El senador gestiona la creación de la agencia de AFIP en su provincia, San Luis.
El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá gestiona la creación de la sede regional de la AFIP en San Luis para facilitar a los ciudadanos de su provincia la resolución de distintas instancias administrativas que por ahora solo se resuelven en Mendoza ante la ausencia de una agencia propia.
En ese contexto, Rodriguez Saá se reunió este miércoles con Mercedes Marcó del Pont, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ante quien dialogó sobre si iniciativa que afianzó además con un proyecto de ley que acompañó con su firma la senadora María Eugenia Catalfamo.
Durante el encuentro en la sede central del organismo, la funcionaria
informó que la dirección de planeamiento está trabajando en un plan estratégico que contemplará la solicitud del senador.
En tanto, mediante la iniciativa con estado legislativo se propone creación de la Dirección Regional San Luis, en el ámbito de la Dirección General Impositiva, dependiente de la AFIP, con asiento en la Ciudad de San Luis, que tendrá las funciones y competencias a las entidades análogas que existen en el resto del país.
Además, se dispone que el distrito de Villa Mercedes se convierta en agencia que dependerá de la AFIP, manteniendo su asiento en la ciudad cabecera del departamento Pedernera.
Del mismo modo ocurrirá con las sedes de Villa de Merlo y el distrito Nueva Galia.
Rodríguez Saá sostiene que “hay necesarias reformas que realizar, las que no son solo de competencia provincial, sino también de competencia nacional, las que afectan directamente el bienestar de los sanluiseños, precisamente de eso hablamos cuando introducimos proyectos del presente tenor”.
El legislador por San Luis, que desde el 2006 impulsa dicho proyecto, indicó que “justamente es el Estado, en sus diversos niveles –nacional, provincial y municipal– que debe propender a corregir las eventuales asimetrías que puedan existir entre sus habitantes.
Manifestó, además, que “en este orden de ideas, la provincia de San Luis ha desarrollado a lo largo de los años acciones positivas para lograr la inclusión total de sus habitantes”, al destacar que ese es el rumbo que pretende con alcanzar con el acompañamiento legislativo.
El incansable reclamo de Rodríguez Saá, que se reiteró en esta oportunidad comenzó el 24 de mayo de 2006 a través de un proyecto de similares características al actual, que obtuvo giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda con fecha 1 de junio de 2006, operando su caducidad con fecha 29 de febrero de 2008.
El 20 de mayo de 2009 ingresó nuevamente el proyecto con giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 27 de mayo y Caducó el 28 de febrero de 2011, una vez más se insistió con el proyecto de creación de la Dirección Regional San Luis, tras su giro a la misma comisión se produjo una nueva caducidad.
Se espera que, de ser aprobada dicha normativa definitivamente, la AFIP dentro del plazo de 120 días, desde la entrada en vigencia de la ley, se transfiera a la Dirección Regional San Luis todos los contribuyentes con obligaciones tributarias con domicilio fiscal en la provincia, que hasta ahora están bajo la órbita del organismo en Mendoza.
La titular de la AFIP se refirió a los cambios que habrá en la valuación de los inmuebles en la Ciudad para el impuesto sobre los Bienes Personales, e insistió que se busca mejorar la recaudación en base a los sectores con mayor capacidad contributiva.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, negó este lunes un “impuestazo” ante los senadores, al explicar los cambios que tendrá el revalúo de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y que impactará en el impuesto sobre los Bienes Personales.
Al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la funcionaria subrayó que el objetivo de “reducir de forma progresiva el déficit fiscal no está en este programa pensado desde la forma de ajustes tradicionales del FMI” sino “a través de una recuperación de los ingresos”, de manera de “seguir sosteniendo el crecimiento económico” y que sea éste “el que genere mayores ingresos tributarios”.
“La mejora en los ingresos la estamos pensando no a través de cambios en los impuestos indirectos o en los impuestos que caen sobre los sectores más vulnerables, sino mejorando la base imponible de los sectores con mayor capacidad contributiva”, insistió.
Respecto a Bienes Personales, y ante la consulta del senador radical Víctor Zimmermann sobre “¿cuál es el criterio que se tiene para la evaluación de inmuebles urbanos que se hacen en el territorio?”, Marcó del Pont recordó que “la Ley de Bienes Personales dice cuáles son los criterios de valuación que se deben utilizar para medir la base imponible de los inmuebles y siempre se tiene que elegir el mayor de los distintos criterios”.
Antes de la reforma tributaria de 2017 había dos y ahora hay tres, apuntó. A continuación, recordó que “en el año 2012 la Ciudad de Buenos Aires modifica el Código Fiscal y crea el impuesto inmobiliario” además de otros conceptos, por lo que se “introduce un multiplicador por cuatro”.
La titular de la AFIP explicó entonces que en 2013 se determina que se utilice el mismo método de valuación que la Ciudad utiliza para determinar el impuesto inmobiliario. Sin embargo, en 2018 se publica “un dictamen, a nuestro juicio, arbitrario y casi caprichoso donde dice que para Bienes Personales se vuelve a la medición anterior, o sea que no se utilizaba el multiplicador por cuatro sino la valuación fiscal únicamente. Y eso impactó fuertemente”.
“A partir de este cambio el peso que tienen los inmuebles dentro de los que son los bienes gravables se redujo sensiblemente después de esa modificación, pasó del 42% al 21%”, señaló.
Entonces, defendió: “Nosotros no estamos planteando ningún impuestazo, ningún cambio de reglas. Estamos desandando esa modificación de 2018 y asumiendo el mismo criterio que se utilizó entre 2013 y 2018, es decir utilizar la misma base imponible que la Ciudad de Buenos Aires para el impuesto inmobiliario”.
Además, la funcionaria dijo que el cambio estará “focalizado únicamente para los inmuebles de la Ciudad que no sean casa-habitación, solamente para aquellas casa-habitación que pasen 270 mil dólares, ahí sí van a tener que pagar por la diferencia. De acuerdo a nuestras estimaciones esto incluiría aproximadamente a 1.500 personas más que van a tener que pagar este impuesto”.
Y en un segundo y tercer orden, “estimamos que va a haber aproximadamente 220 mil inmuebles de la Ciudad que van a tener que pagar en base a esta nueva base multiplicada por cuatro”, precisó.
Finalmente, Marcó del Pont consideró que “el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad tienen que trabajar en conjunto en el marco del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles” para “definir los procedimientos y metodologías” que lleven a una armonización de “las formas en que se van a valuar los inmuebles urbanos a lo largo y ancho del país”.
“Es muy inequitativo que un inmueble en la Ciudad de Buenos y Aires y otro en la provincia de Santa Fe con el mismo valor de mercado, en una provincia sea valuado al 2% del valor de mercado y en otra provincia al 20%”, completó.
El diputado de Vamos Juntos aseguró que con esta medida “el ajuste del plan de Guzman va a recaer sobre la Ciudad” e insistió en que “la valuación fiscal de los inmuebles la realiza las provincias”.
Después de que la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, asegurara que el Gobierno Nacional buscará actualizar el valor de las propiedades y obtener un aumento de la recaudación vía Bienes Personales, el legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, salió al cruce y advirtió que “el ajuste del plan de Martín Guzman va a recaer sobre la Ciudad”.
En ese sentido, el oficialista aseveró que “lo que anunció Marcó del Pont es tremendamente preocupante. Una vez más, parece que el ajuste del plan de Guzman va a recaer sobre la Ciudad de Buenos Aires” y recordó que “el programa económico del Gobierno prevé una reducción del déficit fiscal para 2022 basada en dos patas: la primera es la ya anunciada quita segmentada de subsidios energéticos, que ya sabemos que impacta más que nada en la Ciudad, y representaría un 0,06% del PBI”.
“La segunda, y más importante, es un revalúo fiscal que representaría un 0,10% del PBI, aproximadamente $72.000 millones. El Gobierno Nacional quiere mayores valuaciones fiscales para recaudar más con el Impuesto a los Bienes Personales. ¡Y acá, atención! Empieza la trampa”, añadió a través de sus redes sociales.
Sobre esa misma línea, Reyes manifestó que “la valuación fiscal de los inmuebles la realiza las provincias. Muchas toman valores reducidos y los ajustan para impuestos locales, evitando que los contribuyentes se vean más afectados por Bienes Personales. Es así en CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, etc” e indicó que “ahora viene el problema: Marcó del Pont habló de multiplicar la valuación fiscal homogénea de la Ciudad de Buenos Aires para cuantificar el Impuesto sobre los Bienes Personales. Ya lo habían hecho en 2013, pero un dictamen de 2018 dio marcha atrás a esta injusticia impositiva”.
