtió que el agregado “puede ser un problema adicional”.
El misionero Maurice Closs, del Frente de Todos, buscó llevar tranquilidad: “Más allá de la emisión, queda una gran posibilidad de endeudamiento, que seguramente lo hará muy responsablemente el Gobierno, pero lo va a hacer o en moneda nacional bajo legislación nacional, o en todo caso -en una situación excepcional- en moneda extranjera bajo legislación nacional. No creo que estemos atados de pies y manos bajo ningún punto de vista. Me parece razonable el agregado”.
El jefe de la bancada, José Mayans, destacó la tarea de Guzmán en “una negociación que ha permitido replantear toda la cuestión de la deuda pública en materia de vencimientos, intereses, capital y un ahorro muy importante para el pueblo argentino”.
Mayans recordó que al momento de tomar el crédito con el FMI durante la gestión anterior, el Congreso no tuvo intervención y “tampoco se le dio lugar al Banco Central para dictaminar con respecto a las posibilidades que tenía la Argentina de cumplir con este monto”. “Fue un crédito absolutamente fuera de los límites de la Argentina”, objetó.
El detalle saliente del debate fue que hubo un cuestionamiento dentro del propio oficialismo, por parte del puntano Adolfo Rodríguez Saá, autor de un proyecto que, según define, busca decir “nunca más al endeudamiento”.
“Este proyecto del Ejecutivo no tiene nada que ver con el ‘nunca más al endeudamiento’. Es todo lo contrario: están estableciendo pautas flexibles y blandas para seguirse endeudando”, se diferenció Rodríguez Saá.
Y amplió: “He acompañado al Gobierno y al ministro y estoy de acuerdo con todos los acuerdos realizados. También he apoyado y defendido la política de la defensa del valor de la moneda argentina con respecto al dólar, y felicito al Gobierno por el duro golpe que le pegó a los golpistas que pretendían una devaluación, pero esta ley no tiene nada que ver con el ‘nunca más’”.
El senador, quien no adelantó si acompañará o no el proyecto, se limitó a decir que profundizará su postura puertas adentro, en una reunión de bloque, y luego en la sesión.
El ministro de Economía expuso ante la Comisión de Presupuesto del Senado sobre el proyecto para que el Parlamento apruebe los acuerdos con el FMI.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó este miércoles por primera vez ante el Senado para defender el proyecto de ley que busca fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública y que dispone que los préstamos y programas de financiamiento del FMI requieran aprobación del Congreso.
“La sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado, y por lo tanto el Congreso debe tener un rol más importante, un rol mayor”, sostuvo Guzmán al participar de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, donde se pasó a la firma el dictamen.
Al inicio de su exposición, el funcionario indicó que la sostenibilidad de la deuda es “un tema central para el proceso de ordenamiento y estabilización de la economía argentina”.
En ese sentido, agradeció el apoyo dado por el Congreso a la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, y destacó que “a nivel internacional” la sanción de dos leyes este año le dio “mayor fuerza y legitimidad al proceso que hemos llevado adelante”.
El ministro señaló que el proyecto en tratamiento “ha sido muy bien recibido” por el FMI, con el que se negocia el refinanciamiento de la deuda por un total de 44.000 millones de dólares.
Guzmán recordó que hasta ahora se logró un “alivio sustancial en la carga del endeudamiento”, con “37.700 millones de dólares de alivio respecto a lo que estaba pre-programado paran los próximos diez años, una reducción de los intereses en dólares del 7% al 3,07%, y una reducción del capital del 1,90%”.
También resaltó que se logró un “93,5% de aceptación” para la reestructuración de la deuda bajo ley de Nueva York -que asciende al 99% por las cláusulas de acción colectiva-, y en cuanto a la deuda bajo ley local “la tasa de aceptación fue de casi el 100%”.
“El siguiente paso en cuanto a resolver la situación es poder alcanzar un programa con el FMI que nos permita refinanciar los vencimientos programados con el FMI”, explicó.
Guzmán advirtió que con el préstamo otorgado por ese organismo “terminó profundizándose la recesión y elevándose aún más el costo del crédito, que llegó a niveles prohibitivos, y el riesgo país superó los 2.000 puntos”.
“Resulta imposible poder hacer frente a los pagos estipulados con el FMI en tiempo y forma, en un contexto de no acceso al crédito. Por lo tanto, necesitamos una reprogramación de esos pagos, y en ese proceso estamos embarcados”, aseguró.
En esa línea, dijo que “lo que se busca es un programa nuestro, de la sociedad argentina, que sea efectivo para sentar los pilares que la estabilidad y el crecimiento económico requieren”, y agregó que “la idea es enviar un programa plurianual al Congreso”.
“Este es el momento justo para enviar el proyecto, porque, por un lado, ya terminó la reestructuración de la deuda en moneda extranjera en la forma de títulos públicos, y por otro lado estamos en el proceso de negociaciones con el FMI”, puntualizó el ministro.
Asimismo, resaltó que “la sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado, y por lo tanto el Congreso debe tener un rol más importante, un rol mayor”, ya que “los programas con el FMI tienen consecuencias que trascienden a un período de gobierno”.
Guzmán afirmó que una deuda insostenible termina generando “una enorme incertidumbre que afecta tanto al ambiente que enfrenta el sector privado como a la situación del sector público a la hora de planear las políticas públicas”, y además “quitando espacio” para esas políticas.
“Es fundamental construir consensos en los pilares de la estabilidad. Hay cuestiones donde todos debemos estar de acuerdo: potenciar las exportaciones para evitar una caída de la balanza de pagos, asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la sostenibilidad fiscal, y converger a una situación donde no se dependa sistemáticamente del Banco Central”, enumeró.
Ante una pregunta del senador Julio Martínez (UCR), Guzmán informó que las reservas netas son actualmente 28.365 millones de dólares.
“Argentina tiene un superávit comercial robusto, no hay pagos de deuda en moneda extranjera sustanciales, y hay controles de capitales que tienen relativa efectividad para contener las presiones en el frente cambiario por razones financieras, lo que genera una brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos”, describió el ministro, y añadió: “El tipo de cambio oficial, en función de las dinámicas comerciales, está en un nivel que consideramos adecuado”.
El funcionario aprovechó para destacar que en este proceso también existe “un diálogo fluido con el G20”, donde “fue muy bien recibido” el proyecto para que el Congreso apruebe los programas con el FMI, que “le da mayor legitimidad y fortaleza a lo que el Gobierno argentino acuerde” con ese organismo.
Junto a Guzmán, participaron de la reunión el secretario Diego Bastourre (Finanzas); el director ante el FMI por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos; la jefa de Gabinete de Asesores, Melina Mallamace; la secretaria Legal y Administrativa, Rita Tanuz; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete.
El Senado aprobó el proyecto, pero regresa a la Cámara de origen porque faltó incorporar planillas que contenían obras en todo el país. El oficialismo aclaró que no se hará ninguna modificación y el secretario de Hacienda le envió una nota a Massa pidiéndole “subsanar el yerro”.
Por un error, el Senado devolvió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Alberto Fernández.
El motivo es que, según advirtió el oficialismo, en el texto que recibió el Senado para su tratamiento faltaban planillas con el detalle de numerosas obras financiadas por el Estado Nacional.
El proyecto del Poder Ejecutivo recibió 45 votos a favor, del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones); dos en contra, del puntano Claudio Poggi y el salteño Juan Carlos Romero; y 23 abstenciones de Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), primer orador del debate, explicó que las planillas anexas “son parte integrante del proyecto” que elaboró el Ministerio de Economía.
En ese sentido, el cordobés señaló que en la cartera que conduce Martín Guzmán el Presupuesto “se hizo como corresponde” y se cargó en la página web oficial del Ministerio, donde incluso se pueden consultar las planillas, las que a su vez fueron parte del análisis que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Pero Caserio afirmó que esas hojas “no ingresaron en el texto de la ley” aprobado por la Cámara de Diputados y “por más que estén en un formato digital, deben ser incorporadas”.
“Nuestro bloque no va a hacer ninguna modificación, ni va a agregar ninguna obra de ningún tipo. No va a haber ningún cambio del Presupuesto que viene de Diputados”, garantizó el oficialista, y pidió a la Cámara baja realizar “una breve sesión para ratificar este Presupuesto”.
Con la vuelta del proyecto a Diputados, la sanción de la “ley de leyes” se retrasará al menos una semana más, lo que significa un tropiezo para el Gobierno en plena visita de la delegación del FMI.
Precisamente, la comitiva de tres integrantes se reunirá este viernes con Sergio Massa, titular de Diputados. El encuentro estaba pactado de antemano y se realizará a las 11 en el Salón de Honor de la Cámara baja.
Presente en el recinto, Caserio leyó la nota que el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, le envió Massa el 4 de noviembre para solicitarle “la posibilidad de subsanar un error material observado en la planilla anexa al artículo 11 del proyecto de ley”.
“Se ha detectado que el formato del archivo digital PDF remitido originalmente mediante el sistema GDE presenta errores tales como la ausencia de totales completos, saltos de página, ‘cortes de datos’ y omisión de obras”, advirtió Rigo.
De todos modos, aclaró que esta corrección “no implica modificación alguna en la asignación presupuestaria de gastos de capital”.
Finalmente, el funcionario insistió en que se trató de una “omisión involuntaria originada en un fallo por la operación remota del sistema GDE” y le pidió a Massa que “subsane ese yerro” incorporando la planilla completa anexa al artículo 11.
Al defender el Presupuesto, Caserio afirmó que “vamos a estar bien en 2021 y vamos a estar mejor cada año que pase”.
El titular de la Comisión de Presupuesto remarcó que “la pandemia fue crisis para todos”, pero valoró la inversión del 7,7% del PBI en asistencia a los sectores más vulnerables, con programas como el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), no previstos ya para el año próximo.
Para el senador, el Presupuesto refleja los objetivos del Gobierno para “consolidar la protección social de los sectores más vulnerables; impulsar la recuperación económica, que sea robusta, previsible y suficiente; construir un camino de desarrollo sustentable; y asegurar la generación sostenida del empleo, porque creemos que es la mejor justicia social”.
“No hay estabilidad económica sin recuperación de la actividad“, enfatizó el oficialista, y dijo que “el único modo de salir es creciendo, no se sale achicando ni castigando a la gente”. Tras calificar al proyecto como “prudente”, aseveró que “en 2021 va a haber un importante aumento de la recaudación”, estimado en un 48% para el primer semestre.
En su discurso de más de media hora, el cordobés apuntó que si bien el déficit rondará el 6%, producto de la caída de este año, “lo vamos a ir achicando”.
Por el contrario, Martín Lousteau (UCR-Evolución) cuestionó la “baja calidad” del debate del Presupuesto y criticó la inclusión de nuevos impuestos en el proyecto que vino en revisión.