A la vez que insistió en que “están hablando de tomar una decisión unilateral que afectaría única y exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Es una barbaridad que pretendan castigar de esta forma tan burda y discrecional a la Ciudad. ¿No les alcanzó con robarnos la coparticipación?” y advirtió que “si avanzan con esto, el monto adicional que recaudarían, según estimaciones propias, sería similar a los $72.000 millones que pretenden captar este año por esta vía. Es decir, todo el ajuste de 2022 recaería sobre los contribuyentes de la Ciudad”.
“Tienen que entender que la gente no da más de impuestos, y que no pueden castigar a un distrito solo porque no los votó. Hagan un plan económico serio y dejen de pretender vivir a costa de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a defender siempre a los porteños”, concluyó el legislador.
Un grupo de legisladores que responden a Elisa Carrió se presentaron ante la Justicia para reclamar que la AFIP haya desistido en la querella de la causa Oil Combustibles.
Diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI presentaron una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a raíz del desistimiento de la querella en la causa -conocida como Oil Combustibles- en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al exadministrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray.
Los legisladores las acusan de los supuestos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Hubo una clara intención de beneficiar económica y judicialmente a estos empresarios, así como también a exfuncionarios públicos como Echegaray”, afirmaron. “La misma AFIP que acosa a los que dan trabajo, encubre a los que defraudan. Es intolerable y tienen que ser investigados y condenados”, agregaron los opositores.
En la denuncia se describen “las relaciones económicas” de la vicepresidenta con López y “cómo fue orquestado el plan de impunidad de los empresarios denunciados”. “Primero el Gobierno nacional envió una ley de moratoria inédita a la medida de Oil Combustibles. Semanas antes, el empresario Fabián De Sousa había estado en Olivos. Luego la empresa se adhirió a ese régimen. Finalmente, un año después Marcó del Pont, desiste de la querellar”, explicó el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López.
Asimismo, la denuncia da cuenta de “los conflictos de interés del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien asesoró a autoridades del grupo Indalo antes de llegar a la Presidencia”. “El presidente se negó a revelar su listado de clientes y tampoco explicó el alcance de sus tareas para ese holding. Se lo pedimos por distintos medios, también se lo requirió la Oficina Anticorrupción, y él se negó a dar respuesta”, agregó López.
La denuncia lleva las firmas de López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.
En el escrito, señalaron que “con fecha 8 de septiembre de 2021, pocos días antes de las elecciones de medio término del día 12 de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya autoridad máxima es Mercedes Marcó del Pont -quien a su vez tiene como jefa política a Cristina Fernández de Kirchner-, desistió ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini, de la querella en la que actuaba como parte en el marco de la causa en la que se investigaba la posible defraudación al Estado Nacional por parte del extitular de la AFIP Ricardo Etchegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa. La maniobra de defraudación impositiva habría tenido lugar durante los años 2013 a 2015, es decir, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.
“La relación de la familia Kirchner, y en especial de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, con el empresario Cristóbal Manuel López ha sido, desde el ascenso del matrimonio Kirchner al poder, una vinculación política y de negocios”, resaltaron.
Y recordaron que tras la ley de moratoria, “armada como traje a medida”, Oil Combustibles “se adhirió a la moratoria que le había facilitado el proyecto de ley enviado por el Sr. Alberto Fernández”. “Luego de ello, y en virtud de haber obtenido un aparente pero ficto barniz de legalidad, la empresa Oil Combustibles efectúa un primer pago de dicha moratoria el día 7 de septiembre de 2021”, mencionaron.
Sin embargo, “al otro día, el 8 de septiembre de 2021, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cargo de la Sra. Mercedes Marcó del Pont, desiste de la querella y de la reclamación económica, fundamentándose, entre otras cosas, en la ley que Alberto Fernández promovió desde el Poder Ejecutivo”, enfatizaron.
Es tras la decisión de la AFIP de desistir como querellante en la causa Oil Combustibles, en la que el empresario K Cristóbal López está acusado de defraudación por 8 mil millones de pesos.
Tras la decisión de la AFIP de desistir de su rol de querellante y retirar la acusación penal y civil contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por la supuesta defraudación de 8 mil millones de pesos, en la causa conocida como Oil Combustibles, diputados de Juntos por el Cambio adelantaron que denunciarán a la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.
“Una vergüenza más hecha por Alberto Fernández y Cristina Kirchner días antes de las elecciones por temor a perderlas! Los evasores y defraudadores libres y sin condena, y los argentinos un año y medio presos”, lanzó en su Twitter el legislador Juan Manuel López (CC-ARI), que calificó además a la decisión como “intolerable” y “un crimen”.
El bonaerense agregó que “lo que hizo la AFIP de Marcó del Pont y @alferdez con Cristóbal López y OIL Combustibles puede implicar varios delitos y los vamos a llevar a la Justicia. Encubrimiento, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes”.
Y fustigó a Fernández, al llamarlo “un presidente lobbista de sus clientes que ahoga a los argentinos con impuestos salva a Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray de una de las grandes estafas argentinas, mientras convierte a Marcó del Pont y a la AFIP en un felpudo de los defraudadores”.
Por su parte, el jefe del interbloque opositor en Diputados, Mario Negri, publicó: “La AFIP desistió del juicio a Cristóbal López por haberse quedado con más de $8.000.000.000 del impuesto a los combustibles”. Y recordó la moratoria votada el año pasado en el Congreso, al sostener que “para poder hacerlo el kirchnerismo aprobó una ley a escondidas, mientras encerraban y fundían a medio país. El PJ de Córdoba lamentablemente los apoyó”.
“Se siente mucha bronca cuando, a pesar de las pruebas, te gana la impunidad. Muchos de nosotros sabemos las consecuencias personales que nos trajo luchar contra las mafias. Ellos juegan con nuestro desánimo y avanzan. Por eso, hay que ir a votar y decirles #BASTA . Acompáñanos”, escribió la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).
En tanto, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) comparó: “Vos que no podes ni cambiar el auto le financiaste 8.000 millones de dólares al multimillonario K Cristóbal López. Los diputados del FdT + falsos opositores le votaron la moratoria a medida art. 8, Ley 27.541, y ahora AFIP desistió de su reclamo. Capitalismo de amigos es esto”.
Otro de los mensajes que aparecieron en las redes fue del diputado Waldo Wolff (Pro), quien señaló que “la AFIP desistió de la querella de OIL combustibles que desviaba las retenciones de los contribuyentes para comprar empresas”. “Solo teniendo encuestas nefastas para el oficialismo harían algo así 3 días antes de las PASO y no después”, consideró y completó: “Accionaremos judicialmente. A votar”.
“El progresismo kirchnerista es crear muchos impuestos con la excusa de cobrarle a los ricos, pero no cobrárselos a sus amigos ricos. Ponen el giro a la izquierda y doblan a la derecha”, sostuvo el diputado Alfredo Cornejo (UCR).
Roberto Arias y Mercedes Marcó del Pont expusieron ante la Comisión de Presupuesto. El Frente de Todos espera dictaminar el jueves. Objeciones de la oposición.
El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defendieron este lunes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, generando un esquema de reducción gradual.
Los funcionarios participaron de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), donde el oficialismo buscará firmar dictamen este jueves.
El primero en exponer fue Arias, quien recordó que en la reforma tributaria de 2017 se establecieron, para los períodos fiscales 2018 y 2019, alícuotas del 30% para las sociedades y del 7% sobre los dividendos distribuidos. En ese entonces se dispuso que a partir de 2020 las tasas serían del 25% y del 13%, respectivamente.
Luego, la Ley de Solidaridad Social sancionada en 2019 suspendió la baja por un año (2020), manteniendo las alícuotas del 30% y del 7%, y ahora el Ejecutivo propone nuevas alícuotas.
Sobre la ganancia neta imponible acumulada de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%. Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.
El proyecto oficial propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la primera de ellas en enero de 2022.
“Todos los países del mundo aplican alícuotas relativamente altas, y esto, a nuestro juicio, tiene un impacto marginal en las decisiones de inversión. El hecho de que el impuesto sea cinco puntos más alto o más bajo ha tenido un impacto prácticamente nulo o marginal porque las posibilidades de inversión dependen de muchos otros factores”, consideró Arias.
En ese sentido, sostuvo que “son mucho más importantes los factores macroeconómicos”, como se demostró entre 2018 y 2019, cuando la tasa de inversión pasó del 20% al 17%.
Arias explicó que la reforma de 2017 tuvo un “error de fondo” porque “el sistema impositivo que tiene que estar contextualizado”, por ejemplo, teniendo en cuenta los niveles de inflación en Argentina.
El funcionario dijo que se busca ir hacia “un nivel de recaudación del impuesto cercano a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, que es del 3% del PBI, siendo que es un impuesto que tiene la ventaja de que grava las ganancias”.
Señaló a su vez que “en esta situación tan difícil” por la crisis heredada y la pandemia, “las empresas que más ganan tienen que pagar más impuestos, mientras que las que tuvieron pérdidas no tienen que ver aumentada su carga tributaria”.
“Ganancias es el mejor impuesto que se aplica en condiciones de crisis, porque las empresas que han tenido problemas no van a ver afectada su capacidad económica, mientras que las grandes, que han tenido muchas ganancias, es justo que hagan un aporte adicional”, aseguró Arias.
Asimismo opinó que “es absolutamente oportuno en términos internacionales” aplicar esta reforma al igual que en otros países.
Por su parte, Marcó del Pont indicó que sobre todo en el contexto de la pandemia, “la forma más permanente, más virtuosa y más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos”, y “Ganancias es uno de los más progresivos del esquema impositivo”.
“Se están gravando las ganancias, no la facturación, y eso es muy equitativo”, destacó la titular del ente recaudador, y añadió que “la reforma garantiza fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, permite profundizar la progresividad del tributo y saldar una deuda histórica con las pymes” que pedían una rebaja.
Recordó que “el proyecto original era más restrictivo, y a partir de un diálogo con los legisladores se modificó” para que nueve de cada diez empresas tengan una alícuota reducida, ya que con la anterior iniciativa se beneficiaban casi siete de cada diez.
Marcó del Pont fue muy crítica de la reforma de 2017 y lo fundamentó con números: informó que entre 2018 y 2019 se perdieron 261.000 millones de pesos en términos de recaudación.
A las provincias eso les significó una merma de su recaudación de 156.000 millones de pesos, debido a que es un impuesto coparticipable, y de seguir aplicándose esa reforma “se hubieran llegado a perder 582.000 millones, con casi 350.000 millones de pérdida para las provincias”, advirtió la funcionaria.
Por último, señaló que a nivel internacional existe una visión muy crítica de bajar impuestos, de desregulación del mercado y de los flujos financieros. “La flexibilidad de normas y la baja de impuestos no generaron el efecto derrame. Las rentas que se generaron provocaron una mayor concentración de la riqueza”, observó.
“La alternativa a esto es el endeudamiento. Y ya lo vivimos. Esta ampliación del espacio fiscal que supone recaudar a través de un impuestos directo vuelve en política públicas”, definió.
Por la UCR, Alejandro Cacace hizo énfasis en las idas y vueltas del Gobierno: recordó que después de suspender la rebaja de las alícuotas durante 2020, a principios de 2021 se propuso prorrogar esa suspensión por un año más; luego en marzo se envió un proyecto con una graduación de escalas diferente, y finalmente se presentó este último proyecto con nuevas alícuotas.
Arias respondió que “todos los proyectos van en la misma dirección, que es deshacer la reforma tributaria de 2017”, y “entre el segundo proyecto y el tercero la única modificación es en los umbrales de Ganancias”.
Cacace también defendió la alícuota del 13% aprobada durante la gestión anterior sobre la distribución de dividendos, al destacar que “era con la idea de generar una reinversión de utilidades”. Y puntualizó que a diferencia del impuesto a las Ganancias en personas físicas, donde “la carga recae enteramente sobre el contribuyente”, en las empresas “hay una capacidad de traslación del impuesto que puede resultar en un incremento de precios”.
Por su su parte, Jorge Sarghini (Consenso Federal) consultó si el Gobierno está decidido a bajar Ganancias para las empresas de juegos de azar, según su interpretación -y la de algunas notas periodísticas- sobre la redacción del artículo cuarto, pero Arias rechazó de plano esa posibilidad. “Es una mala lectura del proyecto”, aclaró, y ratificó que la alícuota del 41,5% quedará igual.
Sin embargo, Luis Pastori (UCR) recogió el guante y consideró que la redacción debería ser clarificada, tal como sucedió semanas atrás cuando se desató la polémica por el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos en la última reforma de Ganancias para personas humanas.
A su turno, Luciano Laspina (Pro) advirtió que “Argentina viene con una presión impositiva muy grande” y por eso le preocupa “que esto opere como un desincentivo (a la inversión) adicional”.
“Hoy la tasa de inversión en Argentina está entre las más bajas del planeta, no alcanza ni siquiera para reponer el stock de capital que se deprecia, y no hay generación de empleo en el marco de la pandemia, pero hace diez años que no creamos empleo en el sector privado formal”, describió el economista.
También cuestionó que se tome como modelo el promedio del 3% de recaudación de los países de la OCDE, que “tiene un nivel de evasión impositiva mucho más bajo de lo que tiene la Argentina”, pero Arias defendió las comparaciones.
Desde la Coalición Cívica, Javier Campos se preguntó “si analizaron la rentabilidad empresaria argentina en relación a otros países”, al advertir que “sean pymes o grandes empresas, es muy baja en relación al capital invertido”. “Las empresas no valen nada en Argentina porque no ganan en función del capital invertido”, lanzó.
También sostuvo que “decir que no ha habido inversión porque la baja del impuesto a las Ganancias no tuvo el efecto esperado es no reconocer toda la enorme caterva de impuestos que están influyendo sobre las inversiones”.
Arias le contestó a Campos: “Efectivamente, hay una baja en la tasa de inversión que nosotros no atribuimos a la baja de Ganancias. Decir que un aumento no va a modificar sustancialmente la tasa de inversión no significa lo contrario. Obviamente la tasa de inversión cayó por una crisis macroeconómica que se produjo en 2018/2019, y que en 2020 se profundizó por la pandemia”.
El proyecto recibió dictamen en la Comisión de Presupuesto y será tratado la semana próxima en el recinto junto con las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Carlos Caserio (Frente de Todos), emitió dictamen este miércoles sobre el proyecto elaborado por la AFIP que busca crear un “puente” entre el régimen de monotributo y el general para aliviar la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes y evitar un “salto al vacío”.
La iniciativa del Poder Ejecutivo fue defendida por la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, y el subdirector general de Fiscalización, Julián Ruiz, y quedó en condiciones de ser votada en el recinto la semana próxima junto con las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.
El interbloque Juntos por el Cambio adhirió al dictamen y garantizó su acompañamiento en general, pero adelantó que en el recinto propondrá algunas modificaciones.
Marcó del Pont explicó que el monotributo, surgido en 1998, “fue pensado originariamente como una forma de inclusión fiscal para los eslabones más débiles” y como una “transición de la informalidad al régimen general”.
Sin embargo, advirtió, “se fue desnaturalizando mucho porque se fue transformando en un sistema de ocultamiento de ingresos por parte de determinados sectores de contribuyentes” y “fue engendrando condiciones para la subdeclaración”.
Por eso, se busca “recuperar el sentido original” del monotributo para que no se produzca un “salto al vacío” y que esos trabajadores realicen maniobras para permanecer en ese régimen y no pasar al general por la carga tributaria que eso implica.
Por otra parte, señaló Marcó del Pont, “desde octubre de 2018 está suspendido el sistema de exclusión automática” de trabajadores que se exceden en su facturación, y si bien la suspensión debía levantarse en febrero de 2020, no se pudo hacerlo debido a la pandemia.
Como consecuencia, aproximadamente 25.000 personas “salieron del monotributo pero no fueron notificadas” y fueron acumulando deudas difíciles de afrontar, por lo cual se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.
Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021. Ruiz destacó que estos trabajadores “tendrán un ahorro del 92%”, lo que es “muy importante para que puedan continuar con su actividad”.
En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.
Otro tema que busca resolver el proyecto es la actualización de las categorías del monotributo, que se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria, que estuvo suspendido el año pasado. En ese sentido, se tomará un índice del 35,3%, “que surge de la jubilación mínima”.
“A partir de ahora le vamos a permitir al monotributista que haga un ‘colchón’ de crédito fiscal para que cuando se dé la circunstancia de pasar al régimen general, tenga ese ‘colchón’ que le permita debitarlo de su saldo deudor de IVA y de Ganancias”, apuntó Marcó del Pont.
Por último, sostuvo que “el proyecto es bueno para el contribuyente y es bueno también para el Estado, porque nos va a dar mucha información que hoy no tenemos”.
Desde Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez planteó que el proyecto tiene una redacción difícil de comprender -lo cual fue reconocido por la propia Marcó del Pont-, y consideró que eso “no es bueno” ni en materia fiscal ni en materia penal a la hora de interpretar las leyes.
La radical también consideró “muy peligroso cuando se hacen parches”, pero Marcó del Pont negó que se trate de un “parche” ya que resuelve la transición al régimen general más allá de la “situación circunstancial” generada con la suspensión de las exclusiones automáticas.
La titular de la AFIP agregó que el proyecto aborda la situación de los contribuyentes que están en la escala más alta, puntualmente la categoría K, que con la actualización del 35,3% será para ingresos brutos hasta 3.530.000 pesos.