“Hay artículos que se incorporaron en Diputados que merecen una discusión aparte, no que en la discusión presupuestaria creemos tributos nuevos”, dijo, y enumeró: “Se subieron tasas de fiscalización, se subieron cargos sobre primas de seguros, se bajaron alícuotas para algunos de débitos y créditos, se eximió a esos mismos actores de pagos de aranceles, se subieron impuestos internos, se hicieron de manera diferencial impuestos al juego y hasta se creó un área aduanera especial”.
Para Lousteau, “muchas de estas cosas no son razonables. Como mínimo, la discusión merece una mejor calidad. No sé si esas cosas las revisarán cuándo vuelva a Diputados, pero habría una enorme oportunidad”.
Alertó en ese sentido que “hay planillas que faltan, fe de erratas, y eso es la consecuencia de un mal proceso presupuestario. De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que en el paso por Diputados, se aumentaron los gastos en 260.564 millones de pesos y se agregaron tres artículos para el Plan Gas, que se estima son 1.300 millones de dólares, es decir que en el paso por Diputados se agregaron 400.000 millones de pesos de gastos sin decir de dónde salen”.
“Lo único que dicen es que el jefe de Gabinete reasignará partidas, entonces lo que sancionamos es que le estamos pidiendo al jefe de Gabinete es que haga una tarea de magia, que genere 400.000 millones de pesos reasignando partidas”, ironizó.
A su turno, el oficialista Daniel Lovera salió con los tapones de punta contra la gestión de Mauricio Macri: “Podemos pensar distinto, podemos tener diferentes proyectos de país, pero sorprende la imprudencia, la insensatez, la asombrosa impunidad con la que se expresan algunos que fueron gobierno hasta hace pocos meses y que nos dejaron un país devastado”.
El titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social advirtió que “el mejor equipo de los últimos 50 años nos hablaba de ‘pobreza cero’, prometía una lluvia de inversiones, y lo que hicieron fue arrasar el país, generaron la peor crisis de la historia, y no fueron variables externas las que hundieron a la Argentina, fue ese equipo el que arrasó el país”.
Lovera insistió: “Fueron absolutamente incapaces para gobernar, y como si esto no les alcanzara destruyeron en cuatro años el salario real en Argentina, que a fines de 2015 era de 590 dólares y a diciembre de 2019 llegó a 260 dólares aproximadamente. Por eso hay que tener memoria”.
El pampeano señaló además que “tomaron deuda sin pasar por el Congreso, y estamos hablando de los defensores de la República, que ahora están preocupados por nuestros jubilados y criticando al Gobierno desde el primer día, un Gobierno que está trabajando para recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados”.
Desde el Pro, Esteban Bullrich cuestionó la falta de “escucha” y “diálogo” por parte del Frente de Todos y consideró que “el Gobierno se está encerrando y se está enfrentando solo a los problemas”, al poner como ejemplo no solo el Presupuesto sino también la elaboración de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Al coincidir con varios puntos expuestos por Lousteau sobre las “inconsistencias” del proyecto, el legislador apuntó que “cuando uno hace el cálculo de cuánta emisión necesita este Gobierno, es de un 45%. Sin embargo, proyectamos una inflación del 29%”.
Además, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda criticó la incorporación de “muchos artículos por casi 400.000 millones de pesos”, motivo por el cual varios diputados de Juntos por el Cambio “en masa votaron en contra”.
“Falta el diálogo, faltan distintas visiones, el Gobierno se está encerrando y quiere resolver los problemas en soledad”, insistió y opinó que uno de los “problemas” de la iniciativa y “de la construcción de políticas públicas que está llevando este Gobierno” es el de “ver a la política, la sociedad y la economía en términos de conflicto”.
A su turno, el misionero Humberto Schiavoni afirmó que el proyecto le genera a la oposición “más dudas que certezas, por sus inconsistencias, porque por más que se las niegue, son objetivas”. También criticó que “no contenga medidas para morigerar los efectos de la pandemia y asistir a los sectores más castigados”, como el turismo.
Sin embargo, el jefe del bloque Pro adelantó su voto positivo a la creación de un régimen aduanero especial de frontera para su provincia, en la cual “el 90% de las fronteras son con países limítrofes”, los que “tienen ventajas estructurales que van mucho más allá del tipo de cambio con los cuales es imposible competir si no tenemos algunas de las posibilidades que tienen tanto Brasil como Paraguay”.
Asimismo, se expresó a favor de artículo 103, que “le da automaticidad a los fondos del Fondo Especial del Tabaco”, pero anunció su voto en contra de ciertos “artículos que se tratan de gabelas y privilegios puestos a última hora en la Cámara de Diputados que contradicen los principios de equidad y transparencia”.
Muy crítica, la radical Silvia Elías de Pérez opinó que el Presupuesto “tiene mucho olor a humo”. “Siento que el presidente Fernández permanentemente nos ha acostumbrado ya a que nos dice una cosa y después hace otra. Pero hay una cosa en la que no nos ha mentido, él ha contestado en varias oportunidades que descreía de los planes económicos, que él no tenía un plan”, señaló.
“Estoy convencida que no lo tiene, y cuando veo este Presupuesto le puedo garantizar que no lo tiene”, enfatizó la tucumana, que acusó también al Poder Ejecutivo de construir “un puente endeble” porque “no hay nadie que se anime a venir a invertir en Argentina con el grado de incertidumbre que están generando”. Además, agregó que el proyecto “aumenta la presión tributaria” y “nuestras pymes, nuestros comerciantes, nuestros productores no pueden más”.
Por su parte, Alfredo Luenzo (Frente de Todos) opinó que “no es solamente un Presupuesto, es un proyecto de país”, y aseguró que “a pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando hemos marcado un rumbo”.
El chubutense cuestionó los “pronósticos agoreros que en realidad parecen estar mucho más ligados desde la oposición al deseo que a diagnósticos reales”, y fue enfático en remarcar que el Frente de Todos es “la continuidad de un proyecto político que ya ha dado sobradas muestras que aquello que nosotros plasmamos en el Presupuesto es lo que después ocurre en la realidad, incluso a pesar de las circunstancias adversas de este marco difícil que estamos atravesando en la Argentina y en el mundo”.
Desde el oficialismo, el bonaerense Jorge Taiana compartió lo dicho por varios de sus pares al recordar que en diciembre del año pasado “se recibió un país quebrado, endeudado, en default y emergencia”, a lo que se le sumó la pandemia, por la que “estamos ante una crisis mundial que es inédita y cuyas consecuencias todavía desconocemos”.
El senador reconoció que el Presupuesto es “de emergencia” y “no va a cumplir todas nuestras expectativas”. Pese a destacar la duplicación de la inversión para la provincia de Buenos Aires, reiteró que “no es el Presupuesto deseado”, pero auguró: “Vamos crecer más (del 5,5%), va a haber más recuperación económica, va a haber más recursos y vamos a comenzar a salir del pozo”.
Apoyado en gráficos que compartió en pantalla, el kirchnerista Oscar Parrilli cargó sobre los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires a través del Presupuesto Nacional, y pidió “comenzar a discutir los gastos” para ir hacia “algo más equitativo”. “Si queremos en serio comenzar a construir una sociedad más justa, más equilibrada, considero que tenemos que empezar a corregir esta situación”, lanzó.
En los cierres, el salteño Juan Carlos Romero argumentó su voto en contra al considerar que el Presupuesto “tiene un sesgo general demasiado estatista”, y fustigó a la Cámara de Diputados por la creación de nuevos impuestos. “Ni este Presupuesto, ni la concepción de quienes gobiernan tienen la visión de una estabilidad macroeconómica, creen que el Estado todo lo puede y eso no es así”, opinó.
En tanto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que el Presupuesto es “de ajuste” y cuestionó la gestión de Alberto Fernández a casi un año de su asunción. “Es bueno reconocer que ha habido una mala gestión. La prolongación de la cuarentena fue un error. También hubo mala gestión porque se estableció una falsa confrontación entre economía y salud. Y en esa mala gestión tampoco se advirtió, mientras perdíamos meses en discutir la agenda de las personas, que debemos discutir la agenda de la institucionalidad”, expresó el radical.
Con numerosas críticas al gobierno de Cambiemos, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, disparó: “Tenemos una oposición despiadada, salvaje, que no está dispuesta a ayudar en nada”. “Este es un Presupuesto que tiene una visión federal, que no discrimina y que busca encauzar realmente al país en el crecimiento”, defendió y pronosticó que “una vez que tengamos la vacuna va a haber un efecto rebote, va a estar la economía a pleno funcionando”.
El Presupuesto prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.
También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.
El financiamiento del déficit provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central (emisión monetaria).
La inversión en infraestructura se duplicará, pasando del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021, lo que significa 835.000 millones de pesos.
Un dato relevante del proyecto enviado por el Ejecutivo es que, dado que supone que la pandemia finalizará en el corto plazo, no contempla el IFE ni el ATP. De hecho, el propio Guzmán informó este jueves que el Gobierno no pagará la cuarta edición del IFE.
En la comparación 2020-2021, el gasto en infraestructura crecerá del 1,1% al 2,2%; en educación y conectividad pasará del 1,1% al 1,3%; en salud pública, del 0,3% al 0,5%; y en innovación y desarrollo, del 0,2% al 0,5%; mientras que en intereses de deuda el gasto bajará del 3,4% al 1,5%.
Se destinarán casi 95.000 millones de pesos al financiamiento de la producción, a través de diferentes herramientas, y se asignarán otros 115.000 millones a la asistencia alimentaria y 113.000 millones al plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales.
Se destinarán 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros del AMBA y 20.500 millones para las provincias del interior, un monto que originalmente era de 13.500 millones pero se amplió en Diputados.
Otro agregado negociado en la Cámara baja es que las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras serán mensuales y automáticas.
En cuanto a impuestos, se modifica el impuesto a las apuestas y juegos de azar aumentando la alícuota del 2% al 5%, con atenuantes para sujetos con inversiones genuinas y agravantes para aquellos radicados en paraísos fiscales; y se crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia de Misiones.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda defendió el plan de gastos y recursos enviado por el Gobierno y aseguró que el año que viene aumentará la recaudación.
El senador del Frente de Todos Carlos Caserio defendió este jueves el proyecto de Presupuesto para el año próximo y afirmó que “vamos a estar bien en el 2021 y vamos a estar mejor cada año que pase”, además de asegurar que está previsto un aumento de recaudación del 48% para el primer semestre.
En su discurso, el cordobés arrancó recordando la política económica de los últimos cuatro años y los presupuestos enviados por la gestión de Cambiemos. “Lamentablemente siempre esos presupuestos no pudieron coincidir con las variables macroeconómicas y no pudieron dar un rumbo al país”, opinó.