Por su parte, el radical Víctor Zimmermann preguntó “por qué sostienen la actualización a través del haber medio y no del índice de precios, porque las escalas se forman con la facturación, y la facturación se forma con los precios y la inflación”, y “con el índice del INDEC sería del 41,1%” y no del 35,3%.
Marcó del Pont se limitó a responder que el índice propuesto “no está tan alejado de lo que fue la inflación anual de 2020”.
Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) propuso si “en lugar de generar este tipo de transiciones o puentes, podemos utilizar los avances tecnológicos y el aumento de recursos que ha tenido la AFIP para resolver las cuestiones específicas dentro del régimen general”.
La responsable del ente recaudador habló de una “brutal desinversión en sistemas” durante la gestión de Mauricio Macri pero rescató que, a pesar de eso, se están llevando adelante iniciativas como el Libro de IVA Digital.
Al cerrar el debate, Caserio sostuvo que “los monotributistas están esperando una modificación porque todavía estamos con los números viejos y eso los perjudica”, y agregó que “esto no solamente actualiza (las categorías) en un porcentaje interesante, sino que además les da la posibilidad de amortiguar el cambio” al pasar al régimen general.
La titular de la AFIP asistirá este miércoles al encuentro en el que se espera se firme dictamen para llevarlo la semana que viene al recinto.
El proyecto de ley que establece una reforma en el régimen de monotributo fue aprobado en Diputados el sábado pasado antes de medianoche. Fue la iniciativa previa al tratamiento de la reforma del impuesto a las Ganancias, que también tuvo media sanción este fin de semana. Cuatro días después de ser aprobado, el proyecto del monotributo será analizado en el Senado.
Será este miércoles a partir de las 15 en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la reunión contará con la presencia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Con la intención de que pueda tratarse la semana que viene en el recinto, se descuenta que al cabo de la reunión de este miércoles el dictamen pasará a la firma. Lo mismo pasó este martes con el proyecto sobre Ganancias, que tras un breve debate quedó habilitado para ser tratado en el recinto probablemente este miércoles 7 de abril.
Se trata de la iniciativa para atender la situación de los contribuyentes que fueron excluidos del régimen simplificado y que al pasar al régimen general acumularon deudas fiscales difíciles de afrontar, por un total de 20.000 millones de pesos.
Lo que se busca es resolver el problema transitorio de actualización del monotributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, subsanando cualquier inconveniente referido a las recategorizaciones de manera automática.
El proyecto contempla que los monotributistas que se conviertan en autónomos podrán experimentar un ahorro significativo en su carga tributaria con relación al monto que deberían pagar si no se introducen los cambios propuestos.
Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.
En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.
Tras la aprobación de Diputados, comenzará este martes el tratamiento del primer proyecto, y el miércoles, el del segundo. Fueron convocados el ministro de Trabajo, la titular de la AFIP y el secretario de Política Tributaria.
El Senado pone un pie en el acelerador para dar un rápido tratamiento a los proyectos de reforma del impuesto a las Ganancias y del régimen del monotributo, aprobados este fin de semana en la Cámara de Diputados. Será este martes y miércoles, en dos reuniones que contarán con la participación de funcionarios.
En primer lugar, este martes a las 12.30 se reunirán en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, y de Trabajo y Previsión Social, que encabeza Daniel Lovera, para abordar la iniciativa sobre Ganancias, que eleva el piso a partir del cual se paga el tributo a 150.000 pesos brutos y otorga varios beneficios para trabajadores, entre ellos la eximición del aguinaldo, con el fin de brindar un alivio fiscal en tiempos de pandemia.
A ese plenario fueron convocados a exponer, en forma virtual, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quienes defenderán el proyecto que en Diputados recibió 241 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones, tras la maratónica sesión que culminó el domingo por la mañana.
El proyecto permitirá que 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados dejen de pagar Ganancias gracias al nuevo piso establecido, que se actualizará anualmente a través del índice de variación salarial (RIPTE). En el caso de los jubilados, el impuesto comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos, en lugar de los seis actuales.
Luego del debate de Ganancias será el turno del proyecto que establece “un puente” entre el régimen de monotributo y el general, para aliviar la carga tributaria de aquellos contribuyentes que al pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales difíciles de afrontar. En este caso, la discusión será solo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que escuchará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, este miércoles a partir de las 15.
La intención del oficialismo es firmar rápidamente los dos dictámenes para que queden en condiciones de ser tratados en el recinto del Senado la próxima semana.
El ministro de Trabajo, la titular de la AFIP y el secretario de Política Tributaria expusieron ante un plenario de comisiones sobre los proyectos de suba del mínimo no imponible y de cambios al régimen de monotributo. La discusión se reanudará el jueves con especialistas.
Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, arrancó este martes el debate sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y los cambios al régimen de monotributo, dos proyectos de ley de fuerte impacto económico que el oficialismo espera aprobar la semana próxima en el recinto de la Cámara baja.
La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.
Las comisiones volverán a reunirse el jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según anunció Heller al comienzo de la videoconferencia.
Al momento de las preguntas, el radical Luis Pastori afirmó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del 1ro. de enero, pero sugirió otros cambios.
En ese sentido, el misionero pidió eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expresó.
El legislador reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, pero dijo tener “serias discrepancias” con “el diseño”. Sobre ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.
“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, señaló y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo -que estará facultado para eso- podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”.
Pastori también consideró que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.
Finalmente, el diputado de la UCR solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo discapacitado; y advirtió que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.
Otro radical, Alejandro Cacace, consultó a los funcionarios por la exclusión de los jubilados del impuesto y preguntó por qué no se decidió “compatibilizar (la iniciativa) con lo que deciden los tribunales y, en particular, con lo que es el fallo Calderale de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que establece la inconstitucionalidad del impuesto sobre los beneficios previsionales”.
“¿Por qué la elección de los ocho haberes mínimos, que continúa la lógica de la ley actual, y no atender a la interpretación judicial sobre este tema?”, cuestionó. Asimismo, coincidió con Pastori en la situación de los trabajadores autónomos y recomendó que el mecanismo de actualización se realice por inflación.
Para el puntano, cada vez más trabajadores pagan el tributo porque “es un problema de los valores nominales en la ley”. “Aún con el RIPTE queda desfasado frente al incremento de los precios”, resaltó, y preguntó “si no consideran que es mejor tomar el IPC, o como se hizo en la fórmula previsional, el que dé más alto entre los índices”.
En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.
“Está tratado el tema tal cual lo solicita la Corte”, reiteró y en cuanto a la doble imposición explicó que “en el momento en que uno es trabajador activo permite deducir los aportes vinculados a la jubilación, y esa deducción que se hace en ese momento es la que se grava cuando se tienen rentas pasivas”.
Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.
“No sólo tendría un costo fiscal muchísimo más alto, sino que generaría una inequidad bastante importante, porque ahí le estamos reduciendo el impuesto a personas que tienen ingresos muy altos y en las circunstancias actuales del país nos parece que no es el momento para hacer una reducción de impuestos en esa categoría”, ahondó.
El funcionario garantizó que para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos, el Ejecutivo aplicará “una política salarial de incremento que no genere en ningún caso una caída en el salario de bolsillo”. “En ningún caso el impuesto será más regresivo, sino todo lo contrario -continuó-, va a tener mayor progresividad que la que tiene ahora”.
Respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias enfatizó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, añadió.
“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.
En otro tramo, el secretario de Política Tributaria explicó que una deducción por hijo discapacitado “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.
Sobre el reclamo de la oposición por los trabajadores independientes, el funcionario dijo que aquellos autónomos que ganen hasta 150.000 pesos “van a poder ser monotributistas” a partir de la iniciativa complementaria del oficialismo. “Las dos medidas son muy consistentes entre sí. No merece tocar Ganancias de los autónomos”, argumentó.
Además, confirmó que el costo fiscal de 41.250 millones de pesos corresponde al proyecto en su última versión, es decir, con las exenciones y deducciones incorporadas en las últimas horas.
El diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky cargó las tintas contra la gestión anterior: “¿Por qué habiendo caído los salarios casi 20 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri, por qué habiendo existido medidas que claramente beneficiaron con exenciones impositivas a sectores muy poderosos, como el sector financiero o agrario, no hubo un tratamiento simétrico con los trabajadores?”.
Para el oficialista, no se explica cómo “se triplicó la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias y no hubo una política para tratar de subsanar esto”. Por eso, pidió “honestidad intelectual” en el debate: “Sino parece que caímos de un plato volador, que venimos de Marte y que no nos hacemos cargo de lo que pasó en Argentina en estos cuatro años”.
Ante una consulta del líder de la CTA sobre cuál será el monto que retornará a las arcas del Estado para cubrir el costo de la ley, Arias comentó que “no se ha hecho el cálculo específico” pero estimó que “entre el 23% y 25%” retornará en concepto de presión tributaria general.