En ese sentido, cuestionó que la inflación tuvo un “promedio de 40% en cuatro años” y “en 2019 llegó a 54,8%”, lo que significó “un rotundo fracaso de los planes de la meta inflacionaria y política económica”.
También criticó los “86 mil millones de dólares” en fuga y la deuda con el FMI de 44.500 millones de dólares. El legislador indicó que el dinero de la deuda tomada por el gobierno anterior “entró por un lado y salió por otro”.
El miembro informante mencionó que “en diciembre de 2015 el resultado primario del déficit fiscal era de 3,8%; si le sumamos el 1,3% del financiamiento, de lo que se puede llamar el resultado secundario, que es pagar los intereses y capital de la deuda, la Argentina tenía el 5,1% de crecimiento”.
“Pero lamentablemente bajaron el déficit primario, aumentaron el endeudamiento y los intereses, lo que llevó a la gente a que sufriera un brutal ajuste. El déficit primario fue de 1,7%, pero para hacerlo tomaron deuda y el déficit secundario fue de 3,4%. O sea que quedamos con los mismos 5,1% de déficit con lo que le habíamos entregado el gobierno, con una política distinta por supuesto”, agregó.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda remarcó que “la pandemia fue crisis para todos”, pero valoró la inversión del 7,7% del PBI en asistencia a los sectores más vulnerables. En ese tramo, elogió las medidas tomadas por el Gobierno en medio de la emergencia sanitaria y, entre ellas, calificó de “dos programas que fueron insignia para acompañar a los argentinos” como el IFE y el ATP, no previstos ya para el año próximo.
Para el senador, el Presupuesto refleja los “objetivos” del Gobierno para “consolidar la protección social de los sectores más vulnerables; impulsar la recuperación económica, que sea robusta, previsible y suficiente; construir un camino de desarrollo sustentable; y asegurar la generación sostenida del empleo, porque creemos que es la mejor justicia social”.
“No hay estabilidad económica sin recuperación de la actividad“, enfatizó el oficialista y dijo que “el único modo de salir es creciendo, no se sale achicando ni castigando a la gente”. “Este Presupuesto es prudente”, continuó y aseveró: “Tenemos claro que en el 2021 va a haber un importante aumento de la recaudación. Está estimado para el primer semestre un 48%”.
En su discurso de más de media hora, el cordobés apuntó que si bien el déficit rondará el 6%, producto de la caída de este año, “lo vamos a ir achicando”, subrayó.
Destacó entonces “el incremento de los gastos de capital, la inversión productiva de la vivienda y la obra pública” que será “el motor que va a impulsar el crecimiento”. Por otra parte, destacó las partidas destinadas a ciencia y tecnología, salud y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Finalmente, Caserio expresó: “Tenemos una idea del país, porque es parte de nuestra ideología, de nuestra formación, pero también tenemos una idea de la economía. Nosotros creemos que hay que crecer y para crecer hay que invertir, vamos a arriesgar para invertir, creyendo en los argentinos que van a mejorar el trabajo y la Argentina se va a levantar”.
“Vamos a estar bien en el 2021 y vamos a estar mejor cada año que pase, porque las políticas que estamos aplicando parten desde el humanismo, son racionales en un progresismo económico lógico, son posibles y ya otras veces las hicimos y ahora va a ser muy exitoso”, concluyó.
La comisión presidida por Carlos Caserio escuchó este martes a los secretarios de Política Económica, de Hacienda y de Finanzas. Este miércoles asistirán las autoridades de la Oficina de Presupuesto.
El Senado inició este martes el debate del proyecto de Presupuesto 2021, aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, y el oficialismo aspira a firmar dictamen este mismo miércoles, tras un debate veloz, para convertirlo en ley la semana próxima.
En una reunión virtual, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio (Frente de Todos) escuchó a los secretarios de Política Económica, Haroldo Montagu; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Diego Bastourre.
Tras las exposiciones y una ronda de preguntas de senadores, la comisión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10, para recibir a las autoridades de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y luego, posiblemente, emitir dictamen.
Al inicio del encuentro, Esteban Bullrich (Pro) cuestionó la ausencia de Martín Guzmán. “Lamento que no haya venido el ministro de Economía. La situación económica lo ameritaba, sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene estará viniendo una misión del FMI. El ministro no ha venido aun al Senado y para nosotros es muy importante”, dijo.
Montagu destacó que este Presupuesto es un “puente” entre la economía actual y “la visión de país que tiene el Gobierno”, y señaló que “pone el eje en la economía real”. “Partimos de una economía que ha sido seriamente golpeada por la pandemia y que ya venía experimentando problemas previos”, recordó.
El funcionario arrancó su exposición con un repaso de los efectos económicos de la pandemia: precisó que en el segundo trimestre de este año el PBI cayó casi 20 puntos interanuales y se refirió también a la caída de la tasa de inversión y del consumo privado.
A su vez, indicó que el impacto más alto de la pandemia se produjo en restaurantes, transporte y comercios, entre otros rubros, y en contraposición habló de la “recuperación total” de la construcción en los últimos meses, incluso superando los niveles previos a la pandemia.
Montagu también apuntó que el desempleo ascendió al 13% en el segundo trimestre como consecuencia de la pandemia, y asimismo la tasa de actividad cayó al 38,4%.
El viceministro de Economía explicó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos. También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.
“No hay estabilización posible sin una recuperación de la actividad económica”, sostuvo Montagu, y también afirmó que “sostenibilidad fiscal y externa son condiciones necesarias para una economía estable”.
A su turno, Rigo coincidió en que el Presupuesto “está construido sobre la base de supuestos realistas y prudentes” y con “objetivos asequibles y cumplibles en el marco de este escenario macroeconómico”. “Todas las políticas públicas que encuentran financiamiento en el marco del Presupuesto podrán ser implementadas y financiadas de una manera razonable”, garantizó.
Rigo sostuvo que el déficit del 4,5% “es posible de ser financiado” a través de dos fuentes, deuda pública (en un 40%) y emisión monetaria (60%).
Además, señaló que “los recursos fiscales mostrarán una recomposición robusta”. “De la mano del crecimiento del 5,5% del PBI será posible que la actividad económica, impulsada también por el gasto público, hagan que la recaudación tenga un crecimiento importante”, destacó, y puso como ejemplo que la recaudación por el impuesto a las Ganancias crecerá interanualmente un 38%.
“El Presupuesto garantiza el rol activo del Estado nacional en esta etapa de recuperación económica”, subrayó el funcionario.
Por otra parte, en la comparación 2020-2021, Rigo resaltó que el gasto en infraestructura crecerá del 1,1% al 2,2%; en educación y conectividad pasará del 1,1% al 1,3%; en salud pública, del 0,3% al 0,5%; y en innovación y desarrollo, del 0,2% al 0,5%; mientras que en intereses de deuda el gasto bajará del 3,4% al 1,5%.
Por último, Bastourre se refirió a las gestiones realizadas para restaurar la sostenibilidad de la deuda y reducir la carga de vencimientos, que fueron posibles gracias a las leyes aprobadas por el Congreso sobre deuda en moneda local y extranjera, así como la Ley de Solidaridad Social sancionada en diciembre.
El senador nacional Carlos Caserio consideró que se trata de un “presupuesto expansivo con un rol activo del Estado”. Además, brindó detalles del proyecto que comenzará a ser debatido este martes en la Cámara alta.
El senador nacional por Córdoba Carlos Caserio consideró que el Presupuesto 2021 “es expansivo con un rol activo del Estado”, y brindó detalles sobre el proyecto que comenzará a tratarse este martes en la Cámara alta.
La ley de leyes, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, prevé un crecimiento del 5,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación anual del 29% y un dólar en torno a los 102,4 pesos, para fin del año. El martes a las 16.30 lo debatirán en comisión en el Senado con autoridades del Ministerio de Economía para responder preguntas de los senadores, y también invitaron a personal de la oficina de presupuesto del Congreso.
En diálogo con Edición Calificada, Caserio, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, indicó que “el país necesita el presupuesto porque es muy simbólico para la economía real tener el presupuesto aprobado. Los objetivos centrales de este presupuesto es consolidar la protección social de los sectores vulnerables, porque esta crisis de la pandemia ha pegado fuerte”.
En este sentido, el senador del FdT manifestó que piensan en una caída económica significativa: “La baja del PBI en Argentina y en el mundo ha sido tremenda, en nuestro país se estima que la caída va a estar en 12 punto del PBI, algo histórico, que no es sólo patrimonio nuestro, lo ha dicho el Banco Mundial la caída es impresionante desde 1870 que el ingreso per cápita no cae en todo el mundo como pasó en este y que es la peor recesión después de la Segunda Guerra Mundial”.
Para el legislador el presupuesto 2021 “marca el verdadero sendero” de la economía para el futuro, “porque es un presupuesto plurianual, si bien las variables fundamentales son las de 2021 también tiene una proyección para todo el mandato del presidente Alberto Fernández. La idea es cumplir un camino de desarrollo sustentable sobre la base de un desarrollo previsible, para nosotros lo fundamental es la generación de empleo”.
“La única solución que tiene la Argentina es crecer”, resaltó el senador y explicó que la negociación del canje dio muchas expectativas para el futuro y, que, además, “tenemos que recuperar la situación fiscal, los impuestos están con inconvenientes y pensamos que el año que viene va a mejorar”.
“El presupuesto es expansivo con un rol activo del Estado, gastos de capital que es la puerta de la inversión pública, con obras públicas y demás cuestiones de servicios, del 2% del PBI que duplica el del 2019, creemos que ese va a ser el motor de la economía, y de a poco se van a ir sumando los sectores privados, la capacidad instalada está en un 40% de lo que puede dar el país, asique hay mucho por crecer el año que viene. El crecimiento que se estima del 5,5%o del Producto Bruto Interno (PBI) es la base; es probable que lo podamos superar”, estimó Caserio.
Por otro lado, el legislador cordobés recordó la situación macroeconómica con la que se encontró el Frente de Todos al asumir el gobierno: “Nosotros en 2019 recibimos el país con 3,5 punto de PBI de endeudamiento. Lo que bajamos con ese déficit primario de ajuste lo subimos porque nos tuvimos que endeudar para sostenerlo, una deuda de 44 mil millones de dólares que no dejó nada en Argentina, porque no se hizo caminos, no se mejoró el empleo no se lo utilizó para la actividad productiva, sino que se utilizó para la actividad cambiaria financiera. Esos 44 mil millones de dólares no están, entraron y se fueron del país y la economía la hemos recibido mucho peor de antes del acuerdo con el Fondo. Esos 3,5 punto de PBI que teníamos por la deuda bajó a 1,5 por la renegociación de la deuda. Asique esos dos puntos que recuperamos al poder hacer un canje exitoso nos permite ahora aplicarlo a la obra pública”.
Finalmente, se refirió al “bimonetarismo” que advirtió en su carta la vicepresidenta, y dijo: “Ya llegaremos con los años a una economía que el peso argentino sea significativo, no es una cuestión de un gobierno, sino que es una cuestión de mentalidad. El Estado es el responsable de crear las condiciones para que los habitantes crean en la moneda, esa debe ser una política de Estado de este gobierno y de los sucesivos. En Brasil a veces la diferencia del dólar es muy significativa con el real sin embargo los precios no aumentan un peso. Eso es lo que hay que ir cambiando en la mentalidad”.
Continuó este jueves el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales presidida por la senadora María de los Angeles Sacnun, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el senador cordobés Carlos Caserio. Durante la reunión, realizada por videoconferencia, expertos en la materia expusieron sobre el Expediente del Poder Ejecutivo que aprueba el “Convenio de transferencia […]
Continuó este jueves el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales presidida por la senadora María de los Angeles Sacnun, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el senador cordobés Carlos Caserio. Durante la reunión, realizada por videoconferencia, expertos en la materia expusieron sobre el Expediente del Poder Ejecutivo que aprueba el “Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmado entre el Estado nacional y el gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016.
Concluida esta tercera audiencia con invitados, el dictamen pasó a la firma para quedar listo para su tratamiento en el recinto.
Los primeros en exponer fueron representantes de la Comisión Federal de Impuestos. La presentación fue iniciada por su presidente, y ministro de Economía de la provincia de Catamarca, Sebastián Veliz, quien sostuvo que “no hay una modificación del índice de distribución de coparticipación para las provincias”, sino que “únicamente se modifica el índice de participación del Poder Ejecutivo nacional haciendo uso del Art. 8 de la Ley 23.548 y el Art. 4” y detalló tanto que “el esquema de distribución de la masa coparticipable de los recursos establecida por la ley 23.548 establece una distribución primaria y una distribución secundaria” como que “lo que está afectando este Decreto, y que dio lugar a este proyecto de ley, es la distribución primaria”.
En tanto, el vicepresidente de la Comisión y ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia de Santa Cruz, Ignacio Perincioli resaltó que “nosotros como representantes de las 25 jurisdicciones nos atenemos a opinar lo mismo que se ha opinado en el año 2016”, que “no es una cuestión que nos correspondía a nosotros emitir una opinión, porque no hay una modificación de la coparticipación”.
A continuación, el director ejecutivo Juan Chirino se refirió a la “función jurisdiccional que efectuó la Comisión Federal de Impuestos”, señalando que “la Comisión administrativamente lo que realizaba era recepcionar los informes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eran presentados por la Secretaría de Hacienda todos los años y ponerlo a disposición de las jurisdicciones sin intervención porque la intervención no corresponde por competencia que así se determinara”, afirmó.
A continuación, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Mura, recordó que “estamos hablando de una transferencia de competencias y funciones”, y realizó un resumen del análisis realizado en el año 2016 para determinar el valor porcentual transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en base al valor de esa prestación en el año 2015”.
Además, consideró que el Decreto 735 es “unilateral” y que tiene un “impacto enorme para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lo que queda del año y para el próximo”, luego de lo cual hizo mención de “lo que está mal de ese presupuesto o ese informe que hizo el Ministerio del Interior para establecer ese número”.
Luego, el director de Relaciones Institucionales AFIP, Alejandro Otero, resumió que el proyecto “transparenta el valor el costo que tiene esta prestación”, “endereza situaciones que requerían ser enderezadas” y “establece un régimen de transición para asegurar los recursos transitoriamente y readecuándolos a la situación prevista en el proyecto para no dejar sin recursos a la Ciudad de Buenos Aires frente a la prestación de este servicio en tanto no se apruebe y no tenga vigencia la ley”.
Asimismo, destacó que “no hay duda de que la Ciudad es parte del federalismo fiscal argentino y que su coeficiente en todo caso se adecuará en el marco de la discusión del conjunto de las jurisdicciones cuando avancemos hacia una nueva ley de coparticipación. En tanto en el régimen actual queda claro que las transferencias de competencias deben estar acompañadas de los correspondientes recursos vía transferencia presupuestaria”.
A su turno, el director del Departamento de Economía de FCRE-UBA, Javier Curcio, afirmó que “la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad Autónoma, al igual que las 23 provincias, tiene derecho a contar con transferencias automáticas”, y que “seguramente la mayor riqueza relativa que tiene la Ciudad de Buenos Aires implicará que esta jurisdicción va a recibir proporcional recursos participables sensiblemente menores a los que aporta a través de sus bases imponibles al igual que otras jurisdicciones que también cuentan con mayores recursos propios, recursos naturales o con otros factores que hacen que dentro de ese esquema tengan que recibir menos de lo que aportan y hagan primar el criterio redistributivo por sobre el criterio devolutivo”.
“En este contexto la transferencia que propone el proyecto de ley rompe esa característica de automaticidad que tienen estas asignaciones y puede generar por el acceso de esos recursos para la Ciudad dificultades respecto de la continuidad y la sostenibilidad de estos recursos además de ponerla en un pie de desigualdad frente a otras jurisdicciones que reciben fondos equivalentes de forma automática”.
Por su parte, el diputado mandato cumplido y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Ricardo Gil Lavedra subrayó que “la Ciudad tiene la misma jerarquía en este punto que las provincias y es un actor dentro del federalismo fiscal argentino”.
“Yo creo que el Convenio tiene una vigencia absolutamente legitima” y que “esta perfectamente convalidado”, afirmó a continuación, para luego considerar que “esto no puede ser dejado sin efecto unilateralmente y por varias razones”. Al respecto, reflexionó que “dicen que se le dio mucho, que se le dio en exceso o que no hay una ley. Dos caminos: o un nuevo acuerdo o un nuevo Convenio, que es posible para renegociar, o del contrario el otro camino es judicial no hay otra salida”.
“El proyecto que ustedes tienen en tratamiento es exactamente lo que la constitución no quiere, que es una transferencia con asignación unilateral de recursos. Eso es inadmisible en términos constitucionales por eso digo que esto es pre constitucional”.
Por último, el director del Banco de la Nación Argentina Raúl Garré observó que en el Decreto 194 “no existe claramente una estimación específica de los fondos que estamos poniendo en juego y que permiten sostener cual es efectivamente la asignación de recursos que va a llevar implícito y el cuantum” y que el mismo “no discrimina con claridad entre la diferencia provenientes de la coparticipación y la transferencia de los recursos necesarios para sostenerlo”.
También consideró que “nosotros seriamente debiéramos concebir que el AMBA excede el pleno análisis de suponer que la Avenida General Paz divide literalmente la distribución y la asignación de recursos”. “Que no solamente prime el principio devolutivo sino el que también prime el principio distributivo en la asignación y los recursos de la coparticipación”, concluyó.
Se refirió así a la decisión del gobernador cordobés de no suscribir su la solicitada respaldando el redireccionamiento de parte de la coparticipación porteña a la provincia de Buenos Aires.
Profundizando el distanciamiento con su gobernador, el senador cordobés Carlos Caserio lo criticó por no haber firmado la carta de apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires.
Diecinueve gobernadores suscribieron el documento; todos menos los de Juntos por el Cambio -CABA, Mendoza, Corrientes y Jujuy- y el cordobés Juan Schiaretti.
Caserio se manifestó “sorprendido” por esta actitud de Schiaretti y apuntó: “Es difícil encontrar un peronismo como el cordobés que no apoya al Gobierno”.
El senador cordobés se distanció de Schiaretti ya en tiempos de campaña, cuando se alineó con el presidente Alberto Fernández, a quien acompañó en sus visitas a la provincia. Luego estuvo a punto de ser nombrado ministro de Transporte, pero luego esa posibilidad fue archivada al advertir que quien tomaría su lugar sería un hombre de Schiaretti.
Caserio valoró en declaraciones radiales la actitud del presidente Fernández para con su provincia, destaando su “generosidad con los cordobeses” y que “siempre ha cumplido con Córdoba”.
Y remató diciendo que por esas cosas pensaba que Schiaretti “iba a ser el primero en firmar”. Y completó: “Es increíble que Schiaretti le haya dado quórum a Macri pero se niegue a dárselo a un Gobierno peronista como el de Alberto Fernández”.
El senador nacional cordobés mantuvo un encuentro con el mandatario en Olivos. Analizaron la agenda del Congreso y la situación de su provincia, Córdoba.
Durante buena parte del tiempo que transcurrió entre la consagración de Alberto Fernández como presidente electo y el anuncio del gabinete que lo acompañaría, el senador nacional cordobés Carlos Caserio figuró como ministeriable. Si hasta se le asignó una cartera: la de Transporte, que finalmente sería para el massista Mario Meoni.
Lo cierto es que el legislador cordobés y el presidente de la Nación forjaron una buena relación durante la campaña y así fue que Caserio fue la llave de Alberto Fernández para entrar en esa provincia en una campaña en la que el gobernador Juan Schiaretti decidió adoptar un papel equidistante, sin jugarse por ningún candidato presidencial.
Finalmente Caserio no ocupó ningún ministerio y se quedó con una de las comisiones más importantes del Parlamento, la de Presupuesto y Hacienda. Y mantiene un diálogo cordial y frecuente con el presidente Fernández.
Así es que este lunes lo visitó en la residencial presidencial, donde dialogaron sobre la agenda legislativa y la provincia de Córdoba. Precisamente así lo anunció el propio Caserio en su cuenta de Twitter: “Hoy nos reunimos con
@alferdez para hablar sobre la agenda del Congreso de la Nación y la provincia de Córdoba”.
“También conversamos sobre la Ley de Presupuesto Nacional, que trataremos oportunamente en la comisión que presido en el @SenadoArgentina. El mismo será equilibrado y nos permitirá volver a crecer, generando empleo y mejor calidad de vida para los argentinos”, informó el senador cordobés.
En otro mensaje publicado en su cuenta, Caserio señaló que “con la reestructuración de la deuda, podemos avanzar en las prioridades que señala el presidente: fomentar el trabajo y la producción. Con políticas macroeconómicas claras lograremos el desarrollo que los argentinos nos merecemos”.
En el marco del debate en comisión del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados, la titular de la AFIP destacó que 4.700 empresas están en condiciones de pedir el advenimiento.
Luego de su aprobación el viernes en la Cámara de Diputados, comenzó a debatirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado la moratoria impositiva. Por eso se presentó en la comisión que preside el senador cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien brindó precisiones sobre la ampliación de la moratoria.
“Esta es una moratoria universal, que incluye a todos los sujetos económicos y sociales” subrayó la funcionaria, que durante más de una hora participó del encuentro que se realizó por la modalidad de videoconferencia.
Tras escuchar el informe de Marcó del Pont, el oficialismo anticipó que emitirá un dictamen apoyando “sin modificaciones” el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara baja, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio presentará uno propio que elimina los artículos 11 y 16 del texto original.