Desde el Pro, Luciano Laspina pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso para calcular el costo fiscal del proyecto con las últimas modificaciones y teniendo en cuenta posibles escenarios de paritarias.
También mostró inquietud por la situación de “los 500.000 trabajadores autónomos” que no se verán alcanzados, pero el secretario de Política Tributaria volvió a defender la decisión del Gobierno: “Consideramos que con el ajuste en el monto máximo de facturación que podrá tener un monotributista, los autónomos -o sea, los trabajadores independientes que facturan hasta 150.000 pesos por mes- entran dentro de la categoría del monotributo, con lo cual no estarán alcanzados por Ganancias. Son consistentes los dos proyectos”.
En tanto, el radical chubutense Gustavo Menna volvió a plantear la inquietud sobre la deducción especial del 22% para trabajadores patagónicos, y Heller garantizó que se incorporará un artículo específico para mantener ese beneficio.
Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) advirtió que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que “este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio”.
Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.
El secretario de Política Tributaria explicó que “entre 200.000 y 300.000 personas que a principio de año no pagan Ganancias, a fin de año pagan” por los aumentos salariales, por eso la proyección de 1.200.000 trabajadores que se verán beneficiados por la nueva ley es un promedio anual.
Según la titular de la AFIP, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes “se transformó en un mecanismo de subdeclaración u ocultamiento de ingresos”. Buscan facilitar el traspaso al Régimen General.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, advirtió este martes que “el monotributo no está funcionando equitativamente” y que “se transformó en un mecanismo de subdeclaración u ocultamiento de ingresos”, por lo cual defendió el proyecto del Poder Ejecutivo para facilitar el traspaso de esos trabajadores al Régimen General.
Marcó del Pont expuso ante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados junto al subdirector general de Fiscalización del ente recaudador, Julián Ruiz.
“Cuando se mira desde una perspectiva histórica, vemos que se ha ido desnaturalizando el objetivo original que tenía este régimen, donde se trataba de simplificar para el pequeño contribuyente y de simplificar para el Estado el trabajo de fiscalización y recaudación”, explicó la funcionaria.
En ese sentido, dijo que “siempre se pensó como una forma de incursión a la formalidad de los sectores más precarios, los pequeños contribuyentes, a la actividad económica. Como un esquema de transición de la informalidad a la formalidad”.
Por eso, si bien “se suponía que a lo largo del tiempo (los monotributistas) iban a poder transitar hacia el Régimen General”, finalmente “ese mecanismo virtuoso se transformó en un mecanismo de subdeclaración y ocultamiento de ingresos por parte de un universo de contribuyentes”.
Marcó del Pont habló del “salto al vacío” que hace que la carga tributaria a afrontar en el traspaso de un régimen a otro sea “sensiblemente alta”.
“El régimen no está funcionando equitativamente porque hay pequeñas, micro y medianas empresas que están en el General y otras que están todavía en el monotributo a través del ocultamiento de ingresos”, insistió.
En consecuencia, sostuvo que “tenemos que aspirar a que lo normal sea el Régimen General” y que “el monotributo vuelva a ser una forma de inclusión tributaria y financiera”.
Al problema estructural, explicó Marcó del Pont, se sumó que la AFIP tiene suspendido, desde septiembre de 2019, el sistema de exclusión automática del monotributo. La suspensión debía levantarse en febrero de 2020, pero dado que sobrevino la pandemia del coronavirus, se extendió en el tiempo.
“Mientras tanto -relató la funcionaria- había contribuyentes que debían haber salido del monotributo, que no se les había notificado y que estaban devengando deuda, y cuando reactiváramos la exclusión se iban a encontrar con deudas importantes”.
Así, el proyecto establece ciertas pautas para los monotributistas que devengaron deuda en esos meses, una vez que se reactive el proceso de exclusión automática: aquellos contribuyentes que se hayan excedido en su facturación por debajo del 25% tendrán la opción de volver al monotributo; y los que facturaron más del 25% tendrán una quita del 93% de lo que deben pagar, es decir, deberán abonar solo el 7% de la deuda acumulada sin intereses.
Además, el proyecto otorga incentivos a aquellos que decidan pasar voluntariamente al Régimen General, basados en quitas adicionales.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo comenzarán ese día con las reuniones informativas. El oficialismo espera votar el proyecto la semana siguiente.
Ya tiene fecha el inicio del debate sobre el impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados: será el próximo martes, a partir de las 15, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, que escucharán a invitados antes de la firma del dictamen.
El mismo día y en el mismo ámbito se tratará el proyecto de ley de Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.
El diputado oficialista Marcelo Casaretto, secretario de Presupuesto y Hacienda, confirmó que ese día se realizará el primer plenario virtual, donde asistirían el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
La intención del oficialismo es realizar dos o tres reuniones informativas la semana próxima, con la mira puesta en una votación en el recinto la tercera semana del mes.
El titular de la Cámara, Sergio Massa, había enviado este jueves una nota a Heller en la que le solicitó convocar al debate, luego de que el presidente Alberto Fernández pidiera avanzar con la ley durante su discurso de apertura de sesiones.
Fernández sostuvo que “recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica”, y en ese sentido pidió al Congreso que avance con los proyectos de Ganancias y modificaciones al régimen de monotributo.
El proyecto del Frente de Todos busca elevar a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto para que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagarlo. La iniciativa propone que ese piso se actualice anualmente según el índice de variación salarial (RIPTE).
Por su parte, la CGT y diputados de extracción sindical que integran el bloque oficialista reclaman eximir de Ganancias a las horas extra, los viáticos, los feriados trabajados, distintos adicionales, gastos educativos y hasta el aguinaldo, entre otros conceptos.
A través de una nota, el presidente de la Cámara instó a comenzar la discusión con la participación de ministros, la titular de la AFIP y sindicalistas. El oficialismo trabaja para votar el proyecto la tercera semana de marzo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que convoque a tratar el proyecto de suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias en reuniones informativas, en conjunto con Legislación del Trabajo.
A través de una nota remitida este jueves, Massa instó a Heller a que cite a los ministros Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo), así como a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y representantes del sector sindical.
La intención del oficialismo es realizar dos o tres reuniones informativas la semana próxima en el plenario de comisiones, con la mira puesta en una votación en el recinto la tercera semana del mes.
El proyecto del Frente de Todos busca que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar Ganancias a partir de una suba del mínimo no imponible, que se fijará inicialmente en 150.000 pesos y se actualizará anualmente según el índice de variación salarial.
Por estos días, Heller se puso al hombro la tarea de analizar en conjunto con Economía la viabilidad de los numerosos pedidos formulados por la CGT y los diputados de extracción sindical, que tienen que ver con incorporar una serie de exenciones al pago del impuesto.
Puntualmente, la central obrera pide eximir de Ganancias a las horas extra, los viáticos, los feriados trabajados, distintos adicionales, gastos educativos y hasta el aguinaldo, entre otros conceptos que serán evaluados según su costo fiscal.
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica”, y en ese sentido pidió al Congreso que avance con los proyectos de Ganancias y modificaciones al régimen de monotributo.
En el caso de Ganancias, todo el arco opositor manifestó su apoyo a la suba del mínimo no imponible, aunque desde Juntos por el Cambio proponen revisar la inclusión de autónomos, el método de actualización y el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos, entre otros aspectos.
La normativa establece que los sujetos alcanzados por el Aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.
La AFIP reglamentó el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia. El organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont estableció la normativa relativa a la presentación de la declaración jurada, ingreso del aporte y otros aspectos establecidos en la Ley 27.605 y su Decreto Reglamentario N° 42/2021.
Marcó del Pont firmó este viernes la Resolución General con las definiciones sobre el Aporte Solidario y Extraordinario que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días. La normativa de la AFIP establece que los sujetos alcanzados por el Aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.
El Aporte alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos. La fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18/12/2020.
El decreto reglamentario instruye a la AFIP a instrumentar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del Aporte a través de variaciones patrimoniales.
Con ese fin, el organismo encabezado por Marcó del Pont incorpora un Régimen Informativo a fin de detectar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridos durante los 180 (ciento ochenta) días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, que hicieran presumir operaciones que configuren un ardid evasivo o destinado a eludir el pago del Aporte Solidario y Extraordinario.
Los sujetos alcanzados y, en su caso, los responsables sustitutos deben presentar una declaración jurada informativa en la que incluirán los bienes de los que eran titulares al 20 de marzo de 2020.
La Resolución General dispone que el régimen de información también deberá ser cumplido por sujetos no alcanzados por el Aporte cuyos bienes, valuados al 31 de diciembre de 2019, alcanzaban una suma igual o superior a $130 millones, y por aquellos cuyos bienes valuados al 31 de diciembre de 2018 alcanzaban una suma igual o superior a $ 80 millones. En estos casos, deberán declarar los bienes de su titularidad al 20 de marzo de 2020 y al 18 de diciembre de 2020.