El senador por Buenos Aires Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) comunicó que su bancada se opone a que en la moratoria pueda ingresar el empresario Cristóbal López, “cuya deuda es previa al 2015”, dijo.
Marcó del Pont señaló sobre el tema que a partir de esta ley “solo se extinguen responsabilidades penales que tienen que ver con cuestiones tributarias, aduanera o previsionales y esto no es novedoso”.
Para Caserio “eliminar a una empresa (de la moratoria) es discriminatorio” y ratificó que el oficialismo respaldará el proyecto tal como vino de Diputados mientras que el jefe del bloque del Frente de Todos, el senador por Formosa José Mayans, adelantó que la intención de su espacio es que la ley “se trate en el recinto en la próxima sesión”.
Al brindar detalles de la ampliación de la moratoria, con relación a la ley 27.541 que se reglamentó en febrero pasado, Marcó del Pont afirmó que “esta reforma es una universalización del acceso” a ella.
Según Marcó del Pont, “el monto de la deuda total, en lo que es deuda exigible no regularizada, es de 540.762 millones de pesos, lo que representa la cuarta parte del total del crédito al sector privado”. La titular de la AFIP subrayó que “esta moratoria es una necesidad que se inscribe en un conjunto de políticas que se están pensando para impulsar la actividad económica y la sostenibilidad del empleo”.
Por otra parte reveló que “la deuda con el fisco creció un 90 por ciento”, detallando que “la deuda de las PyMEs desde noviembre aumentó un 60 por ciento y la deuda de personas físicas y grandes empresas creció un 180 por ciento”.
“La deuda total exigible es de 540.762 millones de pesos, lo cual es muy relevante”, precisó antes de señalar que la moratoria “va a ser un canal muy importante de oxígeno para que las empresas que están en situación complicada puedan encarar un proceso de recuperación”.
De inmediato, la funcionaria resaltó que “hoy es un día muy importante” por el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con los acreedores internacionales, hecho que también fue destacado por los senadores de la oposición Esteban Bullrich y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio).
Finalmente, Marcó del Pont consignó que “4.700 empresas están en condiciones de pedir un advenimiento y ojalá todas ellas puedan seguir funcionando”. En otro orden indicó que “no van a entrar ganancias y bienes personales en la moratoria. No habrá cambios para el período 2019” aunque admitió que “sí estamos estudiando el tema de los anticipos de ganancias”.
Durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, se pasó a la firma el dictamen del proyecto de ley para crear 24 capitales alternas.
Un plenario de comisiones del Senado analizó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en febrero pasado para crear 24 capitales alternas, y este viernes su dictamen pasó a la firma. Las comisiones que analizaron el tema fueron las de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
La misma fue presidida por la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun (FdT), quien al comenzar la reunión recordó que “hemos llevado adelante una discusión importante en torno a este proyecto” que “formó parte de la propuesta electoral”.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales enfatizó que “estas capitales alternas que surgieron tienen que ver con las consultas ya realizadas con los poderes ejecutivos de las provincias”, y consideró que “el haber mandado esta iniciativa legislativa al Senado de la Nación como Cámara de origen es claramente un posicionamiento político, una hoja de ruta, una directriz que está señalando el Gobierno nacional en torno a cómo repensamos el federalismo del siglo XXI”.
“Me parece que en la medida que funcionarios, funcionarias, del Presidente para abajo, representantes del pueblo tengan un mayor contacto con cada una de la comunidades, no solamente con los funcionarios públicos de las provincias sino también con las organizaciones libres del pueblo, entidades civiles, gremios; hace que tengamos una democracia mucho más directa en la que el pueblo y sus gobernantes tengan esta gimnasia de ida y vuelta que permita solucionar los problemas”, agregó.
“El plan de trabajo se va a llevar adelante a partir de la sanción de la norma y me parece que eso permite también tener en cuenta que no se va a poder poner en marcha inmediatamente”, prosiguió, luego de lo cual aclaró que “en cuanto al impacto potencial de la relocalización o la instalación, esta normativa se condice con poder romper con lo que ocurre normalmente que es que sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde está instalada toda la administración pública”.
Finalmente, Sacnun informó que “vamos a circularizar el dictamen porque creo que tenemos que otorgarle esta herramienta al ministerio del Interior y al Presidente de la Nación para que se comience a realizar este plan de trabajo y podamos acercar a los gobernantes al pueblo”. “No obstante eso, reconocemos como aportes valiosos lo que está planteando la oposición”, concluyó, en relación a las modificaciones propuestas por la oposición en torno a los artículos 1, 3, 5 y 6.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio (FdT), subrayó que “el Estado nacional yo creo que tiene expresión en la mayoría de las grandes ciudades del país” y que “ahora se está buscando darle a esto un nivel institucional”.
Al respecto apuntó que “lo importante es que el objetivo de la ley se cumpla, que es acercar a cada una de las provincias argentinas al puerto de Buenos Aires”, y sostuvo “creo que es el espíritu del gobierno nacional no es cerrar ningún lugar para abrir otro”.
“Esta es una ley que se va a desarrolla con el tiempo y es una iniciativa política de acercamiento y reconocimiento al interior profundo que se tiene que trasladar a la historia futura”, agregó.
“Cuando tenemos un dictamen que vemos que las diferencias no son grandes, y lo podemos avanzar, tratamos de avanzarlo entonces yo digo que avancemos en la firma y que las consideraciones las vamos analizando hasta el momento que tengamos una sesión para aprobar esto”.
“Creo que la senadora Sacnun puede estudiar estos temas, hablar, discutir y ver si es necesario escribir un cambio o no”, resumió, para concluir: “Deberíamos avanzar dejando abierto un camino de ver si alguna es cosa necesaria lo hagamos pero no paremos es desenvolvimiento del hecho porque en su gran mayoría el hecho está aceptado por nosotros”.
La Comisión de Presupuesto analizará con autoridades el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para negociar la deuda en las mismas condiciones que aquella que se encuentra bajo legislación extranjera.
El proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación local, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera, comenzará a ser debatido este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.
El texto, enviado por el Poder Ejecutivo el jueves pasado, será tratado en la comisión que preside Carlos Caserio (Frente de Todos) con la participación de funcionarios, en una reunión informativa virtual convocada para las 14.
Del encuentro participarán Diego Bastourre, secretario de Finanzas de la Nación; Ramiro Tossi, subsecretario de Financiamiento; y Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Directorio del FMI.
El viernes pasado, tras el ingreso del proyecto, representantes del bloque oficialista, que preside José Mayans, mantuvieron un contacto vía Zoom con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien explicó detalles de la iniciativa.
El proyecto consta de ocho artículos y una serie de anexos en los que se detallan las características de los bonos a ser elegidos, y establece además que los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.
MENSAJE-N°-46-2020-1El legislador nacional del FdT cargó duramente contra el intendente de la ciudad de Córdoba, del mismo espacio político, y le pidió que “asuma sus responsabilidades y no pida a la Nación los recursos que no tiene”.
El senador nacional cordobés del Frente de Todos Carlos Caserio se refirió al problema del transporte público en su provincia, y criticó duramente al intendente de la ciudad capital, del mismo espacio político, Martín Llaryora, pidiéndole que “asuma sus responsabilidades y no pida a la Nación los recursos que no tiene”.
“Todos conocemos la inequidad en los subsidios en el transporte en la relación entre el AMBA y el interior del país. Yo como senador de Córdoba vengo reclamándolo y lo voy a seguir haciendo porque creo que debe existir justicia entre el reparto del AMBA y del interior del país. Ahora, cuando el intendente Llaryora habla de que el año pasado de cada diez pesos fue nueve a uno, rompiendo el equilibrio histórico que generalmente era siete y tres, tiene razón, pero tiene que decir que eso es el gobierno de Macri. No me parece razonable atribuirle esto al actual Gobierno nacional”, manifestó el legislador.
En este sentido, detalló que “el presidente Fernández ha triplicado el monto de los subsidios para el interior. Es un monto muy significativo, pese a que el país vive en la pandemia. Y, además, pese a la situación de extremo endeudamiento que nos dejó el anterior gobierno”.
En diálogo con Carlos Mariscal, expresó que cree que esto “hay que manejarlo con responsabilidad, y también hay que tener memoria. Responsabilidad en asumir los temas de la propia juridicción, el intendente de Córdoba tiene que saber que esto, más allá de las ayudas que reciba, es un tema municipal, y tiene que tratarlo como tal. Y memoria para darse cuenta que, en tan pocos meses de gestión, el presidente ha instruido e implementado medidas para reducir esa inequidad”.
Finalmente, consideró que es “desmesurado” solicitarle a la Nación “recursos que la Nación no tienen”. Además, indicó que, en el caso de Córdoba, el presidente ha destinado en el mes que pasó “3.000 millones de pesos extras, aparte de todo lo que mandan, la coparticipación, la plata de la caja, los planes, 3.000 extras para la lucha del coronavirus”, y que el municipio recibió por la coparticipación que el gobernador le transfirió, el 20% que les corresponden a los intendentes: le tocaron 200 millones de pesos. “Por eso yo no entiendo como el intendente recibe 200 millones de pesos, y haciendo toda esta cruzada nacional, acusando y presionando al presidente, cuando él recibió una plata extra que”, concluyó.
La vicepresidenta se refirió al duro cruce que ambos senadores mantuvieron durante una reunión de comisión, realizada de manera remota, y dijo que demostró que es “posible reproducir virtualmente el debate típico”.
Antes de que comience el debate de tres leyes en la segunda sesión remota del Senado este jueves, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la dura pelea entre los senadores Carlos Caserio (Frente de Todos) y Martín Lousteau (UCR).
Ambos legisladores protagonizaron una discusión este martes durante el tratamiento en comisión de la ley de exenciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores esenciales.
“Quiero decirles a todos los senadores y senadoras que pude ver el intercambio que hubo en la comisión de Presupuesto y Hacienda entre el señor senador por la Capital Federal Martín Lousteau y el presidente de la Comisión de Presupuesto, senador Carlos Caserio”, comenzó la titular del cuerpo.
Y continuó: “La verdad que me agradó mucho porque me di cuenta que podemos reproducir una sesión normal también virtualmente; con lo cual, mi principal duda acerca de si era posible reproducir virtualmente la discusión, el debate típico de las sesiones, en donde no todos estamos de acuerdo con las cosas que se están tratando, quedó saldada”.
“Por algún momento pensé que iba a volar un micrófono, pero no, se hizo todo muy normal y creo que fue una prueba que hemos pasado airosamente”, completó CFK.
El senador radical y su colega Esteban Bullrich cuestionaron la metodología de trabajo de la Comisión de Presupuesto, y su presidente los cruzó con dureza.
Expresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y hoy vice de Carlos Caserio, el senador Esteban Bullrich encendió la mecha al reclamar durante el debate del proyecto de exención del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales, en el plenario de la Cámara alta, “trabajar con más seriedad”. “Siendo esta la Comisión de Presupuesto, tenemos que trajbar con datos ciertos, no como una expresión de deseos”, y dijo, para señalar en otro pasaje: “Más allá de entender las necesidades que tenemos, debemos ser responsables en cuanto a traer los proyectos con algún número, alguna idea”.
El senador Martín Lousteau expresaría luego también sus cuestionamientos al reclamar que en esa comisión “discutamos con algún número. En todas las reuniones de esta comisión deberíamos poder estimar costos en esta comisión”.
Se enrareció aún más el clima cuando la senadora neuquina Silvia Sapag dijo, en referencia a las críticas desde Juntos por el Cambio: “Me revela esto… Cuando el Estado quiere reconocer a todos estos que hicieron frente a la pandemia cuando todos estábamos muy asustados, se dice que trabajamos mal… Ahora, porque queremos reconocerles este derecho y hacer un reconocimiento a su trabajo. Pero no reconocen que estaban trabajando mal cuando se le dan créditos a (la cerealera) Vicentin por ejemplo. Eso es trabajar bien para ellos; ahora, cuando hay que reconocer beneficios para nuestra gente es trabajar mal”.
Martín Lousteau no la dejó pasar. Pidió la palabra y dijo: “A mí me revela cuando se tergiversan las palabras. Lo que dije es que podemos trabajar mejor y que la virtualidad no es la excusa para no trabajar bien”. Y agregó: “Si lo que piensa es que excluir a los que menos ganan está bien, yo sigo pensando que es profundamente desigual. Vicentín está mal, (pero) no es una excusa para hacer ahora las cosas mal”.
El senador radical aclaró que tenía “un montón de críticas para el Gobierno anterior” y las había dicho públicamente. “Si nos escudamos en los gobiernos anteriores para no hacer mejor las cosas, vamos a hacer las cosas peores”, concluyó.
También le contestó Esteban Bullrich, para aclarar que él no compra 2l “ellos y nosotros. Si lo quieren imponer, no lo compro. Cuando era presidente (de la Comisión de Presupuesto del Senado), trabajé sin ‘ellos y nosotros’”. Aseguró haber hecho autocrítica pública y “eso no es un escudo para que hagamos mal las cosas”. Aseguró que se podía mejorar el proyecto que estaban debatiendo, “y las formas también, se puede mejorar. Estamos de acuerdo con el reconocimiento, estamos diciendo hagámoslo de la mejor manera posible. Hay una discriminación contra los que menos ganan y contra las mujeres. Generemos otro proyecto que vaya a Diputados. Y no pongamos el ellos y nosotros”.
Alfredo Luenzo salió a contestarle a Bullrich por haber hablado de “falta de seriedad y responsabilidad”. Y dijo: “Creo que acá hay seriedad y hay responsabilidad”, para manifestarse luego a favor del “revisionismo”, para recordar luego que “esta ha sido la comisión que aprobó un presupuesto que 8 horas después fue corregido en sus principales variables”, en referencia a lo sucedido en diciembre de 2017.
Fue entonces que a continuación habló el presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos Caserio aclaró que si bien había hablado al principio, ahora volvía a hacerlo por haberse sentido aludido. “Creo que no es serio el planteo de que esta comisión no esté trabajando con seriedad. Una cosa es que uno se equivoque y otra que no sea serio, que no esté preparado para presidir una comisión -retrucó-. Lousteau me tiene acostumbrado, porque de uno u otro modo él tiene siempre criterios variables, de acuerdo a las situaciones, que muchas veces no coinciden ni siquiera con su marco ideológico o siu pensamiento político… Pero no es una crítica, cada uno es como es. Pero Bullrich es vicepresidente (de la comisión). Si no estaba de acuerdo me hubiera hecho un llamado telefónico para hacerme críticas directas, o proponerme cosas. El planteo de la Oficina de Presupuesto es ridículo”.
Visiblemente ofuscado, el senador cordobés fue más allá al advertir que “ustedes son parte de un gobierno que ha reventado al país, que ha dejado a la Argentina en esta situación ante pandemia; después vino la pandemia y nos terminó de dejar en una situación patética. Muchas críticas fueron arteras… Yo pregunto: cuando el Gobierno anterior nos enterró y nos puso de rodillas tomando la mayor deuda histórica, que todo el mundo sabía que no se podía pagar -este año deberíamos pagar 56 mil millones de dólares-, ¿se le preguntó a la Oficina de Presupuesto qué pensaba?”
“Cuándo se tomó este crédito y se decidió acordar con el FMI, no lo escuché a Bullrich pidiendo cuál iba a ser el costo. ¿Saben por qué? Porque (el tema) ni siquiera vino al Congreso. El Gobierno anterior ha puesto al país de rodillas sin siquiera pasar por el Congreso, y ahora pareciera que como yo soy presidente de la comisión, no le he pedido a la Oficina del Congreso cuál es el costo de estas excepciones que se hacen en una emergencia, estamos funcionando mal… La verdad que no lo logro entender; creo que se busca hacer entender que todo lo que hacemos está mal”, expresó Caserio.
Y sigió: “Les voy a decir una cosa. Yo estoy absolutamente convencido de haber actuado como corresponde; les pregunto a la Oficina de Presupuesto cuando lo considero, no es una obligación… Tampoco ninguno de ustedes me propuso hacerlo (…) A mí el revisionismo no me gusta, pero no se puede borrar con el codo lo que escribimos con la mano”.
Martín Lousteau lo interrumpió para decirle que “usted está haciendo alusiones personales”, pero Caserio no lo atendió: “Usted pudo hablar tres veces y yo nunca lo corté, así que sea respetuoso. Vuelva a pedir la palabra”, le dijo, a lo que el senador radical replicó: “Ya la pedí, pero usted es un irrespetuoso. En una comisión se debe prestar a debatir”.
“Usted va a hablar cuando yo lo considere, soy el presidente de esta comisión”, repuso el cordobés, a lo que Lousteau le dijo: “Por eso tiene que tener más cuidado con el lenguaje”.
-No, no tengo que tener ningún cuidado, soy consciente de lo que hago… –repuso Caserio
– Con todas las vueltas que han dado en el pasado…
– No señor, no es así. No me dé clases.
– Usted no me dé más clases tampoco…
En el intercambio, Caserio le mencionó la resolución 125, y Lousteau le advirtió que cuando le tocara hablar le contestaría las cosas “punto por punto”.
– No tiene que cortar el micrófono, porque es de mala educación eso –señaló el presidente de la comisión
– Yo no corté el micrófono, ¿quiere que siga hablando?
– Usted va a poder hablar cuando yo le dé la palabra
– Usted me está cortando el micrófono.
– Usted no puede cortarme y después puede decir lo que considere. Y tomar la actitud que crea correspondiente. Le pido que se calle…
– ¿Usted me corta el micrófono o no?
– Por favor, le pido que se calle, porque es lo que corresponde. No sea maleducado. Usted no puede cortarme, no puede cortar a nadie, no solamente a mí…
Caserio siguió hablando luego de los trabajadores que recibirían el beneficio del proyecto puesto a consideración. Luego le dio la palabra al radical Víctor Zimmerman y después a la kirchnerista Ana María Ianni, quien previsiblemente recordó al oficialismo de la anterior gestión y sus presupuestos que “no se pudieron llevar a la práctica. Cuando le quitaron los subsidios a la gente o se los dieron a las empresas amigas, me pregunto si eso no fue serio”.
Y fue el turno a continuación de Martín Lousteau, quien pidió “disculpas por el tono” utilizado antes. “Lo cortés no quita lo valiente -aclaró-. Ninguno de nosotros dijo que usted trabajaba bien o mal, sino que podía trabajar mejor. Me asombra usted que haga alusiones personales en lugar de discutir ideas, que las tengo. A lo largo de toda mi trayectoria, también están en papel, en libros, en mis exposiciones”.
Reiteró las “muchas cosas del Gobierno anterior con las cuales discrepé y muchas del Gobierno de Cristina de Kirchner, con las cuales discrepé y también acordé. No creo en la grieta, de hecho, yo escuché a muchos de ustedes decir cosas del Gobierno de Cristina de Kirchner que yo nunca he dicho. El propio presidente ha reconocido los aportes que muchos de nosotros hacemos en términos personales. Entoces, cuando alguien propone o discute el contenido de una ley y piensa que hay otras alternativas para abordar una ley, no está hablando ni de menos derechos, ni de costo fiscal más bajo. Hoy no sabemos el costo fiscal de esta ley, pero podría estar mejor distribuido. Yo dije: podríamos gastar más, pero distribuirlo mejor”,
Martín Lousteau insistió en que “hay cuestiones del proyecto que se pueden mejorar; ahora, si en una reunión lo que decimos es que cualquier visión distinta es entendida como una oposición, u obstrucción para encontrar las mejores salidas para la Argentina, la verdad que tenemos un problema. Y no tengo por qué discutir o defender cosas con las que no estuve de acuerdo. ¿Crédito Vicentín? No estamos discutiendo eso, de la misma manera que no estamos discutiendo los créditos del Bicentenario. Estamos discutiendo cuál es la mejor vía para hacer un reconocimiento a todos aquellos que le ponen el cuerpo a la lucha con el Covid y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y sigo pensando que ese proyecto puede ser perfectible, merece serlo”.
Lousteau concluyó volviendo a pedirle disculpas a Caserio. “Pero creo que sus expresiones como presidente de esta comisión fueron absolutamente equivocadas”, concluyó. El cordobés, por su parte, contestó: “Evidentemente tenemos visiones distintas, no me interesa más polémica, y si en algo se sintió agredido, le pido disculpas. La política es así”.
Más tarde volvió a hablar Esteban Bullrich, que también arrancó pidiendo disculpas “si alguien se sintió ofendido”. Luego dijo que solo pretendía honrar su trabajo. Y aclaró: “La deuda no nació en los últimos 4 años. Si a cada comentario que hagamos me van a devolver que soy parte del Gobierno que dejó esta deuda, cuando todos sabemos que eso no nació en 2015, no vamos a avanzar, muchachos… y muchachas. No vamos a poder funcionar correctamente. Tratemos de mirar al presente y el futuro. Si cada intervención es devuelta con el pasado, se hace muy larga la discusión”.
La norma alcanzará a los trabajadores de la salud, seguridad y otros sectores que están en la primera línea de fuego contra la pandemia. Senadores firmaron dictamen para convertirlo en ley este jueves. Críticas opositoras por la falta de datos presupuestarios y la imposibilidad de hacer cambios.
A seis días de su aprobación en la Cámara baja, el Senado avanzó este martes en comisiones con el proyecto de ley que establece beneficios especiales para el personal de la salud, las Fuerzas Armadas, de seguridad y otros sectores esenciales ante la pandemia de Covid-19.