El plazo para presentar las declaraciones juradas informativas será entre el 22 de marzo y el 30 de abril de 2021, inclusive.
La normativa también detalla los términos y condiciones para la repatriación del 30% de los activos financieros situados en el exterior, que permite a quienes lo hagan aplicar el método de cálculo del Aporte correspondiente a aquellos que sólo poseen bienes en el país. La AFIP contempló la obligación de los sujetos que realicen dicha repatriación de confeccionar un informe especial extendido por contador público independiente matriculado, con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de la totalidad de los activos financieros situados en el exterior.
La ley estipula que la asignación de los fondos recaudados por el Aporte se realizará de la siguiente manera:
● Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
● Un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
● Un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, para reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
● Un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.
● Un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, amplió este lunes la denuncia por hostigamiento fiscal a la vicepresidenta Cristina Kirchner por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, con la presentación de documentos que exponen graves irregularidades a las que fueron sometidos la expresidenta y sus hijos. Se trata de una […]
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, amplió este lunes la denuncia por hostigamiento fiscal a la vicepresidenta Cristina Kirchner por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, con la presentación de documentos que exponen graves irregularidades a las que fueron sometidos la expresidenta y sus hijos.
Se trata de una ampliación de la denuncia realizada a comienzos de febrero -que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11- e incluye los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas del organismo a lo largo de los últimos meses.
“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por Cristina Kichner y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri, señaló la AFIP en un comunicado.
En ese sentido, destacó que de las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
La presentación judicial lleva la firma de Marcó del Pont e incorpora documentación que también expone graves irregularidades a las que fueron sometidos los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner.
Al respecto, la AFIP sostuvo que hubo irregularidades en procedimientos de determinación de oficio de deudas, así como evidencia de prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado, aseguró el organismo recaudador.
A su vez, sostuvo que los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución durante el gobierno macrista ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad.
Su titular, Mercedes Marcó Del Pont, informó que 11.855 personas pagarían este tributo extraordinario, más que las 9.298 estimadas cuando se discutió el tema en Diputados. El proyecto recibió dictamen en el Senado.
El Senado comenzó a debatir el proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que alcanzará a 2.500 personas más de las que calculaba originalmente la AFIP, según reveló su titular, Mercedes Marcó Del Pont, al presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Con la conducción del oficialista Carlos Caserio, comenzó este martes el debate del proyecto y el dictamen finalmente se pasó a la firma, quedando listo para ser tratado en la próxima sesión -el período ordinario finaliza el próximo lunes 30-.
La intención del oficialismo es sancionar la ley lo antes posible, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones.
El proyecto, de autoría de Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados oficialistas, propone gravar las fortunas superiores a los 200 millones de pesos, con un aporte “por única vez” para ayudar a mitigar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
La alícuota a aplicar irá del 2% al 3,5% según el patrimonio declarado en Bienes Personales, y la AFIP espera recaudar alrededor de 307 millones de pesos, que se destinarán a la compra de equipamiento médico, subsidios a pymes, becas Progresar, urbanización de barrios populares y proyectos de gas natural.
“Los fondos van a ser destinados a ampliar la capacidad del fisco para seguir desenvolviendo políticas activas en 2021”, destacó Marcó Del Pont, y aclaró que el proyecto “grava a los empresarios, no a las empresas ni al capital de trabajo”.
La funcionaria reveló que por distintos factores, como la cotización del dólar, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que estimaba la AFIP cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.
Marcó Del Pont informó que “solo el 55%” del patrimonio que hoy está en discusión está gravado por Bienes Personales, dado que “la base imponible es muy superior”, y agregó que “el 3,2%” del total de los individuos alcanzados realizarán el 55% del aporte total.
Además, sostuvo que “no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para poder hacer frente a este aporte”, al señalar que “solo el 17% de los que declaran Bienes Personales declaran que tienen inmuebles rurales”, los cuales “representan solo el 2,4% respecto del total del patrimonio”.
La titular del ente recaudador dijo que “en la composición de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera”, y “casi el 93% está fuera de la Argentina”, y se retiró de la reunión virtual con el compromiso de responder preguntas por escrito.
Durante el debate, Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) lamentó que Marcó Del Pont no respondiera en vivo las inquietudes de la oposición, y se preguntó “qué naturaleza jurídica le dan a este aporte: si es un impuesto, una tasa, una contribución, para entender los principios del derecho tributario aplicables”.
Crexell también se preguntó si el aporte “es coparticipable o no” y si podría haber una doble imposición con Bienes Personales.
El radical Julio Cobos -que no integra la comisión-, ante las dudas de Crexell, consideró que se trata de “un impuesto igual al de Bienes Personales”, que además “no es coparticipable porque tiene asignaciones específicas”, y por lo tanto “la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto”.
Cobos también planteó “dudas sobre la progresividad de este impuesto”, ya que quien posea un patrimonio de 199 millones de pesos no lo pagará, y también puso un manto de duda sobre el carácter extraordinario: “Ya sabemos lo que ocurre en nuestro país cuando los impuestos se crean ‘por única vez’”.
También por la UCR, Silvia Elías de Pérez advirtió que “sin duda va a generar una judicialización, porque es el mismo sujeto obligado y el mismo hecho imponible que Bienes Personales”, y agregó: “No estamos yendo contra 10.000 u 11.000 personas, sino contra las empresas que generan trabajo argentino”.
“En 11 meses que llevan de gobierno ya hemos creado o aumentado 15 impuestos. Nuestras empresas no dan más”, lamentó la tucumana.
Desde el oficialismo, Jorge Taiana se refirió a “la necesidad que tenemos de debatir una reforma tributaria completa”, ya que “Argentina tiene una estructura tributaria mala, regresiva, basada en impuestos indirectos y no directos, como en casi todos los países desarrollados, y que ha permitido una evasión fiscal casi permanente durante muchos años”.
“Lo que se está pidiendo es un pequeño aporte”, manifestó Taiana, y sostuvo que se busca que “los que mucho han contribuido a la desigualdad hoy contribuyan a disminuirla y ayuden a salir de la crisis”. “Lamento que hayamos tardado tanto desde que empezamos a discutir el tema hasta tratarlo parlamentariamente”, dijo.
El chaqueño Antonio Rodas, del mismo bloque, pidió que “al menos algunos integrantes de la oposición” acompañen el proyecto -en ese sentido, trascendió que los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo podrían votar a favor a pedido del gobernador Gerardo Morales tal como hicieron sus diputados-.
Asimismo, la correntina Ana Almirón, también del Frente de Todos, resaltó que en países como España, Italia y Chile se están trabajando iniciativas similares frente a la pandemia, y destacó que en Argentina se esté discutiendo una ley en lugar de aplicar la medida mediante un DNU.
La AFIP envió un informe a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados donde estimó que 9.298 personas deberían hacer la contribución.
Por Carolina Ramos
Menos de 10.000 personas pagarían el aporte solidario sobre las grandes fortunas, según el informe que la AFIP envió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Son en total 9.298 personas que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez para afrontar gastos de la pandemia, entre otros fines.
El documento fue leído en la reunión de este lunes por el presidente de la comisión, Carlos Heller, ante la ausencia de la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar de la videoconferencia.
La AFIP estimó cuántas personas físicas deberían pagar el aporte solidario según la base del impuesto sobre los Bienes Personales, pero dado que “no todos los contribuyentes presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas”, se realizó una actualización del patrimonio declarado en años anteriores para tener un cálculo más acabado.
Informe-AFIP-Comisión-de-Presupuesto-y-Hacienda-de-la-HCDN-sobre-el-alcance-del-proyecto-de-ley-de-Aporte-solidario-y-extraordinarioAsí, se concluyó que el universo potencial total es de 9.298 contribuyentes, de los cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.
Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos, indica el informe leído por Heller.
Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.
La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.
El aporte promedio sería de 33 millones de pesos. Para las 2.774 personas con patrimonios entre 200 y 300 millones, el aporte promedio sería de 6,1 millones, mientras que las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones realizarían una contribución promedio de 600 millones, esto es, la mitad del aporte total.
A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo citará a la titular de la AFIP, aunque Heller aclaró que “hay que respetar la confidencialidad de la información” del ente recaudador.
Al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y a pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó convocar para la próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que explique los alcances del proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas.
Fue el radical Ricardo Buryaile quien solicitó la presencia de Marcó del Pont para que informe sobre “la cantidad de contribuyentes y el estimado de la recaudación del impuesto”, aunque, de entrada, Carlos Heller le aclaró que no se trata de un impuesto.
“No es un impuesto, es un aporte, diputado, disculpe que lo corrija…”, comentó el presidente de la comisión, aunque Buryaile aclaró que “no lo iba a convencer” y que “en la legislación tributaria no existe el concepto de aporte; sí existen impuestos, tasas y contribuciones”.
“Si es un aporte, puede ser voluntario”, insistió el radical, por lo que Heller anunció, minutos más tarde, que se corregirá el proyecto aclarando que el aporte será “obligatorio”, para evitar distintas interpretaciones.
Además, el oficialista especificó que “este no es un gravamen de Bienes Personales, sino que toma como base la declaración de Bienes Personales, que es otra cosa”.
Respecto de la información solicitada por Buryaile y la presentación de Marcó del Pont, Heller explicó: “Hemos trabajado sobre estimaciones porque no tenemos acceso a la información de la AFIP, que tiene una confidencialidad que debemos respetar”.
El presidente de la comisión dijo que se hicieron “proyecciones sobre declaraciones de años anteriores”. “Según la información que yo tengo, ni siquiera todavía se han completado las presentaciones de las declaraciones juradas de 2019”, añadió.
Por su parte, Javier Campos (Coalición Cívica) pidió consultarle a Marcó del Pont “cuál es el registro de contribuyentes que han abandonado la residencia fiscal del país desde diciembre del año pasado” y que ahora se verían impactados por la suba en Bienes Personales y, además, por el aporte solidario.
Sin embargo, Heller respondió que la AFIP no estaría en condiciones de brindar esa información. “No creo que ese dato esté disponible”, dijo.
En el marco del debate en comisión del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados, la titular de la AFIP destacó que 4.700 empresas están en condiciones de pedir el advenimiento.
Luego de su aprobación el viernes en la Cámara de Diputados, comenzó a debatirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado la moratoria impositiva. Por eso se presentó en la comisión que preside el senador cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien brindó precisiones sobre la ampliación de la moratoria.
“Esta es una moratoria universal, que incluye a todos los sujetos económicos y sociales” subrayó la funcionaria, que durante más de una hora participó del encuentro que se realizó por la modalidad de videoconferencia.
Tras escuchar el informe de Marcó del Pont, el oficialismo anticipó que emitirá un dictamen apoyando “sin modificaciones” el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara baja, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio presentará uno propio que elimina los artículos 11 y 16 del texto original.
El senador por Buenos Aires Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) comunicó que su bancada se opone a que en la moratoria pueda ingresar el empresario Cristóbal López, “cuya deuda es previa al 2015”, dijo.
Marcó del Pont señaló sobre el tema que a partir de esta ley “solo se extinguen responsabilidades penales que tienen que ver con cuestiones tributarias, aduanera o previsionales y esto no es novedoso”.
Para Caserio “eliminar a una empresa (de la moratoria) es discriminatorio” y ratificó que el oficialismo respaldará el proyecto tal como vino de Diputados mientras que el jefe del bloque del Frente de Todos, el senador por Formosa José Mayans, adelantó que la intención de su espacio es que la ley “se trate en el recinto en la próxima sesión”.
Al brindar detalles de la ampliación de la moratoria, con relación a la ley 27.541 que se reglamentó en febrero pasado, Marcó del Pont afirmó que “esta reforma es una universalización del acceso” a ella.
Según Marcó del Pont, “el monto de la deuda total, en lo que es deuda exigible no regularizada, es de 540.762 millones de pesos, lo que representa la cuarta parte del total del crédito al sector privado”. La titular de la AFIP subrayó que “esta moratoria es una necesidad que se inscribe en un conjunto de políticas que se están pensando para impulsar la actividad económica y la sostenibilidad del empleo”.
Por otra parte reveló que “la deuda con el fisco creció un 90 por ciento”, detallando que “la deuda de las PyMEs desde noviembre aumentó un 60 por ciento y la deuda de personas físicas y grandes empresas creció un 180 por ciento”.
“La deuda total exigible es de 540.762 millones de pesos, lo cual es muy relevante”, precisó antes de señalar que la moratoria “va a ser un canal muy importante de oxígeno para que las empresas que están en situación complicada puedan encarar un proceso de recuperación”.
De inmediato, la funcionaria resaltó que “hoy es un día muy importante” por el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con los acreedores internacionales, hecho que también fue destacado por los senadores de la oposición Esteban Bullrich y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio).
Finalmente, Marcó del Pont consignó que “4.700 empresas están en condiciones de pedir un advenimiento y ojalá todas ellas puedan seguir funcionando”. En otro orden indicó que “no van a entrar ganancias y bienes personales en la moratoria. No habrá cambios para el período 2019” aunque admitió que “sí estamos estudiando el tema de los anticipos de ganancias”.
El proyecto amplía la moratoria vigente alcanzando a todos los contribuyentes. Los planes de pago serán de hasta 120 cuotas. Las grandes empresas tendrán que cumplir ciertas condiciones.
La Cámara de Diputados aprobó este viernes pasadas las 23 el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera en el marco de la pandemia del Covid-19. La iniciativa amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
A continuación, los puntos centrales:
La Comisión de Presupuesto se reunirá este martes a las 11 y el Frente de Todos aspira a tratar esta semana el proyecto en sesión especial. Juntos por el Cambio sugiere modificaciones.
El Frente de Todos buscará firmar este martes el dictamen favorable al proyecto de ley de moratoria ampliada enviado por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. Será en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, convocada para las 11.
La intención del oficialismo es tratar esta misma semana -posiblemente el jueves- el proyecto en sesión virtual, para luego girarlo al Senado. Se espera una aprobación por amplia mayoría en el recinto, aunque Juntos por el Cambio buscará imprimirle algunas modificaciones al texto original.
El interbloque presidido por Mario Negri tenía prevista una videoconferencia para este lunes a última hora, con el fin de definir la postura que llevarán a la discusión. La bancada podría presentar un dictamen propio si el oficialismo no acepta cambios en algunos artículos.
El debate comenzó el jueves pasado con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien destacó que la nueva moratoria alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, contraída tanto por personas humanas como por empresas en el marco de la emergencia sanitaria.
La nueva moratoria apunta a incorporar a aquellos que no accedieron al régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social, sancionada en diciembre. Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Se podrá adherir, según el proyecto, hasta el 31 de octubre.
Habrá una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 -más baja que la de la moratoria vigente-, y a partir de ese momento habrá una tasa variable en pesos, es decir, se reformularán los planes ya ingresados.
Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. En el caso de los compromisos de la seguridad social, los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas. Quedarán afuera solo las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART.
Las objeciones de Juntos por el Cambio se concentran en al menos dos aspectos: el proyecto permite el ingreso al régimen a empresas que resuelvan su situación de quiebra en 90 días; e incluye la posibilidad de regularizar deudas originadas por el juego y el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
Desde la principal bancada opositora advierten que con estas reformas podrían verse beneficiados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, propietarios de la petrolera OIL Combustibles, que se encuentra en proceso de quiebra y que retuvo cifras millonarias por ese impuesto, en una maniobra que investiga la Justicia.
Asimismo, desde Juntos por el Cambio piden incorporar un “premio” a los contribuyentes cumplidores, entre otras cuestiones.
0002-PE-2020Así lo informó Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ante la Comisión de Presupuesto. “Es una moratoria generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”, dijo.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, precisó este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que la moratoria universal propuesta por el Poder Ejecutivo alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, un monto “equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”.
Al participar de la reunión informativa que dio inicio al debate, Marcó del Pont detalló los aspectos principales del proyecto oficial y recordó que es una ampliación de la moratoria aprobada en diciembre con la Ley de Solidaridad Social.
“El problema del estrangulamiento financiero se generaliza al conjunto del entramado productivo, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también al conjunto de personas físicas, monotributistas y autónomos que no tenían el Certificado MiPyME y no habían entrado en la moratoria” anterior, explicó.
La funcionaria destacó que la nueva moratoria es “generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”.
En ese sentido, resaltó que abarca una deuda total de 534.000 millones de pesos, incluyendo “la deuda que no se está pagando y la que sí esta regularizada con algún tipo de plan”. “Esta deuda es equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”, agregó.
Además, Marcó del Pont mencionó que la deuda exigible se concentra en un 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un 26% en provincia de Buenos Aires; un 7.3% en Santa Fe; un 6,8% en Córdoba; y un 4,2% en Mendoza, entre otros distritos. “La situación de endeudamiento con el fisco es relevante en casi todas las provincias”, dijo.
Por otra parte, la titular del ente recaudador señaló que “hay deudores con mayor espalda y otros deudores más débiles, por eso distinguimos entre las condiciones para pequeñas, micro, medianas y grandes empresas”.
En esa línea, indicó que “por primera vez en una moratoria se les exige a las grandes empresas que a cambio de los beneficios que van a recibir asuman compromisos concretos”, como por ejemplo “que por dos ejercicios fiscales no distribuyan utilidades, que no realicen pagos al exterior y que no realicen operaciones con títulos que estén destinadas a eludir la normativa cambiaria”.