El proyecto que cuenta con media sanción de Diputados fue ponderado en general por todos los miembros de las comisiones que lo analizaron, pero también recibió ciertos cuestionamientos desde la oposición, fundamentalmente en torno a la falta de datos relacionados con el impacto fiscal de la medida, y a la imposibilidad de hacer cambios, ante la premura por debatirlo.
Fue así que a la hora de firmar dictamen, contó con una aprobación unánime, pero expresaron su acompañamiento con “disidencia parcial” los senadores de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, Martín Lousteau, Víctor Zimmerman, Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez, Gladys González y Guadalupe Tagliaferro. De ese interbloque, en cambio, votaron afirmativamente sin objeciones María Belén Tapia, Oscar Castillo y Silvia Giacoppo.
En el marco de una videoconferencia realizada con las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda que se inició pasadas las 11, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, arrancó detallando que la ley tiene dos capítulos importantes: el primero, la exención transitoria del impuesto a las Ganancias, que rige hasta el 30 de septiembre, y una segunda parte dedicada a las pensiones graciables y vitalicias a familiares que tuvieron la desgracia de perder a un ser querido.
El legislador cordobés aclaró que los beneficios especiales abarcan el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre. Alcanza a los haberes percibidos en concepto de guardias obligatorias, horas extras y todo otro concepto que se liquide en forma específica, concerniente al trabajo que exceda lo que generalmente están haciendo.
El universo de beneficiarios comprende a todos aquellos trabajadores que presten servicios relacionados con la emergencia: profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las fuerzas de seguridad; de la actividad migratoria; de la actividad aduanera; bomberos, y trabajadores de recolección de residuos domiciliarios o patogénicos.
En su artículo 2°, el proyecto aclara que el beneficio puede ser prorrogado, pero no más allá de lo que dure la emergencia sanitaria. A su vez, en el artículo 3° se establece que la exención se aplicará sobre las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
En segundo lugar, se establece una pensión graciable y vitalicia para familiares de quienes perdieron la vida en el ejercicio de su actividad profesional como consecuencia de haber sido afectados por el coronavirus.
La pensión será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas, y será una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias.
En el inicio del debate, la catamarqueña oficialista Inés Blas expresó su acompañamiento, pero pidió contemplar un proyecto de ley de su autoría que extiende las excepciones a otros sectores, como el Servicio Meteorológico y el control de tráfico aéreo.
En el mismo sentido se expresó más tarde el catamarqueño Oscar Castillo (Frente Cívico y Social), quien se manifestó totalmente de acuerdo con el proyecto, pero pidió agregar a los beneficiarios “a quienes están en el tema de los servicios fúnebres y la actividad forense, porque es obvio que son personas que están en el trato directo con la pandemia y no están cubiertos en este proyecto”.
A ambos les contestó el presidente de Presupuesto, Carlos Caserio, aclarando que no podrían modificar el proyecto proveniente de Diputados, “porque hay urgencia en sacarlo”, y argumentó tras aclarar que la virtualidad puede complicar esos debates, remarcó que “nos pidieron que los proyectos no vuelvan a Diputados, dentro de lo posible, para que se pueda actuar rápidamente con esta ley que es importante. Después del jueves vamos a trabajar con eso. Nadie va a perder la oportunidad de que la ley se mejore”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto aclaró que no iban a aceptar modificaciones al proyecto proveniente de Diputados porque “hay urgencia en sacarlo”.
Al hacer uso de la palabra, el chubutense Mario Pais consideró al proyecto “justo”, aunque admitió que no alcanza a todas las actividades que lo merecerían. Agregó que se trata de un universo tan amplio que “es muy difícil calcular el costo fiscal del mismo”.
La jujeña Silvia Giacoppo lo definió como un proyecto que “hace un reconocimiento a los trabajadores de la salud que están en el frente de la batalla, protegiendo nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Esto nos moviliza y nos une y muestra lo mejor de la política”. Y abogó porque salga lo antes posible para poder reconocer “por primera vez a los trabajadores de la salud, siempre postergados”.
El debate comenzó a complicarse cuando el senador del Pro Esteban Bullrich expresó los primeros cuestionamientos a la iniciativa. Se quejó de que el “apuro” existente para sacar cuanto antes el proyecto condicionara “la corrección de lo que hacemos”, y se refirió también al debate que habían tenido el día anterior en la comisión que comenzó a analizar la nueva fórmula de movilidad de haberes jubilatorios. Recordó que habían hablado entonces de las dificultades del sistema previsional y alertó que “hoy estamos lanzando una tensión nueva”. Advirtió que ese era “un parche sobre un sistema que no estamos discutiendo a fondo. Uno quiere hacer este reconocimiento, pero lo quiere hacer con responsabilidad”.
En ese sentido, Bullrich anticipó que esa pensión graciable que se iba a crear es un ejemplo de las medidas que generan luego que “tengamos que hacer leyes para eliminar beneficios que pusimos en el pasado”. Y agregó: “Más allá de entender las necesidades que tenemos, debemos ser responsables en cuanto a traer los proyectos con algún número, alguna idea”.
Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Bullrich se quejó de que la misma no tuviera en cuenta esos datos, en un momento de “déficit importante y caída de la recaudación”. “Me parece que tenemos que traer arriba de la mesa la información para tomar decisiones serias y responsables -agregó-. Obviamente uno quiere apoyar, pero tiene que tener esa información; alguien va a tener que dar esa plata; ¿vamos a emitir o vamos a sacarla de otro lugar? ¿De dónde vamos a sacarla?”.
Tras recordar que “no tenemos Presupuesto”, reclamó que “tenemos que trabajar con más seriedad, siendo esta la Comisión de Presupuesto. Trabajar con datos ciertos, no como una expresión de deseos, porque no sabemos si vamos a poder pagarlo, porque no sabemos si el sistema tiene sustentabilidad. Ayer discutimos ese tema y hoy le ponemos (al sistema) otra pensión”.
Por último, Bullrich cuestionó que no se tuviera en cuenta a la Oficina de Presupuesto del Congreso “que no fue consultada”.
A su turno, el riojano Julio Martínez alertó que el proyecto proveniente de la Cámara baja contemplaba solo horas extras y guardias, por lo cual no se beneficiarían los trabajadores de la salud y la seguridad de su provincia, por ejemplo, donde “el 90% no alcanza el mínimo imponible por los bajos salarios, y por la parte en negro de esos bajos sueldos. El promedio de un personal de la salud en La Rioja alcanza los 40 mil pesos”, señaló, reclamando también que la Oficina de Presupuesto del Congreso determinara el impacto de la medida y se preguntó también “de dónde van a sacar las partidas en una situación de emergencia como esta”.
Desde el oficialismo, la tucumana Beatriz Mirkin salió al cruce de la oposición planteando que no le llamaba la atención esas expresiones. “Si no fuera que estamos en una pandemia sería hasta chistoso”, ironizó. Habló de “una ampliación de derechos” en la que “el Estado, tomando recursos del propio Estado, sin pedir ampliación de deuda, sin tener en cuenta la deuda tomada por la gestión anterior durante cuatro años, que ha superado un cohete a la luna, nos propongamos con urgencia algunos derechos que deben ser ampliados”.
“Tenemos que trabajar con más seriedad, siendo esta la Comisión de Presupuesto. Trabajar con datos ciertos, no como u na expresión de deseos”, señaló Esteban Bullrich.
“Obviamente que estoy de acuerdo con el proyecto”, agregó la senadora Mirkin, que admitió que hubiera sido bueno también poder pasar por la Oficina de Presupuesto para tener el informe correspondiente, pero advirtió que había trabajadoras que no habían sido tenidas en cuenta. Histórica dirigente del Sindicato de Amas de Casa, reclamó que las mismas fueran tenidas en cuenta y que estaba elaborando un proyecto con la senadora Ana María Ianni para que por lo menos fueran sujetos de crédito.
El senador Martín Lousteau agregó presión a la olla cuando tras admitir que “quienes ponen en riesgo su salud y nos resguardan a todos” deben ser reconocidos, reclamó que eso se hiciera “de manera rigurosa, para que pueda ser sostenido en el tiempo”.
Admitió la necesidad de dar una rápida respuesta, pero recordó que “no hemos podido sesionar hasta ahora y el mecanismo de sesiones virtuales es engorroso. Ahora, rápido y bien no es la misma cosa”, aclaró.
“Si vamos a trabajar de una manera que puede ser perfectible, porque estamos apurados, estamos cometiendo un error. No parece una buena manera de trabajar, para un cuerpo colegiado, no poder hacer correcciones. Es un problema eso, porque si pudiéramos revisar el proyecto, por ahí podríamos hacer uno mejor”, puntualizó el senador de Juntos por el Cambio.
Cuestionó que no pudieran hacérsele cambios al proyecto para que regresara a Diputados y ahí le dieran sanción definitiva: “No creo que una semana o dos cambien las cosas para los trabajadores, porque además podemos calibrar hacia el pasado”, señaló. Y se mostró de acuerdo con los senadores Martínez y Bullrich en cuanto a la importancia de que “en la Comisión de Presupuesto discutamos con algún número. En todas las reuniones de esta comisión deberíamos poder estimar costos en esta comisión”.
Por otra parte manifestó su crítica al proyecto en cuanto a que según el mismo, “ponerle el cuerpo a una cuestión sale distinto. Uno que gana muchísimo va a tener un gran beneficio. ¿Por qué vale distinto uno y otro? ¿Ponerle el cuerpo vale en función de lo que uno pueda generar? Uno que gana 200 mil pesos vale más que uno que gana menos del mínimo no imponible’”.
Lousteau recordó que “un gran número de trabajadores de la salud gana menos del mínimo no imponible”, y que además está probado que las mujeres ganan menos que los hombres, “con lo cual vamos a discriminarlos”. Así las cosas, sugirió que se contemplaran entonces “sumas no remunerativas iguales para todos, no favorecer tanto a los que están mejor pagos”.
“¿Es justo discriminar a las mujeres porque ganan menos?”, se preguntó. Sobre el final del debate, su compañera de bloque Gladys González anunciaría que firmaría el dictamen en disidencia parcial precisamente por ese detalle.
Pero Lousteau insistió en que “el tema de que sesionemos remotamente no puede ser la excusa de no mejorar las leyes que podrían ser perfectibles”.
A continuación, la senadora de La Cámpora Ana Almirón se alineó junto a su compañera de bancada Beatriz Mirkin, celebrando que “hace mucho tiempo no tratábamos proyectos que ampliaran derechos. Ojalá sea el principio de un gran trabajo que realice en ese sentido el Senado de la Nación”.