Según precisó, entre diciembre y el 30 junio la deuda de las pymes aumentó un 61%, mientras que en el caso de las empresas grandes y las personas humanas que no pudieron ingresar a la moratoria actual, la deuda creció un 179%.
Marcó del Pont explicó los cambios con respecto a la moratoria vigente, entre ellos una baja de la tasa de interés, que será del 2% para los primeros meses y luego será variable. Detalló además que se incluyen todas las deudas vencidas al 30 de julio, se podrá adherir hasta fines de octubre y la primer cuota se pagará a mediados de noviembre.
“No estamos siendo demasiado innovadores respecto a los impuestos que se incluyeron en las moratorias de los últimos veinte años”, agregó la titular de la AFIP, y afirmó que “quedan afuera solamente las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART”.
“El esfuerzo que estamos haciendo es garantizar la sobrevida del mayor universo de empresas de la Argentina”, sostuvo Marcó del Pont, y agregó que “la moratoria es parte de cómo estamos pensando el futuro y estará acompañada de muchas más medidas para dar vuelta el ciclo económico”.
En tanto, consideró ante consultas de la oposición que “medir costos fiscales es muy difícil”. “Si no habilitáramos este respirador, no sé qué pasaría con la recaudación”, reconoció, y habló de “930.000 contribuyentes, de los cuales el 54% son pymes”.
Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, anunció que el martes 21 habrá una nueva reunión para dictaminar sobre el proyecto del Ejecutivo.
El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará avanzar la semana próxima con el proyecto de ley de moratoria universal enviado por el Poder Ejecutivo, para que individuos y empresas puedan regularizar sus deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social.
Al inicio de la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su titular, Carlos Heller, anunció que el próximo martes 21 habrá una nueva reunión para firmar dictamen sobre la iniciativa, que podría tratarse esa misma semana en sesión virtual.
“No hay apuro en dictaminar hoy. Discutámoslo con tranquilidad. Es tiempo de unirnos y de hacer esfuerzos en pos de todos los argentinos”, aportó el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, al abrir el debate.
Massa explicó que “estamos hablando de darle una herramienta, un salvavidas, a las víctimas de una pandemia que está destruyendo las economías mundiales, para que en la salida no nos encontremos con que el Estado les depreda la poquita rentabilidad que pueden recuperar”.
El presidente de Diputados resaltó además que con la moratoria propuesta desde el Gobierno abarca “más de 500 mil millones de pesos que los argentinos podrán regularizar ante el fisco”.
De este modo, la reunión de este jueves se limitó a escuchar las exposiciones del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
El proyecto del Poder Ejecutivo será debatido este jueves a las 15 en la Comisión de Presupuesto, con la participación de funcionarios.
La Cámara de Diputados pondrá en marcha este jueves a las 17, con la presencia de funcionarios nacionales, el debate sobre la moratoria universal propuesta por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia del Covid-19.
La discusión se dará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), y una vez que el proyecto obtenga dictamen favorable, quedará en condiciones de ser tratado en el recinto.
Si bien no fue confirmado, participarían de la reunión virtual la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La propuesta del Ejecutivo consiste en una moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social que amplía el alcance de aquella que se aprobó con la Ley de Solidaridad Social en diciembre pasado.
Tanto personas humanas como jurídicas podrán regularizar todas las deudas vencidas hasta el 30 de junio de este año, pudiendo adherir al régimen hasta el mes de octubre, y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre.
Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, y en el caso de las obligaciones de seguridad social, los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas.
La titular de la AFIP calificó al proyecto presentado esta semana por el Poder Ejecutivo como “una herramienta para amortizar una crisis sin precedentes”.
Un día después de que el Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de ampliación de la moratoria destinada a PyMEs, comercios, monotributistas y grandes empresas, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, calificó esa medida como “una herramienta para amortizar una crisis sin precedentes”.
El proyecto que ingresó este martes a la Cámara de Diputados amplía la moratoria para empresas de todo tipo, tamaño y sector ya contenida en la Moratoria 2020 que estaba incluida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el oficialismo consiguió aprobar con apoyo de la oposición en diciembre pasado.
Esta ampliación incluye a contribuyentes que no estaban contemplados en ese momento e incorpora una quita de intereses para las deudas acumuladas en el marco de la pandemia. El proyecto incluye deudas vencidas hasta el 30 de junio último y estará vigente, en caso de ser aprobado, hasta el próximo 31 de octubre.
Marcó del Pont recordó la aprobación del proyecto en diciembre del año pasado y confió en que “genere un gran consenso cuando se discuta en el Congreso”.
Por AM 750, la titular de la AFIP recordó que “la situación es muy grave y no alcanza con aquella moratoria, porque la deuda se acumuló es muy grande. La moratoria aprobada a multas de 2019 se focalizó en las PyMEs, que eran el sector más afectado después de cuatro años de discriminación y caída del mercado interno”.
Reconoció la funcionaria que el Covid-19 llevó a todo el entramado productivo a acumular “nuevas deudas que la ampliación de la moratoria busca abordar”.
En tal situación se encuentran no solo las PyMEs, dijo Marcó del Pont, sino también “las grandes, los autónomos, los monotributistas, y muchos de ellos no habían ingresado a la moratoria de diciembre”.
En ese sentido reconoció que “a las empresas grandes les estamos pidiendo compromisos como por ejemplo, no distribuir utilidades por 24 meses, no podemos hacer pagos al exterior entre las mismas empresas, y estamos impidiendo que utilicen mecanismos de elusión a través de la compraventa de bonos”.
La iniciativa incluye a personas humanas y empresas, y permite regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio. Funcionarios terminaron de definir este lunes la letra chica.
El Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas al Congreso un proyecto de ley de moratoria universal, que alcanzará tanto a personas humanas como a empresas, en una nueva medida económica tendiente a paliar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
La iniciativa amplía el alcance de la moratoria creada en la Ley de Solidaridad Social, incluyendo a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados, y tiene como fin aliviar la carga de las deudas acumuladas hasta el 30 de junio.
El anuncio fue realizado tras una reunión del gabinete económico de la que participaron Santiago Cafiero y los ministros Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), además de los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
A continuación, los puntos centrales del proyecto que será elevado al Parlamento:
Se trata de la que analiza las normas tributarias y previsionales, presidida por el radical Luis Pastori. La semana próxima se enviarán preguntas por escrito a la titular de la AFIP.
La Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados acordó este miércoles citar para una próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.
Durante la primera reunión del año, el presidente de la comisión, el misionero Luis Pastori (UCR), informó que tanto en abril como en mayo se enviaron notas a la Secretaría de la Presidencia solicitando la presencia de Marcó del Pont. Sin embargo, pese a las respuestas con visto bueno, nunca se pudo concretar una visita “virtual” de la funcionaria.
Ante esto, Pastori propuso que cada legislador que tenga consultas o preguntas pueda presentarlas ante la secretaría de la comisión y la semana próxima se evalúen, y posteriormente se envíen a la titular de la AFIP. En tanto, volverán a solicitar su presencia, al igual que la de Raverta, a quien todavía no se había invitado.
El vicepresidente primero de la Cámara, el macrista Álvaro González, advirtió sobre los temas de las preguntas, dado que “ingresaría al Congreso un proyecto de amplia moratoria” y, si muchas de las consultas tratan sobre eso, luego “nos vamos a chocar, en el medio, con que viene el proyecto” y algunas perderían sentido.
Por su parte, la oficialista Hilda Aguirre aseguró: “No tengo dudas que Mercedes Marcó del Pont podrá hacerse un tiempo para que nosotros podamos evacuar todas nuestras dudas”. La vicepresidenta de la comisión argumentó el retraso en la visita debido a que no se había puesto en marcha la comisión, e insistió: “Para nosotros es indispensable contar con su informe, al igual que el de Raverta”.
“Tenemos que ver entre todos como paliamos estos momentos tan duros, producto de la pandemia, pero también de un país que ya venía con problemas económicos muy grandes”, agregó la riojana.
Por la oposición, el macrista Omar De Marchi señaló que “al no haber enviado el Gobierno el Presupuesto estamos a ciegas sobre cuál es la estrategia recaudatoria”. “Una súper moratoria implica un súper paquete de recursos que dejan de ingresar al Estado”, añadió, y por eso coincidió en que se necesita la exposición de Marcó del Pont para “recibir información mayor de cómo se va a sostener lo que el Gobierno anuncia”.
En tanto, el oficialista Germán Martínez sugirió “armar una sinergia” con las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social, y de la bicameral especial mixta de movilidad jubilatoria, al tiempo de conformar “una hoja de ruta propia” para la agenda de trabajo.