Más tarde el senador Carlos Caserio saldría al cruce de las críticas exteriorizadas por Esteban Bullrich y Martín Lousteau, generando un fuerte cruce sobre todo con este último. Luego sobrevendría un pedido mutuo de disculpas, y una recomendación del experimentado José Mayans para que la frase fuera otorgada a los participantes una sola vez, más cuando se trata de un plenario. “Sino no terminamos más”, precisó.
Será de manera virtual, a partir de las 16. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dispuso que se avance con la conformación. Quiénes son los integrantes.
Luego de casi cinco meses de sancionada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, mediante la cual se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, se avanzará el próximo lunes 18 de mayo, a partir de las 16, con la conformación de la comisión especial que tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo índice de actualización de los haberes previsionales.
Según informó el presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; convocó mediante una nota a que se avance con la constitución de este grupo de trabajo. La reunión se realizará de manera virtual.
A través de la Ley 27.541, se estableció un plazo de 180 días en los cuales funcionarios del Poder Ejecutivo y un puñado de legisladores nacionales debían revisar “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” y proponer “al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”.
Ese tiempo se vence en junio, por lo cual urge que se avance con la conformación de la comisión, algo que, cuando recién se inició el aislamiento obligatorio, se había estipulado para fines del mes de abril. Finalmente, será la semana que viene.
De acuerdo a la ley, formarán parte los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de ambas cámaras del Congreso. De esta manera estarán los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social.
En tanto, los representantes del Senado serán Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Daniel Lovera (Frente de Todos) y María Belén Tapia (UCR), por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Los representantes del Gobierno serán el jefe de Gabinete de Asesores, Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y el secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Roberto Arias.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado admitió que el Gobierno está haciendo “una emisión de dinero importante, privilegiando la salud de la gente y tratando de que la economía no caiga en un pozo”.
El senador nacional por Córdoba Carlos Caserio anticipó que la sesión de este miércoles “viene bien”, y detalló que “el Renaper fue adonde está cada senador a validar su identidad”. Asimismo explicó que “la sesión va a funcionar con normalidad. Estamos en condiciones de funcionar sin inconvenientes”.
Entrevistado por El Destape Radio, el dirigente cordobés contó que en la sesión de este miércoles “vamos a tratar los DNU” y destacó que “estamos trabajando en los proyectos para el día después de la pandemia”.
Asimismo agregó que “estamos haciendo una emisión de dinero importante, privilegiando la salud de la gente y tratando de que la economía no caiga en un pozo”.
“Recibimos un país con la economía totalmente implosionada y a eso se sumó la pandemia”, indicó el senador.
En otro pasaje puntualizó que “el presidente necesita que el día después de la pandemia tengamos empresas y podamos levantar la capacidad instalada”. Y concluyó diciendo que “el impuesto a la riqueza es una de las tantas medidas que se pueden tomar. Me parece una cosa razonable”.
A través de un proyecto elaborado por los oficialistas Carlos Caserio y José Mayans, pretenden una serie de modificaciones en materia de tasas, créditos y refinanciamiento de deudas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Carlos Caserio, presentó junto al titular del bloque oficialista, José Mayans, un proyecto de ley que busca generar “cambios profundos” en las prioridades del sistema financiero. “Queremos mejorar el acceso al crédito de las familias y de las pequeñas y medianas empresas”, enfatizó el legislador cordobés.
Para Caserio, el sistema financiero “debe estar a disposición de la producción y las familias. Los bancos han ganado mucho en este tiempo, cuenta con fondos suficientes para hacer el esfuerzo, sin comprometer su liquidez y solvencia”.
“En las actuales circunstancias que atraviesa Argentina, debemos exigir una respuesta clara y dinámica. Al fin y al cabo, la liquidez de dinero que poseen los bancos es parte de toda la población y no sólo de las entidades financieras”, sostuvo Caserio, quien afirmó que, según el proyecto de ley que impulsa, el Banco Central fijará las tasas de cada uno de los créditos. Dichas tasas tendrán que ser: baja, negativa respecto a la inflación y accesible para salir de esta situación de estancamientos y ahogamiento que se encuentra familias y PyMEs.
Debido a la situación de emergencia, Caserio y Mayans proponen exigencias de “plazos razonables” para el otorgamiento de todas las modalidades de créditos y refinanciaciones por parte de los bancos, con control del BCRA.
El proyecto propone créditos para los municipios y comunas, a los que considera “la primera línea de acción en la lucha contra el Covid-19”. Por esa razón es que los créditos municipales deberían ser “flexibles y con respuesta rápida, teniendo como garantía la coparticipación o fideicomisos”.
Los senadores del Frente de Todos proponen agilizar los créditos para propiedades “en pozo”, de modo tal de garantizar el desarrollo y acceso de las familias a sus viviendas. “Con la reactivación de la construcción, logramos nuevas oportunidades de trabajo para los más sectores vulnerables”, afirman.
Estos convenios permitirán -afirman- garantizar tasas bajas y mejores precios de compra para el ciudadano; al mismo tiempo, el pago directo y ágil al comercio por parte del banco. Como prueba de ello, Caserio recuerda que ese sistema fue implementado en su momento por el exgobernador cordobés José Manuel de la Sota, “con excelentes resultados”.
Proponen también convenios sectoriales para la reactivación del consumo. Se trata de acuerdos entre el Estado, cámaras de comercios, turismo y restaurantes con los bancos, para otorgar créditos personales, a tasas bajas, cuotas fijas y en pesos para el solicitante.
“Queremos restablecer las líneas de créditos impulsadas en el Gobierno de Crisina Kirchner, que luego se discontinuaron”, enfatizó el senador Caserio.
Por otra parte el proyecto propone créditos de inversión productiva para nuevos proyectos, el incentivo a la producción y la generación de mano de obra; como así también el refinanciamiento para desahogar a las familias y PyMEs, a través de lo cual se permitirá a las mismas refinanciar y flexibilizar sus deudas bancarias, con un plazo de gracia hasta enero de 2021, tal como lo establece la ley de emergencia de Alberto Fernández con las deudas tributarias.
“Hoy, la pandemia del Covid-19 agrava la situación de la economía real”, remarcan los senadores peronistas, que por eso quieren “apoyar el trabajo del sector privado, ayudar a cada familia y sostener los municipios y comunas del país en la emergencia”.
“En los últimos años los bancos hicieron buenos negocios, que les permite hoy estar fuertes y con mucha liquidez. Esta es la hora de poner el hombro por el país y ayudar al presidente Alberto Fernández a reactivar la economía real y productiva”, concluyó Caserio.
El presidente Alberto Fernández recibió hoy en Casa Rosada a legisladores e intendentes de Córdoba, a quienes agradeció el apoyo, el esfuerzo y el compromiso que tomaron con la gestión, y los instó a seguir trabajando en la unidad. El mandatario estuvo acompañado por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el subsecretario […]
El presidente Alberto Fernández recibió hoy en Casa Rosada a legisladores e intendentes de Córdoba, a quienes agradeció el apoyo, el esfuerzo y el compromiso que tomaron con la gestión, y los instó a seguir trabajando en la unidad.
El mandatario estuvo acompañado por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Pablo Giles.
Participaron del encuentro en el Salón Eva Perón el senador nacional, Carlos Caserio; el secretario de Obras Públicas, Martín Gill; la diputada nacional, Gabriela Estévez; los legisladores, Marcos Farina; Hugo Cuello; Graciela Brarda, y la concejala, Olga Ruitort.
En declaraciones a la prensa posteriores al encuentro, Caserio destacó: “Vinimos a expresarle al Presidente nuestra voluntad de seguir poniendo el hombro para recuperar a la Argentina”.
El senador subrayó “el compromiso del Presidente” con los cordobeses, y expresó: “Nosotros somos peronistas cordobeses que ponemos el hombro para levantar al país, y somos parte de un proyecto nacional”.
También concurrieron Walter Saieg, Omar Farías, Gabriel Bermúdez, Dante Heredia, José María López, Juan Monserrat, Ilda Bustos, Pedro Schiavoni y Hugo Clavero.
Estuvieron presentes los intendentes de Río Primero, Ana Cravero; Las Varillas, Mauro Daniele; La Para, Carlos Guzmán; Río Segundo, Darío Chesta; Villa Huidobro, Silvio Quiroga; Laguna Larga, Matías Torres, y Leones, Fabián Francioni.
Asistieron de La Granja, Carlos Ambrosich; Tinoco, Heberto Bustos; Villa Nueva, Natalio Graglia; Malvinas Argentinas, Gastón Mazzalay; Villa María, Pablo Rosso; Mi Granja, Claudia Acosta; La Cumbre, Pablo Alicio; Valle Hermoso, Jorge Caserio; Bialet Massé, Marcelo Oliva; Capilla del Monte, Fabricio Díaz, y Pascanas, Rodolfo Filipponi.
De La Cumbrecita, Daniel López; La Carlota, Fabio Guaschino; San Francisco del Chañar, Marcelo Eslava; La Francia, Fernando Grimaldi; Sampacho, Flavio Juárez; San Basilio, Rubén Moine; Viamonte, Gabriel Fernández; Dalmacio Vélez, Eusebio Torres; Arroyo Algodón, Cristian Ghiano, y Tío Pujio, Nancy Schiavi.
En tanto, participaron los legisladores Mariana Caserio; Carlos Presas; Tania Kyshakevych; Gustavo Eslava; Franco Miranda; Laura Labat; Miguel Ángel Maldonado; Natalia Martínez; Rodrigo Rufeil, y María Emilia Eslava.
Tras el dictamen de mayoría obtenido en comisiones, el senador oficialista consideró que “no hay argumentos” para estar en contra de la iniciativa.
El senador nacional Carlos Caserio (Frente de Todos) cuestionó a la oposición por poner reparos en contra del proyecto del Gobierno para modificar los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos.
Tras el dictamen de mayoría obtenido en comisiones -Juntos por el Cambio presentará uno en minoría-, el cordobés expresó: “He escuchado a la oposición durante años quejarse de este tema y, ahora, a la hora que hay que resolver realmente los problemas del país se quedaron del otro lado”.
“Evidentemente la oposición no está acompañando los cambios que Argentina necesita”, consideró en declaraciones a Radio 10 y defendió que el presidente Alberto Fernández “busca una Argentina más justa”.
Para el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, “no hay argumentos” para estar en contra de la iniciativa y aseguró que “se va a aprobar” en la sesión que se convocará para el próximo miércoles.
Por otro lado, Caserio se refirió al envío de delegados al congreso del PJ Nacional por parte del gobernador cordobés Juan Schiaretti. “Es un hecho positivo, vamos a ir viendo cómo evoluciona”, señaló.
“No tenemos nada en contra del gobernador ni de su gestión, llegó ahí con el esfuerzo de todos nosotros”, dijo, en referencia al PJ de Córdoba, que él presidió hasta el año pasado. Y añadió que “el peronismo de Córdoba tiene que ser parte del proyecto nacional”.
